El INFORME DEL IMSS, UN DISCURSO LEGITIMADOR DE DECISIONES TOMADAS Y EL ANUNCIO DE NUEVAS MEDIDAS PRIVATIZADORAS

Las conclusiones son anteriores al diagnóstico 1. Si bien el Informe tiene como objeto cumplir una obligación de Ley, lo hace con el innegable propósito de conducir a conclusiones que se tenían de antemano. Por ejemplo, ubica al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores al servicio del IMSS como uno de los principales riesgos para el Instituto por su dimensión y por la dinámica que ha tomado y a lo largo del documento, compara el costo del RJP con la inversión en equipo e instalaciones médicas, con las reservas, con la ampliación de la cobertura de guarderías, con el gasto en medicinas, con los déficit en cada uno de los seguros “con y sin RJP”, etc. Entonces, la lectura del Informe nos conduce a concebir las prestaciones contractuales de los trabajadores del IMSS casi como un abuso de poder, como una auténtica amenaza a la seguridad social. Otro ejemplo de lo anterior es la ausencia total de autocrítica a la actual administración del IMSS. Para el Instituto los riesgos se encarnan en los trabajadores a su servicio, en los gastos médicos para pensionados, en el otorgamiento de pensiones a quienes en edad productiva se incapacitan o se enferman, en los legisladores que pretenden reformar la ley con principios de elemental justicia, pero que acarrean un costo, etc. Sin embargo, no parece digno de tomarse en cuenta el hecho de que el Instituto es el segundo destinatario de quejas y recomendaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos; que concentra el 30 por ciento de las quejas en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; minimiza el hecho de que la cartera en mora se incrementó entre 2003 Y 2004; omite informar el pasivo total por juicios laborales y fiscales que enfrenta; no informa del dispendio en gastos de comunicación social (es la entidad paraestatal que más eroga) y parece no darse por enterado que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado severas irregularidades en la subrogación de servicios, en la ejecución de obra pública, en el control de inventarios, y en licitaciones. Además, pasa como de noche el hecho de que el Director General obtiene ingresos netos por 2 millones 180 mil pesos anuales y que además entre sus múltiples prestaciones se cuenta la de ser beneficiario del malévolo RJP. El RJP como la principal amenaza a la seguridad social 2. En este tema, la intencionalidad del informe es clara. En primer lugar arma una estructura colosal para demostrar que el RJP es una amenaza a los trabajadores afiliados y sus familias, a las empresas que contribuyen y a los contribuyentes de cuyos impuestos se financian las aportaciones estatales al IMSS.

