Informe Anual 2009 a la Asamblea Nacional

República Bolivariana de Venezuela Ministerio Público Despacho de la Fiscal General de la República Informe Anual 2009 a la Asamblea Nacional Infor

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio Público Despacho de la Fiscal General de la República

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Informe Anual 2009

Presentación Ciudadana Presidenta de la Asamblea Nacional Ciudadanos Primer Vicepresidente y Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional y diputados de la Asamblea Nacional Ciudadana Defensora del Pueblo Ciudadana Vicefiscal General de la República, Directores Generales, Directores de Línea y demás funcionarios del Ministerio Público Ciudadanos representantes de los medios de comunicación social Señoras y señores

El informe que hoy presento ante la Asamblea Nacional y ante el país, compendia los planes y logros alcanzados durante el año 2009, para dar respuestas a los desafíos y a los planteamientos de los ciudadanos que acuden al Ministerio Público a clamar justicia. El 2009, fue un año de consolidación y de puesta en marcha de iniciativas, enmarcadas en el Plan Estratégico 2008-2014, las cuales buscan intensificar las respuestas a los ciudadanos, particularmente en lo atinente a la lucha contra la impunidad. Se trata pues de hacer, con creces, honor a nuestro lema ¡No a la Impunidad! Y es que el Plan Estratégico que marca el rumbo de la actual gestión, busca crear un Ministerio Público más moderno y humano, cada día más cerca del pueblo, al acercar la justicia a las comunidades. En esta ocasión, el Informe de Gestión se estructura de una manera distinta a como se venía presentando años atrás, pues el detalle descriptivo se concentra sustancialmente en el área medular de la Institución, como lo es la Actuación Procesal. No a la Impunidad

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Es así como durante 2009, hemos luchado para agilizar las distintas causas que conocen los fiscales en todo el país, pues como establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio Público es la Institución encargada de ejercer la acción penal en nombre del Estado y entre otras atribuciones, debe garantizar la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso. En consecuencia, a través de las diversas páginas de este informe, se podrán apreciar los avances del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad. Las cifras que hoy mostramos son muy elocuentes en ese sentido. De esta forma, el Ministerio Público emitió durante el 2009, un total de cuatrocientos treinta y siete mil trescientos treinta y nueve (437.339) actos conclusivos (acusación, archivo fiscal y sobreseimiento) en las distintas materias vinculadas directamente con la acción penal. Delitos Comunes En esta materia, durante el ejercicio fiscal 2009, el Ministerio Público cumplió en 99.42% la meta planificada de egresos de casos, como consecuencia del trabajo realizado por los despachos fiscales. En relación con las cifras de egresos en delitos comunes, se observa la realización de trescientos cuarenta y seis mil doscientos trece actuaciones (346.213), que representan 63.39 % de los casos egresados en el Ministerio Público. En este contexto, fueron presentadas veintitrés mil quinientas cuarenta (23.540) acusaciones y se obtuvieron once mil novecientos setenta y cuatro (11.976) sentencias, de las cuales ocho mil ciento veintidós (8.122) corresponden a la admisión de hechos, dos mil setecientos cuarenta y dos (2.742) a condenatorias y un mil ciento veintidós (1.122) a absolutorias. Por otra parte, el Ministerio Público, a través de la Dirección de Delitos Comunes, participó en la conformación de la comisión mixta para investigar, en los distintos estados, las denuncias vinculadas con la eliminación del Índice de Precio al Consumidor (IPC), así como la atención de aquellos casos iniciados a raíz de las compras programadas y otras transacciones para la adquisición de vivienda y vehículos. En ese sentido, se elaboró el Plan Contra el Fraude, Estafa y Usura (FEU) como estrategia para la atención integral de los hechos presentados por las víctimas de estos delitos. Fue implementado en todo el territorio nacional y No a la Impunidad

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cuenta con la participación de ocho (8) fiscales nacionales que fungen de coordinadores regionales, además de cincuenta y cuatro (54) fiscales de varios estados destinados a la atención de casos en la modalidad de vivienda y cuarenta y seis (46) en lo relativo a vehículos. Asimismo, se procedió a la creación de la primera Fiscalía con competencia nacional en materia de salud y seguridad laboral, así como a la ampliación de la competencia en esta área a tres (3) despachos más, las cuales se encargarán de investigar y atender aquellos casos en los que se presuma la comisión de un hecho punible en perjuicio de trabajadoras y trabajadores por parte de una empleada o empleador. Protección de Derechos Fundamentales En esta materia, en la que la Institución intensifica su labor de proteger a la población de abusos perpetrados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, se ha incrementado la capacidad de respuesta con la creación de despachos fiscales especializados, situación con la que se han alcanzado nueve mil seiscientos diez (9.610) egresos; cifra distribuida de la siguiente manera: 3.28% (315) de acusaciones presentadas, 38.62% (3.711) solicitudes de sobreseimiento y 50.98% (4.899) decretos de archivos fiscales. De las decisiones emitidas por los tribunales en relación con procesos de violación de Derechos Fundamentales, se registraron ciento setenta y siete (177) sentencias, de las cuales 46% (82) corresponde a admisión de hechos, 32% (57) a condenatorias y 21% (38) a absolutorias. Asimismo, la Institución desarrolló el Proyecto de Agilización de Causas con Retardo Procesal, mediante la designación de fiscales itinerantes en los circuitos judiciales penales de los estados Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda y Aragua, con el propósito de celebrar las audiencias preliminares y juicios de aquellos ciudadanos privados de libertad que habían superado los dos (02) años de detención. Esta acción arrojó el descongestionamiento de un mil ciento ochenta y seis (1.186) casos, celebración de setecientas setenta y dos (772) audiencias preliminares, realización de cuatrocientos setenta (470) juicios, los cuales arrojaron trescientas veintinueve (329) sentencias condenatorias y ciento cuarenta y uno (141) absolutorias. Igualmente, el Ministerio Público participa en la Comisión Presidencial para la investigación de “El Caracazo”. Es de recordar, que la República Bolivariana de Venezuela reconoció las demandas intentadas por algunas de las víctimas y familiares de los fallecidos durante estos lamentables sucesos. No a la Impunidad

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En consecuencia, aceptó cumplir los compromisos derivados de las sentencias de fondo y de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso de indemnización de las víctimas de “El Caracazo”, emprendido de manera voluntaria por el Gobierno venezolano directamente con sus familiares, comenzó con los parientes de las primeras 50 víctimas. Paralelamente, el Ministerio Público realizó en septiembre de 2009 el proceso de exhumación de algunos de los caídos en dicha masacre, restos que se encontraban en el sector conocido como “La Peste”, ubicado en el Cementerio General del Sur. En los últimos meses se impulsaron las investigaciones en las llamadas masacres de “El Caracazo”, “Cantaura” y “Yumare”, las cuales en conjunto cegaron el futuro de cientos de venezolanos y nos dejaron un mal recuerdo sobre las violaciones a las garantías fundamentales. En ese sentido, se exhumaron 125 bolsas contentivas de restos óseos, correspondientes a la época de “El Caracazo”, trasladados posteriormente a un laboratorio acondicionado para tal fin. A la fecha, ya se realizó la individualización mediante estudios anatomopatológicos y de odontología forense a los fines de su plena identificación y posterior entrega a sus familiares. Adicionalmente, el Ministerio Público creó las Unidades Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Como primera fase, se pondrán en marcha dos (02) Unidades, una ya en funcionamiento, en el área metropolitana de Caracas y la otra en el estado Lara, las cuales se encargarán de imprimir celeridad a las investigaciones penales en fase preparatoria, en casos de homicidios, desaparición forzada de personas, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, lesiones y tortura, en los que se presuma la participación de funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones o por razón de su cargo. En tal sentido, hay que puntualizar que la creación de las Unidades referencia, es un logro para esta Institución, pues en el mes de marzo 2010 se puso en marcha la ubicada en Caracas, acción que implicó proceso complejo de adecuación de espacios físicos y adquisición recursos técnicos e informáticos.

en de un de

Protección Integral de la Familia En esta materia, la Institución alcanzó logros muy destacados. En el caso del seguimiento a los procesos por hechos punibles cometidos contra niños, No a la Impunidad

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niñas y adolescentes, el Ministerio Público realizó un total de dieciséis mil trescientos sesenta y siete (16.367) actuaciones. De esta cifra, destaca la presentación de escritos de acusación, con 16.74% (2.740), el decreto de archivo fiscal que alcanza 13.76% (2.252) del total de egresos y finalmente, la solicitud de sobreseimiento con 65.86% (10.779). Se obtuvieron un mil quinientos cincuenta y siete (1.557) sentencias, de éstas 54% corresponde a admisión de hechos (833), 35% a condenatorias (544) y 12% a absolutorias (180). En cuanto a los procesos penales adelantados a los adolescentes que incurrieron en la comisión de hechos punibles, para establecer su responsabilidad penal, así como la vigilancia y control de las sanciones que les sean aplicables, el Ministerio Público efectuó trece mil quinientos noventa y tres (13.593) actuaciones de egresos. De tal cifra, cinco mil setecientos setenta y siete (5.770) corresponden a escritos de acusación y seis mil doscientos veintisiete (6.227) a solicitudes de sobreseimiento. De las sentencias dictadas por los tribunales en esta área, específicamente cuatro mil setenta y dos (4.072), dos mil setecientos un mil (2.701), corresponden a sentencias por admisión de hechos, y un mil ciento uno (1.101) a condenatorias y finalmente, doscientos setenta (270) a absolutorias. También, se ampliaron las competencias conferidas a los fiscales auxiliares de los despachos especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes, a fin de actuar en todos los actos de las fases de mediación y sustanciación del procedimiento ordinario de juicio y el de jurisdicción voluntaria de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Civil, en aras de dar una respuesta más efectiva a la colectividad. Especial importancia ha tenido para la Institución la materia de Violencia Contra la Mujer. En consecuencia, el Ministerio Público ha asumido esta realidad y ha procurado la especialización de los fiscales y del personal jurídico vinculado con esta área. Igualmente, a través de charlas y otras actividades, busca sensibilizar a las personas sobre este tema para atacar la problemática desde el propio reconocimiento, al facilitarle información sobre la violencia, su tipificación y sus consecuencias. Así, durante el año 2009, el Ministerio Público presentó cuarenta y ocho mil ciento cincuenta (48.150) egresos, de los cuales veintiún mil novecientos ochenta y uno (21.981) corresponden a solicitudes de sobreseimiento, diecinueve mil ochocientos veintinueve (19.829) a decreto de archivo fiscal y No a la Impunidad

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cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco (4.855) a la presentación de escritos de acusación. Los tribunales con competencia en esta materia se pronunciaron con quinientas setenta (570) sentencias, de las cuales 410 corresponden a condenatorias, ciento veintiún mil a absolutorias y finalmente, treinta y nueve (39) a sentencias por admisión de hechos. Contra las Drogas El Ministerio Público en esta materia registró un total de diecisiete mil quinientos cincuenta y cinco (17.555) egresos de casos, de los cuales dieciséis mil ochocientos cuarenta y nueve (16.849) corresponden a la presentación de actos conclusivos. En este sentido, se presentaron siete mil ochocientos cuarenta y uno (7.841) acusaciones. El pronunciamiento por parte de los tribunales en esta área se evidenció en cinco mil ciento un (5.101) sentencias, de esta cifra cuatro mil ochocientos veintisiete (4.827) son condenatorias, lo que comporta una tendencia de efectividad de 94%. Es oportuno señalar, que del total de las referidas sentencias condenatorias, tres mil cuarenta y seis (3.046) se produjeron en virtud de la admisión de los hechos por parte de los acusados, es decir, 63%, dato que permite destacar la contundencia de los elementos de convicción presentados por los fiscales del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales. En el transcurso de las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, se acordó la incautación de once mil novecientos cuarenta y siete toneladas ochocientos once kilos con treinta y dos gramos (11.947.811,032) de sustancias químicas esenciales para la fabricación de drogas ilícitas; novecientas setenta y cinco toneladas (975 Tn) de urea a granel; y una tonelada y media (1,5 Tn) de hidróxido de amoníaco. De igual forma, se logró obtener el aseguramiento preventivo de seis (6) empresas, cuarenta y cuatro (44) aeronaves, un (1) apartamento de lujo, un (1) vehículo rústico, cinco (5) cuentas bancarias y un (1) centro de telecomunicaciones, además se confiscó la propiedad correspondiente a la tercera parte (1/3) de las acciones de una empresa propiedad de un implicado en un caso de drogas. Asimismo, en el 2009 el Ministerio Público coordinó ciento cincuenta y seis (156) actos de incineración de drogas, para alcanzar, en ese año, la efectiva

