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Estudio diagnóstico sobre las principales preocupaciones socio ambientales que podrían potencialmente convertirse en fuente de conflicto en el área de intervención Correspondiente al Producto 1.4.6 “Un programa de capacitación dirigido a autoridades en resolución y negociación de conflictos sociales y ambientales (generalmente relacionadas al control de los excedentes hídricos y tierras forestales o agrícolas.
Lima,
setiembre de 2010
Elaborado por Agencia solicitante
: ProDiálogo : PNUMA
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Evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú: Una lectura general.
Índice
Resumen ejecutivo Introducción 1. Historia reciente de la conflictividad social en el Perú 2. Enfoques e interpretaciones de sobre la conflictividad social en el Perú 3. Los conflictos socio ambientales en el Perú 4. Conflictividad social y socio ambiental en las cuencas de Santo Tomás, Chumbivilcas, Cusco y Chalhuahuacho, Cotambambas, Apurimac. 5. Prevención y transformación de conflictos: un enfoque para el fortalecimiento de capacidades 6. Conclusiones Bibliografía
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Resumen ejecutivo
“Toda la vida social es conflicto, porque es cambio…” Ralph Dahrendorf
A mediados de los años noventa se cierra un ciclo de alta conflictividad social en el Perú, fundamentalmente marcada por el desarrollo del conflicto armado interno, iniciado a principios de los años ochenta. Los actores involucrados en este cruento proceso fueron de un lado, dos organizaciones alzadas en armas, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, contra el Estado peruano, teniendo en medio de esta encarnizada batalla a la sociedad civil en su conjunto. El saldo final de víctimas, registradas por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2004), fue de alrededor de 69 mil ciudadanos muertos o desaparecidos. El 75% de las victimas tenía como idioma principal el quechua u otras lenguas nativas; el 55% trabajaban en actividades agropecuarias y las zonas más afectadas por la violencia fueron los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Huánuco, cuatro de los cinco departamentos más pobres del país y con las más altas tasas de ruralidad. Finalizado el ciclo del conflicto armado interno, se abrió otro de distinto carácter, más bien marcado por la presencia ascendente de protestas sociales en diferentes zonas del país, alrededor múltiples asuntos en disputa, que fueron desde pliegos laborales hasta oposición a la privatización de servicios públicos. Se puede sostener que durante el gobierno del Presidente Fujimori, el nivel de protesta social fue más bien reducido respecto a lo que sería durante el gobierno del Presidente Toledo y el Presidente García. Como lo anotan algunos analistas las protestas sociales en el Perú, siguieron una marcada dinámica ascendente desde finales de la década del noventa, por un conjunto de factores, entre ellos el fin de un régimen político autoritario y un cambio en la estructura de oportunidades políticas signado por el proceso de apertura y democratización abierto hacia el final del gobierno del Presidente Fujimori. (Grompone y Tanaka, 2009). A partir de mediados del 2000, un nuevo fenómeno empezó a configurarse en la dinámica de la conflictividad social en el país. Según los registros realizados por la Defensoría del Pueblo, entre principios y mediados de la nueva década, los conflictos más frecuentes estuvieron asociados a temas de demandas sociales de distinto tipo, disputas por cargos electorales, desavenencias entre ciudadanos y autoridades locales y regiones, entre otros. Desde el segundo semestre del 2005 en adelante, los conflictos denominados socio ambientales empiezan a ganar marcada centralidad. De pronto, del total de los conflictos que dicha entidad monitorea, a través de sus reportes mensuales, tendencialmente, entre 3
el 48 a 50% empiezan ser conflictos de este tipo, en los que se hallan involucrados empresas extractivas, fundamentalmente mineras y comunidades locales. Dichos conflictos se sitúan básicamente en zonas rurales y tienen que ver, entre otras cosas, con la disputa por el uso, manejo y control de los recursos naturales, principalmente agua y tierra, además de otros elementos, no menos complejos, como son los temores reales o percibidos sobre afectaciones ambientales, activación de expectativas y demandas a las empresas (empleo, fondos de desarrollo, servicios públicos), incumplimiento de acuerdos. Para el segundo semestre del 2010, la tendencia se mantiene. Según el reciente reporte de la Defensoría del Pueblo, de 255 conflictos identificados, el 50% son de carácter socioambiental y, en su mayoría, enfrentan a empresas mineras y comunidades locales que se encuentran dentro de sus áreas de influencia. Singularmente, los conflictos detectados en la zona de estudio considerada por el presente diagnóstico, que son las microcuencas de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco y la de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotambambas, departamento de Apurimac, el tipo de conflictos recurrentes son los de carácter socioambiental, al punto que en las organizaciones sociales de la provincia de Chumbivilcas, se han declarado explícitamente en contra de la actividad minera. De una mirada general, podemos observar que el actual estado de la conflictividad en el Perú, se viene dando en un marco de una economía en crecimiento sostenido, que ya viene cubriendo un ciclo de poco más de una década; niveles de pobreza y pobreza extrema subsistentes, sobre todo en áreas rurales; una marcada expansión de actividades extractivas, fundamentalmente minera, además de la petrolera, gasífera, pesquera, forestal e hidroenergética; una subsistente crisis de representación política y fragmentación social, que viene complementada por la aún débil capacidad del aparato estatal de cubrir todo el territorio nacional, a través de su presencia como autoridad y oferente eficiente y eficaz de bienes públicos. A todo ello, podemos sumar las débiles capacidades, de las autoridades subnacionales y de los líderes de la sociedad civil, así como de los agentes públicos y privados, para construir espacios para la deliberación, el diálogo y la participación constructiva, que prevalezcan sobre las salidas confrontacionales o violentas. En el Perú, sigue siendo un reto construir y fortalecer la democracia y los pasos decisivos para lograrlo van en el sentido de cerrar las brechas sociales, hacer que el crecimiento sea inclusivo, que la explotación de los recursos naturales se de de manera ambiental y socialmente responsable y, que el diálogo sea asumido por las autoridades y los ciudadanos como un medio y un fin.
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Introducción
El presente diagnóstico forma parte de la actividad 1.4.6 Un programa de Capacitación dirigido a autoridades en resolución y negociación de conflictos sociales y ambientales) del programa conjunto “Gestión Integral y Adaptativa de Recursos Ambientales para Minimizar Vulnerabilidades al Cambio Climático en Microcuencas Altoandinas (Programa ODM‐F‐Perú). El mismo, fue encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y realizado por Prodiálogo y fue realizado junto con un folleto de sensibilización/concientización, el diseño instruccional del taller de capacitación, la presentación power point y la guía para el instructor. El objetivo del diagnóstico es presentar de manera sistematizada y organizada información general referida a la evolución y tendencias de los conflictos sociales y ambientales en el Perú, básicamente de los últimos diez años, de modo de contar con un marco analítico que sirva de insumo para la formulación de los materiales de capacitación comprometidos. La metodología seguida para su elaboración ha considerado la revisión, análisis y sistematización de material bibliográfico, información secundaria de carácter estadístico, entrevistas a consultores y la incorporación de un estudio de caso realizado por el Centro Bartolomé del Cusco. El presente estudio ha tomado como ámbito de análisis la microcuenca de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco y la microcuenca de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac, ambas zonas altoandinas, de sierra sur del Perú. El esquema general del diagnóstico considera una primera parte en la que sintetizamos la historia reciente de la conflictividad social y ambiental que se ha venido desarrollando en el Perú, en los últimos diez años, que es cuando, según el análisis de las estadísticas referidas al tema, dan cuenta del el incremento tendencial de los conflictos denominados de carácter socioambiental, que a su vez, van emparentados con la marcada presencia de la actividad extractiva en el país, en comparación con décadas anteriores. Seguidamente, buscamos presentar de manera analítica los enfoques recientes desde los que se ha tratado de entender, explicar e interpretar el incremento de la conflictividad socioambiental en el Perú, puntualizando sus alcances y limitaciones. En la tercera parte del documento, nos focalizamos en el análisis de los conflictos socioambientales, buscando entender su especificidad, complejidad y alcance, así como la alta incidencia que estos vienen teniendo en el escenario social actual. En la cuarta parte nuestro análisis se concentra en los ámbitos de estudio elegidos, que son las microcuencas de Santo Tomás y Chalhuahuacho, identificando el tipo de conflictos que vienen dándose en dichas zonas, los escenarios en los que se desenvuelven, los asuntos conflictivos, los actores 5
involucrados y los modos de abordaje utilizados por las partes involucrados. En la quinta parte, desarrollamos el enfoque conceptual desde donde entendemos puede resultar constructivo abordar los conflictos socioambietales y que es el soporte teórico que sustentará los materiales de capacitación diseñados. Cerramos el presente diagnóstico, con un conjunto de conclusiones y recomendaciones. Si bien muchas personas han tenido que ver con el estudio en su conjunto o en parte de él, la responsabilidad sobre su consistencia y calidad es enteramente del equipo que formó parte de su formulación y redacción final, compuesto por Javier Caravedo, Alex Landauro, Gustavo Moreno, Liz Puma y César Bedoya, quien coordinó el equipo. No queremos cerrar esta introducción sin dejar de agradecer a Andrea Brusco y María Eugenia Recio del equipo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de la para América Latina y El Caribe.
1. Historia reciente de la conflictividad social en el Perú.
Como lo apunta el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, entre los casi veinte años que duró el conflicto armado interno, hubieron muchas más víctimas mortales que en ciento ochenta y dos años de vida republicana, ni las guerras con Chile y con el Ecuador, generaron tanto sufrimiento y dolor. Entre los factores que explican este período de nuestra historia, están, entre otros: la decisión y voluntad política de los grupos alzados en armas que plantearon su abierta confrontación contra el Estado peruano, buscando su destrucción y suplantación por otro orden institucional; las brechas sociales subsistentes expresadas en el sofocante centralismo del país que creó una abismal distancia entre la capital y el resto del país; la fuerte gravitación económica, demográfica y simbólica de Lima y la costa en desmedro de los andes; las atávicas divisiones estamentales expresadas en formas, a veces frontalmente explícitas otras veces de manera tácita, en discriminaciones étnico culturales y raciales (Degrergori, 1988; CVR, 2004); un Estado poco legitimado ante la sociedad, que lo sentía distante o hasta amenazador; vacíos de poder en amplías zonas del país, fundamentalmente rurales y sobre todo altoandinas; debilidad de los partidos políticos o mecanismos de representación que no recogían o tramitaban las alarmantes necesidades sociales imperantes y una coyuntura económica vulnerable y de persistente crisis, que aunque en momentos de expansión el crecimiento económico fue expectante, la redistribución interna de la riqueza se mantuvo bajo una lógica excluyente. No cabe duda que este período de la historia reciente del Perú, marcó hacia adelante ciertas dinámicas en el desenvolvimiento social y político del país. Si bien es cierto que en algunos aspectos se 6
encaminaron cambios fundamentales, como es el caso del proceso de descentralización y la ampliación de los espacios de participación ciudadana, así como intentos de modernización del aparato estatal; en otros, la condiciones han subsistido, planteando el desafío de superarlas con mayor rapidez, eficiencia y eficacia, como es el caso de la pobreza, pobreza extrema y desigualdad interna, que se mantienen persistentes o decrecen muy lentamente, sobre todo en zonas rurales altoandinas y amazónicas, aun en un escenario de crecimiento económico sostenido que viene durando más de una década, pero que aún bajo una lógica de restringida inclusión.
