Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Movimiento por la Comunidad y el Desarrollo, A.C.

Responsables Mtra. Laura Becerra Pozos Dr. Manuel Canto Chac Dra. Marisol López Menendez México, 2011  

 

“Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero, la SEDESOL no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo”.

CONTENIDO Presentación

5

Marco Teórico

8

I. Carta por el Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México

21

II. Presa Zapotillo en Jalisco

32

III. Programa Participación Social Chiapas

43

IV. Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria,

60

Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas Conclusiones Generales

71

Fuentes Consultadas

74

Anexos

78



Guía de Entrevista

78



Relación de personas Entrevistados

80



Demandas Transversales del MNSAEDTLD

81



Carta por el Derecho a la Ciudad

83

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

4

L

as organizaciones de la sociedad civil mexicana en sus muy diversas expresiones, han recorrido un largo camino para propugnar la resolución de las necesidades de la población con quien trabajan y actúan, o para satisfacer las demandas que han sido incluidas en su agenda social – ciudadana. En ese trayecto, las organizaciones han probado diversas formas organizativas y estrategias para alcanzarlas, entre las que sin duda destaca la articulación, a través de alianzas, coaliciones o redes sectoriales, intersectoriales, temáticas y/o territoriales, todo lo cual han desarrollado en la promoción de la organización ciudadana. Las acciones señaladas expresan la reacción organizada de la ciudadanía ante decisiones o políticas públicas que afectan a grupos de personas o sectores de población, o ante la ausencia de medidas o programas para atender una problemática o grupo social que requiere de políticas específicas, igualmente frente a una decisión o medida que lejos de responder o resolver una problemática, afecta o trae consecuencias contrarias para la sociedad. Hoy sin duda existe una significativa cantidad de experiencias de articulaciones sociales que se propusieron actuar en alianza y de manera organizada, para tener suficiente fuerza social y sustento para la interlocución, el diálogo, la negociación o cabildeo con las instancias tomadoras de decisiones, para conseguir soluciones a sus problemas o propuestas alternativas. Tanto en los espacios locales, como en el nacional se han desarrollado acciones, a través de esas redes sociales, que a su vez se constituyen en espacios de reflexión, de aprendizajes, de construcción de alternativas, de generación de diálogos y logros en la superación de sus problemas o en la respuesta a sus demandas, que merecen ser recuperadas para que sean aprovechadas en el fortalecimiento de la sociedad civil y del tejido social. Estos procesos no han estado exentos de dificultades, limitaciones e incluso retrocesos, especialmente en cuanto a los espacios efectivos de interlocución con los gobiernos, específicamente con los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que es importante valorar la relación sociedad civil – gobierno, particularmente en torno a la participación e incidencia política de la primera. Tanto el seguimiento como el análisis de diversas experiencias de articulación de organizaciones sociales, muchas de las cuales se constituyeron en movimientos regionales o nacionales, en los últimos años, sugieren avances y nos permiten establecer supuestos de que hay apren-

5 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

PRESENTACIÓN

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

6

dizajes sociales y organizacionales, en términos de las estrategias y la gestión, que deben recuperarse para las propias organizaciones, pues hay logros relacionados con la capacidad de articulación, de definición de agenda común, de diseño de propuestas y de negociación. Tanto las experiencias exitosas, como aquellas que no concluyeron con los resultados esperados, merecen una revisión que nos permita ubicar los logros o beneficios conseguidos, las dificultades en los procesos de interlocución, las estrategias más recurrentes de las redes y coaliciones para posicionar su agenda, así como los derechos que han sido referenciados en tales procesos. Las hipótesis planteadas inicialmente fueron: Hipótesis  Las organizaciones civiles han impulsado distintas modalidades de articulación o alianzas, con otros actores sociales, como una estrategia para ganar fuerza social y promover la agenda ciudadana.  Las organizaciones de la sociedad civil articuladas en redes o coaliciones, han desarrollado distintas estrategias para la presión y eventual aprobación de sus iniciativas o demandas y su posicionamiento público.  Las organizaciones de la sociedad civil y las redes sociales que se han conformado en el ámbito nacional o local, no siempre consiguen incidir en las políticas públicas que les interesan pues se enfrentan a diversos obstáculos tales como: i) decisiones unilaterales, ii) falta de legislaciones adecuadas; iii) resistencia de quienes tienen la última decisión.

Objetivo General Identificar los avances y dificultades en la articulación de las diversas expresiones de sociedad civil en nuestro país, en la última década, para contar con una estrategia común y construir una fuerza social capaz de proponer, promover, negociar la agenda social- ciudadana.

Objetivos específicos  Identificar las experiencias de las organizaciones civiles de articulación con otros actores sociales para la integración de una fuerza social.  Evaluar la experiencia de las articulaciones o coaliciones de Organizaciones de la Sociedad Civil para la interlocución y posicionamiento de la agenda social.  Evaluar los procesos de interlocución y procesos -mecanismos de participación para la incidencia de las OSC en políticas públicas. Para cumplir con los objetivos y poner a prueba las hipótesis realizamos una revisión documental y diseñamos una investigación de campo que nos permitiera evaluar los mecanismos de articulación entre organizaciones civiles y organizaciones sociales ancladas en el territorio

Los casos elegidos tienen en común por tanto, la alianza coyuntural entre organizaciones civiles y organizaciones de base social del campo y la ciudad, que se articulan para responder a una decisión de gobierno contraria a sus intereses, o ante la ausencia de medidas para atender o resolver la problemática de un sector, donde cada una de estas expresiones de sociedad civil, harán un aporte particular, conforme a su naturaleza, demandas y fuerza social. Fueron seleccionados atendiendo tanto a la modalidad de interlocución desarrollada con el gobierno como a la diversidad de articulaciones entre organismos. Así, decidimos incluir los casos de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, donde organizaciones civiles y sociales trabajaron en conjunto con el Gobierno local para producir un documento programático basado en acuerdos internacionales; el caso de la Presa Zapotillo en la región de Los Altos de Jalisco, donde organizaciones civiles han colaborado con organizaciones locales para impedir la construcción de una presa y han propuesto alternativas sustentables a la gestión hídrica prevaleciente en la región y en el país. El tercer caso es el Programa Participación Social Chiapas, que inició en el año 2000 y que continúa operando hasta la fecha, como un espacio de diálogo e incidencia entre organismos civiles y el gobierno local. El Programa formalizó diversos mecanismos de participación de cara al desarrollo social sustentable. El caso nacional es el del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, fundado en el 2007 como producto de un proceso de articulación entre distintos actores sociales, que se habían constituido como un Espacio Social Tripartito por su composición sindical, campesina y civil. Tras realizar la investigación documental, entrevistamos a representantes de las organizaciones participantes aplicando entrevistas a profundidad guiadas por un cuestionario. Agradecemos profundamente la disposición, franqueza y claridad con que Areli Sandoval (Espacio DESC); Lorena Zárate (Coalición Hábitat Internacional); Jaime Rello (MUP-CND); María González (IMDEC); Jorge Gastón Gutiérrez (Universidad de Guadalajara y Colectivo Ecologista de Jalisco); Gabriel Espinoza (Comité “Salvemos Temacapulín”); José Olvera (STUNAM); Mateo Lejarza (Ex integrante del STRM); Manuel Canto (ADOC); Gabriela Sánchez y Raúl Cabrera (Puentes Sociales); Ramón Martínez (Foro Chiapas); Víctor Pérez (COOPCAFE); Teresa Zepeda (Alianza Cívica), y Rodolfo Díaz (PRODESIS). Ver Anexos 1 y 2.

Ciudad de México, Diciembre de 2011

7 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

y los diversos modos de interlocución y trabajo con agencias de gobierno. Para identificar las agendas de esos movimientos, así como las estrategias de presión para el diálogo y la negociación de las propuestas alternativas de política pública.

MARCO TEÓRICO

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

8

Planteamientos conceptuales

L

as últimas tres décadas del siglo XX representaron el renacimiento del concepto de sociedad civil como herramienta analítica para incursionar en el estudio de fenómenos de movilización social y del replanteamiento de lo social frente al Estado. Entre los casos más relevantes se encuentran el movimiento polaco Solidaridad o las movilizaciones contra los gobiernos autoritarios del cono Sur americano, además de las llamadas revoluciones de terciopelo en Europa Oriental. En todo caso, las nuevas formulaciones del concepto aluden a la sociedad civil como otredad del Estado en tanto que sus proyectos y formas de asociación se distinguen de aquellas originadas en el aparato estatal y se orientan hacia la conformación de un espacio autónomo y diferenciado de aquel. Como han señalado Cohen y Arato (2000), el uso contemporáneo del concepto tiene su punto de partida en las crisis del marxismo, por un lado, y del pensamiento liberal clásico y los postulados del Estado de bienestar por otro. Ello ha dado pie a la noción de “revolución autorregulada” que opera como eje conceptual y programático. Esta noción implica el abandono de la idea de transformaciones totalizantes de la sociedad cuyo origen puede encontrarse en la Revolución Francesa de 1789 y que había sido retomada por el marxismo: la movilización de la sociedad civil en el uso contemporáneo del término implica su carácter autolimitado. Sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta que también hay diversas connotaciones del término sociedad civil en función del contexto en el que surgen. Son tres las experiencias fundantes del pensamiento contemporáneo sobre sociedad civil, cada experiencia, en función de su ambiente intelectual y político ideológico, introdujo variantes sustantivas, por ejemplo: 1) los movimientos sociales que originaron la ruptura del sistema socialista en Europa oriental, su reivindicación se dirigió en contra del socialismo, por lo tanto tuvo un fuerte contenido antiestatista y a favor del mercado, en un contexto internacional de las ciencias sociales en el que la crítica al Estado y la reivindicación neoliberal del mercado se convertían en dominantes; 2) las experiencias de los movimientos sociales en Europa occidental y Norteamérica en contra de la exclusión de sectores que hoy podríamos comprender bajo la expresión diversidad, como las minorías étnicas, religiosas, sexuales y por supuesto también

A diferencia de la experiencia de Europa del Este, en América Latina el uso de sociedad civil se define frente al Estado pero también frente al mercado, pero en un contexto teórico de legitimación del mercado y deslegitimación del Estado, el uso dado a sociedad civil tuvo que soportar el destierro a la marginalidad académica, la que sólo la reivindicó posteriormente a partir de leerla con las claves heredadas de la teorización sobre Europa del Este, desestimando lo avanzado al respecto en América Latina. Todos los usos conceptuales de la sociedad civil se identifican con la existencia de asociaciones, instituciones, organizaciones colectivas y formas de opinión y comunicación pública independientes, y se asemejan entre sí en la crítica al Estado y el deseo de ir más allá de la alternativa entre reforma y revolución. Ello implica el reconocimiento de una lógica propia al Estado y al mercado, ajena y distinta a la de lo social. La reformulación contemporánea del concepto de sociedad civil se encuentra además íntimamente vinculada a los derechos humanos: la sociedad civil es ese espacio autónomo y autolimitado -que no aspira a la conquista del poder político-, que opera de manera alternativa y complementaria a los concebidos tradicionalmente por la democracia representativa. En ella se producen prácticas asociativas que defienden los derechos de los ciudadanos y constituyen la posibilidad de defenderse de la acción estratégica del poder y del mercado, y la viabilidad de la intervención ciudadana en las decisiones políticas, además de los movimientos sociales que continuamente plantean nuevos principios, valores y demandas sociales.1 Los importantes cambios geopolíticos que se iniciaron a fines de la década de los 80, al igual que las transformaciones en los ámbitos económico y político a nivel internacional, repercutieron en nuevos modos de concebir a la sociedad civil: ya no se trata tan solo de promover reformas institucionales en el Estado que transformen a la propia sociedad civil, acotándola. Tampoco de que las organizaciones de la sociedad civil mantengan sus esfuerzos enfocados a la consecución de una reforma política. El uso del concepto de sociedad civil en la actualidad evoca la necesaria complementariedad entre leyes, derechos y asociaciones independientes para incidir tanto en las decisiones políticas como en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

1

Al respecto resulta interesante el planteamiento de Alberto J. Olvera (1998), p. 9 y ss.

9 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

minorías de estratos socioeconómicos, esta experiencia se libra en un contexto en el cual la teorización sobre los nuevos movimientos sociales tiene como objetivo la legitimación de las reivindicaciones de la diversidad, poniendo el énfasis en el sentido de la categoría sociedad civil en el contrapeso a la acción gubernamental; 3) las luchas latinoamericanas por la democratización y el desarrollo de sus sociedades donde el uso del término sociedad civil se dio en relación con sus dos oponentes, por un lado en contra del autoritarismo estatal, el término empieza a ser utilizado en América Latina en los momentos de la represión de las dictaduras militares, y también en contra de la desigualdad que tenía una herencia histórica y que las dictaduras acrecentaron.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

10

El concepto de sociedad civil implica la construcción de una esfera pública donde se ejerzan derechos y se interpele a la sociedad política mediante el disenso, la pluralidad y la construcción de alternativas para la cosa pública. Ello proporciona a la sociedad civil un carácter político ineludible. Cohen y Arato caracterizan a la sociedad civil como el espacio por excelencia tanto de los derechos como de la legitimidad democrática, que está compuesta de una esfera privada, pero también de una esfera pública política y social donde se actúa en concierto para influir en la sociedad política y, en cierta medida, en la esfera del mercado. Un aspecto fundamental, que está en el corazón del objetivo de este trabajo, es la constatación de que la sociedad civil, particularmente en la experiencia latinoamericana, ha estado conformada por una multiplicidad de actores –tanto civiles como sociales- que le confieren a los intentos taxonómicos una dificultad fundamental, pero que es precisamente esta diversidad las que se constituye en su horizonte de eficacia política y es el principal reto teórico y práctico contemporáneo. Glosaremos esta afirmación. En la experiencia latinoamericana se constata que desde sus orígenes, incluso en relación a las llamadas ONG, el término de sociedad civil se asume como encuentro de actores de diverso tipo: “La primera generación de ONG en América Latina surgió típicamente como una solución ad hoc cuando existían escasas alternativas -como centros provisionales de investigación que se desarrollaban al margen de universidades sometidas a las presiones del estado autoritario, como centros de educación popular fuera de la red oficial de escuelas, como grupos que daban apoyo a movimientos sociales emergentes sin vínculos con las organizaciones políticas legalmente autorizadas…” (Fernandes p.75) Por lo que entonces “…muchas organizaciones ya existentes de la sociedad civil resucitan como tales y dejan, por lo tanto, de ser cascarones conquistados por el aparato estatal. Por eso mismo, pasan a ser campos de lucha en los que se dirime quien, y en apoyo de que, hablará desde ellas, dirigiéndose al público más amplio y no ya sólo a los vericuetos de la burocracia estatal […] junto a esas viejas organizaciones emergen nuevas formas asociativas que son testimonio del dinamismo social que…el BA [Burocratismo Autoritario] no pudo suprimir. Comités de barrio, organizaciones de autoayuda, movimientos sindicales o barriales de base, instituciones populares de la Iglesia Católica u otras confesiones, son parte de una larga lista con la que –sobre todo- el sector popular destila el aprendizaje que dejó el duro período anterior.” (O’Donell: 184) La recuperación de la experiencia latinoamericana y los procesos actualmente en curso plantean como problema teórico práctico, la relación entre las ONGs y los movimiento sociales de viejo cuño, como las organizaciones sociales y las campesinas, como ha señalado De Souza, las primeras tienen capacidades innovadoras de la política, pero escaso poder para realizarlas; las segundas tienen muchos más recursos de poder, pero menores tendencias innovadoras, esto es lo que justamente pone el interés en las posibles articulaciones entre ambos tipos de actores, tendencia presente en las experiencias analizadas en este trabajo.

Se ha escrito mucho y bien acerca de la historia del surgimiento y desarrollo de una sociedad civil en México, en el sentido asignado arriba al término.2 Baste por lo tanto hacer algunas precisiones de orden histórico que permiten comprender las particularidades de las organizaciones mexicanas, sus programas de acción, imaginarios y formas de participación en el ámbito público y de relación con las distintas agencias de gobierno. En la introducción a La sociedad civil: de la teoría a la realidad, Alberto J. Olvera hace una clara exposición de la historia de la idea de sociedad civil en México. Tomando como punto de partida las reflexiones de Norbert Lechner, Olvera establece que la idea de sociedad civil en México apareció para crear una antinomia básica: la de sociedad civil versus Estado; la recuperación política y social del concepto emergió con la crisis del Estado de bienestar y del régimen político sustentado en el PRI. Esta idea es compartida por muchos otros estudiosos del tema. Aunque también habrá que tener en cuenta que el término inicialmente se usó en la década de los 70 (Carlos Pereyra, por ejemplo) para sustentar la propuesta de formación de frentes amplios que pudieran construir una alternativa al reformismo – autoritario del gobierno. (cfr. Cordera, Córdova) En México, el régimen posrevolucionario se caracterizó por la concentración de poder en el Estado y por la sistemática práctica de organización de la sociedad por parte de éste en grupos de corte corporativo que monopolizaron durante seis décadas el espacio público. Con el Partido de la Revolución Mexicana (después PRI), se estructuró un sector campesino y uno obrero, y desde 1941 un sector popular.3 Ello hizo posible un tipo de Estado donde fueron subsumidas la economía y la sociedad. En concordancia con la aproximación conceptual planteada arriba, la noción de sociedad civil se desarrolló especialmente a partir de la construcción de un espacio público que permitiera el disenso y la elaboración de alternativas de orden político. La categoría de sociedad civil ha experimentado una “acotación simbólica” (Olvera 1999, 14) para designar con ella preferente o exclusivamente a las organizaciones independientes del Estado y de los partidos políticos y se incorporó al imaginario social como espacio de pugna contra el autoritarismo. 2

Para una historia de la constitución de ciudadanía política, se recomienda el texto Ciudadanos imaginarios, de Fernando Escalante Gonzalbo, que analiza las vicisitudes políticas del país durante el siglo XIX, Existen muchos estudios sobre la sociedad civil contemporánea en el país que narran su historia y describen cuidadosamente los distintos nudos históricos. Entre ellos cabe mencionar el ya citado estudio de Rafael Reygadas; la serie ONG de los sesenta, editada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en cuyos diez títulos se aborda la historia y formas de participación desarrolladas por organizaciones con distintos perfiles y objetivos; el estudio Hacia una nueva cultura ciudadana en México, de Vicente Arredondo; La sociedad derrotada, de Sergio Zermeño o diversas aportaciones han realizado han realizado Manuel Canto, Sergio Aguayo, Mariclaire Acosta, Lucía Álvarez, Cristina Sánchez-Mejorada y otros. 3 La Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) surgieron en 1938 cuando Lázaro Cárdenas reorganizó al partido de la Revolución. La Confederación Nacional de Organizaciones Populares apareció tres años después.

11 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

La organización de la sociedad civil en la historia reciente de México

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

12

A fines de la década de los 60, un movimiento estudiantil que interpelaba al régimen y evidenciaba sus tendencias autoritarias hizo patente la ficción de una sociedad monolítica, aquella que era organizada, protegida y prohijada por el Estado. Aunque existen movimientos previos al de los estudiantes de 1968, que habían iniciado el proceso de distinción entre sociedad civil, partido y Estado, fue éste el que con mayor claridad marcó el imaginario social.4 La década de los 70 se caracterizó por dos fenómenos que de distinto modo incidieron en el desarrollo de la sociedad civil. Uno de ellos fue la “guerra sucia” contra militantes de organizaciones político militares de izquierda, que dio como resultado cientos de detenidosdesaparecidos y presos por motivos políticos. Conocedores de la estructura corporativa y de la escasa eficacia de las instituciones judiciales, los familiares de las víctimas se organizaron ideando nuevos métodos de presión.5 Paralelamente se gestó y aprobó la reforma política que legalizaría a los partidos de izquierda y entronizaría en el país el estilo político partidario como forma privilegiada de hacer política e incidir en el ámbito público. Como ha mostrado Sergio Zermeño, ello originó una “fuga de la vanguardia a las alturas”, una creciente participación de los líderes de los diversos movimientos sociales independientes en estructuras partidarias, lo que a la larga derivó en el debilitamiento de las organizaciones de masas que habían logrado escapar al control corporativo del régimen. (Zermeño 1997) Diversos autores, entre los que destacan Rafael Reygadas (1998)6 y Carlos San Juan (1999) identifican la recuperación social del concepto de sociedad civil a principios de la década de los 80. Este último define 1983 como inicio de un proceso que puede entenderse al mismo tiempo como modernización económica y política, crisis del régimen de partido de Estado y de las estructuras de seguridad social emanadas del mismo. San Juan identifica en la apropiación social del concepto un “hambre de representación” en que convergen diversos actores sociales de signo político e ideológico distinto, y a menudo opuesto. De manera imprecisa pero sólida, el concepto es encarnado e identificado con organizaciones que pretenden redefinir la relación entre la sociedad y el Estado y construir un espacio público de debate de asuntos de interés colectivo. Diversos acontecimientos actuaron como catalizadores de este proceso y sentaron precedentes en cuanto al papel de la sociedad civil en el ámbito público; todos los autores coinciden en señalar el terremoto ocurrido en la Ciudad de México en septiembre de 1985 como Ello pudo deberse a las demandas específicas del movimiento (libertad de presos políticos, eliminación del delito de disolución social y disolución del cuerpo de granaderos, entre otros). También al hecho de que la cruda represión sufrida por los estudiantes el 2 de octubre se efectuó sin contemplaciones en el centro político y cultural del país. 5 Ello dio origen, en 1977, al Comité de Familiares de Presos, Exiliados y Desaparecidos por motivos políticos, fundado por Rosario Ibarra de Piedra y otras madres de víctimas, hoy Eureka. 6 En Abriendo veredas, ambicioso estudio sobre las iniciativas públicas de redes de organizaciones civiles en México, hace un cuidadoso relato sobre las diversas experiencias de la sociedad civil mexicana entre 1968 y 1996. El estudio refiere las transformaciones del imaginario social y los retos que mediante las redes de organizaciones civiles se han planteado al imaginario instituido en México. 4

Las elecciones de 1988, el levantamiento armado zapatista en 1994 y la creciente percepción ciudadana de la descomposición del régimen actuaron también como catalizadores. De manera paralela a la emergencia de una concepción de la democracia que privilegia lo procedimental, centrada en la competencia electoral y la equidad entre partidos –ya presente en la reforma de 1977- diversas iniciativas sociales se articularon bajo el nombre de sociedad civil para llevar a debate aspectos “sustantivos” de la democracia: el Estado de derecho, los derechos humanos, la participación de las mayorías en la toma de decisiones, la transparencia y rendición de cuentas, la democracia económica, la equidad en el intercambio económico global y la construcción de alternativas incluyentes de globalización. En el imaginario mexicano la transición a la democracia era vista como un campo de batalla (San Juan 1999) en el que se enfrentaban proyectos políticos diversos y en el que la sociedad civil -que crecientemente ha sido identificada, como afirma Alberto Olvera, con las organizaciones no gubernamentales- jugó un papel privilegiado. Como se he mencionado, el 2 de julio del año 2000 se llevaron a cabo elecciones federales en México. Por primera vez en la historia del país se contaba con una institución electoral sólida y confiable que garantizaba la equidad entre partidos y el respeto al sufragio de los votantes. También por primera vez ganó la presidencia de la República el candidato de un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El triunfo de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional7, representó una transformación notable en la historia nacional que afectó de manera profunda, tanto la correlación de fuerzas al interior del sistema político, como el imaginario social y las propias relaciones entre sociedad civil y Estado. La posterior elección de Felipe Calderón, también candidato del PAN, consolidó algunas de las tendencias del régimen anterior. La relación entre las organizaciones de la sociedad civil y las sucesivas administraciones del PRI ha sido estudiada cuidadosamente por distintos autores. Se han analizado las diversas formas de la participación y se han identificado sus puntos débiles y fortalezas. En ese caso, se trataba de un sistema autoritario donde la sociedad civil emergió a contrapelo del Estado y del gobierno, como una instancia crítica del mismo. Sin embargo, la alternancia en el poder –que en el caso mexicano, no hizo factible la construcción de un modelo de gobierno distinto, al menos en lo que hace a las posibilidades de participación de la sociedad civil- abrió un escenario complejo para las organizaciones civiles. El PAN, nacido en 1939, es catalogado como un partido conservador y vinculado a sectores de la Iglesia Católica y grupos empresariales. Se considera que ha proporcionado un fuerte apoyo al PRI para legitimar los procesos electorales en México. Cfr. Daniel Levy y Gabriel Székely. Estabilidad y cambio, paradojas del sistema político mexicano. El Colegio de México, México, 1988. 7

13 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

uno de ellos. La percepción generalizada de la incapacidad de las agencias de gobierno para encarar el desastre y la espontánea organización de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, para ayudar a las víctimas e iniciar la remoción de escombros contribuyó a construir un imaginario alternativo y netamente independiente de los diversos aparatos del gobierno.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

14

Los primeros años del gobierno de Fox llevaron a un profundo cuestionamiento de los perfiles, las tácticas y estrategias y, en algunos casos, la pertinencia de la continuidad de las organizaciones que hasta el año 2000 habían funcionado como instancias críticas del régimen.

Los diversos tipos de sociedad civil Nora Rabotnikof ha identificado tres modos básicos de autopercepción de la sociedad civil, que ha desbordado hacia el mundo académico. En algunos casos, ésta es homologada a asociaciones voluntarias o prívate organizations que a su vez se dividen en aquellas que, identificadas con la actividad empresarial, producen bienes y servicios y aquellas que, sin ánimo lucrativo, ofrecen bienes y servicios a la comunidad. (Rabotnikof 2002, 30) Otra concepción se refiere al actuar en la esfera pública con énfasis en una estructura de derechos, a partir de la cual las organizaciones ejercen una función crítica del papel del estado y ejerce, en palabras de Rabotnikof, “…una suerte de control propiamente social sobre la esfera política y la esfera económica. El ejercicio de los derechos ciudadanos en un marco de legalidad y el fortalecimiento de los espacios públicos aparecen como características esenciales a este concepto de sociedad civil”. (Rabotnikof 2002, 31) Un tercer tipo asume rasgos de ambas modalidades, y tiende a identificar la sociedad civil con redes de OCs, estableciendo una diferenciación clara entre organizaciones civiles y movimientos sociales. La profunda distancia que media entre organizaciones dedicadas a proveer a la población de bienes y servicios, actuando de manera supletoria al estado de bienestar, y la de organizaciones que se mueven en el marco de una estructura de derechos, constituye una suerte de campo de batalla por el concepto mismo de sociedad civil. En el presente trabajo hemos optado por estudiar organizaciones que responden al segundo tipo de abordaje, dado que su forma de operar las coloca en una mejor posición para plantear transformaciones en el marco de la política pública. Ahora bien, es difícil decir cuántas organizaciones existen en México. En 1995 el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) realizó por primera vez un censo de organizaciones civiles a nivel nacional. Entonces se contabilizaron 5,764 organizaciones, de las cuales el 19% trabajaba en alguna labor de asistencia social, 16% en salud, 16% en medio ambiente, 13% en educación, 11% en desarrollo social, 9% en derechos humanos, 2% en ciencia y tecnología, 2% en desarrollo rural, 1% en promoción del empleo, 0.35% en religión y 1% en otros rubros8. En septiembre de 2010 la Comisión de Fomento de Actividades de la Sociedad Civil de la Secretaría de Desarrollo Social reportó 12,602 organizaciones inscritas en el Registro Federal creado a partir de la aprobación de la Ley de Fomento a las OCs. El 35.1% de ellas se encuentra en la Ciudad de I. Córdova “Necesario reglamentar la actividad de las ONGs” en El Nacional, 22 de julio de 1996. Citado en José Luis Méndez, “Problemática de las organizaciones civiles en México y Agenda de Investigación” en De lo cívico a lo público. Una discusión de las organizaciones civiles, Red Mexicana de Investigaciones sobre Organizaciones Civiles. 8

Este cálculo hace evidente el criterio político subyacente: las organizaciones, como las instituciones del Estado, son corresponsables con la población en general y pueden ser evaluadas por la cantidad de personas que atienden. Mientras tanto, los rubros de ocupación de las organizaciones resultan irrelevantes. La mayor parte de los autores han orientado su análisis hacia este tipo de organizaciones civiles caracterizadas como “progresivas”, en tanto apuntan a la consolidación de derechos en cualquiera de sus modalidades. Pero, como advierten Gabriela Pérez Yarahuán y David García Junco (1998, 491), la formación de organizaciones no gubernamentales se manifiesta en dos corrientes. Además de la anterior, que rechaza el régimen autoritario y pugna por la consolidación y ampliación de derechos, se distingue un sector de la sociedad civil organizada que se inclina hacia prácticas sociales de asistencia, proveyendo de servicios a segmentos de la población y supliendo las funciones del Estado. El arzobispo Norberto Rivera definió con precisión a este sector en 1996 al dirigirse a la Reunión de Patronos y Directivos de las Instituciones de Asistencia Privada: “Con el nombre específico de obras de asistencia social hacemos referencia de una manera inmediata y explícita a las instituciones que, por el imperativo urgente de la caridad responden a las necesidades apremiantes del prójimo que no puede autovalerse con el fin de suplirlo, por lo menos parcial y temporalmente...” (Reygadas 1998, 198) Las organizaciones de asistencia social han tenido un tipo distinto de relación con el Estado, conflictivo por cuanto la función social del sector privado fue difícilmente reconocida: contravenía la subsunción de economía y sociedad característica del partido de Estado. Este reconocimiento se produjo en 1983, al modificarse el artículo 25 constitucional. La reforma, tanto como las distintas modificaciones a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y al Código Civil, permiten vislumbrar “... la rigidez y estrechez del marco normativo que regula las actividades de estas agrupaciones...”(Gordon, 2000) Al reconocer la existencia de este sector, se tuvo buen cuidado de mantenerlo dentro de los límites de la asistencia, lo que elimina toda posibilidad de participación política en el sentido de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Tan solo permanece la gestión de políticas que se desarrolla en suplencia del Estado. El desmantelamiento del aparato estatal y la aplicación de políticas contractivas –iniciadas también en 1983- implicó el fortalecimiento de este sector que, aunque estrechamente vigilado y con esca9 10

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/CUADRO%201.pdf (consultada en 25-07-11) http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/CUADRO%206.pdf )consultada en 27-07-11)

15 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

México (4 420)9. Lamentablemente, el Registro no reporta estadísticas sobre las áreas de actividad de las organizaciones, sino tan solo sobre su densidad geográfica por entidad federativa. En este caso, la Ciudad de México nuevamente lleva la delantera con 3 111 habitantes por organización civil10. Esto, por supuesto, ignora el hecho de que muchas de las organizaciones localizadas en el DF realizan actividades en otras entidades federativas.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

16

so margen de acción, ha tendido a aumentar sus espacios de influencia y con ello a proponer un modelo de política social que contrasta con el de las organizaciones progresivas, que fincan su labor en la exigibilidad y la ampliación de derechos antes que en la asistencia a sectores vulnerables. En el país, los movimientos propios de la sociedad civil experimentaron un declive que puede explicarse por un trastocamiento en las identidades colectivas producto de las políticas de ajuste que se han aplicado durante los últimos treinta años. Los fundamentos económicos cambiaron abatiendo los movimientos campesinos independientes, el sindicalismo en general y el movimiento urbano popular (Gordon 2000, 23). A la par, nuevos mecanismos de negociación bilateral fueron acuñados para canalizar demandas específicas. Ello repercutió en una desmovilización de los movimientos y, en algunos casos, la disolución de actores colectivos. Durante la década de los 90 los movimientos sociales se han manifestado “...en su forma más normal y natural: como luchas ancladas en el territorio, de naturaleza sectorial o temática y sin pretensiones de generalización de derechos o de transformación política global” (Gordon 2000, 24). Este proceso se ha verificado mientras aumentaba el número, la visibilidad y la capacidad de interlocución de las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG), que nosotros llamamos organizaciones civiles (OC). Las organizaciones ecologistas, feministas, de derechos humanos, de apoyo a la niñez, a los derechos de minorías sexuales y políticas, grupos de apoyo a discapacitados o a personas de la tercera edad, proliferaron en México durante los últimos diez años del siglo pasado. Olvera las define como “... pequeños grupos relativamente cerrados que se han caracterizado por una administración personalizada y por la falta de pluralidad política a su interior, aunque como conjunto podría considerarse que abarcan o representan distintas orientaciones políticas.” (Olvera 1999) Se trata de grupos formalmente constituidos y que en su mayor parte han optado por la figura jurídica, de asociación civil, profesionales y especializadas, que han ejercido el derecho de asociarse con la finalidad de intervenir en la esfera pública, desde un espacio distinto al de los partidos políticos. Estas dieron paso también a la formación de coaliciones amplias, motivadas por un evento o la defensa de un derecho específico. Así, organizaciones de la más diversa índole se aglutinaron para adquirir más peso político y mayor capacidad de incidencia. Una de las más activas fue Alianza Cívica, organismo de amplia base social que emergió como esfuerzo colectivo de varias organizaciones civiles, que consiguió agrupar en la observación electoral, a un gran número de personas11, abriendo con ello las posibilidades de participación en la modalidad de observador electoral. 11 Alianza Cívica fue creada en 1994 –como un espacio de articulación entre diversas organizaciones civiles, como fruto de la unión de esfuerzos de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Acuerdo Nacional para la Democracia, el Consejo para la Democracia, la Convergencia de Organismos Civiles para la Democracia, la Fundación Arturo Rosenblueth, el Instituto Superior de Cultura Democrática y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. Su objetivo entonces era participar en las elecciones federales de ese año para observar irregularidades y violaciones a los derechos políticos. La observación se realizó por parte de voluntarios que acudieron a la convocatoria de Alianza. A principios de agosto de ese año se habían inscrito 11,287 personas (las elecciones se realizaron el 21 de ese mes).Una vez terminado el proceso electoral algunas de las organizaciones participantes decidieron formalizar este espacio constituyéndolo en una AC, mientras que otras decidieron que la articulación ya había cumplido su propósito y no se sumaron a la formalización de la asociación.

