Comportamiento de la Sociedad Civil

Latinoamericana

Robinson Salazar Pérez

INDICE PRESENTACIÓN Robinson Salazar P. EL CONCEPTO DE LA SOCIEDAD CIVIL: Una visión histórico-filosófica Ambrosio Velasco Gómez CIVILIDAD Y BARBARIE: ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICA Fernando Mires LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACION Manuel Antonio Garretón M. ¿POR QUÉ LA DESOBEDIENCIA CIVIL NO OCURRE DENTRO DE LOS PARTIDOS? APROXIMACIÓN AL CASO BRASILEÑO. Célia Soibelmann Melhem PROCESOS ELECTORALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES Marco A. Gandásegüi, (h.) LA SOCIEDAD CIVIL MOVILIZADA Y LAS REFORMAS DEMOCRATICAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA Rosario Espinal LA DEBIL REAPARICIÓN DE LOS SUJETOS BAJO SUBALTERNIDAD ELECTORAL EN PERÙ Jorge Lora Cam POPULISMO DE MERCADO E ILUSIONES CIUDADANAS. LA NUEVA MATRIZ INTERCAMBIOSINDIVIDUO-CONSUMO-EXPORTACION. LA PARTICIPACION COMO ENTRADA TARDIA A LA MODERNIDAD Jorge Rojas Hernández URUGUAY: CAMBIOS POLITICOS RECIENTES y SU CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Gerónimo de Sierra PARTIDOS POLITICOS Y SOCIEDAD CIVIL EN VENEZUELA: Una historia de amor y odio Carmen Beatriz Fernández LA SOCIEDAD CIVIL CENTROAMERICANA ANTE EL FSLN Y EL FMLN Robinson Salazar P. Carolina Recinos M.

Comportamiento de la Sociedad Civil Latinoamericana

Coordinador

Robinson Salazar Pérez

Ensayistas

Ambrosio Velasco Gómez Fernando Mires Manuel Antonio Garretón M. Rosario Espinal Marco Gandásegüi, h. Gerónimo de Sierra Carolina Recinos M. Carmen Beatriz Fernández Celia Soibelmann Melhem Jorge Lora Cam Jorge Rojas Hernández Robinson Salazar P.

Colección Insumisos latinoamericanos Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos Universidad Autónoma de Sinaloa/ CIIER/ Zona Norte

PRESENTACIÓN Los ensayos que componen la estructura teórica del texto que tiene en sus manos, fue resultado de la iniciativa que tuvo el Dr. Jorge Alonso Sánchez, de encargarme de organizar un libro sobre sociedad civil en América Latina y a la cobertura que me brindó el programa de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, CIDHEM, al otorgarme el apoyo necesario para que bajo convenio interinstitucional entre el CIDHEM y Universidad Autónoma de Sinaloa, México, abriera el abanico de la investigación científica con otros investigadores del área latinoamericana. Lo interesante de este trabajo colectivo, además de la discusión teórica, es que la mayoría de nosotros trabajamos distintos campos temáticos de la ciencia política y las ciencias sociales; desde la filosofía política hasta los linderos de la sociología; de la frontera de los movimientos sociales hasta los ocupado en la transitología de nuestras democracias, en fin, es un estudio multidiverso y por tanto con ópticas diferentes de ver lo que acontece en nuestros pueblos. La sociedad civil no la abordamos como la discusión eterna de si existe o no, que si el concepto está bien estructurado o le falta contenido. Lo que nos importó en esta tarea común fue la de destacar qué viene haciendo, cómo se comporta y que trae de nuevo en sus acciones la sociedad civil latinoamericana. Quizá las líneas de encuentro entre los autores no es la de invalidar el argumento del otro; tampoco presumir que la reflexión de uno está mejor argumentada que la de los demás. Las líneas de encuentro se dan en que cada quien, desde su espacio de creación, desde su rincón donde reflexiona y construye los argumentos preliminares para confrontarlo con su entorno inmediato; en la dinámica de su cotidianeidad, en el ejercicio docente de todos los días; desde los debates internos entre una lectura y otra, cada quien expone lo que acontece con la sociedad civil en América Latina. Sería una tarea mayúscula intentar describir, explicar y argumentar cómo se comporta la sociedad civil en América Latina y conceptual izarla como si fuese una sola, dado que cada país vive su historia, que si bien se encuentran bajo la influencia de grandes tendencia dominantes, no significa que todas las sociedades se encuentren unidas y adscritas a un modelo único cargado de puro mercado, democracia liberal y secularización. Hay focos y espacios de resistencia; también otros segmentos sociales confrontan de manera contestataria la linealidad del mercado; no dejan de existir aquellos grupos humanos que a través de su memoria histórica reactivan identidades de género, de minorías sociales, étnicas y sexuales, que si bien es cierto no remplazan a los movimientos políticos e ideológicos que predominaban en la matriz societal del estado céntrica, si muestran hoy la capacidad suficiente para poner las piedras en el camino para que el barrido y eliminación que trata de instrumentalizar la economía de mercado a todos los controles políticos y sociales que existen en el Estado y en la sociedad civil se retarden. Por esa diversidad histórica, por la multiplicidad de factores que intervienen en cada país; por el diferente horario político que cada sociedad civil vive, invitamos a un grupo de intelectuales a escribir qué piensan de su sociedad, en que ámbitos de la vida (política, cultural y social) se ven sus fortalezas; cómo se asume en los eventos electorales y postelectorales; qué iniciativas de desobediencia civil se asoman en el cuadrante latinoamericano; qué formas de organización vienen adoptando y hacia dónde se perfila la sociedad de América Latina.

Bajo esa perspectiva, Ambrosio Velasco Gómez, Fernando Mires y Manuel Antonio Garretón, abordan la discusión teórica. El primero de ellos se sitúa desde las coordenadas de las tradiciones liberales y republicana para construir el concepto de sociedad civil; mientras que Mires lo hace desde una vertiente analítica que trata de recuperar el status ciudadano que otorga una civilidad política; Garretón centra su argumento en demostrar que la vieja matriz societal de predominio de la política sobre las demás esferas de la sociedad ha dejado su lugar a otra en estado de estructuración; comparte con Touraine la tesis de que la economía de mercado no porta ni tiene un modelo de sociedad, pero sí la afecta, más en los ámbitos socioculturales y justamente ahí, hay modificaciones de la sociedad civil, tanto en sus formas de organización como en el comportamiento colectivo. La segunda parte del libro, Célia Soibelmann cuestiona el por qué la desobediencia civil no se da dentro de los partidos políticos en Brasil y Marco Gandasegüi desde Panamá observa con detenimiento una sociedad civil desarticulada, girando sobre el mismo eje, sin exigencias ante el gobierno y con formas de representación simuladas. Rosario Espinal nos cuenta que en República Dominicana hay un abigarramiento de comportamientos cruzados, nuevos movimientos sociales y otros cooptados por el gobierno, algunos de ellos se movilizan bajo la lógica instrumental de coste beneficio, producto del modelo económico imperante y otros que ponen su esfuerzo y organicidad para empujar la democratización en la isla. En esa línea de análisis, Jorge Lora aborda el estudio de la sociedad civil peruana y la califica, en el actual momento histórico, como un pueblo que sufre de desidentidad, de confusión, alineación, amargura, y dolor, lo que la sitúa como un núcleo humano susceptible de manipular en los procesos electorales. Jorge Rojas nos argumenta que en Chile se observa un profundo cambio de la política y del sistema político, como consecuencias de las transformaciones económicas, sociales y culturales. Este cambio se manifiesta en síntomas de crisis de representación, abandono de paradigmas reformistas y sometimiento a la economía. El mercado ha impuesto una nueva matriz política basada en los intercambios, el individualismo, el exitismo personal y el apoliticismo. Los partidos de izquierda se han desvinculado de sus antiguos lazos sociales y utopías, asumiendo principios liberales de baja regulación e intervención estatal y fe desmedida en la iniciativa del capital privado. En Uruguay la fina pluma de Gerónimo de Sierra nos advierte que hay un nuevo escenario político, donde viejas y nuevas elites luchan por ganarse a la opinión pública, y por definir un nuevo estilo de gobernar, así como una nueva estrategia de desarrollo económico y social que tenga en cuenta los cambios mundiales y regionales en curso. La democracia política sigue siendo valorizada por la población, pero los problemas crecientes de gobernabilidad y de pérdida del capital social históricamente acumulado, representan los nuevos desafíos para la sociedad civil uruguaya. En Venezuela Carmen Beatriz Fernández construye un argumento que explica cómo la sociedad civil venezolana tiene su fortaleza en los movimientos sociales urbanos aparecidos a inicios de la década de 1970 como contrapeso a las actividades gubernamentales. Las prácticas antipartidarias de la sociedad civil fueron capitalizadas políticamente por el hoy gobernante Hugo Chávez, quien canalizó el discurso contestatario e irreverente de los distintos segmentos de la sociedad civil para golpear y marginar del escenario público a los partidos políticos tradicionales. Por último Robinson Salazar y Carolina Recinos anotan que en Centroamérica hay dos grandes desafíos y los protagonistas de estos retos son el Frente Sandinista y el Frente Farabundo Martí, dos fuerzas ex insurgentes que hoy le apuestan a la democracia por la vía de la participación en los espacios públicos,

solamente que esta vez sin las armas de fuego, pero con la suficiente experiencia, los compromisos sociales y la fe de que en esos países existe la oportunidad de construir la circunstancia de lo posible; desde distintos y diversos nichos, los guerrilleros del ayer se asumen como responsables del nuevo proyecto de sociedad, que aun no se asoma, pero que ellos y los demás actores, como las ONG, los movimientos cívicos, los comités barriales, entre otros, tratan de tejer con sus aspiraciones, sus anhelos, su imaginario en estructuración que lleva en su seno mil colores y distintos signos de una democracia plural, multiétnica, pluricultural y articuladora de todas las esperanzas de los ciudadanos existentes y en proceso que son parte de estos dos países de la cintura de América. ¿Podrá el FMLN recuperar el terreno perdido?, ¿qué queda del Sandinismo como fuerza aglutinadora del los actores insumisos?, ¿qué tareas vienen desarrollando las ONG en los espacios locales? ¿existe articulación o tensión entre los partidos políticos y la sociedad civil? ¿se asoma la oportunidad de armar una acción de complementariedad entre los partidos políticos y algunos segmentos de la sociedad civil? ¿hay cuadros políticos que lo impiden? algunas respuestas las estructuramos, otras quedan pendientes, como están pendientes las esperanzas de los excluidos. Este es el panorama de un libro articulado en la distancia, pero cercano a los problemas que vive y confronta América Latina al inicio del siglo XXl. Robinson Salazar P. Enero 2002

EL CONCEPTO DE LA SOCIEDAD CIVIL: Una visión histórico-filosófica Ambrosio Velasco Gómez Facultad de Filosofía y Letras UNAM [email protected]

1.- Introducción El concepto de sociedad civil ha recobrado en las últimas décadas una importancia central en los debates teóricos e ideológicos. En especial el concepto ha llenado un vacío importante en el pensamiento político que reconocía las limitaciones del mercado y el estado como conceptos torales de la teoría política. Estos dos conceptos reciben una atención desbordada tanto por pensadores marxistas como por parte de pensadores liberales. En ambas tradiciones políticas se concebía al estado como el principal ámbito de lo político y de la esfera pública y al mercado como el ámbito paradigmático de la vida privada de los individuos. También ambas tradiciones coincidían en la tesis de que lo político, fundamentalmente lo estatal es meramente instrumento en relación al ámbito del mercado y la producción. Así, para la tradición liberal el poder político tiene como principal misión salvaguardar la vida privada del individuo, vida que se manifiesta fundamentalmente en el ámbito del mercado y de la familia. Por otra parte, la tradición marxista concibe el poder político del estado como un instrumento de mediación para averiguar la realización de los intereses de las clases económicamente dominantes. Aun en el caso de una revolución socialista, no hay que olvidar que según Marx, el estado socialista es también una expresión de los intereses de clase del proletariado. Para ambas tradiciones no hay instancias ni espacios mediadores entre el ámbito económico del mercado y el espacio político del estado. El resurgimiento del concepto de sociedad civil es en buena medida, una respuesta a estas concepciones mecanistas y simplificadas entre la estructura económica y la superestructura político-estatal que comparten diferentes versiones del marxismo y del liberalismo. En contra de esta concepción, pensadores críticos afines al marxismo como Gramsci y más recientemente Habermas, así como pensadores liberales críticos como Shils y Rawles, entre otros desarrollan una nueva concepción de la sociedad civil como un espacio ciudadano y una estructura institucional que media entre el mundo económico de las producciones y el mercado y el ámbito estatal. Este ámbito de mediación implica una concepción totalmente novedosa de la esfera pública, y especialmente de la ciudadanía y la democracia. Esta concepción “novedosa” de la sociedad civil en realidad no es tan nueva, pues cuenta con antecedentes muy importantes en el Renacimiento Italiano, especialmente en el pensamiento republicano de Nicolás Maquiavelo. La apariencia novedosa resulta del hecho de que a partir de Hobbes, el republicanismo se ha eclipsado en el pensamiento político de occidente. En este sentido, tanto el pensamiento liberal,

como el socialista y marxista son herederos de la concepción política hobbesiana. Como veremos en el siguiente apartado Hobbes marca un cambio radical en la concepción de la vida civil o vida política, así como en los conceptos de libertad y ciudadanía propios del republicanismo renacentista.

2.- Las concepciones maquiaveliana y hobbesiana en torno a la vida civil, la libertad y la ciudadanía. Maquiavelo, al igual que la mayoría de los humanistas republicanos de su tiempo, consideraba que una verdadera vida libre y civil (“vivere libero e civile”) requería no sólo la vigencia de leyes ante las cuales todos los ciudadanos son iguales, sino también una importante dosis de virtud cívica. La virtud cívica a su vez significaba dar prioridad a los asuntos públicos y al bien común sobre los asuntos privados y el interés particular, así como la aceptación del principio de que los puestos públicos deban ser ocupados por los ciudadanos más sabios, más prudentes y con mayor capacidad y disposición de servicio publico.1 Maquiavelo utiliza como sinónimo vida civil (“vivere civile”) el concepto de vida política (“vivere politico”). Por ello, como más tarde lo afirmaría Roussseau, la vida política es necesariamente republicana y no tiene cabida en la tiranía ni en la monarquía.2 Solamente puede haber vida civil o política ahí donde hay ciudadanos y sólo hay ciudadanos en un régimen donde exista igualdad jurídica, libertad política y virtud cívica, esto es en una auténtica república. Así pues, el concepto de vida civil es inseparable del de libertad y ciudadanía. Pero, ¿Qué entiende Maquiavelo por estos conceptos? Maquiavelo utiliza el concepto “antiguo” de libertad que denota la autodeterminación del conjunto de ciudadanos que forman parte de un estado. Esta idea de autodeterminación o autonomía la desarrolla Maquiavelo sobre todo en los Discursos sobre la Primera Década de Tito Levio, así como en la Historia de Florencia. En la primera de estas obras Maquiavelo analiza el “secreto” de la libertad política en la República Romana. La causa principal de esta libertad política estriba precisamente en la participación intensa y responsable de los diferentes grupos o clases de ciudadanos que necesariamente entran en conflicto debido a la diversidad de sus intereses y opiniones. En el capítulo IV del libro I de los Discursos, titulado “La discusión del senado y del pueblo hizo poderosa y libre la República Romana”, Maquiavelo expone esta tesis de manera elocuente: “Sostengo que quienes censuran los conflictos entre nobleza y pueblo, condenan lo que fue primera causa de la libertad de Roma, teniendo más en cuenta los tumultos y desórdenes ocurridos que los buenos ejemplos que ocurrieron, que los buenos ejemplos que produjeron y sin considerar que en toda república hay dos partidos, el de los nobles y el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos.” (p. 68) Como puede observarse, la libertad política requiere que los ciudadanos puedan expresar sus diferencias públicamente y puedan también públicamente polemizar, deliberar y llegar a acuerdos que convengan a las partes en conflicto, y, por ello, contribuyan al bienestar común y no sólo de una clase o fracción. Así pues, pluralismo, disenso y consenso son componentes fundamentales de la libertad política. Las leyes han de considerarse como expresión de los acuerdos o consensos entre las partes en conflicto. En este sentido los diferentes grupos o clases de ciudadanos se dan sus propias leyes, y gracias a ello son libres y autónomos.

La capacidad para expresar y defender en la esfera pública los propios intereses, así como escuchar, debatir y llegar a acuerdos con los diferentes grupos o clases, es la característica distintiva del ciudadano. Así pues, el ciudadano es el sujeto principal de la política republicana. Se trata ante todo de un ciudadano “activo, participativo y responsable y no sólo de un sujeto pasivo que goza de una variedad de derechos. Lo que distingue al ciudadano de una república del súbdito de un principado o monarquía no son meramente los derechos que gozan las personas, pues los súbditos también tienen derechos. Lo distintivo es que el ciudadano es políticamente libre y autónomo, mientras que el súbdito no lo es. En oposición a esta concepción activa y autónoma del ciudadano, Hobbes fue uno de los más importantes pensadores que desarrolló una visión pasiva del ciudadano, entendido como un súbdito con derechos, que puede ejercerlos según su voluntad en el ámbito privado. Estos derechos son garantías de no interferencia del poder político en los asuntos privados y por ello constituyen el fundamento de la libertad de los individuos. Desde luego, este concepto de libertad es absolutamente diferente al de Maquiavelo y al de toda tradición republicana. No se trata de la libertad política que ejercen los ciudadanos en la esfera pública para gobernarse así mismos, esto es, para ejercer su autonomía como comunidad, como pueblo; se trata más bien de la libertad individual que se ejerce en el ámbito privado, principalmente en la esfera económica y familiar, pero no en la esfera pública, esfera que pertenece exclusivamente al poder estatal, del cual están excluidos los ciudadanos: La libertad de un súbdito radica solamente en aquellos aspectos que, al regular sus acciones, el soberano ha permitido: tal como es la libertad de comprar y vender, de establecer contratos, de escoger vivienda propia y dieta propia, el propio estilo de vida de educar a los niños como crean más adecuado, y cosas por el estilo.3 Este último concepto de libertad lo asocia Hobbes con la libertad de los modernos, mientras que el concepto republicano de libertad lo asocia con la libertad de los antiguos Griegos y Romanos como Aristóteles y Cicerón4. En cuanto que la libertad del individuo se refiere a aquellas acciones en las que no hay poder coercitivo que impida o prescriba cierto comportamiento, al concepto hobbesiano de libertad se le conoce con el nombre de libertad “negativa”,5 esto es ausencia de constreñimiento político. Por eso el concepto moderno de libertad es antiético al ámbito político. Las grandes diferencias entre las concepciones republicana maquiaveliana y la concepción hobbesiana, fueron señaladas correctamente por James Harrington, contemporáneo de Hobbes. Harrington consideraba indispensable promover la teoría republicana de Maquiavelo para enfrentar las pretensiones absolutistas del pensamiento hobbesiano.6 Harrington considera urgente combatir la concepción hobbesiana de la ciudadanía y de la política, basada en una errónea idea del contrato social fundado en la fuerza y el temor, precisamente porque cierra el camino de la libertad política y del gobierno republicano que sobre tal libertad se erige. Para ello, confronta a Hobbes con Maquiavelo, quien según Harrington, es el único que ha buscado reestablecer la visión clásica de la ciudadanía y del gobierno y que por esa razón el Leviathan pretende destruir. Harrington está en lo correcto al plantear esta confrontación entre Hobbes y Maquiavelo pues efectivamente representan dos concepciones antagónicas, no sólo de la ciudadanía sino también del estado y de la racionalidad de la política. Entre los cambios más importantes que Hobbes realiza, cabe destacar una inversión radical de la relación entre vida política y vida privada, entre comunidad política e individuo: si bien, en la concepción clásica la vida privada es una condición instrumental para

que pueda desempeñarse activamente como ciudadano en la esfera pública y de esta manera realizar la libertad personal y colectiva, en la visión hobbesiana moderna la conformación de la comunidad política no tiene otra justificación que la de garantizar la vida de los individuos. Es más, la audacia de Hobbes va más allá e intenta convencernos que esta finalidad sólo es posible si los individuos renuncian al ejercicio directo de sus derechos que por naturaleza tienen y los entregan a una persona ficticia a quien ellos mismos constituyen en autoridad soberana, quien a través de leyes explícitamente elaboradas prescribirá y proscribirá ciertas las acciones que considere pertinentes en aquellos ámbitos que sean necesarios y así mismo otorgará derechos a los ciudadanos para que en todos los demás ámbitos pueda ejercer su libertad. El contrato que los individuos realizan entre sí, es en realidad un intercambio a través del cual los individuos renuncian a la libertad política de participar en asuntos públicos a cambio de garantizar la sobrevivencia individual y la libertad en el ámbito privado, de esta manera, la ciudadanía política se reemplaza por la ciudadanía privada y pasiva y la libertad política y positiva se sustituye por la libertad negativa del individuo. El ciudadano termina siendo un súbdito con derechos concedidos por un poder que le es ajeno y sobre el cual no tiene control alguno. Ciertamente Harrington exagera al decir que la concepción hobbesiana del ciudadano y de la política es la misma que la concepción gótica y feudal, pues Hobbes introduce ciertamente elementos completamente novedosos y modernos, como es la idea de un derecho natural común a todos los hombres que es la fuente de legitimidad del poder político y la idea de que la constitución de un poder soberano es la solución racional para que todos los individuos puedan garantizar su seguridad y su libertad privada. Estos elementos novedosos constituyen la herencia de Hobbes al pensamiento liberal que se desarrolló a partir de Locke y que predomina en la teoría política de nuestros días. Por eso, con razón autores tan diferentes como Leo Strauss y Quentin Skinner7 consideran que la concepción hobbesiana de la racionalidad individual y egoísta del contrato social y del ciudadano como súbdito con derechos que garantizan la libertad privada constituye el núcleo teórico del liberalismo moderno. A lo largo de su desarrollo la tradición liberal ha cuestionado y derrocado varias tesis centrales del pensamiento de Hobbes, sobre todo las ideas absolutistas del poder político que otorgan al soberano el derecho de fijar sus propios límites, y consecuentemente el derecho de fijar los ámbitos de la libertad de los ciudadanos a través de la concesión de derechos individuales. En esta lucha contra el absolutismo hobbesiano, los liberales han recurrido en parte a tesis republicanas, como la idea de la división de poderes y de que el poder soberano es el legislativo y que por ello debe estar constituido por representantes de los ciudadanos. A través de estos mecanismos institucionales los teóricos liberales han buscado rebajar el precio en términos de la libertad a la que tienen que renunciar a favor del poder político para que éste pueda en la debida seguridad y al mismo tiempo ha buscado ampliar los derechos de los ciudadanos. Esta ampliación de los derechos del ciudadano pasivo ha sido considerablemente desarrollada en la teoría de Marshall de las tres generaciones de derechos (civiles, políticos y sociales). Sin embargo, en toda la tradición liberal no ha cambiado la idea hobbesiana central de que el ciudadano es un individuo que por pertenecer a un estado, goza de un conjunto de derechos otorgados y garantizados por el poder del estado sin la participación de los mismos ciudadanos en la definición de tales derechos. La ampliación de los derechos del ciudadano, la tendencia a igualar estos derechos entre los habitantes adultos de un estado y el desarrollo de un marco legal y constitucional que limita el ejercicio del poder político y maximiza el ámbito de la libertad individual de las personas parece ser sin duda, un progreso afortunado

de la concepción liberal de la ciudadanía al compararla con sus antecedentes góticos. En este sentido, si bien tiene razón Harrington al vincular a Hobbes con la concepción gótica de la ciudadanía y tiene razón Skinner al vincular a los liberales contemporáneos como Rawls a la concepción Hobbesiana del contrato social, de la racionalidad y de la ciudadanía privada, no puede negarse el progreso habido entre la concepción igualitaria y jurídica de Hobbes y la concepción testamentaria feudal de la ciudadanía y entre la concepción absolutista del poder político y la teoría democrática del gobierno que ha impulsado la tradición liberal. Es más, este progreso no sólo ha sido a nivel conceptual, sino también en el ámbito institucional y práctico. Como señala Pocock, la ciudadanía pasiva centrada en el reconocimiento de derechos se ha convertido en un status jurídico real de las personas que garantiza efectivamente su libertad personal y previene el uso despótico del poder político en su perjuicio (estado de derecho). Sin embargo, es importante señalar que a la par que se extienden y consolidan los derechos, especialmente los derechos civiles, se aumenta la separación entre la sociedad, referido fundamentalmente al mercado, la familia y el estado. Lo civil aquí deja de ser la esfera pública y se reduce a la vida privada del individuo. Lo civil se separa y opone a lo estatal, y lo estatal constituye la expresión paradigmática de la esfera pública. De esta manera, en la tradición liberal iniciada por Hobbes, lo civil se convierte en lo opuesto a la concepción de la vida civil sustentada por Maquiavelo y en general por los republicanos. Pero los republicanos desde Aristóteles hasta Maquiavelo y Harrington, al absolutizar la vida civil como modelo de toda actividad política y pública, también cometen un error simplificador al confundir lo estatal con lo político y lo civil. Así pues, tanto en la tradición liberal como en la tradición republicana lo civil se confunde y diluye o bien, en la esfera privada del mercado y la familia (tradición liberal), o bien en el ámbito estatal (tradición republicana). En este sentido, los teóricos contemporáneos de la sociedad civil tienen el enorme mérito de reivindicar la autonomía e identidad específica de la sociedad civil, y nos previenen del error de diluirlo en el mercado o en el estado.

3.- La identidad de la sociedad civil Una de las contribuciones más importantes de la teoría política contemporánea consiste precisamente en el desarrollo del concepto de sociedad civil como el ámbito público no estatal, donde se manifiesta la actividad ciudadana. Esta concepción se aparta tanto de la tradición liberal que, al igual que el marxismo, ubica la sociedad civil en el ámbito económico y privado, como de la concepción republicana que funde la sociedad civil con la sociedad política. La originalidad de las teorías políticas contemporáneas de la sociedad civil radica pues, en distinguir tres ámbitos fundamentales de la vida social. El ámbito público estatal o sociedad política el ámbito público no estatal o sociedad civil y el ámbito privado propio de la familia y el mercado. Así pues, en contra del dualismo de republicanos marxistas y liberales que sólo conciben dos esferas sociales fundamentales, el mercado y el estado, los teóricos contemporáneos de la sociedad civil como Habermas, Janowsky, Touraine, Cohen y Arato conciben a ésta como una tercera esfera que media entre el mercado y el estado. Pero al mismo tiempo que los teóricos contemporáneos de la sociedad civil se apartan de las tradiciones liberales y republicanas, también integran de ellas aspectos fundamentales de la tradición liberal que rescata la idea de que los individuos tienen intereses y propósitos que se generan en el ámbito privado de la economía y la familia y que tienen pleno derecho a buscar realizar esos intereses

y propósitos aunque estén en contradicción con los intereses públicos del estado. La sociedad civil es precisamente el ámbito donde se manifiestan esos intereses y propósitos, y luchan por legitimarse social y políticamente, ante otros ciudadanos y ante el estado. De la tradición republicana se rescata la idea central del carácter público y no privado de la sociedad civil. Asimismo, también se recupera la idea de que la vida civil debe tener una influencia relevante en las decisiones y políticas que asume el gobierno, pero no confunde, como lo hace el republicanismo al gobierno con la sociedad civil. Por más democrático que sea un gobierno, por más que su legitimidad dependa de la sociedad civil, la sociedad civil se mantiene siempre al margen de él y de las instituciones estatales. Si bien, esta concepción de la sociedad civil se ha desarrollado durante las ultimas tres décadas, en lo fundamental había sido propuesto desde las décadas de los años veinte por Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Como bien señala Norberto Bobbio, el concepto de sociedad civil es clave para entender la originalidad del pensamiento político gramsciano.8 Pero el concepto de sociedad civil no sólo es clave para comprender la teoría política de Gramsci, sino también para entender la significación de su teoría política con su proyecto político mismo en el marco de la filosofía de la práxis que él sustentaba. Gramsci se proponía la consolidación de un partido político que pudiera realizar una transformación radical de la sociedad italiana hacia el comunismo. Tratándose de una sociedad poco desarrollada económicamente, sobre todo la región sur y meridional, el proyecto gramsciano resultaría quimérico desde una perspectiva ortodoxa del marxismo, tan quimérico como le había parecido a Marx el programa de Gotha. Desde una perspectiva marxista ortodoxa, dado que la sociedad civil está ubicada en el nivel estructural y que la transformación de las relaciones de producción que las constituyen depende del desarrollo de las fuerzas productivas, el incipiente capitalismo de Italia hacían de ella un candidato poco idóneo para una revolución socialista. Por ello, Gramsci se ve obligado a cuestionar de fondo el economicismo del marxismo ortodoxo y en su lugar propone una nueva concepción de la sociedad civil, ya no como parte de la estructura económica, sino de la superestructura ideológica, con capacidad suficiente para generar un cambio cultural y moral predominante en la sociedad (Hegemonía) y a partir de ahí en el estado y en la economía9 . De acuerdo a Gramsci la tarea fundamental del partido político al que recordando a Maquiavelo, denomina “el moderno Príncipe, debe ser y no puede dejar de ser, el abanderado y el organizador de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular hacia el cumplimiento de una forma superior y total de civilización moderna.”10 La reforma intelectual y moral se realiza precisamente en el campo de las instituciones de la sociedad civil, no de la sociedad política. El control de la sociedad política es la dominación estatal, es un paso posterior al de la dirección ideológica y moral (hegemonía). En suma, en la concepción gramsciana, la sociedad civil está constituida por dos dimensiones: a) Un conjunto de instituciones no estatales, tales como las iglesias, las escuelas, las universidades, los periódicos, las asociaciones culturales, los partidos políticos de oposición, etc. y b) expresiones artísticas, científicas, filosóficas, religiosas, morales, en suma, por concepciones del mundo, o ideologías que pugnan por establecer en la sociedad una determinada dirección intelectual y moral, esto es una determinada hegemonía. La sociedad civil así constituida tiene la finalidad de influir y eventualmente dirigir al estado o sociedad política. Sólo si la hegemonía de la sociedad civil precede y orienta el desempeño de la sociedad política, podrá el estado gozar de legitimidad.

Como veremos a continuación, la concepción Gramsciana de la sociedad civil contiene las notas esenciales de las teorías contemporáneas de la sociedad civil. Para mostrarlo analicemos brevemente las ideas de autores como Habermas, Cohen y Arato. Habermas es consciente de que el uso actual de sociedad civil difiere del liberalismo y del de Marx que le dan a este concepto un contenido eminentemente económico: Lo que hoy recibe el nombre de sociedad civil a diferencia de lo que todavía sucede en Marx y en el marxismo, ya no incluye la economía regida a través de mercados de trabajo, de capital y de bienes, constituida en términos de derecho privado. Antes su núcleo institucional lo constituye esa trama asociativa no-estatal y no-económica, de base voluntaria, que ancla las estructuras comunicativas del espacio de la opinión pública en la componente del mundo de la vida, que (junto con la cultura y la personalidad) es la sociedad. La sociedad civil se compone de esas asociaciones, organizaciones y movimientos surgidos de forma más o menos espontánea que recogen la resonancia que las constelaciones de problemas de la sociedad encuentran en los ámbitos de la vida privada, la condensan y elevándola, por así decir, el volúmen o voz, la trasmiten el espacio de la opinión pública política.11 A diferencia de la concepción liberal y en consonancia con Gramsci, Habermas concibe a la sociedad civil como una esfera diferente al mercado y al estado, que distingue por su carácter voluntario, esto es no coercitivo, no obligatorio de las organizaciones y movimientos sociales que buscan expresar y legitimar a través de la comunicación sus intereses, valores y propósitos. Este proceso de comunicación está anclado desde luego en el “mundo de la vida” que en lo fundamental está constituido por diversas concepciones del mundo o ideologías. Así pues, Habermas, al igual que Gramsci distingue fundamentalmente dos dimensiones de la sociedad civil: La dimensión organizacional e institucional voluntaria y la dimensión ideológico y cultural (mundo de vida). A mi manera de ver la concepción habermasiana de la sociedad civil está fundada en una revaloración de la virtud cívica, pues sin ella no podría explicarse el surgimiento de las asociaciones y movimientos voluntarios, a través de las cuales la ciudadanía aparecen en el espacio de la opinión pública, y eventualmente en las decisiones gubernamentales. Sin embargo, también es importante hacer notar que Habermas reconoce una enorme importancia a los derechos individuales, consagrados por el liberalismo, pues ellos son esenciales para garantizar la libertad (negativa) de la ciudadanía para participar voluntariamente en las organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Esta integración de elementos liberales y republicanos está claramente reconocida por Cohen y Arato, quienes según la opinión del propio Habermas son quienes “han realizado el estudio más comprensivo sobre el tema”12 Cohen y Arato afirman que su tratamiento de la sociedad civil requiere reconocer que “lo mejor del liberalismo orientado hacia los derechos y del comunitarismo orientado democráticamente constituye dos conjuntos de principios que se refuerzan mutuamente y en gran parte se traslapan”.13 Al igual que Habermas y Gramsci, Cohen y Arato reconocen que la sociedad civil constituye una tercera esfera diferente al mercado y al estado, formada por asociaciones y movimientos sociales autónomos.

Entendemos a la “sociedad civil” como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia), la esfera de las asociaciones (en especial las asociaciones voluntarias), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea por medio de formas de autoconstitución y automovilización.14 Sin embargo, la autonomía del poder político no significa que está desligado de él. Por el contrario, el papel fundamental que desempeña la sociedad civil es influir en las decisiones del poder gubernamental a través de decisiones, movimientos sociales y debates culturales: El papel político de la sociedad civil a su vez no está relacionado directamente con el control o la conquista del poder, sino con la generación de influencia mediante la actividad de las asociaciones democráticas y la discusión no restringida en la esfera pública cultural.15 Esta función de la sociedad civil sobre la sociedad política es semejante a mi manera de ver a la idea gramsciana de hegemonía, pues es en la esfera pública civil donde se debaten y se forman consensos respecto a los valores, orientaciones y criterios fundamentales que han de brindar legitimidad a las decisiones gubernamentales. De esta manera, Cohen y Arato, al igual que Gramsci asignan una prioridad a las funciones ética e ideológicas de la sociedad civil respecto a las decisiones gubernamentales, y en términos generales reconocen una prioridad de lo cultural sobre lo estatal.

Comentarios finales La tesis fundamental que he sostenido en este trabajo es que el concepto de sociedad civil en la teoría política contemporánea representa una síntesis original de aspectos fundamentales de la tradición políticas liberales y republicanas, gracias a lo cual se supera el dualismo simplista que estas dos tradiciones habían sostenido al reconocer sólo dos esferas sociales fundamentales: la esfera privada, constituida principalmente por el mercado y la familia, y la esfera pública estatal, constituida fundamentalmente por el gobierno y las instituciones estatales. Frente a esta dicotomía, las teorías de la sociedad civil reconocen la especificidad de una tercera esfera, que media entre lo económico y lo estatal. De la tradición republicana las teorías de la sociedad civil como Habermas, Cohen y Arato, rescatan la idea fundamental de la participación cívica que todo ciudadano debe tener. Tal participación está fundada en un “Ethos” colectivo, que es resultado de las tradiciones culturales propias de la comunidad e independiente del poder gubernamental. Respecto al liberalismo la teoría contemporánea de la sociedad civil recupera el valor fundamental de los derechos del ciudadano como persona autónoma, derechos que lo protegen de interferencia injustificadas tanto de opiniones colectivas, como de decisiones gubernamentales. Pero además de esta función protectora de la libertad individual y negativa, los derechos son concebidos como condiciones necesarios para la participación activa de los ciudadanos en la arena pública a fin de influir en la formación de consensos cívicos (libertad positiva)16. Esta concepción alternativa y mediadora de la sociedad civil no es del todo original de Habermas o de Cohen y Arato, sino que tiene sus antecedentes más directos en Antonio Gramsci. Por ello, me parece importante profundizar sobre las

contribuciones gramscianas a las concepciones contemporáneas de la sociedad civil, no sólo por motivos teóricos, sino también con propósitos prácticos. Desde luego, esto es materia de otro trabajo, pero aquí tan sólo me gustaría hacer algunos señalamientos para desarrollarlos en el futuro. Me parece interesante señalar algunas analogías, tanto en el terreno intelectual como en el de la acción política, en las situaciones que confrontaron Gramsci y los teóricos contemporáneos de la sociedad civil. Gramsci se enfrentaba a una tradición marxista dogmatizada que le impedía contar con una interpretación teórica adecuada para la trasformación de la sociedad italiana de su tiempo. Por su parte, las teorías actuales de la sociedad civil también se encuentran frente a una tradición política liberal anquilosada que le impide comprender e impulsar las trasformaciones democráticas de fines de siglo en países de Europa del Este y en América Latina. En ambas situaciones, tanto Gramsci como los autores contemporáneos referidos se han visto obligados a cuestionar y transformar la tradición heredada (marxista o liberal) y a superar sus limitaciones. Para ello, tanto nuestro autor de la primera década del siglo XX, como los teóricos de finales del siglo, han recurrido a la tradición política republicana, tradición que ha sido dominada por el liberalismo durante los últimos tres siglos. Si bien el desarrollo de la teoría contemporánea de la sociedad civil representa una revaloración del republicanismo, no se trata sólo de un resurgimiento de esta tradición, más bien, asistimos a una verdadera síntesis o fusión de tradiciones políticas que siempre se habían visto como antagónicas. Como resultado de esta fusión crítica es de esperarse que se consolide una nueva tradición política. Autores como Habermas, Cohen, Arato, Gidens, Jonowsky, Touraine, entre otros, son algunos de los más importantes forjadores de esta tradición, más allá de las diferencias que existen entre ellos respecto a puntos específicos de la sociedad civil. Considero que esta nueva tradición de teoría política será fundamental no sólo para la comprensión de los procesos de democratización del siglo XXI, sino también para orientar las transformaciones democráticas mismas en las sociedades plurales del siglo que ahora comenzamos.

NOTAS: 1 Para un excelente análisis del concepto de vida civil en Maquiavelo, véase Maurizio Viroli, “Machiavelli and the republican idea of politics” en Gisela Bock, Quentin Skinner y Maurizio Viroli (eds.) Machiavelli and Republicanism, Cambridge University Press, 1993, pp. 143-172. 2 En este contexto, resulta interesante señalar que la palabra “político” o sus derivados no aparece ni una sola vez en El Príncipe, aunque desde luego si se utiliza en sus textos republicanos. 3 Thomas Hobbes, The Leviathan, (1651), Penguin Books, Nueva York, 1986, cap 21, p 264. 4 Ibidem p 266. 5 Cfr. I. Berlin, “Dos conceptos de Libertad” en Quinton, Introducción a la Filosofía Política, FCE, México, 1972 6 Cfr. James Harrington, Oceana, FCE, México, 1987, pp 50- 51

7 En tono irónico, Skinner afirma:” La principal figura entre los góticos (goths) contemporáneos ha sido desde luego John Rawls... Al igual que Thomas Hobbes en el Leviathan, a quien ocasionalmente cita, Rawls emplea el mecanismo de un contrato imaginario para tratar de establecer como los individuos egoístas y racionales convergen en una concepción de la justicia distributiva”. Quentin Skinner, op cit pp 404-405. 8 Cfr. Norberto Bobbio, “Gramsci y la concepción de la sociedad civil” en Luciano Galino et al, Gramsci y las ciencias sociales, Cuadernos de Pasado y Presente, México 1977, pp 75-93. 9 “Es por ello necesario combatir al economismo no sólo en la teoría de la historia, sino también y especialmente en la teoría y en la práctica política. En este campo la lucha puede y debe ser conducida desarrollando el concepto de hegemonía...” Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno., Cuadernos de la cárcel, No. 1, Juan Pablos Editor, México, 1975, p 59. 10 Ibidem, p 31. 11 Jürgen Habermas, Facticidad y Validez, Editorial Trotta, Madrid, 1998, p447. 12 Ibidem. P. 448. 13Jean L. Cohen y Andew Arato, Sociedad civil y teoría política, FCE, México, 200, p. 39. 14 Ibidem, p. 8. 15Ibidiem, p. 9. 16 El propósito de nuestro libro es desarrollar y justificar sistemáticamente la idea de la sociedad civil, concibiéndola ahora parcialmente en torno a una noción de movimientos democratizadores autolimitados que procuran extender y proteger espacios tanto para la libertad negativa como para la libertad positiva y volver a crear las formas igualitarias de solidaridad sin obstaculizar la autorregulación económica. (Idem, p. 30)

CIVILIDAD Y BARBARIE: ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y POLÍTICA Fernando Mires Investigador en la Universidad de Oldenburg, Alemania [email protected]

Las llamadas virtudes políticas no siempre son las mismas en todos los momentos de la historia. Desde que en la antigua Grecia Aristóteles se refirió por primera vez a ellas, han cambiado mucho las cosas. No pueden las virtudes políticas de los tiempos modernos ser las mismas que las que prevalecían en la antigüedad clásica; y por una razón muy sencilla. En los tiempos griegos y romanos, la política era esencialmente participativa. El sujeto principal, tanto teórico como real de la política, era el ciudadano. Hoy en día, en cambio, la política es esencialmente delegativa y, por lo mismo, contractual. El ciudadano es sólo un sujeto teórico de la política; pero su sujeto más real es el profesional de la política al cual el ciudadano le delega parte de sus poderes para que lo represente en el escenario político y así él tener más tiempo para hacer actos de representación en otros escenarios como son los de la subsistencia y del trabajo; los de la religión y de la cultura (Mires 2000, pp.97-119). En consecuencia, en el mundo antiguo, la pérdida de las virtudes ciudadanas afectaba automáticamente a las virtudes políticas, y viceversa. En nuestro tiempo, en cambio, esa relación no se presenta de un modo tan causal. Hoy en día un político puede perder sus cualidades políticas, pero continúa siendo un ciudadano. A la inversa no es necesariamente así; cuando se pierden las virtudes ciudadanas (casos de condena criminal, por ejemplo) es muy difícil tener acceso al escenario político. De este modo, a diferencias también del período clásico, el ciudadano moderno ha sido en cierto modo liberado de las enormes cargas morales que cada ciudadano, griego o romano, tenía que sobrellevar, sólo por el hecho de poseer el derecho (y el deber) a la ciudadanía. Pero a la vez, el perfil de la virtuosidad (política) ha sido elevado para quienes han decidido escoger la política como profesión. Los políticos, efectivamente, no son sólo son delegados de intereses, sino que además deben hacer gala en el escenario político, de determinadas cualidades o virtudes que son propias a la profesión política, y que no son, por cierto, las mismas que las cualidades o virtudes que debe poseer un médico, un obrero o un artista.

Dos procesos Puede afirmarse que la política como profesión es una invención de los tiempos modernos. Ella se fue haciendo necesaria en razón de dos procesos que, según Weber, en su clásico Política como Profesión (1999) han ido ocurriendo paralelamente. Uno, es el de la complejización de la esfera administrativa-estatal la que requiere de un grado cada vez mayor de especialización de sus diversos

compartimentos. A esa creciente especialización no podía escapar, naturalmente, la actividad política. Existen en verdad muchos tipos de profesionales políticos. Desde el funcionario de partido, pasando por el funcionario de Estado, hasta llegar a los detentores de puestos públicos, hay muchos escalones, cada uno de los cuales requiere determinadas competencias. El segundo proceso se refiere a la economización de la vida ciudadana. No sólo la subsistencia y la reproducción privada pueden hoy ser ordenadas en el ámbito económico, sino que además múltiples transacciones que realizamos a diario, ya sea de tipo comercial, financiero, o laboral. El dinero no sólo regula a la vida económica, sino que, en la forma de salario, sueldo, recompensa o mesada, muchas de las actividades que construyen el orden de nuestros días. Por si fuera poco, se ha convertido en uno de los principales parámetros que regulan el tiempo (de trabajo y de ocio). Y, no por último, es un medidor de valores no sólo económicos (la cualidad interna de una obra de arte, o la complejidad de un aparato microlectrónico, por ejemplo). Si algún filósofo ateniense resucitara, no tendría más alternativa que pensar que nuestra vida ciudadana se encuentra totalmente corrompida. Y desde el punto de vista político, es efectivamente así. Ha sido precisamente la corrupción económica de la vida político-ciudadana, una de las razones fundamentales que llevó a disociar (relativamente) al ser ciudadano del ser político. Por cierto, cada político es un ciudadano; pero no todo ciudadano es un político. En términos generales, la invención moderna consiste en haber creado un espacio político más allá de la ciudadanía política, espacio que pertenece, preferentemente, a los políticos de profesión. Ese espacio era, en los tiempos de Weber, o estatal, o para-estatal. Esa fue la razón que llevó a Weber a confundir muchas veces a lo político con lo estatal. En efecto, en la Alemania de comienzos de siglo, lo político era ya lo puramente estatal. No así hoy. Hoy podemos diferenciar dos espacios de acción política. Uno es el estatal propiamente tal y sus actores son, que duda cabe, los políticos profesionales. El otro es el de la ciudadanía política, que es cuando los ciudadanos que no son de profesión política, realizan actos de politicidad, más allá de los actos puramente electorales. Manifestaciones públicas, desobediencia civil, movimientos sociales, etc. constituyen algunas de las formas ciudadanas predilectas de participación política. Cuando este segundo espacio es tanto o más activo que el primero, comienza a hablarse de una crisis de representación política, pues el ciudadano deja de ser una entidad política puramente teórica y comienza a serlo de hecho. Dicha crisis de representación política puede ocurrir, o porque la política profesional ya ha dejado de cubrir todos los temas políticos, o como un signo de manifiesta disconformidad de los representados, quienes buscan formas propias de representación frente a la incapacidad, ineficacia o insuficiencia de los representantes profesionales. Por lo general, los procesos revolucionarios, como también los secesionistas, están marcados por una hiperactividad política de los ciudadanos no políticos. Hay igualmente tiempos marcados por una profunda apatía política, en los cuales, los funcionarios políticos, debido a la escasez de participación ciudadana, se desligan tanto de los representados, que pueden convertirse, de profesionales políticos, en una casta o clase que solamente se representa a sí misma, o a sus propios intereses. De ahí que es posible afirmar, que una sociedad política requiere de cierta participación política constante de la ciudadanía para que ésta se mantenga sobre sí misma. En otras palabras, para que la política siga siendo tal, es necesario que la ciudadanía no se convierta nunca en masa; y por cierto, en un doble sentido. Ni masa a disposición de los partidos o jefes políticos; ni masa dedicada a funciones puramente económicas, como el consumo – valga la redundancia – de masas. Porque no siempre las dictaduras aparecen como consecuencia de la maldad de

los dictadores. Puede que aparezcan también como consecuencia de la abstención política de la ciudadanía, o lo que es igual, cuando la sociedad se convierte en un simple amontonamiento de individuos absolutamente descoordinados entre sí; es decir, en la llamada masa. En ese momento, la sociedad deja de ser civil. Los ciudadanos son simplemente habitantes. Incluso un muy bien dotado parlamento puede convertirse en instancia dictatorial, cuando los ligamentos que dan forma a la representación se encuentran disueltos o destrozados. La Ley y la Constitución pueden, sin política ciudadana, llegar a ser instancias dictatoriales, algo que, pese a todo su fervor constitucional. La peor de todas las corrupciones es, ya lo advirtió Machiavelli (1981), la corrupción de los pueblos (es decir la pérdida de condición política de los pueblos). Ella tiende a manifestarse, no sólo en una corrupción de la política, sino que también – y eso fue lo que percibió Montesquieu – de las costumbres. Y esa corrupción- decadencia lleva, necesariamente, a formas políticas autoritarias, o a la negación de la política mediante el establecimiento de dictaduras. Carl Schmitt sostenía que la pérdida de condición política de los pueblos se da cuando éstos no logran identificarse en sí mismos en contra un enemigo interno o externo (1996 p.39). La ausencia de antagonismo debilita tanto la política como a las costumbres. De ahí que para Schmitt la tensión política es condición necesaria para el desarrollo de la vida ciudadana. Por esas razones se manifestó tan radicalmente opuesto a la economización de las relaciones sociales propiciada por el liberalismo. En efecto, el liberalismo era para Schmitt el principal enemigo de los pueblos porque tiende a sustituir su politicidad por el simple intercambio comercial.

El aburrimiento político Para que la economía reine por sobre la política, se requiere de una dessocialización creciente de las relaciones humanas, hasta el punto que, para el liberalismo, según Schmitt, el sujeto de la política ya no es un pueblo, sino que “el individuo jurídico”, instancia supuestamente racional y autónoma, desprovisto de pasiones y por lo tanto, de enemigos. El Estado, bajo esas condiciones, en lugar de ser la instancia política “que da la medida” (entre la guerra y la política) se constituye en una institución neutralizada y neutralizadora. La delegación de la política a profesionales a sueldo, convierte al parlamento en el centro de una política puramente legalista y delegativa, arruinándose así la participación directa de los ciudadanos y con ello, en nombre de la democracia política, el liberalismo conduce al aniquilamiento de la misma. La democracia liberal se convierte, de ese modo, en la antesala de una dictadura antipolítica, tesis machiavelliana que demostró su veracidad en el propio país de Schmitt. El corolario de Schmitt es que para evitar la corrupción disolutiva de los pueblos se requiere de una repolitización constante de sus relaciones antagónicas. En ese punto Schmitt era más que determinante. Así escribía, por ejemplo, en su texto sobre Legalidad y Legitimidad: “Entre la principal neutralidad de valores del sistema de legalidad funcionalista y el principio de acentuamiento valórico de las garantías constitucionales, no hay ninguna línea intermedia. En ningún caso sería el funcionalismo del peso de las mayorías un “compromiso” razonable. Quien frente al tema, neutralidad o no neutralidad quiere ser neutral, se ha decidido por la neutralidad. Acentuación de valores y neutralidad de valores se excluyen mutuamente. Frente a una acentuación y afirmación de valores que quiera ser tomada en serio, significa una neutralidad de los valores que se toman en serio, una negación de los valores” (Schmitt 1998).

El legalismo político de la democracia liberal, conduce por lo tanto, en nombre del derecho, a una ilegitimidad política de hecho. Interesante es constatar que esa misma tesis, por cierto, en otros términos, ya había sido formulada por Max Weber en su texto Política como Profesión (1999). Para Weber, la política alemana del segundo decenio del siglo XX se había convertido en una actividad que se encontraba muy degradada respecto a sus propios ideales. No sin desilusión habla Weber de la falta de poder del Parlamento (y para Weber, el poder es la esencia de lo político). Las razones no las encuentra en la ausencia de buenas leyes, sino que en la ausencia de las cualidades conductoras de los profesionales políticos. En ese punto hay una buena sintonía entre Weber y Schmitt pues, para este último, ninguna política, ninguna institución, sistema o estructura, podía ser mejor que las personas que las representan. La despersonalización del parlamento que constataba Weber era un fenómeno consustancial a la despersonalización de una vida política, cuyos actores, al rehuir la polémica, la deliberación y el antagonismo, se convierten en seres anodinos, simples empleados públicos que realizan su oficio sin brillo, energía, ni despliegue personal. La política desantagonizada por una democracia liberal que teme a la polémica como un santo al demonio, no pasa de ser una actividad superficial, y sus funcionarios se reducen, la mayoría de las veces, a simular antagonismos que no sienten o a tramitar expedientes administrativos; en fin, a hacer una política aburrida. Efectivamente: en determinados momentos, particularmente en los de crisis social o política, no hay nada más aburrido que la política y los políticos. Estos últimos, al no defender con pasión y convicción sus posiciones y los de las personas que representan, eliminan uno de los objetivos fundamentales del hacer político: el de constituir foros públicos, en donde son transferidos los deseos, los objetivos, los intereses, y no por último, las pasiones de los representados. La política, no hay que olvidarlo, vive de la representación y del espectáculo. El ciudadano paga con sus impuestos a los políticos para que representen con tensa intensidad sus opiniones y quiere ver, del mismo modo que cuando paga su entrada en el teatro, un buen espectáculo. Es que el político debe ser, por lo menos en parte, efectivamente, un actor. Y un mal político como un mal actor, no llega, con sus frases, al público. Algunos abandonan en silencio el teatro; otros se quedan ahí, hasta el último bostezo. No faltan, por supuesto, los defraudados que arrojarán tomates y huevos a los actores. En la política como en el teatro, esas acciones se llaman protestas. Y no siempre las protestas son revolucionarias; es decir, no exigen el fin de la política, sino que simplemente, un cambio de política que pasa, casi en lo general, por un cambio de políticos. Muchas revoluciones podrían haber sido evitadas si la política hubiese recuperado a tiempo su sentido dramatúrgico original; aquel que le dió sentido y vida, justamente para que no hubieran guerras ni revoluciones.

El reino de los burócratas Sin embargo, significaría sobreinterpretar a Weber afirmar que para él, al igual que para Schmitt, la culpa de la degradación ciudadana y moral de la política hay que buscarla únicamente en la economía, particularmente en la liberal. En su ácida crítica a la estructura política vigente en su tiempo, Weber deja entrever que ella apunta, no tanto a su exceso de economismo, o de modernidad, sino que a su sobrepeso administrativo. Precisamente por ser Alemania uno de los países en que el desarrollo capitalista había ocurrido a través de una vía principalmente administrativa (es decir, estatal)

tuvo lugar allí una hipertrofia burocrática que, por momentos, superaba lejos a las propias necesidades que provienen del desarrollo económico. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que si bien, la crítica a la burocratización de las relaciones públicas – que es una de las improntas básicas del pensamiento weberiano – en muchos momentos alcanza en sus textos una innegable significación universal; pero es en otros momentos un recurso más bien descriptivo; es decir, Weber se limita a describir en muchas ocasiones aquello que había sido exclusivamente la historia del desarrollo económico estatal alemán, muy diferente, por cierto, al norteamericano y al inglés, como se apresuró Weber en declarar en su Política como Profesión (1999, p.56). Si para Weber el sujeto central de la política era el Estado, y no el ciudadano, como lo era en las teorías políticas anglosajonas, ocurrió porque el Estado (y con ello regimientos de empleados y funcionarios fiscales), se había constituido, efectivamente, en Alemania, en el principal sujeto de la política; y no como consecuencia de su excesivo desarrollo capitalista, sino que, digámoslo así, de su subdesarrollo, que fue justamente lo que hizo necesario que la ausencia de actores sociopolíticos fuera suplantada por el peso de la maquinaria estatal. Alemania, era, y quizás todavía es, el reino de los burócratas. La obsesión por el Estado, que impregna a la filosofía hegeliana, a la teoría marxista y a la sociología weberiana, es expresión intelectual de un malestar primeramente alemán; y me atrevería a decir, lo ha sido y lo es hasta nuestros días. De ahí que el aburrimiento que percibe Weber en la política de su país, es el aburrimiento intrínsico a la burocratización de la política. Porque, seamos honestos, ¿hay algo más aburrido en la vida que un burócrata? En lo que se refiere a burocratización de la vida política, “éramos los primeros del mundo” – lo dice Weber. “Ese significado trajo consigo que los funcionarios especializados exigieran para sí no sólo los puestos de especialización burocrática, sino que además los puestos de ministros” (Ibíd., p.56). Es decir, la propia representación pública de la política iba adquiriendo un carácter burocrático. Los políticos más talentosos fueron sustituidos por los funcionarios más eficientes. Y así, “la administración funcionaria fue escapando sistemáticamente a todo tipo de control....”(Ibíd.) La imposibilidad de que el capitalismo alemán hubiese coexistido con una escena política, y en lugar de eso, sólo con una maquinaria burocrática, llevó a un retraso ostensible en el desarrollo de los partidos políticos que, como apunta Weber, tenían una estructura más similar a las cofradías y hermandades medievales que a los partidos modernos. Eran, en verdad, “gremios” – en el sentido exacto del término – en lugar de partidos políticos. Y como los gremios, los partidos poseían una estructura altamente jerarquizada, donde los aprendices estaban sometidos a la más estricta autoridad de parte de los maestros. Imposibilitados de practicar una política activa hacia el interior, tales partidos, gremializados, no podían tampoco estar en condiciones de practicarla hacia su exterior. La espontaneidad, que es una de las condiciones principales de la polémica, no era una virtud, sino que más bien un obstáculo para la práctica política. “Nuestros partidos parlamentarios” – escribía Weber – “eran y son gremios. Cada discurso que será pronunciado en el pleno del Parlamento, es primero censurado por el partido. Esto se deja ver en lo inevitablemente aburridos que son. Sólo quien era previamente designado como orador, podía hacer uso de la palabra” (1999, p.58). No puedo nuevamente dejar de pensar, al llegar a este punto, acerca de cuales fueron las exactas razones que llevaron a ese genial revolucionario ruso llamado Lenin, a admirar tanto la estructura política alemana. Y, antes que nada, lo era de su burocracia. No sin entusiasmo, en su libro el Estado y la Revolución, ponía Lenin como modelo administrativo del futuro socialismo, nada menos que

a esa monstruosidad burocrática que fue el Correo Alemán (antes de que fuera privatizado por Telekom). Aquello que en efecto todavía no ha llamado la atención de los estudiosos del fenómeno revolucionario ruso, era que el modelo de partido bolchevique, centralizado y jerárquico, formado por funcionarios eficientes y obedientes, estaba inspirado nada menos que en el partido-gremio alemán de comienzos de siglo. El partido de tipo bolchevique fue en verdad un hijo ilegal de la socialdemocracia alemana, a la vez, hija de las corporaciones gremiales medievales. Y no sería primera vez en la historia, que los hijos busquen parecerse más a los abuelos que a sus padres. Porque, efectivamente, esas microdespotías que fueron los llamados partidos comunistas del mundo, fueron los sucesores legítimos de aquellas corporaciones gremiales post-medievales que eran los partidos políticos alemanes de comienzos de siglo XX (incluyendo, como hace Weber, a la propia socialdemocracia), entidades hechas, como el partido marxistaleninista después, para convertir cualquier cosa que se pareciera a la política, en una imposibilidad absoluta.

El Mesías y la masa Pero no es sólo la subsistencia de la organización gremial del medioevo tardío la razón que lleva a Weber a diagnosticar la creciente burocratización de la vida política. Lo particular del caso alemán, y probablemente de otros países europeos, es que allí se dio una suerte de entrecruce entre el gremialismo organizativo, con el enorme peso y complejidad de la maquinaria burocrática estatal, por una parte, y con un capitalismo especializado en la industria pesada, por otra. La relación que se da entre ese tipo de partido gremialista y el Estado lleva inevitablemente a la instauración de una suerte de corporativismo político de acuerdo al cual las relaciones políticas primordiales no son los que se dan entre partido y “sociedad”, sino que entre partido y Estado, razón que explica porqué la política adquiere, bajo esas condiciones, una geometría principalmente vertical. Está de más afirmar que ese tipo de política sólo es posible que exista sobre la base de una muy precaria sociedad política (o civil) la que necesita de partidos que adquieran una geometría horizontal (y diagonal), es decir, que crucen a lo social de lado a lado. En breve: en lugar de ser la política un agente de constitución de lo social, se convierte, en esas circunstancias, en una agente constitutivo de lo estatal. Quien controla el Estado, controla al Partido. De eso se dieron rápidamente cuenta los fascistas. El fascismo alemán – a diferencias del comunismo soviético que surgió en una escena donde los partidos políticos no existían – no sólo instauró un corporativismo político, sino que aprovechó las bases sentadas por un corporativismo (económico y político) ya pre-establecido. El corporativismo político, a su vez, puede ser perfectamente la condición para que desde ahí surja no sólo un capitalismo privado, sino que para que también tengan lugar ciertas formas de capitalismo estatal. El capitalismo alemán, al desarrollar fundamentalmente las ramas que se derivan de la industria pesada, tenía que adquirir, necesariamente una configuración centralista y dirigista, y por cierto, extremadamente burocrática, que son las razones que facilitaron la rápida apropiación estatal de lo social (y de lo político), hasta llegar a producirse aquello que observó el escritor húngaro Sandor Márai en el fenómeno totalitario (nazi y soviético) de nuestro tiempo: “la estatización del espíritu” (Márai 2000) y que fue, sin duda, una de las razones por las cuales tanto Lenin como Stalin se sintieron tan fascinados por el desarrollo del capitalismo alemán. Max Weber, quien previó al fenómeno totalitario, aunque sin darle ese nombre, utiliza un término muy parecido al de Márai para referirse al partido político pre-totalitario alemán; habla de la “proletarización espiritual” de la política (Ibíd, p.59) es decir, cuando la gente

que adhiere a los partidos son más bien seguidores incondicionales (Gefolgschaft) que partidarios (Anhängerschaft). Los seguidores, en verdad, tienen más que ver con el “rebaño político” al que se refirió despectivamente Nietzsche para calificar a los seguidores de los partidos de su tiempo, o con la “horda prehistórica” a la que se refirió Freud al analizar la psicología de la llamada política de masas (Freud (1921) 1993). El hecho de que las formas más arcaicas de expresión política coincidan con el auge del capitalismo moderno, no significaba, para Weber, una contradicción. Y no sólo por el fuerte grado de estatización de lo económico que imperaba en la Alemania de su tiempo, sino que sobre todo, por la paralela formación de las llamadas sociedades anónimas o empresas de accionistas con las que también compara a los partidos políticos. La sociedad o empresa anónima es, efectivamente, anónima. Eso significa que sus miembros no son identificables, y por lo mismo, tampoco son responsables respecto al curso que toman tales instituciones. Así ocurrió también con los partidos corporativos o para-estatales del siglo XX. Son, por lo general, “partidos (anónimos) de masas”. La anonimidad, que es condición de pertenencia a la masa, está asegurada en la propia militancia política que exigen tales partidos a sus seguidores. En un clima de absoluta anonimidad política, nadie puede ser, efectivamente, declarado responsable; todos pueden ocultarse en todos porque, a fin de cuentas, nadie decide, aparentemente, nada. Nadie, salvo el jefe Supremo, el Führer, el Caudillo, el Conductor, el secretario General, personaje que asume no sólo toda la responsabilidad de los actos colectivos; y no sólo la absoluta personificación del Estado, sino que además, la representación de la propia Historia frente al pueblo, reducido a su condición más elemental y primaria: una masa anónima que es políticamente apolítica y amoralmente moral. Hay pues buenas razones para ubicar a Weber entre aquellos intelectuales que previeron la barbarie que trae consigo el peligro totalitario; y por cierto, en sus dos versiones principales: la burocrática- facista y la burocrática -comunista. Incluso Weber previó la fina diferencia que separaba a ambas. Mientras el totalitarismo facista es más dependiente de una personalidad mesiánica, que reina sobre la maraña burocrática, el totalitarismo comunista puede prescindir del “líder máximo”, el que por lo común, como ocurrió en casi todas las llamadas “democracias populares”, no era más que una marioneta al servicio de la maquinaria de poder. Usando la misma terminología de Weber, es posible afirmar que, mientras el fascismo recurre a un tipo de dominación “carismática”, el comunismo podía carecer de ella. El primero es, como ya se verá, el maquinista con máquina; el segundo puede ser, en algunas ocasiones, una máquina sin maquinista, Incluso, el exceso de burocratismo político, así como el aburrimiento generalizado que produce una política puramente administrativa, provoca el clamor público hacia un conductor que otorgue a la política el ímpetu, el “pathos” y la dramaturgia que no puede otorgarle la burocracia. Los tiempos de sobrepeso burocrático que son también de despolitización, anteceden por lo general a la dominación carismática. En cierto modo, la dominación burocrática prepara el camino por donde hace su entrada gloriosa el “gran conductor”. Mediante su despolitización sistemática, la población, imposibilitada de constituir relaciones civiles entre sí, carente de espacios políticos de interlocución, va perdiendo, poco a poco, sus facultades reflexivas, cayendo en un mundo privado que, si no se encuentra en contacto con el mundo de lo público, se convierte en algo altamente idiotizado. En breve, las relaciones humanas, cuando carecen de politicidad – condición que es la que asegura la posibilidad de que la ciudadanía coincida, no sólo biológica, sino además socialmente, con la mayoría de edad – van cayendo en un estado de creciente infantilidad, hecho que advirtió muy bien Freud en su Psicología de las Masas (1993). Porque ser adulto es estar en posesión de una

capacidad reflexiva que se expresa en la formulación argumentativa, cualidad que sólo se adquiere en espacios colectivos de transferencia como son, en última instancia, los políticos. Sin esos espacios nunca existirán posibilidades para que aparezcan individuos autónomos, soberanos y, sobre todo, discursivos. Y, convengamos; sin esos individuos, ninguna democracia puede funcionar, sin campos ni momentos de argumentación, la producción de ideas no tiene sentido; porque son las ideas, vías que llevan a la argumentación (con los demás) al mismo tiempo que éstas surgen de campos argumentativos. La destrucción de la política lleva, por lo tanto, a la perpetuación de la infantilidad social. Una sociedad que no se constituye civilmente a sí misma es una sociedad infantil. Desaparecido o reducido el espacio público de lo político, lo político es imaginado, por una masa infantilitizada, como un acto de puro poder (o de poder puro); es decir, son transferidos hacia lo político, las normas que son propias al mundo privado, donde la autoridad y el poder se identifican con la figura despiadada del Padre. Ahora bien; si la figura del Padre es proyectada hacia el telón de fondo del poder político, se cierran ahí todas las posibilidades para que se produzca, en algún momento, aquella liberación edípica que es tan decisiva para el desarrollo intelectual y emocional de cada ser humano. Por el contrario, en el poder político sólo se reproduce, transfiere y prolonga, una infancia que ya no encuentra medios y lugares para romper con sí misma. En el conductor mesiánico, en el secretario general o en el dictador militar, no sólo se reproduce el fantasma del padre real, sino que sobre todo, el del padre imaginario de todos nuestros miedos, el Super Padre, que es el padre cruel y castrador que castiga a sus hijos solamente porque existen; o porque (es lo mismo) desean. El conductor, con carisma o sin, es la representación fálico-estatal del Sobreyo freudiano; una instancia ética moral colectiva que inhibe las posibilidades de desarrollo del Yo, que son las del pensamiento, de la argumentación y de la acción; en breves palabras: de nuestras posibilidades políticas que, por lo mismo, son también – y yo diría, en primer lugar – éticas.

El retorno de la barbarie A diferencia de la moral – palabra que viene del latín, o lo que es casi igual, de aquella escena histórica dominada por el imperio romano – la ética – que es una palabra que viene del griego, es decir, de la democracia deliberativa – es una suerte de moral acordada públicamente, y por lo mismo, se encuentra más cerca de la política discursiva que la moral. La moral en cambio, se encuentra más cerca de las instituciones – sobre todo de las legales – que la ética. En un mundo sin política, y por lo tanto burocrático y/o totalitario y/o militar, tanto las instancias éticas como las morales se ven radicalmente reducidas. Las éticas, porque desaparecen los espacios públicos de acuerdo racional y colectivo. Las morales, porque la moral es delegada a los dictámenes de un Estado omnipotente. Cuando la enfermedad burocrática consume a todo el Estado, hay, según Max Weber, sólo dos posibilidades: “democracia de un conductor “con máquina” o democracia sin conductor, esto es, la dominación del “político de profesión sin profesión”; sin las cualidades internas, carismáticas que hacen precisamente a un conductor (político)” (1999 p. 59) Ese es era a su juicio el tipo de democracia que había prevalecido en la Alemania del segundo decenio del siglo XX. Esa democracia sin conductor, fue la que llevó primero a la democracia de un conductor “con máquina” y después a una situación histórica donde el conductor posee la “máquina” pero donde no existe más la democracia (aunque habría que discutir si el fascismo no fue una democracia para los fascistas). En los tres

casos, es importante, hay que constatar que el elemento constante es la máquina. Puede darse el caso, efectivamente, de que exista un gobierno democrático con máquina, o una dictadura con máquina. Una dictadura o, lo que es igual, un dictador carismático, sin máquina, es y ha sido una absoluta imposibilidad. Si se sigue el razonamiento de Weber hasta las últimas consecuencias, una ya antigua discusión historiográfica, perdería absolutamente su sentido. De acuerdo a esa discusión, una de las razones principales del auge del fascismo hay que buscarla en los poderes cuasi hipnóticos, en cualquier caso, sugestivos, de un conductor mesiánico que convierte al pueblo en masa y lo hace regresar hacia su propia prehistoria; de acuerdo a esa interpretación subjetivista, sin Hitler nunca habría habido fascismo. Otras corrientes opinan, sin embargo, que fue el desarrollo específico de la economía y de la sociedad alemana lo que en un momento determinado hizo posible que el conductor mesiánico alcanzara el poder. Hoy, por lo menos, sabemos, que lo uno no podría haberse dado sin lo otro. Del mismo modo, el supuesto antagonismo entre dos tesis: una relativa a que el fascismo significa un retroceso hacia la barbarie, que fue la que defendió Georg Luckás (1962); otra relativa a que es el producto genuino del desarrollo de la modernidad, que postulaba Adorno/ Horkheimer (1971) y que hace pocos años fue resucitada por Zygmunt Bauman (Bauman 1994) ha perdido mucho de su sentido. En cierto modo, ambas tesis son correctas, pero limitadas y luego, necesitan completarse, la una con la otra. El fascismo, como toda forma de totalitarismo, en la medida en que suprime el espacio de lo político significa siempre, sino un retorno, por lo menos una “caída en la barbarie”, que es la tesis de Luckás. Pero esa “caída” se da, en un momento del desarrollo de la modernidad industrial, con un Estado y en una “sociedad” que han alcanzado una enorme complejidad económica e instrumental, y con la clara intención de suprimir el caos político existente, supresión que como demostraron muy bien Adorno/Horckheimer, y después, Bauman, constituye una de las obsesiones más grandes del pensamiento moderno, desde Descartes hasta nuestros días, cuando los nuevos conductores, no de masas, pero sí de laboratorios, pretende “clonear” al ser humano, hasta alejar de él, la última partícula de contingencia y caos que le va restando. Porque lo contrario de barbarie no es modernidad, ni civilización ni cultura. Lo contrario de barbarie – así era al menos para los griegos – es política. De modo que se puede ser perfectamente ultramoderno y bárbaro a la vez. De acuerdo a esa idea, es posible distinguir dos tipos de barbaries, una histórica- evolucionista, y una histórica- contingente. La primera barbarie se da en todo aquel largo período histórico previo a la invención de la política, cuando los medios de resolución de antagonismos y conflictos eran puramente militares. La segunda, se puede dar en cualquier momento en que son suprimidas las relaciones políticas. En un sentido historicista, se trata efectivamente de una “regresión”, esto es, en una pérdida de las facultades reflexivas propias al hacer político. Pero esa regresión no es, necesariamente, un regreso al pasado, sino que a “otra parte”. No hay por tanto contradicción en que exista, por ejemplo, una barbarie muy moderna, o una modernidad muy bárbara. Tanto el fascismo, como el comunismo, como las dictaduras latinoamericanas, fueron “regresiones históricas” que han llevado a esa “otra parte”, donde no hay política, sino que barbarie, es decir, terror, violencia, maldad. Quizás parece extraño que aquí se esté recurriendo a un término tan impregnado por la ética y por la moral, como es el de maldad. Dicha extrañeza comienza, sin embargo, a disiparse, si se recuerda que la mayoría de las teorías políticas, desde Aristóteles hasta Hannah Arendt, han construido su discursividad sobre la base de una real o supuesta maldad humana.

La maldad, la palabra, y la política Una de las confrontaciones más intensas con el tema que relata la relación que se da entre maldad y política lo vivió precisamente Hannah Arendt, cuando hubo de reportear en Jerusalem, el año 1960 el juicio a Eichmann, uno de los más grandes genocidas de nuestro tiempo (Arendt 1986). Con la agudeza analítica que muy pocos tienen, y que ella poseía en cantidades, observaba Hannah Arendt intrigada a ese monstruo que no había vacilado en enviar a miles y miles de judíos, como Arendt misma lo era, a la muerte. Lo primero que llamó la atención a Arendt fue la dificultad que tenía Eichmann para expresarse verbalmente. Pronto observó que esa falta de capacidad de expresión, no era motórica, sino equivalente a la incapacidad del acusado para pensar. “Es decir, el era incapaz, desde la perspectiva de otro ser humano, para imaginar algo” (Arendt 1986, p. 78). En otras palabras, Eichmann carecía, totalmente de aquella facultad que hoy día se llama empatía social. En términos psicológicos, era un atímico, es decir, alguien que no puede traducir en palabras sus sentimientos; el caso de Eichmann era algo más grave; no podía expresar sentimientos, porque sencillamente nunca los había tenido. No es que tuviera malos sentimientos. No odiaba – a diferencias de Hitler, Himmler o Goebbel – a ningún judío. Carecía en absoluto de capacidad de odiar, y desde luego (o, por eso mismo), de amar. No había aprendido sencillamente a adquirir sentimientos, formarlos, comunicarlos, socializarlos y distribuirlos, cualidades que se adquieren en la vida en común, en relación y en antagonismo con los demás. En términos, también analíticos, Eichmann era el arquetipo de la llamada personalidad narcisista; esto es, de alguien cuya libido se ha estancado tanto en su interior, que con el tiempo decrece, y hasta tal punto, que termina por perderse definitivamente. Incluso Eichmann había encontrado la posibilidad de desarrollar su ausencia definitiva de sentimientos en un ejercicio profesional altamente instrumental: era un burócrata. Más todavía: era un buen burócrata especializado, en el clásico sentido weberiano del término. No es que fuera estúpido o idiota; pese a que no había aprendido a pensar, y por lo tanto a expresarse coherentemente. “Lo inquietante en la persona de Eichmann” – escribió Arendt – “es que el era como muchos, y que esos muchos no son perversos ni sádicos sino que son terrible y aterradoramente normales” (Ibíd. p. 326). La maldad de Eichmann era absolutamente normal; en las palabras de Arendt, era tan normal que incluso era banal. La banalidad del mal, la terrible banalidad que puede asumir el mal, esa fue la constatación que conmovió a Hannah Arendt en Jerusalem. Esa ostensible incapacidad de Eichmann para pensar siguió preocupando, durante mucho tiempo, a Hannah Arendt. Años después volvió a reflexionar sobre el tema, y recordando a Eichmann, escribía que la ausencia de la actividad del pensar no significaba, en ese caso, estupidez. La inteligencia de Eichmann no parecía ser más pequeña o más grande que la de cualquiera persona normal. Alguien puede, efectivamente, ser extraordinariamente inteligente, aprender muchos idiomas, solucionar rápidamente complicados logaritmos, y no saber ponerse en el lugar del interlocutor en una conversación o discusión o, lo que es peor, no saber diferenciar, por ejemplo, entre lo que es el bien y el mal en un momento determinado. Porque pensar, decía Arendt, es una actividad que interrumpe el actuar, pues pensar tiene siempre que ver con objetos ausentes. “Un objeto pensado es siempre una representación, esto es, (una cosa o una persona) efectivamente ausente y solamente presente para el espíritu, de modo que sólo con la imaginación, en la forma de un cuadro (imago) puedo convertir en algo

presente” (Arendt 2000, p.133). Pensar, para Arendt, es una cualidad que sólo se recrea en los laberintos del mundo interior, que es el de las representaciones. Pero no es, obligadamente, una condición de la inteligencia. En términos más generales, es posible afirmar que hay dos tipos de inteligencia: la instrumental y la emocional. La última es la que se pone en comunicación con el mundo interior, que es el de los pensamientos. De esa carecían en términos absolutos, los muchos Eichmann que hay en la historia, como pudo comprobarlo Arendt. Dicha constatación lleva a pensar, igualmente, que hay, por lo menos, dos tipos de maldad. Una, que analizó Arendt en Eichmann, que es terrible y banal al mismo tiempo, o mejor, que es terrible porque es banal; y otra maldad, que no es banal, sino que se alimenta de un mal “deseado”. En otros términos, que existen los malvados que no tienen sentimientos y los que poseen malos sentimientos. Tanto el uno como el otro malvado, existen siempre, en todos los países y en todas las épocas; para comprobarlo, basta sólo observar el ámbito cotidiano en que nos movemos, o leer la página roja de la prensa de cada día. Pero no siempre los malvados salen a la superficie pública, ni mucho menos; o no siempre se hacen del poder, como ocurrió en la Alemania nazi (o en el Chile de Pinochet). Por lo general, tales tipos de personalidades hacen su entrada en gloria y majestad cuando el espacio de la política, como actividad pública y colectiva, ha sido suprimido o destruido. Ambos tipos de maldad, aparecen, o cuando no existe la política como medio de intercomunicación de subjetividades múltiples, o sobre las ruinas de la política. Eichmann, para volver al ejemplo, bajo condiciones políticas normales podría haber sido un excelente administrador, uno más de esos autómatas inteligentes que vemos a diario en las empresas públicas y privadas, en los supermercados y en el Estado; y hasta su muerte habría pasado, gracias a la estricta observación de las llamadas virtudes secundarias (puntualidad, eficiencia, orden, limpieza) por ser un ciudadano intachable; y sobre todo obsecuente. Hasta tal punto llegaba su obsecuencia respecto al poder que acató el veredicto de Jerusalem que lo condenaba a muerte, con la misma frialdad y servilismo con que acataba las ordenes del estado mayor hitleriano. Los jueces eran, en ese momento, la representación simbólica y real del poder, y Eichmann había sido educado para servir al poder, en cualquiera de sus formas; y si era necesario morir si el poder así lo estipulaba pues, había que morir. La banalidad de su maldad era tan grande que ni siquiera podía sentir lástima por el mismo. Eichmann, efectivamente, podría haber vivido sin Hitler. Hitler, en cambio, no habría podido dominar sin (los) Eichmann. Toda su obsesividad, sus alucinaciones ideológicas, su maldad sin fondo, si, incluso su satanismo, podían sólo realizarse gracias a la presencia de los muchos Eichmann que existían en su país, quienes habían hecho, porque así lo habían aprendido, de la adaptación y de la obediencia, las virtudes más primarias de la vida (Mitscherlich 1992, p.71). Y los Eichmann no eran una excepción en un país como Alemania que – como ya se intentó explicar líneas atrás – había llegado a ser, el más burocratizado de toda Europa, hecho que alarmó a Weber y que le hizo temer, y con razón, por el futuro político de su nación. Si hay algo parecido a una culpa colectiva alemana, observó Arendt, ésta hay que encontrarla en la ausencia de virtudes ciudadanas de la mayoría de su población (1986, p.328), o lo que es lo mismo, en la estrechez burocrática de un espacio político que hubiera permitido a la ciudadanía desarrollar antagonismos mediante la vía de la reflexión y de la argumentación; de la deliberación y del debate; es decir, por medio de la construcción de un discurso polí-tico y no poli-cial. ¿Cómo fue posible que uno de los países culturalmente más avanzados de Europa hubiera llegado a caer en una barbarie tan siniestra como fue la que hizo posible al Holocausto? Es la pregunta que todavía se hacen muchos intelectuales

europeos. Una respuesta a esa pregunta la encontró Hannah Arendt: es que es posible ser culto y bárbaro a la vez (Ibíd., 2000, pp.277-304). Aquello, en cambio, que no es posible, es ser una persona política y bárbara a la vez pues, la luz pública de la política, la inventaron los griegos, no para ser más cultos – que ya lo eran bastante – sino que para salir de la barbarie. Los asesinos como Eichmann, después de firmar cientos de actas de ejecución, e incluso oler el humo de las chimeneas que despedían los cuerpos calcinados en las cámaras de gases, se retiraban en las tardes a sus casas, regaban, como hacen puntualmente mis vecinos, sus jardines; amaban como Hitler, a los perros; jugaban con sus niños; algunos leían incluso a Goethe o escuchaban a Beethoven y Wagner antes de ir a dormir; y en Navidad, después de abrir los regalos bajo el verde pino, rezaban incluso a Jesús, sin acordarse, en sus burocráticas cabezas, que el crucificado al que rezaban, era nada menos que un judío; otro judío más, asesinado por gente como ellos. Precisamente en estos días, en que se intenta abrir secretas actas de asesinatos y torturas, en mi país, Chile, he vuelto a releer relatos que hablan de cuerpos torturados, ojos arrancados, mujeres violadas, miembros destrozados con burocrática puntillosidad, aviones cargados de agonizantes que son lanzados al mar, uno por uno, es decir, ese infierno dantesco que fue la dictadura de Pinochet. De nuevo, inevitablemente, surge la misma pregunta ¿de dónde viene esa increíble maldad que nunca ví antes; que no suponía que existía en ese país del cual no tengo malos recuerdos ni de infancia ni de juventud? Hannah Ahrendt decía, evidentemente, lo justo: sin el mundo público, desde donde nace la política, actividad que por ser humana siempre es precaria e imperfecta, las colectividades regresan a la barbarie; y cuando la caída en la barbarie tiene lugar en tiempos modernos, puede ser, esa misma barbarie, organizada bajo la forma de empresa, donde se tortura de acuerdo a cálculos previos, con asistencia médica, con instrumentos modernos; o en donde se asesina sin pausa, pero con método y precisión. Las dictaduras de la modernidad, sean fascistas, comunistas, o simplemente militares, han convertido a la maldad en un sistema. Pero la maldad proviene, antes de ser un sistema, de la barbarie colectiva. Donde no hay política, hay barbarie; donde hay barbarie hay violencia y terror. En la oscura noche del terror, los malvados, los peores de todos, encuentran sus lugares de realización y sobre todo, de impunidad, pero de una que nunca encontrarán en una sociedad políticamente organizada. Bajo una dictadura, lo peor que hay en cada ser humano, puede ser posible. Es por eso que, en medio de la guerra y la violencia, inventamos un día, el espacio de la política. Frente al cadáver de la persona amada, como dice poéticamente Freud, comenzamos a pactar con el enemigo, para que el no siguiera matando más a los tuyos, bajo la condición de que tu no siguieras matando más a los suyos (Freud, (1916)1993). Desde ese pacto, tan elemental, comenzó a brillar la luz del milagro político la que, cada cierto tiempo, apagan las dictaduras, hasta que, entre las tinieblas más oscuras, comienza a veces muy débilmente, a reaparecer. Es por eso que a la luz de la política hay que cuidarla con el mismo esmero con que nuestros antepasados cuidaban al fuego. No se quiere decir aquí que la política nos hace más buenos de lo que somos sin ella; pero sí, que la política limita o bloquea la increíble maldad que anida en cada ser humano. La maldad es, precisamente, la ausencia de límites que la contengan; y el principal de los límites lo da la palabra; la que se piensa primero; la que se pronuncia después; por último, la que se escribe. La palabra que se hace frase, la frase que se convierte en idea, la idea que se transforma en argumento, el argumento que se opone a otro argumento, el debate, privado primero, público después, la polémica, la retórica, el convencimiento, el acatamiento, la Ley, el

Código, el Derecho; la palabra escrita que asegure que aquella que pronunciamos no se la ha llevado el viento, y queda in-scripta, en papeles a los que podemos recurrir cuando nuestra dignidad amenaza ser avasallada por el malvado que no reconoce más palabras que las que vienen de sus hambres y deseos, la palabra política, palabra en la polis, de la polis, del ciudadano que hace de la palabra su código, su Ley, su Derecho y que defiende con palabras, con frases, con ideas, con argumento y con retórica; todo eso es la sangre, el alma, los huesos y la piel de lo político. Y todo eso es palabra. La que no podemos perder nunca más (Mires 2001a y 2001b). La maldad más malvada de las dictaduras es que nos quitan el derecho a la palabra, y sin esa, la palabra, no es posible siquiera nombrar al mal por su nombre; tampoco, en consecuencia, al bien. Aristóteles lo dijo mejor que nadie: Si el hombre es infinitamente más sociable que las abejas y que todos los demás animales que viven en grey, es evidente, como he dicho muchas veces, porque la naturaleza no hace nada en vano. Pues bien, ella concede la palabra al hombre exclusivamente. Es verdad que la voz puede expresar la alegría y el dolor, y así no les falta a los demás animales, porque su organización les permite sentir esas dos afecciones y comunicárselas entre sí; pero la palabra ha sido concedida para expresar el bien y el mal y por consiguiente lo justo y lo injusto (cursivas, F.M.); y el hombre tiene eso de especial entre todos los animales: que sólo el percibe el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y todos los sentimientos del mismo orden cuya asociación constituye precisamente la familia y el Estado” (Aristóteles 1962 pág.21). Desde luego, la palabra por sí sola, no constituye a la política; pero sin palabras no hay política. De ahí que la libertad de expresión es la primera condición de lo político; esa es la razón por la cual la mayoría de los esbirros de las dictaduras tienen, como observó Hannah Arendt en Eichmann, serias dificultades de expresión. Siguiendo a Aristóteles, habría que decir, en consecuencias, que el ser humano no solamente es un animal social, sino que además, o por lo mismo, un animal discursivo. La palabra, en efecto, es el primer eslabón de todas las cadenas de la política. Sea la palabra oral en la deliberación, en el debate, en la reflexión individual y colectiva; sea la palabra escrita en el derecho, en las leyes, en las ordenanzas y en los reglamentos. La política es poder, dice Weber. La política es el poder de la palabra, se responde aquí; y no el de las balas ni de los cuchillos. Distribución, mantención y desplazamiento de poder, se realizan en la política mediante medios orales o escritos; ese es el límite que hasta para un Carl Schmitt separa a la política de la guerra. Bertold Brecht estaba pues muy equivocado cuando en un arrebato belicista escribió: “Ahora tiene la palabra el camarada Mauser”. Ni siquiera, con todas las licencias poéticas que se quieran conceder, esa frase tiene sentido. El camarada Maúser no sólo no sabe hablar; lo único que sabe es matar; y los muertos no hablan; ni siquiera cuando los convertimos en fantasmas. Sin palabras no hay política. Pero sin política hay, sin embargo, palabras. Son las palabras privadas, o son las palabras del poder, pero no de un poder político que para que exista debe desplazarse a lo largo de múltiples espacios, sino que de un poder concentrado en quien lo detenta y que habla, sin interlocución ni contradicción, en su nombre. No es la palabra del dialogo. Tampoco es la del antagonismo. Es una palabra sin réplica, que se afirma en sí misma, y sólo en la lengua del que la pronuncia. En ese punto, hay un curioso paralelo entre el dictador y el poeta. La palabra de ambos no reconoce más límites que la que el autor le asigna. La diferencia es que la del poeta es palabra metafórica, construida como un juego monológico destinado a disociar las relaciones entre las palabras y las cosas, procedimiento que utiliza, el poeta, para reconvertir, ilusoriamente, una

realidad, en otra. La del dictador, en cambio, carece del encanto de la metáfora. La suya es una palabra bruta y brutal; no busca reconvertir a ninguna realidad; sólo quiere destruirla; y sobre la destrucción de lo que es real no puede surgir ninguna metáfora; ninguna re- presentación y, siguiendo a Arendt, por esa misma razón, ningún pensamiento. Mientras el poeta dice yo soy como un Dios, el dictador afirma, yo soy Dios. El como del poeta, deja intacto a Dios. La ausencia del como en el dictador, destruye a la propia idea de Dios. Una hermosa, o simplemente una buena poesía, no puede ni debe ser tomada en serio; es un juego inconciente; si se quiere, infantil. Ay del que no tome en serio la palabra del dictador. También la suya, como la del poeta, es una palabra sin límites, pero hay que creer en ella. O morir.