Fuente: Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2004
Finalizado el ciclo del conflicto interno armado, fundamentalmente, producto de la captura de los principales líderes de las organizaciones alzadas en armas, se fue configurando una nueva etapa que inicialmente estuvo marcada por el reflujo de la conflictividad social en el país. El gobierno del Presidente Fujimori, canceló un ordenamiento institucional y un modelo de desarrollo estructurado alrededor del Estado, como agente económico central (Wise, 2003) y puso en marcha un programa de reformas estructurales que prefiguraron el camino hacia un nuevo modelo de desarrollo de carácter neoliberal, orientado por los principios del Consenso Washington (Gonzales de Olarte, 1998). Cabe considerar que el país que dejó el primer gobierno del Presidente Alan García, estaba prácticamente en la ruina, colapsado por una severa hiperinflación, recesión económica, el aislamiento internacional producto de la decisión política de restringir el pago de la deuda externa, el debilitamiento extremo del aparato estatal y la violencia 7
política imperante (Crabtree, 2005). El nuevo modelo instaurado se expresó en un programa de ajuste estructural cuyo objetivo central fue atacar los desequilibrios macroeconómicos buscando la transformación radical de la estructura productiva del país y enrumbarla básicamente hacia el crecimiento de la producción de bienes transables de exportación. El conjunto de medidas asumidas tuvieron como ejes reformar la estructura institucional que regía la producción, la circulación, la distribución y el consumo, redefiniendo los roles económicos del Estado y del mercado. Instaurado el modelo este entró en vigencia y es el que rige hasta hoy. Singularmente en la etapa de puesta en marcha de este nuevo ordenamiento, las protestas sociales más bien fueron escasas, hasta finales del año 1997, donde, según las estadísticas existentes, se empieza a dar un repunte en las protestas sociales, hasta entrado el año 2000, donde el incremento se hace más marcado y que básicamente expresaba el rechazo a la reelección del gobierno de Fujimori. De ahí que algunos analistas planteen que la evolución de la conflictividad social en el país, estuvo marcada por la regresión autoritaria (Lynch, 2009) que se vivió entre el autogolpe de abril de 1992, hasta el inicio del gobierno de transición del Presidente Paniagua Si el año 1995 las protestas registradas fueron de 185, el año 1997, ascendieron a 340, para llegar al 2001, con 720 protestas sociales registradas. De una revisión general de la tendencia, tenemos que durante período 1995‐2006, se registraron un total de 5,443 protestas sociales, que distribuidas entre los gobiernos turno, tendríamos 35.70% durante el gobierno del Presidente Fujimori; 7.39 % durante el gobierno de transición del Paniagua; 55.4% durante el gobierno del Presidente Toledo y 1.43% durante los primeros meses del segundo gobierno de García (Grompone y Tanaka, 2009). Los acontecimientos políticos desencadenan la renuncia del Presidente Fujimori y el inicio de una nueva transición democrática, que paradójicamente, abrió un ciclo de protestas sociales que tenían que ver con demandas políticas, laborales, presupuestales, entre otras. Entre los 2000 y 2005, que coinciden con el gobierno de transición del Presidente Paniagua y la elección del Presidente Toledo, el incremento de la conflictividad social iría en ascenso. Al menos cuatro son identificados a la fecha como los que marcaron ciertos hitos en este proceso. El primero, tuvo que ver con la oposición cerrada de los pobladores del distrito de Tambogrande, el departamento de Piura, frente al desarrollo de un proyecto minero impulsado por la empresa canadiense Manhattan Minerals (Paredes, 2008); si bien el conflicto data de fines de los años noventa, las acciones colectivas más contundentes se dieron entre los años 2000 y 2001. El segundo, llamado la “gesta de Arequipa” o el “Arequipazo”, que se dio a principios del 2002 y que se expresó en una 8
grave revuelta, en el departamento de Arequipa, como oposición al intento del gobierno de turno para privatizar la Empresa Generadora de Energía Eléctrica de Arequipa. La protesta fue radical al punto de declararse en emergencia la ciudad (Tejada, 2008), por más de quince días. Finalmente, a través de la presencia de un Comité de Alto Nivel, constituido por Ministros de Estado y con la mediación de la iglesia, se lograron una serie de acuerdos, entre ellos, la anulación del proceso de concesión de la empresa generadora de energía. El tercero, tuvo que ver también con un tema socioambiental, al igual que el caso Tambograde; éste conflicto se desarrolló en Cajamarca y tuvo como eje de la disputa la intangibilidad del llamado “Cerro Quilish”, frente a la intención de la empresa minera Yanacocha, por ampliar sus operaciones auríferas (Lingán, 2008). Las movilizaciones fueron masivas, lo que llevó a la empresa a dar marcha atrás en su intención. El cuarto conflicto emblemático, tuvo que ver con el enfrentamiento de pobladores y autoridades locales, que se llevó a cabo en Ilave, Puno, en abril de 2004, (Pajuelo, 2009) y que finalizó con el asesinato en público del alcalde de dicho distrito. En adelante, otros conflictos surgieron, básicamente en el campo socioambiental, hasta llegar al gobierno de Alan García, en cuyo período, la acción de protesta más emblemática sería la del llamado “Baguazo” (Alimonda et al, 2009), que se dio en junio de 2009, luego de más de dos meses de movilizaciones por parte de un grupo de organizaciones nativas, aunque sus antecedentes fundamentales se dan durante el 2008, que es cuando dichas organizaciones se oponen a una serie de decretos legislativos que consideraban que los afectaban. Esta protesta finalizó con un cruento saldo de treinta víctimas mortales, veinticuatro de ellas miembros de las fuerzas policiales que se hallaban rehenes por los nativos en las instalaciones de un campamento petrolero. Según las crónicas del movimiento, 3,600 nativos se movilizaron por la zona. Los decretos legislativos que buscaban ser derogados tenían que ver con la desprotección que estos implicaban a los territorios de las comunidades nativas, buscaban “ordenar” y “formalizar” las tierras rurales en plazos determinados, establecer nuevas políticas de promoción agraria a través de la creación de nuevas formas empresariales en el campo. Frente a esta protesta, altos funcionarios del gobierno, llegaron a manifestar que los reclamos de las organizaciones indígenas estaban poniendo en riesgo la suscripción del acuerdo de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, con lo que era inviable derogar dichos decretos. A estas protestas les sobrevendían otras no menos graves como las que se oponían la actividad minera (Arequipa, Cusco), a la construcción de hidroeléctricas (Arequipa, Cusco, Puno), contra la contaminación por actividad petrolera (Amazonas).
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Fuente: Defensoría del Pueblo. 2009
Hacia fines del 2004, según información del Ministerio del Interior, en lo que iba de ese mismo año se habían registrado en el país 8,956 acciones de protesta en las que habría participado más de 3 millones de personas. Ese mismo año la Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad de Conflictos Sociales, empezó a generar reportes mensuales de conflictos, reportes que hasta hoy son una de las fuentes más importantes al respecto. A diferencia del Ministerio del Interior y por el tipo de conflictos que la Defensoría optó registrar, el año 2004, el mes de diciembre hacían un balance general de los conflictos durante el año, identificando un total de 50. En general, la conflictividad durante esta etapa y en adelante, ser caracterizaría por la ausencia de marcos organizativos, débil unidad de objetivos, expresados como estallidos dispersos, con agendas diversas, cuya capacidad de ejercer presión se sustenta menos en su organicidad, masividad y extensión nacional, cuanto en el grado de violencia (Remy, 2005). Entendiendo este fenómeno, como lo plantean otros analistas (Grompone, 2005), en la lógica de un movimientismo social que no necesariamente cuestiona al sistema como tal y que pueden estar expresando nuevos modos de hacer política en un escenario de crisis de representación política y fragmentación social. A partir del 2005 las cifras difundidas por la Defensoría del Pueblo, empiezan a dar cuenta de una singular tendencia: los conflictos socioambientales empiezan a dominar la escena social. En adelante, del total de conflictos identificados por esta institución, este tipo de conflictos serían los dominantes hasta la fecha, representando entre el 48% y 50% del total de conflictos registrados a nivel nacional. En dichos conflictos los actores en disputa son generalmente empresas extractivas, fundamentalmente minera y las comunidades 10
sociales de su entorno. Entre los temas en controversia, están los temores reales o percibidos de la afectación de recursos naturales (aire, agua, suelo); temores reales o percibidos de la afectación sobre la salud de las personas; activación de expectativas respecte a acceso a empleo, fondos para el desarrollo, acceso a servicios sociales, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2007). En general, se puede plantear que en el Perú, a mediados de los noventa se cierra un ciclo de la conflictividad social, marcada por el conflicto armado interno, luego se entraría en una suerte de latencia donde en nivel de conflictividad muestra un descenso, por las características del régimen político, que finaliza con el inicio de la transición democrática a inicios del 2000. En adelante, la conflictividad social marca una pauta de ascenso, asumiendo cierta dominancia, los conflictos de carácter socioambiental.
2. Enfoques e interpretaciones de la conflictividad social.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, expone un conjunto de factores para explicar las razones que generaron las condiciones para el inicio y expansión del conflicto armado interno en el Perú, desde su inicio en 1982, hasta su finalización, que coincide con las capturas de los principales líderes de las organizaciones alzadas en armas, a mediados de los noventa (CVR, 2004). Factores históricos, entre los que se encuentran el marcado centralismo que creó una abismal brecha entre la ciudad capital (Lima) y las provincias del interior del país, sobre todo rurales; las antiguas y persistentes divisiones de carácter estamental, que si bien parecían diluirse no han desaparecido, más bien se han reconfigurado y sofisticado, esas divisiones estamentales que crean distancias concretas y simbólicas mestizos, blancos e indios. Factores institucionales, entre los que tenemos a un Estado poco legitimado, una ciudadanía poco extendida, una modernidad trabada expresada en una persistente desigualdad de orden social, económica y política. Factores de coyuntura, que tenían que ver con una persistente crisis económica agravada por el peso de una deuda externa exorbitante, desastres naturales y desmanejo de política económica, que hacia finales de los ochenta se expresaba en un Estado prácticamente quebrado; vacíos de poder sobre todo en extensas zonas andinas, donde el proceso de reforma agraria desmonto esquemas de autoridad y poder que no lograron ser del todo remplazados por otros que aseguraran una real democratización del campo; la debilidad del sistema político expresada en una crisis de representatividad que se anunciaba aún incipiente y que actualmente se expresa en mayor magnitud.
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En la línea de explicar la conflictividad social a la luz de lo acontecido durante el conflicto armado interno, se buscaron contrastar algunas hipótesis (Melendez, 2004): ¿Existe continuidad entre la matriz de violencia política desarrollada a partir de la década del ochenta y los conflictos actuales entre autoridades y sus pueblos? ¿Es la pobreza el “caldo de cultivo” para los conflictos sociales? ¿La existencia y uso de los mecanismos formales de participación ciudadana disminuyen las posibilidades de conflicto social? ¿El retiro de los partidos políticos nacionales de las zonas más alejadas del centro del país y la presencia de políticos independientes como autoridades estatales aumentan los riesgos de algún estallido de violencia social a partir de los conflictos sociales? Respecto a la primera hipótesis, contrastando el mapa de incidencia del conflicto armado interno y el mapa de incidencia de conflictos sociales, no hay necesariamente una correlación directa, es más bien indiferente la concentración y frecuencia de conflictos en zonas en donde antes se asentó con mayor crueldad la violencia política respecto a las zonas donde actualmente se desarrollan dinámicas de conflictividad, lo que estaría sugiriendo que no existe una sola matriz de violencia que están en la base de la actual conflictividad social. Respecto a la segunda hipótesis, no cabe duda que la pobreza, así como la desigualdad puede estar en la base de la insatisfacción ciudadana, y de hecho la mayor cantidad de conflictos socioambientales se localizan en zonas rurales con altos índices de pobreza y pobreza extrema, pero este es uno de los factores que inciden en la activación de la conflictividad social, no es el factor por definición determinante. Sobre la tercera hipótesis, al contrario de lo que se creería, aparentemente los espacios de participación se constituyeron en la arena de disputa política abierta, sobre todo en el tipo de conflictos que enfrentan a ciudadanos y autoridades locales y regionales; ello se puede expresar en la apelación al mecanismo de revocatoria de autoridades, que últimamente ha sido bastante utilizado, tanto así que durante el 2004, de las 194 provincias en el país, en 95 (49%) se realizó al menos una acción de revocatoria; más bien estos mecanismos muchas veces son desbordados y se manifiestan como insuficientes. Respecto a la cuarta hipótesis, pareciera que el sistema político peruano ha venido configurándose de modo tal que se ha visto copado por operadores autónomos, con filiaciones fluctuantes y con agendas particulares. Sobre este último punto regresaremos más adelante. Con el cierre de este ciclo, se abre otro marcado por un giro en el modelo de crecimiento y papel del Estado. Hay autores (Cotler, 2008) que plantean que la nueva lógica de relación 12
entre capitalismo y democracia, acumulación privada y participación política, sienta las bases para el desencadenamiento de conflictos debido al carácter antagónico los actores sociales en escena y la débil autonomía estatal para conciliar distintos intereses, determinando una dinámica de alta convulsión social. Finalizada la etapa de regresión autoritaria del gobierno del Presidente Fujimori, la reconstitución democrática incentivó la reorganización y rearticulación de sectores excluidos y silenciados, sosteniendo demandas de toda índole. En este sentido, este nuevo ciclo de conflictividad social se explicaría por el cambio político así como por la expansión del capitalismo, en un marco de crecimiento económico. Se configura así, un nuevo escenario signado por conflictos de carácter redistributivo, que alternan entre la exigencia de participar del crecimiento y la oposición a un modelo que sienten excluyente. Las estadísticas indican que el crecimiento y la estabilidad macroeconómica en el Perú ha venido siendo sostenido, al menos la última década. El promedio del crecimiento económico ha sido de entre 7.5% a 8% anual. El país luego de cuarenta años ha logrado alcanzar superávit fiscales. Oferta y demanda global Perú 2005‐2009 2005 2006 2007 2008 2009 Oferta global 6,4 7,6 9,0 7,9 7,0 PBI 10,7 12,6 12,6 13,9 11,8 Importaciones Demanda global 5,5 10,0 11,6 9,3 8,4 Demanda interna 4,4 6,2 8,3 6,5 5,8 Consumo privado 9,8 8,7 4,8 8,8 6,2 Consumo público 7,4 24,7 25,5 17,4 15,7 Inversión bruta interna 13.6 18,9 22,7 21,6 15,9 Inversión bruta fija 13.9 20,1 23,2 19,7 15,8 Privada 12.2 12,7 19,7 32,4 16,8 Pública 15.0 1,2 5,4 7,2 4,9 Exportaciones Fuente: Cuba, 2008.
