JUAN PABLO ROJAS PAUL* Por GUILLERMO MORÓN EN EL PRIMER LIBRO de actas que puntualmente lleva la Academia Nacional de la Historia, folios 43, 44 Y 45, está asentada la número 26, Sesión Solemne del día 8 de noviembre de 1889, con asistencia de Vicente Coronado, Director, doctor Julián Viso, Dr. Martín J. Sanavria, Dr. Antonio Parejo, Felipe Tejera, Dr. Rafael Seijas, Dr. Teófilo Rodríguez, Dr. Diógenes Arrieta, Dr. Ezequiel M. González, Marco Antonio Saluzzo, Telasco A. Mac-Pherson, Jacinto Gutiérrez Coll y General Andrés A. Level, Secretario: «y a la hora señalada, la de las dos de la tarde, se reunió la Corporación en el local de sesiones, con la asistencia de los vocales inscritos al margen, y en cuerpo se dirigió inmediatamente al Paraninfo de la Universidad. Constituida allí, procedió a recibir con las debidas formalidades y atenciones al Primer Magistrado de la República, doctor 1. P. Rojas Paúl, Fundador de la Academia, quien ocupó la Presidencia, teniendo a su derecha al Director y a su izquierda al Secretario del Instituto, y declaró abierta la sesión en presencia de un lucido concurso de corporaciones, autoridades, familias y gran número de ciudadanos ... Habló ese día Marco Antonio Saluzzo y habló también el Presidente Rojas Paúl: «La historia de Venezuela, la verdadera historia, la que con suficiente copia de hechos, probidad y doctrina filosófica debe pronunciar el fallo definitivo sobre los hombres, las instituciones y los principios que han tejido la trama de nuestra vida política y social, desde el fin de la Colonia hasta hoy, no está escrita todavía".

* GUILLERMO MORÓN.

Los Presiden/es de Venezuela 1811-1979, Caracas, 1979, pp.

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El Presidente Juan Pablo Rojas Paúl decretó la fundación de la Academia Nacional de la Historia el28 de octubre de 1888; la Institución se instaló el7 de febrero 'de 1889 en una sala de la Universidad Central. Todavía hoy el Sillón A de la Academia se conserva sin reemplazo, destinado a guardar memoria del fundador. Noventa años de tradición científica, noventa años de investigación y escritura, demuestran cómo aquel acto administrativo de Rojas Paúl fue el más trascendente de su gestión en la política permanente, en la historia de la cultura. El Presidente Rojas Paúl fue un político culto, tradición de Vargas, Tovar, Guzmán Blanco, soterrado pulso en la búsqueda de la civilización, de la identidad propia del país. Dice uno de sus biógrafos: «Hizo sus primeros estudios en Valencia, capital del hoy Estado Carabobo, hasta terminar el curso de filosofia, bajo la dirección del doctor que Manuel Ancízar (abogado colombiano que dejó por sus talentos y respetabilidad muy gratos recuerdos en Valencia) y el Coronel de Ingenieros Nicomedes Zuloaga» (Doctor J. P Rojas Paúl- Resumen Biográfico por D. A. Arrieta. Redactor en Jefe de El Siglo- Caracas, tipografia especial de El Cojo, 1888, pág, 28). Se habría venido a Caracas en 1846 porque en Valencia todavía no hubo Estudios Superiores, para seguir en la Universidad Central la carrera de Derecho; Licenciado en Civil, 1852; abogado el 8 de noviembre de ese mismo año 1852; doctor el 2 de noviembre de 1876 (Manuel Landaeta Rosales, Hoja de servicios, El Constitucional, No 1.378, Caracas 24 de julio de 1903). Durante tres años estudió medicina, asegura la fuente citada. Pero Juan Pablo Rojas Paúl ha estado en Valencia en su adolescencia solo de paso. Es caraqueño de nacimiento, el 26 de noviembre de 1826, hijo del Licenciado José Isidoro Rojas, político, magistrado y hombre con tradición en las letras, y de Mercedes Paúl, descendiente también de políticos y letrados. Su abuelo paterno, el doctor Juan Rojas fue Redactor en Venezuela y Magistrado en España, donde muere. Felipe Fermín Paúl es abuelo por línea materna, Coto Paúl, en consecuencia, tío abuelo, Joaquín Paúl el tercer hermano, fue abogado, Juez de Primera Instancia en Villa de Cura, padre del Coronel Jesús María Paúl, Senador, Gobernador del Distrito Federal, Ministro de Crédito Público con Guzmán Blanco y su Secretario en la revolución de abril. Escribe Arrieta; «Del primer matrimonio, el Doctor Felipe Fermín Paúl hubo a Rafael Paúl, que fue a establecerse a Nueva Granada; y del segundo varios hijos,

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entre ellos al Doctor José de Jesús Paúl, Ministro que fue de lo interior en el Gobierno del señor Manuel Felipe Tovar, y que después murió en los Estados Unidos del Norte, ante cuyo Gobierno estaba acreditado como Encargado de Negocios de Venezuela, Rafael Paúl, establecido en Nueva Granada, contrajo matrimonio allí. En esta familia han sobresalido dos de los hijos: Felipe Fermín, Doctor en Derecho, hombre público colombiano de importancia, y actualmente (1888) Ministro de la Regeneración; y José Telésforo, Arzobispo de Bogotá". El universitario Juan Pablo Rojas Paúl se dedicó a la enseñanza, primero como catedrático (profesor diríamos hoy) de Gramática castellana en el Colegio Nacional de Niña de Caracas, donde estuvo más de veinte años; después de la Universidad, Profesor de Legislación y Economía Política, 1860; Derecho Canónico, 1862; Administrador de Rentas de la Universidad (Vice-Rector Administrativo) en 1860 y 1863; Primer Miembro del Tribunal Académico, 1882; Miembro del Jurado Calificador de las Memorias para el Centenario del Libertador, 1883. Fue, así, claramente, un profesional de la docencia. El ejercicio del poder civil se insinuó con Vargas y con Tovar, Rojas Paúl, Magistrado en los epígonos del guzmancismo, doctor de la Universidad, vuelve por sus esfuerzos. La vocación política de Rojas Paúl marcha al lado de la vocación docente. La vocación política y la vocación docente no han sido vocación de servicio, ni conjugadas ni potenciadas, en la historia, de la Primera Magistratura, Rojas Paúl es una excepción muy pasajera. Comienza su carrera pública este Presidente como Jefe de Sección del Ministro de lo Interior y Justicia en 1854 y 1855, joven de 28 años, Ministro encargado del mismo Despacho, en 1855; sigue como Gobernador de la Provincia de Caracas, 1856-1857; Ministro de Relaciones Exteriores, 8 de marzo, 24 de mayo y 2 de diciembre de 1869, en crisis ministeriales sucesivas; Auditor de Guerra, 29 de julio de 1869; Fiscal Nacional de Hacienda, 1873-1878; Ministro de Hacienda, 18791884; Senador por el Estado Lara, 1887; Presidente de la Cámara del Senado, 1887; Presidente de la República. Electo el 2 de julio de 1888, asume el 5 de julio, entrega el Poder el 19 de marzo de 1890. Y vuelve a la política: el Consejo de Administración del Estado lo nombró Presidente de Carabobo en enero de 1890,cuando aún era Presidente de la República;

