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ANÁLISIS MBUYI KABUNDA BADI
Dimensión política y cultural de la conflictividad en la República Democrática del Congo a historia de la República Democrática del Congo (RDC) desde que fue creada en 1885 por el rey Leopoldo II como propiedad privada, hasta la actualidad, es la de la legitimidad basada en la violencia, el saqueo y la cultura de la impunidad.
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Desde el «Estado Independiente del Congo» del monarca belga pasando por la colonización hasta el estado mobutista y el actual kabilista, el Congo se ha caracterizado por una sucesión de militarismo y de autoritarismo. Tal y como ha puesto de manifiesto el profesor Thomas Turner (2000), la violencia que ha dejado huellas indelebles en el imaginario colectivo congoleño y que se manifiesta con repetición, se remonta a varios siglos, y en particular a los traumatismos del periodo de Leopoldo II. En el mismo orden de ideas, Misser (2002: 15), refiriéndose a la situación actual de la RDC, recuerda que sólo los actores han cambiado, pero los métodos de saqueo persisten: las riquezas del Congo en lugar de servir al desarrollo de este país, que hubiera alcanzado uno de los niveles más altos de modo de vida en África, siempre han servido a los intereses de los individuos, de las empresas e incluso de los gobiernos. A las 3 C leopoldianas (cristianismo, comercio y civilización) han sucedido las 3 M de la colonización belga (militar, misión y multinacionales), y las 3 E poscoloniales (estado mayor, Elíseo y Elf 1). En pocas palabras, la conflictividad actual en la RDC tiene una larga tradición de política y de cultura basada en la violencia, que se origina en la esclavitud (deshumanización), la cruel explotación del sistema de Leopoldo II, la colonización belga (coacción, humillaciones y discriminaciones), la rapiña de las multinacionales, la violencia estructural neocolonial y el afán de poder o la falta de sentido de Estado de las sucesivas clases gobernantes poscoloniales y de los señores de la guerra. La combinación de todos estos factores, históricos y presentes, endógenos y exógenos, estructurales y coyunturales, explica la conflictividad actual en la RDC, y los Mbuyi Kabunda Badi, politólogo, Universidad de Lubumbashi.
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consiguientes sufrimientos del pueblo congoleño sometido a la explotación económica, la represión política y la opresión cultural. Desde hace cinco años, los ejércitos de Ruanda, Uganda y Burundi ocupan el territorio de la RDC, en particular sus provincias orientales, afectadas por el efecto dominó de los conflictos étnicos y genocidios de los países de la región de los Grandes Lagos, conflictos que se originan en la ideología racista o el «mito del hamitismo» 2 introducido por los primeros europeos que colonizaron la zona (Balibutsa, 1999: 240-242) y que crearon el caldo de cultivo de los antagonismos intercomunitarios. En estas provincias, las bandas armadas apoyadas por las tropas de los países vecinos, que justifican su presencia en territorio congoleño con la excusa de sus problemas de seguridad o de lucha contra sus grupos rebeldes respectivos, se dedican a los pillajes, violaciones y asesinatos, es decir, una verdadera «guerra de saqueo y agresión».
■ El antecedente de la esclavitud Con el descubrimiento de la desembocadura del río Congo por el portugués Diego Cão, en 1482, el reino de Kongo y Angola, es decir, la cuenca del río Congo se convirtió en una de las principales zonas de la trata de negros deportados hacia las plantaciones y minas del Nuevo Mundo, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Mucho antes, es decir, a partir del siglo VIII, los comerciantes árabes instalados en las islas de Zanzíbar y de Comores, practicaron la esclavitud en la parte oriental de la RDC con la exportación de negros hacia el Oriente Medio. Estas dos formas de esclavitud tuvieron un balance de 13 millones de negros de la cuenca del río Congo deportados hacia América y el Oriente Medio, y crearon las raíces de la violencia en la subconciencia colectiva.
■ El Estado Independiente del Congo Bajo la excusa de la lucha contra la esclavitud, es decir, por razones filantrópicas y humanitarias, el rey Leopoldo II creó el «Estado Independiente del Congo», convertido en una finca personal. Dos acontecimientos dictarán la política del monarca belga (Mammadu, 2001: 24-25): 1º. La demanda de marfil en el mercado internacional, en particular en China y
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Japón, para la fabricación de matasellos y de mangos de cuchillo, convirtió el marfil en un negocio lucrativo para el rey Leopoldo II que, para conseguir el monopolio de este producto, inició la «guerra de marfil» contra los esclavistas árabes y sus cómplices locales, en particular el negrero Ahmed Ben Mohammed, alias Tipo-Tip. 2º. La demanda del caucho, como consecuencia de la revolución técnica de finales del siglo XIX en Europa: el uso del caucho para la fabricación de ruedas de bicicletas y de coches. Estos productos (marfil y caucho) procedían casi exclusivamente de las selvas de la cuenca del río Congo. El rey Leopoldo II y sus agentes del Estado Libre del Congo (Force Publique o el ejército colonial dirigido contra la población), en particular las compañías concesionarias en las que era el principal accionista, instauraron la violencia y el terror para explotar los recursos naturales del país, cometiendo atrocidades que muchas organizaciones humanitarias y misioneras calificaron de «crímenes contra la humanidad». El balance de los veinte años del Estado de Leopoldo (1885-1904), basado en la economía del saqueo, el bandolerismo, el capitalismo salvaje y agresivo, es desastroso tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista humano: – La destrucción de recursos naturales y de la selva por la política de grandes obras y la casi desaparición de la población de elefantes. – La eliminación de la tercera parte de la población de la cuenca del río Congo 3, resultado de los trabajos forzados en las minas y plantaciones, y de la utilización de congoleños como medios de transporte de los productos esquilmados. En definitiva, muchos congoleños perdieron la vida como consecuencia de las exacciones horrorosas, expropiaciones de tierras y extorsiones, exterminaciones, destrucción de aldeas enteras y desplazamientos de población generando el hambre, las enfermedades y el agotamiento. La colonización belga, que sucedió al sistema leopoldiano, se enfrentó a un serio problema de escasez de trabajadores disponibles, escasez que se resolvió, según subraya Maurel (1992: 129-130), con el reclutamiento de mano de obra en África occidental, oriental y austral. La obsesión de Leopoldo II por la obtención de enormes beneficios le convirtió en dueño de una extensa colonia o inmenso imperio «estrechamente ligado a la empresa multinacional del siglo XX» (Hochschild, 2002: 68). De este modo, consiguió una enorme fortuna personal invertida en la construcción de palacios, jardines
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públicos, autopistas y carreteras en la metrópoli. El «rey civilizador y moralizador» se convirtió así en el mayor explotador del mundo, mediante el trato cruel a los habitantes del Estado del Congo.
