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INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
Juan Manuel Santos Calderón Presidente de la República Rafael Pardo Rueda Ministro Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad Guillermo Rivera Flórez Consejero presidencial para los Derechos Humanos Rino Acero Camacho Coordinador Observatorio de Derechos Humanos Consejería Presidencial para los Derechos Humanos Diana Mendieta Durán Fernando Ibarra Ruíz Rafael Blanco Lozano Carlos Ardila Espinosa Marcela Vega Vega María Pía Alvira Lacayo Coordinadores de Área Coordinación editorial María Fernanda Angarita Pardo Oswaldo Malo Jiménez Maira Alexandra Celis Jiménez Área de Comunicaciones Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Contenido Presentación
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Derechos civiles En el último año se ha presentado una disminución sostenida de los registros de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en un 91%
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Impulsar monitoreo de las dinámicas de riesgo asociadas al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual
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Fortalecer el seguimiento de la política pública
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Promover la gestión del conocimiento para fortalecer el enfoque, principios, marco conceptual y operativo de la política
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Consolidar la territorialización de la política pública
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Impulsar los casos de reclutamiento, utilización y violencia sexual de los cuales se tiene conocimiento
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Retos estratégicos
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Derechos políticos El Gobierno Nacional reactivó la Mesa Nacional de Garantías e impulsó el diálogo socialcomo una de sus grandes banderas
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Mesa Única Nacional
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Otros escenarios territoriales de estímulo al diálogo social
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Consolidación de una Política de Prevención de Violaciones a los Derechos a la Vida, la Integridad, la Libertad y la Seguridad Personal
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Proceso de construcción de la política pública para garantizar la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia
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la Ley Estatutaria 1757 de 2015 sobre participación ciudadana
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La protección como un mecanismo efectivo de prevención a las violaciones de los derechos humanos
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Retos estratégicos
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Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales - DESCA Colombia, el primer país no europeo en contar con un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas
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Retos estratégicos
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DERECHO A LA EDUCACIÓN
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Acceso. Calidad y Pertinencia en Educación Superior
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Excelencia docente
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Jornada Única
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Analfabetismo
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Atención educativa a grupos étnicos
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Retos estratégicos
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DERECHO A LA SALUD
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Acceso a la seguridad social en salud: hacia la universalización
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Prima de aseguramiento: reconocimiento territorial, poblacional y diferencial
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Garantía del derecho a la atención en salud física, mental y psicosocial a víctimas
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Salud materno-infantil
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Avances de los ODM 2015 en salud
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Suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato
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Retos estratégicos
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DERECHO A LA VIVIENDA
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Programa de vivienda gratuita
46
Programa de Viviendas de Interés Social
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Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA
48
Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - “MI CASA YA“
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Retos estratégicos
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DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
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Programa de abastecimiento de agua y manejo de agua residuales en zonas rurales
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Retos estratégicos
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DERECHO A UN AMBIENTE SANO
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Avances destacados en programas de conservación y uso sostenible
52
Avance en el desarrollo sostenible y biodiversidad
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Retos estratégicos
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DERECHO DE LOS TRABAJADORES
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El Pacto por el Empleo como Servicio Público
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Pacto por la Erradicación del Trabajo Infantil
55
Pacto por la Calidad del Trabajo y Empresas Productivas
55
Pacto por la Formalización
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Pacto por la Protección de la Vejez
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Retos estratégicos
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DERECHOS CULTURALES
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Objetivos
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Avances en el marco de la conmemoración del decenio
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Programas de Fortalecimiento Cultural
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Logros
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Retos estratégicos
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Derecho a la Justicia La justicia transicional es más efectiva que la justicia ordinaria en los casos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y amenazas
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Desplazamiento forzado
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Desaparición forzada
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Reclutamiento ilícito
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Amenazas
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Acciones destacadas en justicia y paz
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Reciprocidad entre la justicia ordinaria y la ley de justicia y paz
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Retos estratégicos
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Avances de acceso a la justicia
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Derecho a la Igualdad, no discriminación y respeto por las identidades La búsqueda de la igualdad es el camino hacia la paz
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Jóvenes
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Avances en la erradicación de prejuicios frente a los derechos de las mujeres
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Lucha contra los imaginarios negativos en torno a la discapacidad
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Generación de más espacios participativos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
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Reactivación y fortalecimiento de los espacios de conceertación con pueblos indígenas
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En los últimos 5 años se ha triplicado el Programa Colombia Mayor para Personas Mayores
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Avances en la pólítica pública para el respeto de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
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Avances en la sensibilización a funcionarios públicos para el respeto de los derechos de la población LGBTI
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Retos estratégicos
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Derechos Humanos en el escenario Internacional Comunidad Internacional reconoce los avances de Colombia en la protección de los Derechos Humanos
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Reconociemiento de organismos internacionales y comunidad internacional
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Participación en espacios de derechos humanos y DIH con organismos internacionales y comunidad internacional
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Presentación Hoy en día Colombia se consolida como un país que promueve, respeta y garantiza los derechos humanos en condiciones de igualdad. El 7 de agosto del 2010, el país emprendió el reto de romper con los imaginarios de estigmatización de quienes ejercen el rol de defensa de los derechos humanos promoviendo espacios de interlocución que han abonado el terreno fértil de la democracia, y con ello, los han instalado como tema de primer orden en la agenda pública. De igual manera, el país ha desplegado una acción estatal que orienta la política bajo el enfoque de derechos, entendiendo que no es suficiente la provisión de bienes públicos, si ello no se refleja en mejores condiciones de vida y bienestar. Dicha consolidación reside en la interlocución con sectores y poblaciones de distinto origen, y en su incidencia en la política pública, así como en el reconocimiento dado tanto en el nivel territorial como en la escena internacional. Los últimos cuatro años fueron portadores de grandes hitos que hicieron de los derechos humanos una realidad: el año 2011 vio cómo se gestaba un proceso de reparación integral a las víctimas con la Ley 1448, que es único en el mundo, a partir del cual se ha movilizado tanto la institucionalidad como la sociedad con el fin de sanar las heridas del conflicto armado, a la fecha ha reparado a más de 550 mil de ellas, y restituido más de 170 mil hectáreas con sentencia a 18.797 beneficiarios. Ese mismo año, el Decreto 4100 puso en marcha el Sistema Nacional de Derechos Humanos como una instancia de promoción, orientación y articulación, con la cual se ha generado una interlocución amplia y directa con la sociedad civil, que a la postre, permitió consolidar como política de estado la Estrategia Nacional de Garantía de Derechos Humanos 2014- 2034. El último informe país en materia de derechos humanos realizado en 2010, dio paso a un proceso participativo que tras recorrer todo el país permitió el 10 de diciembre de 2013 entregarle al Presidente de la República el documento denominado “De la violencia a la sociedad de derechos”, a su juicio, un verdadero tesoro que fue tejido por los colombianos para los colombianos. Dicho informe presentaba una lectura de la dinámica de las vulneraciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, analizando el comportamiento de los homicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado, entre otros, y su impacto en la sociedad. En 2014, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos logró incluir la política de derechos humanos en el artículo 123 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuyos pilares son la paz, la equidad y la educación, con el fin de instalar en los territorios el enfoque basado en derechos tanto en los instrumentos de política como en las prácticas. Con un nuevo enfoque estratégico, más moderno e integral, el Observatorio de Derechos Humanos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos presenta el informe anual 2015, con el objetivo de
continuar avanzando en la consolidación de un real enfoque de derechos, que sea a la vez territorial y diferencial, y que supere la perspectiva de lo sectorial o de las vulneraciones. Así las cosas, este informe retoma como referentes los principios de integralidad, interdependencia e indivisibilidad de los derechos incorporados en la citada Estrategia, que son inherentes a la dignidad de todo ser humano. Además, aborda los avances más destacados en los componentes de esta política pública con el fin de volcar su mirada hacia las acciones estatales para garantizar los derechos. Si bien hay que resaltar que la tasa de homicidio se ubicó en los lugares más bajos de los últimos 34 años y que, al comparar el primer semestre del 2011 con el mismo periodo del 2015, el desplazamiento disminuyó 79%, el secuestro 47 % y la desaparición forzada 57%, lo importante es mostrar los procesos integralmente. Así mismo, los últimos 4 meses, que han sido los menos violentos en cuatro décadas, permitieron que las elecciones nacionales y las regionales fueran las más pacíficas, creando las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos. Sin duda, el principal aporte que hoy en día hace el gobierno a esta garantía es el compromiso decidido para la finalización del conflicto armado. En este contexto de construcción de paz, el derecho a la vida abarca como principio básico la dignidad humana y supone la progresiva garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –DESCA-, el acceso a la justicia y un ambiente propicio para el ejercicio de las libertades fundamentales. Ciertamente, la realización de un derecho depende, total o parcialmente, de la realización de otros; por ejemplo, la realización del derecho a la salud puede depender, en ciertos casos, de la realización del derecho a la educación o a la información. Entendiendo estas complejas relaciones, las páginas siguientes tienen como propósito presentar un panorama integral y de procesos para garantizar los derechos, mas no pretende centrarse en un análisis estricto de indicadores. Por lo tanto, en cada uno de los componentes o grupos de derechos se abordan algunos de sus atributos: en el componente de los derechos civiles, se presenta como temática el fenómeno de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes -NNA-, concluyendo que en el periodo de análisis se ha presentado una disminución sostenida de los registros de vinculación de los NNA a los grupos armados ilegales cercana al 91%, planteando, a su vez, el fenómeno de uso, utilización y violencia sexual como el desafío principal del actual escenario de finalización del conflicto armado. En materia de derechos políticos, se aborda como temática principal la interlocución como mecanismo de construcción de una democracia deliberativa. Se evidencia que el Gobierno Nacional reactivó y ha estimulado el diálogo social en la Mesa Nacional de Garantías para la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales, que en 2009 dejó de sesionar por falta de garantías y compromiso de gobierno. Igualmente, se abordan otros escenarios nacionales y territoriales de diálogo social, y se muestran avances normativos en materia de participación ciudadana, y de prevención; todo ello, teniendo en cuenta que todos ciudadanos tienen derecho a participar activa, libre y significativamente en el desarrollo. En cuanto a los DESCA, que hacen referencia a bienes públicos y servicios necesarios para materializar la idea de una vida digna, se muestran avances que fundamentalmente pretenden cerrar brechas sociales. Dentro de este gran grupo de derechos se presentan los avances más destacados en la cobertura de la educación, que en el mediano plazo harán de Colombia el más educado; la expedición de la Ley estatutaria de la salud, primera en el mundo de un derecho social; la disminución de la tasa de trabajo infantil y el aumento de la formalidad, orientada principalmente a poblaciones vulnerables; la cobertura en la vivienda de interés social y por esta vía el acceso al agua y al saneamiento básico; y el impulso decidido del país con el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Se subraya, además, la existencia de un panorama favorable en el actual escenario de transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 que permitirá orientar la agenda pública de los derechos hacia el desarrollo humano sostenible en tanto que este último contribuye al ejercicio conjunto de los DESCA.
Así mismo, se destaca como hito para la garantía de los derechos el actual proceso de construcción de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, que busca ser un instrumento de política pública para que las operaciones empresariales se desarrollen en el marco de los principios rectores de las Naciones Unidas - proteger, respetar y remediar-. De esta manera, Colombia se constituye en el primer país no europeo que ha construido dicho plan, siendo pionero en la región, y referente para los demás países de América Latina. Por su parte, al abordar el derecho a la justicia se tratan como principios fundamentales el acceso y la efectividad, dando cuenta que este derecho es instrumental a todos los demás. Se analiza la efectividad de las justicias ordinaria y transicional, en particular al proceso de Justicia y Paz, concluyendo que la justicia transicional es más efectiva que la ordinaria y que existen resultados, que son producto de una reciprocidad que se debe fortalecer. De igual modo, se presentan los avances que el Gobierno Nacional ha realizado para acercar la justicia a los colombianos. Este informe incorpora tanto el enfoque de derechos como el diferencial. El primero, ubicando en el centro de la política a sujetos de derechos con capacidad de interactuar con el Estado; mientras el segundo, constituye un desarrollo específico de la igualdad. Así las cosas, se presentan avances significativos en relación con el derecho a la igualdad y la no discriminación, los cuales se desagregan por grupos vulnerables, entre ellos, niños, mujeres, jóvenes, personas mayores, indígenas, afrodescendientes, población con discapacidad y comunidad LGBTI. Al respecto, se evidencia la implementación de acciones afirmativas basadas en el respeto por las identidades como un paso para superar prejuicios, prácticas discriminatorias y estigmatizaciones que limitan el ejercicio de sus derechos. El último capítulo presenta los reconocimientos realizados por la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos del Sistema Universal y Regional que ratifican a Colombia como un país respetuoso de los derechos humanos. Así mismo, se destaca la realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el Caso Rodríguez Vera y otros, en el cual el Presidente de la República pidió perdón por los lamentables hechos sucedidos 30 años atrás en el Palacio de Justicia de Bogotá D.C. Finalmente, es pertinente citar las palabras del Presidente cuando refiere que “uno de los principales retos que en la actualidad política exige esfuerzos concertados por parte de Estados, gobiernos, organizaciones sociales, agencias de cooperación, agentes económicos y sociedad civil en general es el lograr cambios efectivos que permitan resultados eficaces, para realizar la dignidad humana en términos de superación de la miseria, la indigencia y la pobreza; de la erradicación de cualquier forma de desigualdad, exclusión, discriminación o agresión; y la afirmación de opciones de vida basadas en la diversidad y la multiplicidad que caracteriza las sociedades complejas en las que nos desenvolvemos cotidianamente”. Es el propósito de este documento invitar a los actores citados a realizar una verdadera transformación cultural en torno a los derechos humanos que permita consolidar progresivamente su goce efectivo.