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Senador por el Estado Bolívar desde 1889, asiste a las Comisiones Preparatorias de 1892; Candidato a la Presidencia, nuevamente, 1897, 1898; Ministrode Hacienda, 20 al 23 de octubrede 1899; Diputado por el Distrito Federal a la Asamblea Nacional Constituyente, Director de la ComisiónPreparatoria y Presidente de esa Asamblea, 1901; Senador por el Estado Cojedes, 1902, 1903 Y 1904; Senador por el Estado Bolívar, 1905,Y Miembrodel CuerpoElectoral para la elección de Presidente de la República, también en 1905,actividad, vicio políticohasta el último día. Casó Rojas Paúl con Doña Josefa de la Concepción Báez: «En la ciudad de Caracas a tres de febrero de mil ochocientos cincuenta y tres yo, el Cura Rector de esta Parroquia de Santa Rosalía, presencié el matrimonio que in facie Eclesiae contrajeron los señores Juan Pablo Rojas Paúl, hijo legítimode los señores Licenciado José Isidoro Rojas y Mercedes Paúl, naturales de esta ciudad, y vecinos de la Parroquia de Catedral y Josefa de la Concepción Báez, de esta feligresíae hija legítima de los señoresMauricioBáez y Ana AntoniaReverón, habiendo procedido la exploración de voluntades, examen de la doctrina cristiana y dispensadas las proclamas por el señor Provisor Dr. Juan Antonio Monagas; y confesados y comulgados en el mismo día recibieron las bendiciones nupciales,siendotestigoslos señoresLicenciado José Isidoro Rojas y Ana Antonia Reveróny otros de que certifico Miguel Espinoza», Doña Josefa era hija de Mauricio Báez, terrateniente de los Valles de Aragua, y de Ana Antonia Reverón, «nieta del acaudalado Don Juan de la Cruz Mena,fundadorde las principales heredades de aquellacomarca». Nació Doña Josefa en la Victoria el8 de diciembrede 1834. Se trasladó su familia a Caracas en 1847. El matrimonio Rojas Paúl-Báez Reverón tuvo lugar el3 de febrero de 1853. No hubo descendencia por lo que en 1891 el matrimonioadoptó, en La Habana (Cuba), una niña de tres años llamada Margarita de los Angeles, educada después en Caracas con el apellido Rojas Paúl. Matrimonio unido, Doña Josefa acompañó a su marido en las buenas yen las malas, durante el ejercicio del poder yen los destierros, 1878 a noviembre de 1879 en Europa, 1890 a marzo de 1891 a Estados Unidos y Cuba, septiembrede 1891a mayo 1892en Trinidad, luegoen Curazao, Cartagena, de nuevo Curazao, Santo Domingo entre 1892 y 1896, de nuevo Curazao hasta el regreso a Caracas en agosto de 1897 (Rasgos

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biográficos de la señora Josefa de la Concepción Báez de Rojas Paúl, publicados el 9 de abril de 1900, fecha del primer aniversario de su muerte Caracas, Tip. Herrera lrigoyen y Cía, 1900, Escritos por Rafael Seijas). Unas cartas conservadas en la Academia de la Historia refieren algunos detalles: el 22 de enero de 1899 murió Jesús María Rojas, hermano del Presidente; el 9 de abril de ese mismo año murió la esposa de Rojas Paúl y el 13 el Director Marco Antonio Saluzzo escribe al Director Honorario; una comisión conformada por Felipe Tejera, Jacinto R. Pachano y Amenodoro Urdaneta entregan la carta: "Impuesta la docta Corporación, que para honra mía dirijo, de haber fallecido el día 9 de los corrientes la respetabilísima señora Josefa de la Concepción Báez de Rojas Paúl, digna esposa de U, y matrona cuyas eximias hacían de ella gala y ornato de esta sociedad, acordó a una voz en su Junta ordinaria del día de ayer 10 siguiente: Que se dé al señor Doctor Juan Pablo Rojas Paúl, Fundador y Director Honorario de la Academia Nacionalde la Historia, el pésame por aquel lamentable suceso ...". Con letra bien aprendida escribió un Secretario la respuesta del viudo el 30 de abril: "Entre las manifestaciones de duelo que he recibido en la muerte de mi adorada esposa, me han conmovido fuertemente las de la Academia Nacional de la Historia... A tales rasgos de fineza se junta, para doblar mi reconocimiento, la simpatía con que miro a una Academia creada por mi siendo Presidente 'de la República, con personas calificadas...". Una nota del 15 de agosto de 1905 cierra el legajo: "Columba Rojas Paúl de Tejera saluda atentamente al Sr. Dr. Jesús Muñoz Tébar y a sus honorables colegas de la Academia Nacional de la Historia, y les expresa su profundo agradecimiento por la sentida carta de pésame que le han dirigido en 28 de julio ppdo, con motivo de la muerte de su muy querido hermano el Sr. Dr. Juan Pablo Rojas Paúl", Habia muerto el sábado 22 de julio de ese año de 1905 a las diez de la mañana. El 23 por la tarde se llevaron cabo las ceremonias del entierro, presididas por el Ejecutivo Federal. La Cámara del Senado acordó "lamentar, como lamenta, profundamente, en nombre de los Estados de la Unión, la muerte del conspicuo ciudadano Doctor J. P. Rojas Paúl", "asistir en cuerpo a los actos de la inhumación del cadáver"» y "enlutar por todo el tiempo de las actuales sesiones el sillón que ocupaba el ciudadano 1. P. Rojas Paúl como Senador por el Estado Bolívar".

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El norteamericano Curtis traza unos rasgos de este Presidente; «Rojas Paúl era un hombre benévolo y uno de sus primeros actos oficiales fue ordenar el establecimiento de un hospital de caridad con capacidad para mil camas, algo desconocido en Caracas con anterioridad. Pero este no fue su único gesto de filantropía. Muy poco después de su toma de posesión se dirigió al Secretario del Tesoro para que se distribuyera el sueldo de su primer año como Presidente entre familias de los soldados que componían la guardia capitalina, como recompensa a su buen comportamiento y su fidelidad al gobierno. Es también un hombre religioso, un devoto católico, y mientras fue Presidente asistió regularmente a misa en la Catedral, donde se le podía ver cada mañana arrodillado sobre el húmedo y frío suelo de piedra, aliado de sirvientes y soldados comunes, así como gentes de distinción que son lo suficientemente piadosas como para cumplir de ese modo con sus deberes religiosos. No se acostumbra que los hombres de negocios o los políticos asistan a la iglesia, excepto en los días de fiesta o de ayuno. Dejan generalmente que la religión de la familia la monopolicen sus esposas y sus hijas. El Presidente Rojas Paúl no permitió que le atendiesen edecanes o guardaespaldas de soldados, como es el hábito de casi todos los Presidentes sudamericanos. Fue un Magistrado civil y como civil condujo su administración, a diferencia de la mayoría de sus predecesores que eran hombres de armas» (William Eleroy Curtis, Venezuela País de eterno verano, 1986, Caracas, 1977, págs 156-7). En 1891 publicó Francisco González Guinán una Historia del Gobierno del Señor Doctor Juan Pablo Rojas Paúl. En el mismo año se publicó una Contestación del Dr. J. P Rojas Paúl al libro del Dr. Francisco González Guinán, seguido de una Réplica del historiador valenciano ( Francisco González Guinán, Episodio Histórico, Caracas, tip, Empresa El Cojo, 1925, 714 págs.) . Allí, eliminados los adjetivos y fierezas de dos enemigos políticos recientes, puede seguirse la apasionante historia del tiempo político de Rojas Paúl, un gobernante bien formado, cuya sombra se estrella en las vicisitudes del asalto al poder y en el marasmo de un pueblo excesivamente limitado por las necesidades primarias.

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FILOSOFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA (RESUMEN)

"La cultura del país estaba sintiendo las consecuencias de la escuela positivista, que a partir dela revolución de abril de 1870 se exponíá en la cátedra universitaria, en la tribuna académica., en la prensa y en la tertulia; y eran épocas, como señala Don Julio Planchart, de materialismos, positivismos, evolucionismos; y cuando los discípulos de Adolfo Ernst y Rafael Villavicencio, integrantes de la segunda generación de positivistas venezolanos, .., interpretaban y explicaban los fenómenos del universo, a través de una nueva metodología, a la luz de nuevos conceptos y criterios filosóficos y científicos y planteaban la vigencia de una nueva moral basada en la ciencia y no en la religión, pp. 16-17. FERNÁNDEZ H. RAFAEL~ Las ideologías en la época de R. Paúl. El sistema proteccionista que según algunos se aplica en Venezuela, no redunda en beneficio de nuestros productores. Ello se demuestra con lo que ocurre con el trigo en Trujillo y en otros lugares de Los Andes, cuyas comarcas productoras aunque cuentan con molinos para la fabricación de la harina, no tienen ningún peso económico, porque tanto el uno como la otra son desplazados por la competencia extranjera. Además se argumenta la incompetencia de los cuerpos legislativos en tomar medidas que pechen las harinas extranjeras, todo lo cual redunde en la gran importación de harinas que se hace por Maracaibo, " ... porque dado el precio a que sale el artículo mal puede ir a Trujillo de una manera regular a estorbar la venta de lo que aquel suelo da".'!'

