ECUADOR CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES DEL ECUADOR CONAMU

Cuestionario enviado a los gobiernos sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del Vigésimo Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General (2000)1

Quito, abril de 2004

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Documento elaborado por Cecilia Valdivieso Vega para el Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU. Quito, abril 2004.

-ÍndicePARTE I. Panorama general de los logros alcanzados y los problemas encontrados en la promoción de la igualdad entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer 1.1. Un marco jurídico e institucional favorable a los derechos de las mujeres 1.2. Las políticas proEquidad: Un balance general 1.2.1 Primera etapa: incidencia en las políticas sectoriales 1.2.2 Segunda etapa: sistema integral de protección de derechos PARTE II. Progresos alcanzados en la aplicación de las esferas de la Plataforma de Acción de Beijing A. La mujer y la pobreza - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados B. Educación y capacitación de la mujer -- Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados C. La mujer y la salud - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados D. La violencia contra la mujer - Situación de la mujer - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados E. La mujer y los conflictos armados F. La mujer y la economía - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

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I. Los derechos humanos de la mujer - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados J. La Mujer y los Medios de Difusión - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados K. La mujer y el medio ambiente - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados L. La niña - Situación actual - Medidas adoptadas - Obstáculos encontrados PARTE III. Desarrollo institucional 3.1. La institucionalidad de género y de derechos humanos 3.2. Otros mecanismos proEquidad 3.3. El mecanismo nacional de género y la estrategia 2004-2008 3.4. El nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades 3.5. Presupuestos para la acción en género 3.6. Estadísticas con enfoque de género PARTE IV. Medidas a adoptar en el futuro 4.1. Desafíos macro 4.1.1. El nuevo PIO: el pacto político y social de género 4.1.2. Presupuestos sensibles al género 4.1.3. Incorporación del enfoque de derechos 4.2. Retos pendientes en lo sectorial - Pobreza - Economía - Educación - Salud - Ambiente - Comunicación - Violencia

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PARTE I. PANORAMA GENERAL DE LOS LOGROS ALCANZADOS Y LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA PROMOCION DE LA IGUALDAD ENTRE LOS GENEROS Y LA POTENCIACION DEL PAPEL DE LA MUJER Un marco jurídico e institucional favorable a los derechos de las mujeres En la década 1995-2005, el país ha atravesado severas crisis marcadas por las políticas de ajuste estructural, la inestabilidad política expresada en la sucesión de tres gobiernos en un periodo de cinco años y el consecuente debilitamiento de las instituciones democráticas. En este escenario el ejercicio de los derechos humanos se ha visto afectado, siendo las mujeres y sus familias las más perjudicadas. En medio de la ingobernabilidad, en materia de derechos de las mujeres y políticas públicas de género, se han dado importantes avances desde 1995. Como consecuencia del proceso de Beijing, en el Ecuador se consolidó el movimiento de mujeres como un movimiento en el que confluyen diversas corrientes y organizaciones de mujeres. En 1996, posterior a la IV Conferencia Mundial de la Mujer se formuló el primer Plan de Igualdad de Oportunidades 1996-2001 basado en las recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing, en un proceso liderado por la Dirección Nacional de la Mujer, DINAMU (actualmente CONAMU) y con la participación de cerca de 200 mujeres. En 1997 se logró consolidar “un sistema institucional–estatal encargado de la garantía, la aplicación y la exigibilidad de los derechos de las mujeres, con la creación del Consejo Nacional de las Mujeres como órgano rector de políticas públicas con enfoque de género”2 que se complementa de manera efectiva con el fortalecimiento de la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso Nacional al elevarse su carácter de Especializada Permanente en 1998 por mandato constitucional y con la creación, en ese mismo año, de la Dirección Adjunta de la Mujer y la Niñez en la Defensoría del Pueblo. La institucionalidad de género en el país se vio fortalecida en 1998 con la incorporación de los derechos de las mujeres en la Constitución Política del Ecuador en el marco de la Asamblea Constituyente. La Carta Magna de 1998 brinda un cuerpo normativo con elementos nuevos para el desarrollo de una sociedad incluyente y no discriminatoria con oportunidades en igualdad de condiciones a todos y todas, constituyéndose en un valioso instrumento de justicia y empoderamiento de las mujeres.3 La Carta Magna establece principios fundamentales como la no discriminación y la igualdad ante la ley; además, el derecho a la integridad personal y a una vida libre de violencia; el derecho a la libre opción sexual; el derecho a recibir información y educación sobre sexualidad; el derecho a decidir cuándo y cuántos hijos procrear; el derecho a percibir idéntica remuneración por trabajo de igual valor; la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres para acceder y decidir sobre los recursos de la producción y la propiedad, entre los más importantes. Sin embargo de los progresos en materia de legislación, en lo cotidiano las mujeres ecuatorianas enfrentan graves situaciones de discriminación. Los datos estadísticos nos muestran que todavía 2

Programa estratégico Para la inserción del enfoque de género y la protección integral de los derechos humanos de las mujeres. Elaborado por Rocío Rosero Garcés y Ariadna Reyes Ávila para UNIFEM. Quito, Agosto de 2003. 3 Rosero Garcés, Rocío, Ariadna Reyes Ávila y María Pilar Vela, De las demandas a los derechos. Las Mujeres en la Constitución de 1998. Quito, junio de 2000. Pág. 37

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las mujeres y las niñas acceden en menor proporción a los servicios sociales básicos, no son bien remuneradas, no están presentes en los espacios de toma de decisiones y diariamente son violentadas en sus hogares y acosadas en sus escuelas. Las mujeres ecuatorianas sufren una doble discriminación, por ser mujeres y por su origen étnico-cultural; la disminución de estas formas de discriminación constituyen un reto esencial para el país. El proceso de expedición de nueva legislación y reformas por los derechos de las mujeres se planteó el objetivo de “elaborar la normativa que operativice los logros en materia de derechos humanos, alcanzados en la Constitución, generando condiciones reales para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, la sociedad civil y la familia, de manera que se garantice el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.”4 Las políticas proEquidad: Un balance general Primera etapa: incidencia en las políticas sectoriales El CONAMU desde su creación ha articulado sus acciones alrededor de las funciones de formulación, diseño y rectoría de políticas públicas a favor de las mujeres en las diferentes áreas en las que trabaja: violencia, educación, salud sexual y reproductiva, medio ambiente, desarrollo y gobiernos locales, mediante diversas estrategias y ha obtenido logros importantes tales como: - Incidencia en las agendas sectoriales; - Generación y movilización de conocimientos sobre problemáticas específicas; - Sensibilización y capacitación a decisores y operadores de políticas públicas; - Reforma legal, creación de instrumentos y mecanismos institucionales para la protección integral de los derechos de las mujeres; - Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres y promoción de mecanismos de contraloría social; - Alianzas intra e inter – estatales; y, - Mecanismos institucionales de coordinación. En la primera etapa el CONAMU ha logrado posicionar los temas de género a nivel sectorial posibilitando la inserción del enfoque en programas, planes y proyectos para la transformación de la realidad de las mujeres mediante la promoción y protección de sus derechos y el acceso en condiciones de igualdad de oportunidades a los beneficios del desarrollo. El éxito más importante del CONAMU en este periodo radica “en la toma de conciencia sectorial de los factores de género presentes en la adopción de decisiones políticas y administrativas. En esta toma de conciencia sectorial cuyo peso ha estado en el trabajo a nivel central aunque se han ido desarrollando experiencias a nivel descentralizado, el Consejo ha logrado posicionar su misión e incidir en las agendas desde dos estrategias: las decisiones mandatarias para los sectores a través de la aprobación de leyes y macro políticas públicas sociales a través de un trabajo de asesoría técnica-política; y, a través de proyectos específicos que permean los diversos niveles de toma de decisiones sectoriales.”5 CONAMU/UNIFEM, Sistematización de buenas prácticas del CONAMU en formulación de políticas públicas de género. Documento elaborado por Cecilia Valdivieso Vega, Ariadna Reyes Ávila y Rocío Rosero Garcés. Quito, agosto de 2003. Pág. 20. 5 Idem. Pág. 26. 4

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Segunda etapa: sistema integral de protección de derechos En un balance general del proceso de institucionalización del enfoque de género, vemos que esta toma de conciencia sectorial que implicó la implementación de acciones en género en las áreas específicas de intervención del CONAMU debilitó la comprensión integral de la adopción de políticas públicas para la equidad de género. A partir de esta constatación, en la segunda etapa de gestión el CONAMU tiene el reto de lograr una comprensión real de la necesidad de incorporar una visión transectorial en la formulación de políticas, programas y proyectos para la equidad de género, así como incluir efectivamente a las mujeres diversas (edad-etnia). En esta misma línea es primordial incorporar en el debate sobre la construcción de políticas públicas los enfoques de género y de derechos y colocar como tema prioritario en la agenda pública la formulación y rectoría de políticas públicas de género como un ámbito especial de la protección social y de las políticas macro-sociales. Paralelamente el CONAMU está desarrollando estrategias que le permitan incidir en el proceso de formulación de políticas macroeconómicas que, en suma, apuntan a la erradicación de la pobreza, la construcción de la gobernabilidad democrática y de un modelo alternativo de desarrollo sostenible en el país. Esta tarea implica lograr un reposicionamiento institucional del Consejo y de las problemáticas proEquidad mediante un pacto político y social nacional alrededor de una agenda básica sobre las demandas de mujeres y sus derechos humanos, en la que asumen compromisos de país los actores diversos del Estado, las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y la cooperación internacional. En esta segunda etapa la propuesta de acción institucional así como la formulación del Plan de Igualdad de Oportunidades pretende basarse en el sistema de derechos que propone la estrategia actual del CONAMU potenciando una lógica transectorial y concurrente para la acción ProEquidad. La articulación de las políticas proEquidad y las conferencias y pactos internacionales La Agenda de Desarrollo Humano del actual gobierno recoge los objetivos planteados en el marco de la Cumbre del Milenio. La meta de la Cumbre planteada para el 2015 es reducir la pobreza extrema, a la mitad de la tasa de 1990, disminuyendo la población indigente del 26% al 13%. Para ello es necesario alcanzar una tasa de crecimiento sostenido del PIB del orden del 5,1 % anual entre el 2000 y el 2015. Las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, formuladas en el marco del 29º período de sesiones, celebrado entre el 30 de junio y el 18 de julio de 2003 en New York, posterior al Examen final del Ecuador sobre el cumplimiento de la CEDAW, apuntan una serie de recomendaciones para el Estado Ecuatoriano en el cumplimiento de los derechos establecidos en dicha Convención. El documento de Observaciones Finales está siendo difundido entre las organizaciones de mujeres y de derechos en general, así como entre las diferentes instituciones del sector público.

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Por otra parte el Estado ecuatoriano, a través sus respectivas delegaciones oficiales a las reuniones preparatorias de las Conferencias de El Cairo + 10 y de Beijing +10, ha reafirmado su compromiso frente a las Plataforma de Acción de El Cairo y la Plataforma de Acción de Beijing y la importancia de conservar el espíritu de ambos instrumentos. El CONAMU actualmente está trabajando una propuesta de articulación de su gestión institucional a partir de la propuesta del nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades, que recoge los sistemas de derechos alrededor de los cuales la institución funcionará, con los planteamientos de las conferencias y convenios internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo, particularmente aquellos relacionados con la mujer y la equidad de género. Esta articulación hará posible de una parte orientar la formulación de políticas proEquidad y por otra ordenar los recursos y proyectos de la cooperación internacional alrededor de las agendas de las mujeres ecuatorianas y de los compromisos internacionales. Sin duda alguna uno de los ejes orientadores serán los Objetivos del Milenio, en particular el Objetivo 3. “Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.”