Guillermo Rivera Flórez Consejero Presidencial para los Derechos Humanos
En 2015, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos inició el proceso de territorialización de la política de derechos humanos Para articular las entidades estatales en función de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos logró incluir en la Ley 1753 de * 2015 (Plan Nacional de Desarrollo), el artículo 123 , mediante el cual se establece un vínculo claro entre la nación y el territorio y se desarrollan líneas de política pública, que buscan ser el punto de partida para tener una política de Estado, integral, incluyente, de largo plazo, y que cuente tanto con un Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) como con un enfoque diferencial. Durante el año 2015, esta Consejería realizó las siguientes actividades de territorialización: Socialización de la Estrategia Nacional a autoridades territoriales y visibilización de experiencias significativas adelantadas en el componente de educación en derechos humanos y cultura de paz. Formación de más de 200 miembros de los directorios regionales de los partidos políticos con el fin de incluir el EBDH durante la elaboración de los programas de gobierno. Desarrollo de la Guía para la Incorporación del EBDH en los planes de desarrollo territoriales, que fue realizada junto con el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública y el DNP, esta Consejería implementará durante el 2016 una estrategia de asistencia técnica a los mandatarios electos para la inclusión del EBDH en los planes de desarrollo territoriales. En ese sentido, la Estrategia Nacional se convierte en la hoja de ruta en el corto, mediano y largo plazo, tanto para el Gobierno Nacional como para los territoriales con el fin de: a. Consolidar una política pública incluyente. b. Garantizar una gestión pública transparente. c. Fortalecer mecanismos que garanticen la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. d. Establecer condiciones y garantías para el respeto, la garantía y la realización de los derechos humanos. e. Consolidar una cultura de reconocimiento, realización de los derechos humanos y de observancia del DIH. f. Permitir el goce efectivo de los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación para la construcción de una paz estable y duradera.
*.
“(..) la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos o quien haga sus veces deberá articular, coordinar y supervisar la implementación de la Política Integral de Derechos Humanos de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034. Dicha política se implementará a nivel nacional y territorial, e incorporará el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) como herramienta esencial para el diseño, formulación, implementación, evaluación, ajuste y rendición de cuentas de todas las políticas públicas. Las entidades territoriales podrán incluir en sus planes de desarrollo las estrategias, metas y objetivos que permitan la realización del EBDH. Así mismo, impulsará el diseño, coordinación, articulación y seguimiento de la Política para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la Ley y por grupos de delincuencia organizada, incorporando a su vez, un enfoque diferencial étnico para los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y el pueblo Rom.”
En el último año se ha presentado una disminución sostenida de los registros de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en un 91%
INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
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A partir del ejercicio de seguimiento y el monitoreo de las dinámicas de riesgo asociadas al reclutamiento y la utilización, el Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, ha podido advertir una sustancial reducción de los registros de reclutamiento que podría responder por un lado, a los esfuerzos institucionales y, por otro, a decisiones y procesos tales como la terminación del conflicto armado con las Farc, que favorecen su disminución. La siguiente gráfica sugiere una reducción de tres de los principales registros que dan cuenta del comportamiento del reclutamiento entre el periodo de 2004 y 2015: Base Desvinculados ICBF, Base RUV de la UARIV y municipios en los cuales se advirtió riesgo de reclutamiento en los Informes de Riesgo del SAT. En cuanto al primer registro, cabe anotar que se presenta un pico en 2007 con 319 y posteriormente, se presenta un comportamiento constante en el número de niños, niñas y adolescentes que son recibidos y atendidos por el Estado a través de su Programa de Atención Especializado. Los registros de la UARIV han demostrado desde 2004 una tendencia a la baja. Por su parte, los municipios donde el SAT de la Defensoría advirtió riesgo de reclutamiento a través de sus Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento registran un comportamiento más irregular, presentándose dos picos, el primero en 2008 y el segundo en 2012. Comportamiento de los registros institucionales asociados al reclutamiento
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Fuente: Base Desvinculados ICBF, Base RUV de la UARIV e Informes de Riesgo y Notas de seguimiento del SAT Defensoría. Corte. ICBF: 30 de Junio 2015; UARIV: 1 de Octubre 2015; SAT Defensoría: 2 de Octubre 2015.
Comportamiento de los registros institucionales asociados al reclutamiento 2010- 2015
Fuente: Base Desvinculados ICBF, Base RUV de la UARIV e Informes de Riesgo y Notas de seguimiento del SAT Defensoría. Corte. ICBF: 30 de Junio 2015; UARIV: 1 de Octubre 2015; SAT Defensoría: 2 de Octubre 2015.
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Municipios con Informe de Riesgo que identifica riesgo de reclutamiento Al analizar el periodo de gobierno del Presidente Santos, 2010-2015, los tres registros que reflejan la labor de seguimiento, advertencia y atención del Estado de cara a estas vulneraciones, presentan descensos considerables, principalmente desde 2012 cuando se inician los diálogos para la terminación del conflicto con las FARC. Al analizar 2014 y 2015 puede apreciarse una reducción de 62% en el número de municipios donde la Defensoría del Pueblo alertó sobre reclutamiento, al pasar de 34 en 2014 a 13 entre enero y octubre de 2015.
Casos de vinculación RNI UARIV Así mismo, la Red Nacional de Información que coordina la UARIV registra entre enero y octubre de 2015, 4 casos por el hecho victimizante de vinculación de niños, niñas y adolescentes - NNA, lo que representa una disminución de 91% con relación a 2014, cuando se presentaron 43.
ICBF Desvinculados
De igual manera, el número de niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado y han sido incluidos y atendidos por el Programa Especializado del ICBF ha descendido en 80% al pasar de 100 en 2014 a 20 entre enero y junio de 2015.
Cabe anotar que, según el ICBF, a junio de 2015, de los niños y niñas desvinculados de grupos armados ilegales, el 9.36% fueron de ascendencia indígena y 6.49% afrocolombianos. Por otra parte, en el primer semestre de 2015, el ICBF asistió a 3642 niños y niñas víctimas de violencia sexual, incluyendo casos de explotación sexual, con apoyo psicosocial, médico y legal e identificó 615 casos de trabajo infantil forzado.
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De otro lado, atendiendo la necesidad de prevenir el reclutamiento y la utilización de NNA, las instituciones que conforman la Comisión Intersectorial han avanzado en cinco aspectos primordialmente: Impulsar el monitoreo de las dinámicas de riesgo asociadas al reclutamiento, la utilización y la violencia sexual A partir de este ejercicio, la Secretaría Técnica ha entregado a la Comisión Intersectorial dos priorizaciones cuyo 1 propósito principal es informar la toma de decisiones de las entidades para orientar sus estrategias en el territorio .
a. Priorización Municipal para la prevención de casos de reclutamiento y/o utilización b. Priorización Municipal para la prevención de casos de violencia sexual
1.
Las priorizaciones municipales de 2014 y 2015 han sido utilizadas como insumo dentro de los procesos de focalización institucional (considerando otros factores al interior de las entidades) y han orientado la intervención del SENA, Ministerio de Justicia, UARIV, Fiscalía General de la Nación, ACR, ICBF, Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa, por nombrar las instituciones que han hecho referencia de esta información.
NIVELES DE PRIORIZACIÓN POR MUNICIPIO Nivel Superior alto Probabilidad de 0.9 - 1.00
Nivel Superior medio Alta probabilidad y alta cantidad de reportes
Nivel Superior bajo Mediana probabilidad y baja cantidad de reportes
Nivel Medio Baja probabilidad y baja cantidad de reportes
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos de Delincuencia Organizada. Priorización municipal 2015. Georreferenciación y procesamiento de datos: Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos de Delincuencia Organizada. Cartografía base: © IGAC
MUNICIPIOS PRIORIZADOS PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL Nivel Superior alto Probabilidad de 0.9 - 1.00
Nivel Superior medio Alta probabilidad y alta cantidad de reportes
Nivel Superior bajo Mediana probabilidad y baja cantidad de reportes
Nivel Medio Baja probabilidad y baja cantidad de reportes
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos de Delincuencia Organizada. Priorización municipal 2015. Georreferenciación y procesamiento de datos: Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos de Delincuencia Organizada. Cartografía base: © IGAC
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Fortalecer el seguimiento a la política pública Entre 2014 y 2015, las entidades han reportado alrededor de 61 estrategias, programas, proyectos y/o acciones estratégicas, algunas de las cuales se destacan por su carácter temporal mientras otras se han configurado de manera permanente dentro del desarrollo misional de las entidades, las cuales fueron reportadas por 20 entidades que conforman la Comisión Intersectorial y se encuentran presentes en 1109 municipios, en los cuales se desarrollan entre 1 y 27 estrategias de prevención. Dentro del análisis de caracterización de la oferta reportada se han podido establecer los siguientes avances: La concentración de la oferta para la prevención está encabezada por el Distrito Capital, seguido de 17 departamentos que se encuentran por encima de la media nacional correspondiente a 6 estrategias, programas o proyectos en el municipio. Oferta según el nivel de la intervención territorial
La oferta reportada por las entidades está enfocada en un 98% al momento de la prevención temprana, mientras que el resto de oferta está enfocada en una menor proporción a los momentos de urgente (8%), prevención en protección (8%) y reconciliación (2%).
Nota para la lectura de la gráfica: Los datos no deben ser leídos como la proporción correspondiente al 100% de la oferta, sino como la proporción sobre la información que fue reportada por las entidades, que varía entre una y otra gráfica.
Cobertura de la intervención
Por otra parte, la mayoría de las intervenciones son de carácter urbano (94%) mientras que el 66% de las intervenciones se implementan en el sector rural.
Nota para la lectura de la gráfica: Los datos no deben ser leídos como la proporción correspondiente al 100% de la oferta, sino como la proporción sobre la información que fue reportada por las entidades, que varía entre una y otra gráfica.
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Población beneficiaria directa o participante
El 66% de la oferta está dirigida a la adolescencia y el 40% a la infancia con el fin de fortalecer los entornos protectores; otro porcentaje significativo está orientado a acompañar a las instancias territoriales y educativas (30% respectivamente), con el fin de elevar su capacidad de respuesta, y brindar asistencia técnica que promueva el diseño de acciones de protección integral al ir a la escuela como un entorno protector. Nota para la lectura de la gráfica: Los datos no deben ser leídos como la proporción correspondiente al 100% de la oferta, sino como la proporción sobre la información que fue reportada por las entidades, que varía entre una y otra gráfica.
Pertenencia étnica de la oferta
Los planes, proyectos y programas también cuentan con un enfoque diferencial étnico. La población indígena resulta ser la más beneficiada de las estrategias desarrolladas con 40%, seguido por la población afrodescendiente con 34%y Rrom con 30%
Nota para la lectura de la gráfica: Los datos no deben ser leídos como la proporción correspondiente al 100% de la oferta, sino como la proporción sobre la información que fue reportada por las entidades, que varía entre una y otra gráfica.
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Componente que desarrolla la estrategia
El mayor porcentaje corresponde al fortalecimiento institucional con 28%, lo cual obedece a la población beneficiaria de la oferta que implementan las entidades que pertenecen a la Comisión. Le sigue el componente de promoción de derechos de NNA con un 25%, que busca el reconocimiento de este sector poblacional como sujeto de derechos, la integración de la familia y la comunidad en la protección y el aumento de la capacidad de los NNA. El componente de calidad de la educación, desarrollado por el Ministerio de Educación y cuyo propósito es constituir a las escuelas en entornos protectores, representa el 15%. Finalmente, se encuentra el componente cultural y deportivo como escenarios para optar por proyectos de vida alejados de las dinámicas de conflictos.
