Historia de la Ley Nº 20.484

Sanciona el no pago de la Tarifa en el Transporte Público de pasajeros

D. Oficial 08 de enero, 2011

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Índice

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

4

1.1. Mensaje del Ejecutivo

4

1.2. Informe de Comisión de Obras Públicas

9

1.3. Discusión en Sala

21

1.4. Segundo Informe de Comisión de Obras Públicas

61

1.5. Discusión en Sala

66

1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora

103

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

105

2.1. Informe de Comisión de Transportes

105

2.2. Discusión en Sala

117

2.3. Boletín de Indicaciones

150

2.4. Segundo Informe de Comisión de Transportes

151

2.5. Discusión en Sala

158

2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

172

3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

173

3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.

173

4. Publicación de ley en Diario Oficial

175

4.1. Ley N° 20.484

175

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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados 1.1. Mensaje del Ejecutivo Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 12 de mayo, 2010. Cuenta en Sesión 27, Legislatura 358.

MENSAJE DE S.E. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE EVITA EL NO PAGO DE LA TARIFA EN VEHICULOS DE LA LOCOMOCION COLECTIVA. ________________________________ A S.E. LA PRESIDENTA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

SANTIAGO, mayo 12 de 2010.MENSAJE Nº 099-358/

Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto modificar el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.290 sobre Tránsito y la Ley N° 18.287, que estable el procedimiento ante los juzgados de policía local.

I. ANTECEDENTES El Sistema de Transporte Público para la Ciudad de Santiago. La ley Nº 18.696 faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en los casos de congestión de vías, de deterioro del medio ambiente y/o de las condiciones de seguridad de las personas o vehículos que se señalan producto de la circulación vehicular, para disponer el uso de vías para determinados tipos de vehículos y/o servicios, mediante procedimientos de licitación pública. En ejercicio de la facultad que se trata, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante Resolución N° 117, de 2003, aprobó las Bases de Licitación Pública de Uso de Vías de la Ciudad de Santiago para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte Público Mediante Buses, en

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adelante “Licitación Transantiago 2003”. Por su parte, mediante Resolución Exenta N° 331, de 2005, de dicho Ministerio, se aprobaron los contratos de concesión, suscritos con fecha 28 de enero de 2005, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las empresas Concesionarias de las Unidades de Negocio que en ella se indican. El referido Sistema estructura la prestación de los servicios sobre la base de la red de Metro, una Red Troncal, que considera el conjunto de los principales ejes en que opera el transporte público, y una Red Alimentadora, que corresponde a servicios que se prestan en vías ubicadas al interior de áreas geográficas determinadas. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en las “Bases de Licitación AFT 2004”, la administración financiera del Sistema, condición necesaria para su funcionamiento, comprende el desarrollo de las actividades de emisión, comercialización y provisión de la red de recarga del único medio de acceso al sistema, de los equipamientos necesarios para la validación y registro de los viajes y/o sus etapas, así como la administración de los recursos necesarios para el pago de la prestación de los servicios de transporte y su distribución entre los diversos integrantes del Sistema, actividad que es ejercida por una entidad administradora de los recursos. Ahora bien, como es de conocimiento público, el Plan de Transporte Público de la Ciudad de Santiago ha afrontado diversas dificultades, entre las que se encuentra un déficit que ha implicado el otorgamiento de recursos destinados a cubrir las diferencias entre los ingresos y costos que genera el referido Sistema, a cuyo efecto el Congreso Nacional ha aprobado la Ley N° 20.378. Lo anterior, toda vez que el financiamiento del Sistema de Transporte Público de Santiago se basa en la obligación de pago por parte de los usuarios de los servicios de transporte prestados por el Sistema. El Estado, además de entregar los recursos que permitan mantener e incrementar la calidad y continuidad de los servicios de transporte prestados por el Plan, estima que corresponde adoptar medidas que tiendan a disminuir el déficit que afecta a dicho Plan. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el organismo encargado de supervigilar, fiscalizar y coordinar que los usuarios en la actividad del transporte público, cumplan a cabalidad con sus funciones, atribuciones y obligaciones específicas. De acuerdo a lo antes expuesto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha implementado diversas medidas tendientes a reducir el déficit que experimenta el Sistema, el cual contempla entre otras acciones, un plan tendiente a reducir la conducta de no pago de la tarifa por parte de muchos pasajeros. Esta conducta finalmente afecta a los usuarios que cumplen con su obligación de pagar la tarifa, y que deben, entre otros, soportar el alza de las mismas. La autoridad busca generar confianza en la comunidad y dar

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una señal que se multará a quienes incumplan y así evitar muchas veces que se generen situaciones de impotencia e injusticia dentro de los mismos buses. Situación en el resto del país Si bien en el resto del país se ha estimado que no existen los niveles de no pago de tarifa para acceder al transporte público remunerado de pasajeros que experimenta el Sistema de Transporte Público de Santiago, y atendido que los prestadores de servicios tienen la posibilidad de percibir los montos del subsidio a que se refiere la Ley N° 20.378, es necesario contar con los medios que permitan prevenir y cautelar la integridad de los ingresos de los prestadores que podrán percibir los montos del subsidio, de acuerdo a la Ley antes referida. Sobre los efectos del no pago de la tarifa. De acuerdo a las estimaciones del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entre marzo de 2009 y febrero de 2010, el porcentaje de usuarios que no pagan la tarifa de transporte público de la ciudad de Santiago aumentó de 11,0% a 17,8%, cifras que exceden las proyecciones sobre las que se diseñó el sistema, como las consideradas para el cálculo de los montos que corresponden al subsidio establecido por la ley N° 20.378. En ese contexto, es dable hacer presente que el efecto estimado de la evasión en el sistema de transporte público de la ciudad de Santiago, implica una disminución de ingresos del orden de $ 71.000.000.000 en el período señalado, a razón de aproximadamente $ 6.000.000.000, mensuales. De esa forma, resulta necesario introducir las modificaciones de que da cuenta el presente proyecto, que permitirán reducir la conducta evasiva, permitiendo aumentar los ingresos del sistema de transporte público remunerado de pasajeros de la ciudad de Santiago y de los prestadores de servicios de transporte del resto del país.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO. Las materias que regula el presente proyecto son, en primer lugar, una modificación al Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a incorporar un nuevo numeral en el artículo 200, con el objeto de tipificar como infracción grave el no pago de tarifa en vehículos de locomoción colectiva, la que en la actual legislación se tipifica como infracción leve. Por otra parte, se establece que los infractores que no hubieran pagado la multa serán incorporados en el “Registro de Multas del Tránsito no pagadas” regulado por dicha Ley, contemplando además que la circunstancia de

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encontrarse en el Registro será considerada al momento de postular a otros beneficios que pueda otorgar el Estado. Con todo, también se contemplan las situaciones en las cuales el infractor sancionado debe eliminarse de dicho Registro. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY: “Artículo primero.- Agrégase el siguiente número 41, nuevo, al artículo 200 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito: “41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”. Artículo segundo.- Incorpórense los siguientes incisos octavo, noveno y décimo, nuevos, al artículo 22 de la ley Nº 18.287: “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros, serán anotados en un “sub Registro de Pasajeros Infractores” que se creará en el “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados, se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el sub registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes. La anotación en el “sub Registro de Pasajeros Infractores”, será considerada, de acuerdo a la normativa vigente, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, no pudiendo denegarse el respectivo beneficio por la sola concurrencia de esta causal. Los organismos otorgantes de los beneficios, deberán adoptar todas las medidas pertinentes a objeto de dar cumplimiento a dicha exigencia y deberán indicar el factor de ponderación de dicho antecedente en la evaluación del postulante.”.”. Dios guarde a V.E.

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SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE Presidente de la República FELIPE MORANDÉ LAVÍN Ministro de Transportes y Telecomunicaciones FELIPE BULNES SERRANO Ministro de Justicia

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS

1.2. Informe Comisión de Obras Públicas Cámara de Diputados. Fecha 09 de julio, 2010. Cuenta en Sesión 51. Legislatura 358.

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE EVITA EL NO PAGO DE LA TARIFA EN VEHÍCULOS DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. BOLETÍN N° 6.948-15. HONORABLE CÁMARA: Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, con trámite de “suma” urgencia. Mediante este proyecto se busca incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual, se aumenta la sanción para los evasores, se establece un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” dentro del actual “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” y la anotación en dicho sub registro será considerada entre los antecedentes a evaluar para obtener beneficios que otorgue el Estado. Constancias reglamentarias. Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente: Artículos nuevos: No hay. Indicaciones aprobadas: No hay. Indicaciones rechazadas: No hay. Normas de ley orgánica constitucional o de quórum calificado: El proyecto no contiene este tipo de normas. Normas que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda: No hay. Aprobación en general: El proyecto fue aprobado en general, por la unanimidad de los Diputados presentes, García, don René Manuel (Presidente); Hasbún, don Gustavo; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo; Uriarte, don Gonzalo; Venegas, don Mario y Zalaquett, doña Mónica.

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS

Diputado informante: Se designó Diputado informante al señor Pérez, don Leopoldo. ************************** Para el estudio del proyecto de ley, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas, representantes de las instituciones que se indican: Por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministro, señor Felipe Morandé Lavín; la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt Hesse; la Coordinadora General del Transantiago, señora Ana Luisa Covarrubias y el Jefe de Gabinete del Ministro, señor Patricio Pérez. Por el Administrador Financiero del Transantiago, el Gerente General, señor Enrique Méndez Velasco y el Gerente de Administración y Finanzas, señor Armando Espinoza. Por el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, el Presidente, señor Mario Contreras Rojas y el Director señor Armando Gómez Bahamonde. Por el Instituto Libertad y Desarrollo, el Director del Programa Legislativo, señor Rodrigo Delaveau. **************************

I.

ANTECEDENTES GENERALES.

La ley Nº 18.696 faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para disponer el uso de vías para determinados tipos de vehículos o servicios, mediante procedimientos de licitación pública. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante Resolución N° 117, de 2003, aprobó las Bases de Licitación Pública de Uso de Vías de la Ciudad de Santiago para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte Público Mediante Buses, en adelante “Licitación Transantiago 2003”. Por su parte, mediante Resolución Exenta N° 331, de 2005, dicho Ministerio, aprobó los contratos de concesión, suscritos con fecha 28 de enero de 2005, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las empresas Concesionarias de las Unidades de Negocio que en ella se indican. El mencionado sistema estructuró la prestación de los servicios sobre la base de la red de Metro, una Red Troncal, que considera el conjunto de los principales ejes en que opera el transporte público, y una Red Alimentadora,

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS que corresponde a servicios que se prestan en vías ubicadas al interior de áreas geográficas determinadas. Por lo tanto, de acuerdo a lo previsto en las “Bases de Licitación AFT 2004”, la administración financiera del sistema, condición necesaria para su funcionamiento, comprende el desarrollo de las actividades de emisión, comercialización y provisión de la red, de recarga del único medio de acceso al sistema, de los equipamientos necesarios para la validación y registro de los viajes o sus etapas, así como la administración de los recursos necesarios para el pago de la prestación de los servicios de transporte y su distribución entre los diversos integrantes del sistema, actividad que es ejercida por una entidad administradora de los recursos. Como es de conocimiento público, el Plan de Transporte Público de la Ciudad de Santiago ha afrontado diversas dificultades, entre las que se encuentra un déficit que ha implicado el otorgamiento de recursos destinados a cubrir las diferencias entre los ingresos y costos que genera el referido sistema. Para lo cual, se dictó la ley N° 20.378, que creó un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros. Además, su financiamiento se basa en la obligación que tienen los usuarios del sistema, de pagar por los servicios prestados por el Transporte Público Remunerado de Pasajeros. Por otra parte el Estado, además de entregar los recursos que permitan mantener e incrementar la calidad y continuidad de los servicios de transporte prestados, estima necesario que se adopten medidas, que tiendan a disminuir el déficit que afecta a dicho servicio. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el organismo encargado de supervigilar, fiscalizar y coordinar que los usuarios del transporte público, cumplan con sus obligaciones específicas. En mérito de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha implementado diversas medidas tendientes a reducir el déficit que experimenta el sistema, el que contempla entre otras acciones, un plan tendiente a reducir la conducta del no pago de la tarifa por parte de muchos pasajeros. Por cuanto, esta conducta finalmente afecta a una gran cantidad de usuarios que cumplen con su obligación de pagar la tarifa, y que, entre otras cosas, deben soportar el alza de las mismas. Por lo tanto, la autoridad busca generar confianza en la comunidad y dar una señal que se multará a quienes incumplan con el pago de la tarifa y así evitar que se generen situaciones de impotencia e injusticia, dentro de los mismos buses.

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS II.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

En el mensaje se indica que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha logrado establecer, a través del Programa Nacional de Fiscalización, que entre los meses de marzo de 2009 y febrero de 2010, el porcentaje de usuarios que no pagan la tarifa de transporte público de la ciudad de Santiago aumentó de un 11,0% a un 17,8%, cifras que exceden las proyecciones sobre las que se diseñó el sistema. De acuerdo a lo señalado anteriormente se produce una disminución de ingresos del orden de $71.000.000.000, en dicho período, lo que significa aproximadamente $6.000.000.000, mensuales de evasión. Por lo tanto, es absolutamente necesario incorporar una normativa, que permita reducir la conducta evasiva, por parte de las personas que no pagan la tarifa, en el transporte público remunerado de pasajeros de la ciudad de Santiago. Los usuarios de provincia también reciben el subsidio estatal, por lo que se les aplicarán estas normas, pese a la menor evasión allí detectada. III. MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO. Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República, y en los incisos primeros de los artículos 24 y 32 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, corresponde consignar, como lo exige el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, una minuta de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, entendiéndose como tales las contenidas en el mensaje. De acuerdo con esto último, el proyecto busca incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de locomoción colectiva, por medio del aumento de las sanciones a los infractores, su registro y consideración negativa para otros beneficios estatales. IV. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO. La Comisión estimó adecuado conocer el parecer de la Excma. Corte Suprema, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, por cuanto, el proyecto se refiere a una atribución de los Juzgados de Policía Local.

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS Con fecha 18 de mayo de 2010, la Comisión remitió a la Excma. Corte Suprema, copia del proyecto de ley, con el objeto de recabar su pronunciamiento, respecto de su artículo segundo. Con fecha 05 de julio de 2010, la Excma. Corte Suprema remitió a la Comisión el informe solicitado, el que explica entre sus acápites: “Cuarto: Que el nuevo numeral 41 que se agrega al artículo 200 del D.F.L. N°1, del 2007 (Ley de Tránsito) no es de aquellas disposiciones que deba informar este máximo tribunal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la Carta Fundamental, pues, en efecto, la norma propuesta lo que hace es tipificar una infracción grave del tránsito. Se trata, por consiguiente, de un precepto de carácter sustantivo, que no incide en la organización y atribuciones de los tribunales.” “Quinto: Que, por su parte, los nuevos incisos que se incorporan al artículo 22 de la ley N° 18.287 especifican para el caso particular de la nueva infracción grave que establece (no pago de la tarifa en los vehículos de locomoción colectiva), la obligación que actualmente tienen los secretarios de los Juzgados de Policía Local de remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación la nómina de los infractores para su anotación, que está consagrada en el actual artículo 24 de la aludida ley, lo que no merece reparos. Por lo señalado y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con las observaciones anotadas precedentemente.” Este informe contó con la prevención del Ministro Muñoz. De conformidad con lo señalado por la Excma. Corte Suprema, esta Secretaría consideró que el inciso segundo no es materia de ley orgánica constitucional, por cuanto la atribución allí señalada ya existe y no se modifica, sólo es especificada. V. ARTÍCULOS DEL PROYECTO QUE, EN CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. No los hay.

VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO. A la discusión general del proyecto, habida en el seno de vuestra Comisión concurrió el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé, quién expuso el parecer del Ejecutivo.

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS Planteó que el proyecto de ley en estudio busca fundamentalmente, evitar el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva. Para lo cual, a través de esta iniciativa se elevan las multas, por cuanto, las actuales son muy poco persuasivas y además, con ello, se pretende impedir un aumento del valor del pasaje, para los que sí pagan la tarifa. Por otra parte informó, que en el mes de mayo pasado, se redujo la evasión del pago de tarifas en casi un 2%, gracias a la campaña de difusión realizada por el Ministerio. Además explicó que al comparar el costo marginal para establecer el sistema del ingreso de cada nuevo pasajero, si no hubiera evasión, ingresarían libres, por usuario, $ 74 pesos por el uso de los buses alimentadores, metro y troncales, y hasta $ 454 pesos, por el uso sólo del metro. ************************ También participó la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt, quién explicó que los costos de operadores, troncales y alimentadores del sistema Transantiago han aumentado en 50% en el tiempo, y los de la Administradora Financiera del Transantiago (AFT) lo han hecho en un 100%, mientras que los ingresos se han mantenido estables en el tiempo. Agregó que al desfinanciamiento del sistema, se debe agregar lo relativo a la evasión del pago de la tarifa, por parte de los usuarios. Al respecto, indicó que los niveles de evasión que se han registrado, ascienden a una pérdida de US$ 300.000, diarios, lo que equivale a cerca de US$ 80 millones de pérdidas al año. Planteó que la zona sur oriente de la capital, es la que registra la más alta evasión, llegando incluso al 33% de los usuarios que no pagan. Al respecto agregó, que la evasión que se produce a través de la puerta delantera, se ubica en torno al 15%, mientras que en las demás puertas, esto asciende aproximadamente a un 49%. Es por ello, que el Ejecutivo estudia efectuar un control para las puertas 2, 3 y 4 y también para obligar a que los estudiantes usen su pase para almorzar, de modo que no lo cedan a otras personas durante la jornada. Para evitar estas anomalías, el Ministerio ha dispuesto aumentar el número de fiscalizadores. Señaló además, que la evasión no sólo produce menores ingresos al sistema, sino que, también afecta la planificación de recorridos, pues esto se basa en las validaciones de las tarjetas bip, lo cual, hace creer que se transporta un menor número de pasajeros que los que realmente se transportan. Es por estas razones, que el Ejecutivo ha presentado esta iniciativa, que tiene por objeto evitar el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva de la Región Metropolitana. La Subsecretaria indicó que el proyecto modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Justicia, que fijó el texto refundido de la Ley de Tránsito, y la ley N° 18.297, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. Agregó que en la Ley de Tránsito, se modifica la

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS tipificación del no pago de la tarifa en los vehículos de transporte público, de infracción leve a infracción grave. Recordó que la infracción leve tiene asociada una multa de entre 0,2 y 0,5 unidades tributarias mensuales (UTM), en tanto que la infracción grave tiene una multa de entre 1 y 1,5 UTM. Explicó que este aumento tendría un efecto disuasivo sobre la negativa conducta de los usuarios. Por último, explicó que el artículo segundo del proyecto, modifica el artículo 22 de la ley N°18.287, sobre los Juzgados de Policía Local, con el objeto de crear un sub registro de pasajeros infractores por no pago de la tarifa de transporte público remunerado de pasajeros, anotación que será considerada dentro de los antecedentes a evaluar respecto de quienes deseen acceder a algún beneficio, no pudiendo denegarse el beneficio por la sola concurrencia de esta causal. ************************ También concurrió, el Gerente General del Administrador Financiero del Transantiago (A.F.T.), señor Enrique Méndez, quien señaló que es muy peligroso cómo crece el déficit del sistema. Agregó, que a su juicio, la gravedad de la evasión no se superará si no es a través de un mejor sistema de fiscalización y estableciendo un sistema para sancionar fuertemente a quienes evadan el pago de la tarifa en el sistema de locomoción colectiva del Transantiago. *********************** Concurrió invitado por la Comisión, el Presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señor Mario Contreras, quién hizo tres alcances respecto del proyecto de ley. En primer lugar, señaló que la situación descrita en el artículo primero no se da en provincia, por cuanto se trataría de un conflicto entre privados: el inspector y el pasajero. Dado que fuera de la ciudad de Santiago, es el chofer o un cobrador humano quien solicita el pago de la tarifa, por lo que consideró que el proyecto sólo debiera establecerse para los usuarios del Transantiago. En segundo término, comentó que le parecía adecuado el aumento de la penalidad. Recalcó que la obligación de pagar la tarifa está consagrada actualmente en el artículo 88 de la Ley de Tránsito y que, si se aplica sólo a la ciudad de Santiago, tal situación deberá constar en el mismo cuerpo legal. Hizo hincapié en que teniendo más de treinta años como juez, jamás ha recibido una denuncia por no pago de tarifas en la locomoción colectiva de provincia. En tercer lugar, destacó que el subregistro es fácil de llevar a cabo. A su juicio, evitará el problema de guardar las sentencias no pagadas. Afirmó

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS que los secretarios de los Juzgados de Policía Local, tienen la suficiente experiencia para completarlos. Por último informó, que las multas se pueden pagar anticipadamente en los Juzgados de Policía Local, con un descuento del 25% del valor. Además, la persona puede alegar que no se le cobre más del 10% de sus ingresos por norma penal, o bien indicar otros argumentos por los cuales el juez puede acceder a la rebaja. ************************* También participó el Director del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señor Armando Gómez, quién opinó que la notificación de las multas puede ser conflictiva, al hacerlo a través de correos y de Carabineros de Chile, por lo tanto, a su juicio, sólo se van a aplicar las multas a quienes vayan libremente al tribunal. Es por esta experiencia práctica, que considera útil, la inscripción en el subregistro de pasajeros infractores establecida en el proyecto de ley. ************************* Participó como invitado, el Director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, señor Rodrigo Delaveau, quién consideró que la norma debe aplicarse también a las regiones, para que en el caso, que en ellas se instale a futuro un sistema de cobro automatizado de tarifas, similar al Transantiago, sus evasores puedan igualmente ser multados. Agregó que dentro de los objetivos que se establecen para las penas que incorpora el proyecto, se distinguen a lo menos dos. En primer lugar, se observa que las penas tienen un objetivo represivo, esto es, de castigo, cuya efectividad estaría en duda para este caso, por lo señalado por el juez Gómez en su exposición. Pero también existe un objetivo preventivo general, para que los usuarios que no paguen la tarifa, se cohíban por la acción multable que se incorpora. Por último concluyó, que aunque no se paguen todas las multas, tiene sentido establecer el aumento de las penas. ****************************** Aprobación en general. -Puesto el proyecto en votación en general, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, García, don René Manuel (Presidente); Hasbún, don Gustavo; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo; Uriarte, don Gonzalo; Venegas, don Mario y Zalaquett, doña Mónica.

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VII. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO. El proyecto propone a través de su normativa, desincentivar la enorme evasión del pago de la tarifa, que existe en el sistema de transporte público de pasajeros, denominado “Transantiago”. El proyecto consta de dos artículos permanentes: Mediante el artículo primero, se tipifica como infracción grave el no pago de la tarifa en vehículos de locomoción colectiva. Artículo primero.Se agrega el siguiente número 41, nuevo, al artículo 200 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 del año 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito: “41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”. -Puesto en votación el artículo primero, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes, García, don René Manuel; Latorre, don Juan Carlos; Nogueira, doña Claudia; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo; Uriarte, don Gonzalo y Zalaquett, doña Mónica.

Mediante el artículo segundo, se establece que los infractores serán anotados en un “sub registro de pasajeros infractores” que se creará en el “registro de multas de tránsito no pagadas”, el cual será individualizado y actualizado cada dos meses por el Secretario del Juzgado de Policía Local. Éste lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. Transcurridos tres años, la anotación se eliminará por el solo ministerio de la ley, lo que también sucederá si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada con sus aranceles. Además, esta anotación se podrá considerar, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, no pudiendo denegarse el respectivo beneficio, por la sola concurrencia de esta causal. El Diputado Latorre solicitó que se dejara constancia de su reserva de constitucionalidad respecto de este artículo, por la eventual denegación arbitraria de beneficios sociales. Artículo segundo.-

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS Se incorporan los siguientes incisos octavo y noveno, nuevos, al artículo 22 de la ley Nº 18.287: “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros, serán anotados en un “sub Registro de Pasajeros Infractores” que se creará en el “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados, se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el sub registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes. La anotación en el “sub Registro de Pasajeros Infractores”, será considerada, de acuerdo a la normativa vigente, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, no pudiendo denegarse el respectivo beneficio por la sola concurrencia de esta causal. Los organismos otorgantes de los beneficios, deberán adoptar todas las medidas pertinentes a objeto de dar cumplimiento a dicha exigencia y deberán indicar el factor de ponderación de dicho antecedente en la evaluación del postulante.”. -Puesto en votación el artículo segundo, fue aprobado por cinco votos a favor de los Diputados García, don René Manuel; Nogueira, doña Claudia; Pérez, don Leopoldo; Uriarte, don Leopoldo y Zalaquett, doña Mónica y dos votos en contra de los Diputados Latorre, don Juan Carlos y Pacheco, doña Clemira.

VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO. En mérito de las consideraciones anteriores y de las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado informante, vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones os recomienda la aprobación del siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo 1°- Agrégase el siguiente número 41, nuevo, en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones:

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INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS “41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”. Artículo 2°.- Incorpóranse los siguientes incisos octavo y noveno, nuevos, en el artículo 22 de la ley Nº 18.287: “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” que se creará en el “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el sub registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes. La anotación en el “Sub Registro de Pasajeros Infractores” será considerada, de acuerdo a la normativa vigente, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, sin que pueda denegarse el respectivo beneficio por la sola concurrencia de esta causal. Los organismos otorgantes de los beneficios deberán adoptar todas las medidas pertinentes a objeto de dar cumplimiento a dicha exigencia y deberán indicar el factor de ponderación de dicho antecedente en la evaluación del postulante.”. Se designó Diputado informante al señor Leopoldo Pérez Lahsen. SALA DE LA COMISIÓN, a 09 de julio de 2010.

Tratado y acordado, conforme se consigna en las actas de fechas 8 y 15 de junio y 6 de julio de 2010, con la asistencia de los Diputados señores García, don René Manuel (Presidente); García-Huidobro, don Alejandro; Hasbún, don Gustavo; Hernández, don Javier; Latorre, don Juan Carlos; Meza, don Fernando; Nogueira, doña Claudia; Norambuena, don Iván; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo; Tuma, don Joaquín; Vargas, don Orlando; Uriarte, don Gonzalo; Venegas, don Mario, y Zalaquett, doña Mónica. Se hace constar que en algunas sesiones se produjeron los siguientes reemplazos: El Diputado García-Huidobro, fue Zalaquett, doña Mónica;

reemplazado por

la Diputada

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El Diputado Hernández, don Javier, fue reemplazado por la Diputada Nogueira, doña Claudia; El Diputado Norambuena, don Iván, fue reemplazado por el Diputado Uriarte, don Gonzalo, y El Diputado Pérez, don Leopoldo, fue reemplazado por el Diputado Verdugo, don Germán. Se adjunta un texto comparado entre la legislación vigente y las disposiciones que modifica este proyecto de ley.

PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA Secretario de la Comisión.

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1.3. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 54. Fecha 15 de julio, 2010. Discusión general. Se aprueba.

TIPIFICACIÓN COMO INFRACCIÓN GRAVE EL NO PAGO DE TARIFAS DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Primer trámite constitucional. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Leopoldo Pérez. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 6948-15, sesión 27ª, en 18 de mayo de 2010. Documentos de la Cuenta N° 3. -Primer informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 51ª, en 13 de julio de 2010. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor informante.

MOREIRA

(Vicepresidente).-

Tiene

la

palabra

el

diputado

El señor PÉREZ, don Leopoldo (de pie).- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de “suma”, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. El proyecto en informe fue despachado el 6 de julio de 2010 por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. La idea matriz del proyecto consiste en incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, por medio del aumento de las sanciones a los infractores, su registro y consideración negativa para la obtención de otros beneficios estatales. No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda; tampoco artículos ni indicaciones rechazados, ni artículos que requieran ser aprobados con quórum especial. Sin perjuicio de ello, la Comisión acordó remitir el proyecto a la Excelentísima Corte Suprema, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, debido a que se crea un Sub Registro

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de Pasajeros Infractores, que deberá ser actualizado por el secretario del juzgado de policía local, según lo dispuesto en el artículo segundo del proyecto de ley, lo que podría constituir una modificación de las atribuciones de los tribunales, pese a que ya existe un Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, dentro del cual se inscribiría el Sub Registro. Entre otros considerandos, la Corte Suprema indicó que los nuevos incisos que se incorporan al artículo 22 de la ley N° 18.287 especifican, para el caso particular de la nueva infracción grave relacionada con el no pago de la tarifa de la locomoción colectiva, la obligación que actualmente tienen los secretarios de los juzgados de policía local de remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación la nómina de los infractores para su anotación, consagrada en el artículo 24 de la aludida ley, lo que no merece reparos. Por último, expresa: “Por lo señalado y en conformidad con lo dispuesto en la norma constitucional citada, se acuerda informar favorablemente el referido proyecto de ley, con las observaciones anotadas precedentemente. No hay indicaciones aprobadas por la Comisión, sin perjuicio de lo cual la Secretaría realizó algunas modificaciones formales, informadas oportunamente a sus integrantes. Cabe recordar que el Transantiago generó, desde su instauración, un déficit que obligó al Estado a otorgar recursos destinados a cubrir diferencias entre sus ingresos y sus costos. Para ese efecto, el Congreso Nacional aprobó la ley N° 20.378. El financiamiento del sistema se basa en el pago de la tarifa por los usuarios, lo cual no ocurre en la proporción adecuada, y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el organismo encargado de supervigilar y coordinar que los usuarios cumplan con sus obligaciones específicas. Por eso el Gobierno presentó el actual proyecto, para evitar la evasión, que finalmente afecta a quienes cumplen con el pago de la tarifa y deben soportar sus alzas. La autoridad busca que la comunidad recupere la confianza, y evitar las situaciones de impotencia que se producen en los buses de locomoción colectiva. De acuerdo con lo señalado en el mensaje, entre marzo de 2009 y febrero de 2010, el porcentaje de usuarios que no pagó la tarifa en la ciudad de Santiago aumentó de 11 a 17,8 por ciento, cifra que excede las proyecciones sobre las que se diseñó el sistema, como las consideradas para el cálculo de los montos que corresponden al subsidio aprobado, establecido en la ley N° 20.378.

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Se estima una disminución de ingresos del orden de 71 mil millones de pesos en el período señalado, a razón de 6 mil millones de pesos mensuales, aproximadamente. Los usuarios de provincia también reciben subsidio estatal, por lo que se les aplicarán las normas del proyecto, pese a la menor evasión allí detectada. El artículo 1° del proyecto aumenta de infracción leve, de 0,2 a 0,5 UTM, a infracción grave, de 1 a 1,5 UTM, la tipificación del no pago de la tarifa de vehículos de locomoción colectiva. Para eso, se agrega un número 41, nuevo, al artículo 200 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.290, de tránsito. El artículo 2° establece que los infractores serán anotados en el Sub Registro de Pasajeros Infractores que se creará en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas. El secretario del tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. Transcurridos tres años, la anotación se eliminará por el solo ministerio de la ley, lo que también sucederá si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y aranceles correspondientes. Esta anotación será considerada, de acuerdo con la legislación vigente, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, no pudiendo denegarse el respectivo beneficio por la sola concurrencia de esta causal, para lo cual se modifica el artículo 22 de la ley N° 18.287. Para el estudio del proyecto, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas, representantes de las instituciones que se indican: Por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el ministro, señor Felipe Morandé Lavín; la subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt Hesse; la coordinadora general del Transantiago, señora Ana Luisa Covarrubias, y el jefe de gabinete del ministro, señor Patricio Pérez. Por el Administrador Financiero del Transantiago, el gerente general, señor Enrique Méndez Velasco, y el gerente de Administración y Finanzas, señor Armando Espinoza. Por el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, el presidente, señor Mario Contreras Rojas, y el director, señor Armando Gómez Bahamonde.

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Por el Instituto Libertad y Desarrollo, el director del Programa Legislativo, señor Rodrigo Delaveau. El proyecto fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados presentes, señores García, don René Manuel (Presidente); Hasbún, don Gustavo; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo; Uriarte, don Gonzalo; Venegas, don Mario y Zalaquett, doña Mónica. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, estamos ante una iniciativa que responde a una situación comentada tanto en esta Sala como en todo el país, a un proyecto mal implementado por la Concertación en materia de transporte público. La evasión en la locomoción colectiva de Santiago dice relación con un plan de transporte público que no sólo necesita revisión en ésta y en otras muchas materias, que sobre todo sentimos quienes vivimos en zonas extremas del país, como en Antofagasta, cuyos habitantes muchas veces tienen que lidiar con los costos de los pasajes por el alza constante de los combustibles y otros antecedentes que influyen directamente en los polinomios de las tarifas de los sistemas de cobranza del transporte público en la región. Esperamos que este paso sea positivo. De acuerdo con lo que opinó el director del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señor Armando Gómez, “la notificación de las multas puede ser conflictiva, al hacerlo a través de correos y de Carabineros de Chile”, ya que sólo se van a aplicar las multas a quienes vayan libremente al tribunal. A mi juicio, ésa es una debilidad del proyecto, porque si alguien incurre en una falta, queremos saber cómo se le sancionará para lograr resultados positivos. Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al ministro que debería sincerarse el valor de las tarifas, que no es el que hoy se señala, porque todos sabemos que las tarifas del Metro de Santiago son subsidiadas por todos los chilenos, situación que se replica en regiones en la tarifa de sus sistemas de transportes. El proyecto establece una sanción a quienes no paguen el pasaje del

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Transantiago. A la luz de la información que se nos proporciona, la evasión alcanza una cifra bastante alta, 6 mil millones de pesos mensuales harta plata, lo que hace que colapse el sistema. Pero debemos entender que el proyecto fue mal concebido y, más encima, por la propia conducta de algunos usuarios, debemos legislar para sancionar a quienes evaden el pago del Transantiago. Si bien voy a contribuir con mi voto para que este proyecto continúe su tramitación, hago presente la necesidad profundizar la discusión acerca de la manera de hacer las cobranzas de las multas a quienes cometan la falta. Asimismo, me gustaría que el Ministerio sincerara las tarifas no sólo del transporte público superior, sino también del suburbano, en este caso de Santiago, que están subsidiadas con recursos de todos los chilenos. Eso representa una discriminación para quienes vivimos la centralización agobiante que realiza Santiago sobre las regiones, en especial hacia las zonas extremas. Por lo tanto, anuncio mi voto favorable, pero hago presente esas dos salvedades. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, este proyecto es de azúcar y de agraz. Todos sabemos la tremenda evasión en el pago de pasajes que enfrenta el Transantiago. Por eso, tomando en cuenta esa situación y lo planteado por algunos colegas, en cuanto a que se transparente la tarifa, podríamos estar de acuerdo. Pero eso sería como dar un tiro en la sien a los usuarios de Santiago, porque al transparentar la tarifa, tendrían que pagar 800 ó 900 pesos. Entre más alta, menos le costaría al Gobierno. Antes de sincerar la tarifa, debemos indagar acerca de qué se necesita para arreglar el Transantiago. Éste es uno de los pasos para llegar a una conclusión lógica, a lo que todos queremos. No me cabe duda de que se presentarán otros proyectos al respecto para arreglar el Transantiago. Los diputados deben tener claro que la futura ley será para todo el territorio nacional; no sólo para el Transantiago. En consecuencia, los colegas que no pertenecen a la Comisión Obras Públicas no vengan a decir que con ella van a

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arreglar el Transantiago. La gente de Arica, Temuco o de donde sea que no pague su pasaje puede ser sancionada con las penas establecidas en la ley. Entonces, hay que estudiar con detenimiento este sistema. Algunos dan por sabidas todas las cosas que se dicen aquí, en circunstancias de que los señores jueces dicen otra cosa muy distinta. Se hacen la siguiente pregunta: ¿se justifica que esta ley sea para todo Chile cuando en la mayoría de las grandes ciudades del país no hay licitación y el negocio es entre privados? Es decir, si un señor no paga en las micros de Temuco, Valdivia, Osorno o Puerto Montt no perjudica al Transantiago, porque es un negocio entre privados. Por lo tanto, no está pagándole el pasaje al dueño del bus, de la línea o del recorrido. Estamos de acuerdo con el proyecto. Fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Nadie podría estar en desacuerdo con él. Sabemos que el ministro está haciendo un tremendo esfuerzo por arreglar los problemas del Transantiago, situación que no sólo atañe al ministro Morandé o al Presidente Sebastián Piñera, sino a seis millones de chilenos que viven en Santiago. Eso es lo que tenemos que ver. En la Comisión Investigadora del Plan Transantiago, de la cual fui miembro y Presidente, se dijo que era urgente llegar a acuerdo entre todos los sectores involucrados para arribar a una solución. Así como la Comisión encomendó al diputado Juan Carlos Latorre y a la diputada Marcela Sabat trabajar en conjunto a fin de reunir las propuestas, esta iniciativa también es parte de las propuestas que está formulando el Gobierno. En todo caso, como presidente de la Comisión, no puedo callar algunas ideas con las cuales no concuerdo. Por ejemplo, el artículo segundo establece que las personas que no paguen los pasajes, quedarán fuera de los beneficios que otorga el Estado. Esto me parece increíble. Lo conversé con el ministro; le dije que esa parte del artículo no me gustaba, porque era injusta. Uno no sabe los motivos por los cuales una persona no puede pagar. Supongamos que sube al bus en estado de ebriedad y no paga, luego, la multan, lo que significa que no podrá optar al subsidio de una vivienda o a otros beneficios que da el Estado. Al ministro le digo de todo corazón que no estoy en contra de la aplicación de sanciones, sean multas u otras penas, pero para mí los beneficios son sagrados. De lo contrario, estaríamos atentando contra la pobreza de los chilenos. Los honorables diputados deben saber que esto de quitar beneficios no es

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nuevo. Hoy, cuando no se pagan los gastos comunes, los administradores de los edificios pueden cortar la luz y el gas, no el agua. Antes podían cortar todo. Por eso, con absoluta libertad, presentamos una indicación con el diputado Nicolás Monckeberg por lo cual el proyecto sólo se votará en general para corregir esa falencia, que nos parece poco prudente. Podría ocurrir que por una situación circunstancial, en la Cámara se aprobara la referida disposición. Pero en el Senado se darán cuenta de ese error y lo rectificarán. Es decir, nuestra Corporación no puede ser un buzón de la Cámara Alta. Si tenemos la oportunidad, soy partidario de que aquí se corrija lo señalado, y no en la Cámara revisora. Por lo tanto, sin ánimo de nada, quiero decir que admito que me gusta el proyecto, salvo una parte de él. Lo digo con claridad, lo repetiré siempre, porque no soy un diputado que se queda callado ante una tremenda injusticia. A algunos colegas les resulta graciosa esta situación. Pero ¿con qué cara llego a mi distrito y les digo que quedaron sin casa por no pagar su pasaje? Por eso, no estoy de acuerdo con el artículo segundo. Ésa es la única diferencia que he tenido con el ministro en estos meses que hemos trabajado. De manera que, formalmente, pido aprobar el proyecto en general y enviarlo a la Comisión a segundo trámite reglamentario. Esto es absolutamente necesario para mejorar el sistema de locomoción del Transantiago. La evasión en Santiago es de aproximadamente un 17 por ciento. Repito, ésta no puede ser una ley pareja para todos, a no ser que también sirva para cuando se liciten en las futuras ciudades con más de 150 mil habitantes, porque, en ese caso, quedarían con transporte público, no privado, como es hasta este minuto. Nosotros no podemos meternos a regular el transporte privado, porque nunca ha tenido problemas. Ninguna línea privada se ha quejado de que haya evasión. Por lo tanto, es peligrosísimo que este artículo segundo también se aplique en provincias. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón. El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, durante la discusión del proyecto

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en la Comisión de Transportes, el diputado señor Latorre formuló una cuestión de constitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo segundo, que se refiere a los efectos de “la anotación en el Sub Registro de Pasajeros Infractores”. La norma en cuestión señala: “La anotación en el Sub Registro de Pasajeros Infractores” será considerada, de acuerdo con la normativa vigente entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, no pudiendo denegarse el respectivo beneficio por la sola concurrencia de esta causal.” La postura del diputado Latorre se basa en el principio de igualdad garantizado en el N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política, que establece: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;” y consagra la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Quiero defender la constitucionalidad de esta norma, fundamentalmente porque creo que aquí se produce una confusión entre lo que es la simple discriminación y la discriminación arbitraria. La Constitución y la ley establecen múltiples discriminaciones y por distintas razones. Por ejemplo, hay derechos laborales propios de las mujeres. Además, existe una serie de situaciones en las cuales no hay igualdad simétrica absoluta entre todas las personas, porque son discriminaciones hechas con fundamento. Lo que la Constitución prohíbe -y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional-, es la discriminación arbitraria, es decir, aquella que se establece por el simple arbitrio -valga la redundancia-, por diferencia irracional. Una discriminación arbitraria supone la aplicación de una disposición contraria al bien común. Así lo ha expresado el Tribunal Constitucional, en sentencias referidas a este principio. La Constitución Política establece igualdad para quienes se encuentran en la misma situación. Pero resulta que los infractores en el pago de pasajes en el Transantiago no se encuentran en la misma situación de las personas que sí cumplen con sus obligaciones. Tampoco estamos frente a una hipótesis de prisión por deuda. La conducta del infractor del Transantiago supone una forma de fraude, es decir, un engaño al sistema. Por lo tanto, no es una simple deuda a la cual se aplica una sanción.

