Banco Interamericano de Desarrollo Sector de Integración y Comercio

Experiencia de Chile en la implementación y administración de acuerdos comerciales

RESUMEN DE POLÍTICAS #

BID-PB-131

Carlos Furche

Septiembre 2011

Experiencia de Chile en la implementación y administración de acuerdos comerciales

Carlos Furche

Banco Interamericano de Desarrollo Ingrese el año (4 dígitos)

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Tabla de contenido Introducción .......................................................................................................... III 1.

Reformas económicas vigentes antes del TLC ............................................1

2.

El proceso de apertura comercial negociada ..............................................2

3.

Estructura del TLC con Estados Unidos ...................................................11

4.

El proceso de implementación del TLC.....................................................19 4.1. Las condiciones iniciales ................................................................................ 19 4.2. Aspectos legales del proceso de implementación ........................................... 21 4.3. Compromisos de implementación................................................................... 22 4.4. La implementación del capítulo de propiedad intelectual .............................. 27 4.5. La administración del TLC ............................................................................. 30

5.

Algunas lecciones de la experiencia de implementación ..........................32 5.1. La apertura comercial como instrumento de desarrollo .................................. 32 5.2. Los límites del proceso de apertura comercial ................................................ 35 5.3. La gradualidad del proceso de apertura .......................................................... 37 5.4. La importancia de la dimensión institucional ................................................. 39 5.5. Los varios niveles de negociación .................................................................. 40 5.6. Cooperación público-privada .......................................................................... 41 5.7. Implementación, administración y aprovechamiento: los pilares de un único proceso ............................................................................................................ 42

6.

Bases para una agenda de cooperación regional ......................................44 6.1. Temas para una agenda renovada de política comercial ................................. 46 6.2. Ideas para una agenda de cooperación ............................................................ 52

Anexo I: Implementación de compromisos de propiedad intelectual en TLC 56 Anexo II: Compromisos de administración y marco institucional ...................61 Anexo III: Red de acuerdos comerciales de Chile ..............................................67 Anexo IV: Participación de las exportaciones de Chile en el mundo ...............67 Anexo V: Comercio de Chile con el mundo .........................................................68 Anexo VI: Diversificación de exportaciones ........................................................69 i

Anexo VII: Aumento del intercambio comercial, crecimiento del PIB y reducción de pobreza .............................................................................................69 Anexo VIII: Inversión de capitales chilenos en el mundo ..................................70 Referencias bibliográficas .....................................................................................71

ii

Introducción El presente trabajo aborda la experiencia recogida por Chile en su proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en vigencia desde el 1º de enero de 2004, una vez cumplidos en ambos países los trámites de aprobación en los respectivos Congresos, iniciados luego de la firma del Tratado en junio de 2003, aunque incorpora comentarios y reflexiones de orden más general relacionados con el proceso de apertura comercial chileno. Si bien el TLC de Chile con Estados Unidos posee una estructura de contenidos y arreglos institucionales para su administración similares a la de otros acuerdos existentes entre Estados Unidos y países de la región, como por ejemplo el TLC con Perú o el DR-CAFTA, es conveniente tener presente que las condiciones en que se negoció y puso en vigencia el TLC con Chile presenta algunas diferencias respecto de estos últimos. En efecto, en el caso de Chile, el TLC con Estados Unidos si bien constituyó un hito muy importante de su proceso de apertura económica, se trató en cierto modo de la consolidación definitiva de un proceso de apertura unilateral y bilateral iniciado más de una década antes, de modo que existía una importante acumulación previa de experiencia técnica e institucional vinculada a la apertura comercial, así como una desregulación de la economía bastante avanzada. No obstante, es claro igualmente que el TLC con Estados Unidos representó un punto de inflexión al incluir nuevas áreas temáticas y exigencias normativas, en especial aquellas vinculadas a Propiedad Intelectual, Aspectos Laborales y Medio Ambientales. Para Estados Unidos, luego de la suscripción del NAFTA hace ya más de una década, el TLC con Chile fue el primero negociado bilateralmente con un país latinoamericano, y es probable que esta experiencia tanto en la negociación como en el proceso posterior de implementación haya estado presente al momento de finiquitar los acuerdos más recientes con otros países de la región. De hecho, en lo que se refiere a implementación, se aprecian diferencias marcadas, por cuanto en el caso del TLC con Chile se establecieron plazos para el cumplimiento de diversos compromisos, en tanto en algunos de los más recientes se han establecido más bien condiciones a ser cumplidas previamente a la puesta en vigencia de los acuerdos. Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando en la región el proceso de implementación de los acuerdos con Estados Unidos está muy avanzado, existen aspectos de la experiencia chilena que pueden ser útiles, especialmente para la administración de los TLC con Estados Unidos o

iii

con otros socios comerciales, pues se trata de un ejercicio político-institucional de largo plazo, crucial para un cabal aprovechamiento de las oportunidades que se han abierto. Por otra parte, cabe también una reflexión de carácter más conceptual acerca de cómo concebir los procesos de implementación hasta ahora concentrados casi exclusivamente en su dimensión legal y normativa. En efecto, existe el riesgo de que una vez cumplidas las exigencias de cambios normativos e institucionales comprometidos para la implementación, se desatiendan otras dimensiones del acuerdo, como son su administración y el adecuado funcionamiento de la institucionalidad establecida para ello, sobre todo porque el proceso de implementación suele ser concebido más bien como una reacción a los requerimientos de una de las Partes del Acuerdo. Del mismo modo, el seguimiento y evaluación del aprovechamiento del tratado debería contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas a maximizar la utilización de sus potencialidades. De esta manera, el presente trabajo si bien se focaliza en la experiencia y compromisos específicos vinculados a la implementación del TLC entre Chile y Estados Unidos, procura abordar algunos aspectos temáticos que van más allá de la revisión fáctica de su avance y cumplimiento. El documento se ha estructurado presentando en primer lugar un breve recuento de las principales reformas económicas y del proceso de liberalización comercial efectuado por Chile previamente a la negociación con Estados Unidos, y que de alguna manera constituye el marco en que ocurre la puesta en vigencia de este Tratado, para luego analizar más detalladamente los principales rasgos del proceso de implementación y las lecciones que pueden extraerse de dicho proceso. En consecuencia, las secciones contempladas para este documento son las siguientes: 

Las principales reformas económicas previas a la suscripción del TLC con Estados Unidos;



Nivel de apertura y acuerdos vigentes antes del TLC con Estados Unidos;



Estructura del TLC con Estados Unidos;



El Proceso de Implementación del TLC;



Lecciones de la experiencia chilena;



Posible acciones de apoyo para la implementación de la apertura comercial en la región.

iv

1.

Reformas económicas vigentes antes del TLC

Es un hecho conocido que a partir del establecimiento del régimen militar en 1973, comenzaron a aplicarse en Chile un conjunto de medidas de reforma económica que significaron un abrupto abandono de la estrategia de desarrollo privilegiada durante prácticamente los 50 años previos, basada en lo que se ha conocido con diferentes matices como el modelo de industrialización vía sustitución de importaciones. No corresponde en este trabajo analizar el mérito y límites de esta estrategia, aunque si es pertinente recordar que entre otras medidas este modelo estaba asociado a 1: i.

Elevadas tasas arancelarias, con frecuencia diferenciadas por sectores económicos y nivel de agregación de valor del producto final;

ii.

Políticas cambiarias con alto grado de regulación, incluyendo el establecimiento de tipos de cambio diferenciados para exportaciones e importaciones, e incluso entre tipos de productos;

iii.

Activa intervención estatal no solo en lo que se refiere al marco regulatorio sino también en cuanto a la propiedad y gestión de numerosas empresas en diferentes sectores de la economía;

iv.

Tratamiento diferenciado de la inversión según origen nacional o externo, tanto desde el punto de vista normativo general

como más específicamente en cuanto al régimen

tributario y de remisión de utilidades; v.

Organización institucional del sector público e igualmente del sector privado, coherente con esta estrategia de desarrollo endógeno, y por tanto con baja importancia de su institucionalidad de apoyo a la inserción externa. De este modo, aún con ciertos altibajos, en las décadas de los años 70 y 80 se produjo en

el país un proceso de apertura y liberalización de la economía orientando la asignación de los recursos económicos por criterios de mercado con un claro predominio de la iniciativa privada, desplazando por tanto la presencia del sector público de la propiedad y gestión de empresas, con solo algunas excepciones entre las cuales las más importantes son las empresas del área minera y de hidrocarburos, y con una progresiva orientación hacia los mercados externos. Entre las medidas puestas en práctica pueden destacarse: 1

Entre los numerosos textos disponibles sobre estos tópicos puede citarse: French-Davis, Ricardo. 2008. Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento como equidad.

1

i.

Reducción unilateral de aranceles, desde niveles medios cercanos al 100% hasta un nivel del 16% en 1990, y eliminación de las diversas tasas arancelarias diferenciadas existentes, estableciendo un arancel parejo común para todo el universo arancelario2;

ii.

Privatización de la mayor parte de las empresas públicas, incluyendo aquellas vinculadas a la provisión de servicios tales como telefonía y comunicaciones en general, generación y distribución de energía, producción y distribución de agua potable, alcantarillado y otros, terminando además con las reservas de mercado preexistentes;

iii.

Liberalización del sector financiero, privatización de la banca y apertura a la presencia del sector financiero externo;

iv.

Otorgamiento de Trato Nacional a la inversión extranjera, eliminando requisitos de desempeño así como las restricciones y límites a la remisión de utilidades hacia el exterior. Esta rápida revisión permite concluir que ya muy tempranamente, a finales de la década

de 1980 e inicios de l990, estaba muy avanzado el proceso de reformas económicas que han sido materia de controversia y tensión precisamente en la implementación de algunos de los TLC firmados entre Estados Unidos y países de la región, y en consecuencia no fueron asuntos debatidos durante la negociación e implementación, y no estuvieron entre las expectativas explícitas o implícitas de los actores internos o externos. Por otra parte, como se detallará brevemente a continuación, una vez recuperada la normalidad democrática en marzo de 1990, se inició un nuevo proceso de reformas y apertura económica, orientado a una plena reinserción del país en la comunidad internacional objetivo para el que las negociaciones económicas bilaterales contribuyeron de manera muy destacada.

2.

El proceso de apertura comercial negociada

La experiencia de apertura comercial negociada emprendida por Chile y generalmente vista y evaluada como exitosa, ocurre en un contexto político y económico, nacional e internacional, marcado por una profunda y rápida transformación. En efecto, el inicio del primer gobierno democrático en 1990 coincide casi exactamente con la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desintegración de la Unión Soviética. Las consecuencias políticas son evidentes: se cierra el período iniciado con el término de la Segunda 2

La única excepción a esta política se refiere al Sistema de Bandas de Precios para tres familias de productos: trigo y harina de trigo, oleaginosas y azúcar.

2

Guerra Mundial marcado por la constitución de dos polos político-militares que protagonizaron la llamada Guerra Fría, y se abre un nuevo ciclo que busca un equilibrio multipolar y abre espacio a países de tamaño y desarrollo intermedio como Chile, para buscar nuevas opciones de inserción en la arena internacional. Por otra parte, esos profundos cambios en el escenario político internacional se reflejan en la economía. El mundo asiste a prácticamente dos décadas de crecimiento alto y sostenido, comienza a asomar la importancia de nuevas potencias emergentes, como China, Brasil e India, se amplían los horizontes para la inversión en los países de Europea del Este escindidos del bloque soviético, y en América Latina prácticamente todos los países presentan tasas positivas de expansión económica. Este clima de optimismo se expresa también en el rápido crecimiento del comercio internacional que se expande a tasas cercanas al 10% anual, y en la consolidación de la articulación global de los procesos de producción de bienes y servicios, caracterizada entre otras cosas por una reducción de las barreras arancelarias y por el establecimiento de cadenas de valor que integran diferentes aspectos y etapas del proceso productivo desde los orígenes más diversos. A nivel institucional, se firma en 1994 el Acuerdo de Marrakesh que da origen a la Organización Mundial de Comercio (OMC) como sucesora del GATT, lo que otorga un nuevo impulso para el establecimiento de disciplinas que contribuyen a disminuir las barreras al comercio de bienes y servicios, y le otorga a la OMC nueva legitimidad para velar por el cumplimiento de las reglas que rigen el comercio internacional. Ese es, a grandes rasgos, el escenario internacional en el cual Chile, una vez restablecido el orden constitucional en 1990, busca una plena y rápida reincorporación. Por cierto, se trata de un emprendimiento político y diplomático que cuenta con la buena voluntad de una parte sustancial de la comunidad internacional que se comprometió y contribuyó activamente a la recuperación democrática del país, y le otorgó un alto valor simbólico al restablecimiento del orden constitucional en Chile. Por otra parte, a nivel interno existe creciente consenso en que la mejor opción para asegurar un crecimiento dinámico y sostenible en el tiempo es una decidida inserción en los mercados internacionales, de tal manera de superar los márgenes estrechos de un mercado doméstico insuficiente para generar economías de escala y competitividad, así como para aprovechar de modo más eficaz las potencialidades derivadas de sus recursos naturales: mineros,

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pesqueros y acuícolas, forestales y agrícolas que se verían favorecidos por una decidida y temprana articulación con el proceso de globalización económica en marcha. Prontamente, el estrechamiento de las relaciones políticas sobre todo a nivel regional comenzó a expresarse en la búsqueda de instrumentos para afianzar las vinculaciones económicas y comerciales. La negociación de Acuerdos de Complementación Económica (ACE) se reveló no solamente como un adecuado instrumento para este propósito, sino también como una manera muy concreta y eficaz de ampliar y densificar las relaciones políticas y diplomáticas con los países de América Latina. No es casual entonces que ya a inicios de la década de 1990 se iniciaran estas negociaciones, en primer lugar con México y luego gradualmente con todos los países sudamericanos, y hacia finales de la década con Centroamérica, completando entonces un proceso de apertura hacia la región que de algún modo preparó el camino normativo, técnico, político e institucional para la segunda fase que ha caracterizado los últimos 10 años, con negociaciones que han incluido, además de a Estados Unidos y a la Unión Europea (UE), a las principales economías de Asia y Oceanía, dando lugar a una profunda integración de Chile al mundo, que se expresa en la importancia creciente, por sobre el 60%, del comercio exterior en la conformación del PGB del país, en el hecho de que alrededor del 90% de sus exportaciones tiene como destino mercados con los cuales existe algún tipo de preferencia arancelaria, y en una extendida cultura de negocios que mira hacia los mercados globales y ya no solo al mercado interno3. Simultáneamente se profundizó la apertura económica unilateral; los aranceles se redujeron de forma gradual desde el nivel del 16% hasta el actual del 6%, manteniendo su condición de ser un arancel único y parejo para el conjunto de la economía. Cabe hacer notar que el arancel efectivo actual de las importaciones de Chile se sitúa alrededor del 1%, justamente debido a los TLC. Si bien este proceso de apertura negociada presenta matices respecto de los contenidos y profundidad de cada acuerdo, existió una secuencia por un lado geográfica, pues se inicia con los ACE negociados primeramente con México y luego con todos los países sudamericanos, y por otra parte también se constata una progresiva ampliación temática y una profundización de

3

Se estima que Chile tiene acceso preferencial a mercados que representan el 85% del PIB mundial. Es además el único país que posee acuerdos de libre comercio simultáneamente con todos los miembros del antiguo G7, y con todos los BRIC, excepto Rusia.

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los acuerdos, de tal forma que ya hacia fines de la década de 1990 Chile disponía de TLC con Canadá y México que incluían numerosas disciplinas incorporadas por dichos países en el NAFTA, así como el TLC con Centroamérica contempla disciplinas comerciales más completas que los originales ACE. Un hito importante en este proceso de apertura comercial es la negociación del ACE 35, entre Chile y Mercosur, puesto en vigencia en 1996. Luego de un período arduo y complejo se llegó a este acuerdo que materializó la primera negociación de Mercosur como bloque con un tercer país, y la primera de Chile con un bloque de países, estableciendo para Chile la condición de miembro asociado, dando lugar a una zona de libre comercio de gran amplitud, y que en la actualidad ya está en las etapas finales de cumplimiento de los cronogramas de desgravación. Este acuerdo fue especialmente difícil, entre otros aspectos, debido a las sensibilidades de aquella parte del sector agrícola chileno especializado en producción sustituidora de importaciones, como carnes, lácteos, oleaginosas, azúcar y cereales, que se resistió activamente a la negociación y aprobación en el Congreso de este acuerdo. También desde Brasil se plantearon sensibilidades respecto de la producción chilena de vinos y frutas de clima templado. Desde el punto de vista de las negociaciones futuras, el horizonte de apertura para el sector agrícola pactado con Mercosur constituyó la referencia fundamental seguida por los negociadores chilenos, y de hecho en los acuerdos con Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos se mantuvieron básicamente dichas pautas, lo que favoreció más tarde el debate interno y la aprobación legislativa de dichos acuerdos4. Es destacable igualmente, que en el debate generado para la aprobación de este Acuerdo en el parlamento chileno se establecieron medidas de mitigación para lo cual se asignaron recursos destinados específicamente a la modernización y aumento de competitividad del sector de la agricultura que aparecía como más vulnerable a la apertura comercial. Ello significó asumir de hecho, con políticas públicas y recursos adicionales y focalizados, que el proceso de apertura comercial no es igualmente beneficioso para todos los sectores de la economía, y que se hace necesario actuar, por una parte para darle viabilidad política en el Parlamento, y por otra parte para ofrecer posibilidades de ajuste productivo que permitan preservar el empleo y las condiciones básicas de desarrollo, en este caso para varias regiones del sur del país. En gran

4

La negociación con Mercosur estableció plazos largos, de hasta 18 años hasta mediados de esta década para la apertura de las industrias del trigo y del azúcar, y ese fue el horizonte temporal que se mantuvo en las negociaciones posteriores para los productos definidos como sensibles.

5

medida, la negociación entre el gobierno y el Congreso con ocasión del acuerdo con Mercosur establece las bases para el consenso social y político que facilitó todo el proceso de apertura desarrollado desde los años siguientes hasta la fecha5. Con este marco de apertura ya muy consolidado, las negociaciones materializadas a inicios de la década de 2000 transcurrieron sin grandes tensiones como las que podrían haberse originado en las sensibilidades de sectores productivos específicos, o en compromisos de desregulación de la economía que fuesen vistos como sesión injustificada de soberanía o amenaza a intereses corporativos, aunque naturalmente existieron sectores que continuaron mirando con desconfianza la profundización de la apertura. En años recientes se ha podido apreciar la importancia de visualizar la apertura como un proceso económico que demanda acuerdo político y social amplio, a la luz de las dificultades de algunos países para darles legitimidad y respaldo político a sus procesos de apertura comercial. En definitiva, al momento de la puesta en vigencia del TLC entre Chile y Estados Unidos en enero de 2004, existía ya una amplia red de acuerdos y tratados de libre comercio que por una parte habían profundizado la apertura iniciada unilateralmente años antes, y por otra habían impulsado un ajuste de la institucionalidad pública para llevar adelante las negociaciones y más tarde su implementación. Un lugar central en ese proceso de fortalecimiento institucional es el rol asignado a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, responsable por la conducción del proceso de apertura negociada, y más tarde por la implementación y administración de los acuerdos. El cuadro siguiente permite apreciar la progresión y diversificación de los acuerdos comerciales negociados ya antes de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.

