ETIOPÍA Y ERITREA EL ORDEN DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

NOVIEMBRE DE 1991 25/09/91/s

RESUMEN

ÍNDICE AI: AFR DISTR: SC/CO/GR

Este informe resume la espantosa situación de los derechos humanos durante el gobierno del presidente Mengistu Haile-Mariam, que ocupó el poder en Etiopía hasta que fue derrotado por los militares en mayo de 1991. Durante 17 años marcados por los cambios políticos radicales, la guerra, el hambre, la huída del país de más de un millón de refugiados y los desplazamientos internos de varios millones más, más de 100.000 personas fueron encarceladas y torturadas por motivos políticos. Decenas de miles "desaparecieron" o fueron ejecutadas extrajudicialmente. La mayor parte de la información sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno del presidente Mengistu apareció en un documento anterior de Amnistía Internacional, de 58 páginas, titulado Ethiopia: End of an era of brutal repression - a new chance for human rights (Etiopía: Fin de una era de represión brutal - Una nueva oportunidad para los derechos humanos - [se tradujo solamente el resumen]), índice AI: AFR 25/02/91, publicado el 31 de mayo de 1991, justo después del derrocamiento del gobierno. Sin embargo, este nuevo documento, revisado y actualizado (disponible también en traducciones al amárico, al tigré y al oromo) contiene testimonios y fotografías de una reciente visita de Amnistía Internacional a Etiopía que no se habían publicado antes. También se describe la actual situación de derechos humanos, haciendo referencia a los acontecimientos políticos entre junio y noviembre de 1991 tanto en Etiopía como en Eritrea, que ahora cuenta con un gobierno provisional independiente. Centenares de ex funcionarios gubernamentales, militares y políticos se encuentran detenidos sin haber sido acusados de ningún delito, y algunos pueden ser condenados a muerte en procedimientos judiciales que aún no se han establecido. El informe termina con un "Orden del Día de Derechos Humanos para el Futuro", dirigido específicamente a los nuevos gobiernos de transición de Etiopía y Eritrea: que no se encarcele a presos de conciencia, que se garantice un juicio justo para todos los presos políticos (incluidos los ex funcionarios y otras personas detenidas tanto en Etiopía como en Eritrea desde mayo de 1991), que se ponga fin a la detención arbitraria, que se den salvaguardias efectivas contra la tortura y la ejecución extrajudicial, que se esclarezca

2 el destino de los "desaparecidos" durante los últimos años, y que se ratifiquen y se cumplan los tratados de derechos humanos.

PALABRAS CLAVE: TESTIMONIOS DE PRESOS1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / DETENCIÓN ARBITRARIA1 / GRUPOS ÉTNICOS1 / DETENCIÓN SIN JUICIO1 / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN1 / DETENCIÓN ILEGAL / CONDICIONES DE RECLUSIÓN / INCAPACIDAD / SALUD MENTAL / AGRESIÓN SEXUAL / DESAPARICIONES / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL1 / PENA DE MUERTE / INGENIEROS / EMPRESARIOS / MILITARES COMO VÍCTIMAS / AGRICULTORES / DIRIGENTES COMUNITARIOS / RELIGIOSOS / FUNCIONARIOS RELIGIOSOS / SINDICALISTAS / POLÍTICOS / FUNCIONARIOS CIVILES / PERIODISTAS / ESTUDIANTES / PROFESORES / REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LOCAL / ACADÉMICOS / MUJERES / CAMBIO DE GOBIERNO / CAMBIO CONSTITUCIONAL / CONFLICTO ARMADO / VIOLENCIA COMUNITARIA / PROHIBICIÓN / LIBERACIÓN / POLICÍA / FOTOGRAFÍAS

Estas hojas resumen un documento de 19 páginas, con 9 fotografías y un mapa, titulado Etiopía y Eritrea: El orden del día de los derechos humanos (índice AI: AFR 25/09/91/s), publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 1991. Quien desee más información o emprender alguna acción al respecto deberá consultar el documento en su integridad.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

ETIOPÍA Y ERITREA EL ORDEN DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Noviembre de 1991 Índice AI: AFR 25/09/91/s Distr: SC/CO/GR SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

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INTRODUCCIÓN La represión brutal ha marcado a Etiopía durante casi dos décadas. La repentina huida al exilio del presidente Mengistu Haile-Mariam el 21 de mayo de 1991 y la derrota, una semana después, del ejército etíope a manos de las fuerzas de oposición tras más de 30 años de guerra civil en Eritrea y de lucha en muchas otras zonas desde la revolución de 1974, marcan el fin de una era de violaciones masivas de derechos humanos. El Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, encabezado por el Frente Popular de Liberación Tigré, se hizo con el control de la capital de Etiopía, Addis Abeba, el 28 de mayo de 1991. De acuerdo con las conclusiones de las conversaciones de paz presididas unos días antes por los Estados Unidos, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope formó un gobierno provisional que, en agosto de 1991, cedió el puesto a un Gobierno de Transición de base amplia que ocupará el poder durante dos años, tras los cuales se celebrarán elecciones pluripartidistas. Ahora, un Consejo de Representantes compuesto por 87 miembros, entre los que se encuentran representantes del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, del Frente de Liberación Oromo (otra fuerza que luchaba contra el gobierno del presidente Mengistu) y de otros grupos políticos y regionales, legisla según la Carta de Transición que ha reemplazado a la Constitución de 1987 y que garantiza diversos derechos humanos fundamentales. En Eritrea, el Frente de Liberación Popular de Eritrea se hizo con el control de Asmara y del resto de la región a finales de mayo de 1991, y declaró un Gobierno Provisional de Eritrea. Esto quiere decir que, en la práctica, Eritrea ha adquirido la categoría de Estado independiente -reconocido por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope y por el Gobierno de Transición de Etiopía- durante un plazo también de dos años, tras los cuales se celebrará un referéndum supervisado por la comunidad internacional sobre la futura categoría permanente de Eritrea. Se ha abierto un nuevo capítulo en la turbulenta historia de la región. Ahora existe la posibilidad real de romper con el pasado, de dar importancia de cara al futuro a la protección de los derechos humanos y de ofrecer una tregua y una esperanza a una población que tanto ha sufrido. La guerra y el hambre han devastado el país Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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durante 17 años. Se calcula que más de un millón de personas han muerto de hambre, y centenares de miles han muerto a consecuencia de las guerras civiles y la violencia política. Otro millón, o más, han huido del país para escapar no sólo del hambre y del derramamiento de sangre sino también de la persecución política, la llamada a filas obligatoria y el reasentamiento forzoso. En estas circunstancias, la protección de los derechos humanos fundamentales y específicos se puede ver ensombrecida. Este informe actualizado sobre los 17 años de represión incluye nuevos testimonios de presos y referencias a los acontecimientos entre junio y noviembre de 1991. Amnistía Internacional lo publica no sólo para recordar al mundo el espantoso historial de derechos humanos del gobierno de Mengistu, sino también para instar a los que le sucedan a que conviertan los derechos humanos en una prioridad para el futuro. No basta con que el gobierno responsable de las violaciones haya caído. Son necesarios cambios fundamentales para garantizar que no se volverá a los terribles abusos de derechos humanos que marcaron el largo periodo del presidente Mengistu en el poder. Durante esos años de represión, miles de presuntos opositores al gobierno permanecieron detenidos durante prolongados periodos sin cargos ni juicio, entre ellos muchos presos de conciencia, es decir, mujeres o niños encarcelados en cualquier región por sus ideas, color, sexo, origen étnico, idioma o religión, que no han hecho uso de la violencia ni han abogado por ella. La tortura ha sido una práctica habitual durante los interrogatorios de los presos tanto políticos como comunes. Centenares de presos políticos fueron ejecutados tras juicios sin las debidas garantías y millares más "desaparecieron" mientras se encontraban detenidos y fueron muertos en secreto. Otros fueron asesinados abiertamente, sobre todo durante la campaña gubernamental del "Terror Rojo" contra los "contrarrevolucionarios" a finales de la década de 1970. Entre las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas etíopes se encuentran el bombardeo deliberado de objetivos civiles en las zonas de oposición y el uso de napalm. También se ha informado con frecuencia de ejecuciones extrajudiciales tanto de civiles desarmados como de combatientes capturados. Las autoridades etíopes han negado repetidamente estas graves violaciones de derechos humanos, y a veces han desechado las críticas alegando que se debían a "motivos políticos" y que eran "infundadas". Las autoridades han llegado incluso a afirmar que no había presos políticos en el país, a pesar de los abundantes indicios que sugerían lo contrario. La pauta de abusos (y la negativa del gobierno a reconocerlos) apenas cambió durante casi dos décadas. También se produjeron violaciones de derechos humanos a manos de grupos de oposición, entre ellos grupos que, en la práctica, controlaban grandes zonas de territorio. El Frente de Liberación Popular de Eritrea llevaba tiempo dominando y gobernando la mayor parte de Eritrea y, más tarde, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope ejerció un control similar en Tigré y otras áreas Índice AI: AFR 25/09/91/s