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Existen múltiples infracciones en el ordenamiento jurídico que suponen pérdida de beneficios, incluso de derechos fundamentales. Sin ir más lejos, determinados delitos están castigados con la pérdida de la ciudadanía, es decir, del más fundamental de los derechos de un ciudadano, después de la vida. Por lo tanto, sostener que la norma es inconstitucional por establecer una discriminación arbitraria, me parece equivocado. La norma además resguarda debidamente el principio de la proporcionalidad. Los beneficios no se pierden por el solo hecho de estar registrados como infractores. El registro es sólo un antecedente más que el organismo encargado de otorgar el beneficio va a tener a la vista al momento de otorgarlo. Además, la norma establece el resguardo de que el beneficio no puede perderse por el solo hecho de estar incluido en el registro de infractores. Por lo tanto, el artículo segundo no sólo me parece que se adecua al ordenamiento constitucional desde el punto de vista del fondo, sino que probablemente es la única norma útil para enfrentar el problema de la evasión en el Transantiago, que ha generado el déficit que todos conocemos. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señor Presidente, me sumo a las palabras del presidente de la Comisión, porque el proyecto plantea un mecanismo bastante drástico y equívoco para evitar la evasión. En efecto, el artículo segundo sanciona de manera muy dura a las personas que no pagan sus pasajes, ya que les resta beneficios sociales a los que puedan acceder, por ejemplo, a vivienda. Lo anterior es tremendamente discriminatorio, porque otras evasiones y conductas “de cuello y corbata” no se sancionan con tanto rigor. En realidad, al sancionar a las personas más pobres, siempre se tiende a ser más rígidos. Con el presidente de la Comisión hemos conversado la posibilidad de votar en general el proyecto y no el artículo segundo, a fin de que vuelva a la Comisión para rectificar esos aspectos que son muy discriminatorios, incoherentes y desproporcionados, que nos hacen un tremendo daño como sociedad. Ese tipo de sanciones, más que ayudar, perjudican.

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Además, esto es tremendamente confuso desde el punto de vista jurídico. No queda claro. Conversamos sobre la materia en la Comisión. Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, pido al ministro, que enmiende esa situación, que el artículo segundo considere otros efectos a la sanción y no la posibilidad de restar un beneficio por el no pago de un pasaje, sobre todo, porque la mayoría de esa gente que gana muy poco, que debe usar el transporte público, ha tenido muchos problemas que se han ido superando. Por lo tanto, solicito que el proyecto se vote en general y que vuelva a la Comisión. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Felipe Morandé, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. El señor MORANDÉ (ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, quiero mostrar, a través de un video, breves opiniones o testimonios de gente respecto de la evasión que, posiblemente, ustedes han tenido la oportunidad de ver en los medios de comunicación, pero siempre es bueno refrescar la memoria cuando se discuten temas de esta naturaleza, especialmente, que conllevan una situación de injusticia grave y seria para quienes pagan la tarifa, que genera un sentimiento muy negativo en la ciudadanía y que nosotros, como autoridad, estamos a llamados a resolver. Algunos pasajeros y choferes que apoyan medidas contra los infractores expresan lo siguiente: “¿Por qué es perfecto? Porque, de una vez por todas, hay que poner coto a la evasión.” “Yo vengo de Puente Alto, señor, y, por lo menos, hay diez personas que viajan gratis y se pasan por debajo. Da rabia, porque uno paga y tiene que tener la monedita para la tarjeta, y los vivarachos no lo hacen. ¡Cabros jóvenes! ¡No puede ser!” “Terrible, porque tenemos que pagarles a los ladrones. Se puede decir que es ladrón todo aquel que sube sin pagar la movilización.” “¿Ve a mucha gente que evade pagar en su recorrido?” “Es lo que más se ve. Adelante, atrás, por todos lados, suben quince y hasta veinte personas sin pagar.” “Ésa es una de las fallas y no hay cómo solucionarla.” “Suben, pero, exageradamente, por detrás. El chofer también los deja

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pasar.” “Es una sinvergüenzura que molesta demasiado.” “Esa gente es aprovechadora; fresca. Debiera pagar.” “Uno abre las puertas y la gente se sube. Se ha hecho costumbre en la gente.” “Encuentro demasiado malo, porque todos tenemos derecho a tener esta tarjetita. ¿No es cierto? Bueno, el domingo tenemos que saberla cargar.” “Yo también me siento muy mal cuando mucha gente se sube por atrás, se produce toda esta pérdida y, al final, somos todos afectados.” “Es una sinvergüenzura no más, pues. Es la realidad de este país.” “¿Es mucho cuento el tema?” “Todos los días y a cada rato. Están convencidos de que la cosa es gratis.” La evasión, en el caso del Transantiago tiene esta connotación ética, de injusticia para quienes pagan, y también, como ha lo ha señalado el informe de la Comisión pertinente y algunas de las intervenciones de los diputados, presenta una connotación financiera que no es menor. A continuación, voy a entregar una información muy breve respecto de este tema y de su impacto sobre las finanzas del Transantiago. En primer término, cómo, en forma sostenida, la evasión fue subiendo desde fines del 2008 hasta comienzos de este año. Los cánones de evasión en los sistemas de transporte públicos en países, incluso de América Latina, son del orden de 6 a 8 por ciento. Por tanto, con números, como los que tenemos acá, más cercanos al 18 por ciento, claramente, tenemos una falla importante. Debo señalar también que, gracias al esfuerzo de fiscalización y a la campaña pública que iniciamos a mediados de abril pasado -esfuerzo enorme en materia de recursos fiscales utilizados- en junio la evasión se redujo en 2 puntos porcentuales, de modo que hoy se encuentra en torno a 16 por ciento. Es interesante que ustedes tengan presente el efecto de la evasión sobre el déficit del sistema de transporte público de Santiago. Si pudiéramos llevar la evasión actual, de un 17 por ciento, aproximadamente, a un 12 por ciento -es decir, bajar 5 puntos porcentuales en algún período razonable-, el déficit disminuiría en 9.500 millones de pesos anuales alrededor de 18 millones de dólares.

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Si pudiéramos bajarla 8 por ciento, el déficit se reduciría en 17.000 millones de pesos anuales. Es decir, unos 33 millones de dólares. Y si llegáramos a una cifra parecida a la del Metro en la actualidad, cercana a 2 por ciento, el aumento en la recaudación implicaría una reducción del déficit en 28.000 millones de pesos anuales; o sea, los 52 ó 53 millones de dólares anuales. Es decir, hablamos de una cantidad muy significativa de recursos; sobre todo si consideramos que un hospital de complejidad mediana cuesta cerca de 100 millones de dólares anuales. Lograr bajar la evasión, desde un 17 por ciento a un 8 por ciento, permitiría esa reducción en el déficit que he mencionado y también algo que es muy importante: evitar que las tarifas sigan subiendo, en parte. Por ejemplo, la referida disminución podría significar una reducción de tarifas de alrededor de 20 pesos. En la medida en que han ido subiendo, el impacto en la evasión, desde el punto de vista financiero, ha aumentado. Por tanto, en el futuro este efecto todavía podría ser mayor sobre las finanzas del sistema. Por esta razón, es de suma importancia que el proyecto se apruebe en las condiciones planteadas, aun cuando estamos dispuestos a considerar la proposición de los diputados, en el sentido de aprobar en general el proyecto, para luego discutir en particular su artículo segundo. No obstante, para el Gobierno es extremadamente relevante que lo que acá se apruebe, en definitiva, tenga efectos sobre la evasión y no quede como letra muerta. El artículo primero considera como falta grave “no pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.” Ése es un paso positivo en que estamos todos de acuerdo. Por el artículo segundo se generan las condiciones para que el sistema funcione y la gente que evada pague la multa correspondiente. Si el artículo segundo se eliminara, es muy probable que, en definitiva, el sistema no funcione, a pesar del aumento del monto de la multa, porque cuando los evasores sean infraccionados, quizás no concurran a los tribunales a pagarla, y terminemos con una ley que no logra el efecto perseguido: disminuir la evasión en el Transantiago y que la tarifa no aumente, como está pasando, como consecuencia de esta acción ilegal de algunos ciudadanos. Por eso, quiero dejar claro que es nuestro interés que la Comisión de Transportes, en el segundo trámite reglamentario, dé una nueva redacción del artículo segundo, que sirva para que los evasores paguen las multas o, mejor todavía, para que la gente pague la tarifa cuando use este servicio público. Muchas gracias. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado

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señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, de la explicación del ministro de Transportes se infiere que el objetivo del proyecto es evitar la evasión en el pago del pasaje de la locomoción colectiva; sin embargo, me complica la forma práctica de lograr tal objetivo. ¿Se va a detener al infractor? ¿Se le va a pedir la identidad? ¿Se le va a anotar en algún registro? ¿Qué va a pasar cuando suban 10, 15 ó 20 infractores? Pienso que la fiscalización no será fácil y la ley, si no se puede aplicar, se desprestigia. Hay que considerar este problema. El proyecto, en su sana intención, pretende resolver un problema cultural que tenemos con la movilización. En el pasado, la persona que subía al bus pagaba su pasaje. La evasión era mínima. En todo caso, era común la pregunta “¿Me lleva por cien?”. Y los choferes dejaban subir; incluso, algunos entregaban la mitad del boleto. Entonces, claro que había “un robo” a los dueños del transporte, porque no todos pagaban. Existía una evasión disfrazada con choferes coludidos. Esa práctica fue muy conocida y nos tocó abordarla en la Cámara ante las reiteradas denuncias sobre el particular. Pienso que la evasión de pago podría terminarse si se cobrara por cada tramo del Transantiago. Cobrar un pasaje para utilizarlo hasta en tres tramos o combinaciones, permite que mucha gente evada el pago. Estimo que el proyecto necesita una mayor discusión en la Comisión de Transportes, para afinar la sanción y buscar una mejor solución a la evasión del pago. Por último, no me queda claro si el no pago de tarifa va a ser tipificado como falta o delito, porque esto también tendrá incidencia cuando los jueces sancionen a los infractores. Debemos aprobar en general el proyecto, porque trata de resolver un problema real, pero las soluciones necesitan mayor afinamiento. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señor Presidente, el debate acerca de la evasión de pago de la tarifa de la locomoción colectiva debe ser serio, toda vez que tiene directa relación con la calidad de vida de la gente, y no debe darse desde un ángulo absolutamente parcial, que no aborda la globalidad del desafío que tiene el Estado para que la gente acceda a un servicio de locomoción colectiva como corresponde.

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Este debate tendría más coherencia si se diera en el contexto de una política de transporte de locomoción colectiva que incluyera la calidad del servicio, no sólo entendida como confort o comodidad de los pasajeros, sino también de la puntualidad y seguridad ante eventuales accidentes, etcétera, criterios de calidad que existen en otros países. Pienso que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que está preocupado por recoger la voz de las personas más afectadas del pueblo, habrá conocido también otros sistemas de locomoción colectiva en que los horarios se cumplen, incluso medido en minutos. Pero esa política debiera considerar también el costo del transporte en la locomoción colectiva, el valor que corresponde en una sociedad en que el transporte es una obligación y no una opción, dadas las distancias entre domicilio y centro laboral, entre domicilio y centro de estudios e, incluso, entre domicilio y los centros de trámites y diligencias para la familia. Si la locomoción colectiva es el medio por el cual las personas se trasladan de un punto a otro para cumplir con sus obligaciones, debiera considerarse la incidencia exacta que tiene el costo del pasaje en el ingreso mensual del usuario. Hace poco discutimos el reajuste del salario mínimo, en que algunas cifras parecieron muy elevadas en relación con la propuesta del Gobierno. Sin embargo, no se contempló el renglón de la bonificación para trasladarse en locomoción colectiva. Algunos dirán que eso se conviene, punto a punto, entre empleado y empresario. Lo cierto es que, cuando lo convienen, la bonificación dista mucho de cubrir el costo de la locomoción. Si no vamos a discutir sobre la calidad del servicio ni el valor del pasaje, y vamos a basarnos, incluso, en una cierta segregación, quizás lleguemos a lo que afortunadamente Sudáfrica superó: una especie de apartheid en el transporte colectivo. Tendremos un tipo para los que están en listas negras, que podrán viajar en carromato tirado por animales o por personas, y otro para los que tienen recursos para pagar diariamente la locomoción colectiva. Desde mi perspectiva, lo único que esto provocará es que la discriminación se profundizará. El proyecto nada dice de listas negras de empresarios que no cumplen con su parte del contrato; nada dice del empresario que ofrece un sistema de transportes y no cumple con lo prometido, con el consiguiente perjuicio para los usuarios. Para estos casos, también debiera contemplarse una estructura de multas y gravámenes, tal como se quiere gravar a los ciudadanos infractores. Por lo demás, la proporción del gravamen a un ciudadano que requiere beneficios sociales será distinta a la de aquel que no los requiere. Este tema va más allá de un mero control de pago del boleto, porque si éste fuera el tema, entonces pido que las empresas de transportes de locomoción colectiva implementen sistemas más eficientes y eficaces, que achiquen al

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máximo la posibilidad de no pago, protegiéndose así de cualquier posibilidad de quiebra o revés económico. Por último, no son pocas las experiencias mundiales que consideran beneficios y bonificaciones para los usuarios de la locomoción colectiva en sus políticas de Estado relacionadas con este tema, dado que trasladarse es una obligación, porque no hay otra opción. Por lo anterior, soy partidario de que el proyecto vuelva a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, para debatirlo en toda su integridad. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, el que no paga en el transporte público debe ser castigado por abusador, por fresco -no tengo dudas al respecto-, pero este proyecto de ley tiene un enfoque muy poco sincero. Desde nuestros partidos políticos y desde nuestra coalición, hemos sido muy críticos con el Transantiago y con los gobiernos que lo diseñaron y lo pusieron en marcha. De manera que tenemos la conciencia tranquila y suficientes antecedentes de repudio a las medidas del Transantiago como para hablar con tranquilidad también respecto de este gobierno. Por lo tanto, me pongo el parche antes de la agresión y que me digan: “Usted está atacando esta medida, porque la propuso el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”. ¡No, señor! Hemos sido críticos del diseño que hubo en el gobierno del Presidente Lagos y del ministro que puso en marcha el Transantiago en el gobierno de la Presidenta Bachelet. Tenemos la tranquilidad de conciencia para criticar. Pero este Gobierno no ha mejorado en nada el Transantiago, y esto es clave para analizar lo que se está proponiendo. No me gusta el video en que el ministro nos muestra a los electores, quejándose o apoyando este proyecto de ley. Me parece bien que se usen estos medios audiovisuales para expresar algo desconocido, algo que la palabra hablada no explica, algo para lo que el texto no es suficiente. Pero aquí más bien hubo un esfuerzo emocional. Habrían bastado los gráficos y los textos. Quizás el ministro podría haber mostrado en el video alguna cuestión más profunda, más seria,… (Manifestaciones en la Sala).

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… pero no que me cuente que hay gente que está diciendo que se debe castigar a los frescos, porque en eso todos estamos de acuerdo. El señor ministro dijo: “Enormes recursos fiscales se han utilizado en esto del control de la evasión”. Señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntarle al ministro: ¿por qué? Hemos sido muy críticos, de las micros amarillas, que hacían todo malo, excepto dos cosas: llegaban a todas partes y no pedían nunca un peso al Estado para que les ayudara a controlar a los que se colaban. Pero ahora, estos nuevos empresarios privados, que no son pymes, que no son pequeños, que no tienen dos o tres micros, sino que son poderosísimos, importantes, que tienen el negocio asegurado, cuando se trata de controlar la evasión, se la debe controlar el “papá fisco”. O sea, para eso le gusta el Estado: para controlar la evasión a esos empresarios. ¿Por qué esos empresarios no la controlan solos? ¿Por qué no se encargan ellos de vigilar la evasión? ¿Por qué debe gastar el Estado… (Manifestaciones en la Sala). Señor Presidente, me está gritando un diputado, pero no logro entender. Me interesa saber qué grosería dijo o si expresó algo inteligente. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Silencio, diputados. El señor ROJAS.- Señor Presidente, le quiero pedir una interrupción al diputado Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, si es con cargo al tiempo del diputado Rojas, no tengo problemas en concederle una interrupción. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Diputado Rojas, después tendrá la oportunidad de intervenir nuevamente, en su segundo discurso. Recupera la palabra el diputado Patricio Hales. El señor ROJAS.- ¡El Transantiago es de ellos! El señor HALES.- Señor Presidente, entonces que el diputado Rojas guarde silencio, porque está eructando palabras de a poco, no dice nada coherente y no logro entenderle. Por lo tanto, le pido que ponga orden, que lo amoneste o dígale que guarde silencio. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Diputado Rojas, por favor, guarde silencio y deje que el diputado Hales termine su discurso. Después tendrá la oportunidad de intervenir.

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El señor ROJAS.- ¡El Transantiago es de ellos! El señor HALES.- Señor Presidente, me sigue corriendo el tiempo. Le pido que agregue el minuto y medio que ha pasado sin poder continuar con mi intervención. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, se le agregará ese tiempo. En todo caso, dispone de quince minutos para su primer discurso y de cinco para el segundo. El señor HALES.- Muy bien, señor Presidente, pero le pido que me agregue el tiempo de los estertores del diputado Rojas. La publicidad del Estado, la preocupación para decirle al usuario que pague, los inspectores, los controladores, los chaquetas amarillas, los que están en las puertas, etcétera, todo eso implica, como dijo el señor ministro, la utilización de enormes recursos fiscales. A los empresarios de las micros amarillas nadie los ayudaba a vigilar que no subiera gente sin pagar; pero a estos empresarios se les da apoyo. Si esto lo hizo el gobierno anterior, lo critico, y si lo hace este gobierno, también lo hago. ¡Ésa no es la manera adecuada de evitar la evasión! A estos empresarios pídanles, primero, que mejoren el servicio y, segundo, que ellos también controlen la evasión. Me molesta que tengamos que tragarnos tranquilamente la frase expresada por el ministro, acompañada de la presentación un tanto demagógica que ha realizado con las entrevistas, en que nos dice que enormes recursos fiscales se han utilizado. ¡Espero escuchar alguna vez a estos empresarios privados quejosos, llorones, decir aquí cuál es la propuesta que tienen para controlar su negocio, sus ingresos! Pero hay algo más. Fíjese que la evasión influye en el déficit y el déficit influye en la necesidad del subsidio. El señor ministro, que conoce del tema, que es serio, que es inteligente, que ha hecho publicaciones al respecto, que fue un fuerte crítico del gobierno anterior y que no tengo dudas que tiene la mejor voluntad para resolver el problema, sabe que le ha tocado un ministerio relacionado con uno de los temas más impopulares. Nosotros queremos ayudar a resolver el problema. Pero eso lo vamos a hacer con seriedad, sin espectáculo, colaborando, proponiendo, pero también por supuesto- criticando lo que nos parece inadecuado. Esto no es llegar y tragárselo, ni aun cuando esté la amenaza permanente que nos hizo la coordinadora del Transantiago, en un lenguaje distinto al del ministro, que dijo que todos los problemas se deben a la irresponsabilidad del gobierno anterior.

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Ése no es el lenguaje para resolver el problema, sino una acusación innecesaria, injusta, poco autocrítica y hasta indecente contra la ex Presidenta Bachelet, por razones politiqueras electorales, porque están asustados con su liderazgo. Discutamos sobre el Transantiago, pero que no venga la coordinadora a atacar a la ex Presidenta Bachelet, que se encontró con un sistema diseñado que tuvo que poner en práctica. Efectivamente, lo hicieron mal, pero sacó al ministro y se hicieron todos los esfuerzos. Con este proyecto se pretende controlar la evasión. ¡Conforme! Entonces, tengo que decir que si la evasión se reduce en 5 por ciento, van a tener ingresos por 9.500 millones de pesos; si se reduce en 8 por ciento, van a tener 17 mil millones de pesos de ingresos. Eso significa que van a pedir menos subsidios. Pero a los empresarios privados les da lo mismo, porque ellos dicen: “¿Para qué nos vamos preocupar si cada vez que hay evasión papá fisco irá al Congreso a pedir subsidio y nos van a pasar la plata, porque nos están faltando ingresos?”. ¿Por qué faltan ingresos? Por la evasión. Pero la evasión no es un dolor para los empresarios, porque, si el Gobierno no reduce la evasión, pedirá plata al Congreso para pasársela a los empresarios del Transantiago, y éstos van a decir: “Mejor nos cruzamos de brazos. Si se suben los colados, tendremos evasión; nos quejamos de que no tenemos plata, nos dan más subsidios y se resuelve el problema”. ¡Por eso no controlan! ¡Por eso no aseguran! Ellos venden un producto que ni siquiera necesita propaganda. Entonces, ¿esto se resuelve a puro palo o castigo? El diputado Vilches dijo que había que pulir el proyecto. Como fue elegido por la lista de la UDI, siente un cierto compromiso y, por lo tanto, no puede decir que el proyecto está malo, sino que hay que pulirlo, que hay que revisarlo un poco y así se ahorró todos los minutos que le permite el Reglamento, para luego decir: “He dicho”. En realidad, hay que hacer mucho más que pulirlo. ¡Si de su propia bancada le dicen al ministro que revise un poquito más el proyecto! Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir al ministro que quiero escucharlo decir, primero, que ésta es una tarea de país, de Estado, y que lo que está haciendo es una continuidad patriótica de lo que hizo el gobierno anterior, en términos del esfuerzo. Sin embargo, aún no lo escucho. Quiero escucharlo decir que valora la autocrítica que la Concertación tuvo con sus propios gobiernos respecto del Transantiago; que aprecia el trabajo que hicimos en la Comisión Investigadora, en la que, incluso, pedimos sanciones, que significaron la expulsión de algunos funcionarios queridos por nosotros, que llevaban años en sus cargos, y que se suma a esa gesta. ¡Pero no vengan a decirnos, usted o sus funcionarios, que desde que ustedes llegaron al gobierno esto comenzó a funcionar bien! ¡No, señor Presidente! ¡Esto no anduvo bien en el gobierno de la Concertación ni en el que eligió el pueblo ahora, dirigido por la Derecha. ¡No señor! Éste es el tercer factor por el

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cual hay evasión: porque no hay calidad en el servicio. En el informe aparece la opinión del señor Mario Contreras, presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local: “…en que teniendo más de 30 años como juez, jamás ha recibido una denuncia por no pago de tarifas en la locomoción colectiva de provincia.”. ¿Por qué dijo eso? ¿Porque los de provincia no son chilenos o porque sólo los santiaguinos son frescos? ¡No! Porque aman su servicio y están deseosos de cuidarlo, aunque sea duro, malo, insuficiente o deban esperar bajo la lluvia; nunca van a dejar de pagarlo. El diputado Enrique Jaramillo me dice que en La Unión todos conocen al juez. En Osorno, en Temuco y en todas las regiones pasa lo mismo: la gente paga porque cuida el servicio. ¿Por qué las personas no pagan en Santiago? Porque odian el servicio y están indignados con el Transantiago, tanto en este gobierno como en el anterior. ¡Señor Ministro, no son ustedes los buenos y nosotros los malos! Plantéenos una tarea de Estado respecto del Transantiago. Como dije, no pagan en Santiago, pero sí lo hacen en provincias. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Resolver la ineficiencia, porque a puros palos no resulta. Quiero escuchar alguna propuesta del señor ministro que signifique que va a exigir a los empresarios control de la evasión. Señor Presidente, por su intermedio, pido que el ministro diga en la Sala, para informarnos un poco más, qué se le ocurre que se podría exigir a los empresarios para que ayudaran a controlar la evasión y no le cobraran al Gobierno. ¿Qué podrían hacer ellos para contribuir a cuidar -escuche bien lo que voy a decir- su negocio? En esta Sala hay agricultores e industriales y saben cuidar sus negocios. Como economista, ¿qué le puede proponer a los empresarios privados del Transantiago para que cuiden su propio negocio? Ya me dijo lo que cree que debe hacer el fisco, el Estado, el Ministerio de Hacienda, los jueces y nosotros, que es aprobar este proyecto de ley. Sin embargo, le pido que me dé una idea de algo que usted proponga a los empresarios privados. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Señor diputado, diríjase a la Mesa. El señor HALES.- Señor Presidente, le dije que me estaba dirigiendo al ministro por su intermedio. Si no lo hice nuevamente, le pido disculpas. La cuestión final reside en la eficiencia del servicio. Por ejemplo, en el Metro de Santiago la gente no salta los torniquetes. Usted me dirá que es muy seguro el sistema. Perdóneme, pero en Bélgica tienen rejas; en Francia, cortinas

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metálicas, señales, luces, rayos láser, torniquetes, barreras, jaulas, etcétera; falta que tengan animales para perseguir al pasajero, porque tratan de no pagar. Se las arreglan para pasar por arriba, por abajo, por el lado, por el medio, por donde sea. Sin embargo, aquí, en Chile, en que apenas hay un torniquete, la gente respeta el Metro. La gente adora el Metro, porque es un servicio eficiente. Lo quiere, lo cuida, lo ama y lo protege. ¡No lo raya! Vaya a ver otras partes del mundo: el Metro es el pizarrón del grafiti, la mugre, la cochinada misma y nido de delincuentes. En cambio, en Santiago, era un palacio. Digo “era” porque llegó el Transantiago y ya no lo es. Pero antes de que el Transantiago generara ineficiencia y sobrecarga al Metro, era un templo. Algunas personas de gran fanatismo izquierdista -que me sobrepasó- decían que el Metro estaba bueno y cuidado porque había dictadura y porque Pinochet lo tenía protegido. Pero hubo protestas y nadie lo tocó. Se terminó el gobierno de Pinochet, y nadie tocó el Metro. Llegó la democracia, se murió Pinochet y el Metro sigue intacto. ¿Por qué? Porque el servicio es bueno y eficiente. En cambio, odian al Transantiago. El hecho de no pagar al Transantiago supera las necesidades económicas y financieras del ciudadano: es una necesidad emocional; son ganas de hacer algún daño al sistema. Por eso, sube la evasión, en lugar de bajar, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan. Señor Presidente, por su intermedio, quiero decirle al señor ministro que si logra que el servicio sea más eficiente, no va a tener que traer estos proyectos de ley al Congreso. Desde ya le anuncio que le va costar aplicar esta futura ley; ojala resulte alguna medida punitiva, porque debe haber algún castigo, ya que valoro el principio del castigo. Por ejemplo, los transbordos son una barbaridad. En la mitad de un barrio, a nueve cuadras antes de llegar al hospital, una señora que viene de Mirador Viejo se debe bajar y no llega al hospital José Joaquín Aguirre. No puede llegar, porque tiene que bajarse por el transbordo estúpido, diseñado por urbanistas de papel, teóricos que miraban la ciudad en un plano, en un computador, que nunca fueron a mirar los recorridos. Además, algunas municipalidades eran permisivas, porque sus directores del tránsito firmaban y autorizaban los recorridos. ¡Transbordos ineficientes e inadecuados! Entonces, ofrezca ponerle fin a esos transbordos. Claramente, he dicho que usted debe actuar como Alejandro Magno ante el nudo gordiano; no tiene otra solución. ¡Saque la espada y corte el nudo, porque no hay forma de desatarlo! El nudo son los contratos garantistas y mal hechos por el gobierno que ayudé a elegir, y no tengo reparo en reconocerlo. Lo dijo el ex ministro Estévez: “Hicimos contratos garantistas”. ¿Qué quiere decir eso? Que los empresarios podían hacer lo que quisieran: si llevaban pasajeros, ganaban plata; si no los llevaban, también ganaban plata; si no llegaban al terminal, ganaban plata; si salían o se quedaban dentro de éste, igual ganaban plata. Resuelva ahora la pillería que utilizan los empresarios: no

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importa que no paren en el paradero; no importa que no recojan pasajeros. ¿Por qué? Porque la multa dura se la aplican si no llega a tiempo al terminal. Entonces, el tipo piensa: “Para qué me voy a meter en líos. Paso de largo, dejo a la gente botada en el paradero y llego al terminal a tiempo”. ¡Resuelva eso! ¡Resuelva también la frecuencia! Como en los chistes del “zorro” Iglesias, de Sonda nunca más se supo. ¿Dónde quedó Sonda? Nos hablaron de un sistema inteligente, vía satélite, celulares, internet, digitalizado, en que se iba a conocer dónde estaba el bus, cómo se movía, cuántos transitaban juntos, quién venía adelante, adónde tenía que llegar, etcétera. Pero nunca más se supo de Sonda. Un día el ex ministro Espejo nos dijo que tendrían un sistema nuevo que venía desde España y que se había acabado Sonda. Pero del sistema de España y del ex ministro Espejo no supimos más. No me diga, señor ministro: “el ex ministro Espejo era otro, pero yo soy otro”. Dígame que le gusta Chile, que ama al Estado y la función que le encomendaron. Dígame que está contento de asumir esta tarea, aunque es la más dura de las duras; pero dígame que tiene ganas de resolver el problema, que los… El señor URRUTIA.- ¡Córtela! ¡Hasta cuándo da lata! El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Diputado Urrutia, silencio por favor. Le quedan cuarenta segundos, diputado Hales. Puede continuar con el uso de la palabra. El señor HALES.- Sé que el diputado Urrutia tiene déficit atencional, pero puede salir de la Sala. No es la primera vez que grita cuando uno habla. Entonces, que el ministro diga que asume esto como una tarea de Estado y que quiere resolver los transbordos, los recorridos, las frecuencias. ¿Qué nos dijeron? Que se iba a volver al sistema del “sapo”, es decir, al hombre que hacía señales de sordomudos, porque ninguno de los sistemas digitales servía. Después señalaron que no era ese “sapo”, sino un “sapo tecnológico”, porque una persona usaría celular. Y ahora nos dicen que se usará un sistema alemán. Anteayer, una empresa -me parece que era la de Moya- manifestó que tendrían un sistema nuevo. Entonces, le digo al señor ministro, por intermedio del señor Presidente, que haga lo que sea necesario para controlar a los empresarios privados y para mejorar el servicio, porque eso permitirá disminuir la evasión; después revisemos con tranquilidad la aplicación de sanciones.

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He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el señor Felipe Morandé. El señor MORANDÉ (ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor Presidente, me gustaría tener la mitad de la elocuencia del diputado Hales para poder expresar mejor la pasión que siento respecto del Transantiago. Como no tengo esa capacidad, he debido utilizar medios audiovisuales para apoyar mi exposición, con el objeto de convencerlos de la necesidad de controlar la evasión. Más allá de lo jocoso, quiero recoger el planteamiento del diputado Hales respecto de presentar una propuesta integral sobre la reformulación del transporte público de Santiago, cuestión que ya hemos anunciado públicamente y que estamos preparando, para remediar las cosas que hoy nos tienen discutiendo el tema de la evasión. En el futuro -no estoy hablando del 2018, sino, probablemente, del 2012-, pretendemos tener un sistema que permita que las cosas funcionen de otra manera, en que existan los incentivos correctos para que los empresarios, los operadores, cobren la tarifa, para que las personas tengan un servicio más adecuado a sus necesidades, para que las micros las transporten hasta donde tienen que ir y no hasta donde decida un burócrata y para que el sistema se sostenga desde un punto de vista financiero. Estamos trabajando en eso. Tenga confianza, diputado Hales -por su intermedio, señor Presidente-, que lo vamos a hacer y vamos a presentar una propuesta integral. La única razón por la que presentamos antes el proyecto en discusión se debió a que las finanzas del sistema son muy precarias y, por lo tanto, no tenemos mucha holgura para llegar hasta el 2012 y hacer el planteamiento de cambio integral sin haber tomado antes algunas medidas que nos permitan mejorar la caja y no cargar tanto el bolsillo de las personas que usan el sistema. Ésa es la lógica por la cual este proyecto está siendo discutido hoy y no forma parte de la propuesta integral que el diputado Hales me ha solicitado. Pero recojo sus buenas intenciones y disposición para discutir en esta misma Sala, en un futuro no muy lejano, una propuesta integral que recoja esas inquietudes. En todo caso, su exposición hace una muy buena defensa de la economía de mercado y de que los empresarios son los más interesados en recoger el resultado de su esfuerzo. Ése es el tipo de principios que queremos reintroducir en el sistema de transporte público de Santiago y de todo Chile, aun cuando debo reconocer que los chilenos del resto del país, como los de Temuco, Arica y Punta Arenas, pagan su pasaje, porque los empresarios de esas ciudades están interesados en la recaudación, porque así está definido el sistema. En cambio, en Santiago tenemos un sistema en que el empresario no está interesado en recaudar, porque tiene sus ganancias aseguradas gracias a los

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contratos que mencionó el diputado Hales. En eso estamos de acuerdo. Me comprometo solemnemente a presentar muy pronto ante esta Cámara ese plan integral que demanda el diputado Hales. Pero -insisto- como los tiempos son complejos, reformular contratos y renegociar condiciones no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, por lo que necesitamos esta “agüita” por la vía de reducir la evasión. Éste es el cronograma de trabajo y por esa razón hemos presentado ahora este proyecto y no más adelante, junto con la propuesta integral. Pero reitero que recojo las inquietudes del diputado Hales con mucho gusto. Muchas gracias. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahín. El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, éste no es un tema de mi especialidad; no obstante, comparto y me sumo al análisis y al planteamiento del diputado Patricio Hales sobre la materia, que tiene un enfoque mucho más integral. Pero también quiero plantear algunas reflexiones y observaciones sobre el proyecto. Si se observan los miles de millones de pesos que ha aportado el Estado al Transantiago, así como el aumento del precio de los pasajes y, por otro lado, si se revisan los balances y las Fefis de las empresas, nos daremos cuenta de que hay que resolver una cuestión mucho más de fondo que el tema de la evasión. Sin embargo, resulta fundamental enfrentar esa situación, porque no podemos aceptar que las personas honestas que pagan su pasaje subsidien a los deshonestos, a los frescos, como dijo muy bien el diputado Hales, que evaden el pago, porque ésa es una injusticia muy grande. Por otra parte, quiero hacer una observación al proyecto desde el punto de vista jurídico-constitucional, que no tiene que ver con la discriminación arbitraria de que hizo reserva el diputado Juan Carlos Latorre en la comisión, sino con el principio de legalidad de la pena, porque el inciso segundo del artículo segundo señala textualmente: “La anotación en el “Sub Registro de Pasajeros Infractores” será considerada, de acuerdo a la normativa vigente, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable,…”. Es decir, se abre un abanico muy amplio para aplicar sanciones, en circunstancias de que una pena tiene que estar establecida por ley. En definitiva, genera un amplio abanico de sanciones cuya determinación puede radicarse, incluso, en el ámbito reglamentario.