5

En el momento de la aprobación en el Congreso Nacional, agosto de 1996, se estableció un compromiso de asignación de US$500 millones para un número seleccionado de instrumentos de fomento a la productividad sectorial, el cual sería desembolsado en un lapso de cinco años.

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Cuadro 1. Acuerdos comerciales suscritos por Chile Tipo de acuerdo

Fecha firma

Entrada en vigencia

Bolivia

ACE 22/Complementation Agreement

06-04-1993

07-07-1993

Colombia (1)

ACE 24/Complementation Agreement

06-12-1993

01-01-1994

Ecuador

ACE32/Complementation Agreement

20-12-1994

01-01-1995

Mercosur

ACE 35/Complementation Agreement

25-06-1996

01-10-1996

Panamá

TLC

27-06-2006

01-07-1998

Perú (2)

ACE 38/Complementation Agreement

22-06-1998

01-07-1993

Venezuela

ACE34/Complementation Agreement

02-04-1993

Acuerdo Alcance Parcial

21-08-1998

28-08-2008

Costa Rica

TLC

18-10-1999

14-02-2002 Protocolo Bilateral

El Salvador

TLC

18-10-1999

03-06-2002 Protocolo Bilateral

Guatemala

TLC

18-10-1999

Vigente

Honduras

TLC

18-10-1999

Vigente

Nicaragua

TLC

18-10-1999

Negociación concluida

Canadá

TLC

05-12-1996

05-07-1997

Estados Unidos

TLC

06-06-2003

01-01-2004

México

TLC

17-04-1998

01-08-1999

R. P. China

TLC

18-11-2005

01-01-2006

Corea

TLC

15-02-2003

01-04-2004

América del Sur

Centroamérica y Caribe Cuba Centroamérica

América del Norte

Asia

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P4 (Nueva Zelandia, Brunei y Singapur) India

Tipo de acuerdo

Fecha firma

Entrada en vigencia

Acuerdos de Asociación Económicas

18-07-2005

08-11-2006

Acuerdo Alcance Parcial

08-03-2006

Vigente

TLC

26-06-2003

01-12-2004

Acuerdo de Asoc. Económica

18-11-2002

01-02-2003

Europa EFTA (Islandia, Liechtenstein, Suiza y Noruega) Unión Europea

Fuente: Chile: 20 años de negociaciones comerciales. Direcon, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Nov. de 2009. (1) TLC Chile-Colombia se firmó por parte de los Ejecutivos de ambos países el 27/11/2006, y se encuentra vigente desde mayo de 2009. (2) TLC Chile-Perú se firmó por parte de los Ejecutivos de ambos países el 22/08/2006, y se encuentra vigente desde marzo de 2009.

Como ya se ha mencionado, la primera fase de este proceso de apertura negociada estuvo concentrada en América Latina, mediante la negociación de los ACE. Sin perjuicio de la heterogeneidad en cuanto a cobertura del universo arancelario incluido en el proceso, así como respecto del período de desgravación, los ACE suscritos por Chile en términos generales incorporaron los siguientes aspectos: i.

Desgravación Arancelaria. Se incluyo la mayor parte del universo arancelario, permitiendo solo un número reducido de excepciones y considerando plazos largos, de hasta 15 años, para reducir y eliminar las tarifas de los productos considerados sensibles;

ii.

Eliminación de Restricciones no Arancelarias. Se procuró eliminar todas las restricciones no arancelarias al comercio y se tomaron compromisos de no introducción de nuevas restricciones en el futuro, lo que en aquellos años representó un significativo esfuerzo por garantizar mayor estabilidad y transparencia en las relaciones comerciales bilaterales;

iii.

Defensa Comercial. Sin perjuicio de que fueron preservados todos los derechos e instrumentos de defensa comercial previstos en la OMC, se adoptó en la mayor parte de los acuerdos el régimen Regional de Salvaguardias contemplado en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), estableciendo además como causal para la aplicación de medidas de defensa comercial, la existencia de daño significativo a la industria nacional, y por tanto limitando el uso indiscriminado de este instrumento;

iv.

Solución de Controversias. Se adoptaron sistemas de solución de controversias bilaterales que se apoyaron en la institucionalidad de la ALADI, aunque por cierto sin renunciar a 8

los derechos establecidos en la OMC para estas materias, usualmente estableciendo como foro a privilegiar el espacio regional; v.

Administración de Acuerdos. Se establecieron Comisiones Administradoras ad hoc, con facultades para velar por el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en los acuerdos, así como para efectuar modificaciones de los mismos, incluyendo la posibilidad de profundizar los cronogramas de desgravación arancelaria y perfeccionar las disciplinas comerciales acordadas. Como puede apreciarse, estos acuerdos representan un claro paso adelante en la dirección

de liberalizar el comercio y someterlo a reglas de procedimientos más transparentes, previsibles y estables en el largo plazo, y constituyen la base sobre la cual se asienta el nivel actual de apertura comercial ya bastante avanzado en la región. Al mismo tiempo, la negociación y administración de estos acuerdos generan condiciones para procesos de fortalecimiento institucional y especialización de recursos humanos que posteriormente han jugado un rol muy significativo en los procesos de apertura extrarregionales que varios países han llevado a cabo con Estados Unidos, y más recientemente con la Unión Europea. No obstante, es igualmente evidente que los ACE no contemplan áreas de negociación y disciplinas que en los años recientes han adquirido creciente importancia, como por ejemplo la liberalización del comercio de servicios, el reforzamiento de las garantías jurídicas a la inversión, las compras de gobierno, y tampoco temas como propiedad intelectual, medio ambiente y aspectos laborales. Para los efectos de este trabajo es importante detenerse en la negociación del TLC entre Chile y Canadá, llevada a cabo durante el año 1996, que entró en vigor en 1997. Este Tratado fue el primero suscrito por Chile con uno de los miembros del entonces G7, y a su vez el primero que Canadá negoció bilateralmente con un país de la región. Es un punto de inflexión en las negociaciones comerciales de Chile pues no solamente incluye una amplia desgravación arancelaria en bienes prácticamente sin excepciones, sino que incorpora también temas que más tarde serían parte del TLC con Estados Unidos, adelantando en más de cinco años compromisos adquiridos en el proceso de implementación con dicho país.

9

Entre los aspectos no considerados en los ACE y sí incluidos por primera vez en el TLC con Canadá cabe destacar los siguientes6: i.

Zona de libre comercio. Se profundiza la incorporación de bienes al programa de desgravación arancelaria, estableciendo una zona de libre comercio ya para 2003, con un número muy reducido de excepciones solamente en el sector agrícola;

ii.

Liberalización del comercio en servicios. Por primera vez Chile incluye un capítulo de liberalización del comercio de servicios transfronterizos, sobre la base de listas negativas, lo que obligó además a un ejercicio muy acucioso de revisión de la normativa existente en la materia, ampliando el horizonte del proceso de apertura económica a un área hasta entonces no considerada;

iii.

Inversiones. Se incluye un capítulo de inversiones que otorga protección jurídica adicional a los inversionistas de ambas partes, que vincula esta normativa al mecanismo de solución de controversias, y que por primera vez en el caso de Chile considera la posibilidad de controversias Inversionista-Estado, tema que aún genera mucha polémica en la región;

iv.

Defensa Comercial. A este respecto, las principales novedades en relación con otros acuerdos fueron, por una parte, la mutua eliminación de la posibilidad de utilizar los mecanismos anti dumping previsto en la OMC, y por otra el establecimiento de un expedito mecanismo bilateral de solución de controversias, bajo el cual se incluyeron todos los capítulos del Tratado;

v.

Asuntos Laborales y Medio Ambientales. Se negoció paralelamente al TLC el establecimiento de acuerdos en materias laborales y medioambientales, que si bien no quedaron sujetos al mecanismo de solución de controversias del Tratado, significó para Chile la primera vez en que se aceptan compromisos ligados a estos temas, hasta entonces completamente excluidos de las negociaciones comerciales, sentando obviamente un precedente para futuras negociaciones;

vi.

Administración del Tratado. Se estableció una Comisión de Libre Comercio (CLC) como la máxima instancia de administración del Tratado, y se crearon comités específicos de trabajo dependientes de la CLC, entre los que destacan los Comités de Asuntos Sanitarios

6

A diferencia de los ACE, cubiertos bajo la normativa del acuerdo ALADI, en este caso el TLC sugirió la cobertura de la normativa OMC, más exigente respecto del universo arancelario a incluir en el programa de desgravación.

10

y Fitosanitarios, Bienes y Reglas de Origen: Contratación Pública, Asuntos Aduaneros, Medidas de Defensa Comercial. Surge de manera evidente luego de esta somera revisión que el TLC con Canadá marcó para Chile un nuevo nivel de exigencias en su apertura económica, anticipando en gran medida lo que ocurriría en los años siguientes al negociar acuerdos con la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros. Vale la pena señalar que en 1998 se negoció con México una ampliación del ACE acordado en 1991, el que fue transformado en TLC con una estructura similar al negociado con Canadá, lo que por lo demás se efectuó con el manifiesto propósito de aproximarse a los estándares de NAFTA, para de este modo facilitar la previsible y esperada posterior negociación con Estados Unidos, como efectivamente ocurrió.

3.

Estructura del TLC con Estados Unidos

La negociación del TLC con Estados Unidos fue el resultado de una larga historia de intentos que comenzó en 1990 con el lanzamiento de la iniciativa para las Américas entusiastamente apoyada por Chile, y que continuó más tarde, en 1994, con la invitación formulada a Chile para ser parte del NAFTA. Esto no pudo concretarse por la imposibilidad del gobierno de Estados Unidos de renovar la autorización de negociaciones comerciales por parte del Congreso, el llamado Fast Track, hasta la formalización del inicio de negociaciones adoptado por los Presidentes Lagos y Clinton en las postrimerías del mandato de este último7. La primera de las 14 rondas de negociaciones tuvo lugar en diciembre de 2000, y culminaron con un cierre exitoso en diciembre de 2002. Los objetivos establecidos de común acuerdo para esta negociación reflejan las perspectivas con que ambos enfocaban el proceso. De esta manera, además de mencionar entre los objetivos la liberalización del comercio de bienes y servicios y la promoción de la inversión, el establecimiento de mecanismos ágiles de solución de controversias y la creación de mecanismos específicos para la administración del acuerdo, se efectúa una mención explícita a la protección de los derechos de propiedad intelectual como asunto prioritario a ser abordado. Para Chile, el TLC con Estados Unidos significó consolidar su estrategia de apertura económica, abriendo un importante espacio para ampliar y diversificar sus envíos al mayor mercado del mundo, y al mismo tiempo este acuerdo representó una suerte de sello adicional de 7

De hecho, durante 1995 y 1996 se llevaron a cabo rondas preparatorias de negociaciones entre NAFTA y Chile, las que fueron suspendidas al no contar Estados Unidos con la autorización de negociación de parte del Congreso.

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reconocimiento a su buen manejo económico, que se vio reflejado prontamente en las calificaciones de riesgo país efectuadas por las empresas internacionales especializadas. Este TLC es el más comprehensivo de cuantos ha firmado Chile hasta ahora, a pesar de que han transcurrido prácticamente ocho años desde que se cerró la negociación, y sin perjuicio de que en ese lapso de tiempo Chile ha negociado numerosos TLC, algunos con economías miembros de la OCDE como Corea, Australia, Nueva Zelandia y Japón, con los cuales se ha llegado a acuerdos muy completos en cuanto a profundidad y amplitud, pero sin que se hayan efectuado concesiones o asumido compromisos similares en materia de propiedad intelectual, medio ambiente, flujos financieros o aspectos laborales, por ejemplo. Lo anterior da cuenta de que en algunos temas el país llegó hasta el límite de lo que podía conceder, y de que ello solo fue posible en virtud de un balance específico entre las concesiones realizadas y los beneficios obtenidos, especialmente los derivados de la completa apertura de mercados al cabo de un período máximo de 12 años. Este aspecto es muy relevante y da cuenta de un asunto central de esta y cualquier negociación, que se refiere al balance particular que cada acuerdo posee en cuanto a concesiones y beneficios. Es evidente que para Chile, así como para la mayor parte de los países de la región, la asociación comercial con Estados Unidos reviste un carácter prioritario, y en consecuencia el tipo de apertura a que han estado dispuestos, a cambio de amplias facilidades de acceso a su mercado de bienes y servicios así como de estabilidad y formalización de sus relaciones bilaterales en materia económica, no es asimilable a otros socios comerciales. Como era de esperar, algunas de esas concesiones provocaron controversia e intenso debate político, tanto en Chile como en los otros países de la región que han negociado con Estados Unidos. Los gobiernos han podido salvar las objeciones justamente con el argumento de la importancia del acuerdo como palanca para fortalecer el comercio, la inversión, y por lo tanto sus posibilidades de desarrollo. Dado que se trata de balances específicos obtenidos en su oportunidad y que se llevaron al límite las posibilidades de soporte político, es que parece altamente improbable el otorgamiento de nuevas concesiones en tópicos especialmente sensibles tales como Propiedad Intelectual, Transferencias Financieras, Asuntos Laborales y Ambientales, las que en todo caso solo podrían ser imaginadas a partir de nuevas concesiones que den lugar a un nuevo balance satisfactorio para ambas partes.

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En el cuadro siguiente se detalla la estructura de contenidos del TLC, estructura que más tarde fue seguida en prácticamente todos los TLC que Estados Unidos negoció con países de la región.

Cuadro 2. Contenidos del TLC Chile – Estados Unidos Disposiciones iniciales, generales y finales

Comercio electrónico

Comercio de bienes  Acceso a mercados  Reglas de origen  Administración aduanera  Medidas sanitarias y fitosanitarias  Obstáculos técnicos al comercio  Defensa comercial Inversiones  Trato nacional  Trato NMF Comercio de servicios  Telecomunicaciones  Servicios financieros  Entrada temporal

Políticas de competencia, monopolios y Ea del estado

Propiedad intelectual

Laboral y medio ambiente Implementación  Transparencia  Administración del tratados  Solución de controversias

Contratación pública Fuente:Direcon. Elaboracion propia

Acceso a mercados. Como es natural, el mayor interés de Chile fue puesto en el capítulo de acceso a mercados, buscando garantizar el mejor acceso posible para su oferta exportadora, incluyendo los bienes con un mayor grado de elaboración y agregación de valor; Como se aprecia en los cuadros siguientes, se pactó una amplia desgravación arancelaria en un plazo máximo de 12 años, sin excepciones y sin limitaciones asociadas a medidas o restricciones no arancelarias, y eliminando al final del período de desgravación cualquier tipo de contingente arancelario, los que en todo caso se plantearon para un número reducido de productos y solamente para el período de transición. Vale la pena resaltar que desde el punto de vista de Chile, la negociación siempre tuvo como base esencial para el balance general del acuerdo, la obtención de ventajas de acceso a mercado que justificaran las concesiones hechas en otras aéreas, como las mencionadas en propiedad intelectual, en flexibilización de su normativa para acceso de capitales de corto plazo así como su posterior repatriación, y en la aceptación de los capítulos de aspectos laborales y

13

medioambientales, vinculados a mecanismos de sanciones económicas y solución de controversias. Como ya se ha señalado, se trató de un balance económico y también político, como quedó demostrado durante la discusión legislativa para la aprobación del Tratado, pues en los aspectos más controversiales como por ejemplo en propiedad intelectual o medio ambiente, el argumento principal que permitió contrapesar las dudas existentes fue precisamente el de las oportunidades de mercado y desarrollo económico que el TLC abriría para el país. De allí entonces que resulte difícil imaginar modificaciones importantes en esas aéreas, sea a partir de negociaciones bilaterales directas o en algún escenario multilateral, como por ejemplo la eventual ampliación del Acuerdo Transpacífico8, pues en principio no existen concesiones suficientemente atractivas de parte de Estados Unidos que pudieran compensar nuevos compromisos en materias consideradas sensibles. Desde luego, el Tratado contempla disposiciones modernas en lo que se refiere a disciplinas comerciales, cobrando especial relevancia los compromisos vinculados a medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, procedimientos aduaneros, defensa comercial y solución de controversias, temas para los cuales se acordó constituir comisiones técnicas específicas que deben reportar regularmente sus actividades a la CLC.

Cuadro 3. Desgravación arancelaria. Evaluación global de la oferta de Estados Unidos (Cifras en miles de dólares, año 2001) Categoría

No. Ítems

%

Importaciones Chile desde Estados Unidos 2001

%

D. Inmediata

9.644

94.7%

2,756.482

87.0%

2 años

1

0.0%

246.542

7.8%

4 años

224

2.2%

5.996

0.2%

8 años

140

1.4%

11.197

0.4%

10 años

65

0.6%

6.471

0.2%

12 años

57

0.6%

141.508

4.5%

Tabaco

56

0.5%

—

0.0%

Total

10.187

100%

3,168.196

100%

Fuente: Direcon. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 8

Acuerdo integrado por Nueva Zelandia, Brunei, Singapur y Chile, vigente desde 2006. Han manifestado voluntad de negociar para dar lugar a una ampliación del TPP: Perú, Australia, Vietnam y Estados Unidos.

14

Cuadro 4. Desgravación arancelaria. Evaluación global de la oferta de Chile (Cifras en miles de dólares, año 2001) Importaciones Chile desde Estados Unidos 2001

%

90.4%

2,533.552

88.5%

6

0.1%

5.010

0.2%

4 años

310

5.3%

246.586

8.6%

8 años

152

2.6%

62.797

2.2%

12 años

77

1.3%

6.468

0.2%

Azúcar

17

0.3%

7.351

0.3%

Total

5,855

100%

2,861.944

100%

Categoría

No. Ítems

D. Inmediata

5.293

3 años

%

Fuente: Direcon: Ministerio de Relaicones Exteriores de Chile

La importancia de las rebajas arancelarias, que alcanzan al momento del inicio del acuerdo a prácticamente el 90% de las glosas arancelarias y del comercio, y que se extienden casi al total de glosas y de comercio en el breve plazo de cinco años, se ve reflejada en el rápido crecimiento del intercambio comercial durante los tres primeros años del acuerdo, para luego estabilizarse y, en el caso de las exportaciones chilenas, disminuir drásticamente al iniciarse la crisis económica que afectó muy duramente a Estados Unidos, contrayendo su demanda en relación con el mundo y no solo respecto de Chile.