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PARTE II. PROGRESOS ALCANZADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS ESFERAS DE LA PLATAFORMA DE ACCION DE BEIJING A.

La mujer y la pobreza

Situación actual En relación con la actual situación de pobreza y exclusión de las mujeres en el Ecuador, cabe referirse a la Evaluación Común de País que hace el PNUD en la que señala que “son las mujeres y, entre ellas, las que viven en el campo, quienes más privaciones sufren. Las desigualdades entre hombres y mujeres se manifiestan aún en el acceso a servicios, al mercado de trabajo y a la vida pública. La desocupación es mayor entre las mujeres y gran parte del trabajo que ellas realizan es mal remunerado o no tiene remuneración.”6 “Para el año 2001 el 20% de la población más empobrecida solo obtuvo el 1.7% del total de los ingresos nacionales mientras el 20% más rico obtuvo el 64.32%. Del total de la población un 52.8% no logra satisfacer sus necesidades básicas; de esta cifra, el 757.8% de personas viven en el campo. Esta situación afecta diferencialmente a hombres, mujeres y niños/as.”7 De acuerdo a la información del Sistema Integrado de Encuesta de Hogares (Noviembre 2003) el ingreso promedio de las mujeres en el área urbana es de 167 dólares mientras que el ingreso promedio de los hombres es 249 dólares; en el área rural esta situación se agrava, alcanzando 126 dólares en el caso de las mujeres y 192 para los hombres. En cuanto a la tenencia de vivienda, únicamente 68% de todas las jefas de hogar (643.359 a nivel nacional) tienen vivienda propia o están pagando por ella. En las zonas urbanas la tenencia de la tierra en jefas de hogar es del 6,6% y en las zonas rurales del 55% del total. Medidas adoptadas El Estado ecuatoriano ha promovido algunas iniciativas de políticas públicas para la erradicación de la pobreza desde las instancias responsables de la planificación y el diseño de las políticas sociales en el país, siendo el Frente Social el principal responsable. El Frente Social, creado mediante Decreto Ejecutivo 614 publicado en el Registro Oficial 134, del 3 de agosto de 2000, es la instancia estatal encargada de consolidar la política social mediante la articulación de los esfuerzos que realizan los Ministerios de Bienestar Social, Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, en conjunto con las entidades públicas autónomas de composición mixta estado-sociedad civil que trabajan en el sector, como son el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA), el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), el Fondo de Solidaridad, y ha sido invitado el Consejo Nacional de Salud 6

Evaluación Común de País (CCA). Visión del Sistema de las Naciones Unidas sobre la situación del Ecuador. Pág.7. Informe Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis sobre las brechas de género en Ecuador. Estudio elaborado por Rocío Rosero Garcés y Ariadna Reyes Ávila. Junio de 2003. Pág. 28. 7

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(CONASA). En el año 2003 se incorporó la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de articular la política económica y la política social. Estructuralmente, el Frente Social cuenta con tres órganos encargados de planificar y ejecutar las acciones a él encomendadas: el Consejo de Ministros, el Consejo Ampliado del Frente Social y la Secretaría Técnica del Frente Social (STFS). La Secretaria Técnica del Frente Social es la unidad técnica autónoma, adscrita al Ministerio de Bienestar Social, cuyo fin es viabilizar las resoluciones adoptadas por el Frente Social y apoyar técnicamente a las instituciones responsables de la ejecución de la política social. La STFS considera que “únicamente las políticas públicas concebidas como una estrategia integrada y simultánea de las tres dimensiones fundamentales del desarrollo (macroeconomía, equidad y competitividad) podrán combatir la pobreza y las desigualdades, dadas las altas articulaciones y sinergias existentes entre esas tres dimensiones. Para crear una tendencia de desarrollo en el actual contexto de crisis ya no basta con impulsar un ajuste económico compensado con algunos paliativos sociales y productivos; tampoco es posible lograr avances importantes en lo social y en lo productivo desconociendo las restricciones crecientes derivadas de los desequilibrios económicos y financieros no resueltos.”8 Bajo estas consideraciones, el Sector Social plantea los lineamientos de la política del Gobierno, reflejados en la "Agenda de Desarrollo Humano”, documento base sobre el cual el Frente Social está trabajando. Las acciones que plantea la Agenda de Desarrollo Humano del Gobierno pretenden contribuir a que las familias y el Estado ecuatoriano administren las fuentes de riesgo y vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos. La idea central del enfoque de manejo social de riesgo expresa que los individuos, hogares y comunidades son vulnerables ante múltiples riesgos provenientes de distintas fuentes, ya sean éstas naturales o provocadas por el hombre.9 La ADH propone la articulación de las tres agendas del Gobierno: la agenda social, la agenda económica y la agenda productiva; “En la intersección de las tres agendas se hallan las estrategias para reducir la pobreza y la inserción de los sectores excluidos en los circuitos productivos y de redistribuciónequidad.”10 La Agenda Social Básica que se desprende de la Agenda de Desarrollo Humano tiene como objetivos: enfrentar, prevenir, reducir la extrema pobreza y promover la justicia social redistributiva en sus dimensiones espacial, sectorial y generacional. El CONAMU firmó en abril de 2004 un Convenio de Cooperación con la Secretaría Técnica del Frente Social (STFS) sobre Pobreza y Género cuyo objetivo es establecer el Marco de Cooperación Interinstitucional para insertar el enfoque de género y la protección integral de los derechos de las mujeres en las políticas nacionales de lucha contra la pobreza. Entre los objetivos específicos más importantes están: -

Formular e implementar las políticas de protección social, particularmente, en el Programa de Bono de Desarrollo Humano.

www.frentesocial.gov.ec Frentre Social, Boletín Informativo No. 1. Junio de 2003. Pág. 3. 10 Idem. Pág. 5 8 9

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Realizar una estrategia de acción conjunta para incidir en el proceso de implementación del Canje de Deuda entre Ecuador e Italia.

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Incorporar el enfoque de género en la formulación de la proforma presupuestaria 2005, incluyendo indicadores y criterios de programación para establecer una base de análisis sobre la incidencia del gasto público social, en el logro de las metas de la equidad de género, de conformidad con el mandato constitucional.

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Aumentar las coberturas de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, especialmente en las zonas rurales y la Frontera Norte.

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Promover la participación de las mujeres en la contraloría y vigilancia social de la Ley de Maternidad Gratuita.

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Realizar un estudio sobre el uso de los servicios y las prestaciones de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.

En el marco del Convenio de Cooperación suscrito con la CEPAL, el CONAMU está coordinando actualmente un estudio sobre “La equidad de género y el programa de Bono de Desarrollo Humano” cuyo objetivo es evaluar el desde la perspectiva de género: evaluar la cobertura y alcances e impacto en los derechos ya adquiridos de las mujeres, en su calidad de vida y acceso a los servicios sociales básicos y su visibilidad mediante un proceso de interlocución entre distintos actores gubernamentales y no gubernamentales y con la participación activa de las mujeres como principales beneficiarias. Considerando la situación de pobreza de las mujeres de zonas rurales y como parte de una iniciativa de Primeras Damas de la Región, el CONAMU conjuntamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA desarrolló el Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales del Ecuador –PADEMUR- cuyo objetivo es promover y apoyar acciones dirigidas a mejorar la situación y condición de género de las mujeres rurales para fortalecer su participación y papel en el desarrollo sostenible, sobre la base de su empoderamiento social, político y económico. El Programa incluye componentes de formación en derechos y autoestima, asistencia técnica y empresarial, financiamiento, reducción de carga doméstica y titulación de tierras. Se ha ejecutado una fase de pilotaje en los tres primeros componentes del Programa en cantones con altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. En el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres mediante la creación de una línea de crédito para financiar proyectos e iniciativas orientados a fomentar la igualdad de oportunidades, erradicar la discriminación de género y contribuir a la superación de la pobreza, se constituyó en el 2003 el Fondo ProMujeres, a través de un Fideicomiso administrado por la Corporación Financiera Nacional. Los proyectos podrán ser presentados por organizaciones de mujeres, instituciones del Estado del nivel central y el nivel local y otras organizaciones de desarrollo. Se han desarrollado los subprogramas de Capacitación en Microfinanzas Rurales con enfoque de Género y Sistemas de Crédito Local para apoyar iniciativas productivas y mecanismos

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autogestionarios de mujeres rurales, en el marco del Componente de Financiamiento del Programa PADEMUR y del Fondo Promujeres. Existen propuestas de sistemas de crédito formuladas y validadas en consulta con organizaciones de mujeres e instituciones financieras locales en tres cantones con alta incidencia de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Se ha constituido un sistema de gestión, con la participación de contrapartes locales, que impulsan procesos de creación y consolidación institucional pública, para la ejecución del Programa en cuatro áreas geográficas del país. En el marco del PADEMUR también se han realizado estudios de sistemas y subsistemas productivos de las mujeres en tres cantones que abordan temas como el uso de tiempo, feminización de la pobreza, carga doméstica y trabajo no remunerado. Obstáculos encontrados El principal obstáculo hace relación al modelo de desarrollo vigente que privilegia el crecimiento económico frente al bienestar de las personas, con políticas macroeconómicas en el orden laboral, financiero, fiscal y comercial, en un contexto de crisis, que han ampliado y agudizado la situación de desempleo, subempleo y pobreza, con impactos específicos sobre las mujeres. Se identifican importantes obstáculos en cuanto a la legislación y prácticas administrativas caracterizadas por una cultural de explotación y discriminación, que mantiene las brechas de género, reproducen y refuerzan la desigualdad, obstaculizan el acceso y control de los recursos económicos, particularmente en materia de propiedad de la vivienda y la tierra y por lo tanto afectan el ejercicio pleno de los derechos patrimoniales de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades. La insuficiencia de recursos fiscales asignados al Fondo ProMujeres y al Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales en el presupuesto general del Estado, consideradas estas como estrategias fundamentales en la reducción de las brechas de género y el combate a la pobreza, evidencian la incipiente sensibilidad del Estado central frente a la realidad de las mujeres. Si bien se han hecho significativos esfuerzos para contar con información estratégica sobre la situación de las mujeres y las relaciones de género, todavía no se dispone de datos estadísticos suficientes que permitan a las/os técnicos y decisores formular planes, agendas, políticas y programas estratégicos, particularmente en torno al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres con claros indicadores y metas. B. Educación y capacitación de la mujer Situación actual Las cifras sobre acceso de las mujeres a la educación en la última década son alentadoras. Los hombres todavía muestran mayores niveles de escolaridad sin embargo la tasa de matriculación femenina es superior a la masculina. En general las niñas y las mujeres jóvenes tienen un mejor rendimiento escolar. En general la situación en el campo es más grave tanto para mujeres como para hombres.

