ISSN 0719-5419 REVISTA BÚSQUEDAS POLÍTICAS · Volumen 2 Nº1 (2013) · Universidad Alberto Hurtado Movimiento cocalero: entre participación sustantiva y la construcción de una comunidad política. Karina Cárdenas Moraga Pp. 37-48

MOVIMIENTO COCALERO: ENTRE PARTICIPACIÓN SUSTANTIVA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMUNIDAD POLÍTICA.

Karina Cárdenas Moraga * Resumen: La experiencia del movimiento cocalero y la llegada del MAS (Movimiento al Socialismo) al gobierno boliviano abre la posibilidad de revisar de manera concreta dos categorías conceptuales “participación sustantiva y comunidad política”. Estas categorías son interesantes, pues apelan a la refundación del sistema democrático y a su radicalización a partir de organización colectiva con un lenguaje civil común y una preocupación pública que los una. Así, el tránsito recorrido por el movimiento, muestra la consolidación de la participación sustantiva del movimiento a partir de tres esferas sociales y políticas de participación: Nivel Local: micro identitario de subgrupos y sujetos, Nivel meso: social/local y Nivel Macro político, que posibilitarían la emergencia de una ciudadanía organizada plural y radical, conformada por una diversidad de demandas político-sociales anteriormente invisibilizados o incluso oprimidas. Esta nueva forma ciudadana tendría como base componentes étnicos, obrero-campesinos y de género que se comprometen ante la lucha por la dignidad, igualdad y libertad del sujeto colectivo, en desmedro del hegemónico sujeto individual. Por tanto, comprender la trayectoria histórica-política y cultural del movimiento, orgánica y alianza con otros grupos sociales facilita un análisis situado en donde una democracia participativa es un horizonte y donde la comunidad política se presenta como una ética-política y/o vehículo de la construcción de una hegemonía democrática radical. Palabras Claves: Movimiento cocalero, Comunidad política y Democracia Radical.

Participación

sustantiva,

*

Trabajadora social, Estudiante de Magister Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado.

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Participación sustantiva y Comunidad política La participación sustantiva puede comprenderse como un proceso de deliberación amplia de asuntos públicos y colectivos que efectivamente influyen en las decisiones que afectan a grupos y a personas, movilizando recursos para hacer sustentable sus idearios/demandas en ámbitos relevantes. Sin embargo, la participación ciudadana no es una categoría conceptual que puede encontrarse de manera similar en todas las sociedades, ni teórica ni prácticamente. Mouffe (1992) señala que hay muchas formas de comprender la ciudadanía, existiendo un debate en donde se ponen en confrontación dilemas vitales, por lo cual una definición de ciudadanía estará íntimamente ligada al tipo de sociedad y comunidad política que se quiera. En este sentido, las corrientes político filosóficas jugarán un rol importante en la construcción democrática y en la forma en que se conciba la ciudadanía. Mouffe (1992) por ejemplo visualiza una tensión profunda entre la teoría de Rawls y los comunitaristas, afirmando que el problema central sería acerca de la concepción de la ciudadanía. Según la posición de Mouffe, para Rawls los ciudadanos emplean sus derechos para promocionar un interés individual, dentro de los límites impuestos por la sociedad en la búsqueda del respeto de los derechos de los otros. Ahora bien, para los comunitaristas el problema estaría en que la visión de Rawls estaría errada al concebir al ciudadano como alguien para quien es natural unirse a otros para perseguir una acción común con vistas a un bien común, lo que forma por tanto una comunidad instrumental, que es símbolo de una democracia liberal y no una cultura cívica. Sobre ésta crítica, Mouffe (1992) argumenta que es indudable que el liberalismo aportó en la construcción de una ciudadanía universal, que busca que todos los individuos sean libres e iguales, pero este mismo fundamento habría reducido la ciudadanía a un mero estatus legal. Esto significaría para la autora que el liberalismo provoca la negación de lo político, que tiene un principio de unidad social en forma de neutralidad racional “tal proyecto depende de evacuar la dimensión de lo político y concebir la sociedad bien ordenada como una sociedad exente de política” (Mouffe, 1999, pág.189). Además, dentro de la crítica al liberalismo, Skinner (2004) argumenta que el problema de ésta corriente es considerar al individuo como eje central de su fundamento, dejándolo al margen de cualquier contexto histórico y social.

