PROCESO  1938      

                   

 

 

ÍNDICE REPORTE ESPECIAL COLOMBIA: El Cártel de Sinaloa se reacomoda en Medellín /Rafael Croda Una tregua avalada por El Chapo /Rafael Croda HONDURAS: Un paraíso de impunidad /Majo Siscar ESPAÑA: Tropezones en Madrid /Alejandro Gutiérrez REFORMA ENERGÉTICA Salto mortal, sin red de protección /Jenaro Villamil Y el propio PRD boicoteó la consulta /Jesusa Cervantes Mitos y peligros del gas shale /Jenaro Villamil Minería salvaje /Arturo Rodríguez García DERECHOS HUMANOS La CNDH trata con guantes de seda al Ejército /Gloria Leticia Díaz VIOLENCIA Infierno en la Mixteca /Pedro Matías ESTADOS VERACRUZ: Megaproyecto depredador /Noé Zavaleta SAN LUIS POTOSÍ: Opacidad y ceguera del gobernador Toranzo /Verónica Espinosa BAJA CALIFORNIA: Valle de Guadalupe: Donde crecían viñedos hoy brotan desarrollos inmobiliarios /Rodrigo Vera ANÁLISIS El estilo personal de reformar /Héctor Tajonar
Feliz Navidad /Naranjo
Los embrollos del Ifetel /Jesús Cantú
Que se acabe el recreo /Axel Didriksson
La defensa de la ignorancia /Ernesto Villanueva El discurso de Bachelet /Marta Lamas LIBROS El desierto azul de José Cruz /Juan Pablo Proal INVENTARIO Camus el africano /JEP CULTURA El negocio del turismo cultural/Judith Amador Tello Estro Armónico /Samuel Máynez Champion Páginas de crítica

Arte: Ruptura-Apertura /Blanca González Rosas Música: Txart, documentando el rock /Ricardo Jacob Teatro: Microteatros /Estela Leñero Franco Cine: Leones /Javier Betancourt Televisión: La guerra por los deportes /Florence Toussaint Libros: Música y escucha /Jorge Munguía Espitia ESPECTÁCULOS La epopeya gloriosa de Bolívar en la cinta Libertador /Columba Vértiz de la Fuente TOROS Sólo una que otra corrida con lustre /Leonardo Páez DEPORTES / distrito federal Las albercas concesionadas, plagadas de irregularidades /Beatriz Pereyra Palabra de Lector Mono Sapiens /Calendario de desastres para un país dado al traste /Helguera y Hernández

El Cártel de Sinaloa se reacomoda en Medellín Rafael Croda Mientras grupos criminales rivales se disputan en México plazas y regiones, el Cártel de Sinaloa hace lo propio pero a escala internacional. Como un fantasma, a su líder Joaquín El Chapo Guzmán se le ve o se le cree ver lo mismo en Colombia que en Centroamérica o en España, moviendo sus piezas, defendiendo, capturando o recuperando rutas de narcotráfico. A Medellín, donde perdió su principal fuente de abastecimiento de cocaína, ya envió representantes para establecer contactos con grupos emergentes, a los cuales entrega armas y dinero a cambio de droga. MEDELLÍN, COLOMBIA.- Los víncu­los históricos entre los cárteles mexicanos y las organizaciones criminales de Medellín viven tiempos de recomposición. La embestida de las autoridades colombianas contra las grandes estructuras mafiosas de la segunda ciudad más importante de Colombia –cuna del desaparecido Cártel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria– ha mermado el abastecimiento de cocaína a sus socios mexicanos. Éstos buscan reactivar la producción y garantizar sus fuentes de suministro; para ello han decidido fortalecer a bandas emergentes locales. “Los cárteles mexicanos ya no tienen, como hasta hace poco, una cabeza con la que negociar en Medellín. Hay una pérdida de cohesión del crimen organizado en la ciudad por los golpes que hemos dado y por la captura de los capos que controlaban el negocio. Creemos que el Cártel de Sinaloa está buscando contactos y relaciones de negocios que le permitan aumentar los cargamentos”, explica a Proceso el jefe del subcomando operacional de la Policía Metropolitana de Medellín, José David Garzón. La captura en agosto de 2012 de Ericson Vargas Cardona, Sebastián, jefe de La Oficina de Envigado, provocó que los cárteles mexicanos perdieran a su principal contacto en Medellín, un centro de negocios estratégico para el narco internacional por su pujante economía y por ser el epicentro de una amplia región rural en la que confluyen los cultivos ilícitos de hoja de coca, los laboratorios para procesar la droga y las vías de salida hacia el Golfo de Urabá, en el Caribe. Fuentes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC) señalan que el Cártel de Sinaloa ha establecido relaciones de negocios con bandas emergentes de Medellín, a las cuales financia y arma a cambio de cocaína. Las fuentes indican que se han encontrado en Medellín más de 100 fusiles de alto poder, que forman parte de la fallida operación Rápido y Furioso, organizada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF). Se trata de rifles que Estados Unidos filtró al Cártel de Sinaloa con el objetivo de rastrearlos. Rápido y Furioso fracasó y las bandas mexicanas transfirieron una pequeña parte del arsenal a sus socios colombianos. El año anterior, durante la captura de Sebastián en una finca cercana a Medellín, la policía encontró 56 fusiles, nueve subametralladoras y 13 pistolas, que en su

mayoría pertenecían a Rápido y Furioso, según certificaron peritos de la ATF. El general de la policía colombiana Luis Eduardo Martínez, actual director administrativo de la institución y quien fue comandante de la policía de Medellín entre 2009 y 2011, recuerda: “En Medellín encontramos muchas pistolas fiveseven que provenían del Cártel de Sinaloa y eran usadas por los sicarios de La Oficina de Envigado y los jefes de los principales combos (pandillas) de la ciudad”. Esas escuadras de fabricación belga –calibre 5.7 milímetros– son ligeras, de gran precisión por su bajo retroceso y de alto poder. Son capaces de traspasar chalecos antibalas de clase III, los usados por la policía. En México y en Colombia las llaman “matapolicías”. Con la caída de Sebastián –quien según informes de la policía colombiana mantenía más vínculos con Los Zetas que con el Cártel de Sinaloa– se formó una confederación de estructuras criminales que las autoridades denominan organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (odin). Este grupo lanzó una guerra contra Los Urabeños, la ahora principal mafia trasnacional del narcotráfico en Colombia, que ante la ausencia de un liderazgo consolidado intentó controlar la plaza. Desde julio pasado está vigente una tregua. En medio de ese proceso de reconfiguración criminal la policía detectó que las estructuras locales que operan en las zonas populares de Medellín obtuvieron independencia y una mayor participación en la extorsión, el comercio de mercancías bajo coerción, el microtráfico y el tráfico internacional de drogas. “Con las organizaciones criminales emergentes, el Cártel de Sinaloa busca asegurar los suministros de cocaína que se han venido a pique, sobre todo en Medellín y en la región de Antioquia (departamento del que aquella ciudad es capital), por la atomización de La Oficina (de Envigado)”, indica a Proceso un analista de inteligencia de la PNC quien pide el anonimato. Fiesta en el barrio En la zona La Mansión de la Comuna 8 de Medellín opera un grupo de combos llamado El Morro de Chispas. Hace unos meses los habitantes de ese barrio comenzaron a hablar de la presencia de “dos mexicanos de Sinaloa”. Las organizaciones comunitarias tomaron nota. Un integrante de El Morro les confirmó que los forasteros “eran del Cártel de Sinaloa”. “Eso fue a principios de año. Los mexicanos estuvieron varios días por aquí, casi dos semanas. Cuando se fueron hicieron una rumba grande para todo el barrio. Contrataron artistas de reguetón, cerraron calles, pusieron tarima, compraron licor, comida y los repartieron entre la gente. Todo el barrio comenta todavía esa rumba”, dice Luis, un habitante del sector. Poco después de la partida de los mexicanos, la organización El Morro de Chispas comenzó a exhibir más poder. De las pistolas pasaron a los fusiles, adquirieron vehícu­los “de alta gama” y camionetas cuatro por cuatro, y consolidaron su poder territorial. “En el barrio, el que tenga fusiles va por el poder o tiene el poder”, resume Luis. El Morro de Chispas comenzó a ampliar sus actividades de microtráfico de drogas

y extorsión, lo que generó un enfrentamiento con el combo La Roja, que opera en el vecino barrio Villahermosa. El Morro, con sus nuevos pertrechos de guerra, ganó la partida. Luis dice que ahora se sabe que están transportando pasta de coca de Perú y Bolivia para procesarla en el oriente antioqueño y abastecer a sus socios mexicanos. Para la policía ese episodio puede ser un indicativo de las nuevas relaciones entre las organizaciones delictivas de Medellín y los cárteles mexicanos de la droga. “Es lógico que busquen financiar a estas bandas emergentes. Tienen que venir hasta acá para hacer sus contactos y garantizar sus cargamentos”, indica el analista de inteligencia consultado. La atomización de las organizaciones delictivas de Medellín provoca también la disgregación del negocio. “Ya no hay una sola transacción para asegurar los embarques, sino varias en forma simultánea. El negocio es más complicado. Tiene que venir más gente de México, por eso puede estar habiendo más reuniones para buscar nuevos socios y suplir a los que tenían y han ido cayendo. Eso es algo de lo que estamos pendientes”, detalla. A finales del año anterior, un grupo de organizaciones no gubernamentales mexicanas debió aplazar un viaje a Medellín (para conocer experiencias exitosas de prevención del delito) debido a que los organizadores de la visita les advirtieron que integrantes del Cártel de Sinaloa se encontraban en la ciudad y podía ser riesgosa su asistencia. La visita se realizó después, pero sólo duró un día y se llevó a cabo con extremas medidas de seguridad. Hermanos de sangre Desde el surgimiento del Cártel de Medellín a finales de los setenta, las organizaciones delictivas de esa ciudad han tenido una estrecha relación con los cárteles mexicanos. Pablo Escobar Gaviria, quien llegó a manejar más de la mitad de los embarques de cocaína a Estados Unidos, estableció alianzas con el Cártel de Guadalajara y el Cártel de Juárez cuando las autoridades de Estados Unidos comenzaron a cerrar las rutas del Caribe. El general retirado de la policía colombiana Luis Enrique Montenegro, quien asesoró el sexenio pasado a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública mexicana, señala que el Cártel de Medellín –en cuyo desmantelamiento participó– tuvo como socios a Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido en 1989, y a Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cielos, quien murió durante una cirugía plástica en 1997. “Lo que ocurre es que en la medida en que en Colombia se han ido desmantelando todos los cárteles, los narcotraficantes mexicanos han buscado alianzas con organizaciones cada vez más pequeñas. El crimen es dinámico y ha tenido una evolución. Desde que dimos de baja a Escobar (hace dos décadas) las organizaciones colombianas se han fragmentado. El Cártel de Medellín dio paso a una organización más pequeña, como La Oficina de Envigado, y los cárteles mexicanos se han ido adaptando a esta situación.”

Garzón considera que La Oficina, cuyos jefes figuraron entre los principales socios de los cárteles mexicanos la última década, “es hoy casi inexistente porque perdió cohesión estructural y línea de mando”. Explica que el gran capo de ese cártel, Diego Murillo, Don Berna, dominó esa estructura la década pasada, hasta 2008, cuando fue extraditado a Estados Unidos. Don Berna forjó vínculos con Los Zetas y los cárteles del Golfo y Sinaloa, según la PNC. Sus sucesores, Maximiliano Bonilla Valenciano y Sebastián, fueron capturados en noviembre de 2011 y en agosto de 2012, respectivamente, y La Oficina quedó acéfala. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos. Durante los reinados de Valenciano y de Sebastián, la Policía Metropolitana de Medellín recopiló informes de inteligencia que daban cuenta de varias reuniones de negocios entre narcotraficantes mexicanos y colombianos en lujosas fincas de los alrededores de la ciudad, todas con gran despliegue de seguridad. Algunas terminaban en fiestas con alcohol, drogas y prostitutas. Un reporte indica que un traficante de nivel medio señaló que el hijo de un narcotraficante mexicano “de Sinaloa” pasó en 2011 unos días de vacaciones en la ciudad rodeado de escoltas de La Oficina, aunque no lo identificó por su nombre. Dijo que varias noches acudió en compañía de hermosas jóvenes paisas (antioqueñas) a las discotecas de moda en la ciudad, donde “se amanecía”. El año anterior la Dirección de Investigación Criminal confiscó 116 bienes, entre inmuebles, vehículos y títulos accionarios de los hermanos Cifuentes Villa, vinculados con La Oficina y –según la policía– con testaferros en Colombia del Chapo Guzmán. Las propiedades pertenecían a Alexander, Jorge Milton y Dolly Cifuentes Villa, herederos del imperio de su hermano Francisco, a quien las autoridades colombianas identifican como “expiloto y hombre de confianza” de Escobar Gaviria. “Ellos se ocuparon del lavado de activos para el Cártel de Sinaloa, con el cual hicieron alianza”, señaló la PNC. Garzón sostiene que Medellín “ya no es segura para que los narcotraficantes mexicanos tengan presencia. Es muy difícil que vengan a hacer presencia aquí grupos de delincuentes extranjeros. Tenemos una policía muy efectiva en el área metropolitana. No creo que un capo mexicano tenga interés en venir cuando se sabe lo que estamos haciendo para contrarrestar la criminalidad. “Lo que sí creo que es que se están haciendo reuniones a otro nivel, más bajo, para buscar socios y suplir esa falta de abastecimiento que ya estamos viendo. Con decirle que muchos narcotraficantes mexicanos que han venido ni siquiera están asistiendo personalmente a muchas reuniones, sino que buscan a un intermediario, con el que se entienden.” La presencia periódica de enviados de los cárteles mexicanos de la droga en Medellín para hacer negocios con grupos delictivos locales “es un fenómeno bastante preocupante” para las autoridades de la ciudad, dice a Proceso el secretario de Seguridad del municipio, Iván Darío Sánchez Hoyos. “Éste es un tema que debe preocupar a toda Colombia”. Existe además “una gran relación de las FARC (las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con los cárteles mexicanos y, claro, nosotros

estamos inmersos en un proceso de paz (con ese grupo rebelde) pero sin tregua, sin cese de actividades ilícitas, y Antioquia en general es un departamento que ha tenido una presencia muy importante de grupos guerrilleros”. Suministro a cualquier costo El politólogo colombiano Gustavo Duncan, investigador de temas de narcotráfico y seguridad en la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología de Medellín, considera que los cárteles mexicanos de la droga sí han visto afectado el suministro de cocaína colombiana y el nivel de pureza de la droga por la presión policiaca contra las organizaciones locales, por lo cual “tienen que mandar a supervisores y tienen, definitivamente, que pelear por el abastecimiento y por la pureza de la droga. “Para Los Zetas y el Cártel de Sinaloa lo importante es que el abastecimiento esté garantizado y eso lo aseguran con sus socios colombianos; pero eso no es producto de una imposición violenta de los mexicanos en territorio colombiano, sino parte de una transacción, de una negociación. Los grandes capos mexicanos mandan intermediarios acá para buscar abastecimiento, no pistoleros a hacer la guerra.” Según el también maestro en defensa y seguridad por la Universidad de Cranfield en el Reino Unido, “no es que los mexicanos les ganaran a las mafias colombianas un combate; fue simplemente que a éstos les cerraron la ruta por el Caribe, y si tú eres narcotraficante colombiano el mejor negocio es colocar la droga en México. Esto es lo que propicia más acercamientos entre las organizaciones mexicanas y colombianas, y el Cártel de Sinaloa es el que ha sido históricamente más fuerte en esas transacciones”. Para los analistas de la PNC, Medellín ha perdido peso como ruta estratégica de la droga por la caída de los grandes capos de La Oficina, mientras que el sur –los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo– y el nororiente han ganado relevancia. En general, Colombia ha sufrido una drástica reducción de cultivos de hoja de coca, que pasaron de 99 mil hectáreas en 2007 a 48 mil en 2012, de acuerdo con la ONU. En Antioquia los cultivos pasaron en ese mismo lapso de 9 mil 926 a 2 mil 725. Las organizaciones colombianas, sin embargo, son las que históricamente han manejado esta industria en Sudamérica y parece difícil que sean desplazadas por mafias de la droga de países vecinos. Sus relaciones con los cárteles mexicanos son complementarias: unos abastecen, los otros distribuyen, y nada indica que esa complementariedad económica vaya a variar en el corto plazo, en especial por la capacidad financiera de los cárteles mexicanos. Garzón plantea: “¿Qué es lo que tiene el Cártel de Sinaloa en este momento? Lo que tuvo Pablo Escobar en los noventa: el poder económico. Aunque no tiene el poder territorial en Colombia, su capacidad financiera le permite hacer alianzas con todos aquellos que tienen poder territorial aquí y que le garanticen el abastecimiento de droga”.

Una tregua avalada por “El Chapo” Rafael Croda Las autoridades de Medellín atribuyen a su efectividad en el combate al crimen organizado la sensible baja de la violencia en esa ciudad colombiana. Pero las mafias y los habitantes de los barrios marginales tienen otra versión: las dos principales bandas de esa urbe, La Oficina y Los Urabeños, acordaron una tregua, el Pacto del Fusil, para terminar una guerra que ya les había causado miles de bajas a lo largo de casi un lustro y entorpecía sus negocios. Pero hay más: en las reuniones cumbre en las cuales los líderes de ambos grupos “firmaron la paz” hubo representantes del Chapo Guzmán, a quien le interesa que sus proveedores mantengan el flujo de cocaína. MEDELLÍN, COLOMBIA.- Tras varios años de guerra y miles de muertos, las organizaciones criminales Los Urabeños y La Oficina –dominantes de la actividad delictiva en esta ciudad– acordaron el pasado julio una tregua llamada Pacto del Fusil, que coincidió con una drástica caída en el índice de homicidios y cuya gestación se atribuye en los barrios bravos de la ciudad al ato costo financiero del conflicto mafioso, a la necesidad de esos grupos de potenciar sus negocios ilegales y al acoso de la policía. De acuerdo con el presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) de Medellín, Luis Fernando Quijano, el Pacto del Fusil tiene “el aval del Cártel de Sinaloa porque (la organización delictiva mexicana de Joaquín El Chapo Guzmán) ve la necesidad de acabar ese conflicto a fin de no afectar más el suministro de droga para sus rutas a Estados Unidos, que ha estado cayendo. “En reuniones entre jefes de La Oficina y Los Urabeños ha existido presencia de mexicanos, de gente del Chapo. A ellos les conviene este acuerdo porque fortalece a Los Urabeños, sus socios principales en Colombia, y les garantiza más embarques”, dice a Proceso el investigador del conflicto urbano y del fenómeno mafioso en Medellín. Según organismos colombianos de inteligencia, el Cártel de Sinaloa tiene una estrecha relación de negocios con Los Urabeños –la mayor banda criminal (bacrim) del país y la más involucrada en el tráfico internacional de cocaína–, aunque en el pasado también hizo negocios con La Oficina. Giovani, un mando medio de La Oficina en la Comuna 13 de Medellín –una de las más violentas y golpeadas por la guerra entre los combos (pandillas) de las dos organizaciones mafiosas dominantes–, dice que el Pacto del Fusil es consecuencia “del desgaste económico que estábamos teniendo” por los frecuentes enfrentamientos armados. El año pasado se registraron en esa comuna (barrio popular) cuatro homicidios semanales, la mitad de menores de 25 años. El pasado febrero dos jovenes fueron asesinados por invadir el territorio de una banda rival, lo cual causó alarma social y desató un fuerte operativo policiaco. “Esto afectaba los negocios, el boleteo (extorsión), el comercio (bajo coerción), el

microtráfico, y nos hacía muy visibles para la policía, estábamos facilitándole el trabajo”, asevera el jefe de zona, quien en su interacción con la comunidad se conduce como un dirigente social más que como un capo mafioso. Una mujer mayor lo saluda a la mitad de la calle y él saca del bolsillo un billete de 10 mil pesos colombianos (unos cinco dólares) y se lo entrega. “Tenga, mamita”, le dice. Giovani –con una camiseta del equipo de futbol Nacional de Medellín, tenis Nike, pantalón de mezclilla y tres guardaespaldas– dice que la tregua con Los Urabeños fue pactada “por los jefes altos; los mexicanos han estado en reuniones posteriores, en las que se han cuadrado negocios”. Quijano sostiene: “Desde que se dio el pacto hay más presencia del Cártel de Sinaloa”.­ El Pacto del Fusil fue producto de al menos dos cumbres entre cabecillas de La Oficina y Los Urabeños el pasado julio, una de las cuales tuvo lugar en Medellín y otra en una finca de San Jerónimo (unos 25 kilómetros al noroccidente de esta ciudad), donde los jefes mafiosos se repartieron las zonas, sellaron alianzas para trabajar conjuntamente en grandes cargamentos de droga y acordaron finalizar los choques armados. Los coordinadores replicaron esos encuentros en las comunas en conflicto para delimitar sus territorios e impartir la orden del alto al fuego a todos los combos. El desacato se paga con la muerte. Medellín había vivido una guerra mafiosa de casi cinco años que produjo la mayoría de los 7 mil 671 homicidios en la ciudad entre 2009 y junio de este año. Más de uno cada seis horas, en promedio. El conflicto se desató luego de la extradición a Estados Unidos, en 2008, de Diego Fernando Murillo, Don Berna, jefe máximo de La Oficina y quien dominó durante la mayoría de la década pasada el crimen organizado en el área metropolitana de esta urbe de 3.5 millones de habitantes, la segunda más grande de Colombia. Tras la caída de Don Berna sus principales subalternos –Ericson Vargas Cardona, Sebastián, y Maximiliano Bonilla, Valenciano– iniciaron una disputa por el control de la plaza que se prolongó hasta la captura de este último en Venezuela en noviembre de 2011. Valenciano se había aliado con Los Urabeños –grupo paramilitar convertido en bacrim– para combatir a Sebastián, quien asumió el liderazgo de La Oficina hasta su detención en una finca cerca de Medellín en agosto de 2012. El encarcelamiento y posterior extradición a Estados Unidos de ambos capos desató una nueva guerra entre sus estructuras, que en los primeros meses de este año incluyó asesinatos de menores de edad, torturas, desapariciones y otros crímenes atroces contra personas inocentes. Trabajo social Giovani plantea que la tregua ha permitido la consolidación de los negocios criminales de La Oficina y Los Urabeños, las cuales controlan en Medellín desde la “seguridad” de los camiones de pasajeros, negocios, vendedores ambulantes y casas de apuestas, mediante cuotas extorsivas, hasta el más rentable microtráfico de drogas, las “plazas de vicio” donde se expenden y consumen estupefacientes

en las comunas y el comercio en los barrios. “Sin tiros uno se puede dedicar más a hacer rendir los negocios”, dice el coordinador de combos de la Comuna 13. Asienta que la guerra drenaba las finanzas de las mafias locales. “Eso no es rentable, aquí se echaba tanta bala que teníamos que recalzar las balas fundiendo latón”, señala. La mayoría de los jóvenes muertos dejó­ familias cuya manutención corre a cargo de las bandas, mientras que los capturados por la policía también cuestan dinero por los gastos de defensa y las ayudas alimenticias que proporcionan a sus esposas e hijos. “Por todos lados estábamos perdiendo plata”, puntualiza Giovani. Él y sus combos venden las arepas (tortillas colombianas) y los huevos –alimentos básicos en la dieta de este país– a los comercios de un amplio sector de la Comuna 13, en su faceta de comerciantes. A los camiones de pasajeros que entran en sus barrios y a los pequeños negocios les cobran unos 10 dólares diarios de “cuota”. En las más de 50 “plazas de vicio” que tienen diseminadas en la zona expenden bazuco, mariguana, drogas sintéticas, cocaína. Por todos lados se observan jóvenes con pistolas al cinto. Es su territorio. Giovani también resuelve disputas por terrenos irregulares, conflictos entre vecinos y hasta pleitos maritales. “Yo soy un líder social”, expresa. Y en parte es verdad. En medio de sus actividades mafiosas saca tiempo para hacer trabajo comunitario. Los funcionarios de integración territorial de la alcaldía se tienen que entender con él para efectuar cualquier labor en su área de influencia. El coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá –donde se asienta Medellín–, Carlos Arcila, afirma que las estructuras criminales de La Oficina y Los Urabeños “forman pequeños Estados en los barrios, que suplen la ausencia gubernamental. Ellos son quienes dan empleo a los jóvenes con las rentas ilegales; los que dirimen controversias; organizan, controlan y ayudan a la comunidad. En esta temporada navideña les dan mercado (víveres) a los más pobres y ayudan a los barrios a hacer pesebres. La gente los ve como dirigentes sociales, ellos regulan la vida comunitaria”. Arcila, abogado penalista, manifiesta que el Pacto del Fusil ha permitido a las mafias “tener más control social y afianzar su poder económico y territorial. Las balaceras también les estaban restando apoyo entre la población y hoy los barrios viven otro clima, uno de mayor tranquilidad. “El propósito del pacto es mantener toda su estructura económica y militar y dividir sus negocios. Es algo que están logrando, pero también les permite ganar más apoyo de la comunidad y afianzar sus alianzas con grupos trasnacionales, como el Cártel de Sinaloa. Aquí todos salieron ganando. La guerra y la presión estatal los había desgastado. Las autoridades les habían dado golpes muy fuertes”, afirma. Odines El jefe del subcomando operativo de la Policía Metropolitana de Medellín, José David Garzón, dice: “Más que un pacto lo que tenemos aquí es un repliegue de estos grupos delincuenciales por la presión sobre ellos, por las capturas de sus principales cabecillas. Con esta tregua buscan que nosotros bajemos la presión sobre ellos, pero no lo vamos a hacer”.

Menciona que todos los años se han capturado “objetivos de alto valor”, como Cebollero, Douglas, Riñón, Hugo Quintero, Gordo Téllez, Valenciano, Sebastián y Carlos Pesebre. Éste, capturado el pasado marzo, es uno de los últimos grandes jefes de La Oficina y, según activistas sociales, desde la cárcel sigue ejerciendo gran influencia sobre esa organización y realizó gestiones que facilitaron la tregua con Los Urabeños. La Oficina y Los Urabeños fungen como las casas matrices y a los centros de mando de las estructuras operativas la policía los llama organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (odin), las cuales a su vez controlan a los combos. Según estadísticas oficiales, en 2009 había en Medellín 21 odines; este año la cifra bajó a 14. Los combos pasaron de 350 a 119 en el mismo lapso. Diferentes organizaciones sociales estiman que existen unos 6 mil jóvenes al servicio del crimen organizado en la ciudad. El mes pasado la policía capturó a Carlos Alberto Zapata Herrera, Camilo, uno de los jefes de la odin llamada Trianón, la cual tiene injerencia en las comunas medellinenses 7, 11, 12 y 13. Un informe de inteligencia lo ubica como un expolicía de élite que sirvió 17 años a la institución como comando jungla y que acabó cooptado por La Oficina. El reporte señala que el exoficial sucedió a Carlos Pesebre en esa organización y “trabaja con los mexicanos del Cártel de Sinaloa”. Por un error procesal –que está siendo investigado–, la fiscalía dejó libre al delincuente el pasado 19 de noviembre. “Lo vamos a volver a capturar”, pronostica Garzón, quien sostiene que la policía colombiana ha acumulado mucha experiencia y capacidades para atacar los fenómenos criminales y reducir la violencia y delitos de gran impacto social, como los homicidios. Diferentes organizaciones sociales han documentado que la disminución de homicidios en la ciudad es producto del Pacto del Fusil y no de una política integral de seguridad. En 2009, cuando la guerra entre Valenciano y Sebastián vivía uno de sus puntos más candentes, Medellín tuvo 2 mil 187 asesinatos, uno cada cuatro horas, en promedio. Desde entonces la cifra ha bajado sostenidamente a un ritmo de más de 10% cada año. En 2012 hubo mil 251 homicidios y entre enero y noviembre pasados 859, lo cual hace prever que este año habrá menos de mil, el índice más bajo desde 2007. Para el secretario de Seguridad de Medellín, Iván Darío Sánchez Hoyos “afirmar que por el supuesto pacto tenemos una reducción importante de homicidios es completamente descabellado porque los números hablan por sí mismos. Hay una tendencia a la baja que viene muy marcada desde el año pasado (entre 2011 y 2012 ese delito cayó 24.1%)”. Medellín es la ciudad colombiana que más invierte en seguridad. Al presupuesto de la policía y los organismos de justicia –proveniente del gobierno nacional– el municipio adicionará el año próximo unos 90 millones de dólares que se emplearán en tecnología, logística y prevención del crimen. “Nosotros

contribuimos con más presupuesto y articulamos el trabajo de la policía y la fiscalía”, indica Sánchez Hoyos. Ciclos Quijano señala que Medellín ha vivido ciclos de paz y violencia y periódicos ajustes del crimen organizado: “En esta etapa lo que podemos apreciar es que Los Urabeños se ven más fortalecidos porque dominan las rutas del tráfico internacional de drogas y son quienes tienen el mayor contacto con los cárteles mexicanos. La Oficina se dedicará más al mercado local, a la extorsión, al microtráfico, y les dará un porcentaje del negocio a cambio de llevar una comisión en algunos embarques de droga. Ahora son socios pero podríamos estar a las puertas de que exista un único patrón en Medellín y el Valle de Aburrá. Ese patrón serían Los Urabeños.” Según el presidente de la Corpades, Los Urabeños “son una mezcla de empresa mafiosa y ejército criminal y son los dueños de las rutas más rentables. A la Oficina le conviene negociar con ellos. Es lo que estamos viendo”. Arcila advierte que si bien los homicidios han disminuido de manera importante en la ciudad, como las balaceras en los barrios, los asesinatos selectivos van en aumento, lo cual revela que las odin y los combos ajustan cuentas con mayor discreción. “Es evidente que no quieren llamar la atención porque vienen de un periodo de mucho desgaste”, asegura. El abogado y activista humanitario considera que el Pacto del Fusil debe aprovecharse para lograr acuerdos de mayor alcance social entre los grupos criminales, como su compromiso para dejar de utilizar niños en sus negocios, sea como sicarios o distribuidores de drogas. El arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón, convocó el pasado 4 de octubre a una jornada de oración por la paz a la cual se sumaron La Oficina y Los Urabeños, que repartieron camisetas blancas en las comunas con el lema “Antioquia sin fronteras”. Las iglesias se abarrotaron de jóvenes que las portaban. Antioquia es el departamento (estado) al cual pertenece Medellín, y “sin fronteras” alude a los límites invisibles en los barrios antes del Pacto del Fusil para delimitar los territorios de los combos. Cruzarlos equivalía a una condena de muerte. Arcila es escéptico: “Estas treguas son muy frágiles”. L

Honduras Un paraíso de impunidad Majo Siscar Los ríos de cocaína que fluyen de Colombia hasta México antes de saltar la frontera norte tienen un punto intermedio, geográficamente ideal: Honduras. Este país, convertido en la mayor pista clandestina para las avionetas del narcotráfico, ha prohijado pequeñas mafias y ha corrompido a las autoridades. Se ha vuelto un paraíso de impunidad para los grandes capos, entre ellos El Chapo Guzmán, de quien se afirma que está instalado ahí, en el departamento de Copán, cerca de la frontera con Guatemala. SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS.- En El Paraíso, departamento de Copán, el Palacio Municipal es, en efecto, un palacio: 20 columnas romanas adornan su fachada y sus costados; sus dos plantas tienen arcos de medio punto con ventanales... y en su azotea hay un helipuerto. Es una especie de Capitolio barroco. Hasta 2005 El Paraíso –municipio hondureño de 20 mil habitantes, fronterizo con Guatemala– era un pueblo polvoriento; entonces un exarriero que sólo llegó a tercer grado de primaria, Alexander Ardón, se convirtió en alcalde. Ahora el ayuntamiento de El Paraíso se asienta en un inmueble de 900 mil dólares y cuenta con un mercado municipal de un millón. Además, 60 de sus calles están pavimentadas y 40 pequeños poblados del municipio ya tienen electricidad. Así lo presumió el propio Ardón el pasado 17 de noviembre cuando asistió al municipio vecino de La Florida, donde tuvo lugar el cierre de campaña de su partido, el Nacional, el cual ganó de nuevo la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso (unicameral) el pasado 24 de noviembre. Ardón apareció públicamente por vez primera en cuatro años para apoyar a la candidata opositora en ese municipio, Rebeca Santos. “Si Rebeca gana las elecciones, la parte financiera de La Florida se la voy a administrar yo un año; y en un año vamos a construir un mercado como el de El Paraíso y les vamos a demostrar cómo se administran los fondos”, aseveró. En entrevista publicada el 9 de septiembre de 2013 en el diario hondureño La Prensa, Ardón aseguró que su riqueza y la de su pueblo provienen de la venta de leche y del comercio trasfronterizo, algo difícil de creer en Copán, uno de los departamentos más pobres del país, donde las milpas, cafetales y pastizales conviven con los sembradíos de mariguana. A Ardón se le señala como uno de los principales mafiosos locales. De origen humilde, empezó traficando ganado y café hacia Guatemala, luego fue mula en el transporte de droga por la frontera para finalmente dirigir desde hace una década una de las dos organizaciones que trasiegan estupefacientes por tierra hacia el norte. El otro grupo delincuencial está dirigido por la familia Valle, sus vecinos de La Florida, quienes también pasaron súbitamente de arrieros a traficantes a finales de los ochenta.