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capturadas más recientemente. La escala de abusos atribuidos a las organizaciones de oposición en Etiopía fue mucho menor que la de los cometidos por fuerzas gubernamentales, pero Amnistía Internacional ha recibido informes sobre casos de encarcelamiento de disidentes, tortura y homicidio de opositores políticos y toma de rehenes por algunos de estos grupos. Estos y otros grupos anteriormente rebeldes han experimentado también periodos de violentos levantamientos internos, y en ocasiones han luchado con otros grupos que se oponían al gobierno de Mengistu. Ahora, en un nuevo clima político que parece favorable a los derechos humanos, pero en el que surgen nuevas cuestiones sobre estos derechos, hay que contar con vigilancia extra para proteger los derechos humanos. Amnistía Internacional hace un llamamiento a los que ocupan el poder en Etiopía y Eritrea para que se comprometan a proteger los derechos humanos reconocidos internacionalmente con vistas al futuro. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para introducir medidas constitucionales, legales y prácticas que protejan estos derechos. No deben repetirse ni la represión brutal ni la desastrosa situación de los derechos humanos de los años anteriores.

INFORMACIÓN GENERAL En 1974, las fuerzas armadas derrocaron, en una revolución, al emperador Haile Selassie, que había gobernado Etiopía durante 44 años. Los primeros años del nuevo Gobierno Militar Provisional estuvieron marcados por graves violaciones de derechos humanos. Inmediatamente después de la revolución, centenares de miembros del anterior gobierno y de la clase gobernante fueron detenidos. Dos meses después de que ocupara el poder el Dergue (nombre con el que se conocía al Consejo Administrativo Militar Provisional), en septiembre de 1974, 59 de estos presos fueron ejecutados, y el nuevo jefe de Estado fue asesinado. Algunos otros de estos detenidos "desaparecieron" en 1979; al resto los fueron liberando gradualmente a lo largo de los años, y los tres últimos (nietos del emperador Haile Selassie que, al parecer, fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia en su palacio un año después de su derrocamiento) no fueron liberados hasta 15 años después. A los activistas políticos que desafiaban al Dergue los mataron deliberadamente desde el principio. Una sangrienta represión de los opositores de izquierdas (la campaña del "Terror Rojo" de 1977 a 1978, aprobada oficialmente) culminó con la ejecución de miles de personas en las prisiones y en las calles. La revolución llegó en un momento en que Etiopía estaba en plena guerra civil: los grupos de oposición de Eritrea llevaban luchando por la independencia desde 1960. Poco después, otros conflictos con grupos de oposición en Tigré y zonas de población oromo destruyeron aún más el país. Se cometieron graves abusos de derechos humanos en relación con todos estos conflictos armados, Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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principalmente por parte de las fuerzas gubernamentales pero, en ocasiones, también de los grupos de oposición. En especial, los miembros de los grupos étnicos o regionales que luchaban contra el gobierno en Eritrea, Tigré y las zonas de población oromo y somalí se convirtieron en objetivo de represalias arbitrarias. También hubo atrocidades y violaciones de derechos humanos cometidas por ambos bandos durante la guerra de Etiopía en el Ogaden contra las fuerzas invasoras de Somalia entre 1977 y 1978. En medio de este ambiente de conflicto armado, y ante la ausencia de instituciones democráticas, las expresiones de opinión y las críticas pacíficas al gobierno eran casi imposibles. Las promesas de reformas políticas importantes contenidas en una nueva Constitución, en 1987, y en declaraciones oficiales, en marzo de 1990, siguieron sin cumplirse. Desde el estallido de la revolución, en 1974, y durante la década de los ochenta, los opositores al gobierno se vieron sometidos a torturas, "desapariciones", ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias. Estos abusos continuaron sin apenas tregua hasta que el gobierno fue derrocado, en mayo de 1991.