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Sin embargo de estos avances hay aspectos relacionados con el enfoque de género que deben ser considerados. A pesar de que las tasas de matriculación femenina se han elevado debemos analizar el hecho de que generalmente las niñas y adolescentes continúan asistiendo a la escuela y el colegio y paralelamente se responsabilizan de tareas domésticas que incluyen el cuidado de hermanos/as, la preparación de los alimentos e incluso de tareas comunitarias. El fenómeno de la doble o triple carga de trabajo se presenta desde temprana edad en las mujeres. En el caso de los varones, ellos se ven obligados a abandonar la escuela para realizar trabajos fuera de la casa y dedicarse exclusivamente a ello. La tasa de analfabetismo es otro indicador importante. Para el 2001 el analfabetismo total en el país fue de 8,4%. En el área urbana fue ligeramente superior para las mujeres alcanzando el 5.8% y para los hombres el 4.6%; en el área rural, las diferencias son significativas, 11.6% para hombres y 16% para las mujeres (INEC, 2001). En cuanto a los estudios de tercer nivel, las mujeres todavía acceden a profesiones acordes con los roles que les han sido asignados tradicionalmente tales como enfermería y enseñanza, que son por una parte mal remuneradas y no valoradas. De acuerdo a información del SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional), las mujeres se inscriben en cursos de formación relacionadas con las áreas de administración, confección de textiles y artesanías. Medidas adoptadas Uno de los problemas detectados al interior del Ministerio de Educación y Cultura en el tratamiento del acoso y abuso sexual, es la ausencia de mecanismos para la presentación de denuncias, su investigación y respectiva sanción. En este marco se ha evidenciado además que existen confusiones con respecto a las instancias administrativas que tienen responsabilidad en la atención de la problemática y, por otro lado, los procesos de investigación, sanción y apelación son extremadamente largos y engorrosos. Esta ausencia de políticas del MEC conduce a violaciones a los derechos de las víctimas de acoso sexual e impunidad para los agresores. El CONAMU coordinó una investigación para contribuir a la identificación de mecanismos y procedimientos que le permitan al MEC abordar el problema recurrente de acoso y abuso sexual en el ámbito educativo desde una perspectiva de derechos humanos. El principal resultado de este proceso ha sido la expedición del Reglamento Especial de Procedimientos y Mecanismos para el Conocimiento y Tratamiento de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo, mediante Acuerdo Ministerial No. 4708 suscrito por el Ministerio de Educación y Cultura, con fecha 13 de diciembre del 2002. Adicionalmente se diseñó un plan para operativizar a nivel nacional las Comisiones establecidas en cada una de las Direcciones Provinciales de Educación, brindando una adecuada asistencia técnica de género, desde el CONAMU, para el tratamiento de esta problemática. En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional CONAMU-MEC suscrito en 1998, se institucionalizó la conformación de un espacio de coordinación de acciones denominado Red Pro-Equidad de Género, cuyo objetivo es operativizar al interior del MEC la incorporación de la perspectiva de género en las políticas educativas nacionales. La primera Red proEquidad de

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Género se conformó en Quito en octubre de 1997 y desde entonces ha funcionado con diez técnicas del MEC delegadas de las Direcciones Nacionales de: Supervisión, DINAMEP, DINEPP, Educación Rural, Currículo y Planeamiento. El CONAMU inició un intenso proceso de capacitación en género con el equipo técnico de la Red. Fruto de este proceso de coordinación y capacitación se logró establecer una planificación con la DINAMEP que implicó el desarrollo de propuestas y paquetes educativos para cursos de ascenso de categoría en género y la formación y capacitación de una red nacional de facilitadores(as). Con estos antecedentes el CONAMU inició un proceso de diseño colectivo de una propuesta para el fortalecimiento de la Red Pro-Equidad de Género del MEC y para la creación de nuevos mecanismos al interior del Ministerio en las diferentes direcciones provinciales. A través de este proceso de diagnóstico y consulta se logró en el 2003 la creación de dos mecanismos al interior de las Subsecretarías de Educación del Litoral y del Austro, para coordinar la incorporación del enfoque de género en las políticas educativas. La Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional del Ministerio de Educación, DINAMEP como responsable de la promoción, calificación y actualización permanente de conocimientos de los-as docentes formuló una propuesta conjunta con el CONAMU para que las políticas de formación y capacitación docente que maneja esta Dirección a nivel nacional, incorporen el enfoque de género. Actualmente se ofrece un módulo de capacitación con valor curricular sobre género y educación que está acreditado con puntaje para el escalafón de la planta docente del Ministerio. Esto implica que los-as maestras cuentan con esta oferta validada y no como un tema fuera de la institucionalidad y sin valor académico. Obstáculos encontrados La crisis socioeconómica y la migración han desmejorado las condiciones de la población, en especial el acceso y permanencia de las niñas a la escuela pero no se cuenta con información precisa al respecto. Las estadísticas nos muestran que las mujeres adultas necesitan acceder a programas de alfabetización sin embargo el Estado no le da prioridad a esta problemática y por consiguiente no se asignan recursos suficientes para la formulación de propuestas en este ámbito. La modificación de patrones socioculturales discriminatorios se enfrenta a obstáculos como la orientación vocacional que ha sido tradicionalmente indiferente a las especificidades de género o sesgada. En este sentido también los medios de comunicación juegan un papel determinante, sin embargo en la actualidad la mayoría de ellos difunden todavía mensajes que perpetúan la discriminación de género. En términos generales todavía existe poca sensibilidad en los mandos medios de la educación para el tratamiento del tema género y los derechos de las mujeres. En términos generales un análisis de UNICEF subraya que si bien no hay retroceso en el ámbito de la educación, tampoco hay avances significativos en el tema.

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C. La mujer y la salud Situación actual Si bien 92.6% de mujeres en edad fértil conocen algún método de planificación familiar solo 35.3% de ellas regula su fecundidad. En el grupo de mujeres casadas o en unión el porcentaje asciende a 56%. Los hombres que usan métodos anticonceptivos alcanzan el 26% del total de hombres que tienen acceso a ellos, lo que significa que la responsabilidad de la planificación familiar es todavía un asunto que recae sobre las mujeres casi en forma exclusiva. La falta de información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos incide en el incremento de embarazos no deseados particularmente entre las adolescentes y jóvenes. La Encuesta de Condiciones de Vida de 1998, en ese año el 9,8% del total de adolescentes, es decir 596.254 adolescentes resultaron embarazadas. En cuanto a la cobertura de seguros se identifican también disparidades importantes. Para 1999 0.4% y el 4.7% de mujeres y hombres respectivamente estaban cubiertos por seguros privados; el seguro general cubría en ese mismo año a 23.9% del total de PEA ocupada masculina frente al 6% de las mujeres. Otro dato alarmante es que el 76.2% de las mujeres y el 69% de la PEA ocupada de mujeres y hombres no tenía ningún tipo de seguro de salud, ni privado ni público. “Un 65% de mujeres ha dejado de atender sus enfermedades. Ellas han buscado alternativas para el cuidado de la familia en servicios menos caros y medicina tradicional, pero postergan la atención de sus propias dolencias hasta cuando la gravedad es extrema.”11 Medidas adoptadas El acceso de las mujeres a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva durante toda su vida está garantizado a través de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, LMGYAI cuyo presupuesto anual para el 2004 es $ 20´000.000 de dólares. Se calcula que la Ley beneficiará a un total de 2´450.000 personas, 1´600.000 de ellas serán mujeres y 800.000 serán niñas y niños menores de 5 años. De las 43 prestaciones de la LMGYAI, que incluyen la atención del embarazo, parto, posparto, planificación familiar, detección de cáncer de útero y de mama, detección de anomalías congénitas, detección de VIH-SIDA en mujeres embarazadas, etc., la mayoría de ellas son de carácter preventivo de la salud de las mujeres, niñas y niños. Se exceptúan las atenciones de emergencias obstétricas, el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, y los tratamientos de las patologías más comunes de la infancia, incluidas las que necesitan hospitalización. El país cuenta actualmente con una Ley sobre VIH-SIDA; actualmente a través de un proyecto con el Fondo Global se está negociando el financiamiento de medicamentos para su tratamiento y actividades de prevención y educación a la población. Debido a las limitaciones 11

PNUD. Crisis y Derechos Humanos en el Ecuador. Estudio de País para el Informe de Desarrollo Humano 2000. Realizado por Rocío Rosero Garcés, con la colaboración de Cecilia Valdivieso Vega. Quito, enero 2001.

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presupuestarias de la LMGYAI el examen de detección del VIH-SIDA se realizaba únicamente en mujeres embarazadas en riesgo sin embargo gracias al incremento en el presupuesto de la Ley en el presente año se realiza el examen para todas las embarazadas. En materia de legislación el Ministerio de Salud Pública en conjunto con la Comisión de Salud del Congreso Nacional están trabajando una propuesta de reformas al Código de la Salud. Uno de los ejes de las reformas es Salud Sexual y Reproductiva. La cooperación internacional ha cumplido un papel importante en la dotación de recursos para la realización de investigaciones sobre la realidad de las mujeres. Actualmente con el aporte de varios organismos internacionales se está diseñando y validando los formularios para levantar la encuesta nacional sobre salud materna e infantil que será aplicada en 22.000 hogares y 14.000 mujeres sobre la salud sexual y reproductiva y la salud de las/os niñas/os. El estudio incluye preguntas sobre violencia intrafamiliar, estado nutricional y datos generales de los hogares y sobre los programas sociales. Este proyecto tiene un presupuesto de US$700.000. A pesar de la escasez de recursos estatales para la investigación sí se hace mayor énfasis en difusión de los datos estadísticos disponibles que visibilizan la situación de salud de las mujeres. Los sistemas de recopilación y análisis de información en general, y en particular los de salud, han incorporado la variable sexo en la mayoría de los casos. En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la asignación de recursos estatales en el área de salud cabe señalar que si bien la asignación presupuestaria se ha incrementado cada año para la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia los recursos no siempre llegan a los Centros de Salud en forma suficiente y oportuna. Al respecto se han conformado los Comités de Usuarias para el control ciudadano del cumplimiento de los derechos a la salud de las mujeres que constan en diferentes cuerpos legales del país y particularmente para la vigilancia de la aplicación de la LMGYAI. El Estado ha aportado para el año 2003 un total de US$ 20.000 para la promoción de los Comités de Usuarias. Family Care International conjuntamente con el Consejo Nacional de las Mujeres están desarrollando la ruta crítica de la denuncia de incumplimiento de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Igualmente con el aporte de Quality Assurance Project (QAP) se desarrollan instrumentos técnicos para el mejoramiento de la calidad de la atención de las prestaciones de la Ley. La creación, fortalecimiento y legitimación de los Comités de Usuarias a nivel nacional con el objeto de vigilar y mejorar la calidad de los servicios de salud a través del control social, la rendición de cuentas y la co-responsabilidad en el cuidado de la salud es uno de los principales logros en este ámbito. En el último año el Programa de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia ha desarrollado una línea 1-800 madres para las denuncias o para recibir información, también se publica un informativo semestral donde se transparenta el gasto, las transferencias de recursos y la no utilización de los mismos en las prestaciones establecidas en la Ley.

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Obstáculos encontrados La aplicación de la Ley LMGYAI no ha sido totalmente eficaz debido a dificultades en los mecanismos de transferencia de fondos y la demora desde las fuentes financiadoras como son el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo de Solidaridad, estos retrasos son usados como pretextos para reiniciar el cobro de servicios a las usuarias, lo que redunda en disminución del acceso. Otra dificultad es la aplicación del modelo con la inclusión de los municipios como administradores – financiadores de los fondos y el MSP como ejecutor, esto es un nuevo modelo y ya existen dificultades en la comprensión de los roles de los Comités de Gestión de los fondos que son presididos por los alcaldes y los servicios de salud. En nuestro país persiste el debate sobre quién debe pagar la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la atención básica de salud de las/os niñas/os menores de 5 años. Una de las propuestas apunta a que las mujeres sí estarían en capacidad de cubrir los costos de atención de sus hijos/as menores de 5 años; la otra vertiente plantea que los ingresos de los cobros están poco regulados y frente a la reducción permanente del presupuesto del MSP, no encuentran otra solución que fomentar el cobro directo por servicios. En cuanto a los avances en materia legislativa no hay la suficiente apertura de la Comisión de Salud y Medio Ambiente del Congreso Nacional y no se ha demostrado voluntad política para incorporar las demandas de las mujeres y el enfoque de género en el proceso de reformas del Código de Salud. En este sentido sería fundamental contar con la presión social ejercida desde el movimiento de mujeres para impulsar los cambios necesarios en el Código de Salud así como fortalecer y activar la alianza estratégica establecida con la Comisión Especializada Permanente de la Mujer, el Niño y la Familia. A pesar de los importantes aumentos de las coberturas en el MSP, los esfuerzos no han sido suficientes ya que se estima que un 25% de la población no tiene acceso a ningún servicio de salud. Hay prestaciones como control del embarazo que ha llegado a 87% de cobertura, sin embargo en el parto solo alcanza a 45%, es decir, existen diferencias, particularmente en el control en el posparto, la detección de los cánceres mamario y de útero y la ampliación en las coberturas de control de las/os niñas/os de 1 a 5 años. No hay una red de laboratorios públicos que puedan hacer el examen de detección de VIH-SIDA en todo el país y tampoco todos están certificados. De igual manera ocurre con los exámenes de detección de anomalías congénitas. La generación de conocimiento constituye una estrategia fundamental en el proceso de formulación de políticas públicas sin embargo el Estado ecuatoriano no ha identificado la línea de investigación en materia de salud de las mujeres como una prioridad en la asignación de recursos. La inversión del Estado ecuatoriano en investigación es una de las más bajas de América Latina.