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En este sentido, podemos entrar al debate de una democracia como sustancia o simple procedimiento, lo cual a partir de Held (2002) nos lleva a dos modelos de democracia “democracia directa o participativa” como sistema de toma de decisiones para las cuestiones públicas, en el que los ciudadanos participan directamente y “la democracia liberal o representativa”, entendida como un sistema de gobierno que comprende a funcionarios electos que asumen la representación de los intereses y/u opiniones de los ciudadanos en el marco del imperio de la ley” (pág.20). Este último tipo democrático es el que ha obtenido la hegemonía en términos de sistemas políticos vigentes y al cual se critica por haber caído en un mero procedimiento sin fundamento, que excluye al ciudadano de los asuntos políticos.´ Dentro de este argumento, Mouffe (1992) afirma que es necesario para conseguir una democracia participativa acorde a nuestro tiempo, la articulación de una comunidad política en donde exista un equilibrio entre el reconocimiento y protección de derechos individuales por una parte, y la instauración de una verdadera participación ciudadana. La autora, propone la creación de una democracia radical, en donde se articule una cadena equivalencial de luchas democráticas, en donde se conjuguen distintas demandas, identidades, intereses, con lo cual se entenderá de manera diferente los derechos ciudadanos, pues estos aunque sean individuales solo podrán ser ejercidos de manera colectiva. En este contexto, una comunidad política se puede comprender como “un modo de asociación política que, aunque no postule la existencia de un bien común sustancial, implica la idea de comunalidad, de un vínculo ético que crea lazo entre los participantes en la asociación” (Mouffe, 1999, pág., 96). La pertenencia a una comunidad política pasa por aceptar el uso de un lenguaje de intercambio civil, que se concreta en un vínculo común, es decir, en una preocupación pública. En este contexto, se inserta el debate por la ciudadanía y la democracia que cuestiona a los sistemas democráticos y a las formas en que la participación ciudadana se concreta efectivamente o se permite, es decir los límites permitidos por una tendencia liberal democrática. En este sentido, hoy la sociedad Latinoamérica debate sobre la democracia, el sistema económico neoliberal y por las cifras de pobreza, exclusión, desigualdad, discriminación etc., que caracteriza a toda la región. Frente a ello, en los últimos años se han generado diversos movimientos sociales y/o movimiento contra-hegemónicos que denuncian y buscan participar con voz y voto, en los asuntos públicos y problemas locales.