El Economista critica la forma como se han implantado teorías económicas que funcionan en otras latitudes pero en el país, al no ser tomadas en cuenta las peculiaridades de éste, aquellas doctrinas económicas no han favorecido directamente a la industria agrícola y pecuaria. Si en base a las mismas, de que todas las industrias son iguales,

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se aplica una protección a una sola de ellas, se considera esto como un "privilegio deprimente para las demás". Este argumento, válido para la economía inglesa y muchas otras, no lo es para la venezolana, por que aquí lo que existe verdaderamente es la industria madre: la agricultura y la cría. Si se paraliza la producción de las haciendas, por uno o más años, el resultado para la economía venezolana, es deprimente, porque el comercio no podría importar la harina y los demás comestibles, como también los artefactos. En tal sentido plantea que: " ...la protección que demanda la agricultura, es, no una necesidad del propietario de transición, sino para el beneficio común; que es la nación a la que se atiende con una protección dirigida no a un gremio, sino a la fuente de nuestra riqueza; que los impuestos, quien realmente los paga, es esa industria madre; y que el impuesto sobre la exportación es, además, un recargo que sufre la agricultura, la que tiene derecho exclusivo a su devolución en alguna forma, tal como la de Bancos nacidos de ese impuesto"?' Este planteamiento último, de que los impuestos de tránsito que gravan las exportaciones agropecuarias deben retomar a los productores a través de los bancos de crédito territorial, deviene así en el punto de partida de las iniciativas para enrrumbar por un mejoramiento y engrandecimiento de la producción agropecuaria, el cual no todos consideran como el más viable. Antonio Valero Lara sostiene que paralizando el desarrollo de la riqueza agrícola se obtienen dos resultados que sirven las intenciones de los regímenes despóticos: " ...El primero es el empobrecimiento de las mayorías pobladoras y el segundo es la concentración de la riqueza en pocas manos; y para combatir victoriosamente sin el auxilio de las revoluciones armadas, planes tan antipatrióticos, no se conoce otro medio que proveer a la parte trabajadora de recursos monetarios suficientes, a fin de que los propietarios de la riqueza rural o del suelo,

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puedan cultivar con provecho y con todos los adelantos que la química ha suministrado a la agricultura... "(3) Manuel Antonio Pulido, desde San Cristóbal, plantea una serie de medidas para proteger y sacar a la agricultura de su ruina y empobrecimiento; y entre éstas, destaca: 1) el establecimiento de bancos agricolas, con capitales propios o de quien quiera emplearlos en esa clase de negocios, pero de ninguna manera es aceptable que sea el Gobierno el que suministre ese capital, mucho menos si es el que produce la exportación, porque ese impuesto debe eliminarse; 2) la eliminación del impuesto de exportación, para que lo que "hoy" les arrebata el Fisco Nacional entre a acrecer las legítimas utilidades del agricultor y del criador; 3) dar garantías a la propiedad territorial y semoviente, "para que la confianza y la seguridad alimenten el desarrollo de las dos industrias"; 4) la exención de impuestos a la importación de granos y cereales "para que el agricultor los compre baratos"; 5) la liberación del servicio de las armas a los jornaleros e industriales inscritos al servicio de las industrias agrícolas y pecuarias; 6) la eliminación de los monopolios y la reforma o anulación de los contratos de ferrocarriles, en "los que han entrado como elementos principales el fraude y el engaño"; 7) la promulgación de una ley de hipotecas en el sentido de que "los hipotecarios" circulen como valores activos, negociables al portador, y pueda el prestamista movilizar su capital; 8) la eliminación de los exagerados impuestos locales sobre las producciones agropecuarias, etc. (4) En la estructura económico-social, el sector agrícola representaba "desde todo punto de vista", el sector fundamental, al decir de Armando Córdova quien sostiene que en él predominaban las relaciones de producción características de los sistemas precapitalistas y "en especial de carácter feudal", modificadas éstas en algunos de sus rasgos específicos por su "coincidencia histórica con un sistema capitalista mundial en expansión't.P' Sin embargo, dicho sector, como se ha visto, ocupó en el programa económico-política del Guzmanato un orden secundario. Las raíces de esta subsidiariedad de los hacendados en los planes económicos del "Autócrata Civilizador" se expresa por los vínculos que buscara Antonio Guzmán Blanco con el sector económico con el cual es Estado y el Gobierno podían imponer y controlar la estabilidad política como base de la paz social de la República. La alianza del Gobierno con los comerciantes-prestamistas y con los caudillos regionales, para Guzmán

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Blanco significaba un efectivo control del poder político en sus manos, Cualquier aspecto que conllevará directamente un beneficio para sacar de la ruina a los propietarios territoriales, escavaba los intereses del sistema crediticio impuesto desde década atrás por el grupo usureroagiotista, constituido por los comerciantes; por tal razón no fue audaz el plan de modernización del "Ilustre" con respecto al sector agropecuario. "Capitales y brazos" consistió en una consigna que el Economista esgrimió como ideal para los hacendados. El endeudamiento progresivo de éstos con respecto a los prestamistas, servía a su vez de medio succionador de la riqueza nacional. El sector comerciante-prestamista impuso su sistema de control como un cordón umbilical que debilitaba la economía del país y complementaba su empobrecimiento por medio de las utilidades obtenidas de los préstamos que concedía a los hacendados, ante la carencia de un sistema crediticio "canalizado institucionalmente".(6) La concesión de préstamos a los propietarios territoriales se convirtió en un medio de graves efectos especulativos, de tal manera que: "...Esa condiciónde prestamistas que ejercían unas pocas firmas y los beneficios que derivaban de sus actividades especulativas es lo que ha inducidoa algunos intérpretes de la realidad venezolana de esos tiempos a afirmar que los comerciantes se opusieron tenazmente a la creación de bancos agrícolas en el país, logrando con tal oposición resultados altamente lucrativos ... "(7) Es en ese cordón umbilical del crédito donde se puede apreciar objetivamente la preocupación cada vez mayor del sector agrícola por zafarse de su progresiva decadencia económica, y en el cual podrían encontrarse definidos uno de los objetivos o finalidades perseguidas en la lucha librada por El Economista, aquel objetivo del "espíritu de asociación". De allí, pues los extensos artículos que se publicarán por los meses de abril de 1889 hasta mediados de 1890, tocantes a la discusión sobre las fórmulas más convenientes para el establecimiento de un sistema crediticio favorecedor de la agricultura y de la cría. En tal sentido, la aspiración por la creación de los institutos de crédito territorial o bancos agrícolas devino en el eje fundamental de la lucha del gremio, y en algo

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más, en la ponderación de la concepción económica que' consideraba como las únicas fuentes de riqueza permanente a las "industrias madres" Frente a la dificil situación por la que atravesaba el sector agrícola se había barajado una serie de proposiciones tendentes a equilibrar los intereses de los hacendados con el sector mercantil-usuario. En síntesis, la realización de un plan crediticio por parte del Estado para mejorar la agricultura. Todos los intentos habían culminado en frustraciones, y durante el Bienio rojaspaulino, latente la preocupación, afloraron nuevamente bajo los suspicios de condiciones políticas y económicas que parecían sellar definitivamente esa preocupación.

La Sociedad Agrícola y Pecuaria Nacional y el Economista. Durante la administración rojaspaulina, el Ministro de Fomento Vicente Coronado, en fecha 22 de septiembre de 1888, dictó una resolución por la cual mandaba a constituir una comisión preparatoria de una Junta de Agricultura compuesta por Nicanor G. Linares, Domingo Eraso, Santiago Sosa, José Santana, Eduardo Gárate, Gustavo Vollmer,Guillermo Espino, . Felipe Francia, José Antonio Mosquera, Salvador Larrazábal, Bernardo Casanova y J. R. Blanco. La motivación de dicha decisión la originaba la preocupación del Presidente de la República en buscar un inmediato mejoramiento de la agricultura, por ser una de las fuentes principales de la riqueza nacional. Con el concurso de los hombres "patriotas y progresistas" se buscaba que el importante gremio agrícola se repusiera de sus quebrantos en el seno de la paz nacional. El objetivo principal de la resolución, luego que se constituyera la comisión, era establecer una Sociedad Central de Agricultores y Criadores que, a su vez organizara sociedades cooperadoras en los puntos de la República que estimara conveniente. Dicha sociedad tendría como funciones prioritarias y preferentes estudiar detenidamente las más urgentes necesidades del sector de los hacendados y todo cuanto pudiera contribuir al crédito, sólida existencia y adelanto de la producción agraria. El procedimiento para el desarrollo de los trabajos de la futura sociedad quedaba explícitamente expuesto en la misma resolución/"

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La Sociedad de Agricultores debía discutir "libremente" los grandes intereses vinculados a la agricultura, "respetando siempre el voto de la mayoría de los que componen el gremio" y propondría, como resultado de sus tareas, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Fomento, las bien meditadas provincias que fuera acordado en ese sentido. La inauguración de esa sociedad se realizó el 29 de septiembre, quedando compuesta por Nicanor G. Linares, como Presidente, y de Guillermo Espino, J. R. Blanco y Domingo Eraso, como vicepresidente, secretario y tesorero respectivamente.