El despegue económico no ha tenido su necesario correlato con los persistentes índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad (Cuba, 2008). De hecho estos han ido disminuyendo, pero no con la rapidez necesaria y dicha caída es más acentuada en ciudades que en las áreas rurales de sierra y de selva. Los problemas pendientes siguen siendo la brecha de ingresos entre los diferentes quintiles de la población sobre todo 13
entre las zonas urbanas y rurales; las diferencias entre regiones y la creación y distribución de riqueza a nivel interno, las brechas en infraestructura de servicios públicos expresados en los aún bajos niveles de acceso a electricidad, agua y sistemas de saneamiento; los aún altos índices de desnutrición infantil en zonas rurales de sierra y selva que llegaba al 2005 a 24.1% del total de la población infantil de entre 0 a 5 años; déficits en el servicio de educación, que en términos de expansión el índice es alto, pero en términos de calidad sigue deficiente según recientes pruebas aplicadas para medir niveles de dominio de alfabetización lectora, tanto a nivel de alumnos como docentes.
A la interpretación de la conflictividad social que pone acento en la contradicción, persistente a lo largo de la última década, entre crecimiento económico sostenido y una limitada redistribución de la riqueza y la interpretación que busca explicar la conflictividad por la apertura de estructuras de oportunidad política para la acción colectiva de diversos actores dada la transición de un gobierno autoritario (Fujimori) a un gobierno democrático (Paniagua, Toledo, García), se suma otra que busca dar cuenta de la ausencia de vínculos de intermediación política entre ciudadanos y autoridades que permitan establecer patrones ordenados de canalización de demandas y una adecuada representación política (Melendez, 2005). Frente a esta estructural debilidad en la representación política, surgen agentes intermediarios y operadores políticos (vértices articuladores) que estimulan la protesta, promoviendo una acción colectiva más bien fragmentaria, pragmática y circunstancial, que responde a determinada correlación de fuerzas localizadas y a agendas que combinan demandas por bienes públicos como privados. De otro lado, la activación de conflictos socioambientales, también generaron una serie de lecturas sobre las fuentes de su origen y tendencias (ver acápite 3 del presente 14
documento). Desde las que privilegian miradas de carácter macro, que tienen que ver con los cambios producidos por la instauración del modelo neoliberal y la afectación de múltiples dinámicas a nivel territorial, social, económico y político (Bebbington, 2007) y las que privilegian el análisis de elementos de contexto general, como son el rol del Estado, el comportamiento de las empresas y de los contextos particulares, expresadas en las reacciones y demandas de la población (Banco Mundial, 2005; Defensoría del Pueblo, 2007; Caballero, 2009). En general, existe el consenso que las condiciones de la actual conflictividad fueron configuradas justamente durante el gobierno fujimorista (1990‐2000). Durante dicho régimen, por un lado, se restringió y desprotegió el ejercicio de los derechos fundamentales, debilitándose y reprimiendo, asimismo, a los movimientos sociales; y, por otro lado, se promovió una serie de cambios económicos y legales que implicaron el debilitamiento institucional del Estado, el ahondamiento de la crisis de representatividad política, así como la promoción activa de la presencia del sector privado en el aprovechamiento de los recurso naturales como eje del modelo de desarrollo, en contextos culturales y sociales tradicionalmente excluidos de la participación política y económica. Este proceso profundizó el deterioro de las relaciones sociales, marcada por la sensación de exclusión e inequidad. A pesar de ello, las demandas colectivas fueron contenidas, reprimidas e invisibilizadas en lugar de abordadas en su complejidad. Así, con el regreso a la democracia la agenda social embalsada emergió en medio de un espacio institucional debilitado e incapaz de responder adecuadamente la gran presión existente. En los últimos años este contexto ha sido dinamizado por el avance del proceso de descentralización y el crecimiento económico. En buena cuenta esto ha implicado una doble tensión distributiva: del poder político entre lo nacional, regional y local, y de los beneficios del crecimiento (canon, regalías, aporte voluntario, beneficios directos, etc.) generados mayormente por la actividad minera. En este panorama cada vez más complejo, los conflictos sociambientales son la expresión (síntoma) de la tensión entre modos de vida y cosmovisiones sobre lo que implica el desarrollo. Esta situación de desencuentro está además marcada y alimentada por el ritmo y las características de la dinámica con la que se han venido dando los procesos, lo cual dificulta la posibilidad de profundizar el diálogo intercultural desde el cual integrar y armonizar estas visiones: una expansión de la actividad minera que se da a una gran velocidad, abarcando espacios territoriales amplios, y con poca disposición real, en muchos casos, a considerar los intereses y necesidades en juego de todos los grupos de interés involucrados. Esta dinámica se desarrolla, además, sin la existencia de un ordenamiento territorial previo, y una regulación y fiscalización eficiente por parte del 15
Estado. A esta dinámica relativamente nueva, se le debe sumar la carga histórica de la minería y su secuela de pasivos ambientales y sociales (abusos), lo cual ha calado hondamente en la psique colectiva de las comunidades como factor de desconfianza frente a la presencia de nuevas empresas. Esto hace difícil y compleja la convivencia, aún cuando las empresas utilicen tecnologías ambientalmente limpias y practiquen políticas de responsabilidad social corportativa (Caravedo, 2010).
3. Los conflictos socio ambientales en el Perú.
Una definición directa de conflicto socioambiental alude a aquellos en los que los actores se disputan el uso, manejo o control de los recursos naturales. Si desarrollamos más está idea de base tendríamos que los conflictos socioambientales implican ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza que al afectar o degradar los ecosistemas pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de la sociedad (Ortiz, 1997). Otros autores amplían el concepto trabajando categorías para distinguir los elementos centrales que están detrás de los conflictos socioambientales: los conflictos por simple escasez; por identidad del grupo y los conflictos por deprivación relativa (Homer‐ Dixon, 1991). La Defensoría del Pueblo, no llega a explicitar un concepto operativo de conflicto socioambiental, pero sí alude al conflicto social como una confrontación pública entre actores que buscan influir en la organización de la vida social Defensoría del Pueblo, 2005). Para el mes de mayo de 2005, la cantidad de conflictos sociales registrado por la Defensoría del Pueblo llegaban a 74, de los cuales, 10 estaban referidos a la categoría de “conflictos ambientales mineros”. En mayo de 2006, el total de conflictos sociales registrados llegó a 77, de los cuales, 13 se referían a la categoría de “conflictos ambientales”. En mayo de 2007, los conflictos sociales ascendieron a 77 en total, de los cuales, 30 eran “ambientales”. En mayo de 2008, el total de conflictos sociales fue de 65 y de “socioambientales” llegó a 31. En mayo de 2009 los conflictos sociales registrado llegaron a 268, de los cuales, 133 fueron “socioambientales”. En mayo de 2010, el total de conflictos sociales fue de 255, de los cuales 132 fueron socioambientales. Esta somera revisión de cifras nos muestra el ascenso de los conflictos en general y en particular, la dinámica que empiezan a mostrar los conflictos de carácter socioambiental, al punto de determinar una tendencia hacia ser los de mayor frecuencia y predominio. Conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo al mes de mayo de 2008 16
Fuente: Defensoría del Pueblo, 2008
Una serie de analistas dan cuenta (De Echave, Caballero, Monge) de la centralidad que empiezan a adquirir los conflictos socioambientales a partir de mediados del 2005 en adelante. Si se los revisa con detenimiento, la mayoría de ellos tienen que ver con temas mineros, disputas o controversias entre comunidades locales y empresas mineras. Conflicto registrados por la Defensoría del Pueblo al mes de mayo de 2010
Fuente: Defensoría del Pueblo, 2010.
Del análisis que hace la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami, 2010), ellos identifican que entre abril de 2008 y 2009, los conflictos 17
entre comunidades y empresas mineras pasaron de 45, en abril de 2008 a 82, en mayo de 2009, de los cuales, el 92% sucedieron en zonas de pobreza y pobreza extrema, 82% tuvieron como causa la afectación directa o un riesgo ambiental latente, el 75% involucró directamente a comunidades campesinas y el 62% de dichos conflictos se concentraron en 8 regiones del país: Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Ancash, Junín, Loreto, Pasco y Lima. Otra investigación que da cuenta sobre las características que asumen los conflictos socioambientales en el Perú (Castro; 2010), concluye, a través de la aplicación del coeficiente de Pearson, que existe una relación de significancia entre el nivel de pobreza y el número de conflictos; esto es: a mayor tasa de pobreza, mayor cantidad de conflictos desplegados. La otra relación de significancia estadística expresa que hay una asociación directa entre número de conflictos y mayor extensión existente de derechos mineros o concesiones.
Fuente: Cooperacción s/f.