■ La colonización belga en el Congo (1908-1960) La colonización belga, que sucedió al sistema leopoldiano a partir de 1908 hasta 1960, no se apartó demasiado de aquella herencia. Siguió con las mismas prácticas de explotación y de opresión, esta vez con menos brutalidad. Durante el medio siglo de colonización belga, el Congo fue sometido a la dominación a manos de la tríada integrada por la Administración colonial, la Iglesia y el Ejército. La Iglesia, convertida en el «instrumento ideológico de la colonización», fue puesta al servicio de las empresas concesionarias y de la Administración coloniales. El Estado colonial dio el monopolio de la enseñanza a las misiones con las subvenciones y los terrenos para sus actividades. Dicho con otras palabras, al Estado colonial se le encargó la tarea de someter físicamente o por la violencia a los salvajes; la Iglesia se encargó de someterles moralmente inculcándoles la obediencia y la sumisión. Es decir, «sin la represión armada, nunca hubieran existido espacios para la Iglesia y sin la Iglesia los salvajes se hubieran sublevado contra los colonizadores» (Martens, 1985: 21-22). Para poner la fuerza de trabajo de los congoleños al servicio de las grandes compañías, se procedió a la coacción y la violencia permanente y estructural, ejercidas por el Estado (Serkali o Bula Matari) en colaboración con la Iglesia. En definitiva, la colonización paternalista belga que tuvo como principios «sin elites, sin problemas», «justo para leer, escribir y calcular», no permitió el derecho de huelga hasta 1955, y no asumió las obligaciones de desarrollo económico hasta finalizar la Segunda Guerra mundial. Favoreció sólo la creación de movimientos culturales y étnicos, en detrimento de los verdaderos partidos políticos, y la enseñanza en las lenguas locales no para conseguir el desarrollo endógeno de los autóctonos, sino para impedir su acceso a la ciencia (Mammadu, 2001: 30) y a las ideas progresistas o subversivas procedentes de otras colonias africanas, francesas o inglesas, mediante la prohibición de viajes al extranjero. La colonización belga, basada en el uso y abuso de la fuerza, mantuvo en la ignorancia y el oscurantismo al pueblo congoleño y no manifestó ningún interés por su formación política. Prueba de ello es que la Universidad Lovanium de Kinshasa fue creada en 1955 y la Universidad Libre del Congo de Lubumbashi en 1959; es decir, en los últimos años
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de la colonización. El resultado de esta política de «colonización de las mentes» fue que en el momento del acceso a la independencia del Congo este país tenía sólo cinco autóctonos con nivel de carrera (en teología, psicología y agronomía). Se crearon así las bases de las crisis políticas y violencias poscoloniales o del «derrumbamiento del Congo», pues no existían las elites capacitadas para gestionar un Estado moderno.
■ La conflictividad en el periodo postcolonial Tras un caótico proceso de descolonización belga, caracterizado por la falta de preparación y las improvisaciones, el Congo accedió a la independencia el 30 de junio de 1960 en medio de grandes expectativas populares, pues el pueblo vio en la descolonización la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a partir de sus abundantes recursos. Pero fue una engañifa. Las cuatro décadas de la independencia de la RDC se han caracterizado por un retroceso en todos los aspectos, deterioro iniciado por la Primera República y profundizado por la Segunda República mobutista y la Tercera kabilista. Algunos observadores, partiendo de la miseria en la que está hundido el pueblo congoleño, hablan de una situación peor que la que prevaleció en el momento de la descolonización. La Primera República (1960-1965) Dos semanas después del acceso del país a la independencia surgió la primera y mayor crisis, con la sublevación del antiguo ejército colonial y la secesión de la rica provincia del Katanga. La crisis del Congo, como se calificó en la época, duró cinco años y amenazó de desmembramiento o desaparición al nuevo Estado mediante la proliferación de los conflictos interétnicos, la secesión de las provincias del Kasai, Kivu, Alto Congo, y las intervenciones militares de los países africanos y de las potencias extraafricanas, convirtiendo al Congo en el campo de batalla Este-Oeste. Además de la mayor operación de mantenimiento de la paz de la ONU (ONUC), este periodo se caracterizó por la desaparición de dos grandes figuras de la política mundial: Patrice Lumumba, el líder de la independencia y el primer ministro del país democráticamente elegido, y el secretario general de las Naciones Unidas, Dag Hammarksjöld. El primero fue asesinado por orden del presidente estadounidense Eisenhower y de la CIA en su cruzada anticomunista de la época de la guerra fría, mientras que el segundo falleció en un accidente de avión, durante una misión para poner fin a la secesión del Katanga (Nzongola-Ntalaja, 1998: 6).