1

La situación del RJP efectivamente es grave. Encontrar una salida a un pasivo de 714 mil 597 millones de pesos (1.91 millones de pesos por trabajador; 9.4 por ciento del PIB 1) no es tarea sencilla. Y sin embargo, el Informe no repara en que la crispación de los ánimos a que se condujo al Sindicato y la grave intromisión del Congreso de la Unión al imponer (con senadores introducidos por la fuerza al recinto parlamentario) una salida a esa problema al reformar dos artículos de la Ley del Seguro Social, salida que ha resultado más costosa (aunque el Informe la minimiza y hasta le halla virtudes). Debido a la aplicación de la reforma (cuyos efectos, reconoce el Informe, tendrán efecto hasta dentro de 30 años) no se han creado plazas desde agosto de 2004 y la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo está atravesada por un demanda de inconstitucionalidad presentada por el Sindicato y los efectos de la misma se sentirán hasta dentro de 30 años. En cambio, la salida propuesta por los trabajadores, de cambiar algunas variables del régimen (subir de 3 a 10 puntos la contribución para los activos y 10 puntos para los nuevos, edad de retiro a los 60 años y 35 años de tiempos de servicio) frenaría la escala creciente del pasivo de inmediato, no sacrificaría la creación de nuevas plazas y mantendría la negociación. Lo limitado de la reforma es reconocido implícitamente por el Instituto: A pesar de la reforma antes mencionada, la presión financiera del RJP sobre el IMSS será todavía muy grave en las próximas décadas debido a que el amplio contingente de trabajadores que ingresó al Instituto en las décadas de los setenta y los ochenta está alcanzando los años de servicio requeridos por el RJP para acceder a la jubilación... (pág. 183). Más adelante, afirma: Sin embargo, la reforma de agosto de 2004 no resuelve toda la problemática derivada del RJP... el pasivo ya acumulado hasta antes de la reforma seguirá gravitando fuertemente sobre el Instituto. La reforma desaceleró la trayectoria de deterioro progresivo en que se encontraba el IMSS, pero no la logra evitar durante los próximos treinta años. (subrayado propio, pag. 208) Cuando en el Informe calcula que la reforma de agosto de 2004 significará ahorrar 21 mil millones de pesos entre 2005 y 2012 y 561 mil millones de pesos en 75 años elude decir que esto sólo será posible a través de reducir la contratación de trabajadores sustitutos, pues el artículo 277 D (reformado) establece que sólo se harán nuevas contrataciones sobre la base de que sus pensiones estén fondeadas y que no toque la principal fuente de ingresos del IMSS: las cuotas obrero patronales y las aportaciones estatales (que representan el 71.7 por ciento de los ingresos totales del IMSS). El Informe admite que “incluso si ya no se llevaran a cabo nuevas contrataciones, el pasivo laboral por el RJP seguirá creciendo por varios años más, conforme los trabajadores actuales se acercan más a la edad de jubilación... el pasivo laboral alcanzará un máximo superior a los $900,000 millones alrededor del año 2017, y sólo

1

El Informe anterior reportó un pasivo de 495 mil 179 millones de pesos. El cambio de metodología que se presenta en este Informe representa una variación en los resultados de 44.3 por ciento más.

2

después de entonces comenzará a decrecer, aunque se mantendrá muy elevado hasta mediados de este siglo” (pág. 196). Luego entonces. Después de postrar al Sindicato e imponerles una reforma de este tipo... hay que llamarlos a negociar para hacer ajustes al RJP. O sea, se está como al principio o, en términos políticos, peor. La reforma no solucionó el problema; lo ha entrampado y lo ha complicado. Rebalanceo de tasas y cuota social para favorecer los GMP 3. El segundo gran reto del Instituto es el de los gastos médicos para pensionados (GMP) en el cual el pasivo asciende a 906 mil 884 millones de pesos (14.8 por ciento del PIB). Varios factores agravan esta situación: el envejecimiento poblacional, una mayor esperanza de vida, una reducción en la relación activos/pensionados (de 5.13 en 2004, el nivel más bajo en 10 años 2) y los costos crecientes de la atención a las enfermedades crónico-degenerativas. El Informe cita que los pensionados representan el 10 por ciento de los derechohabientes, pero la atención médica que se les brinda equivale al 20 por ciento de los servicios otorgados. Ante eso, se plantea una reforma a la Ley del Seguro Social, que consiste en cuatro acciones: i)

que el pago de las prestaciones económicas que actualmente son responsabilidad del SEM se transfieran al SIV para que este último se haga cargo de ellas;

ii)

que el SRT y el SIV liquiden al SEM una cuota por servicios administrativos, de evaluación médica y de recaudación, la cual en las estimaciones que se presentan más adelante se supone de 12 y 15 por ciento de los ingresos del SIV y el SRT, respectivamente;

iii)

que el gasto médico de los pensionados del SRT sea transferido a GMP; y,

iv)

que sólo se compren las rentas vitalicias para asegurar las pensiones de los sobrevivientes hasta el momento de la muerte del pensionado por SIV y SRT, no al momento que se pensiona, como actualmente se hace.

Las tasas de contribución quedarían de la siguiente forma:

2

Se espera que esa relación pase de 2 a 1 en 2039 y de 1.5 a 1 en 2055.