Según un reciente estudio promovido por el Banco Mundial y el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, 2009), uno de los principales desafíos que enfrenta la industria minera es que “las actitudes de la población frente a la minería no son a menudo positivas y recientemente han generado enfrentamientos y conflictos sociales”, subyacen a dicha situación un conjunto de factores que caracterizan como complejos, entre otros señalan: el legado de la minería (pasivos ambientales y sociales), las dificultades de comunicación entre las empresas mineras y las comunidades de su entornos y, sobre todo, puntualizan que las operaciones mineras se ven a menudo presas en la encrucijada de que las instituciones y estructuras de gobernabilidad en el Perú, no han permitido a las comunidades locales participar efectiva y constructivamente en los procesos políticos, que 18
el sistema legal formal no reconoce la propiedad y los derechos de facto y que los servicios públicos no satisfacen las expectativas de las poblaciones. Según un análisis aparecido en una revista especializada en temas mineros (Horizonte minero, 2009), enumera lo que a su modo de entender, a partir de una serie de entrevista a líderes del sector, son los factores que están alrededor de los conflictos socioambientales: ausencia del Estado, malas práctica empresariales, incremento de concesiones mineras y petroleras, falta de información por parte del Estado y de las propias empresas, falta de transparencia, compromisos incumplidos o pendientes entre empresas y comunidades, débiles o ausentes mecanismos de consulta, mala distribución y uso de la riqueza generada por el sector, entre otros. Principales proyecto mineros 2010‐2014 Proyecto Inversión Operador Ubicación Metal Inicio Millones U$ principal proyectado 2200 Chinalco Junín Cobre 2012 Toromocho 4200 Xstrata Apurimac Cobre 2014 Las Bambas 2500 Anglo A. Cajamarca Cobre 2014 Michiquillay 1500 Zijin Piura Cobre n/d Río Blanco 3000 Anglo A. Moquegua Cobre 2014 Quelleveco 1200 Southern Apurimac Cobre 2013 Los Chancas 934 Southern Arequipa Cobre 2012 Tía María 1288 BHP,Xstrata Ancash Cobre 2012 Antamina 3400 Yanacocha Cajamarca Oro 2014 Conga 1500 Xstrata Cusco Cobre 2012 Antapacay Fuente: Business News América. 2010
En la revista especializada que edita la escuela de negocios de la Universidad Católica (Centrum, 2009), analizan las conclusiones de un estudio de la firma consultora Apoyo, que fue presentado en una reciente convención minera. Dicho estudio buscaba dar cuenta del por qué de la conflictividad en el sector y una de las ideas centrales planteada es que mineros y críticos confrontan visiones distintas, respecto al desempeño de las empresas, a los impactos ambientales, a las negociaciones entre empresas y comunidades, en particular en lo que se refiere a tierras De otro lado, mientras unos (empresarios) ponen el acento en la poca presencia del Estado y las altas expectativas de sus entornos sociales, los otros (críticos) llaman la atención sobre los temores que suscita la actividad minera respecto a los impactos ambientales y los débiles esfuerzos de las empresas por validar su trabajo con su entorno social. 19
En un dossier preparado por una revista de negocios (Business New America, 2010), sobre la minería en el Perú, en particular sobre los conflictos que la aquejan, plantean una serie de ideas: la ausencia de esquemas institucionales eficaces para enmarcar el diálogo entre los principales actores (Estado, empresa, comunidades), el manejo de recursos naturales altamente críticos como lo es el agua, que entra en competencia con otros usos (agricultura), la presencia de distinto tipo de organizaciones (alude directamente la “gran cantidad de ONGs”) que están detrás de comités, frentes de defensa y otros tipo de plataformas que dificultan los debates informados entre las partes directamente concernidas. De otro lado, plantea que el Convenio 169 ha dificultado la situación para muchas empresas, dado que se lo utiliza como pretexto para presentar reinvindicaciones o demandas que están más allá de lo que las empresas pueden cumplir, también plantean como elementos subyacentes a los conflictos, la ausencia de partidos políticos fuertes con programas consistentes y claros sobre todo a nivel local y regional y, la incapacidad de las instituciones públicas para canalizar los conflictos, que terminan en la radicalización de posturas de los dirigentes locales y en el estallido de protestas. A todo esto se suma, la incapacidad de los gobiernos locales y regionales para invertir de manera eficiente los recursos que la minería genera, creando desconfianza y frustración entre la población. En un estudio reciente sobre la conflictividad social en el Perú (Caballero, 2009), aborda los conflictos socioambientales y empieza por distinguir los conflictos que se dan de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo minero, reconociendo que son de distinta naturaleza y alcance si corresponden a la etapa de exploración o producción, probablemente, plantea el autor, dichos conflictos evolucionen acumulando demandas y plataformas que se diferencien de las iniciales. De otro lado sugiere que si uno se fija en las tendencias uno puede deducir que estamos frente a un clima de abierto enfrentamiento entre las poblaciones y las industrias extractivas, en particular la minera, pero no es tanto así, pues se trata de más bien de complejos procesos de conflictos y negociaciones particulares entre comunidades o poblaciones y los proyectos que se instalan en dichos ámbitos. Sobre los conflictos que se desencadenan en durante la fase de exploración, generalmente se tienen, aquellos que tienen que ver con la obtención de permisos y contraprestaciones, demandas de empleo y fondos para proyectos de desarrollo, demandas por servicios sociales básicos. En el proceso se van activando otros conflictos por incumplimiento de acuerdos y, es muy probable, que si el proyecto pasa a la fase de construcción, las demandas se incrementen, por el lado del empleo, los fondos para proyectos de desarrollo y se incorporen agendas de carácter más privado, que tienen que ver con contrato de servicios de empresas locales, entre otros. De hecho, para el autor, no es que exista un masivo y articulado movimiento “antiminero” sino múltiples escenarios de interacción conflictiva con sus propias agendas y lógicas de negociación. 20
Un colectivo de organizaciones, entre las que estaban la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería y la ONG Cooperacción, editaron un libro con varios ensayos (De Echave, et al, 2009) en los que plantean una serie de ideas de fondo para comprender la conflictividad socioambiental en el país. En primer término, constatan que el proceso de neoliberalización del país es un proyecto de reconstrucción y reterritorialización de las sociedades en desarrollo, a partir de coaliciones de los poderes fácticos globales, que buscan refundar los Estados, a través de los tratados de libre comercio, políticas de privatización y desregulación. Se busca reorganizar los espacios nacionales, poniéndolos en valor a través de regímenes legales y políticas que facilitan su integración en las redes transnacionales de inversión , producción y comercio, imponiendo las lógicas de mercado sin mecanismos adecuados de regulación, siendo que la explotación de los recursos naturales juegan un papel central en este modelo. Frente a este escenario, las organizaciones de la sociedad civil de organizan, generan nuevos discursos y resistencias tanto de defensa como de alternativa y es en este marco mayor que es preciso entender la conflictividad suscitada entre empresas extractivas y comunidades.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Lima. 2009
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Otro colectivo de organizaciones de investigación (De Echave et al, 2009) a partir del análisis de 6 casos de conflictos socioambientales entre comunidades y empresas mineras. Considerando cada actor estudiado, plantean que las empresas despliegan su actuar en función a la lógica de maximización de sus ganancias y para ello buscan instituciones eficientes y eficaces, así como reglas claras (Estado) y de parte de la comunidad buscan generar relaciones de buena vecindad a partir del despliegue de acciones de responsabilidad social y minimizar lo más que se pueda el descontento de las poblaciones. En ese marco, es preciso considerar que al interior de las empresas se juegan también lógicas distintas que enfrentan instancias como las de operaciones y relaciones comunitarias; de otro lado, se generan fallas de comunicación entre empresa y comunidad que derivan en impasses que luego deben sortearse a través de las estrategias comúnmente desplegadas que combina clientelismo con amedrentamiento, presencia del Estado o apertura de espacios para el diálogo y negociación. Desde la comunidad, lo que suele primar es una mezcla de temor y expectativa (dependiendo la zona y las experiencias con la actividad minera). También se genera un campo de mutuas desconfianzas y por una escaza credibilidad en las acciones y promesas de los otros (Estado, empresa). Cabe considerar también que la presencia de actividad minera alterna los ordenamientos internos de la comunidad, sus jerarquías internas, estructuras de autoridad y los precarios equilibrios de poder generando tensiones internas que también afloran a través de los conflictos. El Estado es percibido como un agente inclinado a la promoción de la actividad minera, de lado de las comunidades y, del lado de las empresas, como un débil garante del orden público e ineficiente asignador de recursos y servicios públicos a las comunidad. En un estudio editado por el Anthony Bebbington (Bebbington, 2009), varios autores enfocan su análisis sobre los efectos de las industrias extractivas, particularmente la minera, en ciertas zonas del Perú, Bolivia, Ecuador y Guatemala, desde la perspectiva teórica de la ecología política, buscando explorar las relaciones entre el avance de la gran minería, las respuestas campesinas y el surgimiento de movimientos sociales. Sus conclusiones las estructura a partir de tres campos de análisis: neoliberalización, transnacionalización y movilización. Identificando que los vínculos estrechos entre el neoliberalismo, las reformas institucionales y el conjunto de cambios en los derechos de acceso y control de los recursos naturales. La importancia que adquieren los actores globales dentro de los procesos de cambio en marcha a todo nivel, hasta lo local, los impactos que se suscitan en la trayectoria de desenvolvimiento de los territorios locales, los conflictos que se activan alrededor de estos procesos de cambio, activando nuevas formas de movilización y acción colectiva que se dan a distintas escalas. Es en este marco
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mayor de suma complejidad que los autores buscan entender la conflictividad suscitada entre comunidades y actividad extractiva. Otra lectura de los conflictos socioambientales es el que hace la Defensoría del Pueblo, a través de su informe extraordinario (Defensoría del Pueblo, 2007) realizado a solicitud del Congreso de la República, en el que se busca explicar las causas de los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú. El estudio empieza por constatar la significancia que ha adquirido este tipo de conflictos, el mismo que es identificado como un “grave problema” dado que “afecta, al mismo tiempo, a los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, a la inversión privada –indispensable para el progreso económico y bienestar del Perú‐ y al Estado”. Entre las causas de los conflictos que el informe detecta están: la debilidad institucional y desatención del Estado; la posición antiminera y agendas ocultas de algunos líderes y organizaciones; el temor (real o percibido) a la contaminación de los recursos naturales; el problema social de la exclusión, desigualdad y discriminación; la afectación de derechos fundamentales, la desconfianza en el Estado como protector del ambiente; presunta incompatibilidad entre actividades económicas; la actuación de algunas empresas en los conflictos que no asumen con responsabilidad sus compromisos sociales y ambientales. Sobre los impactos de los conflictos, dan cuenta de los de carácter económico en el plano tanto de lo local, regional y nacional, los impactos sociales (entorpeciendo las relaciones sociales entre los agentes), impactos políticos (debilitamiento de las estructuras de autoridad). Otro punto de vista (Caravedo, 2010) plantea que los conflictos sociambientales son la expresión (síntoma) de la tensión entre modos de vida y cosmovisiones sobre lo que implica el desarrollo. Esta situación de desencuentro está además marcada y alimentada por el ritmo y las características de la dinámica con la que se han venido dando los procesos, lo cual dificulta la posibilidad de profundizar el diálogo intercultural desde el cual integrar y armonizar estas visiones: una expansión de la actividad minera que se da a una gran velocidad, abarcando espacios territoriales amplios, y con poca disposición real, en muchos casos, a considerar los intereses y necesidades en juego de todos los grupos de interés involucrados. Esta dinámica se desarrolla, además, sin la existencia de un ordenamiento territorial previo, y una regulación y fiscalización eficiente por parte del Estado. A esta dinámica relativamente nueva, se le debe sumar la carga histórica de la minería y su secuela de pasivos ambientales y sociales (abusos), lo cual ha calado hondamente en la psique colectiva de las comunidades como factor de desconfianza frente a la presencia de nuevas empresas. Esto hace difícil y compleja la convivencia, aún cuando las empresas utilicen tecnologías ambientalmente limpias y practiquen políticas de responsabilidad social corportativa. Estas interacciones conflictivas en el ámbito 23
sociambiental en el sector minero presentan algunos rasgos característicos en cuanto al tipo de actores, los asuntos conflictivos, los factores condicionantes, así como a las estrategias de respuesta empleadas. Así, respecto a los actores, se observa que estos conflictos se dan entre empresas mineras y las comunidades de sus entornos (ámbitos de influencia), con el involucramiento de las autoridades locales y regionales, las cuales tienen por lo general una posición ambivalente en función de las circunstancias políticas locales. Los conflictos se producen en mayor medida en el ámbito de la gran y mediana minería en el norte (Piura, Cajamarca), centro (Junin, Pasco, Huancavelica) y sur (Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, Apurimac). Son especialmente notorios aquellos conflictos entre empresas mineras de capital transnacional y las comunidades de sus ámbitos de influencia (Majaz o Yanacocha, por ejemplo). En relación con los asuntos en disputa estos giran mayormente en torno a la posibilidad de obtención, por parte de las comunidades, de mayores beneficios de la presencia minera, el respeto de sus modos de vida, así como el cuidado de los recursos naturales, tanto por un interés vinculado al desarrollo de actividades económicas tradicionales (agropecuaria) como a la preservación del medio ambiente. Puntualmente identificamos como asuntos claves los siguientes: acceso al sistema de empleo rotativo en la empresa; contratación de empresas comunales como proveedores locales; provisión de servicios sociales (postas médicas, aulas, agua, luz, canales riego, etc.); control y uso de recursos hídricos (cantidad); contaminación del medio ambiente (aire, agua, suelo, flora y fauna); afectación de la salud de la población local (plomo en la sangre); acceso a la tierra para trabajos de exploración y explotación minera; percepción de maltrato, falta de comunicación e incumplimiento de compromisos; demandas locales y regionales en torno a las posibilidades de desarrollo social y económico; gestión de fideicomisos, fondos sociales y fondos del canon. En cuanto a los factores condicionantes que moldean la dinámica de estos conflictos, encontramos: la sentida exclusión (social, cultural, política y económica); la pobreza en tanto insatisfacción de necesidades básicas; recursos naturales escasos (agua y tierra); ausencia, ineficiencia o inacción del Estado; fragmentación y dispersión de la sociedad civil producto de la guerra interna y procesos de desarticulación social; inadecuada comunicación e información; surgimiento de políticos locales oportunistas que capitalizan el descontento ante la ausencia de partidos políticos representativos; las presiones externas producidas por los procesos internacionales en un mundo cada vez más interconectado por la globalización (crisis financiera, cambio climático).