ENCARCELAMIENTO POLÍTICO Un ex preso político declaró recientemente a Amnistía Internacional que, para los eritreos, el ser detenidos por la policía de seguridad y torturados "es tan normal como la vacuna". "A la gente la detienen por sus nombres bíblicos [que identifican su origen], porque hablan la lengua tigré [muy utilizada en Eritrea], por sus rasgos físicos, o por que la identifican por sus kebelles [asociaciones oficiales de habitantes de núcleos urbanos]. Incluso los ministros importantes y los agentes de seguridad son detenidos... es algo por lo que tenemos que pasar continuamente". Durante los últimos 17 años, decenas de miles de personas (probablemente más de 100.000) han sido encarceladas por motivos políticos. Entre ellas ha habido presos de conciencia: personas que no han hecho uso de la violencia ni han abogado por ella, sino que han sido encarceladas por sus opiniones políticas o sus presuntas opiniones políticas, o por su origen étnico o regional. Probablemente, algunos presos políticos tenían relación con las organizaciones de oposición armada. No obstante, parece ser que a muchos de los detenidos por este motivo los encarcelaron de forma arbitraria: permanecieron detenidos sin pruebas fundadas en su contra, o basándose en información extraída mediante tortura. Pocas de las víctimas de encarcelamiento político eran acusadas formalmente de algún delito, y rara vez comparecían ante una autoridad judicial o eran sometidas a algún tipo de juicio. La mayoría permanecían detenidas ilegalmente y durante un periodo indefinido, simplemente por una orden no escrita de las autoridades de seguridad. Primero, estas autoridades mantenían a los detenidos recluidos en sus propios centros de seguridad, como el de Maikelawi, Índice AI: AFR 25/09/91/s

Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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en Addis Abeba (véase fotografía 3, en la página ii) o el de Mariam Gimbi, en Asmara, donde la tortura era sistemática. Había muchos centros secretos de detención, como el conocido con el nombre de "Triángulo de las Bermudas" (véase foto 5, en la página ii) - una villa cerca del viejo aeropuerto de Addis Abeba, llamada así porque los presos que entraban en ella solían "desaparecer". Algunos presos eran sentenciados a periodos específicos de detención por comités secretos, y luego los trasladaban a una prisión oficial, como la Prisión Central (Karchele) de Addis Abeba (véanse las fotografías 1 y 2, en la página i) o la prisión Sembel, en Asmara. Allí se llevaba un registro oficial con la "orden" de encarcelamiento de cada preso, aunque en estas órdenes sólo se especificaba el presunto delito del detenido. Los presos políticos no tenían ninguna oportunidad de impugnar la base legal de su detención o de retirar las declaraciones efectuadas bajo tortura. No obstante, los casos a veces eran revisados por un comité de seguridad para evaluar si el preso debía ser liberado por una amnistía. Amnistía Internacional cree que al menos varios miles de presos políticos "desaparecieron", fueron ejecutados extrajudicialmente o murieron en prisión a consecuencia de la tortura o la negligencia médica, sobre todo durante el "Terror Rojo" de 1977 y 78 y en Eritrea durante la década de los ochenta. Algunos presos habían sido liberados mediante amnistías, pero unos cuantos miles seguían recluidos cuando cayó el gobierno de Mengistu, en 1991. Las personas que pertenecían a grupos étnicos o regionales asociados con la oposición armada, como los de Eritrea o Tigré o los oromos, han sido un objetivo específico para las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento político. Entre las víctimas también se encontraban ex funcionarios del gobierno y del partido que habían criticado la política gubernamental (e incluso algunos de los que se sospechaba, sin fundamento ni razón, que pertenecían a la oposición), empleados de las Naciones Unidas, sindicalistas, periodistas, empresarios, profesores, estudiantes, agricultores, solicitantes de asilo repatriados a la fuerza, exiliados extranjeros y miembros disidentes de movimientos de liberación extranjeros a los que apoyaba el gobierno etíope. Varios empresarios eritreos permanecieron detenidos ilegalmente en Addis Abeba durante al menos seis años. Eran sospechosos de tener relación con el Frente Popular de Liberación de Eritrea, pero nunca les dijeron por qué estaban detenidos. Algo parecido le sucedió a Tewolde Bariagber, un ingeniero naval. Permaneció recluido sin cargos ni juicio durante cinco años en la Prisión Central de Addis Abeba tras ser detenido en Massawa. Miles de eritreos fueron detenidos por la policía de seguridad durante los últimos 17 años en Eritrea y otros lugares por sospecharse que colaboraban con el Frente Popular de Liberación de Eritrea. La mayoría permanecieron detenidos sin cargos ni juicio y fueron interrogados mediante torturas sobre esa organización. Algunos fueron liberados, pero sólo para ser detenidos de nuevo más adelante. Muchos fueron torturados en numerosas ocasiones. Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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A principios de 1991, muchos eritreos de Asmara, Keren, Decemhare y Asseb seguían siendo detenidos e interrogados mediante tortura. Entre los detenidos en Asmara se encontraban Belew Gebre-Mehdin, ingeniero detenido tras una visita al extranjero; Gebre-Hawariat Keshi Andekiel, un anciano agricultor; Fituni Asres, propietario de una fábrica; y Bakhiet Maibetot, jefe Bejuk detenido en Keren. No fueron liberados hasta que el Frente Popular de Liberación de Eritrea capturó Asmara en mayo de 1991. Las detenciones masivas de eritreos en Addis Abeba muchas veces se producían tras victorias del Frente Popular de Liberación de Eritrea. Tras la fallida campaña gubernamental de la "Estrella Roja", en 1982, y en marzo de 1988, tras la captura de Nacfa por el Frente, centenares de eritreos fueron detenidos por las fuerzas del gobierno. Entre ellos había altos funcionarios civiles, oficiales del ejército, profesores de universidad y empresarios. Centenares de miembros del grupo étnico oromo fueron detenidos por sospecharse que pertenecían al Frente de Liberación Oromo. Doce detenidos recluidos durante más de una década y adoptados por Amnistía Internacional como presos de conciencia seguían recluidos en mayo de 1991. Entre ellos estaba Dagne Bayissa, encargado de desarrollo de la Iglesia Evangélica Etíope de Mekane Jesús, recluido en la prisión de Kaliti, cerca de Addis Abeba, en régimen de detención semi-condicional; Demissie Kebede, ex vicepresidente del Sindicato de Toda Etiopía, enfermo en la Prisión Central; Mulugetta Mossisa, ex funcionario de la Junta del Grano, recluido en mal estado de salud en el centro de detención de Maikelawi, en Addis Abeba; y Wolde-Yohannes Hunde, ex periodista del Barissa, el periódico en lengua oromo del Ministerio de Información, que se encontraba en la Prisión Central, enfermo de tuberculosis. Centenares de personas originarias de la región de Tigré fueron detenidas, sobre todo en Tigré y Addis Abeba, porque se sospechaba que tenían relación con el Frente Popular de Liberación de Tigré. Ninguna de ellas compareció ante una autoridad judicial. Algunos presos políticos de Tigré seguían recluidos a finales de mayo de 1991, 12 años después de ser detenidos. Entre ellos se encontraban Solomon Gebre-Amlak y Aregai Gebre-Igziabeher, los dos estudiantes de la Universidad de Addis Abeba; Haile Halefom, profesor de escuela; Kassahun Wolde-Ghiorgis, profesor de escuela y cantante folclórico; y Tsehay Retta, funcionario civil. Otros que fueron detenidos a principios de la década de los ochenta y que siguen detenidos son, por ejemplo, Assefa Abraha, ingeniero y controlador de calidad que trabajaba para el gobierno en Tigré y que llevaba detenido desde 1981. También seguían recluidos más de 100 presos detenidos en 1984, la mayoría de ellos funcionarios de la administración y del partido sospechosos de apoyar en secreto al Frente Popular de Liberación de Tigré. Entre ellos se encontraban Amare Doree, administrador del distrito de Adua; Berhanu Mammo, ex alcalde de Mekelle; Getachew Belay, profesor de universidad; Girmay Berhe, alto funcionario del Ministerio de Comercio Interior y cantante folclórico bastante conocido; y Tsehai Debalkew, Índice AI: AFR 25/09/91/s

Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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periodista y presentador de televisión y ex director de Addis Zemen, el diario oficial de lengua amárica. Muchos otros tigreses fueron detenidos a principios de los ochenta permanecieron varios meses o años recluidos antes de ser liberados. Entre los presos políticos que seguían recluidos en mayo de 1991 había tres mujeres: Nigisti Giorgis, estudiante de escuela que cumplía cadena perpetua impuesta tras un juicio militar injusto en 1977; Tadelech Haile-Mikael, condenada a muerte en secreto en 1979 pero cuya pena fue conmutada por la de cadena perpetua a causa de su embarazo; y Genet Mebratu, funcionaria de las Naciones Unidas detenida sin cargos desde 1989. Decenas de altos funcionarios del gobierno, dirigentes del único partido permitido por el Estado unipartidista, el Partido Etíope de los Trabajadores, y consejeros del gobierno fueron encarcelados o puestos bajo arresto domiciliario por criticar la política oficial. Algunos sindicalistas fueron encarcelados también por motivos políticos. En uno de los casos más recientes, varios sindicalistas y varios funcionarios del Partido Etíope de los Trabajadores fueron detenidos en Addis Abeba en enero de 1990 por pedir reformas aprobadas dos meses después por el comité central del Partido Etíope de los Trabajadores. Muchos presos políticos detenidos en 1989 y 1990 seguían recluidos en el centro de detención de Maikelawi, en Addis Abeba, en mayo de 1991, junto con otros detenidos más recientemente. Las condiciones de reclusión en los centros secretos de detención eran especialmente duras, y a los presos los mantenían incomunicados y los torturaban de forma sistemática. Muchos presos "desaparecieron" y fueron ejecutados extrajudicialmente en estos centros. Entre los 187 presos políticos liberados por el gobierno provisional tras la huída del país del presidente Mengistu, a mediados de mayo de 1991, se encontraban unos 140 individuos detenidos por participar en un intento de golpe de Estado militar abortivo contra el presidente Mengistu en mayo de 1989. Todos los demás presos políticos de Addis Abeba, Asmara y las demás ciudades fueron liberados a finales de mayo de 1991, cuando los guardias de prisión abandonaron sus puestos o abrieron las puertas de las prisiones ante la llegada de las fuerzas rebeldes. Sólo en Gondar se hicieron realidad los peores temores: en abril de 1991, los guardias masacraron a más de 100 presos políticos de Tigré poco antes de que las fuerzas del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope tomaran la ciudad. "DESAPARICIONES" Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Tsehai Tolessa sigue aferrándose a la idea desesperada de que su esposo podría seguir vivo (véanse fotografías 6 y 7, página iii). La última vez que le vio fue hace 12 años, cuando los dos fueron secuestrados por hombres armados ante una iglesia de Addis Abeba. Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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Ella fue liberada unas horas después, pero la detuvieron de nuevo a principios de 1980 y la mantuvieron recluida sin cargos ni juicio durante los nueve años siguientes. A su esposo, el reverendo Gudina Tumsa, nadie le ha vuelto a ver; era jefe de la Iglesia Evangélica Etíope de Mekane Jesús (perteneciente a la Federación Mundial Luterana), ampliamente perseguida. La agonía de la incertidumbre sufrida por Tsehai Tolessa la han experimentado decenas de miles de familiares de presos políticos y presuntos opositores al gobierno "desaparecidos" en Etiopía desde 1974. Se sabe, o se cree, que todos estos millares de "desaparecidos" fueron detenidos por agentes de las fuerzas de seguridad. La crueldad de la "desaparición" ha ido más allá de las víctimas inmediatas hasta llegar a sus seres queridos, que han pasado años tratando de encontrarlos. Esto resulta especialmente cruel teniendo en cuenta que casi todos los "desaparecidos" han sido ejecutados extrajudicialmente, y las autoridades se han desecho de sus cuerpos en secreto. Sólo algunos miles de casos de "desaparición" se han documentado adecuadamente, y ninguno ha sido objeto de una investigación judicial ni oficial. Durante la campaña gubernamental del "Terror Rojo" "desaparecieron" en Addis Abeba centenares, e incluso millares, de personas, entre ellas muchos estudiantes de escuela y de la universidad. Los mataron en secreto tras ser detenidos por agentes de la seguridad local o central como sospechosos de oponerse al gobierno o de tener relación con el Ejército Revolucionario del Pueblo Etíope. Durante ese mismo periodo, los agentes de seguridad de la región llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales sistemáticas de opositores políticos a las que dieron amplia publicidad: dejaban los cadáveres en la calle como amenaza para otras personas. El número de "desaparecidos" descendió considerablemente desde 1978, pero esta práctica no cesó. Es más, las autoridades no han puesto fin al secreto que rodea las detenciones, y que facilita que se den las "desapariciones". Entre los muchos detenidos políticos que "desaparecieron" en 1979 se encontraban ex ministros y funcionarios del gobierno detenidos en 1974 (véase foto 8, página iii), dos dirigentes religiosos - el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope, detenido en 1976 (véase foto 9, página iii) y el jefe de la Iglesia Evangélica Etíope de Mekane Jesús - y dirigentes del Movimiento Socialista Pan-Etíope (Me'isone), detenido en 1977. Decenas de detenidos recluidos largo tiempo "desaparecieron" de las prisiones de Addis Abeba en 1985 y 1986; entre ellos había presuntos miembros del Partido Revolucionario del Pueblo Etíope que llevaban ya recluidos ocho años, y presuntos opositores oromos y de Tigré que llevaban recluidos largo tiempo. Aún hay que registrar los detalles de incontables "desapariciones" similares ocurridas en las prisiones de Eritrea. Índice AI: AFR 25/09/91/s

Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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Durante los últimos 17 años, sobre todo en Tigré y Eritrea, hubo una pauta de homicidios deliberados e ilegítimos de opositores políticos por las fuerzas gubernamentales en áreas de conflicto armado. Algunos aldeanos desarmados fueron ejecutados extrajudicialmente por unidades del ejército de Etiopía porque se sospechaba que tenían relación con grupos de oposición armada, y otros fueron víctima de homicidios arbitrarios tras los ataques contra las tropas del gobierno. Esos homicidios arbitrarios como represalia muchas veces se produjeron a raíz de alguna derrota sufrida por las fuerzas del gobierno. El incidente más grave de este tipo de que se ha tenido noticia fue, probablemente, la matanza de Sheib, en Eritrea, a 60 kilómetros al noroeste de Massawa, el 12 de mayo de 1988. Al menos 400 aldeanos desarmados fueron rodeados por soldados etíopes; a unos 80 los obligaron a meterse en un foso poco profundo y luego los mataron pasándoles por encima con los tanques; al resto los mataron a tiros. La población civil también ha sido objetivo de numerosos ataques arbitrarios por parte de las fuerzas aéreas etíopes en áreas que se pensaba que estaban dominadas por los rebeldes o simpatizaban con ellos. El 22 de junio de 1988 se produjo el que quizá sea el incidente aislado más grave de este tipo: al menos 1.300 aldeanos desarmados, y quizá más, resultaron muertos en Hausien, Tigré, cuando algunos aviones y helicópteros de las fuerzas aéreas les atacaron, a pesar de que no se trataba de una base del Frente Popular de Liberación Tigré ni estaba bajo su control.

Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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TORTURA

"Mi tortura empezó formalmente en la sala de investigación con bofetadas y con golpes con un cable eléctrico. Después me azotaron desnudo y con las manos atadas. Las esposas fueron la tortura siguiente. Me colocaron dos barras semicirculares de acero gruesas y planas en las muñecas. El acero tenía agujeros circulares a través de los cuales se podía introducir un tornillo. El hierro plano y circular me apretaba las muñecas e impedía que circulara la sangre. Todos los dedos quedaron paralizados. Me lo colocaron en tres o cuatro sitios hasta que se me quedaron incapacitadas las dos manos. Para el tercer nivel de tortura pusieron una mesa grande al lado de un barril lleno de agua. Me empujaron hacia atrás y me introdujeron en el agua. Me hicieron permanecer dentro del agua hasta provocarme casi la asfixia. Me sumergieron una y otra vez hasta que tuve el estómago lleno de agua sucia. Me hicieron vomitar. Después empezaron a azotarme, mojado y desnudo. Eso simplificó las cosas porque enseguida perdí la consciencia." (Declaración hecha a Amnistía Internacional por un preso de la etnia oromo que permaneció detenido entre 1981 y 1987)

Testimonio de tortura de un periodista recluido desde 1980 hasta 1991 en "Siberia" un centro de detención en el Palacio Menelik, en Addis Abeba, que también era cuartel general del Dergue. "Ese día, en 24 horas me hicieron entrar y salir de la sala de investigación 17 veces, y cada vez me dieron fuertes bofetadas, golpes y patadas. Por último, me colgaron de un palo que me ataron entre las manos y las piernas, de manera que yo estaba colgando con la cabeza para abajo, y me pusieron calcetines hediondos en la boca. Después de tenerme así colgado durante más de dos horas, me bajaron. Me torturaron durante cinco meses. Durante mucho tiempo sólo pude caminar sobre las rodillas. Perdí todas las uñas de las manos; los dedos se me quedaron incapacitados y durante varios meses me tuvieron que dar Índice AI: AFR 25/09/91/s

Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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de comer otras personas, como si fuera un bebé. Tengo las orejas dañadas en parte y los ojos muy afectados. Los pulmones los tengo en condiciones críticas a consecuencia de todo esto. En 'Siberia' comíamos migajas de las sobras de los guardias. E incluso eso nos lo daban sólo una vez cada 24 horas, cuando los guardias eran generosos. Estuve oculto de mis familiares durante casi cinco años. No había medicación y las salas estaban saturadas con el espantoso olor de nuestras heridas. La tortura mental era aún más horrible que la física. Una tortura mental consistía en traer a presos de distintas 'Bermudas' (prisiones secretas) y mezclarlos con los que ya estábamos allí. Cuando traían gente de otros sitios, la costumbre establecida era que iban a ser ametrallados. A veces existía la posibilidad de que se incluyera a algunos de 'Siberia'. Registraban en el mismo libro a los recién llegados y a los que ya estaban allí. Luego gritaban los nombres de los que iban a ser ejecutados hasta medianoche. A veces decían además los nombres de otros que no iban a ser ejecutados para hacerles creer que los iban a matar a ellos también."

Nuevo testimonio de un funcionario civil de Tigré detenido desde 1984 hasta 1991 y torturado en la prisión de seguridad Maikelawi, en Addis Abeba. "Durante el tiempo que permanecí en prisión, unos siete años y medio, me sometieron a diversos tipos de tortura. Me golpeaban frecuentemente, distintos interrogadores con distintos tipos de arma. Me aplicaron descargas eléctricas, me sumergieron cabeza abajo en un barril lleno de agua, me colgaron cabeza abajo de un palo fijado al techo. Me ataron fuertemente los pies con una cadena con bordes dentados afilados y, a consecuencia de ello, los músculos de las piernas están casi paralizados y no puedo caminar bien. Me ataron las piernas y los brazos a una mesa alta desde el suelo y los interrogadores se aseguraron de que estaba estirado al máximo. Luego me golpearon los brazos y las piernas así estirados con golpes de karate, hasta que se me entumecieron. Varias veces me vendaron los ojos y me golpearon con bastones, cables eléctricos gruesos y palos hasta que quedé inconsciente. También me pegaron con látigos hasta que casi me desangré. Me hicieron dormir en un suelo muy frío sin nada de ropa - es decir, los interrogadores me hicieron quitarme Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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la ropa y luego me hicieron tumbar en el suelo helado durante varios días y varias noches. Además, la comida de la prisión apenas era suficiente para mantenerse vivo, y las condiciones médicas e higiénicas de la prisión apenas se pueden describir. Eran sencillamente espantosas. A consecuencia de todo esto, ahora sufro diversos tipos de dolor físico y tortura mental. Cuando recuerdo los días de la prisión, no se me ocurre que haya nada positivo en la vida, y lo único que puedo hacer es deprimirme y yacer en la cama sin siquiera dormir. Además, el no tener empleo empeora aún más mi depresión porque la situación económica de mi familia es crítica."