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De Souza Santos (2004) analiza que la organización de movimientos sociales latinoamericanos corresponde a una nueva hegemonía o contrahegemonía transfronteriza, en donde diversas demandas se unen en la necesidad de emancipación social y para combatir los efectos negativos del sistema económico, de la reducción del Estado y de la globalización. En estos movimientos, podemos observar demandas locales, pero también regionales, por lo cual inclusive se habla de una ciudadanía sudamericana, que se expresa de mejor manera en los procesos de integración, como es el caso de UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. Pues, en este proyecto se busca abarcar diferentes demandas regionales (educativas, de infraestructura de medio ambiente, de seguridad, etc.) que logran unir los diferentes países o localidades miembros. Es decir, que al unirnos o integrarnos también compartimos problemas en común, en donde una ciudadanía regional se comportaría también como una comunidad política transfronteriza. Desde la perspectiva de la “Participación sustantiva” encontramos que en Latinoamérica la presencia de una democracia representativa es relativamente homogénea. Ahora bien, también encontraremos la existencia de algunos mecanismos de democracia directa que han aportado a avanzar hacia una democracia directa o participativa. Pero, no está claro si ello permite la configuración de una participación ciudadana fortalecida o de una democracia más radical, en términos de Mouffe. En este sentido, Altman (2005) agrega que los mecanismos de participación directa pueden entenderse desde dos visiones contradictorias, la primera como instrumentos conservadores (posiblemente al servicio de una democracia representativa) y la segunda como importantes potenciales de cambio (que potencia una democracia deliberativa). De esta forma, el autor evidencia dos posibles caminos que pueden tomar los mecanismos de democracia directa, como instrumentos de auto-legitimación del gobierno o como votos de censura de la ciudadanía. A pesar de este dilema, para muchos es indudable que la existencia de estos mecanismos de participación, amplían la gama de posibilidades con las cuales la ciudadanía puede expresarse, influyendo en los asuntos públicos. Sin embargo, la mayor participación directa es la elección de representantes, en las esferas locales y globales. Por lo tanto, habría una tendencia hacia una democracia representativa y no hacia el fomento de la participación ciudadana en otras instancias. Frente a esto Font (2001) argumenta que el triunfo de la democracia representativa como mecanismo 40 | Universidad Alberto Hurtado

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colectivo de toma de decisiones va más por la falta de mecanismos alternativos que por convicción. En este punto quiere hacer hincapié, pues al tomar como ejemplo el movimiento cocalero lo que se busca es observar como a partir de una problemática local, comienza la articulación de diferentes actores locales y el fortalecimiento de una ciudadanía que sufre un problema social, político y económico, que finalmente se expresará en la participación de elecciones presidenciales y en la elección de un líder local, que logra aunar otras demandas y representarlas en el gobierno, comenzando una serie de reivindicaciones y reformas nacionales. Esto podría leerse desde la perspectiva de Przeworski (2010) quien señala que en los procesos eleccionarios, los ciudadanos eligen o inciden al votar en las propuestas ofrecidas por los candidatos, existiendo ahí una limitante, pues eligen solamente entre las alternativas que se les presentan. Por lo tanto, los ciudadanos eligen solo en ese momento. Sin embargo, podríamos encontrar una diferencia en el análisis del movimiento cocalero y la posterior llegada al poder de un dirigente cocalero. Pues, esto es la consolidación de una demanda local, que se une a otros demandas sociales, logrando llegar a ámbitos nacionales y posteriormente al gobierno de donde comienza una serie de reformas participativas.

El trayecto político del Movimiento Cocalero En reiteradas ocasiones la demanda social por mayor participación ciudadana surge desde profundos contextos de injusticia, violencia y autoritarismo, siendo el caso del movimiento cocalero un símbolo representativo de ésta situación. Para la década de los 80´existía un gran número de productores cocaleros en Bolivia, en especial de la localidad del Chapare, Cochabamba. Los cocaleros provenían de dos olas migratorias, la primera que era resultado de la sequía del año 1983, que provocó el abandono de los campesinos altiplánicos y la segunda originada por el cierre de la corporación minera de Bolivia (COMIBOL), que fue consecuencia de la primeras medidas neoliberales en el país. (Do alto, 2008). En este contexto, aumenta la producción de hoja de coca que se convierte en una importante economía para los campesinos y mineros que quedaron sin un trabajo estable. La hoja de coca es un producto natural muy utilizado por las zonas andinas, siendo un símbolo de los grupos indígenas de la región. Así su uso puede ser social, siendo el masticado de la hoja parte de la cultura. Por otra Revista Búsquedas Políticas Vol. 2 Nº1-2013 | 41