Ambas organizaciones crecieron al mismo tiempo que lo hizo Mario Ponce, jefe del cártel del departamento guatemalteco de Izabal, fronterizo con los municipios hondureños de El Paraíso y La Florida. Ponce fue capturado en Honduras en 2011 y extraditado a Estados Unidos donde cumple condena por ser operador del Cártel de Sinaloa en Guatemala y querer ampliar sus dominios a Honduras. Al mando de Ponce crecieron otras dos familias hondureñas asentadas en Guatemala, los León y los Berganza. Ambas, originarias de El Paraíso, habrían impulsado a Ardón en el negocio del trasiego de cocaína para hacer contrapeso con los Valle, explica un reportero local que pide el anonimato. A partir de que en 1999 Estados Unidos impulsó el Plan Colombia y endureció en 2001 las medidas de control para evitar la llegada de droga por la ruta del Caribe, el narcotráfico se desplazó hacia los países de Centroamérica y México. Por aquí pasa 95% de la cocaína que llega al norte, según el reporte Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2012, difundido el 7 de marzo de ese año por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según ese documento, de la cocaína que pasa por Centroamérica en su ruta a México, 75% llega en avionetas a Honduras. Aquí hay cerca de 200 pistas clandestinas, dice a Proceso el viceministro hondureño de Defensa, Carlos Roberto Funes. La mayoría de estas pistas están en La Mosquitia, región selvática a la cual no llega la precaria infraestructura del Estado. Desde ahí, grupos de hondureños conectados con cárteles trasnacionales mueven la droga en lanchas por cayos despoblados e islas caribeñas hasta el Golfo de México o la suben por tierra hacia Tocoa y Trujillo, de ahí a La Ceiba, a San Pedro Sula y finalmente a Copán, en territorio hondureño. “En cada lugar el paquete va derramando droga, dinero y violencia”, confiesa a este semanario Carlos Vallecillo, portavoz de la Fiscalía Hondureña Antidrogas. Refugio en Copán Honduras es el país más vulnerable de Centroamérica y el crimen organizado ya penetró sus instituciones. Además su posición geográfica es propicia para el tráfico de drogas: a mitad de camino entre Colombia y México, con salidas al mar por el Pacífico y el Caribe y frontera con tres países: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Es la escala ideal de los proveedores sudamericanos y los cárteles mexicanos y tierra fértil para el florecimiento de organizaciones locales. “Las estructuras de estas organizaciones son similares en todos los países; lo que varía es el tamaño o el poder. Las hondureñas están directamente relacionadas con los cárteles de Guatemala porque son parte del negocio del transporte de la droga hacia el norte. Hay conexiones con los proveedores sudamericanos y vinculación con las mafias mexicanas. Son socios en esta área de la ruta”, explica Funes. Reconoce: “En los enfrentamientos hemos encontrado a mexicanos, colombianos y delincuentes de otras nacionalidades que tal vez radican en una parte alejada del país como Copán o Mosquitia, así como pilotos extranjeros que transportan las

avionetas de droga”. –¿El Chapo Guzmán está por aquí? –se le pregunta. –Sí. Podría ser. Podría ser que esté acá en el área –responde. Lo que admite el viceministro Funes es un secreto a voces en el departamento de Copán. Ahí funcionarios y pobladores afirman que han visto al Chapo con miembros de la familia Valle en El Espíritu, pueblo de 3 mil habitantes pero con lujosas mansiones en cuyas entradas hay cámaras de vigilancia. “Sí. Ha estado o está por aquí. Tiene vinculación con esta gente”, acepta un funcionario público de la capital departamental. “En Copán hay dos núcleos, los Valle y el Cártel del Paraíso, y muchas ramas, que son las que luego generan la violencia”, agrega. “El paso del Chapo por el sector no es nada nuevo. Ha utilizado el lugar como un refugio. Por decir, hoy llega y se va porque tiene la característica de no permanecer mucho en la zona, por el temor a ser detenido. Espíritu y El Paraíso son los dos lugares (a donde llegaría) porque ahí hay puntos ciegos donde pasa la gente y la droga y nadie dice nada”, cuenta una periodista hondureña especializada en narcotráfico. –¿Cómo se explica que haya dos organizaciones en un mismo territorio y no estén en guerra? –Han sabido manejar el número de mercancía y el control del territorio, aunque al final son lo mismo pues están ligados a Mario Ponce. Es la misma rueda –dice la periodista. Sin embargo apunta: “Hay una peculiaridad en ambos: los Valle se caracterizan por ser sanguinarios, por tener una manera muy dura para tratar a la gente y no son tan bondadosos. En cambio tú pregunta por el alcalde de El Paraíso y todo mundo lo quiere porque el hombre ayuda. La gente del lugar siente que desde que él es alcalde, el pueblo ha mejorado. Y es cierto. Ardón va a ser alcalde hasta que se muera”, concluye la periodista, en entrevista en San Pedro Sula, capital industrial de Honduras. Aunque la reunión de la periodista con este semanario tiene lugar a pocas cuadras del diario donde trabaja, va y regresa con un chofer de su confianza. Tuvo que dejar Copán debido a que recibió amenazas. No es la única. La prensa regional ya no habla de narcotráfico ni de crimen organizado. Los periodistas que lo hacen o lo intentan son amenazados de muerte. Autoridades coludidas Copán es una región de niños descalzos, casas de adobe y hombres con maltrechos sombreros de doble ala. El paso de la droga ha hecho florecer algunos negocios y centros comerciales, pero la derrama económica también ha provocado violencia: la tasa de homicidios es de 104 por cada 100 mil habitantes, el doble que la media de El Salvador y la tercera más alta de Honduras, que en 2012 fue de 85.5 por cada 100 mil habitantes o 20 asesinatos diarios. “En dos años han matado a 40 personas en mi municipio y casi todas con saña: les destruyeron la cara y el cuerpo, los quemaron o los descuartizaron. Si alguien

habla de más le cortan la lengua para que se sepa que fue por bocón”, relata otro alcalde de un municipio fronterizo de sólo 5 mil habitantes quien también pidió reservar su nombre. “Aquí la mayoría de las muertes no las relacionan con el narco. Nadie dice nada. Las investigaciones nunca llegan a nada, pero si esa gente habla más de la cuenta, ya sabe”, añade. “Si comparamos la presencia del narcotráfico con un mapa de mortalidad y criminalidad violenta es casi lo mismo. Estas organizaciones que tienen tanta capacidad de generar recursos también terminan siendo los grandes generadores de la violencia y dejan a su paso una estela de muerte”, considera desde Tegucigalpa Arabeska Sánchez, coordinadora de seguridad del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y de acuerdo con todas las fuentes consultadas sobre este tema, las autoridades están coludidas con el crimen organizado. “Ahora los fiscales ya se involucraron en el delito, los jueces también, la policía lo mismo; el Ejército, peor”, subraya Jari Dixon, fiscal de Copán entre 1998 y 2002. A los Valle se les relaciona con una estructura más grande que opera en el resto del país: Los Cachiros, el cártel local que controla 90% del narcotráfico en el país. El pasado septiembre la policía hondureña, con respaldo de la DEA, incautó a Los Cachiros más de 500 millones de dólares en propiedades, hoteles y hasta un zoológico. La operación, bautizada Neptuno, incluyó la intervención de 71 cuentas bancarias, las cuales se encontraban en ese momento sin fondos. Humberto Palacios, director de la policía de Honduras, dijo que miembros de su corporación coludidos con integrantes del cártel habrían advertido a éstos de la operación Neptuno, lo cual les permitió vaciar las cuentas. “Fue un pitazo”, coincide Vallecillo. L

España Tropezones en Madrid Alejandro Gutiérrez El año pasado la captura en España de un primo del Chapo Guzmán, quien pretendía introducir cocaína a Europa, causó revuelo, entre otras cosas porque se evidenciaba la penetración del crimen organizado mexicano en aquellas tierras y porque uno de los detenidos esa vez es un priista que presumía de su buena relación con Peña Nieto y Emilio Gamboa. El asunto tiene además otra vertiente: demuestra la amplísima cooperación entre las fuerzas de seguridad europeas y estadunidenses –al FBI se le permitió actuar sin cortapisas–, y el ninguneo a las autoridades mexicanas, a las cuales no hicieron partícipes del gran operativo. MADRID.- Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán, primo de Joaquín El Chapo Guzmán, se reunió el 31 de mayo de 2012 en Phoenix, Arizona, con un socio para discutir los pormenores del envío de más de 300 kilos de cocaína de Brasil a España a fin de seguir extendiendo la red del Cártel de Sinaloa en Europa. Hablaron del esquema de distribución mediante la empresa exportadora Cristerlia Celta, establecida legalmente pero que sería utilizada como pantalla. Desde marzo de 2011 los mexicanos habían establecido la infraestructura para iniciar sus actividades en Europa. Primero hicieron cuatro envíos legales de plátano y piña desde Brasil y Ecuador para fabricar un historial de su empresa fachada y conocer los protocolos de vigilancia de las autoridades aduaneras y policiales. Pero la jugada no les salió bien. El 8 de agosto del año pasado la policía española anunció con bombo y platillo la captura de Gutiérrez Guzmán y tres de sus socios. La noticia dio la vuelta al mundo, sobre todo por ir acompañada de un video del momento de la detención del traficante al salir del centenario Hotel Palace, en el centro de Madrid, y al divulgarse las imágenes de uno de los aprehendidos, Humberto Celaya Valenzuela, priista que en su perfil de Facebook presumía sus fotos con Enrique Peña Nieto y Emilio Gamboa Patrón (Proceso 1867). Ahora, tres resoluciones de la justicia española sobre los procesos de extradición a Estados Unidos de estos detenidos –documentos que Proceso pudo consultar– muestran que el primo del Chapo participó en el entramado de otra operación de envío de una tonelada de cocaína a Europa desde Ecuador. Una fuente judicial dice a este semanario que existen indicios de que Samuel Zazueta –quien aparece en el video de la captura de Gutiérrez Guzmán– podría ser un integrante del Cártel de Sinaloa, identificado en la operación Guadaña como Héctor Murillo Rivera, a quien la policía vigiló en 2009 durante dos estancias en Madrid. Con la operación Guadaña –en la cual intervinieron Estados Unidos, Brasil, Argentina y España– fue capturado el narco mexicano Nicolás Rivera Gámez (Proceso 1800). El pasado abril la Policía Europea (Europol) reveló que el Cártel de Sinaloa y Los Zetas se están convirtiendo en “actores clave en el mercado europeo de

narcóticos”. Europol difundió: “Se recopiló información que muestra que los grupos criminales mexicanos intentan establecerse como actores esenciales en el mercado de la droga europea”, y agregó que están implicados en “el tráfico de armas de Centroamérica al sureste europeo. “Los Zetas”, abundó Europol, “están envueltos en el tráfico de personas del noreste de Europa para la explotación sexual en México”. Un pie en España Gutiérrez Guzmán ignoraba que la persona con la cual estaba haciendo negocios en Phoenix en 2012 era un agente encubierto del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que se hizo pasar por miembro de una organización de narcotraficantes europeos. Éste y otros oficiales encubiertos de la División Boston del FBI, así como oficiales de enlace de la agencia en la embajada estadunidense en Madrid, habían dado seguimiento a la organización desde 2009, apuntan los documentos. Como parte de esa operación, la Black Waters, los agentes encubiertos del FBI planearon iniciar esta sociedad con los representantes del cártel sinaloense, con quienes se reunieron varias veces y a quienes vigilaron en distintos puntos de Estados Unidos (Nueva Hampshire, Massa­chusetts, Florida y las Islas Vírgenes), México, Brasil y España. Gutiérrez Guzmán, quien demostró ser un “representante directo de su primo, El Chapo Guzmán”, prendió los focos rojos del FBI durante uno de estos encuentros, cuando les adelantó a los investigadores encubiertos la posibilidad de que el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y México hiciera un viaje a España, entre otras cosas para conocer los pormenores de las operaciones que buscaban colocar la cocaína en el mercado europeo. El FBI ya estaba trabajando en secreto con las autoridades de España en esta investigación –sin conocimiento de las mexicanas–. Una fuente española vinculada con las investigaciones –quien habló con Proceso a condición de mantener su anonimato por razones de seguridad– confirma que Gutiérrez Guzmán expresó la posibilidad de que El Chapo viajaría a España, lo cual puso en “alerta máxima” a las corporaciones de varios países. Aunque con el paso de los meses, acepta, resultaba difícil que se concretara la presencia del Chapo en Europa, nunca se descartó del todo esa posibilidad, pues “el líder (Gutiérrez Guzmán) iba sugiriendo que este negocio tenía una gran importancia y hablaba con una enorme certeza de que El Chapo vendría a España. “Lo atribuyó al acoso que El Chapo debía estar recibiendo en México”, dice la fuente, quien por cierto descarta cualquier vínculo de estos implicados con el caso Guadaña. Otra fuente judicial consultada por separado atribuyó el interés del Chapo en el mercado europeo al “enorme poderío que tienen las organizaciones mexicanas para su expansión por el mundo”, tal como lo cita el informe de la Europol.

La primera fuente citada explica que del análisis sobre los comentarios de los miembros del clan, se “veía con lógica que (El Chapo) viniera a un país de habla hispana, por ser su propia lengua”. Además, profundiza, otro elemento útil “para implantar de forma clara una célula” y camuflarse, “(es) que España es una puerta de entrada para Europa, tiene un promedio anual de 57 millones de turistas, lo cual da oportunidad de pasar como uno de ellos. “Eso, añade, incrementa la dificultad para la policía española de detectar a grupos como éste, que son celular pequeñas, compactas y muy operativas”. Esgrimiendo “razones de seguridad” de los oficiales que participaron en este caso, la misma fuente se negó a dar detalles de la forma y el sitio en que el primo del Chapo expresó la posibilidad de la presencia del jefe del Cártel de Sinaloa en España. No obstante, en el expediente del procedimiento de extradición (35/2012) de uno de los subordinados, Jesús Gonzalo Palazuelos Soto, desahogado en el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que preside el juez Fernando Grande Marlaska, se advierte que la justicia española abrió una diligencia centrada en El Chapo Guzmán. Se trata del fallo 11/13 con el cual el tribunal rechazó un recurso de Palazuelos en el que refiere que el Juzgado Quinto de la Audiencia Nacional inició la diligencia 66/11 “centrada en la localización y detención del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, y ello a requerimiento del FBI, a través de una comisión rogatoria que fue presentada en la Fiscalía Especial Antidrogas, de la investigación 2/11”. Las extradiciones Tras conocerse su detención en Madrid, el fiscal estadunidense John P. Kacavas dio a conocer en un comunicado que un gran jurado de Nueva Hampshire entregó un acta de inculpación contra Gutiérrez Guzmán, Celaya Valenzuela y otros “por conspiración para distribuir mil o más kilos de cocaína”. Fueron vinculados desde una operación de droga en 2009 en esa zona de Massachusetts.­ “La investigación abarca reuniones con miembros de la conspiración en Nueva Hampshire, Florida y las Islas Vírgenes, en las cuales se discutieron detalles del esquema de distribución de la droga”, apunta el comunicado. El 8 de junio de 2011 un gran jurado federal estadunidense presentó ante la corte una acusación contra el Chapo Guzmán y seis miembros más del cártel, entre ellos Celaya Valenzuela, dio a conocer Reforma el 7 de septiembre del año pasado. Un día después la juez Landya B. McCafferty libró las órdenes de aprehensión contra los acusados, bajo cargos de conspirar para distribuir una tonelada de cocaína entre 2009 y 2011. El FBI y la policía española mantuvieron al margen en estas pesquisas al gobierno mexicano, pese a que Celaya buscó en 2012 la candidatura a una diputación en

Sonora y coordinó una campaña del PRI. Los otros acusados en Nueva Hampshire son Rodolfo Alarcón Mendoza, Sergio López Alarcón, José Benjamín Locheo del Río y Álvaro Rivera Pedrego. Reforma publica que Rivera Pedrego es conocido también como Miguel Durán y fue detenido en la frontera con Arizona en octubre de 2011. Tiene un largo historial delictivo en esa entidad estadunidense con acusaciones federales desde principios de los noventa. El 24 de julio del año pasado un juez de Tucson ordenó el traslado de Rivera a Concord, Nueva Hampshire, para que comparezca ante la corte. La acusación estadunidense especifica que 346 kilos exportados a Estados Unidos fueron asegurados y posteriormente se incautaron en Detroit “varias cantidades” de metanfetaminas y heroína enviadas por el Cártel de Sinaloa para reponer cargamentos previos de cocaína que no llegaron a su destino. En esta acusación no aparece Palazuelos Soto. Sin embargo éste fue incluido en la solicitud de extradición por el papel relevante que tuvo en la operación de supervisión de la parte logística en el cargamento enviado a España. Según el procedimiento de extradición 35/2012, Palazuelos era el responsable de “controlar” y “supervisar” el envío de un cargamento de cocaína de 373 kilos que salió de Puerto Santos (Brasil) el 15 de julio de 2012, “lo que derivó en ‘observación telefónica’ de los miembros hasta el descubrimiento de la sustancia estupefaciente el 28 de julio de 2012, en el puerto de Algeciras”. La Audiencia Nacional rechazó el 15 de febrero de 2013 el recurso de súplica promovido por Palazuelos para ser enjuiciado en España y evitar la extradición a Estados Unidos; el tribunal confirmó el fallo judicial emitido el 23 de enero que daba luz verde a su traslado a ese país. El Ministerio de Justicia confirmó a Proceso que el Consejo de Ministros aprobó su extradición el pasado 28 de junio y días después fue puesto en manos del gran juzgado en Nueva Hampshire. La extradición de su jefe, Jesús Manuel Gutiérrez Guzmán fue aprobada el 12 de diciembre de 2012 y tras un recurso similar para obstaculizar su traslado a Estados Unidos, el fallo fue ratificado el 28 de diciembre del año pasado y el 12 de abril último fue entregado en absoluto sigilo y bajo fuertes medidas de seguridad a agentes estadunidenses. La justicia española corroboró el 15 de abril pasado la extradición del otro miembro de la célula, Samuel Zazueta (auto judicial 36/2013), en el cual señala que “los hechos investigados en España no abarcan sino una mínima porción de los que son objetó de acusación en Estados Unidos, lugar donde se encuentra la mayoría de las fuentes de prueba a utilizar del juicio”. Añade que “aun cuando se trataran de los mismos hechos, la posible competencia de la jurisdicción española para el conocimiento de los hechos acaecidos en España, en modo alguno excluye la competencia de los tribunales estadunidenses por el principio de territorialidad, así como la persecución universal de esta clase de delitos de la Convención de Viena”. El caso de Celaya Valenzuela fue el que más se agilizó. Fue entregado a agentes de Estados Unidos el 5 de octubre de 2012, dos meses después de su captura. Una fuente judicial dice al corresponsal que “el FBI negoció con él (Celaya) algo, porque fue el primero que España entregó en forma acelerada”.

“De él teníamos detectada una visita anterior acompañado de su familia”, dice la fuente relacionada con la investigación. “Al que sí detectamos haciendo los primeros movimientos de la operación fue a Palazuelos”. Explica: “Ellos nunca estuvieron hospedados en el (hotel) Palace. Estaban en otro hotel del centro de Madrid del que no te puedo dar el nombre, pero la célula utilizaba el restaurante del Palace para hacer sus reuniones, para camuflarse entre turistas de alto standing y ejecutivos de todo el mundo que vienen a hacer negocios a España”. Los documentos judiciales dejan en claro que España permitió la actuación de los agentes encubiertos del FBI en suelo español. En los fallos de Gutiérrez Guzmán y de Palazuelos se lee: “La investigación policial y el procedimiento penal en España se iniciaron a partir de la información transmitida por las autoridades de los EU, con la finalidad de dar cobertura a la intervención de agentes encubiertos (del FBI), funcionarios de policía de dicho Estado y de incautar la mercancía ilegal”.

Salto mortal, sin red de protección Jenaro Villamil A contrapelo del triunfalismo expresado por sus correligionarios del PRI en torno a la reforma energética impuesta por los poderes Ejecutivo y Legislativo, Dulce María Sauri Riancho aclara: si las cosas no funcionan como el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende, no habrá manera de revertir la situación. Y cuando la exdirigente nacional priista advierte que ante esta eventualidad “no hay red de seguridad” que salve a México, significa que el Estado queda a merced de los grandes apetitos empresariales, sean mexicanos o extranjeros.

La reforma constitucional en materia energética “es una apuesta muy alta” donde “no hay marcha atrás”. Si los supuestos resultados benéficos no se sienten en el bolsillo de los mexicanos vía gasolina y electricidad más baratas, “la frustración social podría revertir cualquier resultado positivo en la macroeconomía, si éste llegara a darse”, advierte Dulce María Sauri Riancho, exdirigente nacional del PRI. Legisladora de varias batallas históricas –como la aprobación de la Ley Televisa en 2006–, exgobernadora interina de Yucatán y exfuncionaria de la Secretaría de Programación y Presupuesto, Sauri es más contundente en la valoración del riesgo adoptado: “Si las cosas no funcionan como se prevé, no habrá manera de revertir la situación. No hay red de seguridad que atempere o suavice la caída”. Radicada en Yucatán, donde estudia un posgrado en historia, Sauri coincide en que esta reforma es la culminación de otro modelo de Estado, “no sólo más pequeño sino más débil frente a los poderes fácticos que se imponen mediante la corrupción y el amedrentamiento”. Compara la bonanza petrolera de los ochenta, cuando José López Portillo llamó a “administrar la abundancia” y se generó una de las crisis económicas más agudas del país. “Los sueños de riqueza petrolera han solido ser breves. Fue corta la ilusión de la abundancia (no más de tres años) durante el gobierno de José López Portillo. Sin embargo, los recursos extraordinarios provenientes del petróleo caro de esos años se destinaron a la creación de programas de combate a la pobreza (como el Coplamar) o de solución al problema alimentario, como el SAM (Sistema Alimentario Mexicano). “La similitud entre 1980 y la reforma energética de 2013 sólo se encuentra en el terreno de las expectativas desbocadas del gobierno, que intenta convencer a la población de la extraordinaria oportunidad que se abre ante ellos. “La frase presidencial invitando a ‘administrar la abundancia’ todavía nos persigue como parte de un pasado que no debemos olvidar. Espero que los slogans publicitarios de ahora –‘bajará el precio de la luz y también del gas’, ‘se crearán millones de empleos’– no tengan en el futuro el mismo triste destino en la memoria colectiva y en la vida de millones de mexicanos”, advierte. Sauri también es irónica a la hora de describir el maltrato a Pemex y a la CFE, que

pasan a ser ahora “empresas productivas del Estado” y deberán competir con las trasnacionales extranjeras, como Exxon, Shell, Chevron y otras. Las compara con un viejo pugilista, en metáfora boxística. “Después de años de saqueo fiscal y debilidad financiera, la empresa petrolera será como el flaco y añoso boxeador que sube al cuadrilátero con el joven y vigoroso atleta cuya única preocupación es ganar. No se necesita ser profeta para adivinar el resultado de esa lucha desigual. ‘Te usé, te gasté, te tiré’, sería un buen epitafio anticipado para la otrora empresa orgullo nacional”, resume. EPN, fortalecido En cuestionario respondido por escrito, la exdirigente nacional del PRI, lejana ahora al círculo gobernante, hace un balance político de los actores de la reforma energética. Del gobierno federal señala que “en el corto plazo, el gobierno mostró capacidad de articular una estrategia y llevarla a cabo, logrando la mayoría necesaria en las cámaras de Diputados y Senadores, así como una inusitada celeridad para su aprobación en los estados. “El presidente y su gobierno salen fortalecidos, porque demostraron efectividad en el procedimiento. Cuidaron los detalles, tal como se demuestra en los 21 artículos transitorios, donde se especifican y acotan las leyes reglamentarias para aplicar la reforma. En lo político, nada se dejó al azar o a la improvisación.” –¿Hubo un proceso de deliberación en el PRI sobre el cambio de enfoque del partido frente a los artículos 27 y 28 constitucionales? –Desde la campaña electoral se delinearon los cambios que habrían de venir si Enrique Peña Nieto ganaba la Presidencia. En la XXI Asamblea del PRI (marzo 2013) una clara mayoría de delegados dotó de suficiente flexibilidad a sus documentos básicos para dar cobijo a una reforma energética de este tipo, así como para imponer el IVA a alimentos y medicinas. Sucedió lo primero, mucho más lejos de la vida cotidiana de la población que lo segundo, que hubiese tenido en el corto plazo un costo alto para el PRI y su gobierno. –¿Tiene futuro el Pacto por México después de esta reforma? –El pacto dio sus frutos y se agotó. Dejó de ser útil al gobierno, no así a las dirigencias del PRD y del PAN, que gracias a éste lograron sortear los más espinosos problemas internos que cuestionaban incluso su permanencia al frente de sus organizaciones políticas. “La reforma fiscal fue el pretexto de la separación, una vez que se hubo superado el distanciamiento motivado por razones electorales en la primera mitad del año. Se dice, tal vez con razón, que el PRD del pacto avaló la reforma fiscal, en tanto que el PAN hizo lo propio con la energética. Ningún viejo lobo de mar en la política podía ignorar esa posible secuencia y, sobre todo, sus consecuencias.” –¿Qué efectos electorales y políticos vislumbra tras esta reforma para las elecciones federales de 2015? –Si bajan los precios de la energía eléctrica para consumo doméstico, así sea artificialmente, incrementando los subsidios a la CFE antes de que se transforme

en “empresa productiva del Estado” limitada sólo a la transmisión y distribución de energía eléctrica, el PRI puede tener un buen resultado en la elección de 2015, más aún si comienzan a manifestarse y publicitarse con amplitud los avances económicos previstos por el gobierno de Peña Nieto. “Si, por el contrario, la expectativa creada sobre el descenso de los precios de los combustibles no se cumple, si la novedad de encontrar gasolineras de Exxon, Shell y otras operando en México no es suficiente para convencer a las clases medias de la bondad del cambio, el panorama electoral para el PRI podría complicarse. “El PAN está a la expectativa de los tropiezos que pudiera tener el gobierno priista. Ha retornado a su ámbito natural, donde se mueve como pez en el agua: la oposición. En cuanto a las izquierdas, la reforma energética muy probablemente les demande una revisión a fondo de sus estrategias. Llegar divididos a la elección de 2015 será garantía de su irrelevancia en la nueva legislatura que habrá de constituirse ese año.” Lectora y oradora destacada, Sauri no pierde la posibilidad de pensar en las consecuencias si “hubieran” pasado otras cosas. “La historia contrafactual da licencia para imaginar. Me la tomo. ¿Qué hubiera pasado si Andrés Manuel López Obrador no hubiera sufrido un infarto en plena movilización contra la reforma? ¿Qué hubiera pasado si el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se hubiera puesto en huelga de hambre frente a Palacio Nacional para buscar impedir lo que finalmente sucedió? ¿Qué hubiera acontecido si el PRD se hubiese negado a avalar la reforma fiscal, además de perder el fondo destinado a su gobierno en el Distrito Federal? “La imaginación puede ser infinita, pero también da para preguntarse qué hubiera pasado si el gobierno hubiese prestado mayor atención a lo que sucede en Brasil, donde ya vienen de regreso del lugar al que nosotros todavía pretendemos llegar.” “Alta vulnerabilidad” Economista perteneciente a la generación de políticos que se crearon en la Secretaría de Programación y Presupuesto en los tiempos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, Sauri también observa que las reformas consistieron en un “complicado trabajo de orfebrería jurídica, para no cambiar cambiando todo”, sobre todo en materia de rectoría económica del Estado. “Desde 1983 se estableció en la Constitución la distinción entre áreas estratégicas con funciones exclusivas del Estado y las áreas prioritarias de la economía, donde sólo ejerce su rectoría. La reforma constitucional reciente deja como áreas estratégicas correo, telégrafo y radiotelegrafía. Salvo por la generación de energía nuclear, reservada en exclusiva al Estado, las otras son restos simbólicos de un sistema de comunicaciones que corresponde al siglo pasado. Tal parece que lo viejo y obsoleto, eso sí, queda a cargo del Estado, concebido como una especie de custodio de obsolescencias tecnológicas.” –¿Qué consecuencias tendrán para el modelo de Estado los cambios recientes? –El modelo constitucional de rectoría del Estado y su obligación de planear,

conducir, coordinar y orientar la actividad económica, se mantienen. El problema estriba en que esta reforma limita las capacidad del propio Estado para cumplir su cometido. Al abrir plenamente la puerta a los intereses trasnacionales en los hidrocarburos y eliminar las salvaguardas legales, el propio Estado mexicano se coloca en posición de alta vulnerabilidad. En lenguaje llano: si las cosas no funcionan como se prevé, no habrá manera de revertir la situación. No hay red de seguridad que atempere o suavice una caída. –¿Qué efectos puede tener en el terreno político-partidista y en el escenario político un Estado así? –Observo un Estado en pleno tránsito del modelo que rigió las relaciones políticas durante más de 70 años, a uno nuevo, en que el Estado no sólo es más pequeño sino más débil frente a los poderes fácticos que se imponen mediante la corrupción y el amedrentamiento. En este marco se realizan los cambios en materia energética. Desmovilización social –Hay una discusión intensa sobre la falta de participación social frente a esta reforma, considerada la más importante en 75 años. ¿A qué atribuye esta falta de interés? ¿Qué tan responsable es la propia izquierda política? –A diferencia del precio del boleto del Metro o del incremento de las gasolinas, la reforma energética no afecta en lo inmediato la vida de las familias. La mayoría de los mexicanos está demasiado preocupada por su supervivencia cotidiana como para tomar las calles. “Tal vez si se hubieran enterado de la pretensión de eliminar los subsidios a las gasolinas, la electricidad y el gas (Transitorio 11) hubieran protestado. Pero, afortunadamente, los ajustes de última hora desaparecieron la peligrosa disposición. Sin embargo, el tema de los subsidios gubernamentales a los precios de los energéticos está muy poco explicado. “Tal vez la izquierda opositora a la reforma energética no supo transmitir un mensaje que vinculara la reforma con las preocupaciones y carencias cotidianas de la gente.” –¿Por qué se trata de una “apuesta muy alta” esta aprobación? ¿Qué consecuencias tendrá? –Se ha vendido la reforma energética como una panacea que sacará a la economía mexicana de su postración. Así lo señala machaconamente la publicidad que invade en estos días los medios. La expectativa gubernamental descansa en que a partir de la aprobación de la reforma vendrá una riada de inversión extranjera, atraída no sólo por las posibilidades del sector energético sino por la percepción de la existencia de un gobierno capaz de lograr sus propósitos. “Las preguntas que rondan son del tipo de si será suficiente incentivo la reforma aprobada o si habrá un mayor apetito del capital trasnacional que exija aún más; si las condiciones internacionales harán factible el arribo de capitales del exterior o si una vez más habrá pocos resultados, tal como sucedió con la reforma laboral.

“No dudo en calificar de ‘apuesta alta’ a esta combinación de expectativas gubernamentales y promesas a la población de bajar sus recibos de luz. Una cosa es fracasar en la creación de miles (o millones) de empleos prometidos si se aprobaba la reforma laboral, y otra es comprometer el descenso de los precios de la electricidad, algo que cada mes podrán constatar si se cumple o no, familias y empresarios en todo el país. “Podrían mejorar los indicadores de inversión extranjera directa; podría incrementarse el número de empleos y crecer el PIB a la ansiada tasa de 4% anual, pero si no se sienten los supuestos efectos benéficos en el bolsillo de los mexicanos vía gasolina y electricidad más barata, la frustración social podría revertir cualquier resultado positivo en la macroeconomía, si éste llegara a darse. “Por cierto, la reforma no dio siquiera para la ilusión de fomentar a la industria mexicana a través del petróleo, al menos en el papel. Ni con el pétalo de una rosa se quiso perturbar a las trasnacionales con alguna exigencia incómoda.” L

Y el propio PRD boicoteó la consulta Jesusa Cervantes Se disparó en un pie. La izquierda se había unido en el repudio a la reforma energética, pero ella misma estropeó su lucha: a la hora de legislar la consulta que podría haber revertido la privatización del petróleo, “olvidó” consignar la facultad de revocar las modificaciones constitucionales. Ahora delinea su plan B: judicializar el caso, repartir folletos y enterrar cápsulas del tiempo.

Gracias a “un título seductor”, la mayoría de la izquierda en la Cámara de Diputados avaló la Ley de Consulta Popular (LCP)… que resulta insuficiente para revocar la reforma en materia energética. Ambigua, sin solidez ni alcance, la norma aprobada por PRD, PRI, PAN, PVEM y Panal el martes 10 no prevé la posibilidad de que la consulta revoque reformas a la Constitución, explica Alfonso Durazo Montaño, diputado por MC y exsecretario particular de Vicente Fox. Ante esta situación, Manuel Bartlett, senador por el PT, anuncia que los legisladores integrados en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscarán interponer una controversia constitucional para dar marcha atrás a la “privatización del petróleo”. Cabildearán también un juicio político contra Enrique Peña Nieto por traición a la patria. Sin embargo, considera que la única forma efectiva de evitar la entrega de los hidrocarburos es “la calle, porque este gobierno siente que puede violentar toda ley y que su capacidad de imposición no tiene límite. Sólo la calle le puede imponer ese límite”. Una vez que Morena se constituya como partido y Andrés Manuel López Obrador se reintegre a la lucha, cree que el camino se reorientará. Negociación y desconocimiento El jueves 5, la diputada perredista Amalia García y la senadora Angélica de la Peña –esposa del expresidente nacional del PRD Jesús Ortega– confeccionan el predictamen de la LCP, en el marco del Pacto por México. Junto a ellas trabaja el diputado panista José González Morfin. Ese mismo día, la minuta de la reforma política delineada por PAN y PRI en el Senado llega a San Lázaro. Sin discutirse en comisiones comienza a debatirse en el pleno. Por la tarde, Amalia García presume que el PRD ha logrado que las “cartas ciudadanas” (esquemas de participación civil) se incorporen al dictamen de la LCP. Y a punto de que concluya ese jueves, la Comisión de Gobernación convoca a una sesión extraordinaria: La LCP se discutirá la madrugada del viernes, una vez que se desahogue la reforma política, lo que ocurre a la una de la madrugada. La comisión avala el dictamen de la LCP, con el voto de los perredistas. El PT y MC la rechazan por considerarla “insuficiente” y llena de “ambigüedades”. Sin embargo, a las tres de la mañana del viernes, la sesión del pleno se levanta

debido a un desencuentro entre PRD y PAN con el PRI. “Se clausura sin discutir la LCP, porque Amalia García, Angélica de la Peña y José González Morfin incumplieron el compromiso que habían firmado en el Pacto por México, y que era permitirle al presidente de la República tener tiempo aire para promover su posición cuando él solicitara la consulta pública”, revela una de las fuentes que participaron en las negociaciones durante aquella madrugada. “Silvano Aureoles –coordinador del PRD– y Alberto Villarreal –líder de los panistas– se quisieron pasar de listos no respetando el acuerdo”, añade la fuente. La votación de la LCP se pospone para el martes 10, eliminando la preferencia que tendría el Ejecutivo federal en la difusión (artículo 41). Los perredistas incluyen cambios en los artículos 12, 14 y 15, pero no incorporan la puntualización de que las reformas a la Constitución puedan revocarse mediante consulta. Finalmente la LCP se avala en el pleno con 431 votos a favor, de los que 66 fueron del PRD. El diputado Alfonso Durazo Montaño considera que “no fue ingenuidad” de quienes negociaron la ley dejarla llena de obstáculos. Les otorga el beneficio de la duda: “Atribuyo estos errores a la forma en que se procesó, a la falta de análisis parlamentario, a la premura”. El legislador, que forma parte de la Comisión de Gobernación, detalla que el dictamen nunca se discutió a cabalidad. Sólo se fijaron los posicionamientos de los partidos políticos. La perredista Aleida Alavez, integrante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo contradice. El miércoles 18 aseguró ante los medios de comunicación: “Nosotros, como PRD, votamos a favor de la consulta porque tiene todos los elementos, los mecanismos, para llevarse a cabo. Nadie nos engañó, nadie nos puso una redacción que no conociéramos”. Ley suprema e intocable El martes 10, durante el debate de la LCP, Durazo pide a la gente de izquierda que no se deje engañar. “El título es tremendamente seductor”, acepta, pero insiste en que la ley está llena de obstáculos. En entrevista, el diputado detalla los aspectos que hacen “casi imposible” revertir los cambios a la Constitución en materia energética. Es ambigua, sostiene, pues no establece claramente su carácter revocatorio. Y lanza: “La ley tiene una serie de malos entendidos, y si el PRI y el gobierno no respetan los procedimientos parlamentarios explícitos, yo me pregunto si van a respetar aquello que uno supone que está implícito en la ley, como es el carácter revocatorio de una consulta popular en términos constitucionales”. Segundo punto: En la ley se marca que se someterán a consulta los “actos legislativos”… lo que convierte en intocable la reforma energética, que concierne a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. Ocurre que esas modificaciones, jurídicamente hablando, no son “actos legislativos”, sino un “acto del constituyente permanente”, integrado por el Congreso de la Unión, más 17 congresos locales que avalen lo propuesto por el legislativo federal. La ley cuenta con otros matices nocivos, añade, en los requisitos para convocar

una consulta a iniciativa ciudadana. Primero se pide juntar 2% de las firmas del listado nominal de electores, que ya se tienen. Pero, luego, la Cámara de Diputados debe hacer dos consultas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese tribunal debe determinar si en la petición “no hay inconstitucionalidad” y si el tema planteado es “de trascendencia para la nación”, lo que abre un portón a la discrecionalidad. Peor aún, en el artículo 5 de la LCP, explica Durazo, se asienta que para hacer válido el resultado de una consulta la participación debe ser igual o mayor a 40% del listado nominal. Existe otro escollo: el artículo 11. Ahí se establecen los temas que no pueden someterse a este tipo de práctica democrática. Y no está permitido consultar a la gente sobre “ingresos y gastos del Estado”. El senador del PRI David Penchyna, que tuvo a su cargo el procesamiento de la reforma en dicha cámara, ha repetido que el petróleo y el gas son un asunto de “ingreso y gasto”, por lo tanto, vedados al escrutinio público. Las otras vías El senador Manuel Bartlett informó que cuando llegue al Senado la minuta de la LCP, en febrero, MC y PT tratarán de explicitar el carácter revocatorio a las reformas del constituyente permanente. Existe aún otra vía: el recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se argumentará que se han violado los procedimientos parlamentarios y la propia Carta Magna. Para ello, Morena tiene que lograr 33% del respaldo de senadores o de diputados. “¿Cuál es el argumento? La amputación de decisiones políticas fundamentales, que dicen que no se puede tocar una Constitución en sus partes esenciales”, asienta Bartlett, quien ya tiene experiencia en recursos de este tipo, como el que interpuso cuando se promulgó la Ley del Servicio Eléctrico o la de Telecomunicaciones. El diputado Durazo señala que no sólo los legisladores federales pueden iniciar este recurso; también los partidos políticos o un Congreso local. “Si el PRD es congruente con su rechazo a la reforma energética”, arguye, “puede solicitar la acción de inconstitucionalidad, como partido o como Asamblea Legislativa del Distrito Federal u otro Congreso en que tenga 33% de los votos.” Por su parte, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de MC en San Lázaro, informó que se intentará “unificar las estrategias con PRD y PT, organizaciones sindicales y sociales opositoras a la reforma; preparar folletos informativos sobre posibles despidos de trabajadores de Pemex y CFE; distribuir casa por casa un folleto en forma de historieta sobre lo lesivo de la reforma, destacando la falsedad de que bajarán los precios de la luz, el gas y la gasolina; recurrir a las redes sociales; hacer de las elecciones federales de 2015, fecha en que tendría que realizarse la consulta popular, un referéndum sobre la permanencia o rechazo a que el PRI y el PAN sigan teniendo mayoría en la Cámara de Diputados; promover el depósito de cápsulas del tiempo en los parques que lleven por nombre Lázaro Cárdenas o 18 de Marzo, que contengan recibos de luz, gas, gasolina y diésel, así

como la lista de senadores y diputados que votaron a favor de la reforma. Las cápsulas se abrirán el 18 de marzo de 2018…”. L

Mitos y peligros del gas “shale” Jenaro Villamil Empresarios y ambientalistas llevan meses advirtiendo que la extracción de gas de esquisto –más conocido como gas shale– no sólo es cara, sino que implica técnicas de inyección hidráulica que demandan enormes volúmenes de agua y causan daños ecológicos. Un dato significativo: mientras que la extracción de un barril de petróleo cuesta 10 dólares, la de gas shale es cinco veces más cara. Aún así, este tipo de hidrocarburo es una de las zanahorias que más ofrecen los defensores de la reforma energética.