El mundo mágico de la dictadura Pero como en la poesía también, la palabra sin límites, es decir, sin política, adquiere un sentido omnipotente y por lo mismo, mágico. Es que el dictador, sin voces ni palabras que lo contradigan, vive en un mundo que es efectivamente mágico. El dictador confunde su propia biología con el Estado, y al Estado con el pueblo, y al pueblo, de nuevo, consigo mismo. El dictador no escucha las voces de los demás; sólo escucha sus voces internas. La realidad del dictador es alucinatoria, fantasmagórica, fragmentada. Sus frases carecen de lógica y de organización, salvo cuando lucha por el poder, al cual se abraza instintivamente, porque el poder, en su mundo autista, no es más que el mismo. Cuando Fidel Castro decía, por ejemplo: socialismo o muerte, estaba hablando de su propia muerte, no de la del socialismo que, parece, nunca lo ha habido en Cuba. Las dictaduras corresponden, efectivamente, al mundo de lo prepolítico que es por eso, bárbaro; o son regresos a la fase no política de la humanidad, donde, como se deja ver en las pinturas de II Bosco, los humanos se regían por imágenes mágicas y /o fantásticas que son, en el hecho, las visiones alucinadas de la barbarie. Quien como pocos ha logrado captar el mundo interno mágico del dictador ha sido el genio literario de Mario Vargas Llosa al describir, magistralmente, a ese ícono de la maldad humana que fue el dictador Rafael Leonidas Trujillo, autoproclamado El Benefactor. A continuación se transcribe una escena de Trujillo con ese hombre muy político que fue Joaquín Balaguer quien, como presidente fantoche, sirvió mucho tiempo y muy obsecuentemente al horrible dictador. Balaguer, quién además era escritor (y no muy malo) pronunció una vez un discurso en donde comparaba a Trujillo con Dios. Gracias a ese discurso pudo acceder a la Academia de Letras de su país. A ese discurso se refiere la siguiente escena que protagonizan Trujillo y Balaguer: –“Dios y Trujillo: una interpretación realista” – murmuró, bajando los párpados. Lo he releído muchas veces – chilló la meliflua vocecita del Benefactor –. Me sé párrafos de memoria, como poesías. ¿Por qué esta revelación al Presidente fantoche? Era una debilidad, a la que nunca sucumbía. Balaguer podía jactarse de ello, sentirse importante. No estaban las cosas para desprenderse de un segundo colaborador en tan corto intervalo. Lo tranquilizó recordar que, acaso el mayor atributo de este hombrecillo era no sólo saber lo conveniente, sino, sobre todo, no enterarse de lo inconveniente. Esto no lo repetiría, para no ganarse enemistades homicidas entre los otros cortesanos. Aquel discurso de Balaguer lo estremeció, lo llevó a preguntarse muchas veces sino expresaba una profunda verdad, una de esas insondables decisiones divinas que marcan el destino de un pueblo. Aquella noche, al oir los primeros párrafos

que, embutido en el chaqué que llevaba con su poca apostura, el nuevo académico leía en el escenario del Teatro de Bellas Artes, el Benefactor no le prestó mayor atención (èl también vestía de chaqué, como toda la concurrencia masculina; las damas iban de traje largo y por doquier destellaban joyas y brillantes). Aquello parecía una síntesis de la historia dominicana desde la llegada de Cristóbal Colón a la Hispaniola. Comenzó a interesarse cuando, en las palabras educadas y la elegante prosa del conferencista, fue asomando una visión, una tesis. La República Dominicana sobrevivió más de cuatro siglos – cuatrocientos treinta y ocho años – a adversidades múltiples – los bucaneros, las invasiones haitianas, los intentos anexionistas, la masacre y fuga de blancos (sólo quedaban setenta mil al emanciparse de Haití) gracias a la Providencia. La tarea fue asumida hasta entonces directamente por el creador. A partir de 1930, Rafael Leonidas Trujillo Molina relevó a Dios en esa ímproba misión. “Una voluntad aguerrida y enérgica que secunda en la marcha de la República hacia la plenitud de sus destinos la acción tutelar y bienhechora de aquellas fuerzas sobrenaturales” – recitó Trujillo, con los ojos entrecerrados –. “Dios y Trujillo: he ahí, pues, en síntesis, la explicación, primero de la supervivencia del país y, luego, de la actual prosperidad de la vida dominicana”. Entreabrió los ojos y suspiró, con melancolía. Balaguer lo escuchaba arrobado, empequeñecido por la gratitud. –¿Cree usted todavía que Dios me pasó la posta? ¿Que me delegó la responsabilidad de salvar a este país? – preguntó, con una mezcla indefinible de ironía y ansiedad. Más que entonces, Excelencia – replicó la delicada y clara vocecita –.Trujillo no hubiera podido llevar a cabo la sobrehumana visión, sin apoyo trascendente. Usted ha sido, para este país, instrumento del Ser Supremo. (Vargas Llosa 2000, pp 292-293). A través de una primera lectura, uno no sabe si permanecer más atónito frente a la ilimitada omnipotencia del dictador, o frente a la igualmente ilimitada servidumbre del consejero. Pero, si se lee el libro hasta el final, esa impresión cambia un poco. Pues se trata de una novela con dos personajes principales. Uno es el cruel dictador; el otro es Balaguer. Balaguer, es en efecto, la única personalidad auténticamente política que existe en todo el libro. No me refiero a su indudable capacidad camaleónica para saber adecuarse a todos los momentos y circunstancias; tampoco a su innegable instinto de oportunidad, que lo lleva a realizar las más audaces maniobras cuando nadie lo esperaba. Ni siquiera a su increíble perseverancia. Esas son, si se quiere, virtudes políticas secundarias. Me refiero sí, a su indudable don de palabra, la que hace prevalecer entre las jaurías más carniceras que rodeaban al dictador. Gracias a ese don, el, en medio de la locura desatada, fue el único que pudo conducir a la República Dominicana para que entrara, después de la muerte de Trujillo, sino a una avenida democrática, por lo menos a una republicana. ¿Qué llevó entonces a ese hombre culto e inteligente a comparar a esa bestia sedienta de sangre que era Trujillo, nada menos que con Dios? ¿Sólo servilismo? Pero Balaguer podría haberse deshecho en miles de adjetivos y alabanzas sin necesidad de recurrir a Dios, como hacían todos los cortesanos de Trujillo ¿Miedo tal vez? Algo hay de eso; Pero no; yo creo que Vargas Llosa tiene razón cuando escribe que en ese discurso comenzó a aparecer “una tesis”. Dicha tesis encuentra una delgada raiz en el cristianismo determinista que sustentaba Balaguer. “Los designios de Dios son ineluctables” – acostumbraba a repetir. Luego, ha de haber habido alguna razón oculta que llevó a Dios a poner a ese demonio en el poder. Pero, por otra parte, no hay que olvidar que Balaguer no sólo era un creyente, sino que además un político contumaz, algo que logró demostrar tanto

en la novela como en la realidad. En ese sentido, me parece advertir que Balaguer estaba intentando, nada menos, que encontrar un fundamento político para que el poder trujillista pudiera sustentarse sobre algo que no fuera la pura maldad humana. La legitimidad de ese dictador, no podía venir del pueblo ni de ninguna parte. Pero había, de todas maneras que buscar una legitimidad, y si no había ninguna que fuera humana, tenía que ser, por lo menos, divina. En verdad, lo que hizo Balaguer fue restaurar la teoría del poder divino absoluto de las monarquías pre-modernas europeas pero, nada menos que en la República Dominicana, en pleno siglo veinte. Lo que no sabía el imbécil de Trujillo, y que sí sabía Balaguer, era que con la teoría del poder divino, va acoplada la teoría del “tiranicidio”, que es un derecho que se reservan los pueblos para ajusticiar a los monarcas si estos no se ajustaban a la Ley de Dios. Era, ese, el de la divinidad, por lo demás, el único fundamento al que podía echar mano Balaguer para darle un sentido mínimamente político a esa atroz dictadura. Lo grotesco, es que, Balaguer, estaba restaurando la primera de las tesis políticas de la premodernidad, a pocas millas de los Estados Unidos, en medio de la fase más alta de la modernidad capitalista; y no en el siglo catorce. Pero por otra parte ¿no era la realidad política dominicana muy similar a la de los países europeos cuando fue instaurada en ellos la primera forma de dominación política que fue la monarquía absoluta de origen divino, cuando no había pueblo, ni nación, ni mucho menos “sociedad”, de modo que el poder sólo podía venir de Dios? ¿No fueron los primeros reyes europeos tanto o más sanguinarios de lo que era Trujillo? ¿No había surgido el mismo Trujillo de una realidad no política cuya barbarie no tenía nada que envidiar a la que prevalecía en la Europa del siglo trece? Sustentar a Trujillo sobre la base de un poder supuestamente divino era incluso políticamente progresista, si se tiene en cuenta que, hasta antes de ese discurso, el poder de Trujillo se sustentaba sobre la pura sangre derramada. Balaguer intentó, quizás, dar forma, mediante el recurso de la divinidad, a un Estado que hasta ese momento no existía. Había pues que, por lo menos, poner el primer hito político en la historia de ese pobre país. Después aparecerían los Hobbes y los Lockes para dar forma más civil a ese infierno. Todavía no aparecen; pero Trujillo es un pasado; aunque nunca olvidado; su maldad fue demasiado grande para merecer el privilegio del olvido. La República Dominicana no es, por cierto, un modelo de democracia moderna; pero hay una Constitución, y leyes que a veces se acatan; hay políticos, algunos respetables, y por lo tanto, algo de política. En un breve tiempo ha avanzado, ese país, más rápido que lo que lo hicieron las democracias europeas más ilustres en siglos. Parte de ese mérito le corresponde a Balaguer; lo más lejano que puede haber a un héroe; pero a fin de cuentas, una cabeza política en medio de los lobos.

Los señores políticos Trujillo fue un tirano pre-político en un país donde nunca había existido la política. En eso se diferencia de otros tiranos latinoamericanos quienes montaron su dominación sobre la base de repúblicas y democracias que existían previamente. Hay dictaduras de fundación; y la de Trujillo pertenece a esa clase; y hay dictaduras regresivas. Estas son las que hacen regresar a las naciones de las que se apoderan, de un mundo político, al de la barbarie. Chile, por ejemplo, fue, hasta 1973, una nación políticamente constituida. Volvió a serlo a partir de los noventa, con la lenta y nunca bien terminada instauración de la democracia. En ese intervalo, entre dos períodos democráticos, apareció el más feo rostro de la barbarie; pero no el de un supuesto pasado bárbaro, sino que la

de un presente no político. Y si se quiere buscar un buen ejemplo que comprueba la tesis de como la maldad reina allí donde la política no existe, hay que leer las alocuciones, entrevistas y discursos que generosamente daba a conocer el general Pinochet, quien no sólo ha sido uno de los más notables antipolíticos de la historia moderna, sino que además uno de los que más se ha jactado de serlo. Parece que cada cierto tiempo la historia se empeñara en mostrarnos lo que era el mundo antes de que existiera la política. Pinochet, sin duda es uno de los arquetipos de ese pasado bárbaro de la humanidad, y con toda probabilidad, su retrato pasará a situarse al lado de otros monstruos que han retornado desde lo más oscuro de la barbarie humana hacia la época moderna. Pinochet, como ya se dijo, no sabe siquiera hablar, es decir, argumentar, razonar. Más aún; detestaba el uso coordinado de la palabra, y por ende – incluso más que a “los marxistas”, símbolo que por lo demás, utilizaba como agente de negación semántica de su propia personalidad antipolítica – detestaba sobre todo a “los señores políticos”; imagen que no era otra sino la afirmación constitutiva de su barbarie personal. La personalidad prehistórica de Pinochet es en cualquier caso un ejemplo interesante, puesto que – aunque de modo caricaturesco – se encuentran concentradas en él las dos maldades que dieron origen a los totalitarismos europeos. Poseía, en efecto, la maldad del que no tiene sentimientos; y, además, la maldad del que tiene malos sentimientos. Porque mucho se ha hablado de la enorme capacidad de traición y de simulación que poseía Pinochet. Y es verdad; ni siquiera vacilaba en hacer asesinar antiguos compañeros de armas si eso favorecía sus objetivos. Pero quizás, en ese punto, haya que diferenciar, entre dos Pinochets. Antes de que se hiciera del poder y después. Antes de asaltar el poder, parecía ser más bien, un Eichmann, tal como describiera a Eichmann, Hannah Arendt: un funcionario obediente, cumplidor, ordenado, y, sobre todo, con muy poca capacidad de pensamiento; característica, esta última, que supo mantener con consecuencia durante toda su vida. Hasta el momento del golpe, la maldad de Pinochet era pues, banal. Pero convertido en dictador, adquirió, casi de pronto, ciertas características que son más bien propias a un Hitler y a un Stalin. Su lenguaje burocrático, por ejemplo, se convirtió en un lenguaje poblado de alucinaciones, cada una más fantástica que la otra. Como Hitler y Stalin, que hablaban siempre de erradicar a los parásitos de la sociedad, Pinochet se refería continuamente a su obsesión por erradicar “la mala yerba”. Continuamente, al igual que los otros dos monstruos, hablaba de “desinfectar” al país. Lo mismo ocurría en el plano de las representaciones subjetivas. Hitler veía el espíritu del judaísmo en todas partes. Stalin hacía continuamente asesinar a sus subordinados cuando de ellos se apoderaba el espíritu de la burguesía. Pinochet veía el espíritu del marxismo hasta en el Vaticano. En ese mundo no político que es el del dictador, los procesos pierden toda relación de causalidad y el “pensamiento mágico”, como ocurría en la era de la barbarie, se apodera completamente de la realidad. Sólo en una realidad donde la política ha sido destruída es posible decir, como una vez dijo Pinochet, que el golpe de Estado hubo de llevarlo a cabo, cuando la virgen María, reencarnada en la figura de su esposa Lucía, le ordenó que así lo hiciera, para que sus nietos no se convirtieran en esclavos. Cuando el espacio de la política se encuentra clausurado, no existen posibilidades para que se establezcan relaciones públicas entre sujetos y objetos. Quiere decir eso que, inevitablemente, aparecen bloqueos en la comunicación tanto en las mentes de los actores sociales, así como en las relaciones que contraen entre ellos. Los actores sociales, al no poder convertirse en actores políticos, esto es, en seres con capacidad de articulación, en referencia recíproca, negativa o positiva, no pueden, efectivamente, ser sujetos para los demás, y luego, tampoco pueden

serlo para sí mismos. En el mundo de la dictadura, los objetos andan por un lado y los sujetos por el otro, sin encontrarse jamás, pues faltan las palabras (están prohibidas) que unan a los unos con los demás. Es por eso que el lenguaje de todos los dictadores, de todos sin excepción, está atiborrado de imágenes que provienen de relaciones puramente subjetivas, pero que él, el dictador, porque es portador, sino del poder, por lo menos de la violencia, se atreve a pronunciar en público. Es el único, por lo demás, que puede hacerlo. Debido a esa razón, el dictador, al clausurar la objetividad de la cosa pública, se ha condenado a sí mismo a vivir encarcelado en sus propios laberintos subjetivos, a los que confunde con la realidad de las cosas. El dictador es, en cierto modo, una víctima de sí mismo. Así se explica que el mundo interno y externo de los dictadores sea irracional o fantástico; es decir, mágico, como sólo lo es el mundo de los pueblos más primitivos. El dictador vive la realidad como un sueño, y sus víctimas, que duda cabe, como una pesadilla. Es difícil, por lo tanto, entender a una dictadura desde fuera; desde otro país, o desde otros tiempos. Las categorías racionales que usamos para entendernos unos a otros en el mundo abierto de lo político, no sirven cuando se trata de entender a esa fragmentada realidad que representan las dictaduras y los dictadores. Ahora bien, si política, y no cultura, es lo contrario a barbarie, es porque la política se ha situado en un espacio que ha resultado ser absolutamente incompatible con relaciones de poder totalitarias, dictatoriales, o simplemente autoritarias, que son las formas prepolíticas de dominación y gobernabilidad. Y es así, porque el espacio de la política es público, es decir, transparente a accesible a todos aquellos que adquieren condición civil, o ciudadana. Eso significa que la luz pública de lo político es condición de la llamada sociedad civil. A la inversa también. La publicidad de lo político sólo ha podido aparecer allí donde hay polis, o ciudad política (y no policial), o lugares de civilidad. Por cierto, la condición civil, no anula ni elimina las recaídas en la barbarie. Hay múltiples ejemplos históricos que han mostrado, que la barbarie, o fin de la politicidad, amenaza con reaparecer en cualquier momento en que la civilidad se encuentra agrietada. Es que a la civilidad hay que cuidarla con más cariño y esmero que a un jardín. No hay nada más difícil que recuperar el status ciudadano que otorga una civilidad política. Eso lo saben muy bien los pueblos de Europa del Este. Igual de bien, lo saben aquellas naciones latinoamericanas que han tenido que sobrevivir a las más bárbaras dictaduras que es posible imaginar. Desde luego, el restablecimiento de relaciones civiles no asegura de por sí la solución a los infinitos problemas que padecen tantas regiones del globo. Pero sin ese mínimo de civilidad, que es otra sino la condición que garantiza la participación política de la ciudadanía, ninguno de los problemas que hoy nos agobian, podrá ser solucionados alguna vez. Ninguno, aunque sobre nuestros países llueva todo el oro del mundo.

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LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACION Manuel Antonio Garretón M. Investigador de la Universidad de Chile Departamento de Sociología [email protected]

El nuevo contexto socio-histórico. Las sociedades latinoamericanas han vivido en las últimas décadas, en grados y momentos diversos según los casos, profundas transformaciones. La primera es el predominio de modelos político-institucionales de concertación y conflicto que tienden a reemplazar a las dictaduras, guerras civiles y modalidades revolucionarias de décadas precedentes. La segunda es el agotamiento del modelo de “desarrollo hacia adentro”, asociado a la pérdida de dinamismo del sector público e industrial urbano, y su reemplazo por fórmulas de ajuste y estabilización. Estas, inicialmente de sesgo neo-liberal y sólo parcialmente corregidas con posterioridad, buscaban nuevas formas de inserción en la economía mundial caracterizada por fenómenos de globalización y transnacionalización de las fuerzas del mercados. La tercera es la transformación de la estructura social, con el aumento de la pobreza y la marginalidad y la precariedad creciente de los sistemas educativos y laborales. Esto ha producido una recomposición del sistema de actores sociales y el cuestionamiento de las formas tradicionales de acción colectiva. Finalmente, la crisis del modelo de modernidad asociado a la modernización occidental y de cultura de masas norteamericana predominantes en nuestra cultura o, al menos, en las elites dirigentes, y al surgimiento de fórmulas propias e híbridas de modernidad. El futuro de estos países se liga, entonces, a su capacidad de enfrentar cuatro desafíos o, lo que es lo mismo, de abordar simultáneamente cuatro procesos de naturaleza y dinámicas diferentes cada uno de ellos. El primero se refiere a la construcción de democracias políticas y ser el objetivo de este artículo. El segundo proceso es lo que denominamos la democratización social. Ello tiene varios significados que abarcan la redefinición de los principios de ciudadanía, -que junto con garantizar los derechos clásicos, se haga cargo de las nuevas cuestiones ciudadanas -nuevos derechos universales, derechos identitarios particulares y derechos colectivos de los pueblos-, la superación de las nuevas formas de exclusión y la recomposición de los actores sociales o refortalecimento de la sociedad civil. El tercer proceso se refiere a la definición del modelo de desarrollo. La transformación del antiguo modelo de desarrollo “hacia adentro”, basado en la acción del Estado como agente de desarrollo, y la reinserción de la economía nacional en el proceso de globalización de la economía mundial, se hizo con el predominio a partir de las fuerzas transnacionales de mercado. Lo que significó

una mayor autonomía de la economía respecto de la política en relación al modelo de desarrollo hacia adentro, pero dejó a la sociedad enteramente a merced de los poderes económicos transnacionales. Ello, porque el modo predominante como se ha hecho tal transformación ha sido el ajuste o reformas estructurales de tipo neo-liberal. Es decir, sobre la base de privatizaciones radicales, la reducción del papel y de la capacidad de acción del Estado, la extensión y profundización de los mecanismo de mercado en toda la economía y la sociedad y una ideología que hace equivaler sociedad a mercado. Pero las modalidades neo-liberales han significado sólo la inserción parcial y nueva dependencia de ciertos sectores, con lo que se vuelve a configurar un tipo de sociedad dual y queda planteada la cuestión de un nuevo modelo de desarrollo. Dicho de otra manera, el modelo neo-liberal operó sólo como ruptura y mostró su total fracaso en transformarse en un desarrollo estable y auto-sustentable. El concepto de “transición a la economía de mercado” fue también un instrumento ideológico, que identificaba un modo particular de ajustar la economía en tiempos de crisis con un modelo nuevo de desarrollo. En términos de las cuestiones ligadas a la democratización política, que es lo que nos interesa aquí, independientemente de sus formas más o menos conservadoras, el nuevo esquema económico que se impone a nivel mundial, tiene varias consecuencias. En efecto, él es intrínsecamente desintegrativo a nivel nacional e integrativo, aunque obviamente asimétrico, a nivel supranacional. Ello, por un lado, implica la desarticulación de los actores sociales clásicos ligados al mundo del trabajo y al Estado. Por otro lado, se hace muy difícil la transformación de los nuevos temas (medio ambiente, género, seguridad urbana, democracia local y regional etc) y de las nuevas categorías sociales (sectarias, de género, étnicas, diversos públicos ligados al consumo y a la comunicación) en actores sociales políticamente representables. Esta desarticulación de actores sociales es coincidente con el debilitamiento de la capacidad de acción del Estado, referente histórico básico para la acción colectiva en la sociedad latinoamericana. La existencia de una sociedad-política, de la polis, es la base indispensable de todo régimen democrático, y su erosión deja a éste sin enraizamiento en la sociedad. Y lo que ocurre hoy es que, junto al panorama históricamente excepcional de regímenes democráticos en América Latina, hay también tendencias que van deshaciendo o erosionando la polis. Ello significa que la democracia puede convertirse en un rito puramente formal de legitimación, en el plano político, de los mecanismos de mercado, los que erosionan y descomponen la unidad contradictoria de la sociedad-polis. Para evitarlo, es imprescindible la corrección urgente y la generación a largo plazo de una alternativa al modelo prevaleciente de desarrollo, en términos de fortalecimiento de las bases estructurales y de las referencias simbólicas de la acción colectiva. El cuarto proceso puede ser considerado como una síntesis de los otros, pero posee su propia dinámica y especificidad. Se trata de la definición del tipo de modernidad que estos países van a generar y a vivir. La modernidad es la afirmación de sujetos, individuales o colectivos, constructores de su historia. Cada sociedad amalgama de una manera diferente las dimensiones racionalista, subjetiva e identitaria presentes en todas las modernidades, es decir, “inventa” su propia modernidad. La forma particular de la modernidad latinoamericana, en torno a lo que denominaremos la matriz nacional popular, ha entrado en crisis. Frente a ella se alza como propuesta la simple copia del modelo de modernidad identificado a procesos específicos de modernización de los países desarrollados, pero con un énfasis especial en el modelo de consumo y cultura de masas norteamericano. El neo-liberalismo y los llamados “nuevos autoritarismos”, básicamente militares,

identificaron su proyecto histórico con la modernidad. Las democratizaciones políticas de los últimos años rectificaron su dimensión política dándole un sello democrático. En un momento que la modernidad identificada únicamente a su dimensión racionalista-instrumental entra en cuestión en todas partes del mundo, en América Latina y Chile, las elites parecen estarla recién descubriendo. A ello se opone también primitiva y unilateralmente la visión de una modernidad latinoamericana identificada ya sea con una América Latina “profunda” de raíz indígena, ya sea con una base social que es el mestizaje o con un sujeto particular que es la Iglesia Católica. Ambos extremos definen de una vez para siempre la modernidad o su alternativa ya sea desde la externalidad del sujeto, ya sea desde una esencialidad trascendente. Ambas visiones son ahistóricas, y por eso no pueden dar cuenta de los sincretismos, hibridajes y desgarros de las formas de convivencia latinoamericanas. La globalización significa hoy día, como se ha señalado en otros trabajos, que se pasa de un mundo básicamente geo-político a un mundo geo-económico y, sobre todo, geo-cultural. El espacio es cada vez más comunicación y, por lo tanto, los modelos de apropiación del espacio comunicacional, son modelos de creatividad, conocimiento y expresividad. Si hay un futuro para cada una de las sociedades latinoamericanas y para el conjunto de ellas, es en la proyección de sus propios modelos de modernidad combinando las dimensiones científico-tecnológica, expresivo-comunicativa, identitarias y de memoria histórica. El conjunto de procesos y transformaciones mencionados redefinen el concepto clásico de desarrollo, centrado en torno al crecimiento económico y sus causas o efectos en otras esferas de la sociedad. Y tienen también importantes consecuencias para la acción colectiva y las relaciones entre Estado y sociedad. Ya no estamos en sociedades en las que el problema del cambio social pueda plantearse como un proyecto global que busca transformar toda la vida social a partir de una sola de sus dimensiones o estructuras, sea ésta la económica, la política, la social o la cultural. Más bien asistimos a una diferenciación de las diferentes esferas de la sociedad y a proyectos que se refieren cada uno a una sola de esas dimensiones. Dicho de otra manera, hay ciertos desafíos o procesos en marcha que no pueden pensarse en términos de secuencia o de efectos automáticos de unos sobre otros. Esto quiere decir que cada uno de estos procesos tiene su propia dinámica interna, que hay que encararlos simultáneamente y que el Estado tiene un papel obligado, pero diferente frente a cada uno.

El cambio de matriz socio-política Los cambios de la política, la economía, la estructura social y la cultura, indicados más arriba, así como los procesos de democratización política a los que nos referiremos más adelante, apuntan a una transformación de la matriz de constitución de la sociedad o matriz socio-política en América Latina. La idea de matriz socio-política o matriz de constitución de la sociedad, alude a las interrelaciones entre Estado, que definiremos enseguida, estructura de representación, que abarca principal aunque no exclusivamente la dimensión político-partidaria, y la base socio-económica y cultural de constitución de los actores sociales. La mediación institucional entre estos componentes es lo que llamamos régimen político. El Estado combina, por un lado, dimensiones simbólicas, institucionales, instrumentales, y actorales o de agente relativamente autónomo. Por otro lado, ejerce funciones coercitivas, reguladores, redistributivas, integrativas,

dependiendo de qué esfera de la sociedad se trata. Esta complejidad y polivalencia del Estado viene del hecho que es, la vez, momento de unidad de una sociedad histórica denominada nación, agente de desarrollo, cristalización de relaciones de dominación y aparato organizacional e institucional público encargado de las funciones ya mencionadas. No podría reducirse el Estado a ninguna función o dimensión singular, aun cuando en determinadas circunstancias históricas aparezca ligado a un aspecto particular de estas múltiples significaciones. Tampoco la multidimensionalidad del Estado agota su complejidad, porque de hecho éste no existe aisladamente o en un vacío social, sino que forma parte siempre de un entramado social que lo redefine históricamente, lo que, precisamente, hemos denominado matriz socio-política. Las sociedades latinoamericanas privilegiaron una matriz socio-política que definía, según los casos, una relación de fusión, imbricación, subordinación o eliminación de algunos de los elementos de esta relación entre Estado, sistema de representación y actores sociales. Así, en algunos países la fusión entre estos elementos operó a través de la figura del líder populista, en otros a través de la identificación entre Estado y partido político o a partir de la articulación entre organización social y liderazgo político-partidario. También se dio el caso donde el sistema de partidos fusionaba todos los fraccionamientos sociales o las organizaciones corporativas abarcaban la totalidad de la acción colectiva sin dejar espacio a la vida política autónoma. Este modelo socio-político se daba en un contexto histórico-estructural caracterizado por la confluencia contradictoria de procesos nacionalistas, desarrollistas, modernizadores. Al mismo tiempo de una industrialización orientada al mercado interno, con un rol central del Estado, una presencia dirigente con componentes oligárquicos y de clases medias e intensos procesos de movilización popular en el que la política constituyó el eje fundamental. Tal matriz la hemos denominado matriz clásica o político-céntrica y también puede aplicársele la apelación de nacional-popular . Ella conoció diversas expresiones históricas como populismos de diverso cuño e incluso ciertas formas de militarismo o autoritarismo. Y sobrevivió durante largas décadas a través de muy diferentes tipos de regímenes políticos. En esta matriz clásica el Estado jugaba un rol referencial para todas las acciones colectivas, ya fueran el desarrollo, la movilidad y movilización sociales, la redistribución, la integración de los sectores populares. Pero era un Estado con débil autonomía de la sociedad y sobre el que pesaban todas las presiones y demandas tanto internas como externas. Esta interpenetración entre Estado y sociedad le daba a la política un papel central. Pero, salvo casos excepcionales, se trataba de una política más movilizadora que representativa y las instituciones de representación eran, en general, la parte más débil de la matriz. El principio estatalista presente en toda la sociedad, no siempre estaba acompañado de la autonomía institucional y la capacidad de acción efectiva del Estado. Es contra esta matriz y este tipo de Estado que se dirigen tanto los movimientos revolucionarios de los sesenta, criticando su aspecto mesocrático y su incapacidad de satisfacer los intereses populares, como también los regímenes militares que se inician en los sesenta en América Latina. El momento de las democratizaciones políticas de los ochenta y noventa, a su vez, coincide con la constatación del vacío dejado por la antigua matriz que los autoritarismos militares habían desarticulado sin lograr reemplazarla por otra configuración estable y coherente de las relaciones entre Estado y sociedad. En este vacío tienden a instalarse diferentes sustitutos que impiden el fortalecimiento, autonomía y complementariedad entre los componentes de la matriz (Estado, régimen y actores políticos, actores sociales y sociedad civil), ya sea eliminando uno de ellos, ya subordinándolos, ya

sacralizando uno solo. Dos polos intentan reemplazar la matriz en disolución. Por un lado, un intento de negar la política a partir de una visión distorsionada de la modernización expresada en una política instrumental. Se sustituye aquí la acción colectiva por la razón tecnocrática y la lógica de mercado parece aplastar cualquier otra dimensión de la sociedad. La principal expresión de esta tendencia es la versión neo-liberal, en la que el Estado es visto sólo en su dimensión instrumental y negativa respecto del pasado. Es por ello que se trata sobre todo de reducirlo, convirtiendo la disminución del gasto público y las privatizaciones en el sinónimo de reforma del Estado. Pero, paradójicamente, ninguna transformación hecha bajo el sello de esta visión ha podido prescindir de una muy fuerte intervención estatal, aumentando su capacidad coercitiva. Por otro lado, hay una tendencia a la negación de la política que viene de una exacerbación de la dimensión simbólico-expresiva, reemplazando las orientaciones colectivas de tipo político por el refugio identitario y la lógica puramente testimonial. Entre estos polos extremos pueden resurgir nostalgias populistas, clientelistas, corporativistas o partidistas y, en caso de extrema descomposición caudillismos neo-populistas. Se trata de procesos de descomposición muchas veces acompañados de componentes delictuales como la corrupción o criminales como el narco-tráfico. En síntesis, lo que denominamos matriz socio-política clásica, caracterizada por la fusión de los elementos que la componen y que acompañó a un cierto tipo de Estado, modelo de desarrollo y cultura política, ha sufrido una profunda desarticulación. Cabe, entonces, preguntarse por la posibilidad de emergencia de una nueva matriz socio-política. De ello no pueden dar cuenta los intentos tecnocrático-conservadores, la ideología neo-liberal ni los llamados mesiónicos a la sociedad civil y su movilización. Lo más probable es que los pases sigan diversos caminos en esta materia. Algunos sufrieron un largo proceso de descomposición sin el surgimiento de una nueva matriz. Otros ensayaron la recomposición de la matriz clásica, privilegiando la tecnocracia estatal o el partidismo o las fórmulas basadas en la idealización de la sociedad civil. En otros, puede asistirse a una situación en la que el rasgo principal sea la tendencia a una nueva matriz de tipo abierta. Es decir, caracterizada por la autonomía y la tensión complementaria de sus componentes, combinada con elementos subordinados de la matriz clásica en descomposición y redefiniendo la política clásica y las orientaciones culturales. Esta última hipótesis define a la vez una posibilidad y una orientación normativa. Así, es posible afirmar que el futuro de los regímenes democráticos depende de la consolidación de esta nueva matriz, de este triple fortalecimiento de sus componentes y del establecimiento de una relación entre ellos no ya de fusión o imbricación, sino de tensión complementaria.

Logros y déficit de la democratización política Cuando hablamos de democratización política nos referimos a aquellos procesos que intentan establecer un núcleo de instituciones democráticas, de modo que constituyan el régimen predominante de una determinada polis. Esto, a partir de una situación histórica caracterizada por la presencia o predominio de un régimen político en que las instituciones democráticas son inexistentes o mínimas. Los procesos de democratización política, que han sido lo central de la política en América Latina en las dos últimas décadas, han seguido tres vías principales.

Sus rasgos han marcado la diferencia entre los casos nacionales. La primera ha sido la forma característica que han asumido las democratizaciones políticas, con excepciones, en Centro América. Son las fundaciones democráticas. En ellas se construye un régimen democrático por primera vez o se refunda enteramente el sistema político, luego de procesos de enfrentamientos a través de guerras civiles o revoluciones. En estas situaciones, la democratización política coincide con procesos de reconstrucción nacional, de pacificación y de negociaciones semejantes a las de fin de guerra. En ellas juegan un papel crucial las mediaciones internacionales y de instituciones no directamente políticas. La transición a formas democráticas ha sido en estos casos extremadamente lenta y en ella los gobiernos oscilan entre la impunidad de los crímenes de guerra y grupos para militares, la restauración conservadora de las formas de dominación anteriores, bajo condiciones precariamente democráticas y la efectiva democratización. Las fuerzas combatientes tienen que sufrir una compleja metamorfosis en partido político, con tendencias a la mantención de formas para-militares o insurreccional, según los casos. La segunda es la transición desde algún tipo de régimen militar o autoritario formal, como lo ilustran principalmente los casos del Cono Sur. En los casos de transiciones, no hubo derrota militar interna, aunque sí algún tipo de derrota política para el núcleo militar en el poder. Todas ellas se caracterizaron por complejos procesos de negociación y por la definición de una arena institucional de término de las dictaduras, ya fuera ésta una Asamblea Constituyente, un plebiscito o elecciones o una combinación de estos elementos. De la seriedad de la derrota política del núcleo militar en el poder y de la existencia o no de un marco institucional para el futuro régimen democrático gestado por el régimen autoritario, depende la capacidad de maniobra y la influencia de la institución militar en el primer momento de democracia. Se trata, para ésta, de mantener sus prerrogativas con el fin tanto de operar como factor de poder, al menos de veto, como de defender lo que estiman su “obra”, y cubrirse con la impunidad por los crímenes cometidos durante el período dictatorial y de guerra sucia. En el caso que se mantuvo algún nivel de actividad guerrillera o insurreccional, esto les dio a los militares pretexto para recuperar parte de su influencia y poder perdidos en la transición. La tercera vía de la democratización política fue la reforma destinada a la transformación, ampliación o extensión de instituciones democráticas. Su punto de partida fueron sistemas en descomposición como en el caso venezolano o regímenes que no son formalmente militares o autoritarios, sino que operan con predominio de formas autocráticas semi-autoritarios o bajo la forma de democracias restringidas o excluyentes, como en el caso colombiano a inicios de los noventa, y, sobre todo, en el caso mexicano. Estos procesos de reforma política implican la transformación institucional, ya sea para incorporar a sectores excluidos del juego democrático, ya para configurar un sistema efectivamente poliárquico y pluripartidario, ya para eliminar trabas al ejercicio de la voluntad popular, ya para controlar poderes fácticos al margen del régimen, o para combinar todas estas dimensiones. Los procesos de reforma y extensión o ampliación democráticas que se hacen desde el régimen y el partido o partidos gobernantes implican una continuidad político-institucional, en la medida que se trata de cambiar el régimen pero, en general, manteniendo la situación de poder. En realidad, en casi todos los casos se combinaron elementos de, al menos, los dos últimos tipos de procesos, aunque uno de ellos fuera predominante. Y en algunos casos de transiciones y reformas, hubo también elementos fundacionales. Tanto las fundaciones como las transiciones desde dictaduras militares o regímenes autoritarios a regímenes que aparecen al menos formalmente como

democráticos, parecen haber terminado. O, al menos, ya no parecen ser los procesos políticos centrales, salvo algunas posibles excepciones como son los casos de Paraguay Perú y Ecuador. Dicho de otra manera, las grandes crisis de regresión autoritaria o descomposición parecen estar controladas. Un indicador de ello es que en todos los países en que ha habido situaciones de crisis o posibles regresiones, las soluciones no han sido la restauración de regímenes militares o autoritarios formales. Una situación distinta la presentan los casos de reformas y ampliaciones, donde las tendencias democratizadoras se enredan permanentemente con regresiones parciales, por lo que el conjunto del proceso es lento y poco coherente y es discutible considerarlas terminadas. En todo caso, y con las salvedades señaladas, los regímenes en pie, formalmente democráticos, parecen estar consolidados. Puede ser válido afirmar que estamos más allá de transiciones y consolidaciones, Porque es equívoco o confuso seguir llamando transición a la tarea de completar las democracias superando los enclaves autoritarios heredados que coexisten con el pleno funcionamiento de otras instituciones democráticas. En otras palabras, las fundaciones, transiciones y reformas como procesos específicos han terminado o están por terminar, en el sentido que dejan de ser la dinámica central que define todos los comportamientos de los actores involucrados. Pero ello no significa que hayan sido exitosas en términos de completar sus tareas o de haber llegado a regímenes plenamente democráticos. Sus tareas pendientes tendrán que realizarse en el contexto de procesos sociales y políticos que no tiene sentido definir como transición. Lo mismo ocurre con el tema de la consolidación. Es posible hacer una distinción entre dos significaciones del concepto “consolidación”. La primera “hacia atrás” o respecto del pasado, consiste en haber asegurado la inviabilidad de una regresión autoritaria. En esta materia, sí estamos en situaciones de regímenes postautoritarios consolidados en la generalidad de los casos. Pero lo que se consolidó, es decir, lo que no pareciera estar afecto a “vueltas a la situación anterior”, son, precisamente, las democracias incompletas salidas de las transiciones, con sus elementos tanto democráticos como autoritarios. La segunda, una consolidación “hacia adelante” o respecto del futuro, que puede llamarse profundización democrática y consiste en asegurar las condiciones de calidad democrática que eviten nuevas causas de crisis o derrumbes democráticos.

Así, la cuestión de fondo es doble. Primero, qué tipo de democracia emerge en la región y el continente, de qué regímenes se trata. Prácticamente en todos los casos estamos frente a democracias o incompletas o débiles. En algunos casos, se trata de regímenes que si bien son básicamente democráticos, mantienen cierta impronta del régimen autoritario precedente, lo que hemos denominado los enclaves autoritarios. En otros casos, estos regímenes viven una cierta descomposición del conjunto del sistema político, lo que los hace irrelevantes para el cumplimiento de las tareas propias de todo régimen. Hacia mediados del 2000, el cambiante escenario en el caso de ciertos países permite sólo una visión preliminar y tentativa de la situación de las democratizaciones políticas en el continente. Por un lado, existe un grupo de países que, de algún modo, completaron su transición y consolidación, encabezados por Uruguay, seguido, con problemas más o menos serios de calidad democrática, por Bolivia, Argentina y Brasil. Hay también algunos países de democratización estancada como Chile, y centro-americanos como Nicaragua y Guatemala. México

presenta el caso de reforma avanzada pero aún en curso. En tanto Perú, Paraguay y Ecuador han vivido una situación de transiciones o no estabilizadas o con regresiones parciales. Finalmente están los casos de descomposición el sistema político, con un cierto nivel de recomposición en el caso Venezolano, más incierto en el peruano y sin recuperación aún en el caso colombiano. Segundo, qué transformaciones deben sufrir estas democracias para consolidarse respecto de los desafíos que definición la sociedad latinoamericana o su matriz socio-política en gestación. A ello nos referiremos a continuación desde la doble perspectiva de lo que hemos llamado consolidaciones “hacia atrás” y “hacia adelante” o la presencia del pasado y los desafíos del futuro.

Los enclaves autoritarios. Las democracias que resultaron de los procesos a los que nos hemos referido heredaron varios problemas del régimen que las precedió. Algunos de ellos los hemos definido como enclaves autoritarios. Cuando hablamos de enclaves autoritarios, no nos referimos a cualquier problema heredado de los regímenes militares o autocráticos anteriores. Sino a aquellos elementos que constituyen básicamente este tipo de regímenes, que son heredados por el régimen post-autoritario, perdurando en éste y alterando la vida democrática y la expresión de la soberanía popular. En otras palabras, son problemas o tareas que no se resolvieron durante la transición, que deben ser enfrentados bajo el régimen post-autoritario y que limitan el carácter plenamente democrático de éste. Cuatro son los tipos de enclaves autoritarios en estos países, cuya existencia o fuerza relativa depende tanto de la naturaleza del régimen militar previo como del tipo de democratización política. En primer lugar, el institucional. Este se refiere a los elementos normativos, constitucionales y legislativos que impiden o limitan el ejercicio de la voluntad popular, el principio de representación o el gobierno efectivo de las mayorías. O a los que mantienen las prerrogativas de las Fuerzas Armadas por encima del poder político, por nombrar algunos aspectos. En segundo lugar, el enclave ético-simbólico. Este consiste en los efectos en la sociedad de las violaciones de los derechos humanos bajo las dictaduras militares o bajo situaciones de enfrentamiento y guerra civil. Hay aquí tiene también una dimensión institucional como las leyes de amnistía o la incapacidad de las instituciones judiciales de hacer justicia. En tercer lugar, el enclave actoral. El se configura por la existencia de personas y grupos que se constituyen como actores sociales que no se definen en términos del presente y futuro democrático. Ellos buscan, más bien, proyectar los principios y orientaciones de la dictadura a las circunstancias del régimen democrático, con lo que tienden a tergiversar el funcionamiento de éste. Otro tipo de actores mantienen la lucha por el poder a través de fórmulas que pueden ser o militares o simplemente extra-institucionales. En cuarto lugar, hay un enclave característico de las situaciones de reformas y fundaciones democráticas. Ello se da cuando éstas suceden a regímenes autoritarios de larga data o a prolongadas situaciones de enfrentamiento extrainstitucional o de predominio de poderes fácticos. Se trata de un enclave cultural, o conjunto de hábitos y estilos de las elites, pero también de sectores medios y populares, que conspiran contra principios y reglas del juego democráticos, como la corrupción, los clientelismos, o caudillismos, la apatía electoral o los hábitos de fraude.

El análisis histórico y también contrafactual de todas las experiencias de democratización política, deja algunas lecciones principales en relación a los tres primeros enclaves autoritarios. El enclave cultural, cuando existe, sólo es posible de tratar en el largo plazo. La primera, es que ellos deben ser enfrentados en el inicio del régimen democrático o en el momento de la pacificación. Se trata, de aprovechar la fuerza moral y la legitimidad que posee el gobierno que sucede a la dictadura o al enfrentamiento, para buscar un acuerdo nacional para enfrentar los enclaves. Dejar pasar lo que se ha llamado el “estado de gracia” y plantear tardíamente estos temas, hace que ellos entren en el juego de intereses políticos inmediatos, generalmente electorales, de todos los actores involucrados. La segunda, es que, por su propia naturaleza, estos enclaves están relacionados entre sí y no pueden ser tratados en forma enteramente separada, sino que deben ser objeto de una estrategia global para superarlos. Ello porque cada uno tiene un mínimo ético o democrático y un máximo político posible y la combinación de ambos polos sólo puede ser resuelta en el tratamiento conjunto de ellos. Parece difícil una solución óptima en cada uno, y la mejor solución, o la que es a la vez éticamente aceptable y políticamente viable, es la que resulta de poner en la balanza todos los enclaves para superarlos. Sólo así es posible completar las tareas pendientes de la transición y de la reconstrucción y reconciliación nacionales. Pero, como hemos señalado, no sólo la presencia de enclaves autoritarios producen transiciones, fundaciones o reformas incompletas y democracias débiles. Sobre todo en el caso de las reformas democráticas, se da la existencia de situaciones en que no se logra institucionalizar y legitimar el poder democrático, y en que la sociedad queda a merced de poderes fácticos que pueden o no estar relacionados con el régimen precedente. Tales condiciones han provocado algunas regresiones parciales o fórmulas inestables en que no se consolida un régimen democrático, sino que se vive una combinación de “situaciones” (Linz), tanto autoritarias como semi-democráticas. Respecto de los poderes fácticos, que juegan un papel crucial en las casos de mayor descomposición del sistema político en la región, nos referimos a entidades o actores que procesan las decisiones propias a un régimen político (poder político, ciudadanía y demandas y conflictos), al margen de las reglas del juego democrático. Ellos pueden ser extra-institucionales como los grupos económicos locales o transnacionales, la corrupción y el narco-tráfico, grupos insurreccionales y para-militares, poderes extranjeros, organizaciones corporativas, medios de comunicación. Pero también existen poderes fácticos “de jure”. Se trata de actores institucionales o institucionales que se autonomizan y asumen poderes políticos más allá de sus atribuciones legítimas. Con ello se transforman en poderes de facto, como es el caso de presidentes (hiper presidencialismo), parlamentos, poderes judiciales, tribunales constitucionales y las mismas Fuerzas Armadas en muchos casos.

Derechos Humanos y reconciliación. El gran tema heredado de los regímenes militares o de los enfrentamientos y guerras civiles, fue el de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos en ambos tipos de situaciones. Como hemos dicho, ellos constituyen uno de los enclaves autoritarios presentes en las democracias nacientes. Considerada esta problemática en términos absolutos respecto de sus principios orientadores, verdad y justicia, las soluciones no podían ser sino parciales e insuficientes. En ningún país el problema se resolvió satisfactoriamente, tanto

desde la perspectiva ética, de la legitimidad social o de la solución puramente política. En todas partes se enfrentaron dos lógicas. Por un lado, la lógica ético simbólica que exigía toda la verdad, el máximo de justicia, que no significa otra cosa que castigo a todo culpable, y la mayor reparación posible. Por otro lado, la lógica político-estatal que ubicaba el problema de los Derechos Humanos as entendido dentro del contexto más amplio del proceso de democratización o pacificación. Por lo tanto, se aceptaba el principio ético pero se le combinaba con el criterio político de evitar desestabilizaciones por parte de los culpables de las violaciones. Es en este espacio entre ambas lógicas que se introdujeron las acciones deliberadas de organizaciones militares y, muchas veces del Poder Judicial, buscando amnistía o impunidad como chantaje para la estabilidad democrática. El tema de las violaciones a los Derechos Humanos bajo las dictaduras o en situaciones de guerra civil declarada o larvada, no ha podido ni podrá, probablemente a nuestro juicio ser “definitivamente” resuelto en su cabalidad bajo los regímenes democráticos. El dilema para éstos, entonces, es o dejar morir el tema de los Derechos Humanos o cerrarlo en el actual estado de cosas (leyes de punto final) o retomarlo reconociendo la precariedad de las soluciones implantadas. Es sin duda posible, en muchos casos, mejorar sustancialmente las soluciones que existieron hasta ahora. En este sentido cabe pensar en la derogación o anulación de las auto-amnistías otorgadas por el poder militar, el reconocimiento explícito por parte de las Fuerzas Armadas de su acción represiva, las compensaciones materiales y simbólicas de las víctimas, la información respecto de los desaparecidos. Ejemplos de ello son, por un lado, el caso sudafricano que aprendió de las Comisiones Sábato de Argentina y Rettig de Chile y superó los defectos de éstas. Por otro, el arresto de Pinochet en Londres. Pero este replanteamiento debiera tener una culminación con la reforma de las dos instituciones que hicieron posible las violaciones de los Derechos Humanos bajo los autoritarismos o dictaduras: el poder militar y el poder judicial. Lo que significa la drástica revisión y reformulación de la dimensión coercitiva del Estado. Hay, por lo tanto, dos cuestiones centrales que surgen cuando se quiere hacer un balance del tema de los Derechos Humanos en los procesos de democratización política de nuestros países. La primera, respecto del pasado, apunta a la reconstrucción de la comunidad nacional después de procesos que la dividieron muy profundamente: es el tema de la reconciliación. La segunda, mirando hacia el futuro, se refiere a la vigencia y expansión de los principios de Derechos Humanos y al establecimiento de nuevos consensos éticos nacionales. Respecto de la primera, es necesario buscar un significado para el concepto de reconciliación que evite las confusiones, ingenuidades y usos ideológicos, religiosos o psicoanalizantes, con los que se le ha revestido hasta ahora. Cuando hablamos de reconciliación, nos referimos simplemente al reconocimiento del otro y, mejor aún, al reconocimiento y aceptación de un mismo campo institucional de coexistencia, cooperación y conflicto. En este último caso, los enemigos se transforman en adversarios a través de confrontaciones que excluyen la eliminación del otro. Se trata de la aceptación por parte de víctimas, victimarios, cómplices y enemigos de vivir el mismo espacio de la comunidad nacional, con todo lo esto implica. La reconciliación o reconstrucción de la unidad de la sociedad se plantea como cuestión central después de grandes divisiones y desgarramientos originadas por enfrentamientos políticos o confrontaciones armadas y por crímenes masivos y sistemáticos cometidos desde el Estado por los poderes militares. Lo que está en juego al hablar de reconciliación, es la creación de instituciones donde las diversas personas, sectores o actores se reconozcan como parte de una misma sociedad, sin que esto implique ninguna condición diferente a este reconocimiento.

Tal como en las relaciones interpersonales, hay diversos modelos básicos de reconciliación histórico-política en el plano de la sociedad global. Uno de ellos es el paso del tiempo. Este fue el modelo del caso español post-franquista. El solo funciona si hay un cambio generacional, es decir, cuando ha desaparecido la carga subjetiva individual. A veces más de una generación, porque se recuerda el sufrimiento de los padres o porque se construyen ideologías que se reproducen en los partidos u otros grupos y que mantienen el desgarramiento vivo. En términos estrictos aquí no hay reconciliación sino olvido. Un segundo modelo es el “borrón y cuenta nueva”, y éste es en parte el modelo alemán post-Nuremberg. A diferencia del modelo anterior, hay aquí un acto explícito de “reconciliación”. En el “todos somos del mismo país”, se reconoce una unidad básica sin que haya que conceder nada más. Nadie tiene que arrepentirse: todos son igualmente responsables porque o todos fueron culpables o todos fueron inocentes. No hay así caza de brujas ni Nurembergs ni largas investigaciones o castigos que reavivan rencores y mantienen heridas abiertas e inseguridades. Hay aquí una fundamental hipocresía e injusticia fundacional: la impunidad. Los problemas en este modelo del “apretón de manos” o del “gran perdonazo” o del “punto final”, son éticos y psicosociales. En la ausencia del modelo de paso del tiempo y al igual que en las relaciones interpersonales, mientras no se aclara lo que pasó y no se hace un gesto simbólico al menos de reparación, el trauma, el rencor y la búsqueda de reconocimiento estará metiéndose en cada escondrijo de la relación “blanqueada”. El no reconocimiento “justo” del pasado consagrado colectivamente, la no exorcización de los traumas y recriminaciones, harán que en el fondo la sociedad siga dividida, con venganzas y rencillas grupales, desgarrada y herida, sin poder dar cuenta del pasado a las nuevas generaciones. Porque del pasado “no se habla”. La sociedad pierde su historia y su unidad. O si no, el conjunto de la sociedad exorciza su pasado en una aventura colectiva -la conquista de otras, el milagro económico-, que los enajena a todos y que una vez terminada vuelve a dejar las cosas en el punto cero de los mismos traumas y divisiones. Una variante de este modelo es el acomodo y adaptación. Se reconocen algunas culpas, se ocultan otras y se acepta la co-existencia negociando exigencias y costos. En el plano de las sociedades, este tipo de arreglos queda entregado a una combinación de principios éticos y cálculo de correlación de fuerzas para ver qué es lo posible y los actos de justicia o reparación tienden a ser fundamentalmente simbólicos. Una última manera de enfrentar la cuestión de la reconciliación es el modelo moral: verdad o reconocimiento, justicia y reparación. Este es un proceso en el tiempo, pero exige un acto o gesto concreto que desencadena dicho proceso. En el plano de las sociedades este modelo es sumamente complejo y por eso ellas lo asumen solo parcialmente. Pero es el único que puede permitir su sano desarrollo, sin que eso signifique que se acaben luchas y conflictos. Este modelo supone reconocimiento colectivo de lo que país: que todos lo sepan. Es lo que se llama la dimensión “verdad”. Pero esto tiene la siguiente dificultad: ¿quién dice lo que pasó cuando los involucrados dicen cosas distintas? De ahí la importancia de un tercero, ya sean la justicia, la iglesia, la opinión pública, tribunales y gobiernos externos, que le diga a la sociedad lo que país. Es el caso de las Comisiones Verdad y Justicia, o Nunca Más, o Verdad y Reconciliación. Pero, al decir lo que pasó, se acusa a algunos. Estos no tienen por qué reconocer, pero la sociedad sí, con lo que este acto de reconocimiento parte por un conflicto. Además, junto a la verdad sobre lo que pasó es necesario un acto que reconoce “lo malo” y que busca reparar el daño causado y expiar la maldad cometida. Si la sociedad no ofrece reparación y castigo, o al menos reconocimiento explícito y demanda de perdón por el crimen cometido por parte de los culpables, la sociedad

se miente, con lo que volvemos al segundo modelo. Y las víctimas buscaran obtenerlos para evitar la repetición por parte de los victimarios. Normalmente la reparación no puede hacerse sino simbólicamente. ¿Cómo se repara un acto de tortura o un desaparecimiento o una muerte o el exilio o simplemente la destrucción de las condiciones de vida y proyectos personales y colectivos durante décadas? Y el castigo personal no le resuelve a la sociedad el problema de las instituciones que cometieron el mal. En este modelo hay actos o gestos de reconciliación de los involucrados directamente, pero lo básico es un acto de la sociedad, contra el olvido. Hay sólo la verdad, la reparación simbólica y el castigo justo, que permiten a todos vivir con el trauma sin que éste destruya a quien lo arrastra. Toda reconciliación es un drama y nunca es reconciliación para todos El hecho marcante en la historia de la humanidad en materia de Derechos Humanos, justicia y reconciliación es el Holocausto perpetrado por el nazismo. Las sociedades latinoamericanas de las dictaduras militares y de los genocidios indígenas han vivido sus propios Holocaustos. La única diferencia es de magnitudes involucradas, pero no de sentido o contenido. Cómo manejar las cuestiones de justicia e impunidad, reparación y reconciliación o reconstrucción de la unidad de la sociedad o, en el caso de sociedades multi-étnicas, cómo hacerlo sin que la “nación cívica” avasalle a la “nación- étnica” , son problemas que las democracias recientes no han aún resuelto. La segunda cuestión en materia de Derechos Humanos y reconciliación se refiere al futuro. Las sociedades que sufrieron violaciones sistemáticas de Derechos humanos, requieren un nuevo consenso ético-político, por encima de sus legítimas divisiones o diversidades. Ello es necesario para replantear la viabilidad de un país como comunidad política y no como simple agregado de grupos e individuos. En materia específica de Derechos Humanos, hay varias dimensiones involucradas. Por un lado, la cuestión del derecho a la vida e integridad física se reformula en términos de apuntar hacia la demanda al Estado por protección contra la amenaza física que proviene de la violencia urbana, delictual, familiar, etc. En segundo lugar, la extensión de los Derechos Humanos a toda la población que aún no puede acceder al mínimo de ellos. Especialmente entran aquí los problemas de educación, trabajo, pobreza, desigualdades, acceso a la justicia. Al mismo tiempo, un esté el imperativo de aumentar la calidad de ese acceso. Por último, más allá de la extensión y de la profundización de su calidad, está la cuestión de los derechos que conciernen a personas y colectividades por sus rasgos identitarios (edad, género y orientación sexual, étnicos).

El futuro de la democracia y la recomposición de la polis Las democratizaciones políticas son procesos específicos que se limitan al ámbito del régimen político y no resuelven otros problemas de la sociedad. Pero ellas son, también, la parte más visible de un cambio social más profundo y no se pueden entender sin relación a él. Se trata, como hemos dicho, del fin de una época, la del predominio de la matriz nacional-popular. Los autoritarismos y luego los procesos de ajuste económico, fueron el momento de ruptura de esta matriz, sin que fueran capaz de asegurar su reemplazo por otro tipo societal. Los éxitos, fracasos y limitaciones de transiciones, reformas y refundaciones democráticas, pueden entenderse mejor si las ubicamos en este contexto o problemática histórica más amplia de cambio de época y del tipo de articulación entre Estado y sociedad. Tanto las características propias de procesos donde la gradualidad y la negociación juegan un rol determinante, como las limitaciones democráticas provenientes de

los enclaves autoritarios, una débil institucionalidad y el predominio de poderes fácticos explican, en parte, la frustración de algunos sectores y la visión crítica o escéptica que se ha ido expandiendo. Se afirma así, que, aunque hay un avance en las libertades, la democracia “no ha cambiado nada para la vida de la gente y para ésta las cosas siguen igual”. Sin embargo, con algunas pocas excepciones significativas, la participación electoral en la región en la última década no ha disminuido y alcanza a más de dos tercios si se toma el total de registrados. Y a algunos puntos más del 50% si se toma toda la población total en edad de votar, lo que es relativamente aceptable en términos de comparaciones con otros contextos. Asimismo, la aceptación de la democracia como el régimen político mejor para vivir no ha disminuido y permanece en porcentajes relativamente aceptables. Más allá de la remanencia de algunos problemas de las transiciones democráticas y superponiéndose a veces con ellos, los desafíos principales de la democracia en la región se pueden hoy definir mejor en términos de profundización, calidad y relevancia. Profundización significa extensión de principios éticos y de mecanismos del régimen democrático, a otros ámbitos de la vida social. Relevancia significa resolución de las cuestiones propias de un régimen político a través de éste y no de poderes fácticos. Finalmente calidad significa participación, representación y satisfacción ciudadana en los procesos de toma de decisiones en los niveles locales, regionales y centralizados. Son éstos los fenómenos que definieron la estabilidad de los regímenes, su eventual descomposición y las posibilidades de nuevas olas de autoritarismo. Ello configura lo que hemos denominado consolidación “hacia adelante”. Muchas de las críticas que se le hacen a las democracias tienen que ver con un cuestionamiento más profundo a las formas clásicas de la política. Esta tendrá un doble sentido en la vida social de nuestros países. Por un lado, dado el papel del Estado como motor central del desarrollo y la integración sociales, la política era vista como una manera de acceder a los recursos del Estado. Por otro lado, la política jugaba un rol fundamental en el otorgamiento de sentido a la vida social a través de los proyectos e ideologías de cambio. De ahí su carácter más movilizador, abarcante, ideológico y confrontacional que en otros contextos. Lo dicho hasta ahora implica que la gran cuestión del futuro de la democracia es la transformación de la política o la redefinición de su sentido. En el nuevo escenario generado por las transformaciones sociales, económicas y culturales que descomponen la unidad de la sociedad-polis, tiende a desaparecer la centralidad exclusiva de la política como expresión de la acción colectiva. Pero ella adquiere una nueva centralidad más abstracta, por cuanto le corresponde abordar y articular las diversas esferas de la vida social, sin destruir su autonomía. Así, hay menos espacio para políticas altamente ideologizadas, voluntaristas o globalizantes, pero hay una demanda a la política por “sentido”. Las puras fuerzas del mercado, el universo mediático, los particularismos o los meros cálculos de interés individual o corporativos, no son capaces de dar tal sentido. Si el riesgo de la política clásica fueron el ideologismo, la polarización y hasta el fanatismo, el riesgo de hoy son la banalidad, el cinismo y la corrupción. Se agotan tanto la política clásica, como sus intentos de eliminación radical, y se hacen evidentes las insuficiencias del pragmatismo y tecnocratismo actuales. La gran tarea del futuro es la reconstrucción del espacio institucional, la polis. En ella, la política vuelve a tener sentido como articulación entre actores sociales autónomos y fuertes y un Estado que recobra su papel de agente de desarrollo, en un mundo que amenaza con destruir las comunidades nacionales. Volvemos, así, a la hipótesis de una matriz socio-política de triple reforzamiento, autonomía y complementariedad de Estado sistema político-partidario y actores

sociales. En esta materia, las reflexiones hechas nos muestran más bien, como hemos dicho, un conjunto contradictorio de tendencias que incluyen descomposiciones, persistencias de elementos de la matriz clásica y ensayos de nuevas relaciones entre Estado y sociedad. No es posible predecir aún el resultado de estas combinaciones y derivas. Pareciera que el marco político ser formalmente democrático. Pero, como hemos visto, es difícil asegurar si tales democracias serán relevantes y operantes para cumplir su función de régimen político o serán reemplazadas en buena medida por diversos poderes fácticos carentes de legitimidad general. Recordemos que el Estado en América Latina fue elemento constitutivo y referencial de la acción colectiva y de la sociedad civil misma a través de la política. Y que los procesos de transformación económica, autoritarismos y polarizaciones políticas, tuvieron efectos desestructuradores tanto para él como para su relación con la sociedad. Ya no puede pensarse en un Estado que sea el unificador exclusivo de la vida social. Tampoco puede prescindirse de una intervención del Estado dirigida precisamente a protección de las personas y a la constitución de los espacios y de las instituciones que permitan el surgimiento de actores significativos y autónomos. Si el Estado y, en ciertos casos, los partidos y la clase política, no cumplen esta función de recrear las bases de constitución de actores sociales, el vacío social y la crisis de representación se mantendrán indefinidamente. Es cierto que se han dado procesos tendientes a una mínima reconstitución de Estado luego de los desmantelamientos y desregulaciones de los llamados “ajustes estructurales”. Pero no es menos cierto que, en general, se ha postergado una reforma integral que de cuenta de las nuevas realidades económico sociales y que redefina su papel en la sociedad y el desarrollo. Esta reforma debe ir dirigida a aumentar la capacidad de ingerencia del Estado en el desarrollo, con el consiguiente aumento del contrapeso societal que impida re-ediciones del antiguo estatismo. Tal reforma no puede limitarse, así, a una pura cuestión de tamaño y extensión o de modernización de la gestión pública, por importante que ésta sea. Son las funciones del Estado las que cambian y también el acceso de los individuos y grupos a la acción del Estado, que se hace ya no sólo en términos de cobertura, sino de la calidad de tal acceso. Un Estado fuerte supone, en democracia, un sistema fuerte de control político, lo que nos remite a la cuestión de los partidos políticos. En América Latina, la situación de los partidos y sistemas de partidos ha sido muy diversa. Así, en muchos casos los partidos fueron prácticamente inexistentes o irrelevantes y tendrán a ser reemplazados por corporativismos, caudillismos, acciones de base, etc, En otros, absorbieron casi completamente la vida social. Hubo situaciones de exclusión y de fagocitación mutua. El ideologismo de algunas situaciones que llevaba a la polarización contrastó con la indiferenciación programática de los partidos en otras. Todo ello configuraba, con pocas excepciones, sistemas de partidos débiles y vulnerables, lo que implicaba una importante crisis de representación. Los autoritarismos militares intentaron destruir toda forma de acción política y tuvieron como objeto de ataque central a los partidos y organizaciones políticas. Si bien no lo lograron y éstos fueron una pieza clave en las democratizaciones, la construcción de sistemas fuertes de partidos quedó como otra tarea pendiente de aquéllas. En algunos casos, donde el sistema partidario fue pulverizado o se militarizó, se trata de construir partidos. En otros, corresponde generar sistemas de partidos rompiendo el monopolio del partido hegemónico o del bipartidismo tradicional. Por último, en otros el desafío es reconstruir la relación entre la sociedad, sus actores y el sistema partidario.

Pero hay algunas cuestiones generales que deberán ser revisadas respecto de los partidos, si se quiere asegurar sus tareas de intermediación entre la gente y el Estado y de conducción política. Recordemos que los partidos cumplen diversas funciones. Ello exige una nueva institucionalidad y legislación que los dignifique y los financie y al mismo tiempo establezca los adecuados controles públicos sobre ellos. Asimismo, una reforma interna a cada uno de ellos, que asegure democracia interna y capacidad técnica. Un segundo problema tiene que ver con la representación de los nuevos tipos de fraccionamientos y conflictos de la sociedad, que no se reducen a los que siempre fueron buena o malamente representados por los partidos. Para que los sistemas partidarios sean efectivamente una expresión re-elaborada de la demanda social y su diversidad, hay que innovar en la constitución de espacios institucionales donde se encuentren con otras manifestaciones de la vida social, sin que los partidos absorban ni sean irrelevantes respecto de la participación ciudadana. Esto puede ser ilustrado con la legislación sobre participación popular boliviana, por citar un ejemplo. Una tercera cuestión que definió también el futuro de los partidos políticos será la capacidad de formar coaliciones mayoritarias de gobierno. En la medida que se vayan estableciendo sistemas multipartidarios competitivos, lo más probable es que no haya ningún partido que pueda constituirse en mayoría por sí mismo y asegurar un gobierno eficaz y representativo. Este ya es el tema central de la política partidaria en América Latina y lo será en las próximas décadas. Pero la formación de coaliciones entre partidos para gobernar no tiene en los sistemas presidencialistas como los vigentes en América Latina incentivos institucionales, sino que más bien los incentivos son para constituir oposiciones irresponsables y gobiernos minoritarios. Hay aquí una cuestión básica en la reforma de los actuales sistemas políticos institucionales. Pero hay también la necesidad de un cambio en la cultura política no sólo de los dirigentes o elites, sino de militancias y clientelas, acostumbrados a ver en el otro sólo un adversario a derrotar o absorber o un socio con el que firmar acuerdos electorales sin trascendencia programática. Un nuevo modelo o matriz socio-política requiere y dotar de autonomía lo que se denomina la sociedad civil, concepto que usamos aquí en su sentido común. Hay envueltas en esta problemática diversas dimensiones, como la ciudadanía y las nuevas formas de exclusión y la conformación de actores sociales. En el período de la matriz nacional popular, los actores sociales se definieron en relación al Estado y la incorporación socio-económica. Las formas de integración estuvieron asociadas a la industrialización y urbanización, expansión de los servicios del Estado y movilización política. En cada uno de estos campos se podía detectar una dialéctica inclusión-exclusión y un proceso de organización de sectores excluidos para integrarse. Contra esta forma de acción colectiva popular y política se dirigieron los autoritarismos militares. Bajo las dictaduras, las temáticas constitutivas de actores sociales se centraron, a su vez, en torno a las luchas contra la dominación autoritaria y contra las transformaciones estructurales promovidas por ella. En los procesos de democratización, se produce una repolitización de la vida social y los actores propiamente políticos, como los partidos, adquieren un nuevo protagonismo. Las transformaciones socio-económicas de las últimas décadas y los cambios culturales y políticos han modificado profundamente el panorama de los actores sociales. Hoy, la exclusión adquiere el carácter de ghettos separados de la sociedad, manteniendo con ella alguna forma de relación puramente simbólica que parece no pasar por la economía y la política. A su vez los sectores excluidos están

fragmentados y sin vinculación entre ellos, por lo que tampoco el concepto ghetto es enteramente aplicable, lo que dificulta enormemente cualquier acción colectiva. No sólo la polis estalla por las transformaciones introducidas por la globalización y la explosión de identidades, sino que una enorme masa es expulsada de lo poco que queda de esa comunidad política. La cuestión no es sólo qué modelo económico puede integrar en el espacio de una generación al sector excluido, sino que tipo de sistema político es capaz de darles participación efectiva y protagónica sin estallar y sin caer en prácticas manipuladoras o populistas. Por otra parte, los actores clásicos han perdido parte de su significación social y tienden a corporativizarse. Los actores emergentes en torno a las nuevas temáticas post-autoritarias, no logran constituirse en actores estables o cuerpo de ciudadanos, sino que aparecen más como públicos eventuales. En situaciones como éstas, los actores sociales propiamente tales tienden a ser reemplazados por reacciones individuales de tipo consumista o de retraimiento o por movilizaciones esporádicas y acciones fragmentarias y defensivas. A veces ello toma la forma de redes y entramados sociales significativos, pero con baja institucionalización y representación políticas. A su vez, la escena es tomada ya por los medios de comunicación, ya por la agregación de individuos a través del fenómeno de opinión pública, medida a través de encuestas. Los procesos descritos dañan la calidad de la vida democrática, porque erosionan los incentivos para la acción colectiva y política. Asimismo, se somete el juego político ya sea a presiones y negociaciones cupulares de actores corporativos, ya al chantaje de los medios de comunicación masivos manipuladores de grandes públicos. Hay, sin embargo, también muchos elementos potenciales en la nueva situación descrita que permiten la redefinir la ciudadanía y la manera de concebir la acción colectiva. Sólo que ya no podrá volverse a la acción colectiva tradicional, aunque puedan rescatarse muchos de sus elementos. Lo que queda pendiente, es la relación de las nuevas manifestaciones sociales con la vida política. Parece, entonces, indispensable, la institucionalización de espacios en que se expresen formas clásicas con formas emergentes. Ello sólo puede ser realizado desde la política y sus actores, por problemático que ello sea y aunque parezca que se navega contra la corriente. En síntesis, el tránsito de regímenes autoritarios, o semi autoritarios, a regímenes al menos con atisbos y aspiraciones democráticas, en algunos casos más consolidados o avanzados que otros, pareciera estar asegurado. Hoy la democratización política significa, no sólo completar las tareas pendientes de las fundaciones, transiciones y reformas incompletas, sino reconstruir la polis y los sistemas políticos y articular una nueva forma de relación entre Estado, política y actores sociales. Esta parece ser la única manera de responder al problema principal que enfrenta hoy y hacia adelante la democracia política en América Latina: ser un régimen relevante que no quede a merced de los poderes fácticos del pasado o del futuro.

REFERENCIAS 1 . Sobre la problemática general de América Latina en los noventa, ver J.L. REYNA (comp) América Latina a fines de siglo. (Fondo de Cultura Económica 1995) y P. H. Smith Latin America in comparative perspective. New approaches to methods and analysis. (Westview Press, Boulder, Colorado, 1995). Desde otra perspectiva, Raquel Sosa, América Latina y el Caribe, Perspectivas de su reconstrucción

(ALAS, UNAM, México, 1996). M. Cavarozzi, El capitalismo tardío y su crisis en América Latina (Ediciones Homo Sapiens, Rosario, Argentina, 1996); F. Calderón y Mario Dos Santos. Hacia un Nuevo Orden Estatal en América Latina, Veinte tesis sociopolíticas y un corolario. (Edit. FCE-CLACSO, Chile, 1991). Una visión global hacia fines de los ochenta de lo que podría llamarse el modelo socio-político latinoamericano, es Alain Touraine, Política y sociedad en América Latina (España, 1989). Mi propia visión en Manuel Antonio Garretón, Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones (FCE, Santiago, 1995). 2. Hemos desarrollado estos cuatro puntos más en detalle en “Democratización, Desarrollo, Modernidad. ¿Una nueva problemática para América Latina?” (En M. Alcántara, I. Crespo, eds. “Los límites de la consolidación democrática en América Latina”, Ediciones Universidad de Salamanca, España, 1995). 3. Una síntesis y balance reciente de las democratizaciones políticas en América Latina, en mi libro, Política y sociedad entre dos épocas. América Latina en el cambio de siglo. (Homo Sapiens Ediciones, Rosario, Argentina, 2000) 4. Sobre desigualdades, pobreza y exclusiones, CEPAL 2000 Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. (CEPAL, Santiago, Agosto 2000), Dagmar Raczynski ed. Estrategias para combatir la pobreza en América Latina: programas, instituciones y recursos. (CIEPLAN, Santiago 1995); Nora Lustig, editor, Coping with austerity. Poverty and inequality in L.A. (The Brooking Institution 1995). CEPAL, Panorama social de América Latina 1998 (CEPAL, Santiago, 1999); Panorama social de América Latina (CEPAL, Santiago, 2000). 5 Sobre las transformaciones económicas, C. Acuña, W. Smith & E. Gamarra. eds. Latin American political economy in the age of neo-liberal reform.(Transaction Publishers, 1994); Ricardo French-Davis, Macroeconomía, comercio y finanzas para reformar las reformas en América Latina)(CEPAL-McGraw Hill, Santiago, 2000). CEPAL, Transformación productiva con equidad. un enfoque integrado. (CEPAL-Santiago, 1992). 6. O. Paz, “La búsqueda del presente”. (Vuelta, AZo XV, México Enero 1991); Manuel Antonio Garretón, ed. América Latina, un espacio cultural en el mundo globalizado (Convenio Andrés Bello, Bogotá, 1999) y La faz sumergida del iceberg. Estudio sobre las transformación cultural (CESOC-LOM, Santiago, 1994); ILADES, Identidad y modernidad en América Latina (Revista Persona y Sociedad, Vol. N? 1. Abril de 1996). N. García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. (Edit. Grijalbo, 1980). M. Hopenhayn, Ni apocalípticos ni integrados. (Fondo de Cultura Económica, 1994). F. Calderón, M.Hopenhayn, E. Ottone, Hacia una perspectiva crítica de la modernidad. Las dimensiones culturales de la transformación productiva con equidad. (CEPAL; Santiago, 1993). La perspectiva más católica, en P. Morandó, Cultura y modernización en América Latina, Ensayo Sociológico acerca de la Crisis del Desarrollismo y de su Superación. (Cuadernos del Instituto de Sociología. Edit. Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 1984). 7. “Las sociedades latinoamericanas y las perspectivas de un espacio cultural” (en América Latina: un espacio cultural..op.cit).

8. Por ejemplo, el concepto de “desarrollo humano”, aunque débil teóricamente, apunta en esta dirección. Ver PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano. (Fondo de Cultura Económica, México DF, 1994) 9. Los conceptos que aquí usamos de matriz socio-política y de Estado, han sido desarrollados, entre otros, en nuestro trabajo junto con Malva Espinosa, ¿Reforma del Estado o cambio en la matriz socio-política? (Perfiles Latinoamericanos. Mexico. AZo 1 N° 1, Diciembre 1992). 10. G. Germani, Política y sociedad en una época de transición. (Eudeba, Buenos Aires, 1962). A. Touraine, Política y sociedad en América Latina...op. cit. 11. Es lo que M. Cavarozzi denomina “fórmula política híbrida”, en El capitalismo tardío op. cit. 12. A. Touraine, Política y sociedad...op.cit. 13. Sobre la democracia y las democratizaciones en América Latina, L. Diamond, J. Linz & S.M. Lipset, Democracy in developing countries, Latin America, (Lynne Rienner Publishers, Admantine Press, Boulder, 1996), E. Lander, La democracia en las ciencias sociales latinoamericanas contemporáneas, (Ediciones Faces UCV Caracas 1996). J.J. Linz &A. Stepan, Problems of democratic consolidation. Southern Europe, South America and Post-communist Europe (Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996); C. Barba, J.L. Barros, J. Hurtado (comps.) Transiciones a la democracia en Europa y América. (FLACSO, Universidad de Guadalajara, Editorial Angel Porras, Mexico 1991, 2 vols) G. O’ Donnell, Ph. Schmitter, L. Whitehead, eds. Transiciones desde un Gobierno Autoritario, ( Edit. Paidos, Buenos Aires, 1988. 4 vols); S. Mainwaring, G. O’Donnell, S Valenzuela eds Issues in Democratic consolidation (University of Notre Dame Press, 1992). Una visión crítica en C. Franco, Acerca del modo de pensar la democracia en América Latina (Friedrich Ebert Stiftung, Lima, 1998). Un balance y revisión actualizados en Jonathan Hartlyn, “Contemporary Latin America democracy and consolidation. Unexpected patterns, re-elaborated concepts, multiple components”. (Manuscrito, en prensa, Latin American Program, Wilson Center, Washington, DC, 2000). M. A. Garret\n, Hacia una nueva era política... op.cit. y “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”. (Revista Nueva Sociedad No. 148, MarzoAbril 1997) 14. M. Cavarozzi, El capitalismo político tardío y su crisis...op.cit. 15. Aunque se use la misma denominación, no debe confundirse esta doble dimensión de las consolidaciones, con lo que Di Palma llamó “legitimidad hacia atrás” (backward legitimacy) y “legitimidad hacia adelante” (forward legitimacy) (citado por Linz y Stepan, Problems of democratic transition...op.cit.) 16. Ver pra otra clasificación de las situaciones, J. Hartlyn, “Contemporary Latin American democracy...” op.cit. 17. M.A. Garretón, La posibilidad democrática. (FLACSO, Santiago, 1988). 18. Sobre estos temas, “Las cuestiones pendientes de la democratización política” (En Desafíos de la Región Andina. Ensayos sobre nuestra realidad, Comisión Andina de Juristas, Lima, 1998). También E. Jelin y E. Herschberg, coordinadores,

Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina (Nueva Sociedad, Caracas, 1996) 19. R. Satvenhagen, Derechos Humanos de los pueblos indígenas. (Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2000) 20. D. Zovatto y J. Rial,eds. Urnas y desencanto polRtico. Elecciones y democracia en América Latina (1992-1996). (IIDH, CAPEL, San José, Costa Rica, 1998). Latinobarómetro, Encuesta Latinoamericana, 1998. 21. Nuria Cunill, Repensando lo político a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y representación social. (Nueva Sociedad, Caracas, 1997) 22. C. Bradford, ed. “Redefining the State in Latin America” (OECD, Paris, 1994); Bernardo Kliksberg El rediseño del estado. Una perspectiva internacional (Fondo de Cultura Económica México 1994); N. Cunill, Repensando lo público a través de la sociedad...op.cit.; M.A. Garretón Política y sociedad entre dos épocas...op. cit. 23. Scott Mainwaring and T. R. Scully Building Democratic Institutions. Party system in Latin America. (Stanford University Press, California 1995), T. Manz y M. Zuazo, eds. Partidos políticos y representación en América Latina. Nueva Sociedad, Caracas 1998), Marcos Novaro, Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas, (Homo Sapiens Ediciones, Argentina, 2000) 24. La discusión conceptual del tema sociedad civil, que no haremos aquí, puede encontrarse, por ejemplo, en Víctor Pérez Díaz, La primacía de la sociedad civil. (Alianza Editorial, 1994). Para América Latina, A. Touraine, Política y sociedad...op.cit; P. Hengstenberg, K. Kohut, G. Maihold, eds. Sociedad civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad. (Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1999) 25. Sobre el tema exclusión y pobreza, ver Nota 4. Sobre ciudadanía, E. Jelin, y E. Herschberg, coords. Construir la democracia...op. cit. y el excelente estudio de S. L\pez, Sobre ciudadanía, un excelente estudio para un caso latinoamericano es Sinesio López, Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú. (Instituto de Diálogo y Propuestas, Lima 1997). Sobre actores y movimientos sociales, ver las obras colectivas editadas por S. Eckstein, ed. Power and popular protest. Latin American Social Movements (University of California Press. 1989), A. Escobar, A. y S. Alvarez, eds. The making of social movements in Latin America. Identity, Strategy and Democracy (Westview Press, 1992), Slater, D. ed. New social movements and the State in Latin America (CEDLA, Amsterdam, 1985). F. Calderón, y José L. Reyna, “La irrupción encubierta”, (En J. L. Reyna (comp.), América Latina a fines de siglo...op. cit). Calderón, F. ed. Los movimientos sociales ante la crisis (CLACSO-UNO, Buenos Aires 1986); Colegio de México, Transformaciones sociales y acciones colectivas. América Latina en el contexto internacional de los noventa. (El Colegio de México, México D.F. 1994). La evaluación más reciente en S. Eckstein “Where have all the movements gone? “Latin American Social Movements” (Epílogo a la versión castellana de Power and Popular Protest...op.cit, en prensa, México. Manuscrito, 2000).