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parte, es utilizado en ceremonias religiosas y finalmente suele señalarse que tiene buenos nutrientes para la alimentación, siendo utilizado sobre todo en sectores con situaciones de pobreza. Sin embargo, el excedente de esta producción comenzó a ser utilizado para la elaboración de la droga “cocaína”, que fue exportada en altas cantidades a Europa y a Norteamérica desde la década de los 80 y es aquí donde comienza el problema para los productores cocaleros. Al iniciar EEUU una guerra contra el narcotráfico, obligo a los países latinoamericanos a sumarse a esta campaña, interviniendo en las economías locales de hoja de coca. Castillo (2004) señala que este proceso fue altamente violento y criminalizó a los cocaleros, además de debilitar su principal recurso económico. Así los países productores tuvieron que aceptar una serie de acciones para controlar el cultivo. Estas acciones iban en tres direcciones: sustituir la economía basada en la hoja de coca por una alternativa, control policial y militar, y la implementación de una legislación basada en la erradicación de la producción de la coca y del castigo penal para sus productores. Por otra parte, Estas medidas surgieron por orientaciones Drug Enforcement Agency, DEA. Agencia norteamericana, que intervino el país en términos económicos, sociales y políticos, además de suprimir sobre todo la autonomía de la población indígena productora de la hoja. Así la Ley 1008 “Régimen de la coca y sustancias controladas” se convirtió en una excusa para la represión y encarcelamiento de muchos productores y sus familias, además de llevarlas a una situación de pobreza. Sin embargo para Do Alto (2008) la erradicación de la hoja de coca, “llevó al movimiento cocalero a orientarse hacia una participación directa en la esfera política”. Sin embargo, el proceso no era fácil, y tampoco existía una democracia plena ni estable, por lo cual sucedieron múltiples atropellos a los derechos humanos. Ahora bien, ello llegaría en el futuro a constituirse como un discurso contra-hegemónico del movimiento cocalero, que según Castillo (2004) se centra en la re-significación de la hoja de coca y en la búsqueda de la autonomía de la comunidad. En este sentido, la demanda del movimiento cocalero tiene varias características similares a otras demandas regionales, siendo central la tensión entre el Estado, la democracia, el sistema económico y la globalización. Lo cual abre la discusión por los derechos sociales y los conflictos socio- territoriales, donde existe una disputa por los recursos naturales de comunidades étnicas y sobre todo por sus derecho al desarrollo (Fernández &Salinas, 2012). El recorrido del Movimiento cocalero, nos invita a revisar las dimensiones 42 | Universidad Alberto Hurtado

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del problema y por tanto establecer los alcances de esta demanda. En este sentido se hace pertinente señalar los siguientes ámbitos de participación ciudadana: Nivel Local: micro identitario de subgrupos y sujetos, Nivel meso: social/local y Nivel Macro político, donde se refleje por una parte participación sustantiva, y por otra parte, la articulación de demandas sociales que muestran desde una perspectiva de democracia radical, la conformación de una comunidad política.

Participación ciudadana a nivel local micro identitario de subgrupos y sujetos El derecho al desarrollo que exigían las comunidades cocaleras, se centraba principalmente en que su economía estaba basada en el cultivo de la hoja de coca. Al criminalizar esta producción se persiguió a los cocaleros, encerrándolos también en el saco de los narcotraficantes (Castillo, 2004). Y esta medida autoritaria, anticonstitucional y violenta simbólica y físicamente, puso en jaque los derechos sociales y humanos de los cocaleros y sus familias. Es por ello, que comienza una organización de nivel identitario “cocaleros”, pero principalmente “indígenas quechuas” quienes defienden la producción de la hoja, porque la prohibición de ello es un abuso a su cultura social y religiosa y sobre todo porque es el sustento económico que tenían a mano. Además la supuesta búsqueda alternativa propuesta por las orientaciones de la DEA a esta economía no fue exitosa. Por lo cual las comunidades debieron protegerse, primero de la violencia militar y policial, del encarcelamiento injustificado y después de la destrucción de su cultura. En ello, “debemos considerar que la hoja de coca posee una raigambre cultural muy fuerte entre la población, para esa "nación invadida" de que hablábamos anteriormente, que no sólo la cultiva, sino que la consume en lo cotidiano (Mamani 2003, en Castillo, 2004, pág. 4). En este contexto, es interesante agregar una perspectiva de género al análisis. Señalando el rol fundamental que cumplieron las mujeres en este demanda social. De Sousa Santos (2010) señala que en la trayectoria del movimiento se advierte una destacada labora de varias mujeres emblemáticas como María Eugenia Ledezma, Leonilda Zurita y Margarita Téran en donde “Suas trajetórias revelam que as mulheres cocaleras, desde a mais tenra infância, testemunham as repressões e lutas que aconteceram no trópico de Cochabamba por causa do cultivo da folha de coca” (2010, Pág.97).