La supuesta riqueza del gas de esquisto o gas shale, promovida como uno de los negocios más promisorios de la reforma energética, puede convertirse en otro gran mito, pues según informes de organizaciones ambientalistas, empresarios y funcionarios del sector, no es tan limpio ni abundante; menos aún rentable. “Muy pocos productores de lutitas –como también se le conoce a este hidrocarburo– ganan con el gas, así que no se crean que es el gran negocio”, advierte José de Jesús Valdez Simancas, director general de Alpek, filial del Grupo Alfa, que mantiene una sociedad con consorcios estadunidenses al sur de Texas para explotar el gas shale. A principios de mes, durante el Foro Monterrey Summit 2013, Valdez afirmó que extraer un barril de crudo en México tiene un costo de 10 dólares, mientras que el de gas shale es de 50. Aroa de la Fuente, integrante de la organización Fundar, experta en sector energético, declaró a su vez que tampoco existe un “alto margen de ganancia” para explotar este tipo de gas, que se extrae de las rocas por medio de una inyección hidráulica –técnica conocida como fracking– que reclama altos volúmenes de agua. Tan sólo para obtener ese tipo de gas en Coahuila, Nuevo León o Chihuahua se utilizan cantidades de agua equivalentes a la que consumen 7 millones de personas, expuso De la Fuente en ese foro. Fundar y agrupaciones como el Grupo de Estudios Ambientales, Equipo Pueblo, LaVida, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y Sendas, entre otras, crearon la Alianza Mexicana contra el fracking para argumentar que la tecnología utilizada en la explotación del gas shale es nociva – “invariablemente se contaminan mantos freáticos y aguas superficiales”– y contribuye al calentamiento global. Según el informe Principales problemas identificados con la explotación de gas de esquisto por fractura hidráulica en México (fracking), elaborado en agosto último por la alianza ambientalista en vísperas de la discusión de la reforma energética, esas técnicas “desvían valiosos recursos que podrían ser destinados a implementar una urgente transición hacia fuentes de energía renovables y sostenibles, así como a introducir modelos económicos más eficientes que

reduzcan sustancialmente la tasa de extracción-consumo-desecho de materiales en el mundo, sin perjudicar las condiciones de vida de la población, en condiciones de equidad”. Asienta también que en Estados Unidos existen más de mil casos comprobados de contaminación de agua cerca de pozos de fractura hidráulica, lo que acelera la escasez de agua, “ya que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo, y se utilizan químicos que en 25% pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectan al sistema endocrino y más de 50% causan daños en el sistema nervioso central”. Los gobiernos de Francia, Bulgaria, Rumania, Alemania, del cantón de Friburgo en Suiza, e Italia incluso ya prohibieron el uso del fracking para la extracción del gas shale. En este último país dos proyectos de explotación de gas de esquisto fueron paralizados: uno mediante la protesta social y otro por decisión gubernamental. En Sudáfrica, las autoridades establecieron una moratoria en septiembre de 2012 para la explotación de este gas en Karoo. En Irlanda del Norte, el parlamento votó a favor de que se aplazara dos años la eventual aplicación del fracking. Y en Canadá, uno de los países más ricos en este tipo de gas, la provincia de Quebec prohibió desde 2011 la explotación mediante esta técnica. Hace año y medio, el consejero profesional de Pemex Héctor Moreira Rodríguez comentó a Proceso la necesidad de debatir y regular mejor los proyectos relativos a dicho hidrocarburo: “Algunos funcionarios pretenden que toda la explotación del gas shale se haga a través de una empresa distinta a las subsidiarias que tiene Pemex para permitir toda la inversión privada”. En Argentina el fracking fue prohibido en la comunidad de Conco Salto, en la Patagonia, pero la práctica continúa en otras partes de esa nación, considerada como la segunda más importante por su número de reservas de gas shale técnicamente recuperables. En 2012 y 2013, las localidades autónomas españolas de Cantabria y La Rioja, respectivamente, hicieron lo propio para suspender la fractura hidráulica en sus territorios. A su vez, Fuerteventura, isla del archipiélago canario, se opone al proyecto del gobierno central de Madrid de explotar gas de esquisto en el mar. En Gran Bretaña también existe oposición a la explotación del gas de esquisto. El consejo municipal de Keynsham Town votó en contra, a pesar de que el ayuntamiento sigue firme en su apuesta por esta actividad. Expectativas a la baja La fiebre por este tipo de gas natural inició en México a principios de 2010, cuando la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos (AIE) calculó en 680 millones de pies cúbicos las reservas del hidrocarburo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y en partes de Chihuahua y Veracruz. En abril pasado la misma agencia disminuyó sus expectativas. Afirmó que dichas reservas eran de 545 billones de pies cúbicos, mientras que los estudios de Pemex estimaron que en las provincias geológicas de Burro-Picachos-Sabina, Burgos-Tampico-Misantla, así como Veracruz y Chihuahua, en realidad oscilaban

entre 150 y 459 billones. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, incluso dijo que su partido proponía abrir 20 mil pozos al año para la explotación del gas shale. De cumplirse con esta expectativa se necesitaría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de 4.9 a 15.9 millones de personas en un año, según el reporte de Fundar. En Coahuila los trabajos de exploración comenzaron en 2012. El año previo, según el informe de la alianza ambientalista, el Diario Oficial de la Federación publicó que el acuífero Allende-Piedras Negras es la región identificada como la más rica en gas de esquisto. En junio de 2012 el gobernador Rubén Moreira propuso construir 10 mil pozos mediante el fracking, pese a las recomendaciones del estudio publicado en el Diario Oficial. Los autores de la investigación de Fundar refieren que la disponibilidad media anual de agua subterránea para el acuífero Allende-Piedras Negras es de 18.7 millones de metros cúbicos al año. De construirse los 10 mil pozos que propone Moreira, “se requerirían entre 90 y 290 millones de metros cúbicos de agua en el transcurso de algunos años”, estima la alianza ambiental contra el fracking. Y agrega: “Nos sorprende que la propuesta de decreto para el acuífero AllendePiedras Negras (Cofemer, expediente 04/0970/230413) no establezca la veda recomendada sino una ‘zona reglamentada’, lo que permitiría a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigilar las concesiones y asignaciones, sin dejar de autorizar el uso de este volumen del acuífero para actividades de extracción de gas por fractura hidráulica”. Actualmente, en los municipios de Nava y Guerrero, en Coahuila, la empresa Geokinetics realiza los trabajos de exploración de gas shale. Llevan 25% de avance, declaró Pedro Tinoco, vocero de la empresa, al diario regional La Vanguardia. “El estudio abarca 11 mil 500 kilómetros cuadrados o unas 140 mil hectáreas, por lo que desde un campamento ubicado en el municipio de Guerrero se realizan las operaciones”, afirmó Tinoco. En Chihuahua, autoridades y empresarios como Eloy Vallina dicen estar dispuestos a invertir en el gas shale, pero el Grupo Alfa, de Monterrey, prefirió invertir más en territorio de Estados Unidos que en México. Pemex estima que la inversión requerida para extraer este gas natural es de 30 mil millones de pesos entre 2010 y 2016. Para los próximos 50 años requeriría de un presupuesto estimado en 600 mil millones de pesos para el óptimo desarrollo de una industria de explotación de este tipo de gas. En Estados Unidos, la potencia energética mundial que ha promovido la exploración y explotación del gas shale, la misma industria gasífera reconoce que en 80% de los pozos perforados los costos de producción superan las ganancias esperadas. Al menos eso indican los reportes de la prensa especializada citados por la alianza contra el fracking. El gas shale se convirtió en una alternativa a raíz de la declinación de los yacimientos de gas y petróleo convencionales, al tiempo que se incrementó la demanda a nivel mundial. Tras el crack financiero de 2008, Estados Unidos

impulsó la explotación de este tipo de hidrocarburo hasta representar 40% del total de su producción de gas natural, pero el alto costo de producción en varios pozos ha vuelto inviable económicamente la explotación en territorio estadunidense. El factor del narcotráfico La fiebre por el gas shale en México, similar a lo que ocurrió en 2008 con la exploración en los campos de aguas profundas, se debe a la cercanía del país con tres campos petroleros estadunidenses altamente productivos en el Golfo de México y la posibilidad de que se establezcan en territorio nacional. Se trata de los llamados “campos elefantes”, que representan “grandes posibilidades de hallazgos similares en aguas mexicanas”, según geólogos entrevistados por la agencia Reuters el domingo 15. Sin embargo, de los 25 pozos perforados en aguas profundas, sólo en cinco hay viabilidad. Lo mismo sucede con los yacimientos de esquisto en Texas, Eagle Ford, y en la cuenca Permian, colindante con los estados fronterizos mexicanos. Nada garantiza, hasta ahora, que la rentabilidad de la explotación del gas shale en Texas sea equivalente a la mexicana. El gran factor de riesgo es la inseguridad de la zona, en entidades donde los cárteles del Golfo y de Los Zetas se disputan el control. “¿Hay gente involucrada en Eagle Ford que querrá cruzar la frontera al sur? Quizá no, debido a las grandes preocupaciones por la inseguridad”, confió Kenneth Medlock, del Centro de Estudios Energéticos de Rice University, de Houston, a la agencia Reuters. L

Minería salvaje Arturo Rodríguez García La nueva fiebre del oro y otros minerales avanza en México: Detona conflictos sociales y esparce violencia al desplazar pobladores, crear tensiones sociales y desatar represión policiaca o militar en comunidades cuyos habitantes se oponen a la depredación de los megaproyectos mineros, impulsados sobre todo por compañías canadienses, entre otras, First Majestic Silver Corp. Esta información no proviene sólo de ejidatarios afectados ni de partidos opositores, sino del propio gobierno federal.

En 2013 se identificaron 26 conflictos sociales en el país, provocados por la contaminación ambiental, restricción o escasez de agua en comunidades, despojos territoriales, cambios de uso de suelo y violaciones a derechos humanos en 18 entidades, de acuerdo con datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación. Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz tienen al menos un conflicto de esa naturaleza. Baja California Sur, Chiapas y Jalisco registran dos conflictos cada uno; San Luis Potosí y Sonora, tres, y Oaxaca al menos cuatro, relacionados con actividades extractivas. La situación es llamativa incluso en el contexto internacional pues, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más conflictos socioambientales derivados de la minería, puesto que enfrenta 26, igual que Argentina. En primer lugar figuran Perú y Chile, con 33. En su Estudio de la minería en México, un análisis comparado con Canadá, la CDPIM cita las conclusiones a las que ha llegado la relatoría especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU; por ejemplo, esta instancia menciona la violación de derechos territoriales y la falta de consulta pública como origen de esos conflictos, además de la presión de las industrias extractivas, que complica la realización de modelos de gobernanza (Proceso 1937). Para la CDIPM, el problema de fondo radica en la corrupción que prevalece entre las empresas y las instancias gubernamentales del sector. Poder trasnacional Antiguo enclave minero en el Bolsón de Mapimí, el de Ocampo, Coahuila, es uno de los tres municipios con mayor extensión territorial del país. Según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), está semimarginado, incomunicado y con una creciente expulsión poblacional. Su potencial minero recobró importancia hace algunos años y desde 2006 la

empresa canadiense First Majestic Silver Corp. compró La Encantada, una mina de plata y plomo en presunta decadencia que ocupa 4 mil 76 hectáreas. El estudio de la CDPIM refiere que las operaciones de First Majestic ahí “no sólo se caracterizan por la corrupción y el desentendimiento de las autoridades a la problemática social, sino también por ser una de las minas que más gana y que menos retribuye” a la comunidad y a la Secretaría de Hacienda. La minera desarrolló sus actividades en territorio ejidal, y en 2004, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ordenó que entregara las tierras al ejido, personal de la dependencia elaboró documentos alterados que hicieron imposible a los ejidatarios tomar posesión del terreno. La mina La Encantada demandó un amparo, que le fue rechazado en 2006. La sentencia definitiva concluyó que la empresa no había demostrado la propiedad de las tierras; en cambio, los ejidatarios sí lo hicieron. Con todo, las maniobras de la delegación estatal de la SRA volvieron a impedir la entrega del fundo. En 2011 los comuneros iniciaron un litigio en el Tribunal Unitario Agrario con sede en Torreón, que hasta la fecha no se ha iniciado debido a las prácticas dilatorias que siguen favoreciendo a la minera canadiense. Por ejemplo, en esa instancia argumentan que no se ha podido emplazar a la trasnacional porque en las oficinas no reciben al actuario. En un hecho inusual, la presidenta de dicho órgano jurisdiccional, María Oralia Aguilar Ruiz, decidió notificar a la empresa en Calgary, Canadá, donde First Majestic tiene su sede corporativa. En ese tribunal los comuneros reclaman mil 342 hectáreas ocupadas de manera ilícita por la minera, además de que ésta construyó y aprovecha un camino de 15 metros de ancho y cinco kilómetros de longitud sobre los terrenos ejidales, sin pagar ningún derecho de uso, como tampoco lo hace por la servidumbre de paso de una tubería de agua y una línea de electricidad. En sus tierras la empresa construyó un complejo de 300 viviendas, un hotel y una casa club para ingenieros, además de la infraestructura minera y una pequeña pista de la que despegan aviones cargados de mineral. La Encantada es la principal explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó una utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, pero sólo pagó 0.004% (68 mil 160 pesos) por derechos mineros. Se trata de una mina subterránea donde se utilizan los procesos de cianuración y flotación para obtener plata. Aunque se supone que es un procedimiento extractivo menos peligroso que otros, el comisariado ejidal de Tenochtitlán, Mario Valdez, señala que desde hace años los animales empezaron a morir cuando pastaban cerca de la mina. “La madera en la que transportan el cianuro está regada por todas partes como si fueran envolturas de chicle. Es una barbaridad de contaminación. La suspensión de partículas es visible, pero ninguna autoridad ambiental les pone freno”, dice. Para obtener una concesión minera y permisos ambientales se debe demostrar la propiedad del terreno, pero los permisos se le siguen otorgando a la trasnacional. El 24 de abril de 2008, First Majestic obtuvo la autorización ambiental para construir una “planta de lixiviación dinámica y presa de jales”, que ocupará más de 14 hectáreas correspondientes al predio que reclama el ejido.

Los comuneros, en su mayoría hombres y mujeres de edad avanzada, realizaron una protesta el pasado 26 de junio. Sin embargo, la noche del 27 fueron detenidos por la Policía Investigadora de Coahuila, que los llevó a Múzquiz, Monclova, Cuatrociénegas, San Pedro de las Colonias y finalmente a Laguna del Rey, un recorrido inexplicable de 700 kilómetros. “Fue un levantón intimidatorio que terminó en una Agencia del Ministerio Público. Fuimos acusados de ataques a las vías de comunicación”, dice el campesino. Ahí los obligaron a firmar una declaración previamente elaborada y sin asistencia de un abogado. Los dejaron libres en esa comunidad, desconocida para ellos, pero los reaprehendieron una hora después. En aquella zona dominada por el narco y donde cualquiera puede desaparecer, dos de los ejidatarios de Ocampo temieron por su vida y trataron de huir de los policías. Ahora enfrentan un proceso por “evasión”. La denuncia penal que dio origen a esa averiguación previa fue interpuesta por ejecutivos de First Majestic, cuyo equipo jurídico no puede aceptar notificaciones agrarias. El 25 de noviembre, en una diligencia en la que el comisariado Mario Valdez intentó que se desestimara la querella porque el camino no forma parte de la red del gobierno estatal, no se ubica en ningún registro federal y los documentos confirman que ese lugar pertenece al ejido, el delegado de la procuraduría estatal en la región centro de Coahuila, Santos Vázquez, les dijo a los comuneros que el camino era de la mina, pues de lo contrario lo hubieran arreglado hace años. En resumen, “nos acusan de ataques a las vías de comunicación por un camino que no está registrado en ninguna parte y en tierras que son nuestras”. Por el despojo, las condiciones irregulares de su operación, sus escasas contribuciones y pagos de derechos, así como por la complicidad de autoridades y la represión contra quienes se le oponen, el caso de First Majestic fue considerado con especial énfasis en el informe de la CDPIM. Ahí mismo, en La Encantada, la Organización Familia Pasta de Conchos, integrada por víctimas y familiares de víctimas de la minería en Coahuila, denunció la muerte de la trabajadora María de la Luz Piña, una joven abogada que ante la falta de oportunidades en la región se fue de minera y murió en un traslado. El caso se publicó en Proceso.com.mx el pasado 6 de mayo. First Majestic también enfrenta la oposición a la instalación de una mina en la Sierra de Catorce, en Real de Catorce, San Luis Potosí, un lugar considerado sagrado por el pueblo huichol, pues ahí se ubica su santuario natural Wirikuta (Proceso 1806). El informe de la CDPIM indica que otro conflicto en el que está implicada la empresa canadiense es el de su Compañía Minera La Guitarra, ubicada en el Estado de México, la cual enfrenta un embargo por una deuda mercantil que se niega a pagar. Violencia expansiva Otra empresa canadiense mencionada en el informe de la CDPIM es Blackfire

Exploration, propietaria de la mina Payback, una explotación de barita (mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros) en Chicomuselo, Chiapas. En 2009, tras una larga oposición a la mina, Mariano Abarca y la comunidad habían conseguido notoriedad internacional con sus denuncias, y de junio a noviembre de ese año mantuvieron un plantón exigiendo la expulsión de la compañía. En agosto de ese año Abarca fue secuestrado y posteriormente liberado; semanas después recibió amenazas de muerte, que denunció el 26 de noviembre. Al día siguiente un sujeto que trabajó para Blackfire lo acribilló a la puerta de su casa. El 7 de diciembre siguiente la mina fue clausurada por infringir normas ambientales. Para entonces, la movilización social por los impactos de la minera ya había trascendido a escala internacional. Más aún, varios activistas acusaron a la empresa de ordenar el asesinato de Abarca. La corrupción que hizo posible el establecimiento de esa mina en violación de la ley llegó a niveles diplomáticos. Con base en varios informes, el estudio de la CDPIM establece: “Todo parece indicar que la embajada canadiense prestó apoyo fundamental e inescrupuloso a las operaciones de la empresa minera en el país”. La represión contra dirigentes sociales que se oponen a proyectos mineros en comunidades indígenas es especialmente grave en Guerrero, donde han muerto nueve líderes por defender los territorios comunales (Proceso 1935). El corresponsal de este semanario en Guerrero, Ezequiel Flores, reportó que el pasado lunes 2 organizaciones sociales, policías comunitarios y el magisterio disidente marcharon para exigir que el gobernador, Ángel Aguirre, frenara la ola represiva. El mismo día se informó del surgimiento del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FAR-LP), que también recriminó los ataques a los dirigentes populares. Las FAR-LP emitieron otro comunicado el 16 de diciembre. En el documento advierten que considerarán objetivos militares a las empresas extranjeras con intereses mineros y energéticos. Dice el tercer párrafo: “Desde siempre el régimen priista ha mentido y engañado a la nación, y hoy que regresa después de una frustrada transición democrática y del desmantelamiento de la industria de la nación, producto de 12 años de gobierno de la derecha panista que saqueó los recursos del país y malbarató a las empresas extranjeras nuestras riquezas, como fue el hecho de la extracción de oro en las concesiones mineras, que representó una explotación mayor que en los 300 años que duró la época de la Colonia…” La comparación de la extracción aurífera colonial con la de los últimos años se publicó en la edición 1905 de Proceso, correspondiente al 4 de mayo pasado. Aun cuando 70% de las minas son de inversión extranjera, la mayoría canadiense, los inversionistas de otros países y los nacionales también son causantes de conflictos sociales: En Aquila, Michoacán, las operaciones de una mina de fierro propiedad del gigante italo-argentino Techint provocaron tensión social y el consecuente desplazamiento de 180 personas hacia Colima y otros lugares en julio pasado, según documentó

el reportero Raymundo Pérez Arellano para el programa televisivo Punto de Partida, en agosto último. Es el caso también de empresas nacionales como Grupo México, propietaria de la mina Pasta de Conchos –donde murieron 65 trabajadores en un accidente que aún no se ha esclarecido– y que se dispone a invertir en el sector eléctrico en el estado Puebla. A su vez, los gigantes mineros Grupo México y Frisco tienen proyectos extractivos para esa entidad (Proceso 1905). Sus respectivos dueños, Germán Larrea y Carlos Slim, figuran entre los hombres más ricos del mundo. Frisco pretende desarrollar la mina Espejeras en la Sierra Norte de Puebla. Es otro caso ilustrativo de los excesos mineros documentados en el estudio de la CDPIM, cuyas gestiones lograron frenar la autorización ambiental de la Semarnat a esa compañía en octubre pasado, para dar paso a un proceso de consulta indígena. En entrevista, Raymundo García, comunero indígena de Tetela del Volcán, Morelos, llama la atención sobre el hecho de que si bien a Frisco se le frenó el permiso a partir de la movilización social, a la minera Autlán se le otorgó una autorización ambiental sin consulta alguna en Tlatlauquitepec, Puebla. Considera que si bien se pudo detener la autorización ambiental, la Semarnat incurre en trampas, pues la organización e informe sobre la consulta se deja en manos de la empresa, con lo que se viola lo dispuesto en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por México. “Desde nuestro punto de vista, se trata de privatizar hasta la consulta indígena”, sostiene García.

La CNDH trata con guantes de seda al Ejército Gloria Leticia Díaz Ni siquiera al demostrar que fue violada por militares Miriam consiguió justicia. La queja interpuesta ante la CNDH derivó en una recomendación a la Defensa. Sin embargo, el primer organismo dio por terminado el seguimiento de la recomendación al considerar que bastaban los oficios en los que la Sedena se decía dispuesta a cumplirla, aunque no haya reparado daño alguno ni los responsables fueran procesados.

Después de casi tres años Miriam Isaura López Vargas revive la impotencia sentida en febrero de 2011, cuando fue violada por militares en una acción con la que pretendían que se declarara traficante de drogas y acusara a otras 10 personas. A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó las torturas y abusos sexuales a los que fue sometida por los soldados –responsables también de su detención arbitraria y retención ilegal–, en la recomendación 52/2012 el organismo encabezado por Raúl Plascencia Villanueva dio por satisfechos los ocho puntos recomendatorios dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero lo hizo sin haber garantizado la reparación de daños y sin considerar la opinión de la víctima ni la de sus representantes legales. “Volvieron las pesadillas que tenía después de las torturas. Ya habían disminuido pero ahora otra vez sueño con eso. Lo que más me duele es que las autoridades no hagan nada, que no haya investigaciones ni castigo a los responsables”, dice López Vargas en entrevista. Sobre el caso, la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Alejandra Nuño, comenta que al darle carpetazo a la recomendación citada “la CNDH manda un mensaje de impunidad y de ninguneo a una mujer que se atrevió, como muy pocas lo hacen, a denunciar hechos tan graves como la violación sexual por parte de militares. Con este cierre se le dice a la Sedena que sus elementos pueden seguir cometiendo abusos sin consecuencias. Es inexplicable que un organismo nacional protector de los derechos humanos haga esto”. Proceso publicó en su edición 1834 la historia de Miriam Isaura, quien el 2 de febrero de 2011 fue detenida en el centro de Ensenada, Baja California, por hombres vestidos de civil y encapuchados que iban en una camioneta blanca, aunque la Sedena sostuvo en partes oficiales que fue arrestada en un retén en San Quintín con cinco kilos de mariguana. Permaneció retenida siete días en los cuarteles militares de Ensenada y Tijuana, donde fue torturada y violentada sexualmente para obligarla a firmar documentos que le dio personal de la Procuraduría General de la República (PGR) para admitir su supuesta culpabilidad y para que además señalara a 10 soldados que no conocía como si fueran sus cómplices en el tráfico de mariguana.

Estuvo detenida 80 días en el Centro Nacional de Arraigo de la Ciudad de México y después fue trasladada a una prisión de Ensenada, pero en septiembre de 2011 quedó absuelta de los cargos por delitos contra la salud. Con el acompañamiento de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la CMDPDH, el 14 de marzo de 2011 –mientras estaba arraigada– interpuso una queja ante la CNDH por los abusos sufridos, y el 15 de diciembre siguiente, ya en libertad, presentó una denuncia formal en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) contra efectivos de la II Región Militar, con sede en Tijuana, y también contra personal de la PGR por torturas y violación sexual. El 28 de septiembre de 2012 la CNDH emitió la recomendación 52/2012, dirigida a la Sedena y a la PGR, en la cual se orientaba primordialmente a los entonces titulares de ambas dependencias, Guillermo Galván Galván y Marisela Morales, a reparar los daños causados a López Vargas así como a realizar investigaciones para identificar y sancionar a los responsables por la detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violación sexual sufridas por López Vargas. El 18 de octubre la Sedena admitió la recomendación. Después de padecer hostigamiento y amenazas de miembros del Ejército que se apostaban afuera de su casa, López Vargas recuerda que el 20 de noviembre de 2012 la visitadora adjunta de la CNDH, Candelaria Cid Sánchez, se presentó a su domicilio sin aviso previo: “A mi casa llegaron dos soldados con la licenciada Candelaria, y a una cuadra se quedó un vehículo oficial con más soldados y dos hombres vestidos de civil, encapuchados”. Molesta, Miriam, madre de cuatro hijos, reclamó a la visitadora que llevara soldados, cuando fueron compañeros de ellos quienes la agredieron. “Me contestó que como ella no sabía llegar a mi casa, fue al cuartel para que la llevaran y quienes la acompañaban tenían el encargo de darme una indemnización por haberme lastimado una mano y un pie (de la violación y de las torturas no dijo nada), y para que fuera al cuartel militar a recibir atención psicológica a fin de dar cumplimiento a la recomendación”. Pero López Vargas dejó claro que no aceptaría nada que no revisaran sus abogados. Ellos le habían dicho que la reparación del daño debía apegarse a estándares internacionales de derechos humanos y además ella no podía acudir a recibir terapia en las instalaciones donde fue torturada. “La licenciada Candelaria me decía que tomara lo que me estaban dando”, continúa. “Ni siquiera vi el cheque, pero ella decía que si no lo tomaba ya no me iban a indemnizar, que lo hiciera por mis hijos. “Estaba muy insistente, decía que tomara lo que me ofrecían para cerrar el asunto. Como me negué, me pedía que le firmara documentos, pero no lo hice. Después me enteré que por todo el daño que me han causado ellos, (la Sedena) me ofrecía 45 mil pesos, pero nada de justicia.” Sólo papeleo El 15 de enero de 2013, abogados de la CMDPDH enviaron a la CNDH un escrito

en el que exponían criterios internacionales de reparación integral del daño “que no sólo contemplan temas económicos, sino garantías de no repetición, una disculpa pública, sanción ejemplar a los responsables y sobre todo justicia para las víctimas. Le recordábamos a la CNDH que la reparación del daño tenía que ser acordada con Miriam y con sus representantes”, resalta Nuño. Sin responder a esta propuesta de reparación –y más de un año después de que se emitiera la recomendación– el segundo visitador de la CNDH, Marat Paredes Montiel, determinó el cierre del seguimiento, al considerar que fue “aceptada con pruebas de cumplimiento total”, de acuerdo con el oficio de folio V2/76424, dirigido al secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda. El documento tiene fecha del 11 de octubre de 2012 pero no fue transmitido a los representantes de López Vargas sino hasta el 27 de noviembre de ese año. El documento enlista los ocho puntos de la recomendación dirigida a la Sedena (expediente 52/2012), pero no menciona los lineamientos dirigidos a la PGR, la cual también fue reconvenida por la comisión. La CNDH dio todos los puntos como aceptados y “con pruebas de cumplimiento total”, incluso los primeros cuatro, referentes a la reparación de daños y al esclarecimiento y castigo de los responsables, tanto en el fuero federal ordinario como en el militar. En el documento se da cuenta del encuentro con López Vargas el 20 de noviembre del año pasado y la CNDH da fe de la propuesta que hizo personal de la Sedena para dar “apoyo psicológico y la indemnización”, a lo que la agraviada “señaló que no se niega a recibir la reparación del daño pero solicitó que ésta se realice a través de los estándares internacionales previstos en las sentencias para el Estado mexicano, ya que éstos deben ser consultados con las víctimas”, y que en 15 días enviaría un escrito a la CNDH con sus consideraciones. Sin aludir siquiera al documento enviado por la CMDPDH en enero de 2013, el segundo visitador consideró como prueba de cumplimiento de este punto dos oficios de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, fechados el 23 de noviembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, en los que confirma el monto estimado de la indemnización y manifiesta el “compromiso de encontrarse en la mejor disposición de brindar atención médica y psicológica cuando ésta (López Vargas) lo solicite, así como la indemnización por concepto de daño moral y material”. Sobre el segundo punto, en el que la CNDH conminaba a la Sedena a colaborar “ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos” formuladas ante la PGR porque los agresores de Miriam son servidores públicos federales, el organismo presidido por Plascencia dio por satisfecho el ordenamiento. Lo hizo con el argumento de que recibió dos oficios de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, del 8 de noviembre y 14 de diciembre de 2012, en los que informaba que en la primera fecha envió a la PGR un documento para manifestarle que está “en la mejor disposición de colaborar con el seguimiento de la averiguación previa que se hubiera iniciado con motivo de la Recomendación 52/2012”, así como otro de la Fevimtra, fechado el 5 de diciembre del año pasado,

en el cual el agente del Ministerio Público federal acepta la propuesta de colaboración. En cuanto a los señalamientos tres y cuatro, en los que la CNDH pide a la Sedena iniciar procedimientos contra los responsables ante la Procuraduría General de Justicia Militar, así como ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, el visitador Marat Paredes consideró como pruebas de cumplimiento dos documentos enviados por la dirección castrense. En el primero, del 13 de noviembre de 2012, informa del inicio de una averiguación previa, y en otro del 20 de febrero de 2013 pide informes sobre la indagatoria. Asimismo, el 6 de septiembre de 2013 la mencionada dirección de la Sedena remitió a la CNDH otro oficio para notificarle que solicitó que el expediente abierto por el órgano de control fuera remitido al Área de Responsabilidades de la dependencia. Los siguientes cuatro puntos se refieren a girar instrucciones a los altos mandos y al personal para poner a disposición inmediata del Ministerio Público a las personas detenidas; no utilizar las instalaciones militares “como centros de detención, interrogatorio, retención, violación sexual y tortura”; que no se autoricen operativos con personal vestido de civil ni en vehículos no oficiales; que se apliquen los programas de derechos humanos de la dependencia, y que se impartan cursos para que “no se trate con violencia y abuso sexual a las mujeres”. Como en los puntos precedentes, para el segundo visitador las pruebas de cumplimiento pleno de la recomendación 52/2012 fueron oficios entregados por la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, en los que se reproducen correos electrónicos donde se instruye al personal a seguir las indicaciones de la CNDH. La CNDH, cuestionada Frente a esta resolución de la CNDH, el pasado jueves 12 la CMDPDH presentó un escrito a Plascencia en el que le hace notar que al cerrar el seguimiento de la recomendación 52/2012 viola su propio reglamento, pues en el artículo 138 de la normatividad interna se estipula que se clasificará acatada aquella recomendación “una vez que se han agotado las posibilidades reales de cumplimiento”. De acuerdo con la organización civil, es evidente que “aún quedan diversas posibilidades reales para agotar el cumplimiento de la recomendación, dentro de la que se encuentra la valoración adecuada de la voz y propuestas de Miriam Isaura y sus representantes”, por lo que la CMDPDH insta a Plascencia a reconsiderar “su decisión de concluir el seguimiento de la recomendación (…) y retome a la brevedad el cabal seguimiento a la misma”. Este documento, firmado por Nuño, contiene un análisis pormenorizado de los ocho puntos recomendatorios y se apoya en criterios internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar las deficiencias del cierre de seguimiento firmado por Paredes. También considera grave que la comisión considere como pruebas de cumplimiento oficios de la Sedena, cuando no hay hasta ahora servidores públicos de la dependencia sancionados por los abusos

contra López Vargas. Peor, la misma CNDH “ha documentado de manera constante los diversos abusos militares en los últimos años, lo cual se ha visto reflejado en la cantidad de quejas recibidas como en el número de recomendaciones emitidas hacia la Sedena”. En 2011 y 2012 la CNDH registró mil 695 y mil 503 quejas, respectivamente, aunque el primer año emitió sólo 25 recomendaciones, y en el segundo, 15. “En virtud de ello, y dado que varios de esos abusos se repiten, resulta sumamente necesario que esta Comisión Nacional entienda la importancia del cumplimiento de recomendaciones que reiteran conductas ya repetidas”, señala la CMDPDH en su escrito. Agrega que la protección de los derechos humanos “no termina en la recepción de una queja o en la emisión de una recomendación, sino que debe extenderse al cumplimiento adecuado por parte de la autoridad responsable”. En entrevista, Nuño manifiesta su preo­cupación por que “el organismo público nacional, con un presupuesto de mil 500 millones de pesos al año, no sea capaz de integrar los estándares internacionales de derechos humanos en sus consideraciones, no tome en cuenta las cuatro sentencias de la Corte Interamericana contra México relativas al fuero militar ni las recomendaciones hechas por los órganos de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas al respecto, ni siquiera porque en la pasada revisión del Examen Periódico Universal el ómbudsman acudió como parte de la delegación mexicana”. Tras lamentar que pese a estas carencias la CNDH encabece la Federación Iberoamericana de Ómbudsman, la defensora de derechos humanos señala: “Este caso pone en evidencia el trato preferencial que la CNDH da a la Sedena y deja en indefensión a la víctima, porque el organismo se da por satisfecho con la sola expresión de voluntad de la dependencia. “En el documento de cierre de seguimiento no hay ninguna valoración de la aportación de la Sedena a la investigación abierta por la PGR, cuando es sabido que de manera consistente las fuerzas armadas han sido un obstáculo para la debida integración de averiguaciones previas en las que estén involucrados sus elementos.” Para Nuño la determinación de la CNDH en el caso de López Vargas evidencia que para el organismo “las víctimas no son el centro de su actuación, y el mensaje que manda para esta mujer que ha sufrido amenazas por su valentía es ‘bájale a tu indignación, la Sedena puede hacer lo que quiera’; eso no abona a la lucha contra la impunidad”. Por lo pronto Miriam no pretende quedarse quieta: “Pienso llegar hasta la Corte Interamericana. Sé que es un proceso que puede tardar mucho, pero ya han pasado dos años de los hechos y en México no hacen nada. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Infierno en la Mixteca Pedro Matías Aunque hubo muchas advertencias, nadie prestó atención a las voces que alertaban sobre posibles brotes de violencia en la región mixteca de Oaxaca, específicamente en los límites entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, pueblos que desde hace más de 60 años se disputan unas tierras. El escándalo estalló el sábado 14 cuando 11 habitantes de la segunda comunidad fueron asesinados. Sin embargo, esa matanza no es la única en la zona. Varias más, así como asesinatos selectivos, han ocurrido ahí. Aparentemente las causas pueden ser otras, además del conflicto agrario.

OAXACA, Oax.- Ante la indiferencia de las autoridades, los habitantes de la Región Mixteca viven en el terror debido a la violencia desatada por el conflicto entre San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama: una disputa por mil 740 hectáreas que ha originado matanzas, desplazamientos forzados, quema de casas y cultivos... El escándalo estalló el sábado 14 de diciembre, cuando en una emboscada fueron brutalmente asesinados 11 indígenas. Después de intercambiar acusaciones y tratar de deslindarse de la masacre, habitantes de los dos pueblos apuntan a la indolencia del gobierno. La tensión en la zona ya los había orillado a pedir ayuda: recurrieron a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional, al Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático y a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para alertar sobre la violencia en la Región Mixteca. “Solicitamos (que) fije las medidas pertinentes así como (finque) responsabilidades civiles, administrativas e incluso (...) de tipo penal y las que llegaren a configurar(se) por el no actuar de nuestras autoridades estatales y federales”, exponían los habitantes de San Juan Mixtepec en una carta a los organismos mencionados. Aunque el conflicto limítrofe entre Mixtepec y Yosoñama data de 1945 (cuando hubo dos muertos y dos desaparecidos), de 2010 a la fecha han ocurrido otros 25 asesinatos. El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Gabriel Hernández, puntualizó que antes no se “llegaba a este grado de salvajismo, de barbarie y atrocidad”. Acribillar a la gente y prenderle fuego, dijo ante los medios, es de “terroristas y de narcos”. “Antes de decir que la masacre es de carácter agrario”, consideró, “hay que presentar pruebas y esos elementos los tiene que dar la procuraduría, porque en el último operativo encontró muchos carros robados. Tienen todos los elementos y no creo que no sepan quién o quiénes son los asesinos”. Tras aclarar que las víctimas no militaban en Antorcha Campesina dijo: “Ahí en la zona hay una situación muy oscura que nadie ha querido destapar”.