¿POR QUÉ LA DESOBEDIENCIA CIVIL NO OCURRE DENTRO DE LOS PARTIDOS? APROXIMACIÓN AL CASO BRASILEÑO. Célia Soibelmann Melhem Politóloga por la Universidad de São Paulo, Brasil; Profesora y pesquisadora de Politicas Públicas, y Analista de Proyectos de la Secretaria de Planejamento del Estado de São Paulo, Brasil. E-mail: [email protected]

Varios ángulos pueden ser privilegiados en el estudio de un partido político. Se puede dar prioridad a las relaciones con el ambiente - el lado de la vida partidaria vuelto hacia la sociedad y hacia la representación de intereses y/o ideologías - o, al contrario, apoyarse en una observación dirigida hacia el interior, en cuyo caso la atención se vuelve, por ejemplo, a “la cuestión da la democracia intrapartidaria y al abordaje organizacional” (Sartori, 1982, p. 93). Sin desmerecer estudios que se apoyan en el primer abordaje, la última perspectiva parece mas adecuada a las pretensiones de este artículo, que intenta entender por que la desobediencia civil no ocurre dentro de las estructuras de los partidos políticos de masas y, de manera aún más específica, en el caso de Brasil. Este texto analiza como la prioridad dada a la competición electoral da el molde a la dinámica de los partidos de masas, transformándolos en organizaciones complejas, mas con un discurso simplificado, en que se consolidan oligarquías partidarias eficientes en la disputa de las urnas y en la administración de los premios de las victorias electorales. Ese proceso tiende a alejar del partido toda proposición, discusión o rebeldía que perjudique a la administración de los intereses electorales de la organización y/o de las elites partidarias que se hayan destacado en el proceso electoral. Solamente en algunas situaciones extremas puede haber conflicto entre esos dos intereses determinantes, que resulta en situaciones críticas para la organización, y que tendrán que ser superados con rapidez, para asegurar la supervivencia partidaria. En ese contexto, resta poco espacio a la desobediencia civil o cualquier otro evento desestabilizador. En el caso brasileño, el abordaje organizacional se ajusta a partir de las características más determinantes en la génesis y evolución de sus partidos. La regla predominante de su creación ha sido “de arriba hacia abajo”, con base en parlamentarios y frecuentemente por iniciativa del Estado. Al estudiar el sistema partidario en el periodo de 1945 a 1964 (y la situación no se ha alterado a partir del régimen autoritario instalado en 1964), Souza (1976) subraya que es necesario considerar “la estructura estatal como condicionante de la formación, evolución y actuación de los partidos políticos” (p. 42) en Brasil; el Estado brasileño “es uno de los principales, sino el principal factor determinante de las características del sistema partidario” (p. 46). Nacidos gracias a la preexistencia de un Estado fuerte,1 los partidos brasileños son organizaciones “que se forman para reducir el quantum de incertidumbre en las conexiones críticas del mecanismo de representación” (Lamounier, 1986, p. 16), como instrumento y forma de la organización del

poder- hasta en regímenes de elecciones limitadas, como el de los periodos autoritarios después de 1964.2 Al contrario de Europa occidental, casi ninguno de los partidos brasileños influyentes se organizó sobre la base de grupos de clases, de trabajadores u oprimidos, para defender posiciones políticas de esos grupos para toda la sociedad.3 Aún más, “la estructura partidaria se ha formado, en buena medida, por decisión gubernamental, y se ha organizado en función de factores marcadamente coyunturales... y no por clivajes socio económicos nítidos” (p. 42). En Brasil, antes del nacimiento de partidos, ya existe una organización estatal fuerte, con “efectos considerables sobre el desarrollo y posterior configuración del sistema partidario. La importancia funcional del sistema partidario será tanto mayor cuanto menos actuante la organización burocrática del Estado, una vez que esa condición previa facilita la articulación de intereses y clivajes, y hasta la institucionalización misma del conflicto en términos partidarios” (p. 31). En consecuencia, el estudio de la vida partidaria en Brasil no debe privilegiar el análisis de la ideología del partido, pero considerar su crecimiento electoral y su organización, su grado de organización interna, “su mayor o menor envolvimiento con los intereses de dado sector social, el hecho de que se haya transformado o no en centro estable de identificaciones populares” (Lamounier, 1986, p. 16). Debe también observar su actuación cuando en el gobierno, el modo como se relaciona con el sistema de decisiones y la implementación de políticas. Todos esos aspectos deben ser observados a posteriori con relación al desarrollo de la vida partidaria y no como resultantes directos de determinada concepción del partido o de acuerdo con una proposición política expresada o adoptada como paradigma en la vida de la organización. Además, como la democracia brasileña ha sido interrumpida por largos periodos de autoritarismo - lo que ha transformado al Estado y a la ley en factores decisivos para la génesis e institucionalización de los partidos - el estudio de esos en Brasil debe incorporar esa realidad de crisis institucional4 - y no solamente conceptos desarrollados en democracias consolidadas. Como afirma Sartori (1982, pp. 1819), el sistema partidario brasileño “no revela una consolidación estructural, y eso por dos razones simultáneas: los partidos brasileños no forman un sistema autónomo y, segundo, no han tenido un desarrollo espontáneo... el observador apenas puede registrar un estado volátil, que no puede ser incluido... en las categorías que se aplican a los sistemas partidarios estructurados... (en Brasil) el sistema partidario, como sistema, sigue en estado de flujo”. Hipólito (1985, p. 28) a su vez cree que “la existencia de un régimen político pluripartidario, en que los partidos representan intereses, articulan demandas y luchan por el poder con reales posibilidades de obtenerlo configura el funcionamiento de un sistema partidario” y justifica referencias al modelo de Sartori. Además, las organizaciones partidarias son decisivas en la vida política del país. Sartori (1982, p. 18) observa que Brasil “tiene partidos que realmente movilizan electorados, que realmente establecen vínculos importantes, que realmente desempeñan funciones expresivas y legítimas, y que realmente representan (aunque bajo nombres y en combinaciones variables) tradiciones políticas antiguas y arraigadas”. Existe, así, una tradición brasileña de actuación política via partidos y esta ocupa lugar importante en el juego del poder nacional - aunque, probablemente como consecuencia de las ya referidas inestabilidades históricas, lo haga de manera desordenada, a veces sin tener el monopolio en la competición electoral (como muestra la elección de Fernando Collor a la presidencia, en 1989). Esas características refuerzan la posición de Sartori, para quien, hasta la década de 80, “el partido y no el sistema partidario” es la unidad

fundamental de análisis,5 siempre que observado en el contexto de un sistema aún no consolidado.

Actores en el mercado político electoral Los partidos políticos de masa contemporáneos son actores políticos destacados como agencias canalizadoras en el tránsito entre sociedad y Estado. Sin el monopolio de la actividad política,6 han sido organizaciones decisivas en la lucha por el poder en la sociedad, con la especificidad de que necesitan el apoyo electoral de la mayoría para vencer, pues, a la llegada del siglo XX, en países democráticos de occidente, son siempre organizaciones de masas que compiten en un mercado político electoral, y que buscan llegar, por el voto, a espacios públicos de poder. Pueden ser definidos así: “partido es cualquier grupo político que se presente a elecciones y sea capaz de colocar, por las elecciones, candidatos a cargos públicos” (Sartori, 1982, p. 86).7 Y el mercado en que actúan se define por la libertad de expresión y de participación, bien como por la “libre competición entre líderes, oficializada a intervalos regulares y de forma pacífica, por acceso a posiciones de decisión” (Linz, 1975, p. 183). La dinámica partidaria esencialmente dirigida hacia las urnas se hace hegemónica cuando el “derecho al voto y otras condiciones llegan a una ‘masa crítica’ e incluyen una parte substancial de la sociedad” (Sartori, 1982, p. 43), o sea, cuando el mercado político y sus reglas alcanzaran cierto grado de complejidad social. La competición electoral comenzó a ocupar el centro de la política partidaria en las democracias occidentales a partir de la segunda mitad del siglo XX, pasando a influir decisivamente en la anatomía de las organizaciones partidarias (principalmente las mas importantes) y haciendo “de la designación de candidatos la actividad mas importante del partido” (Schattschneider, 1964, p. 89). Dada la influencia decisiva del voto popular, “la estructura de los partidos se subordina, entera y exclusivamente, a la lucha electoral” (Weber, 1985, p. 96). En la segunda mitad del siglo XX, las convenciones son los grandes termómetros del poder interno en esas organizaciones, aún en partidos de origen marxista o laborista en Europa, que daban prioridad, anteriormente, a la conscientización de los trabajadores para la victoria en la lucha de clases en la sociedad capitalista.8 Cuando estos descartan la lucha revolucionaria y aceptan medir fuerzas en la competición electoral democrática, esta pasa a ser elemento determinante en sus estrategias de supervivencia y expansión, bien como en la lucha por el poder dentro de la organización. Los partidos modernos son, así, frutos de una sociedad en que se hacen más frecuentes las consultas al pueblo sobre cuestiones públicas, y presionan por la creación de eslabones intermedios y cadenas de trasmisión entre pueblo y Estado. Se incluyen en “una construcción política totalmente nueva y son, a su vez, modelados por ella” (Sartori, 1982, pp. 45-46), para realizar funciones sociales expresivas, representativas y gubernativas. En una sociedad democrática compleja, la competición política por lo general presenta características pluripartidarias, y la interacción entre los diferentes partidos - en función de la competición establecida - tiende a componer un sistema partidario, “el sistema de la canalización política de la sociedad” (Sartori, 1982, pp. 45-46), uno de los subsistemas que integran las relaciones entre Estado y sociedad. El poder “de una sociedad sobre el Estado depende, en gran medida y principalmente, de la autonomía del sistema partidario” (p. 68).

Un debate pobre y conservador La necesidad electoral de comunicarse con las masas, como observa Kirchheimer (1969), prácticamente transforma a los partidos nacionales influyentes en organizaciones de tipo catch all, o sea, entidades que van “abandonando pretensiones de ‘encuadramiento’ intelectual y moral de las masas, y volviéndose integralmente al escenario electoral, dejando de lado el debate profundizado en favor de grandes plateas y de sucesos electorales inmediatos” (p. 184). Un partido se dirige a las mayorías y, por ende, necesita exprimir y establecer compromisos con muchos grupos de la sociedad. Esa constatación converge con el camino abierto por Ostrogorski (1979), al estudiar la organización de los partidos ingleses y norteamericanos, en el comienzo del siglo XX. Los describe como partidos ómnibus, organizaciones amplias que se preparaban para contestar al mayor número posible de presiones e intereses, y también a emitir opiniones sobre amplia gama de problemas. Tienden a evitar las grandes confrontaciones, por temor a introducir nuevas divisiones en la opinión pública además de los clivajes ya consagrados en la sociedad en que actúan. (Esa característica es mas pronunciada en sistemas partidarios consolidados, en los cuales los partidos ya ocupan espacios igualmente consolidados en el espectro de la competición). Para no desencadenar un proceso imprevisible de adhesiones y defecciones, los grandes partidos suelen hacer conservadora la vida pública y pobre el debate de ideas. Como consecuencia, acaban por parecerse los unos a los otros. La adopción del sufragio universal y la consecuente necesidad de regimentación electoral de las masas hacen de la vida partidaria una tarea empresarial compleja, aunque de tipo específico, como aclara Mollenkopf (1983), una vez que su lógica es política y no estrictamente económica, como en el mundo de los negocios. Aunque, individualmente, los empresarios políticos puedan estar interesados en usar la autoridad y los recursos gubernamentales apenas para garantizar sus apoyos electorales, eso no lo pueden obtener solamente por mecanismos financieros, como los criterios de eficiencia y minimización del costo/benefício de las empresas. Algunas veces, resultados económicos negativos para la contabilidad pública (subsidios gubernamentales para transportes colectivos, por ejemplo), además de que resultan en buenos dividendos políticos, representan ventajas sociales y económicas para amplios sectores del pueblo. Por otro lado, una vez implantadas, las políticas públicas adquieren una dinámica propia, que difícilmente puede ser controlada en todas sus instancias por su creador, y pasan a atender a los intereses de políticos o de los grupos económicos de presión, inspiradores de las políticas. Frecuentemente, nuevos programas públicos, o la ampliación de servicios llevan a la creación de nuevas instituciones, con nuevos técnicos y/o nuevas carreras, intereses que pasan a mesclarse a los de los creadores iniciales del proceso, además de alterar la estructura de la máquina administrativa pública.

Control de poderosas máquinas administrativas Cuando obtienen buenos resultados en el mercado político, los partidos se transforman en amplias e intrincadas organizaciones: la del partido mismo y, con los sucesos electorales, la de las administraciones públicas que pasa a controlar. Se necesitan, entonces, personas que actúen con exclusividad en diferentes instancias partidarias, y también es necesaria la formación de grupos aptos para la gestión de la res pública. En consecuencia, la organización partidaria aumenta

y se hace más compleja. Acaba por incorporar tantos intereses permanentes que su supervivencia misma (y la de sus miembros activos) pasa a ser un elemento decisivo para orientar la actuación del partido – como señalan Ostrogorski y Panebianco, entre otros estudiosos de las organizaciones partidarias. Líderes afinados con ese proceso tienden a ganar importancia y sobra poco espacio para desobediencias y rebeldía. Un gran partido de masas puede abrigar un grupo rebelde, pero la organización, en su conjunto – y hasta el destino de ese grupo en particular – depende de la eficiencia en las urnas y del esquema partidario que la asegura. En el “proceso por el cual las organizaciones adquieren valor y estabilidad” (Huntington, 1975, p. 24), existe el momento en que “la organización pasa a ser algo más que un simple instrumento para conseguir los objetivos. Sus líderes y miembros pasan a valorizarla en si misma y ella desarrolla existencia propia, a parte de las funciones específicas que puede desempeñar en determinado momento” (p. 27). En ese proceso, no se puede minimizar el desempeño partidario cuando en función gubernativa, pues son también organizaciones seleccionadoras “de candidatos a puestos de mando y constituyen un importante eslabón en el ejercicio del poder y en la cadena del policy making Estatal” (Souza, 1976, p. 31). En consecuencia, muchas veces – y el caso brasileño es un buen ejemplo de ese fenómeno, que también ocurre en la política de innumerables países9 – se observa un factor que influye en la elaboración de políticas públicas, que favorece la rigidez de las jerarquías y de las fidelidades tradicionales en un partido: “el clientelismo, modalidad de control sobre recursos públicos y de su utilización por organizaciones políticas, que de esa forma buscan generar poder para ellas mismas y consolidarse como instituciones” (Souza, 1976, p. 35). En países con baja institucionalización del sistema partidario, como Brasil, ese factor gana relevancia y se hace necesario integrarlo “de manera significativa en un modelo interpretativo” (p. 36), dejando de encararlo como residuo de una política tradicional ultrapasada. Tiene lugar de destaque en el mercado político brasileño, con un Estado fuerte, mas con baja institucionalización partidaria y legislación electoral y partidaria fuertemente cuestionadas. En Brasil, “el poder de los grupos partidarios se genera o ejerce exclusivamente en la interacción con agencias burocráticas, sin un locus institucional en el cual el partido puede adquirir realidad colectiva más amplia” (Souza, 1976, p. 57). Las organizaciones partidarias no consiguen constituirse como centro de gravedad de la política nacional, que se sitúa en el gobierno, como resultado de un Estado tradicionalmente determinante de toda la política, aún en los periodos democráticos. La burocracia de los partidos está incrustada en el Estado, siempre que posible. Fuera de la administración pública, los partidos mantienen muy pocos funcionarios asalariados. En ese sentido, aún con el desarrollo económico y el proceso de urbanización, el paso de un clientelismo personalizado tradicional (del coronelismo brasileño al caciquismo español,10 por ejemplo) para el partido mantiene un sistema de patronaje o clientelismo, ahora entre otros actores políticos y ya no exclusivamente personalizado entre un jefe y su clientela. Se mantiene una relación bilateral, que implica en reciprocidad, dependencia y estructura vertical, como en el viejo clientelismo, con relaciones entre partidos y grupos de interés, corporaciones, asociaciones de diferentes grados de representatividad, diferentes instancias de poder.11 Un estudio de las prioridades de gobierno y la observación de los actores que las deciden y/o administran puede dar pistas sobre el clientelismo partidario. Por ejemplo, una predilección frecuente por políticas asociadas a grandes obras de construcción, como frecuentemente ocurre en Brasil, seguramente presupone una buena relación con las empresas interesadas; descentralización de recursos son bien recibidas por líderes locales y así sucesivamente.

Esa situación puede ser también encontrada en partidos de oposición al gobierno central, que muchas veces pueden atender a sus “clientelas” por medio de los Ejecutivos municipales y/o del Legislativo. Como destaca J. F. Campbell: “los políticos locales de los partidos de oposición también tienen sus ‘clientes’ porque la administración vigente los tolera para evitar una oposición más encarnizada y para garantizarse en caso de mudanza de gobierno” (apud Papadopoulos, 1991, p. 21). De parte de esos clientes, la adhesión también hace parte de una apuesta en el futuro. En lo que toca al clientelismo pude haber entonces una continuidad de la oposición al gobierno, dependiendo del tipo de organización partidaria – aunque a cada paso la red de intereses pueda ser diferente. Los “caciques” y sus “clientelas” son ciertamente enemigos de rebeldías que amenacen sus redes de intereses dentro de la organización partidaria.12 La distribución de cargos y la protección política son otros procedimientos habituales en partidos influyentes porque, como destaca Huntington, la historia atesta que “organizaciones partidarias fuertes fueron creadas o por la revolución desde abajo, o por la distribución de cargos y protección pública, de arriba hacia abajo. La experiencia de Inglaterra y de los Estados Unidos en el siglo XIX es una lección en el uso de los recursos públicos y de los cargos públicos para perfeccionar la organización partidaria. Su repetición en los países que hoy se modernizan contribuye directamente para la formación de algunos de los partidos políticos más eficientes y de los sistemas políticos más estables” (p. 83). Al lado de las luchas por sus objetivos, las disputas por el poder político son una competición por el control de las fuentes de poder económico y social, bien como rivalidades para controlar la distribución de cargos: “Los partidos se irritan mucho más con cuestiones sobre su derecho a la distribución de cargos que con acusaciones de desvíos de los programas” (Weber, 1985, p. 68). La designación de miembros y simpatizantes de la organización para cargos públicos, escribe Kirschheimer (1966, p. 190), concretiza la imagen del partido frente al grande público, obliga a los demás núcleos de poder a que lo oigan, aumenta la influencia partidaria en dirección a otros centros sociales de poder, facilita la transmisión de mensajes que sensibilizan al electorado. Para contestar con agilidad y eficiencia a una tal complejidad de demandas y presiones, los modernos partidos de influencia desarrollan vínculos orgánicos. De ellos resulta una diversidad de tareas permanentes que acaban por absorber más a algunas personas que a otras, dando origen a diferenciaciones entre los miembros de la organización. Es habitual la consolidación de una “jerarquía que resulta de necesidades técnicas y de funcionamiento de la máquina del partido. A medida que un partido moderno se desarrolla hacia un tipo más sólido de organización los jefes ocasionales tienden a ser substituidos por jefes profesionales” (Michels, 1971, pp. 34-35).13 Ese proceso de constitución de una oligarquía de comando ha sido detectado en todos los tipos de partidos en sociedades de masas, y es muy evidente en Brasil. Michels ha tratado de un partido socialista marxista alemán, mientras Ostrogorski se ocupó de partidos ingleses y norteamericanos. “Quien dice organización habla de tendencia oligárquica”, ha dicho Michels (p. 33), pues “apenas cierto grado de cesarismo asegura la trasmisión rápida y la ejecución precisa de órdenes de comando en la lucha cotidiana” (p. 39). Además, un emprendimiento político es un juego de intereses en el cual “un número relativamente pequeño de hombres interesados por la vida política y que desean participar en el poder atraen seguidores, se presentan como candidatos o presentan la candidatura de sus protegidos, reúnen los medios financieros necesarios y salen a la caza del sufragio. Sin esa organización no hay manera de estructurar prácticamente las elecciones en grupos políticos amplios... La existencia de jefes y seguidores que, como elementos activos, intentan reclutar, libremente, militantes y, de otro

lado, la existencia de un cuerpo electoral pasivo, constituyen las condiciones indispensables a la existencia de cualquier partido político” (Weber, 1968, p. 84). En los partidos modernos, el poder en general está en manos o de los responsables por la continuidad del trabajo al interior de la organización o de personalidades que dominan (individual o financieramente) el emprendimiento, “a la manera de los mecenas o de los jefes de poderosos grupos políticos de interés” (Weber, 1968, p. 89). Las oligarquías partidarias tienen orígenes y composiciones diferentes. Según Duverger (1970), puede ser un grupo de relaciones básicamente personales, como la camarilla; agrupado en torno a un líder importante, formando una especie de clan; o componiendo lo que el autor llama de equipos de dirección, en los cuales los vínculos personales resultan de algún tipo de actuación pública conjunta, como la comunión de ideas, una historia de vida común, o relaciones escolares. En los grandes partidos modernos, entretanto, esos grupos con relaciones esencialmente personales, si existen, raramente son hegemónicos. Con frecuencia son substituidos o llevados a unirse (en diferentes condiciones jerárquicas) con jefes de carácter mas bien institucional. Estos liderazgos pueden ser compuestos por miembros del partido seleccionados por razones ideológicas – a ejemplo del Partido Social Demócrata alemán, estudiado por Michels y Duverger, y de partidos comunistas o fascistas – o tecnocráticas (de los cuales los partidos mismos pueden ser citados como ejemplos), o, finalmente, de personas de suceso o potencial electoral. Entre los comandantes, también existen los notables, personalidades socialmente influyentes (que así no necesitan hacer carrera dentro del partido), oriundas de diferentes centros de prestigio en la sociedad: intelectuales de nombre, parlamentarios con electorado propio, ministros, juristas, profesores universitarios, empresarios, comunicadores de masa, etc. De la oligarquía dominante también puede surgir (con o sin hegemonía) un líder carismático,14 carrera política que se caracteriza sobretodo por la empatía personal y directa con las masas. Al otro extremo del espectro de liderazgos partidarios surge la figura del boss, un empresario político capitalista, que busca votos en su propio beneficio, y se arriesga a los peligros inherentes a esa actividad... Es, en general, un hombre que sabe lo que quiere. No busca honores; el profesional (así lo llaman) es despreciado por la “alta sociedad”... no se apega a una doctrina política; no profesa principios. Sólo una cosa le importa: cómo conseguir el mayor número posible de votos? Muchas veces se trata de persona sin gran preparo. Todavía, en general, su vida privada es correcta e inatacable. Evidentemente, apenas en materia política se adapta a las costumbres vigentes; en ese punto no es diferente de grande número de capitalistas que, en una época de voracidad, adoptan esa forma de actuar en el dominio de la moral económica” (Weber, 1985, pp. 97-98). Frecuentemente, ese tipo de administrador político partidario se destaca en la consolidación de la máquina del partido y, en consecuencia, acaba por tener gran dominio sobre ella (inclusive de su “caja”, ya que una de las tareas que en general asume es la responsabilidad por las finanzas partidarias), un recurso en su competición con liderazgos de perfil diferente (parlamentario, notable, carismático, etc.). Si obtiene suceso en las urnas, el boss consigue imponer su voluntad a la organización, con base en la democracia plebiscitaria desarrollada en las sociedades de masa. Es un tipo de liderazgo característico de países como Estados Unidos (o Brasil), en los cuales los partidos exhiben, desde su origen, el carácter de meros instrumentos en la disputa de votos y cargos públicos, con programas elaborados sin mayor rigor doctrinario, y definido coyunturalmente a cada pleito. La posición de liderazgo del boss también es facilitada donde se desarrolla el spoils system, ocupación de todos los puestos importantes del gobierno

por el partido que ganó las elecciones. Se trata de una característica típica de civilizaciones jóvenes, con “capacidad de soportar una gestión de puros diletantes” (Weber, 1985, pp. 96-97), hombres cuyas carreras políticas se apoyan apenas en su hoja de servicios en la organización partidaria, en general de un pragmatismo que acaba por estimular la corrupción y el desperdicio de recursos públicos. Weber considera que el spoils system solamente es viable en ciertos momentos de la historia de países, como los Estados Unidos, en que son grandes las posibilidades económicas nacionales. Aunque ambos se caracterizan por un perfil esencialmente pragmático, el boss weberiano no coincide integralmente con el boss descrito por Schattschneider (1964). Éste, al analizar la política local en los grandes partidos norteamericanos, afirma que en la “organización de un partido, el bossismo implica en una forma especial de distribución del poder, que se localiza en la base de la pirámide de la autoridad” (p. 207), como resultado de un sistema de partidos descentralizados que conviven con una gran autonomía de la administración local. Eso permite que el boss cree un espacio de influencia en que domina sin obedecer a los liderazgos partidarios centrales, bastante autónomo en relación a la estructura del partido – haciendo a veces acuerdos con miembros de otros partidos o actuando con más de uno de ellos, bajo la alegación de la mayor importancia de sus obligaciones frente a la comunidad. Opera “a partir de una base local y mantiene el monopolio de ella ante sus competidores” (p. 213). Pero no limita su campo de acción a la localidad: como “propietario de la organización local es, en parte, dueño del partido nacional y uno de los poderosos del partido estadual o provincial” (p. 213), vive “de la integración de la política en los planos nacional, estadual y local” (p. 214) y usa su posición para influir en todas las esferas de la administración pública controladas por su partido. En tanto comande su máquina local, tendrá amplio margen de negociación: los “grandes partidos necesitan una organización ante los electores, organizaciones locales, además de la central, ya que deben llegar a los votos, doquiera se encuentren (p. 205). El autor subraya, empero, que el boss local es sobretodo un producto de la gran descentralización de los partidos norte-americanos (y no de la autonomía del poder local), una vez que el bossismo crece en el “mismo tipo de vacío de autoridad central en el que se desarrolló el sistema feudal” (p. 220). Boss y señor feudal presentan características similares, como el localismo, cierta autoridad privada sobre mecanismos públicos, relaciones personales con sus seguidores, exigencia de tributos en cambio de protección (con exhibición, si necesario, de guarda-espaldas prepotentes) y, con el objetivo de asegurar el poder, hasta buenas relaciones con grupos marginales del pueblo – que le dan dividendos en forma de votos. Defectos de la administración pública son bien recibidos, puesto que ahí el boss encuentra un buen caldo de cultura para su “tráfico de influencias” personalizado y otras ventajas. Probablemente se aliará a otros bosses para imponerse a las autoridades centrales y mantener en funcionamiento la estructura político partidaria que le sea más conveniente. Todavía, una organización partidaria nacional influyente es compleja y puede exhibir diferentes configuraciones – y esto es bien característico de Brasil, una federación en que los gobernadores de los Estados son líderes de gran influencia. Varios tipos de jefes intermediarios dominan los directorios, comités o secciones en que el partido se organiza, los llamados “círculos interiores” de Duverger (1970, p. 188). La configuración determinante dependerá tanto de la historia de la organización (su origen y proceso de institucionalización), de la situación partidaria interna (como corrientes y/o facciones, niveles de competición encontrados, jerarquía consolidada, procedimientos consagrados), como del ambiente en que la organización actúa (legislación, escenarios de competición, niveles de participación política de la sociedad).

En la medida en que disputa votos de grandes números, contestando a una multiplicidad de expectativas, una burocracia partidaria es insuficiente para administrar tanta complejidad. Los partidos modernos también “necesitan... asociaciones voluntarias que cuenten con un mínimo de participación no obligatoria: por eso deben distribuir incentivos colectivos e incentivos selectivos (aunque... sus proporciones relativas varíen de partido a partido)” (Panebianco, 1988, p. 10). Los incentivos colectivos pueden ser de identidad (identificación con la organización), solidariedad (por tener objetivos políticos o sociales idénticos a los de otros participantes) e ideológicos (identificación con la “causa” de la organización). Los incentivos selectivos, al contrario, atienden a deseos de poder, status o recursos materiales. En la manipulación de esos incentivos, la cúpula partidaria dibuja su estrategia como liderazgo de la organización. Cuando ese liderazgo pasa a fundarse con mayor énfasis en la perspectiva de acceso y distribución de incentivos selectivos y, entre estos, de incentivos materiales, en una línea esencialmente pragmática, se puede decir que se trata de una organización conocida como máquina partidaria (Wilson, 1973, pp. 33-36). Evidentemente, en la vida real, una máquina partidaria convive (hegemónicamente o no) con otras formas de organización y de valorización de incentivos, dentro del mismo partido. De la misma manera, a lo largo de su existencia, una organización puede ver alterada la importancia de cada tipo de incentivo en su dinámica cotidiana y electoral – así como la evolución organizacional puede ser un elemento propulsor de esos cambios. En su estudio de los partidos políticos en Inglaterra, Ostrogorski (1979) se detuvo en esa evolución. Al analizar el intento de organizar la participación política popular a partir de comités electorales (caucus), ha mostrado como esas organizaciones, socialistas y vueltas hacia las clases trabajadoras en su origen, se hicieron estereotipadas y rígidas, y pasaron a defender, en la busca de adhesiones y votos, causas tan amplias que les cambiaron el carácter. Para designar esas organizaciones, utilizó el término máquina política, comparándolas a una cadena de producción de ideas, semejante a la de una fábrica, dura en el combate a rupturas y disidencias, escondiendo las divergencias “bajo un paraguas” y andando como un ómnibus, al que todos se pueden subir. Esas organizaciones acaban dominadas por una burocratización creciente, oligarquicamente controladas por políticos profesionales. El trabajo subraya aún como, a pesar de tener un discurso democrático que da prioridad a la participación y representación populares, las organizaciones partidarias no reflejan esa posición en su día a día organizacional, haciéndose oligárquicas y rígidas, controladas por pocos, ajenas al cotidiano popular. Esa postura crítica en relación a los partidos, y principalmente a las máquinas políticas, no es aislada. Como señala Diniz (1982), el aparecimiento de esas máquinas fue, al principio, vista con muchos prejuicios. Había una tendencia a dar énfasis a sus aspectos “negativos”, utilizando el término para expresar “formas corrompidas de organizaciones políticas, en contraste con partidos y clubes políticos, que utilizarían medios legítimos de acción... las máquinas serian el lado perverso de la práctica política... sus objetivos se confundirían con los intereses privados de sus líderes... las técnicas típicas de la máquina serian el soborno, la corrupción, el fraude, la coacción y aún la manipulación electoral” (p. 24). En Brasil, ese prejuicio tiende a englobar toda la actividad partidaria y es fuerte - y no apenas entre los analistas políticos. Como argumenta Souza (1976) “el antipartidarismo es una norma ideológica vigorosa y muy enraizada en el pensamiento político brasileño” (p. 30). Un argumento constante en apoyo a esa postura es “lo que se ha convencionado llamar de ‘amorfismo’ o ‘falta de

cohesión ideológica y programática’ de los partidos... que... encuentra explicación suficiente en el ‘amorfismo’ de la sociedad brasileña misma, en el bajo grado de diferenciación objetiva y subjetiva entre las clases sociales, en el origen rural de la mayoría de la clase trabajadora, etc.” (p. 30). En general, esos argumentos critican las características de la máquina partidaria y/o de partidos en una sociedad de masas, pero también extienden sus restricciones a la sociedad y al electorado brasileños - en las varias versiones de la tesis de que “el pueblo no sabe votar” y “los políticos no sirven para nada” - lo que hace inviable la constitución de partidos representativos, con consistencia ideológica o moral, etc. En el campo de la ciencia política, todavía, los análisis fueron cambiando de ángulo: de las críticas severas a las deficiencias ideológicas de las organizaciones partidarias se ha pasado al reconocimiento de su papel relevante en el proceso de incorporación a la vida política de sectores del pueblo (a veces, en el caso de inmigrantes en Estados Unidos, a la vida de un país) y de su presencia decisiva en la definición de políticas públicas. Los partidos pasaron a ser evaluados no solamente en su función representativa, mas también en la gubernativa. Además de la semejanza negativa entre las organizaciones - lo que muchas veces las reducía a caricaturas o simplificaba las cuestiones - se pasó a investigar también las peculiaridades y diferencias significativas entre ellas. Éstas pueden ser decisivas porque, además de que actúan en escenarios diferentes, los partidos no son idénticos en las posibilidades de reclutar y en el ascenso que ofrecen a sus miembros, en los incentivos a que dan prioridad, en las políticas públicas que defienden e implementan, en las alianzas electorales, parlamentarias y de gobierno, etc. En ese sentido, Gosnell (1968), al estudiar la máquina del Partido Demócrata en la ciudad de Chicago durante la crisis económica de la década del 30, al mismo tiempo en que subraya la importancia del control de los comités distritales en la distribución de cargos, en la consolidación de vínculos con grupos económicos que actúan ante el gobierno y en la cooptación de adversarios, también muestra como el proceso electoral fue decisivo para la incorporación a la vida pública de grupos sociales “marginalizados” aunque numerosos en las urnas: negros, mujeres, inmigrantes. Y, aún mas importante, argumenta que esa actuación integradora local, en una región compleja y en periodo de crisis, acabó por crear cierta estabilidad y apoyo que ayudarían a fortalecer el Partido Demócrata en el plano nacional, permitiéndole la formulación de políticas progresistas, decisivas para el desarrollo del país y para la consolidación del Estado norte americano. Esas dos instancias, actuando afinadas, favorecieron la consolidación de una coalición pro desarrollo, que ha cambiado la vida política norteamericana. Según Mallenkopf (1983), las condiciones sociales para ese movimiento, en el caso de Estados Unidos, se han apoyado en la predominancia de la vida urbana y sus intereses en la sociedad de la época, que llevaron a la formación, a nivel nacional, de una coalición político económica “desarrollista”, lo que a su vez llevó a la modernización del Estado - aunque, al nivel de la política local, no hubiesen sido eliminadas acciones y tradiciones clientelistas y patrimonialistas, ni la influencia de los bosses. Y eso porque, a pesar de la mezcla de intereses políticos y económicos, hubo la participación de un fuerte actor político - el Partido Demócrata - y una conducción del proceso en que se observa “una lógica política aún mas fuerte que la económica. Es en la interacción entre la lógica política y la económica, y de los conflictos que de ahí resultan, que se puede detectar la fuerza propulsora de los ciclos de vida de las coaliciones progresistas” (p. 5). Lo que se verifica es que, en una sociedad de masas, la empresa política dirigida por los partidos no pasa, en verdad, de una empresa de intereses: al

estado idílico de la dominación de hombres de honor y, sobretodo, de dominación de parlamentarios, se opone, en nuestra época, y de la manera mas radical, la estructura y organización moderna de los partidos (Weber, 1985, pp. 78-88). Estamos bastante lejos de la concepción formulada por Burke, en el siglo XIX, para quien “partido es un conjunto de hombres unidos para promover, como esfuerzos conjuntos, el interés nacional, sobre la base de algún principio particular sobre el cual todos están de acuerdo” (apud Macpherson, 1984, p. 43).15 Un partido de masas puede abrigar un grupo como aquellas características, pero la organización en su conjunto - y hasta el destino de ese grupo en particular - depende de la eficiencia en las urnas, verdadero termómetro del poder de los partidos en una democracia y de los diversos grupos dentro de ellos. Eso no elimina, empero, la necesidad partidaria de definir programas de interés nacional y regional: discurso político adecuado y políticas públicas bien formuladas (e implementadas), por ejemplo, pueden sensibilizar el electorado y, en ese sentido, sus autores son importantes para el suceso electoral y suelen ocupar puestos destacados en la organización partidaria.16 Lo mismo puede ser dicho de ciertos grupos partidarios específicos.

La lógica del mercado político Los aspectos de los partidos de masas destacados en este texto dejan claro que siguiendo el camino abierto por Weber, al analizar el caso brasileño, trabajamos cerca del mencionado concepto de partido de Sartori y también de aquél definido por Schumpeter (1984), para quien un “partido político es un grupo cuyos miembros se proponen actuar combinadamente en la lucha competitiva por el poder político... Partido y máquina... son una tentativa de regulación de la competición política que es en todo semejante a las prácticas correspondientes de una asociación comercial” (p. 353). Nótese, como observa Mallenkopf, que los partidos siguen la lógica del mercado político y no la concepción de eficiencia que caracteriza al mercado económico. Eso significa que actúan siempre congregando intereses, sirviendo como vehículos entre fuerzas sociales y gobierno. Frecuentemente incorporan la distribución de cargos y el clientelismo, ceden a influencias, realizan diferentes compromisos, adaptándose a los principios y a los procedimientos que caracterizan al sistema político en que actúan. Y, para alcanzar resultados positivos necesitan ‘penetrar’ como objeto familiar en millones de mentes, desempeñando en la política papel análogo al de una gran corporación económica cuando hace el marketing de algún artículo de consumo de masas” (Kirchheimer, 1966, p. 192). Además, aunque los partidos de masas sean sobretodo organizaciones en competición en el mercado político, en esa competición se presentan con bases sociales. Por eso, como dice Sartori (1982), es válido intentar entenderlos también como las categorías tradicionales de clasificación, considerando al espectro partidario como un sistema que puede ordenarse como un continuum que va de los partidos a la izquierda a los de derecha, en vistas a la red de intereses sociales que expresan y representan mas continuadamente. Eso es muy vivo en un país de grandes desigualdades sociales como Brasil, donde el problema de la distribución del ingreso y del combate a la pobreza es aún un divisor de aguas en la vida pública y que, en consecuencia, hace electoralmente importante la imagen popular o elitista17 de un partido, así como su discurso y desempeño como policy maker - en ese caso específicamente en el campo social y como coordinador del desarrollo económico. De la misma manera, la inestabilidad de la democracia brasileña y el abismo social - que alimenta el “autoritarismo en el plano de las

relaciones sociales” (Reis, 1988, p. 21) - hacen de las posiciones democráticas coherentes y de la lucha por la institucionalización política y por la valorización de la ciudadanía otros temas relevantes para la distinción entre los partidos, componiendo un sistema partidario complejo. Finalmente, no se puede dejar de considerar la influencia del marxismo en la política brasileña del siglo XX, tanto por la presencia marcante de sus seguidores como por la reacción anticomunista que ha producido y de la cual el golpe militar de 1964 es un ejemplo.

Brasil: inestabilidad institucional y debilidad del sistema partidario El tema partido político no se incluye entre las áreas más desarrolladas por la Ciencia Política brasileña: se ha producido un número reducido de estudios solidamente apoyados en datos. Lamounier (1986) señala el hecho de que no existe ningún modelo explicativo mínimamente consistente sobre la evolución de los partidos en el país, principalmente porque aún son considerables los periodos poco conocidos empíricamente. A pesar de la limitación, estudia algunos aspectos políticos y socio económicos que considera relevantes para un abordaje del problema partidario en Brasil (Lamounier y Meneguello, 1986, pp. 59-61): a) La debilidad de los partidos brasileños a la época del Imperio (1822-1889) y de la Primera República (1889-1930), resultado de estrategias de state-building de esos periodos, ha resultado en la inexistencia, al comienzo de la experiencia democrática del 45 - com el fin del autoritarismo del Estado Novo (1930-1945) comandado por Getúlio Vargas - de un gran partido independiente del estado, organizado y apoyado en identificaciones populares y en lealtades históricas sedimentadas. Esa característica fué decisiva para el sistema partidario que se constituyó enseguida. b) A pesar de los espacios formales asegurados por la Constitución de 1946, algunos factores estructurales dificultaron la institucionalización del sistema partidario: - un poder central muy fuerte, con preponderancia financiera del gobierno federal, ha transformado a los políticos en abogados de sus estados y municipios frente a él; de la misma manera el peso decisivo del poder central en el modelo de desarrollo económico adoptado por Brasil los ha llevado a colocar sus intereses frente a los centros de decisión por encima de sus lealtades partidarias. Distintos intereses regionales, en un federalismo frágil, muchas veces alejaban (cuando no oponían) secciones estaduales de un mismo partido. - preponderancia absoluta del Ejecutivo sobre el Legislativo, estimulando el individualismo político, que se apoya en negociaciones tópicas del Ejecutivo com partes del Legislativo, por medio de parlamentarios interesados en el acceso a un poder central fuerte, aunque a costas de la debilidad del Legislativo como institución - debilidad que interesa al predominio del Ejecutivo. c) En la segunda mitad del siglo XX, cambios sociales y culturales acelerados por la urbanización, con la llegada de nuevos escenarios y actores al conflicto social

y a la política, bien como el surgimiento del populismo, afectan la supervivencia de los políticos hasta entonces influyentes de los partidos más poderosos. En consecuencia, se agitan los intereses internos de esos partidos. d) La legislación electoral y sobre los partidos dificulta la cohesión del sistema partidario, al permitir el tránsito entre los partidos y por la ausencia de mecanismos que aseguren la fidelidad partidaria. Representa un estímulo al oportunismo político. e) Prensados entre un Estado fuerte y centralizado, que controlan de manera imperfecta, y las presiones electorales de una sociedad en rápida transformación, las políticas encuentran creciente dificultad para componer sus intereses de supervivencia electoral con la necesaria cohesión partidaria. Entre 1945 y 1964, en consecuencia, se forma en Brasil un pluripartidarismo de partidos que son “una mezcla de electoralismo - a veces populista - y clientelismo estatal” (Cardoso, 1981, p. 48) y que persisten gracias a la incrustación en el aparato del Estado. A excepción de pocas organizaciones pequeñas, esos partidos no eran ideológicos ni daban espacio efectivo a la militancia popular - apenas aceptaban adhesiones populares. En el cuadro partidario del periodo, tres grandes organizaciones se destacaron nacionalmente: el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a la izquierda, el Partido Social Democrático (PSD), partido conservador de centro, y la Uniòn Democrática Nacional (UDN), conservador-liberal, a la derecha del PSD. Los dos primeros nacieron bajo inspiración de Getulio Vargas, con la democratización del 45, y el Ministerio del Trabajo fué usado para apoyar la organización del PTB, mientras las Interventorias estaduales del autoritarismo eran utilizadas para constituir el PSD. La oposición al getulismo se agrupó en la UDN. En São Paulo, el PTB era débil, y el gran partido populista era el Partido Social Progressista (PSP), de Adhemar de Barros, ex Interventor federal.18 El sistema partidario después de 1945 vive momentos críticos19 resultando en su destrucción en 1965, al comienzo de un nuevo periodo autoritario en el país, bajo el comando de los militares. Hay así una descontinuidad de sistema partidario. Un Ato Institucional (No. 2, de 1965) disuelve los antiguos grupos partidarios y rígidas restricciones legales imponen el bipartidarismo, como una organización situacionista, la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y una oposición consentida, el Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A ellas adhieren inmediatamente políticos de las organizaciones extinguidas por el autoritarismo.20 Pasan a competir en elecciones limitadas para los Legislativos y Prefecturas de Municipios pequeños y medianos. Para los Ejecutivos estaduales y federal, las elecciones se hacían por Colegios Electorales; y en los Municipios de las Capitales y otros por designación por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, se establecieron tres niveles distintos de competición partidaria: 1. Prefecturas y Legislativos, accesibles por voto popular - aunque la libre expresión no fuera asegurada en el país y se tomaran medidas ad hoc, como la Lei Falcão;21 2. Ejecutivos estaduales y federal, votados por Colegio Electoral, formado por parlamentários votados; 3. Algunos ejecutivos municipales con votación indirecta. El modelo de elecciones limitadas permite que se formen partidos hasta en un contexto autoritario y hace que, en el bipartidismo impuesto, adquieran características de frentes, organizaciones que tienen la función de presentar

candidatos a la competición electoral. Ese proceso favorece el aparecimiento de identificaciones y simpatías por partidos frente a los votantes, y también la formación y selección de cuadros, que alimentan la capacidad representativa y gubernativa de esas organizaciones. Así, en la transición a la democracia durante la década de 80, después del retorno al pluripartidismo em 1979,22 los partidos nacidos durante el autoritarismo no desaparecen, aunque cambien de nombres (ARENA = PDS-PPR y MDB = PMDB)23 - y continúan a servir para crear los cuadros determinantes de las nuevas organizaciones. Existe así considerable continuidad organizacional en algunos partidos influyentes - a pesar de la discontinuidad institucional en el país y de la alteración de las reglas y del espectro de la competición partidaria - y, en consecuencia, de varios elementos que eran decisivos para la vida de las antiguas organizaciones. Los partidos originados en el bipartidismo impuesto permanecen como actores importantes en el espacio político brasileño, sin hablar del vigor de los líderes y cuadros que han generado, que siguen en lo alto de las jerarquías de esos y de algunos de los nuevos partidos posteriores a 1979, adicionados a los líderes anteriores a 1964, que volvieron a la vida partidaria después de la amnistía política al final del régimen militar. Con el pluripartidismo se introducen cambios en la competición partidaria y también en el calendario político, en que ya se anticipa la posibilidad de ampliación de las disputas electorales, comenzando por elecciones para los Gobiernos de los Estados en 1982. Esas pasan a ser la gran referencia de la vida partidaria al comienzo de la década, que abre una nueva etapa en la vida política brasileña, como la transición hacia la democracia, que se concluirá solamente en 1989, como la primera elección directa para la Presidencia de la República - elecciones vencidas por un “libre-atirador” en el sistema partidario, Fernando Collor de Melo, presentado por minúsculo partido coyuntural (PRN), aunque haya contado como el apoyo de casi todos los partidos influyentes, dispuestos a derrotar, en segundo turno, el ex-obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, líder máximo del Partidos de los Trabajadores (PT), única sigla con fuerte presencia sindical en su origen. Collor de Melo acabó perdiendo el puesto (cassado) por improbidad, llevando su vice-presidente, Itamar Franco, a la presidencia, en una especie de gobierno de coalición para fortalecer la democracia. A Itamar siguieron dos gobiernos encabezados por Fernando Henrique Cardoso, que comanda una coalición entre su partido, el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) como el Partido da Frente Liberal (PFL), el PMDB y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Después de polémica votación por el congreso, fue permitida la reelección para presidente, lo que le aseguró un segundo gobierno.

Partidos políticos en el Brasil de hoy Desde el retorno al pluripartidismo, en la década de 80, con la ruptura de las dos grandes frentes político partidarias en que se habían transformado los dos partidos del régimen militar, el cuadro partidario brasileño se ha caracterizado por la adhesión de los políticos y el cambio entre las organizaciones, aunque, con excepción del Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, fundado por una disidencia de algunos líderes del Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB – los grandes partidos con influencia nacional sigan los mismos. Son ellos: el PMDB (una continuidad del MDB), Partido Progresista Brasileiro, PPB (ex ARENA y ex PDS), Partido da Frente Liberal, PFL (especie de disidencia del PDS), Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Democrático Trabalhista, PDT (ambos con predominio de los petebistas y getulistas amnistiados) y el Partido dos

Trabalhadores, PT (con predominio de sindicalistas, profesores de la red pública y sectores progresistas de la Iglesia Católica), además del mencionado PSDB. El cuadro abajo menciona todos los partidos registrados. Partidos Con Estatutos Registrados . Brasil, 2001 Sigla

Nombre

Data registro

PMDB

Partido Do Movimento Democrático Brasileiro

30.06.81

PTB

Partido Trabalhista Brasileiro

03.11.81

PDT

Partido Democrática Trabalhista

10.11.81

PT

Partido Dos Trabalhadores

11.02.82

PFL

Partido Da Frente Liberal

11.09.86

PL

Partido Liberal

25.02.88

PC do B

Partido Comunista Do Brasil

23.06.88

PSB

Partido Socialista Brasileiro

01.07.88

PSDB

Partido Da Social Democracia Brasileira

24.08.89

PRN

Partido Da Reconstrução Nacional

22.02.90

PSD

Partido Social Democrático

16.03.90

PSC

Partido Social Cristão

29.03.90

PMN

Partido Da Mobilização Nacional

25.10.90

PRONA

Partido De Reedificação Da Ordem Nacional

30.10.90

PRP

Partido Republicano Progressista

29.10.91

PPS

Partido Popular Socialista- (Viejo PCB)

19.03.92

PV

Partido Verde

30.09.93

PT do B

Partido Trabalhista Do Brasil

11.10.94

PPB

Partido Progressista Brasileiro (PPR+PP)

16.11.95

PSTU

Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado(Viejo

19.12.95

PRT)

PCB

Partido Comunista Brasileiro

09.05.96

PST

Partido Social Trabalhista

28.08.96

PRTB

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro

18.02.97

PSN

Partido Da Solidariedade Nacional

20.03.97

PSDC

Partido Social Democrata Cristão - Ant. PDC

05.08.97

PCO

Partido Da Causa Operária

30.09.97

PTN

Partido Trabalhista Nacional

02.10.97

PAN

Partido Dos Aposentados Da Nação

19.02.98

PSL

Partido Social Liberal

02.06.98

PGT

Partido Geral Dos Trabalhadores

02.09.99

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, 2001.

Los demás partidos relevantes en el juego político – principalmente porque poseen parlamentarios o candidatos de destaque – son: Partido Socialista Brasileiro, PSB, Partido Popular Socialista, PPS (ex Partido Comunista Brasileiro, PCB), Partido Liberal, PL, Partido Verde, PV, y Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Con los constantes cambios de partidos, sobretodo para acomodar ambiciones electorales en conflicto, pequeños grupos como esos pueden llegar a abrigar líderes descontentos con sus partidos de origen, pero que pueden, por su capacidad electoral, acabar en puestos de influencia. El pequeño PPS, por ejemplo, incluye hoy día un disidente del PSDB24, candidato a la Presidencia y con buena posición en las encuestas electorales, que llegó a la agremiación por el embotellamiento de líderes y presidenciables en el PSDB (partido que comanda el gobierno federal desde 1995). En su mayoría, esos pequeños partidos pueden ser clasificados como diversas tendencias de izquierda en el espectro ideológico brasileño, formados por políticos que se destacaron en la lucha contra la dictadura y hasta en grupos entonces puestos en la clandestinidad, como los dos partidos comunistas.25 Apenas el PL o corresponde a ese perfil, siendo un pequeño partido conservador, con marcada participación de pastores evangélicos. El próximo cuadro presenta la representatividad de los partidos en el Congreso Nacional. Parlamentarios Câmara Qtd. Partido/Bloco 131 PSDB/PTB 105 PFL/PST 95 PMDB 56 PT 47 PPB 28 PDT/PPS 27 PSB/PC do B 20 PL/PSL PV PTN

PHS

1 1 1

S.PARTIDO

1

Total PARTIDOS 16 Total PARLAMENTARIOS 513

Senadores

Partido/Bloco PMDB PFL PSDB PT PDT PSB PPB PTB PPS

Qtd. 27 19 14 7 3 3 2 1 3

S.PARTIDO

1

Total PARTIDOS Total SENADORES

9 81

Fonte: Superior Tribunal Eleitoral, 2001. Algunos elementos deben ser considerados al observar la dinámica partidaria brasileña, a partir de los factores centrales seleccionados en este artículo. Primero, la enorme importancia de la política estadual en una federación con gran extensión territorial y desigualdades regionales, de lo que resultan numerosas pretensiones y situaciones a acomodar. Los gobernadores son los grandes líderes políticos intermediarios del país, controlando por lo general las máquinas partidarias estaduales – inicialmente para obtener la indicación en la convención y, después de elegidos y con el control sobre la administración pública del Estado, para mantener el dominio sobre los demás. Eso vale para todos los partidos que ganaron gobiernos de Estados.26 Las especificidades de la dinámica local producen nuevas dificultades para consolidar una identificación partidaria nacional, pues

alianzas y desacuerdos en el plano estadual a veces no se reproducen en el plano federal (y viceversa) y acaban por producir hechos raros, como la presencia del actual Presidente (del PSDB) en afiches de propaganda electoral de un candidato del PPB al gobierno del Estado de São Paulo,27 estado en el cual los dos partidos se oponen tradicionalmente, aunque estén coligados en el plano federal. Los partidos necesitan, pues, administrar conflictos entre sus intereses nacionales y regionales, en un contexto en que la importancia del voto acaba atropellando tradiciones, ideologías y discursos. En el caso de disputas irreconciliables y de rebeldías siempre es posible para un político cambiar de partido o fundar uno nuevo, dependiendo apenas de la capacidad del político insatisfecho o rebelde. La ley (la Constitución de 1988) establece como exigencias para la creación de un partido que sea de ámbito nacional y que no tenga vínculos financieros con entidades extranjeras, permitiéndole que funcione provisoriamente por un año, desde que entre con pedido de registro en el Tribunal Superior Eleitoral, presentando para eso manifiesto, estatutos y programa, con la firma de 101 mil votantes. Pasado un año, el partido tendrá su registro definitivo, una vez que se haya organizado y realizado convenciones para directorios estaduales y municipales en por lo menos nueve de los 26 Estados y un quinto de los respectivos municipios. Mediante el registro provisorio ya tiene garantizado el acceso a las elecciones y, en consecuencia, a los programas electorales gratuitos en los medios de comunicación de masa, lo que produce la distorsión de los ya citados partidos “de alquiler” que, durante las campañas electorales ponen a disposición de otros candidatos, para los mas variados usos, sus minutos, principalmente en televisión. Con leyes electorales que no fortalecen a fidelidad partidaria, aparecen también problemas de gobernabilidad y en las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. La situación favorece alianzas partidarias de todo tipo, primero para asegurar la victoria en elecciones mayoritarias – como la alianza del PSDB (de políticos que hacían oposición a los gobiernos militares) con el PFL (mayoría de influyentes políticos venidos de ARENA), en la elección presidencial que llevó al poder a Fernando Henrique Cardoso (profesor universitario, fundador del PSDB, sociólogo con obra académica considerada progresista, que había sido cassado por los militares) y del vice Marco Maciel, del PFL (de tradicional oligarquía del Nordeste que, como sus compañeros de partido, había apoyado a los militares). Por esas circunstancias son constantes los boatos de “compra” de votos en el Congreso (con cargos, recursos o dinero sonante) cuando el gobierno necesita de mayoría para votar algún proyecto importante. En la cúpula de todas las organizaciones partidarias influyentes en Brasil, una elite permanece aferrada a los puestos del poder partidario desde su fundación. Con pocas excepciones, apenas la muerte ha retirado a los caciques de los puestos superiores de la organización, lo que vale hasta para el PT, único de los actuales partidos que no presenta continuidad con organizaciones partidarias anteriores a su fundación, pero donde el ex líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva y su grupo (Articulação) siguen en control del partido nacionalmente, y Lula ha mantenido hasta el presente el puesto de único candidato presidencial de su partido.28 Las oligarquías partidarias se consolidaron por una serie de factores, casi siempre incluyendo el control de la máquina partidaria (y sus directorios y convenciones) y de máquinas administrativas, en razón de victorias electorales. Los cuadros dirigentes partidarios nacionales de los “seis grandes” son formados esencialmente por parlamentarios (muchos de ellos ex gobernadores) y apenas el PT contiene en su ejecutiva nacional nombres no sufragados en las urnas y que tampoco son notables, pero que surgieron de la militancia histórica o de algún otro tipo de actuación valorizada por la organización. Probablemente porque

representaba una propuesta nueva de organización partidaria en 1979, y porque no había heredado líderes mayoritarios ya probados electoralmente (Lula era un líder sindical), esa organización abría mas espacio que las otras para diferentes formas de participación y ascenso en la vida partidaria. Con las victorias electorales, entretanto, empiezan a predominar, también en el PT, los líderes consagrados por las urnas, al mismo tiempo en que disminuye el espacio de la pura militancia – no la de los cuadros partidarios que aspiran o tienen acceso a cargos en las administraciones públicas del partido – a medida que las grandes batallas que el partido traba cada vez mas pasan por las urnas y por instituciones políticas clásicas: ejecutivo y legislativo, aunque aún mantengan representatividad sindical (principalmente en sindicatos ligados a los funcionarios públicos), de donde surgen muchos de sus parlamentarios. La trayectoria de la disidencia del PMDB que ha fundado el PSDB también sirve para ilustrar dos hipótesis de este trabajo: la de que el buen resultado en las urnas y la de que el acceso a cargos públicos de poder son los principales elementos determinantes de las organizaciones partidarias brasileñas, y de la consolidación de las oligarquías que pasan a dominarlas, inmovilizando el intercambio de ideas, neutralizando elementos desestabilizadores del status quo organizacional, en cuyo tope se incrustaron. O sea, impidiendo que el partido estimule rebeldías. Durante la década de 80, en consecuencia de la popularidad adquirida durante el proceso del fin del autoritarismo y de la transición a la democracia – además de la gran cantidad de nuevos liderazgos que generó, en un escenario en que parte de los líderes tradicionales o estaba cassada o se abrigaba en la ARENA – el PMDB era un partido que tendía a la victoria electoral, hasta porque aún no había sufrido el desgaste del poder recién adquirido. Algunos de sus líderes mas destacados pretendían aprovechar esa situación favorable para que un grupo de políticos entonces en el PMDB, en su mayoría paulistas,29 se empeñaran en la fundación de un nuevo partido en 1988. Surgió así el PSDB, que creció aprovechando el desgaste creciente del PMDB, con su hinchazón excesiva y principalmente frente a acusaciones de improbidad con los recursos públicos. En São Paulo se abrieron procesos contra integrantes del gobierno Quercia y en el plano federal las críticas no eran mas suaves contra integrantes del gobierno Sarney – con tanta repercusión que el presidente finalmente electo en l989, Fernando Collor de Melo, del minúsculo Partido da Renovação Nacional, PRN, transformó la “caza a los marajás” del gobierno en el gran dístico de su campaña victoriosa.30 Proclamándose defensores de la ética y de honestidad en la política, líderes disidentes del PMDB fundaron el PSDB y, ya en el año siguiente, presentaron candidatos a los gobiernos de vários Estados, incluso São Paulo, y a la Presidencia de la República, aunque sin suceso. La victoria vendría apenas en 1994, después del impeachment de Collor y del gobierno de transición de Itamar Franco, comandando una coalición que acabó por incluir el PMDB. Después que Fernando Collor fue impedido por improbidad, su aliado PFL siguió influyente en el gobierno - una especie de gobierno de unión nacional para consolidar la democracia. Trató el PFL de reforzar sus posiciones electorales, principalmente en regiones del país más dependientes de favores del gobierno federal, y así conquistó una situación privilegiada en la alianza que se vino a formar para las nuevas elecciones, bajo el comando del PSDB, que también ocupara espacios en importantes ministerios durante el gobierno de Itamar Franco. Asoció su imagen al Plano Real, que detuvo la inflación brasileña, una vez que uno de sus líderes principales, Fernando Henrique Cardoso era el Ministro de la Economía. En 1994, el plano gozaba de gran popularidad y Fernando Henrique ganó las elecciones con una coalición de centro derecha y que, para el segundo turno ganó más adhesiones hacia la derecha, para derrota Lula otra vez. A partir

de esa conquista, el PSDB pasó por una hinchazón semejante a la que había sufrido el PMDB en la década de 80, con variadas adhesiones oportunistas. Su imagen pública de disidencia ética también acabó afectada, culminando con una serie de acusaciones de que el gobierno federal habría utilizado todos los recursos disponibles para impedir la instalación de una Comissão Parlamentar de Inquérito sobre corrupción, que parecía que podría conseguir el soporte mínimo necesario entre diputados y senadores. El escenario dominante en el sistema partidario brasileño en 2001, poco mas de un año antes de la próxima elección presidencial (y también para Gobernadores, senadores y diputados), que ya monopoliza corazones y almas de los políticos de mayor poder en los partidos mas influyentes del país, muestra cerrada disputa en el mercado político nacional. De un lado, el núcleo de la alianza gubernamental PSDB-PFL-PPB-PTB presenta una disputa interna por la candidatura presidencial (y varias otras por las candidaturas a los gobiernos de algunos Estados), en que se destacan un ministro-senador (José Serra) y un gobernador (Tasso Jereissati), ambos del grupo de fundadores del partido. En el PT, después de la conmemoración de algunas victorias significativas en las elecciones municipales de 2000, la dinámica partidaria tiene como referencia principal otra vez la candidatura de Lula a la presidencia, explotando su posición de oposición permanente, proyecto electoral disputado adentro del partido por un senador, también fundador del PT, que desea la vaga de candidato presidencial. El PMDB tanto puede seguir en la base del gobierno actual como presentar candidatura propia, como el ex presidente y actual gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, que volvió al partido y hace oposición intransigente al Gobierno Federal. Por el pequeño PPB, está Ciro Gomes, también candidato de oposición, y busca alianzas que le traigan estructura partidaria y más tiempo en el horario electoral gratuito. Nadie consigue percibir cualquier movimiento partidario importante que no tenga como principal referencia las elecciones que se aproximan. Cada organización busca marcar bien su espacio, como discursos que exponen sus posiciones frente a las grandes cuestiones nacionales que centralizarán el debate electoral: corrupción, desigualdad social, políticas neoliberales, estabilidad económica, intervención del Estado, privatizaciones, etc, sumadas a cuestiones coyunturales, como la crisis energética que tiende a traer el “apagón” en los discursos políticos, principalmente los de oposición. Al fin y al cabo, todo esto no es tan negativo cuando se lo compara como lo que ocupaba la política nacional durante el aún reciente régimen autoritario brasileño, como censura de prensa, arrestos y torturas de adversarios, escándalos ocultados, presidentes militares escogidos por Colegios Electorales, gobernadores nombrados etc. Como democracia muy joven, Brasil tiene mucho lo que perfeccionar en sus instituciones, para crear mecanismos que aproximen más la vida política partidaria del ciudadano votante. El peligro está exactamente en la posibilidad de que, en vez de eso, las fallas de nuestra vida democrática puedan despertar fuerzas que la quieran destruir, en vez de ayudarla a madurar. La democracia tiene muchos defectos, mas aún es el mejor régimen político descubierto por la humanidad, aunque imberbe.

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Notas 1

Para el tema del papel preponderante del Estado en la evolución política brasileña, dos autores son fundamentales: Raymundo Faoro y Simon Schwartzman. Segun Schwartzman (1988), “Brasil ha heredado un sistema político que no funciona como ‘representante’ o ‘agente’ de grupos de clases sociales determinados, pero que tiene dinámica propia e independiente, que solo se puede entender si examinamos la história de la formación del Estado brasileño”

(p. 14). Para Faoro (1976), en observación semejante, el problema del poder en Brasil pasa por la compreensión de que, gracias a un Estado fuerte, desde el periodo colonial, el “estamento burocrático comanda el ramo civil y militar de la administración y, de esa base, con aparato próprio, invade los campos económico, político y financiero” (p. 738). 2 Para mayores informaciones sobre elecciones limitadas en regimenes autoritarios, cf. Linz (1978). 3 El origen del Partido de los Trabajadores, PT, por sus estrechos vínculos con parte relevante del movimiento sindical, talvez sea una excepción. 4 Sobre la crisis institucional brasileña, ver Reis (1988). 5 Esa opción no se opone a la obra clásica de Souza (1976) sobre el periodo 1945-1964, que prefiere el estudio del sistema partidario y no el de los partidos tomados individualmente. Eso adviene del análisis especial de los “aspectos mas amplios de policy making, socialización, reclutamiento y comunicación de todo el sistema político” (p. 31) y del papel gubernativo de los partidos, en un escenario de “existencia previa de una fuerte organización estatal” que “tiene efectos considerables sobre el desarrollo y posterior configuración del sistema partidario” (p. 31). Estoy de acuerdo sobre la no institucionalización del sistema partidario, pero creo que, en lo que toca a algunos partidos - y es el caso del MDB-PMDB - existe un proceso de institucionalización, aunque precario, dada la inestabilidad de las reglas del juego (institucional y legal). Es lo que permite que el PMDB atienda a uno de los elementos apuntados por Souza como síntomas de institucionalización de una organización: “la capacidad de efectivamente ofrecer alguna cosa a su clientela” (p. 32), mediante el control de los recursos del Estado - y no solamente en el plano de la distribución de cargos y clientelismo (que existe en diferentes niveles, según la región del país), pero también en lo que toca a las políticas públicas. Por la misma razón, localizamos el momento decisivo del proceso de institucionalización del PMDB en São Paulo durante su segunda gestión en el gobierno del Estado, en la etapa final de la transición democrática, con la elaboración de la Constitución y com el PMDB en el Gobierno Federal. Es el momento en que el partido deja de ser la oposición consentida al autoritarismo y pasa a ser una alternativa de poder, exhibiendo condiciones indiscutibles de governabilidad, después de haber alterado sus blancos y composición inicial sin desestructurarse. 6 Schattschneider (1964) analisa en el caso norte americano tres niveles de actuación política: el de la política nacional - en que se discute el interés público, con presencia hegemónica de los grandes partidos; el de la política local, dominado por las organizaciones de la localidad (partidarias o no); y un tercer nivel, el de la actuación de los grupos de presión, que defienden intereses específicos. En cada nivel los actores actúan de formas diferentes y se mueven en diversas direcciones. Según el autor, el gran escenario de lucha de esas tres instancias es el Congresso, “tierra de nádie de la política norteamericana” (p. 244). Encuanto al nivel político determinante - y especificamente com relación a la fuerza de la política partidaria - el autor argumenta con la incertidumbre: “Puede surgir con la evolución un regimen de partidos nacionales adecuados a las necesidades de la nación, pero no es posible descartar una desintegración en manos de intereses locales y específicos, organizados para resistir al establecimiento del gobierno de partidos” (Idem). 7 Em regimenes de elecciones limitadas, como el autoritarismo pos 64 en Brasil, en que ha nacido y actuado el MDB, esa concepción de partido debe ser encarada dentro de las especificidades de la vida partidaria de entonces, pero la característica básica apuntada en la definición mínima de Sartori está presente y es determinante en la dinámica del partido.

8

Esa caracterización es una simplificación de la diversidad y de las polémicas relacionadas a la génesis, institucionalización y maturidad de esos partidos (sobretodo los influyentes), y su profundización no es indispensable para este trabajo. La bibliografía a respecto es grande y accesible. 9 Sobre el tema, ver Papadopoulos, Y.; Vaner, S.; Cazorla, J., y Farelo-Lopes, F. (1990). Los artículos de Papadopoulos, Vaner y Cazorla también fueron publicados en la Revista do CEMOTI no. 7, 1989; el de Farelo-Lopes, en el no. 9, 1990. 10 Para el tema del coronelismo es fundamental la obra de Leal (1949). Para una visión rápida del caciquismo español, ver Cazorla (1989). Aunque el artículo se refiera al clientelismo de partido, el autor analiza el caciquismo e indica bibliografía. 11 En Clientelismo e sistema politico. Il caso dell’Italia (apud Papadopoulos y Vaner, 1989), al estudiar el sur de Italia, Graziano describe el pasaje del clientelismo tradicional al de partido por la substitución de una clase de “notables beneficiarios de una autoridad tradicional por una capa de hombres políticos que apoyan su poder en el acceso a los recursos públicos, nacionales por via de la actuación del partido en Roma, y locales obtenidos por la realización de obras (distribución de licencias, evaluación de las obras, etc)” (pp. 6-7). Weingord (1977) muestra que, cuando empleado por la Ciencia Política, el término patronaje “se refiere a los caminos por los cuales los partidos políticos distribuyen cargos públicos o favores especiales en cambio de apoyo electoral... Patronaje, en esa perspectiva, es el modo como los líderes de los partidos políticos intentan beneficiarse de las instituciones y de los recursos públicos en beneficio propio, y como diferentes favores son cambiados por votos” (p. 324). En Italia, como muestra Sards, el término clientelismo (clientela) es usado para referirse “a un líder y sus seguidores: clientela puede ser traducida literalmente como ‘conexión’, implica en relaciones entre los que tienen influencia y los demás, que desean extraer de eso algún beneficio... en esos términos, miembros de partidos pueden distribuir favores a sus seguidores: clientela, entonces, se relaciona directamente al patronaje político... y las acciones descritas son encontradas en las estructuras burocráticas, en organizaciones de grande escala” (apud Weingord, 1977, p. 328). El autor considera que “el patronaje debe ser correlacionado a un contexto comunitario específico y también debe ser considerado como una especie de asociación, una red de comunicación, vinculada a un concepto de organización política y control de operaciones en una sociedad” (p. 336). Lo importante, subrayan Papadopoulos y Vaner, es justamente entender las especificidades de las diferentes redes que se forman, el tipo de recompensa que asegura el apoyo, quiénes son los intermediarios, una vez que son muchas las dificultades de establecer una teoria del clientelismo que sea válida para diferentes contextos. También enfatizan que, dados los estudios comparados existentes y, sobretodo, la estrecha vinculación del nuevo clientelismo a la urbanización y complejidad económica, es equivocado “pensar que el clientelismo es específico del subdesarrollo” (p. 14). 12 Es necesario insistir que clientelismo no es sinónimo de corrupción, “siendo esta apenas su expresión mas aguda” (papadopoulos y Vaner, 1989, p. 4). La existencia de esta, a no ser que judicialmente probada, es mas difícil de mostrar que la del clientelismo: puede ser presentida por relatos y denuncias, por noticias de prensa y, en el caso brasileño, por decisiones de los Tribunais de Contas. Aún así es necesario suponer que parte de los casos que se hacen públicos - y no son judicialmente demostrados - pueden no pasar de estrategias políticas de adversarios. Comprobada la existencia de corrupción, el grado y las situaciones en que ocurre y es (o no) tolerada son buenos indicadores de las relaciones que se desarrollan entre partido, estado y sociedad, y de los tipos de reacción del

Legislativo y del Judiciario a respecto, además de revelar aspectos importantes de la organización partidaria de que se trata, en su totalidad o facciones. 13 Son profesionales en el sentido de que su actividad profesional es la política. En partidos influyentes de democracias desarrolladas también surge una burocracia partidaria, constituida por funcionarios de la organización misma. En Brasil, donde los partidos han tenido una existencia accidentada durante el siglo XX - creados como fueron, en muchos casos, por ley o por la acción del Estado, y dos veces extinguidos por regímenes autoritarios - no se ha llegado a ese grado de organización y de independencia de la vida partidaria frente a la administración pública: las burocracias estrictamente partidarias prácticamente no existen, y las organizaciones suelen apoyarse en el trabajo de personas ligadas a líderes locales, estaduales y federales. Como acceso a las administraciones públicas o a cargos en el Legislativo, muchos trabajadores de partido pasan a ser asalariados de las instancias públicas bajo control de la organización. En algunos casos, como el del Partido de los Trabajadores (PT), o en momentos específicos de ciertos partidos, como el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), ciertas tareas son asumidas por militantes - lo que no libera enteramente a esas organizaciones del mecanismo expuesto. 14 Weber (1985) describe el tipo ideal del líder carismático, que también aparece en su famosa obra Economía y Sociedad. 15 Como señala Macpherson (1984), se debe considerar que, como político, hombre de acción y, por muchos años parlamentar whig (liberal), Burke era un pragmático y, en consecuencia, no consideraba tal principio de un punto de vista moral, sino como una unión en torno de ideas compartidas. 16 En el plano de la política nacional norteamericana, por ejemplo, en que se destacan discusiones sobre políticas públicas globales, se abren espacios para cuadros partidarios capaces de formularlas, aunque no tengan votos. 17 Para esse tema, ver Reis (1988). 18 En el caso de la representatividad de los partidos, analizando su evolución en función de los votos que obtuvieron, Soares (1973) argumenta que el sistema partidario de 1945-64 tuvo una lógica (para él clasista) y que, en algún nivel, los partidos representaron las transformaciones de la sociedad brasileña, como muestran el decínio de los partidos conservadores (UDN y PSD) y el crecimiento del PTB a lo largo del periodo. Lima Jr (1983) no está de acuerdo, y afirma que el descenso de los partidos conservadores no es continuo, no ocurre en el Legislativo y que los pequeños partidos conservadores heredan parte de los electores de los grandes. Lavareda (1990) muestra que la modernización acelerada del país creó condiciones favorables a la multiplicación de pequeños partidos, pero que muchos de ellos eran “de alquiler”, línea auxiliar de los grandes, y concluye que la estrategia de las “elites políticas daba en los diferentes estados los contenidos mas variados al dibujo de la competición partidaria” (p. 259). Benavides tiene importante análisis sobre A UDN e o Udenismo (1981) y sobre O Governo Kubitschek (1979), en que observa la trayectoria del PSD. Sobre este, es indispensable leer a Oliveira (1973) e Hippólito (1985). Sobre las diferenciaciones regionales y las peculiaridades políticas paulistas, el libro de Schwartzman (1988) es fundamental. Lima Jr también estudia la cuestión en el libro referido. Estudio de Benevides sobre O PTB e o Trabalhismo (1989) muestra, sin desmentir el crecimiento nacional del partido analizado por Soares, aspectos específicos de la cuestión regional brasileña, revelando la debilidad del PTB paulista. Para la comprensión de la vida partidaria en São Paulo de 1945 a 1964 también es importante Sampaio (1982). 19 Varios factores (estructurales y coyunturales), algunos ya señalados, contribuyeron para la debilidad del sistema partidario de 1945-64. Merece destaque la dificultad de institucionalización del sistema partidario, frente a la

previa existencia de un Estado fuerte, que influye decisivamente en la génesis y evolución de los partidos brasileños y sobretodo en sua actuación en el policy making (Souza, 1976). También se puede mencionar la debilidad de las organizaciones sindicales y la ausencia de partidos de fuerte representatividad social, las características de las elites brasileñas, etc. 20 Sobre el paso del antiguo sistema al nuevo, sus continuidades y descontinuidades, ver Fleischer (1985), que analiza la composición de los nuevos partidos a partir de la participación de sus miembros en las organizaciones partidarias extinguidas en 1965. 21 Después de la victoria electoral del MDB, en 1974, el gobierno militar promulgó la Lei Falcão, que limitaba la propaganda electoral en televisión a la exhibición de la foto y un currículo resumido del candidato. Cuando se aproximaba la primera elección directa para Gobernadores de Estado, en l982, en el intento de impedir la previsible victoria del MDB, fué impuesta la vinculación total de votos, que obligaba al elector a votar en candidatos del mismo partido para todos los cargos en votación, con la posible suposición de que los diputados arenistas carrearan votos y que asi se reducirian los votos a los candidatos mayoritarios emedebistas. Ocurrió lo contrario y los votantes erraron muy poco (votos nulos) en las urnas. 22 Lei da Reforma Partidária (no. 6767, de 20/12?1979). 23 La reforma partidaria determinaba que las organizaciones incluyeran en su nombre la palabra “partido”. 24 Ciro Gomes, ex Gobernador del Estado de Ceará y ex ministro de la Economía en el gobierno Itamar Franco. 25 Muchos comunistas militaron (doble militancia) también en el MDB durante el autoritarismo, y algunos llegaron a tener grande influencia. 26 El PTB es un partido con pocos liderazgos majores, pero participa de muchas coligaciones electorales victoriosas y tiene muchos prefectos. 27 Es Paulo Salim Maluf, un jefe de la derecha, que milito en la Arena en el regimen militar. 28 Por la primera vez, en 2001, el Senador Eduardo Suplicy desea ser el candidato del PT a la presidencia. Pretende competir en la convencción del partido, una novidad petista, pero no un cambio de elites, pues Suplicy e su exmujer Marta Suplicy (Prefeita de São Paulo) son de la equipo de elite del partido desde su fundacción 29 Los más destacados fueram: Franco Montoro (ex-gobernador paulista, que deseava ser candidato a la Presidencia), Mario Covas (deputado federal cassado, ex-prefecto de São Paulo y Senador), Fernando Henrique Cardoso (entonces Senador), José Serra (deputado federal y despues Senador), Sergio Mota (amigo encargado de aspectos financeros). 30 Hijo de tradicional oligarquía del Estado de Halagaos, de cuya capital había sido prefecto designado, Collor es un aventurero sin vínculos profundos con partidos. Era visto como distante de la derecha, identificada con los militares, y también del PMDB, que estaba en abierto proceso de desgaste. Rodeado de una especie de camarilla, Collor, inicialmente apoyado apenas en su carisma personal, consiguió llegar al segundo turno, donde enfrentó a Lula, otro líder con imagen desvinculada de los aspectos considerados mas negativos por los votantes. En ese momento, Collor pasó a recibir todo el apoyo de las elites tradicionales (en las cuales tenía su origen), aliadas contra la elección para la presidencia de un líder sindical recién llegado a la arena política, y apoyado en una organización con origen e histórico diferente de las demás, poco conocida por la mayoría. El PFL, partido con vocación a apoyar el gobierno, que actúa por la obtención de incentivos para sus miembros, rápidamente se une al vencedor, sin partido digno de ese nombre y sin articuladores, y pasa a integrar el gob.

PROCESOS ELECTORALES Y MOVIMIENTOS SOCIALES Marco A. Gandásegüi, hijo Director del Departamento de Sociología Universidad de Panamá [email protected]

01 En la última década Panamá ha experimentado dos torneos electorales seguidos excepcionales. Tanto las elecciones de 1994 como las de 1999, fueron ganadas por las fuerzas de oposición y los gobiernos de turno, respetando los resultados de las urnas, entregaron el poder en forma ordenada. Cabe preguntar, por un lado, si estas experiencias son el resultado de una maduración y mayor estabilidad de los sectores gobernantes del país. Por el otro, habría que preguntar si los resultados de las dos elecciones más recientes son sólo expresiones coyunturales de tipo pasajero que no evitarán que en el próximo futuro se regrese al (des)orden tradicional. Ciertamente, los cambios que experimenta la institución electoral no se pueden entender desde una perspectiva que se limita a los últimos diez años de nuestra historia. Las transformaciones que experimenta el mundo (y sin duda sus instancias electorales) son constantes y, a veces, sorprendentes. Esta es una realidad que se remonta al siglo XIX. Los dos procesos que han tenido mayor impacto sobre las instituciones electorales, en su breve historia de 200 años, han sido, primero, las luchas de la clase obrera y sus organizaciones por la democracia y, posteriormente, las incansables movilizaciones femeninas para lograr el derecho a sufragio. 1 Cabe destacar que en el marco de las luchas para obtener el derecho a sufragio, tanto el movimiento laboral como las movilizaciones de las mujeres no tenían entres sus prioridades transformar las estructuras sociales. Los movimientos por los derechos electorales no tienen una base revolucionaria. Más bien, su objetivo persigue integrar plenamente, con todos los derechos y deberes, a sus miembros a los procesos sociales comandados por los sectores dominantes. Luchan por las cuotas de poder que creen corresponderles. Hay que sumar a los aportes hechos por las luchas obreras y femeninas, el inmenso proceso de descolonización que experimentó el mundo entero a mediados del siglo XX. Los movimientos nacionalistas introdujeron a gran parte de la humanidad a los procesos electorales, disolviendo las relaciones tradicionales de dominación. (Sólo China e India, que encabezaron los movimientos nacionalistas de hace medio siglo, representaban, en la época, la mitad de la población mundial). La incorporación de los trabajadores a los procesos electorales (que contrastaba con los derechos electorales exclusivos de los propietarios) y de las mujeres (en contraposición de los derechos exclusivos de los hombres) tuvieron como resultado, casi exclusivo, ampliar y legitimar los procesos políticos y la dominación. Igualmente ocurre con los derechos de ciudadanía que se confieren a las poblaciones adultas de las nuevas nacionalidades que hacen su aparición en todos los continentes.2

La legitimidad de los ejercicios electorales depende de dos factores. Por un lado, la percepción de la transparencia que rodea la administración de estos ejercicios. (La palabra clave es percepción). Por el otro, la percepción de que las elecciones contribuyen efectivamente a la participación más equitativa de todos los sectores sociales. (En EEUU recientemente se reveló, con motivo de las elecciones generales celebradas en ese país, las graves deformaciones administrativas de su proceso electoral. Al mismo tiempo, ese país conserva un sistema electoral poco participativo que le permite ganar los torneos electorales a quien reúne el apoyo de sólo el 25 por ciento de la población electoral).