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Desde ese punto de vista, me parece que dicho inciso es absolutamente inconstitucional, porque, reitero, una pena o una sanción no puede quedar delegada, menos aún en términos genéricos, a un reglamento, a otra normativa, a las bases de un concurso, etcétera, sin establecer cuáles serían los “beneficios u otros”. ¿Qué son “otros”? Resulta absolutamente inconstitucional crear una sanción de esta naturaleza, porque vulnera el principio de la legalidad de la pena. Por lo tanto, solicito que, sin perjuicio de que el proyecto vuelva a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, también se envíe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de que analice este aspecto, porque, a mi juicio, vulnera la Constitución Política de la República. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Hernández. El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, le pido que disponga la eliminación del boletín de sesiones algunos términos expresados por el diputado Hales referidos al señor ministro, porque nadie viene a hacer un show o a dar un espectáculo. Se debe asumir la discusión con la seriedad que corresponde. En consecuencia, pido que se eliminen esas expresiones. Hemos compartido durante mucho tiempo con los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y siempre ha habido respeto por las diferentes posiciones, posturas y reclamos. Algunos han afirmado que tienen su conciencia tranquila porque han sido críticos incluso con su propio gobierno. Pero considero que las personas que participaron directa o indirectamente en un proceso tan fracasado como éste no pueden tener su conciencia tranquila. No sé cómo algunos pueden dormir tranquilos cuando en Santiago hay miles y miles de personas que sufren las consecuencias de ese proyecto. Ahora se trata de responsabilizar a las actuales autoridades respecto de cómo se va a solucionar el problema, cuando las autoridades que participaron de este proceso saben perfectamente que, efectivamente, dejaron contratos amarrados por mucho tiempo. En la legislación chilena, eso hace imposible hacer los cambios estructurales que necesita este proyecto y programa fracasado de la Concertación que hoy se pretende arreglar. Por eso, quiero decir a los parlamentarios que han intervenido anteriormente que este problema se va a ir corrigiendo en la medida en que existan los espacios para hacerlo. Estamos ante un motor que ha quedado

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absolutamente desvencijado, en que hay que apretar una tuerca por un lado y por otro, donde existan los espacios. Con esta iniciativa legal solamente se está tratando de mejorar el pago de la locomoción colectiva en Santiago para no perjudicar al resto de los chilenos, sobre todo a la gente de regiones que, al final, siempre es la más perjudicada. Desde esa perspectiva, ahora se solicita al Gobierno solucionar un problema que nos dejaron los gobiernos de la Concertación, que es -y ellos lo sabeninsoluble. Por eso, muchas veces me da la impresión de que estos discursos rimbombantes, con una gran retórica, solamente buscan quedar bien con la ciudadanía al tratar de hacer una autocrítica y exculparse de la propia responsabilidad. Señor Presidente, por su intermedio, le digo al señor ministro que siga trabajando tranquilo, teniendo claro que este trayecto es duro, difícil, por todos los amarres que dejaron los contratos suscritos por los gobiernos de la Concertación. A las personas que hoy dicen que los empresarios son los que deben buscar la solución al problema, les digo que el sistema antiguo, que podía ser malo, bueno o como se quiera calificar, era mucho más barato y tenía entre 5 mil y 6 mil propietarios. ¿Qué logró la Concertación? Matar a esos miles de propietarios y convertirlos en dos, tres o cuatro grandes empresas en Chile. ¿Ése es el Estado que buscamos? ¡No! Busco que en Chile ojalá haya millones de propietarios, en todos los rubros, incluso en el transporte público. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, anuncio que voy a votar a favor en general el proyecto, porque considero que hay que legislar sobre la materia; algo hay que hacer. Probablemente, hubiera sido mejor presentar este proyecto en el marco de un conjunto de otras medidas, pero, como ya está en tramitación, hay que buscar una fórmula adecuada. La fórmula que se nos propone es bastante sesgada y limitada, porque establece una sanción mayor, un registro de infractores y dispone ciertas consecuencias por el hecho de estar anotado en el Sub Registro de Pasajeros Infractores. Me parece que esto es insuficiente, porque no va a resolver el problema, que es mucho más complejo. Lo ideal sería incorporar una dimensión educativa

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mayor, ojalá una campaña sostenida en los colegios y en todos lados, mejor a la que se está haciendo. Si vamos a legislar sobre el tema, entonces que se incluya también la dimensión educativa. Además, hay que considerar el tema de las barreras tecnológicas. Si todo opera con la facilidad que hoy tiene y queremos provocar un cierto cambio en la visión y una mayor responsabilidad de las personas para pagar, además de la educación, es importante que operen barreras tecnológicas. Entiendo que en el diseño original del Transantiago había otro tipo de barreras tecnológicas, incluso una comunicación distinta entre el bus y la central, así como formas de registrar a quienes no pagaban. Hay que ver la cuestión tecnológica para evitar que cualquiera, sin mayor consecuencia inmediata, haga uso del servicio sin pagar. Por otro lado, también me preocupa lo mencionado por el diputado Vilches. Si no hay algo más práctico para solucionar un tema que, a lo mejor, está concebido a través de medidas reglamentarias o administrativas, probablemente esto no va a funcionar. Además, no sé si estas medidas suponen más controladores o nuevos diseños de la gente que va a salir a terreno a controlar y a ver qué está ocurriendo. Si no hacemos una operación de un semestre, por lo menos, o de un año, en que realmente se rompa esta verdadera cultura del no pago, difícilmente se va a revertir la situación. Por eso, si bien estoy por apoyarlo en general, hay que mejorarlo bastante para generar un proyecto adecuado, que tenga efecto práctico. En relación a las consecuencias de estar en el registro, me parece que hay que reflexionar más sobre el punto. Se han dado bastantes argumentos, por lo que no los voy a repetir. Resulta curioso que, hoy, quien trafique drogas no sufre consecuencias en relación con los subsidios, pero quien no paga en un bus va a tener tremendas consecuencias para acceder a ciertos beneficios. Es decir, estamos ante una situación que necesita más consistencia. Esto no está bien. Sobre el tema de fondo, comparto lo que ha expresado el diputado Patricio Hales. Es imposible pensar que la ciudadanía va a tener otra actitud frente a un sistema de transporte si todos los días se dice que el sistema no sirve para nada, que fue mal pensado, que no tiene solución, que era mejor el sistema anterior y que los que lo implementaron son todos unos incapaces. Los que participamos en la Comisión Investigadora sabemos que el problema es bastante más complejo. Hubo consenso de todos los técnicos y gran parte de ellos se equivocó. Incluso, la actual subsecretaria de Transportes participó, al igual que distinta gente que colaboró en los diseños, desde

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distintos lugares. Y recuerdo algunas opiniones de esa época de la señora Covarrubias, actual encargada. Es decir, mucha gente propuso cosas que en la realidad no funcionaron. Cuando se trata de sobrepolitizar el tema, obviamente, la reacción de mucha gente es decir: “Si están peleando entre ellos, ¿por qué voy a tener que asumir la responsabilidad de que esto funcione mejor? Hay una actitud cultural básica. Por lo tanto, en algún momento habrá que hacer una propuesta que nos una a todos para sacar esto adelante, dentro de las restricciones que hay. Si estamos divididos, para el ministerio va a ser muy difícil realizar una modificación de contratos favorable a lo que queremos hacer. El ministro Cortázar dijo muchas veces que uno de los grandes problemas del Transantiago eran los contratos, por los incentivos que contienen. Además, siempre he estado de acuerdo con que en los alimentadores hay que generar competencia. Si no existe esa competencia, seguirá un manejo de tales características, con regulaciones impracticables y, al final, el sistema seguirá en malas condiciones. Asimismo, hay que tener mucho más regulación sobre las líneas troncales. O sea, en unos, es necesaria más competencia y, en otros, más regulación. Es decir, se debe hacer una combinación distinta a la que hoy existe. Me parece bien que se empiecen a plantear los horarios de llegada a los paraderos y las sanciones, no respecto de los alimentadores, sino de los troncales. Entonces, se requiere una cierta unidad para resolver esto. Por supuesto, nos parece incorrecto resolver el problema del Transantiago a través del aumento de la tarifa. Subir la tarifa significa que a las personas de mayores ingresos de este país se les estarían cobrando distintos aspectos del cambio tecnológico que implica el Transantiago. Y eso no es adecuado. Entonces, debemos repensar más globalmente el tipo de soluciones. Lo de las tarifas no puede seguir. A la Oposición se la ha acusado sobre muchas cosas de manera muy poco seria por parte del Gobierno. Incluso el ministro del Interior, que a veces asume como Vicepresidente de la República, acusó de antipatriotas a quienes tenemos opiniones distintas. En esta materia, la Oposición podría haber dicho: “No queremos alza de tarifas”. La gente lo está planteando así. ¡Vamos a la pelea! ¿Por qué el Gobierno está subiendo la tarifa permanentemente? ¿Va a seguir haciéndolo? ¿Y ustedes lo seguirán aceptando? En esto hay que buscar una propuesta más de conjunto. Hasta el momento, el Gobierno no ha tomado ninguna otra medida que no sea el alza de tarifa. Y eso no es suficiente.

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Después de haber estado en la Comisión Investigadora del Transantiago, creo que hubo distintos factores de fondo y problemas de diseño de los recorridos. El hecho de haber pretendido operar desde el comienzo con una dotación de buses más baja, manteniendo las tarifas, era inconsistente. Al final, hubo que aumentar la dotación y se generó un déficit muy fuerte. No obstante ello, estoy convencido de que el origen del problema fue no haber pensado el sistema, desde el comienzo, con subsidios. Porque el subsidio es requisito de un sistema de esta complejidad -así ocurre en otros la-dos-, y debió regularse con el curso de los años. Pero pretender organizar un sistema de transporte de estas características, con esta tecnología, sin subsidio, era inconsistente. Además, ello no se ha hecho en otros lados. Nunca he compartido la práctica de denominar “pérdidas” del Transantiago a los recursos que se aportan. Más que pérdidas, se trata de un subsidio mal diseñado. Pero siempre existirá una responsabilidad de la sociedad sobre el sistema de transporte, como también la hay en el Metro. Porque si al Metro le incorporáramos la inversión en los cálculos de los costos, la evaluación sería distinta. Además, es así en todas partes del mundo, no sólo en Chile. La gran diferencia es que aquí tenemos un Metro que cubre los costos operacionales con los ingresos operacionales. Hace algunos días, le dije al ministro que es muy importante que su secretaría no siga haciendo de la crítica demoledora a los responsables la base de su política respecto del Transantiago, porque por ese lado no vamos a resolver ni éste ni otros problemas. Se debe asumir que aquí, primero, hubo responsabilidades -las determinamos en el informe- de distintos tipos. Tienen responsabilidad los técnicos que realizaron los estudios, los que dijeron que esto calzaba, en circunstancias de que no fue así. Hay responsabilidad política en cuanto a la institucionalidad, lo cual hoy sigue siendo un problema. No podemos tener un ministro de Transportes que sea ministro del Transantiago. O sea, aquí se requiere una institucionalidad para dirigir una empresa que tiene determinadas características. Eso es parte de los problemas. Sobre esto también conversé con el ministro. Espero que se tome una actitud un poco más amplia y que se intente buscar ciertos niveles de acuerdo para sacar el sistema adelante. Porque si esto va a seguir en los mismos términos en que ahora se encuentra, vamos a terminar en una gran confrontación política. La ciudadanía está muy enojada por el alza de tarifas. Y no es correcto seguir exclusivamente por esa vía y no buscar racionalizar otras posibilidades. Considero que la parte tecnológica y el sistema de GPS están mal. No se ha

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avanzado y no se logra racionalizar. En todo caso, también le manifesté al ministro que los viernes y sábado en la noche y todo el domingo el Transantiago anda mal. Los empresarios tienen técnicos muy precisos y saben si les conviene salir o no salir. A veces, les conviene pagar la multa y no salir. Ello tiene que ver con los contratos. Pero debemos buscar la forma de que, por lo menos, mientras no se den mejores condiciones para los contratos, eso no siga pasando en el nivel en que está ocurriendo. Si la forma de asumir la situación por parte del Gobierno es decir que toda la culpa viene de antes y que no tiene ninguna responsabilidad, entonces no van a avanzar. Y en ocho meses más les diremos: “Llevan un año gobernando. ¿Y qué han hecho?”. Entonces, si no unen, si no suman y no son capaces de establecer tareas nacionales, respecto de las cuales seguramente van a surgir diferencias, problemas como éste se van a agudizar más. Por eso, comparto el espíritu de fondo de lo señalado por el diputado Hales, pues creo que debemos intentar tomar las cosas con mucho rigor, con bastante seriedad. Todavía hay harta gente aquejada por esto, pero son muchas más las personas, sobre todo después de los estudios de pobreza, afectadas por las tremendas alzas de tarifas que se producen regularmente. Entonces, busquemos alternativas. El subsidio en el transporte no es malo. Alguien nos ha convencido de que en esta materia no debe haber subsidio, porque es pérdida y porque estamos hipotecando al país en favor de Santiago y en contra de las regiones. Cuando se quiere tener un sistema de transporte menos contaminante, con otra racionalidad, con otra forma de enfrentar los grandes problemas que tradicionalmente tuvo, eso supone también invertir recursos públicos, supone subsidio, pero ese subsidio debe servir para racionalizar y no para tapar los hoyos que quedaron a raíz de los grandes errores de diseño. Por lo tanto, estoy por aprobar en general el proyecto, por tratar de mejorarlo, a la espera de la otra iniciativa que el ministro presentará sobre el Transantiago. Por último, insisto en que, en este caso, el tema de la institucionalidad es muy importante. Esto debe tener más rasgos de una empresa, institución o servicio y dejar de ser “el” desafío del Ministerio. Éste debe apoyar a consolidar el sistema. Por lo tanto, hay que acompañar las medidas y no limitarlas sólo al aumento de tarifas.

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He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, en primer lugar, recojo el diagnóstico hecho por el diputado Hales. Espero que esa misma vehemencia y coherencia que él demostró en su intervención también la tenga al momento en que el ministro de Transportes nos haga la presentación de las modificaciones que se deben introducir. En el mismo tenor, recojo la palabras del diputado Montes, en el sentido de que, a futuro, apoye las indicaciones, porque éste es un tema país y no de grupos o personas. Los problemas de la gente no tienen colores políticos. Y como se ha escuchado en los últimos días, los problemas de los más pobres no pueden seguir esperando. Por lo tanto, espero que ese apoyo se exprese al momento de la discusión de las modificaciones que se deben incorporar al sistema de transporte público. En segundo término, anuncio que votaré favorablemente el proyecto en general. Sin embargo, me gustaría que la iniciativa volviera a la Comisión para que se modifique su artículo segundo. Como integrante de dicha instancia, manifesté que represento un distrito en que, desgraciadamente, se concentra uno de los mayores porcentajes de evasión del pago de la tarifa de la locomoción colectiva, la zona sur oriente de Santiago, la cual es generada por jóvenes. Y el castigo de subir el monto de la multa y, además, de aparecer en un registro con una sanción social, de alguna manera afectará en forma importante a los infractores. Estoy dispuesto a consensuar en la Comisión una redacción distinta, pero no estoy de acuerdo en seguir castigando a la zona y a sus comunas periféricas, que son las que hoy sufren con mayor rigor este mal diseño del sistema de transporte de Santiago. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, en principio comparto el espíritu de este proyecto que pretende sancionar a los evasores del pago de tarifa del transporte público. Sin embargo, coincido con la mayoría de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra en el sentido de que hay que votar la iniciativa favorablemente en general y devolverla a la Comisión de Obras Públicas,

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Transportes y Telecomunicaciones, para revisar varios aspectos que son perfectibles, como el hecho de que no distingue entre la Región Metropolitana y las regiones. En Concepción, en Chillán, en Temuco no usan la tarjeta “bip!”, sino que la tarifa se paga en efectivo. Por lo tanto, debe ser distinto el tratamiento de los usuarios en Santiago y en regiones. Asimismo, esta discusión es muy parecida a la que sostuvimos el año pasado y el 2008 sobre la ley de concesiones, específicamente respecto de su artículo 42, que establecía las sanciones para los usuarios que no pagaban el TAG, consistente en una multa de cuarenta veces el monto de lo defraudado. Y en ese entonces, también el diputado Hales levantó su voz para protestar por esos cuarenta latigazos -así lo denominó en su momento-, porque era una pena verdaderamente excesiva y, además, estaba produciendo una gran congestión en los juzgados de policía local. No fue fácil buscar una fórmula, una ecuación para lograr una mejor redacción del artículo 42, pero finalmente -incluso, con la colaboración de la senadora Soledad Alvear- se logró una redacción bastante más humana, como diría el diputado Patricio Hales, en comparación con esos cuarenta “latigazos”. Este proyecto de ley también contiene sanciones muy excesivas, como, por ejemplo, privar de beneficios a los infractores. Además -como ha dicho el diputado Chahín-, el inciso segundo del artículo segundo del proyecto viene a ser una verdadera ley penal en blanco, es decir, deja entregado a reglamentos futuras sanciones. En ese sentido, en una segunda revisión en la Comisión, se debe perfeccionar este aspecto para no caer en inconstitucionalidades. Estoy a favor de que se aumenten las multas de faltas leves a faltas graves; no obstante, creo que es necesario darle una segunda mirada en la Comisión, de manera que no se produzcan injusticias con los evasores. Efectivamente, la evasión ha disminuido en 2 por ciento -como dice el proyecto- gracias a una campaña publicitaria. Pero también es necesario decir al ministro, por intermedio de la Mesa, que no es bueno estigmatizar a las personas. Esa campaña publicitaria, veladamente, dice “No meta las manos”; o sea, está tratando de ladrones a muchas personas. Creo que se puede mejorar el sistema de transporte público de Santiago y se pueden bajar los índices de evasión, pero sin tocar la dignidad de las personas. No sabemos cuáles son las razones por las cuales la gente de más escasos recursos que viven en el sector sur oriente de Santiago, no paga su pasaje. Habrá que ver por qué no pagan, pero no la podemos tratar de ladrones ni menos decir “que meten las manos”, como decía el spot publicitario, gracias al cual se ha reducido la evasión. Es decir, en este tema no podemos tocar la dignidad de las personas, porque -tal como lo señaló el

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ministro en su exposición- si alguien no paga, ella, el ministro o el juez pueden calificar ese hecho, pero no lo puede hacer el Estado, porque éste tiene la obligación de respetar la dignidad de las personas, aunque cometan alguna falta. Finalmente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa que pretende disminuir la evasión en el transporte público, pero con la reserva mencionada, para que vuelva a la Comisión, con el objeto de revisar varios aspectos de los que se han mencionado, especialmente por el diputado Patricio Hales. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi. La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, quiero hacer un poco de historia en este Hemiciclo. Junto al diputado Manuel Rojas -ambos del norte del país-, en su momento, votamos en contra del sistema de transporte denominado Transantiago, un proyecto mal hecho desde el principio. He revisado el proyecto en discusión y, aun cuando le voy a dar mi voto favorable en general, creo que es conveniente que vuelva a la Comisión para que sea objeto de una revisión más exhaustiva. Coincido con las críticas que aquí se le han señalado al proyecto y que dicen relación con el castigo a las personas. La gente que hoy está evadiendo el pago de su pasaje lo hace porque no tiene recursos; pero eso también se relaciona con la situación concreta que tenemos en las regiones, como en el caso de la Región de Tarapacá, donde existe una tarifa del transporte que es bastante alta y estamos obligados a cancelarla. Pensando como diputada de la República, y no sólo de la región, creo que el proyecto debe volver a la Comisión, ya que no puede existir una especie de lista negra de aquellas personas que no pagan su pasaje, que no podrían acceder a algunos beneficios. Por lo tanto, el proyecto debe ser revisado. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado don Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente, estamos discutiendo un tema que atañe a todo Chile y no sólo a Santiago. Por lo tanto, el esfuerzo del Congreso Nacional debe ser mancomunado y debe tener la suficiente comprensión para

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acometer la tarea de mejorar el transporte público en la Región Metropolitana por parte de todos los que representamos a la ciudadanía. Es decir, ésta es una invitación a mirar hacia el futuro, no sólo inmediato, sino también más lejano. Entendemos que la evasión de 18 por ciento, que el señor ministro nos ha comunicado en la Comisión de Transportes, es una vergüenza nacional, pero no vamos a remediar esta situación si no hacemos primero un buen diagnóstico. No es sólo la evasión la responsable del déficit multimillonario del Transantiago. Son más de 200 millones de pesos diarios los que el Estado debe inyectar -tiene que buscar de dónde sacarlos- para superar una situación provocada, en gran parte, por una ciudadanía descontenta con el servicio y que no tiene la educación necesaria para respetar las instituciones y los servicios como éste. Pero también tenemos que hablar de los administradores financieros más caros del mundo, porque cobran el doble de lo que se cobra en otros países por administrar un servicio como éste. Asimismo, tenemos que hablar de la necesidad de una pronta renegociación de los contratos, de una nueva licitación que permita corregir este tremendo abuso, en que aparecen empresarios -como decía el diputado Patricio Hales- a los que no les importa si sus máquinas salen o no a hacer su recorrido, porque están asegurados y, por lo tanto, cobran igual. Pero lo que no está asegurado es el transporte que se merecen los habitantes de la Región Metropolitana. Hay buses que van vacíos, porque sus horarios son inadecuados, mal diseñados, pero con contratos leoninos, por lo que a los empresarios les da lo mismo el servicio que prestan, porque tienen asegurada la billetera con un subsidio que debió aplicarse desde el principio, pero que fue mal interpretado y mal concebido. ¿Quiénes usan el sistema de transporte público de Santiago? Los más vulnerables. Entonces, estamos en presencia de personas que tampoco tienen el poder adquisitivo necesario para soportar permanentemente las alzas en las tarifas del Transantiago. Por lo tanto, por intermedio de la Mesa y con el mayor de los respetos, queremos solicitar al señor ministro que pensemos también en un detalle. Nuestra sociedad necesita más educación cívica. Nuestra sociedad necesita que los legisladores, y en particular el Gobierno, pongamos más atención en formar a nuestros jóvenes. Está bien que se establezcan multas, pero si en los colegios no enseñamos a los jóvenes a respetar las instituciones, a ser más tolerantes con el que piensa distinto, a pagar un servicio cuando se debe hacer, a respetar el medio ambiente como corresponde, desde luego lo único que estamos haciendo es tomar medidas de corto plazo, pero no estamos formando a la sociedad del futuro que necesitamos para evitar, entre otras cosas, la evasión que hoy estamos condenando.

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Naturalmente, los empresarios también tienen una gran responsabilidad. Aquí no se trata sólo de que el Estado se meta la mano al bolsillo, que es el bolsillo de todos los chilenos, para superar este déficit. Hay que concientizar también a los empresarios para que ellos colaboren en el aumento de la fiscalización. Asimismo, las autoridades del Ministerio de Transporte también tienen que solucionar el problema del insuficiente número de fiscalizadores disponibles para que suban a los buses y detecten a los evasores, ya que, de otra manera, no va a servir de nada lo que estamos tratando de implementar. Los gastos en educación cívica son fundamentales para superar este tema, entre otros muchos que tenemos pendiente en el país. Vamos a aprobar en general el proyecto, pero nos vamos a abstener en lo que respecta al artículo segundo, porque entendemos que, si bien es cierto, trata de evitar la evasión, lo hace de una manera muy coercitiva, recurriendo a la represión más que a la educación, motivo por el cual he intervenido. Si el proyecto vuelve a Comisión, podemos corregir la redacción de este artículo y elaborar un mejor proyecto que nos ayude a evitar la vergüenza que implica la descomunal evasión que se produce en el Transantiago. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señor Presidente, en realidad, no quería hacer uso de mi segundo discurso, porque ya formulé mis planteamientos desde el punto de vista técnico. Pero, después de escuchar el discurso “ventoseado” del diputado Hales -por desgracia, ya no está en la Sala-, es difícil guardar silencio. La diputada Marta Isasi dijo que, durante todo el proceso de tramitación del proyecto relacionado con el financiamiento del Transantiago, sólo dos diputados votamos en contra: ella y quien habla. Por lo tanto, tenemos autoridad moral, por lo menos, para criticar. Pero, no ha ocurrido lo mismo con el diputado Hales, que no ha reconocido que, efectivamente, es una política desastrosa. Él no puede venir ahora a sacar las castañas con la mano del gato; tiene que asumir su responsabilidad. Un diputado de Renovación Nacional dijo -y lo mismo expresó el diputado Montes- que hoy debemos mancomunar esfuerzos para buscar soluciones. Todos estamos de acuerdo en eso.

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Pido al ministro que, ojalá, presente un conjunto de propuestas de solución sobre este tema. Aquí se ha dicho que se trata de un problema país. Por cierto que lo es, porque con este tipo de proyectos se perjudica a las regiones más alejadas que han dejado de recibir beneficios. ¿Cuánto cuesta financiar mensualmente el Transantiago? Además, cuando tratamos de establecer que parte del royalty fuera en beneficio de las regiones, ustedes nos han negado la sal y el agua. Entonces, que no nos vengan aquí con discursos “ventoseados”, como el expresado por el diputado Hales, en relación con esta materia. ¿Estamos dispuestos a ayudar? Por supuesto, porque ahora hay posibilidades de encontrar una solución y por eso voy a concurrir con mi voto favorable al proyecto, a fin de perfeccionar el sistema. Pero también necesitamos que haya agilidad y rapidez legislativa para entregar soluciones. Reitero que utilice el tiempo de mi segundo discurso sólo para manifestar mi molestia, porque algunos somos consecuentes. Creo que el diputado Hales no lo ha sido, porque cuando debió haber votado en contra, no lo hizo; en cambio, yo sí lo hice. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus. El señor LEMUS.- Señor Presidente, a quienes venimos de regiones nos resulta un poco difícil entender la situación que se está viviendo en Santiago. Para nosotros, el transporte colectivo es un medio manejado exclusivamente por inspectores y choferes. En las regiones, la evasión prácticamente no existe, o bien, es muy escasa. Cuando se produce un problema de este tipo, es resuelto por los inspectores y los choferes e, incluso, por el público. De mayor ocurrencia son los problemas conductuales de algunos pasajeros que, al no encontrarse en un estado adecuado de temperancia, protagonizan actos que no son muy agradables para los pasajeros que utilizan esos medios de transporte. Los problemas no radican en el sistema. Los diputados de regiones, que debemos viajar a la capital para solucionar problemas administrativos, comerciales, etcétera -todo está concentrado en ella- nos damos cuenta de que el sistema de locomoción colectiva anterior asustaba a cualquiera: los peatones eran objeto de agresiones y había muchos accidentes; pero, lo más impactante era el problema ambiental, aparte del desorden en el tránsito. Entiendo que el proyecto del Transantiago buscaba resolver uno de los problemas más graves que existían a nivel de país. Ahora presenta buenos

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indicadores, está creciendo y desarrollándose. Sin embargo -como señaléteníamos un sistema que no era el más adecuado, que no era otra cosa que “la ley de la selva”. Por fin, el sistema fue abordado, aunque, tal vez, no de la mejor manera, porque fue implementado, prácticamente, en un ciento por ciento. Esta experiencia se ha aplicado en otros países, que cuentan con más recursos y tienen grandes metrópolis; pero lo han hecho poco a poco, no de la forma en que se planteó en nuestro país. Sin embargo, es lo que tenemos y han surgido algunas soluciones que, en realidad, no se han cumplido. Es un sistema con cobro automático que se basa en la confianza en los pasajeros. Los buses tienen tres puertas habilitadas para que los pasajeros puedan acceder en forma más expedita. Hay un informe del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, según el cual la evasión por la puerta principal llega al 15 por ciento, y por la puerta central o trasera, al 45 por ciento. Es uno de los problemas del sistema. Pero, existe otro, que tiene que ver con las empresas. Aquí estamos frente a un problema de confianza y -diría- de cultura y oportunidad. Anteriormente, no se producía esto, porque no existía la oportunidad; pero como hoy sí existe, un porcentaje de los pasajeros no están preparados para usar el sistema. Por su parte, los empresarios tampoco estaban muy bien preparados, porque no han respondido al desafío que implica tener un sistema público de transporte de pasajeros que dé garantías a todos los usuarios. Ahora, la Derecha es Gobierno, no es Oposición, y tiene que asumir el sistema y sacarlo adelante. Como diputado de región, en esta oportunidad, voy a entregar mi voto favorable al proyecto, en el entendido de que sólo resuelve una “partecita” del problema, no lo central. El aumento de las tarifas, en realidad, afecta a los más humildes. Hay que decirlo derechamente: el ministro hizo una exposición y pudimos comprobar que quienes más necesitan este sistema son las personas de clase media, las que tienen menos recursos y que deben desplazarse de un lugar a otro. Considero que el artículo segundo del proyecto es un exceso. En efecto, los juzgados de policía local tienen que aumentar las sanciones a las personas que evaden el pago del pasaje; estoy absolutamente de acuerdo con eso. Pero, confeccionar un Sub Registro de Pasajeros Infractores, que quedará en la hoja de vida de las personas y les impedirá recibir los subsidios que entrega el Estado me parece demasiado. Le digo al ministro que se trata de un problema grave para un Gobierno que se comprometió a solucionar el problema de la pobreza, lo que, después de conocer los últimos resultados de la encuesta Casen, hemos comprobado que ha aumentado. Por eso, creo que ese artículo debiera ser suprimido o analizado en mejor

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forma. Es más, creo que el problema radica en el aumento de las sanciones y en la forma en que los juzgados de policía local deberían actuar. Pero, lo más grave es que la multa resulta casi incobrable si la persona no concurre voluntariamente al tribunal de policía local respectivo. Ahí enfrentamos otro problema: cómo se aplica la justicia en nuestro país. No estoy de acuerdo con el articulado del proyecto, por lo que soy partidario de que vuelva a la Comisión, para que se discuta en profundidad la materia. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, en primer lugar, discutir la solución al transporte de pasajeros en la Región Metropolitana, llámese como se llame, es un tema mayor, y no es mérito votar en contra un acuerdo que intentaba superar al menos una etapa del desarrollo de esta iniciativa. Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al diputado Rojas que si él ha sido siempre consecuente con su postura, al igual que la diputada señora Marta Isasi, ¿por qué no sigue el mismo camino de esta última? Le garantizo que podrá mantener mayor independencia de la que tiene hoy. Ésta es una broma que me he permitido hacerle. En la Comisión entregué una opinión que he visto reiterada en la Sala, porque no cabe duda de que el proyecto es necesario, razonable; debe haber una forma inteligente de evitar ese porcentaje tan alto de evasión que se observa en el Transantiago. En ese sentido, aprobar en general el proyecto resulta bastante razonable. El problema radica en el texto, en especial en uno de sus artículos -soy ingeniero civil y no sé argumentar tan bien como lo han hecho algunos colegas que son abogados- sobre el cual planteé duda de constitucionalidad. En efecto, de la lectura del informe respectivo se desprende que el hecho de figurar en la lista de aquellos que no han cumplido con el pago de la tarifa del Transantiago, puede servir para negar beneficios sociales. Así lo señalé en la Comisión. Aún más, algunos diputados miembros de la Comisión recordarán que dije, sin pretender ser pitoniso, que difícilmente podría pasar por la Sala una norma de ese tipo. Aquí se han esgrimido argumentos en tal sentido, y es bueno que el proyecto vuelva a la Comisión. Incluso, algunos han sugerido que se remita a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Ignoro si sea un camino necesario. Resolverlo es atribución de la Sala, pero debemos hacer un esfuerzo común para, de manera inteligente, definir la forma de obligar a la gente a no

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seguir evadiendo el pago de la tarifa en un porcentaje que alcanza en su punto máximo el 17,3 por ciento, y un promedio de 15 por ciento. Muchas veces se hace alusión al Transantiago y su impacto en las regiones. El subsidio al Transantiago tiene como contrapartida un subsidio a las regiones. Quiero reivindicar esa medida, porque como representante de un distrito eminentemente rural, tengo la certeza de que es imposible que exista transporte colectivo entre comunas rurales a menos que exista algún tipo de subsidio para que los empresarios tengan un piso que les permita garantizar que no trabajarán eventualmente a pérdida. Entonces, las cosas tienen dos caras. Hace unos días, el ministro declaró que, eventualmente, es necesario revisar, para el futuro Transantiago, la implementación de un subsidio incluso mayor. Termino señalando que todos debemos profundizar sobre la materia. En las distintas bancadas debiera haber expertos en el tema, porque la experiencia nos enseña, aunque parezca innecesario repetirlo, que un sistema de transporte de personas, en una gran ciudad como la Región Metropolitana podrá ser el día de mañana en otras-, requiere un subsidio estatal. En tal sentido, debemos asumir y asimilar esa realidad y proyectarla hacia el futuro. He dicho. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Ha terminado el Orden del Día. Están inscritos para intervenir los diputados señores Silva y Andrade, quienes podrán insertar sus discursos si así lo desean; sin embargo, como es probable que el proyecto vuelva a la Sala, podrán intervenir primero lugar en la oportunidad en que tal sesión se lleve a efecto. Tiene la palabra el diputado Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero excusarme con el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por haberme expresado de mala manera cuando comparé su presentación con un show de televisión. Mis palabras constituyeron un exceso despectivo e innecesario para el resto de mi discurso, que, por supuesto, mantengo íntegramente. Reitero mis excusas, porque el ministro no merece expresiones tan despectivas. Discrepo de su presentación, pero no debiera haberlo calificado de la forma en que lo hice y me parece que fui excesivo en mi calificativo. -Aplausos.

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El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Cerrado el debate. Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común. Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente, sólo quiero saber si ya se adoptó el acuerdo para que el proyecto vuelva a la Comisión técnica y, eventualmente, también a la de Constitución, Legislación y Justicia. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Todavía no se ha adoptado el acuerdo para que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución. Sin embargo, como tiene indicaciones, volverá a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera

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Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Carmona Soto Lautaro; Teillier Del Valle Guillermo. -Se abstuvieron los diputados señores: Ceroni Fuentes Guillermo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Muñoz D’Albora Adriana. El señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Artículo segundo Al inciso octavo que incorpora. 1.- De la señora Pacheco, doña Clemira y los señores García, don René y Pérez, don Leopoldo, para reemplazar la expresión “dos meses” por “mensualmente”. -oEl señor BECKER (Presidente en ejercicio).- Si le parece a la Sala, luego de ser tratado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, el proyecto se remitirá a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo.

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS

1.4. Segundo Informe de Comisión de Obras Públicas Cámara de Diputados. Fecha 04 de agosto, 2010. Cuenta en Sesión 60. Legislatura 358.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE EVITA EL NO PAGO DE LA TARIFA EN LOS VEHÍCULOS DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. BOLETÍN N° 6.948-15-2.

HONORABLE CÁMARA: Vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informaros, en segundo trámite reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva. Su urgencia ha sido calificada de “suma”, en todos sus trámites. La iniciativa busca incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual, se aumenta la sanción para los evasores, se establece un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” dentro del actual “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” y la anotación en dicho sub registro, será considerada entre los antecedentes a evaluar, para obtener beneficios que otorgue el Estado. El proyecto en informe, fue despachado por esta Comisión en su primer trámite reglamentario el 6 de julio de 2010, y aprobado en general por la H. Cámara de Diputados en la sesión 54ª, de fecha 15 de julio de 2010. La H. Sala de la Corporación acordó en aquella oportunidad, que el proyecto vuelva a la Comisión para segundo informe. Constancias reglamentarias. Para los efectos previstos en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente: Disposiciones que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones: En esta situación se encuentra el artículo 1° del proyecto. Artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado: El proyecto no contiene este tipo de norma. Artículos suprimidos: No los hay. Artículos modificados: El artículo 2° del proyecto, fue objeto de modificación.

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS Artículos nuevos introducidos: No los hay. Artículos que, en conformidad al artículo 222 del Reglamento, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda: No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. Indicaciones

rechazadas:

Hay

una

indicación

rechazada. Diputado Informante: Se designó al Diputado señor Pérez, don Leopoldo. ******************************** Para el estudio de este segundo informe reglamentario, la Comisión contó con la colaboración y asistencia del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín y de la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt Hesse. *************************** El Ministro Morandé recordó que este proyecto se discutió y se aprobó por esta Comisión. A su juicio, la mala evaluación del sistema no es una excusa para que los usuarios no paguen la tarifa. Comentó que al reducir la evasión a la mitad, los efectos se reflejarán de inmediato en la tarifa. Señaló que ambos artículos del proyecto, mejoran el tema de la evasión. Por el primero se incrementa la calificación de la gravedad de la falta, de “leve” a “grave”, lo cual, fue aprobado por unanimidad en el primer trámite reglamentario. El artículo 2°, en tanto, tiene dos incisos, el primero de los cuales crea un Sub Registro de Pasajeros Infractores, a ser incorporado en el existente Registro de Multas de Tránsito No Pagadas. El inciso segundo establece que la presencia de una persona en este sub registro, será considerada en la evaluación del otorgamiento de beneficios sociales. Explicó que este proyecto, que evita el no pago de las tarifas, debe considerarse como parte integral de una gran reforma para el transporte urbano. Al respecto, hay otros dos proyectos que inician su tramitación en estos días. Uno es el proyecto que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado, boletín N° 7.085-15, que se encuentra actualmente en el Senado, y el otro es el que aumenta el Subsidio Nacional Transitorio al Transporte Público Remunerado de Pasajeros, boletín N° 7.10115, que está pronto a ingresar a esta Cámara de Diputados.

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS 1. DISPOSICIONES QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES. El artículo 1° del proyecto no fue objeto de indicaciones, ni de modificaciones, por lo tanto, debe ser aprobado ipso jure, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 131 del Reglamento. 2. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE ORGÁNICO-CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO. La Comisión determinó que el proyecto no contiene este tipo de normas.

CARÁCTER

3. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS. No hay artículos suprimidos. 4.- ARTÍCULOS MODIFICADOS. El artículo 2° del proyecto fue modificado por la siguiente indicación: Los Diputados señores García, Hales, Hasbún, Hernández; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo, y Vargas, formularon una indicación para suprimir el inciso noveno que se incorporaba al artículo 22 de la ley N°18.287. -Puesta en votación la indicación, fue aprobada por siete votos a favor de los Diputados señores García, Hasbún, Hernández, Norambuena; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo, y Vargas. Es del caso explicar, que existía un error en el texto original del artículo 2° del proyecto. En dicho artículo se proponía incorporar los incisos octavo y noveno al artículo 22 de la ley N° 18.287, en circunstancias que debía decir que se incorporaban los incisos noveno y décimo. En razón que mediante la ley N° 20.410, se incorporó un inciso quinto, nuevo, quedando por lo tanto, el artículo 22, con ocho incisos. 5. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS. No hay artículos nuevos. 6. ARTÍCULOS QUE, EN CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 222 DEL REGLAMENTO, DEBAN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. La Comisión estimó que los artículos del proyecto no tienen que ser estudiados por la Comisión de Hacienda. 7.

INDICACIONES RECHAZADAS.

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS La Comisión acordó rechazar la indicación formulada por la Diputada Pacheco, doña Clemira; y los señores García, don René y Pérez, don Leopoldo, que proponían reemplazar en el inciso octavo, nuevo, la expresión “dos meses” por “mensualmente”. -Puesta en votación la indicación, fue rechazada por siete votos en contra de los Diputados señores García, Hasbún, Hernández, Norambuena; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo, y Vargas. En conformidad con las constancias anotadas y las consideraciones expuestas, a las que podrán añadirse las que, en su oportunidad, formule el Diputado Informante, vuestra Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, os recomienda la aprobación del siguiente PROYECTO DE LEY. Artículo 1°- Agrégase el siguiente número 41, nuevo, en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: “41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”. Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente inciso noveno, nuevo, en el artículo 22° de la ley Nº 18.287: “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” que se creará en el “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” contemplado en el artículo 24° de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el sub registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.”. Se designó Diputado informante al señor Leopoldo Pérez Lahsen. SALA DE LA COMISIÓN, a 04 de agosto de 2010.

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN OBRAS PÚBLICAS Tratado y acordado, conforme se consigna en el acta de la sesión de fecha 03 de agosto de 2010, con la asistencia de los Diputados señores García, don René Manuel (Presidente); Hasbún, don Gustavo; Hernández, don Javier; Latorre, don Juan Carlos; Meza, don Fernando; Norambuena, don Iván; Pacheco, doña Clemira; Pérez, don Leopoldo, y Vargas, don Orlando. Asistieron además, los Diputados señores Hales, don Patricio, y Sauerbaum, don Frank.

PATRICIO ÁLVAREZ VALENZUELA, Secretario de la Comisión.

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1.5. Discusión en Sala Cámara de Diputados. Legislatura 358. Sesión 60. Fecha 05 de agosto, 2010. Discusión particular. Se aprueba.

TIPIFICACIÓN COMO INFRACCIÓN GRAVE EL NO PAGO DE TARIFA DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Primer trámite constitucional. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley, originado en mensaje, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Leopoldo Pérez. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Boletín N° 6948-15. Documentos de la Cuenta N° 8, de esta sesión. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señora Presidenta, en nombre de Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, proyecto de ley, originado en un mensaje, “que evita el no pago de la tarifa los vehículos de la locomoción colectiva”, con urgencia calificada de “suma”.