La participación de las organizaciones civiles en políticas públicas Las experiencias de participación de las organizaciones civiles en políticas públicas habían sido escasas durante las sucesivas administraciones del PRI y, como afirma Manuel Canto, es preferible referirse a decisiones de orden público, en virtud de las limitaciones de su participación (Canto 1998, 87). En general ésta se restringía a: a) Actuar como licitadoras de convocatorias hechas por agencias de gobierno y, dentro de este rubro, como miembros de los comités que decidían sobre la asignación de recursos. Esta participación se dio primordialmente dentro de programas de la Secretaría de Desarrollo Social o el Instituto Nacional Indigenista. b) Participar en organismos públicos que tenían alguna intervención sobre políticas. c) Actuar como instancias que proponían políticas alternativas (Canto 1998, 88) 13 Pero en el imaginario ciudadano la participación en asuntos públicos y la politización del actuar de las organizaciones era ya un derecho desde fines de la década de los 90, como es posible constatar en iniciativas como Poder Ciudadano, Acción Ciudadana por la Democracia y por la Vida, que aspiraba a contribuir a “la constitución de ciudadanía con derecho y responsabilidad en las decisiones de la vida pública en México”(Canto 1998, 87), es decir, se impugnaba la estrechez del modelo electoral-parlamentario de concebir lo político. A esta experiencia han seguido otras de mayor envergadura. Como se ha mencionado arriba, la acción de Alianza Cívica y de otros grupos que promovieron la observación electoral, contribuiría a la transformación del Instituto Federal Electoral y a la reforma electoral de 1996. Aún cuando nunca hubo un reconocimiento explícito, diversas recomendaciones que estos grupos formularon en sus experiencias de observación electoral, fueron recuperadas e hicieron posible la creación de autoridades electorales con mayor legitimidad.14 Los análisis de las distintas posturas asumidas en este contexto por las diversas organizaciones civiles puede verse en Álvarez et. al, Las organizaciones civiles en la transición mexicana a la democracia. REMISOC, 2002. 13 Tales conclusiones se basan en entrevistas realizadas por el autor a organizaciones civiles: Grupo de Educación con Mujeres (GEM), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Foro de Apoyo Mutuo, Servicios de Educación y Paz y Foro de Organizaciones Civiles en Jalisco. 14 Las recomendaciones de Alianza Cívica y la campaña de presión que se realizó a partir de ellas repercutieron en la autonomización de la autoridad electoral (IFE e institutos electorales de los estados); la depuración del padrón electoral, el monitoreo para garantizar la equidad de los partidos en los medios masivos de información; los topes en los gastos de campaña y la prohibición del uso de recursos públicos. Además se logró la creación del Tribunal 12

17 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Tras las elecciones del 2000, se hizo patente una pugna por la lógica prevaleciente en la concepción de la política social y, con ello, de la sociedad civil. Organismos como Vertebra, el Club Rotario o México Unido contra la Delincuencia, mantuvieron una presencia y participación en diversas iniciativas de orden público. Estas organizaciones se acercaban más a la lógica del tercer sector, complementaria a la acción del Estado y el mercado antes que crítica de los mismos.12 En esta línea se encuentran también diversas organizaciones que han colaborado cercanamente con instancias del poder público durante el régimen de Felipe Calderón, especialmente en el área de seguridad.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

18

Sin embargo, es importante recordar que, entonces, la garantía del respeto al derecho al voto se obtuvo a partir de la convergencia de voluntades de partidos políticos de oposición, un sector importante del empresariado y una decidida presión internacional por parte de los mayores socios comerciales del país (tanto los Estados Unidos y Canadá como los representados en la Unión Europea). El impulso de la sociedad civil organizada coincidió con los profundos cambios económicos y políticos que se derivaron por un lado, del agotamiento del modelo de bienestar y por otro, del fin del socialismo real y de la Guerra Fría. Los factores mencionados proporcionaron una mayor legitimidad al trabajo de esas organizaciones y esfuerzos. Sin embargo, en 2001, representantes de Alianza Cívica y otras organizaciones civiles, afirmaban que el reconocimiento expreso de la participación de los esfuerzos ciudadanos en la mejoría de las instituciones electorales aún no se producía (López Menéndez 2001), y consideraba que en las instituciones de gobierno y los partidos políticos prevalecía una lógica excluyente, que acotaba la ciudadanía a la participación electoral y que difícilmente reconocía que los esfuerzos organizados podrían dar lugar a espacios institucionales de intercambio, deliberación y participación. Considerando estos hechos relevantes y otros más, es que se delinearon de manera más clara los perfiles de identidad de las organizaciones civiles: i) tomaron distancia de lo políticopartidario y del mercado, b) asumieron la autonomía y la independencia como rasgo fundamental, c) se reconocieron como sujetos de derechos propios, por lo que exigieron ser aceptadas como entidades de interés social para intervenir en el ámbito público.15 Los procesos de reflexión conjunta de las organizaciones civiles, en un horizonte nacional, tomaron fuerza en la últimas dos décadas, para generar opinión pública sobre los grandes problemas nacionales y posicionarse ante ellos. Así, en un foro público sobre la pobreza16 se coincidió en que la política del Estado se construye entre el gobierno y la sociedad civil; en que la sociedad civil organizada asume su compromiso histórico y demanda la ampliación de espacios de participación en el diseño y aplicación de las políticas de Estado, además de demandar la profundización del diálogo respetuoso entre el gobierno y la sociedad. En ese Foro de alcance nacional y con la presencia del Gobierno Federal, se afirmó la imprescindible participación de la sociedad civil en el diseño de respuestas a los problemas públicos, para influir directamente en el ciclo completo de la política pública; además de establecer un diálogo entre sociedad y gobierno. Se expresó así: “…un gobierno que no se confunda con la sociedad civil, así como una sociedad civil que no sea asumida por el gobierno.”17

Electoral del Poder Judicial de la Federación y la instauración y el perfil de los consejeros ciudadanos 15 Una trayectoria en los organismos civiles en México, Testimonios, Sergio García, Programa Interinstitucional de Investigación Acción sobre Democracia, Sociedad civil y Derechos Humanos, CIESAS, Universidad Veracruzana, México, 2007 16 Foro Nacional de la Sociedad Civil democrática: los Pobres Construyendo su Política Social, México, 1993, organizado por redes y organizaciones civiles, entre ellas Equipo Pueblo como convocante. 17 Idem

El reconocimiento jurídico de las organizaciones de la sociedad civil Otro logro notable es la propia Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en mayo de 2004. La historia de la Ley remite directamente a los esfuerzos de las organizaciones civiles por ser reconocidas en el plano jurídico. En 1989 fue aprobada una reforma fiscal de orden federal que establecía el 2% de activos sobre las empresas, eliminaba exenciones de impuestos para causantes menores y aumentaba las penas para evasores. Incluso las asociaciones civiles fueron sujetas de impuesto, sin contar con la facilidad de obtener recibos que permitieran la deducibilidad para posibles donantes, con que sí contaban las instituciones de asistencia privada (IAP).19 Ello dio origen a un proceso de organización entre organizaciones de muchos signos para proponer cambios a lo que percibían como una nociva política fiscal y que concluyó identificando la importancia de que las organizaciones civiles fueran reconocidas en su especificidad, como organizaciones de interés público. Como resultado de ello, en 1995 el Centro Mexicano para la Filantropía, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, el Foro de Apoyo Mutuo, la Fundación Miguel Alemán y en la primera etapa también la Universidad Iberoamericana como apoyo académico, iniciaron trabajos para formular un marco jurídico que fomentara las actividades de las organizaciones civiles no lucrativas en el campo del desarrollo social integral. Esto originó una Propuesta de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles que fue consensada con más de tres mil organizaciones civiles no lucrativas de todo el país20, mediante consultas realizadas durante 1996 y 1997. Esto tenía implicaciones también en la relación entre organizaciones civiles, Estado y gobierno.21. La Propuesta afirmaba de manera especial el derecho a la participación de las organizaLa Transparencia de la Política Social del Gobierno de la ciudad de México, Diálogo entre Sociedad Civil y el Gobierno, DECA, Equipo Pueblo, México, 2011 19 La inmensa mayoría de las organizaciones “progresivas”, aquellas que se ocupan en la consolidación y ampliación de derechos, se encuentran registradas bajo la figura jurídica de asociación civil (AC). Esta figura deriva del derecho de asociación (art. 9 de la Constitución) La reforma de 1989 resultó profundamente lesiva por cuanto debían pagar impuestos sobre una riqueza que no generaban. 20 Propuesta de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles. 21 Para una discusión al respecto véase Ernestina Godoy y Rafael Reygadas “Reforma del Estado y organizaciones civiles” en Alegatos No. 49, mayo-agosto 1999, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. 18

19 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

El proceso de legitimación de las organizaciones civiles se entiende entonces como el derecho -ganado a lo largo de los años- de actuar en los campos de interés social o ciudadano y a participar en las decisiones fundamentales que afectan a sectores de la población. “Las organizaciones civiles nos vemos, como actoras de interés público, lo que se traduce o concreta en distintas estrategias y acciones focalizadas o diversificadas que no pretenden sustituir al gobierno, sino ejercer su derecho de actuar en los campos de interés elegidos. A la vez que incidir en las políticas públicas correspondientes a su(s) ámbitos de trabajo.”18

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

20

ciones civiles en “...el diseño, operación, evaluación y seguimiento de políticas sociales, como una forma propositiva privilegiada, para dar contenido a las relaciones entre organizaciones y gobierno, y como una expresión del peso específico de esta parte de la sociedad civil, en torno a la responsabilidad de contribuir a formas democráticas de gobernabilidad.” (Godoy y Reygadas 1999, 262) La Propuesta encontró serias resistencias en la Presidencia de la República, en algunos representantes del Legislativo -especialmente en el Senado, según informaban sus promotores- y sobre todo en la Secretaría de Hacienda, que se negaba a perder contribuciones y otorgar exenciones de impuestos para las organizaciones. En realidad, afirma Rafael Reygadas, lo fiscal era el último reducto de lo político.22. A partir de la aceptación de la Ley y de la creación del Registro Federal de Organizaciones Civiles, el acceso a fondos públicos representó también la obligación para las organizaciones de rendir informes y garantizar con ellos transparencia en el uso de los mismos. Aún con todo en nuestro país, el ambiente para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil no es del todo favorable, depende no solo del marco jurídico, de sus fortalezas y reconocimiento ganados, sino de la voluntad de los gobiernos, de las coyunturas políticas y de las estrategias de articulación e interlocución.

Departamento de Derecho. México 22 Cfr. Rafael Reygadas, Entrevista, 07/06/01

L

a Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (CDC) es un documento programático que fue firmado por el gobierno del Distrito Federal y sus contrapartes civiles y sociales el 13 de julio de 2010. La Carta propone una serie de medidas de política pública y compromisos a asumir por parte de los diversos actores: el Gobierno local, las Delegaciones, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los organismos públicos autónomos, las entidades educativas, los organismos de la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado y las personas en general. Tiene la peculiaridad de definir no sólo las medidas deseables sino las alternativas para conseguirlas. De acuerdo con la página web de la Coalición para el Hábitat Internacional (HIC), sus propuestas abarcan seis planteamientos estratégicos: •

•

•

•

•

El ejercicio pleno de la ciudadanía. Una ciudad en la que todas las personas (niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres) disfrutan y realizan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social. La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y las reglas para su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio. La gestión democrática de la ciudad. Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión -hasta el más alto nivel- para la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos. La producción democrática de la ciudad y en la ciudad. Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias. El manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno. Una ciudad donde sus habitantes y autoridades garantizan una relación responsable con el medio ambiente de modo

21 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Carta por el Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México

que posibilite una vida digna para individuos, comunidades o pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar áreas naturales, de reserva ecológica, otras ciudades ni a las futuras generaciones. • El disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Una ciudad que fortalece la convivencia social, el rescate, la ampliación y mejoramiento del espacio público y su utilización para el encuentro, el ocio, la creatividad y la manifestación crítica de las ideas y posiciones políticas.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

22

El proceso de elaboración de la Carta por el Derecho a la Ciudad en la Ciudad de México inició en 2007, como respuesta a la redacción de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Existen diversos documentos prescriptivos y programáticos que son considerados antecedentes de la Carta, como Por ciudades, villas y poblados justos, democráticos y sustentables (Río de Janeiro, 1992); la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad (Estambul, 1996); el documento de la Asamblea Mundial de Pobladores, (México, 2000), Repensar la ciudad desde la perspectiva de la gente; la Carta por el Derecho de las Mujeres en la Ciudad (Barcelona, 2004); Hacia una ciudad de la solidaridad y la ciudadanía (UNESCO, París, 1996); o la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis, 2000), entre otros.23 Sin embargo, fue en el contexto del Primer Foro Social Mundial (Porto Alegre, 2001), cuando diversas organizaciones civiles, sociales y populares manifestaron su preocupación por la calidad de vida urbana y coincidieron en la necesidad de “…construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural” (CMDC, 2005). Paralelamente a este proceso, la Ciudad de México vio consolidarse la existencia de un gobierno electo por la vía de las urnas. El primer gobierno electo de la ciudad (1997) fue sucedido por dos administraciones más del Partido de la Revolución Democrática, un partido identificado como de izquierda y que arribó al poder para reformular el discurso de participación ciudadana y abrir espacios de interlocución y colaboración entre organizaciones civiles, sociales y el propio gobierno en la formulación de políticas públicas. (Álvarez y Sánchez-Mejorada 2002) De hecho, diversas iniciativas de participación ciudadana centradas en la acción conjunta entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno local caracterizan a las administraciones del PRD. Programas de coinversión social como el pionero de NOVIB-GDF -1998, donde la organización holandesa de cooperación y el Gobierno del DF -a través de la Secretaría de Desarrollo Social- cofinanciaron proyectos diversos de organizaciones civiles; o el Programa Cofinanciado de Vivienda donde organizaciones sociales como la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, junto con HIC y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda participaron de la ejecución y monitoreo del proyecto en Tlalpan, Iztapalapa y Santa María la Ribera. (Álvarez y Sánchez-Mejorada 2002)

23

HIC 2011, Presentación Carta por el Derecho a la Ciudad

La conjunción de un proceso societal de largo alcance y dimensión nacional e internacional, con un aparato de gobierno que -al menos parcialmente- simpatizó con la causa del derecho a la ciudad, parecen haber sido claves para lograr que la Carta cobrara vida. El Gobierno del DF, sin embargo, ha tendido a minimizar el componente internacional del proceso: las primeras palabras de la Introducción a los Documentos de Discusión y Análisis de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, publicadas como folleto por la Secretaría de Gobierno en 2010, afirman que se trata de una iniciativa surgida del Jefe de Gobierno del DF y del Movimiento Urbano Popular. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo de quienes habitan las ciudades, diseñado para proteger a los grupos vulnerables y con necesidad de atención, con el objetivo de ejercer plenamente el derecho a la libre autodeterminación. (GDF Documentos 2008, p. 13) El proceso que dio luz a la Carta de la Ciudad de México ha sido animado por un Comité Promotor compuesto por la Secretaría de Gobierno del DF, las organizaciones urbano populares agrupadas en el la Convención Nacional Democrática del Movimiento Urbano Popular (MUP), la Oficina Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) y el Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) integrado por diversas organizaciones civiles. Para elaborar este apartado se realizó una investigación documental y entrevistas a profundidad con tres representantes del componente civil-social del Comité Promotor. Areli Sandoval, representante del Espacio DESC desde sus inicios en 1998; Jaime Rello, representante del MUP- CND y Lorena Zárate, representante de Coalición Internacional para el Hábitat- América Latina (HIC) accedieron a hablar de la experiencia de articulación y de las dificultades y los retos que ésta ha supuesto tanto en términos de incidencia sobre el Gobierno del DF como en términos de conjuntar lógicas de trabajo y agendas políticas diversas.24

La conjunción de actores La creación de la Carta llama la atención por la conjunción de la diversidad de actores involucrados. El Comité Promotor es un espacio donde han convergido diversas capacidades y estrategias, lo que, en palabras de Areli Sandoval, quien ha fungido como representante del Espacio DESC, ha hecho de la CDC una experiencia a un tiempo rica y desgastante.

24

Las entrevistas se realizaron por separado a lo largo del mes de septiembre de 2011.

23 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Un ejemplo más reciente de la interlocución entre organizaciones civiles y gobierno local en el Distrito Federal, es la Mesa de Diálogo para la Transparencia de diversos programas de gobierno, entre ellos los que hacen parte de la política social del GDF (2008) que, coordinada por DECA-Equipo Pueblo funciona para evaluar la transparencia y el acceso de la población a los programas sociales del gobierno de la Ciudad de México. (DECA Equipo Pueblo 2011)

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

24

Tanto Sandoval como Jaime Rello, representante de MUP en el proceso, coinciden en señalar que ha sido el Movimiento Urbano Popular el que tomó la iniciativa y se ocupó de sensibilizar al GDF con respecto a la importancia de la Carta. Esto ocurrió en el contexto de una relación bilateral entre las organizaciones populares y el GDF. A decir de Sandoval, la capacidad de presión del MUP sobre el aparato gubernamental en general y sobre la Subsecretaría de Gobierno en particular, resultó un factor clave para animar el proceso, una capacidad de la que las organizaciones civiles carecen. Jaime Rello planteó esta situación también al recordar que, en el 2007, al principio de la administración de Marcelo Ebrard, las organizaciones sociales del MUP iniciaron un proceso bilateral de planteamiento de demandas y estrategias de solución. Uno de los planteamientos fundamentales hechos al GDF fue justamente el de discutir sobre la dinámica urbana y las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad de México. Ello dio origen a una dinámica de intercambio de propuestas entre organizaciones sociales por un lado y agencias de gobierno por el otro. La confrontación de opiniones y posturas dio paso a la propuesta del MUP de utilizar la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad como marco base que sistematizaba la discusión ya iniciada. El gobierno propuso a su vez la creación de un comité promotor al que se incorporaron primero HIC y el espacio DESC. El GDF propuso también la incorporación de la CDHDF. El MUP por su parte a la Procuraduría Social. Esta última instancia participó en el proceso durante cerca de año y medio y después lo abandonó dado que el gobierno central consideró que se duplicaban funciones. Al respecto, la apreciación de Lorena Zárate es que el relevo de Clara Brugada como Directora de la Procuraduría afectó la disposición institucional para continuar en el proceso. A la par, Hábitat Internacional (HIC) que había formado parte del esfuerzo de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad desde sus orígenes en 2001, contribuyó significativamente a generar interés entre actores gubernamentales. Así, de acuerdo con los representantes de los tres componentes civiles y sociales de la experiencia, el proceso de la CDC surgió como una iniciativa de la parte del MUP representada por UPREZ- CND y HIC. Se trató de una articulación sui generis. El MUP y HIC consideraron que, tratándose de asuntos vinculados al desarrollo, era necesaria una perspectiva que comprendiera y abanderara los DESCA tenían que estar presentes, por lo que resolvieron invitar al Espacio DESC para que aportara “conocimiento experto” en la materia. Las organizaciones civiles del Espacio fueron entonces requeridas con la finalidad específica de traducir las necesidades del MUP al lenguaje de los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en técnica jurídica y estrategias educativas.

Mientras tanto, Hábitat Internacional, con experiencia en los modelos utilizados en otros países, se ocupo de traducir en clave de derechos muchas de las demandas históricas de las organizaciones del MUP y, posteriormente, tanto el espacio DESC como la CDHDF se incorporaron a esta tarea de “traducción”. Esta conjunción se hizo posible en gran medida gracias a la antigua relación de trabajo existente entre HIC y el MUP-CND. Estos últimos habían sido eje de la organización de la Asamblea Mundial de Pobladores, realizada en la Ciudad de México entre el 2 y el 6 de octubre del 2000. En lo que HIC ha definido como un “evento único”, 300 delegados de 170 organizaciones sociales latinoamericanas, de Asia, Europa, África y América del Norte se reunieron para discutir las perspectivas deseables para la vida urbana y establecer estrategias de acción conjuntas (HIC AL, 2000). Además de este evento de orden programático, donde surgieron muchos de los temas que habrían de recuperarse en la CDC, HIC y el MUP trabajan en conjunto en procesos de defensa, asesoría y acompañamiento en experiencias de organizaciones que reivindican su derecho a una vivienda digna. Para HIC, explicó Lorena Zárate, representante de la organización regional en el proceso de la Carta, el derecho a la ciudad reconoce y engloba el derecho a la vivienda y a la producción social del hábitat. Ya desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro (1992) la “Cumbre de la Tierra” HIC había identificado la necesidad de ampliar la idea del derecho a la vivienda para articularse con movimientos y grupos locales. Esta idea se desarrolló en el marco del Foro Social Mundial, donde otras redes planteaban la necesidad de pugnar por una reforma urbana que hiciera patente la función social de la tierra y de la propiedad, la gestión democrática y los derechos de ciudadanía. Estos ejes programáticos se encuentran todos reconocidos en la Carta por el Derecho a la Ciudad y, de acuerdo con Zárate y Sandoval, impulsaron la coordinación entre organizaciones sociales y civiles. Sin embargo, la consolidación del Comité Promotor y su trabajo han sido conflictivos. Los entrevistados coincidieron en señalar que las diferencias entre agendas y los diversos planteamientos estratégicos complicaron el proceso. Hubo, además, resistencias y desconfianzas que vencer. Para ello, HIC parece haber tenido un papel relevante. Zárate reconoció que las tensiones entre organizaciones sociales y civiles fueron consustanciales al proceso. Por otra parte, en diversos momentos los tres entrevistados hablaron de la importancia de que determinadas personas participaran en el proyecto, dejando claro que las dinámicas institucionales han

25 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

En entrevistas separadas, Rello y Sandoval también coinciden en señalar que el origen del interés del MUP se encontraba en la reforma política del DF. El eje del derecho a la ciudad, entonces, debía nutrir la elaboración de una Constitución y dar pie a los derechos consustanciales a la creación del estado 32 de la federación.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

26

estado siempre mediadas por la personalidad y las preferencias personales de los representantes en turno. Además, apunta Lorena Zárate, el discurso contemporáneo de la izquierda progresista tiende a rechazar a las organizaciones civiles y se decanta hacia las organizaciones sociales, lo que ha creado dificultades adicionales. En este sentido, la participación de personajes con una trayectoria larga y de probada legitimidad por parte de las organizaciones civiles tendió a facilitar el proceso. Por otra parte, el hecho de que en el comité promotor participaran mayormente jóvenes y mujeres orilló a una dinámica más amistosa y contribuyó a generar la confianza necesaria para elaborar colectivamente. Estas dificultades, sin embargo, no obstaron para que el Comité Promotor resultara altamente eficaz: De acuerdo con HIC, el proceso de elaboración y firma de la Carta constó de tres foros públicos donde participaron alrededor de 5000 personas, una feria de derechos humanos, diversos talleres y programas de radio, un concurso de pintura infantil, un blog, videos y publicaciones, además de más de 50 reuniones de trabajo para definir contenidos y estrategias de acción (HIC 2011b).

La diversidad de agendas y estrategias Los entrevistados se refirieron al proceso como largo y desgastante en más de un sentido. Por una parte, cada componente tenía su propia agenda política y aspiraba a verla reflejada en el proceso mismo. Por otro lado, una larga historia de desconfianza mutua entre organizaciones civiles y sociales dificultaba el proceso. De acuerdo con Sandoval, uno de los principales retos de la elaboración de la Carta fue la construcción de confianza entre el MUP y las organizaciones civiles. Una complicación adicional surgió de las distintas visiones de lo que se buscaba con la Carta y la necesidad de consolidar una idea común. Para el Espacio DESC, se trataba de “generar alternativas que contribuyeran a fortalecer el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal25, y que abrieran la puerta para su juridización y exigibilidad jurídica” afirma Sandoval. El espacio DESC se movía, pues, en clave normativa. Las organizaciones civiles integrantes del Comité Coordinador del Diagnóstico del Programa de Derechos Humanos del DF (2008) y las que participaban en el Espacio DESC eran las mismas. En ambos procesos había temas y actores comunes, de modo que muchas organizaciones los consideraban complementarios.26 25

El Programa de Derechos Humanos del DF surgió como resultado del Acuerdo Nacional de Derechos Humanos (2004). Cuenta con un Comité Coordinador y tiene la finalidad de promover la creación de políticas públicas realizables y medibles con perspectiva de derechos, incluyendo una adecuada consulta y participación de las poblaciones involucradas en ellas. El Programa tomó forma paralelamente a la Carta (2008) 26 El Consejo Consultivo de Organizaciones Civiles que participó en el diagnóstico estaba integrado por ADIVAC, Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, DECA-Equipo Pue-

Pero, de acuerdo con Areli Sandoval, los actores civiles dentro del Comité Promotor no compartían esta visión. Incluso actores como la CDHDF podían encontrarse en dificultades administrativas de involucrarse en un proceso con esa finalidad. La dificultad de integrar en un solo proyecto agendas con implicaciones tan distintas, llevó a que la Carta terminara siendo un documento de carácter declarativo y sin opción vinculante. Aún cuando los objetivos con respecto a la Carta fueran claramente distintos, el proceso generó confianza entre los actores civiles-sociales involucrados y permitió una complementariedad en el trabajo que, a decir de Sandoval, ha sido hasta ahora infrecuente en México. Tanto las organizaciones civiles, como el MUP pretendían colocarse como interlocutores válidos del GDF y, aún si sus objetivos eran distintos, la lógica del movimiento de masas que operó en algunos momentos permitió la movilización y generó espacios de diálogo que las organizaciones civiles por sí mismas nunca hubieran podido obtener. La capacidad de convocatoria y de movilización del MUP fueron determinantes, en tanto que para el GDF operó una noción de representatividad basada en el número de participantes y no en la naturaleza normativa de los argumentos. La diferencia en las agendas se hizo patente no solo en el proceso político que llevó a suscribir la Carta, sino en el trabajo diferenciado que con ella se ha hecho. Mientras las organizaciones civiles se ocuparon de traducir a clave de derechos los planteamientos de la misma, el MUP ha intentado llevar la CDC al territorio y darle legitimidad política entre los distintos componentes delegacionales. Con esa finalidad ha desarrollado sus propios materiales didácticos (trípticos, posters). Ha creado un blog y pone a disposición de la población en general una dirección de correo electrónico a donde pueden enviarse preguntas y propuestas relacionadas con la Carta. La aproximación territorial del MUP ha continuado después de la firma de la Carta mientras que el Espacio DESC y la CDHDF decidieron disminuir su nivel de involucramiento, ya que blo, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Grupo de Información en Reproducción Elegida y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

27 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Por otra parte, para el MUP la Carta podía tener relevancia en el proceso de creación de un proyecto constitucional para el DF, una idea que parecía ser compartida por el GDF, a tal punto que el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hizo señalamientos en ese sentido en apariciones públicas: quizá la más notable de ellas fue el día de la firma de la Carta, el 12 de julio de 2010 cuando, acompañado de los presidentes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del DF y del Tribunal Superior de Justicia del DF, declaró que el documento era la base para la conformación de la constitución de la entidad (El Universal 13/07/2010). Otro evento que da cuenta de esta tendencia ocurrió el 5 de febrero de 2009, cuando se realizó una presentación pública del borrador de la Carta en el Teatro de la Ciudad de México. Para Lorena Zárate, esta concepción parte de una confusión entre el derecho a la ciudad de capitalinos y los derechos de la ciudad como ente político-administrativo. Sin embargo, tal confusión parece haber resultado fructífera en tanto motivó tanto al MUP como al propio GDF, que han mostrado menos entusiasmo ante iniciativas exclusivamente normativas.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

28

optaron por dar prioridad al Programa de Derechos Humanos, que desde su perspectiva tenía más posibilidades de derivar en instrumentos jurídicos vinculantes. Ante la necesidad de hacer elecciones estratégicas, hubo que optar por el Programa de Derechos Humanos, que es percibido como más coherente con el perfil de las organizaciones porque tiene elementos jurídicos más sólidos y mayores posibilidades de lograr exigibilidad jurídica. Ahora, las organizaciones civiles valoran como escasas las posibilidades de formalización legal de la Carta. Tras la firma, la lectura que han hecho en el Espacio DESC es que las agendas del Comité Promotor dejaron de converger. El GDF tenía objetivo primordial la reforma política, y el MUP, operando en una lógica similar, buscaba la adhesión de otros sectores políticos a la Carta (delegados y otros actores públicos). Las OC tuvieron siempre una aproximación más normativa. Territorialización y reforma política no eran su objetivo ni sentían tener la capacidad de aportar nada al proceso a ese nivel. Mientras tanto, en palabras de Jaime Tello, la estrategia del MUP consiste en llevarla al territorio, hacerla exigible por la vía de la divulgación y generar un proceso de apropiación social de sus contenidos. Su cumplimiento entonces no dependerá tanto de la vía legal, como de su importancia política. Pero para las OC la Carta es un horizonte aspiracional: si bien en el evento de lanzamiento de la CDC en 2008, Ebrard se comprometió a hacerla vinculante, pero ello no ha ocurrido hasta ahora y las posibilidades lucen escasas.

La legitimidad de las Organizaciones Civiles En palabras de Areli Sandoval, tanto el GDF como el MUP hicieron patente la importancia de la presencia de organizaciones civiles en el proceso. Si bien la presencia del MUP logró que los representantes gubernamentales mantuvieran interés, no se caracterizó por la “ruta económica” de negociación bilateral que, sin duda, hubiera agilizado las gestiones y obviado la participación del componente civil. Otro factor determinante parece haber sido el peso regional de HIC para mantener a las organizaciones del Espacio DESC como parte activa del proceso, además del interés que el propio gobierno capitalino mostró en que hubiera diversos sectores representados, lo que puede explicarse en función de lograr legitimidad para la constitución política en ciernes. Si bien la elaboración de contenidos siempre fue fruto de consensos y revisada cuidadosamente, la dimensión pública del proceso estuvo fundamentalmente a cargo del GDF y del MUP. Mientras tanto, los contenidos fueron responsabilidad privilegiada de las organizaciones civiles, que los sistematizaron a partir de los foros públicos y otras modalidades de participación popular que el MUP por un lado y la CDHDF impulsaron. La Carta tiene un apartado de compromisos planteados para cada sector. El MUP insistió en que las OCs incluyeran algunos, lo que generó desconcierto entre las organizaciones civiles, dados sus planteamientos eminentemente normativos y su rol como instancias críticas. Al

Por otra parte, tanto HIC como el MUP plantearon la dificultad de trabajar con organizaciones civiles en términos de una tendencia marcada a hegemonizar procesos. Zárate y Tello coincidieron por separado en afirmar que al no conseguir liderear exclusivamente al Comité Promotor, muchas organizaciones lo abandonaron. Ninguno de ellos mencionó nombres, pero ambas dejaron claro que se trataba de organizaciones civiles y no de otras modalidades de asociación. Esta situación contribuyó a abonar una desconfianza histórica que ha prevalecido por mucho tiempo en el movimiento popular. Jaime Rello explicó que ésta proviene de la percepción generalizada entre los militantes del MUP de que las organizaciones civiles toman ventaja de la experiencia y del conocimiento de las organizaciones sociales, para no devolver nada a cambio. Además, muchos miran con desconfianza la carencia de mecanismos transparentes de manejo de recursos financieros (que, se cree, fluyen con más abundancia en las OCs que en las organizaciones sociales). En fin, la desconfianza crece cuando las organizaciones civiles pretenden asumir con exclusividad la dirección de los procesos.

Balance y Lecciones Para Sandoval, la incidencia de organismos civiles en el proceso puede calificarse como exitosa en tanto se logró obtener un texto declarativo que comprometía políticamente al gobierno de la Ciudad en la realización de derechos humanos colectivos. La “traducción” a clave de derechos permitió a las organizaciones civiles del Espacio DESC y a Hábitat Internacional incidir en los contenidos de la Carta, pero no en el proceso de formalización legal de la misma. Para Sandoval, el proceso de la Carta demostró las capacidades de incidencia que tienen al conjuntarse el conocimiento experto de las organizaciones civiles y las capacidades de movilización política masiva y demostraciones de representatividad social y fuerza propia del movimiento urbano popular. La Subsecretaría de Gobierno pareció entender esta diferencia y las peculiaridades de la sumatoria. Las OCs percibieron a menudo acuerdos entre el GDF y el MUP que no pasaban por los canales habituales de la negociación con organizaciones civiles. Por otro lado, el proceso permitió un acercamiento entre el MUP y las organizaciones civiles participantes. Para el Espacio DESC fue muy revelador de las capacidades estratégicas

29 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

final, las organizaciones civiles participantes se comprometieron a difundir los contenidos de la Carta y las buenas prácticas derivadas de su aplicación; participar en espacios ciudadanos de consulta y monitoreo; documentar casos de violaciones o de incumplimiento de la progresividad en la aplicación de la Carta a que está obligado el Estado. Promover conciencia y consensos sobre las responsabilidades ciudadanas en la construcción de una ciudad para todos; denunciar violaciones al derecho a la ciudad e intercambiar y difundir buenas prácticas, instrumentos y políticas públicas nacionales e internacionales que contribuyan a la mejor implementación de este derecho; y producir y presentar informes sobre la situación de los derechos colectivos contenidos en el derecho a la ciudad (CDC 2010, 64).