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En conclusión, los conflictos socioambientales surgen como dinámicas complejas en medio de un contexto complejo. En esa medida las respuestas para que sean adecuadas, en el marco de la gobernabilidad democrática y enfocadas al desarrollo sostenible, no pueden ser meramente reactivas limitándose a estrategias simplistas, de corto plazo y meramente orientadas de la imposición unilateral de agendas, ya sea a través de la manipulación o la confrontación de fuerzas. Incluso las estrategias legales resultan siendo absolutamente insuficientes para abordar la dinámica de procesos sociales complejos y dinámicos como los mencionados, y en muchos casos terminan agravando la situación. Lamentablemente esa ha sido la pauta general en muchos casos. Por otro lado, cuando el diálogo es utilizado por lo general no se da en condiciones adecuadas previamente trabajadas, produciendo como consecuencia en muchos casos una fatiga y sensación de frustración entre las partes, lo cual se termina repitiendo el ciclo de escalada conflictiva.
4. Conflictividad social y socioambiental en las cuencas de Santo Tomás, Chumbivilcas, Cusco y Chalhuahuacho, Cotambambas, Apurimac. La conflictividad socio ambiental durante la última década en el Perú, según la información de la Defensoría del Pueblo ha estado concentrada en zonas rurales de sierra de altos índices de pobreza o pobreza extrema en donde los principales activos de las familias vivientes son la tierra de la que disponen para sus cultivos, dispersadas en distintos pisos ecológicos, ganado, generalmente de baja productividad e instrumentos de bajo componente tecnológico. A ello habría que considerar también el ambiente de producción sometido a una alta incertidumbre y riesgo climatológico y a lo que ahora se suma las vulnerabilidades producidas por los efectos del cambio climático. De otro lado, los vínculos con circuitos de mercado modernos son débiles y en ciertos casos nulos, dado el alto componente de autoconsumo de estas familias. En general, estas son las características que comparten los dos ámbitos del presente estudio. La cuenca del Santo Tomás se halla en la provincia de Chumbivilcas, ubicada en la zona altoandina al suroeste de la región Cusco, su población es eminentemente rural. La cuenca del Chalhuacho se halla en la provincia altoandina de Cotambambas, en la región Apurimac, su población también es predominantemente rural. En ambos casos asentadas en comunidades campesinas que comparten antecedentes históricos ancestrales que vienen de los señoríos regionales pre incas, pasando luego por la articulación pan andina de la época inca y luego la desestructuración y reestructuración acaecida durante la colonia.
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Población total urbana y rural 2007 Provincia /distrito Chumbivilcas Santo Tomás Cotabambas Chalhuahuacho
Población total 75,585 24,492 45,771 7,321
Población urbana 17,505 9,936 12,205 1,667
Población rural 58,080 14,556 33,566 5,654
Fuente: INEI 2007
De acuerdo a los recientes datos censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se puede claramente la predominancia de la población rural en ambos casos. Como anotábamos líneas arriba, es población rural altoandina que comparte más o menos un ecosistema similar que en términos de zona de vida corresponde a Tundra Pluvial Alpino Subtropical y Páramo Pluvial Subalpino Subtropical, lo que determina también la predominancia de un sistema productivo de economía campesina de autosubsistencia basada en el minifundio disperso, con un repertorio de cultivos de secano, una ganadería de tipo extensiva de baja productividad, un componentes simples de actividad artesanal y comercial. En resumidas cuentas son poblaciones cuya existencia está fuertemente condicionada a las características de las zonas de vida en la que se hallan. En términos sociales, en ambos casos las cuencas de Santo Tomás y Chalhuahuacho, comparten también casi los mismos índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad. Población en pobreza, pobreza extrema e índice de desigualdad Provincia /distrito Pobreza Pobreza extrema Desigualdad Chumbivilcas 85.6 58.1 0.32 Santo Tomás 84.2 55.1 0.33 Cotabambas 71.2 28.9 0.28 Chalhuahuacho 88.5 61.9 0.28 Fuente: INEI 2007, PNUD 2009
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Los índices de pobreza en ambas zonas son ciertamente alarmantes, a esto hay que añadir el hecho de la alta incidencia de los efectos de estas condiciones sobre la población femenina e infantil. Cabe señalar que según los análisis macroeconómicos del país el crecimiento ha estado bordeando el 8% anual en lo que va de la última década y que si bien la pobreza y la pobreza extrema ha logrado retroceder sobre todo en las zonas urbanas y rurales de costa, en general, los pobres siguen siendo los mismo y muchos (Oxfam, 2010). El 43% de los pobres en el Perú vive en la sierra rural, el 85% de los indigentes peruanos vive en el campo cuya principal fuente de ingresos es la actividad agrícola. De hecho, este grupo humano es el de menor acceso a oportunidades, tiene menos de casi todo: menos servicios públicos, menos servicios privados, menos mercados, menos instituciones y elevados costos de transacción.
Un dato que recientemente ha sido medido por el PNUD es el de la “densidad estatal” (IDE), estimado éste, como una canasta de servicios básicos e ineludibles que aquel (Estado) debe garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas como plataforma mínima para que aspiren a un horizonte de desarrollo humano. En este sentido, según el primer reporte que se ha hecho sobre este tema (PNUD, 2010), Lima y Arequipa muestran el mayor porcentaje de “densidad estatal” con índices de 0.877 y 0.826 correspondientemente. 27
En el caso de Cotabambas, el IDE alcanza el 0.069, que coloca a esta provincia en el puesto 181 y Chumbivilcas el 0.053, colocándola en el puesto 185, siendo Lima y Arequipa el puesto 1 y 2. Índice de desarrollo humano, densidad estatal y esperanza de vida Provincia /distrito IDH Ingreso per cápita Alfabetismo Chumbivilcas 0.5253 130 74.04 Santo Tomás 0.5339 148 75.93 Cotabambas 0.5216 144 66.81 Chalhuahuacho 0.5122 114 65.07 Fuente: INEI 2007, PNUD 2009
En el marco de análisis transformativo de conflictos, tenemos, en ambas cuencas, la de Santo Tomás y Chalhuahuacho, escenarios estructuralmente determinados por altos índices de pobreza, pobreza extrema y desigualdad, una baja densidad estatal. Un esquema de producción familiar de subsistencia sostenido sobre la base de la utilización de sus principales activos, que son la tierra (agricultura), el ganado de baja productividad (ganadería extensiva), mano de obra poco calificada, en un marco general de altos costos de transacción, incertidumbre y alto riesgo, que en los últimos años añade el agravante de las consecuencias del cambio climático y la presión sobre los principales recursos naturales de la zona (tierra y agua) por la presencia cada vez mayor de actividades extractivas como la minería formal e informal. Tomado como referencia los reportes de la Defensoría del Pueblo, el promedio general de la cantidad de conflictos sociales en el Perú, en los dos últimos años (2008, 2009) y el primer semestre del presente año (2010), es de 230 conflictos totales al mes, de los cuales, también el promedio general, el 46% son de carácter socio ambiental, que en su mayoría involucra a la actividad minera y sus entornos sociales inmediatos. Para el caso del Cusco, el promedio general, para el mismo periodo es de 22 conflictos sociales activos, de los cuales, el 86% han sido de carácter socio ambiental. Para el caso de Apurimac, el promedio general de conflictos ha sido de 8 conflictos activos, de los cuales el 90% han sido de carácter socio ambiental, ligados en todos los casos a la actividad minera formal en ambas zonas, aunque ahora asoma como riesgo la presencia extendida de la minería informal (CBC, 2010). Esta última involucra un conjunto complejo de actores, como son los propios comuneros, población invasora, empresas informales y empresas de minería formalmente asentada, disputándose, fundamentalmente, el recurso suelo. 28
Asuntos conflictivos recurrentes 2009‐2010
Apurimac
Cusco
Cotabambas
Chumbivilcas
Asuntos conflictivos
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Reasentamiento de comunidades vecinas al proyecto minero Las Bambas Cumplimiento de acuerdos con la empresa minera (línea de base de salud, capacitaciones, empleo). Ejecución del FOSBAN (restructuración administrativa, financiamiento de proyectos) Rechazo de presencia minera (Anabis, Ares). Cumplimiento de acuerdos.
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Rechazo de presencia minera por incumplimiento de acuerdos Exigencia de la derogatoria de la Ley de recursos hídricos. Rechazo a la concesión de terrenos a la actividad minera (garantizar el uso agrícola y para fines turísticos).
Fuente: Defensoría del Pueblo 2009/2010.
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En los últimos diez años, la expansión de la actividad de exploración minera en la zona se ha ido incrementando. En Apurimac con la presencia de la empresa Xstrata y su proyecto Las Bambas y otros prospectos como Apurimac Ferro, Los Chankas.