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El proyecto en informe fue despachado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, el 6 de julio de 2010. Dado que en la Sala fue objeto de indicación, volvió a Comisión para segundo informe, el que fue despachado el 3 de agosto de 2010. El proyecto persigue incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de locomoción colectiva, por la vía de aumentar la sanción a los evasores y de establecer un registro de infractores. No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda ni que requieran ser aprobados con quórum especial. La Comisión rechazó la indicación que se presentó en la Sala durante el primer trámite reglamentario para reemplazar la expresión “dos meses” por “mensualmente”, en el inciso octavo, nuevo, del artículo 22 de la ley N°

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18.287, que se incorpora por el artículo 2° del proyecto. La Comisión aprobó la indicación para suprimir el inciso noveno del artículo 22 de la ley N° 18.287, que se incorporaba por el artículo 2° del proyecto. Por el artículo 1° se aumenta de infracción leve (0,2 a 0,5 U.T.M.) a infracción grave (1 a 1,5 U.T.M.) la tipificación del no pago de la tarifa en vehículos de locomoción colectiva. Para tal efecto, se agrega el numeral 41, nuevo, al artículo 200 de la ley N° 18.290, de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, del año 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Por el artículo 2° se establece que los infractores serán anotados en un Sub Registro de Pasajeros Infractores, que se creará en el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas, el cual será individualizado y actualizado cada dos meses por el secretario del juzgado de policía local, quien lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. Transcurridos tres años, la anotación se eliminará por el solo ministerio de la ley, lo que también sucederá si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada con sus aranceles. También se formuló indicación para suprimir la consideración de la anotación en el sub registro entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios sociales, la cual fue aprobada por la unanimidad de los diputados y de las diputadas presentes. La Secretaría modificó la referencia al inciso “octavo” del artículo 22 de la ley N° 18.287, por “noveno”, puesto que desde la reciente entrada en vigencia de la ley N° 20.040, el artículo en comento ya tiene ocho incisos. Para el estudio del proyecto de ley en segundo trámite reglamentario, la Comisión contó con la colaboración del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé Lavín, y de la subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt Hesse. Es todo cuanto puedo informar a la honorable Sala. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, durante el primer

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trámite reglamentario le hicimos presente al ministro de Transportes que no nos gustaba el inciso segundo del artículo 2° del proyecto, referido a que la gente que no pagaba su pasaje iba a perder los beneficios sociales, planteamiento que entendió el ministro. El martes, antes de ayer, presentamos una indicación en la Comisión para suprimir ese párrafo del proyecto y se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes. Lo importante es que todos coincidimos. Por otra parte, creemos que ha llegado el gran momento del consenso para arreglar el Transantiago. Si uno analiza todo lo que ha pasado, constata que el Transantiago es un eterno dolor de cabeza para los habitantes de la Región Metropolitana. Por eso, el Gobierno ha decidido enviar al Congreso tres proyectos de ley: uno entró por el Senado, para la reestructuración; el que discutimos, para evitar la evasión, y el que provee los fondos para subsanar el problema. En consideración a que estos tres proyectos tratan de mejorar el transporte público, creo que es fundamental que la Cámara apruebe esta iniciativa. Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, como los señores Venegas, Pérez, Norambuena, Hasbún, Meza y el que habla, hemos conversado largamente con el ministro sobre el problema y hemos llegado a la conclusión de que estos proyectos no pueden seguir esperando. No podemos continuar diciendo que “él tiene la culpa o el otro tiene la culpa.” Éste es un proyecto global. Además hemos llegado a otra conclusión que es mucho más importante: el año 2015 -corríjanme si me equivoco- van a haber dos millones de automóviles sólo en el gran Santiago. Entonces, ¿qué necesitamos? Ministros de Transportes que sean visionarios. Por una razón muy simple: aunque nos pongamos a modificar toda la infraestructura, no hay capacidad física en el gran Santiago para dos millones de automóviles. Entonces, ¿por qué son importantes este proyecto y los otros? Porque, con esta iniciativa en marcha y un Transantiago potente, que llegue a la hora, que tenga buenos recorridos, micros de calidad y adecuada frecuencia, indudablemente la gente, independiente del barrio, va a ocupar el Transantiago para ir a su trabajo, lo que significará descontaminación, descongestión y un Santiago mucho más vivible. ¡Depende de nosotros! La frase tan simple “No meta la mano ahí”, que muchas veces nos causó risa, es exactamente lo que la gente quiere: que todos paguen. ¿Por qué es tan drástico este proyecto? Porque la evasión es la causa de las últimas alzas del Transantiago. ¡Seamos honestos! ¡Ésa es la razón! No se puede continuar con la gran pérdida que tiene el sistema. ¡Es brutal! Cuando el ministro nos dijo que el pasaje tenía que llegar a 800 pesos, nos reímos y dijimos: “¡Cómo habla esta brutalidad el ministro!” Realmente, quedó corto, porque con la tremenda evasión, la tarifa del Transantiago debería ser

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mucho más cara. Entonces, tenemos que ponernos una mano en el corazón y arreglar este problema. No le echemos la culpa a éste o al otro, porque todos sabemos que fue una guagua que nació mal. Pero, arreglémosla, operémosla, dejémosla encachada, para que sirva a la comunidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Señor Presidente, por su intermedio, le quiero decir al ministro que nos alegramos tremendamente de que haya dado el asentimiento para borrar el único párrafo que nos tenía un poquito atorados para aprobar este proyecto. Se lo agradecemos. La indicación fue aprobada por unanimidad. El diputado Venegas, que viene llegando, estuvo enfermo y me llamó para decirme: “¿Diputado, qué ocurre con el inciso segundo? Hay que suprimirlo.” Le dije: “Diputado, quédese tranquilo, lo estamos haciendo.” O sea, todos los sectores estaban preocupados, no sólo nosotros. Este proyecto tan importante, uno de los tres emblemáticos para mejorar el Transantiago, necesita ser aprobado ahora. Eso es todo cuanto puedo decir, después del brillante informe de mi colega Leopoldo Pérez. Señor Presidente, por su intermedio, agradezco al ministro que haya confiado en nosotros. Lo tratamos de ayudar. Cuando le dijimos que ese inciso no iba a pasar, no pasó. Pero, lo suprimió y hoy cuenta con el respaldo, creo que del ciento por ciento, al igual que en la Comisión, de todos los diputados presentes en la Sala. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. El señor CARMONA.- Señor Presidente, quiero reiterar lo que me parece una falta muy seria y grave de una política de Estado, vinculada a la locomoción colectiva, al transporte de pasajeros, particularmente de los estudiantes y trabajadores. Se insiste en abordar el tema a partir del defecto y no de una propuesta completa e integral de locomoción colectiva. Una señal más positiva sería que el proyecto estableciera cómo avanzar en aumentar el pago de la locomoción colectiva. En cambio, la figura es sancionar el no pago. Pero nadie explica qué sucede con las empresas de locomoción colectiva que ganaron licitaciones -que tienen casi el monopolio del transporte de los trabajadores y los estudiantes- y la implementación de tecnologías -de cargo de ellas- que existen en el mundo para limitar al máximo que la gente suba sin pagar, por ejemplo, los controles que tiene el sistema subterráneo de Metro. Al final, es más barato que la gente que es parte de la ciudad controle

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al que no paga, de cargo gratis para la empresa responsable del transporte de locomoción colectiva. El proyecto no recoge el hecho de que el no pago pueda estar vinculado a alguien que no tiene recursos. Si queremos avanzar hacia una conducta positiva, ¿por qué no se plantea, cuando se debata y fija el salario mínimo, por ejemplo, que haya un renglón destinado a un bono real de locomoción colectiva? Si alguien imagina que dicho bono puede ser usado por el trabajador para otro fin, debo decirle que hoy existe, al menos en la Región Metropolitana, un sistema de control digital. Se le puede entregar a cada trabajador una tarjeta con el monto equivalente a los pasajes que le corresponden. Sólo podrá usarla en la locomoción colectiva. No podrá comprar el pan u otro tipo de artículos. Lo mismo se debería hacer en el caso de los estudiantes. Entonces, discutir este tema, desvinculado de la proporción que el valor del pasaje tiene en los ingresos de los trabajadores, es mirar sólo una parte de la discusión. Nadie promueve el hecho real que se genera por no tener ingresos. El Transantiago, que en el caso de la Región Metropolitana es un punto referencial en este debate, ha tenido un incremento en el valor de su pasaje y aquí se ha argumentado que la causa es el no pago. Es decir, si la empresa no es capaz de poner sistemas de control amables y ciudadanos, debemos asumir que la cuenta no la pagará la empresa, sino nosotros, la gente, los ciudadanos. La política de transporte de la locomoción colectiva debería contemplar ese bono como ingreso. Insisto, entréguenlo en una tarjeta digitalizada y los usuarios no tendrán otra posibilidad que gastarlo en el pago de sus pasajes en las micros. Lo mismo hay que hacer con los estudiantes, pues cada día crece más el valor del pasaje escolar en relación con el ingreso familiar. Entonces, aquí hay cosas que no son coherentes y llegamos en el último segundo con una iniciativa sobre los que no pagan. Incluso, sin tomar nota de que el no pago en el Transantiago se usó, en gran proporción, casi como una expresión natural de protesta de mucha gente, que sentía que la implementación de ese sistema era un abuso. Llamo la atención de quienes les gusta medir la opinión pública por las encuestas, las cuales indican la significación que la gente da a un mal sistema de transporte público, particularmente cuando los pasajeros van hacinados, sin seguridad, etcétera. Pero eso también está vinculado al valor que ellos deben pagar por el mal transporte. Esa ha sido una de las causas que indican las encuestas acerca de cuál es la valoración que la ciudadanía tiene sobre el actual gobierno. También se ha instalado el debate de que los buses oruga no podrán seguir transitando, porque tienen muchos inconvenientes. Hay que transparentar mucho el significado de ese cambio, porque hay un costo de por medio, ya que

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seguramente traerá consigo la presentación de una iniciativa especial para que el Congreso Nacional legisle nuevamente en favor de los empresarios de la locomoción colectiva y la gente pague el costo del reemplazo del medio de transporte. Nadie se va a convencer de que por la vía de evitar el bus oruga y acceder a un vehículo de un solo vagón, bajará el nivel de no pago en la locomoción colectiva. Si se compara la sanción de una persona que no paga por necesidad con la que le se le aplica al conductor de un vehículo que es sorprendido en una infracción de tránsito, se concluye que se equiparan. Creo que en ello hay un sesgo social y discriminatorio muy fuerte, tendiente a generar las condiciones para que el empresario de la locomoción colectiva no asuma su responsabilidad. A mi juicio, sería muy distinto si se legisla para que los trabajadores tengan obligadamente una proporción de su ingreso para la locomoción colectiva, para que la proporción del ingreso familiar que se gasta en pasaje escolar sea menor o para crear condiciones a fin de que los sistemas de control de ingresos de la locomoción sean positivos, avanzados y modernos. Hay que llevar adelante una política de Estado que entienda que trasladar el costo de la locomoción colectiva a los trabajadores sin poner ningún subsidio estatal es, en definitiva, quitarles una parte de los ingresos que obligadamente deberán usar, porque, de lo contrario, no llegarán a la hora a sus lugares de trabajo. Por eso, mientras no haya una idea integral y sólo veamos una parte, rechazo el proyecto propuesto a la Sala. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún. El señor HASBÚN.- Señora Presidenta, a nadie le gusta que se sancione a la gente, en el entendido de que la coerción no es la solución a los problemas. Sin embargo, también hay que entender que este proyecto busca solucionar un problema que tiene que ver con el sistema de transporte público. Lamentablemente, se transformó en una ley de la selva cuando se inició el Transantiago en 2008, ya que, para evitar un colapso social tremendo, se dio manga ancha a la gente para que no pagara pasaje durante los primeros meses. Obviamente, eso generó la confianza en algunos para decir que, si no habían pagado los primeros meses, por qué lo iban a hacer después, o si existe impunidad y nadie sanciona, por qué no ahorran ese dinero. Sin duda, siendo bastante simple en mi apreciación, no tenemos alternativa. Si hoy no aprobamos el proyecto terminaremos generando no sólo impunidad, sino que también permitiremos que se siga abusando de aquellos

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que cumplen responsablemente con el pago de su pasaje. ¿Por qué la gran mayoría tendrá que asumir esa responsabilidad por culpa de unos pocos? ¿Por qué la gran mayoría deberá asumir el alza de pasajes permanentemente, debido a la evasión existente? ¿Por qué la gran mayoría de los santiaguinos o usuarios del Transantiago, cuya deficiencias conocemos, y que ha desmejorado la calidad de vida de los chilenos, va a aceptar que, a la larga, unos pocos obtengan premios? Este es el minuto de poner atajo a lo señalado. ¡No más! Además, el proyecto fue discutido en la Sala y volvió nuevamente a Comisión por las sanciones; su decisión se aprobó en forma unánime. Entonces, para resumir el tema en dos palabras, ¡basta ya! ¡No podemos seguir generando ese grado de impunidad! ¡No puede ser que los evasores no tengan una sanción! Por lo tanto, esta iniciativa ni siquiera tendría que seguir discutiéndose en la Sala, deberíamos aprobarla de inmediato, porque las cosas no pueden continuar en esas condiciones. Como mensaje a todos los evasores, ¡basta ya! Debemos ponernos rojos una vez -y este es el minuto- y no colorados varias veces, ya que el proyecto beneficiará a la gran mayoría de los santiaguinos, a los usuarios del Transantiago que pagan responsablemente para que el sistema funcione día tras día. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señora Presidenta, no puedo sino agradecer las expresiones de mi colega y Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, diputado René Manuel García, quien comentó sobre la preocupación que todos teníamos, porque compartimos la idea general del proyecto. No obstante, nos parecía ilógico o inconveniente ligarla a una barrera relacionada con la posibilidad de acceder a beneficios sociales. Nos parecía que la mano era muy dura, especialmente con la gente modesta. Como se denuncia en algunos reportajes recientes, la evasión, para sorpresa nuestra, se da en todos los niveles. Incluso, en comunas pudientes como Providencia y Las Condes, hay gente que evade, lo que ocurre, con mayor razón, en las más pobres. Sin querer justificar la evasión, debe existir una ética pública que obligue al concepto de que mis derechos también van acompañados de deberes. Por lo tanto, entre esos deberes y esas responsabilidades está el pago de pasaje en la locomoción colectiva. Los mismos estudios demuestran que, en la materia, la gente más pobre nos da lecciones de honestidad. Al analizar los estudios respecto de las tasas

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de morosidad en cualquier ámbito, podemos advertir que la gente más modesta paga. De manera que cuando se ven en la necesidad, por el contexto histórico en que se dio la situación, evidentemente algunos no pagarán la tarifa porque no pueden hacerlo. Pero, seguramente hay un porcentaje alto que, pudiendo pagar, no lo hace, lo cual me parece muy condenable. En este caso, se debe usar la herramienta que contempla la ley: la sanción. A diferencia de lo señalado por el diputado Hasbún, es inherente a la ley el que se use la coerción como una manera de alcanzar determinados objetivos que son bienes sociales. De manera que lo que perseguimos no sólo es para cuadrar las cuentas, sino que más que eso, porque no creo que el problema financiero del Transantiago se genere sólo por la evasión. Sin duda, es una de las tantas variables. Pero, más importante que ello, lo que buscamos es que, como sociedad, se imponga la idea de que todos tenemos que pagar por usar un medio de transporte. Si hay gente que no tiene recursos y no puede hacerlo, buscaremos mecanismos para generar los subsidios o las ayudas económicas que correspondan otorgar al Estado. Ésa es mi concepción para resolver el problema, porque la regla no puede ser que la gente use el medio de transporte, pero que no lo pague. Quienes hemos tenido la suerte de conocer realidades de otros países, sabemos que se considera como una falta grave no tener el correspondiente boleto cuando una persona usa algún medio de transporte público. Comparto la idea matriz del proyecto, motivo por el cual lo apoyaré con entusiasmo, tal como lo hice en la Comisión, más ahora que se ha modificado en el sentido que queríamos. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión. Señor ministro, por intermedio de la señora Presidenta, integro desde hace cuatro años la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por lo que ha conocido todo el proceso del Transantiago, incluso en comisiones investigadoras. En consecuencia, está claro que aquí se puede aplicar un dicho de mi zona: “Otra cosa es con guitarra.” Lo que quiero decir con la mayor seriedad es que el Transantiago es un tema muy complejo. Soy diputado por un distrito de una región, pero transitoriamente tengo que vivir en Santiago, lo que me ha puesto en contacto con gente común y corriente de la capital, que me señalan que el Transantiago ha mejorado respecto de lo que era hace dos o tres años. La decana de una facultad me dijo que se nos olvidaba lo que reemplazamos, es decir, las máquinas amarillas, que significaban carreras locas, accidentes, muertes, choferes asaltados por unas pocas monedas, contaminación y un conjunto de otras lacras. Como lo vimos en la propia Comisión, si bien el Transantiago no está funcionando perfectamente, la ciudadanía lo evalúa bastante mejor, aunque debemos reconocer que algunos sectores tienen más problemas, los que debemos subsanar.

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En todo caso, muchos colegas están de acuerdo con la solución que establece el proyecto, a pesar de que ayer tuvieron una visión muy crítica del Transantiago, al que incluso le negaron la entrega de subsidios que se plantearon, ya que sin esa ayuda del Estado era imposible tener el sistema de transporte público que queríamos para la Región Metropolitana, como ocurre en muchas partes del mundo, donde, y ustedes lo han visto, los Estados subsidian más del 50 por ciento del valor final del pasaje. Ahora sabemos, por lo que el propio ministro nos ha señalado, que el Gobierno envió o está por enviar un proyecto de ley que otorgará un nuevo subsidio para el Transantiago. Es decir, ahora esas personas que ejercen el poder se dan cuenta que inevitablemente se debe usar esa herramienta. La discusión pendiente, señor ministro, por intermedio de la señora Presidenta, es que cumplamos la ley que aprobamos hace algún tiempo. Con la distinguida Presidenta de la Cámara fuimos activos instigadores del concepto de la ley espejo. Sobre ello hicimos hasta un panfleto: por cada peso que se gastare en el Transantiago, debía entregarse un peso a regiones, lo que no está ocurriendo. No tenemos claro que se haya entregado a regiones la totalidad de los recursos correspondientes en relación con los subsidios permanentes y transitorios al Transantiago. Se debe cumplir la ley que ya aprobamos, pues, con ese mismo espíritu, acogeremos este nuevo subsidio que estimamos necesario para ese medio de transporte, por las condiciones que ustedes bien conocen. Por las consideraciones señaladas, anuncio mi voto favorable al proyecto, así como mi mejor actitud personal y la de mi bancada para estudiar los próximos proyectos, a fin de colaborar en el logro del mejor sistema de transporte público para la Región Metropolitana. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECO (doña Clemira).- Señora Presidenta, durante la discusión que tuvimos hace un par de semanas respecto de la iniciativa, muchos de nosotros hicimos ver los inconveniente que tenía el mecanismo establecido en el proyecto para resolver el no pago de la tarifa en el Transantiago. Además de las anotaciones que se les harían en un registro especial a quienes no pagaran sus pasajes, se proponía una sanción que consistía en que las personas que figuraran en ese registro serían consideradas en la evaluación del otorgamiento de beneficios sociales, lo que resultaba muy desproporcionado y discriminador, ya que no había relación entre la magnitud de la falta cometida y la sanción correspondiente, pues privar a una familia de escasos recursos de los beneficios sociales constituye, en muchos casos, una

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alteración grave en su forma de vida y en sus posibilidades de subsistencia. Hablamos de discriminación, porque la naturaleza del castigo se orientaba hacia los sectores de menores recursos, los que incluso serían sancionados con la pérdida de beneficios sociales, en circunstancias de que no existen penas similares para otros evasores de impuestos, como los de cuello y corbata, ya que muchas de sus empresas eluden impuestos sin que sean privadas de los apoyos estatales. En consecuencia, la Comisión eliminó esa sanción en el segundo trámite reglamentario. Sin embargo, quiero plantear un conjunto de observaciones que, a mi juicio, el ministro debería tener en cuenta. Esperamos que se mantenga la supresión de esas discriminaciones y arbitrariedades y que no se burle la decisión adoptada a través del reglamento que se deberá elaborar. Si se establecen ponderaciones o requisitos que aludan al registro de infractores en los reglamentos de los respectivos beneficios, haremos presente su ilegalidad e inconstitucionalidad. Estaremos muy atentos para que ello no se produzca por la vía del reglamento. En segundo lugar, reitero la necesidad de buscar mecanismos positivos para que los usuarios paguen las tarifas del Transantiago, que dejen de lado ese espíritu sancionador de nuestras normas. En consecuencia, el ministerio debe mejorar el servicio para evitar que la gente justifique el no pago de la tarifa y así pueda fortalecer la fiscalización; pero, además, debería estudiar algunas fórmulas para incentivar de manera positiva el pago de esas tarifas con algunas promociones o beneficios asociados a las tarjetas Bip y establecer algo que ya se ha comentado, el boleto único mensual, sólo por nombrar algunas de las alternativas que existen, porque, reitero, usar sólo la amenaza y la represión no bastan para lograr los objetivos relacionados con el Transantiago que queremos concretar. Debemos tener una postura distinta para asumir las responsabilidades de todos. También es importante que nos hagamos responsables de los acuerdos que adoptemos para mejorar el transporte público, con el objeto de que no nos culpemos unos a otros de las fallas o deficiencias que se puedan presentar el día de mañana. Nuestra bancada aprobará el proyecto, pues se eliminó esa sanción que discriminaba a la gente pobre. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, a muchos no nos interesaba o no

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queríamos intervenir en este problema que considerábamos algo muy propio de la capital de nuestro país, pero los montos destinados a resolver el problema del transporte de los santiaguinos han llevado a los diputados de regiones a preocuparnos del tema. La locomoción colectiva de las regiones se puede considerar buena, regular o mala, pero funciona, y nuestra gente la aprecia porque le sirve y su valor no es alto como el que se paga en Santiago. Diputados de regiones hemos conversado de esta materia. Estamos a la espera del próximo proyecto que subsidie el fallido sistema de transporte capitalino, pero también el otorgamiento de las correspondientes compensaciones, para que las regiones mejoren rutas, caminos e infraestructura del transporte público. El proyecto de ley dice “que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva.”. Sin embargo, en regiones no sucede eso. Hablo especialmente de la gente del sur, que sabe que tiene que pagar su pasaje. Por el momento, esperamos discutir pronto el proyecto sobre mejoras técnicas de fondo al Transantiago. En relación con el proyecto en discusión, me parece que nadie va a dejar de apoyarlo, no estoy convencido de que sea la solución para el sistema capitalino. Firmemente creemos que la solución no está en las sanciones, sino en la mejora definitiva de la calidad del servicio prestado y del diseño de los recorridos. Quiero señalar que lo que me incentivó a preocuparme del tema fue la intervención de mi colega Patricio Hales. Expresaba el gran problema que se produce por el no pago de la tarifa, que la gente no quiere el Transantiago, que es ineficiente, que es caro y un gran negocio para algunos. Sus palabras me causaron interés y preocupación. Su intervención fue reconocida por la audiencia que estaba ese día. Saco una conclusión: se pretende por la vía de la sanción estatal resolver un problema entre privados. Lo que también ha mencionado el diputado Carmona. Digámoslo claramente: el Transantiago está administrado por privados y los buses en que se produce la evasión son de privados. Entonces, ellos deberían solucionar el problema de no pago que se comete en su negocio, que ahora afecta a todos los chilenos. Voy a votar favorablemente el proyecto en segundo trámite reglamentario, pero no encuentro viable la solución planteada. Hay que apoyar para que eso se solucione, pero debería establecerse una sanción al privado, que es el dueño del negocio. He dicho.

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La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señora Presidenta, sólo recalcar algunas ideas que me parecen fundamentales y por las cuales estimo que el proyecto debe ser rechazado. En un principio, al escuchar que era necesario apoyar la propuesta, debido a la evasión en el pago del pasaje del Transantiago, dije, bueno es un problema del Transantiago y de Santiago. Yo soy diputado por el distrito N° 2, de Tarapacá, ¿por qué se trae este problema al Parlamento? Primero, es de Santiago, la evasión se produce en un determinado servicio “público”, ¿por qué tengo que pronunciarme sobre ello? Si algunos discuten sobre el tema, a mí me es totalmente inoponible, pero cuando veo la modificación propuesta que agrega el número 41, nuevo, en el artículo 200 de la ley de Tránsito, que dice: “No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”., cambia la perspectiva, porque tal disposición no es solamente para las personas que no pagan su tarifa en los buses del Transantiago, sino también para todas las que no lo hagan en un vehículo de locomoción colectiva. Entonces, si me subo a un colectivo, en mi ciudad de Iquique, y eventualmente no pago, me van a llevar a un juzgado de policía local y seré anotado en un Sub Registro de Pasajeros Infractores. Pero si es un problema entre el colectivero y yo ¿por qué el Estado tiene que meterse en el incumplimiento de un contrato entre particulares? Eso es una insensatez. No está pensado solamente para el incumplimiento en el Transantiago. Se trata de un incumplimiento de contrato y la ley establece los mecanismos legales, judiciales y procedimentales para enfrentarlo. Si me subo a un colectivo en mi ciudad de Iquique y no pago, el colectivero puede acudir a la justicia a exigir el cobro, pero es un contrato entre particulares. Acá vemos al Estado intervenir a favor de una actividad económica puntual, el Transantiago, pero la medida propuesta se hace extensiva a toda la locomoción colectiva. Eso es inaudito. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir a favor de una de las partes en un contrato entre particulares? ¡No tiene por qué hacerlo! Si una de las partes estima que se incumplió el contrato, puede recurrir a los tribunales y exigir el cobro. Además, el Estado no tiene por qué beneficiar a ese colectivero -estoy pensando en él, no en el Transantiago- a quien eventualmente no le pagué la tarifa. Obviamente es un contrato entre particulares. El Estado sólo puede intervenir a través de la institución establecida para conocer el problema: el Poder Judicial. Imagínense el absurdo. No le pago la tarifa al colectivero y me aplican una multa. ¿Por qué se tiene que meter el Estado en un contrato entre particulares? En buenas cuentas, está subvencionando una actividad económica. Eso no corresponde. Si la iniciativa se refiriera al no pago de la tarifa en la locomoción colectiva de Santiago en el Transantiago, podría entender. Pero no se habla de eso.

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Se argumenta que hay que castigar la evasión, entiendo que la del Transantiago, y no a si no pago a un taxista o colectivero en mi ciudad de Iquique. No creo que se esté refiriendo a ello, pero eso es lo que se está tipificando. Se dice que es justamente la evasión la causa de las alzas del Transantiago. Al respecto y en otro ámbito, recién he visto que la evasión de impuestos en Chile alcanza a un 20 por ciento, entonces, si la evasión es la causa de las alzas, su correlato sería subir los impuestos. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos es más inteligente. ¿Qué hace? Mejora los mecanismos de control. A nadie se le ocurre que porque hay evasión se deben subir los impuestos. Lo lógico es que se creen más mecanismos de control. Y en un contrato entre privados, quien debe preocuparse por el incumplimiento de una parte es su contraparte. ¿Qué estamos creando aquí? Un precedente. Y que el día de mañana, por ejemplo, las empresas del retail nos pidan algo similar por el “robo hormiga” de que son objeto. Esto es absurdo. Nos estamos metiendo en un contrato entre particulares y subvencionando una actividad económica a través de multas. Además, con el Sub Registro de Pasajeros Infractores estamos creando un Dicom del Transantiago. Recuerdo a la Sala que ya se estableció que las personas que no pagan la luz, el agua, el gas no aparecen en Dicom, porque esos servicios se consideraban como de primera necesidad. Con lo que dispone este proyecto, la gente será registrada en ese Dicom por el no pago del pasaje de la locomoción colectiva, que también es un servicio público. Es decir, con esta iniciativa infringimos lo que creamos. Señalo estas “leguleyadas”, porque me parecen obvias. Durante años fui profesor de Teoría de las Obligaciones. Y enseñé que en los contratos entre particulares el Estado no tiene por qué meterse. Y vamos al Transantiago. Se trata de una empresa privada que presta un servicio a privados. No es un servicio público. Entonces, con esta iniciativa estamos beneficiando a un particular. No me parece razonable. Así cualquier particular o empresa nos solicitará lo mismo. Y el día de mañana deberemos atender, por ejemplo, a un particular de Punta

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Arenas que también va a querer que se multe a quien le incumple un contrato. Entonces, nos llenaremos de empresarios que vendrán a pedirnos que legislemos a su favor para que, reitero, se multe a aquel que no les cumple algún contrato. ¡Eso es absurdo! ¡No sé cómo llegamos a esto! No es posible que un particular pida que ante el incumplimiento de un contrato, por ley, se multe a la contraparte. ¡Por ley! Ni siquiera encargamos el problema a los tribunales. Por otro lado, me molesta profundamente que sigamos pensando que la solución para los problemas siempre está en el derecho sancionatorio, cuando en el mundo entero está en retirada. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendió que sancionar o castigar no es nunca la solución a un problema. Acá estamos metidos en la tontera de creer que todo lo resolvemos con sanciones. Hoy, por ejemplo, leí en las noticias que el alcalde de Santiago va a expulsar a todos los estudiantes que se tomaron el Instituto Nacional. La sanción. Siempre la sanción. Ése no es el mecanismo de solución de los problemas. Nunca lo ha sido. En consecuencia, crear un Dicom del Transantiago para los pasajeros que no pagan la tarifa me parece absurdo. Ayer un distinguido abogado amigo mío me comentó -en relación con este proyecto- que temprano en la mañana, el bus del Transantiago que debía tomar estaba abarrotado de gente, razón por la cual debió subirse por la parte trasera del vehículo, porque no había por dónde más hacerlo. Todo delito es doloso, no culposo. En consecuencia, mi amigo no tendría sanción alguna porque no habría actuado con dolo. Pero cuando el servicio es malo, ¡cómo pedimos más encima sancionar a la gente por el no pago de la tarifa! El proyecto no puede prosperar. De lo contrario, significará crear un Dicom para los pobres, para la gente que no puede pagar. Y seguiremos aumentando el círculo de la pobreza y estigmatizando a los pobres con este Dicom, que no corresponde, y con multas que, a mi entender, son totalmente ilícitas. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.

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El señor CHAHÍN.- Señora Presidenta, me alegro de que en el segundo trámite reglamentario la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones haya eliminado un inciso del proyecto que busca evitar el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva que, a todas luces, era inconstitucional, vulneraba el principio de legalidad de la pena y resultaba absolutamente desproporcionado. Es fundamental aprobar el proyecto tal como hoy se encuentra redactado, para dar una señal clara de que es necesario sancionar y castigar a los frescos que no pagan la tarifa de la locomoción colectiva, pues ello generará una situación de mayor justicia para quienes actúan responsablemente y sí lo hacen. El no pago de la tarifa no tiene que ver con las clases sociales, porque frescos hay en todas partes. Un colega dijo que le sorprendía que también hubiese evasión en las comunas del barrio alto. Si el que haya personas que no están dispuestas a pagar su viaje y que buscan ahorrarse hasta el último peso no tiene nada que ver con la comuna donde viven, sino con el comportamiento ético de cada ciudadano. Me parece un poco clasista sentirse sorprendido por tal situación. Por otro lado, me preocupa que empecemos a abordar el financiamiento del Transantiago con “la lógica del salame”: hoy sancionando a los que evaden el pago de la tarifa, después con el retiro de los buses oruga anunciado en las noticias; pero sin una discusión global, completa, integral para resolver el problema. Lo primero que votará la Cámara se vincula a un efecto, pero no con las causas de la evasión: la mala calidad del servicio, los problemas de los recorridos, los contratos vigentes que, sin duda, son un tremendo problema porque generan un desincentivo enorme a las empresas en la eficiencia y calidad del servicio. En consecuencia, es fundamental, más que continuar votando proyectitos que resuelvan una parte del problema, a lo mejor, corriendo el riesgo de mantener, replicar o crear nuevos errores, que seamos capaces de enfrentar, con una visión integral, las causas de la evasión y de la mala calidad del servicio para que podamos tener un transporte público de pasajeros como corresponde en la Región Metropolitana. Además, como diputado de región me parece que aquí no sólo debe existir un compromiso, sino también hechos que den cuenta de que el Gobierno cumple con traspasar recursos a las regiones, porque hasta el día de hoy lo único que hemos visto son recortes presupuestarios y las platas relacionadas con el Transantiago no llegan a los fondos regionales. Para los diputados de regiones será difícil aprobar otro proyecto vinculado al Transantiago, mientras

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no estén transferidos y repuestos los recursos a las regiones, ya que ello tiene que ver con las inversiones sociales y productivas que se hallan postergadas por los recortes que ha hecho este Gobierno. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto en discusión porque se han corregido las observaciones que le hicimos en la Sala. En lo personal, debo aclarar que no estoy dispuesto a votar un solo proyecto más sobre esta materia mientras no se revise el Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago con una mirada integral y no se repongan los recursos que se han recortado a las regiones. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señora Presidenta, estoy de acuerdo con las aprensiones legales del diputado Hugo Gutiérrez, en cuanto a que las disposiciones del proyecto en el fondo están interviniendo en contratos entre privados, dejando al margen el tema del Transantiago y lo que pudiera suceder con los recorridos en regiones. Lamento que en el primer trámite reglamentario el diputado Hugo Gutiérrez no haya advertido lo que hoy señala en su análisis jurídico sobre el tema. Por desgracia, a diferencia de otros servicios públicos, como la electricidad y los servicios sanitarios, la propia ley faculta a las empresas para cortar el servicio a aquel usuario que no le paga. El transporte es un servicio público que es prestado por privados, pero que no cuentan con los mecanismos mediante los cuales puedan tener algún control respecto de quien no quiera pagarlo. En esa dirección, este proyecto viene a regularizar en parte la evasión -aun cuando no sea en forma perfecta-, que castiga duramente a aquellos sectores que sí están pagando. Además, los que no pagan dan una pésima señal al país. Esto tampoco es comparable con lo señalado por el señor Gutiérrez, en cuanto a que en el futuro alguna cadena de retail u otro tipo de empresa pudieren pedir lo mismo, por el robo hormiga que le afecta equivalente al 10 por ciento, toda vez que el retail no corresponde a un servicio público. Por tanto, anuncio mi voto favorable al proyecto, aun cuando es un negocio entre privados que el Estado estaría resguardando a través de esta iniciativa. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth.

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El señor AUTH.- Señora Presidenta, en la mayoría de los casos lamentablemente no es siempre-, un proyecto de ley responde a un problema de impacto público que a través de su discusión se intenta resolver y no a problemas de un grupo de privados o de un particular. Desde los inicios de la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago, la evasión constituye uno de los factores que hoy lo transforma en un severo problema político, financiero y ciudadano probablemente expandida por el hecho de la gratuidad inicial a la que obligó el descalabro del día del inicio de la de este nuevo Sistema-, puesto que la provisión del servicio no responde a las legítimas expectativas que se ha hecho la ciudadanía. Pero, ¿se trata de un problema exclusivamente relacionado con la evasión? Sin duda, no es así. Es bastante más complejo. Y felicito la sabiduría que en su intervención ha mostrado el diputado René Manuel García para destacar que se trata de resolver un problema país y no de enrostrarse las responsabilidades unos a otros. Lo felicito también de que reconozca por fin que un Sistema de Transporte Integrado, como ocurre en todos los países y ciudades del mundo, necesita un subsidio estatal permanente. Además, aun cuando resolvamos esto de buena manera, es evidente que no habrá solución integral al problema si no se modifican sustantivamente los contratos que guían a las empresas que proveen este servicio. ¿Por qué me parece positiva la proposición que discutimos? Soy entusiasta partidario de que haya subsidios focalizados para determinados sectores de la ciudadanía. Por ejemplo, para los discapacitados, que deberían tener gratuidad aunque fuera para un número limitado de viajes, y para los adultos mayores, particularmente aquellos que reciben pensiones básicas solidarias, quienes podrían tener un subsidio focalizado para su traslado al servicio de salud o al pago de sus pensiones, pero, en los hechos, hoy la evasión constituye un verdadero subsidio, el peor de todos porque es el que tiene la menor focalización, pues no sólo evaden el pago los que se ven obligados a hacerlo por razones económicas, sino que desde un punto de vista social el problema es transversal y no ocurre sólo en determinadas zonas. Debo decir al señor ministro, por su intermedio, señora Presidenta, que este proyecto será letra muerta si no se incorpora a los contratos la obligación del control de la evasión, porque establecer sanciones, por duras que sean, va a ser completamente inútil si no existe el control necesario, que no puede ser de cargo del Estado, sino que de las empresas que prestan el servicio. Voy a votar favorablemente este proyecto porque se eliminó un inciso que

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era totalmente improcedente. El Estado puede establecer sanciones a las conductas, pero negar la posibilidad de acceder a beneficios sociales a los evasores es una represalia, una especie de venganza del Estado a una conducta, en circunstancias de que el Estado no puede sino establecer sanciones. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza. El señor MEZA.- Señora Presidenta, el transporte público y en particular el Transantiago, como bien se ha dicho acá, desgraciadamente para unos, escapa del ámbito privado y se ha transformado en un tema de Estado. Concuerdo plenamente con el análisis jurídico hecho por el diputado Hugo Gutiérrez, que da pie para pensar en otras situaciones. Por ejemplo, en la evasión tributaria, que no hemos atacado como corresponde y que es bastante más alta que lo que se pierde con los evasores del Transantiago. Sin embargo, todavía no hay voluntad política para tomar las medidas adecuadas y castigar ejemplarmente a aquellos empresarios que la mayoría de las veces eluden el pago de sus impuestos con artimañas y bien asesorados por buenos o malos contadores -desde el punto de vista que se le mire- y por buenos o malos abogados, y terminan quedándose con el dinero del erario. Asimismo, están las empresas transnacionales que se llevan nuestras riquezas naturales sin pagar prácticamente nada en impuestos. Por otra parte, el rechazo de este proyecto de ley significa incrementar aún más el daño que afecta a millones de personas de la Región Metropolitana, con el Transantiago, y también de las regiones. De manera que siendo pragmático y, como dijo un Ex Presidente de la República, haciendo justicia en la medida de lo posible, a pesar de todas las situaciones incómodas que nos significa, vamos a votarlo a favor. El nuevo sistema de locomoción pública es una verdadera pesadilla, porque aquí todos pagamos los platos rotos por los errores que otros cometieron en su momento, como lo ha expresado más de una vez el diputado Patricio Hales. Con la concatenación de tales errores, la situación se ha ido agravando y el sistema de transporte público de Santiago se ha transformado en una verdadera moledora de ministros, de trabajadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y, sobre todo, de las ilusiones de los millones de habitantes de Santiago, que han visto cómo se ha deteriorado su calidad de vida.

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El transporte metropolitano mejoró mucho con el ministro René Cortázar, pero no lo suficiente como para que la gente se sienta feliz, contenta y agradecida. También se han visto muchas correcciones positivas durante la corta misión del ministro Felipe Morandé. Decir lo contrario, sería querer tapar el sol con un dedo. Pero la ciudadanía espera más; no estará satisfecha hasta que no vea condiciones superiores que las que tenía con las micros, amarillas. Eso requiere de la solidaridad de la Cámara de Diputados y de Chile para comprender que estamos frente a un problema de Estado que trasciende al gobierno de turno. Por eso, deseamos aliviar este sufrimiento, en este caso del ministro Morandé, quien tiene buenas intenciones y acciones, al igual que el ministro Cortázar. Revisé las encuestas Adimark. El castigo ciudadano a este Gobierno y al anterior tiene que ver también con la sensación de que todavía no está todo hecho. Según las últimas encuestas, también se está castigando por la mala calidad del transporte en el resto del país. Diría que es muy necesario poner atención en el transporte de las regiones, porque -como repito a menudo- según Benedetti, que en paz descanse, “El sur también existe”, al igual que el norte. De manera que, una vez concluida la mejora del transporte metropolitano, se debe ir en ayuda del de las regiones, que deja bastante que desear, porque, como lo afirmó el colega Joaquín Tuma -también lo manifestó con anterioridad su hermano, el ahora senador Eugenio Tuma-: “¡Caramba, caramba que se transportan animales en lugar de personas en los campos de Chile!”. La evasión de las personas que deciden no pagar oscila entre el 15 y el 18 por ciento. Pero eso es sólo la punta del iceberg. No son los únicos responsables. En algunos casos, debemos comprender -si no justificar- que la mala calidad del servicio y las deficientes frecuencias con que pasan los buses también inciden en ese ámbito. No olvidemos el problema de los contratos mal hechos, abusivos, a favor del empresariado o del Administrador Financiero del Transantiago (AFT), que hoy reclaman una revisión para disminuir sustancialmente la evasión. Suscribo, al igual como lo expresó el diputado Pepe Auth, que las empresas también se hagan cargo del control de la evasión. No pueden dejar el tema sólo en manos del Estado o de la conciencia ciudadana.