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Ante el temor a la implantación del comunismo en el Congo por la política nacionalista de Lumumba, Estados Unidos y Bélgica fomentaron la desestabilización del país mediante las intervenciones militares directas y la eliminación física de todos los líderes marxistas y nacionalistas (cf. Willame, 1990; De Witte, 2000), a favor de un régimen neocolonial confiado a la pequeña burguesía prooccidental unificada en torno a su hombre fuerte, el general Mobutu Sese Seko. Éste puso fin a la experiencia democrática de la Primera República, sustituida por la dictadura personal, con el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1965. En suma, el pueblo vivió en este periodo una tremenda frustración por la eliminación impune de líderes al servicio de sus intereses reemplazados por otros al servicio de los intereses occidentales, y por la tremenda represión de las sublevaciones populares por las intervenciones estadounidenses, belgas y surafricanas, en particular la operación Dragon Rouge (presentada como una «operación humanitaria») del 24 de noviembre de 1964 en Stanleyville, y Paulis, contra la rebelión del Consejo Nacional de Liberación (CNL), marxista-lumumbista 4. Durante este periodo, el Congo se convirtió en el paraíso de la barbarie de los mercenarios (belgas, franceses, surafricanos, españoles y portugueses) que apoyaron la secesión de la rica provincia de Katanga, proclamada en 1961 por Moïse Tshombe, reprimieron de una manera salvaje la insurrección popular de 1964 (3.000 civiles asesinados 5), e incluso fueron reclutados por el propio Mobutu en su lucha contra el comunismo y el nacionalismo lumumbista. Los mercenarios más sanguinarios («les affreux») en la historia reciente de África, tales como Christian Tavernier, Bob Denard, Jean Schramme o Mike Hoare, se hicieron célebres en el Congo. La Segunda República (1965-1997) La ya clásica obra de Young y Turner (1985), recordada por De Villers (1998: 1516), resume todo el sistema autoritario impuesto por Mobutu, sistema que pasó por dos etapas, siendo la etapa de decadencia más larga que la del ascenso. En el periodo de ascenso que va de 1965 a 1975, Mobutu procedió a: – La eliminación física o neutralización de todos sus rivales, junto a la matanza de un centenar de estudiantes de la Universidad Lovanium de Kinshasa, el 4 de junio de 1969. – Las reformas constitucionales para imponer un partido único y una ideología unitaria, convertidos en instrumentos del poder personal y del culto a la personalidad. – La adopción de un falso nacionalismo con la zairización de la economía, es decir, el saqueo organizado. El periodo de decadencia (1975-1997) es el del desarrollo de una inédita capaci-
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dad de destrucción y autodestrucción caracterizada por: – La desaparición del Estado, que había abandonado todas sus funciones económicas y sociales para fortalecer las de represión y opresión. – La destrucción de la cultura y de la educación con la política de recurso a la autenticidad, que convirtió los vicios en valores, en particular la instrumentalización de las mujeres en el juego político por las elites, para acceder o mantenerse en el poder o para infiltrar a los rivales, potenciales o imaginarios. – El fomento del nepotismo y del tribalismo al confiar lo esencial de los privilegios políticos y económicos a los miembros de su familia y clan, con la consiguiente desertificación económica de las demás provincias y etnias. – El deterioro sistemático de las pocas infraestructuras heredadas de la colonización. – La institucionalización de la corrupción y de la represión, ilustrada por la matanza de los estudiantes de la Universidad de Lubumbashi, el 11 de mayo de 1990, y de cristianos que se manifestaban pacíficamente en las calles de Kinshasa, en febrero de 1992, para exigir la reanudación de los trabajos de la conferencia nacional suspendidos por el poder. – La división de la oposición mediante estrategias cínicas y maquiavélicas. – La pauperización de amplias capas de la población. – El fomento de conflictos interétnicos y de limpiezas étnicas en el Shaba-Katanga y en el Kivu, antesala de los genocidios de Ruanda y Burundi (cf. Braeckman, 1996: 221-249), para desacreditar el proceso de democratización 6, asumiendo su papel preferido de pirómano-bombero. – La «democratización de la dictadura», en lugar de la verdadera democracia. En definitiva, Mobutu, que es un producto de la colonización belga, tuvo la obsesión casi enfermiza de convertirse en el heredero del rey Leopoldo II, considerado como modelo, para tener plenos poderes sobre el país y sus abundantes recursos, dejando en herencia una deuda externa estimada en unos 14.000 millones de dólares 7. El triste legado de Mobutu lo resume Jean Ziegler en estos términos: «Mobutu es una de las personas más ricas del mundo. Desde 1965, saquea su país, un país conocido como infinitamente rico. En los subsuelos de la Bahnhofstrasse, posee 4 billones de dólares protegidos por el secreto bancario suizo (...). En Zaire, los niños mueren de epidemia y de hambre, mientras que la fortuna personal del dictador zaireño Mobutu, depositada en Suiza, se estima en unos 4 billones de dólares» (1997: 167 y 342). Es decir, una herencia basada en la cultura cleptocrática, el chanchullo, la corrupción, el saqueo de los bienes públicos, la irresponsabilidad y la inconsciencia, que sigue caracterizando a muchos responsables congoleños. Mobutu convirtió la megalomanía y la cleptocracia en modo de vida, que enriqueció a su familia, clan, muchos cómplices zaireños y extranjeros (para ampliar detalles y casos concretos sobre el tema, cf. Dungia, 1992). La larga duración de su