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destrucción de cincuenta mil cuarenta y un kilos, novecientos cincuenta gramos (50.041,950) de drogas. En este aspecto, vale destacar la sentencia que obtuvo el Ministerio Público, en virtud de la admisión de los hechos por parte de un implicado, en el caso “Cartel de la Guajira”. También fue sentenciado pagar una multa equivalente al capital legitimado, que asciende a la cantidad de un millón quinientos mil bolívares fuertes (1.500.000 BsF.). En este contexto, conviene destacar la solicitud del Ministerio Público del aseguramiento de setecientos millones de Bolívares (Bs. 700.000.000,00), de acuerdo con en el avalúo parcial realizado a los bienes muebles e inmuebles, relacionados con el emblemático proceso seguido a la organización criminal Makled, dedicada al tráfico ilícito de drogas y a la legitimación de capitales. Actualmente, por este caso se encuentran privadas de libertad doce (12) personas, y bajo medidas de aseguramiento una veintena de empresas que guardan relación con dicha organización, en espera de las resultas del correspondiente juicio. Contra la Corrupción La lucha contra la corrupción ha adquirido mayor relevancia en la actual gestión, y los resultados obtenidos contra este flagelo en el 2009 han incrementado la confianza de la población en el Ministerio Público. En este contexto, se destacan las actuaciones que han efectuado los fiscales en los casos relacionados con el área bancaria, específicamente en lo que se refiere a los tipos penales establecidos en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, pues durante el año 2009 se presentaron situaciones irregulares en algunas entidades bancarias del país, casas de bolsa y sociedades de corretaje. La actuación del Ministerio Público, en forma coordinada con otras Instituciones dio como resultado la detención de diez (10) personas, solicitudes de órdenes de aprehensión contra otras veinticuatro (24) y una (01) medida cautelar sustitutiva de arresto domiciliario a favor de un implicado. Las acciones en estos casos continúan y los resultados más contundentes se obtendrán durante el año 2010. De esta forma, con relación a los egresos del Ministerio Público en esta materia, se reportaron dos mil setecientos veintidós (2.722), de los cuales las solicitudes de sobreseimiento representan 66.86% (1820); las acusaciones 21.82 % (594); los archivos fiscales 6.47% (176); y 4.85% (132) No a la Impunidad

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correspondiente a otros egresos, (solicitudes de desestimación y opiniones respecto a la suspensión condicional del proceso). Es importante señalar, que en esta área durante el 2009, se presentó el mayor número de acusaciones alcanzadas en un (01) año, en la historia de la Institución. De las actuaciones realizadas por tribunales, se observan doscientas ochenta y dos (282) sentencias, de las cuales 71% corresponde a condenatorias (199), 24% (69) a sentencias por admisión de hechos y 5% (14) a absolutorias. En los resultados obtenidos en esta materia, fue fundamental el apoyo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, cuyo fin es desarrollar las acciones pertinentes que permitan resolver de forma expedita aquellos casos más emblemáticos, en los cuales se haya afectado de una manera significativa el patrimonio público, así como en los que se encuentran involucrados altos funcionarios de la administración pública. El trabajo de la Unidad Anticorrupción permitió la imputación de setenta (70) ciudadanos y la presentación de diecinueve (19) acusaciones de los cuarenta y cuatro (44) casos emblemáticos seleccionados entre los años 2008 y 2009, para los que fueron designadas seis (6) fiscalías a escala nacional. Los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción se consideran positivos, debido a que se logró por primera vez en la historia, acusar a dos (02) ex gobernadores y a dieciséis (16) alcaldes o ex alcaldes, por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus cargos. De esta forma, se materializa el esfuerzo emprendido en lo que a la lucha contra la impunidad respecta. Defensa Integral Ambiental Los problemas ambientales que afectan al mundo contemporáneo, originados entre otros, por el tipo de sistema de desarrollo asumido, así como por los patrones de producción y consumo, en muchos casos irracionales, han alterado el equilibrio de la naturaleza y en consecuencia, causando serios problemas para la humanidad. Así, ante la problemática ambiental que se observa, el Ministerio Público a través de sus fiscales especializados, se abocó a la protección integral del ambiente, al actuar en los casos penales y además, se ha dedicado a profundizar la campaña de concientización hacia la colectividad.

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Para el año 2009 se registraron cuatro mil novecientos cuarenta y seis (4.946) egresos, de los cuales destacan la solicitud de sobreseimiento con un 56.91% (2.815), las acusaciones que alcanzan el 24.32% (1.203) y el 10.01% (495) de las opiniones emitidas en relación con la suspensión condicional del proceso, actuación ésta que permite en ocasión a la ocurrencia de delitos leves, resarcir el daño inmediato ocasionado e incentivar la prevención. A continuación se presenta el siguiente gráfico: De las sentencias dictadas por los tribunales en esta materia, se registraron doscientas setenta y seis (276), de éstas 69% corresponde a sentencias por admisión de hechos (191), 28% a sentencias condenatorias (76) y 3% a absolutorias (9). Asesoría Técnico Científica Durante el año 2009, a escala nacional, se incrementó el apoyo a los fiscales del Ministerio Público en materia de criminalística e investigación criminal para una debida tramitación de los casos. Tal labor se efectuó a través de asesorías presenciales, telefónicas, así como mediante la participación en los procesos penales, como consultores técnicos, del personal profesional de la Dirección de Asesoría Técnico Científico e Investigaciones. Como parte del apoyo interinstitucional fueron capacitados dos mil ochocientos diez (2.810) funcionarios de nuestra Institución y de otros organismos de investigación penal y de administración de justicia en el ámbito nacional. De igual manera, se dictaron charlas informativas a cuatrocientos cincuenta y siete (457) funcionarios, con la finalidad de actualizar a los participantes sobre las nuevas tendencias en las ciencias forenses, criminalísticas e investigación criminal. Fiscalías Superiores El Ministerio Público, a través de las fiscalías superiores, ha desarrollado acciones comunitarias para acercar la Institución a las comunidades y en ese sentido, se ha beneficiado a una población de cuarenta y cinco mil seiscientas treinta y siete (45.637) personas a escala nacional. Adicionalmente, la Dirección de Fiscalías Superiores participó en ocho (8) operativos sociales realizados en las principales barriadas caraqueñas, No a la Impunidad

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donde se atendió un total de doscientas treinta y siete (237) personas, a quienes se les brindó orientación jurídica y psico-social. El Ministerio Público fortaleció sus servicios de atención a los venezolanos, a través del inicio de operaciones de tres (3) nuevas Oficinas de Atención al Ciudadano, las cuales están ubicadas en los estados Barinas, Bolívar (Primer circuito judicial) y Sucre (Segundo circuito judicial). Respecto a la cantidad de personas atendidas por este importante servicio, en este año fueron orientadas a escala nacional un total de noventa mil cuatrocientos setenta y cuatro (90.474) personas. Asimismo, prosiguió la buena marcha de las Unidades de Atención a la Víctima, las cuales reforzaron su capacidad de trabajo con la incorporación de las áreas psicosociales en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Guárico, Miranda, Monagas, Sucre (Primer Circuito Judicial), Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Con este número, la cifra aumenta a catorce (14) las áreas psicosociales de las Unidades de Atención a la Víctima, las cuales buscan ofrecer una mayor ayuda especializada al público víctima, testigo u otro sujeto procesal que requiera asistencia integral sistémica, orientación o protección, en este último caso, en el supuesto de estar en situación de riesgo por su participación en el proceso penal. Desde el mes de agosto de 2009, comenzó la reestructuración de estos servicios en el Área Metropolitana de Caracas, para lo cual hemos volcado nuestros esfuerzos a fin de servir con calidad y rapidez a los venezolanos. En cuanto al universo de sujetos procesales que fueron atendidos a escala nacional por las Unidades de Atención a la Víctima, la cifra alcanza un total de setenta y un mil cuatrocientas siete (71.407) personas. El Ministerio Público ha tenido durante este año 2009 una fructífera labor en pro y beneficio de las víctimas de delito, testigos y demás sujetos procesales en situación de riesgo por su participación en el proceso penal; al efecto, se han tramitado a escala nacional un total de tres mil ciento noventa (3.190) medidas de protección, de las cuales se han acordado dos mil seiscientas cuarenta y cuatro (2.644). Los beneficiarios de medidas de protección han contado igualmente con asistencia integral sistémica en lo legal y bio-psicosocial, la cual se les ofrece de manera preeminente, lo que ha permitido que se cumpla con la normativa interna al respecto, así como honrar los compromisos de la República sobre esta materia.

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Reorganización estructural y funcional del Ministerio Público Como parte de la Directriz Fortalecimiento Institucional, línea Estratégica Reorganización Estructural y Funcional del Plan Estratégico del Ministerio Público 2008-2014, se realizaron una serie de cambios para adecuar la estructura organizativa a la nueva misión, visión y valores institucionales, con la finalidad de fortalecer y engranar los procesos medulares y administrativos, de tal manera que la Institución responda de manera eficaz y oportuna a las demandas de la colectividad. Pues bien, se realizó la reorganización técnica administrativa de la Coordinación de Gestión Social, creación de una fiscalía municipal, en el que se adecuaron algunos elementos asociados a su vinculación con la Coordinación de Gestión Social y con la comunidad; cambio de adscripción de la Dirección de Recursos Humanos al Despacho de la Fiscal General de la República, creación de la Coordinación de Control del Gasto, adscrita a la Dirección de Administración; creación de la Coordinación de Mantenimiento, adscrita a la Dirección de Infraestructura y Edificación; creación del Despacho del Fiscal Superior en cada estado del país, adscrito a la Dirección de Fiscalías Superiores; creación del Archivo Estadal del Ministerio Público, en la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, creación de Fiscalías de Juicios en el área metropolitana de Caracas, donde fueron instaurados, el 31 de julio de 2009, dos despachos fiscales en esta materia, puesta en marcha de la I Fiscalía Especializada con competencia nacional en materia de Salud y Seguridad Laboral. Las fiscalías de juicio fueron inauguradas como un plan piloto adelantado por la Institución en función del fortalecimiento de nuestra lucha contra la impunidad. Estos nuevos despachos conocerán de los procesos en fase intermedia y de juicio. Formación y capacitación jurídica El Ministerio Público consciente de la dinámica jurídica en nuestro país y la necesidad de contar con profesionales capacitados para la atención de los requerimientos de los ciudadanos en las materias que le ocupan, proclamó a partir del año 2009 la “Gestión de las Luces”. Bajo esa premisa, se desarrolló un Programa de Formación y Capacitación, el cual se ejecutó en dos grandes componentes, el primero de ellos fue la “Formación Técnico –Jurídica”, cuyo objeto es formar profesionales del derecho, aspirantes al “Programa de Formación para el Ingreso a la Carrera No a la Impunidad

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Fiscal”, así como capacitar y actualizar en materia jurídica al personal que se desempeña en las áreas legales de la Institución. En el año 2009, se desarrolló, bajo la dirección de la Escuela Nacional de Fiscales, la culminación satisfactoria del II Módulo del Programa de Formación para el Ingreso a la Carrera Fiscal, por parte de noventa y nueve (99) aspirantes, y el inicio al III Modulo, a fin de luego continuar con el IV Módulo y pasantías del Programa, a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2010. En relación con la actualización profesional, se desarrollaron veintitrés (23) actividades académicas, a través de las cuales se fortaleció la actuación de cuatro mil novecientos noventa (4.990) funcionarios pertenecientes a los siguientes órganos e instituciones: cuatro mil ochocientos nueve (4.809) funcionarios del Ministerio Público; ciento sesenta y nueve (169) del Sistema de Justicia y otros entes públicos y doce (12) de los órganos de investigaciones penales. El segundo componente del Proyecto de Formación y Capacitación del Recurso Humano, se refirió a la capacitación jurídica, gerencial, técnica y administrativa, cuyo fin fue el fortalecimiento de los conocimientos y desarrollo de las habilidades del recurso humano, mediante la actualización y la especialización del mismo. Para ello, a través de la Dirección de Recursos Humanos, se ejecutaron cuarenta y nueve (49) actividades académicas en las áreas técnica, tecnológica y organizacional. En ese sentido, se capacitaron ochocientos setenta y cuatro (874) funcionarios adscritos a distintas dependencias del Ministerio Público, en sus sedes ubicadas en el área metropolitana de Caracas. En consecuencia, si se totaliza la cantidad de capacitados en cada componente del Proyecto de Formación y Capacitación del Recurso Humano, llevado a cabo por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público durante el año 2009, se formaron un total de cinco mil ochocientos sesenta y cuatro (5.864) funcionarios. Acciones laborales Las políticas en materia de recursos humanos fueron concebidas con la claridad de una gestión que entiende que todo lo relativo a él y su desarrollo transversaliza todos los programas y proyectos institucionales. Por lo cual ya