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Asimismo, se debe incentivar la educación en los jóvenes y adultos, con campañas publicitarias más intensas sobre la necesidad de ser responsables cívicamente del pago de los pasajes en la locomoción colectiva y de otras obligaciones. En caso contrario, poco habremos hecho. El Partido Radical Social Demócrata votará favorablemente el proyecto por solidaridad con los habitantes de la Región Metropolitana, en la esperanza de que mejore el sistema y se normalice. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señora Presidenta, sin duda, la iniciativa en debate tiene un gran título: “Proyecto de ley que evita el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva”. Pero, con seguridad, esta medida no es la única que puede ayudar a cumplir ese objetivo. Está claro que la discusión que subyace sobre el transporte público, para que sea público de verdad, está pendiente. Por eso, se produce un debate rico en diversas visiones de cómo hacernos cargo del tema. En algunas intervenciones anteriores se habló del derecho sancionatorio y de control, que viene en retirada en el mundo. Eso está sucediendo; es absolutamente cierto. Pero hay una diferencia entre lo que ocurre en el mundo y a nivel local en los países, y debemos tomar en consideración esas realidades. Culturalmente hablando, a nuestro país le falta mucho para aprender a respetar y a considerar como propio el patrimonio urbano y los servicios que comparte la comunidad. Por eso, me parece pertinente hablar también de las responsabilidades de cada ciudadano. Mejorar la gestión y el servicio de transporte en el Gran Santiago, que sostiene una población de ocho millones de personas, es un tema permanente que necesita políticas de continuidad que estabilicen el buen servicio a sus usuarios. De los tópicos pendientes sobre las políticas integrales que den el sentido y entreguen la calidad requerida en el transporte público nos debemos hacer cargo no sólo a través del proyecto en discusión, sino a lo largo del tiempo. De igual manera, es relevante implementar medidas de control que apunten a cumplir con la línea de financiamiento del servicio, es decir, con el valor del pasaje individual. Porque así como el Estado y el mundo privado se hacen

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cargo del financiamiento, también debemos responsabilizarnos de todas las políticas públicas que se traten de implementar. Esa es la ecuación. Es preciso discutir y avanzar en un sistema de transporte público de verdad, tema que aún está pendiente. Eso requiere más intervención del Estado. Para finalizar, quiero destacar un punto humano para argumentar. Desde mi experiencia de vida, para reclamar mis derechos legítimos debo cumplir con mis obligaciones. Si eso no ocurre, debo someterme a un control o a sanciones que me obliguen a mejorar mi actitud. Sin desconocer el valor de los incentivos como forma de trabajar o funcionar mejor, es necesario buscar el justo equilibrio entre las políticas de prevención, protección y control. Eso debe ocurrir en todo momento de la vida y del desarrollo humano. Estoy a favor de este proyecto, independientemente de lo que sabemos sobre los abusos que se cometen no sólo en el transporte público, sino en toda faceta de las relaciones humanas. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas. El señor ROJAS.- Señora Presidenta, con la diputada Marta Isasi desde un principio estuvimos en contra del Transantiago, no obstante, contribuimos con nuestro voto positivo en la votación general de este proyecto, en conciencia y con la convicción de que se desea realizar bien las cosas, se quiere trabajar y elaborar iniciativas legales en la búsqueda de solucionar el problema. Ese camino lo vamos a valorar. Pero, junto con las sanciones que se aplicarán a quienes usan el servicio y no pagan la tarifa, también vale la pena exigir integralidad a las empresas prestadoras de servicios. Un señor diputado propuso, por ejemplo, crear un sistema de cobro amigable. Si se quiere aplicar algo así, es necesario educar a la gente. La campaña que se realizó, que fue cuestionada en su momento, quizás rindió frutos, en el sentido de crear conciencia de que tenemos derechos, pero también deberes. Por ese camino, podemos mejorar las políticas públicas. No vale la pena volver atrás, sino mirar hacia adelante en la búsqueda de soluciones y con una actitud solidaria. También quiero plantear la inquietud de la Segunda Región, que tiene un TransAntofagasta, que opera con dificultades y se encuentra ad portas de

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lograr una negociación que, hasta hoy, ha estado postergada. De una u otra forma, debemos abordar los problemas regionales. No se trata sólo de allegar recursos frescos a las regiones porque le fue mal a un proyecto aplicado en Santiago. Las regiones necesitan respeto. Alguien dijo: “Santiago no es Chile”. ¿Cuántas veces hemos reclamado por eso? Señora Presidenta, por su intermedio, quiero pedirle a nuestro estimado ministro mayor preocupación por las regiones. La locomoción colectiva no es igual en todo Chile. Depende de la región y de la ciudad. En el caso específico de Antofagasta, debemos buscar la forma de mejorar el servicio de transporte público y debemos colaborar para alcanzar ese objetivo. Además, debemos sincerar las tarifas. La gente debe saber cuánto cuesta brindar ese servicio sin un subsidio estatal, con el objeto de que valore el aporte de recursos. Por lo tanto, si vamos a contribuir en forma positiva, con un estado de ánimo solidario, y a cambiar nuestra conducta, anuncio que vamos a entregar nuestros votos favorables, para salir de esta situación compleja que viven muchos de nuestros compatriotas, especialmente de Santiago. Por último, pido a los señores ministros que se preocupen de las regiones. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, tengo la convicción de que los diputados, el Gobierno y la mayoría de la ciudadanía concuerdan en que la persona que abusa y no quiere pagar por un servicio debe ser castigada. Esa convicción la tiene la mayoría del país y de los usuarios del Transantiago, que piden que se sancione a quien no paga, porque la mayoría sí lo hace. Quienes no lo hacen son unos frescos, inmorales o, como dijo el diputado Chahín, no poseen la ética suficiente. Quiero decirle al ministro de Transportes que el principio rector para resolver la evasión del Transantiago es la eficiencia del sistema. Si el sistema continúa ineficiente, ineficaz y no cumple bien su función, la evasión va a continuar, porque su motivación principal es la verdadera odiosidad y desprecio por el sistema. La evasión es casi un acto de venganza, de rechazo, de repudio. En otras palabras, es como un gesto del usuario para decir: “No le quiero pagar a este monstruo o monstruito que no funciona”. Quienes fuimos partidarios de los gobiernos de la Concertación debemos reconocer que

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contribuimos a crearlo. De eso no tengo dudas. Nos hemos hecho una autocrítica profunda, extensa, amplia y publicitada, expresada en todas las oportunidades que se nos han presentado. Ahora, si el sistema sigue malo, seguiremos siendo críticos con este gobierno. No seríamos consecuentes si sólo criticáramos a los gobiernos que ayudamos a elegir -porque crearon mal el Transantiago- y no lo hiciéramos con este gobierno, que prometió resolver el problema y todavía no lo hace. Seguiremos siendo críticos en representación de los usuarios. Fuimos críticos durante la Concertación y lo somos hoy, porque nos preocupan los usuarios y los trabajadores. Votar favorablemente el proyecto es una necesidad ineludible, pero lo haremos lleno de peros y dificultades. La intervención del diputado Chahín fue brillante. Dijo que no se debe aplicar la lógica del salame; tiene que haber una solución integral. Le he expresado al señor ministro que, para mi gusto, la práctica legislativa con que el Gobierno está abordando los problemas del Transantiago es errada. Debería tener un itinerario sucesorio. Es decir, primero el proyecto que entró al Senado, que otorga nuevas atribuciones, para mejorar el servicio. Esa iniciativa debió haber sido la matriz. Primero, dediquémonos a la solución de los problemas. Se debió decir: “Así vamos a abordar el Transantiago”. Segundo, se debió contemplar el proyecto relativo a los recursos. Y tercero, el de sanciones a la evasión. ¡Pero miren el orden en que partimos! Con el diputado señor René Manuel García hemos conversado sobre el tema. La primera iniciativa del gobierno persigue castigar al usuario. Felizmente, por la unanimidad en la Comisión y con indicaciones de todos, rechazamos esa norma medioeval del Gobierno que señalaba que a quien no pagara le iban a quitar los beneficios sociales. Así no se gobierna. Creo que, en ese caso, hubo un desliz en la pluma del redactor del proyecto, quien tuvo un sesgo ideológico excesivamente derechista, de tiempos muy remotos. Tuvo la pluma fuente anclada en el pasado o escribió con una pluma de ganso, porque se inspiró en lo más retrógrado del derechismo: “¡Quítenles los beneficios sociales; castíguenlos con multas, penas; persíganlos, sáquenlos con carabineros. Además, retírenlos de la sociedad civil, sin derechos!”. Felizmente, eso se eliminó. Aproveche, señor ministro, de cortarle la pluma a ese funcionario, porque de

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esa manera no se gobierna. Espero que ése no sea el nuevo estilo. El ministro de Transportes quiere hacer la transformación del Transantiago y controlar la evasión. Supongamos que van a cumplir con la promesa y, con las nuevas atribuciones que piden en el Senado, se va a lograr lo que se persigue. He conversado con él directamente. De hecho, ayer concurrí a la Comisión de Transportes del Senado. Con el senador Girardi y la senadora Rincón le dijimos al ministro que nos presente una lista concreta. Le pido al señor ministro, por su intermedio, señor Presidente, que nos presente una lista con el detalle de las acciones para mejorar el Transantiago que van a asumir cuando les entreguen las nuevas atribuciones que piden en el Senado. ¿Quiere una nueva herramienta? ¿Para qué la va a usar? Ésa es la pregunta. ¿Para qué la quiere? ¿Quiere un nuevo sistema de armas para combatir y resolver los problemas del Transantiago? Pero quiero saber qué va a hacer con estas nuevas armas. Hasta ahora, no lo sabemos. Lo único novedoso es este proyecto de ley, que va a castigar a los usuarios que no pagan. No digo que no castiguen a los que no paguen. Pero, repito, me gustaría que, primero -se lo escuché en la Comisión del Senado-, diga un par de palabras en relación con el compromiso que asumió con nosotros, ayer, en la sesión del Senado, al aprobarse en general el proyecto sobre las atribuciones. Espero escucharlo decir, antes de que se apruebe el proyecto de las atribuciones, que va a presentar una pequeña lista. El señor ministro ha dicho que la próxima semana puede tener una breve minuta, un bosquejo, un borrador, sobre las medidas concretas de mejoras del Transantiago, si le damos las nuevas herramientas, las nuevas armas, que le va a otorgar el proyecto de ley que se apruebe en el Senado. Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente-, le pido que agregue a esa lista de acciones o medidas concretas, que usted nos promete que va a tomar -probablemente, no las va a poner en el proyecto de ley de atribuciones del Senado; pero las va a considerar para fundamentar el valor de contar con esa herramienta-, no sólo lo relacionado con frecuencias, transbordos, multas, pillerías de llegar al terminal y no parar en los paraderos; nuevos recorridos, etcétera, sino también lo que está en el espíritu de esta Sala, lo que señalaban los diputados Jaramillo, Auth, Rojas, Chahín y Meza -no los recuerdo a todos-, que cruza todas las bancadas, en el sentido de añadir una exigencia a los empresarios para que ayuden a controlar la evasión. No les pida a los parlamentarios que le demos atribuciones de ley para castigar al usuario, cuando usted, como gobierno, no va donde el empresario para decirle que controle su negocio, que se haga cargo de lo suyo que le está produciendo plata y no le pida todo a papá fisco.

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A esos empresarios les carga el Estado, lo rechazan; sólo les gusta la iniciativa privada; el Estado siempre tiene que estar empequeñecido; pero, a la hora de controlar el negocio, se da vuelta la ley del embudo para que el Estado controle, vigile y multe, el Congreso intervenga y todos nosotros colaboremos para que el negocio le funcione bien. ¿No parece injusto, honorable Sala? Entonces, pido al ministro -por su intermedio, señor Presidente- que nos diga, reitero, que va a agregar en la lista de medidas, como cuestión previa, antes de que se apruebe el proyecto del Senado sobre atribuciones, el compromiso que le han solicitado varios diputados: exigir a la empresa privada que aprenda a controlar su propio negocio, como antes lo hacían las micros amarillas. Nunca hubo funcionarios del Estado con chaqueta, sin chaqueta, con colores, sin colores, ni disfrazados de frailes, controlando en la puerta de una micro amarilla. ¡Nunca! ¡Jamás! Pero ahora, para ayudar a estos empresarios, tiene que hacerse presente el Estado. Señor Presidente, sólo le digo al señor ministro que lo resuelvan de manera integral, como manifestaban los distintos diputados, y que se preocupen de la eficiencia del Transantiago. Eso es lo primero. A partir de ahí se van a crear las condiciones para ser duros con la evasión. Hoy, se está siendo duro con la evasión ante un sistema ineficiente que nosotros ayudamos a crear. Hemos sido muy autocríticos al respecto, pero vamos a seguir siendo críticos aunque el gobierno esté en manos de otros. Vamos a votar a favor, de todas maneras, porque la iniciativa es parte integral de la resolución del sistema; pero está planteada desde los pies y no desde la cabeza. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, escuché atentamente al diputado Hales, pero no aspiro a que el ministro me satisfaga plenamente, sino a que este gobierno y el ministro satisfagan plenamente a los usuarios del Transantiago, porque, claramente, hay una serie de dudas y situaciones que hay que ir despejando y analizando. Valoro la insistencia del diputado Hales y de algunos diputados de la Concertación -no se ve en muchos de ellos- de asumir esto como un error propio, como un monstruito que alimentaron y engordaron, que nos llevó a una situación como la actual. Y digo que engordaron, porque no solamente lo crearon, sino que, además, hubo que meterle plata, que no fue suficiente para evitar lo que está ocurriendo hoy: que no hay un servicio óptimo y las tarifas siguen subiendo, en gran medida porque no se hizo el esfuerzo, quizá, como se

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debería haber hecho, en las postrimerías del gobierno anterior. ¿Por qué estamos discutiendo este proyecto de ley? Lo estamos haciendo exclusivamente, porque muchos usuarios no están pagando. Numerosos diputados han apuntado al tema central. Esto se creó por dos hechos. Uno, porque en los inicios del Transantiago, cuando se produjo el descalabro total, a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir que íbamos a entrar en una situación de no pago; vale decir, que no era necesario que los usuarios pagaran el servicio que estaban utilizando, porque el sistema era muy malo, deficiente. Todos los expertos en la materia y los que no son expertos también- señalan que, cuando alguien plantea públicamente a una persona que no tiene que pagar un determinado servicio, después es muy difícil enrielar esa conducta. Son las consecuencias que hoy se están produciendo. Pero, aparte de eso, hay que hacer notar que esto viene de la mano no solamente porque se les dijo que no pagaran, sino porque, además, durante estos casi cuatro años de Transantiago, no se ha entregado un buen servicio y, por lo tanto, la gente se siente, en alguna medida, motivada, justificada pongamos el sinónimo que queramos-, para no pagar por el servicio que se le está prestando. Ahí hay un tema de fondo, porque esto se crea y se lleva adelante por una mala decisión, por no existir mejoras suficientes en el sistema, y, hoy, este gobierno -lo cual valoro- está pidiendo al Congreso los esfuerzos necesarios para iniciar esas mejoras. Este proyecto de ley va en esa línea y, por consiguiente, hay que mejorarlo. Es prudente la labor de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, de la que me tocó formar parte hasta el año anterior, en cuanto a eliminar ese inciso medieval a que hacían referencia algunos parlamentarios. Pero esto no es suficiente. También debemos disponer las medidas y mejoras necesarias para que cambie la situación. El ministro ha planteado públicamente -la discusión ya está en el Senado y va a estar en la Cámara la próxima semana- la necesidad de efectuar cambios estructurales, sobre todo en vista de la nueva licitación que empezará a operar, a partir del próximo año, respecto de los alimentadores. Ya que esta tramitación se está haciendo simultáneamente, tanto en la Cámara como en el Senado, es fundamental que, por lo menos, en la Comisión técnica de la Cámara, los parlamentarios discutamos no sólo respecto de cuántos recursos se requieren, sino, asimismo, que tengamos claridad absoluta sobre los dineros -sé que el ministro la tiene- y sobre cuáles van a ser las reformas estructurales, en detalle, que se van a implementar al sistema, para

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aprobar con tranquilidad los recursos. En el fondo, estamos pidiendo que la discusión del Senado también se desarrolle aquí. En relación con los recursos, hoy escuché a senadores y diputados de la Concertación, pero también de mi partido, que dijeron que condicionaban la aprobación de los recursos a la entrega de recursos similares a regiones. Hoy, eso no es lo fundamental; tampoco es la voz del partido; es comentario de algunos parlamentarios que muy legítimamente lo han planteado; pero, insisto, no es la voz oficial de Renovación Nacional. Nosotros queremos, principalmente, que el Transantiago mejore; que si vamos a entregar nuevos recursos, también podamos ver que la gente recibe un buen servicio por lo que está pagando. Por lo tanto, más importante que la compensación a regiones es que las reformas que lleve adelante el ministro sean definitivas y nos permitan ver la luz verde a un mejor servicio del Transantiago. Por eso es importante lograr más coordinación y conocimiento sobre los dos proyectos que actualmente se tramitan para enfrentar los problemas del Transantiago. Como es sabido, por razones reglamentarias, uno ingresó por la Cámara de Diputados y el otro por el Senado, y la discusión se está dando en forma paralela en ambas Cámaras. Señor Presidente, por lo que han señalado los diputados integrantes de la Comisión, anuncio que aprobaremos el proyecto, que es el inicio de una larga discusión ojalá que no dure mucho- que deberá concluir en acuerdos importantes, para solucionar o comenzar a solucionar los problemas del Transantiago. Obviamente, a este acuerdo convocamos a la Concertación, porque esto no lo resolveremos con los votos de mayorías relativas o simples. La gente cifró sus expectativas de solución en este Gobierno y nosotros las asumimos como propias. Estamos empeñados en la solución, porque somos los parlamentarios, de la Concertación o de Gobierno, los que estamos en la calle, sobre todo los que representamos a la Región Metropolitana, y recibimos los reclamos, los enojos y los retos de la ciudadanía cuando ven que el servicio no mejora o cuando suben las tarifas sin que, a juicio de los usuarios, se justifiquen. Sacaremos adelante este proyecto, y convocamos a la Concertación a llegar a un acuerdo en las dos iniciativas en trámite: el que modifica el marco regulatorio del Transantiago y el relativo al financiamiento del sistema. Respecto de condicionar los recursos para el Transantiago a cambio de recursos para las regiones, recalco que esa no es decisión del Partido Renovación Nacional. Reconozco que el tema es debatible, pero por el momento no hay opinión formada. Sólo queremos que el sistema mejore y que la gente, que ha sufrido durante casi cuatro años, empiece a tener un buen

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servicio, de una vez por todas. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, es una curiosa coincidencia que me haya antecedido en el uso de la palabra el diputado Cristián Monckeberg. Lo advierto porque, cuando se implementó el Transantiago, ambos integrábamos la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pero él siempre tuvo una posición contraria a todos los proyectos que propuso el Gobierno de la época, y los votaba en contra. Pero recuerdo que en el fragor de la discusión alguien dijo -no sé si el diputado Monckeberg lo recuerda-: “Tratemos de arreglar esto, porque si ustedes llegan a ser gobierno, también los afectará”. La predicción se cumplió. Así lo demuestra la última encuesta de evaluación de gestión del Presidente Piñera, puesto que este adefesio -como lo llama un conocido locutor de radio-, no sólo afectó a la Concertación, sino que también está afectando al actual Gobierno. Por eso, hay que ser coherente y tratar de buscar siempre el bien común, más allá de beneficios políticos transitorios. Apoyaré el proyecto, porque viene mejorado respecto del que conocimos en el primer trámite reglamentario, que contenía varias imperfecciones técnicas sobre la penalidad; establecía sanciones bastante extrañas que remitía a un reglamento que se dictaría después, que rayan -diría- en la inconstitucionalidad, como privar del derecho a beneficios sociales que se han conquistado con mucho esfuerzo, como los subsidios habitacionales, por el sólo hecho de no pagar la tarifa en el Transantiago. Respecto de la evasión en el pago del pasaje del transporte público en la ciudad de Santiago, se nos dijo que aumentó de 11 a 17,8 por ciento, lo que se traduce en una disminución de ingresos que bordea los 71 mil millones de pesos, es decir, 140 millones de dólares, el doble del presupuesto de la Cámara de Diputados en un año. Con todo, como decía el diputado señor Hales, el tema de la sanción no deja de ser accesorio ante lo principal, que es la eficiencia del sistema del Transantiago. El listado de medidas para mejorar la eficiencia es lo que estamos esperando, tal como lo esperaba el diputado Monckeberg en la época en que nosotros implementamos el sistema. Ahora lo esperamos nosotros. ¡Cómo nos cambia la vida! Mejorar la eficiencia es la única manera de solucionar el problema de fondo, para dar satisfacción a los usuarios del Transantiago. En este sentido, tal como

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estuve disponible en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, lo estoy ahora para acoger todas las medidas que apunten a mejorar la eficiencia del Transantiago, única manera de lograr que los fondos que estamos destinando al Transantiago, que algunos llaman adefesio, nos permitan tener algún día un sistema de transporte que esté a la altura de lo que se merece nuestra capital. He dicho. El señor MOREIRA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, después de escuchar una serie de intervenciones, mi argumentación y votación irán en un sentido distinto. El informe del proyecto que nos enviaron las nuevas autoridades dice textualmente que “se busca incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual se aumenta la sanción para los evasores, se establece un Sub Registro de Pasajeros Infractores” dentro del actual “Registro de Multas de Tránsito No Pagadas” y la anotación en dicho sub registro será considerada entre los antecedentes a evaluar para obtener beneficios que otorgue el Estado. Éste es el contenido del mensaje que firmaron el Presidente de la República y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien hoy nos acompaña. La Comisión, en buena hora, eliminó ese desliz de la pluma autoritaria, como bien decía el diputado Hales, que privaba de beneficios sociales a quienes cayeran en ese registro de multas, situación nunca vista en nuestra legislación, salvo en los tiempos en que a algunos se les privaba, incluso, de la nacionalidad, conforme a lo peligroso que eran para el Estado. El sustrato de ese razonamiento, que establece además un registro, un verdadero Dicom del Transantiago, llevaba aparejado la pérdida de beneficios sociales. Lo positivo es que se entró en cordura y se eliminó ese sesgo autoritario. Pero establecer un registro, un Dicom de quienes no paguen las tarifas, un registro público dentro del actual registro de multas me parece increíble. Además, considero absolutamente centralista recargar de trabajo a los juzgados de policía local, que ya tienen bastantes dificultades. Pienso que establecer un registro es simplemente favorecer a las empresas del Transantiago. Pero hago un alcance. Esto de establecer por ley un registro, un Dicom, para exhibir a quienes no pagan las multas, me parece bien. ¿Pero por qué no aplicamos la misma lógica y establecemos también un registro de los empresarios que no pagan las cotizaciones previsionales o de quienes practican la violencia intrafamiliar y ocupan cargos públicos? ¿Por qué sólo hay que

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establecer un registro de la gente más humilde, que es la que ocupa el Transantiago, el transporte público? ¿Cómo se van a utilizar esos registros? ¿En qué otra situación tendremos que exponer y recargar a la administración del Estado, a los de juzgados de policía local, con el registro de la gente que ha sido multada, para arreglar la eficiencia -o la ineficiencia- de la empresa privada? Realmente, como diputado de región, no estoy de acuerdo con ello, porque este proyecto de ley tiene el único y exclusivo propósito de arreglar y mejorar la eficiencia de un sistema que no ha funcionado. ¡Lo asumimos con autocrítica! Este debate no se centra en si el sistema lo implementó el gobierno anterior o el actual. Es un programa que no está funcionando. Señor Presidente, por su intermedio, le quiero decir al ministro que, claramente, este proyecto no avanza. ¿en qué porcentaje vamos a bajar la evasión? ¿Qué eficiencia vamos a lograr? ¿Vamos a necesitar que el Estado le cuide el negocio a las empresas privadas que no son capaces de tener una regulación ni dar un incentivo a sus trabajadores para que no exista evasión? Insisto: ésta es una relación entre particulares, pero se está pidiendo la intervención del Estado. En eso hay, claramente, una distorsión de la propia filosofía que ha inspirado a este sistema. ¡Entonces, avancemos y estaticemos el sistema del Transantiago! ¡En ese sentido que intervenga el Estado! Como diputado de región, no voy a concurrir con mi voto para darle respaldo a un registro, un Dicom del Transantiago, para que la gente más humilde que viaja en este medio de transporte, que muchas veces no paga porque está enojada y embroncada con un sistema que no tiene la frecuencia ni la calidad que se prometió, quede registrada y, además, la amenacen con perder otros beneficios sociales. Me parece increíble la creación de esta especie de Dicom y que el ministro de Transportes -no el ministro del Transantiago- no tenga una visión para el resto del país. ¿Acaso esto no es aplicable en el resto del país? ¿De qué manera se va a regular la relación en el caso de la persona que viaja en colectivo, en una ciudad pequeña, en el sur de nuestro país? ¿De qué manera van aponer en un registro a esa persona cuando el proyecto de ley única y exclusivamente está tratando de arreglar ineficiencias y falta de funcionamiento de un sistema operado por privados? No ha existido la voluntad ni la decisión de decir: “Estaticémoslo y establezcamos que el Estado se haga cargo de esta situación”. Mi pregunta: ¿de qué manera va a funcionar esto en las regiones, en circunstancias de que se siguen pidiendo recursos para arreglar este monstruito, recortando el subsidio a las zonas rurales para transportes escolares en zonas aisladas y no se cuenta con sistemas de transporte público? ¿Vamos a seguir alimentando esto? En resumen, se pide al Congreso que, a través de una especie de ley sancionatoria, que establece multas y un registro,

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una especie de Dicom, ayudemos a evitar la evasión? Me parece que esto no corresponde. Mi voto será en contra por la argumentación que he señalado. Le pido al ministro que deje de hablarnos del Transantiago y nos hable del transporte en Chile, de las regiones. El sur también existe y la gente que vive ahí también quiere tener sistemas de calidad, pero no que nos metan la mano al bolsillo para pagar la ineficiencia del Transantiago. He dicho La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señora Presidenta, también miro este proyecto con bastante recelo, por varios de los motivos que señalaron los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Hoy, este Gobierno pretende, a través de multas o sanciones a las personas, solucionar los problemas intrínsecos que puede tener una ciudad o el país. Ayer nos dimos cuenta de cómo bajaron estrepitosamente en las encuestas el Presidente y su Gobierno. Si quieren subir en los sondeos, deben dejar de castigar a la gente, empezar a pensar en las personas y construir con ellas. El Transantiago no se soluciona sacando las orugas, sino arreglando los pavimentos y haciendo que las calles sean transitables, como estaba considerado en el proyecto original, y con paraderos, como ocurre en otros países donde se han instalado sistemas parecidos al Transantiago y en que se ha construido una infraestructura, la cual, evidentemente, aquí faltó. Ésa es la autocrítica que, obviamente, nos hacemos. Aquí falta infraestructura, pero no se amplía la infraestructura para que funcione este sistema. Si queremos que este sistema fracase y volver a las micros amarillas, donde los católicos debían persignarse o encomendarse a Dios para llegar al destino, no pavimentemos las calles por donde pasa el Transantiago, saquemos las orugas y volvamos a la competencia absolutamente criminal, como ocurría antes con el sistema anterior. Por lo que he escuchado, parece que se quiera volver a impulsar la competencia en las calles, ¡Por qué? Porque, por lo que estoy viendo, no se quiere beneficiar a las personas, sino más bien a los empresarios. El tema de las multas me recuerda el problema que tenemos con el TAG. Por no pagar el TAG, en lugar de exigir lo habitual, aplicar una multa o cortar el servicio, se cobraba 40 veces la deuda en beneficio de la empresa. Después de un arduo debate, en el que me manifesté en contra, el Congreso rebajó de 40 a 20 veces la deuda que se debe pagar a la empresa privada.

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Entonces, ahora estamos multando a las personas, en lugar de tratar de solucionar el problema de fondo, que es cómo mejoramos el sistema del Transantiago, cómo apretamos -perdonen el chilenismo- a las empresas, como lo dijimos en la Comisión Investigadora del Transantiago; cómo hacemos que las empresas cumplan. ¡Por Dios! ¿Cuánto tiempo llevamos sin que las empresas cumplan? Por ejemplo, Sonda no instaló todo lo que prometió, ni aún mejoran todos los sistemas internos. En una oportunidad, a propósito de un asalto o un suceso ocurrido en buses del Transantiago, la prensa dio cuenta de que la mayor parte de ellos no tiene cámara. ¡Eso está en los contratos! ¿Qué se ha hecho para que hoy todos los buses tengan cámaras? ¡Nada! ¿Qué se propone? Multar a las personas e ir contra la gente, pero no contra los empresarios. ¡No los toquemos ni con el pétalo de una rosa! ¡No vaya a ser que se enojen! ¡No vaya a ser que se lleven el Transantiago! ¡No vaya a ser que dejen de hacer negocios! ¡No vaya a ser que pierdan plata! Siento -quiero pasar el mensaje al señor ministro- que no nos estamos preocupando de verdad por las personas. La plata no lo arregla todo, y así lo he dicho anteriormente. Lo que debemos hacer es exigirle a las empresas que cumplan; es pavimentar y mejorar los paraderos, como está establecido en el proyecto original. En otros países -lo he visto, al igual que muchos de mis colegas-, el sistema funciona, porque tienen paraderos bien construidos y el Estado hace inversión, porque se trata del transporte público. Aunque sea manejado por privados, el Transantiago es transporte público, y el Estado debe hacerse cargo y debe poner recursos. El Estado no puede seguir castigando, una y otra vez, a las personas por un sistema que tiene la responsabilidad de mejorar, no para que las empresas hagan un buen negocio, sino para que éstas cumplan lo que prometieron, para que el AFT cumpla con lo que ofreció, para que nuestros fiscalizadores fiscalicen, no sólo a las personas, sino también si están instaladas las cámaras de vigilancia, si está bien hechos los buses “oruga”, si funcionan o no sus puertas, si éstas van o no abiertas cuando las máquinas transitan, si las empresas están transgrediendo la velocidad máxima permitida y si les están pagando a las personas que trabajan en el Transantiago. ¿A cuántos grupos de choferes hemos atendido, porque no les están pagando sus imposiciones? Incluso, algunas empresas ni siquiera están pagando todos los sueldos. Entonces, para que podamos solucionar el problema, exijo que las empresas se hagan cargo de lo que prometieron y mejoren el sistema para nuestra gente. ¡Basta de seguir cargando a los usuarios esa responsabilidad! ¡Ellos no son responsables de los errores que cometimos y de los desaciertos más graves en que hoy está incurriendo el actual gobierno! El Gobierno seguirá bajando en las encuestas, porque no está solucionando el problema de la gente ni mirando a las personas. Simplemente, está viendo y

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cuidando el bolsillo de los empresarios y no de la gente. A las personas se las cuida haciendo que los empresarios cumplan cabalmente con todos los compromisos que adquirieron cuando se inauguró el sistema. He dicho. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Pido la palabra, señora Presidenta. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, solicito formalmente al ministro de Transportes y Telecomunicaciones que envíe al diputado Farías copia de los contratos que dejó el gobierno pasado, para que los lea. -Hablan varios señores diputados a la vez. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señor diputado, luego intervendrá el señor ministro. Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi. La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señora Presidenta, en general, hay consenso sobre la necesidad de adoptar varias medidas en relación con el Transantiago; sin embargo, hay cierta incomodidad respecto del proyecto. Es como si el ministro de Salud presentara un proyecto para adquirir un medicamento nuevo que curara o controlara la diabetes. Creo que nadie se podría oponer a eso en esta Sala, salvo que él dijera que no hará nada para controlar la enfermedad, en el sentido de informar a la gente que no puede comer azúcar ni una serie de alimentos que la provocan o la agravan. Si sólo nos quedamos con el remedio y no asumimos otras medidas, ese medicamento será poco eficaz para resolver el problema en su conjunto. En ese sentido, las intervenciones de los diputados advierten que si el sistema no se mejora o no se entrega el servicio que se prometió, finalmente molesta la multa que se quiere aplicar al último eslabón de la cadena. No es molesto cuando se cobra una multa ante el no pago de un servicio, pero sí lo es cuando dicho servicio no es el que corresponde. Se supone que la ley del consumidor protege a la persona que adquiere y paga por un producto o servicio. Si el servicio no es el que corresponde o el producto viene fallado y, por lo tanto, no es el que se debió haber entregado, la ley establece que el consumidor reclame y exija el cambio del producto por otro o la devolución del dinero. En este caso, el Transantiago no está entregando el servicio que debiera

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dar. Entonces, la ley no se está aplicando, por cuanto nadie devuelve al usuario el dinero por el mal servicio ni se cambia por otro mejor. Ahí radica el problema más importante de dicho sistema de transportes, que da origen a la multa que se quiere aplicar. No se trata que no se quiera castigar la evasión. Hay que hacerlo cuando el producto que se está entregando es el correcto, pero éste no es el caso. El servicio del Transantiago no es el correcto, porque las máquinas que están circulando por las calles muchas veces no respetan las frecuencias, no cumplen con las condiciones básicas de seguridad, quedan “en pana” y dejan botada a la gente, la cual debe esperar varias horas para subir a otro bus. Creo que no estamos haciendo lo correcto, en el sentido de proteger a quien está pagando por el servicio. Por otra parte, llama la atención que en el proyecto se cambie la infracción leve por infracción grave para la persona que evade el pago del servicio. Sin embargo, no veo aparejada ninguna sanción o cambio para las empresas que están entregando un mal servicio, que no es calificado como algo grave. En ese sentido, el remedio que aquí se plantea queda incompleto, si no cambiamos o no hacemos la tarea completamente. Por ejemplo, el médico que receta un remedio sin decir a su paciente que debe cambiar ciertos hábitos y eliminar los productos o evitar situaciones que le están provocando daño, está haciendo mal su labor. En ese caso, si el Ministerio no hace completa la labor, no está cumpliendo a cabalidad con su deber. No se trata de que las personas que no pagan su pasaje en el transporte público no merezcan una sanción; sí la merecen, siempre y cuando el producto por el que se está pagando sea el correcto. Creo que ahí tenemos un problema serio que no está resuelto en el proyecto. También quiero enfatizar lo planteado por otros diputados. La labor de control respecto de la evasión o del no pago debiera ser de cargo de las empresas y no del Estado, puesto que aquéllas están prestando el servicio y debieran controlar que éste sea pagado. Por eso, considero que no es un buen proyecto, porque le falta la parte más importante: mejorar el servicio. Por lo tanto, quiero llamar la atención del Ministerio respecto de eso, por cuanto el proyecto está trunco y no permite mejorar el servicio por el que la gente está pagando. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra los diputados señores Uriarte y Schilling, pero está terminado el Orden del día. ¿Habría unanimidad para concederle dos aminutos a cada uno? No hay acuerdo.

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Tiene la palabra el señor ministro. El señor MORANDÉ (ministro de Transportes y Telecomunicaciones).Señora Presidenta, por su intermedio, quiero agradecer a todos los señores diputados por sus intervenciones, como también la buena disposición a considerar favorablemente el proyecto. Esta iniciativa forma parte de una tríada de iniciativas legales que apuntan a mejorar en forma integral el transporte público de la ciudad de Santiago y, por extensión, el transporte público de las regiones donde existen sistemas concesionados. Estamos conscientes de todas las falencias que tienen los contratos vigentes y de la precariedad de la estructura legal sobre la que se sustenta el Transantiago. Por eso estamos discutiendo en el Senado la posibilidad de realizar una modificación legal importante que nos permita tener una plataforma para reformar el transporte público, con el objeto de atender las necesidades de los usuarios y, al mismo tiempo, las limitaciones de financiamiento que tiene el sistema en el largo plazo. El proyecto en discusión es importante porque nos permite abordar una sangría de recursos que enfrenta el sistema, que tenemos que asumir desde ya, porque, de lo contrario, nos presiona, así como al panel de expertos, para seguir aumentando las tarifas. Queremos controlar esa situación, y este instrumento, que quizás no detenga la evasión, por lo menos permitiría disminuirla. Otras herramientas que se incorporarán en la reforma que haremos al sistema público establecerán incentivos a los operadores para que ellos se hagan cargo de la evasión, porque es lo que corresponde en definitiva. En esto concuerdo con las intervenciones que he escuchado. En el corto plazo, estamos evaluando la posibilidad de usar un instrumento que sí está considerado en los contratos, que permite multar a los operadores por una evasión excesiva respecto del promedio, el cual no se ha implementado hasta ahora. Mientras reformamos el transporte, podemos adoptar medidas como las que señalo, de modo que el tema de la evasión no sólo sea una cuestión de fiscalización por parte del Estado, sino que también le concierna directamente a los privados. Ya habrá tiempo en esta misma Sala y en las comisiones correspondientes para discutir los otros dos proyectos. Les pido que tengan una o dos semanas de paciencia para que les entreguemos esa visión más integral, que acá se ha solicitado, porque esos aspectos están considerados en esas dos iniciativas. No

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obstante, el foco principal de cualquier reforma que se haga es la gente, las personas de Santiago que usan el transporte público. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Corresponde votar en particular el proyecto de ley en discusión. Por no haber sido objeto de indicaciones durante el primer y el segundo trámite reglamentario, se declara aprobado ipse jure, sin votación, el artículo 1° del proyecto. Por lo tanto, corresponde votar en particular el artículo 2°, que incorpora un inciso noveno, nuevo, en el artículo 22 de la ley N° 18.287. El señor Secretario dará a conocer los pareos. El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se han registrado los siguientes pareos: el señor Santana con el señor Castro; el señor Walker con la señora Zalaquett, doña Mónica, y el señor Burgos con la señora Turres, doña Marisol. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- En votación particular el artículo 2° del proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 8 abstenciones. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Pérez

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Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo. -Se abstuvieron los diputados señores: Accorsi Opazo Enrique; Campos Jara Cristián; Goic Boroevic Carolina; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Despachado el proyecto al Senado para que cumpla su segundo trámite constitucional. Tiene la palabra la diputada Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señora Presidenta, se mencionado entre los pareos vigentes. Sin embargo, lo desconocía.

me ha

He estado enferma y con licencia médica, pero hoy me reintegré completamente a mis labores en la Corporación. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- Señora diputada, el pareo con el diputado Jorge Burgos se presentó para esta sesión. La señora TURRES (doña Marisol).- En ese caso, pido que se deje sin efecto mi voto. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra (Presidenta).- en todo caso, le recomiendo que se acerque a la testera para revisar el pareo correspondiente.

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1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 05 de agosto, 2010. Cuenta en Sesión 41. Legislatura 358. Senado.

Oficio Nº 8919 A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

VALPARAÍSO, 5 de agosto de 2010

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1°- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: a)En su número 39 sustitúyese la coma (,) y la conjunción copulativa “y” que le sigue, por un punto y coma (;); b)En su número 40 reemplázase el punto final (.) por una coma (,) seguida de la conjunción copulativa “y”, y c)Agrégase el siguiente número 41: "41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.". Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente inciso noveno, en el artículo 22 de la ley Nº 18.287: "Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un "Sub Registro de Pasajeros Infractores" que se creará en el "Registro de Multas del Tránsito no pagadas" contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y

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eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.".".

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES Presidenta de la Cámara de Diputados ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado 2.1. Informe de Comisión de Transportes Senado. Fecha 12 de agosto, 2010. Cuenta en Sesión 43. Legislatura 358.