El 11 de octubre, la Directiva había aprobado su primer papel de trabajo. El acuerdo en su artículo 20 expresaba las facultades, atribuciones y deberes de la Sociedad Central, entre otras a saber: organizar en toda la República las sociedades cooperadoras, crear fondos con destino a la formación del tesorero permanente de dicha asociación, para lo cual podía solicitar de algunos miembros suplementos reembolsables según lo requiriesen las actividades, dictar el reglamento provisorio de la tesorería hasta tanto se aprobaran los estatutos generales, crear un periódico que sirviera de vehículo de sus intereses, suscribir revistas y otras publicaciones del extranjero que tuvieran por objeto la agricultura y la economía política, nombrar comisiones de trabajo. Se acordó además, dar preferencias a los estudios y proyectos que tuviesen por objeto el establecimiento de bancos agrícolas o hipotecarios, la inmigración de gente útil, la instrucción agraria, las reformas que exigiera la legislación civil en materia de crédito, la legislación municipal, rural etc. En oficio del 13 de octubre, de la Sociedad Agrícola Nacional Central para el Ministro de Fomento se puede apreciar, si bien la premura que en sus iniciativas manifestaba dicho organismo, los aspectos más urgentes a desarrollar: en primer lugar, la creación de un periódico que fuera órgano público de todas las sociedades; en segundo lugar, los nombramientos de comisiones para que con toda brevedad presentaran informen sobre determinados puntos y poder en consecuencia llevar a conocimiento del Gobierno los proyectos convenientes; en tercer lugar, para organizar debidamente las juntas agrícolas cooperadoras, había acordado pedir la Sociedad el Ejecutivo Nacional su recomendación a los gobiernos de los Estados con el objeto de que sus autoridades apoyasen con su valiosa influencia en las localidades respectiva, la formación de

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aquellas importantes cooperaciones. Esta última proposición dio lugar, rápidamente, a que el Ministro Coronado enviase una circular a los Presidentes de los Estados, excitándolos a que se dignasen "coadyuvar" en la organización de las sociedades regionalesv' La Sociedad Agrícola Central, en asambleas celebradas el 8 de mayo de 1889, sancionó los Estatutos de la Sociedad Agrícola y Pecuaria Nacional, y por circular del 28 recomendó su estudio y aplicación a las sociedades cooperadoras ya instaladas, aspirando a que fuera uno el régimen en todos los Estados. Miembros del gremio agrícola que unánimemente votaron ese conjunto normativo y que cabe destacar por importancia, fueron: Santiago Sosa, Anfiloquio Level, Francisco Pacheco Level, Tomás Bueno, Gerónimo Rivas, J. Piñango Ordóñez, José Antonio Mosquera, Carlos Engelke, Martín TovarGalindo, José Antonio de Tovar, G. Vollmer, Julio Toro, Martín 1. Sanavria, Eduardo Gárate, Pablo Giusseppi Monagas, P. E. García Gómez, Ramón Muro, Miguel Bueno, Martín Vega, Carlos Casanova, Hilario Espinoza, Ricardo Sosa, Abelardo Arismendi, Manuel Peña, Juan Ramón Suárez, Juan Manuel Vaamonde, Doctor José María Ruiz, Simón Madriz, Pedro Vega, Pedro Tomás Vega, Policarpio Espejo, CarIos Urrutia, H. Navarro Pacheco, Fermín Marrero, Domingo Monserrat, Alejandro Mujica, E. Heny, CarIos Toro, Vicente Ibarra, Miguel escobar, Octavio Escobar, Marcelino Madriz, Rafael M. Peña, Juan M. Rodríguez, Juan Díaz Chávez, Juan Casanova, E. A. Suárez, Eduardo Alvarez, Adolfo Verde, José Guía, B. Verde Manuel Vicente Yánez, Juan Jiménez, Santiago Gómez, Manuel Peña, José M. Padrón, Rafael León Díaz, Ramón Vargas, Tomás Guevara, Miguel León, Luciano Padrón, Matías Gómez, Manuel González, Graciliano Gómez, Juan Orta Arvelo, Ulpiano Alemán, Francisco de P. Núñez, Jesús M. Peña, Martín Toro y Antonio Ruiz.

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El cuerpo estatutario se componía de trece artículos y de una disposición transitoria por la cual se establecía que la Junta Directiva de la Sociedad Central (Caracas) desempeñaría todas las funciones que competían a la Nacional hasta tanto se realizaran las elecciones que se preceptuaban y las cuales reglamentaría aquella corporación. Además continuaría formando juntas departamentales con el propósito de obtener al mayor número posible de agricultores y criadores de la República. Por el artículo 10 quedaba establecido que la Asociación Agrícola y Pecuaria de Venezuela tenía por objeto "la mejora de la industria y el progreso creciente

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de la producción nacional". El artículo 30 consagraba quiénes podían formar parte de la asociación: los agricultores y criadores de Venezuela y todos aquellos que se dedicaran al trabajo del campo, los funcionarios públicos que con tal carácter incorporara en su seno la asociación, las personas que cooperaran de alguna manera al adelanto de la agricultura y de la cría y desearan pertenecer a la sociedad. Los artículos 40 y 50 contemplaban los deberes y derechos de los asociados. El artículo 6 0 nonnaba el patrimonio del instituto, destacándose que éste se formaba de la contribución que pagaría cada miembro en la forma de suscripción del periódico órgano de la sociedad. Según el artículo 70 la asociación la regiría una Directiva Nacional de nueve miembros, sujeta a los dictámenes de un Congreso Agrícola. La Junta Directiva nacional elegiría de su seno a su Presidente que a su vez lo sería de la Asociación General, duraría dos años en sus funciones, dos vicepresidentes, dos secretarios y un tesorero y demás empleados que juzgara conveniente. Esta Directiva celebraría sesiones semanales y tendría su asiento en Caracas. Además, la Junta Directiva Nacional Central fmgiría con el carácter de Junta Directiva de la Asamblea del Distrito Federa!. En la capital de cada una de las antiguas Secciones (Cumaná, Barcelona, Maturín, La Asociación, Ciudad Bolívar, San Fernando, Calabozo, Petare, La Victoria, Valencia, San Felipe, Barquisimeto, Trujil1o, Mérida, San Cristóbal, Barinas, Guanare, San Carlos, Maracaibo, y Coro) se formaría una Asamblea Seccional compuesta de un Diputado por cada Departamento o Distrito de la Sección respectiva y una en Caracas con un Diputado por cada Parroquia del Distrito Federal. Estas asambleas celebrarían sesiones entre el 10 de enero y el 10 de marzo de cada año o cada vez que lo estimaran a su vez la Junta Directiva Secciona!. Esta se organizaría tomando por modelo la Nacional Central (de Caracas). Duraría dos años en sus funciones y estaría sometida a la Junta Directiva Nacional. Habrían Juntas Departamentales o Distritales cuya constitución correspondía hacer la Directiva Nacional, previos los informes de la Seccional respectiva. En cada Parroquia rural habría una Junta Cooperadora compuesta de todos los agricultores y criadores de la localidad. Se establecía además, que cada junta parroquial nombraría un Delegado a la Junta Electoral del Departamento, la cual elegiría su Diputado a la Asamblea Secciona!.