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régimen se explica por el apoyo incondicional de la troika (Estados Unidos, Francia y Bélgica) durante la guerra fría y por la tremenda represión interna, apoyándose en el ejército y los múltiples servicios de seguridad 8. Cometió dos errores fatales: el abandonar en la desnudez total a su propio ejército durante los últimos años de su mandato, un ejército saqueado por los altos cargos militares mobutistas 9 y que sobrevivía a espalda de la población, y el no haber comprendido con antelación que la guerra fría por la que Occidente le necesitaba ya había finalizado. Fue un nostálgico de aquella guerra. A nivel internacional, se convirtió en un personaje molesto que Occidente no podía seguir apoyando, en su nuevo credo de defensa de derechos humanos y de buen gobierno, y sobre todo por el hecho de que dejó de servir a sus intereses a favor de los suyos propios y de su clan. En lo interno, Mobutu, por su determinación de aferrarse al poder, no dejó otra alternativa que el uso de la violencia para echarle, pues bloqueó todas las vías y los mecanismos para un cambio pacífico, en particular la negación de aplicar las resoluciones de la Conferencia Nacional Soberana celebrada por las fuerzas vivas de la nación en 1990-92. La rapidez con la que la comunidad internacional reconoció el régimen de Kabila pone de manifiesto, en la opinión del profesor Nzongola-Ntalaja (1997: 2-3), que la violencia revolucionaria (que se ha de distinguir de la violencia antiestatal de los movimientos sociales y de la violencia del bandidismo o de las bandas armadas) es el único lenguaje y mensaje que el imperialismo y aquella comunidad pueden tomar en serio. La triste herencia política y cultural del sistema mobutista, analizado por varios autores 10, es la cultura de la impunidad y de la violencia junto a la incoherencia e irresponsabilidad de la clase política. La Tercera República o la «monarquía» kabilista (1997-¿?) Las prácticas de destrucción mobutistas, arriba analizadas, crearon el caldo de cultivo o las condiciones favorables para la conquista del poder por Laurent-Désiré Kabila, el histórico guerrillero, apoyándose en el antimobutismo interno y externo, en particular el respaldo militar de Ruanda, Uganda y Angola. Kabila, otro producto de la colonización belga, pese a su pasado lumumbista o de nacionalismo izquierdista radical, llegó al poder en mayo de 1997, tras autoproclamarse jefe de Estado, sin ningún programa de gobierno 11. Se dio como principales objetivos la destrucción del sistema mobutista y la reconstrucción del Estado y de la economía. La obsesión por conseguir estas metas, le hizo caer en un «mobutismo sin Mobutu», o lo que es lo mismo el reemplazo de la dictadura de Mobutu por la suya y por la incapacidad de gestión (cf. Boissonade, 1998: 331-402), ilustrada por la creación de la «Oficina de Bienes Mal Adquiridos» (OBMA) para recupe-
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rar los bienes saqueados por los barones del mobutismo y que nunca funcionó 12. Todo lo contrario, algunos mobutistas conocidos por su implicación en los crímenes económicos fueron nombrados en puestos de responsabilidad. Es decir, la perpetuación de la cultura de la impunidad. Kabila cometió graves y fatales errores, entre ellos: – El no instaurar la democracia por la que luchó y echó al régimen mobutista. Todo lo contrario. Confiscó el poder, rechazando las resoluciones de la Conferencia Nacional Soberana, en la que la sociedad civil consiguió importantes espacios de libertad, y cualquier acercamiento con la oposición democrática en el más puro estilo autocrático mobutista. – El no permitir la investigación sobre la desaparición de 200.000 a 300.000 refugiados hutus ruandeses de los campos del este de la RDC durante su guerra de liberación, creando tensiones en sus relaciones con el sistema de la ONU. – El no darse cuenta, con antelación, de las verdaderas intenciones o de la agenda no revelada de los que le llevaron al poder: la salvaguardia de intereses económicos y estratégicos estadounidenses y de las multinacionales y la contribución a la seguridad en las fronteras de Ruanda y Uganda (Bidié, 2000: 231). Se olvidó honrar las «deudas de guerra» a sus antiguos aliados, e incluso cerrando filas con los genocidas interehamwes y antiguos militares hutus de Ruanda (Willame, 1999: 213). – El despido humillante de sus aliados ruandeses y ugandeses, sin tomar las previas y necesarias precauciones, y la no resolución del problema de la nacionalidad de los banyamulenge (tutsis congoleños de origen ruandés), es decir, el problema que originó la primera guerra contra el régimen de Mobutu (1996-1997). Todos estos factores condujeron a la segunda guerra (agosto de 1998), nacida de la primera, no o mal resuelta, y en particular de la obsesión de los tutsi de la zona de encargarse de su seguridad fundamental para su supervivencia, tras las limpiezas étnicas del Kivu de 1992 y los genocidios de 1993 y 1994, respectivamente, en Burundi y Ruanda. La voluntad de Kabila de liberarse de la tutela de Ruanda y Uganda le condujo a colocarse bajo la influencia de Angola, Zimbabue y Namibia, cuya intervención en el Congo obedeció más a un «mercenariado de Estado», con ambiciones expansionistas y hegemónicas encubiertas, que de una verdadera cooperación militar (Mobe Fantasiama, 2000: 55). Las contradicciones internas, en particular las rivalidades entre los katangueños que constituían el núcleo duro del régimen 13, explican su asesinato en enero de 2001. El régimen de Joseph Kabila supuso la «muerte política y económica» del padre, mediante la autorización de los partidos políticos, la liberalización económica y la voluntad de reinstaurar la paz y la unidad del país.
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Sin embargo, Kabila hijo tuvo que enfrentarse a un serio obstáculo: la falta de legitimidad en la sucesión de su padre, que gobernó sin Constitución, en una república y no en una monarquía. El diálogo intercongoleño de marzo-abril de 2002, en Sun City, que sucedió a las fracasadas negociaciones de octubre de 2001 en Addis Abeba, dio una cierta legitimidad a Joseph Kabila, al decidir las partes presentes en dichas negociaciones mantenerle en su puesto para preservar la unidad nacional y la integridad territorial de la RDC. Es preciso recordar que Sun City, que reagrupó a 360 participantes congoleños a cargo de Suráfrica que gastó millones de dólares para su manutención, recuperó algunos principios de los acuerdos de Lusaka del 10 de julio de 1999: la creación del ejército nacional, la definición de un nuevo orden político, la elaboración de una Constitución de transición y la organización de las elecciones generales. No