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En términos generales el presupuesto para salud ha sufrido una disminución considerable en relación al año anterior, lo que significa mayor insatisfacción de los trabajadores de la salud y más paralizaciones en los servicios de salud pública. Una de las mayores restricciones del presupuesto del estado son los gastos en supervisión y control. En este mismo sentido es importante señalar que el Estado asigna pocos recursos para promoción de la participación ciudadana para la vigilancia y control social. El proceso de institucionalización de un sistema de mejoramiento de la calidad de los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva ha sido muy lento en el país y sujeto a variaciones de las voluntades políticas de las autoridades del sector. D. La violencia contra la mujer Situación de la mujer En Ecuador no existen estadísticas oficiales a nivel nacional sobre la violencia intrafamiliar y de género contra las mujeres, sin embargo un sinnúmero de estudios demuestran que 8 de cada 10 ecuatorianas han sido víctimas de violencia, siendo la violencia doméstica la más frecuente. Para el año 2003 más de la mitad de las denuncias registradas en Quito correspondían a maltrato físico (51%) y el maltrato psicológico alcanza el 47% del total de denuncias. Si consideramos la relación de la víctima con el agresor tenemos que en un 56% de los casos, los agresores son los cónyuges y en un 16,32% son convivientes de la víctima. 3 de cada 4, es decir el 72% de las denuncias, correspondían a víctimas entre los 20 y los 49 años; se puede afirmar que estas son las edades de mayor probabilidad para sufrir VIF. Hay otros elementos fundamentales que deben mencionarse en materia de legislación. El Código Penal ecuatoriano no tipifica específicamente la violencia intrafamiliar como un delito lo cual implica en cierta medida la no valoración real de la VIF como violación de los derechos de las mujeres; la Ley 103 procesa la VIF como una contravención que tiene categoría inferior a delito. En cuanto a la garantía de la integridad física y emocional de las víctimas de violencia no se cuenta con respuestas eficaces ya que el Programa de Protección de Víctimas y Testigos creado para el efecto no tiene recursos suficientes para su funcionamiento. Medidas adoptadas En materia de violencia contra las mujeres, el Estado ecuatoriano logró en los años subsiguientes a Beijing poner en marcha un modelo de gestión para la institucionalización de políticas públicas en el área de violencia. El tema logró posicionarse en la agenda pública a partir de los compromisos establecidos en las grandes conferencias de El Cairo, Viena y Beijing, gracias a la confluencia de las organizaciones del movimiento de mujeres vinculadas al tema de violencia desde fines de la década de los ochenta y posteriormente, en 1995, en el proceso de formulación del primer Plan de Igualdad de Oportunidades 1996-2000, en el capítulo sobre violencia contra la mujer”.

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En 1994 se crearon las Comisarías de la Mujer y la Familia a partir de una demanda originada en el movimiento de mujeres y los consultorios jurídicos del país. Este constituyó el primer paso para la creación de Comisarías a nivel nacional, que fue coordinado por el CONAMU. Las primeras Comisarías se crearon en Guayaquil, Quito, Cuenca, Esmeraldas y Portoviejo. Más adelante se puso en evidencia las debilidades del modelo y se planteó la redefinición del mismo, conservando una estructura mixta (ONGs de contraparte-Comisarías) y se incorporaron al proceso otras instancias como la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer (ODMU), los gobiernos municipales y el voluntariado del Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA. La expedición de la Ley 103 sobre Violencia contra la Mujer en 1995 significó que las Comisarías pudieran contar con mecanismos y procedimientos jurídicos para la atención de los casos de violencia intrafamiliar. En el proceso de elaboración, negociación y aprobación de la Ley 103, el CONAMU centró sus esfuerzos en garantizar un diálogo permanente con todos los sectores del Estado y la Sociedad Civil, así como consultas específicas a expertas nacionales e internacionales, de manera que se pudiera contar con una propuesta de consenso y de calidad. En este sentido es fundamental resaltar la movilización de mujeres en todo el país para apoyar la propuesta de Ley y su entrega en el seno del Congreso Nacional. En el lobby al interior de la Comisión de lo Civil y la Comisión de lo Penal, el CONAMU asumió la negociación junto con la Asociación Nacional de Juezas. En un segundo momento, como una necesidad de contar con una instancia especializada al interior del Ministerio de Gobierno responsable de coordinar la creación de las Comisarías y principalmente que dicha Cartera de Estado asumiera la responsabilidad en cuanto a la asignación de recursos financieros, se creó la Dirección Nacional de Comisarías mediante Acuerdo Ministerial en marzo del 2000, y se transformó en Dirección de Género en febrero del 2002. Actualmente el CONAMU tiene un papel de proveedor de asistencia técnica desde el Área de Violencia, a la Dirección de Género. Una de las principales tareas ha sido asesorar en la elaboración de normativa para la creación de nuevas Comisarías. Se elaboró la propuesta de Reglamento de la Ley 103 y del Manual de Procedimientos en Casos de Violencia Intrafamiliar, conjuntamente con ONGs especializadas, la Dirección de Género y el apoyo técnico y financiero del Fondo Justicia y Sociedad. El 31 de marzo de 2004 se conformó el Comité Interinstitucional de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Mujeres con la participación de la Dirección Nacional de Género- DINAGE, la Dirección de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, Policía Nacional y la Oficina de Derechos de la Mujer de la Policía- ODMU, la Comisión de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia del Congreso Nacional, CEPAM, Fundación María Guare, Fundación Equidad, Observatorio a Una Vida Libre de Violencia, Asociación de Municipalistas del Ecuador (AME), Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME) UNIFEM y UNFPA. En segunda reunión del Comité se recomendó la incorporación de delegados/as del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros del Comité resolvieron conformar una comisión especializada para revisar y negociar la aprobación del

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Reglamento de funcionamiento de las Comisarías que establecen mecanismos y procedimientos claros para estas instancias. Obstáculos encontrados Se requiere dar mayor sostenibilidad a las asesorías legales en el marco de la gestión de los gobiernos locales. El CONAMU brinda su apoyo técnico en este ámbito sin embargo es fundamental contar con recursos humanos y financieros suficientes para sostener y fortalecer estos proyectos que permiten a las mujeres contar con servicios de asesoría legal. Uno de los principales obstáculos encontrados en el área de violencia radica en la falta de capacitación de personal en temas relacionados con los derechos de las mujeres, violencia y políticas públicas locales, particularmente en el nivel local. Esto implica una importante inversión en sensibilización y capacitación tanto a las autoridades locales como a los equipos técnicos. La inestabilidad política y el continuo cambio de autoridades frenan la concreción de iniciativas que apuntan a mejorar la situación de las mujeres en el acceso a la justicia en general. Si bien el tema de la violencia intrafamiliar y de género está bien posicionado en la agenda pública, incide en forma negativa el cambio de autoridades en los diferentes poderes ejecutivo, legislativo y judicial y se detienen actividades como la publicación del Reglamento de Funcionamiento de Comisarías y la negociación del Manual de Procedimiento de Casos de Violencia Intrafamiliar. E.

La mujer y los conflictos armados

Situación actual La situación de violencia que vive Colombia tiene efectos diversos en nuestro país. El conflicto colombiano y la implementación del Plan Colombia tiene impactos importantes en la población de la frontera norte, en las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Con el propósito de formular políticas públicas orientadas a proteger los derechos de las mujeres en situación de riesgo y disminuir en lo posible su vulnerabilidad, el CONAMU realizó una investigación sobre los efectos en la vida de las mujeres de esta zona. “Las mujeres de la frontera norte están siendo afectadas y expuestas a 3 tipos de eventos que las pone en riesgo. Uno es la violencia proveniente del conflicto colombiano y la aplicación del Plan Colombia; otro es el incremento de la pobreza que crea mayor inseguridad económica con menos oportunidades de empleo para las mujeres; el tercero es mayor inestabilidad al interior de los hogares y con ello mayores casos de violencia intrafamiliar.”12 En el estudio se identificaron por lo menos 6 grupos diferenciados de mujeres afectadas en forma directa por el conflicto: mujeres campesinas que viven en el cordón fronterizo; mujeres indígenas campesinas; mujeres 'raspachinas' que trabajaban en las plantaciones de coca; mujeres microempresarias y mujeres comerciantes; mujeres jóvenes o adolescentes con hijos/as; mujeres refugiadas y migrantes colombianas. A la par de todos estos grupos de mujeres, también han sido 12

CONAMU, Mujeres en riesgo frente al Plan Colombia. Elaborado por Xiomara Ventura. Quito, junio 2002. Pág. 40.

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afectados/as sus hijos e hijas. El grupo de mayor riesgo son las campesinas e indígenas que viven en las comunidades rurales en el cordón fronterizo. F.

La mujer y la economía

Medidas adoptadas Desde el área de desarrollo del CONAMU se han diseñado programas orientados a la implementación de políticas económicas y laborales con enfoque de género y así como han conformado mecanismos de coordinación y concertación de agendas intersectoriales. El CONAMU en conjunto con el Comité Técnico Asesor de la Comisión Interministerial de Empleo13 lideró la conformación de la Mesa “Políticas de Empleo y Género” como mecanismo institucionalizado de diálogo y concertación con la participación de actores/as del Estado y la sociedad civil para la formulación de políticas de empleo con enfoque de género. En enero de 2003 se formalizó mediante Acuerdo Ministerial suscrito por el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el Ministerio de Turismo, la conformación y funcionamiento de la Mesa cuyo objetivo es “Promover la equidad de género a través de la constitución de un espacio técnico-político que incida en políticas públicas de empleo.” Esta iniciativa surgió en el marco del Proyecto CEPAL/GTZ “Institucionalización de políticas laborales con enfoque de género” (I Fase) en el que el Ministerio de Turismo y el CONAMU establecieron una alianza para la incorporación del enfoque de género en esta Cartera de Estado y en las políticas, programas y proyectos del sector turístico. La Mesa elaboró en forma conjunta una propuesta técnica de funcionamiento en la que se establecen estrategias, objetivos y los principales ámbitos de acción. Se hace especial énfasis en el carácter técnico-político de la Mesa. Uno de los principales temas que recoge la agenda y la propuesta de funcionamiento se refiere a la necesidad de instalar capacidades técnico-políticas al interior de los Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, de Turismo y otras instituciones encargadas de la formulación de políticas laborales y económicas del país. En este sentido se han llevado a cabo acciones de investigación, producción de información estratégica, comunicación, sensibilización y capacitación en género y políticas públicas para las/os integrantes de la Mesa Políticas de Empleo y Género y se ha dado inicio al Proyecto OIT “Género, pobreza y empleo” y la Fase II del Proyecto “Políticas laborales con enfoque de género”. Las investigaciones realizadas hasta fecha se han centrado sobre los siguientes temas: i) Incorporación del Enfoque de Género en la Estrategia de Erradicación de la pobreza” ii) Diagnóstico, género, etnia, pobreza y empleo en Ecuador.” Cabe resaltar en este ámbito el establecimiento de alianzas estratégicas con CEPAL, UNIFEM y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC para la formulación de indicadores de empleo y género. La propuesta PADEMUR es igualmente una estrategia de reducción de la pobreza que apunta a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de las zonas rurales. 13 La Comisión se constituyó en febrero de 2001 y está integrada por los Ministros de: Trabajo y Recursos Humanos, Bienestar Social, Obras Públicas, Industrias, Comercio Exterior, Pesca y Competitividad, Desarrollo Urbano y Vivienda, Turismo y Ambiente.