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

30

del movimiento urbano popular, que enriquecieron el debate y los contenidos de la Carta al introducir cuestiones que ellos perciben en el contacto cotidiano con la problemática territorial. Gracias al MUP, lo programático se dotó de contenido: se realizaron consultas directas con los habitantes de la ciudad y con distintos sectores de los mismos, que a las OCs no se les habían ocurrido. Entonces, el trabajo fundamental a que se enfrentaron las organizaciones civiles fue traducir a clave de derechos los planteamientos que la gente hacía en las consultas. Las OCs se percataron de que tanto el MUP como el GDF contaban con sus propias agendas, y aceptaron trabajar en esas condiciones valorando que el obtener la Carta era un objetivo valioso en términos de fortalecer la perspectiva de derechos en la ciudad. Por otra parte, la población en general dudaba del proceso. Hicieron falta actores y, como apuntó Jaime Rello, “el lenguaje de la Carta es muy [propio] de ONG”, es decir, resultaba difícil utilizar el texto como parte de los diversos esfuerzos de movilización popular que el MUP realiza. Había que “traducirlo y reinventarlo desde abajo” como Rello afirmó también, al hablar de las dificultades propias del trabajo posterior a la firma del documento. Para el MUP, a diferencia del planteamiento hecho por las OCs, la Carta es una herramienta de movilización de energías sociales cuya existencia jurídica como mecanismo vinculante no tiene relevancia. Al hacer un recuento de lo caminado hasta ahora, resulta aparente que hubo grandes vacíos. Nada se dijo sobre la problemática de las partes rurales de la ciudad. Hubo intentos por incorporarla pero al final faltaron voces comprometidas con ella y conocedoras distintas. El proceso, para Sandoval, implicó sin embargo, el descubrimiento de lógicas complementarias entre el movimiento urbano popular y las organizaciones de la sociedad civil. En el mismo tenor, Rello afirmó que para el MUP fue muy útil “ver la perspectiva global de la ciudad”, compartir con otros sectores distintos y percatarse de lo que se hacía en otros espacios. Sin embargo, el MUP enfrentó también retos internos porque algunas facciones estaban en desacuerdo con la participación del GDF en el proceso y con la firma misma de la Carta. Su balance es positivo porque tanto teóricamente como en la práctica hubo aprendizajes y la Carta es una herramienta de exigibilidad, aún si no ha sido llevada al plano jurídico. Por otro lado, el GDF le ha prestado relevancia al tema y las organizaciones populares han sabido usarlo: en palabras de Lorena Zárate, la ruta política ha avanzado gracias a las iniciativas del MUP. En su planteamiento de llevar al territorio la Carta, ha logrado la firma de delegaciones políticas, como Iztacalco e Iztapalapa, que han iniciado la elaboración de su propia Carta con base a los lineamientos de la CDC (El Universal DF, 14/12/2010), o Coyoacán, que ha incorporado el derecho a la ciudad dentro de su Programa delegacional de derechos humanos. (El Universal DF 08/06/2011)

El éxito relativo del proceso de redacción de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la ciudad está vinculado a dos factores: La dinámica entre los actores participantes. Las organizaciones civiles que componen el Espacio DESC y las organizaciones populares representadas en el MUP-CND lograron crear un ambiente de colaboración a partir del reconocimiento de sus diferencias estratégicas y de la noción de complementariedad de las mismas. Conocimiento experto y capacidad de movilización se integraron como parte del mismo proceso. Estas diferencias no desaparecieron, sin embargo, la generación de un clima de confianza y solidaridad hizo posible que potenciaran la capacidad de negociación con el gobierno de la Ciudad. Tanto las organizaciones civiles como sociales, debieron renunciar en principio a hegemonizar el proceso, lo que sin duda constituyó un aprendizaje a destacar. Complementariamente, el papel desempeñado por una organización internacional con vínculos, una trayectoria de trabajo y compromisos social, en alianza con organizaciones civiles por un lado, y sociales por otro, como es el caso de Coalición Hábitat Internacional, probó ser un factor o componente que contribuyó a sentar bases para la creación del clima de confianza. Los espacios abiertos por el Gobierno de la Ciudad. Como vimos, el Gobierno de la Ciudad de México, tenía una agenda clara en la elaboración de la Carta. Constituiría una plataforma para la creación de la Constitución local, que ha sido una prioridad para muchos grupos y actores políticos, y reconocida en la gestión de Marcelo Ebrard. En tal sentido, la Subsecretaría de Gobierno supo crear el espacio institucional adecuado para que organizaciones e instituciones diversas colaboraran a distintos niveles, para integrar y promover la Carta. Si bien ésta carece de alcance jurídico hasta ahora, lo que sin duda pesa a las organizaciones civiles participantes en el proceso, la existencia misma del documento implica un avance importante y es un referente en el campo de los derechos colectivos. Adicionalmente es importante señalar que el hecho de que la Carta no sea vinculante, muestra una limitante en la participación de las organizaciones en políticas públicas. Su incidencia, en este caso, se queda en la generación de agendas, no en la elaboración de planes o programas y mucho menos a la ejecución, evaluación y seguimiento de políticas públicas.

31 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Retos y conclusiones

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

32

Presa Zapotillo en Jalisco27 El contexto y la problemática de Zapotillo

L

a Presa El Zapotillo es un proyecto que inició en 2005, cuando tras ver frustrado el proyecto de la Presa San Nicolás en los Altos de Jalisco, el gobierno del estado eligió la zona de Temacapulín, Acacico y Palmarejo en las inmediaciones del Río Verde, para impulsarla. Para construir la represa se elevó la cortina de la misma a 105 metros, lo que implicaría inundar los tres poblados y la necesidad de reubicar a sus moradores. Los pobladores viven primordialmente de actividades agropecuarias y del turismo, por lo que la reubicación significaría la pérdida de su modus vivendi, además de la devastación de templos, cementerios, parques acuáticos y otras construcciones que han sido catalogadas como patrimonio cultural del estado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de Jalisco. En 2008 se conformó el Comité “Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo” durante el Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) que se realizó en Temacapulín. El proyecto formaba parte de una estrategia de manejo de los recursos acuíferos basada en contratos COT (construir, operar, transferir) donde la iniciativa privada realiza la construcción de infraestructura y la opera durante periodos variables para después cederla al sector público (McCulligh, 2011). Esta política de gestión del agua ha sido avalada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros bancos regionales como parte de las medidas de ajuste estructural a realizar por los países para sanear los recursos públicos y lograr mayor eficiencia en el uso de recursos. En México, tal política de participación de la iniciativa privada en la gestión del agua, denunciada por organizaciones civiles como un modelo privatizador, inició tan pronto como Para documentar este proceso se realizó una investigación documental y entrevistas a profundidad con María González, Directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC); Gabriel Espinoza, sacerdote católico y vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; y Jorge Gastón Gutiérrez, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara y miembro del Colectivo Ecologista de Jalisco. Todas las entrevistas se realizaron en la primera semana de octubre de 2011 en Guadalajara, Jalisco. 27

Sin embargo, diversas experiencias han mostrado que este tipo de contratos promueven aumentos desproporcionados en las tarifas, y tienen problemas de eficiencia, además de requerir a menudo de rescates por parte del sector público dado el mal manejo financiero de las mismas. (Campero 2011). La construcción de la presa El Zapotillo fue concesionada a la constructora española FCC y a dos empresas nacionales propiedad de Carlos Hank Rohn (Grupo Hermes y La Peninsular) para operar por 25 años. La presa abastecería principalmente a León, Guanajuato y a 14 municipios de los Altos de Jalisco (CONAGUA, 2008). Jalisco es un estado tradicionalmente conservador, gobernado por el Partido Acción Nacional desde 1995: Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, con el interinato en 2007 de Gerardo Solís. No existe una tradición de movilización popular semejante a la que es frecuente en el sur y centro del país. Sin embargo, el intento organizado por incidir en la gestión del agua ha sido la excepción. Entrelazados en la lucha por impedir la construcción de El Zapotillo y la destrucción de los pueblos se encuentran dos tipos de discurso. Uno de ellos, de carácter global y reivindicado mayormente por las organizaciones civiles como IMDEC o HIC, apela a la importancia del agua como un recurso de carácter público y un derecho en tanto que su acceso determina la vida humana. Planteamientos secundarios a éste denuncian la iniciativa de construir la presa en línea con una política de privatización de los recursos naturales que beneficia exclusivamente a los inversionistas y resulta altamente perjudicial para los pobladores, el erario público y el planeta en su conjunto, dado que la política de represas promueve el cambio climático global. Otra línea discursiva, favorecida más por el Comité Salvemos Temacapulín y los pobladores en general, apela a la gravedad de la destrucción de su patrimonio y de sus tradiciones en tanto pueblos. Como veremos, ambos discursos se complementan y aparecen como parte de una misma estrategia para intentar detener el proyecto. De acuerdo con información proporcionada por IMDEC, hasta el año 2010 se habían interpuesto 20 juicios de nulidad administrativa, 15 juicios de inconstitucionalidad, 4 denuncias e informes de derechos humanos en instancias internacionales y 2 denuncias ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, además de 6 acciones colectivas y 3 puntos de acuerdo en el Senado y la Cámara y Congreso estatal de parte de los afectados por el proyecto Zapotillo.

33 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

se modificó el artículo 27 Constitucional en 1992, y ha sido implementada a nivel federal por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, surgida en 1989). Las primeras concesiones a la iniciativa privada se dieron en 1993, y han continuado otorgándose durante toda la década del 2000 (McCulligh 2011).

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

34

El referente de los DESCA en el proceso Desde fines de los 90, diversas organizaciones civiles nacionales dieron un giro hacia la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), tanto como parte de una necesidad surgida de un cuarto de siglo de políticas contractivas del Estado, como de una reestructuración identitaria que la sociedad civil requirió ante la apropiación del discurso de derechos humanos por parte del gobierno de Vicente Fox. Tal es el caso de IMDEC, que a decir de su Directora, María González, trabaja en el área de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales desde hace 10 años, cuando diversas agendas ciudadanas en el sureste del estado de Jalisco comenzaron a orientarse en esa dirección. IMDEC se especializa en acompañar y asesorar procesos sociales, de manera que este cambio en los intereses de organizaciones con las que trabajaba, significó la necesidad de fortalecer sus propias capacidades en ese sentido. Se profundizó en temas como el agua, la deforestación y el manejo de residuos sólidos desde un enfoque organizativo y educativo. Porque si bien IMDEC continuaba dando capacitación sobre derechos políticos y ciudadanía, los destinatarios de las mismas traían a colación los DESCA y la necesidad de incursionar en ellos. La primera experiencia de defensa de los DESCA en relación con el agua ocurrió en 2009, cuando se canceló el proyecto de presa Arcediano. Este proceso había iniciado con la creación en 2004 de MAPDER, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, que surgió en el estado de Guerrero. IMDEC funciona hasta ahora como organización enlace de MAPDER y el discurso de derechos humanos que aportó y continúa aportando al movimiento ecologista, tuvo efectos totalizantes e integradores, apunta González. La noción de derechos logró aglutinar y construir argumentos sólidos, a la vez que se consiguió conjuntar intereses científicos, comunitarios e incluso deportivos y combinar la vertiente jurídica con la argumentación técnica y la movilización social. Paralelamente, en el caso de Arcediano intervino el Tribunal Internacional del Agua, fortaleciendo los argumentos opositores al proyecto. Hubo factores adicionales que lo hicieron inviable, como la existencia de fallas geológicas que elevaban su costo, además de la movilización y denuncia. Hay en marcha un proceso de reparación del daño a los pobladores que no ha prosperado. Hubo otros procesos en los que IMDEC participó como agente impulsor que facilitaba el diálogo entre saberes que incorporó a académicos a la discusión. Si bien su participación fue siempre a título personal, el IMDEC valoró positivamente su acercamiento a procesos sociales y económicos como la agenda del agua en el estado. En el caso de la gestión del agua, tanto IMDEC como otras organizaciones han hecho esfuerzos por mantener abiertas propuestas con conocimientos técnicos que facilitaran la incorporación de científicos y brindaran mayor legitimidad a la protesta social y más posibilidades de traducirlas en proyectos de gobierno.

El caso de Presa Zapotillo comenzó cuando el de Arcediano aún no se resolvía, lo que facilitó que la movilización social los incorporara en un mismo catálogo de demandas. Sin embargo, González afirma que la movilización popular en las comunidades afectadas era escasa, aunque eso tendió a modificarse tras la consulta de impacto ambiental que se hizo en la zona. Lo que realmente detonó la movilización local fue el cambio en el proyecto: originalmente contemplaba una cortina de 80 metros que no provocaría la inundación de comunidades. Al elevarla a 105 metros y prever la inundación de tres comunidades, la Comisión Estatal del Agua, CONAGUA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, intervinieron activamente. Del mismo modo, esto produjo una mayor efervescencia social entre los lugareños, que ahora veían directamente afectado su modo de vida y sus propiedades. A decir de González, esta respuesta social inmediata ante el peligro, ha cambiado de matices a partir de la presencia permanente de IMDEC y otras organizaciones sociales, la capacitación y la generación de argumentos de orden técnico: en un principio, los grupos locales aspiraban a que la presa se construyera en otro sitio. Hoy, la idea de la presa en general es vista con suspicacia e incluso con desagrado. A partir del contacto con IMDEC y MAPFER, parece haberse producido un desplazamiento entre la defensa de intereses propios de los afectados y la reivindicación de derechos. El contacto con iniciativas distintas y el trabajo de los líderes de la comunidad han sido importantes para consolidar este cambio, al igual que el proceso formativo y organizativo, que ha tenido el objetivo de ayudar a la comunidad para que se perciba la amplitud de la problemática y la generación de empatía con otros movimientos similares. En Zapotillo los derechos civiles y políticos fueron el origen de las demandas; el derecho a la información, participación y consulta fueron formulados por las comunidades afectadas, especialmente Temacapulín. En julio de 2007 se llevó a cabo en Temacapulín el 5º encuentro de MAPDER, durante el cual se constituyó el Comité Salvemos Temaca. Mientras tanto, la Comisión Estatal del Agua les negaba información, lo que atrajo a abogados vinculados a organizaciones civiles. Se iniciaron las movilizaciones masivas hacia Guadalajara y comenzó a exigirse la revisión del proyecto desde una óptica de derechos, que reconozca el derecho de las comunidades a existir y el derecho colectivo al agua, y que garantice la sustentabilidad e integralidad de las política planteadas.

35 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Los casos de Arcediano y San Nicolás son considerados como exitosos por IMDEC, dado que se obtuvo la cancelación de los proyectos. Sin embargo, las movilizaciones no han logrado incidir en la política general de gestión del agua que, como González afirma, continúa prevaleciendo en Jalisco. La creación de presas y su concesión a la iniciativa privada constituyen hasta ahora la única alternativa considerada por el gobierno del estado y por CONAGUA, a pesar de que organizaciones civiles como IMDEC, MAPDER y otras han planteado sistemas alternativos de captación de agua y reparación de tuberías para resolver la crisis que vive el Estado, especialmente la zona metropolitana de Guadalajara.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

36

Este proceso de acumulación que integró los derechos civiles y políticos, los DESCA y las demandas de gestión pública y participación ciudadana se consolidó al involucrarse los liderazgos ya existentes en las comunidades. Esta línea argumental es compartida por el Espacio DESC y Social Watch, que en su informe 2011 plantea que además del impacto comunitario, la presa El Zapotillo “…dañará gravemente el corredor biológico del río Verde, desaparecerá las zonas de cultivo por inundación y aumento de la salinización de la tierra, y afectará zonas de gran riqueza natural de flora y fauna, lo que terminará afectando a alrededor de 5 000 personas de manera directa y a un número mucho mayor de manera indirecta, ya que también impactará en la sobreexplotación y contaminación de la Cuenca Lerma, Chapala, Santiago, Pacifico, agravando los conflictos sociales y las disputas por el agua que actualmente se viven en la región.” (Sandoval et al 2011) Social Watch nota también que, tal como se ha visto en otros proyectos de infraestructura hidráulica en México de grandes dimensiones, las autoridades federales y estatales han violado los derechos a la información, a la participación y a la consulta de las comunidades afectadas y han omitido realizar una evaluación sobre los impactos sociales que implican violaciones al derecho al medio ambiente sano, a la vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la tierra, a la libre determinación, al trabajo, entre otros derechos económicos, sociales y culturales (Sandoval et al 2011). Ello no obstante la existencia de investigaciones como el peritaje psicosocial elaborado por Jorge Gastón Gutiérrez y otros en la Facultad de Psicología de la UdeG.

El planteamiento y participación local Tal es el caso del Padre Gabriel Espinoza, vocero del Comité Salvemos Temacapulin, Acasico y Palmarejo, que goza del respaldo de la Arquidiócesis de Guadalajara y ha tenido un papel importante en lo que a interlocución con las autoridades se refiere. El Padre Gabriel no es oriundo de Temacapulín, pero su familia lo es. Supo por ellos del proyecto de construir la presa en agosto de 2007, cuando CONAGUA presentó un plan de reubicación para los habitantes de las tres poblaciones que serían hundidas. Fue la inminencia de la reubicación lo que orilló a la comunidad a buscar alternativas. A decir del Padre Gabriel, quien pasó en Temaca parte de su infancia, en Palmarejo la comunidad está más “resignada”, pero en Temaca la oposición al proyecto arreció. Al principio, recuerda Espinoza, el Comité planteaba opciones como la construcción de presas más pequeñas o en otros sitios. Las ideas eran dispersas. Fue justamente la intervención de IMDEC y del Colectivo de Abogados (COA) lo que a juicio del Padre permitió que las comunidades en resistencia organizaran su discurso. Su papel como sacerdote y su relación con Temaca le permitieron convertirse en vocero y en comenzar a gestionar citas y encuentros con las autoridades y con organismos como

“Esta Comisión ha intentado en múltiples ocasiones convencer a las autoridades estatales para que en el proceso de planeación y construcción de la presa se tome en cuenta a las organizaciones civiles, profesionistas, y estudiosos en el tema y en especial a los habitantes de las tres comunidades que resultarían afectadas con la inundación. Si el proyecto se realizara tal como lo han sugerido los gobiernos de Jalisco y el Federal, quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la vida y la memoria de sus pobladores con lo que se afectaría su derecho a la identidad como comunidades, su derecho a la democracia y los derechos colectivos como poblaciones organizadas y con vida desde hace varios siglos” (CEDH 2009)

El gobierno del estado rechazó la recomendación 35/2009, donde se le pedía que detuviera de manera inmediata el proyecto mientras se cumplían con las otras recomendaciones del documento, se realizaran estudios para poner en práctica alternativas al proyecto El Zapotillo en los que el respeto a las comunidades afectadas constituyera una prioridad y se abstuviera de realizar cualquier acción que redundara en hostigamiento a los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, entre otros asuntos (CEDH 2009). La recomendación en cuestión también iba dirigida al Congreso del Estado para que incorporara la noción de salud humana en todo proyecto y obra pública emprendida al amparo de la Ley de Estatal Salud, y a las autoridades municipales de los diversos municipios involucrados para que iniciaran un proceso democrático e incluyente para modernizar su sistema de gestión del agua. Al rechazar el documento, el gobierno de Márquez argumentó en voz del funcionario de la Comisión Estatal del Agua, Héctor Castañeda, que los trabajos se encontraban ya muy avanzados y que el contrato había sido adjudicado ya a una constructora. Añadió que “los pobladores están cediendo” y pronosticó que esta tendencia aumentaría cuando éstos se percataran de la calidad de los predios que se les iba a adjudicar.28 Para el sacerdote, el proyecto de la presa constituyó una amenaza que reactivó la vida social del pueblo. La migración ha hecho estragos en la zona, y muchas comunidades están desapareciendo porque la gente busca mejores oportunidades en las ciudades o en Estados Unidos. La inminencia de la presa acarreó un “… despertar a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestros valores”. Tal despertar ha dado pie, coincide el Padre con María González, a muchas actividades culturales, religiosas, deportivas y sociales que han devuelto algo de vigor a la economía de la región e incluso del Estado. Se han ideado proyectos de turismo que aspiran a atraer visitan28

La Jornada de Jalisco, 02/05/2010

37 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que emitió la recomendación 35/2009 dirigida al gobernador del Estado de Jalisco, Emilio González Márquez. En la recomendación, la CEDH afirma que:

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

38

tes a la zona, con el objeto de hacerla visible y de obtener reconocimiento en términos de su contribución a la economía del estado. La amenaza y la movilización han convertido a Temaca en centro que irradia energía hacia otros movimientos, afirma el Padre Gabriel. La organización de migrantes Hijos Ausentes ha colaborado con recursos y se han hecho rifas, fiestas y eventos musicales para mantener activo al movimiento y para continuar el proceso de embellecimiento del pueblo. En Temaca hay un cambio radical a partir de la presa. Para el vocero del Comité “…tenemos la esperanza de cancelar la presa, pero también de que algo inesperado suceda que nos ayude. Esperanza activa es la movilización y esperanza pasiva (un milagro). Se tienen de las dos”. Se espera no solo que la presa desaparezca sino que se generen alternativas diversas como captar la lluvia, reutilizar el agua, arreglar las fugas. De acuerdo con Espinoza, hoy la comunidad mantiene una actitud diferente, el pueblo se ha revitalizado gracias a la inminencia de su desaparición. Pone como ejemplo las actividades deportivas. Según recuerda, en su infancia el único deporte que se conocía era el baseball, y hoy se hace un evento deportivo de atletismo cada año. Por otra parte, el tipo de actividades económicas se ha transformado: las cosechas de chile de árbol son nuevas, mientras que, para defender al pueblo, se ha reanimado el turismo. Estas nuevas actividades giran en torno a la oposición a la construcción de la presa como nudo de sentido. La reacción ante el peligro ha dado lugar también nuevos liderazgos: “Hemos reaccionado solamente, pero la amenaza nos ha traído cosas buenas, nuevos líderes tanto hombres como mujeres”. Si construyen la presa no vamos a dejar que la llenen y Temaca se seguirá desarrollando, no la dejaremos caer como antes. Había iniciativas de mejoría, pero descoordinadas. Parte de este proceso descansa en la creación de una asociación civil que ahora se encuentra en el proceso de fincar un terreno para hacer una casa de la cultura, a pesar de la amenaza de la presa. En el caso de Zapotillo, las comunidades han utilizado su fe y sus símbolos religiosos para subrayar su identidad, lo que ha generado empatía en otros movimientos sociales en el estado, de fuerte raigambre católica. Las comunidades movilizadas son productoras basadas en la pequeña propiedad, no se trata de comunidades indígenas. Dado que la argumentación técnica contra la Presa Zapotillo no resulta del todo viable, puesto que a diferencia de Arcediano no hay fallas ni otras dificultades que hagan el proyecto difícil de ejecutar, las comunidades han optado por argumentar la defensa de sus tradiciones y la conservación del patrimonio histórico del estado. A ello, el gobierno jalisciense y CONAGUA han replicado en dos sentidos. Por un lado, que debe prevalecer el beneficio de la mayoría, lo que implica construir la presa tal como se tiene programada, puesto que favorecería a cerca de 1 millón y medio de personas. Por otra parte, ha prometido que la reubicación de los afectados contemplaría también

Otro aporte a este planteamiento ha sido hecho desde la academia. El Colectivo de Abogados (COA), involucrado con el comité Salvemos Temaca, buscó apoyo para realizar un peritaje para uno de los juicios de amparo promovidos. Jorge Gastón Gutiérrez, profesor de la facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara y miembro del Colectivo Ecologista de Jalisco trabajó en el asunto junto con otros colegas. Dado que había poco tiempo para realizarlo, invitaron a varios colegas a realizar un proyecto de investigación sobre el impacto psicosocial del desplazamiento forzado. Se hizo un trabajo de diagnóstico con niños. Se aplicaron dos instrumentos de escalas de ansiedad y estrés post traumático. Cerca del 80% de la población tiene problemas de ansiedad situacional. Lo asociaron con enfermedades crónico-degenerativas en la población. Se constató que el número de consultas por motivos de salud aumentaban cuando había agresiones u otros eventos relacionados con la presa. Las enfermedades crónicas presentaban mayores síntomas y adultos mayores han muerto con gran angustia por el futuro de su pueblo y sus muertos. Sus familiares presumen que la presa agravó sus enfermedades. En el mismo sentido que lo afirmado por el Padre Espinoza, los hallazgos del peritaje confirmaron que se produjo una afirmación del tejido social ante el riesgo de ser desplazados de su pueblo, y una vinculación exógena con redes y organizaciones que apoyan su causa. (Gutiérrez 2010) Se ha constituido un equipo de seguimiento del caso que se ha enfocado al diseño de promotores comunitarios de apoyo psicosocial. Se conformó un grupo de unas 15 personas que participarán en el taller, en el que se darán capacitaciones como abordaje en situaciones de emergencia, prácticas de meditación, relajación profunda y remedios florales. Cuando se planteó la necesidad del peritaje, se obtuvo una respuesta amplia, de cerca de 40 profesionales interesados en participar de manera voluntaria. La mayor parte de la gente eran de la U de G., todos los jefes departamentales apoyaron y también el rector. Existen indicios de que quienes liderean políticamente a la Universidad también han dado su apoyo a las comunidades afectadas por El Zapotillo dadas sus diferencias políticas con el gobernador. En el caso de Acasico los pobladores se muestran reacios a ser apoyados. Esta actitud se ha visto incluso hacia los propios habitantes de Temacapulín.

39 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

la reubicación de sus centros religiosos y cementerios, insistiendo en que la iglesia se reubicaría “piedra por piedra” (CONAGUA 2008).

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

40

La interlocución y estrategias González señala que la cantidad de gente movilizada ha sido muy poca, lo que hace notable el alcance internacional que el caso ha tenido. El Comité ha logrado establecer representaciones en Guadalajara, Monterrey y varias ciudades de Estados Unidos, gracias a la organización de parientes que han emigrado para promover el caso. La escasa movilización social representa un riesgo que IMDEC ha valorado. Si bien el caso se encuentra en litigio y hay un recurso interpuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la organización civil insiste en la importancia de generar verdadera interlocución con el gobierno estatal. Los afectados, mientras tanto, han tomado una postura de acción directa y, en articulación con MAPDER, los habitantes movilizados de las comunidades tomaron el sitio donde se realizaría la presa, e impidieron la continuación de los trabajos de construcción. En octubre de 2010 se realizó una clausura simbólica del sitio donde se realizan los trabajos, que ocurrió en el contexto del Encuentro Mundial de afectados por represas en Temacapulín. La clausura tuvo como consecuencia que los afectados lograran acceder a los terrenos en disputa y constataran lo avanzado del proyecto, lo que en palabras de María González fue “un parteaguas” que hizo que IMDEC y SERAPAZ, otra organización civil involucrada en el proyecto, se dedicaran a trabajar con más énfasis en la necesidad de establecer un diálogo fructífero, esta vez con la Secretaría de Gobernación federal con quien se concretó la posibilidad de una mesa de diálogo. Mientras tanto, una parte de la comunidad movilizada se ha radicalizado y pidió a IMDEC apoyo en acciones de acción directa. La Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Gobernación y CONAGUA accedieron a enviar una comisión a Temacapulín para establecer una mesa de diálogo donde gobierno y organizaciones intercambiaron opiniones. González es enfática al afirmar que no se trató de una negociación, aunque se vertieron opiniones y argumentos por ambos lados. Hubo dos meses continuos de mesas, a las que en ocasiones asistieron funcionarios de alto nivel como el director de CONAGUA, José Luis Luege Camargo. En la mesa resolutiva el gobierno pidió que hablaran únicamente los miembros de la comunidad, no los asesores, lo que colocó a IMDEC y a SERAPAZ como meros observadores, sin posibilidad de incidir ni en los contenidos ni en la metodología. No se establecieron mecanismos de seguimiento del proceso, y el acuerdo principal fue que los pobladores levantarían la toma de la presa a medio construir, mientras los gobiernos federal y local gestionarían el retiro de las diversas denuncias penales que había interpuesto contra los habitantes movilizados. Al final, la toma se levantó, y las denuncias penales prosiguieron su curso. Al respecto, la opinión de Social Watch, donde María González participa, fue lapidaria para el gobierno. En su Informe 2011 se plantea que aunque los habitantes de Temacapulín han

“Frente a la continuación de los avances de la obra, la comunidad se organizó en marzo de ese año para detenerla, y esta acción logró que después de más de 6 años, a partir del 1º de abril de 2011, se iniciara un proceso de diálogo entre la Secretaría de Gobernación Federal, la Comisión Nacional del Agua y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Sin embargo, dos meses después, en la llamada mesa resolutiva efectuada el pasado 1 de junio, las autoridades confirmaron que continuarán con la presa para concluirla en 2012 y descalificaron a los opositores como minoría, quienes ante el agotamiento de los recursos nacionales, recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (Sandoval et al 2011)

La opinión del Gabriel Espinoza sobre las mesas de diálogo va por las mismas líneas que la de González y la de Social Watch, sólo que es aún más crítica del proceso. Para él, las mesas evidenciaron una grosera falta de voluntad de democracia, el proceder de “…un gobierno impositivo que no vino a dialogar, ni una resolución donde ambas partes participaran. El gobierno fue totalmente unilateral, y las mesas nos permitieron descubrirlo”. Para el Padre, a diferencia de la postura de IMDEC, los pobladores afectados sí aprendieron del estar dispuestos al diálogo. Pero tras los desastrosos resultados del mismo, “… estamos obligados a buscar otros caminos para lograr que se cancele ese proyecto. Se requieren otro tipo de acciones locales, nacionales, internacionales”. Para Espinoza, existen dificultades porque “grupos de afuera quieren imponer otras formas de pensar pero nosotros como pueblo podemos discernir. La lucha es del pueblo de Temaca. Si alguna organización quiere ayudar, bienvenida, porque lo necesitamos. Hay instituciones que pueden darnos recursos, asesores, relaciones, canalizar apoyos y crear vínculos con otros que han pasado por lo mismo que nosotros, de manera que puedan crearse redes”.

Aprendizajes y Conclusiones Tres elementos destacan en esta experiencia: La vinculación entre organizaciones civiles y locales; las aportaciones del conocimiento experto, y las diferencias estratégicas entre ambas. La articulación de la sociedad civil. Como se ha visto a lo largo del apartado, la articulación surgió a partir del rechazo de la comunidad de Temacapulín, ante la decisión del gobierno local –contraria a la población- de elevar la altura de la presa, poniendo en riesgo la existencia de los tres pueblos que serían inundados. La reacción inicial de resistencia a la construcción de la presa en ese lugar y con esas características, dio paso a la integración de una respuesta- discurso más complejo, aparentemente nutrido por la experiencia y el conocimiento de IMDEC y otras organizaciones ecologistas,

41 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

ganado varios recursos legales para impedir la construcción de la presa, las autoridades han optado por no acatar los fallos judiciales. Social Watch afirma:

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

42

así como el propio movimiento (MAPDER). Este discurso ha hecho posible la resonancia que el caso ha tenido a nivel internacional y ha facilitado también la elaboración de propuestas alternativas al modelo de gestión hídrica que el gobierno federal y local, han privilegiado. En el caso de Presa Zapotillo se evidencia la nula efectividad de los espacios o instancias de diálogo, que se diseñan o abren para desactivar la movilización y el conflicto social, no para modificar políticas públicas. Todos los actores civiles y sociales involucrados coincidieron en señalar que las mesas de diálogo con CONAGUA y el gobierno del Estado de Jalisco, hicieron evidente su escaso interés por transformar sus planteamientos iniciales para incorporar las preocupaciones y eventuales soluciones que las comunidades afectadas y las propias organizaciones civiles presentaron. Lo saberes compartidos. En este sentido, al relegar a las organizaciones civiles al papel de “asesores”, los funcionarios gubernamentales encargados de diseñar el proceso de diálogo, eliminaron cualquier posibilidad de que el conocimiento experto -acumulado en la materia por IMDEC, la Universidad de Guadalajara y el Colectivo Ecologista, jugara un papel relevante en la solución del conflicto. Lo que hizo evidente la falta de voluntad política del gobierno por incorporar la participación ciudadana como una de las fuentes de sus políticas, planes o programas. Por otra parte, el acercamiento entre IMDEC y “Salvemos Temaca” parece haber dado pie a aprendizajes importantes, en el caso de la organización social local, cuyo discurso se transformó para incorporar los derechos ambientales y otros derechos sociales y culturales. Ello sin duda contribuyó también a fortalecer sus argumentos jurídicos, además de fortalecer su identidad colectiva en tanto organización y en tanto pueblo. Estrategias distintas. En el caso de IMDEC, no quedan tan claros los aprendizajes dado que su papel de acompañantes en procesos locales no contempla el protagonismo que tienen otras de las organizaciones aquí estudiadas. Por el contrario, la experiencia de la movilización de Temaca parece haber tenido fuertes repercusiones entre los participantes en el peritaje psicológico social auspiciado por la UdeG. Nuevas modalidades de participación social -basadas en brindar conocimiento experto- resultaron enriquecedoras tanto para los profesionistas involucrados como para la comunidad misma.