1. Sociedad civil y estructura política ¿Qué implicaciones tiene para el movimiento popular las experiencias electorales recientes de Panamá? ¿Se han creado condiciones para una participación popular en el próximo torneo electoral panameño de 2004? Para responder a esta pregunta hay que abordar la coyuntura actual y, además, situarla en el contexto histórico que caracteriza a Panamá. En primera instancia abordaremos lo que entendemos por sociedad civil y la estructura política de poder. En segundo lugar, se hará un enfoque de la evolución de la sociedad civil de Panamá en el siglo XX. Finalmente, se abordará la mediación electoral como estrategia de poder en el caso de Panamá. Hay tres maneras distintas de entender el poder político. Primero, el poder político generalmente se asocia con el control sobre los aparatos del Estado. Es decir, el sector de la sociedad o el partido que controla el gobierno tiene el poder. Otra noción del poder plantea que el sector o partido que controla los medios de producción (la propiedad) concentra el poder político. Hay una tercera interpretación que señala que el poder político descansa sobre una extensa red de organizaciones y asociaciones (el partido orgánico) que legitima las decisiones de los gobernantes. El poder político implica tener control sobre los aparatos del gobierno. Sin embargo, este control no es suficiente para conservar el poder político. A principios del siglo XX, los bolcheviques se tomaron los corredores del Kremlin y los demás aparatos del Estado mediante maniobras y conspiraciones. Sin embargo, el poder lo conquistaron controlando el Ejército y su representatividad en todas las Rusias.3 A mediados del siglo pasado, en Chile, la Unidad Popular ganó las elecciones y el control sobre los aparatos del Estado. Sin embargo, perdió el poder político cuando el Ejército ejecutó un golpe sangriento en 1973, levantando la bandera de los sectores tanto internos como externos que reaccionaban contra la experiencia socialista.4 La teoría marxista tradicional plantea que la propiedad, que es expresión de las relaciones sociales de producción, determina, en última instancia, el poder político. La ecuación es simple: La clase de gente dueña de los medios de producción también controla el poder político (y, además, ejerce su control ideológico sobre la sociedad). En otras palabras, dependiendo del momento histórico, los esclavistas, los terratenientes y los capitalistas han ejercido el poder político como resultado de ser los dueños de los medios de producción. Antonio Gramsci, dentro de la tradición marxista, destaca la importancia de la sociedad civil y sus asociaciones para entender el poder político y como funciona. Los aparatos del Estado no tienen capacidad para ejercer la fuerza coercitiva si no es legitimada por las organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, la propiedad sólo expresa su poder a través de la red de asociaciones que se estructura en la

sociedad civil. Sobre la base de este análisis aparece el concepto de “hegemonía” de Gramsci. La hegemonía es la combinación de poder político (el control de los aparatos del Estado) y de legitimidad (la conciencia sobre la vida cotidiana que se expresa mediante la participación y aceptación de las instituciones y organizaciones sociales). Gramsci está en permanente conflicto con los planteamientos de los marxistas de la primera mitad del siglo XX y, también, con los grandes teóricos de la burguesía del siglo XIX.5 Por ejemplo, el aristócrata francés, Alexis de Tocqueville, impresionado por la forma en que el percibía como los norteamericanos habían resuelto la tensión entre sociedad civil y poder político, recomendó la adopción de un sistema igualitario en su libro La democracia en América. Además, subrayaba la aparente segmentación entre la sociedad civil y la política. En otras palabras, la sociedad se dedicaba a producir riquezas y sólo interrumpía su que hacer principal cada cierto tiempo para elegir sus dignatarios o representantes políticos. Tocqueville diría que “la sociedad civil está poblada por asociaciones voluntarias que se orientan hacia asuntos privados y se desentienden, por lo general, de los problemas políticos. En los países democráticos la ciencia de la asociación es la madre de todas las ciencias; el progreso de todas las otras ciencias depende del progreso de la sociedad civil”. 6 Tocqueville obviamente fue impactado por la experiencia del noreste de EEUU de principios del siglo XIX. Además, buscaba con cierta desesperación los elementos empíricos que le permitieran sustentar los planteamientos de su antecesor inmediato, Jean Jacques Rousseau. Rousseau había rechazado las nociones de Hobbes (la inevitable concesión política a un soberano para impedir el caos). El poder político, según el francés, no puede delegarse y menos cederse. Es un atributo exclusivo de la sociedad civil, diría el filósofo social. Según Rousseau, “una sociedad civil compuesta de ciudadanos libres es una comunidad pequeña e íntima cuyo poder moral está comprometido con facciones o asociaciones intermedias. La soberanía es un atributo directo de la comunidad entera y no puede ser dividida ni representada”. 7 Tres elementos centrales deben destacarse de esta afirmación. En primer lugar, la democracia y los ejercicios electorales sólo son legítimos cuando se efectúan entre ciudadanos en contacto “íntimo”. No existían medios masivos de comunicación ni el internet a fines del siglo XVIII. Tampoco existían procesos electorales sobre los cuales podía Rousseau teorizar. Segundo, la necesidad de contar con “asociaciones intermedias” que comprometan a los elegidos con su “poder moral”. (Suena muy parecido al discurso actual sobre la sociedad civil). Tercero, la soberanía es indivisible y no puede ser representada. En otras palabras, los funcionarios elegidos en realidad no representan. En unos casos ejecutan, en otros legislan e, incluso, hay quienes interpretan la legislación. ¿A nombre de quien hablan los funcionarios elegidos? Los funcionarios públicos se pronuncian a nombre de la ley. En momento alguno pueden los funcionarios hablar a nombre del soberano que en la teoría de Rousseau no puede ser representado. Los funcionarios sólo pueden ejecutar las leyes, modificarlas o hacer nuevas, o darle las interpretaciones del caso cuando hay diferencias de opinión. En reciente artículo aparecido en un diario de la localidad un lector opinaba que los partidos políticos son los responsables de “administrar” el Estado. Esta es otra tergiversación de la función política que crea serios problemas en la medida en que son ideas generalizadas, que encuentran eco en los medios y en los foros públicos. La función de los partidos políticos es ser el instrumento que moviliza a sectores

de la sociedad civil hacia la toma del poder del Estado. En otras palabras, los partidos políticos están formados por militantes de la sociedad civil que levantan los colores de una determinada bandera en defensa de una causa particular. Una vez en el poder, le corresponde al partido y a sus cuadros principales dirigir, orientar y darle contenido a la política del Estado. La administración del Estado está en manos de la burocracia (la burocracia civil y la burocracia militar, cuando esta última existe). Un siglo después de Tocqueville (en la década de 1930), en otro contexto y con problemas que parecían muy distintos, el sociólogo italiano, Antonio Gramsci, se plantéo preguntas similares. ¿Cómo gobiernan los gobernantes? ¿Qué es el poder? La respuesta de Gramsci fue casi tomada directamente de la obra de Rousseau, sin ignorar al aristócrata Tocqueville pero traducida al siglo XX y las nuevas contradicciones sociales. Mientras que Rousseau y Tocqueville buscaban la fórmula más adecuada para garantizar la estabilidad política de una burguesía emergente, Gramsci buscaba la manera de barrer con la institucionalidad burguesa que percibía decadente y a punto de desmoronarse. En todo caso, Rousseau, Tocqueville y Gramsci coincidirían en el sentido de que el poder real no yace en los aparatos del Estado. El poder de la burguesía se encuentra, en mayor o menor medida, en la diversidad y en la riqueza de sus instituciones culturales, ideológicas, económicas y, por supuesto, políticas. Es decir, en “las múltiples asociaciones de la sociedad civil”. Las elecciones no garantizan legitimidad y menos estabilidad. Las elecciones se legitiman en el marco de una red de organizaciones que en las notas de prisión de Gramsci son presentadas en forma metafórica: “Las estructuras masivas de las democracias modernas, tanto a nivel del Estado como a nivel de las múltiples asociaciones de la sociedad civil, representan las “trincheras” y las fortificaciones en la guerra permanente de posiciones”. El análisis penetrante de Gramsci no sólo define los perímetros del debate en el marco de la teoría política marxista de fines del siglo XX, también captura a los teóricos conservadores del establishment norteamericano. Entre éstos, el más conocido es Samuel Huntington quien utiliza la noción de hegemonía de Gramsci para desarrollar su concepto de coherencia.8 Gabriel Almond y Sidney Verba, respondiendo a Gramsci, tratan de invertir la relación entre Estado y sociedad civil. El Estado no es la creación de la dinámica de una sociedad civil más o menos organizada. En cambio, plantean que la sociedad civil puede influir sobre un Estado existente, omnipotente y administrativo mediante su distanciamiento de la política (partidista). Almond y Verba dicen que “la densa red de asociaciones, propia de la sociedad civil, aumenta la influencia ciudadana sobre el Estado, frena la demagogia y reduce la importancia de la política. La sociedad civil sirve de mediación entre el Estado y el individuo”.9 Son planteamientos que se hacen populares a fines del siglo XX. Almond y Verba se refieren a la realidad política norteamericana donde la sociedad civil ha sido vaciada de su capacidad de representación. Incluso, como se mencionó más arriba, la sociedad civil norteamericana ya no tiene capacidad de legitimar los torneos electorales que se celebran en ese país cada dos años. Jurgen Habermas, pensador social alemán contemporáneo, nos alerta, sin embargo, en torno a las nuevas definiciones que ha recibido la sociedad civil en las últimas décadas. Según Habermas, “la sociedad civil ha sido redescubierta bajo condiciones históricas totalmente nuevas. La expresión de “sociedad civil” ha tomado un sentido diferente al planteado por la tradición liberal que lo asociaba

con trabajo (social) e intercambio de mercancías”. La separación de lo político y lo social se extiende a una nueva esfera. Como diría Habermas, “hoy, (la) sociedad civil es el núcleo institucional de asociaciones voluntarias así como las relaciones no gubernamentales ni económicas que constituyen el tejido de la estructura de comunicaciones de la esfera pública. La sociedad civil está compuesta por las organizaciones, las asociaciones y los movimientos que emergen más o menos espontáneamente en la esfera de lo privado y que se desborda en forma amplificada hacia la esfera pública”. 10 Habermas nos lleva de nuevo a Tocqueville pero erradicando los planteamientos de Rousseau sobre la soberanía indivisible. Habermas también rescata, aunque en forma tímida, las reflexiones de Gramsci. Afirma que “el núcleo de la sociedad civil comprende una red de asociaciones que institucionalizan discursos dirigidos a resolver problemas que las esferas públicas organizadas identifican como de interés general”. En la época en que Tocqueville buscaba soluciones capaces de ser aplicadas a Francia, en Panamá, Justo Arosemena también teorizaba sobre la sociedad civil, la democracia y los procesos electorales. A mediados del siglo XIX, en su obra El Estado federal, Arosemena planteaba la tesis de Rousseau de la necesidad de hacer manejables las relaciones sociales entre los ciudadanos. Para Arosemena como también para Rousseau, la democracia sólo puede prosperar en “una comunidad pequeña e íntima”. Hay que descentralizar, diría Arosemena. Esta era la propuesta que Arosemena y la clase de comerciantes panameños le hacían al centralismo de Bogotá.11 El prócer panameño propondría la autonomía como noción política y la federación como la solución política. Poco después de su muerte en 1895 la autonomía y la federación, proyectos que fracasaron durante su vida, se convirtieron en las armas ideológicas que legitimarían la independencia panameña de 1903.

2. Desarrollo de la sociedad civil de Panamá Ahora quiero abordar algunos puntos más cercanos a la realidad panameña. Comienzo por el desarrollo de la sociedad civil panameña, especialmente en el siglo XX. A lo largo del siglo XX el conjunto de la sociedad panameña vivió importantes transformaciones que incidieron profundamente en su tejido social. A comienzos de siglo, la construcción del Canal de Panamá entre 1904 y 1914 significó una inversión de US$545 millones y la inmigración de 150 mil personas. El impacto de esas cifras va más allá de los meros números. 12 A mediados de siglo, en las décadas de 1950 y 1960, el proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones hizo fuertes presiones sobre los recursos del país. Las demandas de las inversiones industriales transformó la estructura agraria incorporando las mejores tierras al naciente mercado interno panameño. Las explotaciones agropecuarias históricamente asociadas a pequeños productores fueron absorbidas por empresas agrícolas produciendo para un pujante mercado nacional. Las nuevas manufacturas absorbieron rápidamente nuevos capitales y una creciente fuerza de trabajo producto de migraciones internas. Las migraciones del campo hacia la ciudad urbanizaron en pocas décadas el país entero. A principios del siglo XX fueron las migraciones extranjeras que llegaban a las playas del Istmo de Panamá que generaron enormes riquezas y toda clase de nuevas organizaciones. Lo nuevo se mezcló con lo viejo, lo exótico se confundió

con lo doméstico. Por un lado, EEUU levantó una colonia en medio del país que bautizó con el nombre de Zona del Canal (desapareció jurídicamente en 1979). Por el otro, los trabajadores antillanos crearon sus logias, los europeos sus sociedades de beneficencia y los demás promovieron movimientos sociales que reflejaban sus esfuerzos por insertarse en la sociedad. Los diferentes grupos sociales panameños que recibieron el impacto de la construcción del Canal se organizaron social y políticamente en torno a nociones ideológicas e, incluso, étnicas que les daba una visión de su lugar en la sociedad. Después de un siglo, aún se perciben las huellas dejadas por la construcción del Canal de Panamá y la introducción de nuevas culturas y técnicas que acompañaron las migraciones y las transformaciones. La influencia norteamericana aún se siente e, igualmente, la presencia de las organizaciones de los migrantes se siente en todos los rincones del país. El proceso de industrialización mediante la sustitución de importaciones que se produjo a mediados del siglo XX tuvo efectos más transformadoras sobre la sociedad panameña que la construcción del Canal. En dos décadas – de 1955 a 1975 – las migraciones internas transformaron no sólo la economía del país. Los movimientos sociales que surgieron al calor del desarrollo del mercado nacional también modificó la cultura y la política del país. Los nuevos migrantes se convirtieron en la fuerza de trabajo de las nuevas actividades económicas de las ciudades terminales del Canal (Panamá y Colón), trajeron sus costumbres y crearon nuevas organizaciones. Insertos en las organizaciones políticas se hicieron presentes en las instancias de representación en las ciudades y llenaron la Asamblea con sus legisladores. Sus expresiones culturales, su música y otros símbolos, fueron aceptadas como lo típico de la nación panameña. Todo indica que para darle cierto orden político a estas expresiones desbordantes de los movimientos sociales, el Estado panameño buscó soluciones de fuerza. En la primera mitad del siglo XX, los golpes civiles de 1931 y 1941 son indicios de esta búsqueda de nuevos arreglos con los grupos sociales en ascenso. En la segunda mitad del siglo, la aparición de la Guardia Nacional como ente rector de la política nacional en 1968 (hasta 1989) es la expresión de un re ordenamiento político significativo pero, a la vez, confuso producto de las transformaciones económicas generadas por los procesos de cambio.13 A partir de 1968 el Estado intentó crear un nuevo orden canalizando todas las expresiones sociales e, incluso, económicas, a través de sus instancias. El Estado, a su vez, se convirtió en facilitador de toda clase de iniciativas económicas y de todos los grupos. El Estado se convirtió en garante de las inversiones económicas de una burguesía que con dificultades buscaba renovarse. A nivel comunitario, creaba o apoyaba nuevas organizaciones para promover la salud, la vivienda, los caminos de penetración y muchas otras iniciativas. La sociedad civil, que parecía caótica y que desbordaba la capacidad de conducción del Estado en medio de las nuevas inversiones tenía que ser regularizada. En la primera mitad del siglo, gobiernos “populistas” en la década de 1910 y después en la década de 1930 lograron encausar los movimientos sociales. Igualmente, en la segunda mitad del siglo, el “populismo” militar (1968-1983) intentó con éxito relativo legitimar el poder de la burguesía renovadora y enrielar los movimientos sociales y sus organizaciones. 14 El fin del llamado “populismo” militar, a principios de la década de 1980 (que coincide con la presidencia de Ardito Barletta, los programas de ajuste económico y Noriega en las Fuerzas de Defensa), planteó un problema estructural. ¿Cómo orientar a las organizaciones de la sociedad civil que habían sido domadas en los tres lustros anteriores? La pregunta aparentemente no se planteó. Como

consecuencia, pocos años después apareció la dicotomía entre el proyecto militar y la “Cruzada Civil”, proyecto de la burguesía comercial. Con su visión de apertura económica, la burguesía “financiera” se separó del régimen militar y en un movimiento de posiciones (en el mejor sentido gramsciano) colocó a la sociedad civil panameña en una posición radical de enfrentamiento contra los aparatos del Estado controlados por la institución militar. La agresión económica norteamericana se sumó a la táctica de la cruzada civil y la invasión militar de EEUU en 1989 socavó la resistencia de la institución militar y del sector de la burguesía nacional que la apoyaba. En la búsqueda de soluciones “civiles” recomendadas por los asesores norteamericanos, las organizaciones asociadas a los militares fueron inmediatamente descalificadas. Las pocas organizaciones no gubernamentales existentes en 1990 fueron privilegiadas. A su vez, se promovió la organización de nuevas instancias no gubernamentales. El encuentro sobre este terreno de las viejas organizaciones con las nuevas, que aparecían al calor de los nuevos proyectos, constituye la síntesis de la realidad actual que caracteriza lo que se ha dado por llamar el movimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en su versión panameña. A lo largo de la década de 1990 apareció con fuerza un contingente de organizaciones no gubernamentales con agendas específicas que cubría un amplio espectro de problemas que iba desde la protección de las especies en peligro de extinción hasta la asistencia de personas afectadas por las epidemias de drogas y del SIDA. Estos grupos que recibían apoyo oficial tuvieron que definir sus espacios junto con organizaciones más antiguas.

3. La mediación electoral en el caso de Panamá “En Panamá, dice Enoch Adames, como en la mayoría de los países latinoamericanos, la cuestión de la estabilidad política tiende a ser frágil y riesgosa…” El sociólogo panameño agrega que “a lo interno enfrentamos una sociedad cada vez más desarticulada.. (con) profundas inequidades sociales, pobreza, desocupación, degradación ambiental, violencia social e inseguridad ciudadana”.15 Para Adames la sociedad civil es un “espacio de conflictos”. Este “campo de batalla que tiene la economía como sustrato de racionalidad, está constituida por un amplio espectro de grupos, movimientos o asociaciones que expresan y representan, o dicen expresar o representar, la diversidad de sus intereses. (Son) organizaciones de clase, grupos de intereses gremiales o corporativas, asociaciones de diversa naturaleza (con fines sociales, sin fines de lucro, políticamente no partidistas), diversos movimientos en pos de ciudadanías no realizadas o incompletas (grupos étnicos, derechos civiles, emancipación de la mujer, juveniles, grupos vulnerables, etc.) y grupos ecológicos constituyen esta pluralidad de intereses y configuran en el lenguaje no convencional lo que se denomina como capital social”. Adames agrega que en Panamá “un indicador de capital social es la diversidad o pluralidad de organizaciones o asociaciones que constituyen la ´capacidad instalada´ de agregación de demandas por parte de la sociedad civil. Adames presenta un rápido recuento de esa capacidad instalada. “A nivel de sindicatos, como forma tradicional de organización en el mundo del trabajo, podemos identificar como las más importantes, la CTRP (fundada en 1956), la CNTP (1970), la CGTP (1990) y SUNTRACS (1972). “A nivel de asociaciones magisteriales aparecen el MPU (1944), la Asociación de Maestros (1910), la Asociación de Profesores de la República (1945) y

la AMI (1978). “Entre los gremios empresariales contamos con la Cámara de Comercio de Panamá (1915), el SIP (1945), APEDE (1958), ANAGAN (1958), CAPAC (1965), UNPYME (1983), ANDE (1972), AMCHAM (1979), ABN (1962), CONEP (1964). “Entre las formas no tradicionales están MONADESO (1998) y un conjunto de organizaciones indígenas (y otros) que abarcan un número plural de expresiones, cuyos objetos se inscriben en temas que van desde cultura, desarrollo, ecología, arte infantil y actividades que comprenden la investigación, capacitación y producción…” (pp85-86) A pesar de la desarticulación de algunas formas tradicionales de expresión y organización, Adames plantea que aún existe “una aspiración profundamente ética de procurar una sociedad cada vez más perfectible, centrada en lo humano y cuyos contenidos de libertad, igualdad y solidaridad le dan profundidad y viabilidad a los proyectos que desde lo popular se han levantado históricamente”. (p88) Concluye recordando que “a la par de las organizaciones sindicales y magisteriales, algunas de larga trayectoria, hay un conjunto de movimientos defensivos y reactivos que se ubican generalmente en el tiempo corto y reaccionan frente al deterioro de una condición objetiva y subjetiva”. (p88) Según Simeón González H., profesor de derecho de la Universidad de Panamá, el ideal democrático significa igualdad política, control del poder y superación de la división entre la sociedad civil y el Estado.16 La relación entre la sociedad civil y los partidos políticos panameños es como diría Enoch Adames, frágil y, a veces, difícil. A veces hay que hacer esfuerzos para identificar el elemento determinante en la relación. ¿Son los partidos políticos que movilizan a la sociedad civil? ¿Es la sociedad civil que instrumentaliza a los partidos políticos para alcanzar sus objetivos? En algunos casos se acusa al gobierno – y en especial al Poder Ejecutivo – de “inhibir” a la sociedad civil como consecuencia de sus actuaciones arbitrarias. Un caso reciente en la historia panameña fue el referendum convocado por el presidente de la República en 1998 para legitimar su aspiración a la reelección. El dirigente político, Mario J. Galindo, en la coyuntura de reforma constitucional que proponía el presidente de la República en 1998, diría que “da la impresión que el presidente entiende que lo único que lo separa de un nuevo período presidencial es la barrera de papel representada por la norma constitucional que prohíbe su reelección… (Sin embargo), considero que se equivoca (ya) que lo que tiene frente a sí no es una simple barrera de papel, sino la voluntad mayoritaria del pueblo panameño, que es contrario al proyecto reeleccionista promovido desde la Presidencia”.17 Un rápido vistazo de la historia electoral panameña nos permite establecer claras correlaciones entre los conceptos de representatividad, hegemonía, legitimidad y dominación. Desde 1904, en Panamá se efectúan elecciones con regularidad para escoger presidentes, legisladores y concejales. Desde 1904 la hegemonía ha sido resquebrajada y recompuesta en varias ocasiones. 18 La dominación de los aparatos del Estado fue cuestionada en dos ocasiones: En 1931 al perder el poder la alianza liberal conservadora formada después de la independencia. A fines de la década de 1980 se volvió a cuestionar la dominación de la concertación desarrollista con su componente militar (que nació a principios de la década de 1950 con la Coalición Patriótica Nacional y fue continuada por la institución militar después del golpe militar de 1968). ¿Qué explica la legitimidad de las elecciones de 1994 y 1999? ¿Qué pronósticos pueden hacerse para los torneos electorales? Como hipótesis proponemos como respuestas, en primer lugar, la desaparición del “proyecto nacional” que cuestionaba la legitimidad del proyecto transitista

que subordina el desarrollo del país a una apertura comercial indiscriminada. Segundo, en la medida en que ambos partidos políticos que comparten el poder desde 1990 impulsan las medidas de ajuste recomendadas por los ideólogos neoliberales (legitimándolas por todos los medios a su alcance), las transferencias de poder entre partidos, mediante torneos electorales, no constituyen traumas para la clase de gente que ejerce el poder. Como consecuencia, levantar una alternativa política que enfrente a la clase dominante y sus propuestas, en una coyuntura electoral, requiere tener en cuenta la homogeneidad ideológica que caracteriza actualmente a este sector social. Igualmente, una propuesta con capacidad de convertirse en alternativa tiene que tener presente la dinámica de los movimientos sociales, la crisis que los caracteriza actualmente y los signos de una recuperación. Además, una propuesta de alternativa tiene que trabajar estrechamente con la sociedad civil y contribuir a fortalecer su red de organizaciones en todo el país. *Profesor de Sociología en la Universidad de Panamá y fundador del CELA. Panama. 20.03.

Notas 1 En el caso de Panamá se pueden consultar 20 años de lucha, 1926-1946, de Demetrio Porras y Las luchas obreras en Panamá 1850-1978, de Marco A. Gandásegui y otros, publicado por el CELA en 1980. También hay que consultar “De la emancipación al “empoderamiento”: Una reflexión sobre los cincuenta años de sufragio universal femenino en Panamá” de Uranio Ungo que apareció en Mujeres panameñas frente al siglo XXI, publicado por el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá en 1996. 2 Sobre la relación entre movimientos sociales y nacionalismo sigue siendo lectura obligada la obra de Franz Fanon, Los condenados de la tierra, publicada hace cuarenta años (1961) por el Fondo de Cultura Económica de México. 3 Ver sobre este aspecto la obra en tres tomos, Class Struggles in the USSR, de Charles Bethelheim publicado por Monthly Review Press y el clásico de John Reed, Diez días que sacudieron al mundo. 4 Entre las múltiples obras que abordan el tema, se puede mencionar la de Joan Garcés, El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, publicado por Siglo XXI de España en 1974. 5 Nociones tomadas de la obra en seis tomos de Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, publicado por ERA, en México, DF. 6 Citamos, entre las numerosas ediciones de La democracia en América, la de Alianza ed. publicada en Madrid en dos tomos. También usamos el libro del profesor John Ehrenberg, Civil Society. The Critical History of an Idea, quien presenta una crítica útil para el mejor entendimiento de Tocqueville. 7 La obra de Thomas Hobbes, Leviathan, publicada originalmente hace 350 años, en 1651, también puede encontrarse en ediciones más recientes de Penguin Books (Pelican Classics) publicadas en Londres. 8 Sobre los conceptos de Huntington les recomiendo la lectura de mi trabajo “Proceso de democratización, el caso de Panamá” que apareció en la Revista Panameña de Sociología N°10, en 1999. El profesor César Cansino en su artículo “Consolidación democrática y reforma del Estado en América latina”, aparecido en el libro Problemas y perspectivas de la democracia en América latina, que recoge

ponencias presentadas al XX Congreso Latinoamericano de Sociología celebrado en México, desarrolla estas nociones de Huntington en forma interesante. (Ediciones Universidad Iberoamericana, Triana y ALAS de 1999). 9 Gabriel Almond y Sidney Verba, autores del libro The Civic Culture, publicado en 1956 por Little/ Brown, convirtieron sus ecuaciones políticas en dogma que, en parte, aun perdura tanto en círculos académicos como burocráticos de EEUU. 10 En este sentido lo más interesante de Jurgen Habermas, para nuestros propósitos, se puede encontrar en The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, publicado por MIT Press en 1989. Recomiendo la lectura de Ehrenberg, op. cit., para relacionar a Habermas con la noción de sociedad civil. También hay una recopilación de la profesora María Herrera, Jurgen Habermas. Moralidad, ética y política, publicada por Alianza ed. en 1993. 11 La mejor edición de El Estado federal de Justo Arosmena, que vió la luz originalmente en 1855, se encuentra en la obra Panamá y Nuestra América, preparada por Ricaurte Soler para una publicación de la UNAM en 1981. 12 Sobre los procesos sociales que definieron el desarrollo de Panamá en el siglo XX hay una copiosa bibliografía que no se reproducirá aquí. Sólo mencionaremos el libro nuestro, Las clases sociales en Panamá, que recopila trabajos seminales de Ricaurte Soler, Hernán Porras y Georgina Jiménez de López, publicado en 1993 por el CELA. Asimismo, el libro de Velma Newton, Los hombres del silver roll, publicado por el Museo Afroantillano de Panamá en 1995 y el volumen de Ernesto Castillero Pimentel, Panamá y los EEUU, 1903-1953, publicado en 1953, pueden ayudar a entender el impacto del Canal de Panamá sobre el país durante la primera mitad del siglo XX. 13 Ricaurte Soler intenta explicar este proceso en “Panamá, nación y oligarquía, 1925-1975”, ponencia que presentó en 1975 al II Congreso Nacional de Sociología. Ver mi libro La democracia en Panamá, publicado por el CELA en 1998 (2ª ed.) 14 El libro de José de Jesús Martínez, Mi general Torrijos, publicado en 1987, es un intento por describir este proceso. Igualmente, el trabajo de George Priestley, Military Government and Popular Participation in Panama, publicado por Westview Special Stuidies en 1986, aborda el problema. 15 Entre las publicaciones de Enoch Adames hay que mencionar el artículo que apareció en Tareas N°102 (1999), “Derechos sociales y política de globalización”. 16 Simeón González hace una distinción entre “gobierno democrático” y “régimen democrático” que es muy importante para nuestro análisis en el artículo “Asamblea constituyente, justicia constitucional y democracia” publicado por Tareas N°104 (2000). Ver también del mismo autor, “El debate constitucional y las reformas institucionales al Estado”, publicado por Tareas N°102 (1999). 17 Mario Galindo no es precisamente un teórico gramsciano. Más bien, es uno de los mejores cuadros orgánicos de la burguesía panameña. Es un abogado corporativo, fue ministro de Hacienda y, actualmente, es asesor de la presidenta de la República. 18 En el marco de las elecciones de mayo de 1994, el CELA publicó, bajo la dirección de Marco A. Gandásegui y Enoch Adames, una serie de 8 cuadernos de Coyuntura, que presenta el mejor análisis de la estructura electoral de Panamá, así como su relación con las diversas clases y grupos sociales del país.

LA SOCIEDAD CIVIL MOVILIZADA Y LAS REFORMAS DEMOCRATICAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA Rosario Espinal, Ph.D. Profesora de Sociología y Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos Department of Sociology Temple University Philadelphia, PA 19122 [email protected]

RESUMEN En este artículo se identifican cinco períodos en el proceso de organización y movilización social que se produjo en la República Dominicana entre 1978 y el 2000, el período más largo de apertura política que ha tenido el país. Se plantea que la naturaleza y forma de estos movimientos ha variado como resultado de la situación económica, el partido en el poder, las estrategias de distintos gobiernos para ejercer control social sobre los grupos movilizados, el tipo de relación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales, y el financiamiento disponible para las organizaciones sociales. En cuanto al debate teórico sobre la relación entre movimientos sociales y democracia, se plantea que esta relación no es unívoca, y que en determinadas circunstancias los movimientos sociales pueden ayudar a la democratización y en otras a obstaculizarla.

Introducción La transición a la democracia electoral que se produjo en la República Dominicana en 1978 inició un proceso organizativo y de estrategias reivindicativas de distintos sectores sociales. La naturaleza y forma de esos movimientos varió en el período 1978-2000 en función de varios factores, siendo los más importantes: (1) la situación económica, (2) el partido en el poder, (3) las estrategias del gobierno de turno para ejercer control social sobre la sociedad movilizada, (4) el tipo de relación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales, y (5) el financiamiento disponible para las organizaciones sociales. El objetivo de este trabajo es analizar los cambios y continuidades de los movimientos sociales en la República Dominicana durante el período 1978-2000 en el contexto de los desafíos económicos que enfrentó la sociedad dominicana y en el espacio político más largo y consistente de apertura democrática que ha vivido el país en su historia republicana. En el trabajo se identifican cinco períodos en el proceso de movilización social que se inició en 1978:

• El primer período se caracterizó por la movilización obrera a través de sindicatos organizados en demanda por mejores salarios, mejores precios y el derecho a la negociación colectiva durante los años 1978-1982. En este período se produjeron también fuertes tensiones entre el empresariado y el primer gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). • El segundo período se caracterizó por la explosión del descontento popular a través de la violencia callejera y el asalto a comercios (las llamadas “pobladas”), en reacción a las medidas de ajuste económico impuestas por el presidente Salvador Jorge Blanco durante el segundo gobierno del PRD entre 1982 y 1986. • El tercer período se caracterizó por el surgimiento y organización de un movimiento popular, fundamentalmente de extracción urbana de barrios marginados, que presentó múltiples demandas socioeconómicas a través de movimientos huelgarios nacionales organizados por el Colectivo de Organizaciones Populares. Estas protestas se produjeron en el contexto de la vuelta de Joaquín Balaguer al poder en 1986, quien impulsó un programa económico de expansión del gasto público que generó un fuerte proceso inflacionario entre 1987 y 1990. Un fenómeno nuevo e importante en este período fue el “diálogo tripartito”, que contó con la participación del sector empresarial, sindical y gubernamental a través de la mediación de representantes de la iglesia católica. Las movilizaciones de organizaciones profesionales fueron también importantes durante estos años. • El cuarto período se caracterizó por la incorporación de los sectores medios a la lucha por consolidar la democracia después de la reelección de Balaguer en 1990 en condiciones de dudosa transparencia electoral. Las luchas que se desarrollaron entre 1990 y 1996 tuvieron fundamentalmente un carácter cívico-democrático y buscaron incidir en las reformas al sistema político y la transparencia electoral. Se produjo aquí un movimiento que emergió bajo el concepto de “sociedad civil”, es decir, un movimiento con fuerte autonomía de los partidos políticos y el Estado, y con una fuerte presencia de la clase media. • El quinto período correspondió al primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que se inició en 1996 y concluyó en el 2000. Se caracterizó por una diversidad de movimientos sociales, entre ellos: (1) la continuación, aunque en menor escala, de los movimientos de sectores medios por consolidar la institucionalidad democrática; (2) la protesta callejera de diversos grupos sociales en barrios y poblados que demandan reivindicaciones específicas a sus comunidades sin una aparente coordinación nacional; (3) las huelgas de grupos profesionales por reivindicaciones laborales; y (4) movimientos huelgarios nacionales esporádicos coordinados por organizaciones populares. La discusión teórica sobre la relación entre movimientos sociales y democracia en América Latina ha girado fundamentalmente en torno a la siguiente pregunta: )Contribuyen los movimientos sociales a la democratización o, por el contrario, la obstaculizan? Planteado de otra forma: )Tienen los movimientos sociales como objetivo consolidar la democracia o muestran por el contrario una tendencia antisistémica? Hay estudios que asignan un lugar importante a los movimientos sociales en el análisis de los procesos de transición democrática e identifican en estos movimientos una contribución importante a la expansión de la democracia (ver trabajos en Escobar y Alvarez, eds., 1992; Alvarez, Dagnino y Escobar, eds.,1998). Sin embargo, la tendencia teórica dominante sobre la democracia latinoamericana de fin del siglo 20 es analizar con con cautela el papel de los

movimientos sociales en la democratización latinoamericana. Por ejemplo, la discusión inicial sobre la transición democrática en América Latina tuvo más bien un sesgo cauteloso hacia los movimientos sociales. O’Donnell y Schmitter (1986: 55) reconocieron que sin la presión popular la transición a la democracia sería más limitada, pero plantearon que la ausencia de un movimiento popular fuerte minimizó el riesgo de un golpe de estado en el período de transición democrática en América Latina a fines de los años 70 y principios de los 80. Esta reflexión estaba muy influenciada por la experiencia de los movimientos sociales en América Latina de los años 50, 60 y 70, cuando el efecto desestabilizador del régimen político de algunos movimientos sociales fue importante. La posición que se adopta en este trabajo es que la relación entre movimientos sociales y democracia no es unívoca. Los movimientos sociales pueden ayudar u obstaculizar un proceso de transición o afianzamiento de la democracia en función de varios aspectos: (1) los objetivos del movimientos social, sus métodos de lucha y nivel de organización; (2) la capacidad (o incapacidad) que tenga el Estado u otro grupo social para dar respuesta a las demandas del movimiento social; y (3) la situación general de estabilidad (o inestabilidad) del régimen político. Al considerar estos elementos podemos establecer tres posibles hipótesis: • A mayor nivel de organización y capacidad de lucha del movimiento social, y menor capacidad del Estado u otro grupo social para dar respuesta a las demandas del movimiento, mayor posibilidad de que el movimiento social transforme el régimen político, incluyendo la posibilidad de que afecte su estabilidad. • A mayor nivel de organización y capacidad de lucha del movimiento social, y mayor capacidad del Estado u otro grupo social para dar respuesta a las demandas del movimiento, mayor probabilidad de afianzamiento del régimen político. • A menor nivel de organización y capacidad de lucha del movimiento social menor posibilidad de que el movimiento obtenga conquista específicas, y menor capacidad de que transforme el régimen político o afecte de manera importante su estabilidad. El otro factor importante que debemos considerar al analizar la relación entre los movimientos sociales y la democracia es el papel de los partidos políticos. Los partidos pueden: (1) jugar un papel de subordinación de los movimientos sociales mediante su control y cooptación, (2) alejarse del movimiento social para ejercer un poder cuasi-monopólico en la esfera política, o (3) vincularse con el movimiento social para potenciar su capacidad de acción política. De aquí se deriva la siguiente hipótesis: los movimientos sociales tienen una mayor capacidad de transformar el régimen político cuando los partidos se vinculan al movimiento social para potenciar su capacidad de acción, o cuando los partidos se alejan del movimiento social y pierden su capacidad de monopolizar el poder político. En otras palabras, es con la ayuda de los partidos, o en medio de una debilidad partidaria que los movimientos sociales tienen una mayor capacidad de transformar el régimen político. En general, las conquistas de los movimientos sociales en el contexto de la democracia política pueden analizarse en torno a tres áreas de trabajo típicas de esos movimientos: la conquista de derechos ciudadanos, las reivindicaciones sociales, y la transformación profunda del sistema político. La transición a un régimen democrático supone la conquista de derechos ciudadanos básicos. De hecho, el reto de los movimientos sociales es expandir los derechos ciudadanos en la esfera política. Por otro lado, en sociedades con serios problemas de

desigualdad social y pobreza, las reivindicaciones sociales constituyen un espacio vital para la existencia y sobrevivencias de los movimientos sociales. La capacidad de organización y movilización de los sectores sociales en demanda por reivindicaciones y la capacidad de respuesta que tenga el Estado y/o los empleadores demarcarán la intensidad de las luchas y el contenido de las mismas, lo cual tendrá efectos más o menos trasformadores del sistema. Finalmente, la transición a la democracia en América Latina de fin del siglo 20 coincidió con el debilitamiento de los movimientos sociales antisistémicos que buscan una trasformación profunda a nivel político y socio-económico. Por el contrario, un fenómeno importante que caracteriza el espacio de acción colectiva es la variedad de actores sociales y la diversidad de temas o problemas que enfrentan estos grupos. En el caso dominicano encontramos que en el período 1978-2000 se registraron muchas protestas y movilizaciones sociales, pero el limitado poder organizativo y de coordinación de los sectores populares le permitió al Estado obviar muchas de las demandas planteadas por los grupos movilizados. En este sentido, el movimiento social dominicano tuvo un impacto limitado en democratizar el régimen político (con la excepción de los grupos medios entre 1990 y 1996) o transformar la democracia existente. El caso dominicano ilustra también que no es válida la suposición pesimista de que los movimientos sociales tienen necesariamente un efecto desestabilizador en el régimen político. A pesar de la proliferación de protestas sociales, el sistema político dominicano se mantuvo estable. La experiencia de la movilización social dominicana evidencia que los grupos sociales que participan en la acción colectiva definen una variedad de temas y prioridades que le dan sustento a los movimientos. Mientras los sindicatos enfatizaron las reivindicaciones laborales, los grupos barriales se concentraron en las reivindicaciones comunitarias, sobre todo en el área de servicios públicos. Por su parte, los sectores medios han enfatizado los temas de derechos ciudadanos y las reformas políticas. Sin embargo, en momentos de crisis económica o política estos grupos pueden coincidir en sus luchas y formar alianzas.

La Organización Obrera y Empresarial, 1978-1982 La transición a la democracia electoral en 1978 aumentó las expectativas de cambio social en la República Dominicana. El surgimiento de un gobierno de corte socialdemocráta con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) contribuyó a afirmar las expectativas de cambio democrático en su dimensión política y socioeconómica después de casi un siglo de política autoritaria y del frustrado intento de democratización a principios de los años 60. Limitados en su organización durante los 12 años de política laboral represiva del gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978), la clase obrera dominicana, aunque muy dividida en términos organizativos y partidarios, experimentó un proceso de ebullición organizativa a partir de 1978 y de luchas reivindicativas. Por su parte, el sector empresarial se enfrentó por primera vez en muchos años a una situación de movilización social en el contexto de un gobierno democrático. La incertidumbre que este nuevo fenómeno generó en el empresariado motivó un proceso importante de organización empresarial, así como también fuertes tensiones entre las organizaciones empresariales y el gobierno del PRD en materia de política laboral y económica. En el aspecto económico, este período se caracterizó por el agudizamiento de la recesión como resultado de los altos precios del petróleo, el aumento del déficit fiscal del gobierno central ante una explosión del gasto público, y el aumento de la deuda externa. Las protestas del

empresariado se centraban en una crítica al gobierno por su supuesta política laboral permisiva y su excesivo control de las transacciones comerciales mediante controles de precio y subsidios. El proceso organizativo del movimiento sindical dominicano se hizo evidente con un aumento inmediato del número de sindicatos registrados en la Secretaría de Trabajo. De un total de 956 sindicatos registrados, alrededor del 30 por ciento eran sindicatos nuevos registrados entre 1978 y 1982. Otro fenómeno importante fue la rehabilitación de sindicatos fuertes cuyo registro había sido cancelado en años anteriores por la Secretaría de Trabajo -- el caso más significativo fue el Sindicato Unido del Central Romana, que había representado el foco de unidad y activismo sindical en los años 60. Con la resolución #22-78, la Secretaría de Trabajo abolió las resoluciones #44-73 y 46-73 del 26 de noviembre de 1973, mediante las cuales se cancelaron más de 300 sindicatos (Espinal, 1987). Por su parte, en la expectativa de una ebullición sindical, el PRD (partido gobernante) fundó el 12 de noviembre de 1978 la Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGTD), como mecanismo para incidir en el movimiento obrero. Dada la importancia empresarial que tenía el Estado dominicano en ese entonces por la cantidad de empresas propiedad del Estado, fue relativamente fácil para el PRD consolidar una central obrera con sindicatos de empresas estatales. Para 1981, la UGTD contaba con la mayor cantidad de trabajadores organizados en sindicatos (45%), que provenían fundamentalmente de sindicatos grandes de empresas estatales. Con un movimiento sindical dividido en cinco centrales obreras , el PRD pudo fácilmente afianzar su posición de poder en el movimiento obrero. A pesar de que la agudización de la crisis económica con el aumento de los precios del petróleo y la baja en los productos dominicanos de exportación produjo huelgas y movilizaciones, sobre todo entre 1980 y 1981, el movimiento obrero dominicano se mantuvo dividido, y por tanto, limitado en su capacidad de obtener conquistas reivindicativas durante el primer gobierno del PRD (1978-1982). Por su parte, el PRD, a pesar de su postura socialdemócrata, no adoptó un proyecto de vinculación corporativa de la clase obrera a través de sus centrales, aunque sí los dirigentes de la UGTD pasaron a ocupar posiciones importantes en las instituciones del Estado que requerían de representación labor, como en el caso del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y el Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP). Aunque eventualmente las otras centrales sindicales aceptaron la UGTD en su calidad de confederación sindical, en un principio la reacción ante la formación de la UGTD fue de rechazo bajo el argumento de que el PRD buscaba formar una “central blanca” (blanco es el color del PRD) para controlar el movimiento obrero (Oviedo y Espinal, 1984). Si bien la energía del movimiento sindical se alimentó de un gobierno más dispuesto a aceptar la sindicalización y a hacer algunas concesiones laborales dentro del nuevo marco democrático, las limitaciones del movimiento obrero y las que imponía el contexto socio-laboral y político eran significativas. En primer lugar, la acción laboral estaba limitada por la propia división del pequeño movimiento obrero en cinco centrales (el total de obreros organizados por las cinco centrales a marzo de 1981 era de unos 267,000 obreros), cada una con afiliación partidaria diferente. En segundo lugar, el PRD nunca desarrolló una estrategia de organización e incorporación obrera bajo el modelo corporativista típico de la socialdemocracia europea, que operaba bajo el principio de que centrales obreras fuertes con amplia base de apoyo laboral se incorporaran oficialmente a los mecanismos de decisión del Estado. En la práctica, la UGTD no fue una entidad aglutinadora de obreros para facilitar su inserción corporativa, sino una central que contribuyó a dividir el precario movimiento obrero dominicano y a establecer lazos clientelares entre un segmento obrero organizado y el Estado. En tercer

lugar, la acción sindical se veía restringida por un empresariado renuente a hacer concesiones laborales, y que se mantuvo en confrontación directa con el gobierno entre 1978 y 1982. La movilización empresarial en el período 1978-1982 no tenía precedente en el país. De haber sido una fuerza social poderosa aunque subordinada durante la dictadura de Trujillo (1930-1961) y el gobierno de Balaguer (19661978), pasó a ser a partir de 1978 una fuerza mejor organizada y dispuesta a asumir un papel beligerante en el proceso político (Espinal, 1988). En este contexto de confrontación, el crecimiento organizativo del Consejo Nacional de Hombre de Empresas (CNHE) y su papel político en la sociedad dominicana fueron significativos. El CNHE se enfrentó al gobierno en torno a cinco temas fundamentales: el movimiento obrero activado que disgustaba a los empresarios, el supuesto alejamiento del gobierno de la consejería empresarial, el discurso de izquierda que según los empresarios predominaba entre algunos altos oficiales del gobierno, y la desviación de la política económica hacia un mayor proteccionismo al consumidor mediante controles de precios (Espinal, 1998). Los líderes del CNHE asumieron la campaña de crítica hacia el gobierno y se movilizaron entre diversas organizaciones y en distintas regiones del país en busca de atraer nuevos miembros al CNHE. Como resultado de estas acciones de reclutamiento, la membresía al CNHE (organización cúpula del empresariado) aumentó de 4 asociaciones afiliadas en 1974 a 11 en 1978, y 40 en 1982. En este proceso de reclutamiento de organizaciones, los líderes del CNHE se enfrentaron públicamente al gobierno cuando se producían reuniones o asambleas empresariales. Las críticas más fuertes se dieron en torno a una supuesta expansión excesiva del papel del Estado en la economía (por ejemplo, en el establecimiento de controles de precio), la supuesta permisividad del gobierno con el sector laboral, y lo que los empresarios definían como su exclusión de los mecanismos de consulta y decisión del Estado. Las tensiones intra-empresariales también contribuyeron a agravar la relación entre el gobierno y los empresarios, así como a acelerar el proceso de politización general del empresariado. Los principales clivajes de la clase empresarial se daban entre los industriales de Santo Domingo y los del interior del país que consideraban que las leyes de incentivo industrial habían beneficiado sobre todo a los industriales de Santo Domingo (Moya Pons, 1992); y entre los industriales protegidos con leyes de incentivo y el sector importador-exportador que prefería la liberalización económica. En resumen, la clase empresarial dominicana experimentó un proceso organizativo, de politización y conflictivo entre 1978 y 1982; de resistencia a las demandas reivindicativas de los trabajadores; de confrontación con el gobierno por su regulación de la economía, su nivel de gasto público, y las proyectadas políticas de reforma económica; y de conflictos intra-clasistas. Las expectativas de que el nuevo gobierno del PRD que se inició en 1982 adoptaría políticas económicas favorables al sector empresarial, el cambio de directiva en el Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), y el temor a una inestabilidad del régimen político, contribuyeron a suavizar las relaciones gobierno-empresarios después de 1982. La clase obrera, por su parte, experimentó un período de incremento organizativo en cuanto al número de sindicatos registrados y de lucha en algunos segmentos laborales como el choferil, pero esto se dio conjuntamente con una fragmentación de la dirección del movimiento en las cinco centrales sindicales. La fragmentación del movimiento obrero y la ínfima cantidad de trabajadores que representaba este movimiento en el conjunto de la población trabajadora dominicana dificultó un accionar sistemático de movilización que le diera un protagonismo ascendente al movimiento obrero en las luchas sociales.

La confluencia de un empresariado dispuesto al diálogo y la negociación con el gobierno, y un movimiento obrero dividido, le dio estabilidad inicial al segundo gobierno del PRD durante la presidencia de Salvador Jorge Blanco (1982-1986). Sin embargo, los ajustes económicos anunciados por el gobierno en el acto mismo de toma de posesión del Presidente Jorge Blanco en 1982, y ejecutados en 1984, crearon las condiciones para un ascenso rápido del movimiento popular fuera de las centrales obreras.

La Movilización de los Sectores Populares, 1983-1986 La agudización de la crisis económica principios de los años 80 tuvo consecuencias importantes en la organización y movilización social. Entre 1980 y 1981, los sindicatos de choferes organizaron grandes huelgas en protesta por el aumento en el precio de la gasolina, pero la división del movimiento obrero dificultada su accionar conjunto desde una posición de fuerza y hacía improbable que el gobierno hiciera concesiones importantes. El empresariado, a su vez, después de un ataque frontal al primer gobierno del PRD, decidió modificar su postura de confrontación a favor de la colaboración. Esto creó las condiciones para que posteriormente se iniciara un proceso de diálogo entre empresarios y obreros con la mediación de la iglesia católica. Particularmente importante en el período 1983-1986 es el surgimiento de los sectores populares como actores de protesta social. Las primeras manifestaciones importantes de protesta urbana-callejera se dieron en medio de un programa de ajuste económico que tenía como objetivo la renegociación de la deuda externa, y se basaba en una reducción de los subsidios a la producción y la liberalización del mercado cambiario. El resultado inmediato de estas medidas fue un aumento sustancial en los precios de los productos de primera necesidad. Las movilizaciones, conocidas como “pobladas”, se produjeron en abril de 1984 y consistieron en revueltas callejeras y asaltos a comercios (Ianni, 1985). El programa de ajuste económico lo anunció el Presidente Salvador Jorge Blanco en su discurso inaugural en agosto de 1982. En enero de 1983, el gobierno firmó un acuerdo de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas económicas de ajuste se anunciaron a principios de 1984. Las disposiciones que más irritaron a la población fueron: el impuesto al valor agregado, la reducción o eliminación de los subsidios públicos a la producción agrícola, y la liberalización del mercado cambiario. Contribuyó a agravar el descontento el hecho de que las medidas fueron tomadas por altos ejecutivos del Gobierno Central sin consulta con la población, y ni siquiera el Congreso. Por otro lado, la situación económica era cada vez más precaria: en 1984, el nivel de crecimiento de la economía fue menor de 1 por ciento, el consumo y la inversión declinaron 2 y 3 por ciento respectivamente, el ingreso per capita bajó un 3 por ciento (Rodríguez, 1989:216). En 1985, la situación económica siguió empeorando: el consumo privado bajó un 13.7 por ciento, el nivel de desempleo alcanzó un 27.2 por ciento, y el Producto Bruto Interno decreció un 3.2 por ciento (Ceara, 1990:167). Las reacciones ante las medidas de ajuste fueron diversas. El sector empresarial importador, exportador y financiero apoyó el plan económico. El sector industrial protegido sufrió un revés al liberalizarse el mercado cambiario pero no articuló una fuerte oposición al gobierno. De hecho, a diferencia del período 19781982, cuando el empresariado a través de sus organizaciones cúpulas enfrentó el gobierno de Antonio Guzmán, el segundo gobierno del PRD encabezado por Salvador Jorge Blanco recibió el apoyo del empresariado. Los factores claves que

ayudaron a producir este cambio fueron: la firma del acuerdo con el FMI y las expectativas de mayor estabilidad macro-económica, y el establecimiento de un liderazgo empresarial más conciliador en el CNHE. El impacto de las medidas de ajuste en la clase media fue significativo por su resultado en el aumento de los precios. Pero la clase media carecía de elementos aglutinadores para la movilización. La reacción violenta de protesta provino de los sectores populares que se lanzaron a las calles en abril de 1984 en contra de las medidas de ajuste económico. Después de las violentas protestas de abril, las movilizaciones continuaron durante los dos últimos años del gobierno de Jorge Blanco, aumentándose el número de protestas de 103 en 1984 a 293 en 1986 (Tejada, 1989). El estado de crisis económica, las precariedades de amplios sectores de la población, la creciente evidencia de corrupción gubernamental, y los fuertes conflictos intra-partidarios en el PRD contribuyeron al fuerte deterioro de la popularidad del gobierno. Como resultado, el PRD perdió las elecciones de 1986, y facilitó el regreso de Balaguer al poder, esta vez mediante elecciones libres (Espinal, 1994).

La Organización del Movimiento Popular y el Diálogo Tripartito, 1987-1990 El retorno de Joaquín Balaguer al poder en 1986 tuvo dos efectos adversos para los sectores populares. En primer lugar, la política de alta inversión pública de Balaguer contribuyó a aumentar el nivel de inflación, problema que afectaba negativamente de manera particular a los sectores asalariados y de bajos ingresos. En segundo lugar, Balaguer era un líder poco proclive al diálogo con los sectores organizados, y en especial, de extracción popular. El primer asunto contribuyó a aumentar el descontento popular, y el segundo dificultaba la reducción de las tensiones sociales. A principios de 1988 surgió una nueva organización: la Coordinadora de Luchas Populares (CLP). Esta organización decía representar a todos los sectores descontentos que no encontraban cabida en el movimiento sindical tradicional. La CLP fue en principio rechazada por el movimiento sindical organizado, por los partidos políticos y por el gobierno bajo el argumento de que no estaba claro a quién exactamente representaba la CLP. Con su poder social en ascenso, la CLP llamó a una huelga general en Marzo de 1988, huelga que fue rechazada por los sindicatos, los partidos y el gobierno. Con apoyo limitado, la CLP no pudo paralizar el país como esperaba hacerlo. Pero si bien la CLP carecía de estatus legal y legitimidad política como representante de los sectores populares, su capacidad de convocar huelgas y capitalizar el sentimiento de descontento en la población aumentó entre 1988 y 1990. Paralelamente, las centrales obreras, los empresarios, el gobierno y la iglesia católica gestaron el “diálogo tripartito”. Representantes del CLP no fueron incorporados al diálogo por no ser reconocidos como representantes legítimos de ningún sector. Después de dos meses de intensas negociaciones, los empresarios, obreros y representantes del gobierno acordaron una propuesta de ocho puntos para ser presentada al Presidente Balaguer. El plan fue presentado al Presidente Balaguer por una comisión encabezada por el Arzobispo José López Rodríguez en mayo de 1988. Sin embargo, en junio el acuerdo se desarticuló cuando seis centrales sindicales decidieron retirarse bajo el argumento de que el gobierno se mantenía en silencio ante las violaciones del pacto con los empresarios quienes seguían aumentando los precios de los productos de primera necesidad. Si bien

es cierto que el gobierno no impuso controles de precio, también ocurría que ante un movimiento de protestas ascendente bajo la CLP, el movimiento sindical estaba condicionado a ejercer presión política para que los empresarios y el gobierno hicieran algunas concesiones. En un contexto de cuestionado éxito del “dialogo tripartito”, las asociaciones profesionales (médicos, enfermeras, agrónomos, maestros) se movilizaron por sus propias reivindicaciones. Por otra parte, la CLP se convirtió en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), estableciendo su identidad como representante de las organizaciones de base no representadas por otras organizaciones cúpulas. Su agenda reivindicativa se amplió en un intento por representar a múltiples sectores sociales, y al vez presentarse como la voz crítica ante un movimientos sindical que se incorporaba a la negociación tripartita y perdía beligerancia. La CNOP hizo un llamado a huelga general para junio de 1989 en base a una agenda de ocho puntos que fue sometida al gobierno: (1) cambios en la política económica y moratoria en el pago de la deuda externa, (2) reforma al sistema de seguridad social para incluir en la cobertura médica a los familiares de los trabajadores (ésta había sido una demanda de los obreros en el Diálogo Tripartito), (3) aumento del salario mínimo, (4) cumplimiento de los acuerdos establecidos por el gobierno con las asociaciones profesionales, (5) la no privatización de las empresas estatales, (6) mejoramiento del transporte y otros servicios públicos, (7) control de precio de los alimentos y medicinas, y (8) tierra para los campesinos. El gobierno decidió ignorar las demandas bajo el argumento de que la CNOP no tenía estatus legal ni estaba claramente establecido qué grupos representaba. Los empresarios y la iglesia católica reafirmaron su llamado al diálogo por temor a la violencia social e inestabilidad política. No obstante, el llamado a huelga de la CNOP ganó apoyo en una población altamente descontenta con la situación económica aunque muy desorganizada. En la medida en que se aproximó la fecha de la huelga, los empresarios redujeron el tono de oposición a la misma y dejaron que el proceso de oposición al gobierno se desarrollara. Para esa fecha, el empresariado se encontraba descontento con la política de excesivo gasto público de Balaguer y los controles cambiaros que mantenía el gobierno. Las centrales obreras, sin embargo, optaron por no apoyar el movimiento huelgario, en parte temerosos del protagonismo que ejercía la CNOP en la movilización social. Uno de los argumentos usados por las centrales obreras para no apoyar la huelga fue que ese movimiento perjudicaba la autonomía de la clase obrera porque la CNOP representaba muchos y diversos grupos sociales, lo cual no era una función del movimiento sindical (El Siglo, Junio 2, 1989). La huelga se realizó el 19 y 20 de junio de 1989. Los organizadores lograron paralizar la mayor parte de las actividades económicas del país. En ese sentido la huelga logró su objetivo. Pero el gobierno no hizo concesiones importantes como resultado de la protesta, excepto por un modesto aumento en el salario mínimo. La resistencia del gobierno a hacer concesiones se manifestó también ante la Asociación Médica Dominicana (AMD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que realizaron huelgas respectivas en esa misma época. Durante la segunda parte del año 1989, el activismo de la CNOP declinó a consecuencia de las dificultades de lograr acuerdos con las centrales obreras para organizar protestas conjuntas. Mientras la CNOP buscaba el apoyo de las centrales, la dirigencia sindical buscaba diferenciarse del movimiento popular que decía representar la CNOP. El año de 1989 cerró entonces con protestas sociales importantes pero escasas concesiones a los demandantes. Además de las protestas populares, la política económica de Balaguer generó descontento entre los empresarios. Balaguer impuso restricciones en el mercado

cambiario que atentaban contra la libertad económica empresarial. No obstante, Balaguer conocía las divisiones del empresariado en torno a la política económica y podía ignorar parcialmente su descontento. Los desacuerdos más importantes se daban entre los industriales y los importadores-exportadores, y entre los grandes y los medianos industriales. Los industriales querían mayor protección y el sector orientado hacia la economía exterior mayor liberalización. Los grandes empresarios buscaban retener sus beneficios en medio de las dificultades económicas y los medianos y pequeños empresarios buscaban una ampliación de los beneficios proteccionistas. Y estos conflictos impedían la unidad empresarial. En cuanto al descontento de los sectores populares, la estrategia de Balaguer consistió, por un lado, en resistirse a hacer concepciones, y por otro, en esperar que las dificultades organizativas y conflictos intra-grupales debilitaran el movimiento e impidieran un aumento de las protestas. Las estrategia funcionó en cuanto a mantener su gobierno estable, pero el nivel de descontento con Balaguer fue era particularmente alto para 1990. Las elecciones generales del 16 de mayo de 1990 ofrecieron un contexto nuevo para el movimiento social. Divisiones en la CNOP llevaron a la formación del Colectivo de Organizaciones Populares (COP), que jugó un papel crucial en los movimientos de protesta en 1990. El COP organizó tres huelgas ese año. La primera se realizó los días 19 y 20 de junio, paralizándose todo el país a propósito del movimiento huelgario. A esta huelga le siguió un “paro cívico” convocado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) los días 13 y 14 de agosto en protesta por el triunfo electoral disputado de Balaguer (el PLD alegó fraude en las elecciones de mayo de 1990 a favor del Partido Reformista). A su vez, el COP convocó a huelgas nacionales en septiembre y noviembre. Estas huelgas, sin embargo, fueron infructuosas. Tensiones entre el movimiento popular y obrero (es decir, entre la COP y las centrales obreras), falta de claridad en los objetivos de la huelga (si sería de orden reivindicativo o político) y la duración de las huelgas (unos apoyaban la huelga por 48 horas, otros por 72 horas, mientras otros pedían que fuera indefinida) fueron responsable de los fracasos de esas dos huelgas nacionales. En general, dos huelgas tan seguidas y con escasos resultados no fueron acogidas favorablemente por la población. Con Balaguer instalado nuevamente en la presidencia, y una falta de claridad de objetivos en el movimiento protestario, la población confió cada vez menos en el efecto positivo que podían tener las huelgas para mejorar las condiciones de vida. En resumen, la protesta social fue una característica central de la política dominicana en los años 80. La década comenzó con movimientos huelgarios selectivos en protestas por los incrementos en los precios de la gasolina y el transporte. Las medidas de ajuste económico adoptadas a mediados de la década motivaron los movimientos de protesta violentos de 1984. El nivel de movilización se aceleró de nuevo en 1988 con la incorporación de nuevos actores urbanos (los pobres en los barrios marginados y los sectores medios profesionales a través de sus gremios). Estos movimientos mantuvieron su prominencia hasta 1990, cuando las divisiones en estos movimientos y la estrategia de cooptación o dilación del gobierno dificultaron o debilitaron las acciones colectivas.

Incorporación de los Sectores Medios a la Lucha por la Democracia, 1990-1996 Las disputas electorales de 1990 y 1994 motivaron la activación de sectores medios en la lucha por consolidar la democracia dominicana. Las denuncias de fraude quedaron irresueltas e impunes en 1990, lo cual motivó una serie

de reformas electorales entre 1992 y 1994, que tenían como objetivo hacer las elecciones dominicanas más transparentes. En la misma época surgieron organizaciones y programas que serían cruciales en la incorporación de sectores medios a la actividad política no partidista. En 1992 se inició el Proyecto de Iniciativas Democráticas (PID). El 31 de octubre de 1993 se constituyó como movimiento cívico la organización Participación Ciudadana (PC). Estas instituciones serían los pilares del proceso de organización y participación de la sociedad civil dominicana en la lucha por la consolidación democrática. Ambas incorporaron a su estructura directiva representantes de distintos sectores y organizaciones sociales (líderes empresariales, profesionales, sindicales y populares, periodistas y representantes de las iglesias y universidades del país) provenientes de una diversidad de organizaciones no-gubernamentales (ONG’s). El Proyecto de Iniciativas Democráticas se diseño con una duración de 10 años (1992-2002), es financiado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y administrado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). El objetivo del PID es promover una cultura democrática en la República Dominicana, motivar la participación ciudadana en los procesos democráticos, y mejorar el funcionamiento del Estado democrático. A diferencia de otros programas de USAID que habían sido diseñados por expertos extranjeros, al diseño del PID se incorporaron intelectuales y analistas de la sociedad y la política dominicana radicados en el país. La PUCMM se había convertido desde los años 80 en un espacio de negociación con la intermediación de su rector, Monseñor Agripino Núñez Collado, entre diversos sectores sociales y el gobierno (Núñez Collado, 1997). El objetivo específico del PID es financiar proyectos que emanan de organizaciones de la sociedad civil y tienen como propósito promover la cultura democrática, la participación democrática y la gobernabilidad democrática. El diseño y forma de ejecución del PID ha facilitado la incorporación de un grupo importante de periodistas, dirigentes de organizaciones no-gubernamentales (ONGs), miembros de partidos políticos, empresarios, y líderes locales al diseño e implementación de estrategias y planes para consolidar la democracia dominicana. A su vez, el financiamiento de unos 140 proyectos y 630 eventos a organizaciones sociales entre 1992 y 1998 representó la incorporación de miles de ciudadanos (hombres y mujeres, de zona urbana, rural y semi-urbana) a la discusión sobre el funcionamiento de la política en una sociedad democrática, y a su directa participación en momentos críticos coyunturales como las elecciones de 1996. Una de las conquistas más importantes del PID ha sido incorporar al trabajo democrático sectores de la élite económica, intelectual y política de Santo Domingo, así como dirigentes de grupos populares. En la dirección del PID predomina esa élite. Los proyectos financiados por el PID, sin embargo, cubren un espectro más amplio de grupos sociales, incluyendo ONGs altamente profesionalizadas así como también grupos comunitarios o barriales con escaso nivel de formalización. Participación Ciudadana (PC) surgió como movimiento cívico no partidista con el objetivo de motivar la participación ciudadana en el proceso de reforma política que requería la República Dominicana. PC surgió en la ciudad de Santo Domingo con un grupo pequeño de periodistas y profesionales interesados en promover las reformas democráticas. La organización se mantuvo pequeña hasta 1996, cuando se embarcó en la tarea de organizar una red nacional de observadores electorales, que aglutinó miles de voluntarios para participar en la observación de las elecciones presidenciales de 1996. Aunque la observación internacional de elecciones era familiar en el país, ésta era la primera vez que se organizaba una red de observadores nacionales (Espinal, 1998b). La organización y movilización de varios miles de observadores se convirtió en una especie de movimiento

social coyuntural orientado hacia un tema específico: garantizar unas elecciones transparentes en 1996. La Red de Observadores jugó un papel estelar en las elecciones presidenciales de 1996, tanto en la calidad de los observadores que envió a las mesas de votación como en el acertado conteo de votos rápido. El resultado de este esfuerzo fue muy positivo, siendo las elecciones de 1996 las primeras elecciones no disputadas durante el período democrático. La resistencia de Balaguer a implantar reformas económicas y políticas durante los diez años de su segundo período de gobierno (1986-1996) generó también descontento entre algunos sectores empresariales. Pero entre 1994 y 1996, un tema central que ocupó la atención de la cúpula empresarial fue la modernización y democratización del Estado, mediante el establecimiento de procedimientos institucionales y legales favorables a la democracia y factibles en su aplicación. Convocados por la PUCMM, los empresarios gestaron el Grupo de Acción por la Democracia (GAD) con el apoyo económico de USAID. El GAD se constituyó para presionar a la celebración de elecciones libres en 1996 y la adopción de una agenda nacional de reformas. Por esta razón, entre las actividades del GAD estuvo la organización de una red de organizaciones comunitarias a nivel municipal para la elaboración de una Agenda de Desarrollo Nacional. La organización de estos grupos municipales constituyó en si misma un movimiento social a nivel local con una dirección nacional. Sin embargo, el diseño coyuntural del GAD y la conclusión del financiamiento de USAID llevaron rápidamente a la desaparición del GAD y sus estructuras locales una vez concluido el proceso electoral de 1996. La incorporación de los sectores medios al movimiento social por la democracia en los años 90 tuvo consecuencias importantes en cuanto sentar las bases para la transparencia electoral y facilitar una transición política generacional con el desplazamiento de Balaguer del poder. La ayuda internacional jugó un papel importante en la organización de este movimiento, pero constituye a la vez una de sus limitantes por la incapacidad de estos grupos de sostenerse, o concebir su sostenibilidad futura, al margen de esa ayuda. El otro problema del movimiento es su focalizada dirección en Santo Domingo. A pesar de los esfuerzos de cada una de las organizaciones (PID, PC, GAD) de promover la incorporación de grupos y personas de otras partes del país, estas organizaciones centralizaron la toma de decisiones en la ciudad de Santo Domingo, con escaso nivel de descentralización.

Movilizaciones 1996-1999

Locales

Focalizadas

y

Otras

Protestas,

El ascenso del PLD al poder en 1996, un partido sin base social de apoyo importante a nivel nacional, coincidió con un aumento en la protesta popular focalizada en reivindicaciones concretas y localizada en barrios populares específicos o poblados del interior del país. Enfrentando este problema y una huelga nacional realizada por el COP en noviembre de 1997, el gobierno del Presidente Leonel Fernández convocó a un Diálogo Nacional para marzo de 1998. El Presidente Fernández nombró por decreto una comisión organizadora del evento que incluía miembros de su gabinete, representantes de las iglesias, empresarios, dirigentes de ONGs y líderes sindicales. El Diálogo Nacional generó expectativas y suspicacia. Cientos de organizaciones se incorporaron a los trabajos preparativos del Diálogo con el propósito de que el gobierno oyera sus reclamos. Otros sectores se mantuvieron alejados por sus dudas sobre la veracidad de las intenciones del gobierno. A principios de 1998 se celebraron consultas populares en todo el país, a muchas de las cuales asistió el propio Presidente Fernández. El proceso culminó con un evento de tres días

celebrado en la ciudad de Santo Domingo en el que participaron representantes de unas 500 organizaciones y contó con la asistencia permanente del Presidente Fernández. Se plantearon y acordaron demandas en distintas áreas de la economía, la cultura, los servicios públicos y la reforma política. No obstante, a pesar de la mucha publicidad y presencia del gobierno en los eventos del Diálogo Nacional, se ejecutaron pocos de los acuerdos, perdiendo así el gobierno la oportunidad de usar las demandas de la sociedad civil como plataforma para impulsar un proceso de afianzamiento democrático y redistribución de recursos en el país. En su intento por mantener vigilancia y control sobre la protesta social, el gobierno estableció en 1997 la Comisión Presidencial para los Asuntos Barriales, adscrita a la Presidencia de la República. La Comisión tuvo como objetivo básico escuchar las demandas en zonas de conflicto e informar al Presidente del estado de situación. A la Comisión se incorporaron calificados profesionales con conocimiento de la situación barrial en el país, pero en la práctica fue difícil para la Comisión canalizar las muchas demandas de los sectores marginados a través de los ministerios que tienen a su cargo la ejecución de proyectos públicos. Después de las elecciones congresionales-municipales de 1998, en las que el PLD no logró asegurar una mayoría ni en el Congreso ni en los gobiernos municipales, las protestas continuaron de diversas maneras en diferentes partes del país. Unas se focalizaron en determinadas localidades y tenían como objetivo reivindicaciones comunitarias. Otras fueron de carácter gremial profesional, como en el caso de las huelgas de maestros y médicos. En mayo de 1999 el gobierno también enfrentó una segunda huelga nacional convocada por el COP, después de un período de año y medio de letargo organizativo y reivindicativo de la COP. Para fines de 1999, las luchas sociales dieron paso a las luchas eminentemente políticas al acercarse las elecciones presidenciales de mayo del 2000.

Conclusión El caso dominicano muestra que en el período democrático ha habido una movilización importante de la sociedad. Durante el período 1978-82, la movilización social tuvo fundamentalmente un carácter gremial. Por un lado, aumentó el número de organizaciones sindicales así como su capacidad de movilización en respuesta a la crisis económica que se agudizó con los aumentos del precio del petróleo. La estrategia del PRD de cooptar un segmento del movimiento obrero a través de la formación de una nueva central obrera (la UGTD) le permitió al gobierno incidir sobre la dinámica sindical e insertar un segmento del movimiento sindical a las instituciones del Estado que requerían de representación obrera y a su sistema clientelar. Eventualmente otras centrales obreras se incorporaron también como representantes en organismos del Estado. La división del movimiento obrero en cinco centrales y el limitado número de instituciones públicas en que los obreros participaban son muestra, sin embargo, de que el PRD no implementó una estrategia corporatista hacia el sector laboral, a pesar de la orientación socialdemócrata del partido. El período 1983-86 fue de fuerte movilización popular en respuesta a las medidas de ajuste económico que implementó el gobierno en 1984. La espontaneidad de estos movimientos ante una crisis económica que se hacía cada vez más aguda, la respuesta represiva del gobierno y la carencia de una coordinación del movimiento fueron las características fundamentales de estas movilizaciones. La consecuencia política de ese movimiento fue la pérdida de popularidad del gobierno de Jorge Blanco, pero el régimen democrático como tal no se vio afectado de manera sustancial.

La alternabilidad de partido en el poder ayudó a impedir un descontento general con la democracia. La creciente organización y movilización popular que se produjo en el período 1987-1990 se entiende en el contexto de deterioro de la economía dominicana, la resistencia del Presidente Balaguer a satisfacer demandas sociales, y la formación de la Coordinadora de Luchas Populares. En este período se conjuga el descontento de diversos sectores sociales con las políticas económicas del gobierno, lo cual le permitió a la Coordinadora organizar huelgas nacionales de relativo éxito en cuanto al apoyo que tuvieron. El gobierno, sin embargo, se resistió a hacer concesiones. El “diálogo tripartito” que se realizaba con la mediación de la iglesia católica servía a su vez para contener la posibilidad de un desbordamiento de la protesta popular a través de mecanismos no institucionalizados. Esto explica, en parte, por qué las grandes huelgas nacionales que se llevaron a cabo entre 1988 y 1990 no debilitaron significativamente el gobierno. La disminución en intensidad del movimiento popular contestatario a partir de 1991 se combinó con un ascenso de los sectores medios a la presión social. Ahora el tema central no sería las reivindicaciones socioeconómicas, sino las reformas para democratizar la política dominicana. Aquí se conjugaron los intereses de la élite económica y profesional a favor de la modernización y la democratización del Estado. Este proyecto recibió un fuerte apoyo económico de USAID, a través de sus programas en economía, democracia, gobernabilidad y estado de derecho. Los efectos de estos esfuerzos fueron tangibles en varios momentos y aspectos: la firma del “Pacto por la Democracia” en agosto de 1994 que redujo a dos años por acuerdo constitucional el mandato de Balaguer; la celebración de elecciones presidenciales libres en mayo de 1996; la salida de Balaguer del poder en agosto de 1996; la elección de una nueva Suprema Corte de Justicia en 1997; y la celebración de elecciones congresionales y municipales, por primera vez separadas de las presidenciales, en 1998. El ascenso del PLD al poder en 1996 generó nuevas posibilidades y desafíos para la sociedad dominicana. Las expectativas de cambio ante el gobierno de un nuevo partido con un liderazgo joven eran importantes. Sin embargo, la dilación en los programas de cambio y la coalición conservadora que había facilitado el triunfo de Leonel Fernández con el apoyo de Balaguer crearon un espacio para el resurgir de la protesta social. Las protestas barriales proliferaron a partir de 1997, y en noviembre de ese año el Colectivo de Organizaciones Populares organizó una huelga nacional. La respuesta de apertura al diálogo por parte del gobierno sirvió para contener el movimiento de protesta en ascenso, pero la incapacidad del gobierno de absorber y responder a las demandas que emergieron del diálogo facilitó el retorno de las protestas populares después de las elecciones congresionales y municipales de 1998. No obstante, las elecciones presidenciales de mayo del 2000 desviaron la atención política de las luchas sociales a la lucha partidaria por el acceso al control del Estado.

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LA DEBIL REAPARICIÓN DE LOS SUJETOS BAJO SUBALTERNIDAD ELECTORAL EN PERÙ Jorge Lora Cam Investigador en la Universidad Benemérita de Puebla [email protected]

INTRODUCCIÓN Perú, país andino, amazónico e indígena, durante su largo sometimiento colonial no dejó de luchar contra autoritarismos y dictaduras de españoles, criollos oligárquicos y sus fieles defensores: las Fuerzas Armadas. Este pueblo nuevamente está en escena, pero limitado por el Estado y sus cómplices de la oposición democrática, a la lucha electoral; algunos dirán que han asumido la defensa de sus derechos civiles y políticos, lo cierto es que están atrapados en la esfera de la delegación del poder, en la trinchera de la falsa representatividad sin rumbo, pues desde siempre raramente algún candidato cubre parcialmente sus expectativas; y, desde hace una década el sometimiento mediático les ha quitado el acto de pensar con autonomía. En el actual momento histórico el pueblo peruano sufre de desidentidad, de confusión, alineación, amargura, dolor. Otra vez fue a las urnas –el 8 de abril-, a ejercer la democracia representativa, a votar por una de las tres fuerzas más importantes del espectro político-electoral: el representante del APRA, Alan García, acusado de masacres y de institucionalizar el narcotráfico en las Fuerzas Armadas y la corrupción en el Estado, quien dice que hay que aprovechar lo bueno del imperialismo y desechar lo malo; o por Lourdes Flores, representante de la derecha católica conservadora, racista y asociada al Opus Dei, o por Alejandro Toledo, político cholo-norteamericano “moderno”, neoliberal y duro combatiente contra el Fujimori corrupto y fraudulento, pero con gran respeto por el Fujimori del proyecto neoliberal, dada su formación como economista de Harvard y del Banco Mundial. Tres supuestos antifujimoristas impuestos desde arriba, ninguno previamente elegido, y todos con sospechosas relaciones ideológicas, políticas o culturales con el fujimorismo, es decir con las Fuerzas Armadas y su proyecto antisoberano y sus poderes ocultos, trasnacionales, ahora agazapados bajo las sombras. Para la segunda vuelta llegaron Toledo y García, ambos herederos de Fujimori, el primero ideológico y el otro de la impunidad. No es difícil deducir que cualquiera de ellos le convendría al gran elector, los Estados Unidos, pues peor sería mostrar -una vez más- lo inservible de la democracia neoliberal como lo mostraban las encuestas antes de esta vuelta. Según la empresa Datum antes de las elecciones la respuesta a ¿por cuál candidato no votaría?, el 41% respondió por Alan García y el 31% por Toledo, o sea que un 72% no votaría por alguno de estos candidatos. Si correlacionamos este dato con el grado de desaprobación de la actuación pública de ambos, que pasa del 50%; podemos decir sin escrúpulos que por lo menos un 75% no estaba de acuerdo con la representatividad de este evento, mostrando una inmensa desconfianza en candidatos nunca seleccionados por ellos. Y, es más, quizás un dato más importante: los que no votarían (28%), los indecisos y los

votos en blanco y nulos (16%), suman más del 44%, Entonces quien gano según esa encuesta fue el ausentismo y los votos blancos nulos y viciados, evidenciando una enorme incredulidad y que el panorama electoral era realmente sombrío. Cómo no va haber desconfianza si un criminal y delincuente es candidato finalista. Un sujeto que cuando fungió de Presidente logró dos millones por ciento de inflación acumulada, una caída del 75% en los salarios reales, la desaparición de 500 mil puestos de trabajo. Paralizó la inversión, no obstante gobernar con y para los 12 apóstoles (los más grandes empresarios mafiosos), y consiguió que el PIB decrezca en 7.4%. Las masacres, asesinatos y desapariciones se volvieron pan de cada día y la respuesta popular no fue menos violenta: cientos de huelgas, decenas de paros armados, miles de acciones armadas protagonizadas por los guerrilleros crearon una espiral incontrolable. Así como García fue elegido gracias a Izquierda Unida, Fujimori fue un logro de ambas fuerzas. Las familias de la oligarquía: Romero, Wiese, Picasso, Nicolini fueron quienes financiaron su campaña y en compensación hasta los subsidios, líneas de crédito, tarifas especiales, política fiscal y tipo de cambio para los pobres también eran para ellos. Respecto a la política exterior frente a los Estados Unidos su ataque a la deuda externa fue más un discurso que realidad pues terminó pagando más del 10%, rescindió contratos petroleros y al final les otorgó ventajas adicionales. Alan García dejó rastros de sangre inolvidables que Fujimori se los achacó a los guerrilleros: 10 mil asesinados y 5 mil detenidos desaparecidos, institucionalizó..... Ahora ofrece un Plan Colombia para el Perú, mejorando sus ofertas pasadas cuando la DEA y la CIA se apoderaron de la amazonía y de los servicios de inteligencia. De Toledo es poco lo que podemos decir pero quizás baste recordar que fue un fiel servidor de USAID y del Banco Mundial, igualmente lo fue su compañera respecto a las empresas filantrópicas de las trasnacionales de la UE. Los compromisos que han ido adquiriendo ambos candidatos en sus trayectorias políticas los obliga a servir a los Estados Unidos y a las corporaciones y burguesías trasnacionales. De allí que no había que buscar el mal menor, entre la silla eléctrica y la cámara de gas, como algunos analistas calificaron al proceso. Frente a la memoria de los mayores y la falta de ella en los que recién lograron los años que les permitan votar; por lo menos una cuarta parte de los electores estuvieron rechazaban las elecciones, sin saber por quien depositar un voto obligatorio ante la amenaza de sanción de multa. Posteriormente, en el mes de mayo, el poder pudo probar una vez mas la eficacia de los medios de comunicación. Basto un acuerdo -tácito en algunos casos y explicito en otros- entre candidatos, la ONPE y todos los interesados en que gane uno de los dos candidatos para que se desate una campaña contra el no notar, el voto viciado o en blanco. El mecanismo consistió en decir por todos los medios, concertadamente, que cada día bajaba el número de adeptos por estas preferencias y era complementado con la creación de un espectáculo de competencia donde desaparecía la tercera opción. Ahora que contamos con los resultados finales postelectorales. Los reportes de la votación en el exterior donde hay millones de autoexilados y exilados son alarmantes. Las elecciones programadas de las 8 a las 16 horas, comenzaron al mediodía con innumerables anomalías y gran ausentismo. En el Perú ocurrieron fenómenos de injerencia como es el caso de la OEA y de la ex Secretaria de Estado Madeleine Albraight que abiertamente apoyó a Toledo. Hubo denuncias de manipulación del voto en blanco con la anuencia de observadores y personeros. En la primera vuelta las cifras “oficiales” dadas en el proceso de contabilización de votos fue 30% mayor. En la primera vuelta 11% votaron en blanco y 2-3% viciado y en la segunda se invirtieron estos porcentajes, manteniéndose la abstención en alrededor del 19%. Los resultados dados días después al 98.56% del escrutinio dan a Toledo un 53.06% y a García un 46.94%. De estas cifras debemos aclarar

que los porcentajes señalados se calculan después de descontar el 13.75% de votos emitidos calificados como no válidos y el 18.45% de abstenciones. Por lo tanto, si los electores eran alrededor de 15 millones y votaron 10.3 nos quedan 4.7 millones de abstenciones y votos viciados y en blanco. En resumen pocos días antes de las elecciones del 3 de junio por lo menos 2/3 (diez millones) no querían votar por alguno de los dos candidatos aceptados por un sector del electorado; de ellos, un 20% aproximadamente fue convencido para hacerlo y más de un 30% voto en blanco, viciado o no votó. Esta concepción de la ciudadanía coercitiva es una muestra más de que la democracia continúa siendo coerción recubierta de consenso y alienación, en particular en la región de Latinoamérica y el Caribe. Los intelectuales –en generalfueron cómplices del adormecimiento y miedo, los pocos que aun quedan como tales no ejercieron la más mínima dirección intelectual anticapitalista, excepto a favor del régimen. Gonzalo Portocarrero sintetiza la mentalidad de esta elite cuando anota que hay que agradecerle a Fujimori por todo lo que ha hecho por el Perú, destacando la lucha contra el terrorismo y contra la inflación, complacencia que no la extiende para una segunda reelección, igual que sus amigos. Esta es la intelectualidad de las universidades Católica, de Lima, del Pacífico, de centros de investigación como DESCO o el IEP, con postgrados en Estados Unidos y Europa, que soñaron con trabajar en el FMI-BM, en la ONU o en su defecto en alguna universidad norteamericana. Son una casta que hegemonizó el pensamiento social durante tres décadas o más, en la primera década como críticos del Estado y después principalmente por su asociación al poder y al Estado. Una buena cantidad de ellos junto a otros que en algún momento se radicalizaron y formaron partidos de izquierda light o simplemente se incorporaron a la política, crearon sus ONG’s familiares y de amigos, otros optaron por ser políticos de oposición bien pagados (en el Congreso enmudecieron cuando el Ejecutivo les aceptó los supersalarios, 25 mil dólares promedio, como ingreso básico). Los intelectuales hegemónicos fueron aliados y sostén del régimen; en términos intelectuales aceptaron el neoliberalismo bajo el eufemismo Globalización, se insertaron en el pensamiento único liberal y atacaron furibundamente a los insurrectos. Se especializaron en democracia, en planificación estratégica, en ecología, en gobiernos locales, en tercer sector, en filantropía y algunos en la política del marketing y las encuestas de opinión, haciendo análisis o participando en las elecciones. No sólo eso, en términos más concretos apoyaron al primer neoliberal: Belaunde, a Alan García, a Fujimori, primero con su voto en la primera o segunda vuelta y después con sus ONG’s, con los comedores y desayunos populares; también como tecnoburócratas, como expertos en asuntos sociales y finalmente como estrategas de la contrainsurgencia. Otro segmento, sin poder atar ni desatar ante los éxitos neoliberales estaba absorto en discusiones sobre sus posibles candidatos o sus propias candidaturas; otros mas sofisticados y finos, conectados a las elites globalizadas, especulaban, con algo de retraso respecto a las modas regionales, sobre la posmodernidad, las instituciones, las reglas de la democracia. Los de izquierda, los más críticos, si no fueron asesinados salieron del país. Muchos de los que se quedaron aprovechando de su capital cultural, optaron por fungir como expertos en contrainsurgencia, consultores o asesores de tecnócratas o políticos. Y los menos hicieron críticas para sus círculos íntimos, bajo el terror de ser acusados de apologistas de terrorismo. Merece un párrafo especial un grupo ultra-oportunista, conocido por el nombre de “Patria Roja”, que decía retomar la herencia discursiva de la izquierda radical y que en realidad son expertos en traicionar el pensamiento de esa izquierda y, últimamente, en fraguar planillones electorales. La anti-ética política expresada en partido.