obstante, cayó en un saco roto, por repartir el poder entre los beligerantes armados, excluyendo a la oposición pacífica y a la sociedad civil, relegadas en un segundo plano. No consiguió su principal objetivo de creación de un gobierno de unión nacional y puso de manifiesto las discrepancias sobre el mando del ejército, que el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba exige que sea por turno mientras que el gobierno de Kinshasa insiste en que sea único, y el proyecto de Constitución. Los participantes, en su mayoría oportunistas, según deploró el presidente surafricano, Thabo Mbeki, uno de los mediadores, tuvieron como principal objetivo el acceso a los puestos políticos en detrimento del interés general o del bienestar del pueblo congoleño, poniendo de manifiesto la inmoralidad de la clase política congoleña. Se han conseguido importantes avances en la resolución del conflicto, por una serie de factores: las presiones de la comunidad internacional, en particular de la nueva Administración estadounidense, en contra de las ambiciones territoriales y expansionistas de Ruanda y Uganda 14; la creciente rivalidad, con los consiguientes enfrentamientos en Kisangani, entre las tropas de ocupación de estos países por controlar amplios territorios en la RDC les ha convertido en enemigos y ha debilitado su estrategia común, sobre todo tras los acuerdos de Sirte (Libia) entre Museveni y Kabila padre; las tropas ruandesas se encontraron en una situación incómoda al hacer frente en el territorio congoleño simultáneamente a las ex FAR (antiguo ejército hutu), los interehamwes, los mayi-mayi y los banyamulenge de Patrick Masunzu junto a la hostilidad de la población de los territorios ocupados, es decir, una guerra de desgaste; la voluntad de retirada expresada por los aliados del gobierno de Kinshasa, en particular de Angola que tras la muerte de Savimbi quiere concentrarse
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en la resolución de sus problemas internos, y Zimbabue que, pese a los importantes beneficios que saca de los diamantes congoleños, se enfrenta a una seria crisis económica y política interna avivada por las sanciones estadounidenses y europeas contra el régimen de Mugabe. Todos estos factores, en particular el desgaste de las tropas de los países intervinientes 15 (Ajello, 2000: 96), condujeron a los acuerdos de Pretoria del 30 de julio de 2002, entre Kabila y Paul Kagame, y los de Luanda del 6 de septiembre del mismo año, entre Kabila y Yoweri Museveni, para la retirada en un plazo de 90 días de sus tropas del territorio congoleño. Según las fuentes de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en el Congo (MONUC), desde el 5 de septiembre de 2002 Ruanda ha retirado la casi totalidad de sus tropas de la RDC. Por su parte, el gobierno congoleño ha entregado al Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda (TPIR) dos de los principales responsables del genocidio de 1994 en Ruanda, el coronel Théoneste Bagosora y el ex alcalde de Kigali, Narcisse Renzalo; ha prohibido las actividades de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), y promete entregar a Kigali a los ex militares ruandeses e interehamwes agrupados en la base militar de Kamina. Desgraciadamente, Burundi, Ruanda, Uganda y Zimbabue hubieran dejado detrás redes y empresas opacas para seguir con el saqueo de los recursos naturales de la RDC. La ocupación de las zonas abandonadas por las milicias progubernamentales, los mayi-mayi, a «instigación del gobierno congoleño», según Kigali, y los actuales enfrentamientos entre aquellas y el RCD-Goma apoyado por las tropas ruandesas, pueden llevar a importantes retrocesos en el proceso de paz. En suma, Joseph Kabila, pese a desmarcarse de algunas prácticas del régimen de su padre consiguiendo la casi legitimidad internacional por sus esfuerzos de saneamiento de la economía exigido por las instituciones financieras internacionales y el firme compromiso para negociar la paz y celebrar elecciones, sigue en el fondo con la misma lógica, con manifestaciones menos visibles de aquel régimen, cuyos dignatarios siguen gobernando desde la sombra: violación de derechos humanos, persecución de los líderes de la oposición, trabas para impedir las actividades efectivas de los partidos políticos, etc. De igual modo, se señalan graves violaciones de derechos humanos, tales como las violaciones sexuales utilizadas como arma de guerra, acompañadas de actos de «canibalismo», perpetradas por las tropas del MLC, apoyado por Uganda, contra los pigmeos en Ituri y en Bunia (Provincia Oriental), donde las tropas de ocupación ugandesas fomentan los conflictos interétnicos entre los hema y los lendu, con un balance de 20.000 víctimas mortales y 150.000 personas desplazadas.
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La economía de guerra, instaurada por Kabila y mantenida por el hijo, junto a la prohibición de la economía popular, llamado sector informal, en la que se había refugiado el pueblo durante el mobutismo, sin proponer alternativas, creó un malestar en la opinión pública, que consideró a Kabila padre «peor que Mobutu». Esta frase de un rumor público en Kinshasa durante el mandato de Kabila padre lo resume todo: «Mobutu saqueaba y nos dejaba buscarnos la vida, mientras que Kabila robaba y nos quitaba lo poco que teníamos». En efecto, en uno de sus mítines populares a mediados de la década de los 70, en el estadio de fútbol de Kinshasa ante 70.000 personas, Mobutu manifestó en lingala, una de las lenguas nacionales: «Si quieres robar, no robes demasiado de una sola vez, si no, irás a la cárcel. Hay que robar pequeñas cantidades, y poco a poco. Y si consigues robar, tienes que invertir en el país el fruto de tu robo. Si lo llevas al extranjero, te convertirás en enemigo de la República» (citado por Kamitatu, 1977: 63). El resultado fue, según la misma fuente, la desviación del 60% de los fondos públicos por una minoría de privilegiados que adoptó el modelo de consumo occidental, fondos dedicados a las actividades improductivas y de lujo con el desprecio total del interés general o de la mejora de las condiciones de vida de la población, cuya miseria ya en la época alcanzó los niveles más alarmantes.