Presentación

S

e integra en el año 2000 con la entrada del gobernador electo, Pablo Salazar Mendiguchía y se sostiene hasta la fecha como un esfuerzo de coinversión y un espacio de diálogo para la incidencia, con cerca de 30 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

Se trata de un movimiento de asociaciones y participación ciudadana, para establecer sinergias e incidir en la determinación y ejecución de políticas públicas, orientadas al desarrollo social, con una visión de lucha contra la pobreza y la exclusión social. El Programa Participación Social Chiapas (PSCH) mantiene una actividad de construcción de propuestas alternativas, consensadas desde las bases de los organismos participantes, a través de mecanismos formales, para contribuir y apoyar el Programa de Coinversión con todos los niveles de gobierno y los organismos donantes, públicos y privados. Ubican como eje Estratégico principal la erradicación de la pobreza, para lograr una cobertura de paz social que garantice la plenitud de los derechos humanos. Cuenta con una Estructura organizativa sólida y democrática que se traduce en: i) La Mesa de Incidencia; ii) Espacio de Diálogo, y iii) Un Fideicomiso. Entre los temas estratégicos que asumen destacan, la promoción y defensa de los derechos de la mujer; salud comunitaria, Derechos Humanos y Cultura de Paz; reivindicación y promoción para el desarrollo de las culturas Maya y Zoque; comunicación comunitaria y popular.29

Esta experiencia involucra a un buen número de organizaciones sociales y civiles. Actualmente se mantiene activas e interactuando. Las organizaciones “clave” para el proceso de sistematización son: Alianza Cívica; Defensoría del Derecho a la Salud; Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas (Coopcafe); Foro para el Desarrollo Sustentable, AC; Grupo de Investigación, Asesoría y Acción para el Desarrollo Comunitario, SC (GIAADEC.SC); PRONATURA SUR, AC. 29

43 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Programa Participación Social Chiapas

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

44

Contexto en el que surge Las y los entrevistados participantes del Programa Participación Social Chiapas (PSCH) coinciden en lo importante que fue el contexto político en términos de la viabilidad de la experiencia. Se identifican dos momentos que favorecieron o dieron lugar a la emergencia del proceso. Uno, directamente relacionado con la alternancia en el poder que se da en el año 2000 en Chiapas. Una representación que llega al poder a partir de la articulación de todas las fuerzas políticas y de prácticamente todos los partidos, excepto el PRI. Fue un cambio importante en términos de la expectativa de la gente y de un nuevo Gobierno cuya campaña estuvo siempre signada por el tema de la Participación Ciudadana. Dicho factor fue determinante para que la experiencia del Programa Participación Social Chipas tuviera lugar. Otro factor fue la experiencia previa de coinversión en el Gobierno de la Ciudad de México (1999), no como parte del contexto Chiapaneco, sino como un proceso piloto: donde el gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional solidaria, deciden impulsar el Programa de Coinversión Social con la participación de Oxfam Novib. En ese sentido, refieren Gabriela Sánchez y Raúl Cabrera, “…el contexto chiapaneco semejante, de alternancia en el poder, en un proceso de democratización en la entidad, y después de trabajar allá, se nos ocurrió que se podía pensar en algún esquema semejante, no idéntico -lo cual estaba claro desde el principiopues no se trataba de replicarlo tal cual, pero si de contemplar algunos de los componentes que habíamos probado en la Ciudad de México con la Jefatura de Cuauhtémoc Cárdenas.” Una de las organizaciones importantes que promueven el Programa, en ese entonces la Coordinadora de Pequeños Productores de Café de Chiapas (COOPCAFE), que pertenecía a la CENOC, a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que agrupa muchas organizaciones en Chiapas y una de las primeras contrapartes de Novib en el Estado. Víctor Pérez señala que “… con Novib el apoyo que tuvimos fue principalmente para reforzar el trabajo de las redes y la incidencia en políticas públicas. Del 1994 al 2000, fue una etapa fuerte y de polarización en Chiapas, sin embargo, los cafetaleros básicamente mantenían alguna política de negociación con el Gobierno ante los diferentes programas de apoyo a los pequeños productores, a nivel nacional y en Chiapas. Su disposición a ser parte del PSCH les trajo problemas ya que algunos los consideraron traidores por negociar con el Gobierno. “Ocasionándonos una posición muy complicada, pues construir organización campesina en esos años, por fuera del movimiento zapatista era mal visto en todos lados.”30 Con Pablo Salazar en el gobierno se empieza a discutir en las comunidades, la situación caficultora, la de los pequeños productores y las alternativas para ellos. En San Cristóbal se sostuvo una reunión con él y su equipo, para que entendieran que era el Café en Chiapas, ya que es la mitad de la economía rural, donde 78 de los 120 municipios lo producen y la econo30

Entrevista, Víctor Pérez, COOPCAFE

En Chiapas se ubica un escenario previo al 2000, en el periodo que va de 1994 al 2000 -desde el lanzamiento Zapatista-, caracterizado por la falta de gobernabilidad. Prácticamente no hay un gobierno que dure más de un año y medio, es un periodo donde más bien son las Fuerzas Federales las que están irrumpiendo en el Estado, sin una perspectiva propia y en un escenario de conflicto. En1995 viene la guerra sucia, se inicia una fase de conflictos y persecuciones que permanecen a lo largo de varios años; es un escenario de gran polarización y en ese marco nace la propuesta de reforma que elabora la COCOPA; que es un primer espacio para acercar a las fuerzas sociales. Además de que influye que el candidato era un expriísta, hay dos características más relevantes; una es que era un pastor protestante y su identificación política pasaba por ahí necesariamente, y el otro que se quitó la adscripción partidista y jugó como un no militante de un partido que no se aproxima a las candidaturas ciudadanas, pero tenía un matiz emergente que luego se volvió valioso para los consensos.32 Otro elemento que parece importante, es que durante la campaña política después del consenso de San Andrés, se retoma un compromiso con el movimiento indígena y se emplea el diálogo político, que en ese momento era en extramuros con organizaciones civiles de mujeres y derechos humanos, que eran como de los invisibles.33 Durante la campaña y la coyuntura electoral, muchos integrantes de organismos civiles y sociales se agregaron. Ramón Martínez afirma: “Yo llegué como invitado del Secretario del Pueblos Indios que era la cabeza visible del movimiento indígena… que llegaba dese la orilla zapatista hasta la orilla priista, y todo lo de en medio era parte indígena. Entonces no solamente había mayorías absolutas y relativas, sino que había una enorme gama de posiciones que permiten una serie de diálogos que acaban poniendo propuestas sobre la mesa y se vuelven políticas públicas o políticas de gobierno.” Por tanto -dice Ramón Martínez- destacan dos cuestiones, una que Pablo Salazar hace uso de los acuerdos de San Andrés para instituirlos abiertamente como política pública; la otra es que transformó las estructuras de la administración estatal, esto es, recuperó y posibilitó una coyuntura muy importante de intervención de la sociedad civil, e incluso muchos se integraron al gobierno como operadores de esos procesos, mientras que otros se quedaron como interlocutores civiles. IDEM Entrevista, Ramón Martínez, Foro de Chiapas 33 Idem 31

32

45 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

mía en el campo depende mucho del café. Además era gente que no tenía idea ni datos duros de cómo estaba la situación, pero cuando supieron de la importancia del café quedaron asombrados de la organización y de la articulación de la red de cafetaleros. Es importante mencionar que había una propuesta muy clara de política pública en temas del Programa de Desarrollo del Sector Cafetalero en Chiapas basado en los pequeños productores y no en los grandes productores como era la costumbre aquí.31

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

46

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado – que ahora ya no se denomina así- se convirtió en un laboratorio muy interesante en términos de las relaciones con la cooperación internacional. Cabe mencionar que en esos años se instaura una reforma constitucional que desregulaba la exclusividad del Poder Ejecutivo Federal para suscribir convenios y tratados internacionales, en particular en materia de cooperación, que instituye por primera vez a organismos públicos relativos a las relaciones internacionales. En esa experiencia –laboratoriooperan varias iniciativas: la primera, era el Corredor Biológico Mesoamericano con fondos de la cooperación, con la participación del gobierno del Estado y la sociedad civil, pero como en forma de usuarios y consultores directos; la segunda, el experimento de Participación Social Chiapas con Oxfam Novib y el Gobierno del Estado, en esta lógica tripartita diferente en donde las organizaciones civiles fueran proactivas.34 La Ley sobre los Derechos Indígenas, empieza a nuclear, a establecer ligas y articulaciones entre diversos actores, entre ellos participa Pablo Salazar, en ese entonces Diputado del PRI en la COCOPA. Más adelante, Pablo Salazar modificaría su posición política, renuncia al PRI y logra aglutinar a las diversas fuerzas que se oponen al PRI, para la candidatura al gobierno del Estado, con el apoyo, tanto de organización sociales, como Partidos Políticos. Cuando Pablo Salazar toma posesión, se propone abrir vías de Participación Ciudadana ya que necesita legitimarse y porque llega al gobierno sin un partido fuerte, con una alianza que concluye en el momento en que sube al poder, en el contexto del movimiento zapatista; por tanto busca su legitimidad y una vía será la apertura de espacios de vinculación con organizaciones de la sociedad civil.35 Se enfrenta a un EZLN radicalizado, muy fuerte y activo; que rechazaba absolutamente la vía electoral. Por lo tanto el Zapatismo, en el marco de las Organizaciones de la Sociedad Civil Chiapanecas y ante esa coyuntura electoral, fue un factor que complica las cosas, porque en buena medida las Organizaciones de la Sociedad Civil, se polarizaron ante esta circunstancia, algunas, como las llamadas “Pablistas”, se involucraron y acompañaron a Pablo en su campaña y otras más se inclinaron hacia la postura zapatista de “nada con el Gobierno”. Dicha polaridad se pone en juego cuando surge la iniciativa de un programa que involucra a los distintos actores, al Gobierno, a la sociedad civil y la Cooperación Internacional. Distancia que se reflejó con mucha claridad, afirma Gabriela Sánchez, cuando “… al inicio de la iniciativa, decidimos hacer una consulta con los diversos actores para valorar si era viable lanzarnos con un programa de esa naturaleza. Fuimos con todos los actores: Organizaciones sociales de cafetaleros, maiceros, entre otros, con las Organizaciones Civiles, con los zapatistas incluso; con otras agencias de cooperación internacional; con el Gobierno del Estado, con Pablo Salazar directamente. Fue una consulta muy amplia.”

Idem Después de décadas de monopolio priísta, la Alianza por Chiapas, gana las elecciones. Formada por el PRD, PAN, PT, PVEM, Convergencia por la Democracia, Partido centro Democrático, Partido de la Sociedad Nacionalista y el Partido Alianza Social. 34 35

Gabriela Sánchez agrega: “Oxfam Novib no se iba a jugar una apuesta que políticamente fuera leída en ese momento contra los Zapatistas o contra Insurgente, entonces esa consulta nos dio de alguna forma la base como para empezar a construir, y lo único que sabíamos en ese momento es que queríamos algo diferente a la coinversión promovida en el Distrito Federal.” Pero por otro lado había una decisión importante, desde el año 2000, de Oxfam Novib Internacional que paulatinamente se retiraría de América Latina y eso significaba buscar alternativas como fortalecer la Cooperación Sur Sur; entonces había una apuesta de esa naturaleza y el Programa era una iniciativa potencial para empezar a pensar la Cooperación Sur Sur. Destaca también el componente de la movilización de recursos locales. El Programa de hecho se basaba en el principio de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores de interés público, que tienen la prerrogativa de acceder a recursos públicos. Es en rigor la tesis originaria del Programa y la apuesta fue muy clara en esa perspectiva, se sumaba además otro factor interno de los Oxfams que jugó fuertemente en su propio proceso de armonización o de construir la Red Oxfam Internacional; de modo tal que Oxfam a diferencia de lo que paso en el gobierno del DF, decidió involucrar a Oxfam Gran Bretaña a Oxfam Australia, a Oxfam América en la iniciativa. “Además nosotros propusimos a otros cooperantes como la Fundación Ford, en lo que hace a la parte de Cooperación Internacional.”36 Es así que tanto el gobierno del Estado como la Cooperación Internacional, toman la decisión de promover la experiencia piloto de coinversión, con la perspectiva de su institucionalización, convertirla en un Modelo de relación entre gobierno- OSC y favorecer un instrumento de participación ciudadana en políticas públicas efectivo. En abril del 2001, Novib y el Gobernador del Estado firmaron una Carta de Intención que expresa su voluntad de desarrollar la iniciativa en los siguientes tres años.

Tipo de intervención que se propuso y operó El PSCH –desde el principio- se propuso cambios en torno a diversos campos. i) En la relación de las organizaciones sociales y civiles y el gobierno del Estado, en función de políticas públicas que propicien la participación social y reconozcan a las organizaciones como entidades de interés público; ii) La necesidad de modelos de intervención social basados en una visión 36

Entrevista Raúl Cabrera y Gabriela Sánchez, Puentes Sociales

47 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Este esfuerzo previo, de amplia consulta para tener certezas de su aceptación y viabilidad es muy aleccionador y dejó claro que había un importante porcentaje de OSC dispuestas a apostar al nuevo gobierno, otras que preferían, en afinidad con el zapatismo, no involucrarse, dejando ver que se conducirían con “silencio y respeto” ante la iniciativa. Por su lado la cooperación internacional (Oxfam Novib), dispuesta pero tomando precauciones, dio mucho peso y seriedad a la consulta.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

48

integral del desarrollo, un enfoque de derechos (DESCAI) y el fortalecimiento de los procesos de auto-organización comunitaria; iii) El acceso a recursos públicos y la movilización de recursos para el desarrollo como una prerrogativa de organizaciones sociales y civiles. Con una perspectiva de promoción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Ambientales e Indígenas (DESCAI), el PSCH se planteó dos Objetivos Estratégicos: -Contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población menos favorecida y en particular de los pueblos indígenas de Chiapas, desde la perspectiva de los DESCAI. -Contribuir al establecimiento de un nuevo tipo de relación entre organizaciones sociales y civiles con el Estado en sus diferentes niveles, fincada en la responsabilidad, el derecho al acceso a recursos públicos, el mutuo respeto y reconocimiento, para fomentar la participación social en el diseño, formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas (Programa de Participación Social 2011). Es claro que en el horizonte, están presentes las expectativas de diversas OSC que ven en la participación social la expresión de una genuina vida democrática. El Programa de Coinversión no se concibe como un ejercicio exclusivo de entrega de recursos económicos a las OSC con proyectos viables, sino como uno que pone por delante el diálogo político y la incidencia en políticas públicas. De ahí su nombre de Programa Participación Social Chiapas (PSCH). Además de colocar en el centro la promoción de derechos y una visión de desarrollo comunitaria. Una de las premisas importantes –afirman Sánchez y Cabrera-, cuando arrancó el Programa del DF se pensaba que la inversión para las Organizaciones de la Sociedad Civil, debía ser significativa, es decir, no pequeños recursos sino inversiones fuertes y de largo plazo, que garantizaran a las Organizaciones procesos o proyectos de largo plazo, y así lo pactaron originalmente con el primer Gobierno del DF; debían ser a tres años mínimo, para que las organizaciones tuvieran las condiciones para generar Modelos de intervención social viables, que realmente influyeran en Política Pública, lo que no se logró. Entonces se planteó esa apuesta en Chiapas. La segunda premisa fue conseguir que en Chiapas la Participación Social ocurriera bajo un dispositivo diferente y se constituyera en un diálogo político con el Gobierno desde otro lugar. Otra cuestión fundamental que se previó fue la futura organización y la figura jurídica; se pensó que lo ideal sería que los recursos de la cooperación internacional no fueran a la misma bolsa del Gobierno, sino crear instancias administrativas adecuadas. Construir las reglas del juego del Programa de manera conjunta, haciendo énfasis en la parte financiera, para que al final los recursos no se fueran al Gobierno de Chiapas, de manera que se preservara algún espacio de autonomía en donde las organizaciones tuvieran voz y voto. Se pensó en el Fideicomiso como un instrumento financiero, en donde se colocan los recursos de Gobierno y la Cooperación Internacional, con un Comité Técnico constituido por Gobierno y por Sociedad Civil de manera paritaria con mutuos derechos; entonces esa ha sido la diferencia con el proceso del DF: un mecanismo y un dispositivo de operación diferente.

Pero el otro componente del diálogo político ha sido muy importante y aleccionador. Más allá de las OSC participantes de la coinversión, se trataba de abrir al conjunto de las organizaciones interesadas el o los espacios de lo que se llama la Mesa de Incidencia. Una mesa, un espacio de dialogo de las Organizaciones que se constituye en una Asamblea General donde producen su Agenda Ciudadana. Agenda que en ese entonces es discutida en otro espacio que se llama el espacio de diálogo político con el Gobierno y que tiene que ver con presentar iniciativas y propuestas de política al Gobierno.37 Así de un lado están los recursos como medio para echar andar iniciativas en diversos ámbitos temáticos, con distintos sujetos sociales y territorios, del otro, el espacio de la construcción de los escenarios de diálogo, que tienen que ver exactamente con cómo sostener a largo plazo estas propuestas, es decir, promover proyectos viables en el largo plazo y buscar entonces el diálogo político para que las políticas se dirijan al apoyo de esas iniciativas, esa era la apuesta.38 Se trataba de construir la propuesta incluyendo a todas las expresiones de sociedad civil, incluso a los Zapatistas. El gobernador hizo esfuerzos para conseguir que aquellas OSC opuestas al diálogo participaran en la Mesa de Incidencia, pero no lo consiguió. De ahí que la integración de OSC al proceso fue paulatina o progresiva. Primero cuatro, después nueve, luego once, hasta llegar a las 30 que se mantienen. Algo novedoso es el diverso perfil de las organizaciones participantes, de un lado, las sociales -cafetaleros y maiceros- que aglutinan a cientos de productores y productoras; de otro, las civiles con decenas de colaboradores y colaboradoras, con un papel diferente de cara a la población; es decir con intereses diferentes. Por ejemplo, las organizaciones sociales vienen de una larga experiencia y con claridad del recurso de diálogo con gobierno, para negociar sus reivindicaciones como campesinas(os); las civiles más bien con un proyecto de sociedad amplio para el que el diálogo resulta un vehículo de interlocución y eventualmente de incidencia que no habían experimentado aun. Gabriela Sánchez dice que “eso hacía patinar el Programa”.

37 38

Entrevista, Gabriela Sánchez, Puentes Sociales Entrevista, Raúl Cabrera, Puentes Sociales

49 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Si bien la idea del Fideicomiso surge sobre la marcha, estaba clara la perspectiva de la autonomía sobre todo en Chiapas, donde las Organizaciones incluso aquellas que fueron involucrándose en el Programa les “hace ruido” el tema de estar tan apegadas con el Gobierno, entonces buscaban siempre los espacios independientes. Otra reto fue lograr los apoyos para procesos de mediano plazo (más de un año), ya que los recursos públicos gubernamentales no pueden operar de otra manera. Fue gracias a la cooperación internacional que se logra esa flexibilidad de tiempo y duración, sin embargo un reto mayor fue conseguir una ley que normara un funcionamiento distinto del programa y en particular de la ministración de los apoyos a las OSC. Al final el Fideicomiso fue la opción para romper con esa lógica, aunque los tiempos sexenales siguen marcando el ritmo.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

50

La otra novedad quizá sean dos componentes externos del proceso: la disposición de la cooperación internacional a invertir y la instancia externa de “Puentes Sociales” que hace presencia, facilita y orienta el proceso, a partir de la experiencia vivida años atrás en la Ciudad de México, los que si bien no son determinantes si fueron fundamentales para la negociación, el diseño e implementación del PSCH. Se hicieron consultas previas al gobernador Salazar Mendiguchía y a las OSC y una vez teniendo certeza de la disposición inicial, se puede afirmar que la iniciativa “viene de fuera”, pero considerando todos los factores sociopolíticos favorables, particularmente la de un gobierno de alianza- plural para la transición democrática. Los entrevistados consideran que en efecto,“…la modalidad vino de fuera, pero nosotros también captamos una intención de abrir escenarios, de abrir mecanismos de participación que existían tanto en las civiles como en las sociales, mucho más enfocadas a su propia problemática como sector. Contextualizando, estábamos en una situación de guerra, en procesos de distensión para generar otros espacios de Participación y después buscar mecanismos, tan es así que las organizaciones promovieron una Ley de Participación Social, lo que quiere decir que estaban buscando de alguna manera ciertos mecanismos que permitieran una apertura y distención.”39 De otro lado, el papel y presencia de los asesores de Puentes Sociales que se pensó para tres años, se extendió a lo largo del periodo gubernamental por las vicisitudes que enfrentó, para su consolidación. Se tuvieron que quedar seis años para lograr la institucionalización del Fideicomiso, de la Mesa de Incidencia y de todo el proceso, “… en parte porque en Chiapas los plazos y ritmos de negociación llevan tiempo; y porque los procesos en los que se iba avanzando para llegar a ciertas definiciones sobre el programa que queríamos; cómo lo queríamos; bajo qué estructura organizativa; para qué los espacios de diálogo político; eran muy complicados. Se iba un paso adelante y dos atrás, lo que fue muy desgastante, envueltos en la doble tarea de las organizaciones de hacer sus proyectos y al mismo tiempo participar activamente en los diálogos. Fueron largas jornadas para definir las reglas de operación del Programa y acordar el alcance y atribuciones del Fideicomiso. Porque con el Gobierno se lograban una serie de acuerdos -sobre las reglas de operación- y al final la firma del Fideicomiso estuvo a punto de cancelarse porque el Gobierno quiso imponer un formato con mayoría de votos para él: Tres de Gobierno y uno de sociedad civil, nos dimos cuenta a punto de firmar el papel. De esa dimensión eran las discusiones- negociaciones. Firmamos hasta que se asentó la paridad, pero esto es solo un ejemplo de la complejidad en la construcción colectiva.” El otro punto de quiebre –que amerita la participación de Puentes Sociales- fue cuando las organizaciones deciden nombrarse de otra forma y no Coinversión para el Desarrollo Socioeconómico como originalmente se llamaba el Programa. En un taller de definiciones de su alcance, participación de las OSC y resultados esperados, surgió la idea de cambio de nombre. Ya 39

Raúl Cabrera y Gabriela Sánchez, Puentes Sociales

Fue importante también la construcción de los escenarios de dialogo. La constante fue la promoción de espacios en donde los tres actores pudieran sentarse en la misma mesa, lo que sin duda dejó aprendizajes. Raúl Cabrera ubica que en principio el hecho de estar sentados en la misma Mesa no significa necesariamente avances, ya que existen lógicas de funcionamiento y de concepción del desarrollo muy diversas, que obedecen a distintos intereses entre los actores participantes, por lo tanto el hecho de que se sienten a dialogar, implica que hay una cierta disponibilidad, pero no significa que estén dispuestos a replantearse esas lógicas de funcionamiento, cada quien sigue operando con sus propias lógicas. Reconociendo el alcance y perspectiva del proceso PSCH, el debate sobre la idea o enfoque de desarrollo -entre sociedad civil y gobierno-, quedó en ruta, inconcluso, particularmente sin posibilidad de influir o incidir en la visión de un gobierno de transición, que le interesó fortalecer a las OSC para el desarrollo, pero rebasado para favorecer la reflexión profunda de la política social y económica. Si bien se acepta que es un tema a poner en común, los tiempos políticos del gobierno no fueron suficientes para el debate y consenso sobre el desarrollo que se requiere en el Estado. Aun así, el debate sobre el desarrollo avanzó de alguna manera, en un ambiente favorecido por el gobierno, con un espacio de diálogo que se convirtió en una oportunidad para que las OSC construyeran algunos contenidos, promovieran la Ley de Desarrollo Social y lograron incorporarlos en su Planeación Estratégica, lo que es muy importante. Sin embargo, no obstante los esfuerzos y cabildeo de las OSC para que la Ley se aprobara, al final del sexenio fue rechazada y congelada. Las organizaciones trabajaron mucho en la confección de la ley, se contrató a un par de abogados y el acuerdo fue que el Gobierno la presentaría en el Congreso, la presentó y no prosperó; se vino el fin del sexenio, sin conseguirlo. Se cree de otro lado, que las organizaciones privilegiaron y se concentraron más en la Institucionalización del Fideicomiso. “Nos devoró el tema administrativo y la institucionalización, al punto de que, por ejemplo, la cooperación internacional financió a dos consultores, para la integrar la iniciativa. Más allá de las evaluaciones- creo que fue un parte aguas, porque el evaluador externo y su equipo (2004), sugirió levantar la mira, ‘esto es como un avión, ya agarró velocidad pero si no se levanta se va a estrellar’; fue la imagen que nos regresó el equipo de evaluadores: ya está todo, hay mucho, pero la Agenda Política la han pospuesto y si no se ancla en la Agenda Política se va a dar un crac en términos de lo que significaba la apuesta.“40

40

Idem

51 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

que el sentido político estratégico de la iniciativa era Participación Social, no la coinversión, que lleva la idea de caja chica del Gobierno y se quiso romper con eso; se aspiraba a un programa en donde los espacios de diálogo político fueran lo prioritario y no reducido al tema de la inversión de los recursos.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

52

La evaluación de medio término fue fundamental y consigue conciliar una Agenda Común entre las OSC. A partir de esa evaluación los actores se reúnen, replantean nuevamente su compromiso, deciden seguir adelante y defender la Agenda. Además de la institucionalización de los mecanismos financieros, el Fideicomiso en particular. Así hacia finales del 2007 quedó formalizado. Se dice que la primera etapa terminaría entre el 2003 y 2004 cuando se hace la evaluación externa y se determina que el Modelo está en condiciones de hacer su aparición pública, pues se habían integrado once organizaciones, había crecido el monto del presupuesto y establecido las normas y criterios generales del Programa. Víctor Pérez considera que se convierte en un Modelo de ejercicio de recursos públicos por parte de la sociedad civil organizada, con proyectos innovadores, de impacto social y resultados en el proceso de fortalecimiento de las OSC, en los procesos de paz y sobre todo en apertura del espacio de la sociedad civil organizada para el ejercicio de los recursos públicos. Aunque el número de organizaciones participantes se considera más bien limitado, en su perspectiva no estuvo el constituirse en un esfuerzo articulador o red estatal de las OSC. Como ya se explicó, las organizaciones de PSCH no han jugado un papel destacado en la reacción o resistencia ante políticas públicas contrarias a los derechos y al medio ambiente. Son las redes temáticas- territoriales las que asumen la tarea de aglutinar.

Mecanismos de intervención formalizados Primero hay que reiterar que el gobernador y servidores públicos clave, a nivel del Ejecutivo como el Secretario de Gobierno, la Secretaria de Desarrollo Social y otras subsecretarias estaban en la lógica y convicción de crear un ambiente favorable a la participación socialciudadana. Como lo afirmó Ramón Martínez: “La Secretaría de Gobierno tenía un equipo de operadores políticos que más bien estaban trabajando por escuchar a las organizaciones de base social y no tanto en la persecución de la inteligencia policiaca.”Es decir, contaron con dos aliados estratégicos la Secretaria de Desarrollo Social y el Subsecretario provenientes de la Sociedad Civil y las organizaciones tenían la puerta abierta con Pablo Salazar. Sin duda que en esta experiencia una cuestión ejemplar, fue la innovación y formalización de mecanismos de participación con “más dientes” o vinculantes, que implican tomar en cuenta la opinión de las OSC en torno a los componentes del PSCH. Para el caso de la Coinversión (apoyo financiero para los proyectos de las OSC) se constituye un Comité con voto de las organizaciones integrantes del Programa, con gobierno y académicos que eligen cada año los proyectos a financiar, es el brazo financiero. Mientras el otro brazo, el de diálogo político y de la mesa de incidencia, generarían una tensión entre las organizaciones, pues hay una representación de las Organizaciones en el Fideicomiso y otra en la Asamblea de la Mesa de Incidencia, llamada Coordinación Operativa de la Asamblea de Organizaciones.

Se coincide entre las y los entrevistados, en los avances en cuanto a la institucionalización del Programa y el resultado esperado, en la intervención en la política pública. Para empezar se ponen reglas, distinguiendo las reglas de operación de las ONGs, como de las instancias gubernamentales; luego se construyó la plataforma para la convocatoria y se formularon mecanismos de diálogo político, lo que se concreta en la Mesa de Incidencia, más adelante se consolida como un mecanismo de la cooperación para la incidencia en una plataforma, con un respaldo no solo financiero sino de asesoría técnica. En el planteamiento del PSCH se conjugan una diversidad de componentes, como el diálogo político, la incidencia en política pública, funciones trilaterales, derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, planeación territorial e intervención de cooperación. “Sobre ese proceso se han tejido todos los proyectos que -hablando en términos programáticos-, después del primer trienio, la Mesa de Incidencia se fue configurando como un espacio de la Asamblea de organizaciones del PSCH, donde empezamos a hacer cosas en común…”41 Otro elemento de institucionalización además de la Asamblea que guía el proyecto de la Mesa de Incidencia y el Programa Operativo, es el Fondo de Participación Social Chiapas, al final del sexenio de Pablo Salazar, cuando venía el cambio de gobierno y era muy probable que no hubiera continuidad. Fue el último gesto del sexenio en el 2006, dice Ramón Martínez. Son muy importantes los resultados e impacto. Rodolfo Díaz de PRODESIS destaca: La construcción e incorporación de los actores, el aseguramiento financiero y el diálogo político en diversos temas. En realidad se construyó un modelo con cuatro líneas: i) la Asamblea de las OSC, ii) la Mesa de Diálogo; iii) el Fideicomiso, y iv) el mecanismo ciudadano. El central sin duda –coinciden los entrevistados- es el espacio de diálogo, aunque con el gobierno actual, se debilitó mucho. Se ha dado un encasillamiento en el instrumento técnico financiero. La Asamblea está consolidada pero con la expectativa de lo que ocurrirá con la entrada de Oxfam México. El Fideicomiso está estructurado –como lo defendieron las OSC-, de manera paritaria con tres vocales de gobierno y tres de sociedad civil, con dos testigos de organismos públicos: Hacienda y la Función Pública, con el voto de calidad de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que la búsqueda de consensos entre las OSC es fundamental. Está pendiente la estructuración del espacio de diálogo para su formalización y que de viabilidad a las propuestas que se presentan y negocian, ya que tradicionalmente existen otras vías o formatos de negociación bilaterales que puede ofrecer mayor oportunidades de éxito. 41

Entrevista ramón Martínez, Foro Chiapas

53 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

La Asamblea trabajó y lo sigue haciendo para crear un observatorio de la política social, que se activó con Oxfam Novib-que se retira- y con el relevo de Oxfam México con una consultoría, buscando nuevas estrategias de financiamiento con otros actores y otra vez el reto es sobrepasar el sexenio.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

54

Pero como Modelo es uno de los pocos que ha vivido diez años, y normativamente dejó muy bien plasmado una forma de ejercicio y recursos públicos para la sociedad civil, de dictaminación independiente, de seguimiento ciudadano, de articulación de actores territorialmente y temáticamente, de grandes logros entre los cafetaleros.42 Particularmente con el gobierno actual de Sabines se percibe una falta de visión y convicción de las y los servidores públicos ante el papel y participación de las OSC, no se muestra voluntad de diálogo y en particular no se consigue interlocución sobre la política social, que es un tema estratégico de las organizaciones del PSCH. En tal sentido el PSCH enfrenta algunos riesgos. Rodolfo Díaz anota: Que se pierda la esencia del Programa; que disminuya o sea insuficiente el apoyo económico para la coinversión, recientemente la convocatoria se retrasó y Oxfam México está buscando otros recursos para su sustentabilidad. Adicionalmente las reglas para acceder a los recursos pueden resultar limitantes para un porcentaje de OSC; desde la opinión de algunas entrevistadas, se han puesto “candados” que se vuelven restrictivos para “estar adentro”. Por tanto se cree que debería ser más flexible y abierta la convocatoria, no limitarse al grupo que integra el Programa. En torno al espacio de diálogo, la tensión se da entre quienes ya lo tienen o propician de manera bilateral y los que apuestan al que debería continuar y fortalecerse desde el PSCH, que tendría mayor fuerza por su representación. En un horizonte mayor el reto es trascender a las administraciones públicas y para conseguirlo se ha propuesta una Carta de Intención con cobertura de tres años, la que debe consolidarse. En sentido estricto el PSCH y sus mecanismos fueron conseguidos para el diálogo, no para la presión y por tanto se tenía que desarrollar esa capacidad. En todo caso la sociedad civil sigue teniendo otros recursos para la presión o la resistencia. Además de que está pendiente la aprobación de la Ley de Fomento.

Las demandas y agenda articuladora Los tres ejes consensados entre las OSC del PSCH han sido: Tierra -territorio, Desarrollo Sustentable y Derechos. Los que se reflejan con mucha claridad en los cuatro objetivos estratégicos que formularon las Organizaciones para el Programa. Un objetivo está relacionado con el desarrollo sustentable, otro con los DESCAI, otro que específicamente evoca al tema de la equidad y género, y uno más centrado en el modelo de participación social. Sin embargo, se valora que siendo verdad el acuerdo en torno a esos campos o ejes, el límite está en el fondo, en los contenidos que se le da por ejemplo, al desarrollo sustentable y la perspectiva de integralidad de los derechos. La pregunta aquí es qué pasa al momento de la negociación e incidencia en las políticas públicas que implementa el gobierno. 42

Entrevista, Víctor Pérez, COOPCAFE

Al final es posible afirmar que el papel jugado por el equipo –digamos asesor- externo es en este caso, un factor a favor de la experiencia del Programa y su permanencia. Pero no significa que cualquier “agente externo” pueda conseguir esos resultados, sino que se requiere que tengan la experiencia y claridad de sus atribuciones, así como los límites y previsiones, cuando se trabaja con grupos sociales, que a su vez son actores del desarrollo y/o defensores de derechos. Por eso afirma Gabriela Sánchez: “Había reglas del juego que nosotros hacíamos explícitas, que fueron muy importantes y poníamos mucho énfasis en esta lógica de la autonomía, entendida como darse a sí mismos sus propias reglas del juego, y por otro lado también, insistimos en que el Programa, en su proceso de construcción, implicaba que las reglas del juego que luego fueron de operación, fuesen construidas por todas las partes, avaladas y discutidas cuantas veces fuera necesario (…) porque era la única forma de que fuesen respetadas y eso fue una virtud. Entonces habría que ver que tanto el factor de ser externos fue un obstáculo o facilitador.” Si bien desde el principio se buscó conformar una agenda, no se logró fácilmente, “… porque descubrimos que el animal político colectivo no existe y no lo hemos podido cuajar desde que se diversificó y se abrió más trabajo, nos ha costado mucho más, pues a pesar de todos los foros temáticos como las mesas de incidencia, procesos de fortalecimiento común, diplomados, cursos e intercambios, no ha nacido el animal político colectivo; aun seguimos siendo programa y todavía no nos constituimos como red, lo cual es un talón de Aquiles que de no resolverlo rápido puede afectar fuertemente.”44

Las tensiones enfrentadas Que las organizaciones lograran la construcción de una Agenda Ciudadana era fundamental, pero estaban atravesadas por la tensión entre Organizaciones Civiles y Organizaciones Sociales. Conforme el Programa fue creciendo –de cuatro a 30 organizaciones-, los espacios, los foros de debate no fueron tan sencillos, sin embrago, consiguieron avances relevantes y ejemplares. 43 44

Entrevista, Gabriela Sánchez, Puentes Sociales Entrevista Ramón Martínez, Foro Chiapas

55 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Quizá un obstáculo tiene que ver con el origen de afuera, es decir la presencia del equipo de Puentes Sociales. “Creo honestamente… que en el caso del PSCH funcionó, pues finalmente la manera en la cual lo fuimos construyendo… de una forma participativa, paulatina, de proceso, ayudó a que hubiese un sentido de apropiación del Proyecto, al punto de que hoy pervive independientemente de Novib; pero creo que el tiempo que tardó el proceso en ir cuajando tiene que ver con que la idea viene de afuera.”43 Aunque la experiencia muestra también que cuando viene de adentro, la desconfianza y otras tensiones entre las OSC locales, se convierten en uno de los principales obstáculos para la construcción colectiva.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

56

Volviendo al contexto chiapaneco, se recuerda el recelo, tensión y desconfianza entre las Organizaciones, en donde cada una “lleva agua a su molino” y entonces cualquier iniciativa es cuestionada, por lo tanto lo que de pronto prospera en términos de alianzas es la reacción a las coyunturas, como el Plan Puebla- Panamá o la Iniciativa Mérida, iniciativas que nuclean en todas las Organizaciones, pero en el momento en que se ve que a partir de ahí alguien busca un provecho particular, viene la retirada. Otra dificultad vivida en el marco de los mecanismos del PSCH fueron las frecuentes rupturas en la Mesa de Incidencia y los diálogos con el gobierno, estando a punto de conseguir alguna demanda o propuesta, con servidores públicos de alto nivel del Ejecutivo -incluyendo al gobernador-, alguna organización cuestiona, rechaza y puede romper el proceso. Esto puede ser revelador de la falta o escasa visión estratégica de las OSC que impide colocar y/o acordar aquello que es fundamental para el conjunto de las OSC y defenderlo con capacidad de diálogo y voluntad de negociación. Existe una genealogía muy interesante en donde el PSCH articula organizaciones que se adscriben en el hemisferio de la incidencia, en contraste con las que se adscriben al de la resistencia y que es insoslayable en Chiapas y en cualquier otro lado. “Podría ser muy retórico, dice Ramón Martínez, pero aquí no, aquí los zapatistas y los para zapatistas son una tribu, los demás son otra cosa. Por tanto el discurso de la resistencia se volvió un muro de Berlín, que quiere decir que todos los que participamos en el entorno del PSCH, estamos del otro lado del muro que no se ha caído para nada.” El mayor retroceso del PSCH se da con la entrada del nuevo gobierno de Juan Sabines (2007), quien cerró la puerta del diálogo sobre la mayor parte de los temas de la agenda de las OSC. No mostró ningún interés, descobijó completamente el proceso y oportunidad de incidencia. Y “compensó” con el otorgamiento de recursos de manera dispersa. Más aún desató una política de represión en contra de las OSC, que se sienten amenazadas, en medio de un clima político muy complicado. Un punto crítico es la retirada de Novib y el paso de la estafeta a Rostros y Voces, esto en términos políticos, ya que nunca se posicionó el Programa de manera exitosa, “… pues entre los cambios de funcionarios, el hecho de que la gente piensa que hablar con un funcionario es venderse con el gobierno, pero la misma gente de las organizaciones no supieron o más bien no supimos jugar el papel. En este sentido hay quien dice que hace incidencia en política pública, pero en realidad no quiere incidir, que acepta vivir en la marginalidad, suena fácil aventar la piedra desde lejos, pero la construcción siempre es más complicada.45 “Tenemos que aprender, volvernos visibles para otros sectores bilaterales como los empresarios, porque si no lo hacemos alguien más nos va a ganar.” En esa línea se ha negociando con el gobierno la constitución de un Consejo Estatal, así como la presentación de la Ley de Fomento al trabajo que realizan las OSC. 45