La emboscada El sábado 14, varias descargas de fusiles frenaron a la camioneta en las que viajaban 11 mixtecos de Yosoñama. Luego de acribillarlos, los atacantes le prendieron fuego al vehículo. Sólo una víctima –Adán José Ventura, de 22 años– evitó que su cuerpo se redujera a cenizas: logró salir de la camioneta pero fue alcanzado y ejecutado con el tiro de gracia. Dentro del vehículo quedaron calcinados Martha José González, de 29 años; Armando José Reyes, de cuatro; Carlos Manuel José, de siete; Pedro Morales José, de 40; Bartola Ventura Chávez, de 74; Rutila José Ventura, de 42; Bernabé García; Basílica Santiago Antonio, de 38; Sixto Santiago José, de 21, y Jazmín Santiago José, de seis, todos originarios de Yosoñama. La matanza ocurrió en el paraje Tres Cruces, en San Juan Ñumi, Juxtlahuaca, confirmó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Oaxaca. Una vez confirmada la matanza de Tres Cruces, el gobernador Gabino Cué ordenó una investigación integral, imparcial y eficiente, y pidió al procurador estatal que de acreditarse la competencia federal, solicite la intervención de la Procuraduría General de la República. A su vez el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santo Domingo Yosoñama, Dionisio Ventura González, culpa de la matanza al gobierno y advierte en conversación con este semanario que “con documentos o sin documentos tenemos que defender nuestra tierra a toda costa”. Acusa a sus vecinos de Mixtepec de ser responsables de la masacre y agrega que en Yosoñama han tenido que “apaciguar la ira de la gente porque está muy molesta por estos crímenes”. “Estamos esperando que el gobierno esclarezca el caso y se castigue a los asesinos porque nuestra gente está muy molesta; de lo contrario nos vamos a manifestar con plantones y marchas para que se nos tome en cuenta. “Somos gente organizada, contamos con muchos municipios y si no nos escuchan, Antorcha Campesina se va a movilizar para presionar al gobierno”, advierte. De 2010 a la fecha el problema agrario ha ahuyentado a casi 60% de los habitantes de la región mixteca, quienes han tenido que migrar a otras entidades o a Estados Unidos. Aunque Ventura González reconoce que sus vecinos de Mixtepec tienen documentos que acreditan su propiedad sobre el terreno en disputa, apela al ideario zapatista: “Zapata dijo que la tierra es de quien la trabaja, la tierra es el derecho de los campesinos, así que nosotros, con documentos o sin documentos, tenemos que defender nuestra posesión a toda costa”. Denuncia además que “el Tribunal Unitario Agrario 46 ejecutó la sentencia, entregó las mil 740 hectáreas a San Juan Mixtepec y condenó el derecho que tiene Yosoñama sobre las tierras. Lo que hizo fue echar a pelear a los pueblos y aquí está el resultado”. Por su parte las autoridades de San Juan Mixtepec exigieron al gobierno federal el restablecimiento de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) como medida

disuasiva. Antes de entregar un escrito a los gobiernos federal y estatal, las autoridades de Mixtepec rechazaron públicamente cualquier responsabilidad en la matanza y acusaron a las instituciones que “nunca nos hicieron caso”. El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Mixtepec, Paulino Hernández Paz, descartó que este hecho tenga relación con el conflicto agrario porque los hechos ocurrieron entre San Antonio Nduajico y Santo Domingo Yosoñama, pertenecientes a San Juan Ñumi, a ocho kilómetros de los límites con Mixtepec. El encargado de la Presidencia Municipal de Mixtepec, Anderson Bautista López, lamenta los hechos y dice a este semanario: “Enviamos un documento al gobernador para que se investiguen las líneas que sean y se castigue a los responsable de los hechos, que no sucedieron en nuestros límites. Lamentamos los hechos, es triste lo que pasa en Yosoñama (pero) le recordamos al gobernador que en repetidas ocasiones se ha pedido la seguridad y (que) se instale la BOM”. Al preguntársele qué hay detrás de la matanza, afirma: “Quienes deben responder son el Ejército y la policía estatal, pues durante sus recorridos por la zona de conflicto han encontrado yerbas, autos robados y otras cosas” que no han dado a conocer. Conflicto antiguo Apenas el pasado 16 de mayo, habitantes de Mixtepec denunciaron un ataque “con arma de fuego” de parte de habitantes de Yosoñama. Según ellos, “murieron 14 campesinos, entre mujeres, niños y ancianos de los cuales hoy tenemos cuatro cuerpos en nuestras manos porque, como siempre, ese grupo armado se roba los cadáveres para quemarlos y destazarlos”. No obstante en esa ocasión las autoridades sólo reportaron tres muertos, dos desaparecidos y cinco casas incendiadas. Lo cuestionable, dijeron, es que cuando los policías están en la zona “sólo observan cómo se están robando los cuerpos de nuestros hermanos campesinos, cómo los matan y queman las casas, sin ellos hacer nada. “Lejos de que la policía se presente, actúe y detenga a los responsables de tales actos delictivos, ellos mismos manifiestan que se retiran para resguardar su vida, pero lamentablemente para los asesinos es motivo suficiente para seguir atacando y matando gente en nuestro pueblo.” En aquella ocasión los habitantes de Mixtepec pidieron una “tregua” a sus vecinos de Yosoñama para ponerle fin a la violencia que en los últimos años han padecido, y sobre todo que respeten sus tierras. Ahora recuerdan que el 15 de mayo de 2000 el Tribunal Unitario Agrario 46 dictó sentencia en el juicio agrario con número de expediente 246/1996, relativo al conflicto limítrofe entre las comunidades de San Juan Mixtepec, perteneciente al distrito de Juxtlahuaca, y Santo Domingo Yosoñama, del distrito de Tlaxiaco. Fue el 2 de diciembre de 2008 cuando se procedió a su ejecución y en esa sentencia se reconoció y tituló una superficie de mil 740 hectáreas de tierras

comunales a San Juan Mixtepec. Por ello exigen a las autoridades federales y estatales actuar “de inmediato” para colocar mojoneras y abrir brechas que definan los límites con Yosoñama, como lo establece su resolución agraria. En conversación con Proceso, Francisco López Martínez y Pablo Hernández Sánchez, habitantes de Mixtepec, consideran que sólo así se evitará un agravamiento de la confrontación: “Ya basta de tantas agresiones contra nuestro pueblo”. El pasado 16 de mayo la PGJ confirmó el ataque a los pobladores de Mixtepec por parte de habitantes de Yosoñama; dio como únicos muertos a Margarito Santiago Ramírez, de 76 años; Bonifacio Vicente Hernández y Porfiria Salazar Gómez, ambos de 70 años, y agregó que por voz del síndico de Mixtepec se sabe que “fueron quemadas cinco casas dentro de la zona en conflicto”. La pista del dinero La madrugada del 24 marzo de 2013 el presidente municipal de San Juan Mixtepec, Feliciano Martínez Bautista y su escolta Policarpo Remigio Rojas fueron asesinados en una emboscada en la carretera Juxtlahuaca-Mesón de Guadalupe. Aunque las autoridades no han revelado cuáles son las líneas de investigación del caso, cuatro días antes de su asesinato el edil había pedido –por la “mala calidad en la ejecución de los trabajos”– la cancelación de las obras de modernización y ampliación del camino San Juan Mixtepec-Tlaxiaco, las cuales Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) había adjudicado a Ingenieros Consultores de Oaxaca (ICO). El 20 de marzo le habían notificado al edil que la ejecución de la obra quedaría en manos del municipio, según documentos que Proceso pudo consultar. De acuerdo con el acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Municipal de Regulación y Seguimiento, celebrada el 20 de marzo, el alcalde solicitó ser el ejecutor de la obra porque “ya la población exige avances (...) en virtud de que en dos años CAO como ejecutor estuvo en el mismo kilometraje y a estas alturas de 2013 el camino tiene baches y no está terminado”. Con la muerte del alcalde, la obra –cuyo costo estimado es de 18 millones de pesos– volvió a CAO, dependiente de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) de Oaxaca. En un acta del cabildo de Mixtepec fechada el 25 de enero de 2012, el presidente municipal Martínez Bautista denunció que los “23 kilómetros más 500 metros ejecutados por CAO presentan daños debido a la pésima calidad de los materiales empleados y a la mala ejecución de los trabajos”. Según el oficio de cancelación total OCT/006/2012, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, promotora de la obra) notificó el 24 de octubre de 2012 al titular de la Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López, que “en el marco del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas cancelaron recursos federales por un monto de 3 millones 262 mil 516 pesos para la obra de modernización y ampliación del camino San Juan Mixtepec-

Tlaxiaco”. Esto significaba que la CDI únicamente transfirió a CAO 1 millón 170 mil 709 pesos, que le fueron pagados a ICO. El recurso federal destinado este año a esa obra es de 14 millones 527 mil pesos, que iban a ser ejercidos por el municipio de Mixtepec. L

Megaproyecto depredador Noé Zavaleta El gobierno de Enrique Peña Nieto aprovechó un decreto­ con el que su antecesor, Felipe Calderón, desprotegió una parte de los arrecifes veracruzanos, y se dispone a ampliar el puerto de Veracruz aunque esto implique devastar la reserva de la biosfera. El modus operandi es el mismo de las recientes reformas: no escuchar, no consultar. A decir de investigadores y ambientalistas el megaproyecto arrasará con especies únicas, dejará­ inerme a esa ciudad ante los huracanes que la azotan­ periódicamente y ni siquiera es compatible con su infraestructura.­ VERACRUZ, VER.- Con una inversión de 60 mil millones de pesos en 13 años y la promesa de generar 140 mil empleos (100 mil indirectos), el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, con 30 nuevas posiciones de atraque y acceso para buques de gran calado, pone en peligro los arrecifes de Punta Gorda y Bahía de Vergara, cuyo sistema arrecifal fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2006. Aunque el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, anunció que el proceso de construcción se inició con la licitación para el levantamiento de los muros de contención y avances en el sistema de ferrocarril, ambientalistas veracruzanos advierten que proseguirán el litigio para proteger el Parque Nacional Marítimo, aunque un Tribunal Colegiado de Distrito revocó la “suspensión definitiva” del proyecto (expediente 1242/2012 del Juzgado Tercero de Distrito). “¿Que pueden construir? Sí, pero el amparo sigue. La tesis de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la SCT violaron tratados internacionales en materia de conservación ambiental está vigente”, apunta Marco Antonio Muñoz, apoderado legal del Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el cual se opone a la modificación de los límites del área natural protegida (ANP) declarada hace 21 años por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En diciembre de 2012, en los últimos días de su mandato, Felipe Calderón desincorporó del ANP a Bahía de Vergara y Punta Gorda, pese a que ahí hay arrecifes coralinos, fauna y zonas rocallosas con biodiversidad de zooplancton y fitoplancton, así como barcos hundidos en la cordillera submarina para la práctica del buceo. A decir del investigador Franklin Rendón González, exsubsecretario estatal de Medio Ambiente, el decreto calderonista producirá daños irreversibles al ecosistema y dejará al puerto de Veracruz más vulnerable ante los fenómenos meteorológicos, pues los arrecifes actúan como una barrera natural. “En la manifestación de impacto ambiental (MIA, hecha por la Semarnat) no hicieron un análisis de riesgo, no evaluaron posibles desastres ni huracanes ni sismos. Uno tiene que ser respetuoso con el mar. El proyecto (de ampliación del puerto) es lesivo, engañoso, arbitrario y aberrante. No sabemos cómo va a

reaccionar la naturaleza”, advierte Rendón. Aun así el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue al pie de la letra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2013. La justificación de Ruiz Esparza: “México no debe desperdiciar esas oportunidades de convertirse en un centro logístico global, como lo expresa el presidente Peña Nieto”. En junio de 1992 Salinas de Gortari asistió a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En ese foro, con representantes y jefes de Estado de 178 países y 400 organizaciones no gubernamentales, se discutieron problemas relativos a la gestión de los recursos naturales y al saneamiento. Dos meses después, el 24 de agosto de 1992, motivado por dicha cumbre, Salinas declaró ANP los arrecifes veracruzanos. En una entrevista que dio al diario español El País, el entonces mandatario delineó su intención de crear “un derecho ecológico internacional que propicie la conciliación de intereses, permita regular conflictos y establecer responsabilidades, garantizar una legislación y fijar una obligación para todos los países en cuanto a la conservación del medio ambiente”. Muñoz reitera: “Salinas los protegió (los arrecifes de Veracruz) y Calderón y Fox iniciaron su proceso de destrucción. Peña Nieto no se movió ni un ápice de esta actitud, con tal de continuar el proceso de ampliación del puerto”. Agrega que apenas empiezan los problemas de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante y la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver): “Me pregunto si las mareas los van a dejar construir. El problema es que cuando se hace una MIA amañada no se repara en esos detalles. Las mareas van a taponear la entrada”, detalla. Rendón y Muñoz coinciden en que el puerto carece de la infraestructura carretera, ferroviaria, vial urbana e incluso de densidad poblacional para absorber la oferta de empleo y servicios, como vivienda y agua potable. “¿Dónde están las supercarreteras de ocho carriles y dónde la estructura ferroviaria para mover 95 millones de toneladas anuales?”, cuestionan. Ambientalistas y especialistas en ingeniería civil y náutica destacan que de enero a octubre de 2013 el recinto portuario de Veracruz movió 18 millones 929 mil toneladas de carga (cifras de la Apiver), por lo cual el anuncio de que la ampliación del puerto implica mover 95 millones se pone en duda. Y aunque tampoco se aprecia en la entidad y en el resto del sureste una infraestructura ferroviaria y carretera de esa capacidad, el gobernador Javier Duarte, las cúpulas empresariales locales y la SCT festejaron el anuncio de la obra. “Hay que sacrificarlo” El Frente Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, integrado por pescadores, ambientalistas, exservidores públicos, diputados, activistas, ingenieros, prestadores de servicios turísticos, abogados y científicos del mar, expone su preocupación por el impacto ambiental que significará ampliar el puerto.

Desde el 28 de diciembre de 2012, cuando promovieron el amparo 1242/2012 ante el Tribunal Colegiado de Distrito en Boca del Río, los inconformes han organizado conferencias de prensa, manifestaciones y recorridos por los arrecifes de Veracruz. A ellos se refirió en noviembre pasado el consejero nacional de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Érick Suárez: “Se están peleando por un pedazo de pinche arrecife que, muerto, vivo o moribundo como está, pues hay que sacrificarlo”. Leonardo Ortiz Lozano, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías adscrito a la Universidad Veracruzana, señala que el problema es que la Apiver y varias empresas encargadas de hacer los proyectos ejecutivos escogieron “el peor lugar” para ampliar el puerto. Según él, además de Bahía Vergara y Punta Gorda, los arrecifes de Anegada de Adentro y de La Gallerita se colapsarían al acumularse los sedimentos que arrastren las obras portuarias. Por eso insiste en que ni la Semarnat ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elaboraron estudios de impacto ambiental, de la viabilidad del proyecto o algún tipo de estudio para justificar y avalar los trabajos ya hechos. “Nunca los hicieron”, explica Ortiz Lozano. “Los solicitamos a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y al cabo de varios recursos de revisión, las dependencias admitieron no tener ningún proyecto o estudio que avalara la destrucción de una parte de los arrecifes del puerto de Veracruz. Es claro que ellos (la Apiver) tienen intereses económicos; nosotros tenemos intereses de preservación”. Violación de la Constitución La juez de distrito en turno del Séptimo Circuito, Cándida Ojeda Hernández, aún debe conseguir tres peritos para dar una resolución final: si la zona arrecifal de Bahía Vergara y Punta Gorda será modificada con la ampliación del puerto o el gobierno de Peña Nieto buscará otro municipio para la obra (Rendón propuso Alvarado). Marco Antonio Muñoz explica: “Faltan algunos elementos para dar la audiencia y el periodo de presentación de pruebas y alegatos. La Presidencia de la República ya mandó a cuatro peritos y nosotros ya presentamos los nuestros. La juez aún no consigue sus cuatro especialistas, sólo tiene a uno, que es un investigador del Centro de Investigaciones Demográficas de la Armada de México”. Admite que el litigio aún podría demorar un año o más y que mientras tanto la Apiver y la SCT podrán continuar con la construcción de los muros de contención con el respaldo del gobierno de la entidad. En su solicitud de amparo, los ambientalistas argumentan que el gobierno calderonista violó los artículos 1, 4, 14, 16, 25 y 27 de la Constitución al ignorar el decreto publicado el 24 de agosto de 1992 en el Diario Oficial de la Federación por el cual se declara área natural protegida, con el “carácter” de Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado, con una superficie

de más de 52 mil 200 hectáreas. La solicitud de amparo cobró fuerza el 19 de mayo de 2008, cuando el periódico oficial dio a conocer que se destinan al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 48 mil 333.98 metros cuadrados de zona federal marítimoterrestre en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (islas de Enmedio, Santiaguillo, Verde, Sacrificios y Salmedina), a fin de realizar actividades de protección, restauración, conservación, investigación, saneamiento, aprovechamiento sustentable no extractivo y rescate de los recursos naturales. Sobre la violación a la Constitución y a los tratados internacionales, los ambientalistas exponen en el amparo 1242/2012: “El mal desarrollo urbano de Veracruz ha ocasionado grandes problemas en la población y violenta derechos humanos y garantías individuales. El relleno y desprotección de zonas con animales y plantas únicas en el mundo de zonas de agua marina, implica aniquilar totalmente para toda la vida lo que la naturaleza tardó 350 millones de años en construir. “Es un acto de irresponsabilidad, cuando existen todos los elementos biológicos, técnicos, jurídicos y tratados internacionales que protegen los humedales. Más ahora cuando el amparo se abre al interés legítimo en acto fuera de juicio (como éste, que es decreto del Ejecutivo) y en tutela del medio ambiente.” En el área protegida habitan especies animales y vegetales únicas en el mundo, algunas de las cuales no han sido estudiadas: “Cuando el gobierno mexicano desde 1992 hizo compromisos internacionales de tutelar, es algo de lo que no se puede retractar. Más aún, los arrecifes de coral sirven para evitar que los huracanes entren de golpe a la ciudad de Veracruz. La Constitución impone que el desarrollo debe ser sustentable; este acto de ecocidio, que se traduce en una modificación del citado decreto, debe ser anulado constitucionalmente vía amparo, pues violenta derechos fundamentales”. Propuesta alterna Rendón recuerda que desde hace dos décadas él ha propuesto que en vez de ampliar el puerto de Veracruz se pensara en un recinto portuario nuevo. Desde su punto de vista el lugar adecuado para ello es la Cuenca del Papaloapan, en el puerto de Alvarado, donde se pueden establecer 35 puntos de atraque y un acceso para buques de gran calado, además de construir instalaciones de Pemex y quizá un astillero. Asegura que Alvarado podría servir para descarga de gas, de buques de gran calado, “a un costo mucho menor”, “sin hacer estragos en el medio ambiente” y “pensando en reactivar la economía” de la región. No obstante, durante su visita a Veracruz la última semana de noviembre pasado, Ruiz Esparza dijo ante la prensa: “Los terrenos del puerto ya están, prácticamente hay una urbanización, es una base muy importante y de mucho dinero en el puerto. Una inversión en su etapa completa de 60 mil millones, pero en esta etapa del presidente Peña Nieto es una inversión de 23 mil millones de pesos. Es la oportunidad, como el proyecto que tiene el señor gobernador, de que Veracruz se

convierta de nuevo en un centro de atracción internacional”. Agregó que el gobierno federal actuará con “respeto” al medio ambiente, problema que según él “ya está subsanado” pues la Semarnat otorgó “la autorización” para continuar los trabajos. “La idea es que realmente sea un puerto de clase mundial, de respeto al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de respeto a la ecología. Eso queremos y va a ser el orgullo del puerto de Veracruz para los veracruzanos.” Ruiz Esparza aseguró que ya se empezó a adquirir el material en licitaciones públicas para empezar con el levantamiento del muro de contención. Añadió que en 2014 la SCT llevará a cabo otras 16 licitaciones para continuar la obra: “La idea es terminar esa primera etapa en diciembre de 2017”. El pasado 19 de noviembre los dipu­tados Cuauhtémoc Pola (de Movimiento Ciudadano), Fidel Robles (Partido del Trabajo), Ana María Condado y Jesús Velázquez (Partido de la Revolución Democrática) emitieron un punto de acuerdo para exigir a los gobiernos de Peña Nieto y de Javier Duarte que se revoque el cambio al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano realizado al final del mandato de Felipe Calderón. Al respecto, Pola comenta a Proceso que la propuesta se turnará a comisiones y la impulsarán organizaciones ambientales: “De realizarse ese cambio se inhi­biría la construcción y ampliación del recinto portuario, proyecto de la Apiver que pretende extender al doble sus cargas y descargas, tanto industriales como comerciales”.­ En el documento se solicita “proteger” dichos arrecifes, donde además del coral habitan tortugas lora, verde y caguama, así como peces damisela, payasito, tijerilla, cirujano, perro cubano y charal elegante, entre otros. El legislador lamenta que la iniciativa privada se haya “doblado” ante las “falsas promesas” de Peña y Duarte: “Le están vendiendo espejitos. De las licitaciones para la ampliación del puerto no les van a tocar ni las migajas, todo el dinero de la inversión se lo llevarán empresas extranjeras”. Pola coincide con Rendón en que sería mejor construir un puerto alterno o nuevo en Alvarado: “¿Por qué destruir el arrecife si existen condiciones para trasladarse dos municipios más sin afectar el ambiente? La distancia no es nada, hay ferrocarril, hay rutas, hay todo”. Los cuatro legisladores argumentan que la MIA para avalar la obra fue elaborada por la empresa Argo Consultores Ambientales, la cual nunca pudo probar qué técnicas y procesos específicos utilizó para llegar a la conclusión de que la zona no tiene riqueza ambiental. L

Opacidad y ceguera del gobernador Toranzo Verónica Espinosa Aun cuando el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, insiste en que su gobierno va bien, al comenzar su quinto año de gestión ya se nota politicamente agotado, aseguran activistas sociales. Para ellos, el mandatario se resiste a afrontar los problemas más graves de la entidad, como la violencia, además de que encubre los ilícitos de su predecesor Marcelo de los Santos y solapa la corrupción en el Congreso estatal. SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- En el inicio de su quinto año, el gobierno de Fernando Toranzo Fernández muestra ya síntomas de agotamiento político. Pese a los montos presupuestales históricos para los próximos meses, los altos índices de marginación en San Luis Potosí son notables en algunas regiones; otras reclaman más obra pública, inversiones y promoción económica con los impuestos recaudados. En contraste, la violencia no cede en la Huasteca, en la capital y en los centros penitenciarios estatales. La corrupción también lacera a los potosinos: las autoridades ni siquiera logran fincar responsabilidades penales a los funcionarios de la administración anterior. Y lejos de superar la opacidad, se afanan más en repeler las iniciativas de organizaciones civiles y ciudadanos que exigen cuentas claras en la aplicación de los recursos públicos. Toranzo, quien durante la gestión del panista Marcelo de los Santos fue secretario de Salud, ha sido omiso para proceder contra su antecesor, pese a las irregularidades detectadas en revisiones y auditorías aplicadas a las últimas cuentas de quien fuera su jefe en el sexenio 2003-2009. En esos propósitos lo apoya el auditor superior del estado, quien oculta los dispendios, desvíos y negocios hechos al amparo del erario estatal y solapa a los funcionarios presuntamente implicados, señalan organizaciones civiles locales. Desde hace meses, la agrupación Ciudadanos Observando, que preside José González, ha obtenido información según la cual algunos actos de gobierno son contrarios al discurso de austeridad, pobreza y escasez de recursos que pregona Toranzo; algunos, dicen, despiertan la sospecha por el marcado favoritismo hacia proveedores específicos. Uno de éstos es Cosmocolor, de la familia Kahwagi, inmersa por cierto en varios escándalos por obtener contratos para licencias de manejo y documentos de identidad a precios elevados y con problemas de calidad, como ocurrió en el Distrito Federal durante la regencia de Óscar Espinosa Villarreal (Proceso 1135 y 1136). Ciudadanos Observando tiene en la mira los contratos sin licitación que desde los últimos meses del sexenio anterior y lo que va del actual se han entregado a la empresa de Jorge Kahwagi Gastine y su hijo, Jorge Kahwagi Macari. Durante los cuatro años de gestión de Toranzo Cosmocolor ha recibido contratos por más de 200 millones de pesos.

En 2012, por concepto de insumos para tarjetas de circulación y licencias, la firma recibió un contrato de adjudicación directa observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sin consecuencias de ningún tipo por 54 millones de pesos, y otro (GDA-CAASPEco203-AD-52-12) por 34 millones 109 mil pesos para proporcionar sets de insumos para tarjetas de circulación, fechado el 13 de diciembre. Los documentos perdidos Al igual que en 1998 –como documentó Proceso en varios reportajes del reportero Raúl Monge–, con Fernando Peña Garavito, quien fuera director general de Servicios al Transporte, Cosmocolor vendió al gobierno de De los Santos insumos para licencias sobrevaluadas, incluso sin facturas. Así ocurrió también en 2009, pues de acuerdo con las observaciones de la ASE a la cuenta pública del último año de ejercicio de la administración pasada (pliego obtenido tras un litigio que llegó hasta un tribunal federal), los auditores encontraron pagos por casi 300 mil pesos a la empresa de los Kahwagi sin las facturas, pólizas y comprobantes correspondientes. En marzo de 2010, ya con Toranzo en el Ejecutivo estatal, a Cosmocolor se le hizo por lo menos un pago de 1 millón 618 mil pesos. Originalmente destinado a la alcaldía de Villa de la Paz, finalmente se transfirió a la empresa de los Kahwagi, sin factura de por medio y con fondos recaudados mediante la tenencia vehicular, impuesto que el gobernador mantiene con la ayuda de la mayoría priista en el Congreso y pese a la inconformidad ciudadana, expresada en protestas y desplegados. José González responsabiliza de estas maniobras al secretario de Finanzas, Jesús Conde. Y pese a que la ASE tiene información sobre estas irregularidades desde 2008, reclama, no ha presentado una sola denuncia penal contra el funcionario. La organización que preside González interpuso varios recursos ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del estado (CEGAIP) por la renuencia de la Secretaría de Finanzas y de la misma ASE, y logró obtener información sobre algunos montos pagados a Banco Monex en 2012, cuando este grupo financiero se encontraba envuelto en el escándalo derivado de la supuesta triangulación de recursos y uso de tarjetas empleadas para cooptar el voto a favor del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto (Proceso 1866). González muestra a la corresponsal copia de una lista de cheques entregados en agosto de 2012 por la Secretaría de Finanzas a Banca Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero, por 2 millones 177 mil 262 pesos. Fueron tres cheques de la cuenta 0000000001366442 abierta por las autoridades en el propio Banco Monex. El primero, el cheque SP 0000006613, está fechado el 9 de agosto de 2012 y ampara un monto de 608 mil 505 pesos con el concepto de “gastos a comprobar”; el segundo, el número SP0000006279, es del 20 de agosto y fue por 51 mil 562 pesos, aunque se entregó por concepto de “programas culturales”; el último, el SP0000006570, expedido el 30 de agosto, ampara 1 millón 517 mil 194 pesos, también por concepto de “gastos a comprobar”.

Entrevistado el lunes 9, González detalló los montos de los tres cheques de Monex. Dos días después, la Secretaría de Finanzas respondió a su petición para obtener copias de los documentos con el argumento de que éstos “no fueron encontrados”. Ciudadanos Observando también invocó el derecho a la información pública para revisar los gastos de los diputados locales. Gracias a ello sus integrantes detectaron que algunos legisladores, como Jaén Castilla Jonguitud, nieto del exgobernador y líder magisterial Carlos Jonguitud Barrios, recientemente utilizó facturas apócrifas de dos empresas por 35 mil pesos para justificar una supuesta entrega de apoyos sociales. Los folios no aparecen en los registros de la Secretaría de Hacienda. El hartazgo El abogado y notario Eduardo Martínez Benavente, quien lleva años solicitando al gobierno información sobre las auditorías, cuentas, presupuestos y programas, comenta: “No sé si el doctor Toranzo se ha dado cuenta de que existe un hartazgo hacia su administración. Da la impresión de que tenemos un gobernador agotado, rebasado por los problemas y sin iniciativa”. El pasado junio Martínez Benavente publicó un artículo en su portal de transparencia Proyecto Tábano en el cual critica la labor de la ASE: “Es un organismo oscuro, inútil e improductivo. Sus informes no son confiables. Su titular, J. Héctor Vicente Mayorga Delgado, es un encubridor al servicio de los intereses de los altos funcionarios del gobierno, a los que protege y alienta, lo que le ha permitido mantenerse en ese cargo desde su creación en 2006. La fiscalización de las cuentas públicas es un fracaso”. En su cuarto informe, presentado el pasado 28 de septiembre, Toranzo intentó responder a quienes critican la falta de obra pública de envergadura. Ésta, dijo, “se encuentra racionalmente distribuida en todo el territorio del estado… no está hoy concentrada en un solo espacio ni representada por pocas obras monumentales, vacías de utilidad social”. En materia educativa, dijo, “se ha avanzado en equidad”. Habló de la creación de 27 mil espacios para educación media y superior aunque admitió que la entidad sigue lejos de los estándares aceptables de calidad, rendimiento escolar y eficiencia terminal. Presumió también de la disminución de los homicidios dolosos y admitió que “en este esfuerzo por la seguridad se han cometido excesos inaceptables” que, dijo, no quedarán impunes. Pero eludió temas centrales como el del motín en el penal de La Pila de abril pasado –uno más de los muchos ocurridos durante su gestión–, que dejó como saldo por lo menos 13 muertos y decenas de heridos. Tampoco habló del joven asesinado en la Huasteca por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, no obstante que el caso llegó hasta la ONU. José González se lamenta de que muchos de los ilícitos queden impunes: “El problema con la misma oposición es que nadie hace nada, a menos que haya

intereses electorales. Este año se ejerce un presupuesto de 34 mil millones de pesos, algo inédito, y 90% de las compras se hacen sin licitación. “A la exalcalde de la capital, la priista Victoria Labastida, se le achacan irregularidades por más de 700 millones de pesos en su ejercicio. Ella quería ser senadora y se desata una campaña terrible en su contra, pero en cuanto sale del juego, todo se calla y nadie hace nada. No se ha procedido en su contra.” Por el contrario, el propio Congreso estatal aplica candados para impedir que activistas como González y Martínez Benavente sepan cómo ejercen sus recursos los legisladores. Las presiones González relata que difundió un video sobre la pobreza en el altiplano en el cual la diputada priista Ruth Tiscareño aparece repartiendo despensas que presuntamente compró con recursos públicos. Ahora, denuncia el activista, la CEGAIP pretende hacerle pagar 3 mil pesos para difuminar los rostros de las personas que aparecen en el video, pese a que éste ya se difundió en un acto de la propia legisladora. “Si acepto”, comenta, “eso sentará un grave precedente para cualquier persona que pida este tipo de materiales. Es un laberinto en el que no hay transparencia.” Con Toranzo tampoco procedieron los casos que desde el inicio de su sexenio le fueron señalados como desvíos en áreas como la Secretaría de Obra Pública (por 6 millones de pesos en proyectos) y el DIF (compra de estufas ecológicas a proveedores elegidos previamente) por el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las Adquisiciones y Contratación de Obra Pública, que él mismo nombró. El abogado José Mario de la Garza Marroquín, primer presidente del Consejo Ciudadano (en el cual participaron empresarios y religiosos como el arzobispo Luis Morales Reyes) comenta: “Se veía que podía ser un proyecto interesante. Abrimos una página en internet y comenzaron a llover las denuncias de trabajadores del gobierno”. Pero al momento de investigar, de formalizar la entrega de la información al gobernador, a la Contraloría, no hubo investigación, ni sanciones. “Al exgobernador Marcelo de los Santos la Contraloría pretendió imponerle en octubre una multa de 7 mil 800 millones de pesos e inhabilitarlo 20 años para ocupar cargos públicos por su presunta responsabilidad en el desvío de un crédito de mil 500 millones de pesos obtenido al final de su sexenio. Pero más se tardó en darla a conocer, cuando el panista ya obtenía una suspensión a su favor en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Te das cuenta de que no se puede, de que la apuesta es conservar la estructura”, comenta a Proceso. Excolaborador de la asociación civil Libertad de Información-México e impulsor de la normatividad en materia de transparencia en la entidad, De la Garza habla de los retrocesos en ese y otros rubros: “Se han ido acabando los contrapesos del poder estatal. A pesar de que San Luis fue una sociedad muy participativa y de

que el doctor Salvador Nava dejó un activismo muy importante, ese activismo es cada vez más costoso. Al crítico se le ve como un enemigo; la estructura del estado se le va encima con todo. “Quienes participamos en este tema hemos sido calumniados, amenazados; se desatan (contra nosotros) campañas infundiosas. Eso hace que la ciudadanía opte por retroceder.” El mensaje de la autoridad, dice el exconsejero ciudadano de transparencia, es: “Si estás buscando información se te considera un enemigo”.

Valle de Guadalupe Donde crecían viñedos hoy brotan desarrollos inmobiliarios Rodrigo Vera En una sesión celebrada a hurtadillas, el anterior cabildo del puerto de Ensenada aprobó un cambio de uso de suelo en el Valle de Guadalupe que significará en los hechos el arrasamiento de la industria vinícola nacional. Ejidatarios y productores de la región, donde se produce 90% del vino mexicano, denuncian que al autorizar la urbanización de todo este valle bajacaliforniano la autoridad municipal pone en riesgo a toda esa agroindustria, junto con la poca agua del subsuelo. Por lo pronto, y gracias al tráfico de influencias, en la zona fue sembrado un enorme campo de golf y están por plantarse ostentosas mansiones y centros comerciales...

VALLE DE GUADALUPE, BC.- El vinicultor Hugo D’Acosta señala el enorme campo de pasto impecable. Su verdor contrasta con el color terroso de los viñedos circundantes, y exclama indignado: “¡Este campo de golf es ilegal!... ¡Se está construyendo totalmente fuera de la ley!... Aquí el agua y la tierra son para uso agrícola. El campo de golf y los conjuntos residenciales que planean construir alrededor acabarán con la poca agua del Valle de Guadalupe.” D’Acosta observa a los trabajadores que, afanosos, dan los últimos toques a la alfombra de pasto adornada con palmeras tropicales traídas de quién sabe dónde. Colocan los greens y las trampas de arena para los golfistas. Un complejo sistema de riego lleva el agua al césped. “En poco tiempo nos dejarán sin agua para cultivar nuestros viñedos. Y el valle se urbanizará aceleradamente. Esto es un crimen.” D’Acosta es el presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, cuyos agremiados tienen sus viñedos en Valle de Guadalupe, también conocido como Valle de Calafia. Es una vasta planicie de clima mediterráneo que produce 90% del vino mexicano. Hoy toda esta producción vinícola se ve amenazada por la inmobiliaria Grupo Lagza, que compró mil hectáreas agrícolas en el centro de Calafia, donde ya empieza a levantar el complejo habitacional llamado Rancho Olivares. Contará con el campo de golf, 4 mil 500 residencias de superlujo, hoteles y restaurantes destinados sobre todo a estadunidenses pudientes que vendrán a descansar a esta región cercana a la frontera. Pese a que el uso de suelo en Calafia siempre fue “agrícola”, Grupo Lagza contó con el apoyo de la alcaldía priista de Ensenada, la cabecera municipal, para cambiarlo a “habitacional”. A la norma correspondiente, aprobada por el cabildo, sólo le falta ser publicada en el Periódico Oficial bajacaliforniano para entrar en vigor. Impedirlo es la lucha de los vinicultores. Hugo D’Acosta comenta: “Toda la península de Baja California padece una fuerte presión inmobiliaria de acaparamiento de terrenos de playa. Ahora, para desgracia

nuestra, los especuladores pusieron la vista en el Valle de Guadalupe. Con la complicidad del gobierno municipal intentan apoderarse de estos terrenos, donde siempre hemos cultivado viñedos y olivares”. –¿Qué les atrae de esta región? –Su clima privilegiado y su paisaje. Además es una zona muy bien comunicada; la atraviesa la carretera Ensenada-Tecate, que rápidamente conecta con la costa y la frontera. Toda la región es rural. La habitan productores de vino y aceite de olivo. Pero las cosas empezaron a cambiar con la llegada de Grupo Lagza, que está destruyendo cientos de hectáreas de olivares para construir viviendas. El líder de los vinicultores se sube a su vehículo y empieza a recorrer caminos de terracería que llevan a grandes áreas lotificadas, donde antes había olivares. Aquí y allá se ven carteles promocionales del futuro conjunto residencial: “Rancho Olivares, calidad de vida”. Los accesos a las distintas secciones del fraccionamiento ya están terminados: son altas columnas pintadas de blanco que se alzan sobre muros de piedra adornados con magueyes. Al fondo se ven las extensiones de terreno desnudo y todavía sin construir. “Aquí antes había puros olivares. Lagza los tuvo que cortar para construir las residencias. Mire cómo dejó todo: Ya está modificando el paisaje y empieza a vender los terrenos en metros cuadrados. ¡Mala señal! De seguir así, esto muy pronto se convertirá en zona urbana”, agrega D’Acosta. –¿Tan poderoso es Grupo Lagza? –Detrás de Lagza y de otras inmobiliarias hay intereses más poderosos que el gobierno, al que manejan a su antojo. Nos preocupa que Lagza sirva de punta de lanza y abra el camino a otras constructoras para que vengan a fraccionar el Valle de Guadalupe. Un día, político; otro, empresario El nombre de Lagza proviene de los apellidos de los dos dueños de la empresa: Carlos Lagos y Ricardo Zazueta. Son cuñados. Zazueta, además, fue subsecretario del gobierno municipal que concluyó apenas el 30 de noviembre pasado, encabezado por el priista Enrique Pelayo. “Lagza está construyendo su fraccionamiento Rancho Olivares gracias al tráfico de influencias de Ricardo Zazueta en el gobierno municipal”, asegura D’Acosta, y explica la maniobra: En octubre de 2010, dice, se expidió el Programa Sectorial de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada, una herramienta legal apoyada por los vinicultores que regula el uso de suelo, la actividad agrícola, humana y turística, así como los asuntos ecológicos en el Valle de Guadalupe. Para volverlo operativo, sin embargo, el Programa Sectorial necesitaba de un reglamento. Éste fue aprobado por el cabildo el pasado 6 de noviembre en sesión extraordinaria, y es justamente el que cambia el uso de suelo en Valle de Guadalupe a habitacional, contradiciendo incluso al propio Programa Sectorial que intentaba regular.

Jaime Palafox, abogado de la Asociación de Vitivinicultores de Baja California, denuncia: “En primer lugar, y con tal de favorecer a Lagza, el cabildo aprobó de manera amañada ese reglamento. El día de su aprobación los regidores llegaron prácticamente a escondidas al ayuntamiento. A nosotros nos habían alertado que habría sesión extraordinaria y fuimos a comprobarlo. Les preguntábamos a los regidores que iban llegando si se trataba de una reunión de cabildo y nos contestaban que no, que era un convivio navideño. “Pero resultó que ahí se aprobó al vapor el reglamento, fue el punto número 13 de los abordados. Simplemente se les preguntó a los regidores si lo aprobaban. Y éstos, muchos sin saber de qué se trataba, se limitaron a levantar la mano para dar su aval.” –¿Cuáles son los cambios más importantes estipulados en el reglamento? –Permite el uso habitacional en la zona, con lo cual ya cambia el uso agrícola que se le venía dando. Antes existía el candado jurídico de “áreas no urbanizables”; éste ya se quitó en el reglamento. Hoy ya todo es urbanizable. “Aparte, el reglamento crea el concepto de ‘vivienda plurifamiliar’ y ‘vivienda concentrada’, permitiendo además la edificación de hoteles que van de 50 a 100 habitaciones. Y también permite la construcción de campos de golf, centros comerciales y otras obras, siempre y cuando se presente la solicitud para construir, a más tardar un año después de haberse iniciado la obra.” Palafox indica que, para entrar en vigor, sólo falta que el reglamento se publique en el Periódico Oficial del gobierno de Baja California: “Ese reglamento es como una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas. ¿Se publicará o no se publicará en el Periódico Oficial? Esta duda nos tiene en constante preocupación”. –¿Qué recurso legal puede sacarlos del apuro? –La abrogación del reglamento. Estamos pidiéndole a las nuevas autoridades municipales, que acaban de entrar apenas el pasado 1 de diciembre, que lo abroguen lo más pronto posible. Está por verse si nos hacen caso, o bien, si se inclinan a favor de los intereses del Grupo Lagza. Hugo D’Acosta, dueño de la vinícola Casa de Piedra, comenta con escepticismo: “En el ayuntamiento los dados siempre han estado cargados a favor de Lagza. El reglamento responde a una oscura maniobra para favorecer a esa empresa. Es una fechoría, un total atropello contra los vinicultores. Nuestra única ventaja es que el reglamento aún no se publica y, por lo tanto, legalmente sigue siendo agrícola el uso del suelo en el Valle de Guadalupe”. –Pero ya se construyó el campo de golf… y ya está preparado el terreno para construir las residencias. –Sí, eso es muy preocupante. Es algo que nos inquieta muchísimo. Grupo Lagza sabe perfectamente que su proyecto inmobiliario Rancho Olivares es totalmente ilegal… pero lo está haciendo… quizá porque tiene el apoyo de políticos muy influyentes. –¿Cómo fue que unos empresarios inmobiliarios lograron adquirir mil hectáreas agrícolas? ¿Cómo llegaron al Valle de Calafia? ¿Por qué fueron admitidos en el gremio de los vinicultores y olivareros?