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. BOLETÍN Nº 6.948-15. ________________________________________

HONORABLE SENADO: Vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, enunciado en el rubro, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”, el 11 de agosto de 2010. -------Dejamos constancia que este proyecto de ley se discutió sólo en general, en conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36, del Reglamento del Senado. --------Durante la discusión de este proyecto de ley vuestra Comisión contó con la colaboración y participación del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé; del Jefe de la División Legal de la Subsecretaría de Transportes, señor Ricardo Oporto y del Asesor Legislativo de la Subsecretaría de Transportes, señor Jorge Gómez. -----OBJETIVOS DEL PROYECTO Incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual, se elevan las multas para los evasores por cuanto las actuales son muy poco persuasivas y se establece un “Sub Registro de

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES Pasajeros Infractores” dentro del actual “Registro de Multas del Tránsito no pagadas”. ANTECEDENTES JURÍDICOS Este proyecto de ley se relaciona con las siguientes normas jurídicas: - Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 29 de octubre de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito. - Ley N° 18.297, de 7 de febrero de 1984, procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

que establece el

- Ley Nº 20.378, de 5 de septiembre de 2009, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. - Ley Nº 18.696, de 31 de marzo de 1988, que establece normas sobre transporte de pasajeros. - Resolución Nº 117, de 5 de marzo de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba las bases de licitación del Transantiago 2003. - Resolución 331, exenta, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 4 de febrero de 2005, que aprueba contratos de concesión que indica. El artículo 88 de la Ley de Tránsito, establece que los pasajeros tienen la obligación de pagar la tarifa, respetar las normas de comportamiento que determinan la ley, la moral y las buenas costumbres y abstenerse de ejecutar cualquier acto que impida el normal desempeño del conductor. Esta norma se complementa con el artículo 202 de la misma Ley de Tránsito que señala que serán infracciones o contravenciones leves todas las demás transgresiones de la Ley de Tránsito que no están indicadas en el artículos 199, infracciones gravísimas; artículo 200, infracciones graves y artículo 201, infracciones menos graves. Asimismo, serán leves las infracciones o contravenciones a las normas dictadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no comprendidas en el artículo 204. Este último artículo señala la escala de las multas, sancionando las infracciones graves con 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales y las infracciones leves con 0,2 a 0,5 unidades tributarias mensuales.

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES De manera que al modificarse la tipificación del no pago de la tarifa en los vehículos de transporte público, de infracción leve a infracción grave se aumenta la sanción pecuniaria. El artículo 2º del proyecto de ley en estudio, modifica el artículo 22 de la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, con la finalidad de crear un Sub Registro de Pasajeros Infractores por no pago de la tarifa de transporte público remunerado de pasajeros. La ley Nº 18.696 faculta al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en los casos de congestión de vías, de deterioro del medio ambiento o de las condiciones de seguridad de las personas o vehículos, para disponer el uso de vías para determinados tipos de vehículos o servicios, mediante procedimientos de licitación pública. La Resolución Nº 117, de 5 de marzo de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, aprobó las Bases de Licitación Pública de Uso de Vías de la Ciudad de Santiago para la Prestación de Servicios Urbanos de Transporte Público Mediante Buses, en adelante “Licitación Transantiago 2003”. Por su parte, mediante Resolución Exenta N° 331, de 2005, dicho Ministerio, aprobó los contratos de concesión, suscritos con fecha 28 de enero de 2005, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y las empresas Concesionarias de las Unidades de Negocio que en ella se indican. El mencionado sistema estructuró la prestación de los servicios sobre la base de la red de Metro, una Red Troncal, que considera el conjunto de los principales ejes en que opera el transporte público, y una Red Alimentadora, que corresponde a servicios que se prestan en vías ubicadas al interior de áreas geográficas determinadas. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en las “Bases de Licitación AFT 2004”, la administración financiera del sistema, condición necesaria para su funcionamiento, comprende el desarrollo de las actividades de emisión, comercialización y provisión de la red, de recarga del único medio de acceso al sistema, de los equipamientos necesarios para la validación y registro de los viajes o sus etapas, así como la administración de los recursos necesarios para el pago de la prestación de los servicios de transporte y su distribución entre los diversos integrantes del sistema, actividad que es ejercida por una entidad administradora de los recursos. La ley N° 20.378, creó un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros con la finalidad de afrontar diversas dificultades del Plan de Transporte Público de la ciudad de Santiago, entre las que se encuentra un déficit que ha implicado el otorgamiento de recursos destinados a

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES cubrir las diferencias entre los ingresos y costos que genera el referido sistema. El financiamiento del Sistema de Transporte Público de Santiago se basa en la obligación que tienen los usuarios del sistema, de pagar por los servicios prestados por éste.

ANTECEDENTES DE HECHO El Mensaje que dio origen a este proyecto de ley señala que el Estado, además de entregar los recursos que permitan mantener e incrementar la calidad y continuidad de los servicios de transporte prestados, estima necesario que se adopten medidas, que tiendan a disminuir el déficit que afecta al Plan de Transporte Público de la ciudad de Santiago. En ese sentido, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones es el organismo encargado de supervigilar, fiscalizar y coordinar que los usuarios del transporte público, cumplan con sus obligaciones específicas. En mérito de lo anterior, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha implementado diversas medidas tendientes a reducir el déficit que experimenta el sistema, el que contempla entre otras acciones, un plan tendiente a reducir la conducta del no pago de la tarifa por parte de muchos pasajeros. Por cuanto, esta conducta finalmente afecta a una gran cantidad de usuarios que cumplen con su obligación de pagar la tarifa, y que, entre otras cosas, deben soportar el alza de las mismas. Por lo tanto, la autoridad busca generar confianza en la comunidad y dar una señal que se multará a quienes incumplan con el pago de la tarifa y así evitar que se generen situaciones de impotencia e injusticia, dentro de los mismos buses. Agrega, el Mensaje, que se ha detectado que en el resto del país no existen los niveles de no pago de tarifa para acceder al transporte público remunerado de pasajeros que experimenta el Sistema de Transporte Público de Santiago, y atendido a que los prestadores de servicios tienen la posibilidad de percibir los montos del subsidio a que se refiere la ley Nº 20.378, es necesario contar con los medios que permitan prevenir y cautelar la integridad de los ingresos de los prestadores que podrán percibir los montos del subsidio, de acuerdo a la ley antes referida. En seguida, señala que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha logrado establecer, a través del Programa Nacional de Fiscalización, que entre los meses de marzo de 2009 y febrero de 2010, el porcentaje de usuarios que no pagan la tarifa de transporte público de la ciudad de Santiago aumentó de un 11,0% a un 17,8%, cifras que exceden las proyecciones sobre las que se diseñó el sistema, como las consideradas para el

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES cálculo de los montos que corresponden al subsidio establecido por la ley Nº 20.378. En ese contexto, hace presente, que el efecto estimado de la evasión en el sistema implica una disminución de ingresos del orden de $71.000.000.000, en dicho período, lo que significa aproximadamente $6.000.000.000, mensuales de evasión. De manera que es absolutamente necesario introducir las modificaciones de que da cuenta la iniciativa legal en estudio, para reducir la conducta evasiva, permitiendo aumentar los ingresos del sistema de transporte público remunerado de pasajeros en la ciudad de Santiago y de los prestadores de servicios de transporte del resto del país. Los usuarios de provincia también reciben el subsidio estatal, por lo que se les aplicarán estas normas, pese a la menor evasión allí detectada.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO El proyecto de ley en estudio se encuentra estructurado en dos artículos permanentes. El artículo 1º, mediante tres literales, modifica el artículo 200 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL. Nº 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Las dos primeras enmiendas contenidas en las letras a) y b), son meramente formales como consecuencia de agregarse un número 41, nuevo, al artículo 200, que tipifica las infracciones graves. La letra c), contempla el nuevo numeral 41, que sanciona el no pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva. El artículo 2º, incorpora un inciso noveno, nuevo, al artículo 22 de la ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. El mencionado artículo señala el procedimiento de pago de las multas aplicadas por los Tribunales ante la Tesorería Municipal respectiva. El inciso noveno, nuevo que se agrega a este artículo 22, establece que los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa serán anotados en un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” que se creará en el “Registro de Multas del Tránsito no pagadas”, contemplado en el artículo 24, el cual será actualizado cada dos meses por el Secretario del Tribunal quien individualizará

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. Transcurridos tres años, la anotación se eliminará por el solo ministerio de la ley, lo que también sucederá si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada con sus aranceles.

DISCUSIÓN EN GENERAL Exposición del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé, explicó que la iniciativa legal, en estudio, es muy simple, consta de dos artículos y su presentación se fundamenta en el hecho de que desde la instalación del sistema licitado de transporte público en la ciudad de Santiago, en el año 2007, por la forma en que se estructuró este sistema, se generó un problema que antes no existía que es la evasión en el pago de la tarifa. En el sistema de transporte anterior, los conductores cobraban la tarifa y no existían quejas en el sentido de que el no pago afectaba las utilidades del dueño de la empresa. Desde el momento en que el sistema de transporte se centraliza en un esquema licitado y concesionado, con contratos que disminuyen drásticamente el interés de los operadores por cobrar la tarifa emerge el problema de la evasión, cuestión que podría haber sido prevista desde el punto de vista de la aplicación básica de la teoría económica a lo que se agrega el hecho de que por dificultades propias del diseño e implementación del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago hubo en un comienzo una gratuidad en el uso del transporte público, por un tiempo, y con posterioridad la mala reputación del sistema dio pie para que algunos usuarios se sintieran con el derecho a no pagar. En opinión del Ejecutivo, se trata de una anomalía. Desde el punto de vista del comportamiento social, los usuarios en Chile están acostumbrados a pagar por los servicios y bienes que usan o adquieren, por lo tanto, es necesario resolverlo desde esa perspectiva, como también debe considerarse desde el ámbito del financiamiento del sistema de transporte puesto que los niveles de evasión que se han alcanzado atentan contra la estabilidad financiera del mismo. En la actualidad, la evasión alcanza el 18% de los ingresos, lo cual es un porcentaje relevante, en un sistema en que este tipo la evasión debería fluctuar entre 5 y 8%, dependiendo del país y de las formas de fiscalización.

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES Las cifras anteriores emanan de la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y existen evidencias que señalan que la evasión puede ser mayor. De hecho se ha constatado que en algunos servicios de algunas zonas de la ciudad, la evasión supera el 30 y 35%. En consecuencia, estamos frente a un problema financiero que atenta contra la viabilidad en el tiempo del sistema y contra la economía de los usuarios. Cuando existe un déficit mayor de evasión la tendencia normal a reaccionar es con un alza de las tarifas y de esta forma lo ha entendido la mayoría de los usuarios que están conscientes de que el alza de las tarifas obedece a la evasión. El proyecto de ley, en estudio, propone elevar las multas que están establecidas en la Ley de Tránsito para estas faltas, pasando la falta de leve a la categoría de falta grave. En la actualidad, una falta leve se sanciona con una multa cercana a $ 18.000, en cambio, una falta grave paga como máximo $ 56.000, sin perjuicio de las facultades de los Jueces de Policía Local para considerar las atenuantes que procedan. El segundo artículo del proyecto de ley consideraba dos incisos; en el primero, se establece la creación de un Sub Registro de Pasajeros Infractores del Transporte Público dentro del Registro de Multas No Pagadas. Este Registro será actualizado cada dos meses por el Secretario del Tribunal, que individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. Cuando el infractor comparezca al tribunal y pague la multa no ingresará a este Registro. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Ministerio de Justicia. Si el infractor que está anotado en el Registro paga la multa con posterioridad a su registro, se eliminará su anotación y transcurridos tres años, aún cuando no hubiere pagado la multa, se eliminará por el solo ministerio de la ley. El método de registro fue muy bien evaluado por la Asociación de Jueces de Policía Local, puesto que estimaron que se trata de un mecanismo práctico para lograr que las multas se paguen sin un procedimiento engorroso y burocrático que se sigue actualmente cuando un infractor no paga una multa. Finalizada la intervención anterior los señores Senadores formularon las siguientes consultas y observaciones:

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES 1.- La Honorable Senadora señora Rincón consultó qué sucede cuando un infractor tiene varias multas en 3 años y qué consecuencias le acarrean en caso de no pago de las multas. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé, respondió que las multas se van agregando y se eliminan las anteriores si se ha cumplido el plazo de tres años. Respecto de las consecuencias para el infractor, señaló que el proyecto de ley original contemplaba que el hecho de estar anotado en el Registro de Infractores debería ser utilizado por otras entidades públicas que otorgan beneficios sociales, como un factor negativo. Con la modificación aprobada en la Honorable Cámara de Diputados se puede concluir que existiría una sanción social al estar incluido en este registro que es público. 2.- El Honorable Senador señor Novoa señaló que el Juez de Policía Local puede determinar la ejecución de la sentencia, aunque lo más seguro es que el infractor no sea habido. 3.- El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Girardi, expresó que frente a una infracción reiterada sería necesario establecer un desincentivo mayor, ya que a la mayoría de los infractores no los afectará el hecho de figurar en dicho registro. En su opinión, se debe buscar una forma para que esta inscripción, sin ser represiva, le genere al infractor algunas limitaciones. Por otra parte, no resulta justo privarlo de beneficios sociales porque se estaría sancionando al grupo familiar, a personas inocentes. Se debe establecer alguna sanción que afecte directamente al infractor, que comete en forma reiterada esta falta, por lo que anunció la presentación de indicaciones en ese sentido. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Felipe Morandé, explicó que el inciso eliminado en la Honorable Cámara de Diputados tenía un carácter simbólico, porque la posibilidad de usar esta información, por ejemplo, en la Ficha de Protección Social o para la obtención de otro beneficio social, se puede utilizar de igual modo, quedando a criterio de la entidad. VOTACIÓN EN GENERAL Luego de escuchar la exposición anterior sobre este proyecto de ley y de efectuarse los planteamientos y observaciones consignados, los Honorables Senadores votaron en general la idea de legislar sobre esta materia.

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES - Sometida a votación la idea de legislar, vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó el proyecto de ley en general, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable Senadora señora Rincón y señores Girardi y Novoa. ------

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY En consecuencia, vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, os recomienda que aprobéis, en general, el proyecto de ley en informe, cuyo tenor es el siguiente: PROYECTO DE LEY: "Artículo 1°- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: a) En su número 39 sustitúyese la coma (,) y la conjunción copulativa “y” que le sigue, por un punto y coma (;); b) En su número 40 reemplázase el punto final (.) por una coma (,) seguida de la conjunción copulativa “y”, y c) Agrégase el siguiente número 41: "41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.".

Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente inciso noveno, en el artículo 22 de la ley Nº 18.287: "Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un "Sub Registro de Pasajeros Infractores" que se creará en el "Registro de Multas del Tránsito no pagadas" contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.".".

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Acordado en sesión celebrada el día 11 de agosto de 2010, con asistencia de los Honorables Senadores señor Guido Girardi Lavín (Presidente), señora Ximena Rincón González (Jorge Pizarro Soto) y señor Jovino Novoa Vásquez. Sala de la Comisión, a 12 de agosto de 2010.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA Abogado Secretario

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES

RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. BOLETÍN Nº: 6.948-15. I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual, se elevan las multas para los evasores por cuanto las actuales son muy poco persuasivas y se establece un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” dentro del actual “Registro de Multas del Tránsito no pagadas”. II.ACUERDOS: aprobado en general por 3 votos a favor. III.ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el proyecto de ley en estudio se encuentra estructurado en dos artículos permanentes. IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay. V.URGENCIA: suma. VI.ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República. VII.TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite. VIII.APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 56 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. IX.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 5 de agosto de 2010, dándose Cuenta en la sesión ordinaria 41ª, de 10 de agosto de 2010, pasando a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. X.TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe. XI.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: - Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 29 de octubre de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

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INFORME COMISIÓN TRANSPORTES - Ley N° 18.297, de 7 de febrero de 1984, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. - Ley Nº 20.378, de 5 de septiembre de 2009, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. - Ley Nº 18.696, de 31 de marzo de 1988, que establece normas sobre transporte de pasajeros. - Resolución Nº 117, de 5 de marzo de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba las bases de licitación del Transantiago 2003. Resolución 331, exenta, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 4 de febrero de 2005, que aprueba contratos de concesión que indica.

Valparaíso, 12 de agosto de 2010.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA Abogado Secretario

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2.2. Discusión en Sala Senado. Legislatura 358. Sesión 44. Fecha 18 de agosto, 2010. Discusión general. Se aprueba en general.

SANCIÓN POR NO PAGO DE TARIFA EN VEHÍCULOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional e iniciado en mensaje, que busca evitar el no pago de la tarifa en los vehículos de locomoción colectiva, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de “suma”. --Los antecedentes sobre el proyecto (6948-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 41ª, en 10 de agosto de 2010. Informe de Comisión: Transportes y Telecomunicaciones, sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo de la iniciativa es incentivar el pago del pasaje en los vehículos de locomoción colectiva, para lo cual se propone incorporar al artículo 200 de la Ley de Tránsito, que consagra las infracciones o contravenciones graves, el no pago de la tarifa, hecho que se sancionará con multa de 1 a 1,5 unidades tributarias mensuales. Asimismo, en la ley que establece procedimiento ante los juzgados de policía local se plantea crear el Sub Registro de Pasajeros Infractores, en el que se anotará a las personas que fueren condenadas por no pagar la tarifa en el transporte público. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Girardi y Novoa. El texto que se somete a la consideración de la Sala para su aprobación general se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios. El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión la idea de legislar. Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este asunto se inserta dentro de una secuencia de iniciativas legales tendientes a mejorar la condición del Transantiago. El proyecto de ley sobre financiamiento del transporte público en Santiago nuevamente requiere millonadas. Su déficit llegará a los 800 millones de dólares anuales, lo que constituye una cifra absolutamente insostenible. Por otra parte, se nos pide modificar las facultades del Ministerio de Transportes respecto de los actuales contratos con los operadores, a fin de aminorar las pérdidas que implica el que las empresas manejen por completo tales instrumentos. El Ministro anterior no logró concretar ese cambio. Hoy día se insiste en la solicitud de mayores atribuciones para el titular de dicha Cartera. Yo tengo dudas en cuanto a que ellas sean suficientes para resolver el problema. Pero -reitero- el ex Ministro Cortázar planteó tal requerimiento en esta Sala, y muchas de esas facultades le fueron negadas. Además, se nos solicita otorgar el financiamiento para el transporte público de Santiago, sin tener claridad respecto de si habrá compensación para las Regiones y, sobre todo, de si el sistema logrará sostenerse. Yo he dicho que el Transantiago no resistirá más; que el drenaje o la sangría que arrastra no pasa por el no pago de la tarifa por parte de los pasajeros, sino por un modelo fallido en su implementación técnica. Mis preguntas son las siguientes: ¿SONDA y Andrés Navarro han pagado las multas que se les cursaron? ¿Las empresas concesionarias cancelaron las más de 2.500 infracciones que se les aplicaron por violar los derechos de los trabajadores? ¡Se han cumplido tales sanciones! El señor Contralor General de la República ha anunciado, a propósito de una presentación que hice un mes atrás, que indagará sobre las multas cursadas a los operadores del sistema, a los concesionarios y al Administrador Financiero. ¿Cuántas de estas se han cobrado en favor del Fisco? ¿Qué porcentaje de esa cifra representará el déficit crónico del Transantiago? La

verdad

es

que

carecemos

de

datos,

señor

Presidente. Por ello, no estoy disponible para sancionar a los usuarios. Son víctimas de un sistema fallido, carente de seguridad y eficiencia, y más encima, ¡les vamos a cobrar multas! ¡O sea, el ladrón detrás del juez! A

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los pasajeros que no han tenido la posibilidad de gozar de los beneficios de un proceso de modernización, ¡ahora pretendemos multarlos! Desconozco si la evasión equivale a 40 o más por ciento hoy día del déficit del Transantiago. Por cierto, esta debe ser combatida. Sin embargo, estimo que no surtirá efecto alguno amenazar a los usuarios con el pago de 1,5 unidades tributarias mensuales y con llevarlos ante los juzgados de policía local, si a los responsables del fracaso del sistema no se les aplican y cobran las multas respectivas solo porque son poderosos, solo porque tienen amigos en el Gobierno, pese a que se equivocaron y no lograron reparar el daño hecho. Por lo tanto, señor Presidente, estimo que, en forma paralela a un proyecto de esta naturaleza, debe haber una comprensión general del drama del Transantiago, lo que significa reconocer la existencia de otros drenajes y otras situaciones que provocan el déficit. Porque -insisto- el sistema no se sostiene. ¡Con la iniciativa en debate estamos subsidiando a las empresas! Los colombianos de Alsacia tienen mucho que responder: tratan pésimo a sus trabajadores. Los de Transaraucarias llevan más de 45 días en huelga. ¡El Ministerio permitió que este operador fuese adquirido por otra empresa, cuyo dueño es de origen ruso, en circunstancias de que aquel mantiene una deuda previsional superior a mil 700 millones de pesos con sus trabajadores! ¡O sea, el sistema está completamente quebrado! En consecuencia, centrar el esfuerzo en pasar multas a los evasores, en llevarlos a los tribunales y en elevar el costo de ellas de falta leve a infracción grave debiera ir aparejado de una sanción similar -de leve a grave- en los contratos con los operadores. De esa manera, podríamos saber si SONDA debiera seguir con sus contratos -he leído que todavía los mantiene-, en circunstancias de que no ha respetado sus compromisos, pues los buses tecnológicamente no funcionan y el software instalado fracasó. Y también sería factible enterarse de si el Administrador Financiero del Transantiago, que se queda con el 58 por ciento del valor de cada pasaje -¡58 por ciento!-, mejoró la eficiencia, lo que aún no logramos visualizar. ¡Porque todo en el Transantiago es negro! ¡Desconocemos incluso adónde irán a parar los 800 millones de dólares que nos piden aprobar para esos efectos! El artículo 2º de la iniciativa señala: “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán” -¡escúchenme bien, estimados colegas!- “anotados en un

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‘Sub Registro de Pasajeros Infractores’” -¡o sea, un DICOM del Transantiago!“que se creará en el ‘Registro de Multas del Tránsito no pagadas’” -con esto asimilamos la situación de los infractores a la de los autos- “contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.”. Es decir, en el caso de que se considere que la multa puede ser efectiva, al usuario se le dice: “Cuando usted pague, quedará eliminada su anotación”. Ojalá se hubiese aplicado el mismo criterio a las empresas que no cumplieron sus obligaciones, como SONDA. Le pregunté varias veces al señor Contralor: “¿Sigue esta empresa a cargo de la responsabilidad tecnológica después de que fracasó, o la ha transferido? ¿Ha pagado alguna multa por el colapso del sistema?”. En definitiva, señor Presidente, se sigue reprimiendo a los usuarios con la amenaza de manchar sus antecedentes. ¡Cuánta gente podría perder la pega si resulta sancionada por no tener plata o por subirse por la puerta trasera del bus, ya que es un verdadero combate tomar en la mañana esas “latas de sardinas” que son los buses oruga! Algunos Senadores en Santiago se han subido a las micros y al metro y han palpado en terreno la situación. Ignoro si sancionar penalmente a los pasajeros será la fórmula adecuada para evitar que eludan la cancelación de la tarifa. ¡La única manera de obligar a la gente a pagar es brindar un buen servicio! ¡El único modo de que los usuarios sientan que cancelar su pasaje forma parte de su responsabilidad y su compromiso ético y ciudadano es implementar un modelo de transporte que les brinde confort, rapidez y eficiencia, tal como se les prometió! Mientras ello no ocurra, ¡con qué cara el sistema les va a cobrar y a exigir que paguen! Ni siquiera existe un seguro de accidentes para los pasajeros del Transantiago. ¡Se lo pedí a Cortázar diez veces! ¡Y se lo planteé al actual Ministro de Transportes otras cuatro! Se requiere un seguro de vida y de accidentes para los usuarios del Transantiago, porque es muy común la ocurrencia de siniestros. ¡Son cientos los perjudicados!

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El actual seguro obligatorio de accidentes personales cubre hasta 300 UTM y tiene una vigencia de un año. Pero las consecuencias de un choque pueden persistir por más tiempo. Un tratamiento por quebradura de pelvis, por ejemplo, dura varios años. En definitiva, contamos con un pésimo sistema para garantizar la vida y la salud de los pasajeros del Transantiago. Ni siquiera hemos conseguido un seguro especial. Estoy convencido de que la gente pagaría con gusto su pasaje si el sistema de transportes fuese eficiente y si sintiera que con ello ve garantizada su integridad física. ¡Pero no es así! El actual sistema de seguro de accidentes personales del tránsito funciona de pésima manera. Por lo general, la gente ni lo conoce y las compañías eluden el pago cuando los accidentes son muy complejos. El proyecto en análisis no constituye una solución al desfalco del Transantiago. Tampoco menciona, ni por casualidad, las estafas cometidas por empresas como SONDA, ni la poca transparencia con que ha actuado el Ministerio del ramo. En este punto, solo mencionaré una causa: la rol Nº 29656, de 2008, “Hernández Morales con Barahona Moraga”. En definitiva, se plantea más y más burocracia; más atochamiento para los agotados juzgados de policía local. De ese modo, veremos a personas pobres pagando multas extremadamente caras y figurando en registros públicos como delincuentes o no pagadores, al igual que en DICOM. El Estado soporta el déficit del sistema de transporte público en Santiago. Y se sigue pidiendo plata al Parlamento para mantenerlo. El Transantiago nació con deficiencias; por tanto, intentar arreglarlo de la forma como se sugiere es un camino absolutamente equivocado. Si no abordamos una propuesta global para mejorar el sistema, cuyo resultado efectivo sería la disminución de la evasión en razón de un buen servicio y de una protección al pasajero, las multas no surtirán efecto alguno. El problema de la evasión no se soluciona con más multas. Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto, porque quiero una solución más amplia y definitiva. ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

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El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, como pocas veces, coincido plenamente con lo que el Senador Navarro acaba de expresar: en verdad, esta iniciativa no resuelve nada. Sin embargo, a diferencia del colega, no pretendo justificar el hecho de que la gente no pague la tarifa, aduciendo mala calidad del servicio. Ello, porque muchas personas que reciben la misma prestación cumplen con su deber. En consecuencia, aquellas que no lo hacen castigan precisamente el esfuerzo de quienes pagan aunque tal vez se encuentren en condiciones económicas iguales o peores. En cuanto al Sub Registro de Pasajeros Infractores que se establece, como señaló Su Señoría -lo tenía en mis apuntes antes de escucharlo-, equivale a un DICOM del transporte público. Y lo cierto es que no soy partidario de crear otra institución semejante. Es suficiente la que existe. Además, en este caso resultaría inútil, aparte de que sería muy parecido a la Guía de Teléfonos, con millones de personas de todo el país. Si se aprobara una idea como esa, tendrían que dictarse leyes de amnistía cada cierto tiempo, por el gran número de pasajeros que, lamentablemente, debido al cambio a un sistema mal hecho, han caído en la práctica de no pagar la tarifa. En forma adicional, se generará una burocracia administrativa, con un costo no menor. Y no creo que tal mecanismo induzca a la gente a variar de conducta. Si así fuere, a lo mejor tendría algún sentido. En el transporte público hay muchos otros instrumentos eficaces a través de los cuales se puede lograr que las personas que no cumplen con el deber de pagar su pasaje lo hagan. No me parece lógico crear una burocracia de tal magnitud para registrar la conducta de quienes evaden el pasaje en vehículos de la locomoción colectiva. Ello no conduce a nada. Lo único que se conseguirá es provocar un efecto más complejo aún para la gente, en general de escasos recursos, que usa ese tipo de transporte en Santiago. De otro lado, la forma de limpiar el Sub Registro es curiosa. Se hará después de un tiempo bastante largo -tres años- de no pagarse la multa. Y se establece la posibilidad de eliminar antes la anotación si el infractor ha concurrido a pagar lo adeudado y los aranceles correspondientes. En realidad, señor Presidente, debiéramos avanzar en la creación de ese registro.

pienso

que

no

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Ya hemos reclamado sistemáticamente aquí acerca de lo que significa para muchas personas el que su nombre aparezca publicado en DICOM. Y hace algunas horas legislamos precisando que, respecto de aquellas que aparecen en dicha publicación por no haber podido cumplir sus compromisos en las zonas afectadas por el terremoto, quedara explícitamente establecido que tal incumplimiento no se debe a una mala práctica, sino a fuerza mayor, fruto de la catástrofe. Y eso me parece muy valioso. Mediante este tipo de instrumentos se trata de identificar a quienes hacen del no pago de sus obligaciones una práctica permanente y sistemática. Son pillos a los que, por cierto, se debe sancionar. Asimismo, en estos días hemos estado analizando los casos de los deudores que caen en DICOM y que muchas veces no encuentran trabajo precisamente por figurar en él. Con relación a ellos, sugerimos incluir la anotación pertinente cuando la morosidad sea producto de la cesantía. Esa información es muy útil, porque, en definitiva, el ser incluido en dichos registros obedece a situaciones que muchas veces no dependen de la voluntad de las personas. En lo atinente a la práctica de no pagar en la locomoción colectiva, no pretendo justificarla pero estimo que tal hecho es la reacción frente a una muy mala calidad del servicio. Antes, el transporte público en Santiago conllevaba otro tipo de externalidades negativas, como contaminación y congestión. El cambio experimentado y la masividad de esa conducta llevó al Ejecutivo a enviar a la Cámara de Diputados la iniciativa que nos ocupa y que nos tiene ahora discutiendo sobre la creación de un Sub Registro de Pasajeros Infractores. Como dije, tal sistema de anotaciones carece de sentido. De aprobarse, solo se logrará consignar en él a miles de personas y generar más burocracia; pero no constituirá un incentivo eficaz para mejorar las conductas. Existen muchas otras formas de corregirlas. Esperamos que, con las modificaciones que se están introduciendo al régimen jurídico del Transantiago en otro proyecto paralelo, el Ejecutivo pueda efectuar enmiendas en los contratos y, de alguna manera, reducir, en el menor tiempo posible, la evasión del pago de la tarifa en el transporte público. Reitero: la creación del Sub Registro en la iniciativa en debate no va a lograr que se alteren esas prácticas. Originará más burocracia, con un costo innecesario; sus efectos serán muy variados y, finalmente, por el alto número de personas involucradas, no me extrañaría que se deban dictar leyes de amnistía. Así sucede a causa del voto obligatorio en los procesos electorales, en que a quienes no concurren a sufragar se les aplica

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una multa y después, dada la enorme cantidad de infractores, se dictan leyes de amnistía para que no la paguen. Y lo mismo ocurrirá con el registro que se propone. A mi juicio, el esfuerzo del Estado no debe centrarse en la creación de registros burocráticos, sino en la realización de cambios significativos, que impliquen mejorar la calidad y los recorridos del transporte público, a fin de que este sea más amigable y no un sistema que persiga a los usuarios en forma creciente. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi. El señor GIRARDI.- Señor Presidente, evidentemente, este problema no es de fácil resolución. Como el Senado sabe, el Ejecutivo, además del proyecto en debate, envió uno que le permite enmendar los contratos y establecer un marco regulatorio. Y en la Cámara de Diputados se tramita otro que otorga mayores recursos al Transantiago. Muchos de nosotros hemos señalado que estamos dispuestos a entregar al Gobierno las facultades que pide para modificar los contratos, con el propósito de acoger lo planteado acá: dar a la Capital un sistema de transporte público que sirva a los usuarios. Para ello, resulta fundamental rectificar los actuales contratos -son garantistas y aparte de absurdos han demostrado ser un fracaso- y generar un equilibrio entre los prestadores, los usuarios y los trabajadores. Nosotros estamos absolutamente disponibles para introducir mayores flexibilidades que las que se han discutido en materia de vehículos alimentadores y troncales. Esto no quiere decir que pretendamos que se vuelva al sistema de los buses amarillos, los que en realidad eran verdaderos camiones que recorrían la ciudad. La idea es que, manteniendo el estándar de buses de calidad: pesados; la modalidad de gestión de flota y choferes con sueldo fijo, se puedan establecer niveles de flexibilidad para, entre otras cosas, disminuir los transbordos. Hoy día, muchas personas permanecen en el bus el doble del tiempo que en el pasado, por los problemas de frecuencia y de cobertura. Hemos instado al Ejecutivo a informarnos qué quiere hacer en esta materia. Porque no basta con entregarle atribuciones genéricas. Queremos que las facultades que se le den las utilice para mejorar el transporte público en beneficio de los usuarios. Además, hemos sostenido que el pago a las empresas debe supeditarse a que estas previamente cumplan con las leyes sociales; tengan respeto por la jornada de trabajo y el derecho a casino, y den

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cumplimiento a todas las normas legales básicas en cuanto a garantías laborales y condiciones mínimas de salud. A nuestro juicio, estos problemas son integrales. El proyecto en análisis es más bien general. Los miembros de la Comisión de Transportes hicimos presente al Ejecutivo la inconveniencia de crear una base de datos relativa a los pasajeros infractores. Pero, respecto de cuanto implique desafíos complejos, es preciso hacer diversas cosas a la vez. Nosotros no aprobamos esta iniciativa para el actual sistema del Transantiago, sino para un proyecto integral que está presentando el Ejecutivo -se supone- y que modifica las regulaciones, que enmienda los contratos, que tiene -según el Ministro y el Subsecretario- interés genuino en establecer los instrumentos que permitan mejorar la calidad del servicio al usuario. Además, se están discutiendo recursos adicionales. Pero ello, a mi juicio, requiere cambiar la cultura. Con respecto a esta iniciativa, cabe observar que, si 30 por ciento de usuarios no pagan su pasaje -pareciera que hay una solidificación del 20 por ciento establecido-, lo único que se logra es imponer un gravamen a quienes cumplen. Y pienso que de esa manera el procedimiento va a fracasar, pese al esfuerzo que el Ejecutivo está haciendo, que contará con el apoyo de todos nosotros si se cumplen ciertas condiciones básicas, evidentes. Imaginemos un escenario para implementar todas esas medidas. Si no actuamos aplicando también un desincentivo al no pago de las tarifas, el sistema va a colapsar. En consecuencia, yo entiendo la preocupación del Honorable señor Longueira, porque la vivo cotidianamente como representante de la Región Metropolitana. Además, comparto la del Senador Navarro; pero considero que la solución no pasa por olvidarnos del problema: 30 por ciento de las personas no paga. Estoy absolutamente de acuerdo en que no se puede introducir modificación alguna mientras no se encuentren implementadas las normas que el Ministerio de Transportes está planteando hoy día y que se ha comprometido adecuar justamente para mejorar la cobertura y la frecuencia del Transantiago, junto con disminuir los trasbordos y establecer más zonas pagas. Sabemos que los choferes de los buses, por el incentivo que tienen, no se detienen en los paraderos. Evidentemente, entendemos todo aquello.

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Considero este proyecto del Ejecutivo como un instrumento de apoyo en la perspectiva de que el sistema funcione en régimen, no antes. Y esto forma parte de las condiciones que nosotros mismos establecimos al Gobierno. No se puede exigir un pago y estipular sanciones si a la vez no se dan los mínimos niveles de calidad que la gente merece. No obstante, poniéndonos en las circunstancias de que se pueda avanzar hasta tener un sistema que funcione en mejores condiciones, me parece muy importante consignar también un mecanismo de desincentivo, pero no a través del DICOM. Debemos procurar un instrumento inteligente, viable. De hecho, señalamos al Ejecutivo que el sistema planteado por él no nos parecía del todo factible y que podía generar justamente lo que se ha manifestado acá: una suerte de burocracia. Pero lo cierto es que aquí estamos legislando en general, y tenemos que ver la iniciativa en un contexto mayor. Les pido que la consideren en función de las otras, porque no es la única que ha presentado el Gobierno para enfrentar el problema del Transantiago. De esa manera, nosotros, como Oposición, podremos hacernos cargo de la necesidad de mejorar ese medio de transporte. Hemos planteado al Ejecutivo nuestra disponibilidad para establecer un protocolo de acuerdo sobre bases concretas, que tiendan a corregir el actual problema de traslado de los usuarios, de los trabajadores, y que den plena garantía de que los recursos que se van a entregar mejorarán el transporte público, el cual es fundamental para una parte muy importante de chilenos. Yo, por lo menos, no tengo inconveniente en otorgar subsidios al Transantiago, porque están destinados a los más pobres, ya que los ricos no lo usan. Ahora bien, si no se resuelve este tipo de problemas, por molesto que ello sea, tampoco nos haremos cargo integralmente de la situación relacionada con el sistema vigente. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, doy por sentado que la evasión es un mal que queremos atacar y erradicar. Ella consiste -como ocurre con la competencia desigual entre las empresas- en un abuso por parte de los listos y aprovechadores en contra de las honestas familias de trabajo y esfuerzo que pagan pasaje.

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Eso sí que la evasión no se produce en cualquier lado. En el Metro de Santiago no acontece eso, aunque probablemente, en términos prácticos, se trata del mismo tipo de personas que se desplaza en buses alimentadores o en los troncales. Tengo la convicción de que la única forma de atacar de manera seria la situación -es la opinión de nuestra bancada- consiste en abordarla desde otra perspectiva. Vamos a proponer al señor Ministro del ramo, cuando se lleve a cabo la discusión integral del Transantiago -respecto del cual este proyecto es una parte-, la necesidad de licitar las zonas pagas y de que los operadores se hagan responsables de quienes acceden a ellas, como condición previa para subir a un bus. El diseño de los buses de tres puertas, con abordaje en lugares donde no hay acceso controlado o zona paga, es el corazón de la evasión y contribuye a la práctica abusiva de algunos. Queremos atacar la evasión por ser uno de los problemas relacionados con el financiamiento del mayor sistema público de transporte de pasajeros. No consideramos bueno un proyecto aislado como este, ni tampoco es conducente. Por ello, es necesaria una discusión global para después llegar a un acuerdo y ver qué instrumentos son los más eficaces. Sin embargo, a lo anterior se suma una tremenda duda -por no decir abierta desconfianza- con respecto a la creación de registros en el país. El DICOM -que administra el sector privado-, no debe utilizarse cuando la gente busca trabajo o requiere un crédito. En la actualidad, este mecanismo ha llevado a que algo que es propiedad de un individuo, como son sus datos personales, esté en lugares que no corresponden. Por tal motivo, hoy día se está discutiendo un marco regulatorio relacionado con esos antecedentes, su uso, autorización para el empleo de ellos, etcétera. La creación de un sub registro en nada resuelve el problema. Ignoro si en esta iniciativa legal se incluye una consideración especial. Entiendo que el señor Ministro dijo que eso iba a ocurrir. No sé si estoy equivocado, pero él señaló que haría algo. Se habló de las penas del infierno para quienes no pagaban -eso no figura en el proyecto, sino solo algunas multas- y de otro tipo de sanciones, como quitar ciertos derechos o algo más fuerte. Sin embargo, aquello no aparece. Lo que sí se consigna es esencialmente un marco de multas. Y quienes saben cómo opera

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el mecanismo podrán concluir que ello se resuelve en el juzgado de policía local. Lo único nuevo que aquí se propone es la creación de ese registro, el que, en términos prácticos, no sé para qué servirá; tal vez, para estigmatizar a personas o usarlo para otros fines. En Europa, señor Presidente, cuando se quiso combatir la evasión en el transporte público de pasajeros, se dispusieron sanciones más graves: las personas iban presas. Y hasta el día de hoy se recluye a quienes no pagan. Hay una cultura, cierta conciencia al respecto. Pero en ningún caso se les ocurrió establecer un registro, por la convicción de que el uso de datos personales en esos sistemas no siempre es bueno. Entiendo que aquí se pretende consignar un procedimiento para elevar las multas, pero en nada se ataca la causa de la evasión ni se busca una solución integral. Nosotros somos partidarios de una fórmula más completa, relacionada con el diseño, con la concesión o licitación de las áreas de pago y con que los operadores o terceros se hagan cargo de la recaudación. Y creemos que lo sugerido aquí no es lo mejor. Habríamos preferido -entendimos que así sería- que el Ejecutivo no insistiera en adelantar el envío de este proyecto, como tampoco los otros relacionados con el Transantiago, hasta no haber llegado a un acuerdo. Como ahora solo estamos votando la iniciativa en general, no vamos a hacer observaciones sobre su mérito ni mayores cuestionamientos. Pero estamos ciertos de que, al final del día, esta no es la solución para enfrentar la evasión. El señor PIZARRO (Presidente).- Se ha solicitado abrir la votación. ¿Habría acuerdo para ello? El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente, pero conservando los tiempos. El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado. --(Durante la votación). El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, ciertamente, este proyecto no resuelve todos los problemas del Transantiago. Por lo mismo, como indicó el Senador Girardi, el Gobierno ha enviado tres mensajes distintos. El primero dice relación al cambio de régimen jurídico del sistema de transporte público concesionado a los efectos de establecer que

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el servicio de transporte de pasajeros es un servicio público, de entregar facultades al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para, incluso, terminar con los contratos, y de dar una poderosa señal a los operadores del Transantiago para que finalmente hagan su pega. Por otra parte, también entrega, en caso de quiebra o notoria insolvencia, la posibilidad de que el administrador provisional tome determinada malla concesionada. La segunda iniciativa, actualmente en trámite en la Cámara de Diputados, instaura un subsidio adicional de 400 millones de dólares. Algunos Senadores de la Coalición por el Cambio le hemos hecho ver al Gobierno -en su momento se lo dijimos claramente- la necesidad de compensar lo anterior con las platas que perdieron las Regiones después del terremoto, en particular con las mermas y la redistribución de los fondos regionales. El Presidente de la República respondió de modo favorable a nuestra petición y la devolución de esos dineros está en proceso. Aquí, entonces, nos enfrentamos a un proyecto cuyo propósito específico es enfrentar el problema de la evasión. Si queremos contar con un servicio de transporte público eficaz y eficiente, tenemos que terminar con lo que ha sido un cáncer del sistema: la evasión, incentivada en su oportunidad desde el propio Gobierno, que dijo: “Mientras haya un mal servicio, existe justificación para el no pago”. El asunto es que hoy ella ha alcanzado un nivel alarmante -estoy hablando del 18 por ciento- que indudablemente atenta contra el financiamiento del plan de transporte capitalino. Según expone el mensaje que contiene el proyecto, la evasión llega a la increíble suma de 6 mil millones de pesos mensuales, la cual resulta indispensable revertir para que aumenten los ingresos del sistema. ¡Seis mil millones de pesos! En consecuencia, nos parece por completo acertada esta iniciativa, ya que constituye la única manera de disminuir la evasión y lograr dar viabilidad al Transantiago. Por ello, resulta plenamente pertinente que el no pago de la tarifa fijada sea castigado ahora como falta grave en lugar de leve y que, por lo tanto, el monto de la multa suba. Lo que hay que cambiar es la cultura. Hay que establecer también una cultura del deber, no solo del derecho. Estamos ciertos de que en la actualidad el servicio que se presta dista muchísimo del que se prometió, tanto en la etapa de gestación como en la de implementación. Pero lo cierto es que hoy se debe sacar a flote un sistema que les cuesta no solo a los capitalinos, sino además a los habitantes de todas las Regiones, incluida la nuestra. Afirmamos que tenemos el servicio de transporte público más caro de Latinoamérica, junto con Concepción.