Nota para la lectura de la gráfica: Los datos no deben ser leídos como la proporción correspondiente al 100% de la oferta, sino como la proporción sobre la información que fue reportada por las entidades, que varía entre una y otra gráfica.
Promover la gestión del conocimiento para fortalecer el enfoque, principios, marco conceptual y operativo de la política En el marco de la gestión del conocimiento y la producción de herramientas que permitan elevar la capacidad de los actores clave en la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual, tales como las instituciones de la Comisión Intersectorial, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional, el Observatorio de la Secretaría Técnica elaboró y publicó los siguientes insumos:
Consolidar la territorialización de la política pública La Secretaría Técnica ha realizado asistencia técnica en términos de prevención temprana, urgente y en protección en los departamentos de Arauca, Santander, Cauca, Cesar, Casanare, Cundinamarca, Nariño, Risaralda, Vichada, Boyacá, Antioquia, Tolima, Guaviare, Huila, Meta, Caquetá, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Guajira, Chocó y Valle del Cauca.
PRESENCIA TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Septiembre 2014 – Noviembre 2015
Municipios con asistencia
Departamentos con asistencia
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos de Delincuencia Organizada. Priorización municipal 2015. Georreferenciación y procesamiento de datos: Observatorio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y por Grupos de Delincuencia Organizada. Cartografía base: © IGAC
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Relación de actos administrativos DEPARTAMENTO/DISTRITO
MUNICIPIOS/LOCALIDAD Suba
Bogotá
Bosa Kennedy El Carmen de Bolívar
Se han identificado los siguientes municipios con decretos o actos administrativos orientados a la implementación de la ruta de prevención en protección, que permite activar las redes necesarias para evitar que se haga efectiva la vulneración de los derechos de los NNA relativas al reclutamiento/utilización y violencia sexual. En materia de prevención urgente y en protección, la Secretaría Técnica ha logrado impulsar la conformación de Equipos de Acción Inmediata, el diseño de rutas que le permitan al territorio responder ante casos de amenaza concreta y la promoción de actos administrativos que permitan asegurar el compromiso de las autoridades territoriales en la protección del derecho a no ser reclutado y/o utilizado, independientemente al gobierno local del momento.
Bolívar
Santa Rosa Tiquisio Quibdó,
Chocó
Itsmina Tadó Santa Cruz de Lorica
Córdoba
San Antero Moñitos Planeta Rica
Huila
Baraya Íquira Granada
Meta
Puerto Concordia Villavicencio
Nariño
Los Andes Sotomayor Leiva
Vichada
Cumaribo
Cauca
Toribío,
Bolívar
El Carmen de Bolívar
Impulsar los casos de reclutamiento, utilización y violencia sexual de los cuales se tiene conocimiento La Secretaria Técnica y la Fiscalía General de la Nación han establecido un esquema de articulación de trabajo enfocado en la prevención del reclutamiento y la judicialización, como estrategia de prevención e implementación del principio de protección integral de los derechos de NNA. La Secretaría Técnica ha impulsado, durante 2015, cerca de 130 oficios en los que relaciona casos de reclutamiento (Art. 162 CP) y uso de menores en la comisión de delitos (Art. 188 CP).
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Retos estratégicos La Secretaría Técnica debe guiar el proceso de formulación del nuevo instrumento de política, el cual incluirá un abordaje más específico y pertinente respecto: 1. Al uso de menores para la comisión de delitos. 2. La prevención de la violencia sexual. 3. Las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y su artículo 123. 4. Al Plan de Acción Intersectorial de la Comisión contemplado en el decreto modificatorio del decreto 552 de 2012. 5. Los escenarios configurados en el marco del proceso de terminación del conflicto armado.
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El 2013 puede ser catalogado como el año de la concertación y la participación. En ese momento se reactivó la Mesa Nacional de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales, como un espacio de diálogo y de seguimiento a la política pública; escenario que durante el 2015 se mantuvo activo como muestra del compromiso del Gobierno Nacional para consolidar progresivamente el diálogo y la interlocución con la sociedad civil. Esta Mesa, que en 2009 se levantó por falta de garantías, hoy en día reúne a las entidades de gobierno, las organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes sociales, y a la comunidad internacional, encabezada por el Sistema de Naciones Unidas, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de acordar estrategias y acciones de prevención, protección e investigación para fortalecer las garantías en el ejercicio de las labores que dichas organizaciones adelantan en el país. El Ministerio del Interior lidera este proceso en asocio con otras entidades de gobierno, especialmente con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Por parte de la sociedad civil, el proceso ha estado liderado 2 por el Techo Común , que agrupa 4 grandes plataformas de más de 950 organizaciones de derechos humanos y paz provenientes de sectores sociales diversos, tales como: comunales, sindicalistas, mujeres, campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, población LGBTI, entre otros. Este escenario se ha caracterizado por contar con una campaña pública permanente de reconocimiento a la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos y de no estigmatización, dirigida a las autoridades civiles y militares y a la sociedad civil en general. Así lo demuestran, por un lado, los pronunciamientos del Presidente de la República que rechazan cualquier expresión o forma de estigmatización por parte de sus funcionarios y, de otro, los 9 actos de reconocimiento realizados en las regiones por parte del Ministro del Interior. De la gestión realizada en el marco de este proceso entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, cabe destacar la realización de sesiones temáticas de la Mesa Nacional de Garantías presididas por el señor Ministro del Interior y por el jefe de la entidad de Estado o de Gobierno responsable: Mesa Temática de Justicia y Paz: 20 de octubre de 2014 (Fortalecimiento territorial en materia de reconciliación ante la salida de los postulados de justicia y paz). Mesa Temática de Protesta Social: 23 de junio de 2015 (Proceso de construcción del protocolo para la protesta social) Actos de reconocimiento y respaldo a la labor de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales por parte del Gobierno Nacional. Creación de subcomisones de trabajo en temas de investigación y protección.
El Techo2.Común es la confluencia de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (La Alianza), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (Plataforma DESC) y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (APSCPP), creada en 1996, con el objetivo central de trabajar articuladamente por la vigencia de los derechos humanos y la paz en Colombia, a partir de una agenda concertada común y a través de acciones de incidencia a nivel nacional e internacional ante el Estado colombiano y ante la comunidad internacional.
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Subgrupo Técnico de Protección3
Avances
Subgrupo Técnico de Investigación4
La Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución No 1783 del 31 de agosto de 2015, mediante la cual conforma el Grupo de Tareas Especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra defensores y defensoras Proceso de construcción de un protocolo de derechos humanos. para el manejo y atención de casos de amenazas y otras agresiones contra Este grupo lo conforman fiscales y funcionarios defensores de derechos humanos. pertenecientes a la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, a la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, al Cuerpo Técnico de Investigación y a la Dirección de Políticas Públicas.
Mesa Única Nacional La Mesa Única Nacional es otro escenario de diálogo impulsado por el Gobierno Nacional. Entre el 15 y el 17 de marzo de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, a partir de la cual las organizaciones participantes formularon un pliego de peticiones unificado que posteriormente presentaron al señor Presidente de la República el 31 de marzo de 2014. El 8 de mayo del mismo año se promulgó el Decreto 870 de 2014 mediante el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se denominará Mesa Única Nacional, y el 13 de mayo se firmó el Acta de Acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Cumbre Agraria.
3.
4.
AVANCES Creación de la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos mediante el artículo 9 del Decreto 870 de 2014, instalada el 30 de septiembre de 2015, sesión en la cual se protocolizó su reglamento. Instalación del Comité Conjunto Permanente de Análisis y Alternativas Penales. A la fecha, este Comité ha priorizado 61 casos para su revisión.
Instituciones: Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Cancillería, UNP, Policía Nacional, Consejería para la Equidad de la Mujer (cuando se traten temáticas referentes a las mujeres), Procuraduría, Defensoría – SAT-. Organizaciones de la Sociedad Civil: Representantes de las Plataformas de Derechos Humanos y Paz (REINICIAR, CSPP, Somos Defensores y CODHES, Sisma Mujer) y representantes de sectores sociales y comunales. Comunidad Internacional: PNUD, OACNUDH, ACNUR, ONU MUJERES y embajadas de (España, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos) Instituciones: FGN. Procuraduría General de la Nación. Ministerio del Interior. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Consejería para la equidad de la Mujer. Unidad Nacional de Protección. Organizaciones de la Sociedad Civil: Representantes de las Plataformas de Derechos Humanos y Expedición de la Resolución No 1783 del 31 de agosto de 2015, de la FGN, la cual conforma el Grupo de Tareas Especiales para priorizar investigaciones de graves violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos.
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Otros escenarios territoriales de estímulo al diálogo social Durante 2014 y 2015 se han impulsado y fortalecido espacios de conversación en Catatumbo, Putumayo, Nariño, Mesa Campesina y Afro del Cauca, Mesa con Dignidades por la Guajira, Mesas de Territorialidad Campesina con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), Dignidad Agropecuaria, Mesa Permanente de Concertación, Mesa Regional Amazónica, Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayuu Colombiano, entre otras.
i. Putumayo, un escenario de reconstrucción de confianza En 2014, el Gobierno Nacional constituyó escenarios de diálogo con más de 60 organizaciones sociales del departamento, representados por la Mesa Regional de Organizaciones de Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos (en adelante la Mesa), el Comité de Dignidad por Mocoa, el Comité por la Dignidad de los Derechos Humanos de Villagarzón, Sintrapetraputumayo, ACSOMAYO, entre otras. Se instalaron cuatro comisiones, las cuales reportan los siguientes avances:
El diálogo propiciado en el departamento ha aportado importantes insumos al Gobierno Nacional en su propósito de configurar un nuevo enfoque de desarrollo territorial integral en las regiones con presencia de cultivos de uso ilícito.
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Pilares Fundamentales
Nuevo enfoque estratégico del Plan de Sustitución de Cultivos Ilícitos El Presidente Juan Manuel Santos, el pasado 22 de septiembre de 2015 anunció la implementación de una estrategia integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, cimentada en tres pilares fundamentales.
Consolidación de una Política de Prevención de Violaciones a los Derechos a la Vida, la Integridad, la Libertad y la Seguridad Personal El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 reafirmó su compromiso con el diseño e implementación de una política de prevención de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal (VLISP) en el marco del conflicto armado interno, de la violencia sociopolítica y de un escenario de postconflicto. En 2015 el Gobierno Nacional se encuentra en la fase de construcción del plan operativo de esta política pública orientada a la prevención de estas vulneraciones. En el desarrollo de la formulación de esta política pública, se han registrado los siguientes avances: Elaboración del diagnóstico que identifica varias hipótesis sobre las violaciones a los mencionados derechos, caracterización de sus causas y de la respuesta institucional en materia de prevención. Inclusión de cinco enfoques fundamentales: diferencial, territorial, de desarrollo humano, de derechos y de género. Definición de los ejes de la política pública de prevención de Violación de los Derechos a la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad.
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Ejes de la Política Pública de prevención de Violación de los Derechos a la Vida, Integridad, Libertad y Seguridad
Proceso de construcción de la política pública para garantizar la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística en Colombia Mediante un ejercicio participativo, liderado por el Ministerio del Interior, que contó con la colaboración activa de 20 entidades estatales, 23 organizaciones de la sociedad civil, una agremiación de medios de comunicación y ocho 5 universidades , se identificaron las principales 9 problemáticas que afrontan los periodistas en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión: Vulneraciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal por el ejercicio de la actividad periodística. Uso arbitrario, en algunos casos, de acciones penales por los delitos de injuria y calumnia y de otras acciones judiciales como mecanismo de presión contra las personas que ejercen la actividad periodística y falencias en la defensa jurídica a periodistas en el desarrollo de los procesos judiciales. 5.
Instituciones Entidades estatales: Fiscalía General de la Nación (FNG), Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Justicia y del Derecho, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Altas Cortes : Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Agencia Nacional del Espectro (ANE), Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), Unidad Nacional de Protección, Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación a las Víctimas, Secretaría de Transparencia, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, Centro de Memoria Histórica, Ministerio de Defensa Nacional, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio de Trabajo, Direcciones de Asuntos de Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palanqueras y Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Organizaciones de la sociedad civil: ANDIARIOS, Asociación de Comunicadores del Atlántico, ASORREDES (Antioquia), Asociación de Periodistas de Antioquia, Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC), Asociación de Periodistas Deportivos (ACORD) Colombia, Canal Afro. Com, Canal Salud TV, Círculo de Periodistas de Cali, Círculo de Periodistas de Antioquia, Círculo de Periodistas de Valledupar, Círculo de Periodistas de Montería, Colectivo de Comunicaciones del Pueblo Zenú, Comité Promotor de la Nueva Ley de Televisión, Corporación de Periodistas de Santander, Corporación Boyacense de Periodistas, Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundación Radio Diversia, Mesa Distrital de Bogotá, Red de Periodistas de Bolívar, Reporteros sin Fronteras y Karisma. Agremiación de medios: ASOMEDIOS. Universidades: Asociación de Facultades de Comunicación (AFACOM), Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás, Universidad del Tolima, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de los Andes (Centro de Estudios de Periodismo - CEPER), Universidad Externado de Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)..