El grado de alineación popular fue tal que la mejor lección deconstructiva de lo que ocurría en el poder y en el país no fueron los discursos de intelectuales o políticos que masiva e individualmente –cuando lo merecían- fueron corrompidos, sino los vladivideos. Y es ahora cuando las relaciones políticas son apreciadas por el pueblo como más complejas, y sin embargo con la sencillez del pensar electoral. Perú, en los últimos meses se ha convertido en una verdadera radiografía de la dominación, mostrando algunas dimensiones de la complejidad del poder. Lo que en los últimos años eran críticas periodísticas en La República o en algún panfleto, al imperialismo, al neoliberalismo o a la corrupción, muchas veces no probadas suficientemente, ahora se revelaron a través de cientos de videos, junto a la podredumbre de un régimen que había organizado una poderosa mafia desde el mismísimo cerebro del Estado. Una organización dentro y fuera de las Fuerzas Armadas que capturaron y sometieron a todo un régimen y a sus instituciones para enriquecerse a través de la corrupción, el narcotráfico, el armamentismo, el tráfico de influencias, para pasar a formar parte de un sistema internacional engendrado, auspiciado y protegido desde Washington. Y ¿por qué el apoyo de Washington? La obvia respuesta a esta ingenua pregunta radica en el carácter de la política fujimorista al servicio del poder neoliberal: la reprivatización, desnacionalización, desdemocratización, desculturización, del Estado a favor de los flujos de capital principalmente norteamericanos y de su uso exclusivo de los dominadores y en particular de su más voraz agente la especulación financiera y comercial, con su vértice en el narcotráfico, el armamentismo y el uso corrupto de fondos fiscales y de ahorros. Apenas ganó las elecciones del 90 se fue a poner de rodillas ante el Departamento de Estado y el FMI; igual ocurrió en toda la década e incluso antes de su renuncia el BM-BID tenían listos mil cien millones de dólares para cubrir el déficit fiscal. El presidente fue un buen siervo, pagó puntualmente la deuda, flexibilizó las relaciones laborales, entregó todos los recursos naturales que Estados Unidos quiso, fue buen cliente en la compra de armas (Vg. a James Eliot Stone Cohen le compró 33 millones en armas procedentes de Israel) y otros bienes, recortó el gasto social y además tuvo crecimiento económico y controló la inflación. Nunca en la historia peruana Estados Unidos tuvo condiciones tan ventajosas: costos laborales flexibles y reducidos, desregulaciones monetarias y comerciales y tasas impositivas favorables. Los “cuatro jinetes”: exportadores, inversores, banqueros y especuladores financieros y rentistas (sobre la base de royalties) son los beneficiarios de las altísimas ganancias políticamente inducidas. Baste saber que el 20% de las exportaciones de las ochenta empresas más importantes de los EUA. tienen como mercado a Latinoamérica. Los pagos de intereses, la penetración en el sistema bancario-financiero y en las bolsas de valores, la adquisición de bancos y captación de ahorros locales y la participación en el blanqueo de narcodólares y otras actividades ilícitas, están subordinadas al capital financiero. Las renegociaciones de la deuda apalancaron las economías y crearon las bases del libre mercado y la libre convertibilidad. Los inversores comerciales, mineros y en servicios aprovecharon de la ausencia de impuestos, devaluaciones, compra de empresas, desregulación sobre la propiedad y la protección medioambiental. El Estado asume las pérdidas y las empresas trasnacionales y la burguesía trasnacional las ganancias. Las empresas latinoamericanas prefieren pagar perpetuos royalties a las trasnacionales que invertir en ciencia y tecnología. No interesa que los resultados de los países sean deprimentes, que la balanza de pagos tenga una crisis crónica y que los países permanezcan estancados. Precisamente, el economista Félix Jiménez, de la Universidad Católica –una de las excepciones a la regla, otros son: Aníbal Quijano, Oscar Ugarteche, etc.a la nefasta hegemonía de los intelectuales de la que hablábamos- nos expone

nítidamente en que se basó el éxito económico de Fujimori, quien contó con los aportes de su predecesor, al crear los fundamentos contrainsurgentes y arruinar la economía hasta tocar fondo, de tal modo que cualquier crecimiento o freno de la inflación ya era un éxito; no obstante que los fundamentos de la crisis económica nunca fueron erradicados. Así como tampoco fue erradicado del todo sendero luminoso y sin embargo, se vanagloriaron de haberlo conseguido. ...los liberales de nuestro país tuvieron la suerte de contar con un escenario internacional y con el clima que favoreció el crecimiento de la producción primaria. Y este crecimiento, junto con el de la producción de no transables –como la del sector construcción-, se hizo posible únicamente por la masiva entrada del capital extranjero...

Dicho crecimiento se paralizó desde 1997: Cuando disminuyó la liquidez por efectos de la crisis internacional, la economía entró en recesión. En otras palabras, cuando el flujo de estos capitales se frenó, el modelo económico se paralizó. Y como la política económica tampoco fue capaz de desdolarizar el sistema financiero doméstico, la presión al alza del tipo de cambio y el encarecimiento del crédito afectaron la capacidad de pago de las empresas endeudadas en dólares y pusieron al sistema financiero al borde de una crisis general de deuda. Rota la llamada “cadena de pagos”, el modelo entró en una situación de entrampamiento. El análisis efectuado hasta aquí revela que los límites del modelo se encuentran tanto en el patrón de acumulación y estructura del aparato productivo configurados en prácticamente dos lustros de neoliberalismo, como en la inoperancia de la política macroeconómica neoliberal del fujimorismo... En el año 2000 se configuró una situación de crisis orgánica donde la economía, la política y la conflictividad social estaban en sus límites. El capital extranjero en actividades primario exportadoras, los capitales a corto plazo, los empréstitos y la construcción, sin mercado interno consistente, no pueden sostener un crecimiento prolongado, pero sí exacerbar los desequilibrios externos, la pérdida de reservas. De esta manera, la estructura sectorial del crecimiento y el escaso dinamismo del mercado de trabajo no permiten la generación de empleo e ingresos como para reducir la pobreza por ingresos ni mejorar la política social, manteniéndose el empobrecimiento secular y agregándose nuevos contingentes y problemas en la calidad de vida de modo cíclico. En este contexto es que como en ningún otro lugar de la región, el poder ha sido parcialmente develado; los videos objetivaron las sospechas, mostrando la eficiencia en la construcción de una sociedad de control, donde la dominación mediática - formando parte de la colonialidad del poder y del saber- logra recomponerse alrededor del llamado “pensamiento único”, legitimando los planes norteamericanos de consolidación del poder y expansión del capital en una geoestrategia compartida por los gobiernos de Clinton y Fujimori. El Gobierno de Montesinos-Fujimori, dirigido junto con la CIA y el Departamento de Estado de los EUA., preparaban los planes en el Sistema de Inteligencia Nacional y los ejecutaban con el aval de las Fuerzas Armadas a través de los poderes del Estado totalmente monopolizados por esa camarilla. La soberanía era cedida cotidianamente en forma creciente a los organismos financieros internacionales (FMI-BM), privatizando, aplicando las políticas neoliberales y recibiendo a cambio las formas marginales de acumulación de capital, las más primitivas, el enriquecimiento ilegal y en determinados casos la posibilidad de que empresarios

nacionales vinculados al sector financiero –y en casos al narcotráfico- se incorporen a la burguesía trasnacional. Había que preservar las formas y para ello estaba el estado de Derecho. Fujimori fue el portaestandarte de la “democracia representativa” y utilizaba las elecciones para legitimar la aceptación de la dominación. Llegó a su primer gobierno (1990) con la “suerte” del derrumbe de la autodenominada izquierda y el de la socialdemocracia; tuvo el apoyo del APRA y de la Izquierda Unida, de la oligarquía y la clase media, al resto de la población había que manipularla con el discurso de la paz y la estabilización, de la inserción en la globalización y en el mercado mundial. Otros discursos y prácticas sirvieron para desculturizar, imponiendo la cultura de la banalización, fragmentando el ya maltrecho tejido social, incentivando el consumismo. Incluso la autodenominada oposición nunca supo sacudirse de esas influencias. En los primeros años muchos continuaron apoyando al régimen, estigmatizando a los opositores como “ultras” y aplaudiendo la represión contra ellos. Los medios jugaron diversas funciones: difamaban a personajes de oposición (con la información privilegiada del SIN), fueron parte de la maquinaria reeleccionista, publicitaban al gobierno legitimándolo, sirvieron como elemento de distracción con los “cómicos ambulantes” y las telenovelas, introducían la resignación con los talk show y distorsionaban o inventaban realidades como ocurrió con la lucha antisubversiva. Cuando llegaron a ciertos extremos como la campaña de desprestigio de un candidato opositor (Alberto Andrade) en la primera reelección o cuando fue descubierto el agente Faisal, ex subteniente argentino que mediante una página web trabajaba en el desprestigio de opositores, cuando las víctimas y periodistas intentaron enjuiciarlos pero el poder judicial rechazó tal pretensión. El poder se apoyaba en la “libertad de prensa” para calumniar opositores. Herencia de la guerra contra subversiva, cada día las Fuerzas Armadas asumían una batalla contra los opositores. En el campo de la información, a través del SIN controlaban algunos medios y además contaban con una prensa propia. Ingentes e ilimitados gastos se destinaban a inventar mentiras y en los operativos de control social, sin ningún escrúpulo, como se pudo observar en los videos donde aparece el propietario del diario Expreso o Raúl Romero, canta-autor popular de rock y representante de un conjunto musical, recibiendo millones de dólares por sus servicios. La TV y la prensa chicha eran los arietes del sistema. El SIN lanzaba en sus titulares la información y los periodistas creaban y engrandecían los hechos. La DINOS (Dirección Nacional de Operaciones Sicosociales) fue creada por el SIN para responder a un conflicto externo –con Ecuador- y luego quedó para la guerra interna. Se convirtió, al agudizarse las contradicciones, en un espacio preñado de tensiones y aparecieron sus límites. Al tratar de engañar al enemigo también lo hacían con su propia “opinión pública”, al propio Gobierno y a los poderes ocultos del exterior. De otro lado el exclusivismo de la información y el poder que genera provocaron recelos y miedos de quienes estaban en el poder pero fuera de las mafias. A Baruch Ivcher y a Genaro Delgado Parker les quitaron el control de sus canales al alejarse del régimen, Radio 1160 fue decomisada por ser independiente, Canal N fue acosado por no apoyar a Fujimori en las elecciones, lo mismo le ocurrió a la agencia Imedia por revelar negociados de armas. Han transcurrido dos décadas de operativos psicosociales contra enemigos internos y externos, y consiguieron acabar con tejidos sociales, con esperanzas y utopías, lograron deconstruir el poder de Sendero y a los sujetos colectivos rebeldes, despolitizar y aterrorizar, alienar y silenciar. Perú vivió una psicosis que paralizó sindicatos y gremios. Hubo miedo de hablar, de protestar, de reclamar por los derechos humanos. Las leyes contra la apología de la violencia y el terror

fiscal fueron dos instrumentos para crear pánicos enfermizos. Se instaura un autoritarismo sin límites donde la maquinaria mediática ocultaba el uso de la fuerza y el clientelismo patrimonialista escondía la economía delictiva; el sometimiento mental velaba el tráfico de influencias, la tortura, el amedrentamiento, la censura y manipulación. El resto de los contenidos mediáticos en los diarios o la TV estaban regidos por las leyes del mercado, creando una confusión entre el ver y el saber, entre el mensajero y el mensaje. Los medios atrapan al público domesticado por el mercado y les impone el estilo de vida de los ricos, impulsa el sueño americano. La tecnofascinación conecta la razón instrumental a las pasiones personales, a la paradoja de la abundancia de información con el ataque a la educación y la cultura, a la multiplicación de signos en una sociedad con déficit simbólico, un exceso de comunicación con la desaparición de lo público, la profusión de imágenes con la escasa experiencia. El resultado es la incomunicación social y el enmascaramiento de la realidad social. El imaginario peruano estuvo atrapado durante este periodo en el juego de las violencias y sus imaginarios, del consenso y el disenso; la memoria afectivosocial de su cultura y los substratos ideológicos han condicionado una producción de sentido definida por el pánico, el miedo, el riesgo. Las ideologías y utopías populares comenzaron desde el inicio de la guerra (1980) a ser moldeadas por la polarización social y el miedo a ambas fuerzas, las de Sendero y las del Estado. Después de la derrota de Sendero (1992) el Servicio de Inteligencia Nacional se encargó de dar continuidad a esta visión del mundo a través del terror de Estado; el uso social de las representaciones e ideas por los psicólogos sociales fue exitoso en tanto modelaron las conductas y estilos de vida. La rebeldía perdió terreno cotidianamente y la conciencia comenzó a retroceder al mismo ritmo de la recreación de sentidos de símbolos, alegorías, mitos y rituales referidas a las mínimas demandas y a la construcción del miedo social. La desinformación, el engaño, la desculturización de la sociedad mediante el uso de los medios rompieron con la imaginación revolucionaria e instauraron la fantasía de la paz de los sepulcros, la alineación creada por un solo flujo comunicacional. Las pulsiones subjetivas de la dominación iban acompañadas de presiones objetivas de una institucionalidad antisubversiva en la que colaboraban el Ministerio de la Presidencia y las ONG’s e intelectuales para construir nuevas finalidades en los procesos sociales. Las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado se encargaban de implementar las políticas neoliberales aplicando leyes y controlando la subordinación mediática y las instituciones de la “sociedad civil” elaboraban los valores simbólicos encargados de recubrir la coerción. Las Fuerzas Armadas con la asesoría de la CIA, crearon un engranaje capitalista que englobaba macropoderes y micropoderes para definir y capilarizar un imaginario colectivo apolíticista y consumista. Las universidades y las comunidades urbanas y campesinas fueron ocupadas por las Fuerzas Armadas y las ONG’s, respectivamente. Los barrios y los pueblos quedaron adscritos a una política clientelar que manipulaba sus demandas y liderazgos y los sectores más organizados fueron sometidos por la muerte o la cadena perpetua. A tal punto lograron difundir la creencia de que se vivía en una democracia que muchos llegaron a pensar que no era posible vivir en una sociedad distinta. Un Estado más poderoso que el precedente aplicó un autoritarismo económico que, sin embargo, encubría el papel de los factores no económicos y el poder de lo económico. Al mismo tiempo que relacionaba las dos partes de la economía, establecía el marco de la dominación en otras esferas, favorecía el desarrollo de una burguesía trasnacional y desarrollaba una capacidad corruptora que, como una pirámide, se difundía en todas las capas administrativas de la sociedad.

Nunca descuidaron los espacios institucionales, contaron con un sistema político con partidos deslegitimados, abierto a los movimientos creados regularmente por el Estado (Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino) y regulado por organismos electorales que evitaban, mediante la aceptación de fraudes, la consolidación de la oposición; un parlamento que se redujo en número a una quinta parte al tiempo que le multiplicaron los salarios lo suficiente hasta que desaparezca la oposición; y, un poder judicial que trituraba la justicia. Un moderno sistema de dominación que desintegra tejidos sociales, impulsa las desidentidades, promueve expectativas, actitudes y demandas consumistas; incentiva los olvidos y aplasta subjetividades y conciencias. A la vieja sociedad disciplinaria se agrega la sociedad de control, que reabsorbe demandas, lenguajes, símbolos y mitos; pero que sin embargo tampoco tiene mucho que ofrecer en términos duraderos, y menos una legitimidad que apoye la resignación. En Perú concurre un ingrediente singular –pero no único-, se trata del achoramiento, de la viveza criolla que de los sectores marginales, delincuenciales se va trasladando al centro de la urbe y a los personajes en el poder. Como señala Oswaldo Medina, en la versión de una revista es “...el achorado de la sociedad de mercado, que irrumpe vestido de cuello blanco con una estrategia más violenta e ilícita donde la infidelidad, el prevaricato, la defraudación, la estafa, el soborno y el desfalco, entre otros males, son el pan de cada día”. Está hablando de individuos ambiciosos, cínicos, torpes y prepotentes encarnados en funcionarios, en la clase política y en el mismísimo presidente; pero también merecen este calificativo las políticas de algunas empresas, empresarios y otros personajes. Empresas: Edelnor, Luchetti, Sedapal, Telefónica del Perú, Mutual Perú, Clae, Refisa; empresarios: el dueño del Banco de Crédito Dionisio Romero, el hoy cardenal Juan Luis Cipriani, el ministro Carlos Boloña, el Premier Federico Salas, la animadora de talk shows Laura Bozo, el asesor Vladimiro Montesinos, los parlamentarios tránsfugas del tipo Luis Cáceres o Alberto Kouri, la ministra de la Mujer, Luisa María Cuculiza, el dueño del diario Expreso: Eduardo Calmell del Solar, jefes militares, yuppies, etc. De ellos y muchos otros se podrían relatar anécdotas que los exponen en demostraciones de ejercer un poder sin límites, avasallante, indetenible ante cualquier obstáculo contando con el aval y la protección de las Fuerzas Armadas. El uso del terror y el miedo por una verdadera maquinaria de poder y la inducción de una representación mental que unificaba Fujimori=estabilidad conformaban el marco en el que se permitía el chantaje, la violencia física y social, la gestión pública del interés privado. En estas redes de poder no sólo estaba la CIA, representada por militares en el SIN (como después veremos), también concurría una de las más nefastas logias de poder el Opus Dei que desde la España franquista se afincaba en Perú desde hace más de tres décadas a través del diario La Prensa, la Universidad de Piura (cuyo actual rector es el español Ricardo Mabres), el Banco de Crédito (financiadores de La Obra, como en sus tiempos el Banco Popular de España. Durante los gobiernos militares de Juan Velasco-Francisco Morales Bermúdez (1968-80) y en el de Alan García (1985-90) la expansión de este inmovilismo conservador se estanca y sacan lecciones para la última década. Desde 1990 penetran en los cargos públicos y se aferran al poder político. La estrategia fue apoyar a la dictadura y tomar posiciones de mando. El actual cardenal asciende de Vicario de la Prelatura a obispo. Se enquistan en el diario El Comercio de la Familia Miró Quesada a través del sacerdote Joaquín Diez, hasta lograr su control. Ingresan al Congreso encarnados en Rafael Rey y Martha Chávez (Cooperadora de la obra de Dios. Ocupan el Ministerio de Educación con Federico Prieto o con Federico Salas implementando la persuasión coercitiva o tecnología de manipulación de las mentalidades, de las debilidades y susceptibilidades psicológicas.

Cuando cae la dictadura no pierden el tiempo y aparecen apoyando a Unidad Nacional con Lourdes Flores a la cabeza. Por relaciones indirectas se podría inducir que el escritor y periodista Jaime Bayly tiene vínculos, pues su madre es miembro supernumeraria. Otro grupo social importante en el sostenimiento del poder son los tecnócratas, los yuppies, los intelectuales de centro, de izquierda y de derecha que asesoran, consultan, ofrecen desde inocuas estrategias del marketing o encuestas de opinión, hasta políticas antisubversivas. Manejan ONG’s, crean comedores populares, distribuyen alimentos, son expertos en genero, en comunicación social o en análisis político, cuando no en poder local, en medio ambiente o en planificación estratégica. En fin, son quienes pragmáticamente están siempre cerca del poder y aunque critican el neoliberalismo son sus sostenedores más eficaces. Estos racistas y defensores de la paz terminan defendiendo la propiedad privada y las prerrogativas de los altos funcionarios, las jerarquías y el statu quo.

II. ¿LA CIA GOBERNÓ EL PERÚ? Si ya estamos sorprendidos con lo que ha venido ocurriendo en este país, lo dicho es sólo el comienzo. Perú fue gobernado directamente por la CIA peruana. En un documento secreto –lleno de tachaduras en un 90% y con datos ya conocidos- desclasificado a solicitud de un ciudadano norteamericano Jeremy Bigwood, de octubre de 1990, dos meses después de que Fujimori asumiese la Presidencia, se dice que el presidente estaba en el bolsillo trasero del Servicio de Inteligencia Nacional. Otro dato importante y engañoso es que muchos altos jefes militares fueron destituidos por Fujimori a pedido de Montesinos, por considerar que se encontraban ligados al APRA, la corrupción y tráfico de drogas. Al parecer un conflicto entre mafias. Después veremos que este personaje será cuestionado por violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio calificado, tortura, persecución de políticos, periodistas y otros opositores, tráfico de influencias, narcotráfico, tráfico de armas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Nada es nuevo, al comenzar los 80 la mafia del padrino López Rodríguez infiltró el Ministerio del Interior, comprometió a un viceministro y con él a generales, a los jefes de la policía antidrogas, a funcionarios y a otros. Un simple juego respecto a lo que veremos en el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori; sin embargo, los negociados de drogas y armas vienen de aquella época. El diario Clarín de Argentina realizó una investigación sobre el Rasputín peruano. Allí se dice que Montesinos viajó a los Estados Unidos en 1976 falsificando documentos y sin permiso de sus jefes. En Washington se entrevistó con funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA y habría proporcionado valiosa información sobre la presencia de la URSS en el Perú. Separado de las FFAA y apresado, después estudió Derecho para dedicarse a la defensa de narcotraficantes colombianos (Vg., el capo financiero del Cartel de Medellín, Evaristo Porras Ardila, maestro en el arte del lavado) y peruanos. En 1983 nuevamente estaba vendiendo información sobre armas a Estados Unidos y Ecuador. Descubierto se refugia en Argentina. En 1985 está de regreso quedando limpio con ayuda de la CIA y se relaciona con su promoción ubicada en lugares claves como el SIN, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial. Mientras cercaba al jefe de Inteligencia Edwin Díaz Cevallos, más tarde pedía apoyo al general Jorge Torres Aciego para ayudar a Fujimori a legalizar una evasión de impuestos por venta de casas. Pero lo más importante es que al parecer le consiguió el financiamiento para su campaña de 1990 del propio Pablo Escobar Gaviria. Luego

consigue reconciliarse con jefes del Ejercito a través de la defensa del Mariscalito, General José Valdivia Dueñas acusado de la masacre de campesinos en el pueblo de Cayara. Convertido en estratega en la lucha contra Sendero, siempre contó con el apoyo de la CIA. En 1991, Montesinos tuvo otro éxito; logró la autorización desde Washington para organizar de la división contra la droga del SIN, para lo cual la CIA intervino en su financiamiento, adiestramiento y equipamiento. La organización y control del narcotráfico estaba en sus manos y había que acabar con Sendero como requisito para lograr sus objetivos. ¿Por qué los Estados Unidos nunca hicieron nada contra Montesinos y más bien lo apoyaron durante una década? Porque el diseño antisoberano de la estructura económica y financiera del país y del combate a la guerrilla se asienta sobre esas bases. En el mismo sentido se dio el autogolpe del 5 de abril de 1992, tercer combate exitoso de Montesinos-Fujimori (el primero fue la elección de Fujimori como presidente) contra la institucionalidad y la Constitución, rompiendo el acoso de la oposición y un parlamento incontrolable. Los poderes del Estado fueron reconstruidos y concentrados a través de la violencia, todos los poderes pasaron a manos de Montesinos. Los Estados Unidos protestó, pero finalmente, ni siquiera aplicaron una sanción a través de la manipulada intervención de la OEA. Montesinos aprovechó del golpe para limpiar los archivos policiales de sus cómplices. Esta historia se repetirá en el 2000, esta vez como comedia para el observador crítico y tragedia para los protagonistas. El penetrante analista Raúl A. Wiener sostiene: Entre 1991 y 1992 (el momento culminante es el del autogolpe), la mafia de Montesinos se convierte en la cabeza de todas las organizaciones del narcotráfico existentes en el Perú y se asegura un nexo directo con los colombianos y los capos internacionales. En estos años hace caja a través de cupos, robos entre mafiosos y operaciones indirectas. Y se permite con estos recursos fortalecer su estructura y extenderla. El dinero de la droga sirve nítidamente para la corrupción militar que es el comienzo de lo que después se llamó cúpula montesinista. En mayo de 1993 el general Robles denunció ante la prensa la existencia –desde 1991- del escuadrón de la muerte (encargado de asesinar jefes senderistas) del grupo paramilitar Grupo Colina, el cual, ahora se sabe, estaba bajo la directa conducción de Fujimori-Montesinos y del general Hermoza Ríos (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas). Este grupo de sicarios se hizo conocer en noviembre de 1991 cuando militares encapuchados masacraron a 15 pobladores pobres de Barrios Altos; más tarde, en 1992, nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta -la más importante universidad pedagógica del país- fueron secuestrados y asesinados. Culpables de este hecho fueron descubiertos y enjuiciados algunos militares, quienes poco después fueron amnistiados. Recientemente –abril de 2001- se obtienen más datos acerca de los estrechos vínculos de Fujimori con los miembros del Grupo Colina –a tal grado que les dio un reconocimiento y los ascendió a todos- y de cómo, después de la matanza de Barrios, formaron una empresa encargada de dar servicios en arquitectura, urbanismo e ingeniería. Este grupo, bajo la dirección de los jefes de la mafia, nunca pudo capturar a Guzmán, no obstante haber infiltrado a la unidad que sí pudo hacerlo, fallándole a quien les hizo este encargo: Bernard Aronson. En uno de los videos aparece un ex miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército, José Luis Bazán, sostiene que Fujimori pernoctaba constantemente en el SIE al frente de la habitación del Mayor Santiago Martín Rivas, jefe Operativo del Grupo Colina y desde allí, junto con Montesinos, impartían las órdenes a este grupo criminal. La captura de Abimael Guzmán –el 12 de diciembre de 1992- es un hecho paradigmático para entender las estrechas relaciones entre la CIA y el gobierno

peruano. Ahora se sabe que el agente norteamericano conocido como Superman y su equipo de diez agentes de la CIA fueron decisivos en la captura. Benedicto Jiménez, coronel al mando de la unidad especial en este operativo, reconoce que tenían con ellas una relación muy cercana y que su participación fue decisiva. También agrega que la CIA mantenía lazos con la Policía Nacional, la Agencia de Inteligencia Naval y con el Servicio de Inteligencia Nacional. En la Dirección Contra el Terrorismo la CIA organizó una academia que enseñaba a la policía a clasificar documentos, cruzar referencias, hacer interrogatorios, montar vigilancia, etc. Les proporcionaron instrumentos de espionaje, automóviles, y además les rentaron un local. Superman se convirtió en rastreador de basura de casas, previamente localizadas en interrogatorios a gente cercana a guerrilleros capturados, logrando identificar cabellos, envases de vodka, medicamentos para la soriasis, paquetes vacíos de cigarrillos Winston, fueron las firmes bases sobre las que capturaron a Guzmán. El mérito y el millón de dólares de recompensa quedaron en manos de Vidal –quién trabajaba con Jiménez- y su gente, dejando mal parado a Montesinos. Con el tiempo Montesinos designaba a los jefes militares, diplomáticos y a las principales autoridades del país. Logró reunir la más fabulosa información confidencial comprometedora de políticos, parlamentarios, autoridades, empresarios, jerarquía eclesiástica, periodistas. Al fugarse Montesinos los generales, embajadores, y altos funcionarios abandonaron el barco y se pusieron a salvo, no sin antes proponer sus sustitutos y asegurar sus bienes. Después de que la OEA y el Gobierno norteamericano decidieron que Fujimori democratice el país, ocurrieron dos hechos decisivos para que abandone el Gobierno. El principal es tiene que ver con que la dupla Fujimori-Montesinos por más instrumental que haya resultado para el control de la insurgencia y del narcotráfico, no podían vender armas a las FARC, justamente cuando Estados Unidos organiza una intervención en gran escala con el llamado Plan Colombia. Washington disparó la crisis de legitimidad al sacar a la luz un video donde Montesinos compra a un congresista tránsfuga por 15,000 dólares. El Congreso norteamericano se preparaba para aplicar sanciones económicas a través de la resolución 43 y en Consejo permanente de la OEA discutía la resolución 1080, aunque encontraban dificultades para probar una quiebra del Estado de Derecho. El 20 de noviembre Fujimori renuncia a la Presidencia desde Japón. La relación de la CIA con Montesinos data de hace 27 años y probablemente prosiga. Algunos analistas, incluso del Washington Post, sostienen que está protegido por ella, considerando la información privilegiada y comprometedora con que cuenta después de conocer las experiencias del panameño Noriega y el chileno Contreras. Hoy no se sabe dónde esta. Podría encontrarse en Venezuela, en Panamá, en alguna isla del Caribe o incluso en el mismo Perú, disfrutando de sus cuentas en Malasia, Suiza, Panamá y otros paraísos fiscales. Lo que sí se sabe con certidumbre es que el médico venezolano Lorenzo di Cicilia le practicó una cirugía plástica en Caracas y que la CIA lo protegió en su salida después de negociar su impunidad. El 26 de septiembre el teniente general Peter Pace, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, se reunió con Fujimori y los altos jefes de las Fuerzas Armadas y les aconsejó que trabajaran con la OEA de modo constructivo. Algo olvidó y cuatro días después viajó a Estados Unidos y les ofreció alta rentabilidad para sus inversionistas. Como se puede apreciar, estamos frente a la caída de un régimen putrefacto, Militares y altos funcionarios civiles organizados en una verdadera mafia gubernamental controlaban el poder y el funcionamiento de todo el aparato estatal, como consecuencia de la implementación del proyecto neoliberal y de las

exigencias de la guerra interna. Esta mafia ve debilitadas sus trincheras cuando el presidente y asesor se fugan del país junto a otros delincuentes. En estos tiempos, el poder en el Perú ha estado en manos militares constituidos en clase política, coaligada, con los empresarios, tecnócratas y políticos de tercera categoría que ofrecían apariencia civil al gobierno militar. Establecieron un intercambio con el Imperio, mientras que éste se beneficiaba con las privatizaciones, el armamentismo; del sistema financiero la coalición recibía las excrecencias provenientes del narcotráfico, comisiones por privatizar a favor de determinadas transnacionales, tráfico de influencias y apropiación de créditos y del tesoro público. El proyecto de la mafia buscó coincidir exactamente con las necesidades del capital: derrotar a los movimientos subversivos, terminar con el sindicalismo y los partidos de oposición, rearticular al Estado con sus poderes y los privados de las trasnacionales y narcotraficantes. Lograron la manipulación de conciencias al controlar la información y, por tanto, los medios, legitimaron cada día la violencia estatal y su monopolio, modificaron cultura y valores, alteraron la conciencia patriótica, manteniendo formas y escondiendo acciones cotidianas antiperuanas y así consiguieron consolidar un Estado seudo nacional, sin nacionalización de la nación y sin ciudadanía. Un Estado de Derecho y una institucionalidad patrimonialista y por tanto con normas, leyes, justicia para los elegidos y con una clase política civil, sin intelectuales y sin izquierda.. Construyeron un autoritarismo sin más límites que los propios, basado en un consenso patrimonialista y clientelar, un uso selectivo y oculto de la represión, una combinación de terror fiscal y ayuda social, y un control mediático totalitario. Paralelamente la lógica y racionalidad instrumental y pragmática del imperio se trasladó a la toma de decisiones y a las formas de vida de generales, empresarios, tecnócratas, altos funcionarios: de la capital a las regiones, a las localidades. El triunfo de la ideología neoliberal se comenzó a percibirse en la preponderancia de lo privado sobre lo público, en el egoísmo y la competencia respecto a la solidaridad, en la fuerza del mercado sobre la sociedad, de la subordinación frente a la soberanía y de la ganancia sobre el salario. El pueblo era una construcción estatal que iba reflejando la incultura primitiva de los militares, del fútbol, los chistes, el erotismo, los talk show, los diarios chicha. Las relaciones de poder articulan viejas relaciones que aluden a un terror histórico provocado por el primer genocidio o etnogenocidio inaugural cuando despojan al pueblo indio de sus territorios, de sus potencialidades de poder y de su sistema político, cuando se le impone la propiedad, el trabajo gratuito y la religión católica. Se reconstruye un pueblo bajo relaciones serviles, conformado de modo clasificatorio –racista- que tendrá que recurrir a la rebelión permanentemente para liberarse. Después de innumerables masacres, de constante disciplinamiento, ante una derrota queda una sociedad postradicional que busca un Mesías, que opta por el auto rechazo, una efímera multitud y débil conciencia histórica. Las FF.AA como herramienta de la globalización desatan una política contrainsurgente y de subalternidad como para recordar aquel genocidio germinal.

III. EL GOBIERNO DE LA CORRUPCIÓN. El 16 de septiembre Alberto Fujimori anunció que dejaba la presidencia y desmantelaba el SIN, tras revelaciones de corrupción de Vladimiro Montesinos. El 24 de septiembre, este último abandona el país con rumbo a Panamá –quien lo aceptó por recomendaciones del gobierno norteamericano y de la OEA- y un mes después regresó, hecho que aprovecho el vicepresidente Federico Salas para renunciar pretendiendo así salvarse. Una semana después bajo presión

norteamericana y de su instrumento la OEA Fujimori fracasó al hacer lo propio despidiendo a jefes militares. Ese es el momento cuando comienza a confirmarse la existencia de redes de corrupción y que la expansión mafiosa de los años noventa fue más grande que la de los ochenta con Fernando Belaunde y Alan García Pérez. La expansión neoliberal va de la mano con la de las narcomafias. Montesinos –como ya se comento- por décadas estuvo asociado al narcotráfico. En 1996, el fue acusado por Demetrio Chávez, Vaticano, de recibir 50 mil dólaresmes por dejar pasar drogas. En agosto de 2000 fue descubierto vendiendo armas a las FARC (10 mil rifles AK-47) compradas a Jordania, aparentemente su último negocio oficial. Aquí comienza el protagonismo de los videos, en estas videocintas, que suman más de tres mil, fueron filmados actos de corrupción o chantaje, con la intención de corromper para monopolizar el poder y al mismo tiempo construir un sistema de impunidad, que por lo visto hasta hoy funcionó a la perfección, pues allí se compromete a todos los poderosos del imperio que actuaban enlazados en Perú: la CIA, la embajada de los Estados Unidos, trasnacionales, políticos, empresarios, magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional Electoral, dirigentes de partidos políticos, periodistas, militares, etc. Al parecer no se olvidó de ninguno, Fujimori antes de su huida se encargo de limpiar el prontuario de sus mejores servidores o socios, llevándose a Japón aquellos que comprometen al Ministro de Industria Joy Way, a Martha Chávez, el ex Ministro de economía Camet, Efraín Goldemberg o Pandolfi. Aparecen jefes de la supuesta oposición: del APRA como Agustín Mantilla, del Frente Independiente Moralizador como el Congresista Guido Pennano y Ernesto Gamarra (en un video le están pagando 3 mil dólares por desviar una investigación contra Montesinos), del Partido Popular Cristiano (el mismo de Lourdes Flores) Luis Bedoya de Vivanco y Rafael Rey. Ahora también se conoce que la mafia tenía infiltrados en la oposición desde que comenzaron a gobernar. Recientemente se sabe por que miembros del gabinete como Joy Way fueron excluidos de los videos. Él dirigía una mafia -seguramente hoy transformada en empresas- fungiendo como Agregado Comercial sin serlo, en la que estaban involucrados el Embajador en China Roberto Villarán Koechlin, el canciller Efraín Goldemberg, el Consejero Comercial Andrés Chong y algunos militares. Los negocios incluían aviones, repuestos, ferrocarriles, arroz, medicinas, maquinaria agrícola y servicios. Diplomáticos en negocios particulares a través de legaciones peruanas, un Presidente haciendo compras militares. Eran una cadena de mafias. Por ejemplo, otra era la relacionada con provisiones a las Fuerzas Armadas y el uso de los fondos de la Caja de Pensiones Militar Policial. Ella fue operada por Alberto Venero, testaferro de Montesinos-Fujimori. Venero admitió en sus confesiones ante el Poder Judicial que le pagaba comisiones a Montesinos por el manejo de la Caja, adquisición de armas, uniformes, chalecos, helicópteros. Desde 1995 Montesinos y Venero, aprovecharon del conflicto con Ecuador –parcialmente fraguadopara crear empresas fachada para abastecer a las FF.AA. Desde aviones hasta uniformes, misiles y equipos de comunicación, calculándose que se embolsaron más de 100 millones de dólares. Con los videos no quedan dudas de dos viejas dudas respecto a la honorabilidad de Fujimori y acerca de cuando comenzaron a operar. La dupla MontesinosPresidente comenzó a actuar delictivamente, a aprender e interactuar con otras mafias, antes de que el segundo llegue a la Presidencia. Ya al mando de la nación incorporan a elementos de la cúpula militar. Construyeron una corte palaciega que evitaba las críticas y silenciaba por las buenas o las malas a quienes disentían. Actuaban defendiendo desde los mini crímenes contra personalidades o simples personas como los de dos agentes de inteligencia militar o algunos

periodistas o políticos hasta los miles de asesinatos, desapariciones y torturas. Ellos felicitaban, posaban, defendían sus actuaciones con discursos inverosímiles, recibían mensajes por beeper para votar, se burlaban, acusaban de apologistas de terrorismo a los opositores, sostenían la autonomía de los poderes del Estado, la vigencia del Estado de Derecho. Igualmente cuando fue descubierta la mafia los siguieron defendiendo. Y los miembros de la mafia que iban apareciendo en los videos sostenían en los juicios que su riqueza era producto de herencias, negocios lícitos, que no sabían quien pagaba los salarios –sí Montesinos o por nómina-. Para apreciar los viejos sueños de enriquecimiento ilícito de Fujimori, recordemos que en 1990 los hermanos Fujimori junto a Rodolfo Matsuda, Augusto Miyagusuko y Absalón Vásquez, recogiendo enseñanzas de la izquierda formaron la ONG Apenkai para administrar las donaciones del Japón. Después del golpe Manuel y Augusto Miyagusuko fueron nombrados presidente y gerente de la Compañía Popular y Porvenir, la más importante empresa paraestatal de seguros, que por disposición gubernamental monopolizaba el aseguramiento de todas las empresas estatales. La empresa aseguró helicópteros del Ejército, mismo que escogió a la empresa Debrett (de Benavides y Crousillat) para reponer los helicópteros bielorusos, comprados usados,y no entregados por cerca de 5 millones de dólares. Acusado el general Hermoza por Miyagusuko de recibir comisiones de Debrett, aquel anuló los contratos de seguros. Tiempo después, el mismo Miyagusuko compró 1,689 has en Chavimochic (cuyo presidente era Rodolfo Matsuda Matsomura miembro de Apenkai, la ONG de Fujimori) por 2’300,000 dólares, de las cuales 800 Has. serían de SIGMA empresa proveedora de Popular y Porvenir. En dos años 1995-96 Popular y Porvenir cobraba 15 millones de dólares por el seguro de setenta naves y contrataba a Alejandro Saona, quien al mismo tiempo subcontrataba a Llosyd’s de Londres por la mitad, siendo la diferencia para Hermoza y Saona. El Gobierno nunca investigó estos hechos. El hecho más escandaloso fue cuando el Capital Gustavo Cestí acusó por el pagó indebido de una póliza de seguros al ejército por un millón 50 mil dólares. Por lo cual purgó una condena de 4 años. La corrupción tuvo continuidad con la mafia de Alan García, lo que muestra que los altos jefes militares acumulaban conocimientos y eran transgeneracionales. Pronto sabremos más sobre una empresa que opero con Alan García y después prosiguió con los negocios, nos referimos a Sergio Siragusa tras el cambio de Gobierno continuo con los negocios. Con Alan García pagó sobornos para la construcción del tren eléctrico. Con Fujimori continuaron los negocios relativos al tren eléctrico. Luego a través de otra firma, la empresa PROCRE –cuyo asesor legal era Javier Corrochano- pagó sobornos a los almirantes y contralmirantes de la Marina de Guerra para obtener el contrato de los misiles otomat y cañones Oto Melara. Sobre la base de estas experiencias desde el mismísimo 1991, Montesinos, junto al comandante Jorge Wittembury y Javier Corrochano, montaron una red que monopolizaba la compra de armas y la renovación de material bélico: compraron aviones MIG, helicópteros a Nicaragua, repotenciaron tanques y renovaron submarinos. Una verdadera mina de oro comparado con el robo de donaciones. Desde 1992 ya tenían constituidas por lo menos 15 empresas que centralizaban todas las adquisiciones, compartiendo ganancias con las familias oligárquicas Oscar y Enrique Benavides, Moshe Rotschild y José Luis y Cesar Crousillat. Mientras Moshe Rotshild ya vendía aviones Antonov usados, en ese mismo año aparece Alexandre Grolchetski asumiendo la misma actitud y le colocan como introductores al inefable Corrochano como asesor y al ex General Juan Carrera, quienes lo llevaron al Palacio a platicar con Fujimori para concertar la negociación que consistiría en una fraguada donación de dos aviones, al mismo tiempo que Carrochano y Carrera se apropiaban de otros tres. Esta estafa llegó al Poder Judicial y nada ocurrió. El 28 de septiembre de 1995 se creó la empresa W21

Intertechnique por Moshe Rotshild, representando a la Bielorrusia Beltekhexport, para cuatro días después, ofertar 18 aviones MIG-25 y mísiles por 762 millones de dólares. El ministro de Defensa, general Malca era el operador, y en 1996 se compraron 14 aviones Sukhoi-25 y 12 MIG-29, todos usados e inservibles, pero que produjeron una inmensa comisión de por lo menos 19 millones de dólares. En marzo de 1998 la Marina de Guerra del Perú por licitación privada gastó casi 22 millones de dólares en la remotorización de dos corbetas misileras con un sobreprecio calculado en más de 9 millones. La corrupción fue diseñada con una estrategia de guerra, cada vez de modo más sistemático. Todo el tinglado lo fueron preparando minuciosamente desde el 5 de abril de 1992, cuando fue cerrado el Parlamento, disuelto y declarado en reorganización el Poder Judicial. Blanca Nélida Colán fue nombrada Fiscal de la Nación tres días después, como una trinchera jurídica. De hecho cuando surgieron las primeras denuncias sobre apropiación de donaciones internacionales, sobre el Grupo Colina y el narcotráfico esta mujer se encargaba de impedir la investigación. Un Comité integrado por el hermano de Fujimori –Santiago, después dedicado al tráfico legal (Alberto dio las leyes para que así sea) e ilegal de vehículos japoneses desde Chile-, por Moisés Pantoja, presidente de la Corte Suprema y Montesinos calificaba a los nuevos funcionarios del Poder Judicial. En 1993, con fondos provenientes del narcotráfico fundan empresas de testaferros de la mafia en Panamá y otros lugares, con el objeto de blanquear dinero y al año siguiente comienzan a operar con cuentas en el banco Wiese y sus funcionarios actúan como administradores financieros de la banda. Paralelamente los ingresos de las privatizaciones que no se podían gastar en inversión de acuerdo a las previsiones del FMI, se comienzan a gastar con decretos supremos de urgencia y de total secritud, excepto para el FMI que de controladores terminaron como encubridores y los ministros de economía que administraban las privatizaciones. Las operaciones de privatización, de gasto en armas, de gasto social y el trato a la deuda, comprometen aparte de la mafia, a militares, empresarios, tecnócratas, altos funcionarios, vendedores y mafias internacionales en una cadena que potenciaba enormemente los ingresos. En noviembre de 2000 de 8,825 millones de dólares ingresados oficialmente por privatizaciones –se presume que en realidad se obtuvo 15 mil millones, de los cuales el fisco sólo ingresó 5,920 millones- solo había 265 mil dólares en el Banco Central y 1,900 depositados en la banca Suiza. Los fondos del Fondo de Fomento a la Vivienda se usaron para gastos sociales –en la realidad políticos y de campaña-en los que estuvieron implicados ministros y empresarios. Desde 1992 también vieron la posibilidad de hacer negocios con la deuda, con su renegociación y con las reservas del país. Entre 1994-1997 se dan acuerdos secretos que habrían quedado archivados en el Banco de la Nación. En la compra de papeles de la deuda peruana, el gobierno encargó al Swiss Bank comprar a los tenedores por un monto de 1,200 millones de dólares a un 42% del valor cuando éstos estaban a 15%, después se incluyeron en la renegociación Brady a 70% de su valor. En sólo esta operación se embolsaron 290 millones. En la renegociación conocida como Plan Brady se incluyeron otras deudas como el pago de los buques Pachitea y Mantaro, 42 millones de sobrepago que aún estaban en litigio por actos de corrupción del año 1983, incluyendo intereses y moras. Asimismo, las deudas Ferrostal y AIG pagadas a cambio de camisones. En el primer caso se trataba de 180 millones no pagados de un adeudo por la compra de submarinos y que fueron incorporados a la deuda. En el caso de AIG había 10 millones de dólares de recompensa por lograr el pago de una deuda, que después apareció en el Plan Brady. En 1996 dentro del programa de recompra con la banca privada internacional, se acuerda incluir la deuda rusa con un valor mucho más bajo, se

pagó al 12%, que era un precio excesivo. Se calcula que Fujimori y sus socios se embolsaron unos 100 millones de dólares. También se investiga los inmensos recursos obtenidos con la privatización, son 8 mil millones de dólares y sus intereses. Algunos piensan que la mitad se gasto en regalar alimentos y el resto en campañas electorales y simple apropiación. Se han encontrado cuentas en Panamá, Suiza, Lima, Estados Unidos y se vienen investigando otras en Singapur, Japón, etc. Los datos cada vez son más abundantes sobre las actividades gansteriles de esta banda. En el presupuesto del 2000 el 11% eran para defensa y 10% para el Ministerio del Interior. Estos porcentajes sumados al presupuesto del SIN y “otros gastos corrientes” superan fácilmente el 30% del presupuesto del país, el cual fue gastado a discreción. Los vínculos con el narcotráfico son aún más oscuros, no obstante que el narcotraficante Demetrio Chávez, El Vaticano, declaró en 1996 que había pagado 50 mil dólares mensuales durante cinco años, lo que equivale a 3 mil millones de dólares. A ello hay que sumar los ingresos propios como los obtenidos usando el mismísimo avión presidencial que en 1996 lo encontraron con 174 Kg de cocaína. Hay cálculos de por lo menos cuatro narcovuelos al año. Dos buques de la armada peruana: Matarani e Ilo, fueron descubiertos en Europa con grandes cantidades de cocaína. En pocas palabras, todas las FFAA estaban involucradas en el narcotráfico. Con esta escasa información es aún difícil decir cual fue lo medular de la corrupción. Para Diego García Sayán, ministro de Justicia del gobierno transitorio de Paniagua, fue el tráfico de armas, es decir, la compra de armas subvaluadas. Calcula que el 25 o 30% de las exportaciones de un año, alrededor de 1,500 millones de dólares, se gastaban en ello. Solamente la pura comisión en la compra de los MIG29 se calcula en 400 millones. La mafia trabajaba con un grupo de testaferros haciendo movimientos financieros en el banco Wiese, el Banco de Crédito, Interbank de México, bancos de Bolivia, Miami, Nueva York, bancos suizos y en los paraísos fiscales del Caribe. En la Caja de Pensiones Militar Policial estaba articulada al Banco de Comercio a través de FINSUR que triangulaba las sucias operaciones relacionadas con la venta de armas; las dos últimas propiedad de la primera. El testaferro de MontesinosFujimori era Juan Valencia, agente del SIN, director de FINSUR y con un puesto en La Caja. También estaba asociado a Popular y Porvenir que aseguraba el 90% de los seguros del Gobierno. La Caja realizó operaciones fraudulentas en la compra de acciones a Financiera del Sur y la cadena de hoteles “Las Américas”. Por esas entidades pasaban los productos del narcotráfico, chantaje, tráfico de influencias y beneficios por la venta de armas. La Comisión Waisman en febrero del 2001 estaba investigando a más de 300 presuntos implicados en las fechorías. Alan García dejó una deuda por 20 mil millones de dólares que en una década Fujimori la llevó hasta los 35 mil millones, no obstante haber pagado 12 mil millones en esos años. El fiscal especial, José Ugaz, presentó el 9 de abril de 2001 una acusación constitucional contra Fujimori por delitos de rebelión, asociación para delinquir y fraude al Tesoro Público. Se sabe que la banda utilizó los métodos mediáticos de punta para hacer triangulaciones para el uso del Tesoro Público, incluyendo movimientos financieros virtuales con la asesoría de las mafias internacionales del narcotráfico, de Colombia, de la Argentina o de Rusia. Por lo menos hizo un viaje al año al Japón donde Aritomi, el embajador del Perú en ese país le llevaba las cuentas, además de diez viajes internacionales por año a otros países a recoger fondos que nunca llegaron. Uno de los críticos más mordaces del “Presidente”, como lo llamaba, es el periodista César Hildebrandt, quien sintetiza duramente lo que fue este régimen bestial y sin doctrina; que, por lo que

considera, ni siquiera mereció llamarse neoliberal: inauguraba escuelas en las que se había robado con el cemento, prometía obras que no podía hacer, condecoraba a los pandilleros de uniforme con los que había organizado la sobre valuación de la chatarra con la que repondríamos el material caído en la guerra que perdimos y fingimos ganar (N de R: se refiere a la guerra con Ecuador). Y por la noche, los domingos, ejercía el arte de mentir en TV con su mejor sonrisa de costado: todo estaba bien, la pobreza había sido casi eliminada, las Fuerzas Armadas depuradas, Montesinos era un patriota, los congresistas de la oposición habían comprendido por fin y por eso cambiaban de tienda..... Sus embajadores no eran tales sino agentes de sus negocios y testaferros de sus triangulaciones sino agentes de sus negocios en la banca no auditada. Sus generales –todos derrotados- eran proveedores de plata negra. Su experto en seguridad nacional era un agente de la CIA. Su cura favorito era un fascista fascinado por la idea de pisotear los derechos humanos. Su jefe del ejército daba órdenes al grupo de asesinos llamado “Colina”. La prensa que degustaba era la que había comprado su mayor secuaz. La TV que lo hacía llorar de la emoción era la que sus esbirros expropiaron de facto y a empellones. Sus enemigos, empalados en la prensa basura que él mismo financiaba, eran los que se habían atrevido a decirle no. Y nadie podía estar fuera de ese libreto gigantesco. Por eso perdimos el Tribunal Constitucional (abolido), la poca autonomía del poder judicial (arrasada). El contrapeso del Congreso (hecho madero de milicos), el control del Consejo Nacional de la Magistratura(convertido en oficina de subasta de sentencia), la dignidad de la Fiscalía de la Nación (devenida burdel donde una madame hacía lo que Montesinos ordenaba y más, por sí acaso). Y perdimos a las Fuerzas Armadas, con las que el “asesor” trapeaba el piso y robaba para él y su jefe. Y perdimos la guerra del 95. Y la guerra contra el desempleo. Y perdimos el cielo: mirarlo. Este fue el Perú durante una década. No obstante, estamos hablando del mundo interno, lo que los videos y los valiosos periodistas críticos de investigación hicieron visible, de lo que ocurría al interior del Perú. Falta mucho que decir sobre los lazos con las mafias internacionales y el poder mundial. Esbocemos algunos planteamientos. La producción y distribución de drogas, la compra de armas y los negociados privatizadores siguen el esquema de poder colonial. Con relación a las drogas, en la América Andina los campesinos pobres reciben porciones ínfimas de los ingresos, mientras que en el centro imperial –las metrópolis del capitalismo avanzado- las mafias de narcotraficantes ligados al capital financiero se quedan con más de 90% de los ingresos. En varios países andinos han manejado los resortes fundamentales del Estado y fingen proyectos para erradicar los cultivos y luego ser certificados por quienes son los consumidores e inversionistas de las grandes ganancias. Esta probado que las operaciones de blanqueo no pueden hacerse sin la complicidad o aceptación del sistema bancario y organizaciones financieras del centro con tentáculos en la periferia. Un caso probadamente documentado por blanqueo de dinero es el del Banco Internacional American Express, de los Estados Unidos, con presencia en Islas Caimán. En el otro lado de la cadena se encuentra el caso de Interbank, privatizado en 1994 a favor de Darby Overseas, consorcio domiciliado en Islas Caimán, creado por Mr. Brady (el mismo ex secretario del Tesoro de George Busch) y Mr. Hollis McLaughlin, jefe de asesores de la Presidencia. El responsable de Interbank en Perú era nada menos que el ministro de Economía de Fernando Belaunde: Mr. Carlos Pastor. Existen videos en los que asoma la presencia imperialista en toda su dimensión de rapiña. En uno aparece un vocal supremo recibiendo instrucciones de

Montesinos para favorecer a una trasnacional norteamericana en un conflicto legal con otra francesa, argumentando que el embajador norteamericano en Perú está preocupado por el asunto y explicando la necesidad del apoyo de Estados Unidos en el conflicto con Ecuador. Se trataba nada menos que del yacimiento de oro más grande del mundo: Yanacocha-Buenaventura. Inclusive el embajador francés protestó duramente por la injerencia diplomática norteamericana en el asunto. Existen cálculos acerca de las ganancias mundiales de los múltiples negocios encadenados entre sí, controlados por redes mafiosas más o menos estables, como son: tráfico de armas, protección, secuestro, tráfico de influencias, contrabando, tráfico de emigrantes internacionales, prostitución, juego clandestino, divisas, materiales nucleares, etc. Si a estas actividades les agregamos las ganancias legales derivadas de las ilegales las ganancias en 1997 se estiman en más de tres billones de dólares, cifra equivalente a 10% del producto bruto mundial. Las mafias internacionales conforman una burguesía trasnacional integrada por funcionarios internacionales, jefes de Estado, grandes empresarios, jefes militares, asesorados por expertos financieros; sin embargo, aunque parezca a la inversa, los estados mayores de estas mafias tienen su origen en el centro del imperio. Igualmente, los “paraísos financieros” donde se crean empresas y se anudan negocios ilegales, dependen de fuerzas internacionales globales legales y son funcionales a los círculos globales de poder. Jean Ziegler sostiene que las prácticas delictivas de los parásitos financieros constituyen la etapa superior del capitalismo marcada por la hiperbolización de los beneficios a velocidad vertiginosa lo que tiene su base en la financierización del mundo empresario y en la desregulación generalizada, la pérdida de soberanía estatal y la depredación social. En resumen, la constitución de la mafia peruana que nace en las Fuerzas Armadas se inscribe en una cadena asociada al desfalco de la economía del país, que comienza y termina con la compra de armas en los años 1980-2000 y que se inserta en la globalización neoliberal dirigida por Fujimori-Montesinos comenzando con la desviación de fondos originados en las privatizaciones, las renegociaciones de la deuda pública, los negociados en la especulación, hasta el saqueo de los recursos naturales de la periferia del país, incluyendo el último rincón. Una verdadera economía criminal que emerge de un gobierno transformado en administración privada que cuenta con la solidaridad del poder internacional y cada vez más en las microsolidaridades en las regiones y departamentos. A la violencia de las Fuerzas Armadas y de la CIA se une la de mafias y consorcios controlados por los carteles de la droga y la industria armamentista, patrocinados por el FMI y el BM; un sistema oligárquico revitalizado y más centralizado que ya no le interesa la industrialización sino controlar la economía misma junto a las bandas internacionales. El botín se calcula moderadamente en 8 mil millones de dólares distribuidos en comisiones por compra de armas (1,400 millones), licitaciones públicas, privatizaciones (mil millones), extorsiones, coimas, presupuestos clandestinos (mil millones), manejo de la deuda pública(600 millones), narcotráfico(mil 500 millones), poder judicial(150 millones) etc. Esta organización estuvo integrada por unas 200 personas. Vladimiro Montesinos tendría un 20%(800 millones); Alberto Fujimori y hermanos (junto a los Aritomi y Miyagusuko) solo en bienes acumularon un 10% (410 millones, que sumado a las cuentas secretas y efectivo podrían llegar al 25%), ministros y funcionarios, comisionistas de obras y compradores de papeles de la deuda otro 20% (800 millones), 40 generales y altos oficiales un 20% más (800 millones).

IV. LAS ELECCIONES EN UN PAÍS RACISTA: LUCHAS SOCIALES Y SUJETOS AUN SUBORDINADOS A LA POLÍTICA ELECTORAL. Las elecciones presidenciales del Perú han tenido cuatro momentos en poco más de un año y sus protagonistas fueron primero Fujimori y Alejandro Toledo, y en el 2001 Toledo y Lourdes Flores, Alan García y Fernando Olivera. En las dos primeras –año 2000- los mencionados contrincantes representaban al capital y al proyecto neoliberal, el primero un dictador y –como ya vimos- mafioso periférico que gobernó con el apoyo directo de Los Estados Unidos, de la CIA, del FMI y del Banco Mundial. Fraudulentamente ganó la primera vuelta en abril y bajo la presión norteamericana, que cuidaba la legitimidad del régimen servil, mientras avanzaba el escrutinio hacia el final se detuvo en cerca de 50% de votos a favor y aceptó entrar a una segunda vuelta el 28 de mayo. Fujimori fue el único candidato adjudicándose un triunfo indiscutible, excepto por un 30% de los votos fueron en blanco o viciados y un millón no votaron no obstante estar bajo penas de onerosas multas en un país muerto de hambre. Es indudable que esas fueron las elecciones contemporáneas más corruptas y fraguadas, violando su propia Constitución de 1993 –como producto del golpe de Estado del año anterior- y después de haber destituido a tres magistrados constitucionales que dictaminaron contra la segunda reelección. En 1996 Absalón Vásquez, emite la ley de interpretación auténtica. A Estados Unidos no le convenía un país inestable con potencialidad de caos cuando preparaba la invasión a Colombia y calificó las elecciones de no legítimas y amenazó con sanciones. Cuando se dieron cuenta que las protestas podrían ser pasajeras en un país sin izquierda organizada Clinton abandonó la crítica y a través de la OEA lo aceptó como democratizador. Después de todo aun mantenía la imagen corroída de “democratizador”, moralizador y de mano dura para lograr la prosperidad y la paz deseadas por todos. Perú es un caso típico del mundo andino y mesoamericano donde la llamada “democracia” no es otra cosa que el voto de las masas inspiradas y coactadas por el autoritarismo e inducidas por los medios masivos controlados por las mafias en el poder, y que ponen en escena el teatro de la democracia. Al parecer nunca termina de quedar del todo claro que las elecciones son controladas por la burguesía y que en la experiencia histórica no ha sido el medio de tomar las decisiones básicas. Se hacen para legitimar al sistema, la política y las acciones de las clases dominantes, dando la apariencia de que los individuos –denominados ciudadanos- tienen el mandato popular; pero además es el medio de canalizar, controlar y limitar la actividad política de las masas populares. Las elecciones ocultan la conflictividad social y las potencialidades de confrontación de clases, escondiendo los poderes activos en aras de la pasividad y lo efímero de la ficticia participación individual, fragmentada y aislada. Al aceptar este tipo de representatividad se acepta el sistema político, es como una consulta de reafirmación del orden establecido. En estos tiempos –más que nunca- los medios controlan y moldean la opinión pública y sólo quienes tengan los recursos para acceder a ellos tendrán posibilidades de ser representantes. Las elecciones en las últimas dos décadas nos muestran que estas relaciones de poder no han cambiado, su carácter evolucionó acercándose cada vez más a una buena dominación y alejándose de lo que podría ser la democracia. En 1980 tres fueron los candidatos principales: Fernando Belaunde por Acción Popular, Luis Bedoya Reyes por el PPC y Armando Villanueva por el APRA. Los dos primeros oligárquicos y básicamente conservadores, más el primero que el segundo. Ganó Belaunde con 54.37% de los votos válidos. La izquierda con cinco candidatos llegó a 14%, la mitad del APRA que quedó en segundo lugar. La buena votación que obtuvo la izquierda en la Constituyente de 1979 (30%) mostró que mientras las

masas se orientaban a la unidad y a la izquierda, en sus representantes ese triunfo desató tal ambición de partidos y candidatos que provocaron su debacle. Un año después la izquierda estaba superatomizada. Unos querían el poder a través de las elecciones y otros por medio de la violencia. Las guerrillas comenzaron y muchos intelectuales iniciaron el éxodo y se alejaron del pueblo auto recluyéndose en las ongs, en los centros de investigación y otros siguieron inscritos en la política oficial. En 1993 hubo elecciones municipales y nuevamente reapareció esa tendencia hacia la izquierda, la revolución en los medios la favorecieron y la IU junto al APRA sumó 62% de los votos. En 1985 ganó Alan García Pérez, representante del APRA obtuvo 45.74% de los votos validamente emitidos, la IU el 21.26%, el CODE con Luis Bedoya, 11.89%. La izquierda perdió identidad y apoyó al APRA oponiéndose cada vez más a Sendero Luimoso, sin embargo la mayor cesión de soberanía a las fuerzas armadas, la crisis económica y la corrupción del este partido y del frente de izquierda orientó a las masas a los candidatos independientes. En 1989 ganó las elecciones municipales en Lima Ricardo Belmont, un independiente de derecha. Y en 1990 en una segunda vuelta obtuvo el triunfo el hasta ese momento con apariencia de independiente: Alberto Fujimori, cuando en la primera vuelta el otro independiente, Vargas Llosa, le había sacado una ventaja de 3%. El triunfo de este delincuente principiante se lo dieron el APRA e Izquierda Unida y eso nunca debemos de olvidar. En 1992 se dio el golpe de Estado y en 1993 se organizó un referéndum para aprobar una nueva Constitución neoliberal que se aprobó con 47.63% de los votos válidos. Allí se aprobó la reelección, un Congreso manejable de 120 miembros, el habeas data para protegerse de la crítica, la pena de muerte a terroristas, la flexibilidad laboral y la renuncia a una política social. En las elecciones al Congreso Constituyente al no presentarse los erráticos APRA e izquierda, ganaron los movimientos creados por Fujimori, Cambio 90/Nueva Mayoría con 49.3% de los votos. En 1995 Fue reelegido Fujimori con 64% de los votos, cuando ya podía manipular la opinión pública sobre la base de un supuesto crecimiento de 13%, cuestionado por la realidad cotidiana y un fraude que nadie se atrevió a poner en duda, al uso de recursos estatales en campaña, a que el candidato de oposición, Javier Pérez de Cuellar era muy exquisito para una población andina que había invadido su país; finalmente la oposición solo quería sobrevivir. En realidad comenzaba una recesión que en el 2000 afectaba a todo el país mostrando el estancamiento y el desempleo en toda su crudeza. La mafia Fujimori-Montesinos había comenzado a despilfarrar para no sobrecalentar la economía. Todos comenzaban a preguntarse qué había ocurrido con los 8,500 millones de dólares de las privatizaciones (producto de la frenética venta de 150 empresas estatales, fundamentalmente exportadoras y de servicios) y otros miles de millones de dólares recibidos como préstamos. Fujimori no respondía al periodismo crítico sino era con inauguraciones de campaña. La cúpula gobernante creó un nuevo seudo movimiento, “Perú 2000”. Los servicios de inteligencia en enero del 2000 ya tenían toda la estrategia y mecanismos electorales aceitados para una campaña corta, para un combate más en la eternización de la mafia: la Dirección Nacional de Operaciones Especiales inició los nuevos operativos de manipulación, los recursos fluían con prontitud, el SIN vigilaba de cerca a la oposición y preparaba ataques a los principales candidatos de oposición a través de los medios, las empresas de opinión y políticos opositores eran silenciados rápidamente. Los apristas camuflados en el fujimorismo como maestros en el arte de la corrupción le recomendaron al ex presidente García que no se presentara como candidato. Dos meses antes de las elecciones del 2000 existían opiniones de intelectuales de la Latín American Studies Association (LASA), Transparencia y el Consejo de

la Prensa Peruana e informes como los del Centro Carter DNI y la Federación Internacional de Derechos Humanos sobre la falta de condiciones para que se realizara un proceso electoral bajo los cánones institucionales de justicia y libertad. Ya era visible la participación de las Fuerzas Armadas en las elecciones, el uso de recursos del Estado en la campaña oficial, el sabotaje y la guerra sucia contra los candidatos de oposición. Desde la interpretación auténtica la contienda era ilegítima. En marzo apareció la falsificación del millón y medio de firmas. Embajadores de la Unión Europea y el Informe de Rebeca Cox del Electoral Reform International Service observaron que no había institucional ni sistema democrático. Las Fuerzas Armadas caminaban sobre una cuerda floja al fraguar un micro golpe de Estado legalmente disfrazado. Descubierta la falsificación, los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) estaban totalmente parcializados y los culpables nunca fueron castigados. El Poder Judicial fue el encargado de nombrar al presidente del JNE y a los presidentes de los 48 Jurados Electorales Especiales. Igualmente estuvieron al servicio de la reelección 30 mil tenientes gobernadores, 200 subprefectos y dos mil gobernadores, todo un ejército del fraude. En campaña electoral crearon el PROFAM, programa que ofrecía terrenos y en el cual se inscribieron 800 mil personas. El 96.1% de las pintas con propaganda correspondían a “Perú, país con futuro” con un diseño asociado a Perú 2000. En todo el país se usaban recursos públicos proelectorales. Una campaña electoral permanente fue intensificada en los últimos seis meses previos a las elecciones, de allí que se calcule un derroche entre 2 y 4 mil millones de dólares del Tesoro Público. El Servicio de Inteligencia Nacional se constituyó en el comando supremo electoral, los altos jefes militares transformaron a las Fuerzas Armadas en un partido. Elaboraban sofisticados planes como el Bermuda, Narval, Octavio, Periodista 1 y 2. En los medios el Estado era el principal anunciante. Recién se supo que el SIN financiaba a una docena de diarios sensacionalistas cuya tarea más que elogiar al presidente era desprestigiar a la oposición. Con todos estos antecedentes los opositores participaron avalando el fraude. El día de las elecciones votaron militares y policías, los miembros de los organismos electorales inducían el voto, se repartían cédulas marcadas o mutiladas, se suplantaban miembros de mesa, en los escrutinios aparecieron diferencias entre el número de electores y votantes; en fin, hicieron lo que daba su imaginación para un fraude electoral. En un balance bastante serio de las elecciones del 2000 se dice que éstas carecieron de las condiciones mínimas para ser consideradas democráticas, libres y justas. Dictamen avalado por organismos internacionales: la OEA, Centro Carter, Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, Federación Internacional de Derechos Humanos, Electoral Reform Internacional Service del Reino Unido; y nacionales: Defensoría del Pueblo, Consejo por la Paz y Transparencia. Afirman que en la historia electoral no ha existido un proceso tan irregular. Califican a la legislación electoral como parcializada, ineficiente y defectuosa y a las autoridades electorales de incompetentes y parcializadas. Fundamentan estas conclusiones en: a) inscripción inconstitucional de la candidatura del presidente Fujimori y problemas en la legislación electoral, b) quiebre de la imparcialidad estatal, uso de bienes públicos, utilización del cargo público, acciones de hostigamiento; c) ausencia de competencia electoral, acceso discriminatorio a los medios de comunicación que estaban al servicio del presidente candidato, ausencia de pluralismo informativo, hostilización y acoso a los candidatos, personeros y observadores; d) incompetencia y parcialidad de la autoridad electoral, en la designación de funcionarios electorales, en la falsificación de firmas para inscribir al Frente Independiente Perú 2000, abdicación del JNE de su atribución de

fiscalización electoral, ausencia de capacitación a los miembros de mesa y a los electores, carencia de un sistema de cómputo eficiente, accesible y confiable. En conclusión, el 28 de mayo de 2000 con la elección del único candidato como presidente terminó una década de engaños cotidianos, pues allí comienza una caída desenfrenada que termina en la renuncia de Fujimori. Después de la segunda vuelta lanzaron un rumor de distracción: que Fujimori renunciaría dejando a Tudela en su cargo; se dijo que Montesinos era amigo de George Busch hijo. La izquierda y otros conciliadores hablaban de apoyo a los democratizadores del gobierno como Fujimori contra Montesinos el autoritario. En general, hubo tácito acuerdo para aceptar la elección de Fujimori, no desconocer a un Congreso ilegítimo e ilegal y no efectuar una reforma profunda de las Fuerzas Armadas. Nuevamente llegó la Misión de Alto Nivel de la OEA, como en 1992 a encubrir los golpes de Estado. En 1992 sin elecciones y en el 2000 con elecciones. Estas comisiones estaban siempre presididas por ex presidentes, 100% pro norteamericanos con garantía de servir a sus intereses. Ahora llegó con una agenda de 29 puntos para democratizar al país, a partir de la instauración de una Comisión Democratizadora oficialista con presencia de la oposición y de la sociedad civil. Al margen del contenido del memorando nadie quiso ver en el una afrenta a la dignidad del pueblo y más bien el gobierno los acusó de ingerencia en asuntos internos. Luego vino la ya conocida “marcha de los cuatro suyos” convocada y encabezada por el candidato Toledo. Allí participaron centrales sindicales, estudiantes, artistas, frentes regionales, gremios, colegios profesionales. Las acciones previas y todo el proceso estuvo circunscrito a la protesta electoral. Apareció la inventiva colectiva y comenzaron a lavar banderas, a fumigar el Palacio de Gobierno, a repartir bolsas de basura con los rostros de los mafiosos mayores: Fujimori-Montesinos. Mientras tanto estos últimos continuaron gobernando como siempre: compraban congresistas por decenas, nombraron a la gansteril Carmen Higaona como contraloría general de la República, ordenaron la detención de Baruch Ivcher, desactivaron al SIN bajo el control de militares y congresistas del régimen, efectuaron algunos cambios en la cúpula militar pero manteniendo su poder, y montaron algunos operativos sicosociales como la persecución de Montesinos por Fujimori, cuando en realidad estaban juntos organizando la huida y la difusión del rumor de golpe, colocando al presidente como la garantía de la democracia, consiguiendo así parar la difusión de los videos. Antes había sorprendido a todos el nombramiento de Federico Salas como Primer Ministro, supuesto crítico que algunos reconocen ahora como viejo infiltrado en la oposición. Aunque más impactante fue cuando el prestigioso historiador Pablo Macera apareció como candidato oficialista al Congreso, comprado por estos delincuentes, en detrimento del respeto que se le tenía como intelectual crítico y radical. Bajo el eficaz slogan de que “con la plata baila el mono”, lo mismo que antes hicieron con el aprista Javier Valle Riestra, que en junio de 1998 fue convocado para el mismo cargo, ocurrió con Federico Salas. No estaríamos lejos de la verdad si asumimos que los apristas que cogobernaron con Fujimori (Absalón Vásquez, Valle Riestra, Mercedes Cabanillas y Luis Alva Castro, entre otros) hayan sido los nexos con el presidente, la OEA y los Estados Unidos, para facilitar y coordinar la vuelta de Alan García y que éste sea quien reciba y disperse los votos orientados a la desconfianza que provocaba Toledo. No olvidemos además que el propio FMIBM necesitan que el Estado sea más protagónico en implementar el neoliberalismo de segunda generación La salida de Montesinos en septiembre significó el principio del derrumbe de un régimen pero el sistema sigue enraizado, a tal grado que los nuevos jefes militares del nuevo gobierno de Valentín Paniagua también tienen compromisos mafiosos; y si decidiese cambiarlos seguramente los aparatos de poder seguirían intactos

aunque compitiendo con los nuevos, quizá más cercanos al próximo presidente. Poco después el gobierno rompió el diálogo auspiciado por la OEA al exigir una amnistía irrestricta para los militares, que debería ser incluida en la Constitución. Anteriormente –en junio de 1995- ya habían amnistiado a los militares ladrones y asesinos, pero lo que venía ocurriendo con el dictador Pinochet a la sazón los impresionó tanto que querían refrendar aquellos acuerdos. El país había quedado en bancarrota. Los fondos estatales estaban llegando a su límite con el flujo irrestricto a través del SIN. Miles de millones de dólares costaba mantenerse en el poder. Incluso se dice que existía una nómina extra para los militares: 3 mil para los generales de brigada, seis mil para los de división y 15 mil para los comandantes generales. América TV de Crousillat y el diario Expreso de Eduardo Calmell del Solar, percibían cada vez más fondos millonarios para la manipulación de la opinión pública, así como los diarios chicha siguen actuando con la libertad que le otorga la pusilanimidad y compromisos de muchos de los políticos que aún hoy gobiernan. En resumen, las elecciones fueron un excelente mecanismo de distracción. Más de diez procesos en una década, mientras los trabajadores eran despedidos, anuló la estabilidad laboral y flexibilizó las relaciones laborales, la mitad de la población vive en la miseria con ingresos promedio de un dólar día. En las últimas elecciones de abril de 2001–primera vuelta-Montesinos siguió manejando sus tentáculos estableciendo relaciones con dos de los principales candidatos: Lourdes Flores Nano y Alan García Pérez. La primera fue una aliada en la oposición y negoció fraudes electorales, como el de Miraflores en elecciones municipales; fue defensora de la fujimorista Martha Hildebradt cuando agredió al periodismo, apoyó a Montesinos en la cesión de Tiwinza a Ecuador, y disputaba con Alan García y Toledo por ser la preferida ante los Estados Unidos. Sobre García hay fuertes presunciones de haber intercambiado con la mafia su candidatura por inmunidad para ambas partes. El racismo y temas afines han estado presentes en las elecciones de la década del miedo. En 1980 un grave error de Vargas Llosa fue menospreciar a la población indígena. Barrantes introdujo en su campaña municipal de 1993 el slogan “un candidato como tú”. En 1995 esa población voto por Fujimori y en 2000 por Toledo, ambos recurrieron a símbolos orientados a un sentido indigenista. En 2001 Toledo fue más agresivo en esta orientación, adoptó poses milenaristas y mesiánicas, proponiendo el Pachacuti (alude a una nueva sociedad) neoliberal, mientras que Alan evitando la polémica retomó las reivindicaciones regionalistas, los subsidios, el banco agrario, y otros programas que en su momento los usó como contrainsurgentes (1985-1990), con buenos resultados, pues mucha gente en ese entonces –como ahora-, no se daba cuenta de las verdaderas intenciones. Llama la atención que el sociólogo Julio Cotler acuse a Eliane Karp de introducir el racismo en el debate electoral, por haber recurrido a los apus (dioses andinos) al Pachacuti y a la crítica a los pitucos limeños para levantar la campaña de su esposo y recrimine a Toledo al punto de amenazarlo con retirarle su apoyo -¿valioso?- y hacer campaña en su contra si este no saca a su esposa del país (sic). Dejando de lado la arrogancia intelectual de Cotler, quisiéramos anotar que no obstante estar en desacuerdo con cualquier neoliberal –a diferencia de este sociólogo- decir que el tema de la identidad y del racismo debe ocultarse o que no debe colocarse en primer plano en una campaña electoral es ignorar la subjetividad profunda y las contradicciones clasificatorias que existen en el país. Quien se quejó de Eliane fue la derecha cuando ésta acusó de pitucos limeños a quienes insultaron a su esposo y los medios –aun fujimontesinistas- que han estado manipulando la lucha contra Toledo y apoyando a García, tuvieron un motivo más para golpear al Cholo. Y entonces, cuando llamamos a Toledo cholo o auquénido de los andes al

parecer Cotler sugiere que debieron callarse, siendo dos palabras agresivamente racistas y de uso cotidiano que designan al indio llegado a la ciudad, generalmente miserable y mal vestido; mientras que si decimos pitucos –que tiene un escaso grado de racismo y más designa una distinción compleja de varios elementos relativos a status-clase y etnia, que incluyen los ingresos, el lugar de vida y también el apellido y el color de la piel, estaríamos introduciendo a una contienda democrática el tema racial. Curiosa coincidencia de los medios pitucos como diario El Comercio asociado al Opus Dei y la revista Caretas con las televisoras y diarios chicha controlados por los fujimontesinistas. Es obvio que a Lourdes Flores le quito votos, como a Mario Vargas Llosa en su momento (1980), el haber menospreciado a los indígenas, pero los motivos por los que perdió puntos Toledo creemos que fueron otros y entonces el regaño de Cotler estuvo de más. La reducción de los votos para Toledo respecto a las encuestas de opinión precedentes deberían explicarse por su neoliberalismo, por sus vínculos cada vez más estrechos con los Estados Unidos y la burguesía trasnacional y por que la gente no quiere más de lo mismo. Sus contradicciones e incapacidad de formular un proyecto propio está a la vista. Pero también esta su silencio frente a una supuesta hija, su inconsistencia y su ambigüedad para aclarar el consumo de drogas que han invadido la juventud peruana y del mundo; sabemos de más que no son temas sustantivos, pero quien hoy por hoy no critica al neoliberalismo esta allanando el terreno para filtrar temas aparentemente irrelevantes en política. Segundo. El papel de la mafia y el poder que aun tiene, ellos a través de los medios –ya mencionado antes- han canalizado su apoyo a García para intercambiar impunidad y castigar a un personaje honesto que va en su lista: Waisman –candidato de Toledo y Presidente de la Comisión del Congreso sobre corrupción-. Nadie aun ha examinado a fondo sobre quiénes, cómo, dónde fraguaron el reingreso de García; ¿por qué la OEA y la Corte Suprema emitieron dictámenes a su favor?¿, ¿Por qué se permitió que inmorales magistrados –sometidos al poder fujimontesinista- den legalidad al perdón?. Tampoco debemos olvidar que Fujimori tuvo a un tercio del electorado en las últimas elecciones de solo hace un año (mientras el APRA solo obtuvo el 1.4%) y que esos votos potenciales debían orientarse a algún lado. La gente del pueblo rechazó a la derecha pituca y muchos de esos votos se fueron para quien aparenta ser de izquierda y antineoliberal, amenazados con ese cuento del voto útil y responsable que no se debe desperdiciar viciándolo o dejándolo en blanco. Parte del pueblo diez años desculturizado, despolitizado y manipulado por la tecnocumbia, los talk show y los cómicos ambulantes cayeron encandilados en brazos de uno de los charlatanes más grandes del siglo XX. García también debe agradecer a la incapacidad de la izquierda –como en 1985- para tener coherencia con su propia prédica parlamentarista. Recurrir a argumentos tan intelectualizados lleva a menospreciar a la prensa chicha que logró la caída de quienes iban en la punta en el 2000, Castañeda y Andrade y fueron pulverizados. Por qué Cotler no nos ayuda a explicarnos más bien los resultados electorales del fujimorismo y el rechazo a la democracia participativa. El saldo electoral en la primera vuelta de las nuevas elecciones le dió solamente 1.7% de los votos, es decir 5 parlamentarios. En la primera vuelta electoral 2001, con menos miedo a las sanciones por no votar, 10% no votó, 11.7% de los electores voto en blanco, mientras que 3.6% lo vició so voto o se equivocó. Más del 25% de la población electoral, más de 2 millones y medio presumiblemente estuvo en desacuerdo con las elecciones.