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Es indudable que deben tomarse las medidas adecuadas para que, si se está prestando un servicio, si se está haciendo un esfuerzo importante por parte del Estado, también los usuarios cumplan pagando. En nuestro concepto, resulta particularmente relevante que este proyecto haya contado con el pleno respaldo de la Asociación de Jueces de Policía Local. En cuanto al registro, podría compartir algunas de las aseveraciones hechas acá. Sin embargo, hay que mandar una señal potente en términos de cambiar la actual cultura, a fin de generar asimismo una cultura del pago y el deber. Quiero agradecer la actitud de los Senadores de Oposición en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Su Presidente, el Honorable señor Girardi, si bien ha hecho ver sus puntos de vista, ha respaldado este proyecto de ley al advertir que es posible efectuar la mejoría necesaria al sistema de transporte público en su integridad. Por eso, deseo agradecer la actitud del Senador Girardi, de la Senadora Rincón. También la del Senador Cantero, la del Senador Novoa y la propia, aunque para nosotros es una obligación. El señor CANTERO.- ¡No hay obligaciones! El señor CHAHUÁN.- Claro, pero lo cierto es que estamos contribuyendo a mejorar el sistema de transporte público. El señor CANTERO.- ¡Menos para los independientes! El señor CHAHUÁN.- Sin embargo, hay que contribuir justamente. Y, en ese sentido, quiero agradecer en particular la postura de los dos Senadores de Oposición, porque considero que el problema del Transantiago tenemos que solucionarlo entre todos. He dicho. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. El señor NOVOA.- Señor Presidente, en este Hemiciclo se han mencionado los defectos del Transantiago. Creo que todos los conocemos de más y son múltiples. Tienen su origen en un mal diseño; en contratos rígidos; en,

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probablemente, acuerdos tomados en cierto momento que hoy se ve que resultaron inconvenientes. No considero necesario ahondar en ese punto. Se ha expresado también que la solución debe ser integral, lo cual es obvio. Durante los 4 años que el servicio lleva en funcionamiento ha habido 20 ó 30 intentos de efectuarle correcciones parciales que no han funcionado, y sigue siendo muy deficiente para los habitantes de la Región Metropolitana. Respecto al proyecto en discusión, quiero señalar, en primer término, que no se trata de una iniciativa aislada, y en segundo lugar, que no pretende ser una solución completa al problema. Como ya se mencionó, existen otros. Uno constituye un complemento del aporte financiero, que permitirá nivelar el sistema y tener un horizonte de aportes extraordinarios hasta el 2014. Hay un segundo proyecto -en actual trámite en el Senado, pero ya aprobado en general por esta Corporación- que establece un marco regulatorio nuevo y le da al transporte colectivo concesionado el carácter de servicio público. Sobre la base de tales iniciativas, es perfectamente posible iniciar la fase de modificación de los contratos, que no es fácil, para, de esa manera, realizar ajustes en lo que de verdad importa: que los recorridos sean adecuados a las necesidades de la gente, que los transbordos sean menores, que se puedan establecer zonas pagas, que se puedan regularizar las frecuencias y los horarios. Toda esa parte, que no es de dominio legal -porque nosotros no vamos a fijar por ley los recorridos o la forma concreta en que va a operar el sistema-, es materia de una política de transporte. Y el Ministro del ramo ya ha manifestado estar dispuesto a recoger los planteamientos de los parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición. Durante bastante tiempo fui legislador de Oposición. Y, además, como Senador por la Región Metropolitana fui muy contrario a la instauración del Transantiago. Incluso, me opuse desde antes, porque me di cuenta de que sería un problema. Sin embargo, ahora no nos queda otra alternativa que tratar de mejorarlo. Y ya hay proposiciones, tanto del oficialismo como de la Concertación, que apuntan en esa dirección.

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Entonces, no veamos esta normativa como un proyecto aislado, sino como uno que forma parte de un conjunto de iniciativas legales que además van unidas al diseño de un plan para mejorar el sistema, plan que, por cierto, no va a operar de un día para otro, sino que va a requerir un tiempo. Por lo menos es necesario que existan las herramientas para poder elaborarlo. Ahora bien, yendo específicamente al proyecto en discusión, que busca evitar la evasión, quiero decir que se trata de una iniciativa muy simple. Básicamente, le da al no pago de la tarifa de la locomoción colectiva la connotación de una infracción menos grave, de manera que la multa pueda ser superior a la actual. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque, por desgracia, se produjo una cultura de no pago que resulta dañina, abusiva y perjudicial para quienes pagan. En segundo lugar, se dice que la evasión, en promedio, alcanza a casi el 20 por ciento. Pero la realidad es que ese es un promedio, pues toda la gente que anda en Metro paga y en muchas líneas el no pago es menor. Ello significa que hay lugares donde la evasión alcanza a 50, 60 ó 70 por ciento. Por lo tanto, resulta necesario contar con mecanismos para fiscalizar esa situación. Aquí no se trata de multar a 2 millones de personas ni de crear otro DICOM, sino de que los encargados tengan al menos alguna atribución para exigir el cumplimiento de la ley. ¿Cómo se hace eso? Mediante inspectores que controlen y puedan pedir a quienes no pagan que bajen del bus, dejándolos notificados al juzgado de policía local correspondiente. Denantes un Senador señaló que en Europa a los evasores los metían presos. Bueno, si el Gobierno presentara un proyecto que asignara pena corporal a quienes no pagan, me gustaría saber el escándalo que se armaría. Aquí, modestamente, se está planteando una multa. Ahora, en cuanto a si se debe establecer o no un registro, eso es parte de la discusión particular. El objetivo principal de la iniciativa es consagrar un mecanismo que permita controlar algo evidente: el pago de la tarifa. Y eso solo se logra otorgando atribuciones a los inspectores para ser eficaces, y la forma de serlo es citando a los infractores al juzgado de policía local pertinente. El proyecto no va a solucionar todo el problema de la evasión ni las diversas dificultades que enfrenta el Transantiago, pero, en un sistema en que la

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cancelación de la tarifa ya no será de competencia del mercado ni del interés del conductor de turno, alguien debe preocuparse de que los usuarios paguen. Hoy no existen incentivos para que se preocupen del pago ni las empresas ni sus choferes. Antes, una de las críticas que se le formulaban al sistema de los buses amarillos era que los conductores corrían y competían por los pasajeros, lo que obviamente reducía a cero por ciento la evasión, pero elevaba el peligro de accidentes del tránsito. Entonces, como ahora no existen esos incentivos, se debe crear un mecanismo para que el pago de la tarifa -una cosa elementalpueda ser exigida de alguna forma. Con tal propósito, la iniciativa establece una multa no muy elevada, pero que no deja de ser: son 50 mil pesos o algo así-, y en segundo lugar, propone la creación de un registro. Pienso que este puede ir o no -eso será parte de la discusión particular-, pero la señal de establecer que existe la obligación de pagar y de que el incumplimiento de dicha obligación acarreará una multa es lo mínimo que nosotros podemos hacer como legisladores para cubrir este aspecto del problema que es la evasión. Gracias, señor Presidente. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¡qué gran negocio ha sido el Transantiago para los bancos, para la empresa SONDA, para los operadores, y qué espantoso negocio ha sido para los ciudadanos que deben usarlo! Recuerdo que cuando recién se comenzó a discutir la idea del plan de transporte capitalino, en algún momento el Senador Eduardo Frei hizo la pregunta de qué tipo de transporte queríamos para Chile: un transporte público, uno de carácter mixto o uno privado. Y ahora seguimos discutiendo el tipo de transporte que se necesita, no para Chile, sino solo para Santiago. Yo voy a concurrir con mi voto favorable a la aprobación del proyecto porque debo entregar una señal consecuente. Por supuesto que en las demás Regiones del país no gozamos de este beneficio especial que tienen los usuarios del Transantiago. Malo, regular o bueno, es el Estado el que, al fin y al cabo, financia parte importante de un sistema mal concebido desde su origen: contratos absolutamente perversos, que propician incentivos contrarios a todo evento. Claro, a la gente le da lo mismo pagar o no pagar porque de todos modos el Fisco deberá responder por el pago de la tarifa.

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En resumen, señor Presidente, a mí la consecuencia me hace expresar que hoy nosotros no podemos entregar una señal distinta, no podemos entregar una señal que ampare a la gente que no paga y evade su responsabilidad, cuando los más están cumpliéndola y, fundamentalmente, cuando en las diversas Regiones del país no tenemos estos buses oruga (malos o buenos -repito-; es lo que hay), pero se paga cada centavo y no existe evasión. Entonces, la señal que nosotros debemos dar desde las Regiones es obviamente, la de que no podemos amparar la evasión, aunque ello signifique volver a aprobar un mal proyecto. Pero si alguien debiera encabezar la lista, esa persona tiene nombre y apellido. La persona o las personas responsables de este pésimo sistema de transporte público tienen nombre y apellido. Por eso yo no me voy a detener en el análisis de si esto es otro DICOM o no. ¡No! Yo creo que la gente que no paga el servicio debe asumir su responsabilidad. Los que pagan el servicio son los más. Y, obviamente, me gustaría mucho que en algún momento el Gobierno actual enviara una iniciativa de ley que apuntara a una solución técnica. Seguimos amparados en un acuerdo político, no técnico. Más allá de lo indicado por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra -que dio toda una demostración técnica de lo que debieran ser las soluciones-, lo que aquí hubo fue un acuerdo político que al día de hoy no ha resuelto los aspectos técnicos del peor de los desastres, del peor de los proyectos, que hemos votado una y otra vez sin encontrarle solución. En definitiva, lo que uno debiera preguntarse es cuándo vamos a poder hablar de un transporte público, o mixto, o el que fuere, pero que sea igual para todo el país. Gracias, señor Presidente. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, no iba a intervenir, pero el lunes me tocó, en mi calidad de Presidente de la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, revisar la partida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde tuve la oportunidad de expresarle al titular de dicha Cartera lo que yo pensaba sobre el sistema y lo que había escuchado esa mañana en mi oficina del Parlamento en Santiago. Llegó una persona que me señaló que de 40 personas que suben a un bus del Transantiago solo pagan 5 ó 6. El resto, no. Y que más encima se ponen a discutir en el trayecto: “¡Tú eres tonto porque pagas!”, “¡Y

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tú, sinvergüenza porque no pagas!”. Es decir, se produce una pelea entre los tontos que cumplen y los hábiles que no lo hacen. Las consecuencias son las que estamos viviendo hoy respecto de un sistema que se trata de modernizar, que a lo mejor se implementó mal, pero en el que, de una manera u otra, todos tenemos responsabilidades. Las micros, amarillas andaban por montones, una detrás de otra, dejando humaredas por Santiago. Era un mal sistema de transporte de pasajeros, pero al Estado no le costaba un solo peso y la gente llegaba a todas partes. El señor BIANCHI.- ¡Así es! El señor SABAG.- Entonces, tratamos de modernizarnos. Yo lo dije aquí. Frente a La Moneda, por calle Teatinos, había una corrida interminable y permanente de buses amarillos. “¡Oiga, pero en qué país estamos! ¡El progreso que estamos teniendo...!”. Y, bueno, se llegó al Transantiago. A lo mejor se implementó mal, a lo mejor todos estos acuerdos han significado que el chofer ahora no cobre la tarifa. Pero se olvidan que hace mucho tiempo que no matan a un conductor. Antes, ¿cuántos eran asesinados justamente para quitarles la recaudación de la caja? En fin. Se ha ido buscando la manera de mejorar el servicio para ponerlo a tono con el grandioso avance que hemos tenido en todos los niveles en nuestro país. Y llegamos a este sistema. Hubo colegas que fueron expulsados del partido sencillamente porque no dieron su asentimiento a la destinación de fondos para tal efecto en su oportunidad, la cual fue aprobada con nuestros votos. En fin, en esta materia ha habido muchos dramas, y seguimos con esta situación. Cuando ya pensábamos que se habían asignado recursos hasta el año 2014, resulta que ahora nuevamente se habla de destinar una cantidad de dinero similar, lo cual seguramente veremos en algunos días más. Ahora bien, el Gobierno trata de ponerle coto a la evasión en el pago de tarifas. Esta puede ser una de las causas claras del déficit en el sistema de transporte. Pero a lo mejor hay otras. Por ejemplo, antes veíamos que se pagaba la prestación de servicio saliera o no saliera el bus a trabajar. Creo que eso ya se ha ido remediando.

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Y se cometieron muchos otros vicios tal vez por inexperiencia, porque se partió inmediatamente con todo el sistema cuando se pudo haber comenzado con una sola línea, y haberla ido mejorando paulatinamente. Pero esas cosas ya pertenecen al pasado. Ahora debemos hacernos cargo de la “criatura” y ver cómo solucionamos este problema. Aquí el Gobierno nos presenta una alternativa: llevar un registro de las personas que no pagan. Por lo menos quedará constancia de las que son honestas, de las que responden por los servicios que presta el Estado y de aquellas que desean aprovecharse de ello. Y habrá un antecedente: se aplicará una multa, existirá un registro que servirá para determinar quiénes son ciudadanos honrados en Chile y quiénes tratan de sacar ventaja de la modernidad, cual es la circunstancia de que nadie cobra la tarifa al interior del bus. En otros países vemos que para comprar un periódico las personas sacan un ejemplar, dejan la plata ahí y retiran el vuelto.¿Qué pasaría si uno de los nuestros llegara a ese lugar? ¡Pescaría el diario y todo el dinero, pues! Entonces, en materia de responsabilidad de los ciudadanos a lo mejor todavía no alcanzamos un nivel de progreso similar al de otras naciones. Aquí confiamos en que las personas honrarían el servicio que se les prestaba, el cual ha ido mejorando ostensiblemente gracias a los esfuerzos de la Administración. Por eso, voy a aprobar este proyecto, porque entiendo que responde a la preocupación del Gobierno, al igual que otras iniciativas que vendrán, por que existan mayores facultades y atribuciones a fin de que los que no cumplan como empresarios también reciban las sanciones correspondientes. ¡Hasta cuándo vamos a seguir destinando fondos a este sistema, que podrían ser muy útiles para satisfacer grandes necesidades existentes en nuestro país! El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que cuando uno revisa las informaciones sobre los niveles de evasión que se han registrado, resulta impresionante constatar la cantidad de recursos que se ven involucrados.

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Las pérdidas diarias llegan a 300 mil dólares, lo que equivale a cerca de 80 millones al año. Y al reflexionar acerca de lo que esto significa para las Regiones, cuesta oponerse a una iniciativa de esta naturaleza. Como dije en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, a pesar de mis reparos, consideraba necesario aprobar este proyecto en general a fin de poder analizarlo en particular. Porque pienso que el texto enviado por el Ejecutivo no es suficiente: no basta con la creación de un registro de pasajeros, que, además, al cabo de tres años se borra automáticamente, sin que exista en rigor ninguna sanción mayor que el figurar en el llamado “DICOM”, como se ha dicho en esta Sala. Es importante destacar ese punto cuando se observa la realidad de las Regiones. Como decíamos, a raíz de la discusión de la iniciativa que modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado y de la relativa a la subvención en materia del Transantiago (que se discute en la Cámara de Diputados), es injusto, desde el punto de vista de la equidad territorial, inyectar recursos al transporte público de Santiago cuando en el de comunas rurales o urbanas de nuestro territorio nacional que no pertenecen a la Región Metropolitana no se ha efectuado una intervención de tal naturaleza. El señor PROKURICA.- ¡Gracias a Dios! La señora RINCÓN.- En ellas, Su Señoría, las tarifas son tremendamente caras, no hay paraderos, no existe transporte de calidad, no se ha modernizado la maquinaria, aunque, obviamente, reconozco la mala implementación del Transantiago. Creo que las Regiones se merecen también una discusión al respecto. Y coincido con lo señalado por el Honorable señor Letelier: nos gustaría que todas estas materias se abordaran en una normativa sobre el transporte público en general, no solo el de la Capital, que afecta a 40 por ciento de los habitantes del país, sino el de todos los chilenos y chilenas. Por eso -insisto-, en la Comisión di mi aprobación a la idea de legislar del proyecto, y también lo haré ahora, haciendo el reparo de que su texto quedará solo en el papel, sin provocar ninguna consecuencia práctica, y entendiendo que detrás de este debate se encuentra la necesidad de regularizar el pago en el pasaje del transporte público. Debemos llevar esta discusión al país en general. Tenemos que pensar que cada peso que no se paga en el transporte público de

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Santiago es uno que se les quita a las Regiones, y que cada vez que subvencionamos la evasión les negamos recursos a los habitantes del resto del país. Eso no puede mantenerse. Además, cuando dimos el respaldo en general a esta iniciativa lo hicimos para demostrar una vez más nuestra disposición a legislar y a no obstruir los proyectos que le interesan al Gobierno, pero nos gustaría ver esa misma disposición en el Ejecutivo para discutir las iniciativas que como parlamentarios de la Concertación creemos necesario impulsar. Voto a favor, señor Presidente, haciendo la salvedad de que en la discusión particular debemos perfeccionar esta normativa, y de que nos gustaría observar la misma reciprocidad en el Gobierno con los proyectos de la Concertación. El señor PIZARRO (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable señor RuizEsquide. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, a mí me enseñaron, y ojalá esto se hubiera consolidado a través de los años en la cultura chilena, que las deudas se pagan, la palabra escrita o no escrita se cumple, y que la mayor obligación de dar testimonio en esta materia recae en quienes tienen más posibilidades de acceder a la cultura, a la educación, que de alguna manera son los líderes del país. También me enseñaron que la justicia es una forma de igualar las obligaciones y las diferencias entre las personas. No se le puede pedir al más pobre, al más pequeño, al más ignorante, que cumpla lo que otros no. Y cuando ello ocurre, surge la duda acerca de cómo aplicar la justicia y la ley. Cuesta mucho decir “No voy a sancionar a una persona que deja de pagar en el Transantiago”. Nosotros, cuando éramos jóvenes, anduvimos en los buses amarillos, colorados, verdes, y siempre sufrimos por un pésimo servicio en Santiago o en Regiones. Pero eso no justificaba no pagar por él. Por lo tanto, en primer lugar hay que resolver el problema a fin de que paguen los que tienen que hacerlo. En segundo término, es preciso considerar que las condiciones de las personas para cumplir con su deber están dadas por el cuadro cultural que recibimos entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, en que al parecer los más poderosos, los que más tienen, los que más ganan son los que menos cumplen.

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Y se observa algo muy extraño: sancionamos a las personas incultas, torpes, que no quieren pagar 10 ó 500 pesos, a las que les pena que todos los días haya otras que burlan la ley, a sus empresas, a sus trabajadores y a los demás. Entonces, la pregunta es: ¿se puede dejar de sancionar a quien no paga? ¿Es posible asilarse en la expresión clásica de que la justicia tiene que ser justa ante todo? Yo no voy a votar a favor este proyecto. Se los digo sinceramente. Me parece un escarmiento innecesario. Porque también es obligación de quien da un servicio, generar condiciones para que no surja la tentación de burlar el sistema. Cuando se señala que la evasión es tan brutal, uno debe preguntarse honestamente, ¿qué está pasando en el servicio para que un porcentaje tan alto de usuarios -alrededor de 20 por ciento- sea capaz de evadir el pago? Es evidente que hay un mecanismo que ayuda a que se produzca ese fenómeno. Entonces, aquí estamos atacando solo un punto y no dando una solución general. Otro aspecto, señor Presidente, tiene que ver con que algunos -se ha sostenido con mucha fuerza- ganaron con el Transantiago. Una empresa que, según entiendo, ahora ya no está en ese rubro, ha ganado mucho dinero, y así lo dice su propio dueño. Pero, de acuerdo a lo que se comenta, también se han beneficiado los bancos. Y hoy día, con un reajuste de uno por ciento -el cual yo no voté- y una inflación de 3, 4 ó 5 por ciento, hay empresarios bancarios que ganan mucho dinero con este sistema, del orden de cuatro a cinco veces ese porcentaje. No conozco las cifras. Pero se dice que, al menos por los montos que he recogido, los bancos llegan a ganar anualmente del orden de 20 y 25 por ciento entre su capital y sus ingresos. Por lo tanto, en esas condiciones, sancionar a quien no paga 500 pesos por el pasaje, no me parece cuerdo que se recurra a una ley tan extraordinariamente mal aplicada, tan distinta e imposible de justificar ante una ética comercial mínima. Los que tratamos de aplicar nuestra visión humanista cristiana, de repente, caemos en dudas existenciales. Y yo me guío por lo que ha sido mi pensamiento clásico. Es decir, en determinado caso, cuando tengo dudas técnicas, entre un soberbio y un humilde, estoy con el humilde. Y cuando me surgen dudas entre un millonario, un rico o un hombre que lo tiene

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todo, y alguien que gana muy poco o comete un error menor, me quedo con el segundo. No es fácil, lo reconozco. Con franqueza, no voy a votar a favor de la iniciativa, porque esta doctrina es muy alta, muy antigua, con relación a cosas parecidas. Un Honorable colega, aquí a mi lado, me dice que eso lo trasmitió Lenin. Pero no fue así: lo hizo Jesús hace muchísimos años. Señor Presidente, el último argumento que tengo para no votar favorablemente se refiere a que se ha señalado que existe un acuerdo, un planteamiento que conocen los que han estado trabajando en la materia, y es que el Gobierno va a enviar un proyecto completo. Y en ese proyecto completo, amplio, genérico, veremos cómo se aplica esta norma, en términos que sean equitativos para lo que corresponde hacer con el resto de las cosas. Pero seguir sancionando a cierto sector, dejando impune al otro, a mi juicio, solo agudiza algo que es extremadamente peligroso y que se está introduciendo en nuestra cultura. Aquí la norma es no pagar. Pero es peor cuando la justicia o la ley chilena, que nosotros mismos hemos aprobado, termina ratificando que las posibilidades de ser sancionado son mayores para quien debe un peso que para el que debe mucho y no paga. Por último, al final del proyecto hay un punto que es bastante curioso, porque con el transcurso del tiempo la pena se extingue. Por lo tanto, una persona puede permanecer 2 a 3 años con el estigma de ser deudor y terminar su sanción en cero. Ello, quizás, sirve para justificar que los perdonazos a través de los años han sido tantos que, por lo menos, habría que hacerlos equivalentes en uno y en otro sistema. No me parece que este sea un buen proyecto, ni que sea la oportunidad de presentarlo. Espero que haya una suerte de visión más global, porque el tema -insisto, también lo comprendo- debemos resolverlo. Pero me he acostumbrado a ver que cuando hay grandes pérdidas, también hay grandes ganadores y gente que se aprovecha, siendo la misma ley la que les permite beneficiarse. Y no quiero cargar eso en mi visión de cómo se aplica la justicia. Voto que no. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, las intervenciones que hemos escuchado hoy día en la tarde me obligan a exponer un par de ideas.

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¿Quiénes son los verdaderos responsables del Transantiago? Aquí no se ha dicho nada de eso. De modo que la pregunta del Senador Navarro es absolutamente legítima. Muchos creen que el proyecto del Transantiago fue materia de una ley que aprobó el Parlamento. Pero eso no se le preguntó a nadie. En una oportunidad se vino solo a exponer, y recuerdo -por lo que señaló el Honorable señor Novoa- que fue en la Comisión de Transportes del Senado. Varios parlamentarios le planteamos nuestra preocupación al Ministro de la época por el destino y el resultado que tendría ese proyecto estrella de los Gobiernos de la Concertación, no solamente para la gente, sino también para los miles de pequeños y medianos empresarios de Santiago, dueños de los buses amarillos, que con su trabajo habían mantenido por años a familias completas. Yo me pregunto, ¿dónde están los genios que crearon este monstruo que se ha tragado más de 5 mil millones de dólares hasta la fecha? ¿Han tenido alguna sanción? ¡Ninguna, señor Presidente! Estoy de acuerdo con el Senador Navarro: los culpables, el ex Presidente Lagos y la ex Presidenta Bachelet, no han pagado ningún costo; no han dado la cara; no han pedido perdón al país ni a las miles de familias que han sido destruidas por andar horas arriba de las micros antes de llegar a sus casas. ¡No han pedido perdón a nadie! Tampoco he escuchado aquí que algunos de las bancas del frente les digan a sus ex Presidentes que crearon esa maravilla que se disculpen ante las miles de familias que han destruido. Como si esto fuera poco, en estos últimos días, algunos “cara de palo” le han sugerido al Presidente Piñera que dé excusas por el Transantiago. ¡Perdón! Y como si eso fuera poco, le niegan el voto para aprobar pequeños proyectos que, por supuesto, no resuelven la situación de fondo. Este parece ser, señor Presidente, un hoyo negro, un problema sin solución. Ahora, nadie piensa que la iniciativa que sanciona a quienes no pagan y eluden el costo del pasaje vaya a resolver todas las dificultades. ¡Obvio que no lo hará! Pero nosotros no podemos seguir amparando la evasión y la frescura. Tenemos que terminar con esto, porque lo que está haciendo la evasión es que paguen todos los costos las pocas familias que están dispuestas a cumplir con su responsabilidad por andar en el transporte público. No voy a describir la molestia que produce a quienes vivimos en Regiones observar que los Gobiernos están preocupados solo del transporte público de Santiago, generando y poniendo más y más recursos

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para ello, mientras el pasaje de dicho servicio en el resto del país sigue subiendo de acuerdo al precio internacional de los combustibles. Por eso, señor Presidente, le digo a mi Gobierno: voy a votar a favor del proyecto; sin embargo, espero que si se otorgan más recursos para el Transantiago, deberá haber también una compensación para las Regiones. Porque si no, mi voto no estará disponible para darle nuevos dineros a ese monstruo que creó la Concertación. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Señor Presidente, ante todo, los fundamentos que hemos escuchado coinciden en que es necesario aprobar el proyecto de ley para sancionar a los pasajeros del Transantiago que no paguen el respectivo pasaje. Pues bien, debo hacer presente que estamos modificando la Ley de Tránsito para agregar como infracción o contravención grave el no pagar la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva en todo el territorio nacional. De manera que la ley en proyecto no solo afectará a los usuarios del Transantiago en la Región Metropolitana, sino a los del transporte público en todo el país. Quiero que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, al revisar en particular el proyecto, tenga especial cuidado, porque, según entiendo, a quienes han sido objeto de determinado número de infracciones de tránsito de carácter grave les pueden quitar la licencia de conducir o negar el derecho a renovarla. ¿Estamos dispuestos a castigar de esa manera a una persona que, en cualquier lugar de Chile, no paga el pasaje de la locomoción colectiva? Si así fuera, me parecería francamente excesivo; entre otras cosas, porque por esa causal podríamos estar dejando a alguien sin posibilidades de trabajar. En segundo lugar, también pido ser extremadamente cuidadosos en la redacción del artículo 2° que se nos sugiere. Dice el artículo 22 que mediante aquel precepto se propone agregar a la ley N° 18.287: “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un ‘Sub Registro de Pasajeros Infractores’ que se creará en el ‘Registro de Multas del Tránsito no pagadas’.”. La verdad es que no queda claro si se ingresará al Registro por el solo hecho de haber infringido la norma que obliga a pagar el boleto de la locomoción colectiva o también por no cancelar la multa emanada de aquella infracción. Creo que hay que aclarar ese punto.

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Por último, debo decir que yo al menos no quisiera que el Registro en comento, si fuera necesario crearlo, luego anduviera circulando; fuera vendido, como ocurre con otra información personal de carácter sensible, y finalmente sirviera para fines por completo ajenos al de controlar la evasión en los sistemas de transporte público de todo el país. Con tales prevenciones, señor Presidente, voto a favor del proyecto, en el bien entendido de que es necesario mejorar su texto. Yo estoy de acuerdo en que multemos a quienes no pagan su pasaje en la locomoción colectiva y también en que se cobre la multa aplicada, pero no en que se lleve a la gente a situaciones que van a perjudicar su vida personal o comercial, su inserción en la sociedad. De lo contrario, en mi concepto, no estaríamos ante medidas disuasivas, sino frente a una penalización del todo exagerada. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, luego del exabrupto del Senador Prokurica, creo que resulta indispensable restablecer algunas normas básicas de la verdad. Tengo acá un documento, fechado el día 27 de marzo del año 2007, donde figura la intervención en que la Presidenta Bachelet pide disculpas públicas por el Transantiago. Ese es el primer establecimiento de la verdad que hay que poner de manifiesto aquí, en la Sala. A mi maestro Clodomiro Almeyda le gustaba repetir que “Las cosas, por sabidas, se callan, y por calladas, se olvidan”. En este caso, ese Honorable Senador desgraciadamente olvidó que la Presidenta de la República, en representación de su Gobierno y acompañada de los miembros de su Gabinete -entre ellos, su vocero, el actual Senador Ricardo Lagos Weber-, pidió excusas por las consecuencias que tuvieron para la ciudadanía de todo el país, pero en particular para la de la Región Metropolitana, los graves defectos y errores derivados de la implementación del llamado “Transantiago”. En segundo lugar, el Honorable señor Prokurica olvida que el Acuerdo Político del año 2009, que permitió legislar sobre esta materia, estableció en la ley respectiva la Comisión de Expertos que, entre otras cosas, se pide ahora modificar en el proyecto de ley que se halla en la

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Cámara de Diputados. Pero esa propuesta fue de la Oposición de entonces: ¡la bancada de Senadores en que participa el Senador Prokurica! Por tanto, no resulta válido el ejercicio de mirar de forma enteramente unilateral el proceso que todos hemos vivido. Yo también podría recordar -pero no tiene mucho sentido- las tensas sesiones habidas cuando fueron rechazadas las propuestas de financiamiento que formuló, al menos en dos ocasiones, el Gobierno anterior. Afortunadamente, luego ese clima fue reemplazado por el del Acuerdo Político. Por consiguiente, con relación a esta materia, creo que es incorrecto el ejercicio de mirar la verdad de una manera tan enteramente unilateral y en blanco y negro. Al menos yo, las veces en que he participado en este debate he señalado que quienes formamos parte de la Concertación tenemos en este aspecto, obviamente, una inequívoca responsabilidad. Antes de concluir mi argumentación, señor Presidente, quisiera también traer a colación la declaración pública del 19 de diciembre del año 2007, difundida por los medios de comunicación, donde el ex Presidente Ricardo Lagos, “con dolor”, pide perdón por el Transantiago. Ese es, asimismo, un hecho público y conocido. ¿Por qué digo esto? Primero, porque es conveniente tener bien clara la memoria sobre los hechos, y segundo, para poder disponer de libertad de opinión. ¿Y por qué me refiero a la libertad de opinión? Porque considero que establecer en el proyecto que nos ocupa un “Sub Registro de Deudores” puede tener insospechadas consecuencias negativas, ya que, como bien señaló el Senador García -aunque él argumentó en un sentido distinto-, la Ley de Tránsito consigna una serie de penalidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿cuántas personas evaden el pago? ¡Son decenas de miles! Entiendo que los técnicos señalaron en la Comisión que la principal causa de desfinanciamiento del sistema es precisamente la evasión. Por consiguiente, decenas de miles de personas pueden sufrir, si nosotros aprobamos de manera desaprensiva esta iniciativa de ley, consecuencias que en este momento no visualizamos con claridad -por ejemplo, sanciones civiles o penales; privación del carné de conducir, en fin-,

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lo cual puede convertirse a la postre en un lastre desde el punto de vista de lo que se quiere obtener. Yo, de verdad, creo que no es esa la intención del Gobierno. Lo siento así. Pude conversar en una ocasión con el Ministro de Transportes, don Felipe Morandé, y nunca entendí de sus palabras que quería resolver los problemas de la evasión por la vía de penalizar a decenas o centenares de miles de personas. Entonces, tal vez lo que ocurre aquí es que se está legislando sin medir lo que puede suceder con la ley en proyecto. El sistema político de nuestro país, a mi entender, no se halla en condiciones de sancionar a cientos de miles de habitantes por la evasión que se registra en el Transantiago. En las comunas populares de la Región Metropolitana, donde todos tenemos responsabilidad -porque el alcalde y los concejales pueden ser de Gobierno o de Oposición- y en que la evasión es masiva, las consecuencias de medidas como las propuestas pueden ser incalculables. Este proyecto, señor Presidente, no va al corazón de las propuestas formuladas por el Gobierno. Hemos señalado que, frente a las radicadas aquí, en el Senado, tenemos la mejor disposición, naturalmente sobre la base de corregir lo que -entiendo yo- cuenta con acuerdo: que en lo referente al financiamiento haya el mismo criterio que se aplicó en las leyes anteriores; es decir, un peso en la Región Metropolitana, un peso en las demás Regiones. Mecanismos como el que sugirió el Senador Letelier generar un dispositivo de control que obligue a las personas que utilizan el sistema de transporte público a pagar- pueden ir al corazón del problema y a la superación de la evasión. Pero tenemos la sensación de que, en este caso, el “Sub Registro” que se plantea puede significar una penalización francamente inconveniente para centenares de miles de personas de la Región Metropolitana y, al final, ser una dificultad insoluble para el sistema político del país. No desearía yo que de aquí a dos o tres años hubiera una iniciativa con “discusión inmediata” al objeto de eliminar las consecuencias derivadas de la ley en proyecto.

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En virtud de lo expuesto, no con el ánimo de entorpecer el mejoramiento del Transantiago, sino porque estoy convencido de que la ley en proyecto puede transformarse en un gran problema para el sistema político, voto en contra. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis para fundar su voto. El señor ORPIS.- Señor Presidente, al leer el informe emitido por la Comisión (página 7), desprendo que la evasión de que se trata está castigada hoy como falta leve. Dice textualmente ese documento: “El proyecto de ley, en estudio, propone elevar las multas que están establecidas en la Ley de Tránsito para estas faltas, pasando la falta de leve a la categoría de falta grave. En la actualidad, una falta leve se sanciona con una multa cercana a $18.000, en cambio, una falta grave paga como máximo $56.000,...”. Por lo tanto, se me suscita una cuestión previa: si se han aplicado o no las multas consignadas en la legislación vigente. Para mí, ese es un elemento fundamental a los efectos de determinar la evasión. No tengo la menor duda de que, si se hubiera sancionado la referida falta en los términos que señala el informe, la evasión habría sido bastante menor. En segundo lugar, desde un punto de vista más bien formal, tengo testimonios respecto a las multas que se cursan en el ámbito de las concesiones viales en cuanto a que los juzgados de policía local se hallan completamente colapsados. Ahora, aquí no se ha citado a esos tribunales ni a las municipalidades para escuchar su parecer acerca del impacto financiero que podría tener el llevar procedimientos en el área que nos ocupa. Desde esa perspectiva, podemos encontrarnos con que se dicte una legislación y, como ha ocurrido muchas veces en el Parlamento, ella esté completamente desfinanciada y, por ende, no pueda aplicarse. Yo tengo la impresión, por citaciones anteriores cursadas a la Asociación de Jueces de Policía Local, de que el gran cúmulo de trabajo ha colapsado a los tribunales de este sector, particularmente por el

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impacto que ha provocado lo de las concesiones viales, al punto de que los partes de este ámbito están llegando con retraso de dos a tres años. La proposición de ley que se nos ha traído esta tarde va a significar una cantidad inmensa de multas, para las que, en mi concepto, los juzgados de policía local no están preparados. Entonces, señor Presidente -retomo mi argumentación-, creo que primero hay que preguntar si se ha aplicado o no la multa correspondiente a la falta leve que prevé la actual Ley de Tránsito, y segundo, en caso afirmativo, ver los efectos que ello ha tenido. Considero esencial determinar aquello antes de elevar el monto de las multas. Porque, a mi entender, nada sacaremos incrementándolo si al final no se va a materializar la sanción. Existen muchas interrogantes que habría sido bueno tener presentes antes de votar la idea de legislar. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Pérez para fundar su voto. La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en la misma línea, estimo que los Honorables señores García y Orpis colocaron énfasis que deseo tomar: uno, en la legislación vigente, y otro, en la evasión de que es objeto el sistema de transporte público. Si hoy día no existe un diagnóstico claro con respecto a cómo ha andado la fiscalización, es muy difícil que tengamos una visión certera sobre el problema que nos inquieta. El colega García, además, puso énfasis en algo que me parece relevante mencionar esta tarde. Al legislar en el sentido de que el no pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva será considerado infracción o contravención grave, debemos tener en cuenta que una falta de tal naturaleza, por ejemplo, incide en el cumplimiento de uno de los requisitos que se exigen para postular a la licencia de conducir: el de no tener en los cinco años previos registro de una transgresión de aquella naturaleza. De lo contrario, les causaremos un problema enorme a quizá cientos de miles de personas que necesiten conseguir carné de chofer. Señor Presidente, comprendo y comparto absolutamente -tal como lo dijo, por ejemplo, el Senador señor Prokurica- el espíritu de la ley en proyecto, en términos de que el Ejecutivo busca, como

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forma de evitar la evasión, sancionar a quienes no pagan la tarifa en el transporte colectivo. En eso estamos todos de acuerdo, pues con aquel tipo de conducta se perjudica a aquellos que hacen el esfuerzo y pagan como corresponde. Pero el punto estriba en que, respetando el espíritu de lo que nos pide el Gobierno, al que por cierto vamos a apoyar, hay que mirar bien en detalle y analizar muy profundamente el articulado durante la discusión particular. Porque, señor Presidente, podemos cometer un error enorme si a la ley en proyecto no se le introducen por la vía de las indicaciones las enmiendas que requieren muchas de sus normas. Por otra parte, a las Senadoras y a los Senadores de Regiones, que somos una gran mayoría, nos da una rabia y una impotencia enormes ver cómo siempre hay que estar resolviendo el problema del Transantiago, que les trastornó la vida a los capitalinos, mientras nuestra gente, aquella a la que representamos, no recibe ninguna compensación en materia de transporte público. Si aquí mismo, donde está el Senado de la República, en la Región de Valparaíso, queremos reabrir la estación Merval para la nueva provincia de Marga Marga, pero no hay recursos; deseamos tener la estación Rumié, y tampoco existen fondos. ¡Un kilómetro entre Quilpué y Villa Alemana sale más caro que un kilómetro en la Capital! Eso es lo que nos pasa a las Senadoras y a los Senadores de Regiones, quienes vemos con impotencia cómo cada peso se va finalmente a paliar “el desastre del Transantiago”. Por lo mismo, creemos que nos hallamos ante una buena oportunidad, a partir de este proyecto de ley, que busca sancionar a quienes evaden el pago de la tarifa en la locomoción colectiva y no ayudan a resolver el problema existente hoy día, para despachar una legislación adecuada. Debemos, pues, mirar bien, con atención, para no tener que hacer enmiendas de última hora o, como un Senador dijo esta tarde en la Sala, no vernos abocados a la “discusión inmediata” de una iniciativa destinada a solucionar errores que se puedan cometer. El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

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El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto por 18 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones, fijándose como plazo para presentar indicaciones el lunes 13 de septiembre, a las 12. Votaron por la afirmativa las señoras Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Prokurica, Quintana, Sabag y Zaldívar (don Andrés). Votaron por la negativa los señores Chadwick, Escalona, Frei (don Eduardo), Letelier, Longueira, Navarro, Pérez Varela, RuizEsquide y Walker (don Patricio). Se abstuvieron los señores Orpis y Pizarro.