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Deficiencias para la garantía del derecho a la justicia de las personas que ejercen la actividad periodística. Restricciones, en algunos casos, al acceso, cubrimiento y a la difusión de la información pública y/o de interés general. Déficit en la regulación normativa que limita la garantía del pluralismo, en el acceso, la creación, operación, y competencia efectiva de medios de comunicación. Condiciones desfavorables en la contratación de la publicidad oficial para los pequeños y medianos medios de comunicación. Condiciones de trabajo desfavorables y precarias para las personas que ejercen la actividad periodística. Insuficiente apropiación e implementación del enfoque de género en el ejercicio de la actividad periodística. Insuficientes medios de comunicación que garanticen la comunicación propia, el pluralismo, la diversidad étnica, cultural y regional de las comunidades étnicas, y deficiencias en la incorporación del enfoque diferencial étnico en los contenidos periodísticos. Con la información acopiada, el Ministerio del Interior elaboró el documento de diagnóstico de la política (julio de 2015), que se convirtió en la herramienta base para el diseño del marco programático, que en el 2016 servirá de hoja de ruta para implementar acciones que permitan eliminar las causas estructurales que impedirían el libre desarrollo del derecho a la libertad de expresión en Colombia.
La Ley Estatutaria 1757 de 2015 sobre participación ciudadana
Esta ley constituye un importante instrumento de protección del derecho fundamental a la participación ciudadana. Por una parte, dicta disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, por otra, crea el Consejo Nacional de Participación Ciudadana con presencia de sectores y poblaciones diversas que estará encargado de asesorar al Gobierno Nacional en la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana en Colombia.
OBJETO DE LA LEY Promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural del Estado, y el derecho a controlar el poder político. CONTENIDO DE LA LEY Participación social ante las corporaciones públicas de elección popular y el Congreso de la República. Crea incentivos simbólicos para la promoción de la participación ciudadana para quienes ejerzan el derecho. Crea el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia en el que se comprometen, entre otros, recursos del Presupuesto General de la Nación y aportes provenientes de la cooperación internacional. Establece derechos y responsabilidades tanto a los ciudadanos como a las autoridades públicas alrededor de las instancias de participación ciudadana.
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La protección como un mecanismo efectivo de prevención a las violaciones de los derechos humanos El programa de protección de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, único en el mundo, está dirigido a sectores 6 sociales que ejercen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos . Entre 2012 y 2015, la UNP ha implementado medidas de protección a cerca de 16 mil beneficiarios de diversos grupos poblacionales, sobre la base de los estudios de nivel de riesgo extraordinarios y/o extremos, ponderados por el Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y validados por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas (CERREM). Este programa ha presentado avances importantes desde su inicio, producto, entre otros, de la interlocución en torno a espacios como la Mesa Nacional de Garantías, que han permitido incorporar el enfoque diferencial en la elaboración de los estudios de nivel de riesgo y en las medidas. Se ha consolidado como un mecanismo de protección efectivo, que hoy requiere fortalecer su vínculo con los mecanismos de prevención existentes. Durante las elecciones regionales de octubre de 2015 la labor de la UNP fue fundamental dentro del Plan Democracia, al entregar 428 esquemas de seguridad a igual número de aspirantes a los cargos de elección popular en las elecciones más pacíficas que ha tenido el país en décadas. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 2012 - 2014 Y 2015 BENEFICIARIOS POBLACIÓN
2012 2013 2014 2015
Agencia Colombiana para la Reintegración Acuerdos de Paz, Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación Socialista, (...) Dirigentes o activistas políticos, especialmente de oposición
TOTAL BENEFICIARIOS EN EL CUATRIENIO
-
20
40
60
80
43
46
41
41
46
62
114
119
108
154
Dirigentes o activistas sindicales.
542
672
600
502
672
Unión Patriótica y del Partido Comunista
564
572
417
1.507
2.450
Dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos. ( Enfoque Diferencial)
179
352
455
420
661
1.006
133
89
59
1.006
77
116
119
169
261
2.448
3.170
4.889
4.805
7.162
464
621
712
625
786
-
23
8
6
23
648
1.074
1.531
1.283
1.918
Restitucion de tierras
541
561
470
Desplazados
533
970
813
598
-
413
475
9.638 9.998
15.694
Ex servidores públicos Periodistas y comunicadores sociales. Servidores públicos Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacion(...)
OTROS
351 TOTAL
6.384 7.511
Fuente: Unidadad Nacional de Protección. Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico (2012,2013 y 2014), Subdirección de Protección (2015).
6.
El programa de la UNP está dirigido a dirigentes de grupos políticos y de oposición, defensores de derechos humamos, sindicalistas, dirigentes o activistas de grupos gremiales, dirigentes o miembros de grupos étnicos, miembros de la misión médica, testigos o víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, periodistas o comunicadores sociales, servidores o ex servidores públicos con responsabilidad en derechos humanos, dirigentes de grupos armados desmovilizados entre 1994 y 1998, dirigentes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, apoderados de procesos judiciales por violaciones de derechos humanos y docentes.
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La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ha identificado los siguientes puntos para fortalecer las acciones de prevención dentro de este programa. La capacidad de investigación, procesamiento y sanción de los casos de amenazas, atentados y asesinatos de personas en situación de riesgo. La articulación con las entidades territoriales encargadas de los asuntos de seguridad y convivencia ciudadana. La realización del Mapa de Riesgo de poblaciones definido en el artículo 197 del Decreto 4800 de 2011 para conocer la naturaleza, dimensión y la localización de los grupos afectados por las amenazas y agresiones, de manera que sirva para adaptar la oferta de protección a los contextos locales. La construcción de un Sistema de Información del Programa de Protección, que esté articulado al Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, para superar los problemas de coordinación, gestión y rendición de cuentas. Las medidas diferenciadas para mujeres, víctimas del conflicto, reclamantes de tierras y grupos étnicos, así como el diseño y puesta en marcha de medidas colectivas para comunidades étnicas; estas medidas pueden ser ampliadas y ajustadas a las necesidades especiales de otras poblaciones. La articulación entre la UNP y las agencias estatales encargadas de la superación de la pobreza y de la atención de población socioeconómica vulnerable, y víctimas para fortalecer las capacidades de personas, grupos y comunidades.
Retos estratégicos Fortalecer los escenarios de interlocución democrática que el Gobierno ha abierto con diversas poblaciones y sectores con miras a potenciar sus capacidades organizacionales y dar respuesta efectiva a las agendas definidas. Implementar la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015, para fortalecer y optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Materializar el régimen de la oposición previsto en el artículo 112 de la Constitución Política, mediante el Estatuto de la Oposición Política, entendido como una consecuencia directa del valor del pluralismo y manifestación del derecho a la libertad de expresión. Consolidar tanto la política pública de prevención de violaciones a los derechos humanos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal, como la política para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen la actividad periodística.
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Con la protocolización del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas, Colombia avanza hacia su consolidación como país respetuoso y comprometido con los estándares internacionales que integran los derechos humanos en las actividades empresariales y se convierte así, en el primer país latinoamericano y no europeo en contar con una carta de navegación para la construcción y consolidación de la paz a nivel territorial. El proceso se remonta al año 2012 con la construcción de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, así como el capítulo posterior “Lineamientos para una política pública de derechos humanos y empresas”, el cual fue publicado en julio de 2014. Lo anterior contó con insumos obtenidos en 33 talleres territoriales con la participación de más de 19.000 líderes sociales y 9.000 organizaciones constituyéndose como línea base para la construcción del plan. A partir de estos lineamientos, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos –CPDDHH, se propuso realizar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas durante el año 2015. Se llevaron a cabo espacios de discusión para conocer las posturas y recomendaciones expresadas por los actores fundamentales: líderes sociales, representantes de empresas, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, centrales obreras, iniciativas multiactor y expertos internacionales. Con el fin de articular la construcción del borrador, se creó una Mesa Técnica liderada por la CPDDHH y conformada por: Defensoría del Pueblo Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Fundación Ideas para la Paz (Guías Colombia y Compromiso Ético Suizo) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Comité Minero Energético El pasado 27 de octubre se presentó el borrador del Plan en un taller que contó con la presencia de expertos internacionales quienes compartieron sus comentarios sobre el documento. Posteriormente, se realizaron rondas regionales en el Caribe, Llanos Orientales, Antioquia y sur occidente del país para identificar sugerencias al borrador y revisar el enfoque territorial. Durante el Foro Anual de Derechos Humanos y Empresas de las Naciones Unidas, realizado en Ginebra en noviembre del año en curso, se destacaron tanto la aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas a la realidad colombiana, en particular, al énfasis de construcción de paz, como la coherencia con las políticas trasversales del gobierno. De igual manera, se reconoció el liderazgo de Colombia como referente en el continente para la implementación de estos principios, y se destacó como el primer país latinoamericano en protocolizar un Plan Nacional de Acción con un alto compromiso del gobierno nacional en su implementación.
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Retos estratégicos La implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas se constituye en el principal reto para consolidar el proceso que se ha adelantado. Esta implementación será promovida por las entidades nacionales y territoriales, incluyendo las representaciones diplomáticas de Colombia en el exterior. El Plan contempla su ejecución progresiva durante tres años, tiempo en el cual será objeto de seguimiento por parte de las entidades que conforman el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Derechos Humanos y Empresas, y los actores relacionados con su formulación (gremios, academia, sociedad civil), los cuales serán convocados según los criterios establecidos por el grupo de trabajo. Abrirse a las experiencias internacionales ha sido esencial a la hora de construir el plan. Fueron consultados varios países europeos entre los que se encuentra Reino Unido, España, Holanda, Suecia y la delegación de la Unión Europea. Esta tarea fue coordinada con PNUD, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de Naciones Unidas, el Danish Institute of Human Rights, el London School of Economics, Icar, Sustentia, el Centro Vincular de Responsabilidad Social, entre otras organizaciones. La participación y la transparencia han sido herramientas de gran importancia para la formulación de este plan, esto nos permitió conocer y entender las necesidades e intereses de los distintos actores de manera que la apropiación de esta temática en el país no sea solo de una o varias entidades de gobierno, sino que involucre a todas las partes.
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10.727 pilos de 772 municipios del país son los estudiantes beneficiarios del programa “Ser Pilo paga” DERECHO A LA EDUCACIÓN Acceso, Calidad y Pertinencia en Educación Superior: Es uno de los programas bandera del Gobierno Nacional que busca llegar a los mejores estudiantes de escasos recursos para becarlos en la universidad que escojan. Se considera una “Revolución Educativa” puesto que la educación es la herramienta de equidad por excelencia. La convocatoria inició en el segundo semestre del 2014 en alianza con 33 Instituciones de Educación Superior -IESacreditadas en Alta Calidad. Durante el primer semestre de 2015 se beneficiaron 10.727 jóvenes que accedieron al sistema de educación superior en las mejores IES del país, en 772 municipios. Al finalizar el año, durante la segunda fase del programa, se beneficiarán 11.000 jóvenes. Adicionalmente el Ministerio de Educación impulsa otros programas que son fundamentales para la garantía del derecho a la educación, como por ejemplo:
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Excelencia docente Docentes con formación a nivel de posgrados
Es una estrategia que otorga créditos-beca condonables en un 100% para realizar maestrías que fortalezcan la calidad de la educación. Se lanzó el plan de becas para la formación en maestría de 3.000 docentes de 290 colegios. A mayo de 2015, el 31,63% de los docentes oficiales de educación preescolar, básica y media cuentan con formación de posgrado, superior a lo reportado en 2014, cuando se ubicó en el 29,4%.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional
Así mismo, se han beneficiado 442 docentes y aspirantes docentes para mejorar su nivel de formación a nivel de posgrado.
Jornada Única A partir de octubre de 2014, el Gobierno Nacional viene implementando la jornada única en la educación básica y media. Así, se amplió la jornada escolar diaria de los estudiantes, de cinco a ocho horas, con el propósito de mejorar sus resultados académicos en áreas claves de formación. A mayo de 2015, se ha implementado esta estrategia en 164 establecimientos educativos, beneficiando cerca de 1´000.000 de estudiantes.
Analfabetismo Tasa analfabetismo
Durante el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2014, la tasa de analfabetismo se redujo a 5,80%, avance importante para dismunirla por debajo del 3,8%. Para ello, el Programa de Alfabetización y Educación de Adultos que busca aunar esfuerzos con los sectores privado, solidario y la cooperación internacional, ha realizado en los últimos años inversiones superiores a los $60 mil millones de pesos para garantizar la atención educativa a los jóvenes en extra-edad y adultos iletrados del país. A mayo de 2015 se alfabetizaron 50.732 de una meta anual de 121.387. Igualmente se declararon 15 entidades territoriales como Territorios Libres de Analfabetismo.