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Así, las principales demandas del movimiento femenino cocalero fueron para De Sousa Santos (2010) La liberación de los dirigentes arrestados y el respeto de los derechos humanos, el respeto del cultivo y consumo de coca en su estado natural, como reflejo de la identidad cultural de los pueblos andinos y base de las economías familiares. “En este sentido, ya que “coca no es cocaína”, “defender la coca es defender la vida”. El reconocimiento de la situación legal de los pequeños productores de coca del Chapare, en virtud del artículo 12 de la Ley 1008, que no penaliza el cultivo tradicional” (2010, Pág.97).

Participación ciudadana a Nivel Meso social/local Prontamente la demanda fue creciendo y surgieron “sindicatos” que organizaron a los cocaleros. Así Nace la confederación sindical campesina boliviana (CSUTCB), logrando que la demanda social se tornara un problema nacional. De esta forma, se estableció como bandera de lucha “la defensa de la coca” con un “discurso con matriz culturalista, en el cual la coca era la «hoja sagrada», representativa de la cultura andina y amazónica, no solamente en el seno del sindicalismo campesino, sino también en el movimiento indígena del Oriente boliviano” (Do Alto, 2008, pág. 27). En este sentido, erradicar la producción de hoja de coca era un peligro nacional, pues tenía una gran participación en el PIB y al disminuirla no solo corría peligro las comunidades productoras sino que el país. Al volverse un problema nacional los sindicatos presionaron a otros sectores a pronunciarse, sobre todo porque los atropellos a los derechos humanos aumentaban y se agudizaban. Esto según (Castillo, 2004) fortaleció el poder sindical y estableció conexiones con otros sectores sociales (como la demanda por la lucha del agua) creando una red nacional.

Participación ciudadana a nivel macro político Luego de la consolidación de la confederación sindical campesina, se arma un nuevo brazo social “el movimiento campesino-indígena”. Desde ahí, surgió la idea de realizar un llamado nacional en donde se socializaba la idea de la participación autónoma del movimiento, conformando un instrumento de las organizaciones campesinas e indígenas, que posteriormente fue aprobado en 1994 en VI congreso de la confederación (Do Alto, 2008). Este movimiento promovía la participación directa de los sindicalistas, sin llevarlos a un plano 44 | Universidad Alberto Hurtado