Estos tipos de tortura se infligieron de manera sistemática a presos políticos y comunes, especialmente en el periodo inmediatamente posterior a su detención. Se utilizaron de forma generalizada durante la campaña gubernamental llamada "Terror Rojo", llevada a cabo entre 1977 y 1978, especialmente por parte de miembros de las fuerzas de seguridad de los kebelles. Desde 1979, Amnistía Internacional siguió recibiendo informes de torturas infligidas por las fuerzas de seguridad a personas detenidas porque las autoridades las consideraban sospechosas de oposición política. Durante muchos años se utilizaron sistemáticamente dos métodos de tortura que formaban parte del sistema normal de investigación en los centros secretos de detención de máxima seguridad de Addis Abeba, Asmara y otros lugares. El primer método, los golpes en las plantas de los pies (véase foto 4, página ii), se usaba con tanta frecuencia que algunas víctimas no lo consideraron una "verdadera tortura" en sus conversaciones con Amnistía Internacional. El segundo método de tortura consiste en vendar los ojos al preso y amordazarle, con las manos atadas a la espalda. Después le atan las manos a una cuerda suspendida de un gancho o una polea colocada en el techo. Entonces tiran de la víctima hacia arriba y la dejan colgada durante mucho tiempo. A veces, además, la golpean en esta posición en los brazos, los hombros y la espalda con un látigo o un cable eléctrico. En ocasiones atan una botella de agua a los testículos de la víctima y hacen balancearse su cuerpo para aumentar el dolor. Se han recibido informes de otros diversos métodos de tortura. Algunos ex presos han descrito que les arrojaron al suelo en celdas sin luz y los golpearon, los flagelaron o les dieron patadas en la cabeza, las orejas, las articulaciones y los órganos sexuales. A algunos les colocaron una pistola contra la cabeza y les amenazaron con matarlos o les sometieron a simulacros de ejecución. En algunos casos, según informes, se aplicaron descargas eléctricas. Entre

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las torturas mentales se encontraba el obligar a ver cómo torturaban a los compañeros, los familiares o los amigos. A las presas también les aplicaron los métodos de tortura descritos más arriba y a muchas las violaron. A algunas mujeres detenidas durante la campaña conocida como "Terror Rojo", llevada a cabo a finales de los años setenta, les introdujeron, según informes, palos o barras de metal calientes en la vagina. A los presos también les sumergían la cabeza repetidamente en un depósito de agua sucia hasta casi ahogarlos o hacerles perder la consciencia. A algunos les rompían dedos o huesos, les arrancaban las uñas de las manos o de los pies, o les colocaban esposas especiales en las muñecas con un mecanismo de presión (véase foto 3, página ii). A otros los obligaban a gatear o a andar sobre piedras puntiagudas o puntas de clavos. A muchos los tenían sin recibir agua ni alimentos durante mucho tiempo, o los ataban a una silla tras ser torturados y los dejaban fuera, en la noche helada, soportando su dolor. LA PENA DE MUERTE Etiopía retiene la pena de muerte en la legislación y en la práctica. Se desconoce el número de ejecuciones llevadas a cabo tras juicios y declaraciones de culpabilidad durante la pasada década. No obstante, se cree que es bajo, en contraste con el número extremadamente elevado de ejecuciones extrajudiciales y secretas. Se dispone de muy escasa información sobre penas de muerte impuestas por tribunales militares y posteriores ejecuciones de miembros de las fuerzas armadas. En mayo de 1990, doce generales del ejército y de las fuerzas aéreas fueron ejecutados tras un juicio militar secreto por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado un año antes. No tuvieron derecho de apelación y no recibieron un juicio justo. Unos 60 presos sentenciados a muerte por delitos comunes como el asesinato estuvieron detenidos en la sección de máxima seguridad de la Prisión Central de Addis Abeba hasta mayo de 1991. Esperaban los resultados de las apelaciones judiciales o las peticiones de clemencia. Es posible que haya otros presos condenados en cárceles regionales. LA ACTUAL SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Desde mayo de 1991, la paz reina de nuevo en la mayor parte de Etiopía y Eritrea, aunque las luchas a pequeña escala continuaron durante unos cuantos meses entre las unidades del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (que son las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno) y fuerzas del Partido Revolucionario del Pueblo Etíope en Gojjam, hasta que, al parecer, estas últimas fueron derrotadas. Ha habido choques entre comunidades y luchas en otras zonas, en los que se han visto especialmente implicados algunos Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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grupos oromo de la región de Hararghe y grupos Afar en el este de Etiopía y en los alrededores de Assab, en Eritrea. Estas luchas trastornaron gravemente las operaciones de ayuda humanitaria contra el hambre - las agencias de ayuda humanitaria informaron, en noviembre de 1991, que unos ocho millones de personas en Etiopía y Eritrea siguen corriendo peligro de pasar hambre. Las manifestaciones contra el nuevo gobierno del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope fueron inicialmente reprimidas con disparos que, según el Frente, eran una respuesta a la violencia, y unas 20 personas o más resultaron muertas en Addis Abeba, Dessie, y quizá en otras ciudades. La Carta de Transición de Etiopía, aprobada el 22 de julio de 1991 como ley suprema del periodo de transición de dos años, afirma que "basándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos ... los individuos serán respetados de forma plena y sin limitación" (artículo 1). También garantiza "la libertad de conciencia, de expresión, de asociación y de reunión pacífica" y "el derecho a participar en actividades políticas no restringidas y a organizar partidos políticos, siempre que el ejercicio de esos derechos no infrinja los derechos de otros" (artículo 1 (a) y (b)). Además, "se afirma el derecho de las naciones, las nacionalidades y los pueblos a la autodeterminación" (artículo 2). En agosto de 1991, el Consejo de Representantes aprobó nuevas leyes que permitían la formación de partidos políticos por primera vez en la historia del país, así como la celebración de reuniones políticas, concentraciones y manifestaciones. Hay muchos grupos políticos nuevos activos, aunque algunos permanecen en el exilio, y se están formando organizaciones de derechos humanos por primera vez en Etiopía. En Eritrea, el gobierno ha afirmado que cualquier grupo político tiene derecho a funcionar, pero hasta el momento no ha surgido ninguna organización política aparte del Frente Popular de Liberación de Eritrea, y algunos opositores al Frente permanecen en el extranjero. Los nuevos gobiernos de Etiopía y Eritrea han detenido a centenares de ex altos cargos del gobierno y funcionarios del Partido Etíope de los Trabajadores, así como a miles de miembros de las fuerzas armadas que no fueron capturados durante la lucha, entre ellos oficiales del ejército, la armada y las fuerzas aéreas, y agentes de policía, de prisiones y de seguridad; estos últimos fueron responsables de la tortura y la detención generalizada de presos políticos. Continúa la desmovilización del ejército derrotado, incluida la liberación de decenas de miles de presos capturados por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope y por el Frente Popular de Liberación de Eritrea durante la batalla, y el regreso a casa de otros que huyeron a otras áreas de los países vecinos. Las autoridades han declarado que los oficiales detenidos permanecen recluidos por crímenes de guerra o por violaciones de derechos humanos, y afirman que serán juzgados en juicios justos. Algunos han sido liberados tanto en Etiopía como en Eritrea pero Índice AI: AFR 25/09/91/s