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no se jerarquizan las decisiones, se conectan unas y otras en una suerte de horizontalidad e igualdad de importancia de las mismas. Este cambio provocó un giro de 180° en la forma de aproximarnos al complejo fenómeno de la gestión del recurso humano como el activo más importante y casi exclusivo del Ministerio Público para el logro de sus objetivos en cumplimiento de su visión y misión. Con esa óptica, se desarrolló un sistema de entrevistas, coordinado por la Dirección del Despacho, orientado a la selección del talento profesional que opta a cargos de fiscales (provisorios y auxiliares), con el fin de que ingresen a la Institución, los más aptos y con capacidad de crecer como servidores públicos. Luego de ejecutar tales procesos, se procede a la elaboración de los correspondientes Puntos de Cuenta para la designación, ascensos y traslados del personal, a fin de dar cumplimiento con la línea de acción de la Fiscal General de la República, en lo atinente al aumento del número de fiscales auxiliares, con el objeto de fortalecer los diferentes despachos fiscales, y de esta forma, contar con un recurso humano capaz de dar respuesta oportuna a la sociedad que así lo demanda. Durante el 2009, se produjeron 184 ingresos, 118 ascensos traslados, 144 traslados, 28 ascensos, para un total de 474 movimientos de personal. A través de la Dirección de Recursos Humanos, se ejecutaron cuarenta y nueve (49) actividades académicas en las áreas técnica, tecnológica y organizacional. En ese sentido, se capacitaron ochocientos setenta y cuatro (874) funcionarios adscritos a distintas dependencias del Ministerio Público, en sus sedes ubicadas en el área metropolitana de Caracas. Dicho grupo de funcionarios fue conformado por quinientos cuarenta y tres (543) del área administrativa; ciento cincuenta y seis (156) del área legal, técnica y profesional; ciento un obreros (101) obreros; cincuenta y cuatro (54) del nivel supervisorio y veinte (20) del nivel directivo de la Institución. En consecuencia, si se totaliza la cantidad de capacitados en cada componente del Proyecto de Formación y Capacitación del Recurso Humano, llevado a cabo por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público durante el año 2009, se formaron un total de cinco mil ochocientos sesenta y cuatro (5.864) funcionarios.

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Acción social En el marco del Eje de Acción Social, las fiscalías municipales ejecutaron, en Caracas y en los Valles del Tuy del estado Miranda, actividades de acercamiento a las comunidades, las cuales beneficiaron a siete mil quinientas cuarenta y nueve (7.549) personas. Nuestra Institución en un esfuerzo por comprometerse con la población, más allá de sus funciones ordinarias, ha profundizado los lazos y relaciones directas con las comunidades circundantes al edificio sede del Despacho de la Fiscal General de la República. Prueba de esto es que durante el año 2009 hemos emprendido, de manera constante y entusiasta, la recuperación de la plaza Parque Carabobo, en Caracas, para el disfrute y el esparcimiento de la ciudadanía. Planteamiento que fue acogido por los fiscales superiores en todo el país, quienes también han realizado durante este lapso actividades culturales y de rescate en los espacios públicos cercanos a sus sedes. Entre las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el 2009, destacan las realizadas en diferentes sectores de la parroquia La Candelaria del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas, para llevar de manera mancomunada un proyecto de interés público como lo es la recuperación de la plaza Parque Carabobo, ubicada en la avenida México de esa parroquia. Durante el año 2009, las mencionadas actividades llegaron a la cantidad de treinta (30) días de presentaciones. En consecuencia, se brindaron noventa (90) horas de esparcimiento y recreación para la colectividad que visita este sector, a través de la puesta en escena de cien (100) agrupaciones artísticas: musicales, circenses, teatrales, artesanales, fotográficas, estampadores, talleres de pintura, entre otros. En el marco de las acciones sociales desarrolladas por la Institución, se ejecutaron, a través de la Coordinación de Gestión Social, noventa y siete (97) actividades de divulgación, con el propósito de dar a conocer las herramientas jurídicas que permitan garantizar el Estado de Derecho y la participación activa del ciudadano. En este sentido, las actividades se desarrollaron para la divulgación de: Proyecto de las fiscalías municipales, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente; Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; prevención del consumo de drogas; entre otros. En fin, honorables legisladores, quienes estamos actualmente al frente del Ministerio Público, sabemos que vivimos un cambio de épocas, de cambio de No a la Impunidad

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paradigmas y no podemos lograr justicia si una Institución vive al margen del pueblo, por el contrario, el objetivo nuestro es fundirnos con todos los venezolanos. Ese es uno de los retos que esta gestión, que concluye en el 2014, tiene y con el apoyo, colaboración y vinculación con todos los poderes del Estado, lograremos que esas cifras que anteriormente señalé respecto a los actos delictivos, sean cada vez menores, pues “con justicia es que habrá paz”.

Luisa Ortega Díaz Fiscal General de la República

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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Misión: Somos un órgano del Poder Ciudadano que actúa en representación del interés general, garantizando el cumplimento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la colectividad, que propenda a la preservación del Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Visión: Ser una Institución garante de la legalidad, accesible, imparcial y confiable, caracterizada por el cumplimiento de sus atribuciones e inmersa en la dinámica social con estricto apego a la preeminencia de los derechos humanos. Valores: 

Honestidad



Justicia



Eficacia



Lealtad



Ética



Probidad



Responsabilidad



Humildad



Imparcialidad



Solidaridad

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Actualmente el Ministerio Público cuenta con una estructura organizativa funcional, conformado por los siguientes niveles: 1. El Nivel Estratégico, ejercido por las máximas autoridades de la Institución, en el que se diseñan las políticas orientadas al cumplimiento de la misión y visión institucional y se toman las decisiones de carácter estratégico que deben considerar las unidades que conforman el Ministerio Público. Este nivel está conformado por: Despacho de la Fiscal General de la República. 2. El Nivel Supervisorio, en el que se administran y gestionan los recursos necesarios para dar cumplimiento a las políticas establecidas por el Nivel Estratégico, el cual está conformado por la Vicefiscalía y las direcciones generales adscritas del Despacho de la Fiscal General de la República. 3. El Nivel Operativo, encargado de ejecutar las políticas diseñadas por el Nivel Estratégico, a través de éste se materializa toda la filosofía institucional por medio de las acciones orientadas al cumplimiento de la administración de justicia y al debido proceso, el cual está conformado por todas las direcciones de línea, coordinaciones y despachos fiscales. Para dar cumplimiento a la misión y visión institucional, así como a las atribuciones conferidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento jurídico vigente, el Ministerio Público adaptó su estructura organizativa funcional con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas propuestas en el Plan Estratégico 2008-2014, entre los cuales se pueden destacar las creaciones de unidades y despachos fiscales, así como los cambios de denominaciones y adscripciones de dependencias.

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Despacho de la Fiscal General de la República Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público

Dirección del Despacho

Dirección de Consultoría Jurídica

Dirección de Auditoría Interna

Dirección de Recursos Humanos

Coordinación de Servicios Médicos

Coordinación del Fondo de Prestaciones

Vicefiscalía

Dirección General

Dirección General de Actuación Procesal

de Apoyo Jurídico

Dirección en lo Constitucional y Contencioso Administrativo

Dirección de Revisión y Doctrina

Coordinación de Asuntos Internacionales

Dirección de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental

Dirección de Protección de Derechos Fundamentales

Dirección Contra la Corrupción

Dirección Contra las Drogas

Dirección de Delitos Comunes

Dirección General Administrativa

Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones

Dirección de Protección Integral de la Familia

Dirección de Inspección y Disciplina

Coordinación Técnico Científica Ambiental

Dirección de Seguridad y Transporte

Coordinación de Biblioteca

Dirección de Secretaría General

Dirección de Infraestructura y Edificación

Coordinación de Servicios Generales

FISCALES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Dirección de Tecnología

Dirección de Relaciones Institucionales

Coordinación de Asuntos Públicos

Dirección de Proyectos Especiales

Coordinación de Análisis y Evaluación de Medios

Dirección de Fiscalías Superiores

Coordinación de Gestión Social

Dirección de

Dirección de

Presupuesto

Planificación

Dirección de Administración

Coordinación de

Coordinación

Contrataciones y

de Control del

Servicios

Gasto

DESPACHOS DE FISCALÍAS SUPERIORES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Fuente: Dirección de Planificación

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PLAN ESTRATÉGICO DEL MINISTERIO PÚBLICO 2008-2014 El Plan Estratégico del Ministerio Público es producto de un proceso de planificación estratégica institucional que orienta la acción de la gestión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, período 2008-2014. En este plan se considera lo contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal, como líneas fundamentales de acción, las cuales permiten generar una transformación de la institucionalidad del Estado venezolano que trasciende el ámbito de la justicia e implica un cambio de cultura, especialmente en los funcionarios del Ministerio Público. A partir del análisis de los retos exigidos por la dinámica social y su interrelación con los diferentes órganos del Estado vinculados con el Sistema de Justicia, el Ministerio Público ha orientado su accionar a fin de que en el corto y mediano plazo, se pueda optimizar la aplicación del marco jurídico en concordancia con las distintas instituciones asociadas al cumplimiento de su misión. De allí que se han definido en el Plan Estratégico proyectos dirigidos a contribuir al posicionamiento de la Institución en la sociedad, a partir de la siembra de valores como la solidaridad, honestidad, justicia e imparcialidad, principios fundamentales de su nueva filosofía de gestión. En consecuencia, se trata de establecer una cultura institucional centrada en el compromiso social, mediante la debida atención a los todos los venezolanos. Dicho Plan está demarcado de la siguiente forma: Objetivo General Coadyuvar a rescatar la solidaridad y otros valores para un adecuado desarrollo del ser humano, mediante el ejercicio de una justicia basada en la moral colectiva, la conciencia cívica y la nueva ética de lo público, consolidando el respeto de los derechos sociales fundamentales. Objetivo Específico Responder de manera oportuna las demandas de la colectividad, mediante el establecimiento de acciones institucionales e interinstitucionales, dirigidas a No a la Impunidad

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facilitar al ciudadano el acceso a la justicia y a fortalecer la credibilidad en el Sistema de Justicia Venezolano. Directrices y Líneas Estratégicas Las directrices que conforman el Plan Estratégico 2008-2014 del Ministerio Público, son las siguientes: 1. 2. 3. 4.

Agilización y Descongestionamiento de Casos Gestión de Casos Integración con los Órganos que conforman el Sistema de Justicia Fortalecimiento Institucional

La primera directriz denominada “Agilización y Descongestionamiento de Casos”, se orienta al diseño e implantación de estrategias que permitan dar respuestas, con criterios de oportunidad y calidad, a los venezolanos, creando a la vez las instancias que consoliden la vinculación de la Institución con las comunidades, para la realización de un trabajo conjunto en pro de la prevención del delito. A tales efectos, se impulsarán estrategias referidas a concentrar tiempo, esfuerzos y recursos del fiscal del Ministerio Público en el desarrollo de la investigación y la resolución de los casos que le son asignados, así como, a proporcionar a los representantes fiscales mayor apoyo técnico-científico, generar mecanismos para garantizar la confiabilidad y resguardo de las evidencias presentes en cada caso y gestionar el establecimiento de procedimientos que permitan la asistencia primaria psicosocial de las víctimas de delitos. Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan al:  Fortalecimiento de los Despachos Fiscales  Descongestionamiento de Casos La segunda directriz está vinculada con la Gestión de Casos, a fin de lograr la unificación y estandarización de los procesos asociados a las investigaciones, a través de la implementación de diversos sistemas que faciliten el seguimiento y control, el diseño de manuales especiales y la formación y capacitación académica para abogados y fiscales del Ministerio Público, de acuerdo con los postulados constitucionales, las nuevas exigencias del Sistema de Justicia y la dinámica social e institucional.