V. LOS SUJETOS POTENCIALES, LAS GUERRILLAS, LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRESOS POLÍTICOS. La democracia ha existido en el Perú, solo así es posible hablar de su reconstitución o de la redemocratización del Estado y de la vida política institucionalizada del país, como lo hace Aníbal Quijano. Creemos que estamos mezclando la realidad social con las ficciones academicistas; ahora bien, si nos preguntamos ¿qué régimen político existía en el Perú?, siendo consecuentes con los propios escritos de Quijano, diremos que el Estado peruano es producto de la colonialidad del poder y del saber, su existencia es sólo una respuesta a las necesidades internacionales del capital, es un ente que siempre ha carecido de autonomía y soberanía ante el imperialismo, que es y ha sido escasamente representativo y ha usado las elecciones más como instrumento de legitimidad, legalidad y dominación; donde la sociedad no se ha democratizado, la ciudadanía es una farsa al segregar y excluir a la mayoría indígena; donde el Estado de Derecho y la justicia han sido una ficción ante el uso de la violencia objetiva y subjetiva como mecanismo principal de subalternidad. Estamos frente a un Estado donde nunca se han separado lo civil y lo militar y las Fuerzas Armadas son el referente obligado para gobernar, donde la sociedad civil no llegó a consolidarse ante los militares. Perú es una de las sociedades donde las relaciones sociales han estado y están marcadas por la desintegración étnica y geopolítica, por la clasificación racista entre sus habitantes, por la ausencia de un imaginario colectivo, por la conflictividad y odios permanentes, por la desidentidad profunda que alude a una sociedad imaginada. Lo que unifica a este país son las Fuerzas Armadas y símbolos patrióticos alejados de la racionalidad. Hay veces en que brillantes intelectuales son influidos por el debate académico, por los intelectuales oficiales en el medio y no queremos asumir nuestras categorías para examinar una realidad tan inédita como muchas otras. Cuando Quijano establece los rasgos del régimen fujimorista, señala que éstos son: la concentración del control del Estado por una asociación de las Fuerzas Armadas y una tecnocracia política sometida a aquéllas; un aparato militar civil –el SIN- que es el instrumento central de gobierno de esa asociación y mecanismo de terror; destrucción de las instituciones políticas y la construcción de otras como instrumento de control político; control corrupto de los medios; uso discrecional de los recursos del Estado; práctica sistemática del fraude electoral; uso de la violencia por una aparato político de control y desarrollo de una vasta red mafiosa. La mafia contando con la alcahuetería norteamericana (OEA, FMI), crea un régimen dictatorial nuevo e inédito, por su carácter despótico y parafernalia demoliberal, que puso al Estado al servicio del capital trasnacional. Anota, por último, que la OEA está tramada por los mismos intereses que el fujimorismo, de allí su comportamiento. No sabemos a qué institucionalidad democrática se refiere Quijano, veamos lo que ocurrió en los últimos cincuenta años para contradecirlo. ¿O es un periodo muy breve? Este medio siglo nos muestra que así como las instituciones cambiaron radicalmente en esta ominosa década; igual ocurrió desde 1948-1956, presidida por una dictadura militar, que fue “interrumpida” cuando entre 1956-1968 se produjo cierta transición que fue frustrada al interior del ciclo por los militares. Luego el periodo 1968-1980, con dos gobiernos militares con distintos proyectos y donde cada cual cambió totalmente la institucionalidad. En 1979 Perú tiene una nueva Constitución que podría haber modificado la institucionalidad y la vida política si el país no se hubiese militarizado, pues en 1980 comienza una guerra interna con la aparición de Sendero Luminoso que dura casi tres lustros. En los dos primeros los militares tendrán cada vez más la dirección política del país,

a pesar o no de los gobiernos civiles. Podemos afirmar que todos los cambios institucionales de esta década estuvieron asociados a la contrainsurgencia y la presión colonial. Lo que queremos decir es que la historia contemporánea del Perú no está marcada por la desdibujada modernidad y la ilegítima democratización, como dicen varios destacados intelectuales peruanos incluyendo a Quijano, sino por la dominancia de una marcada inestabilidad y conflicto, interrumpida por ciertos tiempos de equilibrio cívico militar. Los mapas institucionales cambiaron constantemente y en ningún momento se pudo hablar de transición democrática. Ése es un invento de intelectuales que colocaban a la teoría por encima de la realidad. Para no ir muy lejos, la elección de un Fujimori sin partido y sin programa, el autogolpe contrainstitucional, la instauración de un régimen neoautoritario, patrimonialista, movimientista y políticamente inclusivo, por las Fuerzas Armadas y el presidente, son una expresión de lo que decimos. Es sintomático que paralelamente al programa de estabilización del FMI y los megashock sin respuesta popular, los gastos en seguridad (contrainsurgencia) y en deuda son los que más crecieron, mientras que los sociales y en acumulación disminuyeron. Los movimientos mediáticos y los tecnócratas reemplazaban a los partidos y los empresarios se incorporaban a la vida política. Las Fuerzas Armadas adquirieron una enorme centralidad al encargárseles dentro de la política oficial parte de la política social –junto al Ministerio de la Presidencia y las ONG’s-, de construcción de infraestructura y las donaciones; se les encarga y ratifica el control militar total del país; mientras que en el nivel extraoficial e ilegal manejan el narcotráfico con la DEA, el contrabando. Los intelectuales no comprendieron –al dedicarse a la pseudoteorización, o sea a la especulación sobre los saberes eurocéntricos y no a la investigación y/o a pensar la sociedad compleja- que el pregonar la modernidad, la institucionalidad, la democracia y la gobernabilidad no son ni lejanamente suficiente. Las reflexiones sobre las clases y la segmentación de los sectores populares y empresariales, los cambios en el poder y su uso, las nuevas formas de dominación y la manipulación de las propias elecciones y de la democracia, son elementos que aún son incomprendidos. Recordamos que un prestigioso psicoanalista peruano para explicarse la supuesta volubilidad electoral del pueblo peruano, alguna vez dijo que todos los peruanos teníamos algo de Alan García, de Fujimori, de Abimael Guzmán. Esto es una simplificación extrema y un facilismo explicativo que no nos dicen nada sobre la desintegración social peruana que va más allá de lo étnico, lo geográfico, la clasificación racista, las desigualdades y tocan los tejidos de todas las configuraciones sociales, a las mismas clases, etnias, géneros, grupos religiosos y políticos, y sus interrelaciones complejas, así como la subjetividad social con todas sus intrincadas dimensiones. Si esbozamos una reflexión acerca de las elecciones de abril de 2000, la explicación psicoanalítica confunde más que aclara. El pueblo no voto por el neoliberal Toledo o el farsante García Pérez por que en ese momento le salió lo Pérez o lo Toledo que todos llevamos dentro o por estupidez o falta de memoria, sino que por ser el voto obligatorio y coercitivo, un segmento del pueblo dio un voto de castigo a los racistas (Lourdes Flores) y el mismo y/u otro apoyó a uno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, al mismo tiempo no queremos reconocer que entre estos votos y los viciados, nulos y en blanco y los que no votaron existe cierta identidad en rechazar el proceso electoral por distintas consideraciones, siendo uno de los factores el hecho de que las opciones mediáticas que son creadas por quienes pueden hacer campaña en las calles y principalmente en los medios se circunscribieron a tres o cuatro de más de diez candidatos? , ninguno de ellos elegidos en eventos o procesos colectivos, en bases

partidarias o de movimientos. No responden a una democracia representativa. De otro lado, otro segmento, que votó por Alan y Toledo es el desculturizado, embrutecido mediaticamente, acostumbrado al intercambio de votos por comida, aterrorizado por el hambre, y al cual estos candidatos se dirigieron como antes lo hicieron otros. Quizá a ellos estaría haciendo alusión nuestro psicoanalista. Pero también votaron por Toledo empresarios, como por Alan sectores de clase media conscientes de que éstos responderán a sus intereses, aunque antes se hayan equivocado. Otro factor es que el viejo poder no ha desaparecido, sigue actuando. Mientras existan las Fuerzas Armadas sin cambios profundos en su conciencia, en sus preferencias sociales y en sus proyectos respecto a la sociedad, en este sentido respecto a las mayorías, el poder neoliberal estará presente y reactualizándose. En un video se puede apreciar un acto de compromiso de alto mando militar con Fujimori, firmando un acta de carácter mafioso, que Pérez de Cuellar apoyó, al no hacer más cambios en la cúpula militar. Igualmente en el Congreso se tenían identificados 38 parlamentarios –de 120- implicados en los videos, aparte de otros tránsfugas menos conocidos y los militantes fujimoristas. La CONFIEP, que agrupa a los grandes empresarios de todos los sectores, muchos de ellos formando una burguesía trasnacional, continúa añorando los tiempos de la acumulación subsidiada. El Poder Judicial ha sufrido algunos cambios pero la estructura de la corrupción no ha sido alterada a fondo. El poder oculto puede ser reactivado por el futuro presidente, sea por su experiencia mafiosa o porque la economía y la política económica seguirán siendo neoliberales. La política fiscal, el presupuesto, las relaciones de la deuda externa, las privatizaciones, la flexibilidad laboral, la autonomía regional y departamental, la tecnoburocracia y los altos salarios de elite, el sistema electoral y de representación, la Constitución, etc. Elementos sistémicos y sujetos que pueden ser los elementos de un nuevo autoritarismo corrupto. En fin, se requiere de una revolución estatal para que pensemos en un nuevo proyecto de país no colonial y donde las relaciones de poder sean profundamente modificadas. Lo que también queremos decir es que si bien hay una izquierda orgánicamente ausente ella está potencialmente presente en amplias multitudes, a la deriva, confusa, sin siquiera candidatos que llenen el vacío de por quién votar. Seguramente hasta sujetos de la derecha habrán pensado en llenar ese espacio. Se impone la necesidad de nuevas formas de hacer política de izquierda y creemos que tendrá que objetivizarse si se crean las condiciones para ello. La izquierda ha venido abandonando ideas y proyectos, liderazgos y ética, en la medida en que se iba involucrando en la política oficial. Las FFAA se les adelantaban en implementarlas haciendo una caricatura de las perspectivas de izquierda. En 1968 hicieron una revolución con reforma agraria, industrial, de las empresas, militar, en fin, en todos los ámbitos de la vida social asumiendo muchas de las propuestas de izquierda, concluyendo con una nueva Constitución. La década de los ochenta fue la de la subversión, de Sendero y el MRTA. Ante ella el APRA y las FFAA nuevamente fueron los que, recuperando los intereses y necesidades populares detectadas por la izquierda y diseñando eficaces medidas contrainsurgentes-populistas quisieron transformar el país creando regiones, oponiéndose a la deuda externa, buscando el crecimiento de las zonas rurales, etc.; y en los 90 estamos frente a una nueva revolución –ahora neoliberaltambién dirigidas por las Fuerzas Armadas. Reformaron de nuevo el Estado, esta vez comenzando con una nueva Constitución. La emergencia de los frentes regionales y la necesidad de gobiernos autónomos son muestra de una política para medir el abandono al que hacíamos referencia y las vicisitudes a la que estuvo expuesta al ser adoptada por la mafia pero caricaturizada, primero por las necesidades contrainsurgentes y después por las

necesidades autoritarias. En efecto, Alan García creó las regiones en las postrimerías de su gobierno, como estructuras territoriales de gran tamaño que finalmente sólo sirvieron para derrochar los escasos presupuestos entre una militancia ávida de mayores ingresos. Fujimori se encargó de disolver los gobiernos regionales y en su lugar estableció los Consejos Transitorios de Administración Regional –CTAR- bajo una presidencia nombrada por el Ejecutivo y la transitoriedad nunca se trasformó en gobiernos electos. Más bien fue un eslabón del hiper centralismo limeño y militar, que junto al Ministerio de la presidencia, al vice Ministerio de Desarrollo Regional, las autoridades políticas departamentales –prefectos-, provinciales y distritales, la Asociación de Municipalidades y un Congreso unicameral por distrito único, con enormes ingresos para paralizar a la oposición, no dejaban resquicios para la autonomía Y la izquierda nunca hizo nada al respecto. Si atendemos a la dinámica de la lucha de clases y de los movimientos sociales esta reivindicación es central en la distribución del poder entre departamentos y regiones y la forja de una democracia. De otro modo no es posible hablar de ciudadanía, de gobernabilidad, de liderazgos y ni de democracia, ni siquiera liberal. En marzo de 2000 se produjo un paro cívico nacional protagonizado por los frentes regionales y los campesinos, que paralelamente realizaron una marcha nacional; acciones precedidas por las jornadas del año anterior, de grandes protestas contra la reelección. Detengamos en este movimiento y la marcha de los cuatro suyos. Los puntos centrales de la plataforma de estos frentes a fines de enero del año 2000 eran: la elección de las autoridades regionales simultáneamente a los comicios generales, presidenciales y parlamentarios; la defensa de la soberanía y del territorio nacional; el cambio de la política económica, rechazo a las privatizaciones y el apoyo a los productores agrarios; por una política social y defensa de los derechos humanos. El 22 de enero de 2000 los frentes de defensa, los frentes patrióticos, comités cívicos y asambleas regionales emitieron un pronunciamiento donde en resumen plantean: 1- Rechazo a la reelección, a la política neoliberal de Fujimori y a las consecuencias sociales de ésta. Contra el atropello de la soberanía e integridad territorial, las privatizaciones, el autoritarismo militarizado, el atropello a las libertades y los derechos ciudadanos y la corrupción generalizada. 2- Denuncian que para imponer fraudulentamente la re-reelección se hace uso indebido de los fondos públicos, se manipulan los programas de emergencia social, chantajeando a los más pobres, hostilizando a líderes sociales y políticos, parametrando a los medios y utilizando a todas las instituciones del Estado en las campañas. A través de las autoridades gubernamentales se manipulan jurados electorales, creando un sistema insolvente y parcializado. 3- Después de estas propuestas políticas democráticas, sintetizan sus demandas en: a) descentralización y autonomía, b) defensa de la soberanía e integridad territorial, c) convocatoria a elección de autoridades de gobiernos regionales autónomos, d) vigencia de libertades y derechos democráticos, e) inversión de recursos públicos en desarrollo regional, f) lucha contra la corrupción, g) generación de empleo y trabajo, h) defensa del patrimonio nacional, del agro y de la propiedad, i) defensa de la vida, del medio ambiente y de la producción frente a la irracional producción minera. 4- Convocan a la población civil a la resistencia y auspician el diálogo con las fuerzas de oposición.

Lo suscriben 17 organizaciones de 16 departamentos (de un total de 25) y en el paro participaron ellos más las organizaciones de los trabajadores, estudiantes, pobladores. Fue un éxito rotundo pero finalmente canalizado como movimiento ciudadano; la autonomía de los movimientos regionales se perdía en la política. Bajo la argucia de que sí bien es cierto que sólo se resuelve lo regional o departamental, las demandas de los trabajadores y los intereses populares, a través de un cambio de gobierno; estas demandas particulares desaparecieron. La marcha de los cuatro suyos, de sindicatos, frentes regionales, universidades, comunidades indígenas, junto a gremios profesionales, clubes de madres, bases partidarias, gente acomodada, desde los cuatro puntos cardinales, multiplicó lo esperado y fue una gran movilización nacional y, sin embargo, expropiaron las demandas populares a favor de una amorfa sociedad civil, de una borrosa e indescriptible ciudadanía. La mejor prueba de lo que afirmamos está en lo que pudimos observar tras la gran marcha. Después de la marcha la población en general quería desahogarse y expresar su repudio al orden social y político, al FMI-BM, a los partidos y movimientos en el poder, a los políticos y tecnócratas, al régimen, al tipo de sociedad excluyente y racista. Y, después de los videos: a los tránsfugas, a las mafias dirigidas por Fujimori-Montesinos, a los militares, al SIN, a los altos funcionarios, a los tecnócratas, y a los medios. Las protestas aparecían en las barriadas, en las universidades, entre las mujeres, los artistas. Tomaron distintos nombres Colectivo Amauta, El Ágora, La Resistencia, Orwell, Colectivo Sociedad Civil, Red Democrática, Frente Democrático Nacional de Mujeres, etc. Un rasgo común será la búsqueda de espacios públicos, la reivindicación de lo colectivo, la relación horizontal, la creatividad, la afinidad de clase o actividad, el multipartidismo. La Resistencia emite un pronunciamiento el 17 de abril del 2001 en el que felicitan el comportamiento de la ciudadanía por haber rechazado el caudillismo y el continuismo mafioso aliado a sectas secretas. Demanda a los dos candidatos que se pronuncien sobre: 1) la ética nacional y la juridicidad, 2) la participación ciudadana en la pública develación acerca de los derechos humanos, 3) rechazan la impunidad de los actos de corrupción, traición a la patria, violación de los derechos humanos y conspiración por los grupos de poder, 4) depuración y reorganización de las deshonradas Fuerzas Armadas y Policiales, 5) eliminación de carteles y monopolios creados bajo la corrupción, y de la intromisión extranjera en la vida política nacional, 6) restablecimiento de una política exterior nacionalista y patriótica, 7) reconocimiento de espacios e instituciones de la sociedad civil y control ciudadano directo, 8) responsabilidad social y cultural de los medios y 9) planificación del desarrollo sostenido sobre la base de un proyecto de país. Son una expresión de que la resistencia al neocolonialismo viene redefiniéndose y adquiriendo continuidad y radicalismo. Se necesitan acciones de lucha democrática desde abajo que comprometan a multitudes de departamentos y regiones. El Frente Patriótico de Loreto decretó la expulsión de la CTAR y del Jefe de la Región Militar sin ningún temor. Los estudiantes universitarios de la Universidad Villareal tomaron la universidad y expulsaron a la Comisión Interventora. Los movimientos regionales, los colectivos ciudadanos y los jóvenes estudiantes concentran la potencialidad rebelde por la dignidad. Sin embargo, creemos que este es el comienzo del destape de una olla a presión sellada por el terror. Los trabajadores querrán recuperar sus derechos perdidos comenzando por el empleo y los salarios; existen movilizaciones de profesores universitarios y del magisterio preuniversitario despedidos por la dictadura. El movimiento popular tiene la necesidad de rearticular a las madres de comedores y del vaso de leche, las demandas de autonomía y recursos del poder local, las protestas de las comunidades nativas y campesinas junto a los cocaleros y la CCP, pobladores

y prestatarios. Recordemos que 54% de los pobladores esta ubicado bajo la línea de pobreza; los segmentos E con un ingreso mensual menor de 60 dólares y el D con menos de 230, han aumentado en la década Fujimori junto a una mayor desigualdad y estancamiento regional. No obstante la democracia hoy no es un problema solamente de los pobres, es un proyecto antagónico al capitalismo; no es solo un problema de elecciones y votos, es un problema del poder. El Colectivo Sociedad Civil mostró mayor radicalidad y defendió principios y neutralidad democrática. Propone que si no hay una consecuente persecución de los crímenes cometidos por la dictadura, se instauraría una democracia sobre bases endebles. De lo que se trata es de modificar el sentido común cultural de la época. Muchos de ellos proponen votar en blanco para anular la segunda vuelta, mientras la población se prepara para un voto responsable y conciente. Por su lado el Colectivo Amauta –este si radical- considera que no están de acuerdo con neoliberalismo que ofrecen ambos candidatos, que la llamada representatividad no existe si la masa y las clases son amorfas, que las promesas incumplidas pueden originar una inusitada violencia y que es necesario reconstruir la historia de los vencidos. Otro frente de lucha que puede renacer es la guerrilla. La captura de líderes de Sendero como Feliciano o Alipio no han significado el fin de la lucha armada, aunque sí su derrota ideológica y política como proyecto gonzalista. Los combates continúan en la región andino-amazónica centro-norte del país. Los diarios peruanos reportan que en los últimos dos años se registran enfrentamientos en Huanuco, Junín, San Martín y Ayacucho. Incluso han atacado helicópteros artillados y a patrullas militares guiadas por rondas campesinas. Se encuentran en Satipo, Valle del Río Apurimac, Valle del Río Ene, Valle del Alto Huallaga. Por algo la AID financió con 13 millones de dólares la nueva base militar para el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de Palmapampa. En un informe de marzo del 2001 la Mesa Nacional sobre Desplazamiento y Afectados por la Violencia Política (MENADES) señala que existe una violencia invisible, focalizada donde la población civil apoya a los subversivos. Cien mil personas involucradas en 351 acciones entre 1995-1999 en esa región muestran que ante las mismas condiciones podría rebrotar la violencia política. El 20% de la población en un 16% del territorio aun están en estado de emergencia. Mientras tanto miles de sospechosos de guerrilleros están condenados en las cárceles peruanas, en un monstruoso e inhumano encierro, solo con la esperanza de que el nuevo presidente les haga justicia. Peor aun, cerca de tres millones de desplazados por el mundo huyendo del hambre esperan que el país cambie, encuentren empleo y salarios dignos. La estrategia fujimorista frente a las luchas sociales fue acabar con los liderazgos en una sociedad que aún se mueve a través de ellos. ¿Cómo le hizo? Manipulando la democracia. El parlamento y las alcaldías –tratando de que la izquierda no pase de ser minoría, pues la mayoría era para sus líderes de movimientos adeptos- fueron colocados como botín, otorgándoles cierta libertad en la fijación de salarios. Absorbió a otros a través de las consultorías y asesorías. Y activó la política de ayuda gubernamental asociando a las miles de ONG’s al Estado. En resumen, les dio el anzuelo de la ambición en un contexto de éxito neoliberal, desatando la competencia entre ellos. En las universidades y escuelas implantó el terror y agredió incluso fiscalmente a artistas e intelectuales. Los otros líderes que seguían actuando por fuera del sistema simplemente eran víctimas del asesinato, la tortura, la desaparición o el exilio. Esta fue la geografía del poder durante una trágica década para el movimiento popular. Daba la impresión de que la derecha de las FFAA había acumulado experiencia, mientras que la izquierda prefirió el olvido y la colaboración. Esta última quedó tan sorprendida de los videos que sólo atinaban a felicitarse por la suerte de no aparecer en ellos. Hasta ahora el analista

de izquierda Martín Tanaka se lamenta que Fujimori dejó pasar “una oportunidad única, extraordinaria, para cambiar la historia”. Carlos Iván Degregori –que fungió como asesor de la contrainsurgencia, justificando su tarea con una crítica irracional a Sendero- afirma que Fujimori hizo “...a su manera una revolución de esperanzas entre 1992 y 1996” y luego menciona la arrolladora victoria de 1995, que el shock de 1992 fue inevitable, y que en 1990 compró el programa antisubversivo de las Fuerzas Armadas. La conclusión antes de abril de 2000 era que gane quien gane se daría una transición democrática sui generis. Mientras que intelectuales como Manuel Manrique, Julio Cotler o Sinesio López, Rodrigo Montoya, entre otros, se martirizan al persistir enrevesadamente para mostrar las dificultades de la transición a la democracia desde la perspectiva de Bobbio, Sartori, Tocqueville, etc, algunos pocos como José Luis Renique, al menos descubren que en 1993 fue difundido por una revista limeña los detalles del Plan Verde, esbozo de una “democracia tutelada de corte fascistoide, de fachada civil y alma militar”, así lo dice o es una metáfora o ¿una antinomia? También descubre una hebra fundamental en la constitución del fujimorismo: “la aceptación pasiva o activa- por parte de grupos críticos de las elites peruanas de la tentación autoritaria representada por Fujimori.” Explicarnos estas situaciones nos conducen al racismo y a la colonialidad del saber. Coincidimos con Quijano en la idea de que la idea de raza es “con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años”, y que como resultado de la dominación colonial moderna aun permanece unida a las necesidades del poder. Con esto queremos decir que la descolonización del saber y la deconstrucción de la dominación debe arraigar en los pueblos indios reindianizados y en sus intelectuales. Desarrollar este proceso requiere luchar por la autonomía de los pueblos indios, que incluye la política e intelectual. Las contradicciones al interior del Estado están agudizándose. Dentro de las Fuerzas Armadas y al interior de los Ministerios correspondientes a la seguridad defensa, interior, etc- los conflictos entre fujimontesinistas e institucionales, entre los activos y los purgados por la mafia, entre conservadores y reformistas. Lo cierto es que el ejecutivo no tiene tela de donde cortar pues las Fuerzas Armadas como institución sirvieron a la corrupción y reformar esta institución implicaría su desaparición. Otra entidad estratégica es el Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene que tomar decisiones frente al Plan Colombia, ante la política rapaz de los Estados Unidos y su máxima expresión el ALCA; tomar posición ante los conflictos internacionales como China-Estados Unidos, o Israel -Palestina o CubaEstados Unidos; enfrentar los problemas mal resueltos de las fronteras con Chile y Ecuador, etc. Y sin embargo también sufrió los estragos de la corrupción y el entreguismo. Cuando vemos panorámicamente lo ocurrido en otras dependencias vitales como el Ministerio de Economía y Finanzas, del Interior, el Poder Judicial, la Fiscalía, la SUNAT e incluso instituciones de la sociedad civil, concluimos en que no es posible pensar la democracia con un Estado así; que aparte de haber sido y seguir siendo excluyente, racista, elitista, autoritario mantiene una naturaleza corrupta. ¿Qué hacer? Reconstruir los tejidos sociales más sanos y críticos, rebeldes y democráticos, para cambiar las relaciones profundas de la sociedad y redistribuir el poder entre todos, manteniendo el poder, la soberanía la autonomía en el pueblo peruano.

POPULISMO DE MERCADO E ILUSIONES CIUDADANAS. LA NUEVA MATRIZ INTERCAMBIOSINDIVIDUO-CONSUMO-EXPORTACION. LA PARTICIPACION COMO ENTRADA TARDIA A LA MODERNIDAD Jorge Rojas Hernández Universidad de Concepción Concepción, Mayo 2001

RESUMEN En Chile se observa en las últimas décadas un profundo cambio de la política y del sistema político, como consecuencias de las transformaciones económicas, sociales y culturales. Este cambio se manifiesta en síntomas de crisis de representación, abandono de paradigmas reformistas y sometimiento a la economía. El mercado ha impuesto una nueva matriz política basada en los intercambios, el individualismo, el exitismo personal y el apoliticismo. Los partidos de izquierda se han desvinculado de sus antiguos lazos sociales y utopías, asumiendo principios liberales de baja regulación e intervención estatal y fe desmedida en la iniciativa del capital privado. Paralelamente los individuos se han convertido, culturalmente, en ciudadanos consumidores, desinteresados en la política, de fuerte comportamiento pragmático. Sólo esperan de la política y del gobierno, soluciones a sus demandas por trabajo y acceso al consumo y bienestar individual, perdiendo progresivamente el referente de pertenencia y responsabilidad social. Por otra parte, el adelgazamiento del Estado, priva a éste de los necesarios recursos para satisfacer las enormes necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos, con lo que se genera una frustración y rápido desencanto político, el que es aprovechado por nuevas corrientes populistas de ultraderecha, que prometen demagógicamente superar los problemas de pobreza y desempleo de la población. La consolidación de la democracia necesita de partidos políticos que asuman seriamente los nuevos problemas que afectan a las personas y a la sociedad: pobreza, deterioro del medio ambiente y de la calidad de vida, déficit de acceso a la educación y salud, discriminación étnica y juvenil. En fin, reclamos por participación ciudadana, que deben ser considerados como parte consubstancial del avance en el proceso de autocercioramiento moderno.

Introducción Las últimas elecciones presidenciales chilenas fueron testigos del surgimiento de un nuevo fenómeno político: el resurgimiento de la derecha política gracias a la ayuda del populismo. Por lo demás se trata de un fenómeno internacional, cuya manifestación más reciente se ha dado en Austria, con la llegada al gobierno de Jôrg Haidar, generando fuertes preocupaciones y reacciones en los gobiernos de la

Unión Europea, debido a sus políticas xenófobas, racistas y autoritarias. Finalmente las presiones europeas lo obligaron a retirarse del gobierno y a refugiarse en su provincia. En América Latina también se observan fenómenos similares: el caso del ex -Presidente Fujimori en Perú, de Fox en México, de Chávez en Venezuela, si bien éste último aparece más catalogado como un populismo de izquierda. El populismo surge toda vez que las formas tradicionales de hacer política entran en crisis o experimentan graves problemas de legitimación o credibilidad en la población. La crisis de credibilidad puede estar basada en la ineficacia de la política tradicional para solucionar los problemas de la población, en la existencia generalizada de corrupción política, en la transformación valórica o conductual de la sociedad descolocando o haciendo obsoleta el accionar de la política. El populismo, por lo tanto, implica un intento de relegitimización de la política, aunque paradojalmente, negando la política. En el caso del proyecto conservador de populismo - que nos concierne en el presente artículo - la derecha puede apelar al populismo cuando su proyecto liberal ha fracasado y ha sido sustituido por el autoritarismo, por una dictadura militar por ejemplo, como sucedió en Chile. Esta tendencia puede reforzarse precisamente cuando la propia izquierda abandona su proyecto social histórico (para no ser tildada de populista o de socialista) y asume las banderas del liberalismo económico. También es el caso de la experiencia chilena, como lo veremos. Las últimas elecciones presidenciales en Chile fueron el escenario del surgimiento de un populismo de ultraderecha encabezado por el candidato de la Alianza Por Chile, Joaquín Lavín y respaldado especialmente por el partido Unión Democrática Independiente, UDI, heredero privilegiado del Pinochetismo. El Partido de Renovación Nacional, socio estratégico de la UDI en la Alianza, terminó por subordinar su proyecto liberal al viejo proyecto ‘gremialista’ integrista del desaparecido líder de derecha Jaime Guzmán, para quien el sistema democrático no sería compatible con la existencia de un pueblo pobre. Las elecciones presidenciales provocaron bastante confusión sobre los contenidos programáticos de las candidaturas principales, de Ricardo Lagos y Joaquín Lavin. En efecto, los propios dirigentes responsables de las campañas, particularmente de Ricardo Lagos, sostuvieron - y lo siguen sosteniendo públicamente aún - la coincidencia programática entre ambos candidatos. Ello no sólo se refería a la mantención general de la política económica, sino que también con relación a los problemas que afectan a la sociedad chilena, necesarios de enfrentar de manera prioritaria. Esta desacostumbrada - aunque crecientemente argumentada - igualación de derecha, izquierda y centro, es el síntoma más claro de la crisis que actualmente está experimentado la política. La izquierda descubre la importancia del mercado y con ello, relativiza la importancia de lo social, de la regulación y de la intervención estatal; mientras la derecha, dueña absoluta del capital y de los asuntos económicos gracias a las privatizaciones, pero deslegitimada políticamente, se vuelve populista, protectora del pueblo abandonado por el mercado, para de esta manera recuperar el poder político. Sin embargo, resulta profundamente erróneo, más allá de las coincidencias de lenguaje o de propósitos declarados, homologar la derecha con la izquierda o con el centro; ello significa declarar el fin de la política, del progreso y la imposibilidad de toda transformación de la sociedad. Afortunadamente ello no es real, no refleja los problemas ni aspiraciones de la población. Que la Concertación por la democracia de Lagos y La Alianza por Chile de Lavín hablasen de los mismos problemas que afectarían al país y, que al mismo tiempo se propusieran resolverlos, no significa que piensen lo mismo ni mucho menos que propongan soluciones idénticas. Tampoco significa que resolverán realmente los problemas

reales si no los atacan en sus causas y raíces más profundas. Esto ultimo es válido para ambas candidaturas. Siempre hay, en el trasfondo no declarado no visible, proyectos distintos de sociedades en las diferentes alternativas políticas. Ahora, Ricardo Lagos es Presidente de Chile y veremos también cómo le ha ido en su primer año de gobierno. Populismo de derecha: el fenómeno Lavín Lavín se parece mucho a los predicadores modernos que vienen a comunicar las “nuevas” al pueblo abandonado, pobre, inseguro y desesperado… Esta posesionado de un profundo sentido misionero, capaz de resolver de una manera casi mágica o milagrosa los complejos problemas que afectan al pueblo. Su pertenencia al Opus Dei le proporciona los elementos religiosos para jugar este papel, incluso para aceptar la derrota electoral como algo “querido por Dios”, como lo declaró solemnemente la noche en que se conoció el resultado de las elecciones: “Hemos contribuido al reencuentro de los chilenos. Me quedo tranquilo y feliz de haberle hecho al país una gran contribución. Les ofrecí a los chilenos una nueva forma de gobernar, de servir. Estoy convencido que los millones de chilenos que me dieron su respaldo lo hicieron porque comprendieron que yo representaba una nueva forma de hacer política. “Quiero decir que el sueño de este país distinto, en que trabajemos con los más pobres, sin divisiones políticas, no termina hoy día. Hoy se abren esas puertas. Más aún, estoy convencido que el mensaje del cambio ya se ha hecho sentir. Que lo sepa Ricardo Lagos: él y Chile podrán contar siempre conmigo. Estoy a su disposición, se lo dije personalmente, para luchar por superar los problemas reales de la gente, para ganarle a la delincuencia, para derrotar el desempleo, para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, de verdad, sin las mezquindades de la política pequeña, sin cuestionar nuestros consensos en nuestro sistema político, en nuestro sistema económico. Estoy a su disposición también para trabajar por la unidad de los chilenos. “Por mi parte quiero que sepan, que desde donde esté me mantendré fiel al mensaje del cambio que quise transmitirles a los chilenos. Termino esta jornada con la tranquilidad de saber que hice todo lo posible, que di todo de mí en esta campaña. Soy un hombre de fe. Dios sabe por qué hace las cosas…(discurso de Lavín de reconocimiento de su derrota y de agradecimiento a sus partidarios, El Mercurio, 17.01.2000) Probablemente no es el único político con vocación misional, pero sí uno autoconvencido de inaugurar una nueva forma de hacer política..., la política orientada a “solucionar los problemas de la gente”. Lavín prometió durante la campaña presidencial solucionar todos los problemas de la gente. ¿Por qué obtuvo la derecha una alta votación, cerca de un 50%? Las causas que explican este fenómeno se pueden encontrar en las siguientes razones: 1. Profundo malestar social. La sociedad chilena postdictatorial ha acumulado un conjunto importante de insatisfacciones económicas, sociales, políticas y culturales; muchas de ellas provenían ciertamente de los 17 años de dictadura militar, sin aún haber sido superadas en la transición a la democracia de los gobiernos encabezados por Aylwin y Frei. (Rojas, 2000: 32-43). El malestar es muy amplio y variado, pero puede sintetizarse en el sentimiento de frustración e inseguridad que asiste a muchos chilenos, al ver por un lado la riqueza y privilegios ilimitados que acumula una minoría social dominante, prepotente y egoísta y, por el otro,

a una mayoría ciudadana de escasos o nulos derechos, sin salud, con mala educación, trabajo precario e inseguro, bajos ingresos, mala calidad de vida y, en general, nula injerencia en los asuntos de su comunidad. A ello es necesario agregar el aumento creciente de las expectativas individuales de progreso, en una sociedad bombardeada permanentemente por el marketing, que incita a consumir ilimitadamente todo tipo de producto, que ofrece una infinidad de cartas de crédito, compras contra pagos a futuro, mientras al mismo tiempo el ciudadano común y corriente se percata que sus recursos no le alcanzan o simplemente pierde el empleo o repentinamente le rebajan el sueldo o le sucede una desgracia inesperada que no está en condiciones de enfrentar económicamente. 2. El sentimiento de desprotección, inseguridad y pérdida de sentido existencial. En una sociedad, escasamente regulada e insegura como la chilena, todo es posible, cualquier cosa puede suceder y pocos o casi nadie está lo suficientemente preparado o protegido para salir bien parado. De hecho, diariamente suceden desgracias: accidentes, muertes, enfermedades, despidos, locuras, endeudamientos crónicos, engaños, estafas, caídas bruscas del poder adquisitivo, golpes de suerte, decepciones de todo tipo, ataques de pánico, incomunicaciones, depresiones, suplantación de identidad, etc. Los diarios y noticiarios están repletos de este tipo de infortunios, es como si la población los esperara con ansias, para sentirse menos solos, para no considerar su ‘destino’ como una fatalidad o mal individual. De esta manera, el chileno se acostumbra día a día a la fragilidad y vulnerabilidad de la vida. Paradojalmente la esperanza de vida de la población se prolonga en años, alcanzando niveles de país desarrollado, mientras que resulta más fácil y azaroso morir, muerto por la policía en un enfrentamiento con delincuentes, apuñalado en una discoteque o a la salida del colegio, tocado por una balacera entre bandas rivales. Emblemático es el caso del joven estudiante de la Universidad de Concepción, Jorge Matute John, desaparecido misteriosamente de una discoteca hace más de un año, tragedia dolorosa que ha conmovido y conmueve aún profundamente, a sus familiares, amigos y a la comunidad local y nacional. Al parecer la vida ha perdido sentido, en medio del consumo, de la carrera individualista, la envidia, la mentira social y la falta de lazos permanentes y respeto al otro. No se trata tanto de que la sociedad chilena sea más violenta que otras latinoamericanas, el problema es el carácter agresivo y brutal que ésta ha adquirido. El individualismo salvaje ha avanzado, dejando atrás toda clase de escrúpulo. En una sociedad que niega espacios al desarrollo personal, hace posible que el “hombre sea un lobo para el hombre”, que todo método sea legítimo para imponer los propios intereses, someter o destruir al otro. Nada está vedado, no hay limite alguno a la acción individual, ni siquiera la ley ni la represión del Estado. Lo que no se logra por la buena se logra por la mala, ‘por la razón o la fuerza`, reza el lema nacional. La convivencia se ha contaminado de ideas a-sociales o antisociales. El vivir al día, sin proyecto ni norte, ha reemplazado los proyectos de vida impregnados de valores y esperanzas, como ocurría en el pasado. El golpe es el arma y la forma de vida asentada en las relaciones sociales. Cuando no se puede amar o no se reconoce la dignidad del otro, se golpea, simplemente se golpea, es como si el otro no existiese o no tuviese derechos o perteneciese a una subcategoría humana, despojada de toda clase de derechos. El autoritarismo militar impuso por la fuerza esta especie de nueva doctrina nacional. Por su parte, el mercado desregulado, en tanto que modalidad de intercambio natural-salvaje, le dio legitimidad civil, introdujo el golpe a la sociedad, le otorgó

licencia para conducir, para desplazarse por las calles, entrar a los hogares y al espíritu. La violencia surge como una modalidad irracional de regulación de las desigualdades sociales y de defensa de la propiedad privada, transformándose en algo natural y legitimado en el nuevo orden social. 2. La despolitización de la sociedad. El sistema democrático sucumbió con el golpe militar en 1973 y, con ello se inició también un proceso de despolitización, el que en sus comienzos fue forzoso. La prohibición de la actividad política y de los partidos políticos, así como el permanente desprestigio de lo político, considerado como sinónimo de corrupción, de algo malo o pecaminoso, terminó por deslegitimar socialmente la actividad política. De esta manera, el poder pudo ser recuperado por los grupos económicos y la política se transformó en el privilegio de una minoría, de los detentores de los recursos económicos y naturales. La despolitización camino en forma paralela al proceso de individualización y mercantilización. Los economistas de la Escuela de Chicago pretendieron transformar a cada chileno en un consumidor y, luego, en la transición a la democracia, la renovación política aspiró a hacer de cada elector también un consumidor, pero con más de derechos ciudadanos. El producto final de la despolitización es la existencia de un individuo desinteresado de la política, preocupado básicamente de sí mismo, autorreferido, pero al mismo tiempo, profundamente escéptico, desconfiado, políticamente desinformado, a veces crítico, cínico y la mayoría de las veces indiferentes y, por lo tanto, susceptible de ser influenciado por el marketing y por promesas demagógicas. Todo ello, la inseguridad, la perdida de valores e identidad y la despolitización, generan un sentimiento de desprotección y abandono que, hace posible la legitimación de un discurso protector o paternalista, que promete, vía acercamiento a la gente, resolver sus agobiantes problemas cotidianos. He aquí el meollo de la inteligente estrategia de marketing empleada por el equipo asesor de Lavín. El mercado abandona a la gente a su suerte, los partidos se preocupan más del equilibrio de los indicadores macroeconómicos que de los problemas personales de la gente. Por lo mismo que los partidos y el gobierno, se alejan de la gente...lo que despejaría el camino al ingreso de un líder populista, que promete seguridad, cercanía popular, solución a sus problemas cotidianos y repudio a la política tradicional. El líder populista Lavín se disfraza de pueblo golpeado: en el norte es minero, en el mar es pescador, en el sur es indígena, en el centro es poblador pobre, hace colas en los hospitales públicos y promete combatir la delincuencia y todos los males que azotan a los pobres. En otras palabras, promete protección, paternalismo del líder que se sitúa por encima de los partidos políticos y más allá del bien y el mal. Promete el bien y la felicidad, el cambio de la situación nefasta, promete el ‘paraíso’ terrenal, pero manteniendo el orden político, económico y social establecido. Por lo mismo que se opondrá a los cambios políticos y económicos. Hacen encuestas – su equipo asesor – y éstas indican que los problemas concretos de la gente tendrían primera prioridad, no los políticos. Los problemas políticos, tales como poner fin a los enclaves autoritarios, reformar la Constitución Política y profundizar la democracia, no tendría prioridad alguna. Sólo los problemas concretos de la gente – la pobreza, la desocupación, las colas en los consultorios de salud, la delincuencia e inseguridad – preocuparían realmente a la gente. De esta manera, Lavín y su equipo asesor, pretendían mantener el sistema político y el orden social heredado del autoritarismo. Puro gatopartismo: proclamar

la necesidad del cambio para que todo siga igual. La derecha quiere evitar que se hable de política, lo que equivale a negar la necesidad del cambio proclamado, coreado, cantado y bailado al ritmo de cumbia. El “atrévete al cambio” o “únete al cambio” – consignas de la candidatura de Lavín - apuntaba a identificar el cambio con la solución de determinados problemas contingentes: disminuir la delincuencia significaría cambiar la sociedad o eliminar las colas de espera en los consultorios y hospitales o combatir la desocupación. El cambio prometido, sólo está referido a este tipo de problemas que, por cierto son importantes. Lo que no se dice es que la dimensión y gravedad de los problemas realmente existentes son tales que sólo podrían superarse impulsando cambios profundos en la distribución del ingreso, en la institucionalidad autoritaria y en el sistema social polarizado. Ni el marketing ni Lavín señalan cómo se resolverán dichos problemas, con qué recursos, con qué profundidad se atacarán, cuál será la calidad de los empleos que se crearán, etc. De allí que la consigna “cambio” induce a confusión, al transformarse en un mero producto del marketing, con mucho color y lindas bailarinas. De fondo, la derecha pretende que la gente identifique pequeñas reparaciones sociales con la idea del cambio y el limite posible de la política. La otra política, la llamada política tradicional, aquella que se preocupa de profundizar la democracia, de distribuir mejor la riqueza o reformar profundamente el sistema de salud o educación, no valdría la pena fomentar. En el fondo, la derecha trata de negar y ocultar la relación existente entre reformas políticas profundas y los problemas concretos de la gente. En otras palabras, lo que se quiere decir es que para resolver los problemas de la gente no se necesita impulsar reformas políticas; por el contrario, el preocuparse de las reformas políticas sería una distracción de los problemas principales, una perdida de tiempo, una muestra de incapacidad de resolución de los problemas reales de la gente. Por otra parte, la despolitización, el consumismo masivo y el proceso de individualización tienden a coincidir con el discurso y la estrategia populista de la derecha. La política no es algo que interese a la mayoría de la gente y, por lo general, no ven claramente la relación entre cambios políticos y cambios en sus condiciones de vida. Esto último se ha visto reforzado a su vez por las transformaciones que ha experimentado la política en las últimas décadas, en el sentido de su perdida de utopía y alejamiento de los sectores populares. Todos estos factores influyeron y explica la alta votación alcanzada el 16 de enero del 2000 el candidato de la conservadora Alianza por Chile y militante de la UDI, Joaquín Lavín. En efecto, su votación superó con creces los porcentajes electorales tradicionales de la derecha y los diferentes análisis y cálculos políticos. Un político que ofrece paz, que evita los conflictos y la confrontación y que promete resolver los problemas que afectan a la gente podría tener éxito en el electorado desesperado y más despolitizado, como de hecho ocurrió. El pasado del candidato, su cercanía a Pinochet y a la dictadura militar, no serían hechos significativos para un sector importante de electores, que prefirieron creer en las promesas de solución a sus problemas. La despolitización priva a los individuos de su sentido crítico, de su capacidad autoreflexiva. La gravedad de los problemas y, el hecho de que un candidato les escuche, que se aproxime circunstancial y disfrazadamente a ellos y que les hable al “corazón”, hace posible que ellos crean en las promesas, aunque probablemente, en su fuero interno, no crean que realmente les va a resolver sus problemas. Pero al menos los escuchará, les hablará simple, con un lenguaje corto y comunicativo, les dará consejos paternales, les saludará personalmente, con sonrisas – e incluso será capaz de abrazarlos y casi quererlos por segundos - y repartirá beneficios mínimos o pequeños regalos. Y esto puede ser suficiente para una conciencia mágica.

Ciertamente que no deben dejar de mencionarse otros factores que también influyeron. Uno de ellos lo constituyó la crisis económica que afecto al país durante los dos últimos años del gobierno de Frei (1998-1999), que azotó fuertemente a los hogares más humildes y sectores medios. Otro factor decisivo, probablemente más importante que la crisis económica, lo constituyó los errores políticos del gobierno de la Concertación, encabezado por Eduardo Frei. En efecto, problemas importantes de la población no fueron resueltos. Así por ejemplo, a diez años de gobiernos de la Concertación y de vida democrática aún no existe en el país un seguro de cesantía ni leyes que regulen las relaciones laborales para la mayoría de los asalariados, especialmente para aquellos que sólo trabajan temporalmente. La falta de seguro de cesantía – existente en la mayoría de los países relativamente civilizados – implicó dejar a los trabajadores despedidos por la crisis sin ningún tipo de protección ni ingreso económico para enfrentar los problemas de supervivencia. La falta de regulaciones laborales, deja a los empresarios en absoluta ventaja frente a los trabajadores, impidiendo que éstos cuenten con instrumentos legales que les permitan asociarse para negociar en mejores condiciones con el capital. Ello se traduce en una distribución inequitativa del progreso económico, con el consiguiente desencanto de los trabajadores. Lo mismo puede decirse de la salud, donde no hubo avances significativos en la reorganización y reorientación del sistema de salud, de manera de posibilitar un acceso más igualitario y expedito a los servicios de la salud pública y privada. Los niveles de pobreza se estancaron en el año 1998, sin que se produjera un cambio en las políticas sociales, a pesar de las críticas formuladas por ejemplo por el PNUD y el Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza. El problema indígena, lejos de solucionarse, se agravó, como consecuencia de la priorización de los megaproyectos y respaldo a las grandes empresas forestales en conflicto por tierras y recursos naturales con comunidades indígenas de la Octava y Novena Región. Lo mismo puede decirse respecto de los problemas de los jóvenes - falta de espacios y oportunidades de vida y progreso -, así como los de seguridad ciudadana y los universitarios. Se avanzó en la reforma educacional, en infraestructura, en las relaciones internacionales y colocación de productos en el mercado mundial, pero muchos otros problemas no fueron abordados de manera resuelta. La detención de Pinochet en Londres constituyó también un problema que desgastó al gobierno, en la medida que gastó tiempo y energía en su defensa, lo que obviamente no contó con la comprensión ni aprobación de importantes sectores de la población. Inmovilidad, ineficiencia y en cierta medida indolencia frente a los problemas urgentes de la población, restaron apoyo popular a la Concertación, desplazándose segmentos pro-gobierno hacia la oposición conservadora, la que con una estrategia inteligente y con muchos recursos económicos – que en el fondo constituyeron formas modernas de cohecho electoral vía regalos – logró encantar a sectores populares y medios y obtener, su respaldo electoral.

La izquierda renovada: liberal y antipopulista La izquierda concertacionista aún no se sobrepone al trauma de la Unidad Popular, al hecho de haber sido demasiado “estatista”, de no haber creído en el mercado, de haber fomentado la lucha de clases y agudizado los conflictos sociales y políticos, con la consiguiente polarización y desestabilización. A comienzos de la década de los ochenta se inició un profundo proceso de renovación de la función y perfil de los partidos políticos. La llamada “década

perdida”, en la terminología cepalina, sirvió de telón de fondo a este proceso de transformación. En otras palabras, el fracaso de la experiencia socialista UP, la arremetida antipartido de la dictadura militar y la profunda crisis económica de los ochenta, contribuyeron a acelerar el cambio de giro de los partidos de izquierda. A ello es necesario agregar el fin del modelo de desarrollo llamado “sustitutivo de importaciones”, que obliga a la economía latinoamericana y, en especial a la chilena, a volcar su desarrollo hacia fuera, profundizando su proceso de internacionalización. Este proceso de externalización del desarrollo tornaría obsoleto las instituciones y sistemas de mediación política del pasado. Los partidos se “despolitizan” o “desutopizan”, optando por la moderación, por la política del llamado consenso político. Se descarta y rechaza el conflicto como medio legítimo de transformación de la sociedad. Se rechaza el Estado de “compromiso de clases”, reemplazándolo por un Estado achicado, reducido enormemente, limitado a generar las condiciones macro para hacer posible el funcionamiento libre de la economía privada. La economía libre de mercado – en la teoría de Von Hayeck y Friedman – debe funcionar exenta de presiones sociales y políticas. En el momento en que sectores importantes de la dirigencia política acepta los postulados de la economía libre de mercado, empieza necesariamente a revisar el papel social de los partidos políticos. Un primer paso de la renovación política consiste en aceptar el mercado, aceptar el rol positivo de lo privado. Progresivamente, la aceptación del dinamismo de lo privado y del mercado, se traduce en una deslegitimación de la función del Estado. Primero del llamado “Estado interventor”, luego del Estado-empresario y, finalmente del Estado social. La reducción progresiva del papel del Estado, reduce también progresivamente el papel de los partidos políticos, dejándolos como meros “reparadores” de las desigualdades provenientes del mercado y como garantizadores de los consensos al interior del sistema político. Como en el país nunca se implementó un modelo de economía social de mercado, en el fondo, los por partidos políticos empezaron a caminar por los senderos de la privatización, abandonando paradojalmente el ámbito de lo público a los privados. De manera que los partidos por ejemplo se financian en forma privada, tienen pocos militantes, muchos dirigentes entran a la empresa privada o hacen negocios. Y este proceso de privatización de la política y de los partidos influye significativamente en su perfil y orientación. Desde luego, pierde su marco de referencia social y pierde también su relación con la sociedad. Se tornan, por lo mismo, cada vez más autoreferidos o autocentrados, plegados a los aparatos del estado y presionados fuertemente por la clase empresarial, actor principal del escenario nacional. Este desapego de la sociedad encuentra una respuesta en los ciudadanos, cada vez más desconfiados, escépticos y alejados de los partidos. Ello se manifiesta muy fuertemente en especial entre los jóvenes, los que en forma numerosa optan por no inscribirse en los registros electorales, por no votar ni participar en los eventos electorales. Entre los jóvenes surge la tendencia a “no estar ni ahí”, a rechazar las instituciones y los partidos y, en los últimos tiempos surgen también tendencias difusamente anarquistas. La renovación política de los ochenta apostó a la ciudadanía. La política de “compromiso de clase”, populista o de reforma social, fue reemplazada por la emergencia del “ciudadano libre”, del individuo soberano, “cada hombre un voto”. La ciudadanía surgida en el seno de la Revolución francesa y desarrollada de manera progresiva en la democracia de los países avanzados, fue limitada al concepto de ciudadanía electoral. La transición del régimen autoritario a la democracia sería un proceso largo, frágil y muy lento, por lo que no podría alentarse un concepto más

amplio y profundo de ciudadanía, como por ejemplo se vive en Europa occidental y que define muy bien Giddens (Giddens, 1994: 348- 350). La renovación de la izquierda rechaza precisamente el populismo, porque estaría basado en compromisos sociales y en un intervencionismo estatal fuerte. El populismo, tipo PRI de México, impediría la democracia y el funcionamiento del mercado, por el hecho de estar basado en la cooptación y en el clientelismo que reparte beneficios. El mercado, en cambio requiere de la existencia de individuos “libres”, no de clientes que buscan un beneficio o asistencialismo del Estado, sino de trabajadores libres, que progresarían conforme produzcan, rindan e intercambien en el mercado. Entonces, estos partidos renovados asumen progresivamente – probablemente sin otra alternativa válida frente a sus ojos, creyendo incluso erróneamente que sería lo que prevalecería mundialmente - una actitud anti-Estado, anti-popular y antisocial. El paradigma de lo privado, fuertemente arraigado en la sociedad chilena, no deja espacio a lo publico; por el contrario, acorrala al estado y a lo público. Incluso hoy, en el año 2001, después de intensos procesos de privatización llevados a cabo a mediados de los setenta y durante los ochenta y noventa, se sigue pensando que la única forma válida de seguir progresando y de reactivar la economía sería seguir privatizando... Mientras más se implanta el paradigma de lo privado y de las privatizaciones, menos espacios tienen los partidos en la sociedad para actuar. En el fondo, la privatización de la vida publica de la sociedad deja a los partidos son objetivos claros, los despoja del elemento transformador y garante de lo público que tuvieron en el pasado.

¿Están en crisis los partidos? Actualmente nos enfrentamos a un cambio profundo en la política, que afecta a los partidos y, en particular a los políticos, los que no siempre reaccionan de acorde con dichos cambios. De allí que el problema es más serio y profundo. No se trata solo de una crisis de los partidos, sino de una transformación de la acción política, provocada sobre todo por la existencia de una economía trasnacional izada y globalizada, que deja pocos espacios y libertades a la política. Resulta muy difícil generalizar sobre las transformaciones, lo que obliga a realizar análisis diferenciados. Así por ejemplo los sistemas políticos latinoamericanos no son uniformes. Tampoco los europeos. Ello se debe a las diferentes historias políticas, económicas, sociales y culturales de cada nación y continente. En América Latina hemos tenido partidos de corte clasista, corporativistaspopulistas, neoliberales o partidos de mercado. Ahora bien, estos esquemas se encuentran agotados y sumamente desperfilados, como consecuencia directa de las transformaciones estructurales de la década de los ochenta y noventa. Los cambios tienen que ver sobre todo con: a) el Estado, su achicamiento y debilitamiento social, b) la economía, papel preponderante del mercado y de los privados, c) la sociedad civil, fraccionada y heterogenizada, como consecuencia de las privatizaciones y procesos de desorganización y desregulación, d) la tecnocratizacion de la política, subordinada a la economía y centrada en la búsqueda de consensos meramente políticos (no sociales, por lo tanto, desutopizada y definida por encima de los intereses de los diferentes grupos sociales. En otras palabras, la política y la situación de los partidos políticos no puede analizarse al margen de las transformaciones económicas, sociales y culturales ocurridas en la sociedad. Así por ejemplo, las políticas privatizadoras masivas aplicadas en diferentes países latinoamericanos - en especial en Chile - se ha

traducido en el fondo también en una privatización de la actividad política. El achicamiento del Estado ha limitado significativamente el espacio y orbita de la acción política. Ahora, incluso los Estados y Gobiernos se encuentran desinformados y sin poder frente al poder de grandes empresas que controlan los recursos naturales, el territorio, los servicios, los medios de comunicación, las universidades, etc. Y los ciudadanos se encuentran desprotegidos, atrapados entre el poderío de las empresas y la impotencia e inactividad estatal/gubernamental. Por otro lado, se habla mucho de sociedad civil, pero la pregunta clave es ¿dónde esta la sociedad civil? ¿cómo construir gobernance sin o con escasa sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil es una especie de respuesta mágica frente a un Estado que decide de por sí, sin preguntar. Los partidos realmente existentes en Chile son instituciones que presentan una doble vida. Por una parte, existen los partidos con sus estructuras y mecanismos internos de gestión de políticas y autoridades, con sus militantes, documentos, banderas, consignas, reuniones y locales físicos. Este es el partido-institución, el partido convencional, existente frente a la ley. Por otra parte, existen los partidos de la llamada clase política, los partidos de la oligarquía, donde actúan las familias influyentes, los individuos con poder económico y político y sus redes de influencia en el nivel nacional, regional e internacional. Lo más grave de la situación actual de los partidos es el hecho de que por lo general no responden a las nuevas demandas de los sectores populares. No se han familiarizado a fondo con los nuevos temas y problemas que afectan a la sociedad: los impactos de la globalización, la reducción del Estado intermediario, los problemas ambientales, las demandas por regionalización, los problemas de la enseñanza superior, la necesidad de proteger los recursos naturales, el clamor por participación ciudadana, las demandas etnoterritoriales de los pueblos indígenas, etc. Mientras ello no ocurra persistirá la crisis de los partidos y la distancia de la población hacia la política.

Política sin oposición La influencia y el poder incontrarrestable del mercado ha dejado a la sociedad sin oposición política. La creciente coincidencia al interior de la llamada clase política sobre diferentes temas, problemas y soluciones, produce importantes acercamientos ideológicos entre diferentes fuerzas políticas que, en el pasado sostenían planteamientos totalmente divergentes e irreconciliables. En efecto, en la arena política chilena actual se observan cada vez mayores coincidencias entre políticos que en el pasado se consideraban “enemigos”. Importantes políticos socialistas han evolucionado radicalmente hacia el liberalismo, criticando el estatismo y defendiendo con mucha consecuencia el rol de los privados y del capital multinacional. Así por ejemplo, en la discusión en torno a cómo reactivar la economía chilena en el año 2001, destacados dirigentes socialistas plantean la receta de seguir privatizando lo poco que aún permanece en poder del achicado Estado. Todo se puede privatizar. No sólo las clásicas actividades económicas productivas, sino los servicios. La derecha clama por seguir privatizando empresas altamente rentables como CODELCO (empresa estatal del cobre) que proporciona importantes recursos al Estado. Por su parte, desde el gobierno surge la iniciativa de resolver los problemas de financiamiento de las universidades mediante el concurso del mercado de capitales (Asociaciones de Fondos de Pensiones y Aseguradoras de riesgos) que podría proporcionar créditos a los estudiantes para estudiar alguna carrera, devolviendo el crédito en un plazo de 20 años, con un

interés de entre un 5 o 6%. Se argumenta que el Estado no tiene los recursos suficientes para enfrentar los problemas de financiamiento de la educación superior. Es verdad, pero la solución es la más “fácil”, recurrir a los dueños del capital, a los privados, sin considerar las consecuencias que una tal medida tendrá para la educación superior y para los endeudados jóvenes. No se piensa en una solución con responsabilidad pública, apelando al conjunto de la sociedad, a la solidaridad intergeneracional, sino que simplemente se recurre a la magia del mercado. Pensar los asuntos del Estado y de la sociedad privadamente conduce necesariamente a poner fin a toda clase de oposición política o reducirla a cuestiones de énfasis, de modalidad de gestión o de enfoque de la subsidiariedad. Desde el punto de vista discursivo se suele articular ideas y estrategia de desarrollo con diferencias más marcadas, pero en la práctica, la política que se practica es “real Politik”, política de consenso con la oposición, aunque en verdad los consensos no siempre se logran, pero los proyectos de leyes que salen del Congreso se inscriben en el marco de lo aceptable por la mayoría política y empresarial. La política sin oposición despolitiza la política y la sociedad. Los ciudadanos piensan – con toda razón -, que todos los políticos son “iguales” y que da lo mismo apoyar a cualquier partido, a una coalición u otra. Ciertamente que no da lo mismo, pero el pragmatismo que ha invadido la política y el embrujo del mercado, conduce a los electores a pensar que la política es una especie de otro “negocio” más, semejantes a los tantos que diariamente ocurren en la sociedad. Ciertamente que esta falta de oposición favorece el desarrollo del populismo, el que se alimenta directamente de la despolitización de la población y enfatiza la “solución” de los problemas que se acumulan en la sociedad capitalista que no distribuye las riquezas y que engendra graves problemas tales como: la pobreza, la inseguridad ciudadana, la desocupación, la mala calidad y falta de acceso a la educación y a la salud, la falta protagonismo de la población.

Los límites de la democracia y del sistema político Mucho se ha escrito sobre los límites del sistema político y la democracia chilena. En general, se le cataloga de “democracia restringida”, por el hecho de contar aún con “enclaves autoritarios”, por basarse en una Constitución política concebida y aprobada en 1980 por el régimen autoritario y contar con un sistema político “binominal”, no representativo, que permite que la minoría iguale o neutralice a la mayoría electoral, obteniendo la misma cantidad de representantes en el Parlamento. En este sentido, algunos autores sostienen – con razón – que Chile, no obstante transcurridos más de diez años de democracia, aún vive la fase de transición a la democracia. Otros autores sostienen que en 1990 se puso término a la transición, pero ésta habría sido incompleta: “Pero el término de la transición no significó que, junto a gobiernos plenamente democráticos, el régimen político y la sociedad hubieran alcanzado la democracia propiamente tal. Se trató de una democracia restringida, de baja calidad y llena de enclaves autoritarios. La tarea no era ni continuar con la transición, ya terminada, ni consolidar el nuevo régimen postautoritario que ya estaba consolidado en la medida que no había regresión autoritaria posible. Era reformar profundamente ese régimen y generar una auténtica democracia política donde no fueran los poderes fácticos o las minorías políticas las que fijan los límites de la voluntad y soberanía populares. En otras palabras, había que resolver los problemas dejados por la transición y que ésta no había resuelto“ (Garretón, 2000:155). Los “enclaves autoritarios “están representados por la institución de los senadores designados y vitalicios, no elegidos por votación popular y que han

contribuido a generar una correlación de fuerzas favorables a la derecha política en el Parlamento. Así por ejemplo, Augusto Pinochet, despojado en la actualidad de la inmunidad parlamentaria como consecuencia del proceso que se le sigue por violación a los derechos humanos, es uno de los senadores vitalicios. A ello se agrega la inamovilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y carabineros, que impide que el gobierno pueda cambiarlos cuando sea necesario y, de esta manera, someterlos al poder gubernamental; la composición y función del Consejo de Seguridad Nacional, con fuerte presencia militar y atribuciones para hacer requerimientos de orden interior y seguridad al Gobierno. Este conjunto de instituciones y de normas constitucionales de carácter autoritario marcan un sello restringido a la democracia, impidiendo que se ejerza plenamente la soberanía popular. Durante estos años se han introducido algunas reformas políticas, consensuadas o toleradas por la derecha política, pero el grueso de los enclaves autoritarios aún persisten. En realidad, constituyen la salvaguardia institucional de las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales realizadas por la dictadura militar y los economistas neoliberales. Este es el “tesoro” que Lavin cuida cuando arremete contra la política y sobre todo, cuando sostiene majaderamente que a la gente no le interesan los “cambios políticos”, sino que sólo la solución de sus problemas concretas. El “nuevo estilo” de hacer política que se autoatribuye, consiste precisamente en defender la existencia y consolidación de estos enclaves autoritarios, que permite a los triunfadores del golpe militar, hoy fuera del gobierno, seguir controlando las instituciones y actividades fundamentales del país. Por otra parte, el sistema político “binominal”, también defendido hasta hoy por el líder de la oposición Joaquín Lavín, ha permitido una presencia desproporcionada de la derecha en el Parlamento y contribuido a incrementar su influencia en el electorado. El binominalismo “obliga” a las partes a ceder posiciones para legislar. En la práctica, durante estos años se ha observado una mayor tendencia a conceder o ceder posiciones por parte de la coalición de gobierno. Esta tendencia se ha traducido en un progresivo desperfilamiento de las políticas de gobierno, de inmovilismo político, de falta de resolución de los problemas fundamentales. Ello ha sido políticamente instrumentalizado por la derecha, especialmente por su ala mas dura, la Unión Democrática Independiente (UDI), que ataca al gobierno, acusándolo permanentemente de no resolver los problemas de la gente y de estar preocupado del “cuoteo” del poder político, de “no hacer nada” por la gente, como cínicamente lo sostuvo Lavín durante la última campaña presidencial. La Concertación Democrática, en el gobierno desde 1990, no ha sido capaz de aprovechar la norme legitimidad política y social que tuvo – actualmente se encuentra deteriorada – como para impulsar e introducir las reformas profundas que requería – y que aún requiere- el sistema político y democrático chileno. La creación de la alianza de centro-izquierda Concertación Democrática ha sido, sin duda, fundamental para que el país retorne a la democracia, conformándose un gobierno de clara mayoría democrática. Sin embargo, el cúmulo de tareas pendientes, entre ellas la pobreza e injusticia social, los graves problemas ambientales y de salud, la mala calidad de la educación, la falta de financiamiento y caos reinante en el sistema universitario, la falta de infraestructura, el grave problema de la violación a los derechos humanos no completamente resuelto, los problemas pendientes de las minorías étnicas, la falta de derechos de los trabajadores, los problemas de seguridad ciudadana, las diferencias abismantes entre el centro y las regiones, la falta de recursos económicos estatales, el debilitamiento del Estado y, en general del Gobierno y de los partidos políticos, etc. Todos estos problemas, unidos a la falta de voluntad política, que a menudo se ha observado en los gobiernos de la Concertación, han influido en una perdida de

influencia y de credibilidad de los gobiernos de la Concertación. Esta perdida de posicionamiento de las fuerzas de centro-izquierda, ha permitido que la derecha política avance sobre la base de las promesas y consignas populistas. La derecha se ha consagrado a la tarea de defender las instituciones heredadas de la dictadura, a obstruir el accionar democrático. Durante los primeros años de retorno a la democracia, la Concertación practicó la política de los “consensos” con sectores de la oposición de derecha, obteniendo algunos éxitos parciales, en un momento en que la derecha necesitaba legitimarse socialmente. Pero luego, en el momento en que se empezó a cercar a Pinochet y a su obra fundamental, la derecha se nucleó en su expresión más derechista y dura, en los hijos de Pinochet, la UDI. El ala democrática de Renovación Nacional (RN), proclive a los consensos con el gobierno, fue superada y reemplazada por su ala más derechista, subordinada a la política de la UDI. En los últimos años el sistema político chileno se ha visto en cierta forma polarizado por la existencia de una oposición fuerte y dura, de corte pinochetista y populista, representada por la UDI, que enfrenta al gobierno de la Concertación, preocupado no tanto de los cambios urgentes que el país necesita, sino de la mantención o recuperación de la confianza de los inversionistas y empresarios, considerados fundamentales para lograr crecimiento económico y progreso. La UDI aspira a transformarse en gobierno en el año 2005. Y para ello ha endurecido su posición frente al gobierno, practicando la confrontación política, tan fuertemente criticada y rechazada por la clase política chilena. La UDI logró incluso subordinar a Renovación Nacional, aunque sus afanes hegemonistas y tendencias autoritarias, pueden colocar problemas a sus aspiraciones. De hecho, la reciente crisis de Renovación Nacional (RN), que culminó con la renuncia de su dirección pro UDI (motivada por la negociación de las próximas elecciones parlamentarias de diciembre del 2001, en las que RN se veía perjudicada frente a la UDI), puede significar un renacimiento de su tendencia democrática, esta vez representada por el empresario Sebastián Piñera, con aspiraciones presidenciales y, por lo tanto, rival de Lavín. Este sistema político “binominal”, con una oposición de derecha endurecida y obstruyente, deja también fuera de la acción política a otras fuerzas políticas que fueron importantes en el pasado y que hoy se encuentran considerablemente disminuidas, como es el caso del Partido Comunista (PC), que se ha transformado en una oposición de izquierda extraparlamentaria, buscando influir a través de movimientos sociales tradicionales, en los que mantienen alguna presencia importante. Esta exclusión política no contribuye a fortalecer la democracia. El sistema político chileno y el régimen democrático restringido, muestran grandes déficit de participación ciudadana, los que se dejan ver día a día en el acontecer del país. En 1973 se puso abruptamente fin al avance de la ciudadanía y de la subjetividad histórica autoconciente, más allá de los errores evidentes cometidos por el gobierno de izquierda y que es necesario reconocer y enmendar profundamente. El régimen autoritario refundó el orden social, eliminó la oposición, la política y las alternativas políticas. Individualizó la sociedad mediante la implantación de la soberanía absoluta del mercado, la subordinación, el apoliticismo, la destrucción de las redes sociales y el fin de la solidaridad intergeneracional e intrasociedad. La vuelta a la democracia en 1990, reinstaló la esperanza en los derechos ciudadanos y en la justicia social. Se trata de un sentimiento muy profundo, pero no articulado, anclado en el imaginario de la nación chilena, de lo que fue en el pasado y de lo que podría seguir siendo, si recuperase su identidad histórica. En el año 2001, luego de tantos cambios forzados, frustraciones y expectativas, surge el ciudadano, cansado de las largas jornadas laborales y de la falta de

derechos. Este ciudadano, portador de tarjetas de créditos, individualista y desconfiado, consumista y apolítico a medias, culturalmente heterogéneo e híbrido, mentalmente manipulado y sin costumbres conocidas, reclama para sí más autonomía y reconocimiento. Los derechos de los modernos ciudadanos aún no están registrados ni son reconocidos por los partidos políticos chilenos. Pero su reclamo híbrido, semiciudadano y protomoderno, entra con fuerza en el siglo XXI. Y los partidos políticos, de derecha, centro e izquierda no pueden seguir ignorándolo.

Masas e individuos subordinados al mercado Los planteamientos políticos que enfatizan puramente el mercado no se entienden, sobre todo cuando el modelo económico chileno ha demostrado que se puede crecer económicamente, incentivando políticas de mercado, pero éste no distribuye la riqueza ni opera con equidad. Esta verdad está avalada ampliamente por los índices socioeconómicos y por diferentes estudios, incluidos los de la CEPAL. La economía puede crecer sin distribuir los ingresos, incluso sin generar nuevos empleos, más aún puede crecer destruyendo empleos. La única racionalidad entendible en este contexto es que ahora lo único que interesa es crecer económicamente. Crecer a cualquier precio para interesar a los inversionistas internacionales. La sociedad no importa ni interesa mayormente. Se piensa y se cree – con cierta ingenuidad - que con el crecimiento económico se resolverán todos los problemas sociales. El crecimiento económico es ligado al consumo transformado en un nuevo paradigma político, capaz no sólo de satisfacer las necesidades de la gente, sino que de integrar y cohesionar a la sociedad. Según Tironi, el consumismo habría impregnado el espíritu de los 90, permitiendo el acceso a bienes y servicios a gran parte de la población, los que en el pasado les estuvieron vedados y constituían privilegios exclusivos de las elites. Por otra parte, según este mismo autor, el consumo trasciende lo meramente material: “A través del consumo las personas se identifican, se distinguen, se comunican” (Tironi, 1999: 16). Este fenómeno lo identifica como la “irrupción de las masas”! En la medida que crece el mercado crecería también el bienestar de las masas. Estos autores, de origen de izquierda, están convencidos que la sociedad sería una especie de agregación del mercado. El mercado intercambia bienes materiales y espirituales (o culturales) y en ese intercambio se produce la sociedad, los individuos irrumpen como consumidores, como sujetos pasivos de la modernidad. Sabrovsky en un reciente artículo se hace cargo del papel de las elites y su relación con la sociedad. Polemizando con el libro de Tironi se plantea la pregunta si realmente las elites hubiesen sido superadas por las masas consumistas, si las elites se encuentran en crisis o si más bien se ha producido un recambio de la elite político-intelectual tradicional, por una nueva elite que se produce y reproduce al margen del sistema democrático y que domina los instrumentos tecnocognitivos del marketing, los estudios de opinión y las encuestas, pretendidamente neutros que, indican a las masas el camino correcto hacia la modernización individual. Se trata de una elite que se produce y cultiva en el ámbito de lo privado, gracias al fuerte respaldo del dinero de familias poderosas que financian el estudio de sus hijos en buenos colegios y universidades privadas. De esta manera se desarrolla una racionalidad de instituciones, de saberes, de comportamientos, de productos, de consumos y de relaciones de poder que terminan dominando la sociedad. “No sabemos si una elite democrática es aún posible. Lo que sabemos es que, sin ella, palabras como “modernidad” o “democracia” quedan vacías de significado.

Habría que aceptar entonces que en el mundo del futuro, y particularmente en aquellos países que no alcanzaron a forjar en su interior una elite modernizadora vernácula, las grandes mayorías estarán compuestas crecientemente de sujetos pasivos. Espectadores de la TV y respondedores de encuestas; ‘clientes’ de instituciones que, interminablemente, intentan sacarlos de la pobreza. El proceso es interminable porque, a través de su racionalidad, tales instituciones crean, producen la pobreza, que luego solícitamente ofrecen paliar: el pobre, el deprivado, es su cliente, su materia prima insustituible. Un hijo de familia – nada tenemos contra esto: ¡bien por esa familia! Puede, si quiere, dedicar tiempo a saberes no-útiles, pero que, precisamente por ello, permiten ampliar su horizonte; un joven de origen medio o pobre sólo puede encontrar apoyo para desarrollar los saberes instrumentales que las innumerables agencias, fundaciones, ministerios, han decidido que son para él. El primero tiene la oportunidad de ser un líder; el segundo está de antemano destinado a la subordinación” (Sabrovsky, El Mercurio, 29.4.2001). El mercado ha transformado a los individuos en modernos consumidores, en clientes eternos de poderosas empresas que venden todo tipo de productos. Ahora bien, el cliente es un individuo solitario, un singular o particular que realiza grandes o pequeñas convenciones, que puede, por lo mismo, fracasar o tener éxito, ganar o perder. Los contratos pueden favorecerlo o perjudicarlo. No tiene otra alternativa que “arriesgarse”, que jugarse en cada acto cotidiano su destino. El marketing, en tanto que mediación sublime y distorsionada del mercado, ofrece sólo éxitos y productos ganadores. Se finge a un cliente ubicado en el centro de la preocupación de los intercambios comerciales. La realidad se construye desde los resultados cuantitativos de la observación positivista y funcional. Precisamente es por ello que algunos miembros destacados de esta nueva elite han declarado el fin de la Sociología o del conocimiento científico social crítico. Las alternativas, otrora ofrecidas por las diferentes expresiones políticas e ideológicas, han sido reemplazadas hoy por los productos o bienes intercambiables. En el consumismo las masas ejercen su democracia, al elegir productos o bienes. Más aún, según Tironi, en el consumo las masas adquiriría identidad, distinción y comunicación social. ¿Qué más podrían querer? ¿Qué más le faltaría a las masas para ser felices? “Las sociedades modernas están dedicadas a la búsqueda de un crecimiento ilimitado de la producción y del consumo. Desde las políticas gubernamentales hasta una multitud de opciones individuales, todo está bajo la influencia de esta orientación fundamental. No se trata, hablando con propiedad, de una opción razonada que resulta de una discusión argumentada entre ciudadanos, sino de una norma que se impone a todos. La fuerza de la perspectiva económica descansa en el hecho que ella permite eludir todo debate sobre las finalidades: su único fundamento es la idea indiscutida de que la satisfacción de las necesidades individuales constituye un fin legítimo y suficiente para la sociedad y que es posible satisfacer estas necesidades produciendo más. Esta lógica utilitarista trasciende toda consideración de orden social, político o cultural” (Perret y Roustang, 2000:216). Estos autores franceses analizan el impacto de la economía en las sociedades desarrolladas, especialmente europeas, luego de la caída de los regímenes socialistas y del incremento de la competitividad a escala mundial. La economización de la vida coloca a la economía contra la sociedad. En efecto, la economía no es capaz de resolver “la cuestión del fundamento del vínculo social”, al subvalorar las amenazas que pesan sobre los fundamentos éticos y culturales del sistema. Desde luego se plantea el grave problema que representan los excluidos del mundo laboral, los desocupados que, cada vez son más y que no pueden integrarse

socialmente. Por otra parte, la “guerra económica” de la competitividad dificulta la movilización de energías humanas y erosiona la vida colectiva e impide generar nuevos sentidos colectivos de vida. Se produce un repliegue a la vida privada, lo que constituye una amenaza seria para el desarrollo de la vida social y la renovación de la cultura. El aumento de la productividad y, por otro lado, la tendencia del capitalismo anglosajón a flexibilizar en forma permanente el trabajo y fomentar el principio de “Nada a largo plazo”, corroe el carácter de las personas, cambia el significado del trabajo, genera ansiedad e inseguridad, desorienta la acción planificada, disuelve los vínculos de confianza y compromiso y separa la voluntad del comportamiento (Sennett, 2000: 30-31). La política y la cultura, en tanto que esferas relativamente autónomas de la economía, son actividades indispensables para aumentar la subjetividad de los ciudadanos, recrear los vínculos sociales e integrar creativamente la sociedad.

El populismo de mercado El cliente constituye el entramado del populismo. La extremada heterogeneidad de la estructura social latinoamericana, en el pasado se trató de superar o cubrir mediante la intervención del líder populista, situado por encima de las clases sociales, poseedor de un discurso nacionalista y reformista, hacedor de cosas, pragmático y amante de las masas, cercano al corazón y sentimientos del pueblo desposeído y culturalmente atrasado. La renovación política se rebeló en la década de los ochenta contra toda forma de populismo, por implicar tendencias inflacionarias, conflictivas y desestabilizadoras. El nuevo populismo, el de la década de los noventa y del nuevo siglo, surge de las insatisfacciones del mercado. Se le podría llamar populismo de mercado o populismo consumista. El nuevo cliente no se siente vinculado al Estado o un partido corporativista, como en el pasado. En la medida que el liberalismo trata – sin éxito - de disolver las clases sociales y sus consiguientes conflictos, en los intercambios que se producen en el mercado, surge un consumidor individualista sumamente agresivo. Un consumidor que exige poder consumir – sin importar necesariamente la calidad, a lo menos en una primera etapa -, para lo cual requiere tener trabajo y una remuneración que le permita progresivamente participar en mejores y mayores niveles de consumo. Ni siquiera en las sociedades desarrolladas, con superiores ingresos per capita y amplias posibilidades ofertas de bienes, el consumo es capaz de producir sentido de vida e integrar a las personas. Menos en los países pobres, como los nuestros, donde trabajo tiende crecientemente a precarizarse y, donde además, existen altas tasas de desocupación. Ahora bien, existe el consumismo y el individualismo consumista, pero el consumismo representa al mismo tiempo una especie de espejismo. No todo lo que se ve en las vitrinas – y es realmente mucho lo que se ve – puede adquirirse. Las altas expectativas generadas por el marketing, conducen a la frustración y al desencanto rápidamente. Los que defienden las virtudes del consumismo, a menudo olvidan, que antes o paralelamente al consumismo, existen una serie de necesidades elementales no satisfechas: falta de vivienda, falta de acceso a la salud, falta de trabajo, falta de infraestructura, déficit de educación de calidad, carencia de alimentación adecuada, etc. El populismo se alimenta de estas necesidades insatisfechas y también del deseo a consumir más. Al cliente populista ya no le interesa la diferencia ni etiqueta política. No le interesa si el candidato es de derecha, de centro o de izquierda. Normalmente

no suele hacer esta diferencia. Sus problemas son “concretos”, no políticos, argumentará un político conservador populista. El peligro de basar la política y la integración social en el consumismo es provocar no una “irrupción”, sino una “rebelión” de las masas. Masas insatisfechas se comportan como masas: pueden saquear negocios, tomarse o bloquear calles, insultar autoridades o elegir a políticos demagogos que prometen solucionarles rápidamente sus problemas, aunque en su fuero interno, saben que esto no es posible.

Dificultades y desencantos del primer año de gobierno Ha transcurrido ya un año del Gobierno de Ricardo Lagos, en que se depositaron grandes esperanzas, en el sentido de avanzar en la democracia y en la justicia social, tareas pendientes de los gobiernos anteriores de la Concertación. Pero la prolongada crisis o recesión económica le ha hecho una mala jugada, al prolongarse más allá de los pronósticos, produciendo más desempleo, inseguridad y pobreza. En la medida de que el 80% de la economía en Chile se encuentra en manos de los privados, los empresarios son los llamados a generar nuevos empleos, si lo desean y están en condiciones de hacerlo. Pero la recesión prolongada hizo surgir el pesimismo entre los empresarios y posibles inversionistas. Complementariamente, algunas medidas anunciadas por el Gobierno, como la Reforma Laboral y el proyecto de Ley contra la evasión tributaria, incrementaron este pesimismo y la pasividad del empresariado. Y no obstante que la economía crece en cerca de 5%, este crecimiento – muy alejado de las cifras de la década de los noventa – para la elite económica y política del país no es crecimiento o, al menos no lo sería suficiente, como para incentivar nuevas inversiones. Entonces, resulta que con este crecimiento económico ha crecido también el desempleo. Sabemos que en modelo económico llamado anglosajón, el motor de la productividad es la racionalización del trabajo y su herramienta principal es la flexibilidad en la producción y en el trabajo. Esta estrategia productiva destruye empleos para aumentar la productividad. Y en Chile, esta política, se aplica desde hace más de dos décadas. El mercado altamente desregulado reduce perversamente el mercado laboral. El Gobierno de Ricardo Lagos se encuentra como antes de las elecciones de 1999, desde el punto de vista de los problemas sociales. Sus promesas orientadas a crear empleos durante el año 2000, para disminuir en forma significativa las tasas de desocupación, ya no sólo no se cumplieron, sino que hasta ahora han prácticamente fracasado, al incrementarse el número de parados. Esta realidad coloca a su Gobierno en una situación muy difícil de controlar. Se ve a un gobierno estancado, con poca iniciativa y perdiendo el liderazgo en materia de reactivación económica y resolución de los graves problemas de desigualdad social. Y como, en la segunda vuelta electoral, cuando triunfó contra el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, lo hizo enarbolando consignas de corte populista, puede, consecuentemente, cosechar insatisfacción y protesta populista de las masas electorales que lo respaldaron y llevaron a la Presidencia de la República. La encuesta de opinión realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), dada a conocer a principios de mayo del 2001, constata una evaluación crítica de la población a la gestión del gobierno de Lagos. Así por ejemplo, un 75% de los encuestados consideró que el país está “estancado” o en “decadencia” y sólo un 23% piensa que el país está “progresando”. Respecto de los políticos con más futuro – excluyendo al Presidente – Joaquín Lavín, militante de la UDI y actual Alcalde de Santiago, sube a un 58%, seguido por la actual Ministra democratacristiana de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, con un 23%; el

dirigente del PPD Guido Guirardi obtuvo un 16% y el empresario de Renovación Nacional, Sebastian Piñera, logró un 15%. El partido de derecha pinochetista UDI subió de un 14 a un 24% en las preferencias partidistas. Por su parte, la gestión del gobierno logró un respaldo de un 53% de los encuestados, mientras que en diciembre del 2000 lo respaldaba un 57%. En todo caso, significa que a pesar de los problemas el gobierno cuenta aún con un respaldo mayoritario. Interesante resulta el hecho de que un 57% de las personas consultadas responsabilizan a los empresarios de las dificultades económicas que vive el país, frente a un 37% que responsabiliza el gobierno. Para el 58% de los encuestados la desocupación constituye el principal flagelo que sufre el país (Encuesta CERC, realizada entre el 12 y 19 de Abril del 2001, El Mercurio, 3 de Mayo 2001). Al Gobierno de Lagos le quedan aún 5 años por delante, dentro de los cuales podría revertir la mala situación actual, pero los problemas de desigualdad y de déficit democrático de la sociedad chilena, son muy profundos, de carácter estructural y, por lo tanto, su superación exige cambios profundos, para los cuales no se observa que exista voluntad ni consenso político, ni siquiera en la propia coalición de Gobierno.

La nueva matriz “intercambios-individuo-consumo-exportación” Garretón habla, con toda razón, del eclipse o disolución de la “matriz nacionalestatal-democrática-popular”, que caracterizó la sociedad chilena salida del proceso sustitutivo de importaciones, conocido también como modelo de “desarrollo hacia adentro”. En dicho modelo la identidad nacional y colectiva provenía de la política y del Estado que precedió prácticamente a la sociedad. El autor se pregunta: ¿qué queda y cómo podría reformularse en un mundo globalizado un proyecto de Estado-nación? Y señala que ello no sería posible sin el concurso activo de una idea fuerza o proyecto nacional-estatal y, que por el contrario, al carecer de este proyecto nos transformaríamos en meros segmentos dispersos, subordinados a los grandes centros que operan en el mundo (Garretón, 2000: 143- 197). “Una economía en despegue, al menos hasta mediados de los noventa, sí, pero sobre todo despegada del país y la sociedad. Frente a ello, un sistema político, institucional y cultural atrofiado. Baste recordar los enclaves autoritarios, la debilidad del sistema de descentralización y regionalización, la crisis del sistema educacional y el colapso de la educación superior, la enorme debilidad de los actores sociales y de su capacidad para negociar con el poder económico, el retraso abismante de la institucionalidad sobre la organización familiar, las dificultades para redefinir un nuevo rol dirigente y protector del Estado. En todos los planos que se tomen, el nuevo régimen democrático se ha encontrado con un congelamiento y erosión del sistema político institucional y cultural” (Garretón, 2000: 165). La estrategia de “desarrollo hacia fuera”, puesta en marcha a partir del gobierno militar, no necesita de nación, partidos políticos ni identidad nacional-colectiva. La disolución de la matriz nacional-democrático-popular fue reemplazada por la matriz “intercambios-individuo-consumo-exportación”, que no requiere de partidos ni Estado mediadores. Esta matriz prefiere una sociedad de individuos consumidores, desorganizados, flexibilizados y desregulados al máximo, carentes de identidad nacional y colectiva (daña el libre juego de las leyes del mercado). Esta nueva matriz, a menudo justificada maniqueístamente por los procesos de globalización, se encuentra presente en las relaciones sociales, en la cultura y en los atisbos de identidad que prefiguran el nuevo imaginario nacional. Esta matriz se corona en los discursos oficiales con la existencia de equilibrios en los

indicadores macroeconómicos del país. El nuevo país está constituido por estos equilibrios, por su saneamiento económico, que constituye su nueva bandera y marca de presentación en los eventos organizados por el mercado mundial. Estos equilibrios económicos, que incluyen por cierto el equilibrio y moderación del gasto fiscal y la manutención de la mano de obra barata, se cuidan y cultivan como lo más preciado de la nación. Pueden perderse puestos de trabajo, pueden decaer incluso las tasas de crecimiento, pero el ajuste fiscal monetario debe permanecer incólume. Los equilibrios macroeconómicos constituyen nuestro nuevo “orgullo nacional”. Cuidándolos con esmero se hace patria, se es patriota, aunque se viva pobremente y endeudado. Cambiar esta matriz no resulta fácil, debido al nivel de arraigo que tiene en las diferentes estructuras de la sociedad y mentalidades de los individuos. Por otra parte, su mantención incrementa la desintegración social y la lucha de todos los individuos consumistas contra todos. La solución no puede consistir en transformar a todos los individuos en “emprendedores” o empresarios. Esta sería una sociedad experta en intercambios y transacciones, una sociedad que sólo piensa en la plusvalía y en la ganancia inmediata, instrumentalista por excelencia, condenada, por lo mismo, a vivir en el estrés y tensión permanente. Sería una sociedad desdialogada, construida en la incomunicación y el aislamiento individual. Sería una sociedad sin comunidad ni sociedad. Y sin comunidad no se puede reproducir la vida ni el individuo. El ser humano sólo existe en lo social, sin comunidad se extingue o muere en la guerra cotidiana de los individuos desocializados. El mercado no es democrático ni participativo. A la hora de la contabilidad, de contar las ganancias es cruel y no perdona a los perdedores.