–Se valieron de la simulación y la mentira. Por el año 2000 se puso en venta Olivares Mexicanos, la entonces propietaria de esas mil hectáreas de árboles de olivo, que constituían el olivar más grande del país. Llegó Carlos Lagos y compró todo el terreno, diciendo que su intención era seguir produciendo aceitunas y aceite de olivo. “Lagos se acercó incluso a la Asociación de Vitivinicultores para pedirnos asesoría. Se la dimos, pues nosotros también asesoramos en materia de elaboración de aceite. Por un tiempo Lagos lo estuvo produciendo en pequeñas cantidades. Pero luego se abrió de capa y comenzó a impulsar su aparatoso proyecto inmobiliario. Ahí empezaron sus fricciones con nosotros.” El líder de los productores insiste: En el valle no hay agua suficiente para sostener tal proyecto inmobiliario, pues apenas puede mantenerse el cultivo de la vid y del olivo, que requieren de pocos recursos hídricos. “Como en la mayor parte de la península, la escasez de agua es un problema constante en el Valle de Guadalupe. Y pese a ello se están sobreexplotando sus mantos freáticos para pasarle agua a la ciudad de Ensenada, que tiene un enorme rezago en la materia; sólo 50% de sus habitantes tiene agua para uso habitacional, y obviamente que el suministro se lo cortan a las colonias más pobres. “Hace varios años nos dijeron que nos quitarían agua para llevarla a Ensenada sólo por un corto tiempo, mientras se construía un acueducto que surtiría a esa ciudad. Hasta la fecha el acueducto no se ha construido y se sigue extrayendo agua del valle. Y hoy resulta que, para colmo, llega el Grupo Lagza a construir miles de viviendas para una población que vendrá de fuera.” El precio del lujo Por lo pronto la empresa promociona sus 4 mil 500 viviendas, el campo de golf, un hotel de lujo y los centros comerciales. Carlos Lagos ha dicho que habrá villas residenciales que contarán con sus pequeños viñedos y olivares. Estarán, dice, aglutinadas en una especie de “pueblito”. Para los vinicultores, sin embargo, Rancho Olivares afectará a las más de 60 casas vinícolas asentadas en la zona, como vinos Santo Tomás –la más antigua de todas–, Monte Xanic, Domecq, L.A. Cetto, Casa de Piedra, Château Camou, Malagón, Lafarga, Vinisterra, J.C. Bravo, Adobe Guadalupe… La región mantiene su vieja tradición vinícola introducida por los misioneros dominicos a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Actualmente produce un millón 200 mil cajas de vino al año. Este auge atrae al turismo nacional, estadunidense y europeo, que recorre la llamada “Ruta del vino” y acude a las fiestas de la vendimia, celebradas cada agosto. Las tres pequeñas comunidades rurales que aglutinan a la escasa población del Valle de Guadalupe –El Porvenir, San Antonio de las Minas y Francisco Zarco– siguen viviendo de la vid y del olivo. Es ya parte de su cultura, como lo es el maíz o el agave en otras zonas de México. Algunos pequeños productores locales lanzan sus propias marcas de vino y de

aceite de olivo, como Juan Carlos Bravo, un corpulento ejidatario que ya posicionó en el mercado su marca J.C. Bravo. Cuenta: “Tengo 16 hectáreas de viñedos y tres hectáreas de olivares. Antes vendía todas mis cosechas de uva y olivo. Pero un día decidí también convertirme en productor de vino y aceite”. Baja a los sótanos de su finca para mostrar orgulloso las barricas de roble donde almacena su vino. “Mi primer producción fue de sólo 30 litros. Ahora estoy produciendo unos 12 mil litros por cosecha”, comenta. Muestra luego una botella de su aceite de olivo, en cuya etiqueta se lee la marca: Doña Juana. “Así se llamaba mi madre, Juana”. –¿Y qué opinan ustedes los pobladores sobre el proyecto inmobiliario de la empresa Lagza? A don Juan Carlos se le borra la sonrisa: “¡Imagínese! Nadie nos tomó en cuenta para decidir el futuro de nuestro valle, que es nuestro futuro. Esas construcciones acabarán con el agua y afectarán nuestras cosechas. Estamos muy molestos con las autoridades que están permitiendo ese proyecto. Nuestro futuro está en peligro”. La inconformidad crece entre los lugareños. En los cercos y en las bardas de sus casas exhiben mantas que dicen: “Por un valle de verdad, ¡únete!”. Son llamados a aglutinarse al movimiento de vinicultores y olivareros que ya tiene preparado algunos actos de protesta. Hugo D’Acosta los enlista: “El año próximo cancelaremos todos los festejos organizados por los vinicultores, como el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, en abril; el Festival del Viñedo en Flor, en mayo, y hasta las Fiestas de la Vendimia, los festejos principales celebrados en agosto y a los que asiste muchísimo turismo”. –Con estas medidas ustedes mismos se harán el harakiri. –Sí, son medidas muy amargas pero hay que efectuarlas. Sólo así se tomará conciencia de que todos estamos metidos en el mismo barco: vinicultores, restauranteros, hoteleros y la población en general. Más delante emprenderemos medidas penales contra los funcionarios municipales que se amafiaron con Grupo Lagza. Cometieron delitos que deben ser castigados. Por lo pronto, el nuevo alcalde de Ensenada, el priista Gilberto Hirata Chico, ha declarado en varias ocasiones que apoya las demandas de la Asociación de Vitivinicultores. Lo mismo están haciendo el Congreso local y el nuevo gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega. D’Acosta ve esas muestras de apoyo gubernamental con mucho recelo: “Toda la clase política dice que nos apoya. Nos da la razón y nos palmea la espalda. Pero no hace absolutamente nada para detener los atropellos del Grupo Lagza, que sigue construyendo con total impunidad. Es algo verdaderamente kafkiano. Los vitivinicultores desconfiamos de nuestros políticos. Seguiremos en pie de lucha”.

Lagza, la empresa voraz... y fraudulenta Antonio Heras y Rodrigo Vera TIJUANA, BC.– El empresario Carlos Lagos Yagües, quien construye un complejo de 4 mil 500 residencias en la zona vinícola de Valle de Guadalupe, ha patrocinado campañas electorales de influyentes políticos bajacalifornianos. Eduardo Cota Osuna, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, explica: “Carlos Lagos me llegó a comentar que mete dinero a candidatos priistas y panistas, patrocinando sus campañas sin importarle quién ganará. También presume que quita y pone a los alcaldes del municipio de Rosarito”. Afirma que incluso a él mismo, cuando era candidato perredista a diputado por el octavo distrito de Tijuana, Lagos se le acercó para ofrecerle dinero: “Me propuso entregarme 10 mil dólares para mi campaña política, a pesar de que, me dijo, sabía muy bien que yo iba a perder. Rechacé su oferta”. El perredista denuncia también el gran apoyo que ha recibido Grupo Lagza –la inmobiliaria manejada por Lagos y por su cuñado Ricardo Zazueta– de los exgobernadores Eugenio Elorduy y Guadalupe Osuna, así como Enrique Pelayo, quien acaba de dejar la alcaldía de Ensenada. “Por ejemplo, con el gobernador Elorduy, el empresario hizo negocios en la construcción del Boulevard 2000, la importante vialidad que une Tijuana con Rosarito”. En tanto, el gobierno municipal de Pelayo emitió un reglamento que le permite a Grupo Lagza construir el conjunto habitacional Rancho Olivares en plena zona de viñedos. Este reglamento aún no se publica en el Periódico Oficial del estado, pero la empresa ya edificó un campo de golf en la zona. Fundado en 1989, Grupo Lagza tiene sus oficinas centrales en Rosarito. En sus promocionales señala que su objetivo es promover el “desarrollo inmobiliario en la costa de Baja California”. Su “mercado original” era la venta de propiedades a los estadunidenses. Pero en los últimos años “ha centrado sus esfuerzos en atraer a los compradores de la clase media de Tijuana”. Lagza enfrenta denuncias penales por diversos fraudes cometidos contra compradores de vivienda. Un caso reciente es el de los habitantes del fraccionamiento Misión del Mar II, en el municipio de Rosarito, quienes demandaron a la compañía porque, sostienen, les vendió terrenos que se encuentran embargados por el banco HSBC. Si bien los afectados ya terminaron de pagar sus predios a Lagza, no han podido escriturar porque los lotes del fraccionamiento fueron puestos por Lagza como garantía hipotecaria en un préstamo que pidió a HSBC. Aún no liquida el adeudo. La falta de escrituración genera muchos problemas a los residentes de Misión del Mar II, ya que legamente el fraccionamiento no existe para el ayuntamiento, por lo que no puede darles servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje y recolección de basura. Ahora que Lagza empieza a construir en la zona de viñedos, los vinicultores están alarmados: temen ese tipo de conflictos y, sobre todo, que el agua que utilizan

para las vides se la apropie la empresa. Para Carlos Lagos, los opositores a su nuevo proyecto son sólo “pequeños vinateros” que se están quejando de un problema que tiene fácil solución, ya que el agua, considera, puede trasladarse a Valle de Guadalupe desde otras partes. En una entrevista para el portal Milenio Baja California, publicada el pasado 8 de noviembre, Lagos asevera que la clave está en “traer agua del río Colorado”, en utilizar “las aguas residuales de Tijuana” y en instalar una “desaladora en Ensenada”. Estas posibilidades nunca han sido factibles, por costosas o inoperantes. Además, Lagos tampoco dijo que él pagaría la edificación de esa infraestructura. Su proyecto, especifica, no prevé erigir “casitas”: “Yo soy el primero en oponerme a que alguien haga vivienda de interés social. Por principio, va contra la lógica del negocio, y por segundo (sic), nos afectaría a todos, porque estamos hablando de casas de alrededor de 5 millones de pesos, promedio, que van a tener su huerto de olivos, su huerto de viñedo para el americano (estadunidense) y para el nacional. A mí me conviene que haya un orden, porque si no hay orden, si se nos escapa y alguien empieza a hacer casitas, yo no voy a poder vender casas de 5 millones de pesos.” Por lo pronto, Lagos realiza maniobras para obtener el apoyo del nuevo gobierno estatal del panista Francisco Vega, quien asumió el cargo el pasado 1 de noviembre, así como del nuevo gobierno municipal de Ensenada, encabezado por el alcalde priista Gilberto Hirata Chico, quien tomó posesión el 1 de diciembre y ya está revisando el controvertido reglamento aprobado por el cabildo anterior, mediante el cual se avala la construcción de Rancho Olivares. Carlos Lagos ya se reunió con Hirata Chico el pasado jueves 12, en las instalaciones de la casa vinícola L.A. Cetto. Le aseguró que Rancho Olivares no será de alta densidad poblacional ni afectará la vocación vinícola del Valle de Guadalupe, según informó el diario regional El Mexicano. L

El estilo personal de reformar Héctor Tajonar A Raquel Tibol, artista de la agudeza y el rigor críticos.

La rapidez y el desaseo legislativo con que se aprobó la reforma energética lleva el sello indeleble de la casa priista, con un propósito claro: renovar una hegemonía que les permita permanecer en Los Pinos, si no otras siete décadas, por lo menos algunos sexenios más. Estamos ante la evidencia del proceso de restauración del antiguo régimen a través de la adaptación de las viejas artimañas del presidencialismo autoritario a la nueva realidad política del país: la de un pluralismo enteco, inmerso en la cultura del chanchullo. En medio de una situación muy favorable, derivada del debilitamiento y de las pugnas internas de los dos principales partidos de oposición, los operadores políticos del gobierno y su partido echaron mano de su larga experiencia en el dominio de las malas artes de la política autoritaria para lograr, en un año, lo que no se consiguió durante los cuatro sexenios de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Mediante un vertiginoso proceso legislativo plagado de irregularidades, el gobierno del presidente Peña cumplió su propósito fundamental de modificar el artículo 27 de la Constitución (además del 25 y el 28), pilar y último baluarte del nacionalismo revolucionario. Nacido en y del poder, el PRI siempre estuvo acostumbrado a controlar la disidencia mediante las herramientas distintivas del autoritarismo presidencial: corporativismo, clientelismo y cooptación; sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los medios de comunicación, además del arte de la simulación, compra de voluntades, trampas y engaños, manipulación informativa (a la que ahora se agrega Twitter), violación de procedimientos legislativos y una novedad: la flagrante contradicción disfrazada en el texto de las reformas constitucionales. La simulación jurídica se ha incrustado en la Constitución. Menciono un solo ejemplo: Mientras en el artículo 27 se mantiene que en cuanto a hidrocarburos “no se otorgarán concesiones”, en el artículo 4 transitorio de la reforma se permiten, “entre otros”, los contratos “de licencia”, que no es sino otra forma de llamar a las concesiones. No, pero sí. Argucia vil. (Diego Valadés, La Constitución desfigurada, Reforma, 10/12/13.) Recordemos que, en la preparación para recuperar la Presidencia, los actuales detentadores del Poder Ejecutivo hicieron todo lo posible por implantar la cláusula de gobernabilidad que les permitiera tener una mayoría en el Congreso sin haberla obtenido en las urnas. Al no lograrlo, tuvieron que adaptarse a las incómodas reglas de la democracia. Lo que hemos visto en las últimas semanas es el resultado de la adecuación de añejos métodos y triquiñuelas a un pluralismo vulnerable y maleable. Para beneficio del PRI, la defectuosa transición democrática está conformada por

partidos débiles y proclives a ser cooptados. Tras el fracaso de la docena trágica, haber traicionado sus principios y ubicado como tercera fuerza, el PAN enfrenta divisiones y una implacable disputa por el poder. En ese campo, la rebatiña por el liderazgo partidario es aun más intensa y penosa en el PRD. Por su parte, ya se vio que Morena sin López Obrador es inviable y que su liderazgo carismático no es heredable. De los partidos rémora ni hablar. En esta coyuntura, la cooptación, en la que el PRI es experto, es pan comido. En la reforma aprobada por los congresos federal y estatales prevaleció la propuesta del PAN, que permite una amplia variedad de participación del capital privado, nacional y extranjero en la exploración, extracción y venta de hidrocarburos (muy probablemente esto fue pactado por el PRI y el PAN desde antes de enviar sus respectivas propuestas al Congreso). Ello implica una transformación profunda de la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos naturales no renovables, así como la inhumación de lo que sobrevivía del nacionalismo revolucionario. Ante ese hecho quedan dos opciones sensatas, no necesariamente excluyentes: Tratar de revertir la reforma energética mediante una consulta popular vinculatoria en 2015 o exigir que en la legislación secundaria se establezcan las normas regulatorias de transparencia, rendición de cuentas y auditoría, así como las sanciones a los corruptos. Es indispensable que se definan, con rigor, claridad y de cara a la opinión pública, las nuevas funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, así como del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. En el combate a la corrupción, un ejemplo indispensable a seguir es la empresa petrolera noruega Statoil, por su compromiso con la transparencia, la apertura y la tolerancia cero a la corrupción en sus operaciones. No basta con haber removido al sindicato del Consejo de Administración de Pemex. Asimismo, es imperativo que México se afilie a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), cuyo propósito es promover la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias petrolera, minera y de gas a escala mundial. El gobierno y sus aplaudidores presentan la reforma como una panacea. Sin embargo, sabemos bien que la privatización de empresas públicas no es garantía de beneficio para la nación y la sociedad en su conjunto, como tampoco lo es compromiso frívolo de “administrar la abundancia”. Cuidado con las llamadas paradoja de la abundancia (paradox of plenty) o maldición de la profusión (resource curse), cuyo ejemplo paradigmático es Nigeria, donde a causa de la corrupción producida por la riqueza petrolera no creció la economía, descendió el desarrollo social y se produjeron inestabilidad y conflictos violentos. También hay que evitar la enfermedad holandesa (Dutch disease), en la que la afluencia de ingresos provenientes del petróleo ocasiona el sobrecalentamiento de la economía. Ha quedado claro el estilo personal de reformar del presidente Enrique Peña Nieto. Están por verse sus consecuencias. L

Los embrollos del Ifetel Jesús Cantú El miércoles 18 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) dio el primer paso en cumplimiento del plazo de 180 días a partir de su instalación –lapso establecido en la fracción II del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio– para publicar las bases y convocatorias a fin de licitar “por lo menos dos nuevas cadenas de televisión de cobertura nacional”, sin tomar en cuenta que el Congreso incumplió desde el pasado miércoles 11 su obligación de hacer “las adecuaciones necesarias al marco jurídico” de las nuevas normas constitucionales. Según los mismos transitorios, entre las adecuaciones hay varios aspectos que pueden afectar los términos en los cuales el Ifetel otorgue las concesiones e incluso determine quiénes pueden participar en las licitaciones. Más allá del conocimiento de la legislación secundaria están los tiempos y la lógica establecidos en los transitorios: el artículo tercero prescribe 180 días para adecuar el marco jurídico; el sexto, un mínimo de 80 días para designar a los primeros comisionados y por consiguiente integrar el organismo (lo que de hecho sucedió el 11 de septiembre de 2013, 90 días después de la entrada en vigor de la reforma) y finalmente el octavo otorga 180 días al Ifetel para la licitación, que en este caso sería el 11 de marzo de 2014. Las leyes secundarias deberían haber sido promulgadas el miércoles 11, 90 días antes de emitirse la convocatoria, con lo cual el Ifetel tendría suficiente tiempo para analizar los posibles impactos de la nueva legislación en las bases de licitación. Baste señalar que entre los aspectos que deben regularse en la legislación secundaria están los criterios para otorgar los permisos de multiprogramación –“un solo ordenamiento que regule de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones así como la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”– y los términos en los cuales se establecerán las concesiones únicas “de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes”. Y aunque la licitación de las dos cadenas comerciales está prevista en un transitorio y, por lo tanto, inevitablemente se realizará –sin afectar sustancialmente la distribución del espectro y de las redes de telecomunicaciones para lograr que las concesiones cumplan con los usos “comercial, público, privado y social, que incluye las comunitarias y las indígenas”, previstos en el artículo 28 constitucional– , sería conveniente tener la visión global antes de empezar a asignar nuevas concesiones, pues los usos público y social son fundamentales y están en desventaja frente al comercial y al privado. En cuanto al uso público, es imprescindible crear el organismo descentralizado correspondiente previsto en la fracción V del artículo sexto de la Constitución y que será regulado en la legislación secundaria, como lo señala la fracción II del

tercero transitorio. Para el uso social también serán decisivas las disposiciones que se establezcan en dichos ordenamientos respecto a las radios comunitarias e indígenas. Vale la pena señalar que la legislación argentina establece una distribución del espectro radioeléctrico en tercios para los medios comerciales, públicos y comunitarios. Así, la irresponsabilidad de los legisladores mexicanos al incumplir los tiempos que ellos mismos se dieron para expedir la legislación secundaria impacta directamente los plazos puestos al Ifetel; lo mínimo que deberían hacer es modificar el plazo del octavo transitorio en lo referente a lo establecido en la fracción II, para que la convocatoria pueda emitirse después de la promulgación de la legislación secundaria. Debe considerarse que el Congreso inicia el segundo periodo de sesiones de su segundo año el 1 de febrero, con lo cual, en el mejor de los casos, la legislación secundaria se promulgaría 30 días antes de la emisión de la convocatoria. Pero llama la atención que el Ifetel esté preocupado por cumplir el plazo establecido en dicho artículo en relación con la emisión de la convocatoria y sea incapaz de tomar una determinación en un tema en el que no requiere legislación secundaria, sino sólo la aplicación de lo dispuesto en la fracción I del octavo transitorio respecto a la retransmisión de los canales de televisión abierta en los sistemas restringidos. Esa fracción señala que “una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones (...) I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria”. Esto debió ocurrir a partir del 11 de septiembre, al quedar constituido el Ifetel. Pero cuando Dish decidió transmitir los canales 2, 5 y 9 de Televisa y 7 y 13 de TV Azteca a partir de la entrada en vigor de esa disposición, Televisa interpuso un recurso ante el Ifetel para que ordenara a aquella empresa retirarlos de su oferta. Poco más de dos meses después, el 19 de noviembre, el Ifetel decidió someter a consulta pública su proyecto de lineamientos y tres meses después apenas está cerrando dicha consulta y aún no es capaz de resolver el diferendo. Dadas las dificultades de uno y otro asunto y las condiciones prevalecientes, preocupa la contrastante actitud del Ifetel: donde debería ser cauto y exigir a los legisladores que primero cumplan su parte, se dispone a licitar sin siquiera contar con una legislación secundaria adecuada a las nuevas normas constitucionales; y donde lo único que debe hacer es aplicar una disposición, decide inventarse una consulta pública (imposible de utilizarse como pretexto para violar la ley) a fin de postergar su entrada en vigor. La legislación secundaria es fundamental para concretar la plena vigencia de las disposiciones constitucionales y esto es particularmente importante en el caso de las telecomunicaciones, radio y televisión, donde los poderosos concesionarios se aferran a los llamados “derechos adquiridos” para proteger sus privilegios y prerrogativas. Por ello es imprudente (por decir lo menos) iniciar la licitación de nuevas concesiones sin legislación secundaria actualizada.

Que se acabe el recreo Axel Didriksson Cumplido el año durante el cual el tema educativo fue uno de los más relevantes para el gobierno del PRI, la que se consideraba una reforma educativa está sumida en el letargo y la incoherencia pues los estudiantes, profesores, autoridades y funcionarios responsables de aplicarla tardan décadas en aprender lo que en condiciones de normalidad se haría en pocos meses. La prueba PISA (siglas en inglés de Programa Internacional de Evaluación de Alumnos) y otras similares –como ENLACE o EXCALE, para el ingreso a plazas docentes–, más las que vienen en camino para 2014 dan y darán cuenta de lo mismo: mientras la educación, los conocimientos y los aprendizajes avanzan en el mundo a pasos agigantados y de manera geométrica, en México lo que se enseña y aprende, lo que se dice y se legisla se expresa de forma aritmética, sumando de uno en uno. Mientras las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, con sus extraordinarios descubrimientos e innovaciones, mueven de raíz el modelo estático y lineal con el que antes se enseñaba, en México la vida escolar está igual o peor que cuando estudiaban nuestros padres o abuelos. Los resultados de la prueba PISA de 2012 dan cuenta del fracaso de las políticas emprendidas y de las medidas presentadas desde hace décadas y que se siguen reproduciendo en el actual gobierno. Con un ligero avance en matemáticas, en todos los demás rubros de desempeño académico los estudiantes mexicanos demuestran que aprenden muy lentamente, que su índice de retención y rendimiento escolar es muy bajo y que el lugar que se ocupa en este ranking de la OCDE es “mediocre y precario”, como lo calificó Gabriela Ramos, directora de gabinete de ese organismo. Y es tan lento el avance en la educación nacional que según las proyecciones de la OCDE tardaremos 25 años –en el mejor de los casos– en ocupar un lugar mejor. Con el mismo ritmo de pasividad, modorra y conservadurismo actúan también los funcionarios de la SEP y otros actores de la escena educativa, como el grupo Mexicanos Primero. Para todos ellos las reformas a los artículos tercero y 73 constitucionales deben seguir para que todo siga igual, pese a la magnitud o radicalidad de cualquier conflicto y a las evidencias y propuestas que podrían mejorar sustancialmente el desempeño de la educación en México, por encima de lo que se legisló al vapor. Pero como la carreta tiene que ir enfrente de los bueyes, con la contundencia y muestra del fracaso monumental que se tiene en el sistema educativo, la SEP, en voz de su secretario en turno, ahora pretende organizar para el próximo año un gran debate nacional sobre el modelo de la educación básica y normal, cuando ya se ha trazado la ruta de una supuesta reforma educativa que debería haberse iniciado precisamente con ese debate sobre el modelo pedagógico y didáctico que

requiere el país. Pero con la parsimonia y los desatinos con los que se actúa, ahora habrá que aletargar aún más los procesos. Este año hubo decenas de foros, participaron miles de maestros e investigadores, se propuso avanzar en la discusión de un nuevo modelo educativo, se repitieron hasta el cansancio las cifras que vuelven a presentarse en la prueba PISA 2012 y se argumentó que con la mera evaluación no se alterará en nada la calidad del sistema educativo. Nada de esto fue considerado. Todas las propuestas al respecto fueron tiradas a la basura, pero siguen en la idea de que todo debe seguir igual y por ello se ha mandatado a los gobernadores (hasta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, que no tiene potestad alguna sobre el sistema educativo de la ciudad) para que se aplique en todas sus letras y sin ningún cambio lo que se legisló en la reforma constitucional. ¿Y si los foros a los que se quiere convocar (habrá que ver cómo se convocan y a quién llaman a participar, para valorar si no se trata de una nueva simulación) proponen ir más allá de lo que se aprobó y sustentan con veracidad que el camino es otro? ¿Habrá alguna rectificación? ¿Se derogarán las leyes aprobadas? ¿Habrá algún tipo de autocrítica, así sea pequeñita? Por lo pronto, con los resultados y las pruebas que demuestran que lo que se ha propiciado es una sociedad de la ignorancia y que para muestras tenemos montones de evidencias, se puede hacer un alto y reflexionar sobre el daño nacional que se propicia; habrá que tocar muy fuerte la campana para decir que este largo recreo en el que se la han pasado estudiantes, maestros y funcionarios se acabó y que ahora se necesita estudiar y promover una verdadera reforma que ponga en manos de los actores y expertos el tema, y no sigan apropiándosela quienes sólo buscan garantizar sus intereses minoritarios y mercantiles, como lo hizo y lo sigue haciendo el grupo de Elba Esther Gordillo y sus congéneres. Que se les acabe su recreo, porque ya estuvo bueno, ¿o no? L

La defensa de la ignorancia Ernesto Villanueva A Carlos Meza, promotor de la libertad de expresión responsable “El saber mata”, “El que nada sabe nada teme” y “Mientras menos sepas más feliz eres” son algunas de las frases que desestiman el valor del conocimiento, y que el ya clásico expresidente Vicente Fox hizo suyas. Actualmente los políticos mexicanos guardan las formas, aunque no son precisamente adictos a la lectura (salvo honradas excepciones). Incluso suelen alentar –o son alentados, para el caso es lo mismo– la edición de obras de aparente interés público. Es el caso de la colección Derechos del pueblo mexicano, financiada por la Cámara de Diputados y editada por Miguel Ángel Porrúa. Casi ningún mexicano la tiene y sólo puede consultarla en algunas de las principales bibliotecas del país. Veamos. Primero. Como parte de un estudio que estoy elaborando sobre nuestro pasado en materia de política y “seguridad nacional”, llamaron mi atención unas tarjetas confidenciales de las áreas de investigación política de la Secretaría de Gobernación, encontradas en el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México. Hoy sería un escándalo censurar la compra de libros para educar y entrenar a funcionarios de cualquier área del gobierno. Pero no siempre fue así. Hace décadas y de acuerdo con las fichas secretas, se desató toda una pesquisa política cuando se sospechó que alguien había cometido el “pecado” de adquirir libros jurídicos para la biblioteca de Gobernación. Resulta que el jefe del Departamento Consultivo y de Justicia de Gobernación, Salvador Cardona, le dirigió un memorándum muy molesto al subsecretario de Gobernación: “Me permito sugerir a usted la conveniencia de girar instrucciones al c. jefe del Departamento Confidencial para que mande practicar una investigación respecto a la inversión de la cantidad de 4 mil pesos que se dice se ha llevado a cabo para la compra de obras modernas de derecho intentando destinarlas a la biblioteca de esta Secretaría” (sic). Firma. 28 de agosto de 1934. Segundo. Raudo y veloz, el Departamento Confidencial tardó sólo tres días en investigar este “lamentable” caso. El peligro de atentar contra la integridad de la ignorancia no admitía mayor demora. En un reporte confidencial el agente especial “X-176” se dirigió al subsecretario de Gobernación, con alivio: “Tengo el honor de informar a usted, como resultado de la comisión respecto de la inversión de la cantidad de 4 mil pesos que se dice se llevó a cabo para la compra de obras modernas destinadas a la biblioteca de esta Secretaría, que según informes obtenidos en las principales librerías de esta ciudad así como en la casa Andrés Botas, que es el editor de varias obras de derecho, que no ha llevado a efecto ninguna venta de libros para la Secretaría de Gobernación desde hace dos o tres años. Asimismo, el Departamento Administrativo me informó que no había habido ninguna erogación en este año ni en el pasado por ese concepto, teniendo registrada únicamente el 28 de julio próximo pasado una partida por mil 600 pesos para la compra de documentos para la historia de la independencia” (sic). La

ignorancia había sido protegida una vez más. El agente X-176 había resuelto un grave caso, que pudo poner en riesgo de aprender a algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Tercero. No hay políticas públicas unívocas en el tiempo, aunque tampoco cambios tan absurdos como los que ocurren en nuestro país. Así como ayer se defendía con firmeza la ignorancia de los servidores públicos de Gobernación, hoy en día, aunque sea sólo en las formas, éstos deben tomar cursos de capacitación con periodicidad. Recuerdo los intentos realizados hace algunos años por una dependencia gubernamental, que intentó firmar un convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Fui requerido a la sesión en la que se debatió esa posibilidad. Lo que deseaba la dependencia, en síntesis, era que el IIJ UNAM tuviera “sensibilidad” para los cursos, porque había un problema: La plaza de subdirector de equis dirección general en realidad la tenía el chofer de la esposa del titular. Y pues “no se podía calificar igual”. Era tal la cantidad de absurdos que el doctor Jorge Fernández Ruiz –padre del derecho administrativo y coordinador de ese eventual proyecto–, educado pero enérgico, respondió: “Se equivocaron de institución. Aquí jamás aceptaríamos eso”. El doctor Fernández Ruiz hizo público lo que pensábamos y, en efecto, ahí terminó todo, aunque por desgracia la simulación y el gatopardismo siguen teniendo carta de naturalización en México.­ l [email protected] @evillanuevamx www.ernestovillanueva.blogspot.com

El discurso de Bachelet Marta Lamas El pasado domingo 15 Michelle Bachelet, candidata de la Nueva Mayoría –con el Partido Comunista sumado a la Concertación– ganó ampliamente la presidencia de Chile. Este resultado electoral es no sólo un éxito político de la izquierda, sino también representa un triunfo simbólico, pues la disputa entre las dos candidatas de la segunda vuelta parece un ajuste de cuentas emblemático de historias antagónicas marcadas por la dictadura. Evelyn Matthei, candidata de la Alianza de derecha –Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional– es una política que votó por el Sí a la continuidad del dictador Pinochet en el referéndum de 1988 y protestó cuando fue detenido en Londres por orden del juez Baltasar Garzón. Pero además es hija del general Fernando Matthei, quien fuera director de la Academia de Guerra Aérea donde el general Alberto Bachelet, detenido por la cúpula golpista por su lealtad a Allende, murió a los 51 años a causa de las torturas a las que lo sometieron sus compañeros en las mazmorras de dicha institución. De ahí que la confrontación electoral tuviera, por la responsabilidad moral del general Matthei en la muerte del general Bachelet, un denso trasfondo para ambas hijas y para la sociedad chilena. La mayoría los votantes respaldó con su voto a una mujer que ha logrado sobreponerse a la brutalidad de la dictadura, que ha manejado la tragedia de la muerte de su padre de forma austera y que ha mostrado su voluntad de reconciliación. La noche del domingo, en el primer discurso que pronunció como presidenta electa, dio las gracias a sus hijos, a su madre, agradeció el ejemplo de su padre, la labor de su equipo, y reconoció a los partidos de la Nueva Mayoría y a los votantes. También dio un saludo a todas las personas que salieron a votar, “independiente de cuál haya sido su candidata”, y –¡oh sorpresa!– dijo: “Y quiero saludar a Evelyn Matthei. Más allá de nuestras diferencias, sé que compartimos el amor por Chile y las ganas de servir a un proyecto en el que creemos. En la diferencia de miradas descansa la riqueza de un país diverso y democrático”. ¡Zok! Si bien una vida política democrática requiere que las figuras políticas tengan una interlocución productiva, en vez de ser estériles adversarios, es difícil lograrlo pues existe un problema que no se visualiza cabalmente: el peso del machismo en los actores políticos. Michelle Bachelet se libera de tal lastre y no tiene reparos en lanzar un discurso prudente y conciliador, que no deja de lado sus propuestas políticas, pero donde trata con respeto a sus adversarios. Así, desde una perspectiva que plantea que el destino de Chile concierne a todos sus habitantes, sin importar por quién hayan votado, tiende la mano a los que no votaron por ella. Y dice claramente: “A quienes no nos han dado su voto, les digo que su rol es necesario en nuestra democracia y que impulsaremos reformas para un Chile de todos verdadero, en el que tendrán cabida todas las miradas y del que también ustedes se sientan orgullosos”. Bachelet desarrolla un discurso atípico por cálido y por la ausencia de términos

bélicos. En América Latina todavía no prende una reflexión sobre las repercusiones del machismo en el quehacer político. Sin embargo, es un hecho que las formas usuales de la cultura política tradicional responden al mandato simbólico de la masculinidad: la fuerza y el arrojo. En general, la mayoría de los políticos está condicionada por esa valoración machista de las actitudes desafiantes y desprecia tonos y actitudes conciliadoras que son vividas como “femeninas”, o sea, débiles. Sin embargo, Bachelet se arriesgó “femeninamente” y habló de su misión de largo aliento: “Es la belleza, es la ternura, es la alegría de construir una nación en la que todos contamos, en la que todos colaboramos, en la que somos capaces de cuidarnos unos a los otros”. ¡Qué manera de desmarcarse del lenguaje político machista: belleza, ternura, cuidado! En su emotivo discurso –de cinco páginas– Bachelet reitera su voluntad de hacer “buena política”, esa que se hace de cara a la ciudadanía: “con transparencia, con apertura, con amor por Chile, con paridad entre hombres y mujeres, con participación de la gente, con respeto a los adversarios”. Al hablar del abstencionismo en la jornada electoral Bachelet señala: “En la jornada de hoy muchos chilenos no fueron a votar. Sé que muchos de ellos tienen desconfianza y frustración. Sienten que el Estado ya no los protege. Debemos hacer que esos chilenos y chilenas vuelvan a creer, no en mí, no en un partido ni en un grupo político. Debemos lograr que vuelvan a creer en nuestra democracia y sus tareas. Que crean en las instituciones, en la fuerza del voto, en la justicia de las leyes, en la riqueza de nuestra historia, en la nobleza de nuestra gente, en la verdad de la palabra”. Para que una nación avance en la resolución de sus grandes problemas nacionales no es necesario que las fuerzas políticas nieguen sus desacuerdos; lo indispensable es que aprendan a deliberar y negociar, pacífica y consistentemente, sobre ciertas vías a seguir. El discurso de Bachelet es un ejemplo alentador de una actitud democrática –y “femenina”– que perfila una forma esperanzadora de hacer política. L

El desierto azul de José Cruz Juan Pablo Proal Voy a morir es el título de la biografía de José Cruz Camargo, fundador de Real de Catorce –el grupo de blues más importante de México–, que acaba de ser publicada por Lectorum. La escribió el periodista Juan Pablo Proal y es producto de más de 40 horas de charla con el cantautor, con sus familiares y con especialistas. El libro revela episodios hasta ahora desconocidos de la vida del músico, junto con el drama que le cayó de golpe, y narra los pormenores de su banda mítica. Proceso reproduce un adelanto del primer capítulo.

I.– Llévate la historia Tocan el timbre. Es Pamela Landa, fan de años. Trae en las manos el DVD Desierto azul. Georgina la deja pasar. Pamela introduce el disco en el reproductor de la sala y llama a José. Él acude. Se sienta en el sofá. Pamela prende el televisor y deja correr el único concierto oficial que grabó Real de Catorce. La imagen que proyecta la pantalla le sienta a José como un látigo. El rostro, de tan familiar, lo siente en su misma carne. El bigote de caballero de los cuarenta bajo luces neón. Ojos de telescopio. Cuerpo de guerrero indio. El baile de boxeador rumbero. –¿Soy yo? –Sí. –¿Toco la guitarra? –Sí. José siente una inyección de miedo en el corazón. Cada lágrima que desciende de sus ojos contiene más incredulidad que sal. Georgina observa la escena desde la cocina, en silencio. La reacción de su hermano le hace pensar que la idea está funcionando. Está casi segura de que él se está dando cuenta de quién es. El miedo tiene muchas máscaras, hay quienes temen las alturas, a la oscuridad, a los lugares abiertos, al encierro… José recién había adquirido catoptrofobia, miedo a los espejos. Ver su reflejo idéntico al del hombre con guitarra eléctrica que canta en la televisión le resulta un completo shock. Pamela no desiste, se ha convertido en una voz ajena a la familia que ayuda a persuadir al artista de su propia historia. Con frecuencia repite sus visitas, con la esperanza de que su ídolo, José Cruz, fundador de Real de Catorce, la banda de blues más importante en México, pronto cobre conciencia de quién es en realidad. Un mes antes, en octubre de 2006, sonó el teléfono en casa de Georgina y Alfredo. Era José, en su voz había temor: –Hermana, me caí. Me siento muy mal. ¿Puedes venir a mi casa? Georgina salió de inmediato rumbo a Xochimilco. José no pudo abrirle, su fuerza era casi nula. Una vecina ayudó a su hermana a forzar la puerta del departamento. Lo encontraron tendido en el piso, apenas consciente. El lugar estaba muy desorganizado. Se notaba en seguida que los días previos

tampoco estuvieron bien para el cantante. José apenas podía hablar. Suplicó a su hermana que lo llevara al Centro Médico. Era el hospital donde José recibía atención periódicamente por parte de la neuróloga Angélica Carvajal. Quería que lo atendiera un médico que ya conociera su historial (nadie atinaba a descubrir su problema de salud) y eso le evitaría las pruebas de rutina. Entre las dos mujeres sentaron a José en un sillón para ponerle sus botas. Mientras lo alistaban, Georgina pensó en lo complicado que sería conducir ella misma al hospital, así que decidió llamar a Rodrigo Farías, representante del grupo, para pedirle ayuda. Rodrigo quedó en mandarles un taxi. José estaba a punto del desmayo. Como pudieron lo subieron al automóvil. En el camino pasaron por Rodrigo. Georgina buscaba apoyo. La comunicación entre ella y su hermano no había sido frecuente en los últimos tiempos. Se sentía sola. Sin la fuerza necesaria para cargar a José ni lo suficientemente informada para orientar a los médicos. Quién mejor que un hombre cercano a José para enfrentar el interrogatorio, pensó. Cuando llegaron a urgencias, el cantante había perdido el conocimiento, su respiración ya era imperceptible. Georgina llegó a pensar que los pulmones de su hermano habían dejado de funcionar. Los médicos lo atendieron de inmediato. Le aplicaron los servicios de rescate básicos para estabilizarle la respiración. Luego de un chequeo rápido, concluyeron que lo mejor era trasladarlo a la clínica del IMSS conocida como “Los Venados”, porque ellos no tenían servicios de hospitalización. En el nuevo hospital controlaron la crisis. Aparentemente había pasado lo peor. No era la primera vez que a José le sucedía un evento de esta naturaleza y seguían sin descubrir qué los provocaba. Le habían hecho muchos estudios, pero ningún médico daba con el problema real. Cuando José reaccionó no sabía quién era. En el reporte, los médicos indicaron que quizá se trataba de algo cerebral, temporal, sin dar más detalles. Lo dieron de alta. Georgina y su esposo Alfredo tomaron la decisión de llevarlo a vivir a su casa. Querían cuidarlo entre ambos. Lo instalarían en la recámara de su hijo Pablo, quien recientemente había viajado a Estados Unidos para trabajar una temporada. El único resultado claro que dejaba el problema de salud de José era que había dejado de valerse por sí mismo. “Varios años antes, José ya tenía problemas de salud fuertes, su familia estaba preocupada porque me decían: ‘Mi hermano se cayó en el baño… a mi hermano le falla la fuerza de las piernas’. Le hacían muchos estudios y no descubrían qué era”: Nilsa Acosta, amiga. Para José, irse a vivir a casa de su hermana fue el cambio menos radical. Todo era caos. Entró con ayuda al departamento. Apenas lograba mover los pies, arrastrándolos. Sus rodillas se doblaban como si no pudiesen con el peso del resto del cuerpo. Lo sentaron en el sofá. Sus ojos no atinaban a enfocar imagen; su voz, al hablar, surgía con dificultad. No decía nada. Entre la confusión, trataba de atar cabos. La fragilidad del cuerpo era directamente proporcional a la confusión de su