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El artículo 90 de los Estatutos creaba el Congreso Agrícola compuesto de dos Diputados por cada Asamblea Seccional, se reuniría en Caracas el l" de abril y cerraría sus sesiones el l" dejunio, nombraría la Directiva Nacional y sancionaría las reglas que regirían la asociación. El artículo 20 establecía los propósitos de la asociación, a saber: a) estudiar los obstáculos que dificultaban el progreso de la industria y las medidas para removerlos o someterlos a la consideración del Gobierno, si ello no fuera posible a la propia asociación, cuando dichas medidas dependieran de la legislación, de la administración pública o pertenecieran al fomento nacional; b) exigir la cooperación de los Poderes Nacionales para el establecimiento del Instituto de Crédito Territorial "como que la industria agrícola y pecuaria es por ahora la única que tiene capital fijo considerable aplicado a la producción"; e) considerar proyectos especiales financieros que satisficieran en "algo" las necesidades de la industria agropecuaria o fueran conducentes a la realización del proyecto del Instituto de Crédito Territorial, siempre que en ningún caso pudieran dificultar el planteamiento de éste en la forma general.v?' La Sociedad Agrícola Central era la impulsora del proyecto de asociar el sector agropecuario y de estimular con sus diversas actividades la formación de las demás sociedades del país, de lo cual da fe el órgano periodístico que fundó y dirigió desde abril de 1889 hasta bien entrado el año 1890; sin embargo, en su propio seno tuvo que afrontar ciertas contrariedades, sobre todo a partir de los primeros meses del último año, las cuales en el curso de la administración anduecista, fueron socavando sus bases, hasta llegar a su paulatina desaparición o, por lo menos, sus iniciativas fueron desanimándose hasta concluir en uno de los tantos frustrados intentosdel sector de loshacendadosy productores agropecuarios en general por sentar las bases de una más segura y estabilizada economía nacional. EI6 de mayo de 1890, el Ministro de Fomento Francisco Batalla dictó una resolución por la cual expresaba que, debido a los frecuentes obstáculos nacidos del modo como se encontraba instalada la Sociedad Agrícola Nacional Central para llevar adelante sus propósitos, el Presidente Reimundo Andueza Palacio había tenido a bien ordenar la . constitución de una junta compuesta de veinticinco vocales para estudiar la mejor manera de reconstituir la referida sociedad "de acuerdo con el pensamiento que portal respecto anima al Gobierno". Esa nueva junta la formaron, los doctores Carlos Urrutia, Eduardo Gárate, Silvestre Pacheco, Pablo Acosta y Luis A. Ibarra, y los señores Nicanor G. Linares, Santiago

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Sosa, C. H. Lange, Guillermo Espino, Antonio Valero Lara, Carlos A. Urrutia, Felipe Francia, Bernardo Casanova, Carlos Engelke, Anfiloquio Level, E. Heny, Gustavo Vollmer, 1. A. Mosquera, Manuel Vicente Ruiz, Hilarlo Espinoza, 1. M. Rodríguez Supervie, Miguel Bueno, Mariano Julio Palacio y Julio Toro."!' Dos etapas, pues, pueden considerarse en tomo al problema que exponemos. La primera va desde septiembre de 1888 hasta mayo de 1890, y la segunda corre durante el ejercicio de la administración anduecista. Vale destacar que los problemas y las soluciones planteadas por las sociedades agropecuarias en general ocuparon la primera y principal etapa, y que en la otra, apenas si pudo mantenerse por breve tiempo la hoja periodística que le servía de vocero, ya que con respecto a éste se había producido también un cambio fundamental, al separarse de su redacción el brillante hombre de letras, Don Tomás Michelena. Una muestra de la importancia que adquirió la Sociedad Agrícola y Pecuaria Nacional, lo viene a constituir el número de asociaciones estadales, departamentales y parroquiales o municipales que bajo sus directrices se formaron. Parajulio de 1889, se hablaba de más de cincuenta corporaciones a nivel nacional y a fines de año estaban funcionando en el país algo más de sesenta asociaciones. Interesante hubiera sido consignar los nombres completos délas juntas directivas de dichas sociedades, mas, cabe destacar, que en las actas de la Sociedad Central a veces aparecen completas y otras no, sino que se indica la instalación de la sociedad simplemente. Así tenemos las sociedades establecidas en Valencia (Víctor Alvarado), Barcelona (Dr. José Antonio Trías), Ciudad de Cura (Lorenzo Morales), Coro (Camilo Arcaya), San Fernando (Ramón A. Mayoll), La Victoria) Juan Piñango Ordóñez), San Felipe (Mariano C. Isava) San Carlos (Isaías Herrera), Barinas (Guillermo García), Petare (Francisco de Paula Núñez), Guarenas (Jesús M. Camejo), Valle de la Pascua (General Jesús M. Iztúriz), San Sebastián (Dr. José Antonio Lara), San Casirniro (Dr. Miguel Castillo), Cúa (Ramón Ufano), El Tocuyo (Ignacio Vicente Anzola), Maracay (José María Michelena), Turmero (Rafael Carabaño), Caucagua (P. M. Arvelo), Soledad (Juan Bautista Valles), Guatire (Luis Berret), Ortíz (Juan J. Escorihuela), Santa Lucía (E. 1. Espinoza), Barlnitas (M. Sanguinetti), Libertad de Zamora (Pascual Filardo), Zaraza (José Manuel Hernández Ron), Yaritagua (Guillermo Zapata), Choroni (José Antonio Martín), Río Chico (Lorenzo Guevara),

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Nirgua (León Delgado), Montalbán (Esteban Ecarri), Bejurna (General Ramón Castro Briceño), Tinaquillo (Jesús M. Rometo), Libertad de Cojedes (Dr. Juan José Peña), Pao de Cojedes (José María Padrón), Tinaco (Eugenio González), A1tagracia de Orituco (José Salas), Carayaca (Luis R. Caspers), Maracaibo, Mérida, Guanare, Cumaná, Barquisimeto, San Cristóbal, Ocumare de la Costa, El Pilar de Carúpano, Güiria, Carúpano, Río Caribe, Cumanacoa, Aragua de Barcelona, San Diego de Barcelona, Ospino, San Mateo de Barcelona, Puerto Cabello, La Guaira, Porlamar, Juangriego, Upata y Maturín.'!" El desarrollo de las actividades de la Sociedad Agrícola y Pecuaria Nacional, consta en su única fuente de información constituida por el periódico que fundó, El Economista. Esta es la fuente principal y primaria que nos ha servido para la reconstrucción de su trayectoria. En El Economista se publican las actas de las sesiones de la Junta Directiva o se informa sobre las actividades realizadas por la corporación y sus auxiliares regionales. Del estudio de esa fuente periodística se destaca la importancia del gremio agrícola. Pero cabe señalar que siendo un organismo adscrito o sujeto jerárquicamente al Ministerio de Fomento, en las Memorias presentadas por el funcionario del Despacho al Congreso, muy poca información se halla al respecto. En tal sentido, sirvan estas limitaciones para presentar un estudio sólo aproximativo del problema, antes que uno acabado y exhaustivo. Fue El Economista el órgano creado para sostener los intereses agrícolas y pecuarios de Venezuela, dirigido por la Junta directiva de la Sociedad Agrícola y Pecuaria Central. Apareció en Caracas el5 de abril de 1889 y tuvo vida hasta el mes de septiembre de 1890. Semanario al principio, a partir del 26 de junio del primer año circula tres veces por semana. Editado al comienzo en la Imprenta Bolívar, tendrá luego su propio taller. En su estructura es un periódico de cuatro páginas, la primera de ellas dedicada al editorial y a artículos de opinión sobre la agricultura, la ganadería, el comercio y a artículos de interés histórico, literario y científico. Sus otras páginas no tienen nada singular a sus contemporáneos.v" En la circular del 24 de abril de 1889 de la Directiva de la Sociedad Agrícola y Pecuaria Central para los presidentes de las Sociedades Cooperadoras establecidas en el país, se señalan las finalidades del periódico. Es el órgano del gremio agropecuario y tendrá circulación,