Cuadro 5. Comercio de Chile con Estados Unidos 2004-2009 (Cifras en millones de dólares) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

Exportaciones (FOB)

4.834

6.531

9.290

8.744

8.130

6.013

Importaciones (CIF)

3.402

4.722

5.592

7.290

10.982

7.280

Intercambio comercial

8.236

11.254

14.882

16.035

19.112

13.293

Balanza comercial

1.432

1.809

3.698

1.435

- 2.851

- 1.267

Fuente: Direcon. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Hasta el año 2008, el intercambio comercial muestra un notable dinamismo que luego de la profunda caída de un 26% en 2009 respecto del año anterior, comienza a recuperarse en los primeros meses de 2010. Es interesante destacar que si bien las exportaciones chilenas más que 15

se duplican respecto de su nivel de 2003 (antes de la entrada en vigencia del TLC) pasando de 3,7 mil millones de dólares a un máximo de 9,2 mil millones alcanzados en 2006, las exportaciones de Estados Unidos hacia Chile también presentan una notable expansión, avanzando de 2,5 mil millones de dólares en 2003, a un máximo de 10,9 mil millones de dólares en 2008. Si bien el perfil de mercados globales para las exportaciones chilenas ha ido variando en los últimos años –pues desde 2008 China es el principal destino de los envíos chilenos, fuertemente concentrados en cobre y minerales, y por tanto influenciado por su alto precio internacional–, Estados Unidos se mantiene como el segundo destino más importante para las exportaciones de Chile con casi el 12% del total exportado al mundo. Por otra parte, es destacable que se trata de un comercio bastante diversificado, pues solo un 25% corresponde a cobre. De hecho, en 2009 se exportaron prácticamente 2000 diferentes productos a este mercado, que es el principal destino para los envíos de fruta fresca y procesada, y productos silvícolas, siendo muy relevante además para las exportaciones de vinos, salmones y truchas, entre otros. Estados Unidos constituye además el principal mercado para las exportaciones de pequeñas y medianas empresas. Es posible afirmar en consecuencia que el TLC ha cumplido con sus objetivos en lo que se refiere a ampliación y diversificación de exportaciones, lo que le ha permitido ampliar algunas de sus exportaciones tradicionales como celulosa y harina de pescado, y dar lugar a nuevas no tradicionales tales como lácteos, carnes de ave, cerdo y bovino, cítricos, y frutas y hortalizas procesadas entre otras. De paso, las cifras macro demuestran que –contrariamente a los temores expresados en el Congreso de los Estados Unidos durante la discusión del TLC, en el sentido de que se vería perjudicado el empleo por una expansión unilateral del comercio a favor de Chile–, el intercambio comercial ha crecido de modo equilibrado e incluso más rápidamente desde los Estados Unidos en dirección hacia Chile. Un objetivo complementario a la ampliación y diversificación del comercio ha sido la incorporación de un número creciente de empresas exportadoras, particularmente pequeñas y medianas empresas capaces de acceder a los beneficios de la reducción arancelaria. De hecho, son más de 2000 empresas las que exportan a Estados Unidos.

16

Comercio de Servicios. El capítulo sobre servicios fue estructurado de modo bastante similar al negociado en el NAFTA, y por lo tanto ya acordado por Chile previamente, al negociar con Canadá y México. De cualquier modo, vale la pena destacar que la apertura del sector servicios se efectuó sobre la base de listas negativas, lo que garantizó un acceso amplio a la provisión de servicios de diferente índole, para los modos de prestación 1, 2 y 4; Este capítulo contempla además disposiciones de Trato Nacional y de Nación más Favorecida, asunto este último de especial importancia hace algunos años, cuando aún ambos países contaban con una extensa agenda de negociaciones bilaterales futuras. Se incluyeron además normas relativas al comercio electrónico así como a la entrada temporal de personas de negocios. Inversiones. Uno de los objetivos buscados por Chile mediante este tratado era el de estimular la inversión extranjera, tanto la de origen en Estados Unidos de acuerdo con las disposiciones del capítulo respectivo, como las de terceros países que estimarán como una garantía adicional de seriedad y estabilidad en el manejo macroeconómico el TLC con la principal economía del mundo. Estados Unidos ha sido tradicionalmente el principal inversionista extranjero en Chile, con una proporción equivalente al 25% del total de la inversión extranjera materializada. De hecho, esa proporción se ha mantenido, de forma que en la actualidad el stock de inversión extranjera supera los US$ 100.000 millones, de los cuales poco más de US$ 25.000 millones tiene su origen en empresas de dicho país. No se aprecia un cambio significativo en los flujos de inversión a partir de la puesta en vigencia del Tratado, y en realidad el desempeño del TLC con Estados Unidos en materia de inversiones no difiere de lo observado en otros acuerdos en los cuales se cifraron expectativas de incremento del flujo de inversiones como producto del TLC, como es el caso de Canadá, Corea, Japón, China y Australia, entre otros. Es posible que ello se deba al reconocimiento de que Chile ofrece garantías a la inversión extranjera incluso sin el instrumento de los TLC, asociadas a su alta estabilidad política y macroeconómica, a los favorables índices que exhibe en áreas tan importantes como control de corrupción, transparencia, y buen gobierno en general, así como a la solidez de sus instituciones y a una extendida cultura de respeto a las disposiciones legales.

17

Adicionalmente, estas garantías de tipo institucional se ven reforzadas por la existencia de un muy favorable clima de negocios y de un instrumento específico, el DL 600, que opera desde la década de 1980, y a través del cual ha llegado la mayor parte de la inversión foránea al país9. Ello no anula por cierto la conveniencia de incorporar capítulos de inversiones en los TLC, que permiten incluir disciplinas modernas y sujetar las eventuales controversias a mecanismos más eficientes y ágiles de resolución. Sin embargo sugiere la necesidad de ajustar expectativas y, sobre todo, de asumir que muy probablemente son otras las políticas públicas más eficientes para atraer inversión extranjera, en un mundo en que existe una alta competencia entre las economías emergentes por atraer capitales externos. Un aspecto significativo para Chile es el creciente interés de empresas chilenas por expandir sus operaciones fuera de las fronteras del país. En la actualidad se estima que hay en torno a US$ 50.000 millones de capitales chilenos invertidos en su mayor parte en los países de la región, principalmente Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Las razones de este proceso son similares a las que dieron origen a la apertura comercial, y en cierto modo son el paso lógico y natural que sigue a esta, pues las empresas requieren ganar escala y competitividad, facilitar sus procesos de intercambio comercial, diversificar el riesgo, y aprovechar las ventajas naturales y de provisión de factores que les pueden ofrecer terceros países. Esta nueva dimensión de la internacionalización de la economía chilena es también parte de los elementos a considerar al momento de negociar los capítulos de inversión en los nuevos acuerdos o al actualizar los ya existentes10. Compras de gobierno. Este capítulo fue considerado en su momento un gran éxito de la negociación pues fue el primer TLC en que desde el comienzo se incluyó un capítulo que regulaba y abría este sector de enorme demanda potencial, estimada para el caso de las empresas chilenas que podrían participar en las licitaciones de Estados Unidos, del orden de los US$ 200.000 millones. Se incorporaron disposiciones para entidades de gobierno central, estadual y local, con umbrales diferenciados entre mercancías y servicios en general, y los servicios de construcción. 9

De acuerdo con cifras del Comité de Inversiones Extranjeras, del stock acumulado entre 1974 y 2008, US$ 70.000 millones, equivalentes a dos tercios del total de capitales foráneos invertidos en Chile, han ingresado a través del DL 600. De ellos, el 24% tiene su origen en Estados Unidos. 10 La importancia de este fenómeno y su carácter previsiblemente estructural y de largo plazo llevó a DIRECON a conformar un grupo especializado de trabajo para el seguimiento de las inversiones chilenas en el exterior. De acuerdo con cifras de la Dirección Económica de la Cancillería, los principales países receptores son Argentina, Brasil, Perú y Colombia, en ese orden. Las inversiones, si bien tienen una alta diversificación, se concentran en servicios, sector forestal e infraestructura.

18

Luego de seis años de vigencia del Tratado está claro que para las empresas chilenas el aprovechamiento ha sido prácticamente nulo o inexistente, puesto que, como era previsible, las empresas norteamericanas no han mostrado mayor interés en participar en las licitaciones de un mercado probablemente muy reducido para su escala de operaciones. Es posible que las causas sean diversas, y un buen primer ejercicio sería poder determinarlas con mayor exactitud, más aún cuando con toda probabilidad las empresas de los países de la región que igualmente poseen capítulos de compras de gobierno enfrentarán un escenario similar. Se constata un alto desconocimiento de las posibilidades abiertas y sobre todo una gran dificultad en conocer los mecanismos de operación y de acceso oportuno a los llamados a licitación efectuados por las diferentes entidades públicas. Si se conceptualiza la implementación como un proceso que va mas allá del ajuste legal y normativo para cumplir los compromisos contraídos, y se incluye la búsqueda de mecanismos para el pleno aprovechamiento de las potencialidades de los acuerdos, este debería ser un ámbito prioritario para la identificación de líneas de acción orientadas a maximizar los beneficios de los acuerdos, tanto a nivel público como privado. Como se ha señalado, el Tratado incorpora otros capítulos que serán analizados más detalladamente en la sección de este trabajo dedicada específicamente a la implementación, dado que sus contenidos esenciales están precisamente asociados a ese proceso.

4.

El proceso de implementación del TLC

4.1.

Las condiciones iniciales

Se ha destacado que la implementación del TLC con Estados Unidos tiene como punto de partida algunas condiciones básicas como las ya señaladas en cuanto a apertura económica y desregulación de la economía, que lo diferencia de los puestos en vigencia en los últimos años con otros países de la región. En ese sentido, entonces se trata de una experiencia singular cuyos rasgos principales en todo caso es útil sistematizar. Las disposiciones constitucionales que determinan la preeminencia de las normas jurídicas establecidas en los tratados y compromisos internacionales por sobre las disposiciones de las leyes locales que eventualmente pudieran ser incompatibles o contradictorias con aquellos;

19

Debido a ello, los 22 TLC y acuerdos comerciales negociados por Chile no han requerido de la aprobación de leyes especiales de implementación, aunque sí en algunos casos ajustes normativos necesarios para cumplir aspectos específicos de estos11. El proceso de implementación del TLC contempla, a diferencia de los negociados posteriormente por Estados Unidos con países de la región, plazos relativamente prolongados para la materialización de algunos compromisos legales o normativos. Cabe recordar que más recientemente Estados Unidos ha aplicado un criterio de recertificación que en la práctica reduce o elimina la posibilidad de disponer de períodos de ajuste y supone una completa adaptación legal antes de la entrada en vigencia del acuerdo12; Como se ha destacado previamente, el proceso de reformas económicas iniciado en Chile más de dos décadas antes de la negociación del acuerdo, y el activo trabajo de apertura comercial por la vía de la negociación bilateral, determinaron que al momento de poner en vigencia el TLC muchas de las reformas y ajustes legales e institucionales frecuentemente implícitos en las aspiraciones de los negociadores habían sido puestos en práctica; La existencia y gran legitimidad política e institucional de un Servicio Público, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON), responsable de la coordinación de las agencias e instituciones domésticas que intervienen en el proceso de implementación, y a la vez interlocutor y punto de contacto para las autoridades respectivas en Estados Unidos, que ha actuado como articulador y garantía de solvencia político-técnica durante este proceso, otorgando coherencia a las acciones del conjunto del sector público en esta materia. Otro aspecto interesante de resaltar es que desde el punto de vista de Chile, el proceso de implementación ha estado ligado no solamente a los ajustes legales y normativos comprometidos, sino también a una muy activa demanda por el pleno funcionamiento de la institucionalidad establecida para la administración del acuerdo, tanto de la CLC como de los Comités Técnicos especializados.

Ver entre otros documentos el informe preparado para el BID sobre ―Reformas Legales e Institucionales en la Implementación de los Acuerdos Comerciales en Chile‖, primer borrador, 2010. 12 Al respecto, son muy ilustrativos los informes preparados para el BID por el ex Viceministro de Comercio Exterior de Perú, Sr. Luis Alonso García, acerca de la implementación del TLC entre Estados Unidos y Perú, e igualmente el informe preparado por la Sra. Anabel González, actual Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, sobre la implementación del CAFTA-DR en Costa Rica. 11

20

La principal virtud de lo anterior, además de reflejar una concepción más amplia e integral del proceso, ha sido proporcionar a los equipos técnicos y políticos espacios institucionales, formales e informales, para el desarrollo de las diversas agendas específicas de interés común, limitando la posibilidad de que el proceso de implementación fuese reducido a una suerte de revisión mecánica de cumplimento de un listado de obligaciones, en que una de las partes aparece como acreedora y la otra en la obligación de prestar explicaciones por demoras o incumplimientos13. 4.2.

Aspectos legales del proceso de implementación

Ya se ha señalado que merced a las características del ordenamiento jurídico chileno, no ha sido necesario aprobar leyes especiales de implementación para la puesta en vigencia de los TLC. No obstante, el TLC con Estados Unidos es el que ha requerido las modificaciones más importantes de modo especial en el marco normativo sobre propiedad intelectual. Los ajustes normativos realizados en virtud de lo establecido en diferentes capítulos del acuerdo han sido de diversa índole jurídica, y por tanto han requerido procedimientos diferenciados. Así, en función de tipo de modificaciones realizadas, se pueden clasificar de la siguiente manera: i.

Modificaciones de carácter legal. Se requiere la preparación de un proyecto de ley específico y su aprobación en el Congreso. Este ha sido el caso de los numerosos ajustes efectuados en relación con el marco que rige la protección de los derechos de propiedad intelectual, que han ido desde la adhesión a diversos protocolos y tratados internacionales hasta cambios en la legislación interna;

ii.

Modificaciones de carácter normativo. Se trata básicamente de la preparación y publicación de regulaciones y procedimientos administrativos, que no requieren tramitación legislativa y son resorte de autoridades del Poder Ejecutivo. Ello fue lo que ocurrió principalmente en los compromisos de ajuste asumidos en el ámbito aduanero;

iii.

Aspectos procedimentales. Se refieren especialmente a los tópicos sanitarios y fitosanitarios, y de normas técnicas al comercio. Se trató de implementar los compromisos vinculados a la aprobación de protocolos sanitarios y fitosanitarios para garantizar condiciones efectivas de acceso a mercado, así como de la armonización de normas técnicas con el mismo propósito. Aun cuando aparentemente se trata de ajustes

13

Entre las numerosas referencias presentadas en diversas publicaciones que dan cuenta de la apertura comercial de Chile, ver lo señalado en: Chile: 20 años de negociaciones comerciales, publicado por DIRECON, noviembre de 2009.

21

simples que deberían efectuarse en períodos breves de tiempo, la experiencia acabó demostrando que son engorrosos y frecuentemente conllevan arduas negociaciones de nivel técnico y político. Una revisión ordenada por capítulo permite apreciar con más claridad el conjunto de modificaciones que en los tres niveles mencionados ha sido necesario llevar adelante para cumplir con la implementación del Tratado. Sin duda el conjunto más exigente de compromisos asumidos en la negociación se refieren al régimen de protección de la propiedad intelectual; no obstante existe un número importante de tópicos que exigieron ajustes especialmente de carácter normativo y procedimental, como se detalla a continuación. 4.3.

Compromisos de implementación

Capítulo 5: Administración aduanera Artículo 5.11 i.

Con respecto a las obligaciones de Chile, los artículos 5.1 (1) y (2), 5.7 (b) y 5.10 (1) (b) entrarán en vigor tres años después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado;

ii.

Dentro de los 120 días siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, las Partes consultarán sobre los procedimientos que Chile necesita adoptar para implementar el artículo 5.10 (1) (b)14 y sobre la asistencia técnica a ser proporcionada por Estados Unidos, y se establecerá un programa de trabajo esbozando las acciones necesarias para que Chile implemente el artículo 5.10 (1) (b);

iii.

Dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, las Partes consultarán con el fin de discutir los avances realizados por Chile en la implementación del artículo 5.10 (1) (b) y para considerar si se requieren mayores esfuerzos en materia de cooperación.

Capítulo 9: Contratación pública Artículo 9.19: Negociaciones futuras A solicitud de cualquier Parte, las Partes iniciarán negociaciones con el objeto de ampliar la cobertura de conformidad con este Capítulo sobre una base de reciprocidad, cuando la otra Parte 14

Artículo 5.10: Resoluciones anticipadas 1. Cada Parte, a través de su autoridad aduanera, emitirá resoluciones anticipadas escritas antes de la importación de una mercancía a su territorio, a solicitud escrita del importador en su territorio, o del exportador o productor en el territorio de la otra Parte, sobre la base de los hechos y circunstancias proporcionados por el solicitante, en relación a: (b) La aplicación de los criterios de valoración aduanera, para un caso en particular, de acuerdo con la aplicación de las disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre Valoración Aduanera.

22

otorgue a proveedores de un país no Parte, mediante un tratado internacional que entre en vigencia después de la entrada en vigor de este Tratado, un mayor acceso a su mercado de contratación pública que el otorgado a los proveedores de la otra Parte de conformidad con este Tratado. Capítulo 11: Comercio transfronterizo de servicios Artículo 11.10 Servicios Transfronterizos Las Partes se consultarán anualmente, o de otra forma que acuerden, para revisar la implementación de este Capítulo y considerar otros asuntos del comercio de servicios que sean de mutuo interés. Entre otros asuntos, las Partes se consultarán con miras a determinar la factibilidad de remover cualquier requisito que se mantenga de ciudadanía o residencia permanente para la concesión de licencias o certificados a los proveedores de servicios de cada Parte. Dichas consultas también incluirán la consideración del desarrollo de los procedimientos que pudieran contribuir a aumentar la transparencia de las medidas descritas en el artículo 11.6. Capítulo 12: Servicios financieros Artículo 17.3: Solución de controversias A más tardar el 1 de enero de 2005, las Partes establecerán, y mantendrán, una lista de hasta 10 individuos que estén dispuestos y sean capaces de actuar como árbitros en servicios financieros, de los cuales hasta un máximo de cuatro no serán nacionales de alguna de las Partes. Los miembros de la lista se designarán por mutuo acuerdo de las Partes y podrán ser re designados. Una vez establecida, la lista permanecerá vigente por un mínimo de tres años y se mantendrá vigente hasta que las Partes constituyan una nueva lista. Capítulo 14: Entrada temporal de personas de negocios Artículo 14.4 (b): Entrega de información Adicionalmente al artículo 20.2 (Publicación), cada Parte deberá: i.