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partidista. Esto fue nombrado como Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y estará integrada por CSUTCB, la Confederación de Colonizadores (CSCB), la Federación de Mujeres Campesinas – Bartolina Sisa (FNMCB-‘BS’) y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB). Para 1997, la ASP participo de las elecciones consiguiendo cuatro, siendo uno de ellos Evo Morales. Luego se amplía el nombre de la organización a MAS (Movimiento al socialismo) y en 1999 ganan algunos municipios, consolidando sus bases electorales al tomar fuerza la lucha cocalera, luego de la represiones del gobierno de Hugo Banzer. El año 2002, Evo Morales sale segundo en las elecciones presidenciales y finalmente el año 2005 el MAS gana el sillón presidencial. Esto fue un verdadero cambio radical a la historia Boliviana, siendo Morales el primer presidente con ascendencia indígena, además de un dirigente sindical. Detrás de este triunfo se encontraba una lucha contra las reformas neoliberales y las elites, que prontamente se intentarían revertir con reformas sociales que el gobierno inicio, En este sentido, el movimiento apunta a lucha contra-hegemónica, la reivindicación de la lucha indígena-campesina y por la protección de la soberanía Boliviana, intervenida gravemente en guerra contra la producción de coca. La consolidación del movimiento cocalero necesitó también de la articulación con otras demandas sociales que permitieran la unión, en perspectiva de una comunidad política, en un vínculo ético que condensó otras problemáticas que finalmente perjudicaban al “pueblo” boliviano. De Sousa Santos (2010) señala que la privatización del agua el año 1993 provocó diversas movilizaciones populares, pues esto negaba el acesso ao elemento básico para sobrevivência que se tornaram uma verdadeira guerra contra o capital estrangeiro que suga as riquezas do país” a esto se le denomino posteriormente la guerra del agua, que tuvo su máxima expresión de protesta ciudadana el año 2000. Además, el año 2003 la guerra del gas, problemática que venía organizándose hace varios años, se convirtió en una emblemática situación donde se exigió la reformulación en el proceso de exportación del gas, nuevas leyes y reapropiación de este recurso por el Estado boliviano. La autora agrega también que este suceso no estuvo exento de represión y violencia siendo “marcada por revoltas sangrentas entre os movimentos populares e as forças armadas. Estes movimentos, cujos manifestantes não tinham mais nada a perder, não cediam às repressões do governo e investia na revolta comintensas greves de fome, bloqueios e ocupações” (2012, pág. 93)

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Consideraciones finales Al revisar conceptualmente la participación sustantiva, la comprensión del proceso histórico y político del movimiento cocalero se vuelve realmente clara. La lucha por la producción de la hoja de coca, se muestra no solo como una batalla contra la intervención extranjera, sino como la protección de la cultura andina que se convierte finalmente en un discurso contra-hegemónico que podemos visualizar en el gobierno de Evo Morales. En este sentido, la participación ciudadana de pueblos indígenas, campesinos, movimientos de mujeres entre otros. Articula un bloque político que apunta hacia el empoderamiento ciudadano, la recuperación de los recursos nacionales, la soberanía y la protección de los derechos sociales, económicos y políticos restringidos por la guerra al narcotráfico encabezada por EEUU. Así, la democracia fue puesta en jaque por los pueblos indígenas y los campesinos de movimiento, quienes se vieron vulnerados al limitárseles su economía local, transgrediendo también todos sus derechos fundamentales. Es decir, sus derechos humanos, derechos públicos, derechos civiles y políticos estuvieron totalmente vulnerados todo cuando miembros del movimiento y sus familias fueron perseguidos y asesinados, negándoseles el derecho al trabajo, a su cultura, organización política etc. Sin embargo, el movimiento tuvo las estrategias para continuar una trayectoria histórica, política, social y cultural, que logra consolidarse en el momento de la ascensión del MAS al gobierno, con Evo Morales, primer presidente indígena de Latinoamérica, que es un hecho simbólico y trascendental para la región. Por otra parte, el movimiento cocalero a partir de su diversidad de actores, campesinos, obreros, indígenas, mujeres entre otros. Reflejan desde la perspectiva de una comunidad política la conformación de una alianza o vinculo ético entre sus participantes. Esto, desde Mouffe (1999) permite hablar de una “Societas” en donde la asociación que se conforma es de una sociedad civil que se identifica y posee un compromiso de lealtad recíproca. Para Mouffe (1999) al conformarse una “societas” se abre un camino hacia una democracia radical y plural, donde hay una forma colectiva de identificación entre exigencias democráticas que se encuentran en una diversidad de movimientos. “Es una concepción de ciudadanía que, a través de una identificación común con una interpretación democrática radical de los 46 | Universidad Alberto Hurtado

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principios de libertad y de igualdad, apunta a la construcción de un nosotros, una cadena de equivalencias entre sus demandas, a fin de articularlas a través del principio de equivalencias democráticas” (1999, pág. 102).

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