Entrevista, Víctor Pérez, COOPCAFE

El programa de Coinversión que se impulsó en Chiapas no intentó replicar el modelo que se había implementado en el Distrito Federal, sino que adquirió el diseño que la propia realidad política chiapaneca le determinó. La Evaluación Externa de medio término del PSCH explica que la coinversión trata de sostenerse y construirse sobre la base de los tejidos sociales y las formas de organización social previamente existentes y empuja y se empuja desde las propuestas de la sociedad civil, desde las experiencias locales previamente existentes que irá transformándose en la medida en que todos los actores que asisten al espacio Coinversión vayan modificándose a sí mismos. El programa adquiere las características del tejido que la relación local quiere adoptar (Bartra 2004). Participación Social Chiapas tiene una especie de cobija, ya que es un proyecto bilateral con Oxfam que está en la tangente del Programa propiamente, y en otro sentido es un Programa trilateral que incluyen organismos no gubernamentales de cooperación internacional, sociedad civil local (organizaciones sociales y civiles) y Gobierno del Estado. Este formato tenía una filosofía desde su fundación, de que los usuarios del Programa no aceptaban la lógica de ser usuarios pasivos, sino volverse socios estructurales del proceso y así fue siempre. El hecho de que –en sus inicios- el PSCH incorpore organizaciones sociales o de base y organizaciones civiles, tiene su sentido si se considera el papel y fuerza que cada una representa en nuestra sociedad, incluyendo la chiapaneca. Ramón Martínez lo explica así: “Había un pacto silencioso de que tenía que estar compuesto por Organizaciones Civiles y Organizaciones de Base Social para que hubiera una construcción compleja interna, porque las puras asociaciones civiles no dan la talla de actor político suficiente y en cambio las organizaciones de base social, sí y entonces la combinación era novedosa.” Dentro de la figura del Fideicomiso destaca el logro de la paridad en la toma de decisiones en el Comité Técnico, dentro del contrato, como un hibrido, pues una de las cosechas más valiosas es el que las organizaciones civiles-sociales se colocan como contraparte paritaria del gobierno para la toma de decisiones en el máximo órgano de autoridad del Fideicomiso y ahí siguen. De otro lado, el papel de Cooperación Internacional rebasó con mucho e incidió en la política pública del Estado. Por eso es que el gobierno de Sabines, se apropió del discurso y las plataformas construidas en el marco del PSCH, mientras el Sistema de Naciones Unidas y sus agencias entran como un actor emergente de la cooperación internacional en el Estado, pero sin darle su lugar y reconocimiento a la experiencia previa del Programa. Ahora queda claro para las OSC quiénes son agentes de la cooperación internacional y quienes son organismos no gubernamentales de la cooperación, pues antes no era fácil hacer una distinción entre Novib, Ford, Kellogg y el Reino de Holanda. “Ahora, dice Ramón Martínez, ya entendimos que existe un tercero de abordo que son empresarios con los que Sabines empata muy bien, y nosotros tenemos que interactuar y posicionarnos frente a ellos, ya que

57 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Lecciones y conclusiones

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

58

como actores políticos no hemos avanzado y nuestro interlocutor siempre está focalizado con el gobierno y no hemos volteado la mirada hacia los empresarios, aunque esto signifique el sector empresarial.” Una consideración general es la necesidad -como sujeto colectivo de la sociedad civil- de replantearse qué se quiere y hacia dónde van; no de forma retórica, sino sabiendo en donde están paradas, qué tipo de actores son. Además, considerando el aporte que las organizaciones civiles han hecho a las comunidades, las han fortalecido, así como a sus formas de organización, y ahora resulta que compiten entre sí. Es una realidad que no puede aceptarse. Ramón Martínez señala: “…tenemos que aprender a quitarnos de ahí, perecer o evolucionar, pues no podemos seguir colgados de ese cable como un diablito, para jalar electricidad. También tenemos derecho a ver nuestro interés propio, ya que hemos vivido diciéndole al mundo, nosotros no tenemos ningún interés propio, somos el interés del otro, pero es importante también devolvernos el lugar en la historia, es decir, entender y aceptar que tenemos nuestro propio interés, ya que soy sujeto concreto pues la cadena también termina en mí.” Un reto es la coyuntura de transformación de Rostros y Voces en Oxfam México, que remplazó a Novib como interlocutor, no se sabe para donde va, aunque se espera un papel y relación de aliados estratégicos. La incertidumbre con Oxfam México es que sostenga las reglas del juego y haya continuidad a largo plazo, ya que el gobierno del Estado va de salida y no se sabe qué pasará en el 2012 a pesar de la institucionalización del proceso. El escenario político estatal promete la restauración priísta y con ello pueden pasar dos cosas; la restauración de la violencia en el Estado y de grupos militares que tienen más razón de ser que nuca; y por tanto las OSC tendrán que crecer y actuar de otra manera. “Este punto es muy complicado porque todos representamos al adversario histórico, porque todos nos subimos al barco con el gobierno que tumbó el viejo régimen y si regresa, seremos perseguidos políticos, y eso nos recolocará en otra condición y retos mayores.”46 Otro factor de riesgo es el tamaño de las organizaciones y de la Asamblea misma. En los últimos tres años se polarizó y no ha logrado consensar lo que es estratégico y una identidad, debilidad que en la coyuntura actual pone en riesgo su existencia. Algunos sugieren que hay que dar el paso de ser solo Programa a constituirse en una red, un frente o una plataforma. Como Programa exclusivamente, se estrechan las posibilidades de continuar, de dialogar e incidir. Se cuenta con el contrato de texto jurídico administrativo, pero no con el reconocimiento de “gestor social evolucionado”. Hay un gran potencial pero las condiciones actuales no les han favorecido. Por tanto las debilidades están aflorando, aunque todo indica que tienen más fortalezas que debilidades, están diversificando las fuentes de cooperación no gubernamental, que ahora no se llama internacional.

46

Idem

Es un espacio regulado por el principio de No injerencia en la vida de las organizaciones; Es un modelo que parte del supuesto de la corresponsabilidad; Se ha dado un creciente fortalecimiento de nuevas capacidades de las OSC para la administración de fondos públicos; Cuenta con un esquema que modifica las prácticas y reglamentos de la administración pública que se han adecuado a los requerimientos de la nueva relación con las OSC. El PSCH es un campo específico de encuentro de la diversidad política, en el que se negocia la diversidad cultural, política, de género y religiosa; en el que se disputa la toma de decisiones; un mecanismo que tendió puentes entre actores que eventualmente tuvieran dificultades o prejuicios para no compartir espacios comunes; un espacio en el que participan diversos actores que tienen intereses distintos pero que se unen en torno a premisas y objetivos estratégicos comunes para hacer política social. Coinversión busca contribuir a construir una nueva relación entre Estado y sociedad civil. El desafío para realizar tales cambios se ubica en el terreno de la cultura, específicamente de la cultura política, Coinversión trabaja en modificar tales relaciones. Sin embargo, importa destacar que realizar cambios es un propósito que no se consigue de manera inmediata. Cuando se logra, sucede de forma paulatina y pasa por la voluntad de los actores de abandonar viejas prácticas y la creación de otras nuevas. Las nuevas relaciones regularmente son construcciones sociales, resultado de un proceso de creación que se percibe en el largo plazo. Por esta complejidad y al evaluar los alcances de Coinversión en el terreno de la modificación de las relaciones entre sociedad y Estado, conviene tener siempre presente su perspectiva de larga duración. La modificación del espacio de lo público, que supone la Coinversión, es una construcción que requiere de actores que estén dispuestos a disputar y ocupar los espacios ganados por las diversas luchas sociales, como procesos acumulativos que requiere observarse en el tiempo.

59 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Si bien Coinversión no es un modelo armado, si integra un cuerpo conceptual que articulado crea una filosofía que le ha dado coherencia. La Evaluación Externa de medio término destaca algunos conceptos expresados por los actores entrevistados:

Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

60

Presentación

F

undado en febrero de 2007 como producto de un proceso de articulación de diversos actores sociales, que se habían constituido como un Espacio Social Tripartito por su composición sindical, campesina y civil, avanzó a una etapa de ampliación y diversificación de participantes, bajo coincidencias sobre la realidad nacional y la estrategia a seguir para cambiar el modelo económico y la situación social. En octubre del 2008 tuvo lugar su Primera Asamblea Nacional que integró a una pluralidad de organizaciones de la sociedad civil.47 Las organizaciones que conforman el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, han integrado un conjunto de demandas y propuestas de solución, planteadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Afirman que son el resultado del descontento acumulado de amplios sectores de la sociedad y también de las propuestas, surgidas de las luchas campesinas, sindicales y ciudadanas, que se han formulado para superar el modelo excluyente y antidemocrático. Las organizaciones clave en la articulación del Movimiento fueron: La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Central Campesina Cardenista (CCC), el Frente Sindical Mexicano y la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC)

Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) Frente Sindical Mexicano (FSM), Confederación Nacional Campesina (CNC), Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP), Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas y Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, (ADOC), Diálogo Nacional, y Movimiento Nacional los de Abajo 47

Considerando a la UNT como una organización clave en la articulación del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas (Movimiento), tiene sentido recordar la trayectoria y expectativas de llamado sindicalismo independiente, de finales de los 80 del siglo pasado, que se separa del Congreso del Trabajo y la CTM, pertenecientes al partido oficial (PRI). Se trata de una decisión estratégica que no solo busca romper con el corporativismo priísta, sino establecer alianzas con otras fuerzas organizadas de obreros, trabajadores del estado (servidores públicos) e incluso del campo, ya que por las reformas hechas por Carlos Salinas, podrían – si así lo consideraban- estar sujetos de la Ley Federal del Trabajo y firmar contratos colectivos de trabajo.48 Al Sindicato de Telefonistas –dirigido por Francisco Hernández Juárez- que juega un papel protagónico en este proceso de cambio, le interesaba también influir en las decisiones de gobierno en torno a las empresas públicas, por lo que impulsó de manera decidida y planeada, la privatización de Telmex, cuidando y protegiendo la permanencia y derechos laborales de sus trabajadores. De hecho es la única privatización promovida por un sindicato y cabildeada directamente con el presidente del país de entonces. Un proceso de negociación de una política pública de gran impacto y fuera del formato tradicional del sindicalismo corporativizado. Mateo Lejarza recuerda los puntos clave de la negociación: Que el contrato colectivo permanezca, que no haya despidos ante la privatización y el cambio tecnológico, además de que se mantenga los elementos fundamentales para que la empresa se modernice y digitalicen, que haya crecimiento como el que había históricamente, entre el 12 y 13%, que hayan reinversiones. En torno a la independencia sindical se realizaron debates y foros públicos que favorecen la conformación de la UNT. Mateo Lejarza señala que en un segundo foro organizado por el dirigente Ángel Olivo Solís, invitan a los telefonistas y estos a su vez al STUNAM y al Sindicato del Seguro Social, cuyos dirigente coincidirán con Hernández Juárez, por dos razones; la primera por la red de telefonistas como un movimiento autónomo, independientemente del propio Congreso del Trabajo, pero también por el interés mostrado por los logros en productividad; por tanto ahí hay una actividad política, pero también una afinidad en términos de relaciones formales. Así en 1990 se integra formalmente la UNT con estas tres fuerzas con experiencias y orígenes diversos dentro del sindicalismo oficial y 30 sindicatos más. Respondía a la idea de generar un modelo sindical, distinto con una preocupación de la política nacional y de la economía del país. El surgimiento del Movimiento, motivo de la sistematización, se ubica como una respuesta social de connotación nacional, a la crisis político electoral del 2006. Se manifestaba –según José Olvera- en el ambiente político una crisis de legitimidad del gobierno de Felipe Calderón. Asimismo una crisis de representatividad de los partidos políticos al no poder encauzar el descontento de la ciudadanía por los resultados del proceso electoral. 49 Entrevista, Mateo Lejarza, ex integrante del STRM Entrevista a José Olvera del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) 48 49

61 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Contexto en el que surge

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

62

Entre las condiciones que propiciaron el surgimiento del Movimiento, hay unas internas y otras externas. Entre las internas destaca que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), una de las organizaciones promotoras, en ese momento, se plantea el reto de tener un espacio más amplio de influencia, mientras otros esfuerzos de articulación de dividían o perdían fuerza como el Campo no Aguanta Más; de tal manera que empezaron a buscar la articulación por el lado de las organizaciones civiles, que habían generado un proceso de debate y organización desde el 2005. En el 2006 la desafortunada acción gubernamental de desaforar al Jefe de Gobierno del DF, suscitó inquietudes sobre el futuro de la democracia en el país, no solo en la izquierda, sino entre distintos sectores democráticos. Las organizaciones civiles, afirma Manuel Canto, abrimos el espacio de participación, amplio y plural, pero en los tres sectores (sindical, civil y campesino) había esta búsqueda compartida de construir espacios de articulación que fueran más allá de los sectores obrero y campesino. Las organizaciones civiles -además de la confluencia entre estos actores-, compartían la preocupación del alcance político que podía tener el intento gubernamental de evitar la candidatura del que había sido jefe de gobierno, que para entonces ya estaba desaforado. 50 Esa fue la coyuntura que desencadenó el proceso, pero muy pronto el Movimiento se planteó la necesidad de construir un proyecto de mediano plazo, vinieron las elecciones y todo el conflicto poselectoral, así que el Movimiento prácticamente dialogó con todas las posiciones políticas, lo que es común en el marco de un proceso electoral, donde todos los actores tratan de colocar sus propuestas y agenda. Por tanto, el factor interno se ubica en la búsqueda de cada quien, mientras el externo era el proceso electoral, que fue bastante complicado. Sin embargo, en la etapa poselectoral se abre otra perspectiva y cada organización se movió de acuerdo a sus intereses y estrategias, pero de inmediato aparecieron interrogantes compartidas sobre el nuevo gobierno, su alcance y programa: ¿Cómo influir para que el nuevo gobierno abriera espacio a las demandas de los campesinos, obreros y organizaciones a civiles? A partir de esto se fueron integrando diversos posicionamientos, con la idea de realizar una gran manifestación pública que hiciera visibles las preocupaciones y expectativas. Esta manifestación muy pronto consigue el interés público, por varias razones: una de ellas es que el ex candidato del PRD de inmediato consideró ir a la manifestación y ser orador, pero la propuesta no se le planteó al Movimiento sino a los medios de comunicación, y por la misma vía la respuesta de algunos dirigentes fue que como ciudadano podía ir pero tomar la palabra era algo que se tendría que decidir internamente. Pero más allá de eso, el 31 de enero del 2006, fue la primera manifestación social a los sesenta días de haber tomado posesión Felipe Calderón. Fue – según Manuel Canto- el primer acto público ante el que había grandes expectativas, además del hecho de que las organizaciones civiles influimos para contener el exceso de oradores, y se integrara un documento unitario, leído por una persona ajena a las organizaciones convocantes, de comunicación social preferentemente. El documento -inicialmente fue propuesto por las organizaciones civiles- se hizo público 50

Entrevista a Manuel Canto Chac, de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC)

Todo este impacto en los medios tuvo una reacción presidencial inmediata, de hecho la noticia de la noche era por supuesto la marcha, pero también del pronunciamiento de la presidencia asignando a cuatro secretarios de gobierno para hacerse cargo y atender las demandas de los manifestantes, lo que es una cosa relativamente nueva en el marco político nacional. Para las 7:30 de la noche ya había un pronunciamiento y a las nueve, el boletín de presidencia instruye que se atiendan las demandas, lo que también impacto mucho. Aun cuando no se previó ese escenario, pues no se tenía la capacidad de respuesta inmediata, lo cierto es que sentarse a dialogar con el gobierno la propició. Porque si bien los puntos generales estaban en el documento-pronunciamiento, los asuntos particulares aun había que construirlos, “… por tanto nos pusimos a procesarlos para participar de manera consistente en las diversas mesas de diálogo abiertas con el gobierno. Se avanzó mucho con fórmulas muy concretas con distintas Secretarías del Ejecutivo; el problema fue que entre más concretos eran los puntos de acuerdo, menor era el interés del gobierno de suscribirlos; lo que se dio fue un diálogo a fondo con respuestas concretas, con acuerdos factibles, aceptables políticamente por ambas partes, pero lo que no ocurrió, fue la aceptación formal de decir si los asumimos.” 51 Ante la falta de respuestas se interrumpió el diálogo, de manera que al año siguiente -en enero- el Movimiento nuevamente salió a la calle, se repitió la historia y se sentaron a dialogar, ya que en este intercambiaron varias cosas. “Una de ellas es que las organizaciones civiles nos fuimos posicionado paulatinamente, recuerdo que hubo un intento del gobierno, antes de obtener la firma de los acuerdos, de una reunión protocolaria con la presidencia, para simplemente dejar testimonio a la prensa de que se estaba dialogando, y la posición que tomaron parte del sector campesino y parte de los sindicatos que no estaban acuerdo, es que si bien todas y todos podrían asistir, la posición de organizaciones civiles era que mientras no hubiera firma de acuerdos, no procedía la reunión con la presidencia. Esta finalmente se hizo pero 51

Entrevista, Manuel Canto Chac, ADOC

63 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

en la prensa escrita en primera plana, el día previo a la marcha, y en la mañana de ese día Carmen Aristegui pidió entrevistar a Manuel Canto, sobre las posiciones del Movimiento, pero la intención de la entrevista era anunciar justamente quien leería el documento, por tanto Carmen Aristegui preguntó si estaba confirmanda Verónica Velazco “… para dar una idea de su importancia, es que siendo la entrevista a las 9:15 ya en el corte informativo del noticiero, la primera nota fue que Verónica Velazco sería la oradora en el mitin, y otros medios comenzaron a transmitir sobre la marcha; además el noticiero del canal dos de Televisa ya tenía en su poder el resumen de nuestro documento, por tanto yo creo que eso atrajo la atención de los medios. Uno porque fue el primer Movimiento que se manifestó ante el gobierno federal de Calderón; y dos, la disputa pública con López Obrador que sirvió también para posicionarlo, pues todos los medios querían saber que planteaban estos que no son de López Obrador, que no son del PAN; además de que ya se había logrado un acuerdo amplio, yo creo que por primera vez en mucho tiempo la CNC marchó con sectores no priistas.”

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

64

con escasos alcances e incluso trascendió poco a la prensa, pues la gran mayoría de los sindicatos y de las organizaciones campesinas no acudieron y ninguna de las civiles estuvo.” 52 Esto –paradójicamente- le dio más credibilidad a las organizaciones civiles porque se percibió que no solamente teníamos la intención de ir a la cola de los demás, sino que contábamos con una posición propia y nos empezaron a tomar más en cuenta. El Espacio Social Tripartito se formó en noviembre de 2006, el Movimiento en febrero de 2007 y los diálogos iniciaron en marzo de ese mismo año, con la incorporación formal -porque hasta ese momento eran aliadas-, de la CNC, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Frente Sindical Mexicano y el Diálogo Nacional, de tal manera que se mantuvo el esquema tripartito, y en el 2007 -junto con Frente Sindical Mexicano- ya había dos contrapartes de cada uno de los sectores, además de dar cuenta de que terminaba una etapa del social tripartito y se daba paso a alianzas más amplias.

La construcción de la agenda común y las estrategias de incidencia Si bien cada uno de los tres sectores que conforman el Movimiento tenían sin duda una idea propia de su problemática (lectura de la realidad del sector) y demandas concretas, ahora el reto era la construcción de una agenda común y consensada, a partir de un diagnóstico de la realidad y una postura sobre el modelo vigente. Lo que implicó un proceso de reflexión conjunta y negociación interna para consensar aquellos temas y demandas en los que había acuerdo y propuesta para llevar a la negociación. A la vez se fueron reformulando las propuestas, revisando las estrategias y mediaciones en razón de la falta de respuestas claras y cero compromisos del Poder Ejecutivo. Se identifican temas puntuales que desencadenan la movilización, como el incremento al precio de la tortilla, sabiendo que el aumento se cargaría sobre los hombros de los sectores más desprotegidos. Hay que recordar que unos años antes, el campo mexicano se había visto muy afectado, de suerte que la fecha de la marcha se fijó en función de que se celebraba la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, incumplido, en el marco de la ausencia de una política agropecuaria efectiva y justa. Las demandas iniciales responden a las consecuencias de la crisis económica, muy centradas en los efectos sociales y eran muy generales, porque todos los sectores del Movimiento querían colocar sus puntos, y esa era la única manera de hacer que quedaran enmarcadas en todas las esferas. En uno de sus pronunciamientos públicos el Movimiento destaca: “La falta de respuestas sustantivas a las demandas del Movimiento y el agravamiento de la situación nacional, tanto por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la crisis alimentaria, la contracción del mercado interno, como por la continuidad de las estrategias neoliberales, que pretenden imponer una reforma energética privatizadora a pesar de su enorme costo social y político.”

52

Idem

Posteriormente ante la “disposición” inicial de diálogo del gobierno Federal y el reconocimiento político de los medios de comunicación, se transita hacia la conformación de una agenda política. En un segundo momento, considerando la actitud política del Poder Ejecutivo de administrar la agenda del Movimiento, se fortalece la necesidad de articular una estrategia de protesta, movilización y propuesta para convertir al Movimiento en un sujeto de interlocución social, con una estrategia de mediano y largo plazo, en la perspectiva de avanzar en un nuevo pacto social. Se plantea la necesidad de alcanzar una cobertura nacional y acercarse a otros sectores de la sociedad; académicos, intelectuales destacados, además de otras fuerzas sociales en lucha, así como la necesidad de establecer un proceso diálogo y negociación de demandas con el Poder Legislativo.53 No obstante que se consigue integrar y presentar una agenda con las demandas de los tres sectores, a los representantes del Ejecutivo Federal, así como preparar los argumentos para las mesas abiertas, no se consiguieron resultados y en la mayor parte de los casos el debate fue pobre por el lado gubernamental y con escasa o nula voluntad de alcanzar acuerdos, que implicarían cambios significativos de política pública. Manuel Canto recuerda que: “Hubo mucho diálogo, interlocución de muy alto nivel, pero cero resultados. Constatamos que el coordinador por el lado gubernamental no estaba entregando resultados por el lado social sino por el de gobernación, pero un balance objetivo dice: los resultados fueron cero.” Lo real es que cuando el gobierno dijo atiéndalos y dialoguen con ellos, ya tenían una decisión: no resolver. “En una ocasión –dice Manuel Canto- discutiendo con uno de los subsecretarios del escaso interés que ponía en el debate, lo interpelé diciéndole directamente que si era cierto o no, que había instrucción presidencial en atendernos y resolver nuestras demandas, y él me respondió públicamente, si hay instrucción de que los atendamos pero no de que resolvamos. Por tanto este espacio gubernamental con nosotros y después con muchos otros, hasta llegar al más reciente Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se ha conducido igual. “ Los tiempos políticos permean o determinan las estrategias o mediaciones de los movimientos sociales. Para varias de las organizaciones del Movimiento, su interés es agremiar y posicionar a su líder, para que desde el Congreso apoyen sus demandas, por tanto lo que hacen es buscar espacios políticos para sus dirigentes, lo que genera que la negociación de conjunto pase a segundo plano. 53

Entrevista, José Olvera, STUNAM

65 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

En un primer momento, afirma José Olvera, se trata de la sumatoria de demandas de origen gremial, tanto sindical como campesino, además de las demandas temáticas de algunas organizaciones de la sociedad civil. Además de una convergencia en torno a la necesidad de impulsar la protesta y la movilización social para presionar al gobierno a dar respuesta a las demandas para frenar la carestía.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

66

Por tanto, entre otros aprendizajes del Movimiento, destaca lo determinante que son las coyunturas electorales. Cada vez que hay elecciones la mayoría baja sus expectativas sobre el Movimiento y se vuelve a poner en primer plano la negociación de cargos de representación popular. La agenda para el proyecto económico y social que queremos, afirma Mateo Lejarza, hay que defenderla, pues este país no va a ser viable si lo que viene es mayor endurecimiento, mayor autoritarismo y más pérdida de las garantías individuales. Por ello se tendría que transformar y ampliar el objetivo de los grupos que hacen parte del Movimiento. Tenemos que incidir en la política pública de manera no corporativa, pero si hay que influir con esas mismas fuerzas, en el tema de la estabilidad, de la gobernabilidad y de la crisis del país.

Tensiones y Retos El Movimiento ha avanzado en la integración de una agenda social nacional, como un medio para la interlocución con los Poderes de la Federación (ejecutivo y legislativo), con los partidos políticos y el diálogo con otras las fuerzas sociales y movimientos. Asimismo se plantea la necesidad de impulsar una amplia política de alianzas para conformar un Polo Social que cambie el rumbo político y económico del país. Sin embargo, las distintas lógicas de los tres actores han sido una limitante o al menos ha implicado tiempo y tensiones para conseguir acuerdos en lo programático y la elección de estrategias de lucha. La virtud es que después de seis años se mantiene y está revisando cómo continuar y fortalecerse. Si bien la articulación de diversas expresiones organizadas es una cualidad y novedad, la dificultad son las formas y mediaciones para hacer política. Las organizaciones civiles hacen política bajo ciertas consideraciones relacionadas con su naturaleza y el papel que se proponen jugar a favor de la sociedad, otra es la de las campesinas y distinta la de los sindicatos. Por ello Manuel Canto considera que es muy difícil que se salgan de su línea y en ocasiones se tensionan mucho las cosas. Al evaluar los alcances y resultados del Movimiento no debe olvidarse la naturaleza y diversidad de estrategias de las organizaciones. “Desde mi punto de vista, la vertiente de las organizaciones sociales clásicas -dejando fuera los sindicatos que son otro fenómeno- tienen el problema de la relación con el presupuesto, pues tal vez un 90% dependen de filantropía o del dinero del Estado, y solo un 10% tiene la autonomía y son las que están dedicadas de alguna manera, a la estrategia de la incidencia política. En el caso de los sindicatos, como tienen el control corporativo, el registro de los líderes y la relación laboral, pues son muy precavidos para confrontarse con el Estado.”54

54

Entrevista, Mateo Lejarza, ex integrante del STRM

Dentro del Movimiento se ha dado la influencia entre los diversos sectores que lo integran, por ejemplo, las organizaciones civiles han conseguido que los líderes sindicales y campesinos hablen y defiendan los derechos humanos o amplíen el horizonte de algunas demandas, en razón del modelo económico que sostiene el gobierno. Pero si bien las culturas políticas diversas inciden, no tanto como para conseguir un planteamiento unitario compartido. Desde el Movimiento Nacional, se cometieron fallas de estrategia, de ir decidiendo en el camino. En efecto –afirma Lejarza- vemos la falta de incidencia efectiva en la agenda que se defendió en estos años. Algunas con el propósito deliberado de lograr cosas a corto plazo, como la CNC y la mayoría de las organizaciones campesinas, todas ellas en cada momento con todas las manifestaciones y alianzas con la UNT, lograron incrementar su fuerza, hasta con posicionamientos políticos en los partidos para tener más diputaciones. Creo que faltó habilidad, porque si no se tiene un objetivo de mediano plazo, no se podrá ir moldeando lo que debería ser el Modelo de Movimiento y no solo de articulación o de agenda. En el sexenio pasado cuando menos hubo dos temas muy cercanos al Movimiento, la Reforma del Estado y el Consejo Económico y Social, pero aunque los dos fueron fallidos, había una agenda de corto plazo muy materiabilizable, con toda la idea de que éramos la vanguardia en ese campo.55 Hace falta mayor persistencia en el logro de los objetivos que se ha planteado el Movimiento, pues hay un problema operativo y se requeriría de un rediseño. Sin embargo, el reto básico –en opinión de Canto- es que todo mundo cree que es importante pensar en una lógica interclasista de articulación con los ciudadanos, ahora el asunto es cómo bajar los conceptos en los concretos, cada quien termina haciendo lo que está acostumbrado hacer. Lo que en parte es reflejo de una cultura política que no logramos remontar. En cuanto a perspectivas, una ventaja del Movimiento es su pluralidad partidaria, pues ha habido en algún momento militancia en dos partidos políticos, lo que le debería dar fuerza política. De hecho fue importante que el primero de septiembre del 2009 en la marcha realizada hacia el Congreso, hubiera diputados de los tres partidos que se unieron como parte del Movimiento, sin embargo, predominaron las lógicas de negociación partidaria sobre las lógicas de participación del Movimiento. El Movimiento contó con representantes en las fracciones del PRI y del PRD en la actual legislatura (LXI), lo que favoreció la negociación de las demandas de los tres sectores, consiguiendo incluso un punto de Acuerdo para una mesa o mesas de trabajo, con las comisiones correspondientes.56 Pero las sesiones de presentación Idem En el marco de las negociaciones sostenidas con los representantes de distintos partidos en la Cámara de Diputados, conseguimos el ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE SOLICITA QUE SE REINS55

56

67 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Las percepciones externas de muchos activistas y de un sector de la opinión pública, es que todos los sindicatos son lo mismo, asumen que en general son corporativos, por tanto hay una baja autoestima de las mismas organizaciones, lo que se traduce en un gran desafío, para recuperar una visión propia y un planteamiento ambicioso.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

68

de la agenda y los acuerdos tomados, se quedaron en actos protocolarios hasta ahora. La consideración es que se han intentado cosas innovadoras y audaces, pero ha habido más capacidad de innovar que de implementar. 57 Las políticas del régimen no sólo no se han modificado sino que se han endurecido, por lo que el futuro es tendencialmente adverso, parece más probable la confrontación que la negociación con el gobierno. El proceso electoral del 2012 –afirma José Olvera- nos plantea varios retos y desafíos ante la amplitud y profundidad de las asignaturas pendientes a encarar en nuestro país, derivadas de la magnitud de la actual crisis económica del sistema capitalista, el agotamiento del sistema presidencialista, la crisis de representatividad de los partidos políticos, la creciente masificación de la pobreza, el desempleo que cada día profundiza más la desigualdad social, el empleo precario aunado a la disminución de la seguridad social, el rezago educativo, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas de los diferentes órdenes de gobierno, la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Así como la opresión mediática de los monopolios de las comunicaciones, que están generando una insatisfacción generalizada de la población, ante los magros resultados de más de una década de la actual gestión gubernamental y un desencanto con la democracia electoral. Pensar en la posibilidad de una alternativa a la inercia que desde hace ya varios años experimenta la vida política nacional, requiere tener en cuenta las transformaciones que hoy se intentan en diversos países de América Latina, construidas a partir de procesos impulsados por amplias coaliciones sociales. Se requiere una coalición social para impulsar cambios del rumbo económico y político del país, para establecer una nueva relación entre Estado, sociedad y mercados, para modificar las estrategias de gobierno y las políticas públicas.58 La posibilidad de construir coaliciones se ha manifestado en diversas coyunturas recientes en las que este polo social no sólo se expresa, sino que construye de diversa manera su peso político y cultural. Pero si bien han logrado acompañar a las grandes coyunturas nacionales, aún no logra abrir un proceso de revaloración de lo social. En esta perspectiva y más allá de las elecciones, el Movimiento debe construir una opción político-social, sin subordinarse ante proyectos gubernamentales, partidarios o de caudillos. José Olvera afirma que se deben fortalecer las propuestas desde la perspectiva de los trabajadores, con un perfil político propio, a partir del ejercicio de nuestra autonomía e independencia, y constituir una fuerza político social con capacidad de construir una nueva mayoría en torno a un programa de reformas, de gran visión, para definir los objetivos nacionales e impulsar la transformación de la sociedad actual. TALE LA MESA DE DIÁLOGO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CON EL MOVIMIENTO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, ENRGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, aprobado el 27 de abril del 2010. Laura, ¿esto es una cita? El “conseguimos” parece sugerirlo 57 Entrevista, Manuel Canto Chac, ADOC 58 Entrevista, José Olvera, STUNAM

Lecciones y conclusiones El Movimiento surge en respuesta a la situación y crisis generalizada, en el marco de otras luchas sociales de resistencia en el país, en diversos ámbitos de la vida económica, política y social. Igual en una lógica de articulaciones plurales y diversas para proponer y exigir un cambio de política económica y social del Estado mexicano. Si bien tiene en el horizonte el cambio de fondo del modelo hegemónico, se propone alcanzar reivindicaciones sectoriales por la vía de la resistencia, la denuncia y el diálogo. Ha combinado la protesta con la propuesta, para incidir en los poderes ejecutivo y legislativo. Es un Movimiento novedoso por su capacidad de articular a tres sectores, el sindical, campesino y civil, con distintas afinidades partidarias e ideologías diversas, por lo que hay aprendizajes en términos de respeto y tolerancia, convivencia y reconocimiento del otro; con una vida democrática y régimen de reuniones sistemático para el seguimiento de los procesos que sostienen de manera colectiva. En los cerca de seis años de haber iniciado su articulación hay una construcción colectiva, sobre la realidad nacional y la sectorial, así como un horizonte compartido de cambios profundos y con una perspectiva de Derechos Humanos, equidad y justicia para México. Sin embargo, el reto es equilibrar la lucha por la demanda concreta con la perspectiva de largo plazo. Se cuenta con mayor experiencia en la negociación con los poderes ejecutivo y legislativo, en términos de los mecanismos de participación y diálogo, de sostenibilidad de las propuestas y de estrategia - tácticas de presión o retirada. En cuanto a resultados de su gestión, el saldo muestra que la incidencia conseguida por el Movimiento, se ha quedado en la primera fase del ciclo de la política pública, es decir, en la agenda y análisis de alternativas, no se llega a la decisión y, en consecuencia tampoco a las siguientes. Sobre la concepción estratégica y replanteamiento programático, la perspectiva de país del Movimiento se mantiene, y de las dos vías elegidas (Movilización – Negociación), la primera 59

Idem

69 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

La idea de la construcción de un polo social tendría necesariamente que aglutinar a la ciudadanía y ser capaz de darle voz propia a los agraviados por las políticas neoliberales, a partir de la unidad de acción, impulsarlos como sujetos desde lo social- colectivo, en sujetos políticos, a partir de sus identidades y en reconocimiento de la pluralidad, que demandan ser escuchados para realizar cambios profundos, impulsar la construcción de una voz polifónica que revela el hartazgo de las actuales formas de hacer política y reivindica una nueva forma de organizarse para vincularse a los centros de decisión política, para construir un nuevo pacto social, con un nuevo rumbo de país. Hablamos entonces de un proceso que surja de una articulación horizontal y un programa construido en su marcha.59

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

70

tuvo éxito en sí misma, pero no lo consigue en la negociación, ni ha dado lugar a la movilización generalizada de los diversos sectores sociales. Ante el diálogo con el Congreso, en el 2009 el Movimiento añadió una tercera vía: la presencia de líderes en la Cámara de Diputados (LXI Legislatura), con capacidad de interlocución y si bien hay aprendizajes de diálogo, hace falta implementar los instrumentos previstos para darle eficacia, más allá de la estructuración de la agenda. Sobre la política de alianzas. Hay consenso de mantenerla, de su importancia defensiva, pero no se han discutido las posibilidades ofensivas del Movimiento, para desarrollarla se requiere: o La visión programática con prioridades, ya definidas y que sigue siendo vigente, el reto es focalizarla en un número reducido de objetivos. o Una estrategia hacia el poder político, eligiendo el momento político adecuado, para lo que resta del sexenio, haciendo la denuncia del presente, y/o enfocada a incidir en la agenda de discusión durante el proceso electoral, para evitar que se subsuman los temas en torno a la política de seguridad del gobierno. o Una renovación discursiva, con base en los objetivos prioritarios del Movimiento. o Una estrategia de comunicación y visibilidad. Hace falta priorizar los sectores a los que se quiere sumar, pero sin ser excluyentes: i) Los ya organizados en perspectiva de clase, son pocas las organizaciones que estarían faltando y que estén dispuestas a aliarse; ii) Los sectores con perspectiva más territorial que clasista, con claridad de lo que les oferta el Movimiento; iii) Los protagonistas de acciones recientes que han ocupado la atención de la opinión pública, teniendo en cuenta su carácter circunstancial; iv) La academia y líderes de opinión. En el ámbito político, el Movimiento tiene como opciones, enfatizar una nueva alternancia; introducir en la agenda pública el tema de la modificación del régimen; priorizar la transformación del Movimiento en una fuerza capaz de negociar con las organizaciones políticas; promover la modificación de las políticas prioritarias para el Movimiento. La proximidad del proceso electoral hace prever diferendos internos y ocasión de ruptura, por lo que urge un replanteamiento estratégico, conformando alianzas más amplias; fortaleciendo al Movimiento en los estados; dialogando con el Congreso, y fortaleciendo orgánicamente los cuadros del Movimiento. La contradicción política que tenemos –escribe Manuel Canto- es que no podemos aspirar a terminar la discusión para actuar políticamente, ni podemos actuar eficazmente si no aclaramos nuestro programa. Discutir y actuar a la vez es nuestro reto hoy. Todo ello hace urgente pensar modelos alternativos que, ineludiblemente requieren de cambios. El Movimiento debe preguntarse lo que está dispuesto a cambiar para tener una propuesta concreta de país.