■ Nuevos desarrollos de la conflictividad en la RDC: saqueos e interminables negociaciones El conflicto que conoce la RDC desde agosto de 1998 se ha convertido en una «guerra de depredación y saqueo», más allá de las preocupaciones de seguridad de los países vecinos. Tanto los informes internos (Observatorio Gobernabilidad-Transparencia-OGT-, una ONG congoleña 16) como los de la ONU (abril-2001 y octubre-2002) implican a altos cargos militares y civiles de Ruanda, Uganda, Burundi, Zimbabue y de la RDC, a traficantes internacionales de materias primas y armas, y a las multinacionales de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bélgica y Suráfrica 17, en el saqueo de los recursos naturales de la RDC (diamantes, oro, coltan, cobre, cobalto, madera, café, etc.). El balance de esta «guerra de saqueo» ha sido la muerte de más de 3 millones de personas como consecuencia directa o indirecta de la guerra y la pérdida por el Tesoro congoleño de entre 2 a 3.000 millones de dólares anuales, desviados por las fuerzas de intervención y sus cómplices congoleños. Ruanda, Uganda y Burundi controlaron los principales aeropuertos (Kisangani, Goma, Gbadolite y Kindu) y puertos (Kalemie, Kalundu, Moba, Bukavu y Kindu) del este del país y amplias zonas de esta parte que contiene entre el 70 y el 75% de las riquezas minerales y agrícolas del país, que fueron a parar a manos de las redes ma-
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fiosas y de las multinacionales que colaboran con estos países, convertidos en principales exportadores de los recursos del Congo sin tenerlos en sus producciones propias, antes de ser exportados fraudulentamente hacia los países occidentales. Se han dado importantes pasos en la resolución del conflicto, con los acuerdos de Lusaka de julio de 1999 18, la celebración del diálogo intercongoleño de marzoabril de 2001 en Sun City 19, y los ya mencionados acuerdos de Pretoria y Luanda. La «solución de 1 + 4» adoptada en el marco de un «nuevo orden político» 20, en las negociaciones intercongoleñas de Pretoria en diciembre de 2002 lideradas por el enviado especial del secretario general de la ONU, Mustapha Niasse, no es la más adecuada. Pese a dar la impresión de compartir el poder, esta solución, a raíz de la experiencia angoleña, podría significar el traslado del conflicto armado a la capital, Kinshasa, una megalópolis de 8 millones de habitantes, máxime cuando se sabe la determinación de aquellas partes a acceder al poder supremo por todos los medios. Dicho gobierno es concebible sin un previo desarme y reconciliación de las partes, que no consiguen ponerse de acuerdo sobre el «reparto equitativo y vertical» de los puestos de responsabilidad de las nuevas instituciones, en particular sobre el problema crucial del mando y de la creación del ejército nacional. Esta dificultad viene ilustrada por el hecho de que, por una parte, los líderes del MLC, Jean-Pierre Bemba, y del RCD-Goma, Adolphe Onusumba, se han autoproclamado «generales», y, por otra, el gobierno de Kabila ha nombrado a varios civiles en los puestos de oficiales del ejército y es partidario de la celebración directa de las elecciones, sin pasar por el gobierno de unión nacional. Es preciso subrayar que muchas de las iniciativas arriba mencionadas se fundamentan en la exclusión y marginación políticas. No cabe la menor duda de que se camina hacia nuevas crisis políticas y militares. Prueba de ello es la implicación de Jean-Pierre Bemba en los crímenes de guerra perpetrados por sus tropas durante sus intervenciones en Centroáfrica, para apoyar al presidente de este país, Ange Patassé, contra los ataques de los rebeldes centroafricanos liderados por el general Bozizé, y la conversión de la parte oriental del país en tierra de nadie donde los movimientos rebeldes y los comerciantes locales y de distintas procedencias sacan importantes beneficios del desorden o de la ausencia de autoridad (cf. Rémy, 2003: 3). Es decir, se aprovechan de la guerra para conseguir grandes fortunas.
■ A modo de conclusión La conflictividad en la RDC tiene profundas raíces históricas, políticas y culturales que se remontan a cinco siglos y cuyos estratos importantes son el sistema leopoldiano y el sistema mobutista.
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Opinamos que no se debe llegar al extremo de pedir la puesta de la RDC bajo tutela de una administración internacional, como han empezado a sugerir algunas voces congoleñas y extranjeras, pues la propia comunidad internacional ha sido incapaz de impedir en los últimos años el acceso al poder en el continente por la violencia, la guerra o el reclutamiento de mercenarios, convertidos en nuevas estrategias de conquista del poder. El verdadero problema es que la RDC es víctima de codicias de países vecinos, de mafias internacionales y de dirigentes sin ningún sentido del interés general y del bienestar de su pueblo. La solución pasa por una serie de reestructuraciones internas y externas: – La creación de un Estado federal con un ejecutivo basado en la separación de poderes, siendo el objetivo permitir a las etnias o regiones encargarse de la gestión de sus propios recursos. – La erradicación de la mentalidad mobutista en el comportamiento de muchos congoleños, que sólo han conocido el régimen de Mobutu y sus vicios. – El encargarse de la seguridad interna y la de los países vecinos (reconocimiento de su derecho a la paz) para que no tengan la excusa de intervenir en el territorio congoleño, con el fin de acabar con sus movimientos rebeldes, en el marco de la defensa o ataque preventivos. Se ha de colaborar con ellos para poner fin a la cultura de la impunidad y del genocidio en la zona. O según la acertada propuesta de Chrétien (2000: 314), proceder a una «pedagogía del cambio», que consiste en impedir la instauración de una zona perenne de señores de la guerra mediante la adopción de una u otra forma de unión, que es una urgencia en la zona. – La flexibilidad de las condiciones de adquisición de la nacionalidad congoleña (la incorporación del ius soli además del actual ius consanguinis), e incluso la posibilidad de tener una doble nacionalidad para prevenir el problema de las nacionalidades transfronterizas (bemba, lunda, chokwe, zande, banyamulenge, kongo, etc). – La máxima dedicación de los recursos disponibles a la seguridad alimentaria, educación, salud, formación y empleo, es decir, a los aspectos de desarrollo humano destruidos por las tres décadas de la dictadura mobutista. – La emergencia de una clase de gobernantes congoleños, verdaderamente nacionalistas y con un proyecto panafricanista de sociedad, siendo el objetivo convertir el Congo en el motor del desarrollo y de la integración del África central, a partir de sus abundantes recursos humanos y naturales. La situación humanitaria en la RDC es catastrófica, por las consecuencias de la guerra: económicas, políticas, sociales, psicológicas, culturales, espirituales y medioambientales, que sirven de caldo de cultivo de la cultura de la violencia. El pueblo congoleño, un siglo después, sigue aspirando a la paz, el desarrollo y el bienestar; un pueblo víctima de sus abundantes recursos naturales y de una suce-
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sión de problemas seculares no resueltos, y saqueado y violentado por los extranjeros, los países vecinos y los propios congoleños. En la opinión acertada de Oyatambwe (1999: 148-150), a las guerras con trasfondo ideológico de la época de la guerra fría que ha conocido este país (la secesión del Katanga y del Kasai de 1960 a 1963, la rebelión lumumbista de 1963-65, la invasión del Kivu y del Katanga por los mercenarios blancos en 1967-68, Shaba I y II en 1977 y 1978, Moba I y II en 1984 y 1985), han sucedido nuevas en la posguerra fría, con carácter comercial y económico, cuyo principal objetivo es el control de la producción, la acumulación y la redistribución de riquezas y de recursos naturales. Hace exactamente cuatro décadas, Théodore Bengila, compañero de Pierre Mulele, denunciaba, en su manifiesto de marzo de 1963 dirigido a sus seguidores del Partido Solidario Africano (PSA), las maniobras colonialistas y neocolonialistas para imponer la dominación a través de los congoleños traidores, corruptos y reaccionarios de la burguesía, cuyo único objetivo es el enriquecimiento personal, escandaloso y rápido en detrimento del pueblo, condenado al hambre y privado de sus derechos más elementales (cf. Martens, 1987: 134). Cuarenta años después, esta situación sigue igual, e incluso se ha empeorado en algunos casos. No se puede esperar la solución del exterior, que es a menudo cómplice en el saqueo y la violencia que padece el país, sino del propio pueblo congoleño, que ha de empeñarse en la «segunda independencia» y dotarse de dirigentes que se merece. En la RDC, el espíritu de tolerancia y participación colectiva tradicional ha sido destruido por la colonización y su heredera, la pequeña burguesía nacional y neocolonial, sin sentido de Estado, solidaridad, diálogo y responsabilidad. De ahí la cultura de la conflictividad que ha convertido este país, que todo el mundo presagiaba que tendría un mejor futuro por sus abundantes recursos humanos y naturales, en la tierra de predilección de la violencia y del no desarrollo.