3

Dentro de la propuesta está incorporada cada año una transferencia del SRT al SEM de tres por ciento de los ingresos para programas de rehabilitación, lo cual equivale a aproximadamente 478 millones de pesos, y otra transferencia al SEM de ocho por ciento de los ingresos de cada uno de los seguros, SRT y SIV, para programas de prevención médica, la cual equivale para el SRT a 1,275 millones de pesos y para el SIV a 1,548 millones de pesos. En total, el SEM recibiría de los otros dos seguros 3,301 millones de pesos para prevención médica y rehabilitación física. Adicionalmente, tanto el SIV como el SRT transferirían cada uno al SEM el cuatro por ciento de sus ingresos por concepto de gastos de administración, lo cual equivaldría a 774 y 638 millones de pesos del SIV y del SRT para el SEM, respectivamente, que el SEM podría usar para fortalecer sus gastos generales. Adicionalmente, se indexarían las aportaciones patronales y del Gobierno Federal a la evolución del salario base de cotización del SEM. Con esta medida el seguro dejaría de perder en el largo plazo ingresos por 3.4 puntos porcentuales de la masa salarial de los asegurados al IMSS, lo que de acuerdo con el nivel actual de ésta equivaldría a aproximadamente 26,000 millones de pesos anuales. Finalmente, se propone que el Gobierno Federal realice una aportación adicional al GMP igual a la que hace para cada asegurado del SEM (17.15 por ciento del salario mínimo vigente el 1 de julio de 1997, indexado con la inflación). La propuesta resulta interesante, e incluso se ha retomado por el PRD mediante una iniciativa en el mismo sentido, presentada por el Dip. Miguel Alonso Raya el 10 de marzo de 2005. Iniciativa que por ciento, no le mereció al Instituto el menor comentario; como si lo hizo con otras iniciativas, pero considerándolas “un riesgo”. Modificaciones legales para ampliar la cobertura 4. Se espera del Informe como una solución a la falta de cobertura modificar las disposiciones de Ley para integrar a la población que trabaja por comisiones, a destajo, o en el servicio doméstico al régimen obligatorio; curiosamente, no presenta ninguna valoración de lo que significa en ese tema el Seguro Popular; el Informe asume que esa no es alternativa pues enfatiza que la disponibilidad de médicos, enfermeras y camas por mil habitantes es mayor en el IMSS que en los servicios médicos a los que acude la población no asegurada. En lo referente a la productividad

4

diaria de los recursos, es más alto en el Instituto el número de consultas diarias por mil habitantes por médico; también es mayor el número de cirugías por quirófano. El número de servicios otorgados por cada mil habitantes también refleja una mayor productividad en el número de consultas generales, egresos, intervenciones y atenciones en los servicios de urgencias en la población protegida por el IMSS que en la no asegurada. La ocupación hospitalaria también es mayor en el Instituto. Para el IMSS, la seguridad social sólo amplía su cobertura a través del propio Instituto y se tendrían que atender los contingentes de trabajadores que han crecido por la transformación del mercado laboral. el instituto calcula que el 15 por ciento de la PEA ocupada se encuentra en una situación ambigua ante el Régimen Obligatorio: 1 millón 850 mil trabajadores en ventas directas; 2 millones 185 mil en trabajo doméstico; 2 millones 476 mil trabajadores a destajo, comisión o porcentaje y 2 millones 100 mil comerciantes en pequeño. Establece que modificaciones legales permitirían incrementar la afiliación, hasta un potencial de aproximadamente 2 millones de trabajadores en sectores como las ventas directas y el trabajo doméstico. Reforzar las tendencias privatizadoras: el caso de guarderías 5. Otro objeto del Informe es andar la ruta privatizadora de los servicios médicos y de las guarderías y prestaciones sociales, argumentando su incapacidad de inversión. En el caso de guarderías afirma que si los recursos destinados a las guarderías operadas por el Instituto se canalizaran a guarderías subrogadas se podrían atender 38 mil niños más y que si se suprimieran los recursos directamente destinados a Prestaciones Sociales (deportivos, velatorios, centros vacacionales, etc.) se atendería a 60 mil más. Por supuesto, esta dista de ser una situación “natural” o “espontánea”. La desinversión en esta materia y una política abiertamente privatizadora ha conducido a que el modelo que más desarrolla en las guarderías el privado-subrogado. De esa forma, entre 2000 y 2004, el número de guarderías se ha incrementado en más de 50 por ciento, al pasar de 899 a 1,359 unidades; todas las nuevas guarderías son de los esquemas de prestación indirecta. Aún así, la cobertura de la demanda potencial de estos servicios es de 21.0 por ciento y respecto a la demanda manifiesta (solicitudes de asegurados o aseguradas, del 89.8 por ciento. Textualmente, el Informe apunta: El crecimiento importante del Sistema de Guarderías IMSS inició en 1998, con la introducción de esquemas que permiten atender a un mayor número de niños con un menor costo, preservando la calidad que caracteriza a los servicios de guardería del Instituto (subrayado propio, pág. 89). El IMSS estima que el costo por niño o niña atendida en una guardería subrogada es la mitad del costo en una guardería del propio Instituto.