Proporcionar a la otra Parte los materiales que le permitan conocer las medidas relativas a este Capítulo;

ii.

A más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, preparar, publicar y poner a disposición de los interesados, tanto en su propio territorio como en el de la otra Parte, un documento consolidado con material que explique los requisitos para la entrada temporal, que incluya referencias a las leyes y regulaciones normativas aplicables, conforme a las reglas de este Capítulo, de manera que las personas de negocios de la otra Parte puedan conocerlos. 23

Sección D Anexo 14.3 (profesionales) Los Estados Unidos debían modificar la INA para otorgar facultad legal para la admisión de profesionales de conformidad con el Tratado. Capítulo 17: Propiedad intelectual Artículo 17.2.3 y 4: Disposiciones generales A. Antes del 1 de enero de 2007, las Partes deberán ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1984); B. Antes del 1 de enero de 2009, las Partes deberán ratificar o adherir: i.

La Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (1991);

ii.

El Tratado sobre Derechos de Marcas (1994);

iii.

El Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite (1974).

C. Las Partes harán esfuerzos razonables para ratificar o adherir a los siguientes acuerdos, de conformidad con su legislación interna: i.

El Tratado sobre Derecho de Patentes (2000);

ii.

El Acuerdo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños Industriales (1999);

iii.

El Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1989).

Artículo A17.2.10 y 11: Marcas de fábrica o de comercio Cada Parte establecerá un sistema de registro de marcas de fábrica o de comercio, que incluirá: i.

Proporcionar al solicitante una comunicación por escrito, que podrá ser electrónica, de las razones de cualquier rechazo al registro de una marca de fábrica o comercio;

ii.

Proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a las comunicaciones emanadas de las autoridades de marcas de fábrica o de comercio, para impugnar una negativa inicial y para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva de registro; y

iii.

La exigencia de que las decisiones en procedimientos de oposición o nulidad sean fundadas y por escrito. Cada Parte trabajará, en la mayor medida de lo posible, para establecer un sistema

electrónico de solicitud, procesamiento, registro y mantención comercio. 24

de marcas de fábrica o de

Artículo 17.4.10 y 11: Indicaciones geográficas Después de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, cada Parte garantizará que los fundamentos para rechazar la protección o registro de una indicación geográfica incluyan lo siguiente: i.

Que la indicación geográfica es confusamente similar a una solicitud de marca de fábrica o de comercio preexistente, hecha de buena fe y aún pendiente o a una marca de fábrica o de comercio registrada, preexistente en esa Parte; o

ii.

Que la indicación geográfica es confusamente similar a una marca de fábrica o de comercio preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos mediante el uso de buena fe en esa Parte. Dentro de un plazo de seis meses a contar de la entrada en vigor de este Tratado, cada

Parte deberá informar al público acerca de los medios en virtud de los cuales las Partes pretenden implementar los párrafos 2 a 10. Capítulo 18: Asuntos laborales Artículo 18.7.1: Lista de árbitros laborales Las Partes establecerán, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y mantendrán una lista de hasta 12 individuos que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para desempeñarse como árbitros en controversias que surjan de conformidad con el artículo 18. A menos que las Partes acuerden otra cosa, cuatro integrantes de la lista serán seleccionados de entre individuos que no sean nacionales de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros laborales serán designados de común acuerdo por las Partes, y podrán ser re-designados. Una vez establecida la lista de árbitros, esta permanecerá vigente por un mínimo de tres años, y seguirá en vigor hasta que las Partes constituyan una nueva lista. Capítulo 19: Medio ambiente Artículo 19.5.1 (b): Cooperación ambiental Las Partes reconocen la importancia de fortalecer la capacidad de proteger el medio ambiente y de promover el desarrollo sostenible junto con el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión entre ellas. Las Partes acuerdan emprender actividades de cooperación ambiental, en particular por medio de: i.

Impulsar, a través de los ministerios u organismos pertinentes, proyectos de cooperación específicos que las Partes han identificado y establecido en el Anexo 19.3; 25

ii.

Negociar sin demora un Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Estados Unidos y Chile para establecer las prioridades de las actividades adicionales de cooperación ambiental, tal como se detalla en el Anexo 19.3.

Artículo 19.7.1: Lista de árbitros ambientales Las Partes establecerán, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y mantendrán una lista de al menos 12 individuos que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para desempeñarse como árbitros en controversias que surjan de conformidad con el artículo 19.2 (1) (a). A menos que las Partes acuerden otra cosa, cuatro integrantes de la lista serán seleccionados de entre individuos que no sean nacionales de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros ambientales serán designados de común acuerdo por las Partes, y podrán ser re-designados. Una vez establecida la lista de árbitros, esta permanecerá vigente por un mínimo de tres años, y seguirá en vigor hasta que las Partes constituyan una nueva lista. Capítulo 20: Transparencia Artículo 20.1: Puntos de contacto Cada Parte designará un punto de contacto para facilitar las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto comprendido en este Tratado. Capítulo 22: Solución de controversias Artículo 2.2.7: Lista de árbitros Las Partes establecerán dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Tratado y mantendrán una lista de al menos 20 personas que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para ser árbitros. A menos que las Partes acuerden otra cosa, seis integrantes de la lista serán seleccionados entre individuos que no sean nacionales de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros serán designados mediante mutuo acuerdo de las Partes, y podrán ser redesignados. Una vez establecida la lista de árbitros, esta permanecerá vigente por un período mínimo de tres años, y seguirá en vigor hasta que las Partes constituyan una nueva lista. Artículo 22.10: Reglas de procedimiento La Comisión establecerá, a la entrada en vigencia de este Tratado, las Reglas de Procedimiento, las cuales garantizarán: i.

El derecho, al menos, a una audiencia frente al grupo arbitral, la cual será pública, sujeto al subpárrafo (e); 26

ii.

La oportunidad para cada Parte de presentar por escrito alegatos iniciales y réplicas;

iii.

Que las presentaciones escritas de cada Parte, las versiones escritas de sus declaraciones verbales y las respuestas escritas a una solicitud o las preguntas del grupo arbitral se pondrán a disposición del público dentro de un plazo de 10 días después de ser presentadas, sujeto al subpárrafo (e);

iv.

Que el grupo arbitral considerará las solicitudes efectuadas por entidades no gubernamentales localizadas en los territorios de las Partes para proporcionar apreciaciones escritas relativas a la controversia, que puedan ayudar al grupo arbitral a evaluar las presentaciones y argumentaciones de las Partes;

v. 4.4.

Protección de información confidencial. La implementación del capítulo de propiedad intelectual

No cabe duda de que los compromisos más difíciles de implementar han sido los ligados al capítulo de propiedad intelectual, que en la práctica han concentrado la mayor parte de los esfuerzos político-institucionales para conseguir aprobar en el Congreso las diferentes leyes vinculadas al cumplimiento de las obligaciones pactadas. De igual modo, prácticamente el único aspecto importante en que se han mantenido diferencias de interpretación con la contraparte de Estados Unidos respecto del cumplimiento de los compromisos, ha sido en relación con este capítulo del acuerdo, lo que ha dado lugar a un nutrido intercambio técnico entre los profesionales especializados de ambos países, y a numerosos y frecuentes diálogos a nivel político, incluyendo el nivel ministerial y presidencial. A pesar de las dificultades se ha ido dando gradual cumplimiento a las obligaciones establecidas en el mencionado capítulo, al punto de que en la actualidad el marco jurídico de protección a los derechos de propiedad intelectual existente en Chile es claramente más completo y avanzado que el existente en 2004 al ponerse en vigencia el TLC, y es comparable al que presentan por ejemplo los países de la OCDE, organización a la cual Chile ha accedido recientemente. Como un hito de gran importancia debe destacarse la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Servicio Público dependiente del Ministerio de Economía, dotado del liderazgo profesional, atribuciones legales y respaldo político adecuado para supervisar y ejecutar las acciones previstas en el nuevo marco jurídico que rige la protección de los derechos de propiedad intelectual en Chile.

27

Con todo, se justifica una reflexión acerca de cuáles son las principales dificultades que enfrentan países de mediano desarrollo como Chile, a la hora de poner en práctica compromisos exigentes en materia de propiedad intelectual. No es aventurado señalar que se trata de dificultades previsibles ya en el momento de la negociación, por una parte por lo árido del tema y lo relativamente reciente de su inclusión en las negociaciones comerciales, de tal forma que los propios equipos técnicos especializados no contaban con mucha experiencia negociadora. Sin embargo, el aspecto probablemente más complejo es el hecho de tratarse de un tema de extrema disparidad entre los dos países, de manera que uno concentraba todos los intereses ofensivos, dejando a la otra parte en una situación desventajosa y en el papel de buscar compensaciones en otras aéreas de la negociación, con una también dispar asignación del valor otorgado a las concesiones requeridas, y por ende con dificultades adicionales para encontrar un balance que fuese mutuamente estimado como satisfactorio. Las sensibilidades se expresan a nivel doméstico desde diversas perspectivas. Algunas, ligadas a ramas de la industria que se sintieron amenazadas, particularmente la industria farmacéutica local; otras porque ven una amenaza a la preservación de valores culturales, e incluso a nivel más ideológico, los que entienden que se trata de una nueva y sofisticada forma de dependencia capaz de condicionar el desarrollo futuro del país. En el proceso de implementación del TLC en Chile, en la medida que las acciones de implementación se distancian en el tiempo del momento de su puesta en vigencia, el debate se va haciendo cada vez más complejo en el Parlamento, donde las sensibilidades antes señaladas se expresan cada vez más nítidamente15. Aun así, se han aprobado gradualmente las transformaciones legales propuestas, ahora ya no solamente basados en el argumento de cumplir compromisos internacionales, sino también por la cada vez más extendida conciencia de que la apropiada protección a los derechos de propiedad intelectual es una condición básica para estimular y promover la innovación tecnológica de la cual depende muy significativamente la posibilidad de ganar productividad y

15

La reciente tramitación en Chile de un conjunto de modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial, sin duda las más importantes efectuadas en los últimos años, permitieron apreciar este hecho de modo muy transparente. En la práctica, el argumento de que las modificaciones propuestas respondían a compromisos establecidos en el TLC dejó de ser un argumento válido, y el debate se concentró en el propio mérito, respecto de lo que los parlamentarios entendían como requerimiento para el desarrollo del país, de las disposiciones propuestas.

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competitividad en las ramas de la producción que dan soporte a las principales actividades económicas del país16. Un tema inevitable de ser considerado es la eventual colisión entre la protección de ciertos derechos de propiedad intelectual, con la extensión del acceso a bienes públicos de gran prioridad. Este es el caso concreto de los programas que buscan extender las prestaciones de salud pública, de la cual precisamente se benefician los sectores más vulnerables de la población, lo que puede entrar en conflicto con los intereses de la industria farmacéutica internacional. De hecho este conflicto está presente en buena parte de los países en desarrollo para cuyos ciudadanos el acceso a los medicamentos muchas veces depende de las posibilidades de producir genéricos a nivel doméstico. Sin perjuicio de los avances registrados en Chile, los sectores privados involucrados mantienen su presión para obtener garantías de acuerdo con su particular entendimiento de lo que es un sistema eficiente de protección a sus derechos. Al respecto, un buen ejemplo es la publicación por parte de Estados Unidos del reporte anual conocido como Informe 301, que califica de manera unilateral en diferentes listas a los socios comerciales de dicho país, según la opinión de los actores privados directamente involucrados. El caso de Chile es ilustrativo al respecto, pues ha sido calificado desde hace varios años en Lista Prioritaria de Observación, sin tomar en consideración los importantes avances de la legislación doméstica para una eficiente garantía de los derechos sobre la propiedad intelectual, justamente por la existencia de una divergencia entre las autoridades de ambos países respecto del mecanismo más adecuado para garantizarlos sobre todo en lo que se refiere al camino administrativo pertinente para la autorización de la producción doméstica de medicamentos que eventualmente podrían vulnerar derechos de compañías foráneas, y a las disposiciones de la legislación chilena para que dichas reclamaciones sean dirimidas por los tribunales de justicia). A pesar de que el mencionado informe no es un mecanismo o procedimiento contemplado en la administración del Tratado, aparece en la práctica avalado por las autoridades de Estados Unidos lo que, si bien no ha provocado hasta ahora consecuencias prácticas17,

16

De hecho, se han puesto en práctica políticas y se ha dado origen a una institucionalidad pública con recursos específicos destinados a estimular la innovación tecnológica en los procesos productivos. La creación de Innova Chile, dependiente de CORFO, es una muestra concreta del creciente interés público en esta área. 17 Se trata de un mecanismo muy discutible, pues refleja solamente la mirada de los sectores privados de Estados Unidos directamente involucrados, lo que favorece el sesgo y discrecionalidad en la calificación otorgada, tanto en términos absolutos, pues no valoriza los avances efectuados, cuanto en términos relativos, pues castiga a algunos países de modo visiblemente arbitrario respecto de otros a los cuales no se les

29

representa una presión adicional sobre los mecanismos de administración del Tratado, y además genera tensiones en el debate doméstico, cuyo resultado normalmente es endurecer las posiciones de aquellos sectores que aprecian con desconfianza los compromisos en esta materia. A estos elementos presentes en el debate se agregan las carencias y dificultades específicas en una materia reciente y de alta complejidad técnica. Entre esas principales carencias pueden mencionarse las siguientes: i.

La escasez de recursos humanos especializados, tanto en el sector público como en el sector privado, lo que dificulta contar con una masa crítica que otorgue soporte al cambio de culturas institucionales requeridas para un adecuado funcionamiento de las nuevas disposiciones legales;

ii.

Dada la complejidad del tema, que abarca diversas áreas de la producción de bienes y servicios de toda índole, existe una gran dispersión institucional, con atribuciones administrativas y legales sobre diversos aspectos de la protección a los derechos de propiedad intelectual repartidas en diferentes agencias y ministerios, lo que dificulta la coordinación y conducción del proceso18;

iii.

Vinculado a lo anterior, la debilidad o carencia de alguna institución que cuente con atribuciones legales claras y con el suficiente liderazgo técnico y respaldo político para garantizar el cumplimiento de los compromisos. Esto se ha corregido recientemente con la creación del INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial;

iv.

Escaso nivel de conocimiento respecto de los aspectos técnicos y económicos derivados de las modificaciones al marco jurídico de protección a los derechos de propiedad intelectual existente en áreas claves del Estado. Esto es particularmente sensible en el Congreso, el Poder Judicial y los niveles descentralizados (regional o municipal) de administración del Estado.

4.5.

La administración del TLC

Junto con el proceso de implementación visto desde la óptica normativa, ha existido por ambas partes una especial preocupación por dar un funcionamiento regular a las instancias de administración del Tratado, tanto de la CLC como de los Comités Técnicos Específicos. Ello ha

presta similar atención. Por otra parte, a pesar de no ser un mecanismo considerado en los TLC, es en la práctica avalado por el USTR como un instrumento de verificación del cumplimiento de los compromisos en la materia. 18 En el caso de Chile, y para facilitar la implementación de los compromisos, se estableció bajo la coordinación de DIRECON un Comité Técnico de Propiedad Intelectual que incluye representantes de los ministerios de Economía, Agricultura, Salud, Cultura, Educación y Presidencia, lo que da cuenta de la diversidad de actores que deben ser involucrados.

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permitido efectuar un seguimiento adecuado al cumplimiento de los acuerdos de implementación, sobre la base de la elaboración de agendas que recogen los puntos de interés de ambas partes, dando lugar a una metodología de trabajo de interés bilateral. Por otra lado, la CLC y los Comités Técnicos han sido el espacio institucional natural de diálogo y negociación, tanto para dar cuenta de las agendas de implementación previstas, como para incluir nuevos temas, como han sido la aceleración del cronograma arancelario para algunas partidas específicas, la resolución de complejos asuntos vinculados a la aprobación de protocolos sanitarios y fitosanitarios o el acuerdo sobre demandas de modificación de normas que condicionan o limitan el comercio internacional. El Tratado contempla además de la CLC como máxima instancia administradora y resolutiva respecto del acuerdo, la creación de nueve grupos de trabajo: Comité de Comercio de Mercancías; Comité de Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios; Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio; Comité de Contratación Pública; Comité de Servicios Financieros; Comité de Entrada Temporal; Consejo de Asuntos Laborales; Consejo de Asuntos Ambientales; y Solución de Controversias. A ello debe agregarse la constitución, en la medida en que fue necesario, de grupos de trabajo ad hoc en comercio agrícola para agilizar el avance de la agenda respectiva, así como en propiedad intelectual, este último de enorme valor para asegurar un tratamiento técnico a los temas de esta índole vinculados a la implementación19. Tal vez una de las lecciones más valiosas del proceso de implementación del TLC de Chile con Estados Unidos sea precisamente la conveniencia de institucionalizar el trabajo conjunto, de modo de no solo avanzar en las agendas de mutuo interés, sino también de contar con un espacio adecuado para anticipar conflictos y tratar las diferencias de manera constructiva, acotando las demandas sobre las estructuras de diálogo político que sustentan la relación bilateral. La construcción de este espacio institucional es además el vínculo permanente, una vez concluida la fase más exigente de la implementación, para canalizar futuras negociaciones, evaluar la marcha del Tratado y desarrollar iniciativas tendientes a maximizar sus beneficios. Al respecto cabe un comentario más general acerca de la concepción del proceso de implementación. En efecto, ha existido la tendencia a asociar casi exclusivamente la implementación de los TLC con el cumplimiento de los procedimientos y compromisos de ajuste

19

En el anexo se presenta el cronograma del trabajo realizado por los diferentes Comités, lo que muestra la regularidad de su funcionamiento e importancia adquirida en la administración del TLC.

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normativo en las diferentes áreas en que este fue comprometido, lo que varía de acuerdo con los diferentes tratados, pero que tiene como denominador común la concentración en los temas recientemente incorporados a la estructura de los acuerdos: Propiedad Intelectual, Medio Ambiente y Asuntos Laborales, y eventualmente algunos otros ligados a políticas de competencia y transparencia. Desde luego no se trata de desconocer la importancia y obligación de cumplir los compromisos contraídos, y no cabe duda de que inicialmente la mayor parte del trabajo deba concentrarse en el cumplimiento de dichas obligaciones, sin olvidar que existen derechos sobre cuyo cumplimiento es conveniente prestar un nivel similar de atención. Es el caso por ejemplo de los compromisos para poner en operación protocolos sanitarios y fitosanitarios, esenciales para materializar el acceso a mercados obtenido en las negociaciones, cuyo cumplimiento es usualmente lento y engorroso, y que por lo tanto obliga a un seguimiento activo. La experiencia muestra la importancia de considerar al menos otras dos dimensiones de la puesta en vigencia de un TLC. Los aspectos institucionales ya destacados, cuyo funcionamiento regular ha sido considerado como parte de la implementación por las razones ya expuestas. De igual manera, el aprovechamiento de los tratados, si bien no es parte del texto de un acuerdo, y corresponde al ámbito de las iniciativas públicas y privadas de cada socio, es una suerte de requerimiento asociado a la legitimidad de la apertura comercial, y como contrapartida a la adopción de exigentes compromisos no exentos de costos internos.