L

os cuatro casos estudiados apuntaron a la importancia de la relación estratégica -en diferentes modalidades- particularmente entre organizaciones civiles y organizaciones sociales, para hacer frente, resistir y/o proponer políticas públicas, que es, probablemente, la conclusión más importante de este trabajo. Los éxitos relativos en la interlocución con el gobierno que constatamos en los casos de la Carta por el Derecho a la Ciudad y el Programa Participación Social Chiapas, se anclaron con solidez en la estrecha relación entre organizaciones civiles orientadas a la promoción del desarrollo y de los derechos por un lado, y la participación activa de organizaciones basadas en su derecho al territorio y con capacidad de movilización social para negociar sus demandas, por otro. En el caso del Movimiento Nacional, documentado, los tres actores -sindicales, campesinos y civiles- sostienen una relación horizontal, participan en el mismo nivel de dirección, decisión de estrategias y definición de la agenda transversal. Aquí las organizaciones civiles participantes no juegan el papel de “asesoras” para el posicionamiento de los otros grupos, aunque han conseguido influir en los enfoques, perspectiva y horizonte de cambio, del Movimiento. El primer aspecto -en los otros tres casos presentados- en que la relación de organizaciones civiles y sociales resultó fructífera, fue en el hecho de que las civiles participantes, encontraron un nicho de oportunidad al ofrecer conocimiento experto como su mayor aportación a procesos que no lidereaban con exclusividad. Al respecto es importante señalar que uno de los juicios más duros que sobre las organizaciones civiles hicieron algunos de los entrevistados, es el de que muchas de ellas aspiran a hegemonizar procesos, sin respetar la lógica propia de la organización local. Los casos donde la capacidad de incidencia de las organizaciones se manifestó con más vigor, son justamente aquellos donde las organizaciones civiles tuvieron la reflexividad necesaria para situarse como parte de un elenco de actores, en el que no gozaban de exclusividad en la representación ni aspiraban a tenerla. La legitimidad de su acción, se encontró fincada más en la elaboración conceptual y en la “traducción” de contenidos que en su representación de intereses específicos.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

CONCLUSIONES GENERALES

71

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

72

Por otra parte, las organizaciones civiles mostraron humildad para reconocer que carecen de la capacidad de movilización necesaria para mover voluntades políticas. La fuerza de estos procesos se finca sobre todo en la solidez de la movilización de organizaciones sociales, capaces de generar protestas ante la negativa a sus demandas, y no tanto en la argumentación moral, las bondades de las alternativas civiles o la importancia de cumplir con instrumentos internacionales. Dicho de otro modo, el éxito relativo en la capacidad de incidencia de las organizaciones civiles se ha fincado en el reconocimiento de sus propias debilidades y fortalezas y en la constatación de que la organización civil no es ni debe aspirar a ser la única alternativa de la organización colectiva. Si en los años 70 y 80 del siglo pasado las organizaciones sociales fueron la gran expresión de organización alterna al Estado, y en los 90 las organizaciones civiles se constituyeron como forma por excelencia de organización, los primeros diez años del siglo que corre hacen pensar que un nuevo modelo de coexistencia y cooperación entre la sociedad civil, tiene más posibilidades de incidir en lo público. Otra conclusión es la importancia que ha tenido -en los cuatro casos- el reconocimiento explícito de la diversidad de objetivos y las tensiones existentes entre organizaciones civiles y organizaciones sociales. Este reconocimiento ha hecho factible la construcción de agendas ciudadanas incluyentes, con capacidad real de movilización y negociación. Tanto el caso del Programa Participación Social Chiapas, como el del Movimiento Nacional y en cierta medida el de la Carta por el Derecho a la Ciudad, atestiguan la importancia de la construcción de una agenda ciudadana común que, sin soslayar dichas tensiones, consiga conjuntar voluntades y energías a partir del reconocimiento de las diferencias y, como afirmó una de las entrevistadas, de la creación de confianza entre los polos de la relación. Como ha podido constatarse claramente en el caso del Movimiento Nacional, la articulación de diversas expresiones sociales organizadas ha constituido en sí misma un reto. La capacidad de respuesta de los procesos ante situaciones políticas adversas, como en el caso del propio Movimiento o el de Presa Zapotillo, se ha visto mermada por las dificultades en la articulación interna. Una consideración más apunta a la intervención o incidencia civil en los niveles de la política pública. En tres de los casos, se ha dado fundamentalmente en la creación de agendas de gobierno y en el análisis de alternativas, sin llegar a la etapa de decisión y menos aún a las de ejecución, evaluación y control. En cuanto a Participación Social Chipas, el saldo indica que fue más allá, pues llegó a la decisión e implementación de los tres mecanismos formalizados de participación de la sociedad civil, que son los brazos fundamentales del Programa. Sin embargo, otra constatación es el peso determinante que puede tener la voluntad o disposición de un gobierno en el retroceso o pérdida de políticas y medidas conseguidas, en el marco del fortalecimiento de la sociedad civil para la incidencia política. En el caso de Chipas

En este mismo sentido aunque el papel de gobiernos -que en principio simpatizan con las organizaciones civiles y sociales- como el de la Ciudad de México entre 1997 y 2011 que abrió la puerta a un acercamiento en términos de la construcción de agendas de gobierno, no parece haber tenido influencia en la capacidad efectiva de incidencia de las organizaciones en el ciclo entero de la política pública. Las organizaciones mismas están lejos de plantearse su participación en mecanismos de evaluación y control vinculados orgánicamente al quehacer gubernamental, dado que los espacios de participación no responden a esa necesidad. Por tanto la tercera hipótesis de este trabajo se validó, en el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil y redes sociales que se han conformado en el ámbito nacional o local, no siempre consiguen incidir en las políticas públicas que le interesan, pues se enfrenta a diversos obstáculos como decisiones unilaterales, falta de legislaciones adecuadas y déficit en la democracia participativa.

73 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

la llegada del actual gobernador, limitó y colocó obstáculos para el cumplimiento cabal del Programa, particularmente en lo tocante al diálogo.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

74

Fuentes consultadas a. Impresas Academia Mexicana de Derechos Humanos. Agenda entre ong y el Grupo Técnico de la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos (Propuesta de la AMDH), México, noviembre, 1999, mimeo. Alianza Cívica /Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia/ Centro de Educación para Adultos de América Latina/ Centro Nacional de Comunicación Social Foros de Participación Política de la Sociedad Civil. Sonora. Tabasco. Nacional, México, 2000. Álvarez, Lucía y Cristina Sánchez-Mejorada 2002 “Gobierno Democrático,  Sociedad Civil y Participación Ciudadana en la Ciudad de México 1997-2000” en Gobernabilidad y Democratización en América Latina. Coord. Alberto Olvera  México: Fondo de Cultura Económica. Bartra, Armando et al 2004. Evaluación y Prospectiva de la Construcción del Modelo de Coinversión en Chiapas. Fase experimental 2001-2003, , México Boaventura De Sousa Santos. Reinventar la Democracia. Reinventar el Estado. CLACSO, Buenos Aires, 2005. Canto, Manuel (coord.) De lo cívico a lo público. Una discusión de las organizaciones civiles. Red Mexicana de Investigaciones sobre Organizaciones Civiles y Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C., México, 1998. Centro Mexicano para la Filantropía, AC/ Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, AC / Foro de Apoyo Mutuo, AC y Fundación Miguel Alemán, AC. Propuesta de Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles, Mimeo, 1998. Coalición Internacional para el Hábitat HIC 2011. Presentación de la Carta por el Derecho a la Ciudad. México: mimeo. Coalición Internacional para el Hábitat HIC 2011b. Presentación en la Procuraduría Social de la Carta por el Derecho a la Ciudad. México: mimeo. Cohen, Jean L. y Andrew Arato. Sociedad civil y teoría política, FCE, México, 2000. DECA-Equipo Pueblo, AC 2011. La transparencia de la Política Social del Gobierno de la Ciudad de México. Diálogo entre Sociedad Civil y Gobierno. México: Equipo Pueblo/ Open Society Institute. Fernandes, Rubem César. 1994. Privado y público a la vez: el tercer sector en América Latina” en Ciudadanos. En construcción de la sociedad civil mundial. CIVICUS-Asamblea mundial para la participación de los ciudadanos, Estados Unidos.

Gobierno de la Ciudad de México 2010. Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. México: Secretaría de Gobierno. Godoy Ramos, Ernestina y Rafael ReygadasR.“Reforma del Estado y organizaciones civiles” en Alegatos No. 49, mayo-agosto 1999, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México. Gómez Hermosillo, Rogelio y Pedro Pinsón. Hacia un Consejo de la Sociedad Civil. Documento de trabajo. Alianza Cívica, 2000. Gordon, Sara “Reflexiones en torno a la relación Estado-organizaciones civiles” en De lo cívico a lo público. Una discusión de las organizaciones civiles. México, 2000 Gutiérrez, Jorge Gastón 2010. Juicio de Amparo. Expediente 204/2010. Presentación del dictamen en materia de psicología social. JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. IMDEC 2009. La Presa El Zapotillo. Irregularidades y contradicciones de un proyecto, dignidad y resistencia de las comunidades. Informe. México: IMDEC IMDEC 2011 La gestión del agua en México: destrucción y privatización del sistema hídrico. México: IMDEC- Salvemos Temaca López-Casillas Cuauhtémoc A. Relación OC s / Gobierno. Documento producto de las reflexiones generadas durante el Taller Nacional de Multiplicadores de Convergencia. Mayo 2001 López Menéndez Marisol. “Para empezar el siglo XXI. Un diagnóstico sobre la participación política de la sociedad civil en México”. Revista IIDH 34-35, San José, Costa Rica, 2002 McCulligh, Cindy 2011 “Un mal con muchas máscaras: las diversas caras de la privatización” en Las turbias aguas de la privatización en México. México: IMDEC Méndez, José Luis (coord.) Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica. Miguel Ángel Porrúa/ International SocietyforThird Sector Research/ Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas, México, 1998. MUP- CND 2010. Carta de la Ciudad de México “Por el Derecho a la Ciudad” Folleto México: Organizaciones Urbano Populares Convención Nacional Democrática.

75 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Gobierno de la Ciudad de México 2008. Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Documentos para discusión y análisis, México: Secretaría de Gobierno.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

76

O´Donnell, Guillermo (1985). Notas para el estudio de los procesos de democratización política a partir del Estado Burocrático – Autoritario. En VVAA Los Límites de la democracia. CLACSO, Buenos Aires. Olvera Rivera, Alberto. Cambios en los patrones de acción colectiva y el nuevo asociativismo en México, Cuadernos de trabajo 4, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 1998. -------- La sociedad civil. De la teoría a la realidad. El Colegio de México, México 1999. Pérez Yarahuán, Gabriela y David García Junco. “¿Una ley para las Organizaciones No Gubernamentales en México?” en José Luis Méndez (coord..) Organizaciones civiles y políticas públicas en México y Centroamérica, Miguel Ángel Porrúa editor, México, 1998. Pereyra, Carlos. Democracia Política y Transformación Social, publicado en el libro: VVAA, México el reclamo democrático. S. XXI Poder Ciudadano. Acción Ciudadana por la Democracia y por la Vida. Agenda Nacional de la Sociedad Civil. Fundación Arturo Rosenblueth/ MCD/ RMALC/ Alianza Cívica/ Causa Ciudadana /Convergencia. México, 2000. Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Programa Nacional de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos. Secretaría de Relaciones Exteriores/ Secretaría de Gobernación, México, 1998. Ponce, Daniel (coord..) Protagonismo e incidencia de la sociedad civil. Definición de políticas públicas y agenda democrática en México y Centroamérica. ALFORJA/ITESO, México, 2000. Programa Participación Social Chiapas 2011. Sistematización de las Primeras jornadas por los DESCAI. Shenorock, Angélica, PSCH, Oxfam, Chiapas, México. Rabotnikof, Nora. “Sociedad civil: Cambio político y cambio conceptual” en Lucía Alvarez (Coord.) La sociedad civil ante la transición democrática, Plaza y Valdés, México, 2002. Reygadas Robles Gil, Rafael. Abriendo veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones civiles. Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, México, 1998. Sandoval Terán, Areli et al 2011. La senda del desarrollo no sustentable en México. Informe Social Watch. México: Espacio DESC. Zermeño, Sergio. La sociedad derrotada. El desorden mexicano de fin de siglo, Siglo XXI editores, México, 1997.

77 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

b. Electrónicas Asamblea Mundial de Pobladores Ciudad de México 2000 en http://www.hic-al.org/anterior/newhistoria.html (consultado octubre 16, 2011) Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad http://derechoalaciudaddf.blogspot.com/ (consultado octubre 9 al 12, 2011) Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (CMDC) 2005 en http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1239291239Carta_mundial_derecho_ciudad.pdf (consultado octubre 12, 2011) Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) en http://hic-al.compuarte.net.mx/comite.cfm (consultado octubre 6 y 7, 2011) Comisión Estatal de Derechos Humanos 2009. Recomendación 35/2009 Asunto: violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad, a la vivienda, a la conservación del medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad, al desarrollo y a la salud. Queja 2585/07/III y sus acumuladas en http://www.cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0935.pdf (consultado noviembre 14, 2011) Comisión Nacional del Agua 2008. Presentación “Proyecto Presa El Zapotillo para Abastecimiento de Agua Potable a los Altos de Jalisco, a la ciudad de León, Guanajuato y regulaciones de volumen para la ZCG” en http://www.cmic.org/mnsectores/agua/ reunionCONAGUA/R_080808/presentaci%C3%B3n.pdf (consultado noviembre 15 2011) Delegación Iztacalco-Carta por el Derecho a la Ciudad http://movimiento.com.mx/pipermail/lista_movimiento.com.mx/attachments/20110205/ aa0bb1e3/attachment-0005.pdf (consultado en noviembre 18, 2011) IMDEC , AC http://www.imdec.net/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Ite mid=17 (consultado en noviembre 17, 2011) Tribunal Latinoamericano del Agua http://www.tragua.com/ (consultado en noviembre 18, 2011) Programa de Derechos Humanos del D.F. http://www.derechoshumanosdf.org/portal/index.php (consultado octubre 15, 2011) http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/CUADRO%201.pdf (consultada en 2507-11) http://www.corresponsabilidad.gob.mx/recursos/pdf/CUADRO%206.pdf )consultada en 2707-11)

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

78

ANEXOS I. Guía de Entrevista Las articulaciones y estrategias comunes de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la interlocución y la incidencia El MCD está realizando una investigación con el objetivo de sistematizar experiencias de articulación o alianzas entre organizaciones de la sociedad civil, privilegiando el diseño e implementación de estrategias, para influir o incidir en decisiones de política pública, a favor de su agenda social. Entrevistado(a)___________________________________________________________ Organización_____________________________________________________________ Lugar y fecha______________________________

PREGUNTAS Del contexto 1) ¿Qué elementos del contexto sociopolítico actuaron o influyeron en la experiencia? 2) ¿Cuáles fueron las principales estrategias en los procesos sociales y ciudadanos que se han impulsado a favor de la agenda social ciudadana? Identificación de la experiencia 3) Describe el problema que generó el movimiento social, las demandas originales y las alianzas que se fueron generando. 4) ¿Cuáles fueron las acciones que le han demandado a las instancias públicas tomadoras de decisiones, en la experiencia reseñada? 5) ¿Cuál fue la respuesta de las instancias públicas ante las organizaciones de la sociedad demandantes? 6) ¿Cómo evalúas las experiencias en razón de sus logros y principales obstáculos? 7) ¿Hacia dónde apuntan o deben apuntar las estrategias de participación social para la incidencia política?

8) ¿Qué acciones han realizado para la promoción de su agenda o demanda desde el inicio de la movilización? a) De reivindicación de derechos civiles y políticos ( ) ¿cuál(es)?____________________________________________________ b) De reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ( ) ¿cuál(es)?____________________________________________________ c) De reivindicación de derechos de diversidad ( ) ¿cuál_(es)?___________________________________________________ 9) ¿Qué tipo de acción han demandado de las instancias públicas decisoras? a) Creación de una legislación ( ) ¿cuál?_________________________________________________________ b) Creación de una agencia de gobierno ( ) ¿cuál?__________________________________________________________ c) Reconocimiento de una práctica social ( ) ¿cuál?__________________________________________________________ d) Generación, modificación o cancelación de una política pública ( ) ¿cuál?__________________________________________________________ Evaluación del proceso 10) Haciendo un balance, ¿qué tipo de estrategia ha seguido el movimiento en cuestión? a) De reivindicación de derechos reconocidos en pactos internacionales ( ) b) Control sobre la autoridad pública (exigencia de cuentas, observación) ( ) c) Gestión de demandas sociales (propuesta de políticas, programas) ( ) 11) En estas acciones ¿las alianzas que han establecido con otras organizaciones o redes, han sido para? a) Acciones específicas ( ) b) A partir de un acuerdo estratégico ( ) c) Construir una organización específica ( ) 12) ¿Cuáles fueron los principales obstáculos para el establecimiento o el desarrollo de la alianza?

79 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Las Mediaciones

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

80

II. Relación de personas entrevistadas Areli Sandoval Terán, Representante de Espacio Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Comité Promotor por la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. México DF. Gabriel Espinoza, Vocero del Comité “Salvemos Temacapulín” en Guadalajara, Jalisco. Gabriela Sánchez, consultora de Puentes Sociales, AC, académica del Instituto Mora José Olvera, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y Comisión Ejecutiva del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas Jorge Gastón Gutiérrez, Académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del Comité Ecologista de Jalisco en Guadalajara Jaime Rello, Representante del Movimiento Urbano Popular- CND en el Comité Promotor por la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad Lorena Zárate, Representante de Coalición Hábitat Internacional, sección regional América Latina, en el Comité Promotor por la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la Ciudad. México DF. Manuel Canto Chac, Comisión Política de Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC) y Comisión Ejecutiva del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas María González, Directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario AC (IMDEC) en Guadalajara, Jalisco. Mateo Lejarza, ex dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) de la UNT Ramón Martínez, Forro Chipas, San Cristóbal de las Casas, Chiapas Raúl Cabrera, consultor de Puentes Sociales, AC y académico del Instituto Mora Rodolfo Díaz, de PRODESIS en Chiapas Teresa Zepeda, de Alianza Cívica en Chiapas Víctor Pérez, de Coordinadora de Pequeños productores de Café de Chiapas (COOPCAFE)

Demandas Transversales (23 de febrero de 2010) DEMANDA Aprobación de Ley Federal de Participación Ciudadana

INSTANCIA RESPONSABLE SEGOB SEDESO

PARTICIPANTES

COMPROMISOS

Organizaciones del Movimiento

Se apoye la aprobación de la iniciativa de Ley propuesta por las organizaciones

Organizaciones del Movimiento

Se apoye la aprobación de la iniciativa de Ley del Movimiento

Organizaciones del Movimiento

Solución de los casos presentados.

LEGISLATIVO Aprobación del Consejo Económico y Social Revisión y atención a los diversos casos de violación de los DH: represión, acoso, privación de la libertad e incluso de la vida, de dirigentes sociales

SEGOB y STPS LEGISLATIVO SEGOB

Privilegiar el diálogo y la negociación como formas de solución de las demandas. Respeto absoluto a las libertades democráticas

Modificación de la reforma fiscal que coloca a las organizaciones de la sociedad civil como empresas con fines de lucro

SHCP

Organizaciones del Movimiento

Evaluar las medidas aprobadas y promover los cambios para el fomento del trabajo de las organizaciones.

Evaluación del marco programático de la Política Social, incluyendo el Programa Nacional de Desarrollo Social y las Reglas de Operación

SEDESO

Organizaciones del Movimiento

Ampliar el horizonte del diálogo sobre la política social y formalizar los mecanismos de participación de las organizaciones en el diseño del Plan de Desarrollo Social y las RO Establecer compromisos de políticas públicas entre gobierno y sociedad

Democratización y participación ciudadana de medios de comunicación, como la radio y TV comunitarias Solución al conflicto del SME

SEGOB

Organizaciones del Movi- Readecuación o ampliación miento Nacional de la normatividad para resolver solicitudes de radio y televisión comunitaria de organizaciones, pueblos y comunidades indígenas

SEGOB y STPS

Organizaciones del Movi- Reintegración de los tramiento Nacional bajadores despedidos en resistencia en sus puestos de trabajo, respeto al CCT y respeto a la autonomía e integridad del sindicato. Independientemente de la solución jurídica al caso

81 Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética, los derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

82

Solución integral al con- STPS y SEGOB flicto Minero (solución a las huelgas estalladas y al problema de Pasta de Conchos)

Organizaciones del Movimiento Nacional

Respeto de las autoridades laborales a la autonomía e independencia sindical, a las conquistas históricas de los trabajadores, a la contratación colectiva auténtica, al derecho de huelga y la libertad sindical. Mayor atención del gobierno federal a la inspección del trabajo, a las condiciones de higiene y seguridad en las empresas mineras.

Rediseño del sistema de Seguridad Social

SEGOB y SSA

Organizaciones del Movimiento Nacional

Reconstruir el sistema de Salud y Seguridad Social para impulsar la cobertura universal y recuperar su carácter solidario. (Rescate y estatización de los fondos de pensiones).

Derecho social a la educación pública gratuita, laica y obligatoria

SEGOB, SEP y LEGIS- Organizaciones del LATIVO Movimiento Nacional

Respeto a los Artículos 3ro. y 31 constitucionales. Rechazo a la “Alianza por la Calidad de la Educación”, a las Reformas integrales a Educación Básica, Media y Superior (RIEB Y RIEMS). Construcción de un proyecto popular de educación y cultura desde los trabajadores.

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad 83

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

84

Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad

Julio de 2010 1

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag. 1 PORTADILLA- DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Índice PRESENTACIÓN

5

PREÁMBULO

9

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

15

1. Definiciones y caracterización del Derecho a la Ciudad 1.1 Definición del Derecho a la Ciudad 1.2 Sujetos de derechos y obligaciones de los órganos locales de gobierno 1.3 Ámbito territorial: Delegaciones del D.F. en sus áreas urbanas y rurales 1.4 Marco jurídico internacional de referencia 1.5 Características inherentes a los derechos humanos que se aplican al Derecho a la Ciudad 1.6 Principios rectores del Derecho a la Ciudad CAPÍTULO SEGUNDO FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS Y CONTENIDOS DEL DERECHO A LA CIUDAD 2. Fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad Por una ciudad de derechos humanos Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad Por una ciudad para todos: incluyente, solidaria, equitativa Gestión democrática de la ciudad Por una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable Producción democrática de la ciudad y en la ciudad Por una ciudad socialmente productiva Manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno Por una ciudad viable y ambientalmente sustentable

15 15 15 16 17 19 19

23 23 23 23 24 24 24

3

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag. 3 Índice- DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

85

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

86 Disfrute democrático y equitativo de la ciudad Por una ciudad abierta, libre, crítica y lúdica

25

3. Derechos y lineamientos para su implementación 3.1 Ciudad democrática 3.2 Ciudad incluyente 3.3 Ciudad sostenible 3.4 Ciudad productiva 3.5 Ciudad educadora Ciudad habitable 3.6 Ciudad segura ante los desastres y accidentes 3.7 Ciudad segura libre de violencia 3.8 Ciudad saludable 3.9 Ciudad convivencial y culturalmente diversa

25 27 31 34 38 42 46 46 48 51 54

CAPÍTULO TERCERO DISPOSICIONES FINALES

59

4. Obligaciones y responsabilidades

59

5. Violaciones del Derecho a la Ciudad

60

6. Exigibilidad

60

COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA

61

Gobierno Local Ejecutivo central Delegaciones políticas Legislativo Judicial Organismos públicos autónomos Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Entidades educativas Organismos de la sociedad civil Organizaciones sociales Sector privado Personas en general

61 61 62 63 63 63 64 64 64 65 65 65

4

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag. 4 Índice- DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

PRESENTACIÓN La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es una iniciativa surgida y negociada desde 2007 con el Gobierno del Distrito Federal por diversas organizaciones del movimiento urbano popular. En octubre del mismo año, por acuerdo con el Jefe de Gobierno, se llevó a cabo una reunión con titulares de diferentes Secretarías del Gobierno de la Ciudad para presentar los fundamentos estratégicos de la Carta, sus antecedentes y los primeros pasos para formularla. En el marco del Foro Social Mundial - Capítulo México, realizado en el Zócalo capitalino a finales de enero de 2008, se instaló una mesa urbana durante tres días en torno al Derecho a la Ciudad, hecho que da inicio al debate público sobre el tema. En el mes de abril del mismo año se conforma el Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, inicialmente integrado por el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, la Coalición Internacional para el Hábitat–América Latina y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; posteriormente se incorporan el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Procuraduría Social del Distrito Federal. Una de las primeras tareas del Comité Promotor fue convocar en el mes de julio de 2008 a un acto público en el Ex Templo de Corpus Christi. Este acto tuvo como objetivo abrir el proceso de formulación y consulta de los contenidos para ser incluidos en la Carta. El 1º. de diciembre de ese mismo año se realizó el “Primer Foro hacia la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad”, que convocó a miembros de organizaciones civiles y sociales, académicos, funcionarios y otros actores interesados y comprometidos con la temática urbana, quienes hicieron aportaciones a cada uno de los seis fundamentos estratégicos que articulan los contenidos de la Carta. 5

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag. 5 PRESENTACIÓN- DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

87

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

88

Meses más tarde, en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, el Comité Promotor instaló una carpa temática en la Feria de Derechos Humanos realizada en el Zócalo de la Ciudad donde se llevaron a cabo diferentes actividades lúdicas con niños, jóvenes y adultos. Con el material recogido y las aportaciones de los miembros del Comité Promotor se inició la integración de la Carta, teniendo como principales referentes la Carta Mundial por el Derecho la Ciudad y los resultados y propuestas de la Primera Asamblea Mundial de Pobladores, realizada en la Ciudad de México en el 2000. En febrero de 2009 se realizó un segundo acto público en el Teatro de la Ciudad para dar a conocer el proceso de integración de la Carta e invitar a los diferentes sectores a participar en su formulación. Un integrante del Comité Promotor expuso la situación de la Ciudad, los propósitos y orientaciones de la Carta, así como la importancia de que este instrumento contribuya a otros procesos esperados como la reforma política y la formulación de la Constitución del Distrito Federal, entre otros. Por su parte, el Jefe de Gobierno destacó el 6

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag. 6 PRESENTACIÓN- DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

valor estratégico de este proceso para que “la ciudad que soñamos pueda ser una realidad”. Cerca de tres mil personas participaron en al menos uno de estos tres encuentros. Respecto al trabajo sustantivo, el Comité Promotor realizó, a partir de junio de 2008, más de treinta reuniones de coordinación, discusión, sistematización y redacción de los contenidos, así como el seguimiento y evaluación del proceso de la Carta. En ese marco, el Comité Promotor elaboró el cuadernillo Por nuestro derecho a la ciudad, que integra textos relevantes para la difusión y análisis del tema. Se cuenta además con un blog, un tríptico y un video que contribuyen a difundir más ampliamente los contenidos y debates en torno al Derecho a la Ciudad y el proceso conducente a su reconocimiento e implementación en la Ciudad de México. Miembros del Comité Promotor participaron en conferencias, cursos, talleres y programas de radio para socializar el tema, provocar la reflexión, recoger críticas y aportaciones a la Carta. Uno de los resultados de estas actividades fue la realización de un concurso de pintura infantil sobre La ciudad que queremos, impulsado en la Delegación Azcapotzalco por una de las organizaciones sociales participantes en la promoción de la Carta. El 28 de septiembre de 2009 se entregó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el “Proyecto de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad” y se inició la difusión del folleto respectivo para ampliar su conocimiento y acompañar un nuevo período de aportaciones al texto. En diciembre de ese mismo año, en ocasión de la octava Feria de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, se instaló una carpa en el Zócalo capitalino en la que se recogieron nuevas contribuciones y sugerencias de las personas asistentes. Para la formulación de los contenidos de la Carta se sistematizaron las aportaciones de los diversos actores, trabajo que se apoyó y complementó con el examen de otros documentos consultados, entre 7

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag. 7 PRESENTACIÓN- DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

89

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

90 los que destacan: el Diagnóstico (2008) y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (2009), el Programa Ciudad Educadora y del Conocimiento (2008), aportaciones del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México, la consulta “La policía que queremos” (2008), y varios textos internacionales en torno al Derecho a la Ciudad, tales como la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, los debates que se han dado en torno a ella, instrumentos sobre derechos humanos en la ciudad vigentes en varios países, declaraciones relevantes y documentos conceptuales de varios autores. En marzo de 2010, durante el V Foro Urbano Mundial convocado por Hábitat-Naciones Unidas y el Ministerio de las Ciudades de Brasil, se presentó el Proyecto de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, para comentar su proceso de construcción colectiva, así como su fundamentación y contenidos conceptuales. La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad es fruto de este amplio proceso que con su firma, abrirá una nueva etapa orientada a garantizar el reconocimiento legal y la implementación de este nuevo derecho humano. Agradecemos la participación de todas las personas y organizaciones que han hecho aportaciones a esta iniciativa ciudadana y el respaldo que el Gobierno de la Ciudad de México le ha dado para concretarla, como un paso trascendente en la consolidación de la ciudad que soñamos y queremos construir. Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad

Julio de 2010

8

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.8 PRESENTACIÓN- DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

CARTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL DERECHO A LA CIUDAD PREÁMBULO El alto potencial de desarrollo humano que caracteriza la vida en las ciudades en tanto espacios de encuentro, intercambio y complementación, de enorme diversidad económica, ambiental y política, de concentración importante de las actividades de producción, servicio, distribución y formación se ve hoy enfrentado a múltiples y complejos procesos que plantean grandes desafíos y problemas a la convivencia social. Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría,está privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. Ante estos desafíos, un conjunto de redes internacionales, organizaciones sociales y no gubernamentales, gremiales y académicas han estado debatiendo y promoviendo a nivel mundial el reconocimiento y adopción del Derecho a la Ciudad como un nuevo derecho humano colectivo. Asimismo, han discutido y asumido el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural. En forma paralela a estas iniciativas de la sociedad civil, algunos gobiernos, tanto a nivel regional como nacional y local, han estado generando instrumentos jurídicos que buscan normar los derechos humanos en el contexto urbano. Destacan, entre los más avanzados a nivel internacional, la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), firmada hasta ahora por más de 400 ciudades; el Estatuto de la Ciudad de Brasil (2001) y, a escala local, la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal (2006). 9

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.9 PREÁMBULO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

91

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

92 En la Ciudad de México, organizaciones sociales vinculadas al movimiento urbano popular, organizaciones civiles que trabajan en el campo de los derechos humanos y el hábitat, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Gobierno del Distrito Federal han estado al tanto de estos procesos y conjuntaron esfuerzos para promover la formulación y suscripción de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Esta Carta se orienta a enfrentar las causas y manifestaciones de la exclusión: económicas, sociales, territoriales, culturales, políticas y psicológicas. Se plantea como respuesta social, contrapunto a la ciudad-mercancía y como expresión del interés colectivo. Se trata de un abordaje complejo que exige articular los derechos humanos en su concepción integral (derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) con la democracia en sus diversas dimensiones (representativa, distributiva y participativa). La construcción de la democracia, en su sentido más profundo, pasa por la superación de la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la injusticia, ya que no hay ciudad ni democracia sin ciudadanos, ni ciudadanos sin el pleno ejercicio de sus derechos, individuales y colectivos. La formulación de esta Carta persigue los siguientes objetivos: • • •

Contribuir a la construcción de una ciudad incluyente, habitable, justa, democrática, sustentable y disfrutable. Contribuir a impulsar procesos de organización social, fortalecimiento del tejido social y construcción de ciudadanía activa y responsable. Contribuir a la construcción de una economía urbana equitativa, incluyente y solidaria que garantice la inserción productiva y el fortalecimiento económico de los sectores populares.