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muy especial entre los agricultores y criadores de la república. Entre otras cosas que se persiguen con el periódico, la circular expresa: " ...todos pueden hacer uso de este medio de publicidad para comunicar sus ideas respecto de la industria y hacer llegar a conocimiento de quien pueda remediarlas, las quejas justificadas que tuvieran que producir, bien contra las autoridades locales o contra sus agentes por atropellos o cualquier otro atentado contra la propiedad o contra los derechos individuales". " ... Este órgano de publicidad... ha de producir, en primer término, el espíritu de asociación entre los agricultores, factor principal para su progreso y engrandecimiento... "(l4) Coincidió la aparición de El Economista con el período de transición política que vivía la sociedad venezolana, y durante el cual afloraron los signos negativos del proceso de desguzmanización. A medida que el periódico fue aumentando el número de sus lectores, ello obligó a su reforma y a la colocación en la jefatura de redacción a Don Tomás Michelena/!" ya que se fue sintiendo cada vez más la necesidad de satisfacer su subvención en forma independiente de todo agente extraño al gremio. La difusión del periódico, de acuerdo con los objetivos trazados por la sociedad y a cuyo sostenimiento estaban obligados todos los miembros de esta institución por las normas estatuarias, llegaba a diversas partes del país. En julio de 1889 se daba cuenta de que en Juangriego habían 9 suscriptores y en Porlamar, 10; en la Soledad del Orinoco, 9, en Cúa, 32, en Puerto Cabello, 4, en La Guaira, 4, como así mismo se señalaba que en Valencia apenas las suscripciones llegaban a 40, en tanto que en el caserío Las Tejerías de La Victoria se contaba con 10, Y que en Cumaná y Barcelona rechazaban la suscripción del periódico.v" Para finales de año, estos obstáculos estaban eliminados, pues, se desprende de la correspondencia cruzada entre las diversas sociedades cooperadoras y la Central de Caracas, que la situación era próspera y que el periódico El Economista tenía agentes fijos que lo distribuían responsablemente. En San Carlos, por ejemplo, se encargaba de su distribución Francisco Illas, en San Felipe, Manuel E. Tinoco, en Ortíz, Vicente Polanco, en Nirgua, F.V Carrillo, en las Tejerías de la Victoria, Abelardo B. Villarta, en la Victoria, Bias María Gallardo y Francisco Antonio Báez, en Ospino, Pedro Pérez Pérez, en Cúa, Pedro

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Portillo, en Altagracia de Orituco, Fernando S. Acosta, en Barquisimeto, Carlos Albizu Barrios, en Zaraza, R. Carrizales Reyes, en San Sebastián de los Reyes, Rafael Montemayor, en San Joaquín, Antonio J. Salgado, en Montalbán, Esteban P. Ecarri, en San Mateo de La Victoria, M. Hidalgo, en Libertad de Cojedes, Juaquín Toledo Santoya, en El Sombrero, Narciso Millier, etc.'!" Es de suponer que contándose con más de sesenta sociedades constituidas, fuera El Economista uno de los periódicos más leídos o de mayor cobertura nacional. En el acta de la Directiva de la Sociedad Central correspondiente al 13 de agosto de 1889 se dio cuenta de que el Secretario: " ...propuso a nombre de varios individuos de la misma formar una Sociedad anónima para comprar una imprenta y aportar el capital suficiente para la movilización de esta industria, ofreciendo suplir los gastos de la empresa El Economista, en calidad de devolución, hasta que se baste ésta para su marcha, siempre que la Junta les acuerde una subvención mensual de 400 bolívares que se tomarán de los fondos del periódico, cuando los hubiere, para reposición de la imprenta e intereses, y se les asegure el hacer imprimir en ella el periódico de la asociación y toda publicación de la Junta Agrícola, por el precio menor que se obtenga en otro establecimiento, menos un 10%".(18) Esta moción fue aprobada, Para octubre del mismo año, se anunciaba que la imprenta para El Economista había llegado al puerto de La Guaira, pero "por acumulación de mercancías", no había podido ser trasladada a tiempo a la ciudad de Caracas, y para el sábado 30 de noviembre se avisaba que para la próxima semana saldría El Economista en la tipografia montada en el local de la Sociedad Agrícola y Pecuaria, entre las esquinas de las Madrices y San Jacinto.v?' La redacción del periódico en su primer momento corrió bajo la responsabilidad de la Junta Directiva de la Sociedad. Con las reformas que se produjeron después en cuanto a su frecuencia, aquella actividad fue encomendada a Tomás Michelena, hasta abril de 1890, cuando volvió

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a encargarse del periódico la Junta Directiva indicada, a causa de las desavenencias que venían presentándose entre ésta y Michelena. Juan Piñango Ordóñez y José Antonio Mosquera ocuparon formalmente el cargo de redactores hasta la desaparición del vocero en septiembre. En la sesión del 7 de abril de aquél año, se acuerda y reitera una moción por la cual se expresa que: "Por cuanto el actual redactor de El Economista ha declarado ser simplemente órgano oficioso de esta Sociedad, la Junta Directiva asume la Redacción del Periódico desde el 10 de los corrientes, nombrando una comisión que le manifieste al señor Michelena lo mucho que ella siente no poder seguiré utilizando sus notables aptitudes't.P" Algunos incidentes se habían presentado con la redacción a cargo del señor Michelena. Ello se observa del acuerdo tomado por la Junta Directiva de la Sociedad el2 dejulio de 1889, contentivo de la contestación a una nota del 30 de junio del Doctor Martín 1. Sanavria, en la cual éste inquiría de la corporación su pronunciamiento de si asumía la responsabilidad de lo que venía escribiendo el redactor Michelena y en nada comprometían la responsabilidad de la Sociedad ni de su directiva, fue la respuesta que se le dio a la nota en cuestión. Posteriormente, en la sesión del 9 dejulio, se dio cuenta de otra carta del mismo Doctor Sanavria pidiendo que declarara la Sociedad si El Economista l1enaba su misión publicando solamente las opiniones particulares del redactor y de los que pensaban como él con respecto al proyecto de Ley del Banco de Crédito Territorial, o si el periódico debía ser imparcial en este asunto y debía publicar las opiniones que se emitieran en pro y en contra.?!' El periódico tuvo por propósito fundamental fomentar "el espíritu de asociación" en el sector agrícola y pecuario nacional y servir de instrumento de defensa contra cualquier atropello producido por las autoridades o por personas vinculadas a éstas, y de defensa de sus reivindicaciones. Contra la propiedad y contra los derechos individuales de que era víctima el gremio agropecuario. Contra la propiedad se alzó la voz en los momentos en que se discute en el país la conveniencia o no de la aprobación de los contratos de inmigración enviados por el Ministro Plenipotenciario y Agente Fiscal de Venezuela en Europa, General Antonio

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Guzmán Blanco. Extensos artículos se publicaron en El Economista que contribuyeron a dar al traste con tales proyectos, como se ha visto, tocaban directamente al sector agrario territorial,y al gremio, a través de las sociedades agrícolas y con su vehículo informativo, esgrimió así toda clase de argumentos para demostrar lo inoportuno, por perjudicial para sus intereses, de un proceso de irimigración que monopolizaba casi todas las ramas de la producción económica. Pero la defensa de la propiedad no estaba únicamente vinculadas a la presunta agresión y al despojo de los hacendados o latifundistas, sino básicamente a la rama de la producción más importante del país de la cual dependían el mercado de exportación e importación venezolanos. Los atropellos locales o regionales eran provenientes del abuso de los agentes gubernamentales. El editorial del 2 dejulio de 1889 es elocuente muestra de los "atropellos y reclutamientos" de que eran víctimas agricultores y las "haciendas". La columna de "remitidos", como por ejemplo la del 30 del mismo mes, puede servir también de muestra. Justiniano Toledo, ganadero, desde Calabozo, en carta del 17 de julio, da cuenta al redactor cómo sus propiedades habían sido violadas por orden de Ángel María Aponte y del General Víctor Fleitas, personeros del Gobierno de turno, y cómo hasta las autoridades judiciales sentenciaban a favor de los intereses del sector gubernamental. El editorial del 8 de agosto de 1889 reseña el frecuente y abusivo gobernar de los Jefes Civiles y Comisarios de 'pueblos y caseríos, recalcando que son "políticos" violadores de las propiedades, haciendas y hatos. No descuida el períódico, al finalizar el año 89, los objetivos claves de su empresa, al hacer el balance de dicho año. En un largo editorial del 31 de diciembre, entre otras cosas, se señala: "Fundado este periódico para sostener los intereses económicos de Venezuela, que son los legítimos de toda sociedad bien organizada, y habiendo aparecido en los momentos precisos de un cambio radical en las ideas, y cuando en la política se operaba una desviación del sistema tiránico, especulativo oficial, y corruptor de la sociedad, fecundo cambio en el sentido de la libertad, del orden, de la reconstrucción del edificio republicano, no decaído sino en ruinas, su tarea tenía que ser ardua