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Obstáculos encontrados La participación de actores del Estado y la sociedad civil en las acciones dirigidas a lograr este objetivo no es evidencia de una plena incorporación del enfoque de derechos y la equidad de género en las políticas y programas sectoriales o intersectoriales. La promoción de los derechos económicos de la mujer se origina de modo exclusivo en el mecanismo nacional rector de políticas de género. Insuficiencia de recursos para cubrir los costos de las acciones de promoción de derechos económicos y género. En este mismo ámbito, los recursos fiscales asignados al Programa PADEMUR en el Presupuesto General del Estado son reducidos y el flujo de recursos fiscales es además irregular. La escasez de recursos para la acción en género impide la instalación adecuada de un sistema de asesoría técnica en el nivel local. Los recursos humanos a este nivel requieren una especialización para llevar adelante el proceso de formulación de políticas públicas locales con enfoque de género. Falta de apertura en el Ministerio de Trabajo a la consulta y participación del mecanismo nacional y de la sociedad civil en el seguimiento de los convenios internacionales en materia laboral y género. Tampoco se cuenta al interior de este sector con un mecanismo de diálogo y coordinación que permita canalizar la asistencia técnica especializada en materia de género y políticas laborales. G.

La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones

Situación actual En cuanto a las disposiciones de Beijing sobre el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones cabe destacar que el Estado ecuatoriano ha dado paso a iniciativas importantes del movimiento de mujeres orientadas a incrementar la participación de las mujeres como candidatas en elecciones populares y cargos de alto nivel. En la Constitución y en la legislación menor se establece importantes normas orientadas a promover e incrementar la participación política de las mujeres sin embargo las brechas son todavía significativas. En las elecciones de mayo de 2000, fueron elegidas un total de 1253 mujeres para diferentes cargos de elección popular, es decir 24% del total de personas electas. Las mujeres ocupan principalmente cargos en el poder local, específicamente municipios y juntas parroquiales. En las últimas elecciones de diputados/as realizadas en el 2002, resultaron electas 18 mujeres y 82 hombres. En esa ocasión se registró un hecho particular, una de las 18 diputadas, electa por Guayas y perteneciente al Partido Social Cristiano, renunció a su derecho para posibilitar la principalización de su esposo que era alterno en la lista. El Foro de Mujeres Parlamentarias ha impugnado el hecho ante la Comisión de Excusas y Calificaciones del Congreso Nacional.14 14

Fundación Justicia, Equidad y Desarrollo. Quito, diciembre de 2002 citado en Informe Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis sobre las brechas de género en Ecuador. Estudio elaborado por Rocío Rosero Garcés y Ariadna Reyes Ávila. Junio de 2003. pág. 6.

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En el actual Gobierno, algunas mujeres han ocupado cargos de Ministras, principalmente en las Carteras de Turismo, Comercio Exterior, Relaciones Exteriores y Educación sin embargo la alta rotación de dignidades en este nivel ha incidido también en la participación de las mujeres en estos espacios de toma de decisiones. Hoy en día los ministerios de Comercio Exterior y Turismo están ocupados por mujeres. Medidas adoptadas El Artículo 102 de la Constitución de 1998 establece que “El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos. Mediante la Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones se estableció la obligación de los partidos políticos de conformar sus listas con candidatas mujeres, en un porcentaje mínimo del 30%, en forma alternada y secuencial. En las elecciones del 2000 se aplicó esta disposición por primera vez sin embargo no se respetó el principio de alternabilidad y secuencia. El Tribunal Supremo Electoral ha emitido instrumentos y reglamentos contrarios a los principios de alternabilidad y secuencia, tales como el Instructivo para ser aplicado en las inscripciones de candidaturas para las elecciones de Prefectos Provinciales, Alcaldes Municipales, Consejeros Provinciales, Concejales Municipales y miembros de Juntas Parroquiales Rurales y el Reglamento General a la Ley de Elecciones y el Instructivo para inscripción y calificación de candidaturas. Frente a estas situaciones el movimiento de mujeres y el CONAMU, en forma conjunta, han realizado acciones de vigilancia y presión para garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Ecuador y de la Ley de Elecciones. Como producto de estas acciones, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Art. 40 del Reglamento a la Ley de Elecciones y la constitucionalidad de las acciones afirmativas contempladas en dicha Ley. Los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, no designan a mujeres para Jefaturas de Bloque de partido que son sin duda espacios de poder y de decisión en el Congreso. De igual manera en el poder ejecutivo tan solo en una ocasión, en 1996, la Vicepresidencia de la República fue ocupada por una mujer. Con la caída del Presidente Abdalá Bucaram, la Vicepresidenta Rosalía Arteaga debió suceder el poder pero no pudo hacerlo por un acuerdo político en el Congreso Nacional que argumentó un vacío constitucional sobre la sucesión presidencial. Recientemente el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo reconoció la Presidencia de Rosalía Arteaga. La Ley de Amparo Laboral de 1997, estableció que al menos 20% de los cargos de ministros jueces de las Cortes Superiores deben estar ocupados por mujeres; de igual manera en relación con los cargos de juezas, notarias, registradoras y otros cargos en la Función Judicial. Sin embargo de la existencia de esta medida de discriminación positiva, las mujeres ocupan en menor proporción que los hombres cargos en el poder judicial.

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Obstáculos encontrados En el país las mujeres que incursionan en la política se enfrentan a cuestiones culturales fuertemente arraigadas en los partidos políticos y en sus líderes en relación con el ingreso de las ellas al mundo de de la política, históricamente asumido como público, y por lo tanto exclusivo de los hombres. Además el ejercicio del poder supone un nivel de preparación importante, que debe ser continuo y que les permita manejarse en distintos ámbitos y visibilizar las problemáticas específicas de las mujeres en el marco de planteamientos macro. H.

Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer

Las respuestas sobre este capítulo se responden en la sección II del documento. I.

Los derechos humanos de la mujer

Medidas adoptadas Como se señala al inicio de este documento la Constitución de 1998 es el instrumento jurídico vital para la protección y promoción de los derechos de las mujeres. En la Carta Magna se consagran principios fundamentales de derechos humanos tales como la igualdad ante la ley y la no discriminación y garantías tales como el habeas data y el habeas corpus. La incorporación del enfoque de género en la Constitución así como la constitucionalización de demandas específicas fue el resultado de un proceso en el que participaron las organizaciones de mujeres y el CONAMU en la elaboración colectiva de las propuestas. Las propuestas fueron incluidas en su mayoría, quedando pendientes algunas específicas en las áreas de derechos sexuales y reproductivos y el otorgamiento de rango constitucional al CONAMU. El proceso de negociación con los asambleístas de la Constituyente estuvo acompañado de acciones de movilización por parte de las organizaciones de mujeres, constituyéndose en una estrategia determinante para el logro de los objetivos planteados. Se incorporaron importantes reformas en torno a los siguientes temas: no discriminación, derechos humanos y violencia, derechos sexuales y reproductivos, familia, trabajo, acceso a los recursos y seguridad social, educación y comunicación, políticas públicas para la igualdad de oportunidades y participación política. Las reformas constitucionales de 1998 incidieron positivamente para la revisión de la legislación nacional promoviendo cambios desde una perspectiva de género y de derechos de las mujeres. Este proceso se basó en una estrategia de concertación, que se concretó a través de la firma de una Carta Compromiso entre la Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso Nacional, el CONAMU y el movimiento de mujeres. A través de la suscripción de convenios de cooperación interinsitucional se contó con la asistencia técnica y económica de UNICEF-Cooperación Técnica de los Países Bajos, CIDES y CONAMU.

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Se elaboraron varias propuestas de reforma a través de las mesas de los siguientes cuerpos legales: Ley de Seguridad Social, Código de Salud, Proyecto de Ley General de Educación, Ley de Educación Superior, Ley de Elecciones y Ley de Partidos, Código de Trabajo. Además se trabajó una propuesta de reforma al proyecto de Código de Procedimiento Penal, las mismas que fueron acogidas mayoritariamente en el Congreso y las restantes fueron incluidas a través del veto presidencial, a excepción de una. Específicamente se incorporaron reformas cuanto a los procedimientos y pruebas en los casos de violación. La Mesa de Participación Política elaboró un conjunto de propuestas a diversos cuerpos legales. Fueron aprobadas únicamente las referentes a las reformas a la Ley de Elecciones que establecen la participación obligatoria del 30% de mujeres en las listas electorales para los cargos de designación electoral, con una fórmula progresiva del incremento del 5% hasta llegar a la paridad. La Mesa de Violencia elaboró el proyecto para la institucionalización del modelo de Comisarías de la Mujer y su transición a la Función Judicial y la estrategia de negociación con el Ejecutivo, así como el reglamento de la Ley 103. Se formuló el proyecto de Código de Familia que incorpora el enfoque de género como un eje transversal de su normativa así como la introducción específica de la violencia intrafamiliar en los capítulos de: derechos y deberes, de las responsabilidades y deberes de los padres a los hijos y en las causales de divorcio. En el marco del proyecto de creación de Asesorías Legales se brinda capacitación en derechos humanos de las mujeres y violencia intrafamiliar y de género a las mujeres usuarias de los servicios, a las organizaciones de mujeres, a liderezas y también a las instancias de justicia que aplican la Ley contra la violencia a la Mujer y la Familia. Obstáculos encontrados Uno de los principales obstáculos ha sido reiniciar el cabildeo con los nuevos diputados que están en el Congreso, particularmente con aquellos que son miembros de la Comisión de la Mujer y la Familia, para sensibilizarlos en temas de género y de derechos así como sobre la importancia de aprobar propuestas que garanticen los derechos de las mujeres y las niñas en diferentes ámbitos, especialmente en las áreas de familia y penal. Esto ha significado retardar la aprobación de las reformas al Código Penal y al Código de Familia así como la expedición de normas y reglamentos que permitan el mejor funcionamiento de la Ley 103 y de las Comisarías de la Mujer y la Familia. Al igual que en otras áreas, la falta de recursos económicos constituye un factor que determina el avance en cuanto al cumplimiento de los compromisos establecidos en materia de erradicación de la violencia contra la mujer. No hay disponibilidad de recursos en el Presupuesto General del Estado para la implementación de proyectos de capacitación para personal de administración de justicia.

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J.