Fuente: Sinergia DNP
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Atención educativa a grupos étnicos
Retos estratégicos Teniendo en cuenta que Colombia se ha trazado el objetivo de ser en 10 años el país más educado de América Latina, uno de los principales retos está encaminado a alcanzar en el 2018 una tasa de cobertura bruta en educación superior al 60%. El Gobierno Nacional tiene como reto con el programa “Ser Pilo Paga” beneficiar a 40.000 estudiantes del país con menores recursos económicos, para acceder a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad. El Gobierno Nacional tiene como reto con el programa “Docente con Excelencia” alcanzar en el 2016 una cobertura del 33.0%, en el 2017 una cobertura del 36.6% y en el 2018 una cobertura del 38.0%, beneficiando así a 3000 docentes de diferentes Instituciones Educativas. El Gobierno Nacional tiene proyectado en la estrategia “Jornada Única” alcanzar un 9% en el 2016, 20% en el 2017 y un 30 % de estudiantes en 2018, tarea que implica continuar las inversiones en el sector de infraestructura educativa y formación docente.
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Colombia expide en el 2015 la primera Ley Estatutaria de un derecho social fundamental.
DERECHO A LA SALUD El Gobierno colombiano reitera su compromiso con la garantía del derecho a la salud con la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
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Acceso a la seguridad social en salud: hacia la universalización En la actualidad la cobertura en salud se acerca a la universalización (97%). Existen 21’267.181 afiliados en el régimen contributivo, 23’224.765 en el régimen subsidiado y se estima que existen 2’402.307 afiliados bajo el régimen de excepción. Se destaca: En 5 años se ha incrementado la cobertura casi en un 10 %. Solo falta el 3% para alcanzar la universalización de la salud. En promedio se afiliaron un millón de ciudadanos al sistema de salud al año desde 2010.
Prima de aseguramiento: reconocimiento territorial, poblacional y diferencial Con el fin de reconocer las diferencias y necesidades territoriales y poblacionales, para la vigencia 2014-2015 se realizaron incrementos especiales a las Unidades de Pago por Capitación –UPC-, lo cual es el valor que reconoce el sistema a cada Empresa Prestadora de Salud para garantizar la prestación de los servicios. Para este periodo se destaca:
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Garantía del derecho a la atención en salud física, mental y psicosocial a víctimas El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas –PAPSIVI- atiende los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado. Durante el periodo 2014-2015 se destacan los siguientes avances:
Salud materno-infantil Existen tres grandes avances en salud materno infantil: 1. La sistemática reducción de la mortalidad infantil, al pasar de 20.4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2005 a 17,2 en el año 2013. Colombia cumplirá con la meta Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- 2015 (16,7%). Igualmente, el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales ha venido creciendo de 80,9% en 2005 a 87.9% en 2014. 2. El porcentaje de partos institucionales hoy en día es de 98,6%, sobrepasando la meta establecida por los ODM 2015 (95,0%). 3. El indicador de porcentaje de partos atendidos por personal calificado pasó de 96,6% en 2005 a 98.7% en 2013, ubicándose también por encima de la meta ODM 2015 (95,0%).
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Avances de los ODM 2015 en salud
Lo anterior muestra un panorama favorable en el país para asumir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de este año en relación con el objetivo 3 de salud y bienestar.
Suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato En 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes adoptó la recomendación del Ministerio de Salud sobre la suspensión de las fumigaciones/aspersiones con glifosato para la eliminación de los cultivos ilícitos, en respuesta a la clasificación, de este herbicida como “probablemente carcinogénico para humanos” y la obligación de aplicar el principio de precaución ante la incertidumbre científica sobre los posibles efectos dañinos de la sustancia.
Retos estratégicos Implementar y hacer sostenible la Ley Estatutaria es un reto del sector salud Alcanzar la universalización de la cobertura en salud teniendo en cuenta la equidad en el acceso, y un modelo que sea más cercano a la gente, con mayor oportunidad y calidad. Avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con el objetivo 3 de salud y bienestar. Cerrar las brechas entre regiones y grupos socioeconómicos más vulnerables, facilitando la afiliación en el modelo de salud rural. Reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable a través de estrategias de prevención de las enfermedades no transmisibles, alimentación sana, promoción de hábitos de vida saludable, disminución del consumo de tabaco y alcohol.
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INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
El Programa de Viviendas de Interés Social iniciadas durante el periodo 2010- 2015 ha beneficiado más de 4.3 millones de colombianos con una vivienda nueva.
DERECHO A LA VIVIENDA Programa de vivienda gratuita Objetivos Generación efectiva de soluciones habitacionales para la población con mayor vulnerabilidad. Goce efectivo del derecho a la vivienda a través de: Seguridad Jurídica Espacio Suficiente Materiales adecuados Ubicación segura Acceso a servicios públicos domiciliarios
Logros 80.428
Subsidios familiares de vivienda 100% en especie
100.000
Viviendas entregadas
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Estado del programa
100 mil
250
1.500
29
98.500
265
viviendas contratadas
viviendas en ejecución
viviendas terminadas
municipios beneficiados
departamentos
proyectos
Fecha de corte: 10 de noviembre de 2015
Subsidios Familiares de Vivienda 100% en especie
47
48
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Programa de Viviendas de Interés Social Construcción de viviendas Periodo: agosto 2010 - junio 2015
En el período agosto de 2010 y junio de 2015, se inició la construcción de 1’090.158 viviendas en todo el país, beneficiando más de 4.3 millones de colombianos, con una vivienda nueva. El 46% corresponden a viviendas distintas de interés social, mientras el 54% de esas unidades son viviendas de interés social urbanas y rurales, proporción que creció en un 8% durante el último año. Cabe resaltar que este aumento en la escala de producción de vivienda hizo de la construcción el sector que ha liderado el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años. Al segundo trimestre de 2015 el sector constructor creció a una tasa de 8,7% anual, manteniéndolo como uno de los sectores líderes.
Fuente: Ministerio de Vivienda
Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA Objetivos Beneficia a trabajadores formales afiliados a una Caja de Compensación Familiar: Trabajadores independientes o informales que demuestren ingresos hasta de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que no sean propietarios de una solución de vivienda en el territorio nacional. Que no hayan sido beneficiarios de subsidios familiares de vivienda, ni de cobertura de tasa de interés y que cuenten con un ahorro mínimo.
Logros 10.507
Subsidios familiares de vivienda Con corte al 30 de septiembre de 2015
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Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social - “MI CASA YA” Objetivos Beneficia a los hogares otorgándoles la cobertura de 4 puntos sobre la tasa de interés del crédito de vivienda obtenido con un establecimiento de crédito o con el Fondo Nacional del Ahorro, y un subsidio familiar de vivienda, de acuerdo con el rango de ingresos del hogar, así: 20 SMMLV a hogares con ingresos superiores a 2 y hasta de 3 SMLMV 12 SMMLV a hogares con ingresos superiores a 3 y hasta de 4 SMMLV.
Logros 193
Subsidios familiares de vivienda Con corte a 2 de octubre de 2015
11.029
Hogares habilitados para ser beneficiarios
Retos estratégicos Articulación de las entidades del orden nacional para lograr nuevos programas de vivienda integrales que permitan la continuidad de la dinámica de la construcción de vivienda social en el país, con apoyo de acceso a los hogares más vulnerables. Cofinanciación, con recursos del Gobierno Nacional en todo el territorio, en la construcción de vivienda para que 450 mil familias dejen de pagar arriendo y cumplan el sueño de tener casa propia.
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5 millones de personas tuvieron acceso por primera vez al goce del derecho al agua potable y 5.2 millones al servicio de alcantarillado y saneamiento básico. DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
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Programa de abastecimiento de agua y manejo de agua residuales en zonas rurales En el año 2015, se han destinado recursos por valor de $ 109.837 millones, para el financiamiento de 45 proyectos de abastecimiento de agua y/o manejo de aguas residuales. 7
Los proyectos fueron realizados en 17 departamentos con los cuales se beneficiaran más de 100.000 habitantes con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, comunidades indígenas, municipios en zonas de consolidación, fronteras y comunidades afro descendientes. Es de rescatar que ello evita vertimientos directos a cuerpos de aguas, mejorando las condiciones de hábitat, ambientales y sanitarias. Lo anterior teniendo en cuenta las tres características del derecho al agua, a saber: disponibilidad, accesibilidad y calidad.
Logros Cobertura al 100% en sistemas de abastecimiento de agua y/o manejo de aguas residuales. Suministro de agua potable. Continuidad en la prestación de los sistemas.
Retos estratégicos Universalización de los servicios de agua potable y saneamiento básico, especialmente en actividades complementarias que tienen bajas coberturas como plantas de tratamiento de agua residual, plantas de tratamiento de agua potable, embalses multipropósito, estaciones de transferencia y rellenos sanitarios regionales, entre otros. Reducción de las inequidades entre áreas urbanas y rurales.
7.
Los departamentos beneficiados son Antioquia, Atlántico, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander y Tolima.
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Entre 2010 y el 2015 se incorporaron 4,3 millones de hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con la declaración de Parques Naturales Nacionales y Parques Naturales Regionales. EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Avances destacados en programas de conservación y uso sostenible
8.
Sitio Ramsar tiene como objeto la conservación y uso racional de los humedales, que permita mantener las características ecológicas y el recurso natural, como parte del hábitat de algunas especies animales.
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Avance en el desarrollo sostenible y biodiversidad Porcentaje de avance en desarrollo sostenible y biodiversidad
Fuente: Departamento Nacional de Planeación
Los logros obtenidos han permitido dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM. En cuanto al consumo de sustancias nocivas para la capa de ozono y la proporción de áreas protegidas por el Sistema de Parques Nacionales Naturales –SPNN- se cumplió el 100% de los objetivos establecidos. Por su parte en las superficies reforestadas se refleja un nivel de avance del 95%, y en los planes de manejo de áreas protegidas un 79%, panorama favorable para asumir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular, el relacionado con la acción climática.
Retos estratégicos Es necesario hacer sostenible la Estrategia de Crecimiento Verde que ha planteado objetivos de mediano plazo, cuya implementación a su vez permite avanzar en el logro de los ODS en relación con: El crecimiento sostenible y bajo en carbono. El uso sostenible del capital natural y de la gobernanza ambiental. El crecimiento resiliente y reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio climático. Un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación ambiental, territorial y sectorial.
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Por cuarto año consecutivo se alcanza una tasa de desempleo de un dígito
DERECHO DE LOS TRABAJADORES Mediante la implementación de los siguientes pactos, el Gobierno Nacional ha incorporado como principio el “Trabajo Decente”, que corresponde a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Pacto por el Empleo como Servicio Público
Variación % Tasa de desempleo
Este pacto tiene como propósito contar con mercados laborales sólidos y adaptables que promuevan la inclusión, permitiendo así el desarrollo económico y social de las regiones en mejores condiciones de equidad. Se destaca que la tasa de desempleo para septiembre de 2015 fue de 9%, comportamiento que obedeció a la dinámica de generación de empleo en las trece principales ciudades o áreas metropolitanas. Hubo 22 millones de personas ocupadas, 139 mil más comparado con el mismo mes del año anterior.
Fuente: Ministerio de Trabajo y DANE
Cabe destacar que en el quinquenio analizado se ha visto una reducción de la tasa de desempleo en un 2,8%.
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Avances destacados Entre 2014 y 2015, la ocupación de jóvenes creció en 66 mil nuevos ocupados. Mediante la Resolución 347 del 6 de febrero de 2015 se creó el programa “40 Mil Primeros Empleos”, como un mecanismo para mejorar la empleabilidad de la población entre 18 y 28 años de edad. El Programa de formación para el trabajo dirigido a jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia – TransFórmate, entre finales de 2014 y septiembre de 2015, ha beneficiado en total a 4.483 jóvenes víctimas del conflicto armado.
Pacto por la Erradicación del Trabajo Infantil Variación % Tasa Trabajo Infantil y Proyección para el cuatrenio
Desde el año 2011 la tasa de trabajo infantil ha disminuido 3,7%. La meta para el 2018 es llegar al 7,9%, con lo cual habría una disminución de más del 5%. Se destacan algunas acciones que han aportado en la reducción significativa de esta tasa: Convenio de cooperación de 9 millones de dólares con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para implementar el Programa de Erradicación de Trabajo Infantil en el Sector Minero. Plan de acción de cooperación con Ecuador para la erradicación del trabajo infantil, la protección de los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y la creación de la Comisión Técnica de Lucha contra la Minería Ilegal.