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ninguno ha sido todavía acusado formalmente de ningún delito. Ninguno ha sido torturado o sometido deliberadamente a malos tratos, por lo que se sabe hasta el momento, pero las condiciones de reclusión de algunos son muy poco satisfactorias y aún no se conoce el paradero de algunos de los detenidos. Parece ser que se están redactando leyes para determinar la naturaleza de los procedimientos jurídicos en su contra. El gobierno provisional del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope afirmó, en junio de 1991, que los juicios seguirían las normas internacionales y que a las organizaciones como Amnistía Internacional les permitirían enviar delegados a los juicios en calidad de observadores. Las denuncias en los medios de comunicación o en reuniones públicas locales siguen teniendo como consecuencia alguna detención, sobre todo por presunta implicación en torturas, "desapariciones" u homicidios durante la campaña del "Terror Rojo" de 1977 y 1978. Entre los detenidos y acusados de cometer violaciones de derechos humanos se encuentran algunos que a su vez fueron víctima de violaciones de derechos humanos en la década de 1980 y que siguen sufriendo las secuelas de la tortura. Amnistía Internacional está investigando los casos de estos detenidos para averiguar si alguno de los detenidos en Etiopía o Eritrea se encuentra en realidad encarcelado exclusivamente por sus opiniones políticas o por sus posturas políticas anteriores. En Eritrea, el gobierno provisional del Frente Popular de Liberación de Eritrea expulsó sin previo aviso a 80.000 prisioneros de guerra etíopes y a 45.000 civiles no eritreos, la mayoría subordinados de los soldados del ejército etíope, pero entre ellos había también ex funcionarios del gobierno o del partido y profesores de lengua amárica (estos últimos porque el tigré ha reemplazado al amárico como lengua oficial en Eritrea junto con el árabe). Les hicieron cruzar la frontera con unas cuantas posesiones y muy poco dinero y muchos de ellos murieron en la carretera camino del sur o en campamentos de tránsito montados apresuradamente para proporcionar ayuda humanitaria de emergencia. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Addis Abeba en julio de 1991, la primera visita libre y sin restricciones de la organización tras años de tener prohibida la entrada al país por un gobierno hostil a las organizaciones de derechos humanos. Los delegados se reunieron con presos políticos recientemente liberados en cuyo favor la organización había estado años trabajando con muy poco éxito aparente. Les permitieron filmar el interior de tres de las prisiones más famosas en las que innumerables presos políticos habían permanecido detenidos o habían sido muertos: la prisión de alta seguridad Maikelawi, la Prisión Central y un centro de detención no oficial, cerca del viejo aeropuerto, conocido con el nombre de "Triángulo de las Bermudas" (véanse las fotografías 1, 2, 3 y 5, páginas i y ii). PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL FUTURO Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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Los nuevos gobiernos de transición de Etiopía y Eritrea asumen una gran responsabilidad y afrontan muchos desafíos. Uno de los mayores será poner fin a la catastrófica situación de los derechos humanos existente desde hace mucho tiempo. Para poder conseguirlo, los nuevos gobiernos tendrán que dar prioridad desde el principio a la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional hace un llamamiento al Gobierno de Transición de Etiopía y al Gobierno Provisional de Eritrea para que tomen sin dilación las medidas siguientes: 1.

Que no se encarcele a los presos de conciencia

Nadie debe ser encarcelado por sus opiniones, creencias u origen étnico, ni tampoco por su anterior postura política si esta no implicaba hacer uso de la violencia o abogar por ella. Debe ser derogada lo antes posible toda la legislación que ha permitido la detención de presos de conciencia. 2.

Juicios con las debidas garantías

Todas las personas detenidas por motivos políticos tienen derecho a ser juzgadas con las debidas garantías y dentro de un plazo de tiempo razonable o a quedar en libertad. Los funcionarios y otras personas vinculadas al anterior gobierno que hayan sido detenidas deben gozar de los mismos derechos reconocidos internacionalmente. No deben repetirse los juicios sumarios injustos ni las sentencias administrativas secretas de presos que se produjeron durante el gobierno de Mengistu. Los juicios justos de los nuevos detenidos deben seguir las siguientes normas internacionales. Entre los elementos esenciales de un juicio justo se encuentran: -acceso pleno y privado a abogados de su elección; -en principio, los juicios deben estar abiertos al público; -las declaraciones efectuadas bajo tortura o coacción no deben ser admisibles excepto como prueba de la acusación contra presuntos torturadores; -a todos los declarados culpables debe garantizárseles el derecho de apelación ante un tribunal superior. 3.

Fin de las detenciones arbitrarias

Deben prohibirse la detención administrativa indefinida y la detención en régimen de incomunicación. Ambas violan los derechos humanos fundamentales y en el pasado han sido factores clave para facilitar la tortura y las "desapariciones" de presos, ya que a los familiares de los detenidos no les permitían comprobar ni el trato que estaban recibiendo ni si estaban seguros. Debe ponerse Índice AI: AFR 25/09/91/s

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fin cuanto antes a la detención sin cargos durante seis meses de miles de ex funcionarios civiles o militares tras la caída del gobierno de Mengistu. Estos detenidos deben ser acusados de delitos tipificados en el código penal o liberados sin más demora. En particular, se recomiendan las siguientes reformas: -Que se ponga fin a la detención administrativa indefinida o secreta de presos políticos. - Que todas las detenciones sean reconocidas públicamente y que todos los detenidos permanezcan recluidos en centros de detención oficiales y de acuerdo con la adecuada normativa penitenciaria; -Se debe comunicar inmediatamente a los detenidos por qué han sido detenidos y en virtud de qué ley, y se debe informar a sus familiares de su detención y paradero; -En cada localidad o región las autoridades deben llevar un registro central en el que conste el nombre y lugar de detención de todos los detenidos, y que pueda ser consultado por sus abogados y familiares; -Todos los detenidos deben comparecer sin demora ante una autoridad judicial y ser acusados de un delito tipificado en el código penal, o si no ser liberados; -Los detenidos o sus familiares deben poder recusar los motivos de su detención y su legalidad ante un tribunal, mediante la disposición legal de hábeas corpus, por ejemplo. 4.