1. Francia, que sustituyó prácticamente a Bélgica en Zaire desde 1960, intervino militarmente en este país en 1977, 1978, 1991 y 1993, para apoyar a Mobutu, y, de paso, conseguir importantes mercados para las empresas y los bancos franceses (Thomson-CSF, CGE, Péchinery, Pallas-Stern, Castel, Bolloré, etc.), implicados en el tráfico de recursos naturales y de armas. Se creó una verdadera red de mafiosos llamada «Franzaïre», parte de la «Françafrique». Dicha red, coordinada desde el Elíseo, se fundamenta en las relaciones personales, intrigas, chanchullos, lobbies, cofradías, cuyo objetivo es el saqueo de los recursos naturales de Zaire para fines personales. Cf. Dumoulin (1997: 56-59) y Agir ici-Survie (1997: 1943). 2. Teoría que consiste en considerar a los nilóticos o hamitas como descendientes de los faraones o procedentes del Oriente Medio. Estos pueblos definidos, según los cánones de belleza occidentales y perdidos en el África central, constituyen una raza, biológica e intelectualmente superior, destinada a gober-
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nar, es decir, «blancos con la piel negra» superiores a los bantúes negros condenados a ser dominados y gobernados. De igual modo, los belgas consideraron a los baluba del Kasai como «eficaces» e intelectualmente superiores a las demás etnias. De este modo, se introdujo en el corazón de estas sociedades, según Chrétien (2000: 310), las raíces del racismo. Este antecedente colonial convirtió a los baluba en la RDC y a los tutsi en Ruanda en las víctimas de las limpiezas étnicas poscoloniales (Braeckman, 1996: 26). 3. Se estiman en unos diez millones de muertos, víctimas de la explotación y represión del Estado de Leopoldo II, entre 1885 y 1904. 4. Esta rebelión realizada por los seguidores de Lumumba, encabezada por Gbenye, Soumialot, Kabila y Mitudidi (en las provincias orientales), y por Mulele y Bengila en el Kwango-Kwilu, y que consiguió controlar el 70% del territorio congoleño, fue considerada como la «primera y verdadera revolución campesina» en África. 5. Por su parte, los «rebeldes simbas», en su mayoría integrados por desempleados y jóvenes drogados e indisciplinados, cometieron, en nombre de la «limpieza revolucionaria», atrocidades contra las clases medias consideradas como aliadas del imperialismo y del poder neocolonial de Léopoldville (Kinshasa), y la toma de rehenes occidentales. 6. Iniciado en abril de 1990, este proceso fue el más largo y más caótico que haya conocido el continente. Tanto el poder mobutista como la oposición, en sus luchas sin tregua para monopolizar el poder, los honores y el dinero, destacaron por la irresponsabilidad y la violencia, creando un vacío político y un tremendo marasmo económico que facilitaron la toma del poder por la Alianza de Kabila en mayo de 1997. Sobre dicha transición y sus dramáticas peripecias, cf. de Villers (1997). La transición fue indefinidamente prolongada para servir a los intereses personales de los principales protagonistas de dicho proceso. 7. Además de la desviación de los fondos públicos, una parte muy importante de esta deuda fue dedicada a la construcción de los «elefantes blancos» y «sepulturas tecnológicas» (presa hidroeléctrica de IngaShaba y de Mobaye, siderurgia de Maluku, la Voix du Zaïre, los palacios presidenciales de Gbadolite y Kawele, etc.) construidos con la colaboración de los grandes capitalistas y en los que las multinacionales junto a los tecnócratas mobutistas sacaron importantes beneficios (cf. Willame, 1986). Es decir, unas realizaciones, como dirá Dungía (1992: 33), sin ningún impacto sobre el crecimiento económico del país y la mejora de condiciones de vida de la población. Pese a la miseria social en la que estaba hundido el pueblo, el Gobierno de transición del primer ministro Kengo (junio de 1994-marzo de 1997) siguió dando prioridad a la reducción de los gastos públicos, al despido de 200.000 funcionarios y al reembolso permanente de la deuda externa, conforme a sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores occidentales. 8. Sobre los mecanismos e instrumentos utilizados por el sistema Mobutu para imponerse y someter al pueblo congoleño, véase Willame (1992: 39-59). Algunos autores explican la extraña y excepcional duración del mandato de Mobutu, además de gracias al apoyo de los gobiernos occidentales, por la represión y la corrupción utilizando los inmensos recursos del país, y también por el «fetichismo ancestral», el «poder cósmico» o la «dominación espiritual» que el mandatario congoleño, ferviente seguidor de las prácticas tradicionales bantúes, ejercía sobre la población apegada ampliamente a dichas tradiciones y al «respeto atávico al jefe». Cf. Boissonade (1998: 11-12). 9. Según el general Michel Franceschi, un antiguo de la guerra de Kolwezi (1977-78), la cooperación francesa consiguió reconstruir, a finales de la década de los 70, la 31ª Brigada de paracaidistas, un cuerpo