Fuente: Ministerio de Trabajo
Creación de la Red colombiana de empresas contra el trabajo infantil que reúne a 34 empresas.
Pacto por la Calidad del Trabajo y las Empresas Productivas Se destacan los siguientes avances: Inclusión en el PND en su artículo 75 la obligación de impulsar programas con enfoque territorial que fortalezcan el diálogo social y la concertación laboral. Construcción colectiva del Decreto “Mesa Permanente de Concertación con las Centrales Sindicales CUT, CGT, CTC y FECODE para la reparación colectiva al movimiento sindical”. Creación e implementación de la ruta y protocolo de atención a víctimas de acoso laboral. Realización de una campaña contra la trata de personas y las ofertas laborales fraudulentas, y celebración de un convenio para la lucha contra esta problemática con la Organización Internacional para las Migraciones -OIM-.
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INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
Pacto por la Formalización
Variación % Tasa de informalidad
Promueve el acceso a la seguridad social de grupos de población que históricamente no se han afiliado al Sistema. Durante los últimos cinco años la tasa de informalidad ha disminuido 19,5%. Este comportamiento responde en gran medida a la formalización laboral de más de 200 mil trabajadores a tiempo parcial, domésticos, taxistas y madres comunitarias. Avances destacados: Se expidió el Decreto 1047 de 2014 que define las condiciones para la seguridad social de conductores de taxi. En 2015 se contará con un total de 43 proyectos de formalización, que beneficiarán a más de 4.000 trabajadores.
Fuente: Ministerio de Trabajo, DANE
Se impulsó la afiliación a Cajas de Compensación Familiar de los empleados del servicio doméstico. Entre 2014 y 2015 la “Alianza para el reciclaje inclusivo”, ha promovido la formalización de los recicladores de oficio a nivel nacional ampliando la cobertura en seguridad social.
Pacto por la Protección de la Vejez Proporción régimen pensional, corte Julio 2015
Se compone de un conjunto de factores que garantizan el goce efectivo de derechos del adulto mayor, estas variables pueden ser medidas a través del sistema general de pensiones desagregado de acuerdo al régimen pensional. A marzo de 2015, el porcentaje de los pensionados del Régimen de Prima Media, que es la mayor participación en el número total de pensionados, mostró un incremento de 3,48% correspondiente a 55.963 nuevos pensionados. Igualmente, el Régimen de Ahorro Individual aumentó en 13.17% equivalente a 10.775 nuevos pensionados con relación al 31 de marzo de 2014. Finalmente, es de resaltar que la afiliación al Sistema General de Pensiones se incrementó en 2.28% entre julio de 2014 y julio de 2015. Avances destacados: Se adoptaron medidas para que los cónyuges o compañeros permanentes accedan a pensión familiar.
Fuente: Ministerio de Trabajo
Se está implementando el programa de subsidio económico para los adultos mayores que se encuentren en estado de extrema pobreza o habiten en la calles.
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Retos estratégicos Reducir durante el cuatrienio la tasa de trabajo infantil a 7.9%. Evitar y sancionar todos los tipos de discriminación en el empleo, en especial la discriminación y desigualdad de género. Crear empleos decentes y lograr el objetivo de los 40.000 empleos. Prevenir y sancionar el uso indebido de la tercerización laboral. Prevenir y sancionar cualquier acción que vulnere la libertad sindical.
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Colombia es reconocido internacionalmente como el único país que ha empezado el Decenio Internacional para los Afrodescendientes con actividades relacionadas a la política.
DERECHOS CULTURALES El 2015 da inicio al Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que se celebrará hasta 2024, proclamado por la Resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Objetivos Promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes. Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durbán y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Avances en el marco de la conmemoración del decenio: El Ministerio del Interior llevó a cabo “La hora contra el racismo” a través de una movilización social y actos simbólicos. Durante la jornada se planeó el toque de tambores en plazas públicas y expresiones artísticas en 32 ciudades del país; con participación de instituciones educativas, entidades públicas y privadas, sociedad civil y organismos internacionales. La Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, impulsa la realización de actividades en las regiones del país enmarcadas en la estrategia “El Decenio Afro en las Regiones” con el fin de propiciar reflexiones políticas y culturales en torno a los 3 ejes focales del Decenio: reconocimiento, justicia y desarrollo.
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Programas de Fortalecimiento Cultural
Logros El país cuenta con: 11 Consejos Nacionales activos, 154 Consejos Departamentales y Distritales de Cultura, 917 Consejos Municipales de Cultura, 11.200 consejos elegidos en el país de las diferentes áreas artísticas y culturales. Actualmente se cuenta con 133 proyectos de infraestructura cultural (construcción, rehabilitación, estudios o dotación), que se construyen o se encuentran en construcción, en 29 de los 32 departamentos del país, para bibliotecas, casas de la cultura, teatros, salas de música y danza, entre otros. Fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, como una apuesta de la equidad. A través de estos programas, los ciudadanos de todo el territorio nacional pueden encontrar apoyo para el desarrollo de proyectos de interés público que desarrollen procesos artísticos y culturales. En total para 2015 están asignados 3280.
Retos estratégicos Fomentar el emprendimiento cultural generando más oportunidades para el desarrollo. Fortalecer los procesos musicales para la convivencia y la reconciliación. Fortalecer al sector cinematográfico.
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Es deber del Estado garantizar la investigación, la judicialización y la condena frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Para este fin, tanto la justicia ordinaria, es decir, la Ley 600 de 2000, la Ley 906 de 2004, como la transicional, que para efectos de este documento se abordará desde la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, manejan procedimientos penales para garantizar la verdad, la justicia y la reparación. En lo sucesivo se revisará el comportamiento procesal en los delitos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento ilícito y amenazas en la población, para concluir sobre la efectividad de la justicia.
DESPLAZAMIENTO FORZADO Ley 975 de 2005 (agosto 2015)
Ley 600 de 2000 (2000 - junio 2015)
Ley 906 de 2004 (2005 - junio 2015)
Hechos confesados
17.914
Número de investigaciones
37.048
Número de investigaciones
34.330
Hechos condenados
7.745
Investigaciones en trámite
28.826
Investigaciones en trámite
33.219
Efectividad*
43%
Resoluciones inhibitorias
8.092
Archivos
364
Resoluciones de preclusión
89
Decisiones de preclusión
6
Resoluciones de acusación
41
Decisiones de acusación
741
Efectividad**
0,4%
Efectividad**
2,18%
Sentencias
332
Sentencias
89
Fuente: elaboración propia con la información del Sistema de Investigación Judicial de la Fiscalía, Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, Sistema Penal Oral y Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, el Boletín Estadístico de Justicia Transicional de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, y el Informe Consolidado de las Salas de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla. *Para el porcentaje efectividad en la Ley 975 de 2005, se tienen en cuenta los hechos confesados sobre los hechos condenados. **Para el porcentaje de efectividad en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se tiene en cuenta la suma de las variables de resoluciones/decisiones de preclusión y acusación sobre el número de investigaciones.
9
Desde el punto de vista procesal del trámite, se observa que el porcentaje de operatividad funcional de avance o de capacidad para adelantar las investigaciones o denuncias formuladas, influye en el acceso real a la justicia por parte de las víctimas, pues si bien pueden poner en conocimiento de las autoridades este tipo de hechos, los mismos no son resueltos con la prontitud esperada. El número de procesos que registran ingreso al sistema de la Rama Judicial es superior al número de resoluciones de acusación emitidas bajo la Ley 600 de 2000.
9.
Resoluciones de Preclusión y Acusaciones.
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DESAPARICIÓN FORZADA Ley 975 de 2005 (agosto 2015)
Ley 600 de 2000 (2000 - junio 2015)
Ley 906 de 2004 (2005 - junio 2015)
Hechos confesados
7.020
Número de investigaciones
26.622
Número de investigaciones
32.630
Hechos condenados
1.738
Investigaciones en trámite
15.938
Investigaciones en trámite
32.169
Efectividad*
25%
Resoluciones inhibitorias
10.587
Archivos
159
Resoluciones de preclusión
66
Decisiones de preclusión
10
Resoluciones de acusación
31
Decisiones de acusación
292
Efectividad**
0,4%
Efectividad**
1%
Fuente: Elaboración propia con la información del Sistema de Investigación Judicial de la Fiscalía, Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, Sistema Penal Oral y Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, el Boletín Estadístico de Justicia Transicional de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, y el Informe Consolidado de las Salas de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla. *Para el porcentaje efectividad en la Ley 975 de 2005, se tienen en cuenta los hechos confesados sobre los hechos condenados. **Para el porcentaje de efectividad en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se tiene en cuenta la suma de las variables de resoluciones/decisiones de preclusión y acusación sobre el número de investigaciones.
EJE TEMÁTICO DESAPARICIÓN FORZADA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO Ley 600 de 2000 (2000 - junio 2015)
Ley 906 de 2004 (2005 - junio 2015)
Número de investigaciones
22.285
Número de investigaciones
14.333
Investigaciones en trámite
21.046
Investigaciones en trámite
11.382
Resoluciones inhibitorias Resoluciones de preclusión
878
Archivos
2837
198
Decisiones de preclusión
16
Resoluciones de acusación
163
Decisiones de acusación
98
Efectividad**
1,6%
Efectividad**
1%
Sentencias
493
Sentencias
136
Fuente: Elaboración propia con la información del Sistema de Investigación Judicial de la Fiscalía y del Sistema Penal Oral y Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. **Para el porcentaje de efectividad en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se tiene en cuenta la suma de las variables de resoluciones/decisiones de preclusión y acusación sobre el número de investigaciones.
La efectividad es mayor por los resultados obtenidos a través de Justicia y Paz, pues en dicha ley los postulados han confesado 7.020 hechos de desaparición forzada que representan el 11% de todas las denuncias radicadas por este delito.
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RECLUTAMIENTO ILÍCITO Ley 975 de 2005 (agosto 2015)
Ley 600 de 2000 (2000 - junio 2015)
Ley 906 de 2004 (2005 - junio 2015)
Hechos confesados
2.575
Número de investigaciones
1.333
Número de investigaciones
4.120
Hechos condenados
1.373
Investigaciones en trámite
1.035
Investigaciones en trámite
4.051
Efectividad*
53%
Resoluciones inhibitorias
255
Archivos
29
Resoluciones de preclusión
21
Decisiones de preclusión
8
Resoluciones de acusación
22
Decisiones de acusación
32
Efectividad**
3%
Efectividad**
1%
Fuente: Elaboración propia con la información del Sistema de Investigación Judicial de la Fiscalía, Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, Sistema Penal Oral y Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación, el Boletín Estadístico de Justicia Transicional de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, y el Informe Consolidado de las Salas de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla. *Para el porcentaje efectividad en la Ley 975 de 2005, se tienen en cuenta los hechos confesados sobre los hechos condenados. **Para el porcentaje de efectividad en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se tiene en cuenta la suma de las variables de resoluciones/decisiones de preclusión y acusación sobre el número de investigaciones.
La anterior revisión muestra que si bien es mayor el número de investigaciones que se radica en la justicia ordinaria, frente a los hechos confesados en la Ley 975 de 2005, este último es más efectivo al registrar un 53%, que corresponde a 1.373 hechos con condena.
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AMENAZAS Ley 975 de 2005 (agosto 2015) Hechos condenados
Ley 600 de 2000 (2000 - junio 2015)
45
Ley 906 de 2004 (2005 - junio 2015)
Número de investigaciones
362
Número de investigaciones
757
Investigaciones en trámite
77
Investigaciones en trámite
532
Resoluciones inhibitorias
266
Archivos
225
Resoluciones de preclusión
16
Decisiones de preclusión
1
Resoluciones de acusación
3
Decisiones de acusación
2
Efectividad**
5%
Efectividad**
0,4%
Fuente: Elaboración propia con la información del Sistema de Investigación Judicial de la Fiscalía, Sistema de Información Estadístico de la Rama Judicial, Sistema Penal Oral y Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación y el Boletín Estadístico de Justicia Transicional de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional. **Para el porcentaje de efectividad en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, se tiene en cuenta la suma de las variables de resoluciones/decisiones de preclusión y acusación sobre el número de investigaciones.
En justicia ordinaria la mayoría de decisiones adoptadas se quedan en etapa preliminar con decisiones inhibitorias, con lo cual las investigaciones que llegan a etapa de investigación son mínimas. En este último caso, en la Ley 600 de 2000 la cifra de efectividad es 5% y en la Ley 906 de 2004 esta cifra disminuye a un 0.4%. Es preciso destacar que si bien este análisis no cuenta con información de hechos confesados en la Ley 975, si se considera que en sus 10 años de vigencia se ha emitido sentencia contra Ramiro Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”, comandante general del Bloque Mineros de las AUC, por 45 hechos, cifra superior a las 5 acusaciones proferidas en justicia ordinaria.
INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
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Acciones destacadas en justicia y paz Ante la necesidad de agotar las etapas procesales respecto de los máximos responsables y comandantes de macro estructuras criminales, la Fiscalía General de la Nación implementó medidas administrativas y judiciales para descongestionar el proceso de justicia transicional. De esta manera, se estructuró el Plan de Priorización de la Dirección de Justicia Transicional que inició con la prelación a 16 máximos responsables de los grupos de autodefensas y subversión (priorización 2013), y continuó dando prevalencia a 14 microestructuras criminales (priorización 2014).
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN OBJETIVOS
SUBJETIVOS
Grado de afectación generado por las conductas.
Condiciones especiales de vulnerabilidad de las víctimas.
Sistematicidad y generalidad de las acciones delictivas.
Persecución de los máximos responsables.
Alto número de víctimas. Disminución de los niveles de impunidad. Identificación de cinco patrones de macro criminalidad. Construcción de contextos y las buenas prácticas investigativas alcanzadas.
Resultados de la aplicación del Plan de Priorización: POSTULADO
BLOQUEO/CARGO
No. HECHOS No. VÍCTIMAS
No. POSTULADOS CONDENADOS
ESTADO
No. Luis Eduardo Cifuentes Alias “ El Aguila”
Ex jefe Bloque Cundinamarca de las AUC.
245
280
5
Sentencia del 1/09/2014. Apelada.
Salvatore Mancuso Gómez
Ex jefe Bloques Catatumbo, Cordoba y Norte de las AUC
1426
8347
12
Sentencia 20/11/2014 Apelada.
Ex jefe Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá
363
788
24
Sentencia 16/11/2014
Arnubo Triana Mahecha Alias “ Botalon”
El trámite procesal sigue avanzando en relación con los postulados que no se encuentran en el plan de priorización, de esta manera se han escuchado en versión libre a 1.336 postulados, se han formulado cargos a 339, se encuentran en audiencia concentrada 424, se han iniciado 59 incidentes de reparación integral y se han finalizado 31.
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INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2015
En materia de sentencias condenatorias se han emitido por parte de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales 10 Superiores de Bogotá, Medellín y Barranquilla, 34 providencias , se han condenado a 135 postulados, de los cuales 16 son representantes y máximos comandantes, 63 son comandantes de bloque o frente y 56 son patrulleros; se han recocido 29.765 víctimas y 19.050 conductas punibles.
Reciprocidad entre la justicia ordinaria y la ley de justicia y paz Los hechos confesados bajo la Ley de Justicia Paz inciden directamente en las investigaciones que cursan en justica ordinaria, permitiendo: 1. Identificar la participación de integrantes de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, comerciantes y/o civiles e integrantes de la política nacional para que sean investigados, juzgados y sancionados y, de esta manera contribuyan en la lucha contra la impunidad. 2. Identificar los acuerdos que se realizaron entre estas personas y los grupos armados al margen de la ley, que permitieron obtener beneficios económicos, garantías de seguridad, alianzas políticas, etc., o de quienes conocieron y/o participaron en estos hechos, todo ello, para desarticular organizaciones creadas para tal fin. 11
En este sentido, se han compulsado un total de 15.591 copias a otras unidades delegadas de la Fiscalía General de la Nación, de las cuales, 1.298 fueron contra políticos (alcaldes, concejales, representantes a la cámara, senadores, gobernadores y diputados), 1.212 contra miembros de las Fuerzas Armadas y 13.082, que corresponden a otros casos.
Retos estratégicos Justicia ordinaria Fortalecer la infraestructura necesaria para administrar y asegurar la accesibilidad de los servicios del sistema de justicia en aquellas regiones y grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. Articular y fortalecer el trabajo del ente investigador con la Judicatura en pro de una justicia efectiva frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales.
Justicia transicional Fortalecer con recursos de funcionamiento y económicos la jurisdicción, con el fin de mejorar la efectividad en la emisión de las sentencias judiciales.
10. Reporte presentado por la relatoría de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior. Agosto. 2015. 11. Informe Unidad de Justicia Transicional. Fiscalia General de la Nación. 31 de julio de 2015.
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Avances de acceso a la justicia Para acercar la justicia al ciudadano en el territorio nacional se han creado escenarios de articulación interinstitucional con el fin de brindar servicios de acceso a la justicia y solución amigable de conflictos. Se destacan los siguientes:
Casas de justicia 103 casas de justicia ubicadas en 28 departamentos y en 87 municipios. Entre el 2012 y el 2015 se alcanzó un crecimiento del 58%, atendiendo a 1.015.316 personas.
Centros de conciliación y/o arbitraje 356 centros de conciliación y/o arbitraje autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, y 118 entidades avaladas.
Centros de Convivencia Ciudadana Existen 33 Centros de Convivencia Ciudadana en operación, ubicados en 18 departamentos y en 33 municipios. En el primer semestre del año en curso se registró un total de 284.311 ciudadanos orientados.
Acceso a la justicia y a la reparación para mujeres víctimas de la violencia sexual Logrando así, que 998 mujeres hayan participado de esta estrategia, de las cuales se recibieron 934 denuncias y 881 declaraciones.
Fuente: Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la Nación
Centro de Atención Integral para Víctimas CAPIV - Fiscalía General de la Nación 4 CAPIV (Bogotá, Tumaco-
Nariño, Buenaventura (Valle) y Barrancabermeja (Santander).
Estrategia móvil de acceso a la justicia para las víctimas del conflicto Esta estrategia ha llegado a 24 departamentos, 196 municipios, se han atendido a 39.935 víctimas.
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Estrategia interinstitucional de lucha contra la impunidad de casos de VBG en el marco del conflicto armado y atención integral a las víctimas Desde el 2012 se han intervenido ocho (8) entidades territoriales con la participación de más de 70 autoridades del nivel local, en los que se han construido planes de trabajo que contienen 159 compromisos y recomendaciones.
Resultado 2012-2015 Capacitación a 564 funcionarios públicos. Participación de 180 mujeres víctimas y lideresas. Incidencia en 6 entidades territoriales para la continuidad de los procesos.
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Jóvenes 12
A partir de 2014 el Gobierno Nacional desarrolló diversos avances normativos con el fin de fortalecer el rol de los jóvenes en la agenda pública. Si bien aún persisten brechas que superar, esta población ha sido beneficiada con mayor cobertura educativa y acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. En general, han sido receptores de mayor oferta estatal para la atención de sus necesidades, lo cual responderá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2015, en particular al referido a garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades. GESTIÓN DE COLOMBIA JOVEN DURANTE 2014-2015 1. Promoción de la Política Pública de Juventud en la nación y el territorio.
2. Fomento de la participación de los jóvenes en los difrerentes espacios institucionales.
3. Articulación de la oferta pública institucional en materia de la juventud.
4. Promoción de oportunidades socioeconómicas para la juventud.
5. Consolidación del Sistema de Información y de gestión de conocimiento
Con el propósito de reafirmar su compromiso de interlocución con esta población, el 12 de agosto de 2015, Día Internacional de la Juventud, el Señor Presidente de la República invitó a 100 jóvenes de diversas regiones y sectores académicos, sociales y políticos del país a la Casa de Nariño con el propósito de sostener un diálogo abierto en torno al proceso de paz. La Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, consolidó un espacio de articulación de jóvenes por la paz que en la actualidad cuenta con más de 20 organizaciones juveniles activas en una permanente comunicación en torno a la construcción de la paz territorial.
Entendiendo que la garantía de los derechos de esta población requiere ampliar la oferta institucional en diversos frentes, se implementó y fortaleció el Portal SÍ JOVEN. Esta herramienta facilita el acceso de los 12.7 millones de jóvenes en Colombia a la información sobre oportunidades gubernamentales y no gubernamentales.
En 2014 el portal contaba con 193 ofertas vigentes (107 públicas, 35 privadas y 51 de carácter internacional), 449.727 visitantes únicos y la generación de una aplicación para la difusión de la oferta a través de sistemas móviles. En lo corrido del 2015, ya se han reportado 65 nuevas oportunidades del orden gubernamental.
12. (i) Creación de la Comisión Accidental para la Juventud, tanto en la Cámara de Representantes (Resolución 2285 de 2014), como en el Senado de la República (Resolución 007 del 2 de septiembre de 2014). (ii)Creación de la Comisión Legal de Juventud, la cual ha sido incluida en el Proyecto de Ley 169 del 2015 Senado “por la cual se modifica y adiciona la Ley 5ª de 1992, se reglamenta el artículo 141 de la Ley 1151 de 2007 y se dictan otras disposiciones”, y (ii) en 2015 se adelantaron las gestiones para la radicación el 29 de julio del Proyecto de Ley por el cual se reglamenta la ley 1622 del 2013 estatuto de ciudadanía juvenil, en lo referente a elecciones de consejos de juventud, al sistema electoral y sistema de escrutinio de las elecciones de consejos de juventud.
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Oferta vigente Portal SÍ JOVEN En septiembre de 2015, se realizó en Bogotá la primera feria especializada en juventud en Colombia XPO JovenES. Contó con la participación de los ministerios de Cultura, Educación y Agricultura; el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena; y la Cámara de Comercio; mediante un trabajo conjunto con la Cooperación Internacional, la empresa privada y la sociedad civil organizada. La feria logró reunir iniciativas de 34 entidades del Estado, 80 prácticas juveniles del territorio nacional, y 284 jóvenes independientes entre los14 y 28 años, con una asistencia de 20.699 visitantes.
Fuente: Colombia Joven
En 2015 se realizó la ceremonia de la tercera edición del Premio Nacional de Voluntariado Juvenil, en donde se reconoció la contribución a la paz y el desarrollo del país de cinco jóvenes procedentes de diferentes regiones del país.
En este mismo sentido, el Gobierno Nacional realizó el pacto “Todas las Manos por la Juventud”. Dicho pacto es una plataforma para articular, incidir y visibilizar los programas, proyectos, estrategias y políticas encaminadas a la garantía de los derechos de los jóvenes. Como resultado de 5 sesiones de trabajo realizadas con la academia, los sectores público y privado, la cooperación internacional y organizaciones de jóvenes se logró articular más de 340 acciones. Actores que incidieron en la articulación del pacto
Fuente: Colombia Joven
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Proporción de jóvenes participantes en la estrategia Paz a la Joven Por su parte, se implementó la estrategia “Paz a la Joven”, con el objetivo de fomentar la paz como práctica cultural para el desarrollo social, político y económico de los jóvenes en Colombia. Se han realizado 33 jornadas en diferentes municipios del territorio nacional, incluyendo población juvenil indígena, afrocolombiana y privada de la libertad. Producto de esta estrategia se conformó una red de más de 1.059 jóvenes que participaron de los talleres y otros 1.260 jóvenes sensibilizados para un total de 2.319 participantes.
En el marco de la Estrategia Hechos & Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, UNICEF y Colombia Joven, a octubre de 2015, se han desarrollado más de 65 talleres en los 32 departamentos dirigidos a funcionarios de las alcaldías y de todas las gobernaciones del país. Esta estrategia es posible por una alianza entre entidades del ámbito nacional y territorial que realiza seguimiento al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. Finalmente, es de resaltar como un avance destacado en la política pública dirigida a esta población la formulación del CONPES 173, cuyo propósito fundamental es generar competencias para emprender o buscar empleo en el país de acuerdo con las entidades que participan en la Mesa de Competencias Transversales (espacio liderado por el Departamento Nacional de Planeación en el que participan Ministerio de Educación, SENA, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Agricultura, Departamento de Prosperidad Social y la Dirección de Juventud).
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AVANCES EN LA ERRADICACIÓN DE PREJUICIOS FRENTE A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Conformado por CPEM, DNP, Ministerio de Hacienda. Conformado por CPEM, AECID, ONU Mujeres, Embajada Noruega. Conformado por CPEM, Ministerio del Interior, Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia. “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”. 17. El diplomado de accseso a la justicia se está implementando en: Cauca, Caquetá, Quindío y La Guajira. 18. Cementos Argos – Coltejer – SANOFI – Belleza Spress – NUTRESA – Surtigas – Codensa – Colombina - Engesa – Telefónica – Man-Power – Proseguros. 13. 14. 15. 16.