La Mujer y los Medios de Difusión

Medidas adoptadas El artículo 81 de la Constitución “prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.” De igual manera la Carta Política establece la obligación del Estado en la adopción de “medidas que aseguren a los niños y adolescentes [entre otras] las siguientes garantías: Num.7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos que se difundan a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de falsos valores.” Art. 50. Los medios de comunicación elaboraron el Código de Ética y Autorregulación Publicitaria sin embargo éste ha sido ajustado a su conveniencia. En la legislación nacional no existe ninguna disposición expresa sobre la utilización de las mujeres como objeto publicitario y con fines comerciales. La “Agenda de Conectividad” del Gobierno busca ampliar el acceso de la población en general a las tecnologías de la comunicación y la incorporación del país a la sociedad de la información. En este marco es fundamental visibilizar los diferentes niveles de acceso de la población y tomar medidas orientadas a disminuir las brechas. Por otra parte es importante destacar la existencia de un importante número de medios de comunicación social independientes frente al Estado y que pueden ser portadores de la opinión ciudadana y contribuir la construcción de una democracia participativa. Obstáculos encontrados En el área de medios de difusión no existen mayores avances. Por una parte se debe a la no asignación de recursos para el tratamiento de este tema en particular y, por otra, a la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios que impide que los medios de comunicación contribuyan a fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer. K.

La mujer y el medio ambiente

Medidas adoptadas El CONAMU inició un importante proceso de institucionalización del enfoque de género en las políticas ambientales, lo que ha implicado también la creación formal de esta área técnica dentro de la institución con una importante asignación de recursos de la cooperación internacional. A partir de una investigación que permite visibilizar la equidad de género y los derechos de las mujeres en las políticas ambientales y en el imaginario de la sociedad ecuatoriana se diseñó una

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estrategia de trabajo interinstitucional y un plan de acción asumidos por el Ministerio de Ambiente y el CONAMU. “Haciendo un balance general de las acciones emprendidas en el área de ambiente podemos afirmar que la creación de un espacio, desde el Estado, para trabajar género y ambiente, es un avance significativo en el tratamiento de las inequidades resultantes de la relación género y medio ambiente.”15 Actualmente el CONAMU está negociando la posibilidad de insertarse en el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, creado en 1999 como órgano asesor de la Presidencia de la República en la elaboración de políticas y planes de desarrollo sustentable. Una de las principales iniciativas de este Consejo constituye la concertación del Pacto Verde Social. Hacen parte de este Consejo el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Agricultura, representantes del sector empresarial y ONGs ambientalistas, indígenas y campesinas. A finales del 2002 se conformó la Mesa Interinstitucional de Género y Ambiente, liderada por el Ministerio del Ambiente y el CONAMU en la que participan organizaciones ambientalistas y la cooperación internacional que impulsan la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del Ministerio del Ambiente. La Mesa de Género y Ambiente constituye una experiencia relevante en cuanto a la instalación de mecanismos de coordinación interinstitucional. A partir del liderazgo al interior de esta mesa, el CONAMU ha logrado posicionarse como referente de políticas públicas ambientales con equidad de género. La Mesa constituye un espacio que plantea el diálogo como principal estrategia de trabajo, en el que se identifica a los actores claves para construir un proyecto común de incorporación del enfoque de género en las políticas, leyes, normativas y estrategias ambientales. En el marco de la Mesa Interinstitucional de Género y Ambiente se han formulado propuestas colectivas de recomendaciones y observaciones a la Ley de Aguas que se encuentra todavía en discusión en el Congreso Nacional así como la Ley Forestal y la Estrategia Forestal del país. Este proceso se inició a petición del Programa de Política Forestal del Ministerio de Ambiente. Como parte del proceso de institucionalización del enfoque de género y de protección de los derechos de las mujeres en las políticas ambientales el CONAMU han emprendido acciones de definición del mecanismo de género que tendría la responsabilidad del tema al interior del Ministerio del Ambiente. En el proceso se ha considerado fundamental implementar una etapa de sensibilización y capacitación en género dirigida a los equipos técnicos de distintos departamentos del Ministerio de Ambiente, a través de conversatorios y talleres de intercambio de experiencias en materia de derechos de las mujeres en las políticas ambientales. Actualmente se están definiendo lineamientos para incorporar criterios de género en la gestión ambiental descentralizadas. Esto es con la Dirección de Gestión Ambiental Local que es parte de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE. “En síntesis, el problema consiste en que en la mayoría de las instituciones estatales ambientales: no se conoce cómo participan las mujeres en la gestión ambiental, no se valora esa participación, 15

CONAMU/UNIFEM. Pág. 34.

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no se ha conceptualizado la relación entre hombres y mujeres en la gestión ambiental, no se diferencia según género los impactos de las leyes, las políticas y los programas ambientales, no están legitimados los derechos constitucionales de las mujeres.”16 L.

La niña17

Situación actual En un país marcado por la desigualdad, los niños y niñas al igual que las mujeres, tienen menos posibilidades de acceder a los servicios sociales básicos y por lo tanto el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en forma integral, enfrenta constantes limitaciones. De acuerdo a la Evaluación Común de País del Sistema de Naciones Unidas para el Ecuador, en nuestro país existen 4.8 millones de niños y niñas, de los cuales cerca del 70% son pobres. Alrededor de 430.000 niños, de 5 a 17 años tienen que trabajar y 15% de la población de niños y niñas sufren de una desnutrición severa o moderada. Entre 1990 y 2001 no hubo ningún avance en la cobertura universal de la educación básica, y se registró un estancamiento de la escolarización primaria neta en 89%. Los niños indígenas y afroecuatorianos son el grupo poblacional más vulnerable, cerca del 90% viven en la pobreza y 39% terminan la escuela primaria. Si bien la mortalidad infantil y materna han registrado importantes disminuciones en sus tasas, 50% de todas las muertes infantiles todavía son prevenibles.18 De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida, en 1994 el 7,9% de las niñas entre 15 y 19 años estaban embarazadas y en 1998, la cifra aumentó a 9.8%.19 Estos porcentajes son sin duda mayores en las áreas rurales y más frecuentes en las adolescentes de menor instrucción: 32.3% de las adolescentes sin ningún nivel de instrucción y un 16.7% con instrucción primaria incompleta ya eran madres. Las cifras globales presentadas en párrafos anteriores revelan la gravedad de la situación de niños, niñas y adolescentes. En términos generales podemos decir que si bien se han registrado mejoras en algunos campos, la pobreza continúa afectando de manera dramática el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Las estadísticas generales no presentan diferencias considerables en el ejercicio de derechos de niños y niñas sin embargo es preciso detenerse en algunos problemas específicos, mirar más allá de las cifras y plantear un análisis que visibilice la situación de las niñas como sujetos de derechos. Un análisis de esta naturaleza evidenciará la necesidad de incorporar el enfoque de género tanto en el levantamiento, procesamiento de información estadística y análisis de la misma, cuanto en el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia en nuestro país.

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Diagnóstico, estrategia y Plan de Acción del CONAMU sobre la equidad de género y los derechos de las mujeres en las políticas ambientales y en el imaginario de la sociedad ecuatoriana. María Cuvi, Alexandra Martínez. Quito, diciembre 2002. Pág. 43. 17 Tomado de Fundación Observatorio Social del Ecuador y UNICEF, El enfoque de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Documento preparado por Rocío Rosero Garcés y Cecilia Valdivieso Vega. Quito, abril de 2003. 18 UNICEF. Proyecto de documento del programa de país preparado para la Sesión anual 2003 de la Junta Ejecutiva a celebrarse entre el 2 y 6 de junio de 2003. 19 UNFPA. Estado de la población mundial, 1998. Las nuevas generaciones. Nueva York, 1998.

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Medidas adoptadas En el área de derechos de la niña el Estado ecuatoriano no ha implementado medidas específicas basadas en sus necesidades particulares. Sin embargo en el marco de acciones generales a favor de la niñez se están llevando a cabo iniciativas que apuntan a incorporar el enfoque de género y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en la formulación de políticas para la infancia. Actualmente se está elaborando la Política Nacional de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y su Plan Nacional Decenal de Protección Integral 2004-2014, como una propuesta articulada de las políticas públicas orientadas a los niños, niñas y adolescentes con metas e indicadores que permitan su seguimiento y en la que se sitúa el interés superior del niño/a como eje del desarrollo humano sostenible. La definición de estas políticas y el respectivo plan se basa en el Código de la Niñez, artículos 193 y 195. El Plan se fundamenta en los principios establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, CIDN: Interés Superior del Niño; Igualdad y No Discriminación; Prioridad Absoluta; Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia y la Función básica de la familia. Actualmente se están iniciando estudios para incorporar el enfoque de género en el Plan Decenal de la Infancia. El proceso de construcción del Plan está coordinado por la Secretaría Técnica del Frente Social desde septiembre de 2002. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia ratificó este encargo de la STFS el pasado 12 de marzo de 2004 y se constituyó un Comité Interinstitucional que vigila el proceso. El CONAMU hace parte de esta instancia. Al momento un equipo técnico especializado está llevando a cabo una serie de consultas para revisar el documento base del Plan e incorporar los ejes transversales de género, interculturalidad y discapacidades. A nivel de la legislación nacional es fundamental rescatar la expedición del Código de la Niñez, en diciembre de 2002, el mismo que reconoce legalmente a los/as niños/as como ciudadanos, sujetos de derecho y por lo tanto como actores involucrados en el desarrollo nacional. Esta nueva Ley permite que los vacíos del anterior Código de Menores queden cubiertos y se establezcan normas claras y procedimientos para el ejercicio de derechos e incluso de sanciones respecto de autoridades e instituciones que incumplan o irrespeten los derechos de niños/as y adolescentes. El Art.6 establece el principio de Igualdad y No Discriminación y señala que “Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social...o cualquier otra condición propia o de sus progenitores o representantes o familiares.” El Código establece otras medidas que protegen especialmente a las niñas y adolescentes. El Art. 25 establece que “El poder público y las instituciones de salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes ...”.

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En el ámbito educativo por ejemplo, el Código establece sanciones para “Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de niños, niñas y adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, embarazo, condición social, religiosa... suya o de sus padres o representantes legales”. Art. 249, Num.3. El Código de la Niñez establece también la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, como un “conjunto articulado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y proyectos, con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; [...] asegurar la vigencia, ejercicio y exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ... ”Art. 190. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y los Concejos Cantonales de la Niñez y la Adolescencia hacen parte de los organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas del Sistema Nacional. No se tiene referencia hasta la fecha de la formulación de políticas públicas para la infancia con enfoque de género. Obstáculos encontrados El movimiento de mujeres así como el movimiento a favor de los derechos de la niñez todavía no logran articular las propuestas de manera que la protección de niñas y adolescentes se convierta en un eje común de planteamiento de demandas y solución a sus problemáticas. De igual manera los organismos responsables de las políticas a favor de la niñez y adolescencia así como el Consejo Nacional de las Mujeres, no hemos logrado incorporar el enfoque de ciclo de vida en la formulación de propuestas orientadas e eliminar la discriminación de género y a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