5.

Algunas lecciones de la experiencia de implementación

Si bien las reflexiones que se presentan a continuación se efectúan teniendo como referencia analítica directa la experiencia de la implementación del TLC con Estados Unidos, estas no pueden dejar de considerar una experiencia más general de apertura y negociaciones comerciales en la cual se inscribe este tratado específico. Desde luego no pretende ser un ejercicio exhaustivo, sino más bien realzar los aspectos más relevantes que pueden ser eventualmente considerados en otras experiencias similares, así como aquellos que pueden ser útiles a la definición de agendas de trabajo y futuros cursos de acción. 5.1.

La apertura comercial como instrumento de desarrollo

Aun cuando pueda parecer obvio, vale la pena enfatizar que la experiencia de apertura de la economía chilena y su decidida inserción en el proceso de globalización económica tiene como

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fundamento datos estructurales de su propia realidad. En efecto, las limitaciones de un mercado doméstico estrecho que no alcanza a ser compensado regionalmente, debido a los bajos niveles de integración existentes y a las estructuras productivas y niveles de ingresos relativamente similares de los países vecinos, hace obligatorio para Chile buscar una expansión de sus posibilidades de mercado para alcanzar un crecimiento dinámico y sostenible en el tiempo20. Por otra parte, algunas de las principales fortalezas competitivas de Chile, asociadas a sus recursos naturales (mineros, forestales, acuícolas y agropecuarios) encuentran mercados potenciales masivos sobre todo entre las economías emergentes e industrializadas del hemisferio norte. En consecuencia, facilitar el acceso a dichos mercados, frecuentemente limitado por barreras arancelarias y no arancelarias de diversa índole, o sujetos a concesiones unilaterales inestables precisamente por no estar sujetas a ningún tipo de contrato, fue en varios casos condición básica de estímulo para la expansión de importantes ramas de la producción local, en especial de la industria alimentaria, acuícola, vitivinícola y forestal. Cabe también una mención a la localización geográfica del país, en el extremo sur del hemisferio sur. Históricamente ello representó una seria limitación para materializar su inserción internacional, dando origen además a una suerte de cultura isleña, tanto a nivel de sus instituciones oficiales como del sector empresarial, que marcó por décadas el desarrollo del país. No obstante, el rápido avance tecnológico en los campos de la información, transporte y comunicaciones, ha disminuido la importancia de las barreras y distancias geográficas generando condiciones favorables, a países como Chile, para una inserción exitosa en las corrientes económicas más globales. A lo anterior debe agregarse su ubicación como país ribereño de la costa del Pacífico, y en consecuencia con un acceso privilegiado a la cuenca geográfica que se ha constituido en el motor principal para el desarrollo del comercio y la economía mundiales, donde se concentra más del 50% del PGB mundial y más del 50% del comercio internacional, transformando en ventaja un factor anteriormente adverso, cuando el eje de la economía mundial estaba situado casi excluyentemente en la cuenca del Atlántico Norte21.

20

Ver las referencias contenidas en: Chile: 20 años de negociaciones comerciales, DIRECON, noviembre de 2009, que abunda más en detalle sobre este aspecto central para entender más cabalmente la lógica detrás de la apertura comercial chilena. 21 El privilegiado acceso a la cuenca del Pacífico le otorga a Chile la posibilidad adicional de transformarse en un puente de conexión entre las economías asiáticas y los países sudamericanos de la cuenca atlántica, en especial los de Mercosur. Cabe hacer notar que China es ya el segundo destino para las exportaciones de Brasil, es uno de los cinco primeros destinos para Argentina, y es también crecientemente importante para Uruguay y Paraguay, todo lo cual abre la posibilidad de que parte de esos flujos de comercio sean canalizados a través de puertos chilenos, con la subsecuente cadena de servicios y logística asociados a ello.

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Este condición de país ribereño del Pacífico ha estado muy presente en la estrategia chilena de vinculación con los países del Asia Pacífico, expresada entre otras iniciativas en su incorporación al Foro APEC en 1994, en el temprano establecimiento de relaciones diplomáticas con los países más importantes de la región, y en la búsqueda sistemática del diálogo político con esa región del mundo tanto de modo bilateral como en los foros multilaterales. No es casual entonces que en la actualidad más del 40% de las exportaciones chilenas se dirijan al Asia, y tres de sus cinco principales mercados son asiáticos (China, Japón y Corea), con los cuales mantiene en plena vigencia el TLC22. Surge entonces como conclusión que la apertura comercial de Chile es una respuesta a su propia situación estructural, y en consecuencia no se trata de un modelo de validez general sino de una experiencia que puede ser útil, para terceros países precisamente, atendiendo a sus particulares condicionantes y a las potencialidades que se busca maximizar. Al hecho de que la opción estratégica de Chile por la apertura sea en realidad una adaptación a sus propias condiciones estructurales, debe agregarse, como se ha destacado en otras secciones de este documento, la existencia de particulares circunstancias políticas, domésticas e internacionales que contribuyeron muy decisivamente a su éxito. Esto remite a otra lección del proceso chileno que se refiere a la necesidad de contar con una buena lectura de las oportunidades y limitaciones que el escenario externo determina para el desarrollo de la política de apertura comercial. Un ejemplo concreto de ello, en el caso chileno, ha sido una suerte de efecto dominó, pues en la medida que avanzaba el proceso de apertura, los competidores más directos de aquellos con que se negociaba expresaban interés en seguir un camino similar, tanto para no perder ventajas de mercado como para no ver disminuida su presencia política regional23. En definitiva, el camino de apertura comercial unilateral y negociada seguido por Chile, si bien atiende a un marco conceptual más general de búsqueda de competitividad y eficiencia en la asignación de los recursos económicos, tiene un carácter esencialmente instrumental en la medida en que es concebido como una herramienta para potenciar su desarrollo, y por esa vía dar oportunidad a una mejor calidad de vida a su población. De hecho, en las últimas dos décadas el comportamiento de las curvas de crecimiento económico y expansión del comercio siguen una 22

En los países asiáticos existe una alta valoración cultural de los gestos de carácter simbólico. En efecto, no fue ajena a la decisión de China de negociar con Chile su primer TLC con un país no asiático, el hecho de ser Chile el primer país sudamericano con el que estableció relaciones diplomáticas, y de ser Chile también el primer país con el cual llego a acuerdo para su incorporación a la OMC. 23 Este fenómeno se vivió por ejemplo al cerrar las negociaciones con la UE, que acabaron dando un impulso adicional a las negociaciones con Estados Unidos, o más recientemente luego del cierre de las negociaciones con Corea y la República Popular China, que reforzaron el interés de Japón por concretar la negociación de un TLC con Chile.

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trayectoria muy similar, como se aprecia en el grafico incluido en el anexo VII, y a su vez el mayor crecimiento económico abrió la oportunidad de poner en práctica políticas sociales que contribuyeron a reducir dramáticamente los niveles de pobreza24. 5.2.

Los límites del proceso de apertura comercial

Este carácter instrumental que en el caso chileno debe atribuirse a las políticas de apertura comercial da cuenta también de sus límites y condicionantes. En el caso chileno, la apertura comercial ha sido parte de una política macroeconómica cuidadosa de los equilibrios globales de forma que tanto la reducción unilateral y gradual de aranceles como las negociaciones comerciales, han contado con la participación directa de las autoridades técnicas y políticas del Ministerio de Hacienda, responsable por la conducción económica del país. En lo que se refiere al impacto de la apertura comercial es necesario considerar una diversidad de factores. Desde luego los acuerdos comerciales dependen para operar provechosamente de un clima de negocios favorable, de estabilidad macroeconómica e institucional, y de condiciones generales de competitividad, que van desde el tipo de cambio y su evolución, hasta la eficiencia de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, y de comunicaciones en general. De hecho, en años recientes, con la disminución general de las tarifas aduaneras, la variable cambiaria ha ganado creciente relevancia como factor explicativo del comportamiento del comercio exterior. Es claro entonces que la apertura comercial debe estar armonizada con un conjunto de políticas macroeconómicas y sectoriales para provocar el impacto esperado en el incremento y diversificación de los flujos de comercio. Visto desde la óptica de los eventuales impactos negativos del proceso de apertura comercial, mirada que frecuentemente tiene gran importancia en el debate en América Latina, es igualmente necesario ponderar una serie de factores que van más allá del simple hecho de reducir la protección arancelaria. El caso chileno puede ser ilustrativo al respecto, al menos en lo que se refiere al sector agropecuario, cuyo subsector especializado en producción sustitutiva de importaciones vio como una gran amenaza la asociación con el Mercosur. Casi 15 años después de su puesta en vigencia, y luego de una activa política agrícola orientada a fomentar el incremento de su competitividad, 24

Desde luego no se trata de mostrar una suerte de relación causal entre incremento del comercio y disminución de la pobreza, sino de resaltar su valor como herramienta de desarrollo. Ciertamente, la aplicación de los mayores recursos fiscales disponibles en políticas sociales corresponde a una opción política gubernamental y no a una consecuencia automática de la expansión económica.

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queda en evidencia que son al menos tan importantes como la reducción de aranceles, el nivel de los precios internacionales, la existencia o no de distorsiones en los mercados, la evolución de la paridad cambiaria, y las ganancias de productividad por la vía de la incorporación de tecnología de punta25. Dicho en otros términos, la apertura está muy lejos de ser responsable de todos los males que se le atribuyen, muchas veces anteriores y endémicos a sectores o subsectores productivos, y la superación de los desafíos competitivos que ciertamente supone la mayor exposición a la competencia externa depende de una variedad de factores macro y micro económicos que superan largamente los límites de la política comercial. No obstante, es pertinente reconocer que el impacto de las negociaciones comerciales es heterogéneo, justamente porque actúa también sobre una estructura económica diversificada, de manera que si bien suele exagerarse en sus efectos tanto positivos como negativos, es necesario hacerse cargo desde el punto de vista de las políticas públicas de los eventuales desajustes que la apertura produce. Transcurridos casi 15 años desde el inicio de la apertura del sector agrícola y similar período desde la puesta en vigencia de políticas especificas de apoyo, no existe una evaluación única de sus resultados; sin embargo, debe destacarse que la adopción de estas políticas, más la defensa de la gradualidad del proceso de apertura es lo que garantizó una suerte de pacto social no escrito que otorgó viabilidad política al conjunto del proceso, que sin la inclusión de esta parte de la agricultura era muy poco factible. Desde la óptica de los potencialmente beneficiados con la apertura de nuevas oportunidades de mercado existe igualmente disparidad. Es claro que las empresas de mayor tamaño y más historia de internacionalización están en mejores condiciones de aprovecharlas. Nuevamente entonces queda en la órbita de las políticas impulsadas desde el Estado la posibilidad de corregir esta situación, definiendo instrumentos específicos y movilizando recursos que hagan posible una extensión de los beneficios potenciales de negociaciones comerciales hacia un universo más amplio de actores. Una última consideración en relación con la temporalidad de los beneficios obtenidos con la reducción de aranceles. En efecto, en el mediano plazo las políticas comerciales han tendido a 25

En efecto, en los últimos años han cobrado gran importancia, especialmente para un sector productivo que es enteramente transable, la apreciación del tipo de cambio respecto del dólar, que ha llegado hasta un 25% en un año, y las grandes fluctuaciones en los precios internacionales de commodities agrícolas, con fluctuaciones anuales aun más marcadas. Ello por cierto contrasta con procesos de desgravación que han llevado a la eliminación de aranceles de un 6%.

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converger de forma que las ventajas relativas obtenidas al negociar los TLC tienden también a relativizarse. Es el caso de Chile, que junto con México marcó el camino de apertura con la UE y Estados Unidos, extendiéndolo más tarde a las principales economías asiática, camino que luego ha sido seguido por Perú, Colombia y Centroamérica. Esta constatación sugiere al menos dos desafíos: por una parte, la necesidad de maximizar los beneficios de la apertura en el corto plazo para hacer efectiva la ventaja relativa obtenida y, por otra parte, la pertinencia de buscar caminos complementarios de integración y facilitación de comercio en la región que vayan más allá de la reducción arancelaria, que en la medida en que se generaliza pierde también parte de su relevancia. Otro aspecto sobre el que –especialmente en países que han iniciado más recientemente sus procesos de apertura económica– se le atribuyen potencialidades a los TLC es el que se refiere a la modernización de la institucionalidad pública vinculada al comercio exterior, e incluso también respecto de la posibilidad de promover reformas económicas de mayor envergadura, tanto en el manejo de las políticas macroeconómicas como en la desregulación de algunos sectores específicos. Si bien puede tratarse en algunos casos de externalidades positivas, generadas a partir de la oportunidad modernizadora general de la economía y de la adopción de buenas prácticas, atribuirle a los TLC tales atributos y objetivos, que superan largamente sus propósitos específicos y que van más allá de los compromisos pactados en los acuerdos, no debería ocultar el hecho de que los parámetros de evaluación de tales acuerdos continúan siendo su impacto sobre la ampliación y diversificación del comercio, el funcionamiento adecuado de la institucionalidad acordada y su eventual efecto positivo sobre las inversiones. 5.3.

La gradualidad del proceso de apertura

Otra característica de la apertura comercial chilena ha sido su gradual profundización hacia acuerdos más complejos y de mayor cobertura temática. La perspectiva del tiempo permite revalorizar las negociaciones de los Acuerdos de Complementación Económica efectuadas bajo la cobertura legal de ALADI, pues han sido la base técnica, institucional y política de la apertura hacia mercados fuera de la región llevada a cabo posteriormente. Ya se han recordado sus componentes principales y sus diferencias más importantes con los TLC negociados en años más recientes. Entre los aspectos positivos de esta apertura comercial gradual es posible destacar los siguientes:

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i.

La preparación de los equipos negociadores, que fueron ganando experiencia técnica y afinando procedimientos de coordinación institucional en la medida que se avanzaba en el proceso de apertura;

ii.

El fortalecimiento institucional de las agencias públicas responsables por las negociaciones. De hecho, las primeras negociaciones emprendidas por Chile no contaban con un referente institucional indiscutido, pues había responsabilidades superpuestas entre los Ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores, lo que finalmente decantó en la consolidación de una institución líder responsable por las negociaciones y la implementación, en este caso la DIRECON;

iii.

La posibilidad de disponer de plazos prolongados para la apertura de los sectores sensibles, plazos que más tarde fueron armonizados con los períodos de desgravación pactados en las negociaciones con la UE, Estados Unidos, China y otros, facilitando esas negociaciones;

iv.

La posibilidad de poner en operación políticas públicas de ajuste para los sectores que eran o se sentían amenazados con la apertura, reduciendo el costo social y político de las negociaciones posteriores;

v.

El ajuste gradual del marco normativo, por ejemplo para servicios e inversiones, lo que igualmente contribuyó a simplificar más tarde las negociaciones con las grandes economías industrializadas. La negociación de múltiples ACE en la región es la base sobre la cual se fundamenta la

liberalización del comercio en bienes en América Latina, ya en una etapa bastante avanzada. Esta apertura –que en algunos casos ha sido profundizada, como por ejemplo en los ACE de Chile con Perú y Colombia que han sido llevados a nivel de TLC–, es la que permite trabajar en agendas complementarias de facilitación del comercio y las inversiones como la que impulsan los países del Arco del Pacifico26. Por último, es destacable también que la apertura regional le ha abierto espacio a las Pequeñas y Medianas Empresas, que suelen tener como principal mercado de destino para sus

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Además de perfeccionar los ACE en Colombia y Perú, incorporando disciplinas y temas que los han llevado a nivel de TLC, Chile amplió en estos años la cobertura de sus acuerdos con Ecuador y Cuba, y se negoció un capítulo sobre Servicios con Mercosur, y adicionalmente capítulos sobre Compras de Gobierno e inversiones con Uruguay.

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exportaciones los países vecinos, y que en todo caso cuando inician un camino de internacionalización normalmente comienzan por la región27. 5.4.

La importancia de la dimensión institucional

Un aspecto central de la experiencia chilena ha sido el desarrollo de una institucionalidad con la suficiente densidad en términos de recursos humanos especializados en las diversas aéreas que contemplan las negociaciones y la implementación de acuerdos, así como con las atribuciones legales y el soporte político para conducir el proceso de apertura. Cabe hacer notar que en lo que se refiere a formación de RRHH, la propia Dirección ha operado como una suerte de escuela formadora en la cual se han especializado cuadros profesionales que luego han reforzado el trabajo de otras instituciones vinculadas al quehacer internacional. Contar con un liderazgo técnico, político e institucional claro ha sido de capital importancia en el caso chileno, pues ello ha permitido canalizar institucionalmente el proceso de toma de decisiones asociadas a las negociaciones, y más tarde la interlocución durante la implementación. Es oportuno recordar que si bien el proceso de apertura ha contado con la clara conducción de la DIRECON, en realidad la preparación y el fortalecimiento institucional van más allá de una sola agencia, e involucran a diferentes ministerios y servicios públicos, de tal forma que se consolida una suerte de subsistema dentro de la administración pública, especializado en el proceso de apertura comercial. Por ello, en una mirada de mediano plazo, cualquier esfuerzo de desarrollo institucional concebido para fortalecer el sector público vinculado a la internacionalización de la economía chilena, además de DIRECON y Prochile debería considerar, entre otros, a servicios públicos claves, tales como el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Aduanas, el Instituto para la Propiedad Industrial, y la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Junto con ello, la consolidación de mecanismos institucionales de coordinación para la toma de decisiones y el trabajo técnico especializado han sido también pilares de enorme importancia. Sin perjuicio de que existen diversos modelos y arreglos institucionales para abordar el proceso de apertura comercial, el modelo que ha madurado en Chile con una Dirección de Relaciones Económicas Internacionales dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores ha resultado exitoso. Ya se ha destacado en este trabajo la relevancia de los aspectos

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De acuerdo con estimaciones de Prochile, al menos dos tercios de las exportaciones de las PyME van dirigidas a los mercados regionales.