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de elite confiado al general Mahele (y equiparado con sus equivalentes europeos). Para perpetuarse en el poder, Mobutu que sólo confiaba en su guardia pretoriana (DSP) integrada por los suyos, con derecho de vida o muerte sobre los ciudadanos, aniquiló sistemáticamente aquella brigada con su política tribalista y de depredación, junto a la sumisión del ejército nacional al partido único. De existir este cuerpo en 1996, en la opinión de muchos observadores, «no se hubiera hablado de Kabila». En aquella guerra, Mobutu hizo masacrar en un chalet, que servía de centro de telecomunicación de sus tropas, a los europeos («matanza de Kolwezi» de mayo de 1978), masacre atribuida a los invasores katangueños, para conseguir la intervención de las tropas belgas y francesas con el fin de salvar su régimen. 10. Véanse en particular Willame (1992), Braeckman (1992), Pourtier (1992: 264-288) y Massoz (1984). 11. El presidente ruandés, Paul Kagame, reconoce –en sus objetivos de acabar con el problema de los campos de refugiados del este de Zaire, problema que la comunidad internacional no pudo resolver, y la instalación de un régimen aliado en Kinshasa– que Kabila le fue impuesto por «algunos amigos de la zona», alusión a Museveni y Nyerere. Se arrepiente por no haber leído con antelación las memorias del Che Guevara, muy crítico con respecto a las actuaciones y el personaje de Kabila durante su estancia en el maquis congoleño en 1965. (Cf. entrevista de Paul Kagame, Jeune Afrique, L’Intelligent del 14 al 20 de octubre de 2002, pp. 31-32). 12. El no funcionamiento de la OBMA se explica en parte por el hecho de que muchos de los fondos desviados y bienes mal adquiridos, que constituyen una parte muy importante de la deuda del país, están colocados en el extranjero o en paraísos fiscales. Los intereses tanto de los mobutistas y kabilistas como de los extranjeros son tan fuertes que existe una tendencia al borrón y cuenta nueva, es decir, a la impunidad de los culpables. La RDC necesita recursos para la reconstrucción y el desarrollo. De ahí, la necesitad de hacer un inventario de estos bienes y sus detentores (trabajo en parte realizado por la Conferencia Nacional Soberana), para recuperarlos y devolverlos al pueblo congoleño. Es decir, se ha de dedicar estos fondos recuperados a la financiación de los gastos sociales. 13. Sobre el sistema Kabila y sus distintos círculos, cuyo principal fue el integrado por los oriundos de la provincia de Katanga, véanse Willame (1999: 66-75) y Braeckman (1998: 168-178). 14. Al contrario de la Administración de Bill Clinton, que se sintió culpable por no haber impedido el genocidio de los tutsis en 1994 en Ruanda, y por lo tanto comprensible con las preocupaciones de seguridad del gobierno ruandés, la Administración Bush no se siente vinculada con aquel pasado y exige a Kagame la retirada inmediata de sus tropas del Congo. En cuanto a Museveni, fue considerado durante mucho tiempo como un aliado privilegiado de Estados Unidos en la zona. Su implicación en el conflicto ha deteriorado considerablemente su imagen. De ahí, su determinación para conseguir cuanto antes la paz en la RDC y volver a beneficiarse del apoyo de las instituciones financieras internacionales. 15. Sobre las verdaderas motivaciones de las intervenciones militares de los países vecinos en la RDC, véanse Kabunda (1999: 33-42) y Tshiyembe (2000: 16-20). 16. Véase Guerre en RDC: enjeux économiques, intérêts et acteurs, publicado en 2000. 17. Se trata de unas 54 personas y 29 empresas y bancos, junto a 85 empresas que, por sus actividades ilícitas y delictivas en la RDC, han violado el código de conducta de las multinacionales de la OCDE. Entre las 24 empresas implicadas, cabe mencionar: Afrimex, Ahmad Diamond Corporation, Amalgamated Metal Corporation Plc, America Mineral Fields (AMFI), Anglo American Plc, Bayer A.G., Barclays Bank, Belgolaise, Echogem, Egimex, George Forrest International Afrique, Hambee
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Mining Corporation, Cogecom, Triple A Diamond, Zincor, etc. Es decir, las multinacionales controladas por los poderosos círculos norteamericanos y surafricanos y los propios congoleños. Ver lista completa en el anexo III de Conseil de sécurité, Rapport final du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo S/2002/1146, Nueva York. En noviembre de 2002, el presidente Kabila procedió al cese inmediato de todos los oficiales congoleños o los «saqueadores gubernamentales» implicados por el informe de la ONU, en su mayoría personas influyentes del régimen de su padre. 18. Estos acuerdos, que fueron sistemáticamente violados por las partes, adoptaron los principios del alto el fuego, la neutralización de todas las fuerzas negativas, la retirada de todas las tropas extranjeras del territorio congoleño, y la celebración del diálogo nacional para conseguir la reconciliación nacional y el nuevo orden político. 19. Los acuerdos de Sun City fueron considerados como excluyentes y parciales, por negociarse el reparto del poder entre el presidente Joseph Kabila (mantenido en el puesto de jefe de Estado) y Jean-Pierre Bemba (nombrado para el puesto de primer ministro del gobierno de transición), a espaldas de Ketumile Masire y al margen de las negociaciones oficiales que duraron 52 días. 20. Se trata de la creación de un gobierno de unión nacional de transición integrado por 1 presidente y 4 vicepresidentes en representación de las distintas fuerzas militares y políticas (1 para cada una de las principales rebeliones, 1 para la sociedad civil y 1 para el gobierno de Kinshasa), gobierno que se encargará de la gestión del Estado y de la preparación y celebración de las futuras elecciones, hasta 2004. Esta solución se inspira del “Plan Mbeki” que tras el fracaso de Sun City, propuso el mantenimiento de Kabila en el puesto de presidente de la República durante el periodo de transición y la creación de un Consejo Superior de la República integrado por 4 miembros: el presidente, dos vicepresidentes procedentes de la rebelión armada y un primer ministro, en representación de la oposición pacífica.
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