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Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan a:  Sistemas de Apoyo a la Gestión de Casos  Formación y Capacitación Jurídica La tercera directriz corresponde a la Integración con los Órganos que conforman el Sistema de Justicia, la cual está enfocada en establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los operadores de justicia, en procura de la resolución de los conflictos o problemas que obstaculicen la labor del fiscal o que impidan el logro de lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Se procura crear canales de comunicación y coordinación efectivos en pro de una mayor celeridad y transparencia de las actuaciones realizadas, al diseñar estrategias de intercambio e interconexión que permitan compartir información entre las distintas instituciones vinculadas con el cumplimiento de la misión del Ministerio Público. Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan a:  Coordinación Interinstitucional  Instrumentación de la Nueva Institucionalidad La cuarta y última directriz se vincula al Fortalecimiento Institucional, con la cual se busca adecuar el funcionamiento del Ministerio Público a las exigencias de las responsabilidades que le han sido encomendadas, mediante la reorganización estructural y funcional, revisión y automatización de procesos administrativos, satisfacción de necesidades de espacio físico, instalación de tecnología avanzada. Se trata de crear una plataforma única a escala nacional y la conformación de un plan de capacitación y actualización para el personal de apoyo, con miras a impulsar la calidad de su actuación como servidores públicos. Las líneas estratégicas asociadas a esta directriz, se orientan a:  Sistema de Recursos Humanos  Sistema de Tecnología  Sistema de Infraestructura Física  Sistema de Reorganización Estructural y Funcional Ejes Transversales Todas las acciones que se desarrollen dentro del contexto del Plan Estratégico del Ministerio Público 2008–2014, estarán marcadas por la transversalidad de los siguientes ejes:

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Comunicación Institucional: Está orientado al desarrollo de acciones de proyección para hacer del conocimiento público los logros alcanzados por la Institución, al impulsar vías de comunicación y coordinación que faciliten el cumplimiento de los objetivos institucionales, por lo que se desarrollarán estrategias internas y externas dirigidas a: i) Promover la sensibilización social y la identificación de los funcionarios del Ministerio Público con la filosofía institucional, así como la promoción de la nueva ética del servidor público, ii) Divulgar los logros de la gestión a lo interno y externo de la institución y, iii) Desarrollar campañas de información, sensibilización y educación sobre el alcance y aplicación de diversas leyes, dirigidas a la colectividad en general y a los órganos del Sistema de Justicia. Acción Social: referido al desarrollo de acciones que faciliten un mayor acceso a la justicia, seguridad ciudadana y prevención del delito, mediante la integración entre los funcionarios de la Institución y las diversas comunidades, a través de la atención directa al ciudadano y a la víctima.

Para ello, se incorporan aspectos asociados a este eje transversal en las diversas estrategias de capacitación del personal de la Institución, labor impulsada por la Dirección de Recursos Humanos y la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

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ÁREA OPERATIVA Programación y ejecución de las actuaciones por direcciones referidas a ingresos y egresos de casos del Ministerio Público por materia El Ministerio Público en el Área Operativa materializa el rol medular de la Institución: la acción penal, en la que se imparten lineamientos en diversas materias, coordinan y supervisan la gestión llevada a cabo por los diferentes despachos fiscales en el ámbito nacional, para orientar su desempeño en el marco del respeto de los derechos y cumplimiento de las garantías constitucionales en el desarrollo de los procesos judiciales, la celeridad y la buena marcha del Sistema de Justicia, así como la optimización de la actuación procesal de cada uno de ellos. En este sentido, nuestra Institución intervino en procesos seguidos en instancias internacionales, vinculados con la protección de los derechos fundamentales de los venezolanos, entre los cuales se destaca: Participación del director general de Actuación Procesal, Alejandro Castillo, en la audiencia efectuada, en septiembre del 2009, en San José de Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en apoyo al Agente del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, en virtud de la demanda que cursa ante la señalada instancia, en la que, entre otros aspectos, se solicitó al Estado venezolano la revisión de las medidas que fueron dictadas para los centros de reclusión: Internado Judicial de Monagas (La Pica), Centro Penitenciario de Yare I y II, Internado Judicial el Rodeo I y II, y Cárcel de Uribana. La presencia de los representantes nacionales se orientó a debatir los alegatos y argumentos que se consideraron necesarios respecto a la situación de nuestro Sistema Penitenciario. Igualmente, el Ministerio Público asistió en el mes de noviembre a la audiencia pública que se efectuó en Washington, Estados Unidos de América, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde coadyuvó una vez más con el representante de la Cancillería ante mencionado, con el fin de dar a conocer los avances de las investigaciones realizadas en los casos de Julio César Rivas, Richard Blanco, la Alcaldía Mayor y el caso de Viasa.

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Ahora bien, más adelante se presentan las estadísticas de los casos y logros alcanzados en las áreas medulares de la Institución. En principio, se detalla la materia de proceso penal, que constituye la mayor proporción de actuaciones realizadas por los representantes fiscales del Ministerio Público, aunado a otras áreas jurídicas de importancia que están orientadas a la atención integral del ciudadano. Ingresos del Ministerio Público Durante el año 2009, ingresaron al Ministerio Público seiscientos veintiséis mil ciento veintidós (626.122) nuevos casos por la presunta comisión de hechos punibles. De esta cifra, la mayor cantidad corresponde al proceso penal (561.175), el cual está conformado por las siguientes materias: Materia

Proceso (Delitos Comunes) Contra las Drogas Contra la Corrupción Penal Ordinario (Protección Integral de la Familia) Responsabilidad Penal del Adolescente Violencia Contra la Mujer Protección de Derechos Fundamentales Defensa Ambiental Unidad de Depuración Inmediata de Casos Fiscalías Municipales

Cantidad de ingresos 373.044 22.397 5.655 29.081 18.514 95.560 9.224 5.569 1.636 495

Egresos del Ministerio Público En cuanto a las actuaciones consideradas como egresos del Ministerio Público, aquellas cuya responsabilidad directa descansa en el accionar de los fiscales del Misterio Público, las mismas ascienden a un total de a quinientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y ocho (536.558), esta cifra incluye la información de las unidades de Depuración Inmediata de Casos y de las fiscalías municipales. Al comparar las cifras de casos egresados del Ministerio Público durante el año 2009, que corresponden a quinientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y ocho (536.558) y las obtenidas durante el año 2008, es decir cuatrocientos siete mil doscientos sesenta y uno (407.261), se observa un incremento de 31.75% en los egresos presentados.

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En ambos años se obvia la data estadística de los fiscales con competencia para actuar en el Régimen Procesal Transitorio, toda vez que estas son investigaciones iniciadas bajo la vigencia del ya derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Comparativo de Casos Egresados del Ministerio Público Años 2008-2009

600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

2008

2009

En relación con los egresos definitivos de casos, los cuales consideran la actuación de tribunales, se totaliza la cantidad de trescientos diecisiete mil trescientos treinta y ocho (317.338) casos concluidos. De esta forma, se incrementan en un 22.26% en comparación con los reportados para el año 2008 (259.555). Estas actuaciones contemplan variables como las sentencias dictadas por juzgados, los sobreseimientos, desestimaciones y principios de oportunidad admitidos por tribunales, los archivos judiciales decretados, y algunas diligencias realizadas por los despachos fiscales con las cuales se cierra un caso (decretos de archivo fiscal, actas levantadas por desistimiento o por acuerdo entre las partes, consignación de escritos, entre otras). En este sentido, se presenta a continuación un cuadro con la data estadística de egresos definitivos por materia:

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Materia

Cantidad

Acción Penal

245.544

Civil, Instituciones Familiares y Protección

60.126

Ejecución de Medidas

1.982

Régimen Penitenciario

145

Derechos y Garantías Constitucionales y Contencioso Administrativo Fiscalías con competencia para actuar ante las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia Ejecución de Sentencia

1.497 781 6.944

Disciplinaria Judicial

319

Totales 317.338 Fuente: Dirección de Planificación. Cálculos propios. Año 2009

Actuaciones en las materias que conoce el Ministerio Público En materia de Delitos Comunes, durante el presente ejercicio fiscal, el Ministerio Público cumplió en un 99.42% la meta planificada de egresos de casos, como consecuencia del trabajo sostenido por los despachos fiscales que conocen esta especialidad procesal. Tal resultado contribuye a elevar la imagen de la Institución y a crear una perspectiva de constantes cambios a favor del ejercicio de la acción penal en nombre del Estado, del respeto a los derechos humanos y la minimización de la impunidad. En relación con las cifras de egresos en delitos comunes, se observa la realización de trescientos cuarenta y seis mil doscientos trece actuaciones (346.213), lo cual representa el 63.39 % de los casos egresados en el Ministerio Público. De este total, destacan los actos conclusivos, considerados como el cierre de la fase preparatoria de una investigación. Estas actuaciones pueden ser delimitadas de la siguiente manera: Actuación Solicitud de desestimación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación Otros Total

Cantidad 15.259 92.613 213.962 23.540 839 346.213

Porcentaje 4.41% 26.75% 61.80% 6.80% 0.25% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009.

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En cuanto a la actuación realizadas por tribunales en Delitos Comunes, se observa el registro de once mil novecientos setenta y cuatro (11.976) sentencias. Es importante mencionar la existencia de tres tipos de sentencias: condenatorias, sentencias por admisión de hechos y las absolutorias. Durante el año 2009, el 68% (8.112) de las sentencias dictadas, corresponde a la admisión de hechos, el 23% (2.742) a condenatorias y el 9% (1.122) a absolutorias. En consecuencia, al analizar las estadísticas anteriormente señaladas, se evidencia el ejercicio efectivo de la facultad acusatoria que tiene el Ministerio Público, dado que la decisión de tribunales favoreció las sentencias condenatorias y por admisión de hechos. Por otra parte, el Ministerio Público, a través de la Dirección de Delitos Comunes, participó en la conformación de la Comisión Mixta para investigar en los distintos estados las denuncias vinculadas con la eliminación del Índice de Precio al Consumidor (IPC), así como la atención de aquellos casos iniciados a raíz de las compras programadas y otras transacciones para la adquisición de vivienda y vehículos. Esta instancia fue conformada por diputados de la Asamblea Nacional, un representante de Ministerio del Poder popular para las Obras Públicas y Vivienda, Defensoría del Pueblo, Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y el Ministerio Público. A fin de atender este escenario, se elaboró el Plan Contra el Fraude, Estafa y Usura (FEU) como estrategia para la atención integral de los casos presentados por las víctimas de estos delitos. Fue implementado en todo el territorio nacional a partir del mes de junio, y cuenta con la participación de ocho (8) fiscales nacionales que fungen de coordinadores regionales, además de cincuenta y cuatro (54) fiscales de varios estados destinados a la atención de casos en la modalidad de vivienda y cuarenta y seis (46) en lo relativo a vehículos. Se logró así iniciar la investigación formal en la modalidad de vivienda de seiscientos cincuenta (650) casos y en la de vehículo, en doscientos veinte (220) casos. En este sentido, se procedió a la divulgación, a través de los medios de comunicación social, de una campaña de sensibilización a la colectividad No a la Impunidad

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sobre la importancia de denunciar las violaciones a la normativa sobre la eliminación del Índice de Precio al Consumidor (IPC), contenida en la Resolución publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Obras Públicas y Vivienda, en la Gaceta Oficial Nº 39197 del 10 de junio de 2009. Tal acción se efectuó con el objeto de ejercer efectivamente la acción penal y, en consecuencia, combatir la impunidad así como generar la justicia y responsabilidad social señaladas en el marco constitucional. Para ello, se participó en la instalación de las Comisiones Mixtas Regionales en el Distrito Capital y en los estados Carabobo, Falcón, Monagas, Bolívar, Anzoátegui y Zulia, a fin de coordinar con éxito la atención de las denuncias vinculadas con los delitos de fraude, estafa y usura en la adquisición de viviendas y vehículos. Vale destacar las alianzas de trabajo establecidas con las gobernaciones de Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Se ejecutó el I Encuentro Regional del Plan FEU, en el estado Portuguesa, donde participaron los fiscales superiores de Lara, Barinas, Cojedes, Yaracuy y Portuguesa y representantes de las respectivas gobernaciones, Indepabis, Defensoría del Pueblo y Comité de Usuarios; reunión en la que se dieron a conocer las actuaciones que ejercería el Ministerio Público tras recibir denuncias vinculadas con este tipo de delitos, al tiempo que se definieron estrategias de trabajo conjunto con los citados organismos . En relación con los delitos de sustracción ilícita de materiales estratégicos, que afectan a la infraestructura de telecomunicaciones, electricidad, acueductos, hidrocarburos, vías de transporte, seguridad, defensa nacional, entre otros, el Ministerio Público diseñó el Plan Contra la Sustracción Ilícita de Material Estratégico (SIME) como estrategia dirigida a la prevención, control y persecución penal de las conductas delictivas asociadas y que afectan la calidad y continuidad del servicio prestado por organismos o empresas, tales como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec); Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), y los metros de Caracas y de Maracaibo. Este plan se ejecutó en cuatro (4) regiones: Área Metropolitana, Occidental, Oriental y Central, donde se establecieron fiscales coordinadores de las actuaciones efectuadas por las catorce (14) fiscalías nacionales designadas para la atención de las investigaciones. Se les dio inicio formal a trescientos quince (315) casos y se presentaron cuarenta y seis (46) acusaciones. No a la Impunidad