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PARTE III. DESARROLLO INSTITUCIONAL La institucionalidad de género y de derechos humanos Tal como se menciona en la Parte I de este Informe, la creación del Consejo Nacional de las Mujeres-CONAMU, ha significado el punto de partida en el proceso de consolidación de la institucionalidad de género en el país. El CONAMU se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 764 publicado en el Registro Oficial No. 182 del 28 de octubre de 1997, como organismo rector para la formulación y promoción de Políticas Públicas con Enfoque de Género, con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios, que funciona adscrito a la Presidencia de la República. Es la instancia que norma y regula la inserción del enfoque de género en los planes, programas y proyectos y su obligatoria aplicación en todos los organismos del sector público. La Constitución Política del Ecuador de 1998 establece en su artículo 41 la obligación del Estado de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y para ello dispone la creación de un organismo especializado que se encargará de la incorporación del enfoque de género en planes y programas estatales, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación. De igual manera el artículo 254 establece que el sistema nacional de planificación tendrá en cuenta las diversidades de edad, étnico-culturales, locales y regionales y se incorporará el enfoque de género. Una de las características más importantes del modelo de funcionamiento del CONAMU radica en la conformación del Directorio de la institución. En el seno del Directorio se encuentran representadas delegadas/os del Estado y de las organizaciones nacionales del movimiento de mujeres constituyendo un modelo de corresponsabilidad Sociedad Civil-Estado en la definición de los lineamientos generales de las políticas para la equidad de género del país. Las representantes de la sociedad civil a través de tres organizaciones nacionales de mujeres: Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio, CONFEMEC y la Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador, CPME. Los/as instancias estatales representadas en el Directorio son: la Presidencia de la República (Presidenta del Directorio) y delegados/as del Ministerio de Bienestar Social, Secretaría General de la Administración y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES (hasta febrero de 2004 Oficina de Planificación –ODEPLAN). Como se menciona anteriormente, el CONAMU está siendo re-estructurado en coordinación con la SENRES, eliminando la lógica sectorial que ha caracterizado la gestión institucional. La propuesta actual apunta a lograr un enfoque transectorial en la formulación de políticas públicas proEquidad de género, articulado a partir de 4 sistemas de derechos: a) Promoción y protección de la participación social y política, el ejercicio de la ciudadanía y la gobernabilidad democrática; b) Promoción y protección del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la justicia; c) Promoción y protección de los derechos culturales, interculturales, calidad de vida, autonomías; y, d)

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Promoción y protección de los derechos económicos, trabajo y acceso a recursos financieros y no financieros. La creación del CONAMU se ve complementada con la conformación de otras instancias cuyo rol está igualmente orientado a velar por el cumplimiento de los derechos humanos y de los principios constitucionales de igualdad ante la ley y no discriminación. Como parte de la institucionalidad de género están la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional creada en 1998 como Comisión Especial, cuyo rango institucional se ve transformado en agosto de 1998, a partir del mandato constitucional y pasa a ser una Comisión Legislativa Especializada Permanente para legislar y fiscalizar sobre los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. En ese mismo año se creó la Defensoría Adjunta de la Mujer y la Niñez en la Defensoría del Pueblo como mecanismo especializado para proteger los derechos humanos de las mujeres, sin embargo ahora solo tiene status de Dirección. Otros mecanismos proEquidad En el país hay avances importantes en la generación de espacios o mecanismos de coordinación interinstitucional para la equidad de género. Desde las diferentes áreas técnicas del CONAMU se ha optado por esta estrategia con el objetivo de garantizar procesos cuyos resultados sean logrados a partir de consensos con los principales actores gubernamentales y no gubernamentales. Las diferentes áreas técnicas del CONAMU (Educación, Salud, Desarrollo, Ambiente, Descentralización y Violencia) han establecido mecanismos de coordinación en los ámbitos técnico y político tales como mesas de trabajo, redes pro-equidad de género, comités de género, direcciones de género, oficinas de la mujer y mesas consultivas con expertas en género en temas sectoriales. En determinados casos se ha logrado la suscripción de agendas de trabajo o convenios interinstitucionales sin embargo una de las principales dificultades radica en la falta de recursos para la acción en género en los presupuestos sectoriales. “Quizás el aspecto más representativo a resaltar respecto a la dotación de recursos para los temas de población y desarrollo, en el marco de una reducción general de la inversión social en esta década, es el financiamiento de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, aprobada en 1998. Para su aplicación se presupuestó como mínimo 21 millones de dólares anuales; en el año 1999 funcionó con 8 millones de dólares y en el 2002 contó con 17 millones de dólares; pese al incremento –fruto de la presión social de las organizaciones de mujeres y del CONAMUsubsiste el déficit. En otros aspectos de la salud sexual y reproductiva los presupuestos continúan siendo exiguos; la realidad es que existe un gran desfase entre necesidades a satisfacer y recursos disponibles, por lo que los pobres limitan su posibilidad de acceso.”20 Se suma a la problemática de la falta de recursos, la limitada capacidad técnica especializada en los diferentes ministerios sectoriales. En este sentido el CONAMU ha invertido, a través de sus

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UNFPA, Informe sobre el Cumplimiento de la Plataforma de Acción de El Cairo. Quito, marzo 2004. Pág.67.

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proyectos, en sensibilización y capacitación de decisores y operadores de políticas públicas, en temas de género, derechos de las mujeres y políticas públicas. El mecanismo nacional de género y la estrategia 2004-2008 El eje central de la estrategia actual del CONAMU es “continuar con el proceso de institucionalización de género en las políticas públicas con una visión transectorial e intersectorial alrededor de la comprensión del rol rector del Consejo en la promoción, protección, ejercicio y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres como un mandato constitucional que transforma la vida de las mujeres a través de la organización del trabajo institucional en sistemas de derechos que configuran líneas estratégicas de formulación, diseño, concertación e incorporación y rectoría de políticas públicas de género centrales y locales”21, tal como se menciona en párrafos anteriores. Los temas prioritarios de la agenda actual del Consejo son22: La formulación del Nuevo Pacto de Género 2004 a través de la formulación, diseño y ejecución del nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades 2004-2008. Apoyo a la construcción de la gobernabilidad democrática con enfoque de género, es decir, una democracia participativa e inclusiva que facilite la participación política, social y comunitaria de las mujeres. Es fundamental fortalecer la institucionalidad pública de género para mejorar la capacidad de incidencia en la agenda pública y el Presupuesto General del Estado garantizando la promoción, protección, ejercicio y exigibilidad de los derechos de las mujeres; Fortalecimiento de las políticas específicas de protección a mujeres rurales y grupos en situación de riesgo: víctimas de violencia, desplazadas y refugiadas, adolescentes embarazadas, trabajadoras sexuales, trabajadoras en condiciones de explotación, mujeres indígenas y de minorías étnicas, afrodescendientes o mestizas en familias o comunidades expulsoras, mujeres privadas de la libertad, migrantes, entre otras; Implementación concurrente de las medidas, mecanismos y servicios necesarios para la operativización de las Políticas Públicas de Género; Ejecutabilidad de las Políticas Públicas de Género a través de redes de servicios y de mecanismos de participación ciudadana. El nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades En primer PIO 1995-2000 se basó en las once esferas de Beijing como una plataforma viable para iniciar el proceso de institucionalización de políticas públicas de protección de los derechos de las mujeres. Mediante la formulación del primer PIO se logró “visibilizar la esfera integral de inequidades de género así como motivar la creación de un mecanismo institucional al más alto nivel del Estado para rectorar las políticas y que hoy constituye el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU”23. 21 Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU/UNIFEM. Consultoría para la formulación de una estrategia de posicionamiento y relacionamiento con la cooperación bi y multilateral. Equipo consultor: Ariadna Reyes Ávila y Cecilia Valdivieso Vega, Grupo de Trabajo ACDemocracia y Desarrollo. Quito, enero de 2004. Pág. 11. 22 Tomando de la Presentación institucional del CONAMU. Soc. Rocío Rosero G. Directora Ejecutiva. Octubre, 2003. 23 CONAMU, Documento Diseño del PIO. Elaborado por Ariadna Reyes Ávila. Quito, febrero de 2004.Pág.

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La propuesta actual del PIO se orienta a “dotar de un carácter transectorial e integral a las problemáticas que viven las mujeres ecuatorianas, lo que implica incidir en el conjunto de las políticas estatales. Del mismo modo es necesario incidir en los instrumentos técnico-políticos que pueden aportar a disminuir las brechas de inequidad, y, que en cualquier caso, requieren una acción inter y transectorial así como la participación de la sociedad civil en la controlaría social y vigilancia del ejercicio de sus derechos.”24 La gestión actual del CONAMU busca formular el nuevo Plan teniendo en cuenta la experiencia acumulada por el CONAMU y los aprendizajes obtenidos, logrando articular los retos del Consejo en una mirada técnica-política que se sitúa en el centro del debate sobre la gobernabilidad democrática. Presupuestos para la acción en género El Ecuador no cuenta con una política de asignación de recursos para el diseño, ejecución y seguimiento de programas y proyectos orientados a la promoción de la igualdad de oportunidades y la erradicación de las brechas de género. “El presupuesto del CONAMU se encuentra dentro del sector social, más específicamente dentro de Bienestar Social y alcanza el monto de 2´269.386 dólares, es decir el 0.15% del total del sector. Con respecto al presupuesto… es importante señalar que el prepuesto asignado del CONAMU representó en el 2003 el 0,024% del Presupuesto General del Estado”25. Resulta entonces esencial estructurar una estrategia en varios sentidos, lograr por una parte un Presupuesto General del Estado, así como presupuestos locales, sensibles al género que constituyan el resultado final de un proceso participativo y de concertación en el que se ven reflejadas las demandas de las mujeres y la población diversa en general. Esto implica una estrategia de construcción del presupuesto desde abajo hacia arriba. En este sentido se hace fundamental la necesidad de visibilizar de manera permanente la inversión pública en género en todos los sectores para lo cual es necesario contar con indicadores. Estadísticas con enfoque de género Desde 1997 el proceso de formulación de políticas públicas en el país cuenta con el Sistema Integral de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE que funciona desde la Secretaría Técnica del Frente Social. Este sistema de información estadística permite trabajar nacional en base a datos oficiales, definir metas y medir resultados, particularmente en materia de políticas sociales. Este sistema está disponible a través de un paquete informativo en boletines informativos, CDs y se encuentra tambiénen el Internet.

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Idem. Pág. Informe Banco Interamericano de Desarrollo, Análisis sobre las brechas de género en Ecuador. Estudio elaborado por Rocío Rosero Garcés y Ariadna Reyes Ávila. Junio de 2003. Pág. 9.

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El SIISE cuenta con un subsistema de indicadores específico para visibilizar las brechas de género en distintos sectores en los ámbitos público y privado, denominado SIMUJERES. Sin embargo de este importante avance es necesario construir indicadores específicos que reflejen las diferentes dimensiones de las inequidades de género. En relación con los compromisos establecidos en los diferentes convenios, pactos y conferencias internacionales, el CONAMU está planteando la construcción de indicadores que permitan hacer este seguimiento y vigilar de manera permanente el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado.

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PARTE IV. MEDIDAS A ADOPTAR EN EL FUTURO 4.1. Desafíos macro 4.1.1 El nuevo PIO: el pacto político y social de género El CONAMU, en su calidad de organismo rector de las políticas proEquidad se plantea el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades como el instrumento técnico que recogerá la demanda de las mujeres diversas, articulándola a la oferta estatal y, que permitirá establecer un pacto social y político de género con todos los sectores Tal como se ha venido trabajando la propuesta del nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades, este instrumento propone la formulación una agenda que incluye la diversidad de las mujeres ecuatorianas. Esto implica apoyar la construcción de una agenda política con mujeres jóvenes, mujeres indígenas, mujeres afroecuatorianas, mujeres de sectores populares, mujeres lesbianas, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres empresarias, entre las principales, y recoger sus demandas que han permanecido invisibles en la agenda del 95-2000 y en las propuestas estatales. El Pacto Político y Social de Género se constituye entonces en una herramienta de consenso político alrededor del encuentro de las agendas diversas, articuladas a temas de interés nacional y a los derechos consagrados en la Constitución y los diferentes instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos de las mujeres. El Plan de Igualdad de Oportunidades y la posterior consolidación del nuevo Pacto Político y Social de Género, ambos momentos, son concebidos como partes fundamentales de un proceso amplio de construcción de políticas públicas para la igualdad. En el proceso desde el inicio las mujeres tienen la posibilidad de colocar temas que les afectan de manera común sin perder de vista la diversidad. 4.1.2. Fortalecimiento de mecanismos proEquidad Hasta ahora la organización operativa del CONAMU ha estado restringida a un modelo temático-sectorial desde el cual le ha sido posible incidir en las diversas agendas del Estado, tanto a nivel central como local. Este modelo temático-sectorial ha cosechado algunos éxitos para el proceso de institucionalización del enfoque de género. “El éxito principal radica, sin duda alguna, en la toma de conciencia sectorial de los factores de género presentes en la adopción de decisiones políticas y administrativas. En esta toma de conciencia sectorial cuyo peso ha estado en el trabajo a nivel central aunque se han ido desarrollando experiencias a nivel descentralizado, el CONAMU ha logrado posicionar su misión e incidir en las agendas desde dos estrategias: las decisiones mandatarias para los sectores a través de la aprobación de leyes y macro políticas públicas sociales a través de un trabajo de asesoría técnica-política; y, a través de proyectos específicos que permean los diversos niveles de toma de decisiones sectoriales.”26

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CONAMU/UNIFEM. Pág. 26.