mente; sus recuerdos eran vagos, no podía dar cuenta de sí mismo. Georgina lo veía tan ensimismado que pensó que un baño lo confortaría, pero con una sola mirada comprobó que tampoco podría hacerlo solo, pues el riesgo de que se cayera era inminente. Decidió acompañarlo a la ducha, ofreciéndole su antebrazo como apoyo. Él caminaba con pasos de anciano. Ella se mantenía alerta de que su hermano no perdiera el equilibrio mientras le abría la regadera y le ayudaba a enjabonarse. También eran días intensos para Georgina, además del dolor de ver a su hermano en ese estado, se mantenía monitoreando el reloj. Un médico naturista había recetado a José un tratamiento estricto. Cada tres horas debía proveerle un medicamento diferente. Velaba por cumplir la recomendación. Los cuidados médicos tenían la intención de que José recuperara, hasta donde fuera posible, el funcionamiento de su cuerpo. Georgina es la hermana mayor y siempre ha sido muy responsable. De alguna manera ejercía las veces de madre sustituta. No le bastaban los cuidados médicos, estaba decidida a que su hermano también recobrara la memoria. Con fe sacaba de su cajón las fotos de Real de Catorce y le pedía a José que las miraran juntos. Sentarse a ver las imágenes, mientras le contaba detalles de su vida, también se volvió un hábito en la casa de la familia Molina. José escuchaba las historias escéptico. No lograba conectarlas en su interior. A veces hacía preguntas, como buscando un referente que le diera luz a sus pensamientos, pero no lo lograba. En cuanto veía al cantante con mejillas pintadas de líneas azules, el vacío le oprimía el pecho y hacía una y otra vez la misma: –¿Soy yo? –Sí. –¿Canto? Georgina asentía. Él lloraba. “Cuando yo salía de la recámara, él me veía desde el pasillo y me preguntaba: – ¿Ya llegaste de trabajar? Le decía: –No, apenas me voy, lo que pasa es que olvidé mi corbata. No tenía concepto de lo que era el día ni la noche. A veces cuando iba entrando a la casa, me decía: –¿Ya te vas, verdad? Yo le contestaba: –¡No, cabrón, acabo de llegar!”: Alfredo Molina, cuñado. Georgina y Alfredo tenían planes de irse a vivir a Xalapa, Veracruz. Lejos de la histérica vida urbana de la Ciudad de México. Ella estaba jubilada y sus dos hijos ya eran mayores de edad, pero la salud de José le preocupaba demasiado. No dudó en concentrar sus días en ayudarlo. Guardaba una estrecha relación con Jorge, el hermano menor, a quien le lleva diez años. “Coco”, como le decían de cariño, llamó para informar que iría a visitarlos. También estaba preocupado por la salud de su hermano y quería apoyar a la familia. Al poco tiempo de la llegada de Coco, el timbre anunció una visita inesperada. Eran Magdalena González Gámez y Rodrigo Farías, representantes de Real de Catorce. Los acompañaba Fernando Ábrego, baterista del grupo. Los tres llegaron

con la intención de quejarse de José. Reclamaron que él descuidaba su trabajo en muchos sentidos. Explicaron que se acercaba el fin de año y que Real de Catorce tenía aún una fecha pendiente. Alfredo entonces les describió a qué punto se había deteriorado la salud de José. En consecuencia, Malena propuso suspender el concierto, pero dejó en la mesa una sentencia que sonaba amenazante: –Veremos si en unos meses queremos seguir con José. Alfredo escuchó con cuidado la sentencia amenazante. Pero estaba confiado, sabía que ellos no tenían todo el control. –Así como ustedes dicen que no quieren nada con él, se han preguntado ¿cuál sería su reacción si fuera al revés, que José no quisiera nada con ustedes? Seguramente nunca lo habían pensado, porque los tres cambiaron su actitud de tajo. –Para qué adelantamos cosas, en dos meses veremos qué pasa. En cuanto los tres visitantes estuvieron fuera del departamento, Georgina, Alfredo y Coco iniciaron un debate sobre cuál sería el futuro de José. Él no estuvo presente durante la discusión (la saxofonista y flautista, Sibila de Villa, lo había llevado a consulta con su médico naturista). Todos sabían que la situación del cantante era muy complicada, tanto en la salud como en el trabajo, y debían encontrar una salida pronto. Semanas antes, Alfredo le había contado a su terapeuta la crisis que sufría su familia. Tenía la intención de ayudar a su cuñado, pero sabía de sobra que el músico no requería de compasiva solidaridad, sino de total y absoluta disposición. Como músico independiente, José nunca había recibido cheques considerables y ahora, sin la posibilidad de dar conciertos, los ingresos se habían reducido dramáticamente. Le contó también que José estaba divorciado y que su última novia, Vanesa, lo había abandonado por estar enfermo. –No puede manejar, tampoco se puede preparar alimentos. No hay quien lo lleve al hospital ni quien pague sus medicinas. Se necesitan muchas manos para sostenerlo –explicó el cuñado de José a su psicóloga. Luego de pensar en algunas soluciones, a la terapeuta de Alfredo se le ocurrió que lo mejor era conformar una red de apoyo. Le explicó a su paciente que se trataba de que los familiares, amigos y seguidores del músico sumaran sus brazos para soportar las múltiples necesidades que lo aquejaban. Unos podían aportar dinero, otros llevarlo al doctor, algunos más acompañarlo por las tardes. Para Alfredo fue una idea estupenda y no dudó en planteársela a Jorge y Georgina. Al final, los tres coincidieron en que era la opción más funcional. Había llegado el momento de actuar. Red de Apoyo a José Cruz, la nombraron. “Pensaba: ‘¿Qué le está pasando a José?, ¿le está llegando la edad?’. Yo veía cómo cambiaban sus movimientos psicomotrices, su energía, su acoplamiento con el grupo, pero no sabía qué tenía”: Nacho Pineda, dueño del Multiforo Cultural Alicia, clave de la difusión del rock independiente en México. Para José, la vida se había convertido en una compleja red de inexactitudes. Su

gente le ofrecía todas las herramientas que encontraba para ayudarlo. Si nadie daba con el problema, cualquier idea que surgiera era buena. En los cuatro meses que José pasó con su hermana Georgina y su cuñado Alfredo, sólo una vez llamó alguien del grupo, Malena. Quería enseñar reiki a José. Tenía la firme convicción de que el problema del músico era más bien apatía, o bien, una muy mala actitud para salir adelante. Estaba segura de que se curaría mediante las enseñanzas de Deepak Chopra. José quería entender su situación. De pronto se encontraba en casa de su hermana, imposibilitado en las cuestiones más básicas, con los problemas económicos y profesionales de un ser que no recordaba. No sabía a qué enfermedad se enfrentaba ni cuándo y cómo llegaría la siguiente crisis. Tenía una hija que dependía de él y, aunque en esos momentos se encontraba bajo la tutela de su exmujer, sentía la obligación de velar por ella. Finalmente, el video reproducido hasta el cansancio y las fotos que tenían del grupo empezaron a dar frutos. José recordaba su vida poco a poco. Al principio fueron detalles pequeños, que aparecían como flashazos. Movimientos que aparecían como impulsos. Sensaciones que no lograba ubicar, pero que reconocía como suyas. Su mente empezaba a reaccionar. En cuanto Pamela y Georgina lo notaron, redoblaron esfuerzos para apoyarlo. José lograba conectar las historias en su interior. Hasta que llegó el total convencimiento. Sí, las imágenes eran ciertas. Él era José Cruz Camargo Zurita, fundador de Real de Catorce. La fuerza de su cuerpo regresaba igual que la memoria. Le habían llevado su guitarra eléctrica a la habitación, estaba recargada sobre una silla. Una tarde, José decidió tomarla y se la colgó en los hombros. El peso le resultaba una carga desequilibrante, pero logró controlarla. Era una especie de ceremonia que terminaba de reconciliarlo con su propia historia. Presionó sus dedos sobre las cuerdas. Sentía sus manos tiesas, torpes, pero no desistió. Con suaves movimientos iba logrando soltura en los dedos, hasta que rasgó de nuevo las cuerdas. El sonido de la música también regresaba. Esa tarde no se atrevió a cantar. Ni siquiera quiso intentarlo. Aún estaba presente la dificultad para hablar, era una molestia tenue pero persistente. Muy en el fondo, José temía haber perdido su capacidad para cantar, pero eso no era lo más importante: estaba bloqueado, no podía escribir. Alfredo, además de ayudarle a enfrentar sus problemas de salud e impulsar la red de apoyo junto a sus cuñados, buscaba detonantes de la memoria entre los conflictos de José. Una tarde, platicando con él, le planteó la posibilidad de que su desinterés en componer se debiera a que no quería dar más de sí a Real de Catorce. José lo escuchó con atención, sin decir palabra. Luego asintió, como si hubiese descubierto una verdad oculta en su inconsciente. L

Camus el africano

Casi todos los escritores que alcanzan la celebridad –nombre más modesto y contemporáneo para lo que los antiguos llamaban “la gloria”– lo hacen a costa de firmar un pacto fáustico: “Te doy en vida el éxito y la fama a cambio de que, muerto, me entregues tu existencia entera desde lo más público hasta lo más íntimo”. Hubo un tiempo en que se pensó que la literatura sólo debía juzgarse por sus textos y prescindir de toda referencia biográfica. T. S. Eliot llegó al extremo de prohibir que se escribieran biografías acerca de él y sostuvo que los problemas de su vida no tenían relación alguna con la obra de un escritor. Los biógrafos que infringieron este deseo testamentario muestran que su trabajo, en apariencia tan objetivo y despegado de su autor, es en realidad una confesión desesperada, inexplicable si no conocemos las circunstancias personales e históricas que la hicieron posible. El bronce y el lodo A las biografías hagiográficas inspiradas en las vidas de los santos, a las páginas de mármol y de bronce, las reemplazó en el siglo XX la indagación exhaustiva hecha con el lodo primigenio de que está formada toda vida. Algunos creen que estas grandes tareas de investigación y detección resultan el equivalente culto de los programas, revistas y periódicos que alimentan nuestra curiosidad insaciable por los secretos de las estrellas. Pero la comparación es injusta con estos libros que al comienzo de todo Óscar Wilde definió como “aquellos que añaden un nuevo terror al de la muerte”. A los l6 años de su primera aparición, no creo superada la biografía Albert Camus, una vida de Olivier Todd, el gran periodista de Le Nouvel Observateur y L´Express que Tusquets Editores ha reimpreso en México en la traducción del incansable y siempre eficaz Mauro Armiño, quien parece haberlo traducido todo, desde Proust hasta Maupassant. En 900 páginas que logran la hazaña de ser a un tiempo críticas y solidarias, para emplear un adjetivo grato a Camus, Todd sigue paso a paso sus 46 años de vida –muerto el 4 de enero de 1960, Camus hubiera cumplido 47 en noviembre– y nos da acceso a casi todo lo que antes de él ignorábamos. El extranjero Desde lejos, uno como lector tiende a pensar que los libros se escriben solos y nada sabe de las condiciones adversas en que se volvieron posibles. Sin lo que ha indagado Todd uno jamás repararía en las circunstancias tan contrarias en que se escribieron casi al mismo tiempo tres obras que no han dejado de leerse en los años transcurridos desde su aparición: El extranjero, El mito de Sísifo y Calígula.

El extranjero es el libro que más vende la editorial Gallimard y ha encontrado un público que se renueva con cada generación. Tras varias tentativas fallidas Camus escribe esta novela hoy clásica en pocas semanas de marzo de 1940 en el modesto hotel Du Poirier en Montmartre. Él no llama “novelas” sino récits –es decir, relatos, narraciones– a obras tales como L´Etranger (1942), La peste (1479), La Chute (1956). Meursault, pseudónimo que Camus había empleado en los periódicos argelinos, es, más que un antihéroe el protagonista absurdo de una historia absurda. Hombre sin cualidades, empleado de oficina, Meursault alcanza una forma de heroísmo por el solo hecho de no querer mentir. No tiene lugar en el mundo. Francés para los argelinos, argelino para los franceses, pertenece a la más pobre clase media y sin embargo, descendiente de colonos, en la escala social está por encima de los árabes, los verdaderos dueños de esa tierra. Para él, los árabes son apenas sombras amenazantes. No sabe ni siquiera el nombre de aquel a quien mata. Para Meursault se trata simplemente de un árabe. No es su enemigo sino el hermano de una muchacha a la que un conocido suyo, Raymond, ha golpeado y trata de inferirle más humillaciones. En el juicio que se le sigue, Meursault ni siquiera alega en su defensa que el árabe sacó un cuchillo. La escena clave ocurre en la playa bajo un calor aplastante. Enfrente está el mar, el único tesoro del niño pobre que fue Meursault y también fue Camus. “Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa”, dirá en un ensayo. Sobre este incidente sórdido y sombrío, frente a la fragilidad y la vulnerabilidad humanas está toda la luz del mundo. La Tierra como paraíso es también la morada de lo infernal en que nacemos, pasamos y morimos sin dejar huella alguna. Finalmente todos somos extranjeros en un mundo que nos acoge y nos rechaza. Todos tenemos que empujar una roca que al alcanzar la cima rodará cuesta abajo para que reiniciemos la infinita tarea sin sentido. La guerra de los tanques Mientras Camus concluye El extranjero la tempestad de la Historia contempla la derrota de la República Española, la invasión de Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Francés desoyó al coronel De Gaulle que insistía en la necesidad de fabricar tanques para enfrentarse a la agresión futura. Francia confiaba en su Línea Maginot, una cadena de fuertes extendida a lo largo de la frontera alemana. Un gasto inútil que no sirvió de nada. Hitler atacó por la espalda. Sus divisiones Panzer arrasaron con Holanda y Bélgica. Francia fue derrotada en pocas semanas y en mayo de 1940 el mariscal Pétain, a los 86 años, quiso salvar a su país y no logró sino ponerlo en manos del nazismo. La URSS, esperanza de los pobres del mundo, se unió a Hitler para desmembrar a Polonia. El absurdo histórico, la irracionalidad de la razón, fue la tierra manchada de sangre que sustentó la palabra que Albert Camus añadió a las ideas y al vocabulario del siglo XX. l (JEP)

El negocio del turismo cultural Judith Amador Tello El Gran Museo del Mundo Maya, que cumple un año, es para las autoridades del Instituto de Historia y de Museos de Yucatán un modelo de turismo cultural. En entrevista, su director, Jorge Esma Bazán, defiende la figura económica del PPS, que el gobierno eligió, como la más viable para que lo financiara la iniciativa privada, en este caso empresas de los herederos de Carlos Hank González. Sin embargo, el esquema ha sido cuestionado porque las ganancias son para ellas, mientras las administraciones públicas asumen las deudas.

MÉRIDA, YUC.- El promotor cultural Jorge Esma Bazán se jacta de que, a un año de su apertura, el polémico Gran Museo del Mundo Maya (GMMM) ha recibido diversos reconocimientos internacionales, entre ellos el Partnership Award 2012, en Londres, el de accesibilidad de Cementos Mexicanos (Cemex) y del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (CIDI), como Obra Emblemática de 2013, entre otros. Inaugurado en el marco del también controvertido Festival del Mundo Maya 2012, que se relacionó con el calendario maya y el supuesto fin del mundo, el museo despertó críticas desde el inicio, más cuando se anunció que la empresa ganadora de la licitación para construirlo sería Promotora de Cultura Yaxché, S.A., en la cual participan Hermes Infraestructura, de Carlos Hank Rhon, y el Banco Interacciones, de su hijo Carlos Hank González, nieto del político mexiquense del mismo nombre. Esma, director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, bromea que el 21 de diciembre de 2012 “no se acabó el mundo” pero se abrió por completo el museo realizado en la modalidad de PPS (Proyecto para Prestación de Servicios). Esta manera de financiar una obra pública, en la cual una empresa privada invierte a cambio de recibir las ganancias durante 15 o 20 años, se conoce también como Pago por Servicios. El fallecido urbanista Jorge Legorreta lo consideraba legal pero no ético, pues lo pacta un gobierno, en este caso fue el de la priista Ivonne Ortega Pacheco, pero dejó la deuda a los gobiernos por venir. Cuatro administraciones han quedado comprometidas en sus finanzas, consignó la reportera Rosa Santana en este semanario (Proceso 1874). Pero Esma habla de este modelo con entusiasmo y lamenta que en México existan sólo unos 20 contratos, y pone como ejemplo que en el Reino Unido comenzaron desde el mandato de Margaret Thatcher. Ahora hay allá unas 620 obras, en Estados Unidos 200, y en Francia y Alemania suman unas 250, dice en entrevista con Proceso, luego de inaugurar con César Moheno, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la exposición TO’ON (Nosotros) Mayas Contemporáneos, en el Museo Palacio Cantón de esta ciudad, abierta al público hasta el 25 de enero de 2014. Según el funcionario, quien colaboró en el área cultural en la campaña de Jorge Hank Rhon al gobierno de Baja California –según consignó el semanario Zeta–,

hay confusión y desinformación respecto a los PPS, pues quien gana la licitación “está ganando el hacer la inversión” y debe entregar la obra ya terminada al Estado, en este caso al Instituto de Historia y Museos de Yucatán. Ahí está el detalle Esma explica que el Gran Museo del Mundo Maya es una entidad cultural “pública” del estado, manejada 100% por el instituto que él dirige. Y por tanto las decisiones técnicas, administrativas, operativas, de carácter cultural, educativo y de promoción turística, las toma el instituto: “Los intercambios: Por ejemplo, está todo el acervo del INAH, ¿en dónde? En una institución pública del estado. Y ¿con quién convino su comodato el INAH? Con el gobierno del estado a través del instituto. Entonces no hay diferencia con una obra pública tradicional en cuanto al manejo institucional, público y político de la institución.” Respecto del inversionista, explica que es el responsable de construir la obra y la “pone en servicio”, junto con otros servicios, como sueldos del personal, mantenimiento, seguridad, vigilancia, intendencia. Cada cierto tiempo debe cambiar computadoras y otros equipos, pues así lo establece el contrato. Hay un supervisor para vigilar el cumplimiento de los servicios del inversionista, pero también que el museo cumpla con el pago de la renta mensual por el número de años establecidos en el contrato. Este documento, agrega, está sujeto a renegociaciones con las cuales se pueden bajar los intereses y el pago mensual. Inicialmente habla de un monto de 15 millones de pesos mensuales y de un costo total de la obra de 700 millones. Cuenta que viajaron a varios países, como España y Francia, para conocer el funcionamiento de los PPS, así como a San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey y Estado de México. En este último se construyó con ese esquema el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. “Ese modelo nos sirvió, le hicimos un 40 o 50% de cambios y lo adaptamos a nuestra realidad financiera, idiomática, sociológica, a nuestro clima, en fin, y así concursamos para el PPS.” Números Cuando se le pregunta cuánto le pagan mensualmente a Carlos Hank Rhon, se sorprende y responde que no es a él. Aunque al anunciarse al ganador de la licitación para construir el museo se publicó en los medios el nombre del hijo del político mexiquense, Esma trata de deslindarlo. –Pero él hizo la inversión –se le insiste–. Salió publicado su nombre. –No. Te voy a decir cómo es. Gana la Promotora de Cultura Yaxché, es una empresa que depende del Grupo Hermes, de Carlos Hank González. –Es su hijo, dirige y preside la empresa. Pero no quita el dedo del renglón y pide justicia: “Compréndeme… Hay que ser muy justos, te estoy hablando de una empresa con la que traté como representante del estado en el momento en que gana la

licitación, no antes… Y es la única licitación de PPS en el país no impugnada, eso es bueno. ¿Qué es bueno también? Haberlo hecho… Que está funcionando. ¿Qué es lo malo? Dudar, decir lo que no es verdad, hay que ser honestos. Me dices, ¿cuánto le paga al señor Hank Rhon? Nada. –Pero él invierte. –Pero no él, la empresa. Repite su alegato: “Cuando digo no a él, es porque puede ser un particular quien gane la licitación.” Y trata de distinguir también las ganancias de la empresa Promotora de Cultura Yaxché, de las de Carlos Hank González, director del grupo Hermes, a quien la revista Expansión llama “el capitán de los negocios del clan”. –¿Cuánto pagan mensualmente a la empresa? –15 millones. Y en cuanto al monto de la inversión, ya señalado anteriormente por Esma como de 700 millones de pesos, se corrige: Fue, dice, de 850 millones. Al comentársele que recuperarán su inversión antes de terminar el contrato de 15 años (en cinco habrán recibido 900 millones de pesos y en 10, 2 mil 700), esgrime que el costo de operación del recinto es alto y el inversionista paga los servicios, como salario al personal, mantenimiento, etcétera, de lo que recibe mensualmente: Inclusive dice que el inversionista se ha sorprendido de la cantidad, pero así está en el contrato. Y justifica: “Cuando pides un museo tal vez no lo mides muy bien, no es una carretera, no es un puente, que es lo que comúnmente se hace en PPS.” –¿Los 15 millones salen de la taquilla? –No, nosotros tenemos como PPS un presupuesto. Presupuesto que proviene del gobierno del estado de Yucatán, indica. Pero, aclara, a diferencia de una obra pública, donde todos los gastos corren por cuenta del erario, aquí los hace el inversionista y el gobierno se los paga: “No es tan rebuscado como a veces se quiere decir. Hay una insistencia por mostrarlo como no es, no sé por qué. La intención de decir ‘esto es el diablo, una cosa que estuvo mal hecha, esto no debió hacerse’.” Cuando se le menciona que ha habido muchas críticas, algunas de ellas recogidas en el número 1874 de este semanario, enfrenta: “No fueron críticas” sino “expresiones de desinformación, la crítica es sobre algo que se conoce y se cuestiona con validez o no, pero con argumentos. Aquí lo que hubo fue: Por qué lo hacen en PPS, por qué lo hace ese señor”. En su opinión habrían sido las mismas críticas si hubiera sido otro el inversionista, Sergio Autrey o Roberto Hernández, de Banamex, “por decirte algo”, o los españoles de la empresa Bengoa, que “estuvieron a punto de ganar”, pues se hubiera cuestionado “qué hacen los extranjeros en un museo del mundo maya”. Asegura que muchas de las críticas le sirvieron para hacer modificaciones, pues al final “no tenemos ningún compromiso con nuestro inversionista, ningún trato que no esté en lo que está firmado”. Y remite al contrato publicado en internet. Aparece en el sitio del Patronato Cultur

(http://culturyucatan.com/proyectosestrategicos.swf), con quien se firmó originalmente cuando lo dirigió el propio Esma, pero se modificó ante el Congreso para trasladar los deberes de Cultur al Instituto de Historia y Museos, “creado para atender específicamente al museo porque el patronato está abocado a programas de impulso al desarrollo turístico en los paradores turísticos que dan el binomio turismo-cultura, porque son espacios históricos y culturales” (ver recuadro). Añade que Cultur es un patronato único en su género en el país y “funciona muy bien”. Al punto de “que el propio INAH, mis compañeros que se acaban de ir (Moheno y Eduardo López Calzada, director del Centro INAH-Yucatán) y la directora (María Teresa Franco), quien estuvo unos días aquí, lo reconocen”. El instituto dirigido por Esma también se encarga de los museos de Arte Contemporáneo, Arte Popular, de la Canción Yucateca y los comunitarios. Cuando recibió el premio del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores en una ceremonia en el Hotel Four Seasons el pasado 19 de noviembre, se anunció que a finales de enero de 2014 se firmará una alianza del GMMM con recintos como el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo Memoria y Tolerancia y el Museo Jumex (en el Distrito Federal), en el marco de “un replanteamiento de la vida de los museos”, titulado “Mérida, la ciudad de los museos”, cuyo propósito es el “turismo cultural”. Cuando se entregaron las primeras etapas del GMMM, investigadores del INAH denunciaron que varias de las colecciones que éste albergaría salieron del Museo Palacio Cantón. Y sí, en algunas salas de aquel exhiben piezas arqueológicas provenientes de éste y de sitios como Chichén Itzá, Uxmal, Kabah y Ek Balam, registradas como Colección Conaculta-INAH. A pregunta de Proceso, Esma explica que hay un comodato entre el gobierno del Estado a través del instituto que él dirige y el INAH “por tiempo indefinido”, pero “los anexos se van firmando cada dos años”. Y niega rotundamente que se entregaran las piezas a una empresa privada. Destaca que hay obras en préstamo y el propio museo adquirió algunas de arte virreinal, como una copia del códice de Madrid. L

Paradores turísticos, por la legalización de sus ganancias Judith Amador Tello MÉRIDA, YUC.- Cuando los visitantes nacionales llegan a zonas arqueológicas del estado de Yucatán, como Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún o Ek Balam, se sorprenden y hasta indignan por tener que pagar dos entradas: Una al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la segunda al gobierno de Yucatán por hacer uso de los servicios de los paradores turísticos colindantes. Cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo en la cuenta pública de 2010 diversas observaciones al INAH, por haber permitido la construcción de esos paradores que obligan al doble pago. En el caso de Chichén Itzá, por ejemplo, actualmente el INAH cobra 57 pesos y el parador 71 en tarifa para adulto nacional, pero es obligatorio además presentar credencial de elector para no pagar tarifa de extranjero. Al hablar del tema con Proceso, Jorge Esma, director del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, se confunde: Dice primero que es el INAH quien exige la credencial de elector, luego acepta que es el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur). Expone entonces: “Para empezar, con todo respeto a la federación, hemos vivido en un país muy centralista, con opiniones centralistas y en muchas ocasiones muy desinformadas, y en otras poco solidarias con una visión integral de un pacto federal, de una república. Soy, he sido y seré un combatiente del centralismo y un impulsor de la coordinación de las partes, sin imposición de criterios. Con todo respeto, está equivocada la federación.” Asevera que se cobra doble porque no se ha resuelto el cobro de un solo boleto y que se divida el ingreso entre cada una de las partes “en esa sociedad del patronato y del INAH”. Pero adelanta que Teresa Franco le ofreció resolver el asunto, pues “esto no puede seguir así, palabras textuales de mi directora y mi amiga, a quien respeto y admiro porque es incansable”. Luego dice que a él ya no le corresponde negociar (en tanto no dirige más el Cultur), pero lo invitan a las pláticas y por tanto asegura que será en 2014 cuando se tenga ya el boleto único. –¿Por qué considera que Yucatán tiene derecho. –No sólo Yucatán, todos los estados tienen derecho. Sin embargo la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos señala que los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación, no de cada estado. Y la ASF apela al artículo 9 de la Ley General de Bienes para subrayar que “los bienes sujetos a un régimen de dominio público de la federación estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales”, y quien haga uso o aprovechamiento de ellos está obligado a pagar a la entidad responsable, en este caso al INAH. No obstante Esma indica que el asunto es más complicado de lo que señala la ASF, pues los terrenos donde se asientan los monumentos eran de un particular “y ahora son del gobierno del estado de Yucatán”, y “la ley te permite en tu tierra

desarrollar lo que en tu derecho convenga y legalmente puedas hacer”. Son varias las zonas arqueológicas con terrenos de propiedad privada o ejidal, “pero no es el tema”, dice, sino la “necesidad” de abrir servicios para los turistas, vislumbrada por el fallecido gobernador Víctor Cervera Pacheco, con quien él se desempeñó como titular de Cultura, quien dijo: “vamos a poner paradores y cobramos por los servicios, no por la visita”. Y el Cultur, que los administra, “es muy claro” y “tiene una ley muy clara”. Incluso, afirma, invierte parte de lo recaudado en el mantenimiento de las zonas arqueológicas y en su investigación. L

Piden a Tovar sea político cultural, no administrador Judith Amador Tello Luego de que el nombre de Alejandra Sota apareció en la lista de los 10 mexicanos con mayor percepción de corrupción de la revista Forbes, el investigador Carlos Lara envió una carta a Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), para exigirle: Bajar de su portal en internet la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales y –por otra parte– asumirse como responsable de la política cultural del país. Y es que, a decir de Lara, la percepción sobre la exvocera del gobierno de Felipe Calderón está “fuertemente ligada a contratos cedidos de manera irregular a amigos cercanos y ex colaboradores”. Y resulta, sigue, que uno de esos contratos fue el que le asignó el Conaculta, encabezado entonces por Consuelo Sáizar, a la empresa Defoe Experts on Social Reporting –“señalada e investigada por la Secretaría de la Función Pública”– para realizar la encuesta dada a conocer en 2010. La carta, recibida en el Conaculta, expone que Defoe es propiedad de Rafael Giménez Valdés, exdirector general de Investigación y Análisis Estratégico en Los Pinos, quien era coordinador de Opinión Pública de la Presidencia: “Lo que hizo Alejandra Sota fue coludirse con un grupo de amigos y colegas universitarios a lo largo del sexenio de Felipe Calderón para beneficiar a la empresa Defoe, que realizó trabajos para la Presidencia de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación y el propio Conaculta, contratos por un monto de alrededor de 38 millones de pesos.” Y tras cuestionar por qué no se recurrió a instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que desde entonces ha estado trabajando en la llamada cuenta satélite de cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México o el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, informa que se invirtieron en la encuesta 7 millones y medio de pesos. De igual forma pone en tela de juicio la metodología y resultados de ese trabajo, y advierte que no puede ser utilizado como marco de referencia de la política cultural del presente sexenio, pese a que ya ha sido la base para el indicador ICACE, elaborado por el economista Ernesto Piedras (Proceso 1897), así como para programas de planeación estatal, como el Plan Estatal de Desarrollo en materia de cultura de Jalisco. “Estamos a tiempo de detener el uso de esta encuesta, por lo menos hasta que: a) Alejandra Sota deje de ser investigada por la Secretaría de la Función Pública. b) Se demuestre que la metodología utilizada es lo suficientemente válida para ser considerada.” Adiós conceptos El otro tema tocado por Lara en su misiva es sobre las declaraciones hechas a la

prensa por Tovar y de Teresa el sábado 14 en Cuernavaca, en el sentido de que es momento de olvidar “el gran discurso, el gran concepto de política cultural”, pues el trabajo cultural son las acciones concretas. Cita el investigador el boletín de prensa 2316, enviado a los medios por el propio Conaculta, donde Tovar señala: “Hay que olvidarnos ya de que la política cultural solamente es una retórica para unos cuantos estudiosos y culturólogos que encarnan este pensamiento que desvía la atención de lo que tenemos como principal obligación: ofrecer una vida cultural y artística de gran calidad para todos los mexicanos.” Para Tovar la tarea cultural “es propiciar actos, hechos, eventos culturales que vayan directo a la población”, lo cual, a decir de Lara, muestra que el funcionario se asume como “un administrador de eventos culturales” y “no como el conductor de la política cultural del Estado”. Con ello “continúa la inercia que nuestro país ha venido siguiendo de la moda estadunidense al concebir el gobierno como mera administración: la ‘administración Bush’… Me apena tener que recordarle que se administran bienes y se gobiernan personas; en ese sentido, lo que requiere el país es un gobierno, no una administración; una política cultural y no un simple calendario de eventos; un político cultural como usted, con su vasta experiencia y conocimiento en la materia, y no un gerente de exposiciones”. Apela a las funciones establecidas en el decreto de creación del Conaculta para insistirle en que los eventos y toda acción, aun la más mínima, deben estar enmarcados en una política cultural, “nos guste o no”, así como en un diálogo con la comunidad artística e intelectual y con la sociedad en su conjunto: “En lo personal esperaría que así fuese, pero no sólo por decreto, sino también por voluntad”, puntualiza. L

“El Mesías”: Una música libertaria Samuel Máynez Champion A Lorenzo Rafael, con el deseo de mitigar su injusta desdicha Ancladas a una tradición cercana a las tres centurias, las ejecuciones del oratorio Messiah de Gëorg Friedrich Händel (1685-1759) se han sucedido anualmente sin interrupción alguna desde su estreno. Ocurrió éste el 13 de abril de 1742 en el Neal´s Music Hall de Dublín, Irlanda, mas a partir de la primera representación en la capital del Reino Unido –23 de marzo de 1743– se instauró la costumbre de interpretarlo, no sólo en los periodos de pascuas, sino en toda celebración natalicia. Las recurrentes ejecuciones encontraron eco inmediato en los principales países de Europa, trasplantándose al continente americano aún en el siglo XVIII. Se tocó por vez primera en Nueva York en 1770 y ya en el decimonónico comenzó a escucharse en nuestro país en manos de las embrionarias sociedades filarmónicas de entonces. Empero, más allá de la raigambre que la obra ha cimentado en el espíritu navideño, descuella una petición hecha por el propio Händel que dejó de acatarse y que sería deseable, incluso obligatorio, rescatar. Tiene que ver con la caridad cristiana y con el valor tangible que el arte puede aportar en términos de beneficio social. El compositor se rehusó desde un principio a recibir cualquier remuneración por su obra y decretó que las ganancias obtenidas tuvieran fines muy concretos. Para entenderlos a cabalidad es aconsejable abordar el contexto generador del magno oratorio. El inigualable músico sajón –vio la luz en la ciudad de Halle, en el actual estado alemán de Sajonia-Anhalt– aprendió los rudimentos del arte musical a escondidas, pues su padre, un médico respetable y acaudalado, pretendía hacer de él, hijo único, un hombre de bien con una carrera que le aportara dinero y reconocimientos. No obstante el niño demostró tales capacidades para la música que el doctor Händel accedió a que se dedicara a cristalizar su vocación. Después de estudiar oficialmente con un maestro de su ciudad natal se convirtió en organista de su basílica y, cumplida la mayoría de edad, ofreció sus servicios como violinista y clavecinista en el Teatro de Hamburgo, donde permaneció poco tiempo. En ese medio aprendió a amar la ópera, decidiendo que lo ideal sería viajar a Italia para empaparse de la tradición canora que ahí había nacido. Sus fulgurantes estadías en Roma, Florencia y Venecia lo consolidaron como un verdadero compositor de esa ópera italiana que estaba conquistando al mundo. Cuando estrenó su dramma per musica Agrippina en la urbe lacustre del Adriático rompió récords de público y de representaciones. Le llovieron contratos e invitaciones para que permaneciera en Italia; sin embargo, nunca dejaría de ser un advenedizo en medio de cientos de operistas nativos que no dejarían de verlo como un indeseable competidor. Por motivos imputables a los nexos entre la corte de Hannover –donde su padre

tenía conocidos– y la de Inglaterra, Händel optó por mudarse a la capital británica, en la cual tenía el campo abierto para implantar la ópera italiana. Recién llegado compone para el Teatro del Rey su ópera Rinaldo a la que suceden decenas de ellas. Con el futuro asegurado decide naturalizarse ciudadano inglés sin imaginar que su buena estrella pronto comenzaría a apagarse. Siendo el Reino Unido un territorio virgen para la ópera, no tardaron en aparecer los compositores italianos a los que su patria ya no podía dar suficiente trabajo. Uno de éstos, Nicola Porpora, quien obtendría fama como el maestro del capón Farinelli, se instala también en Londres e inicia una batalla campal para destronar al sajón naturalizado. Porpora también obtiene apoyos de la nobleza y dirige su propio teatro pero, sobre todo, él sí es italiano y ofrece productos “genuinos”. Así las cosas, Händel redobla esfuerzos para no dejarse desbancar abocándose a la ardua tarea de organizar varias temporadas de ópera; para ellas contrata a los mejores cantantes italianos durante un viaje que hace a la península ex profeso. Empeña todo su capital y no pone reparos en invertir grandes sumas de libras esterlinas en publicidad. Lamentablemente, las temporadas son un reverendo fracaso y el pobre hombre debe afrontar a filas de acreedores y responder a demandas por incumplimiento con el riesgo de cárcel por insolvencia. En breve, los corajes y el desgaste anímico cobran su cuota. Una mañana se derrumba como resultado de una embolia masiva que lo deja con el lado derecho inerte. Merced a una voluntad de acero consigue recuperar el uso de su cuerpo mediante tratamientos con aguas termales, mas los sinsabores comienzan a postrarlo. Por si no bastara, en esos meses de abatimiento se manifiestan los primeros signos de ceguera, minando sus ganas para seguir componiendo. Deglute todavía muchas angustias por las presiones para saldar sus deudas, hasta que un viejo amigo y colaborador escribe para él un libreto que le desliza por debajo de su puerta. Se trata de un texto sobre las gestas del Cristo redentor. El obsequio de su amigo surte un efecto inmediato que podría equipararse a una suerte de resurrección. Händel siente que el propio hijo de Dios le ha tendido la mano para devolverle las ganas de vivir. Los agradecimientos y la recuperada fe lo embargan desatando una furia compositiva que lo compele a trabajar sin descanso hasta acabar con la musicalización del texto. En sólo ocho días erige el recio edificio sonoro que habrá de catapultarlo hacia cimas de popularidad inimaginables. Además, la ambigüedad del genero –es sacro pero tiene elementos profanos extraídos de la ópera– aporta la ventaja de poder prescindir de los teatros con sus altos costos de escenografía y vestuario. Con el horizonte teatral londinense todavía cerrado, acepta la invitación de una sociedad musical irlandesa para presentar varias de sus óperas. Ya no compone ninguna nueva sino que recicla y retoca algunas de sus favoritas. Debido a la entusiasta y cálida recepción que le dispensa el público dublinense propone hacer para él el estreno de su Messiah. En la firma del contrato Händel es categórico: sus emolumentos como autor deben destinarse a causas de beneficencia, entre las que señala, en primer término, la de cubrir las fianzas de aquellos sujetos que estuvieran encarcelados por deudores. Obviamente él sabía lo que había detrás de ese tipo de detenciones. Con los frutos de funciones subsiguientes vendrían las

donaciones a nosocomios y orfanatos. En la crónica del estreno del Dublin News-Letter se leyó: “…sobrepasa cualquier obra de esta naturaleza que se haya escuchado en éste o en otro reino”, y como resultado del éxito material las 400 libras esterlinas recaudadas sirvieron para liberar a 142 detenidos. Quedó consignado también que con las siguientes funciones se donaron 127 £ al Mercer´s Hospital y otro tanto a un orfanatorio para niñas. Como era de augurarse, al retorno de Händel a Londres ya se habían esparcido las noticias sobre el resonante triunfo de la obra y no fue difícil organizar su estreno británico. Sin embargo, la recepción del público del Covent Garden sería relativamente glacial. Vinieron ajustes musicales exigidos por el libretista y para las representaciones posteriores el clamor general se hizo unánime.1 En todas las catedrales del Reino se disputaron la partitura para poder ejecutarla, y antes del fallecimiento del compositor se decretó que la Abadía de Westminster fuera la sede principal de sus representaciones anuales. A la postre, Händel sería enterrado en ella y, no sobra consignarlo, se lograrían macro ejecuciones con dos mil elementos de coro y 500 instrumentistas para públicos de hasta 10 mil espectadores. Es previsible que de las tantas bondades que el oratorio le deparó a la sociedad inglesa surgieran las ingentes donaciones –mismas que continuarían varios años después de su muerte– al Foundling Hospital de Londres, una institución dedicada a amparar a niñas huérfanas. Desde esta trinchera melódica lanzamos un llamado para que vuelva a respetarse la voluntad haendeliana y se adopte con sano juicio en nuestra quebrantada nación. Reclusos indebidamente confinados por nuestro cuestionable sistema de justicia tenemos en abundancia y mejor no hablar de la orfandad civil en la que vivimos. l 1 Se recomienda la audición de un florilegio de la obra preparado especialmente por esta columna para los seguidores de la página proceso.com.mx

“Ruptura-Apertura” Blanca González Rosas El 15 de octubre de 1968, a sólo unos días de la masacre estudiantil de Tlatelolco, se inauguró en el Centro Cultural Isidro Fabela, en la Ciudad de México, la primera edición del Salón Independiente (SI). Relevante por haber sido la respuesta de un cuantioso número de artistas ante la discriminatoria y excluyente gestión gubernamental de las artes plásticas –pintura, escultura, grabado, dibujo y acuarela–, el SI fue también, en su tercera y última edición realizada en el Museo de Ciencias y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el detonante de las prácticas conceptuales en el Distrito Federal. Constituido en una época en la que los artistas no temían a la confrontación con las instituciones, el Salón Independiente integró a creadores cuyos lenguajes diferían de las imposiciones del arte nacionalista postrevolucionario. Descontentos con las normas impuestas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y el comité organizador del programa cultural de la XIX Olimpiada, se negaron a participar en la oficialista Exposición Solar y buscaron una sede alterna que no fuera ni institucional ni comercial. Inaugurado en 1963 el ahora denominado Museo Casa del Risco era un centro cultural independiente ubicado en el centro de San Ángel. En el primer Salón participaron aproximadamente 45 artistas, muchos de ellos reconocidos como protagonistas de lo que la historiografía del arte ha denominado La Ruptura. Para recordar los 45 años de la primera edición del SI, el museo presenta una seductora exposición, principalmente de pintura, que integra a 50 creadores vinculados con ese evento. Diseñada curatorialmente por Esther Echeverría con base en la tesis de que la ruptura generó una apertura a poéticas diferentes, la muestra denominada Ruptura-Apertura sorprende por la exquisita calidad de la mayoría de las piezas. Testigo presencial de los éxitos y confrontaciones que tuvieron estos artistas en los años cincuenta y sesenta –fue la pareja del pintor Enrique Echeverría y colaboró profesionalmente con las galerías Proteo y de Arte Mexicano–, la curadora prestó especial atención a la inclusión de creadores que han sido ignorados o poco valorados por la historiografía como Gastón González César, Gustavo Arias Murueta, Luis García Guerrero y Mariano Rivera Velázquez, de quien se exponen dos interesantes ensamblados de temática religiosa neobarroca realizados en 1962. En lo que respecta a la narrativa curatorial, la muestra se inicia con obras realizadas por algunos participantes del primer SI como Leonora Carrington –de quien se muestra una espléndida y luminosa pintura en tonos azules–, Cordelia Urueta, Rivera Velázquez y Felipe Ehrenberg, quien también destaca con un medio compuesto de base pictórica y poética conceptual. Posteriormente, la presencia de extraordinarias obras de autores vinculados con La Ruptura como Vlady, Lilia Carrillo, Francisco Corzas, Gabriel Ramírez, Leonel Góngora, Luis Nishizawa, Rafael Coronel y Roger von Günten disimulan la disparidad de las

épocas incluidas. Demasiado complaciente con algunos invitados, la curadora aceptó integrar obras ochenteras y contemporáneas de Federico Silva, Raúl Herrera, Roberto Doniz, Vicente Rojo, Felguérez y Tomás Parra. Decisión lamentable que altera la riqueza de la temática curatorial y que podría ser el tema de otro proyecto. Provenientes en su totalidad de colecciones particulares, las obras ilustran no sólo sobre la creación sino también sobre un tipo de coleccionistas mexicanos que, en los años sesenta, le apostó al arte de nuestro país.