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Con la finalidad de unificar los criterios de actuación en tales casos, se llevaron a cabo, con el apoyo logístico de Cantv, Pdvsa, Hidrocapital, Corpoelec y Cadafe, las “II Jornadas sobre Sustracción Ilícita de Materiales Estratégicos”, en San Cristóbal, estado Táchira, donde participaron treinta (30) fiscales y se consideró lo relacionado con la aplicación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Código Penal, Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. En el marco del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, el Ministerio Público participó en un conjunto de actividades orientadas a impulsar este nuevo cuerpo de seguridad del Estado. Desde el 16 de septiembre de 2009, el Ministerio Público designó como su representante en el Consejo General de Policía, a la entonces directora de Apoyo Jurídico de esta Institución, Alís Boscán de Baptista. En fecha 24 de septiembre de 2009, previa convocatoria de la Secretaría del Consejo General de Policía, el Ministerio Público se incorporó a las reuniones de discusión sobre la Ley del Estatuto de la Función Policial, donde se hicieron las observaciones pertinentes y se propuso efectuar una revisión al salario y otros beneficios laborales para los funcionarios policiales, en virtud de las expectativas que ha generado la promulgación de la citada Ley en estos organismos de seguridad. Con motivo del inicio del proceso de preselección de aspirantes a conformar la Policía Nacional, la Secretaría del Consejo General de Policía, el 1 de octubre de 2009, informa al Ministerio Público sobre la importancia de verificar ciertos requisitos para categorizar a dichos aspirantes como personal elegibles y corroborar la conducta idónea de dichos aspirantes, dado que los mismos se han desempeñado como funcionarios de la Policía Metropolitana. Asimismo, dicha instancia solicitó la remisión de una relación de causas que cursan ante esta Institución. En atención a ello, se procedió a elaborar, conjuntamente con las direcciones de Protección de Derechos Fundamentales, Protección Integral de la Familia, Contra La Corrupción, Delitos Comunes y Contra las Drogas, con la coordinación de la Dirección del Despacho y No a la Impunidad

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la Dirección General de Actuación Procesal, una relación de casos con el contenido solicitado, para ser tomado en cuenta por el Consejo General de Policía, como uno de los elementos para la selección de aspirantes. La información en referencia fue remitida al Consejo General de Policía el 2 de octubre de 2009. Durante ocho (8) semanas, comprendidas entre el 19 de octubre y el 19 de diciembre de 2009, veintiún (21) representantes fiscales de las diferentes direcciones de línea de la Dirección General de Actuación Procesal, actuaron como facilitadores del contenido programático elaborado con ocasión de la materia Policía y Justicia Penal, dictada en la Universidad Experimental de Seguridad como parte del proceso de formación y capacitación de un grupo de 2.400 aspirantes a ingresar al Cuerpo de Policía Nacional. El día 12 de noviembre de 2009, el Ministerio Público asistió a una reunión en la sede del Consejo General de Policía, que tuvo como objeto estudiar la posibilidad de conformar Oficinas Técnicas Regionales sobre Prácticas Policiales Desviadas, para hacerle seguimiento a los casos penales que cursan ante los diferentes despachos fiscales, en los que aparecen involucrados funcionarios de los cuerpos policiales de los estados Aragua, Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa, Trujillo y Yaracuy. En reunión sostenida, el 18 de noviembre de 2009, con representantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, director Comisario Luis Fernández y los comisarios Fabián Forero y César Molina, se discutió la estadística de delitos ocurridos en el municipio Libertador del Distrito Capital, en la que se detectó la alta incidencia de delitos contra las personas (homicidios). Asimismo, se discutió la implementación de un Plan Piloto de la Policía Nacional Bolivariana en un sector de Catia, en la parroquia Sucre del referido Municipio, para que funcionara en un sólo núcleo operacional. En este proyecto actuaría la nueva Policía conjuntamente con tribunales de justicia y el Ministerio Público. En este sentido, la Institución creó un despacho fiscal en materia Municipal para que se uniera al núcleo operativo de la Policía Nacional Bolivariana, cuya inauguración se efectuó el mismo día de la puesta en marcha de la Fiscalía Cuarta Municipal, con el objeto de asegurarle a la ciudadanía la paz, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la Ley.

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Asimismo, como integrante del Consejo General de Policía, participó en cinco (5) encuentros realizados en los estados Anzoátegui, Aragua, Lara, Vargas y Barinas, a fin de tratar aspectos vinculados con: Plan de Acción del Consejo General de Policía. Presentación del Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía. Definición del Consejo como instancia de participación y de asesoría para coadyuvar a la definición, planificación y coordinación de las políticas públicas en materia del servicio de policía. Estos encuentros contaron con la asistencia de todos los gobernadores del país, una considerable representación de los alcaldes, así como directores y jefes de los órganos policiales estadales y municipales del país. Adicionalmente, el Ministerio Público contribuyó con el descongestionamiento de los depositarios (estacionamientos) judiciales de vehículos hurtados o robados, con el propósito de que las unidades automotores recuperadas en las investigaciones penales, iniciadas a raíz de la comisión de delitos previstos en la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, que no fueron reclamados, sean puestos a la orden del Fisco Nacional por intermedio del Ministerio de Finanzas. Como resultado de esta acción se elaboró un inventario nacional, se agilizó la entrega de automóviles recuperados mediante la publicación de las listas en medios de comunicación impresos masivos, así como la ejecución de las inspecciones técnicas con fijación fotográfica y la experticia individual. En este sentido, se realizó el inventario en tres (3) regiones del país: Central, Occidental, Oriental y Área Metropolitana de Caracas, donde se detectó, en los distintos depositarios, la existencia de ciento diecisiete mil veinticinco (117.025) vehículos, a los cuales se les practicó la inspección técnica correspondiente. Es importante destacar los avances obtenidos en esta gestión con relación al efectivo cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat); dado que este instrumento legal establece las normas, lineamientos o políticas que buscan garantizar a las trabajadoras y trabajadores las condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente laboral que permita el ejercicio pleno de sus facultades tanto físicas como mentales. Asimismo, la citada norma estipula lo atinente a la prevención y responsabilidad derivada de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. No a la Impunidad

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Esta Ley incide en la actuación del Ministerio Público, toda vez que se insta su participación cuando se determine la ocurrencia de una infracción o irresponsabilidad por parte del empleador y su representante en el cumplimiento de la normativa establecida en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 del referido instrumento legal, se procedió a la creación de la primera Fiscalía con competencia nacional en materia de Salud y Seguridad Laboral, así como a la ampliación de la competencia en esta área a tres (3) despachos más, las cuales se encargarán de investigar y atender aquellos casos en los que se presuma la comisión de un hecho punible en perjuicio de trabajadoras y trabajadores por parte de una empleada o empleador. Hasta ahora cuando se producía una lesión o muerte de un trabajador o trabajadora durante su desempeño en una construcción, empresa o industria, el Ministerio Público abría una investigación por delitos comunes, averiguación que tenía el mismo tratamiento y pasos en el proceso. A partir de ahora, estos casos lo van a conocer fiscales especializados. Conviene aclarar que el representante del Ministerio Público sólo se encargará de investigar la parte penal en materia laboral, más no servirá de mediador en conflictos entre trabajadores y trabajadoras con sus empleadores o empleadoras, puesto que estas relaciones son reguladas por otras leyes y dependencias. Por otra parte, se llevó a cabo un Operativo Contra el Tráfico de Extranjeros, surgido a raíz de reuniones efectuadas con la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), con el objetivo de detener, hacer seguimiento y eventual aprehensión de los funcionarios y particulares que participan, con fines lucrativos, en el tráfico de extranjeros, desde Colombia hasta la República Bolivariana de Venezuela. Esta iniciativa se desarrolló conjuntamente con el apoyo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Ministerio Público. Como punto inicial, se trazó una ruta en el estado Zulia, desde el cruce de la frontera en Maicao, transitando por Paraguachón, Guanero, Los Filuos, Paraguaipoa, Las Guardias, El Cañito, Caimarechico, Sinamaica, Puente sobre el Río Limón e ingreso al municipio Mara, sector La Tiagra, zonas donde se encuentran instalados puntos de control de la Guardia Nacional, Policía del estado Zulia y funcionarios de Saime. A través de este operativo, consistente en el traslado de tres ciudadanos ilegales, uno británico, otro argentino y un funcionario encubierto de la DIM, quien sería el responsable No a la Impunidad

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de registrar los hechos ocurridos en el trayecto, se logró la aprehensión en flagrancia de dieciocho (18) ciudadanos, cuyos casos cursan y se adelantan en la Institución. Las estadísticas y logros en Penal Ordinario (Protección Integral de la Familia), en la que se atiende el seguimiento a los procesos por hechos punibles cometidos contra niños, niñas y adolescentes, reflejan un total de Dieciséis mil trescientos sesenta y siete (16.367) actuaciones. De esta cifra, destaca la presentación de escritos de acusación, con un 16.74% (2.740), el decreto de archivo fiscal que alcanza el 13.76% (2.252) del total de egresos reportados y, finalmente, la solicitud de sobreseimiento que alcanza el 65.86% (10.779), tal como se observa en el siguiente cuadro que se presenta a continuación: Actuación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación Otros Total

Cantidad 2.252 10.779 2.740 596 16.367

Porcentaje 13.76% 65.86% 16.74% 3.64% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009.

Por su parte, los tribunales se pronunciaron en esta materia con un mil quinientos cincuenta y siete (1.557) sentencias, de éstas el 54% corresponde a admisión de hechos (833), el 35% a condenatorias (544) y, finalmente el 12% a absolutorias (180). En materia Penal de Responsabilidad del Adolescente (Protección Integral de la Familia), la cual atiende el seguimiento de los procesos penales adelantados a los adolescentes que incurran en la comisión de hechos punibles, para establecer su responsabilidad penal, así como la vigilancia y control de las sanciones que les sean aplicables, se observa la realización de trece mil quinientos noventa y tres (13.593) actuaciones de egresos. De tal cifra, destacan la solicitud de sobreseimiento con un 45.81% (6.227) y la presentación de escritos de acusación, que representa el 42.45% (5.770). Aunado a ello, resalta las diligencias asociadas al sobreseimiento provisional (Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes, Lopnna) que alcanza el 7.61% (1.035) de total de actuaciones reportadas.

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Actuación Solicitud de sobreseimiento Sobreseimiento provisional Lopnna Presentación de escrito de acusación Otros Total

Cantidad 6.227 1.035 5.770 561 13.593

Porcentaje 45.81% 7.61% 42.45% 4.13% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009.

De las sentencias dictadas por tribunales penales en responsabilidad del adolescente, se observa el registro de cuatro mil setenta y dos (4.072) sentencias. De esta cifra, destaca que el 66% corresponden a sentencias por admisión de hechos (2.701), el 27% a condenatorias (1.101) y, finalmente el 7% a absolutorias (270). En el marco de los logros reportados en estas especialidades, se divulgó, a través de charlas, el contenido de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente, así como en las competencias atribuidas al Ministerio Público, a un total de diez mil trescientos sesenta y cinco mil (10.365) niños, niñas y adolescentes. Se realizó el Primer Conversatorio sobre Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente y Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, con la participación de setenta (70) representantes del Ministerio Público, a fin de unificar criterios sobre las líneas de actuación. Como consecuencia del proceso penal emprendido contra adolescentes cuando tienen condición de victimario, el Ministerio Público, a través de los despachos fiscales del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente a escala nacional y la fiscalía en materia de Ejecución de Medidas del Área Metropolitana de Caracas, vela por el cumplimiento de la sanción impuesta. Para el año 2009, se registró un total de un mil novecientos ochenta y dos (1.982) egresos por cesación de la sanción, variable que representa el cierre de casos en esta materia. Se logró la ampliación de las competencias conferidas a los fiscales auxiliares de los despachos especiales para la protección de niños, niñas y adolescentes, a fin de actuar en todos los actos de las fases de mediación y sustanciación del procedimiento ordinario de juicio y el de jurisdicción voluntaria de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Civil, en aras de dar una respuesta mas efectiva a la colectividad. No a la Impunidad

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Especial importancia ha tenido en la Institución la materia de Violencia Contra la Mujer (Protección Integral de la Familia), la cual atiende los procesos penales iniciados con motivo de la comisión de los hechos punibles en perjuicio de las féminas y que se encuentran tipificados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sancionada en el año 2007. En este sentido, el Ministerio Público ha asumido esta realidad, y ha procurado la especialización de los fiscales y del personal jurídico vinculado con esta área. Asimismo, a través de charlas y otras actividades, se busca sensibilizar a las personas sobre este tema para atacar la problemática desde el propio reconocimiento, al facilitarle información sobre la violencia, su tipificación y sus consecuencias. En este contexto, la Institución ha asumido la promoción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en virtud del impacto social que el contenido de la Ley que regula la materia ha causado en la población. El Ministerio Público acentuó sus esfuerzos para redimensionar sus despachos fiscales especializados, con el propósito de seguir garantizando la tutela efectiva de los derechos e intereses protegidos por la citada normativa y atender el significativo número de investigaciones iniciadas con ocasión a la presunta comisión de los delitos previstos en el mencionado instrumento legal. Así, durante el año 2009, se presentaron Cuarenta y ocho mil ciento cincuenta (48.150) egresos, de los cuales el 45.65% (21.981) corresponde a solicitudes de sobreseimiento, 41.18% (19.829) a decreto de archivo fiscal y un 10.08% (4.855) a la presentación de escritos de acusación. Actuación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación Otros Total

Cantidad 19.829 21.981 4.855 1.485 48.150

Porcentaje 41.18% 45.65% 10.08% 3.09% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009.