5

Litigios: el pasivo oculto 6. En cuanto a los litigios, el Informe 2004 detallaba que a diciembre de 2003, sólo en materia laboral y fiscal, se encontraban en trámite 136,009 juicios contra el IMSS, que involucraban un monto aproximado de 20,335 millones de pesos. En este Informe tan sólo se habla de 113 mil 421 expedientes laborales en trámite; no se mencionan el número de casos fiscales ni civiles y mercantiles. ¿Se trata de ocultar algo? En esta ocasión, sólo se reporta una muestra de los principales casos (que llegan a 503.7 millones de pesos). No se tiene una estimación hacia 2004. La falta de inversión como coartada para privatizar los servicios médicos 7. La falta de inversión en el IMSS es un elemento destacado en el Informe, según se establece, la inversión promedio por derechohabiente en el período 2000-2004 es 40 por ciento inferior a la observada hace 20 años. Los datos del Informe llegan en este apartado al detalle. Se sabe que 41 unidades destinadas a resolver la demanda del tercer nivel tienen en promedio 27 años de antigüedad; que una de cada 5 de las Unidades Médicas de Alta Especialidad no está en buenas condiciones; que se requieren sustituir 601 ambulancias con una antigüedad mayor de 10 años y dar mantenimiento a 646 unidades con antigüedad de 5 a 10 años (la vida útil de estas unidades es de 5 años: para prever el deterioro futuro, se tendría que reponer 1 de cada 5 anualmente, con un costo de 117 millones de pesos); que uno de cada 5 de los equipos relevantes tiene una antigüedad mayor a 15 años. En un balance global, se encuentra que en el primer nivel faltan 268 consultorios; en el segundo, faltan 5,352 camas censables, 456 camas no censables del programa de corta estancia y 3,540 equivalentes de cama en Unidades Médicas de Alta Especialidad; y faltan 2,601 camas censables de tercer nivel. Además se requiere la remodelación de 1,020 unidades medicina familiar y 173 hospitales. El Instituto calcula que para abatir de forma inmediata el rezago acumulado se tendrían que destinar 45 mil millones de pesos (13 veces más que lo invertido en 2004, 18 veces más de la inversión promedio anual en los últimos 4 años). Con independencia de esta cantidad se debieran destinar 4 mil 800 millones de pesos por cada 500 mil nuevos derechohabientes. Como el Instituto asume que no hay fuentes para estos ingresos, propone la subrogación en el segundo nivel de atención, y el copago en el tercer nivel: A grandes rasgos, el Instituto debe fortalecer la prestación directa de servicios en el primer nivel de atención, subsanar la problemática que enfrenta en el segundo nivel mediante la prestación indirecta a través de la compra de servicios, con excepción de los servicios de urgencias, e impulsar y consolidar su presencia como prestador directo de servicios de alta especialidad en el