“Txart”, documentando el rock Ricardo Jacob El menosprecio por parte de la gran mayoría de medios de comunicación del que ha sido víctima el rock mexicano a lo largo de más de 50 años de existencia, se refleja en la poca documentación de su historia. Pese a la existencia de revistas y fanzines que han cubierto las actividades de los grupos de rock en diferentes épocas, el registro se pierde al desaparecer dichas publicaciones sin hacer un recuento de lo sucedido. Hace cinco años Jorge Ocaña, un aficionado al rock mexicano y a la estadística, decidió empezar Txart (se pronuncia chart, www.txart.me), una herramienta virtual que documenta las actividades de los grupos de rock día por día además de registrar lanzamientos de discos, sencillos y videos, cosa que nunca había sucedido en México. Explica Ocaña: “No es que Txart resuma la historia del rock nacional desde sus inicios, pero al menos es un punto de partida para registrar todo o casi todo lo que ocurre en la escena del país. En una segunda fase exploraremos las actividades antes de 2011, pero mientras tanto estamos registrando día con día lo que pasa con nuestro rock a partir de 2011.” Hasta el momento se han registrado 9 mil 100 bandas con 42 mil actividades en sólo dos años, y la idea de Ocaña y su equipo es hacer un recuento total al final de cada año y publicarlo de forma virtual y física. “Realizaremos almanaques de cada año con el fin de dejar una constancia escrita de los eventos más importantes cada mes y cada día. Ya estamos elaborando el de 2013 y vamos a trabajar con los dos años anteriores.” El esfuerzo del equipo que realiza Txart es admirable pues al momento nadie ha estado interesado en apoyarlos económicamente: “Hasta ahora hemos hecho esto por amor al arte y la verdad, creo que así será en el futuro. La idea es crecer este modelo a países como Argentina, Chile y España, y cualquier recurso ganado por publicidad o ventas de modelos estadísticos será completamente reinvertido.” Paralelo a Txart, Ocaña y compañía manejan el sitio de internet Rock Mx en el que realizan reseñas, críticas y notas periodísticas sobre el acontecer del género, y documentan la historia de cada banda con biografías y discografías. “Tenemos un programa que concentra las biografías de las bandas y nos detuvo la falta de información de bandas medianas o pequeñas, con Txart se reimpulsará la creación de biografías en Rock Mx ya que contaremos con los datos de esas bandas. Nos hemos dado cuenta de que hay escasez de textos biográficos. Sin promoción alguna nos encontramos muchas de nuestras biografías en Wikipedia.” l

Microteatros Estela Leñero Franco Seis obras simultáneas de 15 minutos en las habitaciones de una casa en la Santa María la Rivera es un proyecto teatral novedoso para el espectador, donde puede escoger qué ver de entre 14 obras. El proyecto de Microteatros, iniciado en Madrid y que ahora también se lleva a cabo en Miami, Nueva York y otras ciudades de España, ha atraído a gran cantidad de creadores de teatro en la Ciudad de México, que ven en ello la posibilidad de presentar obras de teatro breves y con poca inversión para desarrollar temas específicos, enfrentando el reto de la pequeñez del espacio y la duración. Si bien han acudido muchos teatristas con la intención de presentar sus propuestas –en cada convocatoria se reciben más de trescientas obras– no ha sido así en lo que respecta al público, cuya asistencia proyectada es de quince espectadores en cada habitación y que en la realidad nos encontramos con habitaciones en las que sólo hay tres espectadores, a pesar de ser un proyecto tan atractivo para el público. Microteatros arrancó en la Colonia Narvarte del D.F. con el tema “por dinero” y ahora cierra su cuarta emisión en la Santa María la Ribera abordando diversas situaciones alrededor de la venganza. Uno puede recorrer de tres a seis habitaciones, según sea su resistencia como espectador y su capacidad económica. El donativo voluntario por cada obra es mínimo si se observa de manera independiente y más mínimo si contemplamos que es la única gratificación con la que los actores, directores y dramaturgos cuentan. La convocatoria llama para hacer teatro por amor al teatro y por el propio proyecto, y para los espectadores es ver teatro de una manera distinta: tendiendo a los personajes frente a frente, y transitando por los espacios, conviviendo, tomando una copa y conversado de lo ocurrido en cada obra que se ve. Cierto que es difícil hablar de las obras presentadas con el tema de la venganza por la limitada selección que uno hace, pero se puede también observar la desigualdad en cuanto a calidad actoral, dramatúrgica y de dirección. Así como puede uno ver obras en las que sale satisfecho, inquieto, divertido o con cosas que reflexionar, también se tienen experiencias no tan gratas. De la primera opción se puede hablar de dos obras sólidas y con objetivos completamente diferentes: La obra No se olvida, escrita y dirigida por José Carriedo y las actuaciones de Sonia Couoh, Américo del Río y Gerardo Taracena, entre otros, es un thriller político sobre el movimiento del 68. Con referencias testimoniales nos enfrentamos a la tortura, el comportamiento frívolo y tiránico del victimario y la actitud quieta –en un principio–, llena de odio y resentimiento de la víctima. La proyección del silencio y las miradas, en contraposición a las palabras disociadas a lo que está pasando, se conjugan de manera eficaz para crear una tensión implícita que luego se convierte en una lucha de cuerpo a cuerpo muy bien ejecutada. Los giros dramáticos a partir de la información, aunado al elemento

sorpresa del final, nos deja consternados y cuestionados. También la obra Perdón perdón, escrita por Alberto Estrella y dirigida por Víctor Carpinteiro, tiene un giro dramático final que da un nuevo significado a la comedia que presenciamos. El buen trazo escénico y las actuaciones de Luz Casillas y Abraham Ramos nos hacen reír y también sorprendernos. l

“Leones” Javier Betancourt Cinco jóvenes deambulan perdidos por un bosque, entre bello y tenebroso, en algún lugar de Argentina; no parecen apurados por salir, se entretienen con juegos de palabras, conversaciones vagamente filosóficas, flirteos, zambullidas en un lago. Eventualmente les toca enfrentar una verdad muy cruel. Más que contar una historia, Leones (Argentina-Francia-Países Bajos, 2012), primer largometraje de la artista visual argentina Jazmín López, propone una experiencia más allá de los sentidos. Sin temor a pasar por pedante, abandona al espectador en un bosque de citas literarias y visuales que opacan no sólo su relato, sino la originalidad y la fuerza de su propuesta artística. Los juegos de palabras refieren a Hemingway, a la poesía del haikú; un juego de volibol sin pelota a la Blow Up de Antonioni; de este mismo proviene el ritmo lento, el tono opresivo y el impacto de la revelación final. La visión de la naturaleza, el diálogo con el viento y con la luz, citan abiertamente a Malick y a Tarkovski. Pero la visión alucinante de una naturaleza amenazante, plagada de espíritus, quizá sin Dios, es de la propia realizadora. Leones, sin embargo, carga con dos bultos que entorpecen, en primera instancia, su propuesta poética; uno es contarle una historia de un género muy conocido a un público muy curtido con los géneros que Hollywood maneja muy bien; el enigma se hace obvio a las primeras de cambio, y como la directora rehúsa dar señales claras de su intensión, el espectador no advertido se fastidia con los largos recorridos de la cámara, la casi total ausencia de rostros; excepto uno, los personajes son prototipos borrosos, imposible identificarse con ellos y poco importa lo que les ocurra. La situación de los cinco muchachos es obvia desde la segunda secuencia cuando uno de ellos despierta y descubre a los otros; desafortunadamente el género exige suspenso y pistas falsas; si el guión destapara las cartas desde el inicio, el lirismo de Leones, su metafísica visual a base de ramas que se agitan, rayos de luz que se mezclan con la lluvia, podría apreciarse holgadamente. Los comentarios, que reconocen la belleza de Leones, se quejan del exceso de citas, una especie de engolosinamiento con los autores a los que la directora rinde homenaje, el otro bulto de la cinta; pero el problema no son las referencias, sino el riesgo innecesario del collage. Según comenta Jazmín López, la historia le llegó por sí misma, la idea era experimentar con imagen y tiempo. Leones requiere verse más de dos veces para liberarse de su historia, dejarse llevar por su ritmo y apreciar su belleza extraña. Con sólo una veintena de planos secuencias, steadicam al hombro a cargo del fabuloso Matías Mesa, cinefotógrafo de Gus van Sant (Elephant), Jazmín López fabrica una espiral por la que transita la cámara (el verdadero personaje de Leones), sobre el filo de la muerte y la vida, el sueño y la realidad.

La guerra por los deportes Florence Toussaint Hace muchos años que el negocio futbolístico se imbricó con el televisivo. Primero Televisa y luego Azteca compraron equipos con instalaciones propias para darles entrenamiento y promoverlos constantemente en sus pantallas. Al controlar el espectáculo y difundirlo, aprovecharon la doble oportunidad de hacer dinero. Hoy, en el afán de incursionar también en contenidos televisivos, Slim compra al equipo León y éste gana el campeonato al tradicional de Azcárraga, el América. Más allá del significado simbólico que se desprende del hecho, lo real es que América Móvil ya está llevando contenidos a los usuarios a través de internet. Y no sólo en México, en donde domina la escena cibernética, también en América Latina. Con el fin de desplegarse de tal manera diseñó una estrategia consistente en lanzar el Canal Uno de noticias, insertarlo en los celulares, mandarlo por la red y dejarlo a cargo de Arturo Elías Ayub; aliarse con la empresa Claro para ofrecer películas, series y deportes a sus suscriptores de Infinitum, por escasos pesos, en Claro Video; firmar convenio con MVS para manejar las cuentas de Dish que a partir de la reforma de telecomunicaciones crece al poder transmitir los canales abiertos; compra de derechos para transmitir los Juegos Olímpicos de invierno y los de 2014 en Brasil; finalmente adquiere un equipo de futbol y acuerda con Fox Sports la transmisión. Poco a poco el grupo Carso va cerrando candados en materia de exclusividades para evitar que sus competidores le ganen el control de los contenidos; éste resultará ser la piedra toral para obtener y quedarse con la audiencia de mayor poder adquisitivo, la que paga por ver. Por su parte Azcárraga Jean, quien ha mandado felicitar a Slim por el triunfo de su escuadra, quizá con objeto de borrar de la memoria colectiva sus desfiguros cuando el América tuvo éxito. Sin embargo tendrá que negociar con su competidor en el terreno que hasta hace unos tres años le pertenecía por completo: las justas deportivas internacionales, cuya difusión trae millones de dólares por anuncios publicitarios. El empequeñecimiento del Estado al transferir el control de los hidrocarburos, la electricidad y la minería a manos fuereñas, se nota también en asuntos de telecomunicaciones. La reforma aceptó el 100% de inversión extranjera. Los dos oligopolios en la materia en México han obtenido todas las licencias para diversificarse y ser dominantes en el mercado. No hay norma eficaz, los reguladores están al servicio de los regulados, quienes les marcan las pautas a seguir para legalizar lo que ya hacen de facto. Dentro de muy poco tiempo no habrá empresas por especialidades, quedarán los consorcios que podrán incursionar en todas las ramas. Esta tendencia –ya mundial–, lleva a una extrema concentración del capital, de la riqueza, del poder.

Los dueños pueden así imponer sus reglas a los habitantes, quienes ya no tienen un Estado que los defienda.

Música y escucha Jorge Munguía Espitia Rupestre el libro (Conaculta-Asamblea por la Cultura y la Democracia; México, 2013, 159 p.) es una obra insólita en la cultura mexicana porque recoge entrevistas, ensayos, testimonios, fotografías y reflexiones de los integrantes que forman el movimiento musical llamado Rupestre, compilados por Jorge Pantoja. El rock rupestre nació en 1984. El lugar: el Museo del Chopo. Los participantes: Fausto Arrellín, Rafael Catana, Alejandro de la Garza, Nina Galindo, Roberto González, Rockdrigo González, Eblen Macari y Roberto Ponce. La intención: hacer mejor música y diferentes letras. Los resultados fueron piezas intensas de gran aliento poético, que no olvidaron la crítica y muy lejanas de lo comercial. Las rolas no se difundieron en la radio, pero llegaron a conocerse a través de las tocadas y en los foros e influyeron a jóvenes y músicos. El movimiento fue la manifestación de cómo la calidad llega al público, a pesar de la negativa de los señores que controlan los medios. Muchos de los integrantes siguen creando sonidos y/o rascando las guitarras, cantando y aporreando los tambores. Así como se han integrado nuevos cantautores, que continúan con el espíritu reflexivo de la corriente, como: El Haragán, Gerardo Enciso, Arturo Meza, Armando Palomas e Iván Rosas, entre otros. Leer Rupestre el libro lleva a percatarse de la fuerza de ese rock mexicano que poco le interesa el éxito y las ventas, pero sí inquietar a sus escuchas.

“The Beatles Laser” en el IMAX del Cecut de Tijuana Roberto Ponce El domo IMAX del Centro Cultural Tijuana (Cecut) de Baja California se viste de gala, presentando los últimos diez días de diciembre el innovador espectáculo músico-visual de 45 minutos The Beatles Laser: Diez y seis canciones del célebre Cuarteto de Liverpool con imágenes artísticas a todo color en proyecciones de rayos láser desarrolladas por el avanzado equipo tecnológico de la firma estadunidense Laser Fantasy, una empresa pionera de shows visuales de rock para planetarios de Estados Unidos y del mundo. Con este espectáculo –único en México– de piezas antológicas de Los Beatles sincronizadas por Laser Fantasy, el Cecut contempla captar de vuelta la presencia los tijuanenses al domo IMAX, ante el embate del cine comercial, según su director Pedro Ochoa Palacios, quien señaló: “Las películas en pantalla gigante IMAX fueron en su momento de lo más adelantado visualmente para los cinéfilos e incluso sigue siendo la pantalla más grande que existe; pero el formato ha venido perdiendo la batalla con el cine comercial y las películas en tercera dimensión o en 4D. Buscamos que el público regrese al Cecut y específicamente al IMAX. “Los cinéfilos de Tijuana han reaccionado de manera muy interesante, pues la promoción del espectáculo se está haciendo más que nada en redes sociales de internet, donde deseamos atraer a la juventud para que admire en el domo IMAX del Cecut The Beatles Laser.” Las funciones comenzaron el sábado 21 de diciembre y desde el miércoles se habían vendido boletos para casi todas las 300 butacas del domo conocido en Tijuana coloquialmente como La bola. –¿Qué ve el público en The Beatles Laser? –El equipo Laser Fantasy adquirido trae ya preinstalados algunos programas de grupos musicales y de rock; nosotros en el Cecut elegimos iniciar con el de Los Beatles conformado por un show visual a partir de diez y seis canciones suyas que se escuchan en las 32 bocinas del IMAX. “El público verá asimismo cómo se traducen estas piezas de Los Beatles desde su primera etapa (‘Música de rock’n’roll’, ‘Twist y gritos’ o ‘La noche de un día difícil’) hasta las de sus últimos álbumes Abbey Road y Let It Be (‘El fin’, ‘Regresa’) con figuras, siluetas del grupo, dibujos abstractos, efectos especiales y dibujos; por ejemplo, en la del ‘Submarino amarillo’ contemplamos efectos de un submarino navegando bajo el océano. No hay fotos de Beatles, ni videoclips, sino los rayos láser que ilustran su música magistralmente en pantalla.” El espectáculo lo publicita Cecut (en su sitio www.cecut.gob.mx) así: “La tecnología Laser Fantasy, bajo la cual se ofrece la experiencia musical con un selecto repertorio de The Beatles, combina el perfecto balance entre arte, animación, abstracción e ideas únicas en espectáculos laser con música especialmente creados para planetarios y domos. La adquisición de esta tecnología coloca al Cecut en un circuito internacional de espacios donde Laser

Fantasy distribuye el más extenso y premiado catálogo de shows y módulos de canciones; además de convertirse en un potencial productor de espectáculos propios.” A mediados de febrero de 2013, el promotor tijuanense con interés en temas fronterizos y migratorios Pedro Ochoa comenzó esta su segunda vuelta al frente del Cecut, nombrado por Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. “Como antecedente permítame decir a los lectores de Proceso que el domo IMAX es quizás el primer punto de atracción del Cecut, que se inauguró el 20 octubre de 1982, y que el conjunto del centro contemplaba entonces tres grandes edificaciones: el domo IMAX, un museo y la sala de espectáculos, para después añadirle grandes espacios como El Cubo, que es una sala de exposiciones temporales, y la cineteca, que tiene dos años. “Yo había dirigido el Cecut de 1989 a 1994 y ahora vimos que era necesario darle un empujón refrescante al domo y llevamos a cabo una remoción completa del IMAX, incluyendo cambio de lentes, aparte de la limpieza de pantalla, alfombras, butacas, sanitarios, taquillas, etcétera, y ya entrados en gastos quisimos hacer algo más: colocamos este show de luminosidades laser que se proyecta hacia el domo IMAX sincronizado con el paquete musical, para ofrecer una serie de efectos visuales insólitos.” En su primera gestión a la cabeza del Cecut, Ochoa estrenó en el domo IMAX una película de los Rolling Stones en larga gira de conciertos, con una recreación de psicodelia gráfica a su rola “In Another Land”. Otras piezas en The Beatles Laser son “Cuando tenga 64 años”, “Ayer”, “Lucy en el cielo de diamantes”, “Soy la morsa”, “Campos de fresas para siempre” y “Obladí Obladá”. “Tenemos también el proyecto de programar posteriormente música interpretada por varios conjuntos vigentes de rock, y para el año entrante ya estamos trabajando que el grupo de rock tijuanense Nortec haga un proyecto especial para el show de láser aquí, debido a que el Nortec es toda una celebridad musical en muchos rincones del mundo. “Esperamos que los de Nortec tengan un espectáculo permanente en el show láser de IMAX, pero ellos quieren esperarse a ver cómo funciona primero porque su intención es intervenir ampliamente en el diseño de los visuales que se proyectarán con sus composiciones y experimentación sonoras.” Apunta que es frecuente invitar a narradores para las películas de estreno, como sucedió en octubre con la cinta Las Montañas Rocallosas presentada por el actor Damián Alcázar. Y si bien le emociona a Pedro Ochoa que la empresa Laser Fantasy le haya informado que aparte de Tijuana, este equipo con shows de rock tipo The Beatles Laser (realizado en 2003) no haya sido adquirido por nadie más en México hasta ahora, “el público del Cecut será quien tenga la última palabra sobre la validez artística de estos proyectos audiovisuales”. Fundada en 1977 por Floyd Rollefstad, Laser Fantasy rápidamente creció hasta convertirse en la empresa líder en el mercado de espectáculos láser para planetarios y domos. La compañía se expandió en muchas facetas de la industria del láser con fines de entretenimiento que incluye parques temáticos, eventos

corporativo, tours escolares http://www.laserfantasy.com). L

y

producción

de

actividades

(ver

epopeya gloriosa de Bolívar en la cinta “Libertador” Columba Vértiz de la Fuente Llega a las pantallas de Hispanoamérica el sueño de independencia y unidad latinoamericana inspirado en la vida de Simón Bolívar, en la coproducción venezolano-española Libertador, película de largo aliento filmada en Europa y América por Alberto Arvelo. El director relata los pormenores de esta historia de ficción a la vez humana y heroica, protagonizada por Édgar Ramírez y, en el papel de la esposa del prócer, María Valverde, con guión del estadunidense Timothy Sexton.

Considerada una de las más grandes producciones de América Latina en la historia, Libertador representa un viaje a través de la vida del militar y político Simón Bolívar y sus campañas en la lucha de América Latina por la independencia del imperio español, según su director venezolano Alberto Arvelo. El destacado realizador y profesor de la Escuela Nacional de Cine en Mérida, Venezuela, dedicó ocho años de su vida a este proyecto fílmico, por lo que detalla: “No sólo estamos hablando de la historia de América Latina, también abordamos la historia de España. De cómo la hispanidad se vio dividida por aquel joven Bolívar nacido en Caracas, en el seno del imperio español, que hablaba de un mundo de igualdad, de equidad, de justicia social y sin división de razas, discurso que todavía hoy es contemporáneo y transgresor.” La productora española Ana Loehnert coincide: “Las ideas de Bolívar sobre la libertad, la dignidad y la igualdad del hombre poseen trascendencia, con el tema de la unificación del continente que fuera asignatura pendiente al morir y todo eso tiene una tremenda actualidad.” En 1813, a Bolívar le fue concedido el título honorífico de Libertador por el cabildo de Mérida en Venezuela, por ello el título del filme acerca de quien está considerado por sus acciones e ideas El hombre de América. Libertador cuenta con la más alta tecnología cinematográfica, siendo una coproducción de Venezuela y España, donde se filmó durante cinco semanas. Es protagonizada por los famosos actores Édgar Ramírez (Venezuela), como Bolívar, y María Valverde (España), quien interpreta a María Teresa del Toro, la esposa del héroe histórico que contribuyó a la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Una deuda histórica Arvelo, quien además ha dirigido las ficciones Una casa con vista al mar, Habana Havana, Cyrano Fernández, y el documental Tocar y luchar, cuenta cómo surgió el largometraje Libertador, estrenado en este 2013 durante los festivales de Toronto, Canadá; Morelia, México, y La Habana, Cuba: “Creo que en el fondo tiene que ver con mi padre, quien era profesor de filosofía y

poeta, Alberto Arvelo Ramos. Él me contaba historias sobre Bolívar cuando era un niño. Mi infancia está llena de esas imágenes, de esas narraciones tan bellas. Cuando decidí ser cineasta, siendo un adolescente, mi papá me dijo que debía realizar una película sobre Simón Bolívar. “Así que muchos años después nos reunimos un grupo de cineastas, estábamos trabajando una película y organizamos una pequeña fiesta en un barrio de Caracas, y allí decidimos que era el momento de filmar un largometraje de Bolívar. La hispanidad entera le debía una película a este personaje histórico, ahí comenzó ese sueño que ha tenido mucho que ver con muchísima gente y con muchísimo esfuerzo colectivo.” El estadunidense Timothy Sexton escribió con Alfonso Cuarón su cinta Children of men (Hijos de los hombres), la cual recibió una nominación al Óscar como Mejor Guión Adaptado, y ahora creó el escrito cinematográfico para Libertador. Afirma: “Hace años escribí un guión sobre la conquista de Cortés. Viví en México un buen rato, y en España. Los productores de Libertador estuvieron buscando a alguien que no fuese de Sudamérica, es decir un escritor que no estuviera cocido en la sopa de la historia de Bolívar. Arvelo me entregó tarjetas con pequeñas informaciones y empecé una pequeña estructura de eventos importantes, capítulos, es decir una secuencia de muertes de Bolívar. Intenta hacer una cosa y falla; intenta y falla… En ese sentido ya es un gran hombre en una historia universal, porque los seres humanos no somos perfectos. Entonces, traté de contar una historia sencilla de la vida del gran Simón Bolívar.” El director Arvelo destaca a Proceso que el guionista Sexton es un conocedor de América Latina. Recordó su encuentro: “Pensé que escribiera el guión Jean Claude Carrière, el gran colaborador de Luis Buñuel, y me reuní con él un par de veces en París; pero el maestro no podía hacerlo… Luego me reuní otro par de ocasiones con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, en La Habana, con la idea de hacer la película El general en su laberinto, y también conversé con Carmen Balcells, la agente de Gabo, pero nunca pudimos llegar a un acuerdo. “Luego se dio mi encuentro con Sexton y me fascinó su energía y me enteré de toda esta conexión profunda que tenía con México. Las cosas se fueron dando de una manera muy orgánica. Yo siempre estuve al lado de él, pero es su guión.” –¿Cómo se da esta participación de España y gente de México? –Parte fundamental de la vida de Bolívar ocurrió en Madrid y en París, entonces sabíamos que teníamos que filmar en algún momento en Europa y nos acercamos a una serie de productores europeos, como Ana Loehnert. Luego se sumó el maravilloso productor hispano José Luis Escobar, y además está el enorme productor alemán Winfried Hammacher. Dos mundos encontrados en guerra hace un par de siglos que ahora se reunieron a través del arte para contar una sensacional historia común. “La cinta tuvo una carga emotiva muy fuerte, porque muchos españoles rodaron en Venezuela y muchos venezolanos filmaron en España. Además, el asistente de dirección es mexicano, René Villarreal, había gente de Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, y de toda América Latina. Era la hispanidad unificada entorno al

proyecto de Bolívar, eso es hermoso, y era justamente el sueño de nuestro Libertador.” Comienza el largometraje en el Madrid de 1800 con una fiesta en el palacio real, donde Simón Bolívar joven juega al bádminton con el príncipe Fernando (Andrés Gertrúdix). Ahí conoce a quien sería su única esposa, la aristócrata María Teresa del Toro. Los recién casados viajan de luna de miel a Caracas. Meses después, la fiebre amarilla acaba con ella. Bolívar regresa a París y se reencuentra con su viejo tutor, el revolucionario exiliado Simón Rodríguez (Francisco Denis), quien lo impulsa a unirse a los incipientes movimientos subversivos sudamericanos. Será Bolívar quien financia el regreso a Venezuela del legendario general Francisco de Miranda (Manuel Porto) como líder del movimiento independentista. Las derrotas hacen que Miranda negocie un armisticio con la corona, lo cual es percibido por Bolívar como una traición a la causa. Miranda es entregado a los españoles, al tiempo que encarcelan a Bolívar, despojándolo de todos sus bienes pero no de sus anhelos libertarios. Entonces, sale exiliado a Cartagena, Colombia, donde Bolívar conforma un ejército de campesinos al que comienzan a sumarse luchadores de todas las razas y clases sociales. Inspirado por su mensaje de igualdad y ante la posibilidad de un nuevo orden continental, Bolívar recibe el apoyo de un banquero inglés, Martin Torkington (Danny Huston). El rey Fernando VII se alarma por el avance victorioso de Simón Bolívar y ordena el envío de una inmensa armada a las colonias. En una temeraria maniobra por sorprender a las fuerzas monárquicas apostadas en Bogotá, Bolívar se aventura a cruzar la Cordillera de los Andes en medio de un voraz invierno, muriendo casi la mitad de sus tropas. Poco después, derrota a los gachupines en la memorable batalla de Boyacá, Colombia. Bolívar es nombrado presidente de una nación que se extenderá desde las costas del Caribe hasta las cumbres australes del Potosí. Bajo misteriosas circunstancias, el 1 de diciembre de 1830, en su camino para reencontrarse con sus aliados, el héroe aborda un barco que nunca alcanza su destino. Actualidad del prócer La actriz española María Valverde, conocida por su participación en las series Los Borgia y La fuga, y el filme La flaqueza del bolchevique, expresa a este semanario que hizo el casting para Libertador “¡y cuando tuve la oportunidad de leer el guión entero le dije al director que iba a hacer María Teresa y me entregue fiel a la actuación en un 100%!”. Los temas que contiene el largometraje (sin distribuidor aún en México), como la injusticia, el dominio de un país, el poder, entre otros, impulsan a Valverde a luchar “por nuestro pueblo y poder seguir unidos”. Arvelo reitera que los tópicos colonialistas de Libertador son actuales: “Es decir, cuando se escucha que hay bancos interviniendo en las decisiones y las voluntades de los pueblos, afectando los destinos más allá de los intereses de la

propia decisión de los pueblos, se da uno cuenta que eso ocurrió hace 200 años. No podía ser un caso más vigente. Y cuando hablamos de racismo, injusticia social, clasismo, son las mismas situaciones de hoy. En Toronto, la gente me decía: ‘¡Qué conmovedor este hombre que por primera vez como jefe de estado de América empieza a hablar de la igualdad de las razas y de la dignidad de las personas!’. “Por todo ello, Simón Bolívar es un gigante tan hermoso y conflictivo. Está vivo, y su presencia la sentíamos todos los que hicimos esta cinta suya.” Argumenta el cineasta que ninguna épica se escribe sin el arduo rigor de la investigación, “pues los artistas no somos historiadores, damos nuestra propia interpretación del mundo. El arte es arte en sí pero, como dice Simon Rattle, el arte siempre tiene una función. En este caso la búsqueda de la película ha sido, además de recrear la vida de este gran americano, recrear la Sudamérica del siglo XIX”. Timothy Sexton, luego de intercambiar ideas, historias y una bibliografía que alcanza la centena, junto a Arvelo, expone la manera en que se propuso su filigrana. “Cuando haces una película histórica, hay que tomar ciertas licencias, pero tienes que ser fiel a los eventos. Hay eventos que existen y hay que respetar esa secuencia, pero fuera de eso todo es una ficción. Puedes contar muchas historias de la vida de Bolívar, puedes contar la historia del hombre grande que quiso la gloria, pero no íbamos a hacer una película que sólo olfateara a la historia, quisimos contar una cinta moderna en términos de estilo, diálogo e intención.” Así termina: “Decidimos contar la historia desde el punto de vista de Simón Bolívar, total y absolutamente al 100%, es decir, ofrecer un relato más íntimo del Libertador de las Américas, acercarlo en su aspectos más humanos.”

Sólo una que otra corrida con lustre Leonardo Páez Atentos sobre todo a lo que pasa allende el Atlántico, los empresarios taurinos del país siguen sin darle merecimiento a la fiesta brava nacional. Cómo estarán las cosas que el pasado fin de semana dos toros buenos bastaron para fingir que la Temporada Grande marcha bien. El viejo problema de los carteles lánguidos y del talento mexicano desdeñado parece una maldición que se eterniza…

En la séptima corrida de la temporada 2013-2014 para muchos fue conmovedor el efusivo abrazo que el licenciado Miguel Alemán Velasco, desde el callejón de la Plaza México, dio al matador Joselito Adame, cuando éste, en olor de apoteosis, recorría el ruedo tras su emocionante actuación ante un toro que minutos antes estuvo a punto de matarlo al intentar una manoletina al término de la faena. Fue prendido violentamente, arrojado por los aires y, en el descenso, casi se clavó en el tórax el pitón derecho del furioso astado. Alemán Velasco, que en opinión de Heriberto Murrieta “tanto ha hecho por la fiesta brava en los últimos veinte años”, presenciaba la corrida en el palco de la empresa que durante ese mismo lapso ha dirigido Rafael Herrerías, cuyo criterio empresarial –avalado por los Alemán, padre e hijo– muy poco ha hecho por el desarrollo y reposicionamiento de la fiesta de los toros en el país, como no sea reducir la afición del público capitalino a dos o tres apellidos importados, rebajar la seriedad de la Plaza México por el ganado que ahí se lidia y los trofeos que se otorgan y, así, disminuir la asistencia al coso, que ocasionalmente rebasa la media entrada. Si a lo anterior se añade que el operador de los Alemán ha reiterado que él no hace toreros sino que contrata figuras, se explica entonces la ausencia de diestros nacionales con imán de taquilla, la creciente dependencia taurina de México respecto de España, la división que ha provocado en los gremios de ganaderos y matadores el trato preferencial a los coletas importados, la acrítica línea periodística que prevalece sobre el tema, la ausencia de publicaciones y emisiones taurinas independientes y la reducción al mínimo de espacios sobre los toros en periódicos y revistas. La análoga mentalidad de la “competencia”, a cargo de la división taurina del consorcio que dirige Alberto Baillères González, también está empeñada en disputarse cada año a las mismas figuras importadas –cuatro o cinco españoles y un francés–, con idénticas ventajas y trato para éstos, y similar planeación de ferias y temporadas. En cualquier caso, si los Alemán tienen como su torero consentido al valenciano Enrique Ponce, los Baillères tienen al andaluz José Antonio Morante de la Puebla, al que además apoderan. Así, lejos de competir con ofertas diferentes y mayor calidad en el servicio, el millonario duopolio taurino de México se reparte el pastel de la dependencia, al tiempo que mantiene a la ninguneada torería del país sin otras motivaciones y

estímulos que eventuales comparecencias en sus cosos del Distrito Federal, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey, León, Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, Tlaxcala y otras ciudades. No hay concepto ni disposición de unir esfuerzos en beneficio de la tradición taurina de México. Al mejor estilo sudamericano, la imaginación se les ha ido en traer figuras extranjeras, no en hacerlas. Hubo aquí una vistosa publicación española, 6 Toros 6, propiedad del empresario mexicano Carlos Peralta –otro de los hombres más ricos del mundo–, que quebró porque sus editores no supieron hacer de ella un puente de información y reflexión entre los países taurinos sino un incensario semanal a la fiesta en España. Tampoco existe ya un anuario taurino ni una enciclopedia ni un banco de imágenes ni concursos nacionales sobre el tema de los toros. La información, el debate y la capacitación del público quedaron entonces a merced de los medios y de cronistas afines al duopolio. ¿Qué hizo Joselito Adame en la séptima corrida para merecer el reconocimiento unánime del público y el emocionado apretón de Alemán Velasco? Simplemente enfrentar un toro con edad, trapío y bravura seca, Curioso, de Barralva, cuya corrida de encaste español Parladé contrastó notablemente con las reses anovilladas que han prevalecido en ésta y otras 19 temporadas, si bien sólo dos bureles, el emotivo primero y el nobilísimo sexto, tuvieron transmisión. Fue un encierro de los que nunca han enfrentado en México los sobreprotegidos ases extranjeros, pues en la Latinoamérica taurina los importadores pagan pero no mandan. Ocioso haber recurrido a un encaste español “para que se viera que eran toros”, como si en el país no se criaran reses bravas con edad y trapío. Tras recargar el astado en un puyazo, Joselito (24 años, seis de alternativa y 48 corridas este año –la mitad en España, aunque la mayoría en plazas modestas, no obstante sus dos hombradas en Las Ventas–) quitó por chicuelinas y revolera, y en vez de doblarse con el fuerte toro que tuvo poco castigo, comenzó su faena en tablas por alto para comprobar que el fuerte recorrido repetidor no correspondía a su embestida, clara pero sin humillar, pero fue tan imperiosa su muleta y tal su determinación que sin preámbulos lo embarcó en mandonas tandas por ambos lados. Al final, tras ser prendido por una hombrera y salvarse de ser seriamente herido, maltrecho pero con una casta ejemplar, Adame se fue tras la espada y dejó un estoconazo que hizo rodar sin puntilla. Recibió dos orejas y la entrega de un público casi harto de tanta simulación. Con su manso y soso segundo hizo lo que había que hacer. Arturo Saldívar (24 años, tres de matador, 32 tardes, 26 en México y sólo seis en ruedos españoles, no obstante su importante triunfo de Madrid), otro mexicano en la lista negra de la empresa de la México por su defecto de triunfar, estuvo enorme con su primero, Farolero II, que en el puyazo echó la cara arriba y soseó en extremo pero al que Arturo, con una idea muy clara de la tauromaquia y un valor sin aspavientos, logró encelar en derechazos y naturales que parecían imposibles, hasta atenuar lo deslucido del de Barralva con su preciso sentido de la colocación y su serena solvencia. Tras ajustadas bernadinas dejó un pinchazo arriba que fue aplaudido y una estocada entera, y lo que en una plaza más habituada a ver

faenas con hondura hubiera sido de menos una clamorosa vuelta al ruedo aquí quedó en salida al tercio. Su segundo se rajó a media faena, lo que no impidió que Saldívar reiterara su enorme potencial. Y el tercer espada, Diego Silveti (28, dos de alternativa y 38 corridas en 2013), tuvo con su segundo, Farolero, al mejor toro de la tarde, que tras el puyazo llegó a la muleta con un son y una nobleza que a gritos pedían el toreo por nota y que el Diego aprovechó entre altibajos hasta que se puso a pinchar, dejando ir un triunfo de rabo. Si quiere evolucionar deberá reflexionar. Volver a lo mismo Al siguiente domingo la empresa recobró su habitual nivel de incompetencia y lo que ocho días antes fue la mejor entrada de la temporada, con fuerte promoción de tres jóvenes mexicanos triunfadores en Las Ventas y otras plazas españolas, se trocó en tendidos semivacíos, no sólo por un público condicionado a algunos apellidos sino por la desalmada combinación de dos toreros maduros de estilo similar y un joven andaluz con trayectoria en España pero desconocido en México, pues el sistema taurino sólo por excepción invierte en publicidad y no es costumbre de los diestros importados. Hicieron el paseíllo el tlaxcalteca Uriel Moreno El Zapata (39 años, 17 de alternativa y 31 tardes en 2013), el mexiquense Fermín Spínola (36 años, 13 de matador y 25 corridas) y el sevillano Daniel Luque (25, 6 y 36 festejos), para lidiar una corrida dispareja de presentación y de escaso juego del hierro zacatecano de Valparaíso, que no venía desde el 30 de enero de 1994. Sabedores los alternantes de que iría poca gente y que las reses exigirían algo más que torear bonito, se limitaron a salir del paso con mayor o menor fortuna. Lo destacable de otro festejo de trámite fueron las nuevas pifias del juez Gilberto Ruiz Torres al soltar pueblerina oreja a Luque y a Spínola, y de la empresa por su añeja costumbre de hacer limpia de corrales a costa del público al permitir que Luque obsequiara una cabra impresentable de la ganadería de Los Ébanos, de las herederas de Manolo Martínez, que ante la unánime protesta fue sustituida por un manso de Xajay. Algo mejor rodaron las cosas en la novena corrida, ahora con bien presentados mansos del hierro de Los Cues, la despedida del tlaxcalteca Rafael Ortega (43 años, 23 de alternativa y 19 tardes en 2013), el pundonoroso diestro jerezano Juan José Padilla (40 años, 20 y 66 paseíllos este año, para quedar como líder del escalafón), y la confirmación de Salvador López (27, un año nueve meses de matador y siete corridas, dos en México y cinco en Perú). No se merecía Ortega, torero de los tres tercios siempre mal administrado, incluso cuando desde el PRI recién aspiró a la alcaldía de Apizaco, este cartel para su última corrida, pero el neofeudalismo taurino no pensó igual. Afortunadamente su segundo, Ferruco, el menos malo del encierro, le permitió torear bien de capa, cubrir con lucimiento el segundo tercio y estructurar una buena faena derechista coronada con fulminante volapié, lo que animó al manirroto juez Jesús Morales a soltar orejas y rabo, siendo éste rechazado por el propio diestro.