Dada la importancia de esta materia en el Sistema de Justicia, actualmente se cuenta con tribunales especiales, instancias que se pronunciaron con quinientas setenta (570) sentencias, de las cuales 410 (72%) corresponden a condenatorias, 121 (21%) a absolutorias y, finalmente 39 (7%) a sentencias por admisión de hechos. No a la Impunidad

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También es importante destacar otros logros en esta materia, tales como el establecimiento de un convenio de cooperación con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, a fin de capacitar a las funcionarias y funcionarios del Ministerio Público en materia de violencia contra la mujer. Se logró coordinar con los centros de salud mental del área metropolitana de Caracas, la atención inmediata de las mujeres víctimas de violencia, a objeto de que los especialistas adscritos a los mismos, practiquen las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que se requieran. Fue implementado, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística, el plan piloto en los estados Portuguesa, Aragua, Carabobo, Bolívar y el Municipio Sucre del estado Miranda, para la aplicación del instrumento que permitirá la caracterización del fenómeno de la violencia contra la mujer, con el fin de orientar el diseño de políticas públicas dirigidas a la defensa y promoción de sus derechos. Se difundió el contenido de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a ochenta (80) participantes en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas, y a organismos judiciales del estado Anzoátegui. Asimismo, en Miranda, Nueva Esparta y Yaracuy, se adiestraron a quinientos sesenta y cuatro (564) integrantes de los órganos receptores de denuncias de delitos previstos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un total de 250 representantes de los cuerpos policiales, defensorías de la mujer y prefecturas fueron capacitados en un Seminario de atención socio-jurídica para la mujer víctima de violencia, organizado por la Defensoría Nacional de la Mujer. Se capacitó a escala nacional a quince (15) fiscales con competencia especializada es violencia contra la mujer, a través del “Curso de sensibilización, prevención y atención de la violencia hacia la mujer”, organizado por la Fundación “Juan Vives Suriá”, adscrita a la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público, a través de siete Fiscalías con competencia en materia de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el Fondo de Poblaciones, Defensoría Nacional de la Mujer, (Inamujer) y Poder Judicial, coordinaron y validaron el instrumento de ruta institucional para el acceso a la justicia de la mujer víctima de violencia, con el objeto de evaluar los procesos y procedimientos

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de los órganos receptores de denuncias y la perspectiva de las venezolanas víctimas ante esos trámites. Los actos conclusivos en las fiscalías especializadas en materia de violencia contra la mujer se incrementaron en las circunscripciones judiciales de los estados Táchira y Zulia, como consecuencia del plan de contingencia para la recepción de denuncias de los hechos punibles a los que se refiere la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el primero de los estados, el aumento corresponde al 100% en archivos fiscales, 50% en sobreseimientos y 69,5% en acusaciones; mientras que en la segunda jurisdicción, el incremento fue del 31,9% en archivos fiscales, 40% en sobreseimientos y 60% en acusaciones, respectivamente. Se participó en el evento internacional denominado “Taller Sobre Mujer y Justicia”, el cual se celebró en Madrid, España, durante los días 8 y 9 de junio de 2009, con la asistencia y participación de representantes de Brasil, Chile, México, El Salvador y Venezuela, entre otros. En éste se abordaron temas como legislación, la prevención y protección como herramientas de lucha contra la violencia de género. Fue organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Otra de las áreas de acción del Ministerio Público es la materia Contra las Drogas. Destaca en este tema, que en el transcurso de las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, se acordaron la incautación de once mil novecientos cuarenta y siete toneladas, ochocientos once kilos con treinta y dos gramos (11.947.811,032) de sustancias químicas esenciales para la fabricación de drogas ilícitas. Las mismas fueron incautadas en procedimientos llevados a cabo por parte de los distintos órganos de seguridad del Estado. Posteriormente, tales sustancias pasaron a la custodia de la Oficina Nacional Antidrogas, donde permanecen hasta que se de la sentencia definitivamente firme y, en consecuencia, luego ser utilizadas en labores de interés social, entre ellas la siembra de cultivos. Asimismo resaltan las investigaciones que dirigió el Ministerio Público con ocasión al desmantelamiento, por parte de los órganos de investigación policial, de dos (2) organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias químicas susceptibles de ser desviadas para la fabricación ilícita de drogas. Una de ellas operaba desde el estado Carabobo con conexiones No a la Impunidad

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internacionales. A ésta los organismos policiales lograron incautarle la cantidad de novecientas setenta y cinco toneladas (975 Tn) de urea a granel, que se encontraban depositadas en una almacenadora ubicada en la zona industrial de Puerto Cabello. De igual forma, se logró obtener el aseguramiento preventivo de tres (3) empresas relacionadas con esta actividad ilícita. En este caso se presentó formalmente el escrito de acusación fiscal por el delito de corretaje ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en contra de cuatro (4) ciudadano; la tramitación de órdenes de aprehensión en contra de otras cuatro (04) personas, quienes actualmente se encuentran requeridas por los órganos jurisdiccionales. En el segundo de los casos, fue incautada tonelada y media (1,5 Tn) de hidróxido de amoníaco, por parte del órgano de investigación. En su oportunidad el Ministerio Público presentó el correspondiente escrito de acusación por el delito de transacciones ilícitas de sustancias químicas controladas. En este contexto, se confiscó una (01) empresa en virtud de la admisión de los hechos por parte de las personas involucradas y se aseguraron tres (03) empresas, cuyos directivos fueron sometidos a procesos penales. Como consecuencia directa de las responsabilidades atribuidas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en el 2009 el Ministerio Público coordinó ciento cincuenta y seis (156) actos de incineración de drogas, para alcanzar, en ese año, la efectiva destrucción de cincuenta mil cuarenta y un kilos, novecientos cincuenta gramos (50.041,950) de drogas. Con tal acción, se logra cumplir la estrategia de reducir a su mínima expresión las cantidades de drogas depositadas en las distintas salas de custodia de evidencias a escala nacional, y así evitar el hacinamiento. En lo que se refiere a la investigación y sanción del delito de Legitimación de Capitales, el Ministerio Público conjuntamente con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por conducto de su División contra la Legitimación de Capitales, conformó mesas técnicas de trabajo, donde se unificaron criterios y estrategias para la investigación de dichos delitos.

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Entre los puntos abordados, se hizo énfasis en lo relacionado con la problemática existente en la presentación de los informes contables realizados por los expertos adscritos a la citada dependencia de la policía científica. En consecuencia, el Ministerio Público exigió que, en el marco de sus investigaciones, las citadas experticias se realizaran tanto con estados de cuenta, como con las conciliaciones bancarias, aspectos que no eran considerados anteriormente. Asimismo, a fin de agilizar el progreso de los informes periciales como parte de la experticia y obtener resultados efectivos en la materia financiera, se acordó que para la elaboración de los informes financieros, el Cicpc mantendrá un contacto directo con las representaciones fiscales con competencia Contra las Drogas. De igual forma, el Ministerio Público dirigió investigaciones en las cuales se logró el aseguramiento preventivo, previa solicitud ante el órgano jurisdiccional, de cuarenta y cuatro (44) aeronaves vinculadas con actividades relacionadas con el delito de tráfico internacional de drogas y otros ilícitos asociados con esta área. En este aspecto, resulta oportuno destacar la sentencia que obtuvo el Ministerio Público, en virtud de la admisión de los hechos por parte de un implicado, en el caso “Cartel de la Guajira”. Actualmente, dicha persona cumple la pena de 6 años y 3 meses de prisión, por la comisión de los delitos de legitimación de capitales, en grado de cooperadora y asociación ilícita para delinquir, previstos y sancionados en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, respectivamente. También fue sentenciada a pagar una multa equivalente al capital legitimado, que asciende a la cantidad de un millón quinientos mil bolívares fuertes (1.500.000 BsF), además se le confiscó la propiedad correspondiente a la tercera parte (1/3) de las acciones de una empresa, un (1) apartamento de lujo, un (1) vehículo rústico, cinco (5) cuentas bancarias y un (1) centro de telecomunicaciones. Todo lo anteriormente descrito está relacionado con el proceso seguido al Jefe del Cartel de la Guajira, quien se encuentra privado de libertad, y cuyo caso trascendió a la opinión pública en el año 2008, en virtud de la solicitud que hiciera el Ministerio Público, el Estado venezolano logró asegurar bienes de su propiedad, los cuales, según informes periciales, ascienden a la cantidad de cincuenta y seis millones de bolívares (56.000.000 Bs.).

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En este contexto, conviene destacar la solicitud del Ministerio Público del aseguramiento de setecientos Millones de Bolívares (700.000.000,00 Bs.), de acuerdo con el avalúo parcial realizado a los bienes muebles e inmuebles, relacionados con el emblemático proceso seguido a la organización criminal Makled, dedicada al tráfico ilícito de drogas y a la legitimación de capitales. Actualmente, en virtud de la acusación ejercida por institución garante de la legalidad se encuentran privadas de libertad doce (12) personas, y bajo medidas de aseguramiento una veintena de empresas que guardan relación con dicha organización, en espera de las resultas del correspondiente juicio. En cuanto a las actuaciones asociadas a la atención y resolución de los casos en materia Contra las Drogas, se registró un total de diecisiete mil quinientos cincuenta y cinco (17.555) egresos de casos, de lo cuales dieciséis mil ochocientos cuarenta y nueve (16.849) corresponden con la presentación de actos conclusivos, vale decir, presentación de escritos de acusación, solicitudes de sobreseimientos y decretos de archivo fiscal, lo que comporta un 96% del total registrado durante el periodo, tal como se desprende de las siguientes variables: Actuación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación escrito de acusación Otros Total

Cantidad

Porcentaje

811 8.197 7.841 706 17.555

4.62% 46.69% 44.67% 4.02% 100.00%

Fuente: Matriz automatizada “Reporte Estadístico de casos conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009.

Dentro de las actuaciones más representativas en esta materia, se destaca la presentación de escritos de acusación, que ascienden a siete mil ochocientos cuarenta y uno (7.841), de lo cuales se evidenció el pronunciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales en cinco mil ciento un (5.101) sentencias, de esta cifra cuatro mil ochocientos veintisiete (4.827) son de tipo condenatorias, lo que comporta una tendencia de efectividad del 94%. En tal sentido, es oportuno señalar, que del total de las referidas sentencias condenatorias, tres mil cuarenta y seis (3.046) se produjeron en virtud de la admisión de los hechos por parte de los acusados, es decir el 63%, dato que permite destacar la contundencia de los elementos de convicción presentados por los fiscales del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales.