6

tercer nivel de atención, incluyendo la posibilidad de ofertar servicios a no derechohabientes. (subrayados, propios, pág. 506) Manteniendo la rectoría sobre los procesos médicos, el Instituto necesita intercambiar servicios con otros proveedores, públicos y privados; identificando con precisión las áreas prioritarias en las que debe concentrar sus recursos de inversión, y fortaleciendo y modernizando su normatividad en materia presupuestaria, laboral y de atención médica para participar más intensamente y beneficiarse más plenamente de las posibilidades que ofrecen otras instituciones de salud. (subrayados propios, pág. 508). Niveles históricos de cartera vencida 8. Al leer con detalle el Informe aparece otro indicador. En 2004, el IMSS alcanzó el más alto saldo de cartera en mora de su historia. El producto de los saldos a cubrir derivados de cuotas, multas, recargos y créditos asciende a 14 mil 639.3 millones de pesos, equivalente al 12.9 por ciento de la recaudación por cuotas obrero patronales. El año pasado, la cartera en mora fue de 11 mil 151.2 millones de pesos, 10.0 por ciento del total de la recaudación (págs. 310311). La actual administración del IMSS no es una recaudadora eficiente. En el año 2000, la cartera en mora era de 8 mil 557.8 millones de pesos (8.4 por ciento de la recaudación). En 4 años, el IMSS perdió una eficiencia recaudatoria medida nominalmente en más de 6 mil millones de pesos y en 4.5 puntos porcentuales de la recaudación. Si a esto sumamos un porcentaje de subdeclaración estimado en 19.8 por ciento, tenemos un panorama preocupante, cuya solución no debiera tener otro costo que la eficiencia y la honradez. El recuento de acciones y programas, de recursos informáticos y hasta “Reingeniería del sistema de incorporación y recaudación” no viene al caso cuando los resultados son tan evidentes. Las pensiones de invalidez e incapacidad como una carga 9. Uno de los aspectos que revisa con mayor profundidad el Informe es la problemática de las pensiones de invalidez e incapacidad. De hecho, le dedica un capítulo completo. Vale la pena detenerse en este asunto El capítulo comienza dimensionando el problema de este tipo de pensionados: de los 2 millones 274 mil 433 pensionados en 2004, sólo el 40 por ciento fue por cesantía en edad avanzada y vejez. El resto, obtuvieron su pensión a una edad promedio de 48 años de edad debido a la ocurrencia de un accidente o enfermedad con secuelas permanentes; en el caso de las viudas de asegurados que obtuvieron una pensión conforme a la Ley 97, el 34.5 por ciento lo hizo cuando tenía menos de 40 años.