La difícil y tardía entrada a la modernidad: la participación ciudadana Entre el mercado, el pupulismo y el liberalismo en marcha, surge también el deseo de ser ciudadano, de ser considerado y respetado como una persona con derechos. De alguna manera se quiere entrar en la modernidad, aunque sea tardíamente. La reducción del Estado, de los partidos políticos y de las organizaciones sociales, obliga a las personas a buscar nuevas formas de realización de sus derechos y potenciación de sí mismos en medio de la vorágine de intereses particulares e incertidumbres. Por su parte, el mercado instaló en la vida social una suerte de liberalismo de intercambios, vía contratos y proyectos sociales, en los que se exige – sin quererlo – asomos de subjetividad. El mercado, para vender, necesita de compradores, de individuos dispuestos a adquirir bienes al contado o a crédito. La tarjeta de crédito otorga a los poseedores un cierto crédito ciudadano, un pasaporte limitado en sumas y fecha con plazos determinados. Es una especie de ciudadanía administrada a créditos y plazos, controlada en el tiempo y en la intensidad. La tarjeta de crédito habilita para comprar espacios reducidos de libertad y ciudadanía, en tanto que consumidor. Esta nueva realidad ha inducido a generar un reclamo ambivalente y difuso de participación. Se trata de un sentimiento de ingerencia, de movilizarse por los asuntos propios y del entorno más próximo. Ocurre que ahora los proyectos de inversión pasan por las cercanías de su hogar, sin preguntarle su opinión ni parecer. Esta situación ya no le resulta indiferente y reacciona en forma rebelde cuando el proyecto amenaza o perjudica su ambiente o calidad de vida. En este sentido, existen en los últimos años mucho ejemplos de proyectos de inversión

que chocan contra los intereses ambientales del vecindario o de la comuna donde se proyecta instalar. Por otro lado, los anhelos de participación surgen también en la implementación de las políticas sociales. Los pobres ya no quieren ser objetos de las proyectos sociales que los benefician, sino que exigen tomar parte activa de su implementación. Se oponen crecientemente a las modalidades autoritarias de planificación de las políticas sociales. Por lo demás el propio Banco Mundial recomienda desde 1994 la incorporación de la participación activa de los beneficiarios en los proyectos sociales que impulsan en el mundo subdesarrollado, como forma de incrementar su efectividad, luego de analizar el impacto de la participación en la implementación de los proyectos. Según estudios realizados por El Banco Mundial sobre 121 proyectos de dotación de agua potable a zonas rurales, llevados a cabo en 49 países de África, Asia y América Latina, se constató que en los proyectos con baja participación de los beneficiarios, sólo el 3% tuvo alta efectividad, mientras que en los proyectos con mediana participación, el 31% tuvo alta efectividad y, en los proyectos con alta participación, la efectividad se maximizó: el 81% de los proyectos alcanzó una alta efectividad (Kliksberg, 2000: 171-171). Según Kliksberg, Coordinador del Instituto Interamericano de Desarrollo Social (BID), la participación habría triunfado en el „discurso“ en América Latina, pero se enfrenta a importantes resistencias e intereses. En efecto, se enfrenta a la lógica del eficientismo de corto plazo que implica cuantiosos „costos de oportunidad“; al reduccionismo economicista que desconoce la importancia de factores no medibles como la autoestima, la motivación y la confianza en la comunidad; el predominio de la cultura organizativa formal de corte verticalista y autoritaria que rechaza la cooperación, la horizontalidad, la flexibilidad y la gerencia adaptativa como factores que aumentan la eficiencia de un proyecto; la subestimación de las capacidades propias de las comunidades de los pobres, en el sentido de que no sería capaces de integrarse creativamente a los procesos de diseño, gestión, control y evaluación de los proyectos, en razón de su atraso cultural; la tendencia a manipular la voluntad de la comunidad, asentada en la cultura del clientelismo. En definitiva, la cultura política sólo creer que es eficiente el hacer las cosas de “arriba hacia abajo”, desconfiando de la capacidad de las comunidades, implica la clara tendencia a no compartir el poder con los sectores populares (Kliksberg, 2000: 184-190). Es verdad que existen estas razones e intereses, mencionadas por el autor, que bloquean el desarrollo de formas modernas de participación de los ciudadanos en América Latina. Chile no constituye la excepción a la regla. En Chile, los discursos oficiales y de la oposición se refieren a la necesidad de crear cauces de participación ciudadana. Incluso en los estudios de impacto ambiental, la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), está introduciendo un sistema de organización de la participación ciudadana. Aún es muy temprano para evaluar sus resultados, pero cuando un sistema de participación ciudadana es inspirado y organizado desde “arriba”, lo más probable es que se ajuste a reglas institucionales funcionales al poder del que emana. En todo caso, puede ser un paso positivo que abra caminos a la participación. El impedimento central que en Chile obstaculiza la participación ciudadana es de carácter cultural. Desde la encomienda, pasando por la hacienda y la industrialización, nuestro país ha sido forjado y construido por la fuerza del Estado, bajo el sello de “por la razón no la fuerza”. Es decir, cuando falta la razón, se echa mano a la fuerza. Y a menudo, al parecer, habría faltado la razón para hacer país y se ha acudido a la fuerza. La fuerza representa la expresión más pura del autoritarismo, incluso del despotismo, en ciertos pasajes históricos de la vida

nacional. El autoritarismo niega la voluntad, la mayoría de edad y la libertad del “súbdito”, del que se espera obediencia, disciplina y subordinación. Ni las opiniones ni derechos de los subordinados cuentan. El autoritarismo construye una sociedad sin derechos y, por lo tanto, sin ciudadanos. El autoritarismo favorece y vela por el “orden”, reprimiendo o restringiendo la libertad y la democracia. El autoritarismo desconfía de la autonomía de las personas. Su poder y legitimación se fundamenta en la desconfianza. Y la desconfianza se transforma en un verdadero sistema de poder y de gobierno, presente en todas las esferas de la sociedad: presente en las leyes, en la relación instituciones-ciudadanos, en las relaciones familiares y sociales, en el trabajo, en la relación profesor-alumno. La desconfianza se instala también en las relaciones entre individuos: nadie confía en nadie y todos desconfían de todos. El tema de la confianza y desconfianza aparece como un factor fundamental considerado en el Estudio Mundial de Valores, liderado por el cientista político norteamericano Ronald Inglehart. Este estudio se remonta a los años setenta a Europa y se ha ido progresivamente ampliando, a partir de la década de los ochenta, a más países europeos. Desde comienzos de los noventa se incorporó Chile al estudio. El estudio busca medir los niveles de modernización alcanzado por los países encuestados. En relación al factor confianza – uno de los considerados en el estudio – el estudio concluyó que Chile está muy por debajo de los niveles de confianza existente en los países desarrollados. Frente a la pregunta si se puede confiar en la mayoría de las personas, en 1990 sólo un 22% de los chilenos encuestados constaron positivamente, mientras que en 1996 lo hizo un 21% y en 2000 respondió sólo un 22% positivamente. Paralelamente frente a la afirmación: „Uno nunca es lo suficientemente cuidadoso en el trato con los demás“, en 1990 el 75% asintió, en 1996 aprobó la afirmación un 76% y, en la encuesta del año 2000, ratificó la afirmación un 75% (Contardo, El Mercurio, 13.5. 2001). En otras palabras, este estudio confirma la existencia de bajísimos niveles de confianza en la relaciones sociales chilenas. Mientras en los países desarrollados los niveles de confianza se sitúan entre el 60 y 80 por ciento, en Chile apenas sobrepasa el 20 por ciento. La desconfianza domina las relaciones sociales chilenas. Incluso hasta hace poco en el Chile se detenía por el concepto de “sospecha”. De esta muestra de desconfianza, la detención por “sospecha”, eran principalmente víctima de los jóvenes, sobretodo por sus apariencias físicas o vestimentas. Algunos parlamentarios de la UDI actualmente claman por una restauración de la vieja ley de detención por sospecha, argumentando el aumento de la delincuencia. La desconfianza en el otro implica un déficit de modernidad. Se sospecha o presupone la incapacidad del otro, su falta de fidelidad, su incompetencia para realizar alguna función o tarea, su inmadurez para decidir por sí mismo, la inconsistencia de sus opiniones o proyectos de vida y de trabajo. La desconfianza niega valor a lo que pueda representar el otro, en verdad, no reconoce al otro, simplemente lo ignora e incluso, desprecia. Y de esta manera, la desconfianza rechaza la manera de vivir, las tradiciones, cultura y proyectos de los otros. Ello quiere decir que no cuentan para el desarrollo, que no deben ser considerados cuando se trata de determinar el camino que debe seguir una comunidad, región o el país. La desconfianza se instala también en la relación entre el centro político y las regiones de un país. El Centro simplemente no cree que las regiones están capacitadas para autogobernarse y, por lo tanto deben seguir dependiendo del Centro o, en el mejor de los casos, pueden ir lentamente obteniendo “pedazos” o cuotas de descentralización. Quien desconfía del otro no trabaja con él, más bien, tiende a trabajar en contra del otro o invierte mucho tiempo en desbaratar lo que este “otro” hace. Esto se

traduce en que muchas veces se atascan en la sociedad muchas buenas ideas, simplemente porque no son las “mías”, porque no se ajustan a los preceptos formales de los formularios, porque no siguieron los procedimientos burocráticos o no coinciden con las bases establecidas desde “arriba”. Las bases culturales y políticas de la desconfianza se encuentran tan fuertemente enraizadas en la sociedad, en la cabeza de la gente y en las instituciones, que su superación sólo es posible mediante el dinamismo provocado por conflictos, por luchas culturales con impacto político. Un país que desconfía no crece, se mantiene en el atraso, porque absurdamente rechaza miles de iniciativas, fuerzas e inteligencia de sus habitantes. Especialmente cuando se trata de pequeños proyectos, de comunidades rurales o alejadas, de comunidades pobres, de pequeña producción, de grupos vulnerables, entonces, siempre son más importantes “grandes” proyectos foráneos, que traen el progreso. Esto ha ocurrido en Chile con los llamados “megaproyectos”, provistos de grandes volúmenes de dólares americanos, considerados de por sí como la “salvación” de todos los males. En cambio, los pequeños proyectos o actividades de las comunidades pobres son considerados como no rentables o “inviables“. Pero estos pequeños proyectos son portadores de “capital social”. Su historia, muchas veces larga en el tiempo, sus tecnologías, sus conocimientos, su tejidos, su organización, su herencia social y cultural, constituyen factores fundamentales de autoreactivación y potenciación. La confianza, la cooperación y la reciprocidad vecinal pueden, en el marco del territorio y del sistema natural, provocar - si se les reconoce y fomenta – contribuir al desarrollo de la comunidad, de la región y del país. De allí que la discusión en torno a la participación no debe reducirse a la mera formalidad ni quedarse en el aspecto político, sino que debe partir de la vida misma de las personas y de la comunidad. Así por ejemplo, una “denominación de origen” vitivinícola en la cuenca del Itata – escasa y sumamente especial en el planeta tierra - puede, estratégicamente, valer mucho más para la comunidad local que una inversión de mil quinientos millones de dólares en una industria celulosa exógena, en un mundo globalizado, en el que las localidades deben potenciar sus propias ventajas comparativas. La participación, vista como avance en el proceso de autocercioramiento (Habermas, 1993: 28), debe ser considerada como la posibilidad histórica que tiene la sociedad chilena de modernizarse, dándole espacio a la libertad y emancipación de los chilenos.

¿Democracia de asamblea? Frente a la pregunta ¿Cómo sigue el país? O ¿Qué sucede con la sociedad? ¿Cómo se representan los ciudadanos? Resulta útil mostrar testimonios de jóvenes involucrados directamente en las movilizaciones de estudiantes secundarios, ocurridas en el mes de abril reciente en Santiago y otras ciudades del país, con motivo de la protesta por el llamado “pase escolar” para el transporte público. Esta protesta juvenil sorprendió al gobierno y a los partidos políticos, en un país caracterizado por la existencia de altos niveles de “apatía” y desmovilización política, especialmente en el ámbito juvenil. De pronto, las calles de Santiago y de las principales ciudades del país se repletaron de jóvenes y niños, protestando por la carestía del pase escolar y los engaños cometidos por los empresarios transportistas. ¿Fue una protesta espontánea? O ¿Se venía preparando de antes? No se sabe a ciencia cierta. Pero la verdad es que, estos movimientos sociales siempre tienen algo de preparado y de espontáneo. En todo caso, la causa que los

moviliza existe y sobrepasa el problema concreto del pase escolar. El problema de fondo es la falta de espacios para los jóvenes, reclamo juvenil de larga duración y de escasa receptividad en los partidos políticos y en el gobierno. “Para nosotros sobrepasó cualquier expectativa el haber juntado, ese 4 de abril, más de 10 mil estudiantes; se paralizó el 85% de la región metropolitana. Significó un punto cero, de partida para el movimiento estudiantil. Es un gran precedente. “Sí, pero igual la democracia es el sistema más legitimo en este momento, tal vez en el futuro exista un sistema en el cual sirva el tema de la horizontalidad. Pero ahora la democracia participativa es lo mejor”. “Los jóvenes no estamos inscritos en los registros electorales; por lo tanto, no somos válidos para la clase política. Porque no votamos, no somos un “bolso” atractivo para ellos. Después de las movilizaciones se acercó gente“ “El problema es que la Concertación ha caído muchas veces en el mal de la dictadura en que las protestas las reprime con palos y con agua y con agresiones a jóvenes de 15 años. Pareciera que el gobierno no ha entendido que estamos en democracia” (Daniel Manoucherhi, socialista, representante del Parlamento Juvenil, El Mercurio, 22.4.2001). “Para nosotros no sobrepasó nada. Porque antes de ese 4 de abril se hicieron cosas ya con la presencia de miles de jóvenes, claro que sin difusión. Encuentro que es algo que cayó por su propio peso. El tema en algún momento iba a estallar.. es el pequeño mayo francés. Es una historia que nace el año pasado cuando se termina la Feses (Federación de Estudiantes Secundarios) y se hizo un trabajo en los colegios para que los centros de alumnos trabajaran como asambleas, lo que les enseña a vivir en una verdadera democracia, y no en una electoral... El pase escolar es lo que rebasó el vaso, pero el tema es mucho mayor: se trata de una nueva estructura de organización (ACES). Primero que todo, un movimiento autonómo de partidos políticos de estudiantes secundarios no se veía desde los años ’30. Es de estructura horizontal, sin jerarquías. Es asambleísmo“ “Nosotros no acudimos a partidos políticos básicamente por un tema de autonomía; de hecho se nos acercó gente del PC (Partido Comunista), del Partido Humanista para darnos apoyo, y les dijimos no gracias.. Mira, la postura de la Asamblea es bastante clara: lo que hagan los partidos, lo que haga el Parlamento, a nosotros nos da lo mismo. Además se trata de tener un poco abiertos los ojos también. Uno sabe quien es quien en el tema. Yo sé que no nos dejaremos manipular... no iremos al Parlamento Juvenil porque no vamos a entrar a un órgano del Estado“ “No sé si les interesa que nos eduquemos o no, demuestra falta de interés (el gobierno). A lo mejor lo que necesita es mano de obra barata y no instruida, a lo mejor por eso la educación está en las condiciones actuales. No hay un interés real porque los jóvenes surjan” (Carlos Arias, anarquista, vocero de ACES, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, El Mercurio, 22.4.2001). Sería largo y apresurado analizar estas afirmaciones y opiniones, muchas veces bastante formadas y sólidas de estos dirigentes estudiantiles. Tanto el representante del Parlamento Juvenil como el vocero de ACES, tienen opiniones críticas sobre los partidos y el gobierno, si bien es cierto que Carlos Arias manifiesta una posición anti-institucional, impregnada de anarquismo. El anarquismo surge cuando la sociedad no tiene quien la represente, cuando los partidos se encuentran en crisis o sólo representan lo oficial. Ya hemos indicados que en el país los partidos políticos se han separado de los ciudadanos, de la población o del pueblo. Prácticamente no existe oposición, en el momento en que la economía domina el escenario político. Durante el año 2000 y lo que de corrido del 2001 también el pueblo mapuche, fuertemente presente en el sur de Chile, se movilizó contra el Estado y las empresas

forestales para recuperar tierras, derechos constitucionales de reconocimiento como etnia, por su cultura y el derecho a la autodeterminación. Se movilizan sin contar con el apoyo de los partidos políticos ni de las instituciones estatales, aunque con creciente simpatía en la población. La asamblea puede representar – más allá de las reminiscencias ideológicas anarquistas – el lugar donde se reconstituye la sociedad, donde se reestablece el diálogo, la interrelación, la comunicación y la solidaridad. En el fondo, es una especie de “comunidad”, necesaria para reconstruir el destruido tejido social, base de la sociedad y de la integración. En la asamblea, en el grupo, en el equipo, en el club, en los grupos de esquina, en la movilización territorial de las etnias, de los géneros, de la tercera edad, de los ecologistas y ambientalistas, el neotribalismo marca su territorio para dar lugar los espacios sociales y culturales por donde avance su propia subjetividad. Ahora bien, la asamblea es al mismo tiempo el recipiente amplio de las insatisfacciones, resentimientos, frustraciones, desconfianzas, individualismos, narcisismos y manipulaciones de una sociedad profundamente escindida y socialmente desreferenciada. Las asambleas, por lo mismo, pueden ser también instancias circunstanciales que no generen sentido de pertenencia y comunidad y, que en vez de integrar, desintegren. En otras palabras, el papel positivo o negativo de la asamblea depende del nivel de cohesión y integración de sus propios miembros, lo que varía de organización en organización. De esta manera, la política y los partidos, necesarios en toda sociedad moderna, podrán encontrarse con los nuevos problemas y temas a la orden del día en nuestras sociedades - de los que hoy se encuentran alejados -, podrán recontextualizarse, redefinirse y reencantar políticamente a los ciudadanos.

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URUGUAY: CAMBIOS POLITICOS RECIENTES y SU CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Gerónimo de Sierra Departamento de Sociología Facultad de Ciencias Sociales Universidad de la República- Uruguay [email protected]

Cambios recientes en la sociedad uruguaya Los especialistas en América Latina reafirman periódicamente su convicción de que, en una perspectiva comparativa, el Uruguay sigue ocupando en varias dimensiones sociopolíticas su lugar tradicionalmente privilegiado en el continente. Esta conclusión está lejos de ser arbitraria o subjetiva, ya que se ve confirmada por las estadísticas de los organismos internacionales y multilaterales, tanto globales como regionales. Sin considerar aquí ciertos límites metodológicos de esas cifras, un analista local, concordando básicamente con dichas conclusiones, puede y debe enriquecer ese análisis con la consideración de ciertos fenómenos que las complementan y acotan, agregando así algunas dimensiones y procesos que suelen ser menos visualizados desde el extranjero. Sin ese esfuerzo, se hace difícil dar cuenta de las sustanciales transformaciones recientes del sistema político y de partidos uruguayo (ver mas adelante), así como de los bloqueos y tensiones sociopolíticas que viene enfrentando el país últimamente. Por ejemplo, nos referimos al sustancial avance electoral del frente político de izquierda –único en América Latina con esa magnitud- , así como a las dificultades crecientes de la alianza gubernamental en los últimos lustros para redefinir la inserción internacional del país, y articular, o dirigir estratégicamente, un proceso de crecimiento económico sustentable y con legitimidad interna. ¿Cuáles son esas dimensiones y procesos sobre los cuales queremos echar luz en esta introducción? Señalaremos ahora básicamente tres, sin perjuicio de otros que podrían señalarse en un análisis mas desagregado del problema, al cual no podemos entrar en este artículo. a-En primer lugar, los diversos procesos de globalización y mundialización en curso –con las presiones asociadas para que los países realicen el ajuste fiscal y la apertura de los mercados internos- los que como hemos tratado en otros trabajos (de Sierra, 1994 y 2001), afectan de manera particular, y mas severamente, a los pequeños países de América Latina y en general del mundo periférico. Como decíamos en el primero de esos trabajos: “Finalmente, cabe señalar que en un período histórico en que se acentúa la influencia de las grandes unidades económicas trasnacionales (productivas, comerciales y financieras) y su creciente capacidad para sobredeterminar las capacidades decisionales de los Estados, son justamente los Pequeños Países (PP) quienes mas se ven expuestos a la influencia de dicho fenómeno 1. Y por esa vía ven dificultado al máximo su posibilidad de compatibilizar las políticas de reinserción al mercado mundial y reequilibramiento macroeconómico, con las exigencias de integración socioeconómica nacional y de gobernabilidad

tanto sistémica como progresiva de sus respectivas sociedades. Resumiendo, podemos sostener las siguientes hipótesis: 1- si bien el “tamaño” de un país está lejos de dar cuenta por sí solo de su desempeño económico y su evolución sociopolítica, a “todas condiciones iguales” él especifica sus márgenes de acción, haciendo tendencialmente mas dificultoso su proceso de desarrollo así como la solidez e independencia del Estado- nación. Por ser esta una ley tendencial, ella no se ve anulada necesariamente por la existencia de excepciones, las que por otra parte no pocas veces se deben al cambio de las “condiciones iguales” implicadas en la proposición anterior.2 2- estas limitaciones propias de los PP parecen asumir un mayor grado de pertinencia y vigencia operativa en períodos (como es el caso actualmente) en que se procesan grandes redefiniciones en la estructura internacional y las correspondientes redes de interdependencia (y dependencia) geopolítica y económica entre países y bloques. 3- a su vez, dicho efecto limitante sobre los PP se extrema cuando estas redefiniciones se dan en un contexto de desarrollo en que las fuerzas productivas y los mercados se globalizan, y cuando ha aumentado radicalmente el nivel de acceso estable y duradero de nuevos países y/o empresas a las condiciones de competitividad internacional -genuina o protegida-. 4- esta dificultad tendencial de todos los PP se ve agravada en este período histórico para los PP que se ubican en América Latina dadas su previa condición dependiente -periférica, su bajo nivel comparativo de desarrollo, la “cercanía” geopolítica con EEUU de la mayoría de ellos, y la creciente pérdida de centralidad de toda la región en la economía mundial. 5- en el marco de esas determinaciones tendenciales -generales y de etapa histórica- operan las diferencias nacionales entre los PP. Tanto de tipo histórico y estructural (económicas, relación previa del Estado con la sociedad y el sistema político, nivel de integración social, etc.), como aquellas ligadas a los “proyectos” nacionales y sociopolíticos de las diversas élites y el gobierno, su “voluntad y capacidad de actuar” y el entramado de movimientos sociales y políticos existente en el período a estudio.” Para el Uruguay – a pesar de sus ventajas materiales, sociales y políticas acumuladas en las primeras cinco décadas del siglo XX- ello implica enfrentar una difícil reconversión empresarial y de mentalidades, un nuevo pacto social interno, una transformación del estado y la gestión pública, y una redefinición de las alianzas internacionales. Y ello sin contar con las ventajas de los anteriormente altos precios de sus materias primas básicas (carne y lana), sin el peso demográfico y geopolítico de otros países, y debiendo enfrentar unas demandas sociales internas históricamente altas y sostenidas por sectores sociales organizados, activos y tradicionalmente legitimados por el sistema político y cultural predominante de larga data. A ello debe agregarse el importante deterioro social heredado del ciclo dictatorial, que duró desde junio de 1973 hasta marzo de 1985 (de Sierra, 1992 y 1994). b- En segundo lugar, paralelamente a los efectos derivados de la mencionada globalización –especialmente para un país pequeño- el Uruguay debió enfrentar despreparadamente el proceso paralelo de regionalización; en su caso ello significó el ingreso brusco al Mercosur, lo que implicó nuevas exigencias y una interacción muy estrecha con los dos grandes de América del Sur: Argentina y especialmente el gigante Brasil. Ello le abre sin duda oportunidades, pero

también le representa grandes desafíos y servidumbres, tanto en lo que refiere a su equilibrio socioeconómico, como también en cuanto a su propia identidad en tanto país, al menos en el formato tradicional desde el siglo XIX. (de Sierra, 2000; Achugar, H. y otros, 1995). El Mercosur, ese bloque exitoso pero con un socio “demasiado grande” al decir de Jorge Schvartzer (2000), dinamizó fuertemente sus exportaciones hasta la devaluación brusca de Brasil en 1999 –y sus efectos sobre Argentina- pero también puso al rojo vivo los viejos equilibrios productivos, sociales e identitarios del Uruguay. En particular amplió, los descontentos sociales y políticos de los sectores mas afectados por la nueva situación (industriales, comerciantes y productores rurales que trabajan para el mercado interno, en especial pequeños y medianos; asalariados públicos y del comercio; obreros industriales; educadores básicos y de la universidad; etc) No queremos con esta afirmación decir que la crisis interna –en especial social y económica- tenga solamente sus raíces en el escenario creado por el Mercosur. En realidad ella se arrastra –sin perjuicio de ciertos períodos de mejoría- desde los años sesenta y se agravó desde los setenta, cuando la política económica y social de la dictadura militar apostó a una reconversión de tipo neoliberal; al menos en el sentido de una apertura incondicional del mercado de bienes y financiero, reducción del gasto social de tipo estructural (particularmente vivienda social y educación publica) y disminución de la regulación estatal de la vida económica, junto al monetarismo y el equilibrio fiscal como ejes estratégicos casi exclusivos de la política gubernamental. Política de tipo neoliberal pero a medias, sin aquellas reformas radical/conservadoras que hicieron posible –entre otros factores- el largo crecimiento del Producto Bruto Interno en Chile post 1982. El llamado déficit social en el país se arrastra desde ese período (de Sierra, 1994). c-En tercer lugar, queremos referirnos justamente a ciertos aspectos de este déficit social, es decir ciertas dimensiones de la crisis social en curso. Sin duda menos profunda y vertiginosa que en otros países de América Latina, pero que justamente por el importante avance histórico de la sociedad uruguaya, es vivida muy traumáticamente por ésta. Se trata sin duda de una crisis social, pero que en el caso uruguayo adquiere una fuerte dimensión sociocultural y sociopolítica, ya que ella significa un descenso –y para muchos un cierre- de las expectativas de movilidad social, e incluso del imaginario futuro respecto del propio país. Para decirlo gráficamente, ya nadie hace referencia al viejo eslógan, “Uruguay, Suiza de América”, a no ser como referencia jocosa y despechada. La nueva ola emigratoria en curso3 –siempre mas grave para países con poca población- es la expresión mas cruda de ese desánimo societal, y en cierto modo su expresión inapelable en el corto plazo. Si Robert Letchner (1998) cree ver serios problemas de integración sociopolítica en el futuro de Chile, un país donde creció la economía durante muchos años, un análisis con su metodología aplicado al Uruguay mostraría en varios aspectos un futuro con problemas bastante similares. Lo específico de los años recientes es que el nuevo deterioro social (para diferenciarlo del generado durante la dictadura militar) se produjo en forma paralela al razonable crecimiento del Producto Bruto Interno durante ocho años, hasta la grave recesión abierta desde comienzos de 1999, la que aún está vigente y parece ha de durar por lo menos un año mas. Y además fue paralelo a la renovación tecnológica de muchas empresas y sectores de servicios. Lo cierto es que al menos en cuanto al mercado de trabajo, la precarización de los empleos, la desocupación, y la distribución del ingreso el deterioro de los sectores sociales mas débiles es claro, como concluye un importante trabajo de investigación empírica realizado por Martín Buxedas (1999) para la OIT:

“Comparemos la situación de los hogares comprendidos en el quintil de ingresos más alto con los del más bajo. El primero incluye al 20% de los hogares urbanos con mayores ingresos y el segundo al 20% de los hogares de menores ingresos. Este último grupo de hogares coincide, aproximadamente, con lo que pueden denominarse pobres en el caso de Uruguay. La tasa de actividad de los jóvenes del quintil bajo aumentó y la del más alto disminuyó. En consecuencia, se observa una tendencia divergente en la integración al mercado de trabajo que expresa un rasgo negativo; la creciente diferencia entre ricos y pobres en la permanencia en el sistema educativo La tasa de desempleo del quintil de bajos ingresos creció 5 puntos porcentuales y la del quintil mayor 1,5 puntos. En 1996, la tasa de desempleo del quintil de menores ingresos fue cinco veces superior a la de la población activa que integraba los hogares con mayores ingresos (21% y 4%). El empleo en el sector informal (sin considerar el trabajo doméstico) aumentó entre los ocupados del primer quintil de ingresos y se redujo en el de mayor ingreso. El empleo “con restricciones” en el grupo de menores ingresos aumentó 6 puntos porcentuales y en el del quintil mayor un uno por ciento. El empleo con restricciones refiere principalmente a los asalariados privados que no tienen un sistema colectivo de atención de la salud y que, por lo tanto, no tienen cobertura de la seguridad social. En la década del noventa la proporción de población pobre disminuyó hasta 1994, en los años de auge económico, y aumentó luego hasta niveles sólo en algo inferiores a los de comienzo de la década. La desigualdad en la distribución de ingresos por trabajo (mejor captados en las encuestas de hogares que en los datos manejados por CEPAL) creció, según Szèkely (BID) y Vigorito (UDELAR). La proporción de pobres por línea de pobreza según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística es cuatro veces superior a las publicadas por la CEPAL. La distribución del ingreso, medida a través de distintas variantes del índice usualmente utilizado (conocido como Gini) es varios puntos superior en las estimaciones del BID o de fuentes nacionales y además muestra un deterioró en la década del noventa en lugar de haber mejorado, como indica la CEPAL.” Este deterioro diferencial repercutió en un crecimiento de la marginalidad y la exclusión social , acompañados por el aumento de la delincuencia urbana, como lo muestran –entre otros muchos- los estudios de Kaztman (1996) y el último informe de la oficina nacional del PNUD (1999). Exclusión agravada entre los jóvenes, y sobre todo los niños (45% en situación de pobreza), fenómeno novedoso en el país y vinculado en parte a la mayor natalidad entre los sectores pobres de la población. El conjunto de estos factores está vinculado al ya mencionado deterioro de la seguridad social –en particular la cobertura sanitaria- y de la vivienda de crecientes sectores de la población. Como dijimos anteriormente, en buena parte de los indicadores socioeconómicos el Uruguay aparece en buena posición comparado con la mayoría de los países de América Latina. Esto vale también en materia de empleo y desempleo abierto o encubierto, así como su precarización.

Sin embargo –para los fines de este trabajo- hay que tener en cuenta la evolución histórica del problema, y el hecho de que se trata de un país con apenas tres millones de habitantes en un territorio de 185.000 kilómetros cuadrados, teniendo la menor tasa de natalidad del continente, y casi el 12% de su población emigrada. En ese contexto es un hecho muy expresivo que no se logre desde hace años disminuir sus tasas de desocupación. Y, a diferencia de países de desempleo y subempleo crónicos, en el Uruguay ello significa una vivencia “subjetiva” muy traumática, como lo muestra que el 66% de los uruguayos define al desempleo como su principal problema 4. En la década del noventa se mantuvieron altas tasas de desempleo abierto, oscilando siempre cerca del 10%- con énfasis en el sector público y en la industria, que eran los que tenían antes una mejor situación cualitativa del empleo. Pero importa señalar que esta situación se agravó en 1999 (11.8%) y en el 2000 (13.5%) cuando se alcanzaron guarismos sólo comparables con los últimos años de la dictadura militar. Por otro lado se estima que en el 2000, entre el 48 y el 52 % de la población económicamente activa tenían situaciones de empleo “precarias” (subocupación, informalidad, ausencia de cobertura social, etc). En otro orden –y contrariando la tradición nacional- los últimos diez años vieron descender la inversión global pública en educación al 2,5% del PBI, nivel de inversión inferior al promedio de América Latina, y sólo comparable al de Haití. Los indicadores del deterioro producidos por el largo período de baja inversión educativa (ponderado por la pirámide de edad y el PBI) son por un lado cualitativos, en especial en la calidad de la enseñanza pública, de primero y segundo grado, que sigue aún siendo mayoritaria. También se aprecia en las crecientes tasas de repetición, el alto número de alumnos por aula, las deserciones precoces (especialmente en los sectores de contexto social medio y bajo), la paulatina descalificación de los docentes, etc. Pero también cuantitativos, ya que si bien el Uruguay sigue siendo líder en cobertura, ya se aprecia un 20% de analfabetismo en la propia capital del país -y hasta un 40% en sus barrios más carenciados-fruto de la baja cobertura en los sectores de niños y jóvenes en situación de pobreza y marginalidad. (PNUD 1999).

El shock electoral de las elecciones presidenciales de 1999 Con la perspectiva contextual de las consideraciones anteriores podemos analizar las recientes elecciones para elegir el nuevo presidente (a dos vueltas, modificación introducida por la reforma constitucional de 1996). Pero como la primera vuelta sigue realizándose simultáneamente con las elecciones para elegir el Senado y la Cámara de Diputados, debemos analizarlas en conjunto para tener una visión adecuada de la nueva relación de fuerzas políticas que se delineó en el país. En particular porque la asignación de bancas al Parlamento se realiza en la primera vuelta y por el régimen proporcional (Hont); es decir que cuando ningún candidato obtiene mayoría absoluta en la primera vuelta, quien gane luego el balotaje tampoco tendrá mayoría en el Parlamento, salvo que realice acuerdos políticos o alguna forma de coalición. También se debe tener en cuenta que la constitución exige, para diversos temas importantes, mayorías legislativas calificadas, ya sea de dos tercios o de tres quintos, lo que refuerza la presión para realizar acuerdos políticos supra partidarios para obtener gobernance u otras formas de gobernabilidad, al menos en los casos como éste en que el Presidente electo no obtuvo mayorías parlamentarias propias en la primera vuelta.

Digamos desde ya que el presidente electo -Dr. Jorge Batlle del Partido Coloradono solo no obtuvo mayoría absoluta en la primera vuelta del 31 de octubre, sino que su partido se ubicó en segundo lugar -32,8 % de los votos-, bastante detrás del Frente Amplio/Encuentro Progresista que obtuvo el 40,1 %, quedando tercero el Partido Nacional con 22,3 %. La cuarta fuerza fue el Nuevo Espacio con sólo el 4.5 % de los votos.5 Antes de analizar en detalle los resultados en ambos turnos, subrayemos el significado político más sustantivo de dichas elecciones. Cuatro son los aspectos más novedosos que surgen de los resultados de la elección presidencial ganadas en el balotaje por el Dr. Jorge Batlle del Partido Colorado (54.1 %) quien venció al Dr. Tabaré Vázquez del Frente Amplio (45.9 %). El primero, que por primera vez en la historia, la coalición de izquierda -Frente Amplio/Encuentro Progresista- aunque sin ganar la presidencia, pasó a ser claramente la mayor fuerza política a nivel nacional, en bancas parlamentarias y también en votos ciudadanos. El segundo, que también en forma inédita en el Uruguay, el candidato mas votado dentro del partido mayoritario (Dr. Tabaré Vázquez) no ejerce la presidencia de la nación, lo que obliga a todas las fuerzas en presencia a redefinir el estilo y formato histórico de sus relaciones políticas. El tercero, que el Partido Nacional tuvo la peor votación de su historia y quedó relegado a un lejano tercer lugar, poniendo en jaque su viejo rol histórico de ser uno de los “partidos de gobierno”. El cuarto, que como efecto de la reciente reforma constitucional, en el balotaje los partidos históricamente de gobierno (Colorado y Nacional) para poder ganarle al candidato de la izquierda (Dr. Tabaré Vázquez) debieron por primera vez hacer campaña juntos y votar a un solo candidato –del partido Colorado en este casoque los representara. Con el corolario de que deberán gobernar con un formato explícito de coalición. Se consolida así el fin del más que centenario bipartidismo tradicional (Nacional/ Colorado), y se abre el proceso hacia un posible nuevo bipartidismo con el clivaje derecha/izquierda, o si se quiere de centroderecha/ centroizquierda. Complementariamente, cabe anotar que el avance del Frente Amplio se dio no solamente en la capital, como era tradicional, sino también en el resto del país, donde pasó a ser la segunda fuerza global y primera en varios Departamentos claves desde el punto de vista económico y poblacional. Resumiendo se puede decir que la coalición de derecha, o de centro derecha, retuvo el Ejecutivo, pero también que se produjo un fuerte corrimiento al centro izquierda en el “centro de gravedad” del sistema de partidos, quedando además el país dividido en dos bloques políticos relativamente similares. ¿Por qué podemos hablar de un terremoto en el sistema político y partidario, cuando no sólo el Partido Colorado (PC) vuelve a presidir el gobierno, sino que además el Partido Nacional (PN) pasó a integrarlo como miembro explícito de la coalición?. Para entender esta aparente contradicción hay que tener presente la historia política del país. Historia que durante décadas había asistido a una mayoría de ambos partidos sumados abrumadora (entorno del 90% de votos) y con un peso relativo equilibrado entre ambos. Esa relación de fuerzas comenzó a cambiar lentamente en 1971 cuando se creó el Frente Amplio (FA), se acentuó en 1994 con una paridad de tres tercios, pero recién ahora tuvo un cambio radical donde el FA6 pasa a ser mayoría neta, el PN se reduce drásticamente, y ambos partidos tradicionales sumados sólo alcanzan el 55 %. Gruesamente, puede decirse que las ganancias del FA fueron tomadas del retroceso del PN, manteniéndose estable el PC.

Votos de PC, PN, FA/EP y NE en 8 elecciones (Todo el país, en porcentajes) 1962

1966

1971

1984

1989

1994

1999

P.Colorado

44.5

49.3

41.0

41.2

30.3

32.3

32.8

P.Nacional

46.5

40.4

40.2

35.0

38.8

31.2

22.3

Total PC/PN

91.0

89.7

81.2

76.2

68.7

63.4

55.1

Fr.Amplio

=

=

18.3

21.2

21.2

30.6

40.1

N.Espacio

=

=

=

=

9.0

5.1

4.5

Es cierto que en el Uruguay existe una larga tradición democrática y de pluralismo partidario, pero también es cierto que el monopolio de gobiernos blanqui-colorados nunca había sido amenazado hasta 1994 -con la vieja Constitución a una sola vuelta y elección presidencial a mayoría simple- y ahora de nuevo con la reciente Constitución a dos vueltas y mayoría absoluta. El balotaje se introdujo sin duda para dificultar la casi segura victoria del FA; pero al ir acompañado de la obligación de un sólo candidato por partido7 y la separación en el tiempo de las elecciones municipales (algo nunca ejercitado antes en la tradición blanco-colorada), se puede observar que terminó favoreciendo la polarización entre el principal partido opositor y los viejos partidos tradicionales como conjunto. Y facilitó que el FA continuara creciendo en votos hasta llegar al 40.1 % actual para el Parlamento y al 45.9 % para la presidencia (en la segunda vuelta). Por eso, si hablamos de terremoto, es en relación a un pasado muy consolidado. No sólo se terminó el bipartidismo tradicional de facto, y el tripartidismo equilibrado de 1994, sino que parece emerger un posible nuevo bipartidismo donde uno de los polos es la izquierda o el centro izquierda, y donde ésta emerge como la principal fuerza partidaria considerada individualmente. A ello debe agregarse otro hecho muy importante: como el FA/EP controla 2/5 del Parlamento, ello obliga al gobierno a negociar con aquel muchas designaciones claves en el aparato estatal -u optar por su aprobación diferida- , así como la aprobación de ciertas leyes que exigen quórum especial, al tiempo que permite al FA interpelar o llamar a sala a los ministros con sus solas fuerzas, cosa que no sucedía anteriormente. Es decir que la principal fuerza política del país, si bien no controla el poder ejecutivo, puede sí exigirle que cambie el estilo tradicional de trato a la izquierda si quiere obtener una administración que no se vea continuamente jaqueada y en ciertos temas realmente paralizada. O sea que el nuevo escenario presiona a optar entre un formato negociador e integrativo, u otro confrontacional y que puede bloquear la vida política. La tradición política uruguaya siempre fue negociadora pero entre Blancos y Colorados; ahora debe ampliar ese hábito hacia la izquierda, en especial porque la Constitución actual fue pensada para un bipartidismo tradicional y no un sistema básicamente tripartidario, donde la izquierda es mayoría relativa pero neta. Como ya dijimos, en las últimas elecciones también se rompió otra larga tradición, donde la izquierda parecía tener destino electoral sólo en la capital (en la que era gobierno municipal desde 1989) y en las regiones del área metropolitana. El 31 de octubre de 1999 el FA/EP se posicionó como primera fuerza en cuatro

Departamentos y como segunda fuerza en otros cuatro, lo que constituye también una especie de revolución cultural y no sólo electoral. De hecho fue en el interior del país donde más creció el FA/EP en esas elecciones, -un 78 %-, mientras que en Montevideo -la capital del país- si bien partía de un score muy alto, subió sólo un 17.5 %, pasando del 44.0 al 51.7 % de los votos emitidos en la primera vuelta. Elecciones nacionales de octubre de 1999 Votación del FA en Departamentos seleccionados (1984-1999) (en porcentajes) -----------------------------------------------------------------1984 1989 1994 1999 -----------------------------------------------------------------Montevideo 33.6 34.6 44.0 51.7 Paysandú 14.5 12.6 24.0 42.1 Canelones 15.8 16.7 28.2 39.3 Maldonado 11.3 11.5 18.8 35.6 Soriano 10.4 10.1 22.0 33.3 ---------------------------------------------------------------------Estos cinco Departamentos son -junto con el de Colonia- los más poblados y en buena medida los más modernizados y urbanizados del país. En conjunto superan el 70 % de la población y del PBI totales. En todos ellos el FA/EP se perfiló como serio competidor en las elecciones municipales del mes de mayo del 2000, en las cuales no rigió el balotaje sino la mayoría simple (aunque pueden darse –y se dieron- balotajes de facto por decisión política de los partidos tradicionales, en varios departamentos donde se veían mas amenazados). Otro aspecto a resaltar es que si bien ya en las elecciones de 1994 el FA/EP había ampliado su votación en los sectores menos educados y más pobres de la población8, en esta elección ese fenómeno se amplificó notablemente, tanto en la capital como en las pequeñas y medianas ciudades del interior. Penetró así en lo que antes se consideraban reductos de los sectores populistas de derecha y extrema derecha. Ello explica que por ejemplo en Montevideo (donde obtuvo el 51.7% de promedio en 1999), el FA/EP se impusiera abrumadoramente en los barrios de la periferia, mientras que su score fuera disminuyendo –aunque siendo siempre alto- a medida que se aproxima a los barrios de clase media y alta. Ahora bien, un fenómeno electoral de esta magnitud en un país tradicionalmente lento y sin sorpresas, en cuanto al comportamiento de los votantes, exige buscar explicaciones que no sean simplistas ni unidimensionales. Provisoriamente se pueden señalar las siguientes causas concomitantes: a-el desgaste lógico de las expectativas ciudadanas en los partidos que gobernaron siempre, y en particular en las tres administraciones posdictadura; sobre todo porque en estos años operaron cada vez más en un registro de coalición de facto, dejando al FA como la única oposición claramente identificable para el ciudadano común. Esta es sin duda una causa de mucho peso, pero por si sola parece insuficiente para explicar todo el fenómeno en cuestión. b- el acostumbramiento -o si se quiere banalización- a la presencia de la izquierda en el escenario político, favorecida por dos fenómenos concurrentes. Primero la mencionada evolución ideológica y programática hacia el centroizquierda y la lógica intra sistema, en especial luego de la crisis del campo socialista. Segundo el ejercicio exitoso de dos gobiernos municipales sucesivos en el Departamento

de Montevideo, sede de la capital del país y donde se concentra casi el 45 % de la población y una proporción aún mayor del PBI nacional.9 c-el hecho de que todas las fuerzas de izquierda operen desde 1971 nucleadas en el FA (y su ampliación actual a través del EP), con autoridades y programa comunes y con candidatos únicos a los cargos ejecutivos. Es decir que en varios planos simbólicos y operativos el FA presenta una fisonomía y una continuidad casi únicas en América Latina, lo que sumado a la longevidad, le ha ido dando las características de un nuevo partido tradicional en el país. Ello neutralizó parte importante de las resistencias tradicionales a votar “izquierda” d-la presencia en las últimas dos elecciones de una candidatura del FA/EP a la presidencia, sin duda muy carismática y de gran penetración en la opinión pública, como es la del doctor en medicina Tabaré Vázquez, indudable fenómeno político que se proyectó nacionalmente a través de su desempeño como Intendente de Montevideo en el período 1989-1994. Un político intuitivo, pragmático, con inflexiones a veces de tipo populistas, que no viene de la política y que hace cuestión de ese hecho para avanzar políticamente. e- la convergencia creciente en la orientación programática -de inspiración crecientemente neoliberal- entre el PC y el PN; al menos entre sus sectores mayoritarios, ya que sus opciones de centro o de corte socialdemócrata fueron perdiendo peso sin solución de continuidad. Ello dejó relativamente libre ese espacio para las propuestas del FA, y en menor medida del Nuevo Espacio. f-el hecho de que el candidato único del PN -por elecciones internas previasfuera el Dr. Alberto Lacalle, ex-presidente, muy cuestionado fuera y dentro de su partido por graves acusaciones de corrupción y mal uso de fondos públicos durante su gobierno. Ello contribuyó a la pésima votación de todo el PN y a un corrimiento de muchos de sus ex-votantes hacia el FA/EP ya en la primera vuelta. Y de un nuevo grupo -aunque menor- en la segunda vuelta. g-los efectos de la desaparición paulatina -por razones demográficas- del electorado de edad avanzada, más ligado históricamente a los partidos de gobierno y sus fuertes tradiciones, contrariamente de aquel más joven e incorporado a la vida política más recientemente, que los estudios electorales han mostrado tiende a inclinarse mayoritariamente por el FA/EP. h- el impacto negativo sobre la lógica de reproducción política de los partidos tradicionales de la reciente reforma Constitucional (en sus rubros electorales) que jaqueó fuertemente los hábitos y costumbres de sus dirigentes superiores e intermedios, desorientando en parte a su electorado. Esta reforma de 1996 dividió en su momento por mitades al electorado y en menor medida a las dirigencias políticas; unos pensando que los perjudicaba y que estaba hecha básicamente para frenar el posible gobierno del FA; otros pensando que los beneficiaba, pero reconociendo que al combinar el balotaje con los candidatos únicos por partido, y separando las elecciones municipales, ello les traería problemas. A estos factores de tipo más propiamente políticos, se deben agregar aquellos de índole socioeconómica, algunos de tipo coyuntural: i-la existencia de sectores crecientes de medianos, pequeños y micro empresarios que trabajan para el mercado interno (urbanos y rurales), así como de las capas medias bajas y populares, que han sufrido en estos quince años los efectos de

las reformas macroeconómicas y del gasto público social que se aplicaron. Como ya señalamos, éstas han sido menos radicales que en otros países, pero de todos modos privilegiaron al sector financiero de la economía, retrajeron la protección estatal de los más débiles, y generaron mayor desocupación y subempleo, precarización de los puestos laborales, migraciones campo-ciudad, y -lo que es nuevo en el país- un creciente sector de marginales urbanos, empobrecimiento juvenil y sobre todo infantil, y una creciente inseguridad y violencia urbanas. j-la fuerte devaluación de la moneda brasileña a comienzos de 1999, con su efecto negativo inmediato para la economía uruguaya, sobre las exportaciones, el empleo, el crecimiento económico y más en general sobre las expectativas globales del país y del propio Mercosur. Esa coyuntura afectó sin duda las chances de ambos partidos tradicionales10 que insistieron en su campaña electoral -en esa circunstancia tan desfavorable- en minimizar cualquier defecto del modelo que coaplicaban, y ridiculizar los planteamientos críticos de la oposición a ese respecto. Sin duda se podrían agregar otros factores que pudieron contribuir al crecimiento espectacular del FA, pero debe reconocerse que en los meses previos a la elección casi nadie apostaba a que este llegara al 40 % en la primera vuelta. Hubo por lo tanto un cierto factor sorpresa, no en cuanto a su crecimiento sino en lo que hace a la magnitud. Una explicación no oportunista debe pues investigar en profundidad como operó en concreto la combinatoria de los diversos factores que mencionamos. Se ha dicho que dadas todas esas circunstancias -y si no hubiera ganado la reforma en 1996- el FA hubiera ganado el gobierno en la primera vuelta. Es posible que así fuera, aunque otros sostienen que sin la eliminación de las tradicionales múltiples candidaturas para presidente de los dos partidos tradicionales, la prohibición de sub lemas para las diputaciones, y la separación en el tiempo de las elecciones municipales, el partido Colorado y sobre todo el partido Nacional, hubieran votado muchísimo mejor y habrían de todos modos hecho incierto el resultado. Es difícil dirimir post factum ese debate. Lo que sí es cierto, es que aquel escenario sociopolítico y económico, con el marco de esta reforma en las reglas electorales, produjo finalmente ese nuevo mapa político y partidario en el país. En rigor no se produjo un corrimiento radical de la autodefinición política del electorado en un continuo derecha-izquierda, sino más bien un cambio en la forma de expresión político-partidaria de buena parte del gran bloque de votantes de centro. Es decir que el FA/EP recogió más votos centristas que fueron perdidos por los partidos tradicionales. Eso se expresó ya en la primera vuelta, y se vio reforzado simbólicamente en la segunda vuelta, donde un candidato de izquierda, autodefinido como socialista, disputó casi de igual a igual la presidencia del país. Políticamente eso representa en el Uruguay una innovación muy grande respecto al pasado. Sobre todo si se tiene en cuenta que la coalición Frente Amplio está situada nominalmente, y realmente, más a la izquierda que las coaliciones que apoyaron por ejemplo a Lagos en Chile y a De la Rúa en Argentina. Y que tiene una tradición política y una consistencia organizativa bastante consolidada. Pero esto no debe hacer pensar que el FA “mayoritario” de 1999 es el mismo de 1971 o incluso de 1984 a la salida de la dictadura. Sigue agrupando a los viejos partidos de izquierda y otros sectores independientes. Pero ni estos partidos sostienen los mismos programas y funcionan como antes, ni las relaciones de fuerzas internas son las mismas. Si bien la gama de posiciones internas es bastante amplia, es claro que predomina en la práctica un pensamiento y una conducta política que no sólo juega completamente dentro de las reglas del

sistema político, sino que se podría definir como de tipo social demócrata, o de reformismo más o menos radical según los momentos. Este cambio se fue produciendo paulatinamente desde 1984, con altibajos y crisis varias, no siendo la menor la salida del FA en 1989 del Partido por el Gobierno del Pueblo (luego escindido lo que dio lugar al Nuevo Espacio),y la Democracia Cristiana (luego reinsertada en el FA al crearse el Encuentro Progresista/FA en 1994). Fue un cambio que acompañó significativamente la sucesiva “aproximación” al gobierno (accediendo ya en 1989 al municipio de Montevideo), y que fue procesado en sucesivos debates y congresos. También incidió la crisis y división del antiguo Partido Comunista, acompañada por el surgimiento de nuevos grupos y líderes “independientes” , así como el cambio de la “cultura”política de izquierda en el país, así como en toda la región y en Europa. De todos modos fue un cambio que avanzó siempre mas en los hechos que en virajes doctrinarios demasiado explícitos, aunque sí hubieron corrimientos sucesivos en el programa inicial de 1971. En la campaña electoral el FA hizo cuestión de hablar de dos proyectos de país. Pero el clivaje real de los dos proyectos pasaba por el grado de participación estatal frente al mercado, la profundidad de las políticas sociales compensatorias, el quantum de políticas productivas explícitas, el tipo de atención a dar a los reclamos sobre los desaparecidos durante la dictadura, etc. Se puede sostener que ese planteo hecho desde la oposición logró captar una gama amplia y heterogénea de insatisfacciones con los últimos gobiernos del PC y el PN, asociados o coaligados en grados diversos en cada administración, pero claramente percibido por la ciudadanía. En cuanto a los partidos tradicionales ya vimos que eligieron defender la lógica de su gestión anterior que estuvo más centrada en el retiro relativo del estado, la apertura radical a los mercados, el ancla cambiaría (con la consecuente pérdida de competitividad internacional) como instrumento central para el equilibrio fiscal; y, mas globalmente, una convocatoria a asumir los riesgos de la modernización mercadista en todas sus consecuencias. La victoria como candidatos de Jorge Batlle y Alberto Lacalle en las elecciones internas previas, y luego el triunfo de su coalición en el balotaje, expresan el predominio del polo más liberal en lo económico y lo social dentro de ambos partidos. Sin embargo debe hacerse una lectura más detallada de los resultados para comprender el nuevo escenario.11 Lo anterior es claro para el PN donde los sectores ajenos a Lacalle quedaron en las internas en franca minoría dentro del PN. Pero el PC se dividió en dos mitades similares (lideradas por Batlle y Sanguinetti), lo que combinado con el enorme peso del FA en el Parlamento, creó un escenario más complejo y matizado para el nuevo gobierno. Sobre todo que este pasó a actuar aprovechando su mayoría simple para aplicar su programa, pero al mismo tiempo no puede dejar de leer el mensaje de las urnas en vistas a las elecciones presidenciales del 2004, donde el FA se perfila como potencialmente ganador, incluso con el balotaje. Es decir que el país quedó con un escenario político muy complejo y relativamente trabado. Ello exige al gobierno no sólo disciplinar a sus diversos componentes políticos, sino además buscar formas inéditas de negociar y transar con una oposición que tiene un muy fuerte apoyo ciudadano y el 40% de los votos en el parlamento. De lo contrario -en un contexto regional y mundial nada promisorio en lo inmediato para el paísrápidamente podría llegarse a impases bastante críticos. En cierto modo nos encontramos con la clásica paradoja del pluralismo efectivo: abre caminos que se bifurcan entre el bloqueo o la búsqueda afanosa de negociaciones que no sumen cero.

Expectativas y realidades en el primer año de la nueva administración Luego de la muy dura confrontación electoral, especialmente en el segundo tueno de noviembre de 1999 para presidente 12, el electo Jorge Batlle introdujo varios cambios importantes en el estilo de gobierno. Probablemente en parte por la nueva correlación de fuerzas, pero también –sin duda- por sus características personales, muy distintas por ejemplo a las del presidente saliente Julio Ma. Sanguinetti. En primer lugar reintrodujo el viejo estilo simple y republicano que había caracterizado a los gobernantes previos a Pacheco Areco (1968-1972); estilo que la administración de Pacheco primero, después la dictadura militar, y luego una cierta arrogancia hacia la izquierda de los presidentes Sanguinetti (dos gobiernos) y Lacalle, habían hecho olvidar a la ciudadanía. En segundo lugar comenzó su gobierno visitando a Tabaré Vázquez y reconociendo el peso electoral del FA/EP. También visitó –luego de años de distanciamiento- a la Universidad de la República, y a la Central Sindical. En tercer lugar tomó distancia radical con Sanguinetti inaugurando un diálogo abierto con las comisiones de Derechos Humanos y proponiendo “sellar la paz” respecto a las heridas dejadas por la dictadura; especialmente en el tema de los desaparecidos durante el gobierno militar.13 En cuarto lugar, prometió, y dio pasos significativos, en materia de transparencia informativa sobre la gestión económica del Estado, especialmente opaca en el caso uruguayo. Esto incluyó reconocer que el país “no va bien”, contrariamente a lo que repetía el anterior gobierno, de su propio partido liderado, por Sanguinetti. Sin embargo su reconocida y vieja militancia por las ideas liberales en economía –sumada la circunstancia de la crisis productiva, del comercio exterior y de recaudación impositiva que se inauguran en 1999- lo obligaron a sumar fuerzas con la fracción “Blanca” de Lacalle, y someter a la fracción “Colorada” de Sanguinetti, lo que tuvo varios efectos políticos. El primero fue el uso intenso de las “leyes de urgencia”, para hacer aprobar reformas privatizadoras y un Presupuesto quinquenal de claro corte fiscalista, excluyendo todo atisbo de fijar políticas explícitas dirigidas al sector productivo, de empleo, de apoyo a la Ciencia y la Tecnología, etc. Ello con la abierta oposición del FA y el Nuevo Espacio y contrariando, en lo sustantivo, sus gestos formales de reconocimiento político a estas fuerzas. Tanto que hoy día parece inaugurarse un complejo y largo proceso de plebiscitos “opositores” para derogar varios artículos de dichas leyes. Amén de un creciente ciclo de polarización política que ha de durar probablemente hasta las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2004. Este proceso ambivalente se explica en, buena medida, por el “enjeu” trascendente que representa el siempre posible acceso del FA al gobierno nacional; potencialidad que significaría un cambio histórico radical en el país, y que obliga a los dos partidos tradicionales a cerrar filas para tratar de impedir la pérdida del casi monopolio histórico en el acceso al aparato estatal. Y, por otro lado, incide la voluntad de la coalición de gobierno de acelerar las reformas liberales y privatizadoras antes de la eventual victoria del FA en el 200414, así como la contínua presión internacional en el mismo sentido. Paralelamente a este proceso liderado desde el gobierno, el clima social ha seguido deteriorándose e incluso agravándose por la crisis económica. En el año 2000 han crecido la desocupación abierta, el subempleo y el trabajo informal; como dijimos también creció la emigración, así como la protesta de los productores agrarios y muchos comerciantes. Se redujo a su vez el salario real medido en dólares, y creció el descontento con el conjunto del sistema político, y también con

las expectativas futuras que ofrece el país a los ciudadanos. Puede entonces concluirse que hay un nuevo escenario político, donde viejas y nuevas elites luchan por ganarse a la opinión pública, y por definir un nuevo estilo de gobernar, así como una nueva estrategia de desarrollo económico y social que tenga en cuenta los cambios mundiales y regionales en curso. En esa disputa se mezclan sin duda razones programáticas y de referentes sociales de los partidos en pugna, pero también una lucha por retener o conquistar el espacio estatal y todos sus recursos políticos, administrativos y de influencia simbólica en la población. En todo caso es muy probable que en el período de esta administración –y la siguiente- se definirán cursos de acción que tendrán un efecto duradero sobre la vida del país. Luego de muchos años de relativo impasse, esto representa un cambio de expectativas nada menor para un país que ha sido frecuentemente calificado como “sociedad amortiguante”15, no sólo en el sentido de relativamente poco polarizada, sino de amante de los cambios lentos. La democracia política sigue siendo valorizada por la población, pero los problemas crecientes de gobernabilidad y de pérdida del capital social históricamente acumulado, representan desafíos que generan incertidumbres. Menos dramáticas que en otros países de América latina, pero no por eso menos reales y problemáticas, sobre todo para un país de pequeña escala que debe buscar su nueva inserción en el escenario mundial y regional, ya sin los viejos recursos materiales y geopolíticos que habían facilitado su despegue en la primera mitad del siglo XX.

NOTAS 1 Un caso extremo de esta especial vulnerabilidad del Estado y la economía de los PP a la trasnacionalización, se manifiesta en el caso “patológico” pero cada día mas presente del narcotráfico. Fenómeno éste que, al decir de Alain Touraine (1990), representaría “la única empresa realmente trasnacional que hay en América Latina, y que expresa la lógica extrema del liberalismo”. 2 Es el caso en particular de los PP de Europa Occidental los que se han beneficiado desde hace muchas décadas de las ventajas derivadas del hecho de pertenenecer al área central de la expansión capitalista -e interactuar básicamente en su senosituación opuesta a la de los PP “periféricos” de América Latina y mas en general del llamado Tercer Mundo (Real de Azúa 1977; Coraggio y Deere 1986). 3 Desde 1968 hasta 1975, al menos, se produjo un gran empuje emigratorio que se estima involucró entre 8 y 10% de la población. En parte por persecución política y en parte por la crisis económica y de perspectivas laborales y societales. Desde hace dos años volvió la presión emigratoria, que si bien aún no ha sido medida adecuadamente, hay consenso sobre que es bastante fuerte; y en todo caso es tema de debate generalizado en la población, en la clase política y en los “medios”. 4 Encuesta de Opinión Pública, Equipos Mori, El Observador, Agosto de 1999. 5 Fuerza política que nació luego de la división del Partido por el Gobierno del Pueblo, salido del FA en 1989 . Desde1994 un sector volvió al Partido Colorado y el otro mantuvo su autonomía y cambió de nombre. En esta elección apoyó al FA/EP en el balotaje, y actualmente parece orientarse nuevamente hacia una convergencia más duradera con éste.

6 Desde esta elección el Frente Amplio se presentó legalmente como Frente Amplio/Encuentro Progresista, dada su alianza con pequeños grupos externos que le son afines. 7 Hasta esta reforma constitucional siempre en el siglo XX los partidos tradicionales presentaron dos o tres candidatos cada uno, quienes luego sumaban sus votos gracias a la peculiar acumulación permitida por la llamada Ley de Lemas. 8 Anterirmente el electorado frenteamplista era comparativamente mayor en los sectores de trabajadores sindicalizados, y en la población de mejor nivel educativo. 9 A pesar de estas transformaciones –y la razonable experiencia de gobierno en Montevideo durante diez años- de todos modos la campaña electoral fue muy polarizada por los partidos tradicionales que trataron al FA/EP como si fuera aún el mismo partido de izquierda de 1971. Puede sostenerse que esa prédica no tuvo un efecto demasiado expansivo, pero es indudable que fue eficaz para bloquear en el balotaje un cierto porcentaje de votos, quizás decisivos dado el carácter muy disputado del balotaje. 10Como perjudicó en forma similar a los partidos o coaliciones en el gobierno que se sometieron en ese momento a elecciones, como fue el caso del Justicialismo argentino (triunfo de la Alianza) y la Concertación chilena (apretadísima victoria de Lagos). 11 Las diveregencias entre sectores de los PPTT tienen en parte raíces históricas y de luchas por espacios políticos, pero hace años que se han desplazado hacia un clivaje más bien centrado en el grado de liberalismo económico y participación del Estado en la economía. Subsidiariamente se agregan –a veces en forma cruzada- fuertes diferencias personales, pero también de estilo en cuanto al “aprovechamiento” de la función pública para beneficio personal o de los propios partidos y sus clientelas. En este último aspecto ya señalamos las graves acusaciones contra Lacalle; pero tambien allegados a Jorge Batlle han realizado fuertes criticas a funcionarios de jerarquia política del ultimo gobierno de Sanguinetti, denunciando a varios de ellos frente a la justicia penal. 12 Debe señalarse que a diferencia de –por ejemplo Francia- en Uruguay el recientemente implantado balotaje solo opera para la presidencia y no para los cargos parlamentarios. 13Hay que recordar que duarante el primer gobierno de Sanguinetti se votó la “ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado” , especie de “punto final” a los delitos militares y policiales de la época dictatorial; y que Sanguinetti y Lacalle fueron férreos defensores de dicha ley, incluso exorbitando sus verdaderos alcances jurídicos. 14 Esta posible victoria en el 2004 es reconocida públicamente por muchos analistas y políticos, incluso del gobierno. 15Expresión acuñada por Carlos Real de Azúa en su ya clásica obra de título homólogo.

Bibliografía citada Bouxedas, Martín y otros.- Exclusión social en el mercado del trabajo. El caso de Uruguay; OIT , Santiago de Chile, 1999. Coraggio, J.L. y Deere, C.D. (Comps.).-La transición difícil: la autodeterminación de los pequeños países periféricos, Siglo XXI Editores, México, 1986. de Sierra, Gerónimo.- (Organ.),¿Hacia dónde va el Estado uruguayo? Concentración de poder y democracia; FCU-CIEDUR, Montevideo, 1987. ________________ .-El Uruguay post dictadura. Estado, Política y Actores; FCS-Dpto. de Sociología, Montevideo, 1992. ________________.-Sobre los problemas de la (in)gobernabilidad en el Uruguay neoliberla de la posdictadura, en de Sierra, G. (compilador), Democracia emergente en América del Sur; CIIH-UNAM, México, 1994. ________________.- (Organ.),Los pequeños países de América Latina en la hora neoliberal; Ed.Nueva Sociedad-CIIH, Caracas, 1994. ________________.-Desafíos de un pequeño país ante el Mercosur. El caso uruguayo; en Costa Lima, Marcos (Organ.), O Mercosur no liminar do século XXI, Ed.Cortez, Sâo Paulo, 2000. ________________.- (Organ.)Variables “blandas” y variables “duras” en el análisis de los escenarios: el caso de los países chicos del Mercosur, en de Sierra.G. (Organ.), El Mercosur en integración: un problema societario, CLACSO, Buenos Aires, 2001. Kaztman, Marginalidad Montevideo, 1996.

e

integración

social

en

Uruguay;

CEPAL,

PNUD.- Informe sobre Uruguay, Oficina Local, Montevideo, 2000. Real de Azúa, Carlos.Las pequeñas estilo de desarrollo constrictivo, Revista Nº 4, segundo semestre, Santiago de Chile, 1977.

naciones de la

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Touraine,Alain.-Entrevista en Clarín, 23 de abril, Buenos Aires, 1990. Schvartzer, Jorge.-El Mercosur: un bloque exitoso con un socio demasiado grande; en de Sierra, G. (Organ.), El Mercosur en integración: un problema societario, CLACSO, Buenos Aires, 2001. Vigorito, Andrea.-Una descomposición de la desigualdad de ingresos y trabajo en uruguay, 1986-1996; Documento de Trabajo, Instituto de Economía, FCEA, Montevideo, 1998.

PARTIDOS POLITICOS Y SOCIEDAD CIVIL EN VENEZUELA: Una historia de amor y odio Carmen Beatriz Fernández1 Directora DataStrategia Universidad Católica Andrés Bello de Caracas

Sumario La sociedad civil venezolana tiene su origen en movimientos sociales urbanos aparecidos a inicios de la década de los 70’ como contrapeso a las actividades gubernamentales. Esta sociedad civil, bien prestigiada dentro de la sociedad, habría logrado asentar en la opinión pública ciertas prédicas anti-partido, que fueron luego utilizadas por el actual presidente Hugo Chávez Frías como arma para lograr la extinción de los partidos políticos. El caso venezolano puede llamar a reflexión a otras sociedades latinoamericanas, en las que así mismo los partidos se encuentran desprestigiados, sin que exista reemplazo posible para ellos por parte de otras organizaciones democráticas más prestigiosas, lo que hace imperativo lograr el fortalecimiento de los partidos políticos, como instituciones imprescindibles para la vida democrática.

Algunas definiciones, a manera de introducción Aún cuando muchos opinantes colocan a los partidos políticos y a la sociedad civil como los dos contrapesos de una balanza, si nos remitimos a su más puro sentido etimológico ambos podrían considerarse sinónimos. En efecto, al latino Civis que significa ‘ciudadano’, podríamos considerarlo hermano gemelo del vocablo griego Polis , que se relaciona con la ciudad. Otra cosa, es, desde luego, el sentido que en la sociedad venezolana se le ha venido dando a ambos términos, según el cual mientras la sociedad civil es tan bondadosa y pura como un querubín, los partidos políticos son turbios y fieles representantes de todo lo pérfido de nuestra sociedad. La sociedad civil es el término con el que se alude a las instituciones que ocupan el espacio público intermedio entre el gobierno y lo familiar, o lo estrictamente privado; mientras que los partidos son ‘organizaciones políticas con cierta ambición de trascendencia, que agrupan a una serie de personas relativamente cohesionadas en torno a una ideología y, sobre todo, con la voluntad de llegar al poder público’2. Es esta vocación por el poder político lo que a mi juicio señala la verdadera distinción entre ambos términos, y el hecho relacionado de que para poder llegar al poder político es importante plantearse el acceso a las mayorías como una meta de captación de audiencias. Y esto nos daría una conceptualización tan clara como la que hay entre el blanco y el negro. Es más dificil, sin embargo, distinguir e identificar las múltiples tonalidades grises que ocurren cuando tenemos partidos políticos pequeños cuyos objetivos están circunscritos a determinadas parcelas de intereses, que no aspiran a ser mayoría sino simplemente a influir en la toma de decisiones públicas relativas a

sus áreas de interés, como pueden ser los partidos ecologistas o algunos partidos de trabajadores asociados a sindicatos, que se asemejan mucho a grupos de interés; o cuando tenemos asociaciones civiles que, ante un proceso electoral, buscan convertirse en movimientos electorales y postular candidatos a cargos de elección popular, como es el caso reciente de varias promisorias agrupaciones venezolanas, para las que la etiqueta ‘sociedad civil’ es claramente más ventajosa desde el punto de vista de la mercadotecnia política que la de ‘partido político’. Quizás la cruel distinción que hace la sociedad venezolana entre los querubines cívicos y sus hermanos los satanes políticos tenga su origen en la forma como nace lo que en Venezuela entendemos por ‘sociedad civil’, como contrapeso a las actividades gubernamentales. Movimientos sociales urbanos que aparecieron en nuestra sociedad a inicios de los años 70 en favor de la calidad de vida de sectores residenciales, mayormente asociados a la clase media y con claras demandas reivindicativas ante abusos de autoridad de los gobiernos locales, dieron origen a la acepción más comunmente usada de sociedad civil. Porque si bien, en su sentido estricto la sociedad civil ocupa “la esfera pública que está fuera, de forma plena o mitigada, del control directo por parte del aparato de gobierno”3, en el uso cotidiano que le damos los venezolanos al término excluimos de la sociedad civil a los gremios profesionales, las asociaciones de empresarios, los sindicatos, las federaciones campesinas y, desde luego, a los partidos políticos. Son, sin embargo, parte de nuestra acepción particular de ‘sociedad civil’ las asociaciones de vecinos, los grupos de scouts, asociaciones ecologistas, la asociación anticancerosa, fundaciones protectoras de animales, y un largo etcétera de organizaciones. Hasta ahora en Venezuela no se dispone de fuentes que generen información fidedigna sobre la sociedad civil, entendida como ese sector sin fines de lucro con impacto en el espacio público, pero sin aspiraciones de ejercer el poder político; sin embargo, recientemente el Estudio internacional de la Universidad Johns Hopkins ha incorporado en su análisis, el caso de la sociedad venezolana, en alianza con una reputada escuela de negocios local4. Avances de este estudio sugieren que el también llamado Tercer Sector tiene una presencia significativa en términos del alcance de sus actividades y prestan valiosos servicios a la población. La actualidad política venezolana, en la que el presidente Hugo Chávez lideriza un turbulento proceso de transformaciones en muy diversos órdenes, ha puesto sobre el tapete de la discusión nacional el tema de la sociedad civil y sus relaciones con los partidos políticos. El presidente Chávez ha manifestado en repetidas ocasiones su desacuerdo con la llamada ‘democracia participativa’ afirmando que ella desencadenó en el caso venezolano una ‘partidocracia’ que duró por 40 años, en la que los partidos políticos secuestraron a las instituciones públicas. Sumándose al descrédito y desprecio que al común de los venezolanos le sugieren los partidos políticos, el presidente ha prometido, de forma vaga e inexplícita, una supuesta ‘democracia participativa’ en la que, se afirma, la participación popular tendría papel protagónico, a través de la ‘sociedad civil’, llevando a ésta a sustituir incluso a los partidos políticos.

Partidos y sociedad civil: una historia de amor y odio Si entendemos a la sociedad civil en su definición clásica como esa esfera de actuación pública que está fuera del control directo del aparato de gobierno y observamos que en Venezuela los orígenes de los sindicatos, gremios profesionales, movimientos estudiantiles y asociaciones campesinas, están íntimamente ligadas a la historia de los partidos políticos, entenderíamos porque los mismos pertenecen

a esa zona gris de no muy clara definición. La historia del caudillismo en Venezuela hizo posible que sucesivos gobernantes autocráticos tuvieran el control total de las instituciones nacionales e impidiesen los ‘cabos sueltos’ que significaría la aparición incipiente de esquemas de organización ciudadana. A la muerte de Juan Vicente Gómez, el más férreo dictador del siglo XX venezolano, comienzan a aparecer diversas instituciones civiles ligadas todas, en mayor o menor grado, a la historia del principal partido político venezolano: Acción Democrática. Es así como en el postgomecismo surgen la Federación Campesina de Venezuela, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Federación Venezolana de Maestros y tantas otras instancias de la vida civil, creadas bajo una clara ala corporativa de este partido. Ser tan cercanos a un partido político poderoso ‘huele’ demasiado a gobierno, por ello quizás en el uso cotidiano que le damos los venezolanos al término excluimos de la sociedad civil a todos aquellos que se perciban vinculados a los partidos políticos. Entre nosotros fue el movimiento vecinal el pionero de lo que nos ha dado por llamar ‘sociedad civil’. “La rebelión de los vecinos’5 es el título que otorga un estudioso de los temas urbanos al capítulo de la aparición de los movimientos sociales urbanos en Venezuela. La nomenclatura es ilustrativa porque señala con claridad el carácter pugnaz que tuvo, en sus orígenes el movimiento vecinal. Se identifica geográficamente en Caracas, a mediados de los 70’ y en los estratos sociales medios y medio-altos los orígenes de la sociedad civil activista de los derechos públicos. Sus inicios están íntimamente ligados a carencias urbanas, violaciones de ordenanzas de zonificación (un 69% de las asociaciones de vecinos explican su origen en la violación de las ordenanzas municipales) 6 y/o a actos administrativos adversos a las necesidades sentidas de la ciudadanía. Todo ello explica que nazca nuestra sociedad civil con la marca inequívoca de férreos cuestionadores del gobierno. “En Venezuela, en este resurgir participativo en favor de la calidad de vida, son los movimientos urbanos los que están floreciendo con mayor ímpetu. Los explican suficientemente las precarias condiciones de existencia de un porcentaje elevado de los habitantes citadinos, la absurda aniquilación de recursos y valores naturales provocada por el crecimiento precipitado y desordenado en los centros urbanos, las deficiencias administrativas o corruptelas de los gobiernos locales y un sistema político despreciativamente opresivo de la capacidad creadora del hombre común, de lo que son sus intereses reales, sus necesidades personalmente sentidas”7. El párrafo anterior ilustra suficientemente el carácter confrontacional hacia las instancias de gobierno que tuvo, desde sus orígenes, el movimiento vecinal, como pionero de la sociedad civil venezolana. A medida que los grupos vecinales ganaban peso y prestigio en la sociedad, y dado su esquema de funcionamiento en permanente confrontación con las unidades de gobierno, los partidos políticos respondieron de forma muy torpe e infructuosamente trataron de penetrar sus estructuras, para hacer que los nuevos movimientos civiles fueran apéndices de las estructuras políticas, tal como lo habían sido las primeras organizaciones gremiales y laborales. Esos intentos incrementaron el clima de enfrentamiento y animaversión entre unos y otros. El origen de esa parte de la sociedad civil desvinculada del gobierno y los partidos políticos, relativamente tardío en comparación con otras sociedades latinoamericanas, dio inicio a la aparición de otra serie de instancias de participación política, con claro interés por lo público, pero sin afanes de ejercer el poder político como tal. A medida que las necesidades de orden urbanístico fueron satisfechas, las asociaciones de vecinos fueron evolucionando hacia otros niveles de participación política, comenzando a actuar como grupos de presión

en áreas de política pública mucho más amplias. Es así como la aspiración por reivindicaciones de orden político-electoral pronto fue meta en organizaciones que se habían iniciado en la vida civil como movimientos vecinales. Dado el origen de conflictividad entre estos movimientos y el gobierno y los partidos políticos, no es de extrañar que en sus aspiraciones de cambios en lo político y electoral los movimientos sociales urbanos pretendieran ganarle espacio político a los mismos partidos. Una de esas reivindicaciones políticas era la oposición a los sistemas electorales por listas cerradas, escogidas al seno de los partidos políticos y la petición de elecciones por sistemas nominales (propuesta moderada) o uninominales por circuitos de postulación (propuesta de los más radicales). En 1977 la Federación de Comunidades Urbanas (FACUR) que agrupaba a todas las asociaciones vecinales del país, a la fecha ya una agrupación civil con notable poder de negociación y abundante espacio de cobertura en los medios, planteó una serie de proposiciones concretas tendientes a modificar el sistema electoral, en lo relativo a la vida local, incluyendo elementos como la elección uninominal de los concejales y diversas instancias que formalizaban la participación política. En 1978 y en 1989 se aprueban sendas versiones de la Ley Orgánica de Régimen Municipal8, la primera de ellas mejoró la capacidad administrativa de los gobiernos locales, mientras que la segunda creó la figura del alcalde, electo por decisión popular. Ambas leyes recogían gran parte de las aspiraciones vecinales más no la de la elección uninominal de los representantes locales. El tema de la uninominalidad, sin embargo, que siguió discutiéndose con las voces de los líderes vecinales, como sus proponentes, y de los líderes políticos, como sus adversores, pronto quedaría asentado dentro de la opinión pública como parte de los argumentos de batalla de los ‘ángeles buenos’ de la escena nacional. La uninominalidad fue continuamente acompañada de una prédica antipartido, que cuestionaba las prácticas poco democráticas al interior de los mismos, así como los métodos de votación parlamentarios de forma colegiada y hasta el financiamiento público de las campañas electorales. La búsqueda de la nominalidad (y/o la uninominalidad) por parte de los movimientos vecinales, perseguía eliminar la ingerencia partidista en la toma de decisiones propias de la vida local, en la convicción de que si las nominaciones no eran controladas por el partido, y no existía el ‘empuje’ del partido político en la votación, los representantes locales se verían forzados a responder únicamente a su electorado base. El impacto relativo que podían tener los argumentos de unos, o los contrargumentos de los otros fue desbalanceado y ello se entiende si observamos la disparidad en el prestigio relativo de los grupos vecinales y los partidos políticos. Así mismo quienes manejaban la noticia y los medios de comunicación sentían una mayor simpatía por los movimientos ciudadanos que por los partidos. Aún para 1996, cuando ya estaban distantes los días de mayor gloria del movimiento vecinal, la confianza institucional de la gente hacia los movimientos vecinales era muy superior a la que sentían por los partidos políticos, tal como lo señala el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1: GRADO DE CONFIANZA EN DISTINTAS INSTITUCIONES INSTITUCIONES MUCHO BASTANTE POCO Universidades 25 50 40 Iglesia católica 35 35 20 Medios 14 43 33 Fuerzas Armadas 13 44 29 -----------------------------------------------------------Asoc. de vecinos 6 38 41 Empresa privada 7 36 35 Alcaldes y gobern. 2 35 44 -----------------------------------------------------------Poder judicial 3 18 52 Policía 2 13 48 Uniones de trabajadores 2 11 42 Parlamento nacional 1 11 39 Partidos políticos 1 9 40

NADA 5 10 9 13

INDICE 2.95 2.94 2.63 2.58

14 20 17

2.36 2.30 2.22

25 36 43 48 48

2.00 1.81 1.71 1.70 1.63

Fuente: CONSULTORES 21 para IRI, Venezuela Democratic Culture: Analytical Report on Poll Results, Enero 1996, encuesta realizada en tres ciudades: Caracas, Maracaibo and Merida En este contexto no no es de extrañar que las bondades de la uninominalidad calaran tan profundamente en nuestra sociedad, así como el clima anti-partido que tanto favoreciera, tiempo después, el apoyo electoral a la carismática figura de Hugo Chávez para la presidencia de Venezuela.

¿Cómo conceptúa la sociedad a los partidos? Un dato, procedente de una investigación reciente, realizada en Caracas9 muestra de forma muy gráfica los que son las percepciones hacia partidos políticos tradicionales: Copei (socialcristiano) y AD (socialdemócrata): el 43% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la radical y muy desproporcionada afirmación: “Absolutamente todos los adecos y copeyanos son corruptos” GRAFICO No. 2: EN QUE GRADO ESTA UD. DE ACUERDO CON LA AFIRMACION ‘ABSOLUTAMENTE TODOS LOS ADECOS Y COPEYANDOS SON CORRUPTOS’?

¿Quién querría pertenecer a un partido tradicional cuando la sociedad tiene tan mala opinión sobre ellos? Esta perniciosa percepción durante años estigmatizó a la actividad pública, o al menos la actividad pública asociada a los partidos, creando un círculo vicioso que tendía a excluir de la esfera pública a los mejores, como un perverso club social que sólo admitía en su círculo a quienes ya tenían una mala imagen de sí mismos. La respuesta sólo señala un signo más de lo que en Venezuela diversas organizaciones de medición de opinión pública venían identificando desde hace una década: los partidos políticos eran las más débiles, desprestigiadas y prescindibles de las instituciones públicas. Los venezolanos no quieren a sus partidos tradicionales. Entre otras cosas porque ellos no cumplen con los requisitos que la gente aspira que tenga un partido político, como lo señala el Cuadro N°3 que indica que un 32% piensa que el principal atributo que debe tener un partido es el ‘estar integrado por gente honesta’. También es importante el ‘ser modernizador’ (18%), ‘de jóvenes’ (15%) o ‘caras nuevas’ (15%). CUADRO No3: CUAL ES EL PRINCIPAL ATRIBUTO EN UN PARTIDO POLITICO?

Fuente: DataStrategia-UCAB, estudio de opinión pública conducido en Caracas, Julio del 2000. Quizás fue también esta negativa percepción sobre los partidos políticos la que hiciera que muchos de nuestros jóvenes con vocación política prefirieran el camino de la sociedad civil para su desarrollo personal, aspecto que probablemente fortaleció a estas organizaciones durante las ultimas dos década y continuó debilitando a los partidos políticos.

¿Y… los partidos cómo ven a la sociedad civil? Las relaciones de amor y odio suelen ser bidireccionales y nuestro caso no fue la excepción. Sin embargo, y como ya hemos visto, la relación no era del todo equitativa, y más daño le hacía a los partidos el desprecio de la sociedad civil, que a esta última el desdén de los partidos. Tras años de desprestigio institucional y con argumentos contrarios a su misma existencia profundamente asentados en el sentir popular, tales como la uninominalidad y el clima anti-partido, en buena medida fortalecido por los continuos desaciertos de los mismos partidos, se favoreció a quienes ofrecían un historial de vida que no se vinculaba a los partidos ni al sistema que los hizo posibles. La ‘anti-política’ había señalado su potencial en Venezuela algunos años atrás con la irrupción a la arena política de varios candidatos que provenían del mundo del espectáculo (la ex reina de belleza Irene Sáez fue un caso emblemático) pero se radicalizó con la escogencia en las elecciones de 1998 del candidato antisistema: el exgolpista Hugo Chávez Frías. Haciéndose vocero del desprecio de la sociedad por sus partidos el presidente Chávez manifestó incansablemente su afán de acabar con los partidos políticos tradicionales. Una vez en la presidencia, el presidente hizo realidad en 1999 su promesa electoral de convocar a una Asamblea Constituyente para lograr un nuevo arreglo constitucional para el país. En la escogencia de los constituyentistas que la harían efectiva se potenció la postulación y la elección nominal, numerosos candidatos hicieron públicas sus aspiraciones; sin embargo eran contados los postulados que contaban con el apoyo del partido dominante: de 98 candidatos nacionales a la Asamblea Constituyente, 20 contaron con el apoyo presidencial, expresado a través de unas listas de identificación (llamadas popularmente ‘chuletas’) ampliamente publicitadas. Las chuletas hacían el efecto de los beneficios que el antiguo sistema de listas cerradas daba a los partidos tradicionales. Obviamente fueron esos precisamente los veinte constituyentes electos nacionalmente. Como resultado del sistema electoral empelado, un 40% de electores que votaron en forma dispersa obtuvieron un 6% de representantes a la Asamblea, mientras que el 60% de chavistas que votaron en forma concentrada obtuvieron el 94% de representantes. El sistema electoral utilizado demostró por vías prácticas ser perverso y promover la tiranía de las mayorías, aniquilando a las minorías, así como arrojar serias dudas sobre lo que se había visto como un axioma de bondad electoral durante muchos años en el país. El mismo falso axioma que permitió a Chavez lograr el profundo debilitamiento de los partidos tradicionales y que demostró también que sólo un partido organizado puede ganar elecciones. El maquiavélico concepto de ‘Divide y vencerás’ funcionó con precisión matemática. Una vez en la Asamblea, los legisladores constituyentes, mayoritariamente afectos al presidente Chávez, aprobaron la eliminación de todo financiamiento público para los partidos políticos. Otras novedades que incorporó la nueva constitución en relación a la participación política fue la aniquilación semántica de los ‘partidos políticos’ en la redacción del documento, así como la flexibilización de los métodos de postulación10, que potenciasen la apertura del abanico de opciones electorales, situación que obviamente favorecería a un partido monolítico situado en la otra orilla, en forma similar a lo que había sucedido con la elección constituyente. Quizás la mala imagen de los partidos, aunada a la promesa electoral de lograr una ‘democracia participativa’, haya orientado las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, en la elaboración de una nueva Constitución Nacional en

la que las ‘consultas con la sociedad civil’ son mencionadas en siete ocasiones, como obligantes para procedimientos varios, que van desde la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral hasta la elaboración de la legislación de los estados. Contrasta esta mención frecuente del término sociedad civil en la nueva Constitución, con la inexistencia del término partidos políticos Una primera lectura de este empeño en darle rango constitucional a la participación de la sociedad civil sugeriría un aprecio de ésta por parte del nuevo partido dominante. Sin embargo la ambigüedad del término sociedad civil, así como la evolución que viene siguiendo el curso de los acontecimientos pareciera sugerir más bien que la institucionalización de la suplantación de los partidos políticos por la sociedad civil forma parte de una táctica útil para la concentración del poder político, en la que pudiera pretenderse eliminar todo partido distinto del partido de gobierno. Son indicadores de esta segunda lectura el reciente intento gubernamental de delimitar y conceptualizar el término sociedad civil, asociándolo a fuentes de financiamiento estatales, a fin de delimitar quiénes pueden y quiénes no participar en los mecanismos que señala la nueva Constitución; así como las frecuentes confrontaciones de los más altos personeros del gobierno contra importantes figuras de la sociedad civil. Recientemente señaló Luis Miquelena, presidente del partido oficialista: “Algunas personas han asumido indebidamente la representación de la sociedad civil, si se reúne a todos esos organismos que se hacen llamar de esta manera se verá que no representan a mil personas, no tienen mayor respaldo, son más bien individualidades que de una manera abusiva se dan a conocer como voceros del pueblo. Qué más sociedad civil que los millones de venezolanos que votaron por los cuerpos que se eligieron en las elecciones anteriores, esa es la sociedad civil que ha venido ejerciendo su poder?”11 Al respecto ha dicho Elías Santana, director de la Escuela de Vecinos de Venezuela , miembro de Queremos Elegir y quizás el más conspicuo representante de lo que los venezolanos entienden por ‘sociedad civil’: “Sociedad somos todos, pero sociedad civil es otra cosa. Todos los ciudadanos somos parte de la sociedad y ahí no debe haber exclusión ni discriminación. Pero sociedad civil son las expresiones organizadas de los ciudadanos con misiones e intereses específicos. Incipiente, descoordinada, diversa, plural, policlasista, no oficialista ni de oposición, participativa, proactiva y reactiva, no sustituye a los partidos, no tiene candidatos ni un vocero único y rechaza la violencia”. “Santana observa la tentación de construir una sociedad civil oficialista. Basa su apreciación tanto en el discurso de Chávez como en la sentencia del TSJ del 30 de junio, según la cual no son sociedad civil aquellas agrupaciones que reciban dinero del exterior.”12 Los temores de Santana parecen tener fundamento, otra nota periodística de data reciente afirma que el gobierno trata de crear nuevas instituciones de la sociedad civil : “El presidente de Fundacomun, anunció que construir una democracia participativa y protagónica ‘pasa por tener un tejido social capaz de participar en la toma de decisiones y de protagonizar sus propios procesos.