En Cusco, Anabis, Ares, Xtrata Antapacay, Los Quechuas, Norsemont, Panoro, Vale, Aceros Arequipa, para mencionar solamente a proyectos de gran y mediana minería, que hace diez años no existían en la zona. Cabe señalar que el actual Plan de desarrollo regional concertado vigente de la región Apurimac, fue diseñado el año 2000, consideraba a la minería como una actividad menor, básicamente referida a la de carácter artesanal, pues la gran minería recién ingresaba a la zona en su fase de cateo, prospección y exploración en general, siendo el prospecto más grande el de Las Bambas. El año 2005, dicho plan fue actualizado y para ese momento la cantidad de proyectos mineros entre grandes y medianos llegaba a los 22, 3 de los cuales estaban en Cotabambas: Minera Phelps Dogde del Perú, Cordillera de las minas y Río Tinto. 30
En el Plan actualizado la minería aparece como componente del tercer eje estratégico referido al Desarrollo económico sostenible, como objetivo número 5 que busca Impulsar la explotación de recursos mineros energéticos y su transformación con responsabilidad social y ambiental. Las estrategias establecidas para alcanzar dicho objetivo son: formular participativamente políticas minero energéticas regionales articuladas con las políticas nacionales; descentralización y transferencias de competencias hacia la región y municipios mineros rurales; implementación de un sistema de vigilancia y evaluación del impacto ambiental y social; sensibilización en la población sobre la necesidad de diversificar las fuentes de energía limpia y saludable. Es así que en el plan de desarrollo de la región Apurimac, aparece la minería como una actividad estratégica. Al respecto, cabe considerar que en recientes revistas de negocios se refieren a esta región como “la nueva Cajamarca”, por el eventual despliegue de inversiones mineras que se ejecutarían en los próximos años. De hecho, los proyectos más grandes que están por desarrollarse serían el de Xstrata Las Bambas, con una inversión aproximada de 4, 100 millones de dólares; Apurimac Ferrum, con 2,300 millones y Los Chancas, con 1,200 millones. En el Plan Estratégico Regional del Cusco al 2012, la minería también aparece inicialmente de manera marginal, dando cuenta inicialmente del potencial geológico de la zona y en particular de la operación minera de Tintaya, cuya inversión total para su puesta en marcha, luego de su privatización, ascendió a los 800 millones de dólares. En dicho plan se parte de reconocer que la minería actualmente en la región aún está en despegue y lo que hay que buscar en una articulación interna en función a otras potencialidades económico‐ productivas, tanto así que se pone por delante la propuesta de una zonificación económico ecológica. Los proyectos mineros que estarían por desarrollarse en el corto y mediano plazo son: Antapacay (Xstrata), con una inversión de 1,300 millones de dólares; Constancia, con 860 millones y Quechua, con 450 millones. Lo singular es que la actividad minera cusqueña está básicamente concentrada entre las provincias de Espinar y Chumbivilcas. Además de la mediana y gran minería formal, ahora se suma la minería artesanal informal que aparentemente se viene expandiendo entre los distritos de Santo Tomás, Llusco, Quiñota (CBC, 2010), Chamaca y Livitaca. Este tema, así como los otros conflictos identificados alrededor la disputa por propiedad de la tierra y distribución de agua a nivel intercomunal no son necesariamente visibilizados por los registros de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. 31
De acuerdo a la información secundaria analizada tenemos que para el 2009, en los ámbitos generales del presente estudio: Ámbito / Conflicto Total Socio ambiental Otros Nacional 250 132 118 Apurimac 6 5 1 Cusco 14 11 3 Fuente: Defensoría del Pueblo
De acuerdo a la información secundaria analizada tenemos que para el 2010, en los ámbitos generales del presente estudio: Ámbito / Conflicto Total Socio ambiental Otros Nacional 260 132 128 Apurimac 10 6 4 Cusco 21 15 6 Fuente: Defensoría del Pueblo
Según la Defensoría del Pueblo, los principales conflictos en la zona, entre el 2009 y el 2010, giraron en torno a: Chalhuahuacho Santo Tomás Reasentamiento de comunidades de Oposición al otorgamiento de la zona de influencia la empresa concesiones minera en la zona, minera Xstrata Las Bambas. proponen que solamente se fomente actividad agrícola y Insatisfacción respecto a la turística. ejecución del dinero del FOSBAN Rechazo a la Ley de recursos (fondo fideicomiso generado por la presencia del proyecto minero Las hídricos por considerarla Bambas). privatizadora de un recurso que es comunal (el agua). Rechazo de la presencia de Rechazo a la presencia de actividad operaciones mineras (Anabis y Ares), derivado de incumplimiento minera de la empresa Anabis por de acuerdos entre comunidades y afectación ambiental e dichas empresas. incumplimiento de acuerdos. Elaboración: ProDiálogo
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Desagregando en Cotabambas (Chalhuahuacho) tendríamos: Asunto Actores principales Posiciones Reasentamiento de comunidades de la zona de influencia la empresa minera Xstrata Las Bambas.
‐Dirigentes comunales ‐Comuneros ‐Autoridades nacionales ‐Autoridades regionales ‐Autoridades locales ‐Empresa minera ‐ONGs
‐Rechazo de reasentamiento ‐Aceptación de reasentamiento bajo condiciones
Insatisfacción respecto a la ejecución del dinero del FOSBAN (fondo fideicomiso generado por la presencia del proyecto minero Las Bambas).
‐Dirigentes comunales ‐Comuneros ‐Autoridades nacionales ‐Autoridades regionales ‐Autoridades locales ‐Empresa minera ‐ONGs
Insatisfacción frente a la presencia de operaciones mineras (Anabis y Ares), derivado de incumplimiento de acuerdos entre comunidades y dichas empresas.
‐Dirigentes comunales ‐Comuneros ‐Autoridades nacionales ‐Autoridades regionales ‐Autoridades locales ‐Empresa minera ‐Mineros informales
‐Rechazo a los funcionarios que manejan el FOSBAN ‐Que el FOSBAN se use en proyectos que las comunidades decidan ‐Que el financiamiento se ejecute con rapidez y efectividad ‐Rechazo a la presencia de la empresa minera ‐Aceptación de la presencia de la empresa minera bajo condiciones ‐Que la minería informal siga operando en la zona
Intereses ‐Mantener dotación y disponibilidad de recursos ‐Mejorar condiciones de vida en la zona ‐“Paz social” para que la actividad minera prospere en la zona ‐Mejorar condiciones de vida en la zona ‐Contar con mejores bienes y servicios públicos ‐“Paz social para que la actividad minera prospere en la zona ‐Mantener dotación y disponibilidad de recursos ‐Mejorar condiciones de vida en la zona ‐“Paz social” para que la actividad minera prospere en la zona ‐Que la minería artesanal se convierta en una nueva fuente de ingresos
Elaboración: ProDiálogo
Como lo anotamos, estos son los conflictos más visibles en la zona y por tanto son los que la Defensoría del Pueblo registra. Además de ellos, pueden identificarse una dispersión de otros conflictos que tienen que ver con temas de linderos comunales (posesión de terrenos), superposición en el uso de agua, oposición o cuestionamiento a las acciones realizadas por autoridades locales y/o dirigentes comunales, expansión de minería informal en la zona, realizada por los propios comuneros viviente y forasteros que vienen de otras zonas, entre otros. 33
Desagregando en Chumbivilcas (Santo Tomás) tendríamos: Asunto Actores principales Posiciones Oposición al otorgamiento de concesiones minera en la zona, proponen que solamente se fomente actividad agrícola y turística.
‐Dirigentes comunales ‐Comuneros ‐Autoridades nacionales ‐Autoridades regionales ‐Autoridades locales ‐Empresas mineras concesiones ‐ONGs
‐Rechazo a la actividad minera en la zona ‐Aceptación de la actividad minera bajo condiciones ‐Impulsar la actividad minera artesanal
Cuestionamiento a la Ley de recursos hídricos por considerarla privatizadora de un recurso que es comunal (el agua).
‐Dirigentes comunales ‐Comuneros ‐Gremios campesinos ‐Autoridades nacionales ‐Autoridades regionales ‐Autoridades locales ‐ONGs
Rechazo a la presencia de actividad minera de la empresa Anabis por afectación ambiental e incumplimiento de acuerdos.
‐Dirigentes comunales ‐Comuneros ‐Autoridades nacionales ‐Autoridades regionales ‐Autoridades locales ‐Empresa minera ‐Mineros informales
‐Rechazo a la posibilidad de que el recurso agua sea privatizado ‐Aceptación de esquemas de administración del recurso agua con participación de campesinos ‐Rechazo a la presencia de la empresa minera ‐Aceptación de la presencia de la empresa minera bajo condiciones ‐Que la minería informal siga operando en la zona
Intereses ‐Mantener dotación y disponibilidad de recursos ‐Mejorar condiciones de vida en la zona Generar nuevas oportunidades de ingreso ‐Mantener dotación y disponibilidad de recursos hídricos en la zona ‐Mejorar condiciones de vida en la zona ‐Mantener dotación y disponibilidad de recursos ‐Mejorar condiciones de vida en la zona ‐“Paz social” para que la actividad minera prospere en la zona ‐Que la minería artesanal se convierta en una nueva fuente de ingresos
Elaboración: ProDiálogo
Como es el caso en Chalhuahucaho, en Santo Tomás (Chumbivilcas) los conflictos más visibles en la zona y por tanto son los que la Defensoría del Pueblo registra. Además de ellos, pueden identificarse una dispersión de otros conflictos que tienen que ver con: temas de linderos comunales (posesión de terrenos), superposición en el uso de agua, oposición o cuestionamiento a las acciones realizadas por autoridades locales y/o dirigentes comunales, expansión de minería informal en la zona, realizada por los propios comuneros viviente y forasteros que vienen de otras zonas, entre otros. 34
En general entre las principales fuentes del conflicto en la zona: Ámbito /aspecto Estructural Relacional Personal Cotabambas (Chalhuahuacho)
Chumbivilcas (Santo Tomás
‐Condiciones de pobreza, pobreza extrema y desigualdad ‐Débil presencia del Estado ‐Restringida oferta de bienes y servicios públicos ‐Alta dependencia sobre la dotación de recursos naturales ‐Condiciones geológicas propicias para la actividad minera ‐Condiciones de pobreza, pobreza extrema y desigualdad ‐Débil presencia del Estado ‐Restringida oferta de bienes y servicios públicos ‐Alta dependencia sobre la dotación de recursos naturales ‐Condiciones geológicas propicias para la actividad minera
Cultural
‐Patrones de vinculación condicionados por relaciones históricas de carácter clientelar y patrimonial ‐Patrones asimétricos de relacionamiento entre población, autoridades y agentes externos (empresas extractivas)
‐Débil conocimiento de derechos fundamentales. ‐Experiencia de abordaje de conflicto por la vía posicional
Identidad cultural forjada bajo la figura del personaje “varonil”, “macho”, “agresivo”, que se expresa en esquemas de ritualización de la violencia o competición (batallas rituales), como el Yawar Fiesta, Tupay, Tinkuy, Takanakuy (peleas individuales o colectivas).
‐Patrones de vinculación condicionados por relaciones históricas de carácter clientelar y patrimonial ‐Patrones asimétricos de relacionamiento entre población, autoridades y agentes externos (empresas extractivas)
‐Débil conocimiento de derechos fundamentales. ‐Experiencia de abordaje de conflicto por la vía posicional
Identidad cultural forjada bajo la figura del personaje “varonil”, “macho”, “agresivo”, que se expresa en esquemas de ritualización de la violencia como la fiesta del Qorilazo (rodeo andino) y Takanakuy (peleas individuales o colectivas).
Elaboración: ProDiálogo
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Considerando el estudio de caso en Cusco (CBC, 2010) se resumen los siguientes tipos conflictos detectados en campo: Por intervención de actores empresariales mineros Por el control de la tierra Por el acceso y distribución del agua para uso poblacional En cuanto al tipo de abordaje de los conflictos, estos generalmente siguen el patrón de latencia, rápida escalada hacia crisis, expresada en movilización colectiva, acciones de protestas, a veces violentas, como medio para hacer visible el conflicto y convocar a espacios de diálogo en los que se acaba negociando y suscribiendo una serie de acuerdos entre múltiples actores, que la mayoría de las veces se ven en dificultades para cumplir, sea por parte de la empresa o la autoridad pública, por lo que el conflicto se suele volver recurrente. Otro aspecto que es relevante en estos procesos el débil acceso a información, sobre todo, por el lado de las comunidades campesinas. Al haber una presencia estatal difusa y cierta reticencia por parte de las empresas a dar información completa sobre sus procedimientos o detalles del proyecto que buscan desarrollas, se generan una serie de condiciones que alientan la formación de conflictos: temor a ver afectado sus activos y medio ambiente (agua, tierra, aire), temor a ver afectada su salud, expectativas sobre los eventuales beneficios que pueda traer la actividad extractiva asentada: empleo, fondos para proyectos de desarrollo, posibilidad de acceder a bienes de carácter público (agua, saneamiento, energía eléctrica, servicios educativos, servicios de salud, etc). Un tema capital lo es también el nivel de conocimiento de derechos. Muchas veces las propias autoridades, las dirigencias comunales y más extensivamente, los pobladores en general o comuneros, no tienen conocimiento de sus derechos fundamentales y de las normas que los protegen o los procedimientos a seguir en caso de presencia de actividad minera en la zona. Ambas cuencas, la de Chalhuahuacho y la de Santo Tomás, tiene mucho en común, desde zonas de vida, ecosistemas, condiciones sociales e institucionales (demografía, índices de pobreza, pobreza extrema, desigualdad, presencia estatal, etc.), problemáticas similares, acceso a información y conocimiento, en tal sentido, también comparten el tipo de problemas y conflictos sociales y socio ambientales, al punto que en ambas zonas, la prevalencia de los conflictos de carácter socio ambiental es una expresión de esta congruencia. El abordaje de los conflictos en ambas cuencas, debe pasar por un esfuerzo inicial de generar información, difundirla y fortalecer capacidades a las autoridades locales, dirigencias comunales, líderes de organizaciones de base y población en general sobre sus derechos como ciudadanos y las rutas a seguir para llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes involucradas en estos conflictos. 36
5. Prevención y transformación de conflictos: un enfoque para el fortalecimiento de capacidades. “El conflicto es una oportunidad, un regalo” J.P. Lederach
En el presente acápite buscamos presentar el enfoque y los principales conceptos que dan sustento a nuestro trabajo en torno al fortalecimiento de capacidades con una perspectiva de transformación de conflictos, asumiendo como premisas fundamentales que el conflicto es un elementos constitutivo de la dinámica social y que su abordaje implica reconocer su complejidad atendiendo a las varias dimensiones o planos en los que estos se manifiestan que tienen que ver con lo estructural, cultural, relacional y personal Solemos enfrentar conflictos a diario, produciéndonos confusión, tensión y ansiedad. Por eso, hay quienes miran el conflicto de manera negativa, como una situación no deseada que debemos rechazar y suprimir. Esto nos hace actuar de manera reactiva, buscando salidas rápidas que suelen tener consecuencias negativas. Por el contario, una manera proactiva nos ayudaría a entender el conflicto como un hecho natural, más bien anticipándonos y buscando respuestas oportunas y adecuadas. Mirar el conflicto de manera negativa no ayuda. Para actuar apropiadamente frente al conflicto, debemos mirar las cosas en forma distinta, es decir, constructivamente, teniendo en cuenta lo siguiente: El conflicto es parte de las relaciones humanas. El conflicto tiene que ver con nuestra percepción de las situaciones que nos rodean y con los sentimientos que nos producen. Todo conflicto puede ser visto como una oportunidad porque revelan problemas de fondo que han salido a la superficie, y que necesitan ser abordados adecuadamente. El conflicto no es bueno ni malo en sí mismo. Lo que importa no es la existencia de conflictos, sino la forma como respondemos ante ellos. Para que un conflicto sea constructivo debemos responsabilizarnos por nuestras acciones y buscar la colaboración de todas las partes reconociendo que también tienen necesidades legítimas que atender. La confrontación que busca imposiciones nos conduce al conflicto destructivo.