7

Existe una gran proporción de pensionados que se encuentran en plena vida productiva. El 28.8 por ciento (3.4 millones) de los trabajadores afiliados al IMSS, tuvieron una incapacidad temporal derivada de un accidente o enfermedad, por un promedio de 11 días; de éstos, el 31.8 por ciento recibió un subsidio del Instituto por 28.5 días. A estos trabajadores, y a los pensionados distintos de cesantía y vejez, se destinaron en el 2004 un total de 31 mil 671.8 millones de pesos. Además, de 1997 a 2004, el número de pensionados por los seguros de Riesgos de Trabajo (RT) y por Invalidez y Vida (IV) ha crecido 28.8 y 34.5 por ciento respectivamente. Partiendo de esa situación y de la experiencia internacional, se deriva que el IMSS propondría “desarrollar una definición más precisa de cuáles son los riesgos que debe cubrir cada seguro, y su traducción en las prestaciones económicas asociadas a cada evento o conjunto de eventos; así como la estructura de incentivos adecuada tanto para trabajadores como para patrones que promueva la reinserción laboral cuando ésta sea posible”. También “una aplicación más objetiva y menos discrecional de la regulación, que permita alcanzar mayor equidad y certeza, así como reducir el alto grado de litigiosidad que hoy en día tienen los procesos”. Y “la necesidad de canalizar mayores recursos y esfuerzos en materia de prevención, capacitación y rehabilitación” (pag. 583). Siguiendo la experiencia de los países de la OCDE presenta algunos lineamientos: “a) el reconocimiento de que el estado de discapacidad no necesariamente debe ser equivalente a la incapacidad de trabajar; b) la introducción de una cultura de obligaciones mutuas para apoyar y reintegrar personas con discapacidad tanto para la sociedad, como para los discapacitados y los empleadores; c) el diseño de paquetes individuales de trabajo y beneficios económicos, reconociendo que además de sus necesidades financieras, las personas con discapacidad pueden requerir, entre otros, adaptaciones a sus espacios de trabajo, evitando así su exclusión del mercado laboral; d) la introducción de obligaciones para las personas con discapacidad, como rehabilitación vocacional, búsqueda de empleo y otras medidas de integración; e) el involucramiento de los patrones en el proceso para reintegración de las personas con discapacidad mediante estrategias desde la persuasión moral hasta legislaciones antidiscriminatorias y cuotas de empleo obligatorias; f) la promoción de la intervención temprana para la rehabilitación, el re-entrenamiento y la búsqueda de trabajo; y, g) la flexibilización de la prestaciones económicas para proveer incentivos para regresar a trabajar” (pág. 584). Los altos costos de las pensiones pueden deberse a que algunas personas sin merecerlo reciben los beneficios del sistema (al que se le denomina error de inclusión), mientras que algunas personas que sí los merecen no los reciben (al que se refiere como error de exclusión). Esto se debe a la gran dificultad de la evaluación de lo que constituye la discapacidad e incapacidad para el trabajo. En la práctica, en ocasiones puede ser muy difícil distinguir entre aquellos que pueden trabajar y los que no pueden hacerlo, y hacer una

8

distinción adecuada entre la discapacidad total y la discapacidad parcial o, más aún, entre permanente y temporal (pág. 585). El proceso legislativo como un riesgo 10. Entre los riesgos adicionales del Instituto, se cuenta el siguiente: Existen diversas propuestas de reformas a la Ley de Seguro Social (LSS) presentadas en el H. Congreso de la Unión con el propósito de otorgar mayores beneficios a los derechohabientes, pero que pueden tener importantes implicaciones financieras para el IMSS. En esta sección se evalúa el riesgo que representaría para el Instituto su aprobación, en caso de que esta se diese sin contar con una fuente de financiamiento para cubrir los beneficios propuestos (pág. 396). Al efecto cita un conjunto de 9 iniciativas presentadas por legisladores y Congresos Estatales que pasarían a la Ley beneficios con enfoque de género, mejora en las pensiones, derecho a la atención gineco obstétrica para las hijas de derechohabientes menores de 16 años, el seguro de desempleo y mejores condiciones para el disfrute de la pensión de los trabjadores del campo, entre otras. La opinión del IMSS ante estas mejoras es unívoca: El costo anual para el IMSS de aprobarse el conjunto de iniciativas antes mencionadas sería del orden de los 14,000 millones de pesos. Esta cifra es mas de la mitad del presupuesto dedicado a medicamentos y material de curación, y mas de cuatro veces el presupuesto total de inversión del Instituto en 2004 (pág. 404). Pero si a comparaciones vamos, también es igual al 93 por ciento de la nómina de confianza o al total de lo que el IMSS fue incapaz de recaudar en 2004 (cartera en mora). Es grave que la actitud del Ejecutivo ante iniciativas para mejorar las prestaciones de la seguridad social sea evaluarlas por el costo que implican, sin una valoración social o legal que justifiquen la validez de una iniciativa. A menos que este sea la seguridad social del siglo XXI que ofreció la reforma de 1995. Falta de valoración de la reforma de 1995 11. Precisamente, algo de lo que también carece el Informe es de una valoración crítica de la reforma a la Ley del Seguro Social aprobada en 1995 y vigente desde el 1 de julio de 1997. Los ajustes que se proponen a las primas de cotización, el balanceo de primas, el fracaso del Seguro de Salud para la Familia como mecanismo para la universalización de la cobertura. Al menos, para que (hablando de riesgos) se evalúe el seguir por la ruta privatizadora de las pensiones y la seguridad social.