Evitar la tortura

La tortura no se debe utilizar nunca más. Los presos deben ser plenamente protegidos de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y los responsables de torturas deben ser juzgados. Toda persona relacionada con la detención de presos debe recibir instrucciones que prohíban el uso de la tortura en cualquier circunstancia y saber que si las incumplen serán castigados. No se permitirá jamás que cualquier sospechoso de aplicar torturas tenga la custodia de presos. Debe crearse además una comisión imparcial e independiente para llevar a cabo una investigación sobre las pasadas prácticas de tortura bajo el gobierno de Mengistu en todos los centros de detención, incluidos los de máxima seguridad. Deben hacerse públicas sus competencias, métodos de trabajo, conclusiones y recomendaciones. Esta comisión debe alentar la comparecencia y cooperación de ex víctimas de tortura y testigos, y disponer de medios para protegerles de posibles intimidaciones y represalias. Debe investigar in situ los lugares donde supuestamente se han llevado a cabo las torturas. Debe investigar las circunstancias Amnistía Internacional, noviembre de 1991

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que han propiciado el uso de la tortura y hacer recomendaciones sobre los cambios que deben introducirse para evitarla. Las autoridades ejecutivas y judiciales deben actuar con rapidez sobre las conclusiones de la investigación o sobre cualquier otro indicio de torturas, y llevar a los presuntos torturadores ante la justicia. También deben dar instrucciones a los jueces en el futuro para que inicien investigaciones inmediatas en los casos en los que los presos que comparecen ante un tribunal declaren haber sido torturados. Estas investigaciones deben incluir un reconocimiento llevado a cabo por personal médico para valorar la denuncia. Las confesiones u otras declaraciones obtenidas mediante torturas no deben ser admitidas como pruebas por el tribunal y no deben ser usadas para justificar la detención prolongada de un preso. 5.

Determinar el paradero de los "desaparecidos"

Debe establecerse urgentemente una comisión de investigación imparcial e independiente que determine el paradero o la suerte corrida por cualquier preso o persona que, según informes, haya "desaparecido" mientras se encontraba bajo custodia. Los testigos de la investigación, entre ellos los familiares de los "desaparecidos", deben recibir protección efectiva contra la intimidación y la violencia. Los resultados deben hacerse públicos en un plazo de tiempo razonable, y los responsables de delitos relacionados con las "desapariciones" deben ser llevados ante la justicia. 6.

Abolir la pena de muerte

Los nuevos gobiernos deben tomar rápidamente medidas para abolir la aplicación de la pena de muerte para todos los delitos. Como primer paso, deben conmutar todas las sentencias de muerte pendientes y no presionar para que se aplique la pena de muerte a los ex funcionarios u oficiales del ejército detenidos actualmente por "crímenes de guerra y abusos de derechos humanos", por horribles que sean los crímenes por ellos cometidos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una pena cruel, inhumana y degradante que viola el derecho a la vida. Se trata de una pena irrevocable, impuesta muchas veces sólo por venganza y a veces tras una declaración de culpabilidad dudosa o un juicio injusto; además, no se ha demostrado claramente que esta pena tenga un efecto disuasor. 7.

Prevenir las ejecuciones extrajudiciales

Todo el personal militar y de seguridad debe recibir instrucciones de que las ejecuciones extrajudiciales son un delito, Índice AI: AFR 25/09/91/s

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y de que no sólo están obligados a negarse a cumplir una orden de cometerlo, sino también a informar de cualquier delito de ese tipo a la autoridad competente. Todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de presos políticos o de combatientes o civiles capturados, tanto en el pasado como en el futuro, deben ser investigadas de forma rápida, exhaustiva e imparcial para determinar las circunstancias en las que se produjeron y averiguar si fueron ilegítimas. Los responsables de ordenar o llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales deben ser juzgados. 8.Ratificar los tratados de derechos humanos internacionales y regionales El Gobierno de Transición de Etiopía debe hacer explícito su compromiso para con los derechos humanos ratificando sin dilación los instrumentos fundamentales de derechos humanos, tanto internacionales como regionales, tal como le autoriza a hacer la Carta de Transición de julio de 1991: -El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con sus dos protocolos facultativos; -la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; -la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; -los Protocolos Adicionales I y II, de 1977, de los Convenios de Ginebra de 1949. El Gobierno Provisional de Eritrea, aunque aún no ha sido reconocido oficialmente ni es miembro de las Naciones Unidas, debe declarar su aceptación de las normas de derechos humanos contenidas en estos tratados.

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Este documento es una versión actualizada de un resumen de 11 páginas de un documento largo de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en Etiopía durante el gobierno de Mengistu, Ethiopia: End of an era of brutal repression - a new chance for human rights (Etiopía: Fin de una época de represión brutal - Una nueva oportunidad para los derechos humanos), índice AI: AFR 25/05/91, publicado por Amnistía Internacional el 31 de mayo de 1991, justo después de la caída del gobierno. Este nuevo documento incluye información nueva y referencias a acontecimientos posteriores, desde junio hasta noviembre de 1991. Hay disponibles traducciones de este documento al amárico, tigré y oromo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

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1. Prisión Central (Karchele), Addis Abeba

2. Alem Bekagne ("El Fin del Mundo") - sección de máxima seguridad de la Prisión Central de Addis Abeba

3. La temida celda número 7 del centro de detención de máxima seguridad Maikelawi, Addis Abeba - las esposas de tortura aparecen colgadas en el pomo de la puerta.

4. Tortura - golpes en las plantas de los pies (reconstrucción) 5. "El Triángulo de las Bermudas" donde muchos detenidos "desaparecieron" - villa privada cerca del viejo aeropuerto de Addis Abeba utilizada como centro secreto de detención. Un delegado de Amnistía Internacional filma una entrevista en julio de 1991. 6 y 7. El reverendo Gudina Tumsa (a la izquierda), secretario general de la Iglesia Evangélica Etíope de Mekane Jesús, "desaparecido" en 1979, y su esposa, Tsehai Tolessa (a la derecha), detenida desde 1980 hasta 1989. 8. Kassa Wolde-Mariam, ministro de Agricultura, ex presidente de la universidad, detenido en 1974, "desaparecido" en 1979. 9. 'Abuna' Tewoflos (o Theophilos), patriarca de la Iglesia Ortodoxa Etíope, detenido en 1976, "desaparecido en 1979.

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ETIOPÍA Y ERITREA ARABIA SAUDITA TIGRÉ

YIBUTI

GOLFO DE ADÉN

SOMALILANDIA (auto-declarada)

ETIOPÍA

KENIA

Addis Abeba

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