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Al conflicto lo entendemos como una situación que se produce cuando dos o más actores, que se encuentran en relación, se perciben mutuamente como un obstáculo para la satisfacción de sus respectivos intereses y necesidades. Como consecuencia, cada parte realiza diversas acciones que buscan neutralizar, controlar o –en un extremo‐ destruir a su contraparte. Esta definición incluye lo siguiente: • Situación: Los conflictos se producen en un contexto y tiempo determinados, que evolucionan. • Actores o partes: Son los participantes directos en el conflicto, pueden ser dos o más. Además existen participantes indirectos (aliados, terceros, reguladores). • Relación: Siempre hay relación de algún tipo y un nivel de interacción entre las partes. • Intereses y necesidades: Son los aspectos de fondo que las partes buscan satisfacer. Suelen manifestarse mediante posiciones o exigencias hacia la otra parte. • Recursos: Los actores disputan determinados recursos que pueden ser materiales (recursos naturales, territorio, empleo, dinero, etc.) o simbólicos (posiciones de poder, estatus, imagen, etc.). • Percepción: Al menos una de las partes percibe a la otra como un obstáculo en la satisfacción de sus intereses y necesidades. • Emociones: Las percepciones generan emociones como la frustración, el miedo, la cólera, la angustia, entre otras; si no se manejan adecuadamente se convierten en el combustible del conflicto. • Acciones: Las percepciones y emociones se manifiestan en acciones o conductas visibles que realiza cada parte o actor. Si no hay acciones, estamos ante un conflicto latente o potencial. Las acciones pueden ser violentas o pacíficas, legítimas o ilegítimas. Existen diversos factores que están detrás de los conflictos. Veamos algunos de ellos organizados en cuatro dimensiones: Personal: Intereses, necesidades, expectativas, conocimientos, actitudes, habilidades interpersonales de los actores. Relacional: Historia, vínculo, comunicación, información, poder. Cultural: Valores y creencias, cosmovisiones, idiosincrasias, costumbres y hábitos. Estructural: Política, económica, sociocultural, ambiental, legal, institucional. A su vez, es clave observar el conflicto en una perspectiva dinámica:
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Los conflictos pueden clasificarse de muchas maneras, por ejemplo: Si se quiere resaltar el tipo de actores y la naturaleza de la relación entre ellos, podemos clasificarlos, por ejemplo, como conflictos interpersonales, familiares, comerciales, organizacionales, laborales, sociales, políticos o internacionales. Si se prefiere clasificarlos desde el punto de vista del tipo de recursos en disputa podríamos hablar de conflictos económicos, ambientales, territoriales, entre otros. Si enfocamos la atención en la naturaleza de los factores preponderantes que originan y alimentan el conflicto, podríamos clasificarlos en conflictos relacionales, culturales o estructurales. Pueden combinarse dos o más tipos según sea necesario. Así, podemos hablar de conflictos socioambientales, integran la idea de conflicto social y la de conflicto ambiental. En el Perú, los últimos años, esta clase de conflictos constituyen cerca del 50% de los casos. Los conflictos sociales aluden a cuando un grupo se siente afectado en sus intereses y se organiza frente a quienes identifican como causantes de esa situación. Por otro lado, los conflictos son ambientales cuando la disputa se produce en torno al acceso, uso, manejo o control de recursos naturales. Entonces, el concepto de conflicto socioambiental “alude básicamente a ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza que al degradar los ecosistemas, pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o 39
desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de las sociedades” (Ortiz, 1997). Analizando en mayor detalle, pueden haber tres situaciones que generen escenarios de conflictos sociambientales (Homer Dixon, 1991): La simple escasez que surge del uso de os recursos naturales. El movimiento a gran escala de poblaciones, como efecto del cambio medioambiental. Las carencias en la estructura política y legal que rige la explotación de los recursos y la distribución de los beneficios. De acuerdo con lo que se ha venido observando en el Perú en los últimos años, los conflictos socioambientales han mostrado una serie de características saltantes: Se producen en un contexto con procesos económicos y sociales muy complejos. Se dan en el ámbito de la gran y mediana minería, especialmente entre empresas mineras de capital transnacional y las comunidades locales. Reflejan el desencuentro y la tensión entre cosmovisiones distintas sobre el desarrollo. Existe una marcada desconfianza que afecta la relación entre las empresas foraneas y las comunidades, debido a incumplimientos, y de pasivos sociales y ambientales. Hay muchas dificultades para ejercitar el diálogo intercultural. Así, tenemos que los asuntos claves sobre los que giran los conflictos entre comunidades y empresas extractivas son, entre otros: Control y acceso de recursos (agua, tierra) Acceso a empleo Contratación de proveedores locales Provisión de servicios sociales Afectación de la salud humana Percepciones de maltratos Percepciones de incumplimientos Demandas locales y regionales por expectativas de desarrollo Gestión de fondos generados por la presencia de actividades extractivas (fondos fideicomisos, canon, regalías.) Existen también, factores condicionantes que moldean la dinámica de estos conflictos, encontramos:
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Condiciones de exclusión y pobreza Recursos naturales escasos o frágiles Débil presencia del Estado y/o percepción de su “parcialidad” Débiles niveles de representación social y política Altos niveles de fragmentación social Surgimiento de liderazgos “oportunistas” Débiles capacidades para la negociación
Frente al hecho complejo que es un conflicto, su análisis es una tarea indispensable antes de cualquier intervención, ya que nos permite entender mejor la situación conflictiva para darle respuestas adecuadas. Las semillas de la solución de un conflicto están en su entendimiento. Realizar un análisis implica asumir, cuando menos momentáneamente, el lugar de un observador independiente e imparcial. Hay que situarse en esa perspectiva para que el análisis sea lo menos condicionado posible por los sesgos de nuestra propia percepción. Esto implica entender en profundidad los elementos del conflicto de un caso particular partiendo de la observación de tres grandes aspectos: las Personas, los Problemas y el Proceso. Sugerimos seguir los siguientes pasos: El primer paso: Tener clara la historia del conflicto haciendo una presentación descriptiva y resumida de los hechos relevantes, ordenados de manera cronológica, y sin emitir juicios de valor. El segundo paso: Identificar a los actores que son parte del conflicto, su nivel de involucramiento y rol, así como sus relaciones de poder El tercer paso: Identificar los problemas detrás del conflicto. Esto lo podemos hacer observando los síntomas y luego profundizando en las causas, fuentes o factores subyacentes. Los síntomas del conflicto son aquellos aspectos palpables a primera vista: los discursos de las partes cargados de subjetividad, así como determinadas conductas. El cuarto paso: Observar la evolución de la dinámica del conflicto, identificando en qué etapa se encuentra, las estrategias utilizadas, las consecuencias que han producido, asi como los recursos potenciales para cambiar el curso de la situación. Una vez completados los pasos del análisis, podremos vislumbrar con mayor claridad las salidas y determinar las estrategias de intervención más adecuadas. Las personas interactúan con los demás fundamentalmente a partir de dos orientaciones: por un lado, la búsqueda por satisfacer los intereses y necesidades propias; y, por otro, la disposición por atender los de la otra parte. Sobre la base de estas orientaciones, las personas adoptan actitudes específicas en cada situación conflictiva que deben enfrentar: competir/confrontar, complacer/acceder, evadir, huir, transigir, resolver. Existen básicamente tres vías que las partes pueden utilizar para abordar un conflicto: 41
Vías de fuerza: Implica desarrollar acciones con el fin de lograr la satisfacción de nuestros propios intereses y necesidades, sin considerar los de la otra parte. Se busca la imposición de una parte frente a la otra, utilizando los recursos de poder con los que se cuenta. Este tipo de acciones pueden ser pacíficas o violentas. Vías normativas: Mediante estas vías se aborda el conflicto recurriendo a un tercero que decide quién tiene derecho y quién no, sobre la base de normas previamente establecidas. La decisión del tercero se puede fundamentar en normas legales formales o también en normas organizacionales, morales o consuetudinarias (costumbres). Vías consensuadas: En este caso las partes buscan solucionar el conflicto mediante la comunicación directa que lleve a lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. Estas vías si son adecuadamente utilizadas, son las más eficientes y perdurables para resolver conflictos. Estas vías no son excluyentes, pueden ser usadas de manera complementaria. Por ejemplo: en una situación de asimetría de poder donde la parte en ventaja se niega a dialogar, la parte que se siente afectada en sus derechos, y en una desventaja incial, puede organizarse y recurrir a medidas legales y de fuerza pacíficas para que se establezcan procesos de diálogo y negociación genuinos y equitativos. Cada tipo de vía de abordaje ofrece una diversidad de mecanismos como herramientas para el tratamiento de conflictos. A estos mecanismos relacionados con las vías consensuadas se les llama Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs) porque pueden usarse en lugar de las vias normativas o de fuerza. Negociación: Permite que las partes intercambien información de manera directa para arribar a soluciones mutuamente satisfactorias, sin participación de terceros. En la negociación, las partes tienen control absoluto de todo: proceso, tiempo, costos y resultado. Mediación: Esta conducido por un tercero neutral e imparcial llamado mediador, que asiste a las partes, a través de técnicas y herramientas de comunicación, para que negocien eficientemente y busquen acuerdos que pongan fin al conflicto. El mediador no decide sobre el resultado del acuerdo, más bien busca mejorar la relación entre las partes. A este proceso también se le llama negociación asistida. Conciliación: Es similar a la mediación, con la única diferencia que el tercero imparcial, el conciliador, está facultado para proponer a las partes algunas opciones de solución, no obligatorias. La conciliación en el Perú está reconocida legalmente a través de la Ley de Conciliación Extrajudicial 26872 y normas reglamentarias conexas.