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LUCHA CONTRA LOS IMAGINARIOS NEGATIVOS EN TORNO A LA DISCAPACIDAD
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GENERACIÓN DE MÁS ESPACIOS PARTICIPATIVOS CON COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
19. Con los siguientes territorios: San José De Ure- Córdoba, Guacoche-Cesar, Villa Arboleda- Putumayo; 11 Consejos Comunitarios de Buenaventura: Consejo Comunitario Rio Yurumangui, Consejo Comunitario Rio Raposo, Consejo Comunitario La Plata Bahía Málaga, Consejo Comunitario Rio Cajambre, Consejo Comunitario Mayor del Rio Anchicayá, Consejo Comunitario Alto y Medio Rio Dagua, Consejo Comunitario Bajo Calima, Consejo Comunitario Rio Mayorquín, Consejo Comunitario de Córdoba, San Cipriano, Santa Helena y el Consejo Comunitario La Gloria. 20. En San José de Uré – Córdoba, mediante la estrategia denominada “Ingresando al Territorio” se realizaron talleres en los 8 corregimientos con las comunidades negras que hacen parte de los 2 consejos comunitarios y de la organización Cimarrón Justo Chávez. 21. Compromisos adquiridos en la etapa de pre consulta realizada con los 11 Consejos de Buenaventura.
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REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE CONCERTACIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS
22. Wayuu; Embera Chami, Dobida, Katío y Eperara Siapidara; Koreguaje; Cofán; Siona; Betoy; Yukpa; Zenú; Yanacona; Uitoto; Arhuaco; Kogui; Pijao; Nükak Maku; Jiw; Makaguan; Sikuani; U’wa; Kamentzä; Nasa; Totoró; Inga; Awá; Wounaan; Chimila; Tule; Kankuamo; Wiwa; Misak; Kokonuko; Kuiva; Kichwa)
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EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS SE HA TRIPLICADO EL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR PARA PERSONAS MAYORES
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AVANCES EN LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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AVANCES EN LA SENSIBILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI
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Retos estratégicos Realizar mayor énfasis en la armonización entre políticas públicas que son orientadas a una población específica. Como se observa en el presente informe, la garantía de los derechos no es exclusiva de una de ellas. Ampliar los espacios de participación de la sociedad civil y fomentar el fortalecimiento organizativo. Es necesario avanzar con los funcionarios públicos y la sociedad civil en la consolidación de una transformación cultural que permita erradicar imaginarios, prácticas y creencias que ayudan a perpetuar y fomentar la discriminación tanto en el ámbito social como institucional.
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Derechos humanos en el escenario internacional Con ocasión de la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la aceptación de la competencia por parte de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha venido implementando las medidas de reparación ordenadas en las sentencias o pactadas en procesos de solución amistosa y acuerdos de cumplimiento de las recomendaciones de informes de fondo, con el fin de contribuir a la reparación integral de las víctimas y generar conciencia en la sociedad. Colombia ha implementado medidas de satisfacción tales como la realización de actos de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón, en donde se busca enaltecer la memoria de las víctimas, hacer un llamado a la sociedad para evitar la repetición de los hechos y reiterar el compromiso del Estado con la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, entre los que se destacan:
Realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el Caso Rodríguez Vera y otros. (Desaparecidos del Palacio de Justicia). El 6 de noviembre de 2015, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, presidió el acto público, en el marco de la conmemoración de los 30 años de los lamentables hechos sucedidos en el Palacio de Justicia de Bogotá D.C. Este acto ha sido calificado como histórico, pues es la primera vez que un Jefe de Estado pide perdón por lo allí ocurrido.
Publicación el 1 de noviembre de 2015 del resumen oficial de la sentencia del Caso Rodríguez Vera y otros. (Desaparecidos del Palacio de Justicia), en un periódico de amplia circulación. El resumen de la sentencia también fue publicado el 9 de abril de 2015 en el Diario Oficial, y la sentencia se encuentra publicada en su totalidad en la página web de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el fin de difundir y dar a conocer a toda la sociedad los hechos por los cuales resultó condenado el Estado colombiano.
Realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el Caso Jesús María Valle Jaramillo. El 27 de febrero de 2015, en la Universidad de Antioquia, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera Flórez, presidió el acto en donde se hizo un reconocimiento público a la labor de los defensores de derechos humanos y un llamado al deber de protección que le asiste al Estado para esta población.
Instalación de la placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo. En la Universidad de Antioquia, el 27 de febrero de 2015, con el fin de honrar la memoria del defensor de derechos humanos y reiterar el compromiso con la defensa de los derechos humanos.
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Realización del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el Caso José Rusbel Lara y otros. El 6 de noviembre de 2014, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presidió el acto público en el Parque Principal de Tame (Arauca).
Realización del acto público de lanzamiento del documental “La Rochela, buscando justicia en tiempos de paz”. Se llevó a cabo el 21 de agosto de 2015 en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá D.C., y en cumplimiento de la sentencia del Caso de La Masacre de La Rochela. A través de las voces de uno de los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales se recuerda lo sucedido, con el fin de dar a conocer a toda la sociedad que hechos como esos jamás pueden volver a ocurrir. De igual manera, el Estado hace un llamado a la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y el deber que le asiste en la protección de los operadores judiciales. Igualmente, con el fin de impactar de manera positiva en la vida de las víctimas y familiares reconocidos en procesos internacionales y reestablecer los derechos vulnerados, se han implementado medidas de reparación como: Financiación de la carrera universitaria de una víctima, garantizando su acceso y permanencia en la educación superior, para que de esta manera pueda reconstruir su proyecto de vida. Pago de indemnizaciones a favor de la compañera permanente de Marino López Mena y el valor de las costas y gastos de los representantes, dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del caso Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Rio Cacarica (Operación Génesis). El compromiso del Gobierno Nacional con la implementación de las medidas de reparación es real. Por primera vez se incorporó en un Plan Nacional de Desarrollo lo relacionado con el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en decisiones de instancias internacionales de derechos humanos. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” incluye, como indicador de producto, la implementación hasta 2018 de 20 medidas de reparación, a cargo directamente de la Presidencia de la República.
Reconocimiento de organismos internacionales y comunidad internacional Colombia trabaja de manera coordinada con la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos del Sistema Universal y Regional, quienes a través de sus informes más recientes han reconocido los avances de Colombia en esta materia. Colombia valora estos informes como una herramienta de trabajo para avanzar hacia un país respetuoso de los derechos humanos. Los esfuerzos del Gobierno Nacional por alcanzar la paz y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado, han permitido que Colombia sea hoy en día vista como referente en temas claves para la región, siendo invitado a compartir su experiencia y buenas prácticas. Dentro de los reconocimientos más importantes a los progresos en la situación de derechos humanos se destacan los siguientes:
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Colombia continúa por fuera del capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-. El país había estado incluido de manera ininterrumpida desde 2000 hasta 2011. Gracias a los avances y reformas institucionales, el Estado deja de estar en dicho acápite en el que se analiza la situación de los países cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen una especial atención por parte de la CIDH.
Informe Anual de Derechos Humanos de 2014 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia. Reconoció los avances que ha tenido el país en materia de derechos humanos, destacando entre ellos la búsqueda de la paz y las medidas adoptadas por el Estado para lograr la investigación y sanción de responsables.
Colombia fue certificada en Derechos Humanos por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. El 10 de septiembre de 2015 el país recibió la certificación en donde se reportó que las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional cumplen con los criterios en materia de derechos humanos, lo cual permite el desembolso de recursos de asistencia para las Fuerzas Armadas de Colombia.
Informe Anual de Derechos Humanos de 2014 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Reconoció los esfuerzos institucionales para juzgar y castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como la nueva estrategia de análisis contextual de la Fiscalía General de la Nación.
Participación en espacios de derechos humanos y DIH con organismos internacionales y comunidad internacional Considerando la importancia de posicionar los avances que en materia de derechos humanos ha tenido Colombia, así como su compromiso en la protección y garantía de los mismos, el Estado colombiano ha participado en diferentes espacios con la comunidad internacional y los organismos internacionales de derechos humanos, en donde se intercambian experiencias y buenas prácticas, y se busca la cooperación de la comunidad internacional para continuar avanzado en el goce de los derechos humanos.
Asistencia a las reuniones de trabajo y audiencias públicas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado colombiano ha participado en las reuniones de trabajo y audiencias públicas convocadas por la CIDH en el marco de los periodos ordinarios de sesiones 153, 154 y 156. En estos espacios se han abordado diferentes temáticas sobre derechos humanos de interés de la comunidad internacional y la sociedad civil, entre los que se encuentran mujeres, afrodescendientes, LGBTI, defensores, Justicia Penal Militar, Justicia y Paz, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, reparaciones, entre otros. El Estado ha presentado los avances y las medidas adoptadas para el cumplimiento de sus obligaciones y ha reiterado el permanente compromiso del Gobierno Nacional con la defensa y garantía de los derechos humanos, y la disposición de mantener un diálogo abierto y constructivo con la sociedad civil, para avanzar en el goce de los derechos humanos, y la superación de los retos existentes en los diferentes temas.
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Periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia. Entre el 20 y el 24 de abril de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó en Colombia, en Cartagena, para su 52° Periodo Extraordinario. El acto de instalación fue presidido por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín, quien reafirmó el compromiso del Estado colombiano con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el marco del periodo extraordinario se realizó el Seminario Internacional sobre “Justicia Transicional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, evento que contó con la participación del Presidente Juan Manuel Santos, altos funcionarios colombianos y expertos internacionales en la materia.
Participación de Colombia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para garantizar una activa participación de Colombia en las iniciativas y reuniones que se generan en los órganos de Derechos Humanos, así como difundir e incorporar en el ámbito interno los asuntos que se abordan en esas instancias. En este sentido se destaca la participación del Presidente Juan Manuel Santos, el 25 de septiembre de 2015, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York durante el 69° Período de Sesiones Ordinarias. En este escenario el Jefe de Estado hizo referencia a temas como los diálogos para la terminación del conflicto que se adelantan en La Habana; Objetivos de Desarrollo Sostenible; y a la lucha contra la pobreza en Colombia. Adicionalmente, en la Asamblea General Colombia impulsó la resolución A/RES/69/16, que proclamó el “Decenio Internacional para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo (2015-2024)”.
Presentación y sustentación de informes ante los Comités Convencionales de Naciones Unidas. Como parte de las obligaciones que tiene el Estado ante los órganos convencionales creados para el seguimiento al cumplimiento de los tratados de derechos humanos, Colombia ha presentado informes sobre la implementación de las disposiciones y ha participado activamente en la sustentación de los mismos. De esta manera, durante 2015, funcionarios de las diferentes entidades tuvieron la oportunidad de compartir ante los miembros de los comités y responder sus preguntas frente a las acciones desplegadas por el Estado en temas como niñez, tortura y no discriminación. Para el efecto, Colombia participó en: Informes Periódicos IV y V de Colombia ante el Comité de los Derechos del Niño (20 y 21 de enero de 2015) Informe Periódico V ante el Comité contra la Tortura (30 de abril y 1 de mayo de 2015) Informes Periódicos XV y XVI de Colombia ante el Comité contra la Discriminación Racial (4 y 5 de agosto de 2015) Adicionalmente, Colombia presentó el VI Informe Periódico al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este informe se relacionan los principales avances legislativos y resultados de los programas implementados durante los últimos cinco años, con el objeto de garantizar los derechos al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y los derechos culturales.
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Diálogos de Alto Nivel en materia de derechos humanos. Los esfuerzos que Colombia ha realizado en materia de protección y respeto de los derechos humanos y el DIH también han sido objeto de diálogo e intercambio de experiencias con otros países, interesados en conocer las medidas adoptadas por Colombia, al igual que brindar su cooperación para la promoción y garantía de derechos. Es así que, durante 2015, se han adelantado los siguientes diálogos bilaterales con delegados de los diferentes gobiernos que cuentan con embajadas o misiones acreditadas en el país: Diálogo de Alto Nivel con Noruega, celebrado en Bogotá D.C., el 9 de octubre de 2014 Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos, celebrado en Bogotá D.C., el 27 de abril de 2015 Diálogo de Alto Nivel con Canadá, celebrado en Bogotá D.C., el 26 de agosto de 2015 Diálogo de Alto Nivel con la Unión Europea, celebrado en Bogotá D.C., el 2 de junio de 2015 y 24 de octubre de 2014.
Conferencia Continental de Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario. Con el fin de fomentar un intercambio sobre los avances, retos y lecciones aprendidas de los Estados en la implementación, integración y promoción del DIH en el orden nacional, entre el 9 y el 11 de septiembre de 2015 en Bogotá D.C., se realizó la Conferencia Continental de Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario, la cual fue organizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, con apoyo del Gobierno Nacional. Esta conferencia representa uno de los espacios de mayor importancia para la discusión sobre DIH en las Américas, por ello, en esta oportunidad se contó con la participación de países como Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Guatemala, México, Costa Rica, y con países observadores como Cuba y Estados Unidos, en conversatorios y páneles en los que se abordaron temas relacionados con la implementación del Derecho Internacional Humanitario y el rol de las Comisiones Nacionales de DIH.
www.derechoshumanos.gov.co