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y fatigosa. Aún no había claridades de aurora, sino como reflejos pálidos y lejanos del nuevo día, la noche tenebrosa de 19 años de orgía se prolongaba aún, y así el esfuerzo tenía que ser más intenso, sin halagos, sin la fe que da la obra que se realizaba a pleno día, y sin la esperanza de que la siguiente que iba a arrojarse al azar en surcos no bien preparados, llegara a germinar. Al cabo, y ya sueltas las amarras, vientos favorables han inflado nuestras velas, y bogando con vista segura en la estrella de los vientos y con brújula certera para la dirección, vamos aún entre arrecifes, y con rumbo no fácil por un mar de escollos, restos de un pasado volcánico que dejó sus huellas, y de los bancos, al parecer inofensivos, de la inercia de las arenas, que hacen encallar". (22) Demás está decir que en relación al proceso de la desguzmanización durante el año 89, fue parco El Economista. Muy poca información ofrece al respecto, pues estuvo a la altura de sus fines, y como muy pocos periódicos de su naturaleza, mantúvose dentro de una discretísima conducta, tal vez por compartir el criterio de que los males de Venezuela no eran políticos principalmente sino económicos. En aquel año político, El Economista también vivió su período dificil, según los términos en que se expresaba: "Hemos avanzado mucho en cuanto a conservar la bandera en alto; en cuanto a extender el conocimiento de la doctrina; en cuanto a salvar la brutal irrupción de los ciclones devastadores; en cuanto a salir ilesos en los choques habidos con la piratería de los mares; mas, nada es eso si no llegamos a alcanzar tiempos mejores yaguas tranquilas, a cuyo benéfico estado debemos poder practicar una marcha serena y regular" .(23) La labor de El Economista había sido extensa y fructífera: dado la voz de alerta y estudiado las materias económicas, tales como el problema de El Cuño, comprobando la inconveniencia de éste, demostrando la especulación onerosa y el peligro de su continuación; el siete por ciento

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de garantía ofrecido por el estado a los inversionistas ferrocarrileros y sus alcances futuros; el perjudicial sistema de administración de las salinas; la inconveniencia de esa especie de monopolios, como el que favorecía al Banco Comercial, recaudador de la renta nacional; los "horribles contratos sobre irunigración" llamados de "Miller", defendiendo la propiedad territorial atacada por la política arbitraria de concesiones y pidiendo el cambio de la legislación sobre irunigración y de tierra baldías; la unificación de las deudas y su "propósito indigno y funesto"; la malversación y el disparate del crédito público; la inconveniencia del sistema fiscal; la revocación del monopolio sobre dinamita; la supresión del 5% de impuesto que se cobraba al oro que se exportaba; la reforma del Código de Minas, la de las instituciones estatales; el retomo e integración de los Territorios Federales a los Estados; la autonomía de los Municipios; la creación de bancos de créditos territorial; las inseguridades en el trabajo; los intereses perjudicados con el cierre de la carretera de Caracas a la Guaira. Había tratado El Economista, el historial relacionado con la presencia de Stephenson (sic) en Venezuela en 1824, esclarecido un punto que había servido, tergiversándolo intencionalmente para la falsedad en que se basaba una especulación; lo que significaba nuestras aduanas para la economía nacional; explicando los defectos del Código de Hacienda y los abusos que se cometían en su nombre. El periódico había además hecho consideraciones en tomo a la formación de un catastro, sobre el reclutamiento forzoso, sobre los sistemas agronómicos, sobre el fatal estado de la industria pecuaria y su historia; de varios modos había expuesto las doctrinas sobre el crédito mobiliario , y en fin, sobre otras materias, hasta llegar a establecer la verdad, con datos y documentos, sobre lo que se llamaba progreso en Venezuela, su mentira y la malversación del Tesoro so pretexto de tal acción. (24) Como puede apreciarse, no eran únicamente las cuestiones relacionadas con la agricultura y la cría las planteadas por El Economista, sino todas las consideradas materias de importancia que pasaban sobre la realidad social, económica, política y cultural del país, Pero como quiera que éste basaba su existencia en la producción agropecuaria, cualquier aspecto de esa realidad entrañaba hondamente los intereses del sector de los hacendados.

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El espíritu de asociación del gremio agropecuario que dio impulso El Economista a través de años y medio de existencia, cabe dentro del marco de apertura de ciertos principios democráticos del régimen rojaspaulino, y por otra parte dentro de un momento de cierto auge económico experimentado en el país, a partir de 1889, cuando nuestros productos de exportación alcanzan cifras significativas comparadas con otras de otros momentos. Sin embargo, a pesar de que fue proclive el Gobierno del Doctor Rojas Paúl hacia los intereses del sector agropecuario, cuando concibió la idea de crear corporaciones en todo el país con el fin de progresar la agricultura y la cría, las medidas adoptadas no fueron lo suficientemente positivas, quedando todo en los buenos intentos. Los efectos de la acción de la Sociedad Agrícola y Pecuaria sobre el Gobierno, en base a sus proposiciones o iniciativas; el grado de autoridad que ejerció sobre el Poder Ejecutivo; la posición doctrinaria en cuanto a las materias de su competencia y la relación de sus miembros con las instancias de poder político-administrativa, etc., son aspectos que, al lado de las limitaciones de las fuentes de conocimiento, como del corto período de su actuación, permiten que se observe objetivamente a la Sociedad como el ensayo de una idea y no como la realización concreta de sus fines. En el informe que del balance de su actuación durante el año 89 hiciera El Economista, se destaca que la Sociedad había desplegado un conjunto de iniciativas de considerable importancia, relativas a ciertos cambios que se esperaban debían introducirse en la esfera de la legislación. Esos cambios a que aspiraba se referían a dos problemas básicos que el gremio agropecuario había decantado durante el año: el uno referente a la sanción de una ley por la cual se establecieran definitivamente en Venezuela los Bancos de Crédito Territorial, y el otro, relativo a las modificaciones que debían hacerse en la política inmigratoria. Algunos estudios se había adelantado, por otra parte, relativos a la diferentes producciones de los lugares de la República.P" a la formación de un catastro de los bienes agropecuarios y al establecimiento de ingenios centrales para la fabricación de azúcares en el país.í"? En enero de 1890, la Sociedad llegó a acordar a través de una comisión compuesta por el Doctor Carlos Urrutia, Julio Toro y Tomás Bueno, el estudio de la oferta de constitución de un Banco hecha por un grupo de capitalistas. El objeto de dicho proyecto consistía en la formación de un sindicato de propiedades de

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café, cacao y caña de azúcar en el país por franceses dispuestos a invertir una suma de 35 a 40 millones de bolívares. En el sindicato se reuniría, en una especie de asociación solidaria, un cierto número de empresas agrícolas con el objeto de proporcionarse recursos para su explotación y mejoramiento. La combinación que se emplearía lo planteó la Sociedad en estos términos: "1°) una parte de su valor en dinero efectivo. 2°) una parte en obligaciones garantizadas por la misma propiedad y 3°) una parte en acciones de la sociedad que se formaría al efecto.luegoque se hubiera reunidoel número suficiente de adhesiones. Los propietarios que se adhieran a esta combinación quedarán administrando sus propiedades por cuenta del Síndicato"?" En agosto de 1889, destacados dirigentes de la Sociedad Agrícola y Pecuaria Nacional, entre los cuales cabe señalar a Santiago Sosa, Nicanor G. Linares, Gustavo Vollmer, Anfiloquio Level y Tomás Bueno, auspician la formación del Banco Popular, que haría préstamos sobre fincas urbanas reembolsables con sus alquileres que cobraría el instituto. Dicho banco tendría un capital de Bs. 1.000.000 repartido en acciones de Bs. 100 cada una, de las cuales 3.O17 habían sido suscritas por 63 accionistas para el mes de marzo de 1890. Formando parte del proyecto bancario aparecen algunas firmas y casas comerciales, como Braun y Ca., García Seijas y Cs., B. Bentata y Ca., H. Porras y Ca., Leicibabaza y Ca., Lucas Ramella, etc. (28) A la Sociedad, por estos meses, también se le insta a estudiar otro proyecto bancario que se presenta al Gobierno Nacional, con el fin de que haga proposiciones y observaciones al respecto. Se trata en este caso, de la creación del Banco Hipotecario AngloVenezolano, promovido por el señor Alfredo Gardiner Hartings, y con el cual se propone llevar a cabo un arreglo con los tenedores de Bonos de la deuda interna y externa con el propósito de unificar ambas deudas en una sola externa, que tendrá el 4% de interés por año, y además autoridad también para cobrar por cuenta del Gobierno las rentas diarias de las aduanas marítimas y terrestres.?" No sólo son estos aspectos los que ocupan la atención de la Sociedad, otras actividades desarrolladas. En enero de 1890 monta una Exposición de Maquinaria Agrícola, que prorroga todo el mes de febrero con el fin de dedicar mayor tiempo a las pruebas de las máquinas presentadas: segadoras para pastos, segadoras