El Derecho a la Ciudad, de acuerdo con estos objetivos, puede coadyuvar al fortalecimiento social, económico, democrático y político de la población, así como al ordenamiento y manejo territorial sustentables. 10

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.10 PREÁMBULO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Implica también la construcción de un equilibrio dinámico y crítico entre la sociedad civil organizada y las instituciones del Estado, mediante el fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y de gestión de las organizaciones sociales y civiles, y la apertura democrática de espacios de concertación, planeación, control y acción que promuevan y apoyen su participación corresponsable al más alto nivel posible. La Ciudad de México es un espacio de gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y social en el que, desde la instauración de los gobiernos democráticos en 1997, se constata un proceso de mitigación de los niveles de pobreza y exclusión, y se contribuye a fortalecer la toma de conciencia sobre la importancia del ambiente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Con el paso al nuevo milenio, las políticas públicas en la Ciudad de México retoman explícitamente los aportes ciudadanos y de luchas sociales, a los que se debe en gran medida el fortalecimiento de los procesos de participación y el propio gobierno democrático. Logros todos que hoy encauzan el rumbo que habrá de seguir la ciudad en el futuro. En la actualidad, la Ciudad de México es un espacio fértil donde movimientos populares, organizaciones civiles, instituciones académicas, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil presentan y desarrollan sus iniciativas para la construcción de una ciudad justa, democrática, humana y sustentable. Con la intención de responder a las necesidades de las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad representa un instrumento dirigido a fortalecer las reivindicaciones y luchas sociales. Aspira a constituirse en una iniciativa capaz de articular los esfuerzos de todos los actores –públicos, sociales y privados– interesados en otorgar vigencia y efectividad a este nuevo derecho humano.

11

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.11 PREÁMBULO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

93

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

94 La Carta por el Derecho a la Ciudad concibe este derecho en un sentido amplio: no se limita a reivindicar los derechos humanos en un territorio sino que implica obligaciones de la autoridad y responsabilidades de la población en la gestión, producción y desarrollo de la ciudad. Reconoce y promueve el derecho de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil a participar activamente y al más alto nivel posible en la determinación de las políticas públicas, con el fin de hacer efectivas las obligaciones de los tres órganos locales de gobierno de respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos hoy reconocidos, y los derechos emergentes que por el desarrollo mismo de la vida, en el ámbito de la ciudad y su entorno, sea indispensable promover, reconocer y regular a futuro. Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana; sin su disfrute no es posible vivir con la dignidad que corresponde a toda persona y comunidad por igual, por lo que son fundamentales y necesarios para asegurar la existencia individual y el bienestar colectivo. Los derechos humanos, en razón de su universalidad, corresponden a todas las personas, característica que comparte el Derecho a la Ciudad. En consecuencia, la presente Carta está dirigida a hacer posible que la Ciudad sea de todas las personas que la habitan e incluso reconoce derechos exigibles por quienes la transitan o visitan, sea por razones recreativas, familiares o de trabajo. Para lograrlo, la Carta prioriza las acciones y compromisos orientados a superar las situaciones de marginalidad, exclusión y discriminación que impiden concretar esos propósitos. En tanto construcción de la comunidad culturalmente diversa que la produce y la vive, y por ser un espacio que pertenece a todos sus habitantes, la ciudad es reconocida en la Carta como derecho humano colectivo, a diferencia de instrumentos vigentes en otras ciudades que se limitan a promover el ejercicio y satisfacción individualizada de los derechos humanos. 12

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.12 PREÁMBULO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Al hacerlo se tomó en cuenta la evolución reciente hacia el reconocimiento de los derechos humanos colectivos y difusos (que pertenecen a un grupo indeterminado de personas), como los que se asignan a los pueblos indígenas, en donde la igualdad del derecho de las colectividades resulta necesaria para el ejercicio de las libertades y derechos individuales. De ahí surge la visión que se plantea en la presente Carta, al concebir a la ciudad como un sistema complejo y al Derecho a la Ciudad como un derecho de carácter colectivo. También a la necesidad de superar la visión y la atención sectorial y desarticulada de los problemas en la ciudad, para enfrentar situaciones que afectan por igual a todos sus habitantes y visitantes, como la contaminación, el deterioro ambiental, la violencia, el tránsito vehicular y la segregación urbana. Éste es el sentido de los fundamentos estratégicos que ordenan en la Carta las aspiraciones de quienes viven la Ciudad de México: la función social de la ciudad y de la propiedad, la gestión participativa y la producción democrática de la ciudad, el manejo sustentable y responsable de sus bienes y el disfrute mismo de la ciudad, ninguno de ellos limitado a un solo sector, disciplina o especialidad. Dentro de esta perspectiva, el Derecho a la Ciudad no persigue solamente la construcción de condiciones para que todos, mujeres y hombres, accedan a los bienes, servicios y oportunidades existentes en la ciudad, sin discriminación, exclusión o segregación alguna, sino que también perfila la ciudad que deseamos y queremos construir para las futuras generaciones. Así, la Carta recoge las aspiraciones de quienes la piensan y de quienes cotidianamente luchan por mejorarla y transformarla y se constituye, en consecuencia, en guía para la acción. La elaboración de la Carta por el Derecho a la Ciudad fue un proceso nutrido por las propuestas e iniciativas de diversos actores que influyen en el rumbo de la Ciudad de México. Su desarrollo e inmediata implementación colocan a los habitantes del Distrito Federal a la vanguardia en la promoción de los derechos humanos existentes y en el reconocimiento de nuevos derechos emergentes, con la participación articulada de la sociedad civil organizada, organismos autónomos e instancias gubernamentales. 13

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.13 PREÁMBULO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

95

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

96 La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad pretende poner énfasis en las aspiraciones y necesidades ciudadanas ante un mundo en constante cambio y movimiento; y establece los compromisos de los diversos actores para atenderlas. Para ser respetada, la Carta se fundamenta en la viabilidad de sus propuestas y el consenso y exigibilidad que se va construyendo en torno a las mismas.

14

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.14 PREÁMBULO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 1. Definiciones y caracterización del Derecho a la Ciudad 1.1 Definición del Derecho a la Ciudad El Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. 1.2 Sujetos de derechos y obligaciones de los órganos locales de gobierno Sujetos de derechos: las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal, sin discriminación. La titularidad se ejerce de manera indivi-dual o colectiva. Sujetos obligados: autoridades y servidores públicos del Distrito Federal. Corresponsables de promover y hacer efectivos los derechos y lineamientos para su implementación contenidos en el capítulo segundo de esta Carta: organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, sector privado y habitantes. 15

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.15 CAP-PRIMERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

97

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

98 1.3 Ámbito territorial: Delegaciones del D.F. en sus áreas urbanas y rurales La Ciudad de México está constituida por 16 Delegaciones, las cuales representan una diversidad de expresiones políticas, sociales y culturales. En ellas conviven diversas formas de vida urbana y rural que se expresan en múltiples formas de participación. El territorio urbano y rural de la Ciudad constituye el espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de los derechos individuales y colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brinda la ciudad. Las Delegaciones políticas juegan un papel fundamental en el desarrollo económico, político, social y cultural de la Ciudad de México. En ese sentido, son actores fundamentales para el ejercicio pleno del Derecho a la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad y los Gobiernos de las Delegaciones políticas del Distrito Federal son responsables, en coordinación con la sociedad civil, de conducir el desarrollo de la Ciudad de México a nuevos horizontes de equidad y bienestar.

16

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.16 CAP-PRIMERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Ello debe inspirarse en un proyecto político que garantice la construcción de una sociedad más igualitaria y equitativa, que mantenga un ritmo de crecimiento económico sostenible, donde cada uno de los miembros de la comunidad tenga las oportunidades de hacer efectiva una vida digna. Con base en ese propósito, la Ciudad de México se encamina hacia la realización de una reforma política que garantice los derechos de sus ciudadanos y fortalezca las Delegaciones como entidades autónomas, corresponsables de garantizar el desarrollo y el cumplimiento de derechos en la ciudad. El impulso de la reforma política y el cambio del estatus legal de la Ciudad de México son estrategias indispensables, tanto para defender los derechos políticos de sus habitantes como para dotar al Gobierno y a las Delegaciones políticas de las facultades suficientes para atender las necesidades ciudadanas. Mediante la reforma política y la búsqueda de un trato fiscal equitativo se incrementará la capacidad de planeación social, económica y financiera de las delegaciones. Así también, se incrementarán las capacidades de coordinación metropolitana para atender mejor las necesidades de la ciudadanía, promover un desarrollo sustentable de largo plazo y garantizar el ejercicio de los derechos en la ciudad. 1.4 Marco jurídico internacional de referencia Si bien el derecho a la ciudad no se menciona explícitamente en los instrumentos de derechos humanos actuales, éstos se consideran el marco jurídico de referencia y sustento del Derecho a la Ciudad. Cabe señalar que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, son Ley Suprema de la Unión. En particular se pueden destacar los siguientes: •

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 17

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.17 CAP-PRIMERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

99

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

100 • •

• • • • • • •

• • • •

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y todas las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos, uno relativo a la Venta de niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía Infantil, y el otro relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

Adicionalmente, los informes y recomendaciones a México emitidas por los Relatores Especiales y Comités de derechos humanos de la ONU y los respectivos del Sistema Interamericano.

18

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.18 CAP-PRIMERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

1.5 Características inherentes a los derechos humanos que se aplican al Derecho a la Ciudad El derecho a la ciudad contempla las características generales de los derechos humanos: • • • • • •

Universalidad: corresponden a todas las personas. Indivisibilidad: no pueden fraccionarse ni dividirse. Integralidad: todos los derechos son importantes por lo que no pueden jerarquizarse. Interdependencia: todos los derechos están estrechamente unidos; la satisfacción de uno depende del cumplimiento que se dé a los otros. Inalienabilidad: no se pueden perder ni intercambiar. Progresividad (no regresividad) en su satisfacción, aplicable a los derechos económicos, sociales y culturales; alude a los esfuerzos necesarios para garantizar una vida digna para todas las personas.

1.6 Principios rectores del Derecho a la Ciudad Todas las personas tienen derecho a la ciudad, en conformidad con los siguientes principios rectores de los derechos humanos: •

Libre determinación o autodeterminación. Este principio alude al derecho que tienen todos los pueblos a establecer libremente su condición política y su desarrollo social, económico y cultural. Está consagrado en el primer artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales porque su realización es una condición esencial para la garantía efectiva y la observancia o cumplimiento de los derechos humanos y para la promoción y fortalecimiento de esos derechos.

•

No discriminación. Es un principio básico que establece el pleno goce de todos los derechos por todas las personas, independientemente de su origen étnico o social, la social o 19

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.19 CAP-PRIMERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

101

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

102 nalidad o el lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, el sexo, la lengua, la religión, la condición social o económica, la edad, la discapacidad, las condiciones de salud, la apariencia física, la orientación o preferencia sexual, la identidad de género, el estado civil, la ocupación o actividad o cualquier otra. •

Igualdad. Constituye uno de los principios básicos que señala que todas las personas tienen los mismos derechos humanos, inherentes a su dignidad. Es un criterio de justicia, no de semejanza; de respeto a la diversidad y pluralidad, con base en las mismas oportunidades y trato.

•

Equidad de género. Se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

•

Equidad social. Implica la superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social basada en los roles de género, edad, situación económica, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra.

•

Atención prioritaria a personas y colectivos en situación de discriminación. Corresponde al principio de justicia distributiva por el cual se evoca la distribución equitativa y sin discriminación de los bienes, recursos, servicios y oportunidades por parte de la autoridad a grupos que estén en condición de pobreza, exclusión y desigualdad social.

•

Solidaridad y cooperación entre los pueblos. Describe una forma de relación activa y positiva entre las personas y las colectividades, a la vez que constituye un principio de convivencia que posibilita compartir herramientas, experiencias, capacidades y medios materiales. 20

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.20 CAP-PRIMERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

Participación. La participación concebida como ciudadana se relaciona estrechamente con la democracia participativa y directa. Contempla y propone los mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones y a la formulación y seguimiento de políticas públicas de manera autónoma e independiente, sin necesidad de formar parte del gobierno o de un partido político.

•

Transparencia y rendición de cuentas. Se refiere a la obligación de las instituciones públicas, empresas, grupos y organizaciones sociales y civiles que reciban recursos públicos de brindar información real, práctica y de interés público, correspondiendo al derecho de acceso a la información. La rendición de cuentas constituye el deber de los actores públicos de sujetarse al escrutinio de la población.

•

Corresponsabilidad. Implica impulsar una concepción democrática y participativa que garantice formas de concertación entre los múltiples actores involucrados en la problemática social. Se expresa en trabajar en forma concertada gobierno-ciudadanía de modo que las estrategias surjan de prácticas consensuadas y asumidas por las partes involucradas.

•

Justicia distributiva. Obligación de la autoridad de aplicar de manera equitativa los programas sociales, priorizando las necesidades de los grupos en condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad social.

21

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.21 CAP-PRIMERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

103

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

104 CAPÍTULO SEGUNDO FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS Y CONTENIDOS DEL DERECHO A LA CIUDAD 2. Fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad La aplicación de los principios rectores y de los fundamentos estratégicos de la Carta de la Ciudad de México implica que los derechos enfaticen su carácter indivisible e interdependiente. Ejercicio pleno de los derechos humanos en la ciudad Por una ciudad de derechos humanos Es la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo, en condiciones de igualdad, equidad y justicia. Todas las personas tienen el derecho a encontrar en la ciudad las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos políticos, econó-micos, sociales, culturales y ambientales, asumiendo el deber de la solidaridad. Su objetivo es generar condiciones para el desarrollo de una vida digna y de calidad para todas las personas en la ciudad, tanto en lo individual como en lo colectivo. Función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad Por una ciudad para todos: incluyente, solidaria, equitativa Se refiere principalmente a la distribución y la regulación del uso del territorio y el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece, priorizando el interés público definido colectivamente. Su objetivo consiste en garantizar el derecho de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad mediante la generación de instrumentos para el abatimiento y espacios participativos para el control de la especulación, la segregación urbana, la exclusión y los desalojos y desplazamientos forzados. 23

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.23 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Gestión democrática de la ciudad Por una ciudad políticamente participativa y socialmente corresponsable Implica la participación ciudadana en todos los espacios y hasta el más alto nivel posible (decisión, control, cogestión) en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, la planeación, presupuestación y control de los procesos urbanos. Sus objetivos son el fortalecimiento de la democracia mediante la creación de espacios y mecanismos de decisión y gestión democrática directa y el desarrollo de programas participativos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión pública urbana. Producción democrática de la ciudad y en la ciudad Por una ciudad socialmente productiva Busca rescatar y fortalecer la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando la producción social del hábitat y el desarrollo de actividades económicas solidarias capaces de consolidar un hábitat productivo. Sus objetivos son viabilizar el derecho de todas las personas a participar en la producción del hábitat y garantizar la inserción productiva de todas las personas, en especial las y los jóvenes, en la economía urbana. Manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno Por una ciudad viable y ambientalmente sustentable Persigue el uso socialmente responsable de los bienes y el disfrute por parte de todas las personas, comunidades y pueblos de un ambiente sano que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. Su objetivo es garantizar mejores condiciones ambientales y que el 24

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.24 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

105

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

106 desarrollo urbano no se realice a costa de las zonas rurales, de áreas de reserva ecológica, de otras ciudades y de las futuras generaciones. Disfrute democrático y equitativo de la ciudad Por una ciudad abierta, libre, crítica y lúdica Busca el fortalecimiento de la convivencia social y el rescate, ampliación y mejoramiento de los espacios públicos. Su objetivo es rescatar y fortalecer la función cultural, lúdica y recreativa del espacio público y el respeto y fortalecimiento de la diversidad cultural en la ciudad. 3. Derechos y lineamientos para su implementación Si bien la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad subraya la integralidad e interdependencia de los derechos humanos, enfatiza algunos derechos que contribuyen más directamente a construir una ciudad incluyente, democrática, sostenible, productiva, educadora, y habitable (segura, saludable, convivencial y culturalmente diversa). En la Carta se destacan algunos derechos humanos reconocidos internacionalmente y otros derechos emergentes que tienen relevancia para el ejercicio del Derecho a la Ciudad. La ciudad que perfilan las luchas, sueños, experiencias y reflexiones de los habitantes de la Ciudad de México se estructura en torno a dos ejes rectores: • •

El ejercicio pleno de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones que de ellos se derivan (primera columna de la matriz); La democratización de todos los procesos que conforman y buscan concretar en forma corresponsable (gobiernosociedad) el derecho colectivo a la ciudad (primer renglón de la matriz). 25

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.25 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Ambos ejes enmarcan la matriz que integra los lineamientos para la implementación de las obligaciones de las entidades públicas y de la acción social corresponsable. Éstos se ordenan a partir de las aspiraciones que perfilan la ciudad que queremos (renglones de la matriz): ciudad democrática, incluyente, sostenible, etc. Cada una de ellas, al cruzarse con los fundamentos estratégicos de la Carta (columnas de la matriz) genera una serie de lineamientos y recomendaciones para la acción. Así, la intersección de cualquiera de las aspiraciones con el primer fundamento estratégico (ejercicio pleno de los derechos humanos) traduce los diversos temas que definen la ciudad que queremos en derechos -reconocidos y emergentes-. Los cruces con los demás fundamentos expresan las obligaciones y responsabilidades que deberán traducirse en políticas, instrumentos (jurídicos, financieros, administrativos, fiscales y de fomento), programas y actividades específicas, e implican la interacción entre la sociedad y los poderes públicos. Algunos cruces son estratégicos, en tanto que otros son de apoyo indispensable y, otros más, complementarios, pero todos, al fin, son necesarios para actuar sobre la integralidad del Derecho a la Ciudad. Cada cruce, pese a su estrecha relación con otros temas del renglón y la columna que lo definen, tiene matices específicos que lo caracterizan, lo que ayuda a sistematizar las complejas interrelaciones que caracterizan el Derecho a la Ciudad. La matriz expresa gráficamente estos conceptos y el orden en que se presentan en la Carta los lineamientos para la implementación de los derechos y obligaciones que le dan contenido operativo. La Carta enfatiza de esta forma las interrelaciones que se dan en la planeación, producción y gestión de la ciudad, evitándose con ello el abordaje sectorial de los problemas que impide visualizar la ciudad en su integralidad compleja. Para evitar repeticiones y compactar el texto, siguiendo el criterio del 26

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.26 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

107

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se entiende por población en situación de discriminación a personas o grupos que sufren marginación, segregación o exclusión por causa de su origen, género, cultura, edad, condición física, orientaciones religiosas, políticas y sexuales, o por las condiciones económicas y de vida que enfrentan. Incluye parte importante de niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores; indígenas, migrantes, poblaciones callejeras y personas privadas de su libertad; personas con discapacidad; a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersex, entre otros. 3.1 Ciudad democrática 3.1.1 Para consolidar una ciudad democrática todas las personas tienen los siguientes derechos:

EL DERECHO A LA CIUDAD: UN DERECHO COLECTIVO Y COMPLEJO La Ciudad que Queremos

Fundamentos Estratégicos del Derecho a la Ciudad

(Asamblea Mundial de Pobladores)

Ejercicio pleno de los derechos humanos

Función social de la ciudad y la propiedad

Gestión democrática de la ciudad

Producción democrática de la ciudad y en la ciudad

Manejo sustentable y responsable de los bienes

Disfrute democrático y equitativo de la ciudad

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.6 Segura (Desastres)

3.2.1 3.3.1 3.4.1 3.5.1 3.6.1

3.2.2 3.3.2 3.4.2 3.5.2 3.6.2

3.2.3 3.3.3 3.4.3 3.5.3 3.6.3

3.2.4 3.3.4 3.4.4 3.5.4 3.6.4

3.2.5 3.3.5 3.4.5 3.5.5 3.6.5

3.2.6 3.3.6 3.4.6 3.5.6 3.6.6

3.7 Segura (Violencia)

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.8 Saludable

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.8.6

3.9 Convivencial y Culturalmente Diversa

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.9.4

3.9.5

3.9.6

Ciudad de derechos

Ciudad para todos

Ciudad políticamente participativa

Ciudad socialmente productiva

3.1 Ciudad Democrática 3.2 Ciudad Incluyente 3.3 Ciudad Sostenible 3.4 Ciudad Productiva 3.5 Ciudad Educadora

Ciudad habitable

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

108

Estratégico Apoyo Imprescindible Complementario

Ciudad viable y saludable

Ciudad abierta, libre y lúdica

Las metas esperadas

27

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.27 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

• • • • • • • •

Derecho a la libre determinación. Derecho a la libertad de opinión y expresión. Derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas Derecho a la manifestación. Derecho a la libertad de elección y no discriminación respecto a la educación, la cultura, los lugares de residencia, entre otros. Derecho de acceso a la justicia, relativa tanto a derechos individuales como colectivos. Derecho a participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos, incluyendo a poblaciones en situación de discriminación. Derecho al acceso, investigación y difusión de la información pública.

3.1.2 Para democratizar la función social de la ciudad y la propiedad se debe: • • •

•

•

Fortalecer la participación social de todas las personas en el diseño, seguimiento y evaluación de la política urbana. Generar una política social de crédito o cofinanciamiento, ahorro y subsidio para el acceso al suelo y la vivienda. Generar mecanismos de contraloría social que garanticen el acceso democrático al suelo urbano y la propiedad, y la gestión adecuada del catastro y registros públicos de la propiedad. Promulgar la legislación adecuada y establecer mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento social y no lucrativo del suelo urbano y de los inmuebles públicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados. Establecer nuevas formas de legalización (leyes y programas) de la tenencia del suelo, que no se limiten a la propiedad privada individual, respeten otras modalidades como el arrendamiento, la propiedad colectiva, comunitaria y familiar, y los derechos de superficie, uso o posesión y otorguen igualdad de condiciones para su ejercicio. 28

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.28 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

109

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

110 3.1.3 Para garantizar una gestión democrática en la ciudad se debe: •

• •

•

•

Generar una política de participación ciudadana y abrir cauces y espacios institucionalizados para la participación amplia, directa, equitativa, democrática al más alto nivel posible de la ciudadanía en el proceso de planificación, elaboración, aprobación, gestión y evaluación de políticas y presupuestos públicos. Abrir espacios de consulta y participación a grupos en situación de discriminación. Garantizar el funcionamiento de órganos colegiados, audiencias, conferencias, consultas y debates públicos, así como permitir y reconocer los procesos y la iniciativa popular en la proposición de proyectos de ley y de planes de desarrollo. Generar instrumentos y mecanismos jurídicos y administrativos que permitan elegir y controlar mejor a nuestros representantes, tales como la revocación del mandato y la rendición de cuentas. Garantizar información con lenguaje sencillo y mecanismos de consulta pública respecto a: – Monitoreo y evaluación de planes y programas. – Macroproyectos que pueden impactar la calidad de vida y la permanencia de la población en el lugar que habita. – Disponibilidad de exenciones, estímulos y financiamientos a las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil. – Asuntos públicos relativos a la vida social, académica, cultural y política de la ciudad. – Acceso a las tecnologías de la información.

3.1.4 Para democratizar la producción del hábitat en la ciudad se debe: •

Dar sustento legal y garantizar la construcción de un sistema específico y coherente de instrumentos de apoyo a la producción social del hábitat: jurídicos, financieros, administrativos, programáticos, fiscales y de fomento (formativos, socioorganizativos, tecnológicos). 29

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.29 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

•

•

Establecer mecanismos institucionales y desarrollar los i n s trumentos necesarios para apoyar las diversas modalidades de producción social del hábitat y la vivienda, con especial atención a los procesos autogestionarios, tanto individuales y familiares como colectivos y organizados. Facilitar el acceso a la información para toda persona y grupo organizado, sobre la disponibilidad y ubicación de suelo adecuado, los programas habitacionales que se desarrollan en la ciudad y los instrumentos de apoyo disponibles. Promover una participación efectiva de todas las personas en la configuración de su hábitat.

3.1.5 Para democratizar el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos en la ciudad se debe: •

• •

Desarrollar una planeación, regulación y gestión urbanoambiental participativa que garantice la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, cultural y artístico. Desarrollar programas de mejoramiento barrial con base en proyectos participativos de protección del ambiente, prevención y mitigación de riesgos. Crear instancias para el manejo corresponsable de las áreas de reserva y protección ecológica y hacer cumplir la legislación para la protección del suelo de conservación y áreas naturales protegidas en la Ciudad de México.

3.1.6 Para garantizar el disfrute democrático y equitativo en la ciudad se debe: •

•

Generar instrumentos y programas que apoyen el rescate del espacio público en sus aspectos funcionales (encuentro y conectividad), sociales (de cohesión comunitaria), culturales (simbólicos, patrimoniales, lúdicos y de convivencia) y políticos (de expresión política, reuniones, asociación y manifestación). Desarrollar instrumentos y programas que fomenten: la construcción y operación de equipamientos culturales pú30

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.30 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

111

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

112 blicos no mercantiles; iniciativas culturales autónomas, en particular de las y los jóvenes creadores; espacios deportivos; manifestaciones culturales de calle, entre otros. 3.2 Ciudad incluyente 3.2.1 Para lograr la construcción de una ciudad incluyente, todas las personas que habiten en la Ciudad de México deben poder gozar de todos los derechos humanos, entre otros: • • • • • • • • • • • •

Derecho a la vida. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la no discriminación. Derecho a la diferencia. Derecho a la libertad de conciencia. Derecho a profesar libremente su religión. Derecho a la libertad de residencia en el territorio de la ciudad. Derecho a la tierra y a un lugar seguro donde vivir. Derecho a contar con servicios públicos básicos (agua, saneamiento y energía). Derecho a la vivienda. Derecho a la libertad de circulación. Derecho al transporte público y a la movilidad urbana.

3.2.2 Para garantizar la función social incluyente de la ciudad y la propiedad se debe: •

•

Democratizar el uso de la ciudad (acceso igualitario de todas y todos al suelo, los bienes naturales, los bienes, servicios y equipamientos urbanos), combatiendo la segregación económica, social, espacial y étnica. Implementar políticas de recuperación de inmuebles ociosos (tierras y edificios) para la realización de proyectos de hábitat popular y de producción social del hábitat. – Integrar reservas o bolsas de suelo e inmuebles adecuados a las necesidades habitacionales de los sectores populares, que incluyan mecanismos departicipación y con31

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.31 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

•

trol social, que faciliten su acceso a los mismos. – Aceptar el pago de deudas de los particulares con el Gobierno de la Ciudad de México mediante donación de inmuebles, para destinarlos a programas de hábitat popular, equipamientos y espacios públicos. – Aplicar políticas tributarias, como el pago de impuestos progresivos, que desestimulen la posesión de suelo en engorda y edificios desocupados. Inhibir la especulación inmobiliaria y adoptar normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización, mediante la captación de rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública en favor de los programas sociales que garanticen el derecho al suelo y la vivienda y estimulen la producción social del hábitat. Definir y destinar zonas cuyo uso de suelo sea de interés social, para la construcción prioritaria de vivienda destinada a familias y personas de bajos ingresos y/o en condiciones de discriminación dentro de la ciudad, como parte de los planes de ordenamiento territorial.

32

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.32 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

113

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

114 •

•

Promover un marco regulatorio de los servicios públicos que garantice tarifas controladas y diferenciadas en función del nivel de consumo, sin afectar la cantidad y calidad del suministro para los sectores de menores recursos. Priorizar el desarrollo de leyes e instrumentos que contemplen la especificidad de la situación de las mujeres en los casos de separación y abandono para garantizar su seguridad de la tenencia.

3.2.3 Para garantizar la gestión democrática e incluyente en la ciudad se debe: • • • • •

Respetar y fomentar el desarrollo de identidades diversas a través de procesos participativos y democráticos desde las comunidades, sin discriminación alguna. Reconocer la ciudadanía de las poblaciones callejeras para garantizar que sean sujetos de derechos e interlocutores reconocidos en los temas que los afectan. Incorporar en las políticas públicas mecanismos de participación directa que garanticen la democratización de la planeación y del uso del territorio. Hacer más eficiente la gestión administrativa para acceder a los programas y servicios públicos. Garantizar la participación de las mujeres en los espacios deliberativos y de toma de decisiones.

3.2.4 Para garantizar la producción democrática e incluyente en la ciudad se debe: •

• •

Fomentar la creación de empleos para las y los jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, poblaciones callejeras, entre otros, que necesitan incorporarse en la vida profesional y laboral. Construir accesos, equipamientos apropiados y otras medidas para facilitar el trabajo de personas con discapacidad y personas adultas mayores. Fomentar la igualdad de acceso de madres, padres y tutores al trabajo mediante la creación de guarderías con horarios 33

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.33 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

• •

amplios, comedores populares y otros servicios. Reconocer el papel que cumple la economía popular en el combate a la exclusión social otorgándole estatus legal y fiscal que considere los intereses legítimos de quienes la practican y evite su explotación por terceros. Mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores independientes y agrícolas, y de los asalariados y asalariadas, garantizando el derecho a la seguridad social. Aplicar criterios de equidad y justicia en el diseño e implementación de las normas que regulan la producción y el comercio que realizan los grupos indígenas en la ciudad.

3.2.5 Para garantizar la inclusión social en el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno se debe: •

•

Generar espacios de control ciudadano sobre el manejo público de los bienes ambientales, energéticos y patrimoniales, con el fin de garantizar su accesibilidad y disfrute por todas las personas que habitan o visitan la ciudad. Promover mejoras a la normatividad que faciliten la regularización de la tenencia en asentamientos populares que no ocupen zonas de riesgo y de protección ecológica.

3.2.6 Para garantizar el disfrute incluyente, democrático y equitativo en la ciudad se debe: •

•

Estimular la asequibilidad económica y la accesibilidad física a centros culturales, artísticos y deportivos, promoviendo que el uso de los servicios e instalaciones se haga de manera equitativa y no discriminatoria. Promover el equilibrio y la armonía entre la identidad y la diversidad.

3.3 Ciudad sostenible 3.3.1 Para construir una ciudad sostenible, se debe garantizar que todas las personas puedan gozar de los siguientes derechos: 34

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

115

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

116 • • •

Derecho a vivir en un medio ambiente sano. Derecho a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. Derecho al acceso y uso del territorio urbano y rural dentro de condiciones ambientales y económicas sustentables.

3.3.2 Para garantizar que la función social de la ciudad y la propiedad sea sostenible a largo plazo se debe: • •

Formular e implementar políticas para promover el uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo. Armonizar la normatividad y su aplicación, así como las políticas ambientales, de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, vivienda y agua para atender las necesidades sociales sin aumentar la presión sobre los bienes naturales.

3.3.3 Para lograr que la gestión democrática de la ciudad contribuya a su sustentabilidad se debe:

35

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

• • •

• • • •

Ejercer por parte de las entidades públicas responsables la tutela efectiva de las áreas de conservación y naturales protegidas. Promover el manejo y el uso racional, ambiental y socialmente responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno. Formular estrategias, políticas públicas y demás acciones participativas en pro de la protección, preservación y mejoramiento del ambiente, buscando asegurar la preservación del equilibrio natural, la estabilidad del ecosistema y la utilización racional de los bienes naturales. Promover y respetar la participación social y garantizar el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental. Hacer cumplir la protección ambiental en las actividades empresariales y en las prácticas de comercialización. Vigilar permanentemente la aplicación de estos lineamientos de acción, mediante procesos de auditoría ciudadana independiente en cada Delegación. Determinar las zonas de crecimiento restringido para la totalidad del territorio del Distrito Federal, mediante procesos que incluyan la participación y control ciudadanos.

3.3.4 Para garantizar que la producción democrática en la ciudad sea sostenible se debe: • •

•

Desarrollar programas y fomentar prácticas sociales de p r o ducción, distribución y consumo que contribuyan a fortalecer la soberanía alimentaria del país. Preservar las áreas rurales productivas, fortaleciendo la capacidad productiva y económica de las comunidades y frenando la especulación orientada a cambiar los usos de suelo; muy particularmente preservar y mejorar la zona chinampera en las Delegaciones Xochimilco y Tláhuac. Generar las condiciones políticas y económicas necesarias para garantizar la continuidad de los programas de apoyo a la economía popular y solidaria y sistemas que aseguren una progresiva y justa distribución de los recursos y fondos para la implementación de las políticas sociales. 36

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

117

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

118 •

Fomentar y apoyar con créditos y estímulos fiscales la capacitación y operación a las sociedades cooperativas y otros emprendimientos sociales que promuevan el mejoramiento ambiental y la economía popular y solidaria.

3.3.5 Para garantizar hoy y para las futuras generaciones el manejo sustentable, responsable y sostenible de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos en la ciudad se debe: • •

•

• •

Garantizar la observancia y el cumplimiento de los instrumentos de política ambiental. Establecer regulaciones urbanas y mecanismos que fomenten y hagan efectivo: – El uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. – El uso de energías alternativas. – La disposición y reciclamiento responsable de los desechos (metabolismo circular). – La protección y uso racional de las zonas boscosas. – La protección y uso racional de acuíferos. – La captación y filtración al subsuelo del agua de lluvia. – La preservación de los mantos acuíferos. – La ampliación significativa del tratamiento y reciclamiento de las aguas servidas. Promover el uso racional y responsable de los bienes energéticos a través de: – el uso eficiente de la energía en grandes equipamientos como hospitales, escuelas, oficinas, etc. (conformar una base de datos actualizada de los consumos energéticos por equipamientos para determinar sus ahorros energéticos y de servicios). – el uso de tecnologías ahorradoras de energía en edificios públicos y viviendas. – el diseño bioclimático de las nuevas construcciones. Preservar las áreas naturales protegidas, de reserva ecológica, conservación y recarga de los mantos acuíferos. Establecer normas más estrictas que obliguen a medir, evitar y en su caso sancionar el impacto negativo de los megaproyectos urbanos (plazas comerciales, vialidades, vías 37

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

• • •

•

y terminales de transporte masivo, grandes conjuntos de usos mixtos y habitacionales) previo a su realización, en los aspectos ambiental, económico y social, en las que se tome en cuenta las aportaciones académicas y de la sociedad civil. Fomentar una descentralización equilibrada de las actividades económicas, políticas y educativas de la ciudad para disminuir de forma radical la movilidad urbana. Ampliar las redes de transporte público de alta capacidad; eficiente, poco contaminante, seguro, cómodo, accesible y a precios asequibles y avanzar hacia la multi e intermodalidad. Promover la reconversión, revitalización y sustentabilidad de la industria en la ciudad, priorizando aquella no contaminante y que implique un bajo consumo de agua y suelo. Preservar y ampliar las áreas verdes comunitarias e incorporar la experiencia de los grupos indígenas y campesinos en los programas de reforestación y en el cultivo de plantas medicinales de uso tradicional.