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Una de las principales estrategias que el CONAMU se plantea para el cumplimiento de los compromisos establecidos en instrumentos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing es la creación y fortalecimiento de mecanismos proEquidad. La actual dirección del CONAMU plantea fortalecer los diversos mecanismos institucionales de coordinación de la acción en género en el Estado central y a nivel de poderes locales tales como comités interinstitucionales, oficinas de la mujer, redes proEquidad y mesas de trabajo. 4.1.3. Presupuestos sensibles al género El CONAMU considera fundamental incorporar la perspectiva de género en la formulación de los presupuestos, nacional y sectorial. Contar con presupuestos sensibles al género implica disponer de una herramienta potente para crear y fortalecer mecanismos proEquidad de género en los diferentes sectores, implementar programas y proyectos para la promoción de la igualdad de género y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. En este sentido es fundamental diseñar una estrategia que permita que el proceso de formulación del Presupuesto General del Estado sea concebido con la incorporación del enfoque de género como eje transversal. Parte de esta estrategia debe apuntar a la sensibilización y capacitación de los niveles técnicos y directivos al interior de las instituciones responsables del manejo fiscal, tales como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional. En este sentido el CONAMU debe continuar con la propuesta de incorporar indicadores de género en los proyectos de inversión pública, en tanto éstas “son un instrumento redistribuidor del ingreso, son también estratégicas en la construcción de presupuestos sensibles al género. Si se logra este tipo de presupuestos [sensibles al género], se estará determinando la forma en que los gobiernos atienden las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. A la vez que, se constituirá en el corto, mediano y largo plazo, en un indicador del cumplimiento de los compromisos del gobierno”27, en los planos nacional e internacional frente a los derechos de las mujeres. 4.2. Retos pendientes en lo sectorial Pobreza - Armonizar la política económica y la política social en función de un modelo de desarrollo basado en un paradigma de justicia social y en principios de igualdad, equidad y diversidad sociocultural. - Transversalizar género en planes, políticas, programas y proyectos, conforme a las prioridades de desarrollo gubernamental, entre las cuales se enuncia la reactivación económica y la superación de la pobreza. - Incidir en los procesos de planeación y en la toma de decisiones para orientar prioritariamente la inversión a favor de los estratos que viven en pobreza y de las nuevas/os pobres, con atención especial a los grupos de mujeres en riesgo: mujeres

27 CONAMU/ UNICEF. Diseño del Índice de Género para la medición y evaluación de los proyectos de inversión pública. Documento elaborado por Zonia Palán y Edith Segarra con la colaboración de Bolívar Palán. Quito, abril de 2003. Pág. 11.

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pobres del campo y la ciudad, jefas de hogar, migrantes, población de la frontera norte, minorías étnicas. Fortalecer y potenciar los mecanismos de diálogo y concertación existentes, con la participación de otros actoras/es de la sociedad civil, para incorporar estos temas en la agenda política, formular y llevar adelante estrategias de acción y reformas legales, en coordinación con entidades de la institucionalidad de género del país (Comisión de la Mujer, la Juventud, el Niño y la Familia del Congreso Nacional). Estrategia de acción a diferentes niveles de la planificación y gestión que permita articular políticas, programas y proyectos, con alcance a la modificación de las estructuras, concepciones y prácticas institucionales, desde una perspectiva de equidad, para el acceso de mujeres y hombres a los recursos financieros y no financieros en igualdad de oportunidades. Incremento de la asignación para el funcionamiento del Fondo Promujeres, como estrategia de superación de la pobreza. Creación de indicadores que permitan visualizar de manera más objetiva la feminización de la pobreza en el país y en este sentido lograr una alianza entre la instancia rectora de políticas de género, el organismo técnico de estadísticas nacionales y las instancias de definición de las macropolíticas sociales para integrar género en el diagnóstico, políticas y programas públicos.

Economía - Integralidad y sostenibilidad del Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales del Ecuador, PADEMUR en las zonas de intervención, mediante la negociación de asignaciones para la ejecución de dicho programa en el Presupuesto General del Estado. - Formalizar la cooperación interinstitucional entre el mecanismo nacional rector de políticas de género y el Ministerio de Trabajo, para la formulación de políticas laborales orientadas a garantizar el derecho de las mujeres al empleo, a condiciones laborales equitativas y al respeto a sus derechos en el ámbito del trabajo. - Visibilizar el aporte de las mujeres a la economía nacional. Educación - Incorporar género como eje transversal en las políticas de educación. - Establecer planes y programas de educación masivos de bajo costo y a corto plazo, incorporando los enfoques de género, derechos de las mujeres y las niñas y ciclo de vida. - Formular, conjuntamente con el Ministerio de Educación y otras instituciones especializadas en esta materia, propuestas de coeducación y ponerlas en práctica mediante experiencias pilotos. - Establecer unidades operativas para la acción en género, dentro de la estructura del Ministerio de Educación, que cuenten con recursos humanos y financieros suficientes, que permitan articular las iniciativas estatales y privadas. - Elaborar materiales de difusión masiva y a bajo costo con contenidos que promuevan la equidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes. - Apoyar la organización de niñas, jóvenes, maestras y madres, desde una perspectiva de derechos orientadas a vigilar los principios de no discriminación en la educación, particularmente los casos de expulsión o rechazo por embarazo.

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Impulsar programas y portentos de mediano y largo plazo, orientados a lograr cambios culturales Incorporar la interculturalidad como elemento clave de las políticas de educación.

Salud - Difundir los derechos que confiere la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia entre la población, especialmente en zonas rurales e indígenas. - Promover la formulación de reformas a la Ley, que permitan garantizar el flujo oportuno de recursos y establecer sanciones a quienes cobran por los servicios gratuitos que ofrece la Ley. En este mismo sentido derogar o hacer modificaciones al Decreto Ejecutivo suscrito en forma posterior a la expedición de la Ley y que arbitrariamente permite el cobro de prestaciones que ya fueron determinadas como gratuitas. - Acuerdos nacionales sobre si es el estado el que debe financiar la salud sexual y reproductiva y la atención de salud básica de las/os niñas/os menores de 5 años, o si debe hacerse el cobro directo de estas prestaciones a las mujeres. - Promover un debate y la consecución de acuerdos nacionales sobre el rol de los municipios en la provisión de los servicios de salud. - Formular, desde el equipo técnico del CONAMU y en coordinación con el MSP, propuestas de reformas al Código de la Salud que introduzcan el enfoque de género. - Lograr la suscripción de un Convenio con el Seguro Social Campesino para ampliar coberturas a personas no afiliadas; ampliar la base social de la Ley de Maternidad Gratuita con las familias afiliadas del Seguro Social Campesino y las mujeres indígenas, entre ellas las parteras tradicionales. - Incorporación de las/os agentes de la medicina tradicional para referencia de pacientes embarazadas, en trabajo de parto o posparto, atención a niñas y niños menores de 5 años, a bajo costos, y de esta manera iniciar la articulación entre los servicios formales e informales de salud. - Establecer los mecanismos de transferencia de recursos, protocolos de los procedimientos y otros instrumentos que permitan elaborar convenios con el Instituto Izquieta Pérez, los laboratorios del MSP y de la Cruz Roja. - Promover la realización de investigaciones sobre la salud de las mujeres, mejorar la calidad de los datos y la oportunidad de los mismos y su difusión. El CONAMU está negociando actualmente la incorporación de preguntas clave sobre la situación y condición de las mujeres en distintas herramientas de levantamiento de información. - Apoyar y fortalecer la creación de los comités de usuarias y otros mecanismos de vigilancia y control de los servicios de salud y el manejo de los recursos por parte de los órganos competentes, de manera que se contribuya a la construcción de ciudadanía en salud. Comunicación - Promover la formulación de políticas comunicacionales para que los medios de comunicación den apertura a las mujeres y a la sociedad civil en general, para hacer posible su participación a través de ellos y para facilitar la expresión de sus demandas. - Apoyar la redacción y negociación de leyes y reglamentos que permitan sancionar a los medios de comunicación cuya actividad resulte discriminatoria y atente contra los derechos de las mujeres.

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Ambiente - Incorporar al CONAMU en espacios de decisión al más alto nivel tales como el Comité Nacional del Clima y Comité Nacional de Bioseguridad. - Articular una base social demandante y una masa crítica de manera que se posicione el tema de género y ambiente en los movimientos ambientalistas y de mujeres. - Generar mecanismos institucionales y legales al interior del Ministerio del Ambiente que sustenten el proceso de incorporación del enfoque de género en las políticas ambientales y la propia gestión de la institución. - Desarrollar investigaciones que permitan disponer de información y conocimientos sobre el acceso, uso y control de los recursos naturales, desde la perspectiva de género. - Incorporar el enfoque de género en los sistemas de monitoreo ambiental y otros sistemas de información. - Introducir la variable de georeferencialidad como variable del diseño de las Políticas Públicas de Género a nivel local. Violencia - Involucrar a los gobiernos locales y seccionales en el tema de la violencia intrafamiliar, para la formulación de políticas públicas en ese nivel. - Continuar apoyando la formulación de experiencias piloto que permitan, entre otros, la detección de la violencia intrafamiliar, el abuso y de los delitos sexuales extrafamiliares, los mecanismos de atención oportuna para detener las agresiones y la intervención para posibilitar la recuperación de las víctimas, con el propósito de diseñar políticas locales y nacionales en este ámbito. - Lograr la implementación del modelo de gestión de los juzgados de familia y contrvencionales de violencia dentro de la función judicial. - Lograr la publicación del Reglamento de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y Manual de Procedimiento para estandarizar la aplicación de la ley en las instancias de justicia que aplican la ley contra la violencia a la Mujer y la Familia. De igual manera lograr la incorporación plena de las reformas al Código de Familia y al Código Penal, relacionadas con los derechos de las mujeres. - Institucionalizar el Observatorio del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, en acuerdo con las diferentes entidades que hacen parte de la institucionalidad de género. - En materia de mujeres en situación de riesgo: a) realizar estudios desde la perspectiva de género sobre los impactos de la migración en las mujeres y sus familias y plantear la articulación de iniciativas productivas con las divisas generadas por los migrantes; y, b) articular estrategias a favor de las mujeres de frontera norte en el marco de los programas y proyectos desarrollados en esa zona. Derechos Humanos - Uno de los retos de la institucionalidad pública en el país y particularmente de la institucionalidad de género es incorporar el enfoque de derechos en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas y proyectos. - El enfoque de derechos implica también la promoción y fortalecimiento de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres. Las mujeres y

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las organizaciones de mujeres deben constituirse en promotoras y vigilantes de sus propios derechos, haciendo uso de las herramientas legales y de los mecanismos institucionales disponibles para exigir el cumplimiento de todos y cada uno de ellos. Integrar el enfoque de derechos humanos en la gestión del CONAMU y en el Estado. Fortalecimiento del Estado de Derecho.

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