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para pastos y cereales combinados; rastrillos, picadoras a mano y con motor; prensas y máquinas para limpiar y apartar semillas; desgranadoras de maíz, trilladoras, descerezadoras de café, etc.(30) Con el fin de ponerse al corriente de los adelantos que pudieran ser útiles a la agricultura, la Sociedad encargó al señor René F. Lefevre para que buscara en París una persona corresponsal. En octubre de 1885, Lefevre celebró un contrato con el señor Paúl Marsais para el cargo.?'? Las ideas de la Sociedad Agrícola y Pecuaria Nacional sobre la creación de los institutos de crédito territorial, como un medio insoslayable ante la carencia de capitales de los hacendados, y de una política inmigratoria como paliativo a la escasez de brazos para el trabajo de las haciendas, habían llevado a dicha corporación, elll de junio de 1889, a fijar posición en torno a las perspectivas de la campaña electoral del bienio constitucional de 1890. Lanzó una Declaración en la cual planteaba, entre otras consideraciones, que no alteraban la índole de sus trabajos ni de sus propósitos económicos, el "mejor ejercicio del derecho" y el "imprescindible deber de tomar parte en las elecciones". Profesando el credo político que reconoce la soberanía popular como fuente de todo poder legítimo en las naciones, expresaba enfáticamente que: " ... es a este Centro agrícola y Pecuario a quien corresponde la iniciativa de convocar a todos los trabajadores del campo en la República entera, como parte integrante que forman de nuestra asociación, para que se compacten, se acuerden y se dispongan a luchar en la próxima campaña eleccionaria, formando si es posible un todo, capaz de llevar a los puestos públicos hombres que resuelven felizmente así los problemas políticos, como 'los económicos y sociales, que tan íntimamente están ligados entre sí".(32) Según la Sociedad, de compactarse el gremio agrícola y pecuario y de inspirarse en el bien nacional, por su número y por su importancia ejercería una gran influencia en el debate electoral. El bien nacional, políticamente, era luchar por el establecimiento de una verdadera República de instituciones libres, tal cual como interpretaba la voluntad popular el Presidente Rojas Paúl: la idea de implantar una política verdaderamente

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liberal "...en armonía con los principios más adelantados de la ciencias sociales, y bajo la inspiración del dogmade la fraternidad... "(33), como el propio Programa de la Concordia. " ...tal reconstitución es necesariay conveniente - plantea

la Sociedad-para hacer posiblesy fecundas las luchas cívicas y el advenimiento de verdaderos partidos doctrinarios,que acaso entre republicanos sinceros no responden ya a cuestiones políticas sustanciales, sino a las muy importantes que la moderna ciencia económica destaca de día en día como de urgente (sic) solución't.P? En tal sentido, la Sociedad resolvía: 1) invitar a todas las juntas cooperadoras y en general a los agricultores y criadores a favorecer con sus votos a los ciudadanos que les merecieran plena confianza; 2) a corresponderse frecuentemente con este Centro para que los trabajos tuvieran la debida unidad y el mejor acierto; 3) hacer especial mención de las candidaturas del Doctor Jesús Muñóz Tébar y del General Raimundo Fonseca, por sus ideaspolíticas y económicas; 4) recomendar en su debidaoportunidadtodas las candidaturasqueaportaran soluciones a las cuestiones económicas, 5) declarar que esta manifestación no implicaba propósitos de establecer propaganda contrarios a la ley que hace de la elección presidencial un asunto exclusivode la voluntad de los representantes, y 6) manifestar el deseo de que los candidatos Muñóz Tébar y Fonseca, complementaran sus programas con el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población rural, a fin de evitar las consecuencias negativas dejadas por las guerras civiles, el incesante reclutamiento y demás prácticas abusivas. Firmaban dicha declaración: SANTIAGO SOSA, GUILLERMO ESPINO, HILARlO ESPINOZA, ABELARDO ARrSMENDI, EDUARDO GÁRAfE, ToMÁS BUENO, ANFILOQUIO LEVEL, GUSTAVO VOLLMER, JUAN CASANOVA, CARLOS URRUTIA, B. VERDE v., MANUEL VICENTE YANES, JUAN JIMÉNEZ, SANTIAGO GÓMEZ, MIGUEL PEÑA, JOSÉ M. PADRÓN, RAFAEL LEÓN DIAZ, ROMÁN VARGAS, TOMÁS GUEVARA, MIGUEL LEÓN, MANUEL GONZÁLEZ, LUCIANO PADRÓN, MATIAS GÓMEZ, GRACILlANO GÓMEZ, JUAN ORTA ARÉVALO, DOMINGO MONSERRAT, FRANCISCO DE PAULA NÚÑEZ, FRANCISCO PACHECO LEVEL, JESÚS M. PEÑA, MARTÍN TORO, ANTONIO RUIZ, E. A. SUÁREz, EDUARDO ALVAREZ, JUAN N. ABREU, DOMINGO PADRÓN RICARDO YÁÑEz, Joss GUÍA, MIGUEL BUENO, SANTIAGO

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ORTA, GUILLERMO RODRÍGUEZ SUPARVIE, TOMÁS DE LAS LAMOZAS, ADOLFO MADRlZ, M. MADRIZ, MARTÍN LovERA, FERNANDO BARCO,

L.

MADRIZ"

JUAN ECHEZORÍA ESPINOZA., RAFAEL F. GONZÁLEZ, AURELIo HERNÁNDEZ, Joss FÉLIx BETANCOURT, Joss DE J. GONZÁLEZ, SALUSTIANO FERNÁNDEZ, PILAR GONZÁLEZ, OCTAVIO ESCOBAR, ANDRÉs FERNÁNDEZ, JUSTO PUITO, RAMÓN MURO, ANDRÉs TRUJILLO, ANTONIO R. RODRÍGUEZ, MIGUEL ESCOBAR, CARLOS ALvAREz, P. E. GARCÍA GÓMEZ, JUAN PIÑANGO ORDóÑEZ y JULIO TORO.

No se encuentra en El Economista otra declaración política que induzca a pensar que la Sociedad Agrícola y Pecuaria cumplía la función de un apéndice del Poder Ejecutivo o de proselitismopolítico a favor del Programa de la Concordia, salvo la aprobación de la moción del miembro Carlos Urrutia, del 29 de octubre de 1889, del nombramiento de una comisión para significarle al Presidente de la República que dicha corporación"...se congratula con la patria por su sabia política de concordia, que da cabida a todo interés legítimo que aspire a surgir en el porvenir". (35) Pero estaría demás decir, que la obra de la Sociedad Agrícola y Pecuaria también surtió sus efectos en el proceso de la desguzmanización. Puede sostenerse que el gremio agropecuario a través de la organización y funcionamiento de la Sociedad Agrícola y Pecuaria Nacional y de sus

filiales, durante el Gobierno rojaspaulino tuvo la oportunidad de exponer sus problemas y de plantear algunas soluciones. Y que en la medida de explanar sus reivindicaciones, fue conformando cierto espíritu asociativo, al cual contribuyera fundamentalmente el periódico que le sirvió de vehículo de sus ideas. Sin embargo, como puede apreciarse, los obstáculos que se le presentaron en el desarrollo de sus actividades, especialmente en la lucha por la defensa de la creación de los institutos de crédito territorial, ocurrieron principalmente en el momento de transición del Gobierno del Doctor Rojas Paúl al del Doctor Andueza Palacio. La brevedad de la existencia de la Sociedad Agrícola y Pecuaria y de sus afines en el interior del país, permiten sólo llegar a una aproximación de su acción y proyección a nivel nacional.

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