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2.3. Boletín de Indicaciones Senado. Fecha 13 de septiembre, 2010. Indicaciones de Parlamentaria

BOLETÍN N° 6.948-15 INDICACIONES 13.09.10 INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE EVITA EL NO PAGO DE LA TARIFA EN VEHÍCULOS DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA.

ARTÍCULO 2°.1.De la Honorable Senadora señora Matthei, para agregar, a continuación del inciso noveno que se propone para el artículo 22, el siguiente: “La anotación en el “Sub Registro de Pasajeros Infractores”, será considerada, de acuerdo a la normativa vigente, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, no pudiendo denegarse el respectivo beneficio por la sola concurrencia de esta causal. Los organismos otorgantes de los beneficios deberán adoptar todas las medidas pertinentes a objeto de dar cumplimiento a dicha exigencia, y deberán indicar el factor de ponderación de dicho antecedente en la evaluación del postulante. En el factor de ponderación deberá tomarse en cuenta, entre otros, la cantidad de anotaciones que presente una misma persona en el registro. En el caso que presente más de quince anotaciones en un mismo año consecutivo, no tendrá acceso a los beneficios antes señalados.”.

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN TRANSPORTES

2.4. Segundo Informe de Comisión de Transportes Senado. Fecha 17 de noviembre, 2010. Cuenta en Sesión 70. Legislatura 358.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. BOLETÍN Nº 6.948-15. ________________________________________ HONORABLE SENADO: Vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de informaros, en trámite de segundo informe, el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, enunciado en el rubro, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República. -------Durante la discusión de este proyecto de ley vuestra Comisión contó con la colaboración y participación de la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt; del Jefe de la División Legal de la Subsecretaría de Transportes, señor Ricardo Oporto; del Jefe de Gabinete del Ministro, señor Patricio Pérez y del Asesor de la División Jurídica de la Subsecretaría de Transportes, señor Nicolás Muñoz. -----Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente: I.- Artículos que modificaciones: 1º.

no

fueron

objeto

de

indicaciones ni de

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: Ninguna. III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: Ninguna. IV.- Indicaciones rechazadas: La signada con el número 1. V.- Indicación retirada: Ninguna.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Ninguna.

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----DISCUSIÓN EN PARTICULAR La Comisión se abocó al estudio de una indicación presentada al texto del proyecto de ley, aprobado en general por el Honorable Senado, dejando constancia del debate de que fue objeto, como asimismo de las disposiciones en que ella incide y de los acuerdos adoptados sobre la misma. El proyecto aprobado en general por el Honorable Senado consta de dos artículos permanentes. ARTÍCULO 2º El artículo 2º del proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, propone incorporar el siguiente inciso noveno, al artículo 22 de la ley Nº 18.287. “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” que se creará en el “Registro de Multas del Tránsito no pagadas” contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.”.”. A este artículo se presentó una indicación signada con el Nº 1.

Indicación Nº 1 1.- De la Honorable Senadora señora Matthei, para agregar, a continuación del inciso noveno que se propone para el artículo 22, el siguiente: “La anotación en el “Sub Registro de Pasajeros Infractores”, será considerada, de acuerdo a la normativa vigente, entre los antecedentes a evaluar del postulante para acceder a beneficios u otros que se establezcan en la normativa aplicable, no pudiendo denegarse el respectivo beneficio por la sola concurrencia de esta causal. Los organismos otorgantes de los beneficios

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN TRANSPORTES deberán adoptar todas las medidas pertinentes a objeto de dar cumplimiento a dicha exigencia, y deberán indicar el factor de ponderación de dicho antecedente en la evaluación del postulante. En el factor de ponderación deberá tomarse en cuenta, entre otros, la cantidad de anotaciones que presente una misma persona en el registro. En el caso que presente más de quince anotaciones en un mismo año consecutivo, no tendrá acceso a los beneficios antes señalados.”. Durante la discusión de esta indicación, la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt, expresó que el Ejecutivo considera que el texto aprobado en general por el Honorable Senado es suficiente, en el sentido de permitir a la autoridad contar con un instrumento destinado a evitar la evasión del pago de la tarifa en el transporte público. Mediante esta normativa se pretende desincentivar la conducta de no pago por parte de los usuarios del transporte público. La iniciativa legal en debate contiene elementos suficientes para lograr el objetivo que se pretende, se establecen sanciones que se consideran adecuadas y se eleva el monto de las multas para esos infractores. El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Girardi, señaló que no es partidario de establecer sanciones que signifiquen restringir beneficios sociales a las familias más pobres, que son precisamente las que más usan el transporte público. El hecho de restringir beneficios sociales puede significar aplicar sanciones a personas inocentes y afectar al núcleo familiar del infractor. Como consecuencia de lo anterior, propuso establecer para estos infractores la realización de trabajos comunitarios, pudiendo ser en beneficio del transporte público. El Honorable Senador señor Cantero expresó que no tiene sentido la creación de un Sub Registro de Pasajeros Infractores si no se aplicarán sanciones para el caso de infracción. El Estado tiene la obligación de establecer parámetros éticos en la conducta de los ciudadanos. La Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt, explicó que la creación del Sub Registro de Pasajeros Infractores tiene importancia desde el punto de vista de la aplicación de la multa por el juez de policía local, puesto que contará con información relativa a la calidad del infractor, lo que servirá como antecedente pudiendo aplicar una multa más alta o eximirlo de la aplicación de la misma, en base a los antecedentes que le aportará este Sub Registro que contendrá un historial de los infractores. En consideración al debate anterior, la Comisión acordó aprobar esta iniciativa legal con el compromiso de que los Honorables Senadores señores

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN TRANSPORTES Cantero, Chahuán y Girardi, presentarán una Moción destinada a establecer como sanción para los que evadan el pago de las tarifas del transporte público, la realización de trabajos comunitarios a favor del transporte público. Se deja constancia que el Ejecutivo se comprometió a otorgarle urgencia a la tramitación de dicha iniciativa legal. - En votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cantero, Chahuán y Girardi. -----En consecuencia, vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, tiene el honor de proponeros la aprobación en particular de este proyecto de ley, en los mismos términos en que fue despachado en general por el Honorable Senado, cuyo texto es del siguiente tenor: PROYECTO DE LEY: “Artículo 1°- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: a) En su número 39 sustitúyese la coma (,) y la conjunción copulativa “y” que le sigue, por un punto y coma (;); b) En su número 40 reemplázase el punto final (.) por una coma (,) seguida de la conjunción copulativa “y”, y c) Agrégase el siguiente número 41: “41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.”.

Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente inciso noveno, en el artículo 22 de la ley Nº 18.287: “Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” que se creará en el “Registro de Multas del Tránsito no pagadas” contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN TRANSPORTES Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.”.”. ------Acordado en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2010, con asistencia de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín (Presidente), Carlos Cantero Ojeda y Francisco Chahuán Chahuán. Sala de la Comisión, a 17 de noviembre de 2010.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA Abogado Secretario

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RESUMEN EJECUTIVO SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. BOLETÍN Nº: 6.948-15. XII. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: incentivar el pago de la tarifa en los vehículos de la locomoción colectiva, para lo cual, se elevan las multas para los evasores por cuanto las actuales son muy poco persuasivas y se establece un “Sub Registro de Pasajeros Infractores” dentro del actual “Registro de Multas del Tránsito no pagadas”. XIII. ACUERDOS: Indicación Nº 1, rechazada 3x0. XIV. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: el proyecto de ley en estudio se encuentra estructurado en dos artículos permanentes. XV. XVI.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay. URGENCIA: no tiene.

ORIGEN XVII. Presidente de la República. XVIII.

INICIATIVA:

Mensaje

de

S.E.

el

TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

XIX. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 56 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. XX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 5 de agosto de 2010, dándose Cuenta en la sesión ordinaria 41ª, de 10 de agosto de 2010, pasando a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. XXI.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

XXII. LEYES QUE RELACIONAN CON LA MATERIA:

SE

MODIFICAN

O

QUE

SE

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SEGUNDO INFORME COMISIÓN TRANSPORTES - Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 29 de octubre de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito. - Ley N° 18.297, de 7 de febrero de 1984, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local. - Ley Nº 20.378, de 5 de septiembre de 2009, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros. - Ley Nº 18.696, de 31 de marzo de 1988, que establece normas sobre transporte de pasajeros. - Resolución Nº 117, de 5 de marzo de 2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba las bases de licitación del Transantiago 2003. - Resolución 331, exenta, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 4 de febrero de 2005, que aprueba contratos de concesión que indica. Valparaíso, 17 de noviembre de 2010.

ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA Abogado Secretario

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2.5. Discusión en Sala Senado. Legislatura 358. Sesión 72. Fecha 01 de diciembre, 2010. Discusión particular. Se aprueba sin modificaciones.

SANCIÓN POR NO PAGO DE TARIFA EN VEHÍCULOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. --Los antecedentes sobre el proyecto (6948-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 41ª, en 10 de agosto de 2010. Informes de Comisión: Transportes y Telecomunicaciones, sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010. Transportes y Telecomunicaciones (segundo), sesión 70ª, en 30 de noviembre de 2010. Discusión: Sesión 44ª, en 18 de agosto de 2010 (se aprueba en general). El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general en sesión del 18 de agosto recién pasado, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la cual deja constancia de que se presentó una sola indicación al artículo 2°, que fue rechazada por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Cantero, Chahuán y Girardi. En consecuencia, la Comisión propone a la Sala la aprobación en particular de la iniciativa, en los mismos términos en que fue acordada en general, esto es, según el texto despachado en su oportunidad por la Cámara de Diputados. El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión particular el proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.

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Cerrado el debate. En votación. --(Durante la votación). El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón, para fundamentar el voto. La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nuevamente volvemos a discutir en la Sala el proyecto de ley relacionado con el Transantiago, proyecto que busca fundamentalmente evitar el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. Con esta iniciativa se busca elevar las multas, por cuanto, las actuales son muy poco persuasivas y, además, se pretende impedir un aumento del valor del pasaje para los que sí pagan la tarifa. Igualmente, se establece un Subregistro de Pasajeros Infractores, el que se incluye dentro del actual Registro de Multas de Tránsito no Pagadas que administra el Registro Civil. Constantemente, a través de los medios de prensa, nos hemos informado del grave déficit que genera el Transantiago por el no pago de la tarifa por parte de los usuarios. Debido a ello, las Regiones siguen cargando con el costo del transporte público de los santiaguinos, lo cual -lo hemos dicho con claridad los Senadores de Regiones- no nos parece justo. El Ministerio de Transportes nos informó que se ha reducido la evasión del pago por tarifas en casi 2 por ciento, gracias a la campaña de difusión realizada. En la Comisión de Transportes, dicha Secretaría de Estado ha señalado también que los costos de operadores, troncales y alimentadores del sistema han aumentado en 50 por ciento en el tiempo, y los de la Administradora Financiera del Transantiago (AFT) lo han hecho en un 100 por ciento, mientras que los ingresos se han mantenido estables. A lo anterior se debe agregar lo relativo a la evasión del pago de tarifas por parte de los usuarios, lo cual ha generado pérdidas por 300 mil dólares diarios, que equivalen a cerca de 80 millones de dólares al año por dicho concepto. La evasión no sólo produce menores ingresos al sistema, sino que, también, afecta la planificación de recorridos. Se basa en la

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validación de las tarjetas BIP, pues se hace creer que se transporta un menor número de pasajeros que los que realmente se movilizan. Por todos los problemas antes mencionados, me parece que la iniciativa va en el camino correcto, en orden a evitar que este tipo de malas prácticas afecten a los ciudadanos honestos que día a día ocupan el transporte publico y pagan su pasaje como corresponde, y también beneficia a las Regiones. El 20 de abril pasado, entró en vigencia la segunda alza en el año en el sistema de transporte de la Capital -que comprende el Metro y el Transantiago-, quedando en 410 pesos en hora baja; 430, en hora valle, y 490, en hora punta. Pero esa no es la noticia. Lo notable es que un alza del trasporte que promedia 7,1 por ciento en los tres horarios pasó sin que hasta hoy día se registre la menor voz de protesta. Ello obedece, al menos en parte, al hecho de que ese incremento tarifario fue encubierto por las técnicas de marketing político que se han hecho usuales en este modelo económico: se decretó un alza escalonada de 10 pesos en marzo, y de 20 pesos a partir del 20 de abril. El aumento principal se deslizó en medio de una masiva campaña de desinformación que puso en el centro del tapete la evasión. Así, el alza tuvo un responsable: el pillo que nunca falta, el evasor, aquel que hace pagar a justos por pecadores. De esa manera elíptica se desvió de la percepción de la gente el problema principal, a saber, un sistema que claramente no estuvo diseñado de forma adecuada ni bien implementado y cuyo desfinanciamiento crónico -que alcanza a unos 50 millones de dólares al mes- no impide que las empresas concesionarias acumulen abultadas ganancias. Ese déficit no se equilibrará mediante el control de la evasión, como se pretende hacer creer, sino con el alza de las tarifas, dejando de lado el hecho que la finalidad de cualquier sistema de transporte es la provisión del servicio y no el pretexto para la ganancia de empresas privadas, con abstracción de la calidad, que todavía no alcanza estándares aceptables. La noción de que este sistema de transportes debe al menos alcanzar el equilibrio de sus cuentas es algo que nadie podría razonablemente discutir. Además, están los trabajadores, quienes han sufrido una serie de problemas, entre ellos, la cesantía y las deudas por concepto de remuneraciones y por cotizaciones previsionales.

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El problema radica en que también, como es habitual en este sistema, el costo del déficit del Transantiago se le endosa al común de la gente, a los chilenos “de a pie”, sin la menor compensación salarial. Peor aún, una vez más, el mayor peso recayó sobre los más pobres. Aparte de que un trabajador que percibe el salario mínimo destina una proporción mayor de su ingreso al transporte, el alza pareja de 30 pesos en los tres tramos tarifarios significa un alza de 7,8 por ciento para el horario bajo, 7,5 en el valle y 6,1 en el punta. El incremento de 50 pesos por cada 60 viajes en cualquiera de los horarios significa una diferencia de 3 mil pesos al mes. Para un trabajador que gana el sueldo mínimo, esa alza representa un 1,8 por ciento de su ingreso; mientras que para otro que recibe 500 mil pesos mensuales, ese mismo aumento significa un 0,6 por ciento de su entrada. Entre los grandes mitos que permanentemente invocan los defensores del modelo económico, están: a) que el precio del trabajo lo fija el mercado y b) que el alza del mismo debe estar asociada al aumento de productividad. Ambos argumentos no son completamente ciertos en un sistema económico como el nuestro, en lo cual creo que estamos todos de acuerdo. Para finalizar, señor Presidente, deseo hacer una última reflexión. El aumento de sanciones, multas, procedimientos judiciales, castigos y demases para exigir el pago del pasaje en el transporte público, da cuenta de un problema más profundo que debemos abordar como sociedad. El ciudadano no puede actuar por temor a la coercitividad del Estado; se supone que ha de hacerlo por tener internalizado el cumplimiento de las normas mínimas de conducta de aquella. En nuestro país se habla mucho respecto al mejoramiento de los índices de desarrollo humano y económico en este último tiempo. Este tipo de situaciones nos debe llamar a reflexionar en cuanto a la sociedad que estamos desarrollando. En nuestro rol de legisladores, tenemos que recoger las inquietudes de la gente, pero también ser capaces de analizar con rigor y detalle lo que ella nos está diciendo y el país que estamos construyendo. Claramente, los indicadores muestran que debemos aprobar esta legislación, pero existe...

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El señor PIZARRO (Presidente).- Señora Senadora, tiene solo un minuto más para concluir. La señora RINCÓN.- Gracias, señor Presidente. Como decía, existe un problema de base que repercute en los presupuestos de las Regiones. Y no es justo que estas paguen por ello; debería sancionarse a los infractores. He dicho. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán, para fundamentar el voto. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, no voy a entrar al análisis de los proyectos de ley que hemos discutido en el Parlamento, y en la Comisión pertinente, sobre el mejoramiento del Transantiago, especialmente en cuanto al cambio del régimen jurídico. Este permitirá que el transporte público se transforme en un servicio público y dotará de mayores facultades al Ministerio del ramo para caducar y renegociar los contratos, a fin de establecer incentivos que vayan en una línea distinta de la que hoy impera en los contratos, que son de tipo perverso. Tampoco voy a entrar al detalle del financiamiento, respecto del cual el Congreso Nacional, y la Comisión de Transportes, aprobó una iniciativa que adiciona 3 mil millones de dólares al Transantiago, con un efecto espejo para las Regiones. Solo me explayaré sobre una materia que considero de la mayor importancia. Establecer estímulos adecuados para evitar el no pago de la tarifa en vehículos de locomoción colectiva, específicamente en Santiago, nos parece muy relevante. No vamos a lograr que la Región Metropolitana disponga de un transporte público más eficiente, si no somos capaces de controlar eficazmente la evasión. En ese contexto hemos trabajado en la Comisión de Transportes. A su vez, quiero destacar el tremendo espíritu que ha existido en ese órgano técnico para avanzar por unanimidad en estos proyectos. Allí acordamos justamente complementar la iniciativa en discusión. El texto que hoy se somete a nuestra consideración crea un subregistro de infractores que evaden el pago, pero se abstiene de fijar una sanción para ellos. En tal sentido, los miembros de la Comisión nos

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comprometimos a presentar una moción -que ingresaremos hoy y que será firmada por todos nosotros-, a fin de establecer la obligación de realizar trabajos comunitarios para quienes no paguen la tarifa en vehículos de locomoción colectiva. En definitiva, dotaremos de sustancia al subregistro. Porque una cosa es que este exista, pero otra muy distinta es que la gente que deje de pagar no reciba sanción alguna. Por eso, hemos avanzado. Los integrantes de la Comisión tenemos la voluntad de firmar la moción a la que me referí, y hay un compromiso del Ministro de Transportes para ponerle urgencia, ya que complementa el proyecto en debate. Estamos convencidos de que con esta iniciativa vamos a generar una legislación que permitirá reducir la evasión y, en definitiva, contar con un mejor transporte público en la Región Metropolitana. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier, para fundamentar el voto. El señor LETELIER.- Señor Presidente, el establecer como infracción o contravención grave el no pago de la tarifa en vehículos de locomoción colectiva es algo que, en mi opinión, nadie debería negarse a respaldar. Sin duda, esta normativa resulta correcta, en el entendido de que los estudiantes reciben un trato diferenciado, de que quienes se hallan en cursos menores no pagan. Eso sí, junto con determinar la infracción, hay que generar las condiciones para que en el Transantiago se implemente un diseño más adecuado, que evite la facilidad de la evasión. En tal sentido, señor Presidente, me habría gustado que, dentro de los plazos conversados con el Ministerio de Transportes, se avanzara respecto de cómo licitar las zonas pagas del transporte público de pasajeros mayor en la Región Metropolitana. Porque la situación actual, por el diseño y el tipo de buses existentes: de dos o tres accesos, facilita e incentiva el no pago o la evasión debido a la cultura imperante en el país, por el momento. Por cierto, apoyaré lo preceptuado en la letra c) del artículo 1º. En cuanto al subregistro de infractores, mi duda no radica en su existencia, sino en que tal vez su información puede terminar, al igual que la de DICOM, dando vueltas para otros propósitos.

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¿Cómo tener la certeza de que, si alguien es sancionado por no pagar el pasaje, el dato del subregistro no será utilizado mañana para evitar su contratación; para hacer mal uso de él? Transcurrido un período de 3 años, las anotaciones, por el solo ministerio de la ley, serán borradas. Pero, ¿está garantizado que tal información no tendrá otro uso? Lo dejo planteado, por cuanto otros registros que se han creado han sido objeto de una utilización diferente de la que pretendía la ley. Voy a aprobar en general la iniciativa. Solicitaré separar la votación cuando se efectúe la discusión particular... El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en discusión particular, Su Señoría. El señor LETELIER.- Entonces, no sé si se votarán los dos artículos. El señor PIZARRO (Presidente).- En este momento está fundamentando su voto, señor Senador. El señor LETELIER.- Señor Presidente, como en el artículo 2º del proyecto se contiene la creación del subregistro, solicito votarlo en forma separada, o que se deje constancia de mis reservas respecto de su texto. Esa es mi inquietud, pues no se trata de una iniciativa de artículo único. Me gustaría conocer el efecto de las multas, cuál es su rango y qué significan en términos prácticos. Siento que se deberían contemplar otras acciones, más allá de cursar una multa. Porque, según entiendo, no se llevará al infractor a la comisaría para tal efecto, solo se lo notificará. Creo que sería bueno buscar mecanismos, además del subregistro, porque en otros países resulta más eficaz establecer, no solo una multa, sino también otro tipo de acciones, para que alguien lo piense dos veces antes de subirse a un medio de transporte público sin pagar la tarifa. Hay que considerar que cuando existe evasión, esta la pagan el resto de los ciudadanos que cancelan el pasaje o el sistema de subsidios del transporte público de pasajeros.

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Estoy a favor del artículo 1º, pero deseo dejar consignada mi abstención respecto del artículo 2º. El señor PIZARRO (Presidente).- Quedará constancia en la Versión Oficial de su intención de abstenerse sobre el artículo 2º. La verdad es que estamos realizando una sola votación, ya que en la Comisión se presentó solamente una indicación, que fue rechazada por unanimidad. Tiene la palabra el Senador señor Escalona, para fundamentar el voto. El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lamento que no se encuentre en la Sala el señor Ministro de Transportes, dado que los proyectos relativos al Transantiago han sido tratados en estrecha vinculación con la aplicación del mecanismo llamado “espejo”. Es decir, con la idea de que la inversión en este sector también debe efectuarse en Regiones. Con respecto a ese punto, me permito recordar que el proyecto de financiamiento complementario del Transantiago contempla una cifra de 120 mil millones de pesos para las Regiones. Y lamento que no esté presente el señor Ministro -como dije-, pues quería solicitarle información acerca de cómo se van a distribuir esos recursos, cuáles medidas se han adoptado, qué iniciativas han tomado los gobiernos regionales. Yo represento en el Senado a una Región en la que el transporte es muy caro, y la gente debe enfrentar severas dificultades económicas para financiar su traslado, lo cual se ve agravado por el desempleo. Y se da el caso, en consecuencia, de que muchas personas caen en el aislamiento; porque, como carecen de una fuente laboral y el transporte es muy caro, ni siquiera tienen la posibilidad de salir a buscarla. Esto lleva a un círculo vicioso, respecto al cual las estadísticas están completamente distorsionadas. Es decir, como no se puede salir a buscar trabajo, el desempleo aparece más bajo de lo que es efectivamente. Entonces, desde mi punto de vista, es esencial aplicar el subsidio en la Región de Los Lagos, para que la gente del Archipiélago de Chiloé pueda trasladarse desde las islas a la Isla Grande; ir a las principales ciudades, como Quellón, Castro, Ancud; viajar desde las islas de Calbuco al continente; acudir desde los alrededores de la Carretera Austral a Puerto Montt; trasladarse dentro de la Región. Porque, de lo contrario, sus habitantes no tendrán las condiciones económicas para hacerlo.

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Repito que lamento que no se encuentre presente el Ministro de Transportes, pues era la persona indicada para absolver este tipo de consultas. Por cierto, votaré a favor del buen propósito de disminuir la evasión y, con ello, ayudar al financiamiento de este sistema de locomoción. Pero entiendo que no solo hay una obligación con el sistema de transporte público de la Región Metropolitana, sino también con el de todo el país. He dicho. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García, para fundamentar el voto. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, no he tenido la oportunidad de seguir en detalle el estudio del proyecto, pero recuerdo que cuando se discutió la idea de legislar intervine para señalar que, en mi opinión, había que analizar más detenidamente el incorporar como contravención grave en la Ley de Tránsito el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva. Digo esto porque tengo entendido que cuando los conductores reunimos determinada cantidad de infracciones consideradas graves conforme a la ley se nos retira nuestra licencia de conducir. Entonces, si una persona es infraccionada dos o tres veces en un año por no pagar la tarifa de la locomoción colectiva, ¿se le va a quitar la licencia de conducir? A mí, francamente, esto me preocupa. La licencia de conductor, para la gran mayoría de los chilenos, constituye una herramienta de trabajo, en especial para los taxistas y quienes conducen un colectivo, una camioneta o un vehículo de carga pequeño. Por lo tanto, me cuesta entender -de hecho, me voy a abstener en la votación- que a una persona, que por A, B o C razones no pagó la tarifa de la locomoción colectiva, se le quite la licencia de conductor. Estoy de acuerdo en que cometió una infracción. Pero ¡por favor! Considerar que esta se encuentra entre las graves y que su acumulación en cierto período lleve incluso el retiro definitivo de la licencia, francamente, me parece un despropósito. En realidad, no tengo claro lo que estamos votando. No sé si alguien de la Comisión de Transportes podrá aclararnos el punto. Si nadie lo hace, simplemente me abstendré, porque no estoy dispuesto a que, por el no pago de la multa -concuerdo en que se trata de un hecho grave y se

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debe infraccionar a quien no paga la tarifa de la locomoción colectiva, pero no en que la sanción sea absolutamente desproporcionada-, se termine privando a una persona de la licencia de conductor, ya sea por un par de meses o de manera definitiva. Me abstengo. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro, para fundamentar su voto. El señor NAVARRO.- Señor Presidente, desde que comenzó a funcionar el Transantiago, las anomalías han sido brutales y nefastas, en particular para el servicio de los pasajeros. En definitiva, el sistema partió sin dar cumplimiento a un elevado porcentaje -70 a 80 por ciento- de la buscada modernización. Por lo tanto, se instaló, de manera perversa para los usuarios, una crisis nunca vista en el transporte público chileno, que, en mi opinión, terminó costándole el gobierno a la Concertación. Los gobiernos caen cuando hay problemas de transporte público. Ello ocurre porque se ve afectada la vivencia íntima de las personas, especialmente de quienes lo utilizan, los cuales, por cierto, no corresponden a ninguno de los que nos encontramos hoy en la Sala. Setenta por ciento de los chilenos no posee automóvil y emplea el transporte público, en particular en Santiago. Ellos usan hasta 17 por ciento de sus ingresos mensuales para trasladarse. Se nos propone un proyecto que busca sancionar a las personas que no pagan su tarifa. Pero, en el fondo, se pretende parar el desangramiento que sufre el Transantiago respecto a la forma de financiarse. En primer lugar, señor Presidente, deseo preguntar: ¿va a existir un sistema de registro de infractores en caso de incumplimiento laboral? Como dijimos con ocasión del último debate sobre el Transantiago, las empresas administradoras, tanto de los troncales como del resto del sistema, acumulan 2 mil 300 infracciones por el no pago de sueldos o incumplimiento grave respecto de los conductores. En segundo lugar, ¿qué infracciones han cometido SONDA y las empresas que quedaron en deuda con el Ministerio de Transportes debido a graves incumplimientos en sus contratos?

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El proyecto en análisis pretende establecer que los infractores sean condenados por no pagar la multa y anotados en un subregistro de pasajeros infractores. Señor Presidente, esta iniciativa fue votada, pero no se invitó a ninguna asociación de consumidores ni de usuarios del transporte. Es decir, de acuerdo con el informe, fue tramitada exclusivamente con la opinión de la Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt, quien señaló claramente el sentido del proyecto: “contar con un instrumento destinado a evitar la evasión del pago de la tarifa de transporte público”. Yo le digo al Gobierno: ¡Mejoren el Transantiago! ¡Mejoren el servicio del Metro! ¡Remuneren adecuadamente a los conductores que hoy se encuentran en huelga! ¡Generen un servicio de calidad! Porque la moral para exigir el pago pasa por brindar un buen servicio. Y eso no existe hoy día. Por tanto, yo siento que la iniciativa es atemporal y que debiera venir, como consecuencia del mejoramiento global del Transantiago, con un servicio de calidad y con un sistema de educación al usuario que redundara en que, cuando efectivamente se cumpla un buen servicio y se den todas las facilidades para pagar, se multe a quienes no quieran hacerlo, porque se agotaron todas las alternativas. Creo que estamos en un momento inadecuado para instalar un instrumento de este tipo, que no solo va a causar mucho resentimiento a los usuarios, sino que también nos hará perder el sentido de lo que debemos hacer hoy. Este proyecto no significa en caso alguno una solución para el problema de financiamiento del Transantiago. Todavía no sabemos cuál es la pérdida por la evasión. Porque desconocemos cuántos pasajeros viajan en los buses del Transantiago y ni siquiera sabemos el número de estos vehículos que circulan por las calles de la Capital. Estas estadísticas no se conocen. Además, el sistema satelital no se encuentra activado, las cámaras no funcionan, el cierre de puertas automático no opera, las condiciones de trabajo de los conductores no son respetadas. En definitiva, todos los elementos esenciales para dar mayor seguridad a los pasajeros y mejorar la situación laboral de los choferes no se han cumplido. En mi opinión, esta iniciativa requiere mucho mayor debate.

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Si se insiste en votarla en esta oportunidad, me pronunciaré en contra. Porque no comparto sus criterios de fondo y creo que lo que propone resulta abusivo con los usuarios en estas circunstancias, en particular por los severos déficits que enfrenta hoy el sistema de transporte público de la Región Metropolitana. Además, está subsidiado. Aquí no se trata de que las empresas dejen de perder plata: siguen ganando igual, en especial porque tienen garantizada su renta, sin importar el número de pasajeros. Voto en contra. ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! --(Aplausos en tribunas). El señor PIZARRO (Presidente).- A quienes se hallan en tribunas, les pido por favor que no emitan ningún tipo de manifestación, ni a favor ni en contra, pues está prohibido reglamentariamente. Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, entiendo que estamos en la votación en particular. El señor PIZARRO (Presidente).- Exactamente. Y es una votación única. El señor LONGUEIRA.- Pero se propone el mismo texto aprobado en general. El señor PIZARRO (Presidente).- Se presentó una sola indicación, que fue rechazada por unanimidad en la Comisión. En consecuencia, la iniciativa quedó en los mismos términos. En estricto rigor, deberíamos votarla sin mayor debate. Esa es la situación en la que estamos, señor Senador. El señor LONGUEIRA.- O sea, deberíamos pronunciarnos igual como lo hicimos en la votación en general. El señor PIZARRO (Presidente).- Estamos en la votación en particular.

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El señor LONGUEIRA.- Lo sé, señor Presidente. Por eso he pedido el resultado de la aprobación en general, pues ahora estamos reproduciendo la misma discusión, toda vez que el texto es exactamente igual y no hubo ninguna capacidad de perfeccionarlo y de recoger las críticas que se hicieron en forma oportuna. Este es el DICOM del transporte público. Eso es lo que estamos haciendo, pese a que hemos criticado de modo sistemático el mal uso que se efectúa de dicho registro y los efectos que ello trae aparejados para la vida diaria de las personas. No me caracterizo por estar premiando -nunca lo he hecho- a quienes no cumplen. Muy por el contrario. Pero me sumo a las palabras del Senador Navarro. Sería distinto si el sistema estuviera en régimen, si tuviésemos un buen servicio público de transportes, si la morosidad fuera razonable, del orden del 3, 4 ó 5 por ciento, como ocurre en otros lugares y como se estimó en su diseño original. Sin embargo, la iniciativa se ha presentado porque el no pago alcanza, según se dice, al 30 ó 35 por ciento. Y tal situación ocurre por la reacción de la ciudadanía frente a un monopolio que presta un muy mal servicio. Entonces, una vez más recurrimos a la opción de sancionar, con el riesgo de que el día de mañana la información del subregistro que se crea pueda estar reproducida en el sistema bancario, en el DICOM, en perjuicio de quien vaya a buscar un empleo o a solicitar un crédito. No sé qué suerte irán a correr los inspectores que se encarguen de multar al 30 por ciento de los pasajeros arriba de una micro del transporte público de Santiago. Ya lo advertí en la discusión en general, donde se plantearon muchos reparos a la creación de este subregistro, que contendrá información pública que puede afectar en forma considerable la vida de las personas al momento de pedir un préstamo o postular a un trabajo. En verdad, señor Presidente, me resulta muy difícil respaldar un proyecto de ley que ya rechacé en general. Pedí el resultado de la aprobación de la idea de legislar y, en realidad, hubo varias abstenciones y votos en contra. Al final, la iniciativa fue acogida por una diferencia bastante marginal. Y es impresionante que se nos proponga exactamente el mismo texto y no se haya recogido parte de los argumentos que se dieron por quienes deseábamos perfeccionarlo. Voy a ser muy claro. No quiero que alguien sienta que con mi voto estoy premiando a la gente que no cumple, porque, lamentablemente, el sistema termina sancionando a los que sí pagan; pero

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tampoco deseo respaldar la creación de un DICOM del transporte público de Santiago. Por desgracia, una política estatal muy mal implementada, que nos ha costado años corregir para tratar de entregar un buen servicio, finalmente ha llevado a que cerca del 30 por ciento de los usuarios no pague su pasaje. En mi opinión, hay otras formas para subsanar rápidamente esa situación, a fin de propiciar un mejor cumplimiento. Cuando el sistema esté en régimen y se produzca la evasión por parte de personas “frescas” cuya conducta es abusar, ahí idearemos los mecanismos para multarlas y corregir su comportamiento. Pero no me parece que la planteada por el proyecto sea la mejor solución, y por eso voy a votar igual como lo hice en la discusión general, rechazándolo. El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor PIZARRO (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba en particular el proyecto (20 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones y 2 pareos) y queda despachado en este trámite. Votaron por la afirmativa las señoras Matthei y Rincón y los señores Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). Votaron por la negativa los señores Navarro y Longueira. Se abstuvieron la señora Alvear y los señores García y Horvath. No votaron, por estar pareados, los señores Bianchi y Tuma. La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Puede sumar mi abstención, señor Presidente? El señor PIZARRO (Presidente).- Se dejará constancia de su intención de voto en la Versión Oficial, señora Senadora.

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OFICIO APROBACIÓN SIN MODIFICACIONES

2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen Oficio aprobación de Proyecto sin modificaciones. Fecha 01 de diciembre, 2010. Cuenta en Sesión 107. Legislatura 358. Cámara de Diputados.

Nº 1.069/SEC/10

A S.E. la Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados

Valparaíso, 1° de diciembre de 2010.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que evita el no pago de la tarifa en vehículos de la locomoción colectiva, correspondiente al Boletín N° 6.948-15. Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 8.919, de 5 de agosto de 2010. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a Vuestra Excelencia.

JORGE PIZARRO SOTO Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Secretario General del Senado

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3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. Oficio de S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado por el Congreso Nacional. Fecha 02 de diciembre, 2010.

Oficio Nº 9137 A S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

VALPARAÍSO, 2 de diciembre de 2010

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1°- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: a)En su número 39 sustitúyese la coma (,) y la conjunción copulativa “y” que le sigue, por un punto y coma (;); b)En su número 40 reemplázase el punto final (.) por una coma (,) seguida de la conjunción copulativa “y”, y c)Agrégase el siguiente número 41: "41. No pagar la tarifa en vehículos de locomoción colectiva.". Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente inciso noveno, en el artículo 22 de la ley Nº 18.287: "Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un "Sub Registro de Pasajeros Infractores" que se creará en el "Registro de Multas del Tránsito no pagadas" contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que

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no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.".".

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRA SEPÚLVEDA ORBENES Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ Secretario General Accidental de la Cámara de Diputados

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4. Publicación de ley en Diario Oficial 4.1. Ley N° 20.484 Tipo Norma Fecha Publicación Fecha Promulgación Organismo

Título

: : : :

Ley 20484 08-01-2011 28-12-2010 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES : SANCIONA EL NO PAGO DE LA TARIFA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS : Única De: 08-01-2011

Tipo Versión URL : http://www.leychile.cl/N?i=1021880&f=2011-01-08&p=

LEY NÚM. 20.484 SANCIONA EL NO PAGO DE LA TARIFA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente; Proyecto de ley:

"Artículo 1°- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 200 de la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: a) En su número 39 sustitúyese la coma (,) y la conjunción copulativa "y" que le sigue, por un punto y coma (;); b) En su número 40 reemplázase el punto final (.) por una coma (,) seguida de la conjunción copulativa "y", y

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c) Agrégase el siguiente número 41: "41. No colectiva.".

pagar

la

tarifa

en

vehículos

de

locomoción

Artículo 2°.- Incorpórase el siguiente inciso noveno, en el artículo 22 de la ley Nº 18.287: "Los infractores que fueren condenados por no pagar la tarifa en el transporte público de pasajeros serán anotados en un "Sub Registro de Pasajeros Infractores" que se creará en el "Registro de Multas del Tránsito no pagadas" contemplado en el artículo 24 de esta ley. El Secretario del Tribunal, cada dos meses, individualizará a los infractores sancionados que no hayan pagado las multas aplicadas y lo comunicará, para su anotación, al Servicio de Registro Civil e Identificación. El procedimiento de anotación y eliminación de los infractores sancionados se reglamentará por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones conjuntamente con el Ministro de Justicia. La anotación se eliminará, por el solo ministerio de la ley, transcurridos tres años contados desde su efectiva anotación en el Sub Registro o con anterioridad, si el sancionado paga el total de la multa infraccional aplicada y los aranceles correspondientes.".".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República. Santiago, 28 de diciembre de 2010.- SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Felipe Morandé Lavín, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Felipe Bulnes Serrano, Ministro de Justicia. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.Atentamente, Gloria de los Ángeles Hutt Hesse, Subsecretaria de Transportes.