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políticos y del trabajo diplomático para abrir camino a las negociaciones comerciales, y en el caso chileno ello se ha visto favorecido por esta estructura institucional. No obstante, dado que el proceso de apertura es también una herramienta de política económica, y en cierto modo de política sectorial para el agro y la industria de bienes y servicios, la participación de una amplia gama de agencias públicas se hace indispensable. De allí que el funcionamiento del Comité Interministerial de Negociaciones Internacionales, presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores e integrado por los Ministros de Hacienda, Agricultura, Economía y Secretaría General de la Presidencia, haya sido un instrumento clave para la toma de decisiones respecto de prioridades de negociación e identificación de los aspectos críticos de las mismas. En paralelo, el Comité Técnico de Negociaciones Internacionales, integrado por los responsables del área internacional de esos mismos ministerios ha permitido llevar adelante a nivel operativo, incluyendo ciertamente los procesos de negociación, las decisiones tomadas en el nivel político28. Si bien no existen formatos únicos de organización institucional, la estrecha complementación entre la política exterior, la política económica y la política comercial son esenciales para asegurar la coherencia del proceso de apertura29. En el caso de las negociaciones de mayor complejidad o dificultad, como por ejemplo con Mercosur, Unión Europea, Estados Unidos o China, la participación llegó incluso a nivel presidencial, lo que tuvo un valor enorme para los equipos negociadores al contar con tal grado de respaldo. 5.5.

Los varios niveles de negociación

La apertura comercial negociada mediante acuerdos bilaterales o plurilaterales es en la práctica un complejo proceso de articulación de intereses públicos y privados, que requiere simultáneamente de una mirada respecto del equilibrio y viabilidad política de cada negociación, así como de la preparación técnica para llevarla a cabo. De este modo, entonces, se pueden identificar al menos tres niveles de articulación de intereses: i.

La negociación que se desarrolla al interior del sector público, para conciliar las diferentes miradas sectoriales, que van desde la definición de los intereses prioritarios,

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El funcionamiento regular del Comité Técnico de Negociaciones Internacionales ha sido esencial para contar con un espacio institucional que permita dirimir eventuales conflictos, así como para garantizar la coherencia de los equipos negociadores durante el proceso. 29 Efectivamente existen diversos arreglos institucionales en la región para concluir los temas de comercio exterior. En algunos casos existen Ministerios de Comercio Exterior, en otros los temas quedan en manos de los Ministerios de Economía o Hacienda, y en otros de las Cancillerías. Lo relevante de la experiencia chilena ha sido la capacidad de articular institucionalmente las diferentes ópticas del proceso y de centralizar su operación a través de una agencia líder.

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tanto ofensivos como defensivos, hasta las consideraciones del impacto fiscal de la apertura o de la presión que introduce al funcionamiento de servicios públicos dependientes de diversos ministerios; ii.

La negociación con el sector privado, que en países con estructuras productivas diversificadas suele ser difícil, pues con frecuencia se requiere articular intereses contradictorios, pero al mismo tiempo se trata de un aspecto crucial para la legitimidad y viabilidad política de la apertura30;

iii.

Finalmente la negociación con la contraparte, que es la más visible de las etapas del proceso negociador, pero no necesariamente la más compleja y difícil de alcanzar. Una vez resueltos exitosamente el proceso completo de preparación y luego de

negociación, resta otro esfuerzo institucional de envergadura como es la relación con el poder legislativo, de manera de asegurar la aprobación de aquello que fue negociado. Además de las obvias connotaciones políticas que posee esa parte del proceso, vale la pena destacar la importancia del trabajo que debe realizarse con las asesorías técnicas, sea que se trate de personal profesional dependiente directamente de la estructura institucional del Poder Legislativo, o bien de los organismos e instituciones que actúan en su apoyo y asesoría. Lo anterior no solo para garantizar la aprobación de los tratados, sino también para allanar el camino a las modificaciones y ajustes normativos que están asociados al proceso de implementación. 5.6.

Cooperación público-privada

Cualquier análisis retrospectivo de la experiencia chilena de apertura comercial descubre como uno de sus rasgos más destacados la estrecha colaboración entre las agencias públicas responsables de los diversos ámbitos del proceso de apertura y las organizaciones del sector empresarial directamente interesado. Ello se expresó durante las negociaciones en la activa presencia de los representantes privados. Se instituyó el llamado ―cuarto de al lado‖, que permitía a los negociadores disponer la posibilidad de consulta directa en cualquier momento del proceso, lo que era especialmente valioso en las etapas más críticas de las negociaciones. Al mismo tiempo ello permitía un conocimiento directo por parte del sector empresarial de las dificultades y límites de las mismas, lo que a su vez facilitaba un ajuste realista de las expectativas. 30

Este era el caso del sector agrícola chileno, pues mientras su sector exportador de frutas y vinos, entre otros, pugnaba por la mayor y más rápida apertura posible, el subsector orientado a la sustitución de importaciones buscaba protección y la mayor gradualidad posible. Disponer de los espacios institucionales adecuados, tanto dentro del sector público como entre este y el sector privado para resolver y zanjar estos conflictos, fue un activo fundamental de todo el proceso de apertura.

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Esta estrecha colaboración transformó la apertura comercial en un emprendimiento del cual el sector privado se sintió plenamente parte, de modo que si bien las responsabilidades finales correspondieron siempre a las autoridades del gobierno, responsables en última instancia de evaluar el balance de cada acuerdo, la construcción de confianzas desarrollada durante el proceso garantizó altos grados de solidaridad y comprensión del sector privado respecto de esas decisiones. Adicionalmente, esta metodología de trabajo facilitó más tarde la tramitación legislativa de los acuerdos, que contaron sistemáticamente con el apoyo activo de los actores involucrados. Esto último contribuye a explicar que regularmente los TLC fueron aprobados en el Congreso con muy amplias mayorías, y en no pocos casos por unanimidad. Paralelamente a la participación en las negociaciones, se estableció un Comité Público Privado de Negociaciones Comerciales que ha mantenido su funcionamiento regular aun cuando el período más activo de acuerdos bilaterales ya ha concluido. El funcionamiento regular de este comité permite en la actualidad hacer un seguimiento muy cercano a la implementación y aprovechamiento de los acuerdos comerciales, identificando las barreras y obstáculos que dificultan y entorpecen su funcionamiento, así como las nuevas oportunidades que la propia dinámica de los acuerdos y la evolución de los escenarios económicos abren, de forma de explorar caminos de profundización y perfeccionamiento de los mismos. Un asunto a evaluar es la conveniencia de iniciar una nueva etapa de esta cooperación, volcándola prioritariamente al trabajo de aprovechamiento de los TLC. Si bien en estos años se han puesto en operación políticas públicas destinadas a este efecto que han contado con un volumen no despreciable de recursos –a través de Prochile, CORFO y Fundación Imagen de Chile entre otros–, la creciente diversificación de mercados, productos y empresas exportadoras hace muy difícil dar cuenta de necesidades que son cada vez más específicas. En ese sentido, fortalecer la institucionalidad privada de apoyo a la internacionalización de sus afiliados puede ser una manera eficaz de multiplicar el impacto de los recursos públicos destinados a promover exportaciones, y de dar respuestas más ajustadas a las demandas de las empresas que buscan su internacionalización31. 5.7.

Implementación, administración y aprovechamiento: los pilares de un único proceso

31

DIRECON, con el apoyo del BID, ha ejecutado un programa de modernización institucional que está próximo a concluir. Para una eventual segunda fase podría ser interesante evaluar la incorporación de otras agencias públicas, como las mencionadas en el texto, e igualmente considerar estructuras de organismos privados, como SOFOFA, ASOEX Y ASEXMA, entre otras, que ampliadas en sus capacidades institucionales podrían prestar eficaz apoyo a la internacionalización de sus empresas asociadas.

42

El énfasis colocado en la implementación una vez verificada la entrada en vigencia de los TLC puede llevar a estimar que se trata de una nueva etapa completamente separada de la anterior, y limitada casi exclusivamente a sus aspectos legales y normativos en general. Sin embargo, la experiencia chilena –tanto en el TLC con Estados Unidos como en la mayor parte de los otros acuerdos– es que existe una frontera no claramente delimitada entre ambos momentos, de manera que una vez concluidas las negociaciones y puestos en vigencia los acuerdos se inicia una suerte de proceso continuo de negociación, tanto para asegurar el cumplimiento de derechos y obligaciones de la manera y en los tiempos pactados como para ir adaptando los acuerdos a las nuevas condiciones generadas por el propio proceso de apertura bilateral, y por el cambio en las circunstancias económicas generales en que ellos operan. Algunos de los acuerdos negociados por Chile contemplan cláusulas específicas de profundización y ampliación, ya sea para acelerar el proceso de desgravación o para negociar nuevos capítulos no incluidos en el acuerdo original. De hecho, durante estos años se ha renegociado con Perú y Colombia, transformando los ACE en acuerdos de libre comercio: se han incluido capítulos de servicios con un Mercosur y China, y de inversiones con este último país; se ha negociado un capítulo de compras de gobierno con México, y se ha acordado flexibilización de las reglas de origen de algunas partidas arancelarias igualmente con ese país 32. En definitiva, lo que interesa destacar es que los acuerdos comerciales son acuerdos vivos y dinámicos, susceptibles de ser ampliados y perfeccionados. Siendo esto verdad, adquiere especial relevancia la construcción del arreglo institucional que haga posible desarrollar esta vitalidad; de allí la importancia de considerar la administración como parte básica de los acuerdos en el momento de la negociación y más tarde en el proceso de implementación. Los Comités de Libre Comercio y Los Comités Técnicos, al funcionar regularmente, son el espacio natural para nuevas negociaciones y acuerdos. La experiencia chilena ha mostrado también la conveniencia de concebir los tratados de una manera más integral, al concederle prioridad no solo a la negociación y posterior puesta en vigencia, y más tarde a la implementación y administración, sino también al aprovechamiento de las oportunidades que se abren con el acuerdo. Esto ha significado potenciar la institucionalidad de promoción de exportaciones, incrementar los recursos destinados a este propósito y diseñar 32

La aproximación flexible a las negociaciones ha sido uno de los sellos característicos del proceso chileno, de manera que así como se han negociado acuerdos desde el comienzo comprehensivos y de alto estándar, como es el caso de los TLC con Estados Unidos, UE, Australia y P4 entre otros, existen también casos, como el TLC con China, en que ha primado una aproximación gradual, negociando en etapas sucesivas hasta incorporar los capítulos y disciplinas que en una primera fase no fue posible negociar.

43

nuevos instrumentos para adaptarse de mejor manera al escenario redefinido justamente por la negociación de los acuerdos. Existe una suerte de tres pilares para el proceso completo asociado a los acuerdos: i.

Implementación;

ii.

Administración; y

iii.

Aprovechamiento. Estos pilares se han retroalimentado simultáneamente y han reforzado la legitimidad del

proceso de apertura en la medida en que se comienzan a hacer tangibles algunos de sus beneficios. Por último, surge también como una necesidad disponer de mejores y más sistemáticos estudios y análisis de evaluación de impacto de los TLC que alimenten la formulación de políticas destinadas a mitigar eventuales impactos negativos, así como a generalizar las oportunidades que se han abierto. Si bien en el caso chileno se han realizado algunos estudios de evaluación de la evolución del comercio y la inversión, ellos no son lo suficientemente específicos y sistemáticos como para contribuir a detectar ajustes que contribuyan a su mejor utilización; se trata de una tarea pendiente que sería beneficioso resolver.

6.

Bases para una agenda de cooperación regional

Las dos últimas décadas han sido sin duda muy activas en la región en lo que se refiere a la apertura del comercio y la búsqueda de caminos de integración económica. Existe una red bastante extendida, aunque incompleta, de acuerdos comerciales –de muy heterogénea profundidad y amplitud–, que regula las relaciones comerciales de un número importante de países del Norte, Centro y Sudamérica. Por otra parte, México, Centroamérica, Perú y Chile tienen acuerdos vigentes con Estados Unidos y recientemente han concluido las negociaciones de la Unión Europea con Perú y Colombia, y luego con Centroamérica y Panamá. Debe recordarse además que se han materializado acuerdos entre algunos países latinoamericanos con economías asiáticas, como es el caso de México y Chile que tienen acuerdos con Japón; Perú y Chile que tiene acuerdos con Corea y China, y Costa Rica también con esta última nación asiática. A ello se agrega la existencia de acuerdos subregionales que operan en algunos casos desde hace varias décadas, como es el caso del SICA y la Comunidad Andina, y desde 1991 el

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Mercosur, y que apuntan al establecimiento de zonas de libre comercio entre sus países miembros. En definitiva, es posible afirmar que, sin perjuicio de que aún existe espacio para la negociación de nuevos acuerdos y desde luego para perfeccionar y ampliar los ya existentes, en gran medida el trabajo de eliminación o reducción de aranceles ya se ha hecho y, en todo caso, las tarifas aduaneras no parecen ser ya la variable clave para estimular los intercambios comerciales como ocurría hasta inicios de la década de 1990. A pesar de los evidentes avances en lo que se refiere a la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, los intercambios al interior de la región continúan siendo modestos al compararlos con otras áreas geográficas del mundo. En efecto, cifras recientes muestran que del comercio total de los países de ALADI, solo un 17% ocurre dentro de esa agrupación de países, en tanto más de dos tercios del comercio de la UE acontece dentro de su región, y más del 50% del comercio de los países de ASEAN ocurre entre los socios de esta agrupación. Si bien las razones para ello son diversas y van desde las que se relacionan con las estructuras de producción y exportaciones asociadas a materias primas, que es el patrón predominante en la mayor parte de los países de la región, hasta deficiencias de infraestructura y conectividad, las cifras indican que es perfectamente posible incrementar los flujos de comercio entre los países de la región. Esto podría favorecer la producción con mayor valor agregado y una mayor incorporación de las pequeñas y medianas empresas, que usualmente comienzan su proceso de internacionalización en su área geográfica más cercana. Cabe entonces preguntarse si existen aún mecanismos y caminos no explorados suficientemente para ampliar las posibilidades de incrementar el comercio y la inversión entre los países de América Latina, sobre los cuales trabajar en función de una agenda consensuada. En paralelo, la apertura comercial negociada se ha tornado más amplia y compleja: han cobrado mayor importancia temas como el comercio en servicios y las inversiones, y más aún han surgido nuevas temáticas que, sin ser estrictamente comerciales, comienzan a ser vinculadas a los procesos comerciales, como son los asuntos laborales, cambio climático y medio ambiente, entre otros. Sin pretender agotar los contenidos de lo que puede ser una agenda renovada de política comercial para la región, pueden destacarse algunos tópicos de especial interés:

45

6.1.

Temas para una agenda renovada de política comercial Convergencia y facilitación de comercio. Una de las críticas que se hace a los procesos

de apertura negociada bilateralmente es que su proliferación ha terminado generando una enorme heterogeneidad en las disposiciones, no solo de cronogramas de reducción arancelaria sino también de las disciplinas comerciales asociadas, siendo particularmente sensibles los temas de reglas de origen, procedimientos para establecer requisitos técnicos, sanitarios y fitosanitarios, procedimientos aduaneros, mecanismos de defensa comercial, y solución de controversias, entre otros. Es frecuente escuchar la demanda de las organizaciones empresariales por simplificar y homogeneizar la estructura de reglas de origen, así como también para mejorar los procedimientos de otorgamiento de certificados de origen y agilizar el establecimiento de estándares sanitarios y la definición de los protocolos para su cumplimiento. La multiplicidad de normas y procedimientos, la tramitación frecuentemente engorrosa en frontera para el ingreso de bienes, la rigidez o imposibilidad para acumular origen e integrar cadenas productivas son todos factores que limitan el comercio, elevan los costos de transacción, y acaban siendo barreras también para promover la inversión. Al respecto, la agenda que intentan llevar adelante los países del Arco del Pacífico Latinoamericano33 está encaminada justamente a abordar gradualmente estos temas, comenzando con aquel que posee mayor potencialidad para liberalizar el comercio como es el de normas de origen y la negociación de mecanismos de acumulación de origen entre los países que son parte de esta iniciativa34. Dada la complejidad y amplitud temática de una agenda de esta naturaleza, tal vez lo más conveniente sea comenzar identificando aquellas áreas prioritarias y factibles de negociar, entre las cuales las más relevantes parecen ser: Acumulación de Origen. Una negociación que permitiera favorecer la acumulación de origen entre los países de la región y, más adelante, de estos con otros socios comerciales –como

33

La iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano lanzada a comienzos de 2007 en Cali, Colombia, está conformada por los países de America Latina que cuentan con riberas en el Océano Pacífico: México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. 34 La última reunión ministerial del Arco, realizada en Puerto Vallarta, México, en noviembre de 2009, aprobó formalmente el inicio de negociaciones para avanzar en acumulación de origen entre sus miembros, y al mismo tiempo comenzar a trabajar en la preparación de una estrategia de aproximación a los países de ASEAN y otras economías asiáticas.

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Estados Unidos o la Unión Europea– tendría un indudable impacto expansivo sobre el comercio35. Procedimientos Aduaneros. La simplificación de los procedimientos para otorgar certificados de origen así como para materializar las operaciones de intercambio comercial es otra de las aéreas susceptibles de ser abordadas en el corto plazo. De hecho, existen exitosas experiencias de expedición electrónica de certificados de origen entre países de la región que podrían ser ampliadas. Estándares sanitarios y fitosanitarios. Si bien cada país establece estándares de acuerdo a su realidad y exigencias de bioseguridad, y por lo tanto es difícil que puedan converger en patrones únicos, sería posible avanzar en una agenda que otorgara mayor transparencia y predictibilidad a la tramitación de los protocolos de habilitación y a los métodos de supervisión de su cumplimiento. Solución de controversias. El incremento del comercio y la inversión conlleva naturalmente un mayor riesgo de conflictos. Avanzar hacia la definición de mecanismos simplificados y ágiles que permitan reducir costos y plazos en la solución de controversias podría ser igualmente una contribución al propósito de facilitar el intercambio comercial. Encadenamientos productivos.

Una potencialidad a

explorar es

la búsqueda de

encadenamientos productivos, que permitan aprovechar de manera más eficaz los acuerdos existentes entre países de la región, y especialmente los de estos con socios extra regionales. Existen interesantes experiencias, por ejemplo en Chile, de empresas que se han instalado en el país para completar el producto final de tal forma de cumplir las reglas de origen, y desde allí ingresar a países con los cuales existen acuerdos vigentes y ventajas de acceso que no poseen en su país de origen. Disponer de buenas bases de datos y de instrumentos técnicos apropiados para identificar las cadenas de valor y los mercados en que este tipo de encadenamientos parece más factible sería igualmente un interesante estímulo, sobre todo a la inversión, entre los países de la región, y un mecanismo interesante de agregación de valor a sus exportaciones.

35

Al respecto, los trabajos preparados por el Departamento de Integración y Comercio del BID, en apoyo a las actividades del Arco del Pacífico, muestran las potencialidades de una negociación de esta naturaleza.