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En lo que se refiere a la prevención del consumo ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, se llevó a cabo, en distintas zonas del país, el taller “El Ministerio Público Sembrando Valores para no ser Víctimas del Consumo de Drogas”, a los fines de generar un espacio en la comunidad, para la reflexión y debate sobre temas relacionados con las consecuencias adversas que ocasiona el uso ilegal de drogas en el ser humano. A través del mismo, se logró sensibilizar a un total de setecientas noventa y tres (793) personas, entre estudiantes de educación media y diversificada y habitantes del área metropolitana de Caracas y del estado Bolívar, representantes de consejos comunales de la ciudad capital de la República y funcionarios del Ejército Bolivariano. Este taller se efectuó en el marco de la ejecución del Proyecto “Prevención Integral Social”, cuyo fundamento persigue que los miembros de la comunidad reciban conocimiento y orientaciones básicas sobre los perjuicios sociales y personales producidos por el consumo ilícito de drogas. Se trata que los participantes se conviertan posteriormente en multiplicadores de dichos conocimientos. En este sentido, la Institución desarrolló, conjuntamente con la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), el Taller de Capacitación para la Supervisión de Centros de Rehabilitación de las personas afectadas por el consumo ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en el que participaron ochenta (80) de sus funcionarios. La actividad permitió articular la conformación de los Comité Regionales de Supervisión de dichos centros, integrados por un fiscal del Ministerio Público, un funcionario de la ONA y un representante del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quienes durante el 2009 supervisaron a escala nacional un total de cuarenta (40) Centros de Rehabilitación y Casas Intermedias. Asimismo, el Ministerio Público participó en la instauración de mesas técnicas de trabajo interinstitucionales para tratar lo relacionado con la implementación del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas, en las que participaron representantes de la industria Petroquímica de Venezuela, ONA, ministerios del Poder Popular para el Ambiente y el de Industrias Ligeras y Comercio, el Cicpc, Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y la DAEX. En estas mesas se trabajó en una base de datos suministrada por la Asociación de Químicos (Asoquim), la cual sirvió de plataforma inicial como fuente de información sobre las empresas que transportan sustancias químicas susceptibles de ser desviadas para la fabricación de drogas ilícitas. No a la Impunidad

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Este registro será usado principalmente en los puntos de control que funcionan en los distintos ejes viales del país. Igualmente, en atención a la invitación que extendiera la ONA, el Ministerio Público participó en el seminario-taller sobre mecanismos de control, manipulación adecuada y disposición final de sustancias químicas precursoras y esenciales, en el que seis (6) de sus fiscales fueron capacitados, enseñanza que coadyuva a mejorar su actuación en las eventuales investigaciones que adelanten en la materia de estudio, así como, servir como agentes multiplicadores de los conocimientos adquiridos. Derivada de la solicitud del Ministerio Público, se logró demostrar con la práctica de las experticias forenses, que el fertilizante conocido como NPK, en sus distintas presentaciones, es utilizado en la cadena de producción de drogas ilícitas, lo que derivó en la admisión de los hechos por parte de los acusados y, en consecuencia, la primera sentencia condenatoria por el desvió de esta sustancia, así como, el decomiso de la cantidad de Quinientos dieciocho mil setecientos cincuenta kilogramos de (518.750 Kg.) de NPK y la confiscación de trece (13) camiones, vehículos que en la actualidad son empleados en servicio de interés social para el Estado venezolano. Otro hecho a destacar, es que el Ministerio Público integró una mesa técnica interinstitucional, convocada por la Subcomisión de Drogas de Asamblea Nacional, para analizar la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y hacer propuestas sobre eventuales reformas. Para tal fin, se consultó en todo el territorio nacional a los fiscales con competencia en esta materia, la cual se concretó en la sugerencia del aumento de las penas sobre la base del principio de proporcionalidad y la gravedad del delito, considerar la prevención social como eje transversal de la Ley y la tipificación de nuevas conductas. En cuanto a la materia Protección de Derechos Fundamentales, en la que la Institución intensifica su labor de proteger a la población venezolana de abusos perpetrados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, se ha incrementado la capacidad de respuesta con la creación de despachos fiscales especializados, situación que ha logrado alcanzar nueve mil seiscientos diez egresos (9.610); cifra distribuida de la siguiente manera: 3.28% (315) de acusaciones presentadas, 38.62% (3.711) solicitudes de sobreseimiento y 50.98% (4.899) decretos de archivos fiscales, tal como se observa en el cuadro siguiente:

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Actuación Solicitud de desestimación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación Total

Cantidad 685 4.899 3.711 315 9.610

Porcentaje 7.13% 50.98% 38.62% 3.28% 100.00%

De las decisiones emitidas por los tribunales en relación con procesos de violación de Derechos Fundamentales, se registraron ciento setenta y siete (177) sentencias, de las cuales el 46% (82) corresponde a admisión de hechos, el 32% (57) a condenatorias y el 21% (38) a absolutorias. Aunado a las actuaciones antes descritas, la Institución desarrolló el Proyecto de Agilización de Causas con Retardo Procesal, mediante la designación de fiscales itinerantes en los circuitos judiciales penales de los estados Bolívar Carabobo, Falcón, Miranda y Aragua, con el propósito de celebrar las audiencias preliminares y juicios de aquellos ciudadanos privados de libertad que habían superado los dos (02) años de detención. Esta acción arrojó el descongestionamiento de un mil ciento ochenta y seis (1.186) casos, celebración de setecientas setenta y dos (772) audiencias preliminares, realización de cuatrocientos setenta (470) juicios, los cuales arrojaron trescientas veintinueve (329) sentencias condenatorias y ciento cuarenta uno (141) a absolutorias. Asimismo, el Ministerio Público participa en la Comisión Presidencial para “El Caracazo”. Como se recordará, la República Bolivariana de Venezuela reconoció las demandas intentadas por algunas de las victimas y familiares de los fallecidos durante estos lamentables sucesos. En consecuencia, aceptó cumplir los compromisos derivados de las sentencias de fondo y de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado se comprometió, entre otros aspectos, a darle continuidad a los procesos judiciales ya existentes ante los tribunales nacionales, así como a proseguir las averiguaciones necesarias para determinar con precisión los hechos, el número de víctimas fatales y de lesionados, así como su plena identificación, y los lugares de inhumación ilegales en que se enterraron los cuerpos de los ultimados por los funcionarios durante esos sucesos inhumanos. En el año 2009, el Poder Ejecutivo, a los fines de lograr el resarcimiento voluntario a las víctimas que faltan por indemnizar por la flagrante violación de derechos humanos durante los sucesos denominados “El Caracazo”, No a la Impunidad

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emitió, el 27 de febrero del 2009, el Decreto No. 6622, publicado en Gaceta Oficial No. 39129, de fecha 02 de marzo del 2009, mediante el cual: …“Se exhorta al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a realizar de manera inmediata y expedita, la revisión de los expedientes de las víctimas de “El Caracazo” con la finalidad de determinar la vialidad y el cuantum de la indemnización o reparación por parte del Estado venezolano”… El proceso de indemnización de las víctimas de “El Caracazo” que ha emprendido, voluntariamente, el gobierno venezolano de manera directa con los familiares de las mismas, comenzó con los grupos de parientes de las primeras 50 víctimas y se realizó durante los días 07, 08 y 09 de octubre de 2009, en la sede de la Vicepresidencia de la República, con presencia de dos representantes del Ministerio Público, dos de la Defensoría del Pueblo, dos del Ministerio de Finanzas, el Notario Público 4° del municipio Libertador del Distrito Capital y el equipo de la Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia.

07/10/2009

Familiares Víctimas indemnizados 49 familiares 15 Víctimas

08/10/2009

41 familiares

15 Víctimas

09/10/2009

43 familiares

20 Víctimas

Días

Total

133 familiares

50 Víctimas

A los fines de dar continuidad al proceso indemnizatorio que ha emprendido, de manera voluntaria y sin intermediarios, el Estado venezolano para con las víctimas cuyos familiares faltan por indemnizar, el Ministerio Público sigue preparando los expedientes correspondientes a cincuenta (50) víctimas, cuyos familiares consignaron, ante el Ministerio Público, los documentos requeridos. De esta forma, atendieron la convocatoria realizada por esa Institución durante los meses de agosto y septiembre de 2009. Tras las audiencias efectuadas y el análisis de las solicitudes de indemnización que fueron demandadas ante el Ministerio Público, se obtuvo la siguiente información:

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(50) Víctimas fallecidas, cuyos familiares ya consignaron toda la documentación completa ante el Ministerio Público, por lo que remitimos la siguiente relación de Cincuenta (50) expedientes que cumplen con todos los documentos requeridos para el proceso indemnizatorio. Paralelamente, el Ministerio Público realizó entre el 21, 22 y 23 de septiembre de 2009 el proceso de exhumación de las víctimas de “El Caracazo”, restos que se encontraban en el sector conocido como “La Peste”, ubicado en el Cementerio General del Sur. Se exhumaron los restos óseos, los cuales fueron trasladados a un laboratorio especial, a los fines de inicialmente individualizarlo con el objeto de realizarle estudios anatomopatológicos y de odontología forense para su plena identificación y posterior entrega a sus familiares. El equipo técnico multidisciplinario a cargo de dicho análisis, estuvo conformado por médicos forenses, antropólogos, biólogos, arqueólogos, patólogos, odontólogos, fotógrafos forenses, radiólogos y genetistas, entre otros. Como vemos, es un esfuerzo inmenso en el que se encuentran involucrados excelentes profesionales venezolanos, quienes trabajan con los restos de víctimas pese a que han transcurrido más de 20 años de los hechos. Igualmente, debemos informar que en el Laboratorio de Identificación y Genética del Cicpc se han tomado muestras a quince (15) familiares de víctimas, a los fines de cruzar los datos que se obtendrán con la información que arroje el trabajo efectuado a los restos individualizados, tras las exhumaciones realizadas en “La Peste”. En cuanto a los juicios relacionados con los sucesos de “El Caracazo”, en la causa seguida a dos ex policías metropolitanos que fueron acusados, se han realizado, a partir del 11 de junio de este año, las audiencias del juicio oral y público ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de juicio. Por otra parte, el Ministerio Público recabó los protocolos de autopsia y los informes preliminares anatomoantropológicos que fueron realizados durante las exhumaciones practicadas a las osamentas de las víctimas de la “Masacre de Yumare”, acaecida en el Sector Barlovento de Yumare, Caserío La Vaca, jurisdicción del municipio Bolívar del estado Yaracuy, el 08 de mayo de 1986. No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

El Ministerio Público ha sostenido encuentro con representantes del Comité de familiares de las víctimas del caso conocido como “La Masacre de Yumare”. En ese sentido, el viernes 29 de mayo de 2009, en la sede del Despacho de la Fiscal General de la República, se realizó la primera reunión. Entretanto, el 25 de junio de 2009, comenzaron las reuniones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, con el Comité de Familiares de las Víctimas de la “Masacre de Cantaura”, en las cuales la titular de Ministerio Público asumió el compromiso de imprimir celeridad a la investigación de esa causa. En este caso se designó un equipo multidisciplinario de patólogos y odontólogos forenses, para practicar la exhumación de los cadáveres de las víctimas de este hecho, ocurrido en el sector Mare Mare de Campo Mata, Municipio Freites del estado Anzoátegui, el 04 de octubre de 1982. A partir del mes de junio del 2009, luego de que el Ministerio Público realizara las solicitudes pertinentes ante el Circuito Judicial Penal Militar, se recibieron las copias certificadas de la causa que se llevaba en esa jurisdicción, constante de dos piezas. Del análisis de las referidas actas procesales y de la realización de una serie de diligencias, experticias y entrevistas hasta la presente fecha se presenta el siguiente balance: En fecha 09 de octubre de 2009, se formalizó la solicitud, de manera simultánea ante los respectivos órganos jurisdiccionales, las exhumaciones de las víctimas. Asimismo, en apenas cuatro (04) meses, el Ministerio Público ha practicado, entre otras diligencias, las siguientes: Se han tomados cincuenta y cuatro (54) entrevistas en el territorio nacional, entre las que se encuentran, las realizadas a familiares de las víctimas, periodistas, reporteros, fotógrafos de medios de comunicación nacionales y regionales, autoridades civiles y policiales (prefecto, Presidente del Concejo Municipal, Comandante de la Policía) de las poblaciones de Cantaura, Anaco y El Tigre, estado Anzoátegui. Se han practicado cuarenta y dos (42) experticias, entre las cuales se encuentran inspecciones técnicas y levantamientos planimétricos en el No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

lugar de los acontecimientos, análisis de material audiovisual, experticia de trayectoria intra – orgánica y la experticia de explosivos presuntamente localizados en el lugar de los acontecimientos. Como mecanismos de optimización de los procesos técnico-jurídicos, el Ministerio Público realizó el “Taller de Derechos Humanos”, dirigido a ochenta (80) funcionarios de la Policía del estado Guárico, el Taller denominado “Derechos Humanos en el Metro de Caracas”, en el cual participaron doscientos noventa y uno (291) funcionarios, y el “Taller sobre Derechos Humanos” dictado en el estado Aragua a treinta (30) integrantes de la Fuerza Aérea Bolivariana. La lucha Contra la Corrupción, ha adquirido mayor relevancia en la actual gestión, y los resultados obtenidos contra este flagelo en el 2009 han incrementado la confianza de la población en el Ministerio Público. En lo relativo a esta competencia, el trabajo de la Institución lleva consigo un enorme compromiso, porque la víctima de este tipo de delitos no tiene rostro, es el Estado Venezolano, y es que este mal afecta directamente a cada uno de los ciudadanos. Por tal razón, existe el compromiso de todos los funcionarios de esta Institución de dar respuesta, no a una determinada persona, sino al colectivo que necesita con urgencia de acciones que muestren contundencia en la citada materia, pues de ello depende en gran medida alcanzar esa calidad de vida que aspira el ciudadano común dentro de su entorno social. En este contexto, se destacan las actuaciones que han efectuado los fiscales en los casos relacionados con el área bancaria, específicamente en lo que se refiere a los tipos penales establecidos en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, pues durante el año 2009 se presentaron situaciones irregulares en algunas entidades bancarias del país, casas de bolsa y sociedades de corretaje. Tras iniciarse las investigaciones respectivas, el Ministerio Público logró identificar y desmontar un grupo de delincuencia organizada que operaba en el país, utilizando como medio los bancos que fueron intervenidos. La actuación del Ministerio Público, en forma coordinada con otras Instituciones (Superintendencia de Bancos, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia; y Guardia Nacional Bolivariana, entre otras), dio como resultados la detención de diez (10) personas, solicitudes de No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