La sociedad civil no es un reducido número de individualidades atrincheradas en la defensa de privilegios, sino en pueblo organizado promoviendo sus derechos. Por eso, para el proceso de cambio es vital el surgimiento de una nueva sociedad civil que incorpore a los sectores medios y a expresiones organizadas del movimiento popular’.13 Las ideas emitidas por los representantes gubernamentales sugieren que, desde el partido dominante se maneja un concepto de sociedad civil más cercano al de la Teoría del Estado. Hegel “concebía la sociedad civil como una abstracción, que refiere la relación de cada individuo con todos los demás sobre la base del “egoísmo egoísta” de defender los propios intereses”14. De acuerdo a esta noción la sociedad civil es burguesa y sólo los más afortunados tienen la posibilidad de expresar sus demandas y obtener, por ello, ventajas utilitarias, ante lo cual se hace imperiosa la presencia del estado fuerte y racionalista que garantice la felicidad a los individuos menos afortunados, quienes no suelen organizarse en ‘sociedad civil’. El presidente recientemente afirmó de forma pública que él tenía su propia sociedad civil. ‘Señor Santana, vamos a hacer una cosa: Llame usted a la sociedad civil suya a una esquina y yo llamo a la mía a la otra’, retó públicamente a Elias Santana en su programa dominical ‘Aló Presidente’. GRAFICO No. 4: LA VISION OFICIAL DE LA SOCIEDAD CIVIL, SEGUN EL HUMORISTA ZAPATA

Ante estas concepciones, el reputado intelectual Pedro León Zapata dedicó su caricatura diaria en el Diario El Nacional al concepto rígido y militar que sobre la sociedad civil tendrían los voceros gubernamentales, siendo objeto posteriormente

de una reprimenda pública por parte del Presi dente Hugo Chávez. En alguna medida los argumentos de los partidarios de la Teoría del Estado cobran fuerza cuando se analiza el limitado grado de asociacionismo existente en Venezuela. Es posible ver la participación de la sociedad civil como limitada y ‘elitesca’, de acuerdo al concepto Hegeliano cuando se considera que sólo un 37% de los venezolanos residentes en ciudades sienten que son miembros de alguna organización (incluidas la Iglesia y los partidos políticos).15 GRAFICO No. 5: SENTIMIENTO DE PERTENENCIA Y NIVELES DE PARTICIPACION (sólo para el 37% del total que participan) Organization 1. Iglesia o movimiento religioso 2. Club deportivo 3. Gremio o asociación profesional 4. Asociación de vecinos 5. Asoc. Cultural/artistica/educacional 6. Partido político

% 51 24 23 20 17 16

Activo 19 14 10 8 9 10

Moderado 32 10 13 12 8 6

Fuente: CONSULTORES 21 para IRI, Venezuela Democratic Culture El clima de confrontación ha alcanzado niveles tales que diversas organizaciones políticas y organizaciones no gumernamentales, ‘Queremos Elegir’, entre otras, han asumido la idea de la desobediencia civil, realizando acciones sin violencia y en el marco de la ley, convocando a soportar las agresiones del Estado.

¿Por qué la desobediencia civil no se da dentro de las estructuras de los partidos políticos? Es notorio el hecho de que tan activa y rebelde como ha sido la Sociedad Civil , sus pares en los partidos políticos hicieran oídos sordos a muchas de sus demandas, particularmente en lo relativo a expresiones de modernización, como la democracia interna, el relevo generacional y la transparencia administrativa. Desde hace años las sociedades latinoamericanas gritan por cambios en sus partidos tradicionales, sin embargo los partidos mostraron en Venezuela una resistencia al cambio de tal magnitud que en buena mediada podría decirse que ayudaron a cavar su propia tumba. Lamentablemente, y a diferencia de lo que ocurre con organizaciones de tipo empresarial, muchas veces los partidos son instituciones que responden más endógenamente que exógenamente, como lo conceptualizara Aldrich16. La lógica de operación del partido es en gran medida autónoma respecto a los procesos sociales del entorno y responde más a los propios fines, así como a objetivos muy particulares de los actores principales que los dominan. Entonces les cuesta mucho adaptarse para responder a las presiones del entorno. Aunque los partidos usen técnicas de mercadeo cuando están en elecciones, ni sus estructuras ni sus incentivos responden estrictamente al mercado. William Shade17 identificó tres componentes que interactúan en un partido político y que pueden ser analizados como elementos cuasi-independientes, como en un caso de personalidades múltiples: el partido durante la campaña electoral, el partido en el gobierno y el partido como organización partidista.

Es el partido electoral quien mayor y mejor uso hace de las técnicas de mercadeo, para resaltar durante la campaña sus mejores atributos, apelar con fuerza a su simbolismo, entusiasmar a sus partidarios tradicionales, investigar los nichos de mercado y proveer de la adecuada ‘fuerza de ventas’ que permita la victoria electoral de su candidato. Quizás el contenido ideológico y programático no sea condición de primer orden para ganar elecciones, puesto que en las mayoría de las elecciones en nuestro continente es mayoritario el tiempo de campaña dedicado a los atributos de personalidad, en desmedro de los contenidos; es evidente que sí lo es, sin embargo, para gobernar con un mínimo de coherencia una vez ganadas las elecciones. El contenido es entonces esencial para el partido como gobierno, aunque también emplee instrumentos de mercadeo en la divulgación de su obra. Sin embargo, si la pregunta que queremos responder es ¿Cómo cambiar los partidos y hacerlos más acordes a las demandas del elector? La respuesta probablemente no esté ni en el marketing ni en la ideología, sino en el partido como organización. La organización, o los cambios institucionales, son los que permiten que el cambio sea permanente y no simplemente el maquillaje limitado que puede proporcionar una campaña electoral. Los cambios profundos que favorezcan el relevo generacional, que capten nuevos miembros, que posibiliten la compatibilidad entre los liderazgos regionales y las autoridades centrales, que no descuide la formación de nuevos cuadros y la profesionalización de los ya existentes, que favorezcan la competencia intrapartido sin heridas divisivas, así como la contabilidad transparente en el manejo de sus finanzas, y un largo etc… se dan solamente a través de una adecuada estructura organizativa, la democracia interna y unos reglamentos funcionales orientados a facilitar los cambios. Es en la organización política y su estructura organizativa donde reside la verdadera capacidad de cambio de los partidos políticos. Ningún esfuerzo de mercadeo, que pretenda reposicionar la dañada imagen de los partidos tradicionales en la mente del elector será exitoso en la medida que no acometa cambios organizacionales que den sentido y veracidad a ese reposicionamiento deseado. Análogamente, cualquier nuevo partido nacerá con los pies de barro si en su estructura no incorpora formas organizativas que se adapten a las nuevas demandas, por más agresivos que sean sus esfuerzos mediáticos.

Tendencias: Seguirán siendo instancia de representación social los partidos políticos? Pese a rechazar a los partidos, los venezolanos queremos la democracia y deseamos fervientemente vivir en ella. “La democracia es el mejor sistema político para Venezuela” afirman con gran convicción un 83% de los encuestados en nuestro trabajo de campo, mientras que otro 11% adicional está parcialmente de acuerdo con la afirmación. Coherentemente, un 68% de los entrevistados está totalmente en desacuerdo con la afirmación “Una dictadura es lo único que arreglaría los problemas del país” y otro 9% más está parcialmente en desacuerdo con la misma. Aunque los rechacemos, sabemos que los partidos hacen falta para la democracia. No podemos prescindir de ellos pues existe una muy estrecha relación entre Partidos y Democracia: La democracia es básicamente competición entre posiciones políticas e ideas sobre el ‘como hacer’ los asuntos públicos, lo que también implica la competencia entre ‘partidarios’ de unas u otras ideas, o que han asumido ‘partido’ por ellas. Esta íntima vinculación entre democracia y partidos es entendida por los venezolanos. Un 60% de los entrevistados estuvieron

completamente de acuerdo con la afirmación “Sin partidos políticos no puede haber democracia”, y un 16% adicional estuvo parcialmente de acuerdo con la misma afirmación. GRAFICO No.6 : EN QUE GRADO ESTA UD. DE ACUERDO CON LA AFIRMACION ‘LA DEMOCRACIA ES EL MEJOR SISTEMA POLITICO PARA VENEZUELA?

Fuente: DataStrategia-UCAB, estudio de opinión pública conducido en Caracas, Julio del 2000 Pareciera evidente, sin embargo, que no son ‘estos’ los partidos políticos que queremos. Queremos en los partidos honestidad, en primer lugar. También caras nuevas, jóvenes y que ellos sean expresión de aspiraciones modernizadoras. La imagen de un partido político ‘ideal’, o las cualidades que los encuestados más valorarían en un nuevo partido político nos dicen mucho de sus antónimos: es decir, qué es lo que NO QUEREMOS. Y no queremos ni corrupción, ni falta de renovación generacional, ni las mismas caras de siempre, ni anquilosamiento en las posiciones públicas. Del análisis de los atributos de ese partido político ‘ideal’ también vemos que las etiquetas ideológicas de los partidos (izquierda, derecha, socialcristiano, socialdemocracia) tienen menos importancia que otros atributos y pasan, por ello, a ocupar posiciones menos relevantes, al menos en Venezuela, y quizás mencionadas sólo por aquellos encuestados que son activistas políticos, o poseen más altos niveles de socialización política. Sin embargo, si aceptamos que la democracia es básicamente competición entre posiciones políticas e ideas sobre el ‘como hacer’ los asuntos públicos, el tomas posiciones implica también necesariamente compartir entre ‘partidarios’ de unas u otras ideas, una IDEOLOGIA común. Pese a no ser la ideología un atributo primordial, los venezolanos parecen estar de acuerdo con que “aunque se extingan

los partidos políticos tradicionales, siempre habrá un partido socialcristiano y un partido socialdemócrata”. Así lo creen el 78% de quienes poseen trayectoria de voto socialcristiana, así como el 74% de quienes tienen trayectoria de voto socialdemócrata.18 Cambiar los viejos partidos, entonces, hacia las demandas que sugiere el mercado electoral, y/o crear nuevos partidos que además de orientarse a lo que pide el mercado posean contenido, y no se basen solamente en liderazgos personalistas, parecieran entonces ser elementos imperativos para el fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Paradójicamente, la irrupción del partido político del presidente Chávez (MVR) a la palestra electoral nacional, señala que sí es posible renovar el interés por la política y por los partidos. Igualmente lo sugirió en Julio del 2000 (elecciones regionales y parlamentarias) la sólida, aunque aún minúscula irrupción de un grupo de jóvenes políticos denominado Primero Justicia. Si tratamos de excluir por un momento del análisis los efectos negativos que sobre la competencia democrática ha tenido la gestión de gobierno del presidente Chávez, es claro que la irrupción del partido MVR en la arena electoral brindó una oxigenación al anquilostamiento de los partidos políticos. Esta oxigenación se evidencia en los sentimientos de satisfacción con la democracia, que se expresaron en Venezuela a raíz del triunfo electoral del presidente Chávez, que situaron a los venezolanos como los más satisfechos con su democracia, entre los ciudadanos de los países andinos.19 GRAFICO No. 7: NIVELES DE SATISFACCION CON LA DEMOCRACIA

Fuente: Latinobarómetro 2000

Conclusiones: los retos de los partidos políticos civil venezolana

y la sociedad

A lo largo de este texto se ha puesto de manifiesto que el fortalecimiento de la sociedad civil en las últimas dos décadas pudo haber contribuido al debilitamiento

de los partidos políticos como instituciones democráticas, sin que esta afimación exima de culpas a los mismos partidos. Sin embargo con el turbulento proceso político que hemos vivido los venezolanos parece haber quedado claro que la sociedad civil, entendidad como las organizaciones del llamado Tercer Sector, no tienen ni la capacidad, ni la potestad, ni el interés de sustituir a los partidos políticos, y estos siguen siendo instancias fundamentales de la institucionalidad democrática. Un concepto clave aquí es que los partidos actúan como puente entre la sociedad y el gobierno, por lo que existen posibilidades de complementariedad entre los roles de la sociedad civil y los partidos políticos. Es temprano aún para emitir conclusiones definitivas sobre un proceso que se encuentra en el pleno curso de los acontecimientos. El clima confrontacional entre los actores gubernamentales , como miembros del partido dominante, y el resto de los partidos, por un lado; así como con la sociedad civil por el otro, parecieran sugerir tiempos de tormenta aún por venir. El caso venezolano puede llamar a reflexión a otras sociedades latinoamericanas, en las que así mismo los partidos se encuentran desprestigiados, sin que exista reemplazo posible para ellos por parte de otras organizaciones democráticas más prestigiosas. El chavismo habría utilizado, en primera instancia a la sociedad civil para acabar con los partidos, para luego a su vez acabar con ésta en una ambición totalitaria. El nombre de la sociedad civil habría sido usada como arma para lograr la extinción de los partidos políticos. Bajo esta hipótesis, el argumento de la democracia participativa lo que escondería instrumentalmente sería un referendum permanente, que permitiera by-pasear a las instituciones democráticas. No cabe duda de que el argumento puede sonar encantador: “pongamos al pueblo soberano a cargo de nuestro país”. Sin embargo, la definición de políticas públicas es compleja y tiende a hacerse cada vez más especializada, por lo que el sistema refrendario tiene abundante espacio para la manipulación política y la demagogia. Hay espacio para todos en una sociedad democrática, pero para preservar la democracia en el hemisferio es clave en la interacción entre partidos y sociedad civil el trazarse objetivos que permitan mejorar los partidos y no destruirlos. Entre todos estos elementos resalta, sin dudas, la reconciliación entre la ética y la política como bandera imprescindible de la vigorización y modernización de los partidos políticos, viejos y nuevos. Luchar por la democracia interna, promover los cambios generacionales, eliminar privilegios, y fundamentalmente adoptar la transparencia como norma, son objetivos imprescindibles en la lucha por dignificar el viejo oficio de la política.

NOTAS 1 Carmen Beatriz Fernández es Urbanista (USB) con maestría en Administración de Empresas (IESA) y maestría en Campañas Electorales (University of Florida). Es directora de la firma consultora DataStrategia (http://www.datastrategia.com) y profesora de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB en la cátedra de Comunicación Política (postgrado). Su experticia profesional está concentrada en actividades vinculadas a campañas políticas, análisis de la agenda pública y reformas institucionales. Dentro de su experiencia en el sector público ha sido consultora y gerente, ha encabezado e integrado equipos de consultoría dedicados al diseño e implementación de procesos de reestructuración en instituciones públicas. Dentro de su experiencia en consultoría política resaltan el análisis de

agenda y el desarrollo de estrategias de medios y opinión pública. Ha sido jefe de campaña a nivel local y regional, así como consultora en nuevas tecnologías y estrategia general, a nivel presidencial. Durante la campaña electoral venezolana de 1998 fue contratada por el diario venezolano El Nacional, como coordinadora de la Oficina del Ombudsman, en el seguimiento de la información electoral. Es coordinadora del portal político latinoamericano E-LECCIONES.NET y vicepresidente de la Alianza Social Demócrata. Es articulista del diario venezolano El Nacional, así como colaboradora de otros medios de comunicación y frecuentemente oradora invitada en seminarios y eventos nacionales e internacionales. 2Conceptos fundamentales de Ciencia Política, Alianza Editorial, Madrid 1998. 3En ‘Conceptos fundamentales de Ciencia Política’ Alianza Editorial, Madrid 1998. 4IESA, socio local del estudio comparativo sobre el Sector Emergente, coordinado por Lester Salomon y Helmunt Anheir, John Hopkins University, 19992000. 5Nelson Geigel Lope-Bello en “La Defensa de la Ciudad”, Editorial Equinodcio Universidad Simón Bolívar, 1979. 6Carmen Beatriz Fernández et. al. en ‘Estudio sobre el origen, evolución y logos del AMC’ Universidad Simón Bolívar, 1986. 7Geigel Lope-Bello; Op. Cit. 8(Ver al respecto Kelly, Janet: El Municipio Como sistema político, en Gerencia Municipal, ediciones IESA 1993). 9‘¿Muertos o de parranda? Un estudio sobre los partidos políticos tradicionales venezolanos” DataStrategia-UCAB, estudio de opinión pública conducido en Caracas, Julio del 2000. Datos técnicos: Muestra polietápica, n=298 venezolanos mayores de 25 años. Error de muestreo: para la encuesta en general +/- 2.5% y nivel de confianza es del 90%. 10Art. 67 de la Constitución Nacional: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. La ley regulará lo concerniente al financiamiento y las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización. Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos y candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público.

11(En declaración dada al diario El Universal el día 3-9-2000). 12(En declaraciones al diario ‘El Universal’ el 3-9-2000). 13Diario El universal, lunes 04 de septiembre, 2000. 14Manuel Caballero en artículo de prensa aparecido en El universal del Miércoles 30 de Agosto, 2000. 15CONSULTORES 21 para IRI, Venezuela Democratic Culture: Analytical Report on Poll Results, Enero 1996, encuesta realizada en tres ciudades: Caracas, Maracaibo and Merida. 16(Why parties?,1995). 17William Shade: “Parties and Politics in American History, 1994. 18(Fuente: DataStrategia-UCAB, estudio de opinión pública conducido en Caracas, Julio del 2000). 19Fuente: Latinobarómetro 2000.

BIBLIOGRAFIA Aldrich, John: ‘Why parties?’ The University of Chicago Press,1995. Caballero, Manuel: ‘Sociedad Civil’, artículo de prensa aparecido en diario El Universal, 30 de Agosto, 2000. CONSULTORES 21 para IRI, ‘Venezuela Democratic Culture: Analytical Report on Poll Results’, Enero 1996, encuesta realizada en tres ciudades: Caracas, Maracaibo and Merida. DataStrategia, estudio de opinión pública conducido en Caracas, Julio del 2000 http://www.datastrategia.com. Fernández, Carmen Beatriz et. al. en ‘Estudio sobre el origen, evolución y logos del AMC’ Universidad Simón Bolívar, 1986. Geigel Lope-Bello, Nelson en “La Defensa de la Ciudad”, Editorial Equinodcio Universidad Simón Bolívar, 1979. Kelly, Janet: ‘El Municipio como sistema político’, en Gerencia Municipal, ediciones IESA 1993. Latinobarómetro 2000 http://www.latinobarometro.cl Molina, Ignacio: ‘Conceptos fundamentales de Ciencia Política’, Alianza Editorial, Madrid 1998.

Salomon, Lester y Helmunt Anheir , ‘Nuevo estudio del Sector Emergente’, John Hopkins University, Fundación BBV 2000. Shade, William: “Parties and Politics in American History, Garland Publishers, NY, 1994.

LA SOCIEDAD CIVIL CENTROAMERICANA ANTE EL FSLN Y EL FMLN Robinson Salazar P. Investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa [email protected] Carolina Recinos M. Directora Ejecutiva de Iniciativa Social para la Democracia, El Salvador y Miembro del Consejo Nacional del FMLN [email protected]

Resumen En Centroamérica hay dos grandes desafíos y los protagonistas de estos retos son el Frente Sandinista y el Frente Farabundo Martí, dos fuerzas ex insurgentes que hoy le apuestan a la democracia por la vía de la participación en los espacios públicos, solamente que esta vez sin las armas de fuego, pero con la suficiente experiencia, los compromisos sociales y la fe de que en esos países existe la oportunidad de construir la circunstancia de lo posible; desde distintos y diversos nichos, los guerrilleros del ayer se asumen como responsables del nuevo proyecto de sociedad, que aun no se asoma, pero que ellos y los demás actores, como las ONG, los movimientos cívicos, los comités barriales, entre otros, tratan de tejer con sus aspiraciones, sus anhelos, su imaginario en estructuración que lleva en su seno mil colores y distintos signos de una democracia plural, multiétnica, pluricultural y articuladora de todas las esperanzas de los ciudadanos existentes y en proceso que son parte de estos dos países de la cintura de América. ¿Podrá el FMLN recuperar el terreno perdido? , ¿qué queda del Sandinismo como fuerza aglutinadora del los actores insumisos?, ¿ qué tareas vienen desarrollando las ONG en los espacios locales? ¿ existe articulación o tensión entre los partidos políticos y la sociedad civil? ¿ se asoma la oportunidad de armar una acción de complementariedad entre los partidos políticos y algunos segmentos de la sociedad civil? ¿ hay cuadros políticos que lo impiden? algunas respuestas las estructuramos, otras quedan pendientes, como están pendientes las esperanzas de los excluidos.

LA REESTRUCTURACIÓN DE LA SOCIEDAD NICARAGÜENSE Y SALVADOREÑA Nicaragua y El Salvador, al igual que la mayoría de los países del mosaico latinoamericano, se encuentran envueltos en la ola de los cambios y reestructuraciones en las cuatro dimensiones de lo societal: El Estado, la sociedad, la cultura y la economía. Las transformaciones en los 4 campos muestran los primeros signos; ya deja asomar un rostro agotado la economía restringida, apegada al sector primario

y con una precariedad evidente, dado que el largo camino que recorrió de los años 50 hasta la guerra, fue sometida, sin apoyo alguno, a los vaivenes políticos y a los ultrajes de una oligarquía mezquina. Ahora se observa un crecimiento inusitado del sector terciario, el comercio pulula por todos los rincones, firmas nacionales, regionales y de renombre mundial ya aparecen en los restaurantes, comida rápida, almacenes, tiendas y supermercados, ofertando una excesiva mercancía de importación, incentivando el consumo e invitando al placer, dos pilares fundamentales de la ideología del mercado. Los empleos tradicionales tienden a desaparecer, en un rincón, apartado de las calles pavimentadas, grupos minúsculos de jornaleros, zapateros, fontaneros y jardineros, ofertan su mano de obra barata que al mercado no le interesa, por tanto quedan excluidos de la demanda selectiva de éste. Esa economía de luces fosforescentes, de música estridente, con mercancías envueltas en vistosos papeles, va acompañada de promociones que navegan por los medios de comunicación, y como el canto de la sirena, van ensimismando a los radioescuchas y televidentes. La sociedad es importante en tanto consume, si no consume, es un dato, un conglomerado y por tanto no amerita ser atendida, así lo expresan los empresarios que hoy se asesoran de firmas internacionales para posesionarse del mercado nacional. Dinero y placer son las dos coordenadas que atraviesan la subjetividad colectiva de los salvadoreños y nicaragüenses, lo demás sale sobrando; sin embargo, la respuesta de los habitantes de estos dos países no está asociada a un comportamiento colectivo, sino individualizada, por lo que podríamos afirmar que el mensaje del núcleo del mercado va dirigido a crear una subjetividad colectiva de consumo desmedido y derroche de dinero, pero la respuesta de los habitantes es individualizada y competitiva con el otro, para demostrar quien tiene la capacidad de mayor y mejor consumo La competencia interpersonal o intergrupal, se da en y desde campos ajenos, es decir, imitando lo extranjero, lo ajeno, quien posee algo que no es nacional supera al nativo; si el nativo no tiene dinero para consumir un producto foráneo, entonces opta por la imitación, porque lo que importa es el holograma que da significado, que da a entender que lo que porta es algo que pertenece a territorios o lugares lejos de las fronteras nacionales, lo cual es símbolo de estatus o de gran valor para la personalidad de quien lo exhibe. Esto pareciera insignificante para los lectores que no conocen estos dos pueblos, pero tiene gran importancia para los que analizan y estudian las dos sociedades en cuestión, debido a que estos eventos casuales impactan en la vida cotidiana y política de los ciudadanos, dado que en varias ocasiones, imitadores, promotores de concursos, bailes y eventos han ganado “prestigio” y reconocimiento dentro de círculos amplios de la sociedad, tanto así, que se han postulado para cargos públicos o disputado cargos que se derivan de elecciones públicas. La sociedad de hoy se construye alrededor del consumo y la comunicación; estos dos elementos son la centralidad de la vida social, por lo que el esquema de la sociedad anterior, la de la guerra y del imaginario libertario, se diluyó lentamente para dar paso a un tipo de sociedad híbrida, con franjas del ayer, pero con un peso enorme de un nuevo tipo de modernidad, donde el soporte tradicional del estado/ nación organizado para la producción y el trabajo, se revienta y abre los cauces para que transite un modelo que se basa en el consumo y el placer. Se ponen sobre la mesa nuevos nichos de donde se crean y recrean los actores, los valores, las subjetividades y los imaginarios colectivos. No es igual el ayer a la cuadricula social de hoy. Si bien aún permanecen y luchan por recuperar el espacio de lo político los actores como las ONG, los movimientos cívicos, los partidos políticos, los

sindicatos y movimientos de género no ven como adversario al estado neoliberal y los adláteres de su ideología, sino a los “nuevos actores” que se nutren del consumo, de las audiencias que se constituyen a partir de un evento musical, deportivo, artístico o mediático, mismos que a pesar de lo numeroso de su cuerpo, la organicidad es frágil porque no tienen estructura ideológica y no les importa la política, y sus opiniones son descalificadoras ante una huelga, marcha de protesta, desobediencia civil o convocatoria electoral. Algunos investigadores del ramo de los movimientos sociales le dan poca o nula importancia a este fenómeno que nutre y da cobertura a jóvenes de estos países, que numéricamente son casi el 50%, que si bien es cierto no atropellan de manera frontal la reconstitución de la política, sí la afectan, pues su comportamiento individualizado muchas veces se interconecta en los espacios públicos (estadios, foros, marchas, elecciones, etc.), modificando substancialmente el curso de acciones colectivas, generando diversas identidades efímeras, modas, opiniones y hasta movimientos en contra de una demanda social. Se observa, en las dos sociedades, un entrecruzamiento ríspido entre las coordenadas comportamentales de los jóvenes de hoy y los mayores de 35 años; los últimos aún se sienten protagonistas de la sociedad y con la autoridad para censurar y dirigir el futuro de la política; los de la generación 2000 se sienten atrapados entre el desencanto que el ayer les proporciono y la desesperanza de la modernidad del mercado, que ofrece abundancia en medio del desempleo y la exclusión. Los de la generación combativa y de la época sandinista intuyen que los jóvenes son una masa que amenaza y atenta contra su estatus tradicional y lo confronta con sutil violencia, ya sea a nivel intrafamiliar, cerrándole los espacios públicos, señalándolos como perturbadores y exigiéndoles lo que ellos mismos no se exigen a si mismo; mientras eso sucede, los jóvenes de hoy , en medio de la confusión, buscan encontrar respuestas a sus preguntas y preguntas a sus respuestas, lo que nos dice que hay una convivencia sorda entre dos contingentes humanos que integran el conjunto de estas dos sociedades. Lo riesgoso de todo ello es que, en muchos de los casos, son padres confrontando a sus hijos e hijas, lo que incrementa la atmósfera de violencia en la sociedad, arrojando conflictos a los espacios públicos e incrementando inseguridad social, familiar s individual. En este tipo de sociedad en proceso de construcción, el estado y la política no actúan como eje rector, por ello el mercado, oportunamente, llena este vacío, aunque a cada lado de su camino andado va dejando inconformidad, pobreza, desempleados y conflictos, algunos de estos últimos activados y otros en latencia, que en un corto tiempo van a ir construyendo contra tendencias a este modelo de sociedad que tratan de imponernos. La oquedad que deja el estado y la política, lo trata de llenar el mercado, con enormes e inusitadas deficiencias, pero su apremio por ocupar todos los espacios está desvistiendo su mano invisible y deja entrever su inoperancia absoluta para atender a la sociedad; se trata más bien de una fase de barrido y eliminación. Es decir, no es un modelo, porque el liberalismo exacerbado no tiene modelo de sociedad, lo que interesa es romper todos los controles que el mundo de la política ejercía sobre la economía (1) con el objeto de reafirmar el poder desde esta esfera diferenciada de la economía. Lo que no podemos dejar de ver y analizar, es el trastrocamiento que provoca el mercado en la sociedad, lo cual está desatando un proceso de ruptura entre norma-valores y conducta. Los valores que expresan y enarbolan a cada momento los distintos actores que se mueven en la sociedad centroamericana, no se expresan en el campo que los recrea, de ahí la dificultad de entender el comportamiento social y los

inconvenientes que tienen los partidos políticos para vincularse con el entorno. Un ejemplo del trastrocamiento son los saberes, los cuales no corresponden con la escuela o la universidad, sino en el trabajo y cargo que ocupas; el amor no se manifiesta en la familia, sino en la o el amante y los lugares de diversión; la riqueza no es cercana al trabajo, sino a las acciones ilícitas; la fantasía no corresponde al soñador, sino al consumidor; la política no es para ejercer un gobierno, sino para vivir de ella; los diputados no son defensores de la ciudadanía que los eligió, sino enemigos de sus oponente y descalificadores en el debate camaral. En fin, se alteraron los escaques del ajedrez social, cultural y político de la sociedad salvadoreña y nicaragüense. Este crecimiento des-ordenado tiene un segmento social cooptado que promueve esta lógica, los sectores medios y a los receptores de remesas de los Estados Unidos, que en cifras representa, sólo para El Salvador, 1.200 millones de colones; mientras que la gran mayoría, solamente se asoma, observa y se lamenta de no contar con los recursos para obtener una de las múltiples mercancías que se exhiben en las vitrinas. A simple vista u opinando sobre una fotografía que se haya tomado de una macroplaza en alguno de estos dos países, la sorpresa es enorme, puesto que no puede concebirse que un país que vivió toda la década de los ochenta en guerra, hoy esos signos no se vean marcados; salvo el caso de los discapacitados de guerra, la subjetividad colectiva del drama, la violencia y los atentados los cuales se orillan en los barrios marginales y se nutren del olvido que la sociedad tiene sobre la época de la confrontación. Muchos de los problemas sociales que acosan a las sociedades de la posguerra, se deben al saldo que quedó de las negociaciones; la inseguridad pública tiene que ver con el paramilitarismo, los “contras”, los grupos armados que vivieron a la sombra de los militares y el ethos de la guerra que aún reposa y se recrea en la mente de miles de ciudadanos salvadoreños y nicaragüenses. La primera placa de una fotografía de El Salvador y Nicaragua, nos dice, hay progreso; no obstante, ese concepto, si nos piden que lo definamos, lo ampliemos y lo expliquemos con detalles hasta mostrar cuales son los ingredientes del progreso, nos vamos a ver desnudos, pues es un concepto vacío, sin principio ni fin, sin destino ni piso social, solo una palabra para llenar el hueco de una frase que no tiene sujeto ni predicado, solo un relato corto que sirve de ejercicio a la lengua para que no se entumezca. Progreso es, para los voceadores del neoliberalismo, fotografiar una reunión de complicidades entre los jerarcas de la iglesia y la cúpula empresarial en donde inauguran un almacén, una distribuidora de autos o expendedora de gasolina; también es vista en una oferta de autos, casas que se rentan en dólares o promociones de excursiones. Las franjas contrastantes que se entrecruzan y cuadriculan las ciudades de estos dos países, nos dan la sensación de que hay un silencio premeditado; no hablar públicamente del pasado porque lastima, pero ello no indica que el aprendizaje se tiró a una fosa o duerme en el sótano del olvido. Es un recurso latente que está ahí, justamente donde el cuerpo del acervo de experiencias, saberes y tradiciones crece sin anunciar que existe; existe sin divulgar que está presente; está presente sin manifestarse continuamente en la cotidianidad, pero es un resorte que potencializa al individuo cuando éste deja de ser un agente pasivo y se asume como actor y está dispuesto a construir historia en lo real, en el trabajo, en la política y en lo cotidiano. Se siente el pasado con memoria histórica en una reunión de amigos, en una tarde de añoranzas, en un recuerdo que conectan con el presente, en una evocación a la confrontación cuando observan en la televisión lo ocurrido el 11

de septiembre en Nueva York; justo ahí el pasado los persigue y los hace revivir lo que hicieron pero chocan con lo que dejaron de hacer y lo que permitieron hacer para estar como hoy, aislados y sin saber como recomponer el ajedrez de la actuación colectiva. Quizá haya mucha dificultad para estudiar a los actores reales e insumisos en estos dos países, la mayor parte de la información se carga y nutre hacia los partidos políticos, por ello sólo hay literatura y reflexión sobre lo que hacen los partidos, antes guerrillas, FSLN y FMLN, quedando como actores residuales los sindicatos, movimientos magisteriales, asociaciones cívicas y agrupaciones de género, que conformaban los círculos concéntricos de las guerrillas. La paz, sesgada y con muchas asignaturas pendientes, no cumplió con el campesino ni con la esperanza de la mujer, menos con la demanda del magisterio y la ansiedad de los marginados. Sólo se dio un nuevo andamiaje jurídico y nuevas formas de intermediación entre el estado y la sociedad civil, unas reglas del juego no muy definidas y muchos desafíos que no se han encarado con voluntad política. Ahora muchos analistas e investigadores no se interesan en los otros sujetos, los partidos políticos reciben la mayor atención, quizá, y creo que es la razón, es que no hay o no existen los instrumentos analíticos para descifrar dónde están; qué hacen; cómo se mueven; qué están construyendo los otros sujetos. Los nuevos sujetos se manifiestan a través de las relaciones intersubjetivas, porque sobre este vínculo puede detectar en el espacio en que se mueven y recrean a los otros actores con quienes tienen identidad y con que tiempo trabajan, arman su demanda, construyen su acción y sitúan los logros en la escala de sus aspiraciones. De manera inmediata no estamos descubriendo al sujeto, pero ya tenemos un gran avance, puesto que estamos descubriendo los espacios del sujeto en las distintas dimensiones que éste se expresa, en lo cotidiano, en lo laboral, en la especialidad, en lo grupal, en la política, en la militancia, en las asociaciones, etc. Lo cotidiano tiene en su haber historicidad y tiempo, los dos factores constituyen al sujeto; la historicidad ordena al tiempo y una vez ordenado, el sujeto actúa en su espacio, de ahí que la conjunción de la historicidad y el tiempo en lo cotidiano, da vida al sujeto. En cada sujeto que emerge hay identidad, historicidad y recursos para constituirse en un sujeto con proyecto, siempre y cuando el proyecto futuro esté vinculado a la conciencia del sujeto para construir su historia en su espacio, con otros actores y desde la cotidianidad. De esta manera hemos observado muchos puntos nucleicos de los nuevos sujetos y los registramos en los campesinos, en las ONG, en los movimientos ecológicos, en los sindicatos, en grupos de estudiantes y movimientos feministas que tienden a convertirse en movimientos de género. No se encuentran activos como en el ayer; tampoco inertes, hay en ellos una preocupación por resolver, desde su cotidianeidad, diversos problemas que tienen que ver con su vida comunitaria. Lo hay desafiando la adversidad que le legó el paso del huracán, colectivizando materiales para la construcción, reclamando e interviniendo en la introducción de servicios públicos, brindando apoyo y solidaridad a huelgas del seguro social; en exigencias para que los maestros asistan a las comunidades rurales, en la organización de sus fiestas patronales, en la exposición y venta de sus productos artesanales y agrícolas, todo ello con un fin, cumplir la tarea.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL ESPECTRO SOCIAL El desempeño de los partidos ante la sociedad civil es precario, debido a las dos aguas que existen en ella: la sociedad desarticulada que nada en las aguas del mercado y la sociedad latente que se encuentra en los cauces del aprendizaje y la producción social en entornos recortados, fragmentados, sin una orientación de carácter político amplia y convergente, ligada más a resolver problemas añejos al interior de sus cuerpos orgánicos que en construir una alternativa de reorganización para los ciudadanos de cada país en mención. Por parte de los partidos, existe en los dos un antecedente de pacto que no los deja crecer orgánicamente. Por una parte, el FSLN nunca fue ni es una fuerza monolítica; su organicidad se dio a través de un pacto que fusionó a tres fuerzas político-militares conocidas como: Terceristas, los de la Guerra Popular y Prolongada y los Proletarios. Antes del triunfo, cada tendencia actuó con un grado de autonomía que se diferenciaba de las otras; algunas veces hubo enfrentamiento político entre ellos, pero no trascendió en confrontación bélica intergrupal, tampoco limó las asperezas entre ellos, dado que los proyectos de arribar al poder y desenvolverse dentro del estado eran distintos, aunque con algunas variables encontradas. La coyuntura prolongada en Nicaragua 1977-1979 dio pie a que las fuerzas insurgentes del momento buscaran coordinarse hasta llegar a un acuerdo de conjuntar esfuerzos para asaltar el poder, se logró y se selló el pacto. Sellar no quiere decir se consumó, sino que se cerraron los labios y las discrepancias para aglutinarse ante el enemigo mayor, los EE.UU. quien había desatado la guerra de baja intensidad, lo que obligaba al FSLN a homogenizarse y no dejar la menor fisura para que se diera un rompimiento. Eso era y fue necesario para el momento y así lo hizo el FSLN ante las presiones de grupos y facciones, imponiendo la disciplina castrense y posponer la discusión de la unidad que tenia como soporte la diversidad. Posponer algo tan importante fue necesario, perdurar en el silencio fue necedad, más cuando se trataba de discutir el proyecto de nación y el rol asignado a la sociedad civil en la reconstrucción del estado-nación debido a que se prolongaba la agonía de los grupos por saber cual era su responsabilidad en la conducción y si contaba su proyecto particular en la reconfiguración del país. Los mandos de cada sector del FSLN acordaron seguir navegando en función de lo que marcara la brújula del momento y no en algo más acabado y con un futuro de certezas. Posponer fue un doble juego, por un lado era una irresponsabilidad, pero a su vez una oportunidad para ir minando las resistencia de los grupos que disputaban la conducción del FSLN, esa fue la visión de Humberto Ortega y a la postre lo consiguió. La magnificación del problema militar le restó fuerza a Tomás Borge en el Ministerio del Interior, desgasto y dejó casi en la vereda del camino a Jaime Wheelock, destacando la figura militar del ejercito y la de su hermano Daniel en el ejecutivo. Aquí se marcó la historia del orteguismo en el FSLN; en la época era un mito o un adefesio hablar de esta manera, pero la tendencia política del estado y la conducción del equipo político del partido en el poder así lo demostraba, lo que trajo a la postre el liderazgo compulsivo de Daniel Ortega y la obsesión permanente por ser el eterno candidato presidencial del FSLN. Después de la derrota en 1990, la organización del FSLN comenzó a mostrar la profundidad de las grietas, mismas que no sólo han tocado las diferencias significativas entre los sectores que lo componen, sino que ha coadyuvado para fracturar a la sociedad nicaragüense y, en algunos sectores, ha llevado el desencanto en las mentes de múltiples ciudadanos. El danielismo compulsivo ha

roto los débiles hilos del tejido interno del partido, ha “jubilado” de la política a muchos militantes y le ha apostado al doble juego, el de la presión movilizada y la de la negociar en sigilo; de esto se han dado cuenta muchos ciudadanos y han optado por la acción individualizada o por agruparse en asociaciones u ONG a fin de canalizar su recurso y acervo político-organizativo que heredó del pasado. Ha habido presiones movilizadoras del FSLN sumándose a las manifestaciones y bloqueos callejeros de los estudiantes; de apoyo a los reclamantes de seguridad sobre la propiedad confiscada y asignada por el sandinismo; Presionado al gobierno para que ceda en algún decreto o ley; pero a su vez hay registros de negociaciones o pacto que han realizado los miembros del círculo de Ortega con el presidente Arnoldo Alemán para instaurar un bipartidismo y a su vez reformar la constitución, los cuales son los lunares que empañan la trayectoria del FSLN. Hay muchos puntos de coincidencia entre el FSLN danielista y el Partido Liberal para negociar políticamente las diferencias y dar más tarde a la sociedad un mensaje que son distintos, prueba de ello fue el golpe técnico a la contraloría, misma que debía concluir su mandato en abril del año 2002, pero lo apresuraron hasta convertirlo en un cuerpo colegiado; además de arrinconar a los partidos pequeños a través del mecanismo de asignación de diputados, que favorece a todas luces a las organizaciones partidistas mayoritaria, va llevando a los partidos minúsculos al arroyo de la exclusión, abriendo el camino a un bipartidismo, como tradicionalmente se ha instaurado en Nicaragua. A estos acuerdos se le agrega la censura interna a la discusión y al disenso que pueda aparecer, provocando expulsiones y hostigamiento en militantes como Carlos Guadamuz, Mónica Baltodano, Dora María Tellez, Victor Tinoco y Carlos Fonseca Terán. Ante la exclusión hacia los partidos minoritarios y la persecución interna, se asociaron líderes, dirigentes y militantes de varias organizaciones, incluso de expresidentes como Violeta Barrios y el escritor Sergio Ramírez con la idea de formar un nuevo partido político que llevara por nombre “Nueva Nicaragua” con la firme convicción de que sería la mejor forma de enfrentar el pacto LiberalSandinista, así lo dieron a conocer los políticos involucrados en esta nueva coalición que participaría en las elecciones a celebrarse en noviembre próximo. Los partidos que pretendían formar esta agrupación son el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Conservador de Nicaragua (PCN), y la Unidad Social Cristiana (USC), además de otros partidos políticos como el Proyecto Nacional (Pronal) y el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Los partidos mencionados desaparecerían como organizaciones con registro en caso de concretarse el proyecto, al cual los políticos involucrados “apostaron” porque fuese la tercera opción para la población en caso de no votar por el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista que actualmente ostenta el poder. La idea era ofertar a la población nicaragüense la posibilidad de respaldar a una nueva entidad política resultante de la fusión de estos cuatro partidos de manera que los votantes tuvieran la posibilidad de optar por otro partido que no sea el Sandinismo o el Liberal. El proyecto tercerista tenía dirigida sus baterías a desmontar al FSLN, con el objeto de abrir el abanico del sistema de partido que se perfila, ya que el bipartidismo no es la mejor opción en una sociedad pluricultural y heterogénea como es Nicaragua; además, la intención manifiesta era vincular a dos figuras de renombre, sumadas a las que existen, como son la del exgeneral del ejército Joaquín Cuadra Lacayo y a Agustín Jarquín, ex controlador de la república.

Según los dirigentes de este nuevo intento de movimiento convergente, la base del acuerdo en que se enmarcaría la creación de “Nueva Nicaragua” era que los candidatos resultarán seleccionados a través del sondeo de las encuestas; es decir, aquel que puntee en las mismas automáticamente sería presentado como tal. Mientras ese nuevo actor se constituía tomando cuerpo, el FSLN entró en una etapa de regresión, las fisuras se manifestaron por el exceso de centralismo que se erigió como una forma de disciplinar a los disidentes, provocando rupturas y tensiones, principalmente en la consulta interna para escoger candidatos a las alcaldías y diputados, donde la imposición, la burla y la presión han sido la constante en la ecuación algebraica de la democracia interna Sandinista. Para colmar las esperanzas con lodo, el FSLN ha decidido en los últimos días de marzo, expulsar de sus filas a todo aquel que se haya pronunciado en contra del pacto FSLN - Partido Liberal, recayendo esta sanción sobre los diputados Mónica Baltodano. José González, Ángela Ríos y Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, bajo la acusación de que no se puede, en ningún momento cuestionar las decisiones de sus dirigentes. La opción que les quedó a los diputados para permanecer en las filas del Sandinismo fue que se retracten públicamente o de lo contrario, se descargará sobre ellos toda la fuerza de la expulsión. ¿Quién está atrás de esta decisión? Daniel Ortega, Tomás Borge, Humberto Ortega y Lenin Cerna, quienes se oponen a que se maneje otro nombre para ser candidato a la presidencia; no permiten el disenso en el seno de la Asamblea Sandinista; son intolerantes ante las voces disidentes y han hecho del partido, con sus ideas patrimonialistas, su refugio y forma de ocultar lo que mucho se le cuestiona sobre sus antecedentes en la política y en la administración pública. La división es tan significativa para la política y para los involucrados, que ya existen acusaciones mutuas sobre amenazas de muerte y en caso de que trascienda, lo que es lamentable para el pueblo nicaragüense, quien luchó, entregó vidas y que al final de cuentas, la democracia se reduce a un somocismo distorsionado o posmoderno. Lo del somocismo posmoderno no es metáfora, fue registrado en la entrevista que concedió Daniel Ortega (2), al conocer que en las encuestas de preferencia electoral lleva una ventaja de 8 puntos ante su inmediato oponente para las elecciones presidenciales. Reconciliación y Perdón son dos palabras que retoma del pasado, 1996, y las eleva en lo alto de las tribunas donde discursivamente defiende su idea de gobierno futuro. Invita al pueblo a perdonar a los Somocistas para acercar posiciones con los organismos internacionales; critica levemente el neoliberalismo, pero dice respetar lo que el mercado requiera; maneja un lenguaje de mercado social, de reconciliación y gobierno para todos los nicaragüenses. En esta apuesta de bajo perfil político pero rendimiento instrumental electoral, en la lógica costo-beneficio, Daniel Ortega vende una idea que la sociedad civil del país de Darío aun no procesa, porque si en Nicaragua hay algo inmutable, es su memoria histórica atada a lo que fue el pasado con los gobiernos de Somoza (3); porque somocismo fue terremoto, destrucción urbana, es el Mercado Oriental, es la Catedral destruida, el centro que se perdió, las muertes de los 60 y 70s, es el lago, son los adoquines, todo aquello que se dio en la época prerrevolucionaria tiene registro de Somoza y en ese registro no cabe el olvido. El desafío electoral del FSLN no tiene el camino expedito, aún con los 8 puntos porcentuales de ventaja, falta un trecho que recorrer y la campaña para la presidencia está plagada de sorpresas. Los resultados de las últimas tres encuestas (4), muestran los puntos negros

para el FSLN, a pesar de obtener aún la preferencia de los ciudadanos en la intención del voto. Sin contar la región Atlántica y Río San Juan, los rojinegros salen favorecidos con la preferencias de las mujeres y los habitantes del sector rural; en el amplio sector urbano la lucha está cerrada, la diferencia es poca; entre los religiosos, católicos y evangélicos, el porcentaje se mantiene con 7 u 8 puntos de diferencia, pero no es así entre los jóvenes, donde nuevamente se cierra la competencia; los adultos, mayores de 40 años, prefieren al FSLN, no obstante hay que resaltar que el Partido Liberal está reduciendo el margen porcentual con trabajo proselitista que liga al sandinismo con el terrorismo, aprovechando la coyuntura de lo que acontece en el mundo. Otro lunar es la selección de los candidatos, en la lista oficial destacan los cuadros tradicionales, tal parece que en Nicaragua se extinguió la planta productora de cuadros políticos, los nombres de Bayardo Arce, Tomás Wilberto Borge, René Núñez, Felicita Zeledón, Wálmaro Gutiérrez y Gustavo Porras marcan la pauta de la postura danielista de entregar todo a los ex guerrilleros; para el Parlamento centroamericano van Doris Tijerino y Álvaro Baltodano, gente de ayer que se aferran al presente. Así está la competencia, pero las encuestas no nos dicen lo que va a pasar, porque la incertidumbre todavía pesa en el imaginario colectivo; si bien es cierto que prefieren al FSLN, también existe una opinión cerrada sobre los riesgos si el FSLN gobernara de cara a la sociedad y de espalda a los empresarios. La historia nos dirá que harán los nicaragüenses el día de las elecciones.

LOS RETOS DEL FMLN En El Salvador, el panorama no está claro para el FMLN, debido a una serie de factores que se conjugan y que no son el mejor escenario para una fuerza política opositora con discurso radical. El Salvador vive una democracia mediática, todo transita por los medios, la diversidad de noticieros, programas de radios y periódicos moldean la opinión pública a su antojo; a todo ello agreguémosle las encuestas de opinión, entrevistas y divulgación de los eventos camarales, que dejan en el ambiente una saturación de mensajes políticos sin contenido, vaciados de realidad y un orden del día descalificador entre los actores políticos. La gran mayoría de los ciudadanos que opinan en las encuestas están de acuerdo, en lo general, en la forma en que dirige los destinos del país el presidente Francisco Flores, siendo sus puntos neurálgicos la delincuencia y desempleo, sin embargo esta última debilidad la aceptan, debido a que la gente está asumiendo el autoempleo como la modalidad reemplazante de la ocupación formal. El autoempleo, la individualización, la dilución de las identificaciones colectivas como el estado-nación, la clase social, la familia patriarcal, los círculos de amistad y camaradería, la solidaridad pública y los núcleos politizados de la izquierda de ayer, han provocado el surgimiento de individuos que se identifican entre sí por la moda, la edad, la música, el lugar de encuentro privado (centro comercial, restaurante o discoteca) independientemente de los grupos sociales y culturales, dando la sensación de que ha habido un gran cambio social en la sociedad salvadoreña, pero no es así, lo que ha cambiado son los referentes simbólicos y las identificaciones culturales (5). En medio de la fragmentación social se desenvuelve el FMLN, con el reconocimiento de que el sistema político se abrió y dotó de un nuevo aire el ejercicio de la política, a partir de su inserción en la vida política pública, pero con el paso del tiempo, este partido ha mostrado un desgaste de tendencia

incremental y el horizonte que ofrece para los salvadoreños pesa cada día menos en el imaginario del colectivo. Esto demuestra que hay problemas de fondo en el partido efemelinista, mismo que trataremos de explicar. La tensión entre las dos tendencias mayoritarias al interior del FMLN es cada día mayor, dado que los “renovadores” dirigidos por Facundo Guardado se sintieron marginados y confrontados por la fuerza orgánica de los “radicales” comandados por Schafik Hadal y Salvador Sánchez Cerén, es tanta la división que en la asamblea realizada a fines de mayo del 2001, la tendencia radical ocupó los cargos más significativos en búsqueda de asumir el control de la conducción de la campaña electoral. La confrontación interna se mantuvo hasta que los radicales lograron expulsar a Guardado de las filas del FMLN, caso que despertó las críticas más agrias de la ciudadanía en general, lo que ha puesto sobre la mesa pública de los comentarios la idea de que si Hadal asume el control absoluto de la dirección, el adelgazamiento del partido es notorio, debido a su discurso contestatario y forma confrontativa de ver la política. Todo ello no es un duelo entre personalidades, dado que la rivalidad no es a titulo personal. La verdadera causa del conflicto interno del FMLN es que a 11 años de haberse desarmado, este partido aún muestra ausencia de perfil ideológico, aferramiento a un ayer difuminado, liderazgos históricos sin base social que no gozan de un reconocimiento de las comunidades politizadas ni de la ciudadanía ; resistencia a un debate interno que los conduzca a una reestructuración profunda a nivel organizacional e ideológico; pareciera ser que el hecho de haber combatido y asumido una responsabilidad en la época de la guerra, les da el derecho a mantener un liderazgo o coto de poder heredado, de ahí la persistencia de liderazgos trasnochados. Nadie, absolutamente ninguno quiere ser desplazado, no hay cupo en el área de responsabilidad y dirigencia para la nueva militancia ni para los jóvenes, los cargos de segunda líneas y tercer nivel son para los de reciente incorporación, por tanto la sociedad civil no puede acceder a ser parte del rol protagónico en la historia del FMLN. Estos acontecimientos dan la sensación que hay un entrecruzamiento entre la miopía política (6) e incapacidad de insertarse en el mercado político, atravesados por la pervivencia de esquemas ideológicos que están orillando al FMLN a que deje ser una horizonte de esperanza entre los salvadoreños. Mientras ellos sucede, el Partido Arena, apoyados por el presidente en turno, sigue manteniendo la preferencia entre los ciudadanos y los que se encuentran desencantados de Arena, no van a las huestes del FMLN, sino que se cobijan en el amplio manto del abstencionismo, el gran ganador en las elecciones, si esta tendencia sigue prolongándose.

LAS ONG COMO ACTORES La sociedad civil, comentamos, se mueve en dos aguas, por una parte la fragmentada e individualizada y, por otra, la que se encuentra en proceso de reorganización, aprendizaje y construyendo sus demandas. Sin embargo, hay otro sector que algunos autores le llaman interfase, y se encuentra justo, entre sociedad civil y sociedad política. No existe una frontera entre estas dos esferas, sino un amplio espacio o esfera común, semejante a los círculos que ilustran los juegos olímpicos, donde circulan personas concretas, que frecuentemente pasan de una arena a otra, por ejemplo, haciendo de la interfase una escalera para el ascenso en los partidos políticos o, a la inversa, encontrando en la sociedad civil un nicho para sobrevivir a las desventuras políticas (7). Aquí se mueven exmilitantes

del FMLN o del FSLN que se insertan en ONG; que hacen trabajo orgánico en comunidades y barrios, pero no militan; lideres vecinales y comunitarios que se ganan un espacio, los que le dejan, en los partidos políticos. En otro lugar de la sociedad civil se encuentran las ONG, en un abanico amplio, diverso, que apunta a varios destinos y en multivariedades formas asociativas de redes entre ellos, que los hacen construir una sociedad red que les permite traslapar acciones, objetivos y metas, hasta dejar ver un entramado prefigurado de articulación de proyectos convergentes que dan pie a que se constituya un nuevo sujeto colectivo, insumiso y democráticamente horizontal. En El Salvador, destacan, en la arena política y en la ampliación del espacio público, las distintas ONG aglutinadas en tono al Consorcio de ONG, cuyo trabajo se centra básicamente en supervisar la actuación de los alcaldes y diputados, medir el grado de aceptación ciudadana, adoptar un político-funcionario para vigilar su actuación, ejercitar calificaciones entre los ciudadanos para conocer el grado de eficiencia del político; organizar talleres de formación que conduzca a estructurar una cultura política, donde los conceptos de tolerancia, consenso, democracia, etc., no sean abstractos, sino que encuentren un receptáculo para que de ahí se concentren y desprendan las acciones futuras. Para el caso nicaragüense, las ONG son más de carácter gestiva y asociativo para brindar talleres de capacitación para el trabajo, de género, a niños de la calle, a campesinos y pequeños productores; la atención ciudadana tiene algunas, pero no destacan en el concierto de la participación política. Para mencionar otro país de Centroamérica, Guatemala, ahí las ONG que realizan trabajo con temática de desarrollo y son pocas las orgánicas, pero las que existen tienen importantes trabajos. Las que dependen directamente del Partido URNG son INCIDE, Iniciativa Civil para la Democracia, que se dedica mucho al tema municipal (incluyendo formación política, capacita a fiscales de mesa para procesos electorales y capacitación para la gestión municipal) y la Fundación Guillermo Toriello, que se creó para trabajar la incorporación de los desmovilizados, pero que ha ampliado su trabajo al desarrollo e incluye a la población desarraigada. Incluso están trabajando un proyecto de vivienda más o menos importante, con financiamiento gubernamental.

Consorcio de ONG´s de Educación Cívica de El Salvador: un actor vital para la democracia Este grupo de ONGs Surge en 1993 con un rol específico, incrementar y nutrir la cultura política de El Salvador, puesto que el eje que aglutina los valores de la nueva política en construcción no puede dejar de lado la nueva cultura política, de ahí que han asumido la educación cívica como herramienta de conocimiento y transformación democrática. Han capacitado a lideres / as para que interpreten y asuman su rol en la construcción de la democracia, produciendo un programa de educación cívica inédito en la vida del pueblo salvadoreño. Debido a que lo político es abstracto, pero esencial, no posee sentido en todos los ámbitos de la sociedad, pero todavía es indispensable en el gobierno, de ahí que para elegir un gobierno, las elecciones se convierten en las llaves de la democracia formal y el sufragio y la participación son vitales para que ello se conforme y estructure de mejor manera Por ello, el Consorcio ha trabajado y acompañado desde la más pequeña hasta la más compleja actividad por la documentación electoral ciudadana, la capacitación de los integrantes de organismos electorales temporales especialmente las de Juntas Receptoras de Votos, el monitoreo al Sistema Electoral y acompañando los

esfuerzos por la implementación de Reformas Electorales, todo ello con el objeto de ir armando la estructura básica del andamiaje donde pueda residir y desplegarse la política, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los derechos políticos y el fortalecimiento de la voluntad ciudadana refrendada en el voto. Obviamente, la participación social es amplia y besa todos los rincones del ancho espacio de lo social; en algunas dimensiones de la sociedad la participación es achatada, en otras se encuentra con muros de contención, especialmente en lo que tiene que ver con la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas; no obstante, reconociendo la limitación o ausencia de espacios reales de participación, el Consorcio se ha dado a la tarea de desarrollar e impulsar el interés ciudadano en este anillo de la política, pasando desde un sencillo esfuerzo en las elecciones de 1994 hasta una fuerte, y representativa observación electoral ciudadana en los eventos electorales subsiguientes. Este gremio de ONG tiene preclaro que construir un nuevo país, va más allá de las elecciones, que el evento electoral tiene su significancia, más en una nación donde los procesos electorales no tenían credibilidad, debido a los fraudes, la imposición de candidatos y la actuación de los militares, quienes decidían la política de este país; ahora han cambiado las preferencias, hay interés, sesgado y en algunas ocasiones manipulado, pero se asoma y crece la credibilidad en las elecciones, aunque esta sea una forma procedimental de hacer democracia, quedando como saldo la democracia social y los derechos que exigen las ciudadanías específicas. No obstante desde 1996, se han incentivado en los procesos electorales y postelectorales municipales la participación ciudadana, donde la ciudadanía desarrolla actividades de fiscalización social, construyen sus plataformas, establecen compromisos y han dado seguimiento a planes de gestión local. Hay un avance importante en este renglón, no como lo deseamos, pero aun con las contingencias de la ideología consumista y derrochadora del neoliberalismo, con la aparición de actores “light”, con el surgimiento de identidades perecederas y en un ambiente social que no tiene como vector a la política, el rumbo del país transita hacia un horizonte más claro. Aunque hay que destacar que algunas veces lo político se disocia de la política y otras veces se asocia, formando una especie de acordeón, donde la melodía rima y muchas otras veces no, dado que queda girando en una serie de actividades ajenas de la política, como debates personalizados, encono contra la bancada contraria en los organismos camarales, descalificación individualizada, denuncia de la vida privada del otro o defensa de lo inexistente. A pesar de los inconvenientes que reseñamos, existen otros actores que se mecen en el arco de la convergencia, asociando intereses, tejiendo acciones conjuntas, identificando demandas para aglutinar esfuerzo sobre ellas y encaminarse por el mejor camino que los conduzca a la democracia ampliada, siendo uno de ellos el Consorcio de ONG. Las tareas de este organismo son escalonadas con tendencia incremental y es observable con mayor connotación a partir de 1998 con la puesta en marcha del “GRAN PROGRAMA CIUDADANIA 2000”, a través del cual se cristalizó la tercera y cuarta campaña de educación cívica, bajo el lema “Sin vos la Democracia no está completa” y “Examen ciudadano”. Esta última con su eslogan “Ponga la nota”, mediante el cual se monitoreó al Sistema y Reformas Electorales y se propició la participación ciudadana, a nivel local para la evaluación de los funcionarios públicos, la elaboración de plataformas ciudadanas y el establecimiento de compromisos con candidatos.

¿Qué hacen y dónde lo realizan? La tarea fundamental del Consorcio ha sido la educación cívica y la estructuración de un cuadro axiológico que da cuerpo a la cultura política de El Salvador, puesto que una democracia, vaciada de contenido y sin valores democráticos, no puede arribar a la cima del éxito, tampoco puede atender los asuntos de carácter social, pues sería una democracia sesgada, excluyente e intolerante, semejante a la que existió y ensombreció a este país durante los años de la guerra y antes de ella. Ahora bien, si reconocemos que en El Salvador existe un sistema de gobierno de carácter representativo y, por tanto, dentro de esas reglas del juego hay que trabajar políticamente; en este sistema, los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno y las elecciones la única vía para elegir a quienes han de representar a la ciudadanía en el poder público. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo”. Así, en nombre de esa representación y delegación, los funcionarios deciden sobre asuntos económicos, sociales y políticos de la nación o el municipio. Es innegable que el ejercicio de gobernar mediante la representatividad ha tenido un carácter excluyente y marginador. El poder de decisión de los ciudadanos se transfiere totalmente a los partidos políticos para la administración y gestión de gobierno. Estos gobiernan a su entera discreción, sin consultar al pueblo sobre los aspectos que le afectan; las propuestas electorales de gobierno se convierten tras la elección en simples promesas. El resultado lógico en los ciudadanos es el desencanto y la perdida de confianza en las instituciones políticas lo que genera una participación cada vez menor en los procesos electorales.

Ante este espectro, el Consorcio ha destacado que el control ciudadano es un derecho legitimo que se hace imprescindible en el camino de la transformación de las relaciones predominante hasta hoy entre la población y sus funcionarios públicos; de ahí que, su trabajo de cara a la sociedad lo han asumido como un proceso organizativo, educativo y de incidencia pública a través del cual los diferentes sectores y actores sociales analizan la eficacia y el desempeño de la gestión municipal, generan propuestas ciudadanas municipal para comprometer a los partidos políticos (sus candidatos) a considerar la opinión ciudadana respecto de los principales problemas y a instrumentar una gestión de nuevo tipo.

Este proceso lo registramos empíricamente así: En 44 municipios de los 262 del país, es donde desarrollan este esfuerzo, ello representan el 61.78% de la población total del país, distribuidos en 14 departamentos de El Salvador. Una de las tareas que desempeñan es la evaluación a Consejos Municipales,cuyo trabajo consiste en lo siguiente: Las Mesas Ciudadanas de los 44 municipios impulsaron un total de 219 jornadas sectoriales de evaluación en la que se han involucrados 6.605 líderes representantes, de ellos 3,587 son hombres y 3,018 son mujeres. Asimismo, el proceso culminó en cada municipio con un evento municipal, en donde se presentó el documento síntesis evaluativo de la gestión municipal y en el que participaron al menos 40 representantes de las autoridades municipales, entre Alcaldes y Concejales. Estas actividades se convirtieron en verdaderos espacios de intercambio de opiniones entre ciudadanos y autoridades municipales. Para las elecciones de 1997, esta actividad se realizó en 35 municipios y mejoró sustancialmente la presencia de autoridades locales, ya que en dicha oportunidad sólo participaron representantes de consejo municipales en 15 municipios. Ello es importante dado que progresivamente las autoridades locales están mostrando apertura a los mecanismos participativos y especialmente de acuerdo con comentarios realizados por éstos, reconocen que estas acciones contribuye al desarrollo de la gestión municipal en tanto que se señalan las deficiencias y las buenas actuaciones. Otra actividad sustantiva es la evaluación a diputados. Por primera vez el Consorcio ha sido facilitador de un proceso de evaluación al desempeño de los Diputados de la Asamblea Legislativa de la circunscripción departamental; esta actividad fue desarrollada en dos etapas. La primera mediante un sondeo de opinión pública, para lo cual el Consorcio subcontrató al Centro de Investigación y Opinión Pública Salvadoreña - CIOPSde la Universidad Tecnológica y, la segunda mediante el desarrollo de un evento nacional y otros 14 departamentales con representación de los diferentes sectores, en los que asistieron alrededor de dos mil personas, quienes analizaron los resultados del sondeo y validaron sus resultados. En general, la ciudadanía reprobó a la Asamblea Legislativa y sus Diputados, ya que de acuerdo con dicho sondeo, el 50.0% de los entrevistados consideran que los diputados no cumplen las promesas; el 29.8% no opina y un 20.2% expresa que si cumplen sus promesas; por otra parte el 17.7% y el 34.1% califican de malo y regular respectivamente, la labor de los diputados electos por las circunscripciones departamentales.

Como parte del proceso de participación ciudadana es a escala local, se han organizado las Mesas Ciudadanas que son las instancias que asocian a los diferentes sectores de cada municipio; de la misma manera lo hacen con las distintas agrupaciones sociales con el objetivo de identificar la problemática que les atañe y definir las alternativas de solución , los mecanismos y espacios que la nueva gestión pública debe implementar para garantizar un seguimiento a tales soluciones. Estas plataformas constituyen la base fundamental, para que las mesas ciudadanas organicen eventos municipales en donde los candidatos de los diferentes partidos políticos escuchen las propuestas ciudadanas y asuman, de cara a la sociedad, los compromisos para el futuro. De la misma manera, a nivel departamental, se trabajan en las plataformas legislativas desde la perspectiva de la ciudadanía, para generar compromisos con los candidatos a Diputados. Esta actividad se viene impulsando desde el mes de diciembre de 1999 y los eventos municipales están iniciados a partir del segundo mes del año 2000. Otras tareas coadyuvantes para mejorar el sistema electoral son: empadronamiento y carnetización En el marco de las elecciones de 1999, nuevamente el Consorcio constituyó 15 equipos móviles departamentales (equipos de trabajo), quienes desarrollaron la labor de informar, orientar y motivar a la ciudadanía para el empadronamiento y la carnetización. Esta labor se desarrolló utilizando modalidades de trabajo directo con la ciudadanía, mediante las visitas domiciliarias y jornadas masivas, llevando información y motivación electoral. Tuvo para esta tarea un contingente de promotores / as que se desplazaron a los sitios más inaccesibles, lo cual incidió para que un alto porcentaje de las visitas fuesen acompañados por los Trabajadores de refuerzo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), contribuyendo así

a llevar el empadronamiento hasta los lugares de habitación de los ciudadanos y fortalecer la coordinación de campo entre el TSE y el Consorcio. Este esfuerzo fue cubierto por medios alternativos de comunicación, especialmente de diversas radios comunitarias y de mercados, quienes difundieron el mensaje motivacional. Para contribuir a facilitar la información a los ciudadanos con problemas en la obtención de su carnet electoral y canalizar sus denuncias y dificultades ante el Tribunal Supremo Electoral, el Consorcio creó el Centro de Defensa del Elector, canalizando cerca de 10,000 dificultades Este trabajo desarrollado arribó, en el año 2000, a la meta carnetizar a 3,171,224; de los cuales 119,846 ciudadanos no reclamaron en las oficinas autorizadas su carnet electoral. No todo sigue un curso normal, las contingencias, los obstáculos y las decisiones tardías, son impedimentos que no dejan fluir el trabajo del Consorcio, siendo una de ellas el torniquete decisional del Tribunal Supremo electoral, donde los magistrados no lograron ponerse de acuerdo y el Plan de Acercamiento de las Urnas al Votante Elecciones 2000, a dos meses de las elecciones legislativas y municipales del 2000, por voto en contra de los Magistrados Dr. Sergio Mena Méndez y Dr. Mario Bolaños, no fue implementado en las elecciones. Es lamentable que el principal y más valioso esfuerzo por avanzar en las Reformas Electorales en cuya primera fase de ejecución se invirtieron más de 20 millones de colones, provenientes de los impuestos ciudadanos, haya quedado sin valor alguno por las negligencias de los responsables de calificar las elecciones, ocasionando con ello un grave revés a todo el esfuerzo que la sociedad civil y diferentes instituciones realizaron en aras de profesionalizar y modernizar el Sistema Electoral desde la firma de los Acuerdos de Paz. Este proyecto iniciado durante la administración anterior, pretendía facilitar a los electores su acceso a los centros de votación, en tanto no estuviera en vigencia el Voto Residencial. Si bien la primera fase del plan se ejecutó en un breve periodo, este generó grandes expectativas en la ciudadanía, cuyos resultados nos dicen que más de un tercio (31%) de la población electoralmente activa, acudió a señalar su decisión de cambiar de centro de votación. Justificado en supuestas deficiencias técnicas, dos meses antes del día de las elecciones, el TSE acordó no implementar dicho plan, ello podría ser considerado una irresponsabilidad, aun cuando tuvo el tiempo suficiente para conocer, evaluar y readecuar, si era necesario, dicho plan. El análisis que argumentan las deficiencias técnicas es bastante cuestionable; el problema de la emisión de dos padrones, el tradicional y el nuevo, ya habían sido considerados como variables de trabajo en el plan. Los técnicos que participaron en su formulación (alguno/as de ello/as son los mismos que ahora plantearon las deficiencias) lo sabían desde su diseño original. Son 380,041 ciudadanos en total que se presentaron a los diferentes centros de enlistamiento de éstos 341,211 fueron validado y estaban listos para ir a votar cerca de su casa, como grupo familiar. Esta decisión errada generó desconfianza ciudadana sobre las instituciones, abonándole más incredulidad al sistema electoral, cuyas instituciones basan sus decisiones sobre la plataforma de los intereses partidarios y no por cumplir con su compromiso constitucional de facilitar el ejercicio del sufragio a los ciudadanos. 234 centros de enlistamiento alcanzaron el mínimo de enlistados, que era de 500 ciudadanos en el área rural y 750 para el área urbana. Por la forma en que se tomó la decisión de no implementarlo, se asomó la sospecha de una intención política partidaria para no instrumentarlo, pues, además de ser sólo dos votos los que se opusieron a su ejecución, se rechazó cualquier opción intermedia o alternativa.

Dado el déficit de credibilidad del que goza el sistema electoral y las irregularidades que cometen los “actores enclaves” que obstaculizan el crecimiento de la democracia; aun con las reglas del juego favorecedoras al partido en el gobierno (ARENA), en 1999 el Consorcio organizó la campaña “Control Electoral Ciudadano”, a través de las cuales se convocó y dio curso a la observación ciudadana nacional e internacional, en la que participaron más de mil observadores nacionales y más de 500 internacionales. En este esfuerzo se involucraron unas 70 organizaciones civiles y, de manera muy especial, las mesas ciudadanas fueron el soporte fundamental de la observación ciudadana, ello debido a que su papel de observador estuvo ligado a garantizar limpieza en los resultados, por cuanto algunos candidatos habían firmado importantes actas de compromisos. Este esfuerzo fue organizado de la misma manera en 1997 con la campaña “Pongámonos Claros”. Es claro que el Consorcio se asume como un actor que intenta y busca, de muchas formas, fisurar la realidad e incidir en los procesos políticos de manera significativa, fundamentalmente en la transparencia del proceso y en los eventos electorales, aprovechando para ello la experiencia acumulada en siete años y las nuevas oportunidades del entorno político y social. Este nuevo esfuerzo del Consorcio contribuirá al éxito, desde el punto de vista de la construcción democrática del proceso electoral que se avecina, generando propuestas para la superación aceptable de los problemas estructurales y endémicos que adolece el sistema electoral, fortaleciendo así el Estado de Derecho y revigorizando la capacidad de la sociedad salvadoreña para afrontar su destino de cara al nuevo siglo. Es evidente la necesidad de legitimar el proceso electoral, como mecanismo generador de credibilidad para la democracia procedimental; así como garantizar la calidad de funcionarios que estarán a cargo del poder municipal y legislativo; por ello, el Consorcio se proponen desarrollar la acción de observación ciudadana mediante un gran esfuerzo nacional que articule amplios sectores y personalidades; que se ligue desde el ámbito local y regional lo nacional; que se constituya una red cívica capaz de impactar en la vida política del país, en especial el electorado, a fin de que cuente con una voz sistemática que contribuya a un mayor ambiente de confianza. En el ámbito municipal, este esfuerzo representa el eslabón importante del proceso participativo, involucrando activamente a las Mesas Ciudadanas en la organización y movilización de los observadores. En todo este ancho proceso de concientización, de promoción y articulación de valores democráticos, la capacitación es relevante y se ha constituido para optimizar el desempeño de los integrantes de organismos electorales temporales. En las pasadas elecciones presidenciales de 1999 y 2000, la labor de capacitación permitió elevar la calidad de los mismos y aunque esta capacitación no se impartió a la totalidad de los partidos políticos (ya que no lo solicitaron), lo cierto es que la ciudadanía gozó de mejor servicio y los resultados de su desempeño posibilitó que existieran menores errores en el llenado de actas favoreciendo así a la transparencia electora. Esta actividad se desarrolló a través de un equipo de capacitadores, los cuales entrenaron a supervisores, integrantes de Juntas Electorales Municipales (1,153) y mediante un mecanismo de selección de multiplicadores hasta arribar a la cifra de 19,000 integrantes de Juntas Receptoras de Votos. Como podemos darnos cuenta, la democracia no la construyen sólo los partidos, sino que también concursan en la edificación otos segmentos de la sociedad civil que sin disputar los espacios políticos y públicos a los partidos políticos, desarrolla una actividad vital para el ejercicio democrático; quizá donde los

partidos políticos no actúan, capacitando, orientando y politizando la fiscalización ciudadana , las ONG lo hacen, no para remplazar a los partidos, pero si para complementar una acción, dado que se ha demostrado que los partidos no son los únicos responsables para construir la democracia, pero la sociedad civil no puede tampoco negar ellos que son las formas más organizadas para la representación ciudadana; asimismo los partidos no podrán negar que las ONG, no todas, y otras formas de organización barrial, comunitarias y de localidades, sembrarán el surco de la nueva participación ciudadana para que de cómo fruto un nuevo ejercicio de la política, cargada de contenido y con un sabor social.

EPÍLOGO UNO La transición democrática en Centroamérica, en especial en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, es un proceso inconcluso. Si bien ha habido una democratización del régimen que ha dado paso a procesos cívico electorales, esto no es suficiente para resarcir los tejidos que dañó el militarismo, la guerra y los enclaves de poder. La democratización del régimen tiene un carácter fundacional, en la medida que abrió los espacios y la posibilidad para recomponer el entramado institucional, ello se ha hecho con limitantes y obstáculos de diversos tipos, que van desde lo político organizacional hasta los desastres naturales que han echado por tierra esfuerzos de años atrás. No obstante, la sociedad se mueve, sólo que su movimiento pareciera que se da de manera unilateral, sin que la acompañen en su movimiento la esfera económica, los partidos políticos, el mercado y el aparato estatal. Esto es lo que nos inclina a conceptuar a la democracia como “incomplitud”, por lo diferenciado en que actúan todos los componentes del sistema político, social, económico y cultural de estos pueblos. Hay una deuda pendiente, nadie la quiere asumir. Los partidos políticos dice que ellos gozan de la credibilidad y los votos que reciben en cada proceso electoral es el único argumento que muestran públicamente; esto se debe a que hasta hoy, los partidos siguen siendo la única forma de representación política que tiene la ciudadanía para interrelacionarse con el estado y abusando de ello, los partidos hacen y deshacen. La sociedad civil, amplia, extensa y compleja no podemos conceptualizarla de manera general. Al interior de ella hay múltiples engranajes, relaciones verticales, horizontales, transversales y de circuito; la cultura política que porta ella es diversa, en algunos casos es calificada como aceptable para el grado de desarrollo democrático de cada país; sin embargo, hay segmentos que actúan sin lógica, al bote pronto, en la inmediatez y con una actitud de sobrevivencia, lo que dificulta conocer su acción colectiva. Estamos seguro y compartimos con Linz, que una democracia consolidada requiere de una sociedad activa, autónoma y gestiva; que tenga funciones de tomar iniciativas y de controlar los procesos que de ella se derivan; para el caso de Nicaragua y El Salvador, es incongruente introducir este análisis, aunque no deja de ser el discurso normativo de un investigador. El FSLN y el FMLN tienen dificultad para articular todas las demandas que la sociedad pone sobre la mesa; la sociedad civil, la organizada, invita a los partidos, pero no se han situado en un espacio donde la complementariedad facilite el ideal democrático. Hay celos, poca confianza o un intento de refeudalización del espacio público, donde cada quien, ONG, partidos y organizaciones comunitarias y barriales, se sienten propietarias del mismo; quizá sea la cultura política

del liderazgo forzado, impuesto y compulsivo que se suscito en la guerra, o la intolerancia entre los actores para asumir un desafío colectivo. De todas manera hay avances, recortado y acotado; cada quien desde su espacio hace lo que le parece necesario, juntos sería mayor el logro y redituaría beneficios colectivos, pero hay dificultad, lo que nos hace pensar que en estos dos países se requiere que ocurra un acontecimiento magno para que concurran las fuerzas dispersas a ofrecer sus capacidades, de otra manera, no se asoma un lazo convergente.

EPÍLOGO DOS Ha transcurrido la jornada electoral en Nicaragua y nuevamente el fantasma del 14% apareció en el camino del FSLN. Desde su primera derrota frente a la Coalición UNO que encabezó Violeta Barrios de Chamorro, un porcentaje que se mueve cerca del 14% fue y ha sido la diferencia del candidato ganador frente a Daniel Ortega; con Arnoldo Alemán la cifra estuvo en esos porcentajes y ahora que compitió con Enrique Bolaños, la cifra se vuelve aparecer. Hay un segmento social que se aglutina en este porcentaje ha cerrado las puertas para el regreso de Daniel Ortega a la presidencia, los factores son diversos y las consecuencias graves para la organización del FSLN. El FSLN perdió porque asumió un discurso contestatario al inicio de la campaña, el cual cambió en la recta final con un llamado a la conciliación, a la unidad nacional y a la concertación para reconstruir al país. Si bien es cierto que el cambio de discurso fue prudente, la imagen de Daniel decayó en los seguidores tradicionales, porque vieron en la pieza discursivas un intento de renuncia a la beligerancia Sandinista; en cambio, los electores vacilantes o indecisos, percibieron un cambio mentiroso, dado que a Daniel Ortega se le percibe, en la mayoría de los imaginarios de los nicaragüenses, como un hombre directo, confrontativo y amenazante, por lo tanto, el cambio le restó votos de seguidores tradicionales y de los indecisos, principalmente los jóvenes. Otro factor que incidió en el resultado, aunque no estuvo presente en todo el proceso de la campaña, fue el la polémica sobre el abuso a su hijastra, aunque no se politizó, las mujeres se resistieron a avalar la conducta de Daniel frente al caso y la manera como lo desatendió ante los reclamos y señalamientos que la sociedad le hizo en su momento; negarle el voto fue una forma de reclamo que un segmento de las mujeres adoptaron. La democracia interna del FSLN es un tema que sale a relucir antes y después de cada evento electoral, es la debilidad de los Sandinistas, actores internos y externos le reclaman apertura y la “desorteguización” de la dirigencia, porque se percibe que la persistencia de Daniel Ortega a ser el candidato natural obedece más a un secuestro del partido que han hecho los líderes tradicionales que a un liderazgo que la comunidad le reconoce. Se prevé una ruptura en el cuerpo de la organización partidaria rojinegra, los ortodoxos y los renovadores van a medir fuerzas y cada uno va a tratar de conducir al partido al puerto que ellos tienen prefigurado en su imaginario; los ortodoxos siguen creyendo que la sociedad desea una confrontación, que la esperanza está en una ideal socialista, que la lucha de clases va a provocar una ruptura violenta en la urdimbre social y que los ideales del sandinismo de los setenta va a renacer; los renovadores orientan sus acciones hacia un partido de carácter bisagra, abierto, que la ideología Sandinista no esté marcada por el marxismo, sino con un toque nacionalista y demócrata, aproximándose a la Tercera Vía de Blair y Giddens.

La ruptura no es exclusiva del FSLN, esa atmósfera también se respira bajo el toldo del FMLN en El Salvador, la pugna entre ortodoxo y renovadores se acentúa y abre heridas en el seno del partido, en las dos organizaciones políticas ha faltado el debate de lo que acontece en la sociedad, en la economía, las tendencias de la globalización y los nuevos espacios que hay que inaugurar como partidos políticos, ya que nos macroespacios públicos han desaparecidos y los intereses en la sociedad no son homogéneos, sino múltiples y segmentados. Justo ahí, en lo nuevo que tiene la sociedad, hay que inaugurar los microespacios, desagregar la oferta política y dirigirlas a segmentos identificados, con un discurso propio para cada grupo o comunidad.. Para esta tarea, tanto el FSLN como el FMLN tendrán que convocar foros amplios y abiertos, con grupos de académicos, empresarios, comerciantes, buhoneros, trabajadores, con los jóvenes, los estudiantes, las mujeres y otros grupos humanos que son parte de su realidad social. Una vez obtenidos los análisis y conclusiones de cada sector, convocar a foros internos del partido para encontrar formas de trabajo que lo lleven a constituirse en los representantes de la sociedad. Si optan por ese camino, existe la posibilidad de despejar el horizonte sobre qué clase y tipo de organización política hay que construir y ofertar a la sociedad; si optan por la asamblea del partido, pero de espalda a la sociedad, la posibilidad de que se debilite y desengrane el partido son plausibles y a corto plazo. Ellos, sandinistas y efemelianos tienen la palabra y la decisión sobre el futuro de la izquierda en esos dos países centroamericanos. *los cuadros gráficos fueron tomados del documentos que nos envió el Consorcio de ONG de Educación Cívica: Observando el proceso electoral 2000 de El Salvador. Segundo reporte h t t p : / / w w w. i i g o v. o r g / i i g o v / p n u d / b i b l i o t e / d o c u m e n t o s / t e m a 1 / docu0003.htm

Notas 1/ Touraine Alain. Las transformaciones sociales del Siglo XX. Discurso de apertira en la primera reunión provisional del Intergovernmental Council. Of the Management of Social Transformations Programme (MOST) París 7-10 de Marzo de 1994. 2/ Ortega Daniel. Entrevista a Periódico La Prensa, 24 de junio del 2001. 3/ Téllez Dora maría. Perdonar, pero no olvidar. La Prensa, 24 de junio del 2001. 4/ FSLN sigue arriba en encuestas. Las últimas encuestas realizadas a finales de mayo y las dos primeras semanas de junio por las empresas Consultora de opinión Pública Borge y Asociados; El Instituto de Estudios Nicaragüenses y Cid Gallup, nos proporcionan los datos que comentamos. 5/ Beck Ulrich. La democracia y sus enemigos, Paidos, España, 2000 y Touraine Alain. Las transformaciones sociales del Siglo XX, texto citado, nos amplían este proceso de individualización.

6/ PROCESO, El FMLN no encuentra su rumbo. Boletín semanal año 22 No 954 Junio 6 del 2001. 7/Arocena Rodrigo. “¿Bloqueo o cooperación? Partidos políticos y Sociedad Civil. En Sociedad Civil” en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad. Peter Hangstenberg/ Karl Kohut/Gûnther Maihold. Editors. Nueva Sociedad. Venezuela 1999. P.P.147-171.

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Robinson Salazar Pérez Sociólogo Colombiano, doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y en Antropología en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos CIDHEM.

Martha Carolina Recinos Montes Directora Ejecutiva de Iniciativa Social para la Democracia, El Salvador y Miembro del Consejo Nacional del FMLN y miembro del comité directo del Consorcio de ONG. [email protected]

Acerca del Coordinador Robinson Salazar Pérez E- mail:[email protected]

Robinson Salazar Pérez es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Es Investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), México y coordinador del programa de doctorado en Ciencias Políticas, bajo convenio CIDHEM/UAS 1999-2003. Articulista de revistas científicas entre las que destacan “Espiral de la Universidad” de Guadalajara, México, “Reflexión política” de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, y editor de las revistas electrónicas “theorethikos”, “Societatis”, “Mar y Arena”. También coordina la Red de Investigadores por la democracia http://www.ufg.edu.sv/red. Es coordinador de los libros Sujetos y alternativas contrahegemónicas en el espacio andino amazónico, Comportamiento de la sociedad civil latinoamericana, y Conflicto y violencia en la postmodernidad latinoamericana (en proceso).