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Arbitraje: Proceso por medio del cual las partes acuerdan que un tercero, o un tribunal conformado por tres árbitros, decidan la suerte de la disputa en base a sus respectivos argumentos. Luego de evaluar las pruebas de las partes, el árbitro o tribunal arbitral, ponen fin al conflicto a través de una decisión final llamada laudo arbitral, que es cumplimiento obligatorio. Adicionalmente, para abordar conflictos multipartes o multiactores, como en el caso de los conflictos socioambientales, existen otros procesos como los que mencionamos a continuación. Facilitación: Es una metodología en la que un tercero facilita el proceso de inte‐ racción para que las partes lleguen a determinados objetivos. Aquí, el facilitador ayuda al grupo a tomar sus propias decisiones de manera eficiente. Concertación: Se utiliza en espacios en los que participan múltiples actores sociales para generar acuerdos que den solución a una problemática social y, eventual‐ mente, a conflictos entre los actores. Estos procesos pueden funcionar por decisión de los actores o disposición legal (institucionalizados); o para afrontar una situación particular (ad hoc).Es recomendable que los procesos de concertación sean conducidos por un facilitador imparcial. Diálogo: Busca el acercamiento entre los actores para fortalecer la comunicación y la confianza mutua. Se implementan especialmente en conflictos complejos en los que intervienen muchos actores. Por ello, es usual que sean facilitados por un tercero imparcial, que también cumplen otras funciones, como la de intercambiar puntos de vista, compartir información, explorar posibilidades de trabajo conjunto y crear las condiciones para resolver los conflictos. A su vez, existen diversos enfoques a través de los cuales nos aproximamos a los conflictos, y determinan nuestras estrategias. Estos enfoques son los siguientes: Prevención: Nos predispone a estar atentos y tomar medidas antes que los conflictos lleguen a niveles de crisis, evitando así consecuencias destructivas. No se trata de evitar el conflicto sino sus consecuencias negativas (como la violencia). Manejo de Conflictos: Nos ayuda a administrar el conflicto para que no afecte nuestros intereses. La mirada es de corto plazo y se enfoca en las conductas conflictivas antes que en los problemas de fondo. Resolución de Conflictos: Ayuda a responder al conflicto atendiendo los intereses y necesidades de las partes, pero con una mirada centrada en la disputa concreta que se tiene por delante. Transformación de Conflictos: Este enfoque atiende las raíces profundas del conflicto de tal manera que se produzcan cambios positivos y sostenibles en el largo plazo en cuatro dimensiones: personal, relacional, cultural, estructural. 43
Nos concentraremos en la negociación como mecanismo de abordaje transformativo de conflictos, algunas ideas clave sobre este son: Es un proceso que busca acuerdos que satisfagan los intereses y necesidades de las partes. Es un hecho de la vida diaria. Sirve para solucionar problemas y conflictos, así como para realizar todo tipo de transacciones. Puede darse entre dos partes (negociación bilateral o bipartita) o entre tres o más partes (negociación multilateral o multipartes). Es no sólo un proceso sino también una técnica, requiere aprendizaje. Existen dos grandes modelos de negociación: Modelo basado en posiciones (Negociación competitiva): Ésta es la forma antigua de negociar y parte de algunas premisas sobre la negociación: Cada parte busca salir beneficiada sin pensar en el beneficio de la otra parte. Se trata de ganar más que la otra parte y que ésta “no se salga con la suya”. La forma de lograr el objetivo es usando el poder para imponer nuestras exigencias o posición sobre la otra parte. La interacción es un “tira y afloja” en el que “gana” quien puede resistir la presión. Los acuerdos no deben ser necesariamente satisfactorios para ambas partes. La relación con la otra parte no es tan importante, ni tampoco la calidad del proceso. Lo importante es sólo el resultado final. No es importante resolver el conflicto de fondo, solo se debe “solucionar” lo inmediato. Los nombres con los que también se le conoce son: negociación distributiva, negociación confrontacional, negociación de suma cero, negociación de ganar‐perder. Modelo basado en intereses (Negociación constructiva): Este modelo se basa en que las partes resuelven sus problemas identificando y satisfaciendo sus intereses y necesidades. Se basa en las siguientes premisas: Atendiendo los intereses de la contraparte, los propios intereses será mejor atendidos. La solución debe ser satisfactoria para todas las partes. La forma de lograr el objetivo es a través de la colaboración y el empoderamiento de las partes. Debe actuarse con transparencia, comunicándose constructivamente y cooperando. Los resultados deben ser justos, equitativos y mutuamente beneficiosos. Por ello tienden a ser respetados y ser más duraderos.
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Debe fortalecerse la relación entre las partes. Es importante no sólo la coyuntura sino el conflicto de fondo. Los nombres con lo que también se le conoce son: negociación integrativa, negociación cooperativa, negociación ganar‐ganar.
En la práctica, puede darse una negociación que mezcle los dos tipos. La negociación basada en posiciones suele obtener resultados que no benefician a ambas partes. Por su parte, la negociación basada en intereses puede requerir un mayor esfuerzo de comunicación entre las partes. El enfoque de Transformación de Conflictos recomienda trabajar con el modelo de negociación constructiva pues promueve la mejora de la relación entre las partes. En contextos interculturales se suelen encontrar relaciones asimétricas de poder. En estos casos la negociación debe promover el reconocimiento mutuo y para ello debe construirse un clima de confianza mínima a través del diálogo. El objetivo es lograr un mutuo conocimiento y mejorar los niveles de comunicación que permitan negociar constructivamente los temas de fondo; todo esto es base para la confianza (Kahane, 2006). Para desarrollar una negociación que se considere constructiva deben tomarse en cuenta ciertos principios fundamentales que deben guiarnos a lo largo de todo el proceso: Atacar los problemas y no las personas Concentrarse en los intereses y necesidades, no en las posiciones Buscar de manera colaborativa y creativa opciones de mutuo beneficio Utilizar procedimientos y criterios Tener presente una mejor alternativa a un acuerdo negociado Es importante considerar que en tanto la negociación es un proceso, tiene una serie de etapas que deberán cumplirse y respetarse para que sea más productiva: la preparación, el encuentro cara a cara, y la ejecución y seguimiento.
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ANTES Preparación Identificar y evaluar: • Análisis del conflicto • Agenda • Relación • Comunicación • Intereses • Alternativas • Opciones • Criterios objetivos • Compromisos
DURANTE Encuentro “cara‐cara”
DESPUÉS Implementación
Seguir pasos: • Ritualización (“romper hielo”) (Diálogo y Negociación Relacional). • Definir reglas de juego (Negociación Procesal). • Presentación puntos de vista. • Elaboración de Agenda común (asuntos conflictivos). • Búsqueda de acuerdos (Negociación Sustantiva) • Compromisos y Ajustes • Formulación del Acuerdo
Ejecución y Seguimiento: • Verificar si los acuerdos se están cumpliendo • Si hay cumplimiento, señalar a las contrapartes lo positivo • Si no hay cumplimiento, utilizar los mecanismos acordados para hacerlo • Negociación de nuevas situaciones
Considerando la negociación constructiva como un proceso dinámico importante recordar: La clave de una buena negociación se encuentra en una buena preparación. La duración y la manera como se desarrolle el encuentro “cara‐cara” dependerán del grado de cooperación de las partes. En la implementación de los acuerdos es sumamente importante no dejar la sensación de incumplimiento. Si las circunstancias hacen difícil cumplir un acuerdo, esto debe ser dialogado oportuna y abiertamente con la contraparte. La negociación constructiva necesita de determinadas condiciones para que rinda frutos: • Voluntad.‐ Si las partes están dispuestas a negociar cooperativamente, se ha avanzado más del 60% para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. • Confianza.‐ Mientras exista mayor confianza, hay mayor posibilidad de colaborar para encontrar soluciones. • Intercambio de información.‐ No se negocia constructivamente si no se comparte información de manera transparente, adecuada y oportuna. • Buena fe.‐ Se debe negociar buscando buen resultado para todas las partes. • Creatividad.‐ La capacidad de crear soluciones debe ser ilimitada y constantemente alentada. • Perseverancia y paciencia.‐ Se debe persistir en la búsqueda de soluciones con una actitud proactiva, positiva y optimista. • Buena comunicación.‐ Con comunicación asertiva se tendrá más posibilidades de alcanzar el éxito en la negociación.
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• • • •
Colaboración.‐ Cuando las partes están dispuestas a cooperar es más fácil llegar a una negociación constructiva, trabajando como socios. Balance de poder.‐ Cuanto más equilibro de poder entre las partes, más disposición para la búsqueda conjunta de soluciones. Identificación de intereses y necesidades humanas.‐ Así se estará en mejores condiciones de llegar a acuerdos satisfactorios. Respeto por el otro y por las diferencias culturales.‐ Las personas independientemente de sus puntos de vista merecen respeto. Esto implica aceptación las diferencias culturales entre personas de distinta procedencia.
Cabe señalar que el Estado ha ido incorporando dentro del orden normativo, una serie de dispositivos sobre participación ciudadana en el sector, afinando instrumentos de fiscalización, pero estos no necesariamente están pudiendo servir como mecanismos de prevención de conflictos. En ese acápite hemos querido plantear resumidamente nuestro enfoque y los conceptos clave que lo constituyen, partiendo de la premisa que el conflicto es un hecho consustancial a la convivencia humana y como tal tenemos que cambiar nuestra visión para abordarlo de manera constructiva buscando ante todo el entendimiento mutuo, la identificación de intereses y necesidades convergentes. Finalmente un elemento sustancial de la democracia se trata de eso, de negociaciones permanentes entre múltiples grupos de interés.
6. Conclusiones Entre principios de los ochenta y mediados de los noventa el país se vio convulsionado por un conflicto armado interno cuyas pérdidas humanas fue bastante dramáticas, así como las pérdidas económicas y la destrucción de infraestructura. Durante la década del gobierno del Presidente Fujimori, dadas las características de dicho régimen político, los conflictos sociales en el país fueron relativamente pocos en número y alcance, quedando embalsadas y pendientes muchas demandas sociales. Con el gobierno de transición y la apertura democrática la dinámica conflictiva en el país cambia y empieza a configurarse un escenario de ascendente protesta social, que algunos analistas la explican por el cambio en las estructuras de oportunidad política y la reconfiguración del movimiento social. Uno de los elementos importantes a considerar, para entender la conflictividad social en el país, tendrá que ver con el inusitado crecimiento económico en lo que 47
va de las dos últimas décadas que contrasta con las persistentes condiciones de pobreza extrema y desigualdad en las que aún se viven en las zonas rurales del país. Son singular del nuevo ciclo de conflictividad social en el país, sería la paulatina centralidad que adquieren los denominados conflictos socioambientales, en particular, los conflictos entre empresas mineras y comunidades de su entorno en zonas rurales. En las provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurimac) la totalidad de conflictos registrados son de carácter sociambiental. Estos tienen que ver con controversias alrededor de procesos de reasentamiento, incumplimiento de acuerdos entre comunidades y empresas mineras, expectativas de empleo no satisfechas y temores respecto a la afectación del recurso hídrico. Además de estos elementos, que son los que resaltan los registros de la Defensoría, están, de hecho, las afectaciones a la salud humana, el deterioro fáctico del medio ambiente, la pérdida de recurso hídrico y tierra. De acuerdo a diversos estudios y nuestra propia experiencia en procesos de diálogo, los temas en controversia entre empresas extractivas y comunidades del entorno, giran alrededor de: temores respecto a la afectación de los recursos naturales (agua, tierra, aire), pérdida de activos, expectativas de empleo, expectativa por dotación de servicios públicos, expectativa por recursos económicos, incumplimiento de acuerdos suscritos, entre otros. Los entornos en los que suscitan este tipo de conflictos generalmente muestran las siguientes características: altos niveles de pobreza y pobreza extrema, debilidad institucional interna, baja o nula presencia del Estado, altos grados de fragmentación social, presencia de líderes oportunistas (brokers políticos) que interponen dobles agendas en las negociaciones, deficientes niveles de información, débiles niveles de confianza entre los actores concernidos (Estado, empresa, comunidad), débiles capacidades para sostener procesos de diálogo o negociación complejos. Los enfoques y prácticas de abordaje de conflictos de los actores concernidos, están signados por una visión perniciosa del conflicto, asumiéndolo generalmente como un hecho que altera un supuesto orden o equilibrio preexistente. Esto condiciona muchas veces a que las actitudes y conductas subsecuentes sean de carácter confrontacional más que cooperativo. En tal sentido, los conflictos son percibidos como un elemento disfuncional que hay que evitar o abordar de manera competitiva, buscando la imposición de intereses, dejando de lado la posibilidad de ver en estos, oportunidades de cambio en distintos niveles: estructural, personal, relacional y cultural. 48
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