47

Ciertamente la obtención de avances concretos en la negociación que se iniciará próximamente respecto de acumulación de origen puede potenciar en importante medida esta posibilidad36. Promoción de inversiones. Usualmente la promoción de inversiones ha sido asumida como una tarea que cada país realiza de forma unilateral, y es realista imaginar que continuará siendo así. No obstante, los países del Arco del Pacífico antes mencionados trabajan en la búsqueda de mecanismos que hagan posible una promoción más integrada, destacando los atractivos de este conjunto de países como receptores potenciales de inversión. En ese sentido, el perfeccionamiento del marco normativo para la protección de la inversión extranjera y la definición de mecanismos de solución de controversias que cuenten con parámetros y estándares equivalentes de operación debería ser una importante contribución. El primer paso tendría que ser contar con acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones, idealmente con estructuras jurídicas similares y vinculadas a mecanismos expeditos de solución de controversias, de tal forma de facilitar el flujo de inversiones entre los países de la región, y entre estos y eventuales inversores extra regionales. Un aspecto pertinente de considerar es que el proceso de internacionalización de las empresas, ya no solo de las de mayor tamaño, comienza a generalizarse en la región. A la experiencia mexicana y chilena le han seguido cada vez más activamente empresas de Brasil, Perú y Colombia, entre otras, de forma que en los próximos años es muy probable que se asista a una multiplicación y diversificación de este proceso, lo que a su vez influirá sobre los flujos de comercio y probablemente generará nuevas demandas de seguimiento institucional. También respecto de este asunto podrían explorarse sinergias con los dos puntos anteriores, esto es, la flexibilización de normas de origen y la posibilidad de su acumulación pueden hacer más simple y atractiva la inversión en cadenas de valor integradas, y esto a su vez en sí mismo ser un estímulo a la inversión externa. Acuerdos extra regionales. Los acuerdos de países o bloques de países de América Latina negociados con la UE son sin duda un antecedente muy importante a considerar al explorar esta posibilidad. No obstante, existen otros actores o bloques subregionales que pueden ser de interés para los países de América Latina. Esto es especialmente válido si se aprecia la importancia cada 36

DIRECON ha efectuado estudios específicos para identificar oportunidades de encadenamiento productivo para grupos seleccionados de productos, especialmente de cara a los mercados asiáticos, y es probablemente una de las más promisorias vías de integración económica para los próximos años.

48

vez mayor del comercio con los países asiáticos, no solo con China, Japón, Corea e India, sino con varios de los nuevos países emergentes agrupados en ASEAN37. Si bien parece aventurado pensar aún en la negociación de TLC entre bloques de países de América Latina con bloques de países asiáticos, la búsqueda de un diálogo sistemático y la definición de una agenda de trabajo que aborde gradualmente una estrategia para la facilitación del comercio y la inversión puede ser un primer paso a una futura mayor integración entre dos subregiones que reúnen a la mayor parte de los países emergentes, con mayor dinámica de crecimiento actual y prevista para las próximas décadas. Al respecto, existe una experiencia que debe seguirse con atención, como es la eventual ampliación del Acuerdo Transpacífico, también conocido como P4, que incluye a Nueva Zelandia, Singapur, Brunei y Chile, grupo con el que han expresado su voluntad de negociar y ya han iniciado conversaciones Australia, Perú, Estados Unidos y Vietnam. Probablemente será una negociación muy compleja y prolongada, pero de concluir exitosamente puede constituirse en un valioso antecedente para esfuerzos de mayor amplitud. Por otra parte, si bien existe APEC como Foro de Cooperación Económica 38, que agrupa a 21 economías del Asia Pacífico, entre las cuales están México, Perú y Chile, foro al que además han expresado su interés de integrarse varias naciones latinoamericanas, como es el caso de Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá, la apertura a nuevos países es incierta y en todo caso solo permitiría la participación de un sub grupo bastante reducido de países de la región. Por ello, la exploración de un diálogo con ASEAN y otras naciones asiáticas parece un camino interesante para avanzar hacia una mayor integración con la región del mundo que será probablemente el principal mercado para las exportaciones de buena parte de los países de América Latina. Ello requiere tomar iniciativa política y definir agendas y mecanismos institucionales para llevar adelante este diálogo, que en todo caso debería procurar la posibilidad de avanzar hacia una mayor liberalización de comercio e inversiones. Tópicos recientemente incorporados a la agenda internacional de política comercial. Desde hace varios años se han abierto paso nuevos temas en la agenda de la política comercial, especialmente a través de los TLC, también en algunos casos en los espacios multilaterales como 37

Asociación que agrupa a los países del Sudeste asiático: Vietnam, Laos, Cambodia, Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Brunei, Filipinas y Myanmar. 38 Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, que agrupa a las principales economías de Asia y Oceanía, además de Estados Unidos y Canadá, y los mencionados países latinoamericanos. Entre los objetivos que se ha planteado APEC está el constituir no más allá del año 2020 una zona de libre comercio entre sus miembros.

49

la OMC o APEC, y es previsible que su peso en la agenda comercial será creciente, con la perspectiva de que en el mediano plazo se avance en la definición de estándares cuyo cumplimiento condicione de alguna manera los flujos de comercio. Entre estos temas es posible identificar al menos los siguientes: Propiedad Intelectual. Ya se ha mencionado a lo largo del texto la importancia atribuida a la protección de los derechos de propiedad intelectual, asunto que con toda probabilidad continuará aumentando su relevancia en los años venideros. Se han señalado las carencias a nivel institucional y de recursos humanos calificados para abordar correctamente este tema en la mayor parte de la región, a pesar de que existe alguna experiencia que es posible sistematizar y difundir. Sin perjuicio de lo anterior, elaborar de manera más sistemática los temas que podrían ser propios de una agenda de protección a la propiedad intelectual adaptada a las necesidades de países de desarrollo intermedio podría ser interesante y permitiría a estos países no refugiarse en posiciones casi exclusivamente defensivas como ocurre generalmente. La incorporación más activa de este tema en la agenda de la política comercial podría entonces desarrollarse sobre la base de tres pilares o líneas de trabajo: Construcción y Fortalecimiento Institucional; Formación de Recursos Humanos Especializados y Diseño de una agenda más acorde a las necesidades regionales. Asuntos Laborales. Este tema ya es parte de la agenda hace prácticamente una década, y gradualmente se han ido elevando los estándares, vinculándolos además de modo más estrecho con potenciales sanciones económicas y comerciales. Sin perjuicio de que su inclusión en los TLC ha sido en general bien recibida, sobre todo por las organizaciones de trabajadores, subsiste el evidente riesgo de su transformación en instrumento de restricción al comercio y protección a sectores de la industria en los países desarrollados que sientan amenazas a su competitividad39. Con todo, este es un tema que continuara presente en las negociaciones comerciales frente al cual se hace necesario trabajar en la definición y perfeccionamiento de buenas prácticas, y en la supervisión eficaz de su cumplimiento. Cambio Climático y Medio Ambiente. La ampliación de las preocupaciones respecto de la calidad de la legislación medioambiental y del adecuado cumplimiento de sus regulaciones se ha impuesto rápidamente, y en realidad ha escalado a un lugar prioritario de la agenda global. Bajo

Al respecto, la experiencia chilena ha sido sistematizada por Lazo Pablo (2009) en: ―Los acuerdos comerciales y su relación con las normas laborales. Estado actual del arte‖. Documento de fondo No. 4. Geneva Switzerland, International Centre for Trade and Sustainable Development. 39

50

el concepto de cambio climático se cubre una gama muy grande de temas que van mucho más allá de los temas normativos de hace una década. En lo que se refiere a la agenda comercial, la preocupación cada vez mayor sobre el impacto ambiental de los procesos productivos constituye un punto sobre el cual necesariamente deberá prestarse atención, puesto que no es improbable que en el futuro próximo comiencen a discutirse estándares y metodologías de seguimiento para medir dichos impactos, como ya se insinúa con la llamada ―Huella de Carbono‖, y más recientemente con la ―Huella del Agua‖. Aun cuando la definición de estándares y su establecimiento como normas obligatorias requerirían de una negociación que por ahora se ve lejana, la cada vez mayor sensibilidad de la opinión pública internacional sobre estos temas puede generar de facto condicionantes al comercio. Frente a ello, y desde la óptica de la política comercial, parece recomendable preparase para al menos: i.

Estimular el desarrollo de metodologías que permitan medir el impacto ambiental de los procesos productivos;

ii.

Preparar equipos técnicos en condición de participar en las negociaciones que probablemente vendrán, y que pueden alcanzar a temas comerciales;

iii.

Avanzar hacia la definición de una agenda medioambiental acorde con el nivel de desarrollo y necesidades de los países de la región;

iv.

Políticas complementarias. Si bien la definición de políticas complementarias no corresponde a las atribuciones y competencias de las instituciones responsables por el comercio exterior, estimular el diálogo con las agencias públicas pertinentes puede contribuir a la identificación de instrumentos que mitiguen eventuales impactos negativos, o bien fortalezcan sus potencialidades como instrumento y factor de desarrollo40. Si bien la existencia de impactos negativos probablemente estará acotada a sectores o

subsectores muy específicos, su abordaje oportuno con políticas públicas adecuadas puede ser un factor que allane las posibilidades de profundizar la agenda de comercio e integración económica. 40

Se ha destacado a lo largo del texto la importancia que en el caso chileno muestra la definición de políticas de apoyo al sector agrícola vinculadas a la apertura. México es otro caso en que se aplicaron políticas de ajuste y compensación. La reciente puesta en vigencia del DR CAFTA y del TLC de Perú con Estados Unidos y la próxima entrada en vigor de los TLC con la UE para Perú, Colombia y Centroamérica, probablemente dará lugar a demandas de ajuste competitivo que será necesario atender.

51

Por su parte, el aprovechamiento de las oportunidades abiertas, incorporando nuevos productos, nuevos agentes productivos y nuevas regiones geográficas a la internacionalización, requiere de recursos orientados específicamente a la pequeña y mediana empresa. 6.2.

Ideas para una agenda de cooperación

El grado de apertura comercial, con la multiplicación de acuerdos que es necesario aprovechar cabalmente, los desafíos de una política comercial renovada y eventualmente reorientada hacia negociaciones dirigidas a la armonización y convergencia de lo ya hecho, y la consolidación y ampliación de nuevos temas que han irrumpido en la agenda temática de las negociaciones comerciales, abren espacio para una interesante posible agenda de cooperación que permita compartir y aprovechar la ya larga experiencia acumulada en los países de la región, mejorar sus capacidades técnicas e institucionales para maximizar los beneficios de la apertura, y dar cuenta de los nuevos desafíos de la integración económica regional. Fortalecimiento de capacidades institucionales. La necesidad de contar con instituciones capaces de liderar tanto las negociaciones como la posterior administración e implementación de los acuerdos es algo sobre lo cual hay un alto grado de consenso. Existe una variada gama de arreglos y modalidades institucionales para la conducción de los procesos de apertura comercial, y en consecuencia no se trata de buscar modelos ideales comunes, aunque sí pueden destacarse algunos rasgos deseables para la alternativa que cada quien elija:  Densidad político-técnica suficiente como para liderar un proceso que involucra una alta dispersión funcional y temática;  Estrecha capacidad de articulación con las instancias de conducción de la política económica y de la política exterior;  Nivel de jerarquía política y administrativa lo suficientemente alto como para tener capacidad y autoridad de coordinación de las agencias locales, y reconocimiento internacional para garantizar interlocuciones de alto nivel;  Modernización y fortalecimiento institucional no solo de una institución líder, sino del ―Sistema Público‖ involucrado en las relaciones económicas internacionales. Ello debería alcanzar idealmente a los organismos sanitarios y fitosanitarios, a los servicios de aduanas, a las agencias responsables de velar por los derechos de propiedad intelectual, y en general a las entidades públicas que intervienen en el proceso de internacionalización de la economía; 52

 Diseño o rediseño, según corresponda, de las agencias de promoción de exportaciones y atracción de inversiones, que son el principal instrumento de apoyo para la materialización de la apertura en nuevas oportunidades de negocios;  Consideración

en

el

fortalecimiento

de

la

institucionalidad

para

la

internacionalización de las agrupaciones gremiales que podrían prestar servicios a sus afiliados, multiplicando la cobertura y capacidad de las agencias públicas. Formación de recursos humanos. Este es igualmente un aspecto crítico, y aun cuando las temáticas prioritarias deben estar definidas de acuerdo con requerimientos específicos, es altamente probable que ellas se vinculen a los aspectos claves de la implementación y administración de los acuerdos, así como a los tópicos más recientes que se han incorporado a la agenda de la política comercial. Sin embargo, también acá parece recomendable una visión sistémica que incorpore a los programas de fortalecimiento de capacidades técnicas a estamentos de la administración del Estado usualmente no considerados. Entre ellos pueden destacarse los siguientes:  Los niveles estadual (o regional según sea el caso) y provincial de la agencias comprometidas en la implementación y aprovechamiento de los acuerdos;  Los equipos técnicos del Poder Legislativo;  Los Think Tank que participan en la asesoría para la formulación de leyes y normativa vinculada a la apertura comercial;  Profesionales miembros del Poder Judicial que participan en la administración de justicia vinculada a las normativas incluidas en los tratados, en aspectos tales como propiedad intelectual y asuntos ambientales y laborales. Administración y aprovechamiento de acuerdos. La ampliación del número de acuerdos que buena parte de los países debe administrar de modo simultáneo, así como la incorporación de una gran variedad de temas para los cuales se han establecido derechos y obligaciones 41, y la diversidad de relaciones institucionales domésticas y externas que deben mantenerse en funcionamiento regular hacen recomendable contar con los instrumentos metodológicos y técnicos para efectuar un eficiente seguimiento de tales compromisos;

41

Al respecto, la experiencia del proyecto BID-DIRECON puede ser útil de analizar, pues precisamente uno de sus componentes estaba referido al desarrollo de metodologías e instrumentos de seguimiento para la administración y gestión de acuerdos.

53

Si bien la apertura comercial es una oportunidad cuya utilización es de responsabilidad eminentemente privada, el desarrollo de capacidades institucionales específicas puede contribuir a su mejor aprovechamiento. Especial énfasis debería otorgarse a los aspectos menos utilizados en los tratados, tales como el comercio de Servicios y Compras de Gobierno. En lo que se refiere a servicios, si bien se han incluido en los tratados disposiciones de apertura del sector, con diverso nivel de amplitud, sus potencialidades han sido muy poco exploradas. Probablemente ello se deba a la carencia de regulaciones complementarias que permitan hacer efectivas las aperturas de mercado42, o por desconocimiento del funcionamiento del mercado de servicios en los diferentes países. Algo similar puede señalarse en relación con Compras de Gobierno, incluidas en prácticamente todos los acuerdos recientemente negociados, pero cuya utilización ha sido marginal. Los factores que han determinado este bajo nivel de utilización pueden estar ligados al desconocimiento de los mercados y sus procedimientos de postulación y adjudicación, y un esfuerzo destinado a identificar con precisión los factores limitantes y subsecuentemente a procurar resolverlos puede generar un potencial interesante, en especial para las PyME. Estudios e información de base. El desarrollo de una agenda de política comercial, incorporando las nuevas dimensiones prioritarias y los temas emergentes, requerirá de un esfuerzo adicional de construcción de bases de datos confiables, que permitan llevar a cabo negociaciones, como es el caso por ejemplo de los temas de acumulación de origen, tanto entre los países de la región como entre estos y otros bloques regionales. Algo análogo puede señalarse para los temas que previsiblemente serán parte de la agenda en los próximos años; entre ellos deberían adquirir prioridad para sistematizar información y desarrollar conocimientos específicos respecto del impacto potencial sobre el comercio los temas de cambio climático y medio ambiente. Por otra parte, si se explora de un modo más institucional una mayor vinculación con las economías asiáticas y algunos de sus bloque regionales, como es ASEAN, será necesario desarrollar análisis y estudios conjuntos, idealmente involucrando agencias asiáticas especializadas en investigación, formulación de políticas y apoyo al desarrollo económico. El desarrollo de trabajos conjuntos, que permitan contar con una buena información de base

42

Por ejemplo, la apertura de servicios profesionales difícilmente puede operar si no existen mecanismos de reconocimiento de títulos y agencias certificadoras confiables para homologar conocimientos y competencias.

54

respecto de políticas comerciales, apertura arancelaria actual y programada, reglas de origen, regímenes de promoción y protección de inversiones o mecanismos de defensa comercial y solución de controversias, permitiría contar con una adecuada evaluación de coincidencias y divergencias, y con elementos de análisis para evaluar la factibilidad de profundizar relaciones económicas entre ambos continentes. Adicionalmente, si se trata de las vinculaciones con Asia, pueden cobrar importancia especial temas como el de la conectividad marítima y aérea, su disponibilidad y costos, así como el posible impacto del incremento de relaciones económicas entre ambas regiones sobre el medio ambiente.