Cosido a cornadas, sin un ojo pero con desbordada pasión por seguir toreando, Juan José Padilla confirmó en esta corrida que lejos de atenerse a parches y autocompasiones sigue aplicando la mejor fórmula: dar espectáculo en los tres tercios y hacerle fiestas a la mayor cantidad de toros, con una vergüenza torera que ya quisieran muchos “finos”. Cortó una oreja a sus dos toros y salió a hombros con Ortega. Por su correcta parte, Salvador López, que sustituía a un convaleciente Juan Luis Silis, que casi pierde la vida en la pasada feria de Pachuca, demostró algunas aptitudes pero escasa actitud.

Las albercas concesionadas, plagadas de irregularidades Beatriz Pereyra A dos años de iniciado, el jugoso experimento privatizador en albercas públicas capitalinas y del Estado de México acumula irregularidades de todo tipo, actos de indolencia… y muerte. En el Centro Acuático Vivanco de la delegación Tlalpan una mujer falleció porque no había médico que la tratara y porque el administrador no quiso pagar el traslado a un hospital. Ante casos como éste, el consorcio que acapara casi una veintena de concesiones se esconde, las autoridades callan y la Profeco argumenta que no tiene atribuciones para intervenir.

El 15 de octubre pasado Leticia Bellamy acudió a su clase de natación en el Centro Acuático Vivanco, en la delegación Tlalpan. No tenía ni diez minutos dentro de la alberca cuando comenzó a sentirse mareada y con náuseas. Salió del agua y, como pudo, llegó a una de las bancas cercanas a las regaderas del vestidor. La única información que recibieron sus compañeras se las dio un profesor, quien les dijo que la señora se había sentido mal. Cuando la clase terminó –una hora después–, las mujeres encontraron a Leticia sentada. Pálida. Seguía sintiéndose mal y estaba muy débil. Decía que necesitaba recostarse. Las compañeras no sabían qué hacer ni cómo ayudar. Buscaron al médico que normalmente está en el edificio, Gilberto Santamaría, pero se había ausentado para asistir a un curso. Casi dos horas después, por fin, algunos profesores de natación la sacaron en una camilla. El esposo de Leticia esperaba afuera. La mujer no podía ni caminar. Llegó una ambulancia y los paramédicos comenzaron a atenderla. Le pusieron oxígeno y estaban revisándola cuando uno de ellos le espetó al esposo que debía pagar mil 500 pesos por el servicio. El hombre, que vive a unas cuadras de la instalación deportiva, argumentó que no traía dinero porque había salido a toda prisa de su casa. Los rescatistas, entonces, le quitaron el oxígeno a Leticia y se retiraron. El señor terminó por buscar un taxi para llevarla a un hospital, donde su compañera llegó con el corazón detenido. Falleció por el infarto sufrido mientras nadaba y que no fue diagnosticado ni atendido a tiempo. La vida, en juego Leticia Bellamy Aro, 65 años, sin hipertensión ni diabetes, era alumna de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tuvo la mala fortuna de inscribirse en el Centro Acuático Vivanco, que antes era administrado por la delegación pero que ahora está a cargo de la iniciativa privada. En tiempos del delegado Higinio Chávez (2009-2012), la piscina se concesionó a un grupo de empresarios que en la actualidad mantiene convenios con otras demarcaciones capitalinas y municipios del Estado de México. Hoy el consorcio

opera al menos 17 albercas (Proceso 1876). El día que la señora Bellamy sufrió el infarto, el administrador del Centro Vivanco, Esteban Barrón, se encontraba en las instalaciones. Sin embargo, no hizo nada para que la mujer fuera atendida. Tampoco buscó un médico que supliera al doctor Gilberto Santamaría. “Nadie atendió a Leticia. Nadie le dijo que sus síntomas eran de un infarto. Si la hubieran atendido estaría viva. ¿Quién es responsable? La empresa dice que ella no, que es la delegación; la delegación dice que tampoco, que los culpables son los concesionarios. Hay muchas anomalías. Nos adeudan varias clases, porque cuando la alberca está sucia, el agua se encuentra helada o tiene exceso de químicos no nos metemos. Lo que nos han dicho es que los niños de las colonias populares van los sábados y domingos, y que como son de lugares donde no hay ni agua para bañarse ensucian la piscina”, reclama un usuario. El profesor Carlos García trabajó en este deportivo de julio de 2010 (cuando la delegación todavía estaba a cargo) a octubre de 2013, cuando Esteban Barrón lo despidió, justo por el suceso de la señora Bellamy. El maestro de natación le exigió al administrador que pagara con dinero de la caja los mil 500 pesos que los paramédicos cobraban. Barrón no quiso hacerlo. Días después pretextó que García no contaba con una certificación para impartir cursos de guardavidas y lo corrió. Ni siquiera le pagó los días que ya había trabajado. El instructor admite que con la llegada de los concesionarios el centro mejoró un poco. Pintaron y “medio arreglaron” los vestidores, los calentadores y la instalación hidráulica, pero, advierte, no repararon las goteras ni abonan el recibo de la luz. A juicio de García, una de las irregularidades más graves es que los empresarios pagan en efectivo a los empleados. Esto significa que los trabajadores no cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni en el Infonavit. Las únicas prestaciones que tienen son un aguinaldo –que puede ir de los 500 a los 2 mil pesos, como máximo– y una pequeña prima vacacional. Un instructor promedio de Vivanco cobra, desde hace varios años, 41.20 pesos por hora. Todos están obligados a trabajar ocho diarias. Eso significa un sueldo mensual de 6 mil 592 pesos. “Nos pagan en efectivo por quincena. Nos mandan llamar uno por uno a las oficinas y, como si fuera lista de raya, firmamos una hojita con nuestro nombre y la cantidad que cobramos. No entregamos recibos de honorarios. Sólo firmamos esa hoja y ya. Año con año cambian de razón social. A veces firmamos como empleados de Tlalpan por la Salud y la Educación, otras como Sports and Fitness y varias empresas más. No sé por qué si de todas maneras el dinero no ingresa a ninguna cuenta; es algo que hacen para evadir el pago de impuestos”, denuncia García. Él se desempeñó como coordinador deportivo en Vivanco, por lo que sabía cuánto dinero ingresa por concepto de cuotas de los usuarios. Recuerda que cuando la delegación administraba la alberca había entre 350 y 400 personas inscritas. Ya con la concesión fue acudiendo más gente, pues se abrieron clases los lunes, comenzaron a atender a bebés y a impartir matronatación (el padre o la madre enseña a nadar a los niños), hasta llegar a mil 300 usuarios. Cada uno paga

alrededor de 300 pesos mensuales. “Es verdad que como mejoraron un poco la instalación llegó más gente, pero fue más por la promoción que hacemos los profesores. No crea que ellos (los administradores) nos dicen qué hacer, sólo exigen que llevemos usuarios. Y como nos importa nuestro pago, nosotros imprimíamos papeles y los repartíamos por nuestras casas, por todos lados. Cuando me corrieron, Vivanco generaba en promedio 300 mil pesos al mes, y eso que es una alberca semiolímpica. Pagan una nómina como de 90 mil pesos, le invierten cualquier cosa para el mantenimiento, no pagan IMSS, Infonavit ni impuestos… Entonces calcule cuánto les queda de ganancia.” El pasado 5 de noviembre, en la Primera Emisión de MVS Noticias, con Carmen Aristegui, la jefa delegacional de Tlalpan, Maricela Contreras, reconoció que Vivanco adeuda 1.3 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), débito que supuestamente se está negociando. Afirmó que el atraso será solventado por la delegación y por los concesionarios, y que una vez que se haya subsanado, la CFE instalará medidores por separado para la poza y el resto del deportivo. Por ese adeudo se ha suspendido el servicio de energía eléctrica en distintas ocasiones –una de ellas durante más de dos semanas–, pero los concesionarios encontraron una solución rápida. “Están colgados de la subestación del deportivo. Como no quieren pagar se colgaron y hasta trucaron los medidores para que no marque ese consumo. Desde el campo de futbol hasta el estacionamiento se ve el cable que mandó poner Esteban Barrón. La delegación lo sabe, ellos les ayudaron a meter la toma, y les dijeron que si los cacha CFE será responsabilidad del corporativo. Si no hay luz no hay recirculación del agua, las bombas de calor no funcionan, el agua no llega a 28 grados. Todo se para. No pagan porque no quieren invertir. Los arreglos que hacen son sólo para el tiempo que dura su concesión, para que puedan operar con lo mínimo”, declara el maestro García. Fosas oscuras En octubre de 2012 Proceso informó que un grupo de hombres de negocios creó distintas compañías para administrar albercas públicas, gracias a concesiones otorgadas por delegados y alcaldes. Los inversores involucrados son José Luis Díaz García, José Luis Díaz Cobián, Francisco Armendáriz, Carlos Enrique Arreola Toledo, Juana Fernández Ríos, Teodomiro Gutiérrez Carvajal, Mario Carlos Casio Arellano, Rubén Islas Carrillo, Gerardo Gutiérrez Gómez y el medallista olímpico y odontólogo Carlos Girón. Algunas de las empresas fueron dadas de alta el mismo día, a la misma hora y con idénticos objetos sociales en el Registro Público de la Propiedad. En algunos casos también tienen convenios para operar gimnasios, canchas de futbol, tiendas y cafeterías dentro de las mismas instalaciones (Proceso 1876). Actualmente, ese grupo de empresarios maneja los siguientes centros acuáticos en el Distrito Federal y el Estado de México: Ceforma (donde tienen además el

gimnasio y las canchas de futbol), Parque Morelos, Vivanco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Xochimilco (aunque está en un proceso legal porque el delegado les retiró la concesión), Jesús Mena, Ana Gabriela Guevara (deportivo completo), Azcapotzalco, La Mancha, Tlalli, Tepetatal, Plutarco Elías Calles (canchas de futbol), Imcufide, 18 de Marzo, Juan Fernández Albarrán y Fernando Platas. Esto significa que, en promedio, han obtenido una nueva concesión cada dos meses. Proceso solicitó una entrevista a los socios, quienes pidieron que se les enviara un cuestionario por correo electrónico. Respondieron por escrito, a título grupal. Se les pidió que documentaran que sus empresas están registradas ante la Secretaría de Hacienda, que pagan impuestos y cumplen con obligaciones patronales como pago de IMSS e Infonavit. La respuesta: “Si no estuviéramos en regla y debidamente constituidos ninguna delegación hubiera firmado ningún convenio con nosotros”. Sobre el dinero que han invertido para remodelar las piscinas: “Esto no puede responderse tan fácilmente ya que nunca se termina de hacer inversiones en cada instalación”. Los únicos datos que ofrecen, sin documentos que los sustenten, es que en Azcapotzalco gastaron 37.7 millones de pesos, y en Ceforma 3.6 millones de pesos. Asientan que sólo tienen concesiones en cinco albercas –tres en Tlalpan, una en Azcapotzalco y otra en Xochimilco–. No dieron cifras, ni siquiera aproximadas, sobre lo que les cuesta operar cada una, cuánto dinero ingresa por concepto de cuotas ni el número de usuarios, pero sí especificaron que la de Parque Morelos no es rentable y la están subsidiando “por solidaridad con la delegación”. Se excusan, por seguridad, de difundir esas cantidades. Refieren que días después del 4 de noviembre, cuando Nelson Vargas –dueño de una cadena de albercas privadas– aseveró en entrevista con Carmen Aristegui que los administradores se “estaban haciendo millonarios” con las concesiones, un comando de cuatro hombres encapuchados asaltó Ceforma. Según el cálculo de Vargas –que en su momento rechazó entrar a ese negocio– los concesionarios deben estar ganando alrededor de 500 mil pesos mensuales en cada alberca semiolímpica y más de un millón en las olímpicas. Se quedó corto. En el asalto, los ladrones se llevaron 600 mil pesos en efectivo correspondientes a las cuotas de ese mes. “No aceptan pagos con tarjeta ni de débito, ni transferencias electrónicas. Todo es en efectivo. No hay camiones de valores que se lleven el dinero. Llegan los contadores o mensajeros y se llevan el dinero en bolsitas, en coches particulares o en taxis. Si contratan un camión de valores tendrían que reportar de dónde ingresa ese dinero. Eso me tocó verlo. Todo mundo sabe que ahí tienen el dinero en la caja fuerte. Eso es un peligro hasta para los empleados y usuarios. Todo es en efectivo para no declarar impuestos”, asegura el profesor Carlos García. Problemas a todos niveles

En septiembre pasado, la clavadista Paola Espinosa –que entrena en la fosa de clavados de Ceforma– denunció en su cuenta de Twitter que alguien entró a robar en el consultorio en el que ella y el equipo que entrena la china Ma Jin guardan sus pertenencias y reciben terapia. “Enojada, indignada, triste. Nos robaron en gimnasio y consultorio Ceforma donde entreno. @DTlalpan y @GobiernoDF dicen que nadie es responsable. Forzaron la chapa, se llevaron medicinas, equipo, y el administrador y vigilancia ni en cuenta.” Los socios de los centros acuáticos no reconocen que administran el deportivo Plutarco Elías Calles, ubicado en la colonia Rastro Popular, delegación Venustiano Carranza. Proceso realizó un recorrido y detectó que los esquemas de trabajo son idénticos al resto de albercas concesionadas. Tampoco se entregan comprobantes fiscales por las cuotas o la compra de uniformes. Otro grupo de usuarios denunció lo que considera un abuso. Cuando alguno no asiste a las clases por estar enfermo es dado de baja. Si quiere reingresar lo obligan a pagar otra vez la inscripción, las cuotas correspondientes a los meses o semanas que no fue a clases y el mes que está corriendo. Un inconforme acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor, pero ahí le informaron que la dependencia no puede proceder porque los recibos de pago no tienen razón social, registro federal de contribuyentes ni domicilio fiscal. Además, por encontrarse dentro de una instalación pública, tiene que recurrir a la delegación. Cuando el usuario se presentó en la Dirección del Deporte de la Venustiano Carranza le dijeron que no conocen a los concesionarios. Ni siquiera sabían que hay una alberca en ese deportivo.

La millonada que se espera “recuperar” Raúl Ochoa La remodelación de la alberca del Deportivo Azcapotzalco, que la delegación concesionó hace dos años, ya costó 40 millones de pesos y aún planean meterle otros 12 millones. El actual administrador, Ramón Sotelo, lo tiene claro. Su consorcio –Azcapotzalco por la Salud y el Deporte, registrado como asociación civil– no invirtió porque sea “un alma de la caridad”. Hace el desembolso con la única finalidad de obtener ganancias. La empresa tiene una concesión por diez años, pero Sotelo asegura que sus socios no tendrán dividendos, al menos, en los primeros ocho. Su apuesta es por la renovación del acuerdo. Así lo evidencia la progresión que ha tenido el gasto. En noviembre de 2011, Enrique Vargas, entonces jefe delegacional, anunció que la rehabilitación de la antigua alberca al aire libre había salido en 16 millones de pesos. En octubre de 2012, el nuevo delegado de Azcapotzalco, Sergio Palacios, reveló a Proceso (1876) que ya iban 28 millones. Entrevistado el martes 17, el administrador difundió la proyección final: todo costará 62 millones de pesos. Actualmente, la piscina olímpica techada registra una afluencia de 3 mil clientes al mes, que se incrementarán a 4 mil durante el verano. Pagan entre 160 y mil pesos mensuales, dependiendo del servicio y de las horas que contraten. A éstos se suman 500 estudiantes becados. Esto significa que la compañía ha invertido casi 14 mil pesos por usuario, dinero que buscará recuperar con ganancia. Por volumen y permanencia “Si no renovamos el acuerdo vamos a ganar muy poquito, en el mejor de los casos”, pronostica Sotelo. Si logran continuar, “entonces será rentable y resultará un buen negocio. Ahora estamos con números rojos. La demanda de la alberca, planeada para brindar servicio a 10 mil usuarios, se encuentra a 25 o 30 por ciento de su capacidad, pero el gasto es al ciento por ciento. Es la parte en la que no existe un equilibrio”. De acuerdo con el administrador, su empresa tiene un gasto operativo que ronda el millón de pesos mensuales. Ahí laboran 42 empleados, por los que pagan 22 mil 200 pesos al IMSS, además de 49 mil 500 de cuota patronal al Infonavit. Asegura que cada mes destina entre 135 mil y 145 pesos a la luz, aunque sólo exhibe un recibo por 9 mil pesos. –¿Cuánto pagan por el agua? –La delegación no nos ha dado respuesta para dividir la toma del agua con el resto del deportivo. Cuando nos responda deberá pagar el adeudo pendiente, aproximadamente 80 mil pesos correspondientes a 2010. Mientras la cuenta no

esté en cero no realizaremos ningún pago. –Se están ahorrando el agua… –No lo crean, porque cuando llegue la regularización de 2010 nos cobrarán a partir de esa fecha. Además es relativo porque pagamos alrededor de 25 mil y 30 mil pesos mensuales en pipas de agua, ya que no es suficiente la presión del agua para los vestidores. “Hemos sido muy puntuales en nuestros pagos, incluidos impuestos, cuotas al Infonavit, pólizas del seguro del inmueble. Todos nuestros profesores cuentan con seguro social”, enfatiza. Recuerda que a su empresa le restan ocho años de contrato, pero teme que, al tratarse de un permiso revocable, la delegación llegue a interponer un recurso ante el Gobierno del Distrito Federal (GDF), en el que solicite revisar dicho convenio. La solicitud también puede venir desde la Cámara de Diputados. Hay siete cláusulas que acarrean la nulidad del acuerdo: vencimiento, renuncia de los interesados, no pagar la renta, no hacer el avalúo anual, no pagar los servicios contratados (como luz y agua), “que estemos vendiendo drogas o realizar bailongos en lugar de impartir clases de natación”. Para el gerente del Centro Acuático Azcapotzalco el tema también es político. Durante los siguientes ocho años dependerá del jefe de Gobierno y del delegado en turno, ya que ambos deben dar su consentimiento. “Para nosotros esto es una apuesta. Ojalá nos podamos quedar otro periodo. Estamos haciendo bien las cosas, pero nadie nos garantiza continuar el proyecto. Para el inversionista también hay un alto riesgo. “¿Por qué Nelson Vargas (dueño de los centros acuáticos que llevan su nombre), con todos sus contactos, no quiso (invertir para) recuperar algunas instalaciones deportivas, toda vez que el Deportivo Los Galeana y el Deportivo Oceanía también están abandonados? Porque tenía que meter lana. El alcalde de Tlalnepantla, Pablo Basáñez, le ofreció la alberca, pero tenía que invertir cuatro millones de pesos, por lo que decidió no entrarle. No cualquiera viene y le mete dinero a este tipo de instalaciones porque hay un riesgo. La alberca de Azcapotzalco tenía entre 20 y 25 años abandonada”, asevera Sotelo, quien fuera director general del programa Familyfitness de la Acuática Nelson Vargas San Jerónimo. Dice que, conociendo a Vargas, difícilmente invertirá bajo esas cláusulas. “Es un negocio distinto, de volumen y de riesgo. Es apostarle al trabajo y que la concesión se pueda renovar”. Cada año, de hecho, la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario (DGPI) del Distrito Federal actualiza la renta mensual que Azcapotzalco por la Salud y el Deporte AC debe cubrir. En 2012 la empresa pagó 82 mil 200 pesos. La cuota aumentó a 91 mil 700 pesos este año. En promedio, la cantidad se eleva entre cinco y seis por ciento. Para determinar el alza se requiere de un estudio realizado por la Dirección de Avalúos, perteneciente a la DGPI, cuyo costo es cubierto por la compañía. “Este año se pagaron 47 mil pesos (por el análisis). Tú pagas, ellos asignan el valuador y después nos informan de la actualización. “Para que se den una idea: la Arena de la Ciudad de México abona menos que

nosotros, que cada mes depositamos 91 mil 700 pesos. Y por ocho hectáreas, la Arena paga 85 mil pesos.” Firmas y compromisos Para obtener la concesión de una piscina pública, la empresa o el particular la solicita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Ahí, un comité técnico integrado por personal de este órgano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la delegación y de la Oficialía Mayor del GDF analiza el proyecto. La concesión deber tener el visto bueno de la delegación, pero el permiso lo firman la Oficialía Mayor y los inversores. En el caso de Azcapotzalco, el acuerdo lo firmó el medallista olímpico Carlos Girón, por parte de los empresarios. A pesar de que Girón también es inversionista en la alberca de Tlalnepantla, Sotelo asienta lo contrario: “Son otros los socios”. Ya en octubre de 2012, Girón respondió, evasivo, a la reportera Beatriz Pereyra: “Te informaron mal, yo no tengo nada que ver con albercas”. Sin embargo, ese mismo mes, el entonces delegado de Azcapotzalco, Sergio Palacios, confirmó que el clavadista era uno de los socios de ese grupo, y que el también odontólogo había firmado el convenio, en su carácter de representante legal de la empresa. L

La millonada que se espera “recuperar” Raúl Ochoa La remodelación de la alberca del Deportivo Azcapotzalco, que la delegación concesionó hace dos años, ya costó 40 millones de pesos y aún planean meterle otros 12 millones. El actual administrador, Ramón Sotelo, lo tiene claro. Su consorcio –Azcapotzalco por la Salud y el Deporte, registrado como asociación civil– no invirtió porque sea “un alma de la caridad”. Hace el desembolso con la única finalidad de obtener ganancias. La empresa tiene una concesión por diez años, pero Sotelo asegura que sus socios no tendrán dividendos, al menos, en los primeros ocho. Su apuesta es por la renovación del acuerdo. Así lo evidencia la progresión que ha tenido el gasto. En noviembre de 2011, Enrique Vargas, entonces jefe delegacional, anunció que la rehabilitación de la antigua alberca al aire libre había salido en 16 millones de pesos. En octubre de 2012, el nuevo delegado de Azcapotzalco, Sergio Palacios, reveló a Proceso (1876) que ya iban 28 millones. Entrevistado el martes 17, el administrador difundió la proyección final: todo costará 62 millones de pesos. Actualmente, la piscina olímpica techada registra una afluencia de 3 mil clientes al mes, que se incrementarán a 4 mil durante el verano. Pagan entre 160 y mil pesos mensuales, dependiendo del servicio y de las horas que contraten. A éstos se suman 500 estudiantes becados. Esto significa que la compañía ha invertido casi 14 mil pesos por usuario, dinero que buscará recuperar con ganancia. Por volumen y permanencia “Si no renovamos el acuerdo vamos a ganar muy poquito, en el mejor de los casos”, pronostica Sotelo. Si logran continuar, “entonces será rentable y resultará un buen negocio. Ahora estamos con números rojos. La demanda de la alberca, planeada para brindar servicio a 10 mil usuarios, se encuentra a 25 o 30 por ciento de su capacidad, pero el gasto es al ciento por ciento. Es la parte en la que no existe un equilibrio”. De acuerdo con el administrador, su empresa tiene un gasto operativo que ronda el millón de pesos mensuales. Ahí laboran 42 empleados, por los que pagan 22 mil 200 pesos al IMSS, además de 49 mil 500 de cuota patronal al Infonavit. Asegura que cada mes destina entre 135 mil y 145 pesos a la luz, aunque sólo exhibe un recibo por 9 mil pesos. –¿Cuánto pagan por el agua? –La delegación no nos ha dado respuesta para dividir la toma del agua con el resto del deportivo. Cuando nos responda deberá pagar el adeudo pendiente, aproximadamente 80 mil pesos correspondientes a 2010. Mientras la cuenta no

esté en cero no realizaremos ningún pago. –Se están ahorrando el agua… –No lo crean, porque cuando llegue la regularización de 2010 nos cobrarán a partir de esa fecha. Además es relativo porque pagamos alrededor de 25 mil y 30 mil pesos mensuales en pipas de agua, ya que no es suficiente la presión del agua para los vestidores. “Hemos sido muy puntuales en nuestros pagos, incluidos impuestos, cuotas al Infonavit, pólizas del seguro del inmueble. Todos nuestros profesores cuentan con seguro social”, enfatiza. Recuerda que a su empresa le restan ocho años de contrato, pero teme que, al tratarse de un permiso revocable, la delegación llegue a interponer un recurso ante el Gobierno del Distrito Federal (GDF), en el que solicite revisar dicho convenio. La solicitud también puede venir desde la Cámara de Diputados. Hay siete cláusulas que acarrean la nulidad del acuerdo: vencimiento, renuncia de los interesados, no pagar la renta, no hacer el avalúo anual, no pagar los servicios contratados (como luz y agua), “que estemos vendiendo drogas o realizar bailongos en lugar de impartir clases de natación”. Para el gerente del Centro Acuático Azcapotzalco el tema también es político. Durante los siguientes ocho años dependerá del jefe de Gobierno y del delegado en turno, ya que ambos deben dar su consentimiento. “Para nosotros esto es una apuesta. Ojalá nos podamos quedar otro periodo. Estamos haciendo bien las cosas, pero nadie nos garantiza continuar el proyecto. Para el inversionista también hay un alto riesgo. “¿Por qué Nelson Vargas (dueño de los centros acuáticos que llevan su nombre), con todos sus contactos, no quiso (invertir para) recuperar algunas instalaciones deportivas, toda vez que el Deportivo Los Galeana y el Deportivo Oceanía también están abandonados? Porque tenía que meter lana. El alcalde de Tlalnepantla, Pablo Basáñez, le ofreció la alberca, pero tenía que invertir cuatro millones de pesos, por lo que decidió no entrarle. No cualquiera viene y le mete dinero a este tipo de instalaciones porque hay un riesgo. La alberca de Azcapotzalco tenía entre 20 y 25 años abandonada”, asevera Sotelo, quien fuera director general del programa Familyfitness de la Acuática Nelson Vargas San Jerónimo. Dice que, conociendo a Vargas, difícilmente invertirá bajo esas cláusulas. “Es un negocio distinto, de volumen y de riesgo. Es apostarle al trabajo y que la concesión se pueda renovar”. Cada año, de hecho, la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario (DGPI) del Distrito Federal actualiza la renta mensual que Azcapotzalco por la Salud y el Deporte AC debe cubrir. En 2012 la empresa pagó 82 mil 200 pesos. La cuota aumentó a 91 mil 700 pesos este año. En promedio, la cantidad se eleva entre cinco y seis por ciento. Para determinar el alza se requiere de un estudio realizado por la Dirección de Avalúos, perteneciente a la DGPI, cuyo costo es cubierto por la compañía. “Este año se pagaron 47 mil pesos (por el análisis). Tú pagas, ellos asignan el valuador y después nos informan de la actualización. “Para que se den una idea: la Arena de la Ciudad de México abona menos que

nosotros, que cada mes depositamos 91 mil 700 pesos. Y por ocho hectáreas, la Arena paga 85 mil pesos.” Firmas y compromisos Para obtener la concesión de una piscina pública, la empresa o el particular la solicita a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Ahí, un comité técnico integrado por personal de este órgano, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la delegación y de la Oficialía Mayor del GDF analiza el proyecto. La concesión deber tener el visto bueno de la delegación, pero el permiso lo firman la Oficialía Mayor y los inversores. En el caso de Azcapotzalco, el acuerdo lo firmó el medallista olímpico Carlos Girón, por parte de los empresarios. A pesar de que Girón también es inversionista en la alberca de Tlalnepantla, Sotelo asienta lo contrario: “Son otros los socios”. Ya en octubre de 2012, Girón respondió, evasivo, a la reportera Beatriz Pereyra: “Te informaron mal, yo no tengo nada que ver con albercas”. Sin embargo, ese mismo mes, el entonces delegado de Azcapotzalco, Sergio Palacios, confirmó que el clavadista era uno de los socios de ese grupo, y que el también odontólogo había firmado el convenio, en su carácter de representante legal de la empresa. L

De los comisionados de la CDHDF a E. Villanueva Señor director: Las y los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) nos dirigimos a usted a efecto de realizar algunas precisiones en relación al artículo La Lucha por la CDHDF del C. Ernesto Villanueva, publicado en el Semanario Proceso número 1930 del 27 de octubre de 2013. A continuación, se han desagregado los temas que el autor señala en su publicación y cuya información está disponible de manera precisa en el Portal de Transparencia de la CDHDF, con acceso a través de la liga: http://portaldic10.cdhdf.org.mx/transparencia/transparencia.php. 1.- Si bien no existe fundamento legal conforme a los Criterios del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) que establezca publicar la información derivada de las sesiones de consejo —ordinarias y extraordinarias—, las actas en versión pública, así como los acuerdos del consejo, están disponibles para su consulta en el apartado de la fracción XI, del artículo­ 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 2.- La estructura orgánica de la CDHDF se encuentra actualizada al 30 de junio de 2013 y está disponible para su consulta en el apartado de la fracción II, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 3.- El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial, se encuentra actualizado al 15 de diciembre de 2013 y disponible para su consulta en el apartado de la fracción IV, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 4.- El padrón de proveedores y contratistas de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 se encuentra actualizado a septiembre de 2013 y disponible para su consulta en el apartado de la fracción XXVII, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 5.- La agenda de la o el presidente de la CDHDF no es información pública de oficio, por lo que no tiene un apartado específico en el Portal de Transparencia de este organismo; sin embargo, en el rubro de Comunicación de la página de internet de la CDHDF se publican boletines con la descripción de las principales actividades de la o el titular de la CDHDF. Dicha información está disponible para consulta en la liga: http://www.cdhdf.org.mx/index.php/comunicación. 6.- La información respecto a las auditorías y revisiones de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 se encuentra a septiembre de 2013 y disponible para su consulta en el apartado de la fracción XV, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 7.- El informe de la cuenta pública del Distrito Federal consolidada por la Secretaría de Finanzas se encuentra disponible para su consulta en el apartado de la fracción XXVI, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 8.- El importe por concepto de viáticos que mensualmente los servidores públicos

ejecutan por concepto de encargo o comisión, está disponible para su consulta en el apartado de la fracción VII, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 9.- En la CDHDF no existe partida presupuestal para gastos de representación, lo cual se indica al público en el apartado de la fracción VII, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 10.- Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los contratos celebrados, se encuentran disponibles para consulta en el apartado de la fracción XXVII, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. 11.- Los indicadores de gestión 2013, así como el informe de avance correspondiente a 2012, se encuentran disponibles para consulta en el apartado de la fracción III, del artículo 14 del Portal de Transparencia de la CDHDF. Finalmente, es dable el resaltar que esta Comisión tiene la convicción de que todas y todos los servidores públicos están obligados a realizar un ejercicio transparente de sus presupuestos y rendir cuentas a la población del uso que se hace de ellos en la aplicación de sus programas de trabajo y cumplimiento de las obligaciones y atribuciones que le marca la ley. Atentamente Las y los consejeros 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Respuesta de Ernesto Villanueva Señor director: En relación a la larga carta de los consejeros y consejeras de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sólo quiero plantear las siguientes consideraciones: 1.- El derecho de réplica o rectificación es una prerrogativa que tiene la persona para impugnar informaciones inexactas o que lastimen el derecho al honor. Por esta razón, el principio de oportunidad se ha convertido en referente por cuanto hace a los plazos o términos para ejercer este derecho. Si bien es verdad que no hay un término único, sí los hay muy similares para honrar el citado principio de oportunidad. En efecto, el artículo 27, primer párrafo de la ley de imprenta vigente desde 1917, establece ocho días para ejercer el derecho de réplica. Francia lo regula en el artículo 13 y 13-I de la ley del 29 de julio de 1881 para prensa escrita, y para medios audiovisuales por la ley del 29 de julio de 1982. En el caso francés el plazo es de tres días posteriores a la publicación de la información para hacer valer ese derecho; de lo contrario el medio de comunicación no se encuentra obligado a publicar la queja; y en lo que atañe a medios audiovisuales, fija ocho días como plazo para solicitar la rectificación. En Colombia, los artículos 20 y 112

de su Constitución, específicamente la ley de 1944, indica que se tendrá que responder, en el caso de periódico, a los tres días de haberse realizado la publicación, y si es otro medio escrito, en el número más próximo. Los plazos más amplios se dan en Suiza y Chile. En el primer país la parte agraviada cuenta con 20 días para hacer uso del derecho de rectificación, en tanto que el medio de comunicación dispone de tres meses para publicar la respuesta; el medio se puede negar a la publicación de rectificaciones si éstas no se exponen conforme a los requerimientos anteriores (artículo 28 h del Código Civil suizo). En Chile, el artículo 19, inciso 3, de la Constitución, así como la ley 19.733 en sus artículos 16 a 21, establecen que si pasan más de 20 días de la publicación de la información, el medio no está obligado a publicar la réplica. En cuanto a lo replicado por los comisionados de la CDHDF, ello corresponde a una publicación de hace casi dos meses, de tal manera que si se hubiera tenido que buscar la intervención de un juez competente, éste habría sobreseído el asunto por haberse agotado los tiempos procesales. 2.- Además, dentro de ese margen de 55 días hubo un cambio de administración en la CDHDF, de suerte que lo señalado en mi texto del 27 de octubre puede ya no tener mérito en algunos aspectos, más aún cuando la actual presidenta de la Comisión, Perla Gómez, asumió la transparencia y la rendición de cuentas como dos de sus pilares de actuación, lo que ya puede constatarse en su apertura progresiva con apenas un mes en el cargo. 3.- Por último, es de llamar la atención la lenta capacidad de respuesta de los consejeros y consejeras de la CDHDF, pues tardaron casi dos meses en responder a un texto, lo que pone de relieve sus grandes oportunidades de mejora en su desempeño. Atentamente Ernesto Villanueva

Aclaración del diputado federal Luis E. Cházaro Señor director: Me permito dirigirme a usted para hacer la aclaración pertinente respecto al artículo de Jesusa Cervantes titulado Por todos lados México pierde publicado en el número 1937 de fecha 15 de diciembre de 2013; en el mismo, para ser más exactos en la página 19, aparece una foto del que suscribe y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados; Manlio Fabio Beltrones, con la leyenda “PAN y PRI, mancuerna de Peña”, de lo que se inferiría que el que suscribe pertenece al PAN. Por lo anterior y toda vez que pertenezco al Partido de la Revolución Democrática, que voté en contra de la reforma energética ahí señalada y que además fui quien posicionó por parte de nuestro grupo parlamentario, justamente en esta antinacionalista reforma, le solicito que se haga la aclaración correspondiente, ya que no pertenezco al PAN y mucho menos al PRI, como ya señalé. Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente, reciba un saludo respetuoso. (Carta reproducida de manera textual) Atentamente Luis E. Cházaro Diputado federal

Inconformidad en Edomex con los censos escolares Señor director: Padres de familia de las escuelas preescolar “Niños Héroes de la Patria”, primaria “José María Morelos y Pavón” y secundaria “Felipe Ángeles Ramírez” de Lomas de San Sebastián, del municipio de La Paz, Estado de México, le solicitamos publicar la siguiente carta, que deseamos hacer del conocimiento del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, y de la opinión pública, y en la que manifestamos nuestra inconformidad con el censo que el Inegi realiza en las escuelas. Entendemos que dicho censo tiene por objeto conocer las necesidades de los planteles con miras a mejorar la calidad educativa, que es precisamente aquello por lo que nosotros y nosotras hemos trabajado durante años, a pesar del olvido por parte de los diferentes gobiernos. Por ejemplo, en las escuelas de nuestros hijos no se ha construido ninguna aula en ocho años, y se ve muy lejano que puedan contar con salas de cómputo, bibliotecas, comedores, bardas perimetrales, etcétera. Para colmo, ahora las autoridades del sector dicen que al no dejar que el Inegi entre a contar lo que de hecho ya conocen –porque esto ha sido expuesto en cada ciclo escolar–, las docentes o responsables –porque no tenemos directoras– se harán acreedoras a una sanción. Ante ello nos preguntamos: ¿Cuál será la sanción para quienes por años han sumido en la marginación a nuestras comunidades, sin importarles la educación de nuestros hijos? Consideramos que tenemos el derecho a manifestar nuestra resistencia pacífica a que el Inegi ingrese a las escuelas de nuestros hijos, cuando tenemos necesidades tan apremiantes como el pago a docentes y las ya mencionadas. Para que exista confianza acerca de las bondades de la reforma educativa deben darse muestras mínimas de que se atienden las necesidades y carencias que los padres de familia enfrentamos todos los días en los planteles a los que nuestros hijos asisten, problemas que invariablemente hemos tenido que asumir nosotros y nosotras. Atentamente Maestra Antonia Salazar Martínez
(responsable de la publicación) Se anexan 306 nombres
con sus respectivas firmas