9

El IMSS, el principal violador de Derechos Humanos 12 Los aspectos que no contiene el Informe no pueden pasarse por alto en un diagnóstico responsable y objetivo. En primer lugar, la calidad de los servicios médicos. Además de la vivencia cotidiana de la población usuaria, hay varios aspectos que deben retomarse y que no aparecen en el Informe. Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en 2004, por tercer año consecutivo, el IMSS es la autoridad con mayor número de recomendaciones por violación a los derechos humanos. Así mismo, es la tercera autoridad con el mayor número de quejas por presunta violación a esas garantías (sólo es rebasada por la PGR y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social). INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL MENCIONADAS EN INFORMES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS IMSS ISSSTE Año Quejas Recomendaciones Quejas Recomendaciones 2000 123 1 30 0 2001 163 1 55 2 2002 224 7 60 0 2003 440 10 127 4 2004 481 16 128 2 Fuente: Elaboraciones propias con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA CNDH 600 500

IMSS ISSSTE

400 300 200 100 0 2000

2001

2002

2003

2004

RECOMENDACIONES HECHAS POR LA CNDH 20 IMSS 15

ISSSTE

10

5

0 2000

2001

2002

2003

2004

10

De las 1,513 quejas registradas en 2003 ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 733 fueron contra el IMSS (48.4 por ciento), 13.3 por ciento más que las remitidas en 2002. En ese caso, la Auditoria Superior de la Federación verificó una reducción en la eficiencia a la atención de quejas médicas: durante el periodo 19992003 el Instituto pasó de 94.1 a 87.3 por ciento, en la proporción de quejas que se encuentran en proceso, las cuales pasaron de 528 (de un total de 8,990) a 936 (de 7,347), en ese mismo lapso. La mayoría de las quejas fue por deficiencias en la atención médica (50 por ciento) y diferimiento del servicio (13.9 por ciento), aunque los que mayor incremento tuvieron fueron las quejas por falta de medicamentos. Finalmente, de acuerdo al Informe de Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, al ser auditado el Seguro de Enfermedades y Maternidad, se encontró entre otros aspectos: ?

Que el IMSS no determinó indicadores para evaluar: la cobertura de afiliación al Seguro Social de su población objetivo; la cobertura de atención a los servicios médicos institucionales de la población derechohabiente; la eficacia con que se proporcionaron la ayuda para lactancia, la canastilla de maternidad, los subsidios temporales por enfermedad no profesional a que tienen derecho los beneficiarios del seguro, y las quejas de la población derechohabiente.

?

Entre los estimadores de desempeño que resultaron inferiores a los previstos en la normatividad, destacan 89 por ciento de pacientes con tiempos de espera mayores a 5 días hábiles en la consulta oportuna de especialidades en las unidades de segundo nivel; en ese mismo nivel, la espera fue mayor a 5 días hábiles para el 85 por ciento de los pacientes para atención quirúrgica; en el tercer nivel, ese mismo tiempo de espera es para el 84.7 por ciento de los pacientes ; finalmente, 36.3 por ciento de pacientes en observación en el área de urgencias en unidades médicas de segundo nivel con más de 8 horas en observación.

?

La Auditoría Superior de la Federación señala que si todos los derechohabientes asistieran a consulta de especialidad faltarían consultorios para cubrir la demanda de atención.

?

En esta auditoría, se emitieron 21 observaciones que generaron 26 acciones promovidas: 19 recomendaciones al desempeño, 3 solicitudes de aclaración y 4 solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control.

Las irregularidades detectadas por la ASF, pasadas por alto en el Informe 13. Precisamente, las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación son otro aspectos que se pasa olímpicamente por alto en el Informe. Entre 1999 y 2002, el IMSS ha sido objeto de 776 recomendaciones. En el Informe de Resultados de Revisión de la Cuenta Pública 2003 el órgano Fiscalizador emitió 144 recomendaciones resultado de 24 auditorías. El efecto económico de estas observaciones as ciende a 472.7 millones de pesos.