55

Anexo I: Implementación de compromisos de propiedad intelectual en TLC (*) 1ª Columna se refiere a compromisos en proceso de implementación. 2ª Columna se refiere a compromisos de adherir, pero que son tratados que se aplican y reconocen ya en la normativa interna. 1º Fuente legal

Fecha límite de implementación

Estado al 10-05-2010

Observaciones La Ley General de Telecomunicaciones contiene normas que cumplen los estándares de protección del Convenio de Bruselas Por ello solo faltaría el acto formal de adherir: depositando un instrumento de adhesión, previa autorización por el Congreso chileno

Adherir al Convenio de Bruselas sobre distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite  Art17.1.3 Estados Unidos  Art.17.4 Australia

01.01.2009

Implementada en los hechos

Adherir al Tratado. Budapest Depósito de Microorganismos (1977)  Art.2 EFTA  Art.17.4 Australia

01.01.2009

Pendiente

Protección de las Señales de Satélites portadoras de programas codificados  Art. 15-12 México  Art. 17.8.1 Estados Unidos

01.08.1999 01.01.2004

Pendiente

Medidas Tecnológicas de protección y Acciones civiles para la persecución de las responsabilidades derivadas de eludir las medidas tecnológicas  Art. 17.11.5 Estados Unidos  Art. 17.7.5 Estados Unidos

01.01.2009

Pendiente

56

Ver observación al Convenio de Bruselas

Fuente legal

Fecha límite de implementación

Estado al 10-05-2010

01.01.2008 01.01.2004

Pendiente

Observaciones

Reformas a la Ley de Propiedad Industrial para implementar medidas de observancia y otras pendientes  Art. 17.11 TLC Estados Unidos Fundamentos para rechazar una indicación geográfica por marca preexistente Marcas: Indemnización equivalente al menos a las ganancias obtenidas por el infractor, cuando no haya sido considerada al calcular el daño  Art. Art. 17.11.8. (a)(ii) Estados Unidos Marcas: Indemnizaciones predeterminadas en los procedimientos civiles. Art. 17.11.9 Estados Unidos (Además las obligaciones pendientes de Anexos V y VI del A.A UE y pendientes de Convenio. París) (Publicar) Poner a disposición del público los esfuerzos realizados para la Observancia de los derechos de PI, incluida información estadística  Art. 17.11.4 Estados Unidos

01.01.2004

Propiedad Intelectual: Si se establecen Medidas correctivas civiles en procedimientos administrativos: Aplicación principios equivalentes a los judiciales civiles  Art. 17.11.14 Estados Unidos

Implementada

Pendiente

Fuente: Direcon. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile Nota: Columna se refiere a compromisos en proceso de implementación

57

Cada una de las agencias relacionadas con PI debería difundir las acciones tomadas en este sentido

2º Fuente legal

Fecha de implementación

Estado al 10-05-2010

Observaciones El Reglamento de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial reconoce este Clasificador, que por tanto es el que se usa en Chile

Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de Marcas. Art 170. A.A. Union Europea

01.01.2007

Implementada en los hechos

Arreglo de Estrasburgo para la Clasificación Internacional de Patentes. Art 170. A.A. Union Europea

01.01.2007

Implementada en los hechos

ÍDEM

Diseños Industriales: Arreglo de Locarno (1979) Clasificación Dibujos y Modelos Ind. Art 170. A.A. Union Europea

01.01.2009

Implementada en los hechos

ÍDEM

Fuente: Nota: Columna 2 Se refiere a compromisos de adherir, pero que son tratados que se aplican y reconocen ya en la normativa interna

58

Faltaría el acto formal de adherir: depositar el instrumento de adhesión ante el OOII correspondiente, previa aprobación por el Congreso

Fuente legal Adherir al TLT (1994) Art. 17.1.3 Estados Unidos

Adherir a UPOV (1991) Art. 17.13 Estados Unidos Art. 2.2 Anexo XIII EFTA Art. 162 Japón

Fecha de implementación

Estado al 10-05-2010

Observaciones

01.01.2009

Proyecto de aprobación para adherir pendiente en el congreso

Se encuentra en segundo trámite Constitucional, en Com. RREE del Senado

01.01.2009

Proyecto de aprobación para adherir pendiente en el congreso

01.01.2004

Implementada

Reformas a la Ley de Propiedad Intelectual Derechos Conexos: Derecho de reproducción sobre copias temporales (incluido el almacenamiento temporal en forma electrónica). Art. 17.6.4 Estados Unidos Derecho autor y conexos: Presunción de subsistencia del derecho de autor y del derecho conexo a falta de prueba en contrario. Art. 17.11.6 Estados Unidos Derechos de autor y conexos: secuestro Art. 17.11.11 Derecho Autor: Indemnizaciones predeterminadas en los procedimientos civiles. Art. 17.11.9 Estados Unidos Derechos de Autor y Conexos: Indemnización equivalente al menos a las ganancias obtenidas por el infractor, cuando no haya sido considerada al calcular el daño. Art. 17.11.8.(a)(ii) Estados Unidos Derecho Autor: Indemnizaciones predeterminadas en los procedimientos civiles. Art. 17.11.9 Estados Unidos Recursos civiles del 17.11 extendibles para hacer efectiva la protección de la información sobre la gestión de derechos. Art. 17.11.5 Estados Unidos Derecho de Autor: Donación con fines de caridad de las mercancías infractoras. Art. 17.11.12.(b) Estados Unidos

59

Ley 20.435 publicada en el DO el 04 de mayo de 2010, modifica la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual

Fecha de implementación

Fuente legal Derecho de Autor: Destrucción de los materiales e implementos efectivamente utilizados en la fabricación de las mercancías infractoras: adecuar a las normas TLC Estados Unidos: solicitud + proporcionalidad entre la infracción y la sanción. Art. 17.11.12.(c) Estados Unidos Incorporación de una especie de ―Delación Obligatoria‖ (personas involucradas y circuitos de distribución). Art. 17.11.13 Estados Unidos Sanción penal a Piratería a escala comercial, a la infracción maliciosa con fines de beneficio comercial o ganancia económica, a la piratería lesiva: reproducción o distribución de copias con valor monetario significativo. Art. 17.11.22. (a)(i)(ii) Estados Unidos Sanción penal incluya prisión y/o multa ―suficientes‖ para que actúen como ―disuasivos‖ Art. 17.11.22 (b) Estados Unidos. Art. 15-46 México. Decomiso y Destrucción en la sentencia penal de los derechos de autor y conexos. Art. 17.11.22. (d) ISP: Limitación de responsabilidad de los ISP. Art. 17.11.23 Estados Unidos

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Observaciones

Anexo II: Compromisos de administración y marco institucional Fuente Legal

Fecha de implementación

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Artículo 3.23.

Observaciones Temas de la agenda:

1. Las Partes establecen un Comité de Comercio de Mercancías compuesto por Representantes de cada Parte.

Revisión de lo realizado desde la última reunión (caso cerámicas) Acuerdo de programa de aceleración de la desgravación arancelaria en conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del Tratado (CLC junio 2004). (Se están recibiendo propuestas del sector privado)

2. El Comité se reunirá a solicitud de cualquier Parte o de la Comisión para considerar cualquier materia comprendida bajo este Capítulo, el Capítulo 4 (Reglas de origen y procedimientos de origen) y Capítulo 5 (Administración aduanera) Art. 3.19.

Comité de Comercio de Mercancías

Art. 4.17.

Publicación en el DO (1504-05) del Reglamento para la aplicación de salvaguardia especial agrícola

DIRECON

Aduana En conferencia telefónica del 18 de noviembre de 2004 se aprobaron las Directrices comunes; se encuentra pendiente definir con Estados Unidos la forma como se van a formalizar estas modificaciones Falta trámite de intercambio de notas, publicación, etc. Adecuación normas de origen a S.A. 2002 están listas; se debe acordar con Estados Unidos la

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En relación con este asunto, Estados Unidos informó respecto del procedimiento necesario para la aprobación de la aceleración, para lo cual se requería una publicación en el Federal Register, la que a la fecha no se ha realizado. Se realizó consulta a Estados Unidos sobre el estado de situación y se nos informó que a mediados de mayo USTR daría una respuesta

Armonización de reglas de origen con Canadá y México Modificación del Marketing Order 925 sobre las uvas de mesa Informe al comité sobre situación de directrices comunes y adecuación de normas de origen Cooperación aduanera

Fuente Legal

Fecha de implementación

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Observaciones

modalidad para su aprobación Artículo 3.17.

Grupo de Trabajo de Comercio Agrícola

DIRECON

3. Las Partes establecen un Grupo de Trabajo de Comercio Agrícola, integrado por representantes de las Partes, que se reunirá anualmente o según se acuerde. El Grupo revisará, en coordinación con el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, establecido en el artículo 7.8 (Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio), la operación de normas de clasificación y calidad y los programas de expansión y desarrollo que afecten el comercio entre ambas Partes, y resolverá las cuestiones que puedan plantearse en relación con la Operación de esas normas y programas. Este grupo informará al Comité de Comercio de Mercancías establecido en el artículo 3.23.

ODEPA SAG Consejería Agrícola en Estados Unidos

Artículo 6.3. 1. Las Partes acuerdan establecer un Comité sobre Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios, compuesto por representantes de cada Parte que tengan responsabilidades en materia sanitaria y fitosanitaria SAG

6. El Comité se reunirá al menos una vez al año, Comité sobre Asuntos Sanitarios y salvo que las Partes acuerden otra cosa Fitosanitarios 9. El Comité podrá acordar el establecimiento de grupos de trabajo ad hoc de acuerdo con los términos de referencia del Comité

Consejería Agrícola en Estados Unidos

Condiciones de ingreso de uvas de mesa y tomates. Se solicita ―System Approach‖ en reemplazo de la exigencia de fumigación con bromuro de metilo. Estado: No hay avances en este tema por parte de Estados Unidos a pesar de insistencia chilena Regulaciones para el ingreso de cítricos, limones y pomelos: Se acordó seguir conducto regular entre agencias. Estado: La regulación de ingreso se encontraría en etapas avanzadas Regulaciones para el ingreso de chirimoya, actinidia arguta (baby kiwi), ficus carica y granado: En última reunión Comité SPS, se acordó seguir conducto regular entre agencias

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Fuente Legal

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Observaciones técnicas. Estado: Se desconocen avances Equivalencias y regulaciones para el ingreso de carnes rojas y de ave: Con respecto a las carnes rojas, el 10 de mayo pasado se inició el proceso de rulemaking

SAG Grupo ad hoc carnes

En el marco del Comité SPS las Partes acordaron crear un grupo ad-hoc carnes. A pesar de la insistencia de Chile, Estados Unidos ni siquiera ha firmado el Acta que constituye este grupo

SAG Consejería Agrícola en Estados Unidos

Grupo ad hoc uva

Art. 7.8. Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

1. Las Partes establecen el Comité sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, integrado por los representantes de cada Parte, de acuerdo con el Anexo 7.8. 5. El Comité se reunirá al menos una vez al año, salvo que las Partes acuerden otra cosa

Se acordaron términos de referencia Ministerio de Economía, publicado DO (14 de junio de 2004)

DECOEX (Ministerio de Economía) DIRECON

Art. 7.7 (7) Art. 9.18. Comité de Contratación Pública

Las Partes establecen un Comité sobre Contratación Pública integrado por representantes de cada Parte. Previa solicitud, el Comité se reunirá para abordar materias relacionadas con la implementación de

DIRECON

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El Comité se constituyó en Ginebra el 22 de Marzo de 2004. En la ocasión se acordaron los términos de referencia En materia de transparencia se realizaron intercambios de publicaciones de normas

Fuente Legal

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Observaciones

este Capítulo Art. 12.15. 1. Las Partes establecen el Comité de Servicios Financieros. El principal representante de cada Parte será un funcionario de la autoridad de la Parte Comité de Servicios responsable de los servicios financieros establecida Financieros en el Anexo 12.15.

Ministerio de Hacienda Falta elaborar listado de árbitros

3. El Comité se reunirá una vez al año, o como de otro modo se acuerde, para evaluar el funcionamiento de este Tratado en lo que se refiere a servicios financieros. El Comité informará a la Comisión sobre los resultados de cada reunión.

DIRECON

Art.14.5. Comité de Entrada Temporal

DIRECON

1. Las Partes establecen un Comité de Entrada Temporal, integrado por representantes de cada Parte, que incluirá funcionarios de migración

Ministerio del Interior

2. El Comité deberá: (a) establecer un calendario para sus reuniones;… Art. 18.4. 1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Laborales compuesto por representantes de las Partes de nivel ministerial o representantes equivalentes, o por quienes estos designen. Consejo de Asuntos Laborales

2. El Consejo se reunirá dentro del primer año desde la fecha de entrada en vigor de este Tratado y, a partir de entonces, tan seguido como lo considere necesario, para supervisar la implementación y revisar el avance de acuerdo a este Capítulo, incluyendo las actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral establecido en el artículo 18.5 y para proseguir con los objetivos

DIRECON

Ministerio del Trabajo

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Tanto Chile como Estados Unidos han cumplido sus compromisos de elaborar y publicar un manual de ingreso temporal de personas de negocios

Fuente Legal

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Observaciones

laborales de este Tratado. Cada reunión del Consejo incluirá una sesión pública, a menos que las Partes lo acuerden de otra forma Art. 19.3.

Consejo de Asuntos Ambientales

1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Ambientales, compuesto por Representantes de las Partes de nivel ministerial o representantes equivalentes, o por quienes estos designen. El Consejo se reunirá una vez al año, o más a menudo si las Partes lo acuerdan, para discutir acerca de la implementación de este Capítulo y de los progresos alcanzados de conformidad con el mismo. Cada reunión del Consejo incluirá una sesión pública, a menos que las Partes acuerden lo contrario

DIRECON

CONAMA

Comisión Conjunta para la Cooperación Art. II del ACA Ambiental

CONAMA

Artículo 21.1 1. Las Partes establecen la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de nivel ministerial de las Partes, o por las personas que estos designen Comisión de Libre Comercio

Entre los posibles temas a tratar en la II reunión, destacan: DIRECON

5. La Comisión se reunirá al menos una vez al año en reunión ordinaria. Las reuniones ordinarias de la Comisión serán presididas sucesivamente por cada Parte

Ministerios de Agricultura, Economía, Hacienda, CONAMA

Programa de aceleración de la desgravación arancelaria y armonización de reglas de origen con NAFTA Evaluación del mecanismo de certificación de origen Problemas específicos de acceso Transparencia en reglas de origen en materia de textiles Cobertura capítulo de compras públicas

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Fuente Legal

Fecha de implementación

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Observaciones Asuntos legales Árbitros Reglas de procedimientos Cooperación sobre información no divulgada (propiedad intelectual) Revisión de grado de avance en 2º año TLC y ver tareas pendientes

Solución de Controversias

El Departamento Jurídico acordó en conjunto con el USTR las reglas de procedimiento. En este momento se encuentra en etapa de traducción al castellano. Con posterioridad se deben realizar todos los trámites de aprobación (protocolo, publicación, etc.)

Artículo 20.10 La Comisión establecerá, a la entrada en vigencia de este Tratado, las Reglas de Procedimiento

Artículo 27.7.

Árbitros

1. Las Partes establecerán dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este Tratado y mantendrán una lista de al menos 20 personas que cuenten con las aptitudes y la disposición necesarias para ser árbitros. A menos que las Partes acuerden otra cosa, seis integrantes de la lista serán seleccionados entre individuos que no sean nacionales de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros serán designados mediante mutuo acuerdo de las Partes, y podrán ser re-designados. Una vez establecida la lista de árbitros, esta permanecerá vigente por un período mínimo de tres años, y seguirá en vigor hasta que las Partes constituyan una nueva lista

DIRECON

Fuente: Direcon. Ministerio de Relacines Exteriores de Chile.

66

Las partes no han intercambiado sus listas respectivas para los árbitros de los Capítulos Laboral, Ambiental, Servicios Financieros y Solución de Controversia

Anexo III. Red de Acuerdos comerciales de Chile

CHILE: RED ACUERDOS COMERCIALES EFTA (European Free Trade Association,

EU

Canada

Iceland-Norway- SuitzerlandLiechtenstein)

USA

China

Turkey

South Korea Mexico

Japan Cuba

El Salvador Costa Rica

Vietnam

Guatemala Panama Honduras

New Zealand

Malaysia Brunei Colombia Ecuador Peru

VIGENTES EN NEGOCIACION

Uruguay Paraguay Argentina Brazil Bolivia Venezuela Ecuador

Singapore

Australia India

ACCESO PREFERENCIAL AL 90% DEL PIB MUNDIAL

Fuente:Direcon. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Anexo IV: Participación de las exportaciones de Chile en el mundo

Participación de las Exportaciones de Chile en el Mundo 2000 América Latina 16%

Otros 5%

2008 Asia 37% Europa 26%

Europa 27%

América Latina 16%

NAFTA 23%

Asia 29%

Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile

Fuente: DIRECOII, en base cifras del Banco Central de Chile

67

NAFTA 17%

Otros 4%

Anexo V: Comercio de Chile con el mundo

Comercio de Chile con el Mundo Exportaciones

1990

Año 1990 (US$): 8.600.000 Año 2007 (US$): 66.700.000 2007

Fuente:Direcon. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

68

Anexo VI: Diversificación de exportaciones

Diversificación de exportaciones

Año

1975

2003

2008

Productos exportados

200

3.854

5.161

Compañías exportadoras

200

6.435

8.240

Mercados (países) Valor (millones de US$)

50

165

190

1.552

32.000

66.456

Fuente: Banco Central de Chile, Direcon

Fuente: Banco Central de Chile, DIRECON

Anexo VII: Aumento del intercambio comercial, crecimiento del PIB y reducción de pobreza

IMPACTO SOBRE EL CRECIMIENTO ECONOMICO 180.000

40 32,86

140.000

35 27,63

120.000

30 23,21

100.000

21,66

20,22

80.000

25

18,7

20 13,7

60.000

15

Años POBREZA (%)

PIB Real

Intercam bio Com ercial

Fuente: Cifras del Banco Central, Banco Mundial y encuesta CASEII

69

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0

1993

5

0

1992

10

20.000

1991

40.000

1990

Millones USD

45

38,59

Porcentaje Pobreza sobre Población Total

160.000

Anexo VIII: Inversión de capitales chilenos en el mundo

EXPORTACIÓN DE CAPITALES CHILENOS AL MUNDO. PRINCIPALES DESTINOS (1990 - diciembre 2010, US$ millones) 18.000

16.000

Total inversión directa materializada:

15.926

US$ 56.789 millones

14.000

12.000

11.412 9.999

10.000

8.066 8.000

6.000

4.000

3.997

3.831

2.000

814

743

704

PANAMA

AUSTRALIA

MEXICO

702

596

0 ARGENTINA BRASIL PERU COLOMBIA ESTADOS UNIDOS Fuente: DIRECON. Departamento de Inversiones en el Exterior.

Fuente: DIRECON, Departamento de Inversiones en el Exterior

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URUGUAY VENEZUELA

OTROS

Referencias bibliográficas Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2010. ―Reformas Legales e Institucionales en la Implementación de Acuerdos Comerciales. Lecciones aprendidas en la experiencia chilena‖. Documento para discusión. BID, CEPAL, Banco Mundial. 2010. ―Cómo reducir las Brechas de Integración: Escenarios y recomendaciones de políticas para promover la infraestructura física y reducir los costos del comercio intrarregional‖. Documento para discusión. Tercera Reunión de Ministro de Hacienda de América Latina y el Caribe 2010. Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores. 2009. Chile: 20 años de negociaciones comerciales. Santiago, Chile. French-Davis, Ricardo. 2008. Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. García, Luis Alonso. 2010. ―Implementación de Acuerdos Comerciales Preferenciales en Latinoamérica‖. BID. Documento para discusión. González, Anabel. 2009. ―La implementación de Acuerdos Comerciales Preferenciales en América Latina: La experiencia de implementación del CAFTA-RD en Costa Rica‖. BID. Documento para discusión, diciembre 2009. Lazo, Pablo. 2009. ―Los acuerdos comerciales y su relación con las normas laborales. Estado actual del arte‖. Documento de fondo No. 4. Geneva, Switzerland, International Centre for Trade and Sustainable Development. Velázquez, Mario y otros. 2008. Los acuerdos de libre comercio y su impacto en el empleo. Santiago, Chile, Organización Internacional del Trabajo.

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