3.3.6 Para garantizar el disfrute democrático, equitativo y sostenible en la ciudad se debe: • • • •

Ampliar y dar mantenimiento a parques públicos. Recuperar, preservar y mejorar barrancas y áreas degradadas. Utilizar materiales no contaminantes para la construcción de los espacios públicos. Construir, ampliar y dar mantenimiento a vías peatonales y ciclopistas con materiales de calidad, señalización e iluminación, y promover el uso de la bicicleta y otros vehículos no contaminantes.

3.4 Ciudad productiva 3.4.1 Para lograr una ciudad productiva se deben garantizar los siguientes derechos humanos laborales: •

Derecho al trabajo en condiciones satisfactorias y equitativas 38

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

119

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

120

• • • • •

en términos sociales y de género. Derecho a ingreso suficiente que garantice una vida digna. Derechos a organizarse (sindicatos, cooperativas, entre otros). Derecho a la seguridad social. Derecho a participar en la producción de la ciudad. Derecho a generar emprendimientos productivos autogestionarios.

3.4.2 Para garantizar la función social de la ciudad en apoyo a la economía popular se debe: • Garantizar suelo e inmuebles para la producción y servicios que faciliten la inserción productiva de los sectores populares en la ciudad y en los desarrollos habitacionales. – Incluir espacios y actividades generadoras de ingresos en nuevos desarrollos habitacionales privados. • Establecer programas destinados a la generación de actividades y espacios productivos vinculados a la producción y la gestión social del hábitat. – Espacios destinados a la generación de ingresos en las viviendas.

39

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

– Locales destinados a la producción y los servicios en los conjuntos habitacionales. – Espacios, servicios y actividades que generen excedentes a los habitantes organizados para cubrir costos de mantenimiento y programas solidarios en desarrollos comunitarios y conjuntos habitacionales. – Proyectos productivos vinculados a la gestión ambiental de los conjuntos: invernaderos, manejo y procesamiento de desechos. Establecer regulaciones que impidan que la ubicación y operación de los centros comerciales y macrotiendas impacten negativamente en la supervivencia de los establecimientos populares de producción, distribución y servicios.

3.4.3 Para democratizar las oportunidades de empleo productivo en la ciudad se debe: • • •

• • •

•

Procurar y difundir información sobre los medios para obtener acceso al empleo, a través del establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo. Promover programas de capacitación, bolsas de trabajo y otros apoyos. Facilitar la utilización de recursos provenientes del presupuesto público para impulsar la creación de empleo productivo a través de emprendimientos familiares, asociativos y privados. Generar condiciones que faciliten la incorporación de las mujeres al desarrollo de actividades productivas remuneradas y al empleo. Impulsar la creación de empleos suficientes y adecuados para las y los jóvenes, mediante la creación de un sistema permanente de capacitación y adquisición de experiencia. Promover la participación de pequeñas y medianas empresas productivas y solidarias en ferias, exhibiciones, encuentros, foros y eventos nacionales e internacionales para el posicionamiento de sus productos y servicios. Promover el establecimiento del ingreso ciudadano universal. 40

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

121

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

122 3.4.4 Para garantizar la producción democrática en la ciudad se debe: •

• •

•

• •

Impulsar al sector social de la economía (creación de cooperativas asociaciones, entre otras), fortaleciendo las capacidades creadoras, autogestoras, productoras y administradoras de las personas, organizaciones y redes de la economía popular y solidaria. Fortalecer con créditos y asistencia técnica los proyectos autogestivos (vivienda, microempresas, etc.) que parten de las experiencias de las comunidades. Apoyar con infraestructura, financiamiento y asistencia tecnológica a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas asociativas para crear entre ellas cadenas produc tivas y solidarias. Otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas familiares y sociales para equipamiento, consultoría, adquisición de mobiliario, adecuación de infraestructura, capacitación y asistencia técnica. Fomentar la creación de empleos estables, bien remunerados y con seguridad social en los sectores privado, público, agrícola, industrial, comercial y de servicios. Fomentar el uso de tecnologías apropiadas a los procesos de producción social de la ciudad y consolidación de un hábitat productivo, priorizando aquellas que garanticen un uso más racional y sustentable de los bienes naturales y energéticos.

3.4.5 Para garantizar que las actividades productivas contribuyan al manejo sustentable, responsable y productivo de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos en la ciudad se debe: • Promover la agricultura urbana. • Promover proyectos de ecoturismo, generación de empleo y comercialización de productos para proteger las zonas de conservación. • Asegurar que los procesos de producción, apropiación y consumo del espacio público y privado estén de acuerdo con los límites físicos del medio ambiente, la infraestructura, el equilibrio ecológico, la conservación del patrimonio y las prácticas históricas y culturales. 41

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

• •

Promover e impulsar pequeñas y medianas empresas industriales de acuerdo a las normas ambientales y a la planeación urbana. Fomentar la producción social de alimentos en el ámbito urbano como una actividad sustentable y de integración de grupos.

3.4.6 Para fomentar la producción y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad: •

Ubicar actividades productivas y servicios que generen trabajo en zonas exclusivamente habitacionales para disminuir traslados, riesgos, costos e impactos negativos en la economía y la convivencia urbana.

3.5 Ciudad educadora 3.5.1 Todas las personas tienen en la ciudad los siguientes derechos: • • • •

Derecho a la educación. Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, incluyendo el acceso a las nuevas tecnologías de la información y a su actualización periódica. Derecho a la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. Derecho a la libertad para la investigación científica y la actividad creadora.

3.5.2 Para garantizar la función social y educadora de la ciudad se debe: •

•

Garantizar el acceso e incrementar la disponibilidad y la calidad de los espacios educativos y culturales próximos a los diferentes grupos sociales, de edad y en situación de discriminación. Instrumentar acciones en apoyo a los proyectos alternativos de educación (como los centros comunitarios infantiles y de madres educadoras), y las escuelas que se forman en 42

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

123

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

124

• •

los asentamientos y los barrios en la perspectiva de la educación popular. Impulsar una ciudad formadora y democrática, fomentado principios como la solidaridad, confianza, colectividad, respeto, convivencialidad, igualdad y tolerancia, entre otros. Crear espacios de denuncia y atención integral a la violencia y resolución no violenta de conflictos en los planteles educativos.

3.5.3 Para capacitar a diversos actores en apoyo de la gestión democrática en la ciudad se debe: •

•

Generar y fortalecer la construcción de ciudadanía. – Promover convenios entre instituciones para capacitación y formación ciudadana. – Promover la participación ciudadana desde una perspectiva educativa, en espacios formales y no formales, que permitan generar desde la infancia una nueva cultura p a r ticipativa. Considerar y apoyar todas las modalidades de educación: 43

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

• • •

formal, informal y popular Promover la educación en la diversidad y formar en valores cívicos y ciudadanos. Fomentar la generación de conocimiento científico y tecnológico vinculado con la solución de los problemas de los habitantes y de la propia ciudad. Proporcionar capacitación, formación y actualización en materia del Derecho a la Ciudad a todos los actores involucrados en la implementación de la Carta.

3.5.4 Para democratizar la educación orientada a la producción de la ciudad y en la ciudad se debe: • •

•

•

Promover un programa permanente de capacitación y actualización tecnológica para los trabajadores y pequeños productores. Aprovechar la experiencia de las personas adultas mayores (las y los trabajadores, artesanos, maestros) en la capacitación de nuevas generaciones y en la formación de aprendices. Fomentar la relación entre la investigación científica y el desarrollo tecnológico con la industria y la producción social (cooperativas, micro-empresas familiares) de bienes necesarios y accesibles. Fomentar la cultura de la educación y capacitación permanentes para adquirir nuevas habilidades y capacidades que faciliten la inserción productiva en la sociedad urbana y el mejoramiento del ingreso.

3.5.5 Para capacitar a la población en el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos en la ciudad se debe: • •

Promover la educación ambiental dirigida a la sociedad en general y a las y los funcionarios públicos. Promover orientación, formación técnico-profesional y desarrollo de normas y programas que incidan eficazmente en la construcción de una ciudad ambiental, económica, social y 44

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

125

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

126

• • • •

• •

culturalmente sostenible dentro de una visión de largo plazo. Fortalecer el papel de los medios de comunicación en la educación ambiental de la sociedad. Fortalecer el papel de la educación escolar y universitaria y de la investigación académica como generadores de conocimiento y cultura de la sustentabilidad. Rescatar el conocimiento y experiencia de los pueblos tradicionales que habitan en la ciudad respecto al manejo y preservación de los bienes naturales y culturales. Contribuir a la protección del medio ambiente, a través de actividades educativas, normativas, administrativas, operativas y de control que enfaticen la construcción participativa de una cultura de respeto al patrimonio natural. Instruir a la población acerca del valor histórico–patrimonial de la ciudad a través de programas multiculturales e intergeneracionales. Generar espacios y programas de vinculación con la naturaleza (jardines botánicos, parques temáticos, zoológicos) que fomenten un mejor conocimiento y respeto del patrimonio natural y ambiental de la ciudad mediante el esparcimiento y el disfrute.

3.5.6 Para generar procesos educativos que impulsen el disfrute democrático y equitativo de la ciudad es necesario: • •

•

Fomentar la formación cívica de las personas y estimular su participación en la toma de decisiones sobre los espacios públicos. Impulsar actividades culturales, recreativas y deportivas como instrumentos de cohesión social, que permitan el desarrollo de los talentos, las destrezas y las habilidades de los habitantes. Desarrollar campañas y programas que eleven el nivel cívico, mejoren la convivencia y promuevan el respeto y la tolerancia en el marco intercultural que caracteriza a la Ciudad de México. 45

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

• • •

Establecer programas de becas para impulsar la educación, el deporte y la cultura entre niños, niñas y jóvenes. Generar procesos de conocimiento, de diálogo y de participación, como camino idóneo para alcanzar una convivencia armónica. Fomentar el respeto hacia las culturas indígenas y el conocimiento de sus tradiciones, así como de la discriminación y obstáculos que enfrentan para el ejercicio pleno de sus derechos en el contexto urbano.

Ciudad habitable 3.6 Ciudad segura ante los desastres y accidentes. 3.6.1 Para lograr una ciudad habitable y segura en términos de desastres y accidentes, todas las personas deben gozar de los siguientes derechos: • • •

Derecho a la seguridad personal e integridad física, frente a los riesgos y desastres. Derecho a lugar seguro donde vivir. Derecho a espacios seguros donde desarrollar actividades individuales y colectivas.

3.6.2 Para garantizar la seguridad física y la función social de la ciudad: • •

•

Reducir la vulnerabilidad de las áreas ya ocupadas respetando los derechos y mejorando las condiciones habitacionales y sociales de sus habitantes. Realizar programas participativos de reubicación de habitantes de zonas y edificios de alto riesgo en áreas cercanas y en condiciones que sustituyan o compensen sus pérdidas patrimoniales y respeten sus redes sociales. Asegurar que la ayuda durante la etapa de emergencia y posterior a ella contribuya y atienda las necesidades reales de la población en procesos de recuperación, reconstrucción y prevención. 46

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

127

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

128

3.6.3 Para impulsar la gestión democrática de riesgos en la ciudad: • • • •

•

Difundir ampliamente el mapa de las zonas vulnerables de la Ciudad de México. Informar a la población que vive en zonas de riesgo sobre sus implicaciones y las acciones de prevención y mitigación necesarias para evitarlos. Promover procesos de autodiagnóstico de vulnerabilidad y riesgo. Impulsar procesos organizativos que incluyan la prevención de desastres y la mitigación de riesgos con participación amplia de organizaciones sociales, académicas y organismos civiles y no gubernamentales. Incluir la participación social en los planes de manejo de emergencias.

3.6.4 Para fortalecer la prevención de desastres en las áreas de riesgo a la ciudad se debe: •

Incluir la revisión y mejoramiento estructural de las construc47

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

• •

ciones existentes en los programas de mejoramiento barrial y de vivienda que se realizan en asentamientos populares. Verificar permanentemente el estado de las zonas e inmuebles urbanos potencialmente riesgosos. Informar a la población sobre zonas de riesgo para la edificación de vivienda (posibles grietas, hundimientos, deslizamientos, inundaciones).

3.6.5 Para garantizar que el manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos contribuya a mitigar los riesgos en la ciudad se debe: •

Prevenir la ocupación de áreas vulnerables a fenómenos naturales y prevenir los impactos de la degradación ambiental, la deforestación, y la destrucción de cauces y barrancas.

3.6.6 Para mejorar la seguridad física y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad: • • • • • •

Ampliar la disponibilidad de juegos infantiles seguros en parques y jardines. Definir, ampliar y respetar las áreas reservadas para peatones y personas con discapacidad. Definir, ampliar y hacer respetar las ciclopistas en todas las zonas de la ciudad. Ampliar a las colonias populares el cierre de avenidas en domingos y días festivos para fines deportivos y recreativos. Prohibir la instalación de anuncios espectaculares peligrosos y remover los existentes. Garantizar en los espacios públicos (parques, plazas y jardines) la accesibilidad y el desplazamiento seguro de niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

3.7 Ciudad segura libre de violencia 3.7.1 Para lograr una ciudad segura y libre de violencia todas las personas deben poder ejercer los siguientes derechos: 48

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

129

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

130 • • • • •

Derecho a la seguridad e integridad personales (física, sexual, psicológica, y moral, entre otras). Derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Derecho a la intimidad y a la privacidad: a la vida privada y familiar en sus diversas modalidades y a la protección contra la violencia intrafamiliar. Derecho a la convivencia pacífica, solidaria y multicultural. Derecho a la protección contra los desalojos forzados.

3.7.2 Para garantizar que la función social de la ciudad, la tierra y la propiedad contribuya a la seguridad de sus habitantes se debe: •

•

Evitar los procesos de desalojo y que, en el caso de ser necesarios, se respeten los derechos humanos de los afectados de acuerdo a los estándares e instrumentos internacionales. – En casos justificados de desalojo por interés público o por riesgos, los afectados deberán tener acceso a: juicio justo, compensación económica, restitución en lugar seguro, cercano y en condiciones iguales o mejores a las originales. Garantizar el derecho al arraigo, evitando el desplazamiento y la destrucción de asentamientos populares por motivos de especulación, embellecimiento urbano y cambios planificados de uso de suelo.

3.7.3 Para fomentar y vigilar la gestión democrática de la seguridad en la ciudad se debe: • Crear una contraloría ciudadana que, desde la óptica de la sociedad civil, vigile el funcionamiento de las corporaciones de seguridad pública y procuración de justicia, pida rendición de cuentas y realice observaciones y recomendaciones. • Capacitar sobre el tema de derechos humanos a policías y otros actores involucrados en la seguridad de la ciudad. 3.7.4 y 3.7.5 Para garantizar que la producción de la ciudad y el manejo de los bienes ambientales contribuyan a la seguridad se debe: 49

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

Establecer criterios de diseño barrial y de conjuntos habita cionales que favorezcan la apropiación comunitaria y el control visual de los espacios públicos.

3.7.6 Para garantizar el disfrute democrático, equitativo y seguro de la ciudad se debe: • •

•

Integrar el tema de la seguridad urbana como atributo del espacio público en la planeación de la ciudad y los programas y proyectos sectoriales. Impulsar la realización de eventos culturales, actividades sociales y de esparcimiento que rescaten las tradiciones barriales a fin de valorar nuestra historia y nuestro entorno, y así dar seguridad comunitaria a los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales. Para fortalecer la convivencia en la ciudad se debe: – Impulsar los valores humanos y generar formas de vida sin violencia mediante el rescate de la vida comunitaria. – Reconstruir el tejido social con la participación de las personas y organizaciones de la sociedad civil. 50

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

131

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

132 •

• • •

Mejorar la seguridad en parques, jardines, áreas deportivas, ciclopistas y zonas boscosas mediante la acción corresponsa ble de las organizaciones ciudadanas que las utilizan y la implementación de medidas más efectivas de diseño, iluminación y vigilancia. Fortalecer los programas de seguridad para las mujeres en el transporte público. Fomentar que niñas, niños y jóvenes disfruten de su derecho a una vida libre de violencia en las escuelas. Eliminar progresivamente los índices de violencia ejercida en la calle y en diversas instituciones contra las poblaciones callejeras.

3.8 Ciudad saludable 3.8.1 Para lograr una ciudad saludable, todas las personas deben gozar de los siguientes derechos: • • • • • •

Derecho a un medio ambiente sano. Derecho al nivel más alto posible de salud física y mental. Derecho a una alimentación adecuada. Derecho a agua suficiente y de calidad. Derecho a servicios de saneamiento y manejo de basura. Derechos sexuales y reproductivos.

3.8.2 Para fortalecer la salud y la función social de la ciudad, se debe: •

•

•

Promover programas de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, campañas de educación sexual y reproductiva, buena alimentación, prevención, vacunación, saneamiento, medicina alternativa y medidas para proteger a todos los grupos en situación de discriminación. Fortalecer los centros especializados existentes de atención médica y psicológica para personas que consumen sustancias adictivas (drogas, alcohol y/o tabaco) – y sus familiares - y crear otros para lograr la cobertura gradual. Evitar la utilización de terrenos contaminados por residuos tóxicos o cercanos a zonas industriales de alto impacto 51

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

•

• • • •

•

ambiental (humos, ruidos, descargas de drenajes y partículas tóxicas) para usos habitacionales, deportivos, educativos, hospitales, etc. Destinar recursos al mejoramiento de las condiciones sanitarias de áreas habitacionales, equipamientos y espacios públicos, principalmente en los asentamientos populares y zonas marginadas. Procurar que los establecimientos y servicios de salud se encuentren al alcance geográfico de todos los sectores de la población, y en especial de la población en situación de discriminación. Contar con zonas de abasto de alimentos cercanas y asequibles. Garantizar legalmente que los programas de salud sean incluyentes, priorizando la atención al sector de bajos recursos. Generar condiciones para que todas las personas puedan alimentarse sanamente. Rescatar y apoyar las experiencias comunitarias y alternativas en el tema de salud, y garantizar la disponibilidad de espacios institucionales donde se pueda ejercer la medicina alternativa. Promover el acceso a alimentos saludables en las escuelas.

3.8.3 Para impulsar la gestión democrática de la salud en la ciudad se debe: • • • •

Generar y reforzar acciones, programas y campañas activas e informativas relacionadas con la salud preventiva, eficaz y menos costosa. Difundir información sobre los establecimientos de salud disponibles en las comunidades, y sus políticas, programas y servicios. Promover la creación de comunidades saludables basadas en un pacto entre organizaciones de la sociedad, instituciones sectoriales y autoridades. Prevenir las adicciones a drogas, alcohol y tabaco en el marco de la autonomía de las personas, mediante campañas, vínculos con grupos especializados de la sociedad civil y 52

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

133

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

134

acciones específicas dirigidas a grupos en situación de discriminación. 3.8.4 Para proteger la salud en las actividades productivas de la ciudad se debe: • •

Mejorar las condiciones de higiene y seguridad en los centros de trabajo. Incluir capacitación sobre seguridad y equipos de protección en los programas de mejoramiento barrial y de producción social de vivienda.

3.8.5 Para garantizar el manejo saludable, sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno: • •

Conservar y ampliar las áreas verdes, arboladas y boscosas, zonas de pasto, arbustos y/o azoteas verdes con el fin de mejorar la calidad del aire en la ciudad. Garantizar agua suficiente, salubre, accesible y asequible para el uso personal y doméstico de todas las personas que habitan y transitan la ciudad. 53

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

Prevenir y reducir la exposición de la población a radiaciones y sustancias químicas u otros factores ambientales perjudiciales que afecten directa o indirectamente su salud.

3.8.6 Para garantizar el disfrute saludable, democrático y equitativo en la ciudad se debe: • • •

• •

Facilitar, promover y mantener espacios para la práctica de actividades físicas y deportivas. Realizar programas de saneamiento y limpieza de los espacios públicos. Concientizar a la población respecto a la protección, el buen cuidado de las mascotas, al manejo responsable de sus excretas y promover programas de vacunación y esterilización para mascotas. Avanzar permanentemente en el monitoreo y mejoramiento de la calidad del aire. Instaurar planes y programas para mitigar la contaminación: atmosférica, hidrológica, auditiva, visual y del suelo.

3.9 Ciudad convivencial y culturalmente diversa 3.9.1 Para construir una ciudad convivencial y culturalmente diversa, todas las personas, pueblos y grupos con identidad propia deben gozar de sus derechos culturales: • • • • • • •

Derecho a participar en la vida cultural. Derecho a la libertad cultural, lingüística y religiosa. Derecho de las personas a disponer de tiempo libre y de espacios públicos accesibles para la convivencia y el encuentro. Derecho a disponer de espacios públicos adecuados a la libre expresión de sus manifestaciones culturales. Derecho a disponer de espacios lúdicos y deportivos de calidad. Derecho a la convivencia comunitaria. Derecho a la manifestación y el debate en los espacios públicos. 54

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

135

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

136

3.9.2 Para fortalecer la función social y la convivencia en la ciudad se debe: • • •

Utilizar los espacios y bienes públicos priorizando el interés social, cultural y ambiental. Ampliar el número de parques públicos (superficie por habitante) y mejorar la calidad de los existentes. Promover la construcción de parques temáticos con apoyo de las comunidades extranjeras y provenientes de provincia que acojan sus manifestaciones culturales más características.

3.9.3 Para apoyar la gestión democrática de la ciudad y la convivencia social se debe: •

Propiciar el equilibrio para hacer efectivos tanto el respeto al derecho a la libre circulación como el derecho a la manifestación, buscando armonizar ambas libertades sin que ello se interprete como el predominio de una en detrimento de la otra. 55

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

•

Poner en práctica todas las acciones necesarias para que los habitantes de la ciudad sean consultados sobre las modificaciones al espacio público.

3.9.4 Para impulsar la producción democrática en la ciudad y la convivencia social se debe: •

Hacer converger y articular los programas de mejoramiento barrial, de vivienda, de conjuntos habitacionales, entre otros.

3.9.5 Para contribuir a la convivencia y al manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno se debe: • •

Promover una cultura de respeto y protección de los bienes naturales, ambientales, energéticos y patrimoniales en el uso y disfrute de los espacios públicos. Promover y apoyar la acción corresponsable de las organizaciones de usuarios de parques y áreas boscosas en su preservación.

3.9.6 Para fortalecer la convivencia y el disfrute democrático y equitativo en la ciudad se debe: • • • •

•

Fomentar el uso creativo y lúdico de espacios públicos para todas las personas. Generar espacios y componentes urbanos que estimulen el encuentro, el intercambio, la comunicación y la expresión política de las personas y los colectivos. Contar con espacios para la generación de programas culturales, artísticos, deportivos y recreativos. Ampliar la oferta cultural, deportiva y recreativa para todas las personas, asegurando que se atienda también a sectores específicos como: infancia, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y poblaciones callejeras. Favorecer la operación de medios alternativos de comunicación. 56

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

137

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

138

• • • • •

• •

Fortalecer la identidad de los diferentes barrios de la ciudad a través de su arquitectura y el carácter de sus plazas, jardines y elementos de monumentalidad. Generar mecanismos que estimulen el rescate de prácticas tradicionales y aportaciones de los habitantes para el cuidado, gestión y mejoramiento del espacio público. Realizar programas de convivencia ciudadana para fomentar el diálogo, la cooperación, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Fomentar la cohesión social entre los barrios y comunidades de la ciudad. Fomentar el diálogo entre generaciones, no sólo como fórmula de convivencia sino como búsqueda de proyectos comunes y compartidos entre personas de diferentes edades. Respetar las formas de vida de los grupos indígenas en el diseño de proyectos habitacionales. Regular la instalación, distribución, ubicación, modificación y retiro de toda clase de anuncios en la vía pública.

57

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.34 CAP-SEGUNDO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

CAPÍTULO TERCERO DISPOSICIONES FINALES 4. Obligaciones y responsabilidades Las instancias gubernamentales, las organizaciones sociales y civiles, y las personas en general tienen, de acuerdo a sus respectivas funciones en la sociedad, obligaciones o responsabilidades respecto a los derechos humanos contenidos en esta Carta. Por su parte, los particulares, las familias, las comunidades locales, organizaciones sociales, civiles y académicas y el sector empresarial nacional y transnacional tienen responsabilidades en el proceso de hacerlos efectivos. En tanto parte del Estado Mexicano que ha suscrito los instrumentos internacionales de los derechos humanos, a las entidades públicas locales y nacionales que actúan en el Distrito Federal, les corresponden obligaciones especificas, siendo los responsables últimos de su cumplimiento. Las obligaciones del Estado son: Respetar. Significa no violar los derechos, lo que implica abstenerse de tomar acciones que priven, limiten u obstaculicen a los habitantes la posibilidad de ejercer y concretar sus derechos humanos mediante la utilización de los recursos a su alcance. Proteger. Implica generar las medidas necesarias para evitar o prevenir que actores no estatales (como las empresas, los particulares, las iglesias, las organizaciones civiles y sociales, etc.) incurran en acciones que lleven a la violación de los derechos humanos. Estas acciones van desde la vigilancia y la regulación hasta la sanción. Realizar, cumplir o satisfacer. Significa adoptar todas las medidas adecuadas, incluyendo aquellas destinadas a ampliar los niveles de protección de los derechos reconocidos y el reconocimiento de nuevos derechos, y a generar los instrumentos, apoyos y recursos 59

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.59 CAP-TERCERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

139

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

140 financieros necesarios, al máximo de sus posibilidades, para la concreción material de los derechos humanos. Esta obligación entraña también las obligaciones de facilitar, promover y garantizar o hacer efectivos los derechos humanos. 5. Violaciones del Derecho a la Ciudad Constituyen violación del Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, a través de medidas legislativas, administrativas y judiciales, y prácticas sociales que resulten en el impedimento, la restricción o la afectación del Derecho a la Ciudad y sus implicaciones. 6. Exigibilidad Todas las personas que habitan y transitan en el Distrito Federal deben tener acceso a mecanismos de exigibilidad jurídica, así como de exigibilidad política y social para demandar el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos contenidos en esta Carta. Se deberá, igualmente, avanzar hacia el reconocimiento de este derecho en los instrumentos existentes y en los nuevos que se generen para facilitar los mecanismos de justiciabilidad del Derecho a la Ciudad. A la vez, será necesario atender las observaciones que se deriven de las instancias de derechos humanos tanto locales como internacionales.

60

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.60 CAP-TERCERO - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA El cumplimiento de los compromisos que se detallan a continuación deberá apegarse a los principios rectores del Derecho a la Ciudad establecidos en el numeral 1.6 de esta Carta. Los signatarios de esta Carta se comprometen, al máximo de sus posibilidades, y de acuerdo a sus atribuciones, competencias y campos de acción, a contribuir activamente en la implementación y puesta en práctica de los postulados y lineamientos contenidos en ella. Como tareas a priorizar para los diversos actores se establecen las siguientes: Gobierno Local Ejecutivo central • • • •

• • • •

Generar iniciativas de ley en consonancia con el Derecho a la Ciudad. Procurar justicia. Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con la perspectiva del Derecho a la Ciudad. Presupuestar con perspectiva del Derecho a la Ciudad, canalizando el máximo de recursos disponibles para superar progresivamente las condiciones que impiden el acceso equitativo a los bienes y servicios que la población requiere y que la ciudad ofrece. Proporcionar capacitación a los funcionarios públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) en materia de Derecho a la Ciudad y los derechos humanos que éste incluye. Informar y difundir ampliamente los contenidos del Derecho a la Ciudad. Establecer indicadores para monitorear y evaluar la implementación del Derecho a la Ciudad. Ampliar y abrir nuevos espacios de participación ciudadana para la consulta y definición de las políticas públicas. 61

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.61 COMPROMISOS - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

141

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

142

• • •

Fomentar el disfrute equitativo de la ciudad para todos sus habitantes. Desarrollar y/o ampliar los mecanismos de coordinación, concertación y mediación. Diseñar y ampliar mecanismos de exigibilidad y avanzar hacia la justiciabilidad de los derechos ya reconocidos y del propio derecho a la ciudad.

Delegaciones políticas • • • •

Promover, fortalecer y ampliar la participación ciudadana en la asignación del presupuesto y en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Generar las condiciones necesarias para el respeto de los derechos de las personas que habitan o transitan en sus demarcaciones. Asignar presupuesto y programas específicos para difundir y promover el Derecho a la Ciudad. Mantener coordinación constante con el Gobierno del Distrito Federal para que se haga efectivo, en cada una de las demarcaciones, el Derecho a la Ciudad. 62

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.61 COMPROMISOS - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Legislativo • • • • • •

Reconocer legalmente el Derecho a la Ciudad. Legislar en consonancia con el Derecho a la Ciudad. Alentar la participación ciudadana en la formulación e implementación de leyes. Armonizar el marco legal local con los criterios definidos por los estándares internacionales de los derechos humanos. Reconocer nuevos derechos en la legislación local. Aprobar presupuestos y vigilar su ejecución con perspectiva de derechos humanos.

Judicial • • •

Aplicar los instrumentos internacionales de los derechos humanos ratificados por México y así avanzar en su justiciabilidad. Reconocer el Derecho a la Ciudad e impulsar que éste se aplique de acuerdo con los principios que lo sustentan. Garantizar la impartición pronta, expedita y gratuita de la justicia en materia de los derechos contenidos en el Derecho a la Ciudad.

Organismos públicos autónomos • • • •

Difundir y promover los contenidos del Derecho a la Ciudad y sus implicaciones, ampliando los mecanismos y espacios de participación social. Dar seguimiento a los compromisos establecidos en las disposiciones finales de esta Carta. Promover esquemas de apoyo y coinversión para fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia del Derecho a la Ciudad. Contribuir, de acuerdo a sus atribuciones y campos de acción, a la protección y/o satisfacción de los derechos h u m a n o s que conforman e interactúan en el Derecho a la Ciudad.

63

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.61 COMPROMISOS - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

143

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

144 •

Asumir una actitud y compromisos de colaboración con todos los actores a quienes se hace referencia en esta Carta para procurar el cumplimiento de las metas establecidas.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: • •

Trabajar en la protección, defensa, vigilancia, promoción, educación, estudio y difusión de los derechos comprendidos en el Derecho a la Ciudad. Dar seguimiento, de acuerdo a sus atribuciones y campos de acción, a la implementación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal desde la perspectiva del Derecho a la Ciudad.

Entidades educativas • •

Propiciar la inclusión de los temas vinculados al Derecho a la Ciudad en los programas y actividades formativas, de investigación, vinculación y difusión. Difundir y promover los contenidos del Derecho a la Ciudad y sus implicaciones.

Organismos de la sociedad civil • • • • • • •

Difundir ampliamente los contenidos de esta Carta y las buenas prácticas que se deriven de su aplicación. Participar en espacios ciudadanos de consulta y monitoreo. Documentar casos de violaciones o de incumplimiento de la progresividad a que está obligado el Estado. Promover conciencia y consensos sobre las responsabilidades que deben asumir los ciudadanos para construir una ciudad para todos. Producir y presentar informes ante instancias nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Denunciar violaciones al Derecho a la Ciudad. Intercambiar y difundir buenas prácticas, instrumentos y políticas públicas nacionales e internacionales que contribuyan a la mejor implementación del Derecho a la Ciudad. 64

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.61 COMPROMISOS - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Organizaciones sociales • • • • •

Promover y dar a conocer el Derecho a la Ciudad entre sus integrantes y entre las redes de organizaciones sociales. Generar propuestas y desarrollar actividades que contribuyan a defender, dar vigencia y concreción a los derechos contenidos en el Derecho a la Ciudad. Impulsar, en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal y la sociedad civil, políticas que contribuyan a la realización del Derecho a la Ciudad. Incorporar en sus proyectos la construcción de ciudadanía activa y responsable. Respetar lo establecido en esta Carta y colaborar para su cumplimiento.

Sector privado •

• • •

Actuar en el marco de un código de conducta acorde con los lineamientos y las recomendaciones de la ONU en el que se tenga presente el respeto del Derecho a la Ciudad y los derechos humanos que éste implica. Actuar dentro de un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos y contribuyendo siempre al desarrollo equitativo de las personas en la Ciudad de México. Respetar el derecho de todas las personas al usufructo equitativo de los recursos de que dispone la ciudad. Participar en coordinación con las instancias locales en el diseño e implementación de propuestas que beneficien el respeto y garantía del Derecho a la Ciudad.

Las personas en general • • •

Conocer y promover los derechos contenidos en esta Carta. Respetar los derechos de terceros. Realizar actividades que contribuyan a dar vigencia y concreción a estos derechos.

65

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.61 COMPROMISOS - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

145

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

146

La profundización y concreción de estos compromisos y de los lineamientos para la implementación de esta Carta implican procesos dinámicos de interacción y concertación entre los diferentes actores involucrados en ellos y plantea nuevos desafíos a la administración pública y al establecimiento de espacios y mecanismos para incorporar la participación social organizada en la gestión de la Ciudad. Todo ello exige generar nuevas formas de coordinación intersectorial de acciones corresponsables y de organización de la gestión urbana, y dar un papel más activo a las comunidades y organizaciones urbanas y rurales en la concertación y articulación de los programas públicos en sus territorios. Ciudad de México, julio de 2010 Año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución

66

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.61 COMPROMISOS - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

CONTACTOS www.porelderechoalaciudad.org.mx Wordpress: http://porelderecoalaciudad.wordpress.com/ Gobierno del Distrito Federal www.df.gob.mx Secretaría de Gobierno Tel.: 5345 8151 correo: [email protected] MUP-CND correo: [email protected] CDHDF Tel.: 5229 5600 exts.: 1612 y 1619 correo: [email protected] www.cdhdf.org.mx HIC-AL Tel.: 5512 1586 correo: [email protected] www.hic-al.org

67

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.67 CONTACTOS - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

147

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

148

Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad se imprimió en junio de 2010. 5000 ejemplares

68

TAMAÑO-20.8 X 13.5 cm.

Pag.68 COLOFON - DISEÑO-NMJO-JULIO 2010

Las Articulaciones y Estrategias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México para la Interlocución y la Incidencia

México, diciembre de 2011