11

En estas auditorías, las irregularidades detectadas son de todo tipo: anomalías y deficiencias en la aplicación de la normatividad; deficiencias en el manejo de inventarios de medicamentos y en la contratación de servicios generales; pagos en demasía en la compra de materiales de curación y falta de localización de equipos inventariados 3, anomalías en la administración de equipo e instrumental médico, en la subcontratación de servicios, en el otorgamiento de donativos, en la adquisición y abasto de materiales médicos y de curación, así como en la construcción de obra pública e inversión física. El Informe hace abstracción de eso y no se molesta en evaluar su capacidad de gestión y en ofrecer medidas para corregir tales anomalías. El IMSS, la entidad paraestatal que más gasta en comunicación social 14. Tampoco hay una valoración de los gastos en comunicación social. Pese a que tal vez en términos numéricos pudiera parecer no muy significativa, el hecho es que el IMSS gastó en 2004 358.6 millones de pesos por este concepto, cantidad exorbitante si se compara con el resto de las entidades paraestatales. El IMSS gastó más del doble de lo que PEMEX gastó por este concepto y más del 55 por ciento del total de estas entidades. El IMSS gastó más en publicidad que CFE, LyFC, el ISSSTE, el INMUJERES, el IFAI, y la Comisión Nacional para el Desarrollo delos Pueblos Indios juntos. La alta burocracia dorada del IMSS 15. Por último vale la pena asomarse a los servicios personales. Destacamos lo siguiente: ?

El ingreso mensual integrado del Director General ($213,190.90) es casi 8 veces mayor a la categoría sindicalizada más alta: médico con antigüedad de 28 años ($27,576.06), incluyendo prestaciones.

?

Las percepciones del Director General, Doctor Santiago Levy Algazi, comprenden un sueldo base mensual de $51,551.00 y una compensación garantizada de $161,639.90, además de prima vacacional ($8,591.83); aguinaldo de $284,254.53 y fondo de ahorro de $77,326.50, menos deducciones por impuestos y contribuciones al fondo de jubilación. También tiene derechos a prestaciones como seguro institucional de vida e invalidez (pago de la prima, a cargo del IMSS), a préstamos hipotecarios y para gastos de escrituración; a anticipos de sueldo; préstamo para adquisición de automóviles; 2 vehículos a su servicio; 2 equipos de telefonía celular y pago de gastos de alimentación. Finalmente, es beneficiario del RJP.

3

Se observó en 2003 que 240 contratos suscritos por el IMSS por 1,733.5 millones de pesos, que amparan la adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico y del que forman parte 1,142 bienes recibidos, no están registrados como activo fijo en la contabilidad del Instituto.

12

?

El número de plazas presupuestarias de servidores públicos de mando y homólogos ascendió a 2,703 a mayo de 2005; en 2002 estas plazas eran sólo 540: esto significa que se han creado más de 2 mil plazas de este tipo en tres años; este personal creció en más de 400 por ciento.

?

En ese mismo lapso, las plazas no presupuestarias (honorarios, ejecutores, visitadores, prestadores de servicio social, etc.) crecieron 61.1 por ciento, pasando de 17,508 a 28,209.

?

En contraposición, en ese mismo período, 2002 a 2005, las plazas de base crecieron 1.6 por ciento, al pasar de 282 mil 884 a 287,362.

La austeridad tampoco ha caracterizado la política de remuneración de los altos funcionarios del IMSS: ?

El gasto en servicios personales para trabajadores de confianza en 2004 es mayor respecto a 2002 en 25.6 por ciento al pasar de 10,442.4 millones de pesos a 13,114.2 millones de pesos.

?

Entre mayo de 2002 y mayo de 2005, el sueldo integrado del Director General del IMSS se incrementó en 25.3 por ciento, al pasar de $170,146.20 mensuales a $213,190.90.

?

En ese período, las revisiones salariales a los trabajadores sindicalizados acordaron aumentos de 5.02 por ciento en 2003 y 3.80 por ciento en 2004.

13