órdenes de aprehensión contra otras veinticuatro (24) y una (01) medida cautelar sustitutiva de arresto domiciliario a favor de un implicado. Las acciones en estos casos continúan y los resultados más contundentes se obtendrán durante el año 2010. En relación con los egresos del Ministerio Público en esta materia, se reportaron dos mil setecientos veintidós (2.722), de los cuales las solicitudes de sobreseimiento representan el 66.86% (1820); las acusaciones 21.82 % (594); los archivos fiscales 6.47% (176); y 4.85% (132) correspondiente a otros egresos, (solicitudes de desestimación y opiniones en relación con la suspensión condicional del proceso). Es importante señalar, que en esta área durante el 2009, se presentó el mayor número de acusaciones alcanzadas en el período de un (01) año, en la historia del Ministerio Público. Actuación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación Otros Total

Cantidad 176 1.820 594 132 2.722

Porcentaje 6.47% 66.86% 21.82% 4.85% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009

De las actuaciones realizadas por tribunales, se observa el registro de doscientas ochenta y dos (282) sentencias, de las cuales el 71% corresponde a condenatorias (199), el 24% (69) a sentencias por admisión de hechos y el 5% (14) a absolutorias. En los resultados obtenidos en esta materia, fue fundamental el apoyo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, cuyo fin es desarrollar las acciones pertinentes que permitan resolver de forma expedita aquellos casos más emblemáticos, en los cuales se haya afectado de una manera significativa el patrimonio público, así como en los que se encuentran involucrados altos funcionarios de la administración pública. En esta dependencia, además de los funcionarios del Ministerio Público, participan representantes de la Contraloría General de la República, Cicpc, Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Financiera y Tributaria (Seniat). El trabajo de la Unidad Anticorrupción dependencia ha permitido la imputación de setenta (70) ciudadanos y la presentación de diecinueve (19) acusaciones de los cuarenta y cuatro (44) casos emblemáticos seleccionados entre los años 2008 y 2009, para los que se encuentran designadas seis (6) fiscalías a escala nacional. No a la Impunidad

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Los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción se consideran positivos, debido a que se logró por primera vez en la historia, acusar a dos (02) ex gobernadores y a dieciséis (16) alcaldes o ex alcaldes, por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus cargos. De esta forma, se materializa el esfuerzo emprendido en lo que a la lucha contra la impunidad respecta. Además, con el propósito de apoyar a los fiscales en el desarrollo de sus actuaciones, se efectuaron las siguientes actividades de capacitación: Curso “Prevención del Delito de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo”, cuyo objetivo fue desarrollar las estrategias para interpretar y aplicar el enfoque administrativo de los reportes de actividades sospechosas, las cuales constituyen insumos para los fiscales en sus investigaciones con motivo de la presunta comisión de este tipo de conducta punible. Se coordinó con la Asociación Bancaria Nacional, la realización del Seminario sobre Banca Electrónica y Delitos Informáticos, el cual fue auspiciado por la mencionada institución, tendente a la divulgación de los mecanismos de prevención e investigación de estos delitos. Con el objeto de concretar acciones de carácter social en lo que respecta a la materia, en el sentido de formar conciencia en lo atinente a la importancia de la prevención como medida para evitar la sanción, se realizaron las siguientes actividades, en las cuales participaron como facilitadores fiscales del Ministerio Público: Taller “La Prevención de los Delitos de Corrupción”, dirigido al personal de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Banco de Comercio Exterior, a fin de dar a conocer las nociones básicas en materia de corrupción, que permitan aplicar correctivos al momento de detectar algún indicador asociado a este tipo de conducta delictual. Curso dirigido a funcionarios del Destacamento 54 de la Guardia Nacional Bolivariana, realizado con el propósito de informar sobre los tipos penales establecidos en la Ley Contra la Corrupción. Igualmente, se designó un fiscal nacional del Ministerio Público con competencia plena para participar en reuniones con representantes de los ministerios del Poder Popular para las Comunas y Protección Social; y Relaciones Interiores y Justicia; a los fines de canalizar las denuncias que se No a la Impunidad

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realizan contra miembros de los consejos comunales implicados en presuntas desviaciones de recursos, otorgados a través del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc). Vale destacar la participación del Ministerio Público en la Conferencia Regional sobre “Recuperación de Activos en América Latina y el Caribe: Establecimiento de un Programa de Cooperación Regional”, efectuada en Buenos Aires, Argentina. A este evento, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudd), asistió, como miembro de la Delegación Venezolana, un representante de la Institución, a fin de considerar específicamente lo atinente a hechos de corrupción y exponer los avances que en esta materia ha alcanzado la República Bolivariana de Venezuela, tales como el aseguramiento y recuperación de activos para garantizar las resultas de los procesos y por ende, el resarcimiento del daño ocasionado al patrimonio del Estado. La actuación desarrollada por los fiscales en función de la Defensa Integral Ambiental es de vital importancia para el Ministerio Público. Los problemas ambientales que afectan al mundo contemporáneo, originados entre otros, por el tipo de sistema de desarrollo asumido, así como por los patrones de producción y consumo, en muchos casos irracionales, han alterado el equilibrio de la naturaleza y, en consecuencia, causando serios problemas para la humanidad. El fenómeno del cambio climático ocasiona, entre otros aspectos, un incremento en la temperatura promedio planetaria, pues el clima es un sistema complejo que no sólo comprende la atmósfera, sino también los océanos, glaciares, la tierra y su relieve, los ríos, lagos, aguas subterráneas, la radiación solar, la rotación de la tierra, la composición de la atmósfera, y las pequeñas variaciones que se produzcan en parámetros importantes, como es el caso de la temperatura. Asimismo, produce resultados inesperados, tales como la disminución de los glaciares, el aumento del nivel del mar, alteraciones en las precipitaciones y el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos (sequías, grandes incendios, huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, etc.). Estos cambios, sumados a la deforestación indiscriminada y al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2), inciden en la disponibilidad de agua dulce en el planeta que, ya de por No a la Impunidad

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sí, representa apenas el 2,5% del total de este recurso, aproximadamente, y en la generación de energía hidroeléctrica, lo que es vital para una mejor calidad de vida. En tal sentido, se evidencia que la alteración del ambiente debido al aprovechamiento no sustentable de los recursos, conlleva graves implicaciones sociales, con repercusiones en la agricultura, los bosques, las reservas de agua, aspectos que inciden de manera negativa en la alimentación, en la posibilidad de disfrute del agua, de la energía eléctrica, lo cual afecta la salud humana. Y es que la sana convivencia social impone una buena y armónica relación con el ambiente. Se trata de lograr una búsqueda constante del equilibrio en todos los aspectos de la vida, y en particular con la naturaleza, a fin de evitar poner en riesgo la existencia misma de las generaciones actuales y futuras. Creemos que generando conciencia y con buena voluntad todo es posible. Dentro de este contexto, el Ministerio Público acorde con el mandato constitucional que incorpora las premisas de desarrollo sustentable al crecimiento económico-social, y de conformidad con las expresas atribuciones conferidas en materia ambiental, ejecutó acciones en pro del ambiente, cumpliendo con su función punitiva, pero sin descuidar el aspecto preventivo en su rol de guardería ambiental. Así, ante la problemática ambiental que se observa de manera preocupante, el Ministerio Público, a través de sus fiscales especializados, se abocó a la protección integral del ambiente, al actuar en los casos penales y, además, se ha dedicado a profundizar la campaña de concientización hacia la colectividad. En este sentido, se registraron durante el año 2009, cuatro mil novecientos cuarenta y seis (4.946) egresos, de los cuales destacan la solicitud de sobreseimiento con un 56.91% (2.815), las acusaciones que alcanzan el 24.32% (1.203) y el 10.01% (495) de las opiniones emitidas en relación con la suspensión condicional del proceso, actuación ésta que permite en ocasión a la ocurrencia de delitos leves, resarcir el daño inmediato ocasionado e incentivar la prevención. A continuación se presenta el siguiente gráfico: Actuación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación

Cantidad 409 2.815 1.203

Porcentaje 8.27% 56.91% 24.32% No a la Impunidad

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Opinión suspensión condicional del proceso Otros Total

495 24 4.946

10.01% 0.49% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009

De las sentencias dictadas por los tribunales en esta materia, se registraron doscientas setenta y seis (276), de éstas el 69% corresponde a sentencias por admisión de hechos (191), el 28% a sentencias condenatorias (76) y el 3% a absolutorias (9). Durante el año 2009, se accionó en dos sentidos: uno dirigido a lo interno de la Institución, al implementar mecanismos más eficaces con el objeto de darle celeridad a la resolución de los casos y optimizar la respuesta hacia la colectividad, así como fomentar una mayor conciencia entre los funcionarios sobre esta materia, de modo que funjan como multiplicadores en la protección del ambiente a partir de su entorno más cercano. Tal tarea, se logra mediante la transmisión de valores ambientales, a través de charlas y películas dirigidas a niños de la Unidad Educativa Unidad Educativa Simón Planas Suárez de esta Institución y a sus funcionarios. En este contexto, se creó un Comité Conservacionista Ambiental, en el que participan los funcionarios realizando diversas actividades en pro del ambiente, entre ellas las reforestaciones en diferentes zonas de la geografía nacional. Igualmente, se puso en marcha un plan piloto de reciclaje de papel en diversas sedes de la Institución. Mientras, hacia lo externo se ejecutaron talleres dirigidos a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Quinta División de Infantería de Selva, con miras a fortalecer las actuaciones en la investigación penal ambiental. También se dictaron ciclos de charlas en esta materia a los estudiantes de educación básica y diversificada de los estados Zulia, Sucre y del área metropolitana de Caracas, a fin de sensibilizarlos e incentivarlos a proteger el ambiente. Fueron, igualmente, capacitadas distintas comunidades del país, a las que se les proporcionaron los lineamientos para que emprendan acciones de prevención, detección temprana y denuncia de los delitos ambientales existentes en sus respectivas zonas, con el objetivo de que se transformen en defensores de su entorno natural y ejerzan la contraloría social ambiental. En este contexto, se detallan las siguientes acciones realizadas en materia de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental:

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Coordinación de un operativo para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de diversas industrias forestales ubicadas en el eje Bum Bum- Socopó- Mirí del estado Barinas. El Ministerio Público, en funciones de guardería ambiental, inspeccionó a treinta (39) empresas, y en dicho operativo se detectaron: diecisiete (17) industrias forestales funcionando en forma irregular, respecto de las cuales se ejercerán las acciones penales correspondientes; diecisiete (17) industrias en proceso de cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en la ley para su legal funcionamiento, lo cual fue informado al órgano competente; y cinco (5) industrias no operativas, lo que equivale aproximadamente al 16% del total de las doscientas cuarenta y seis (246) industrias forestales registradas en el precitado estado. Desarrollo, conjuntamente con la Dirección de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana, de dos (2) operativos para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de diversas industrias forestales en el estado Bolívar. En los procedimientos realizados en eje Ciudad Bolívar - Puerto Ordaz - San Félix - Los Rosos – Upata - El Palmar - El Pao, aledaños a la Reserva Forestal Imataca, se obtuvieron los siguientes resultados: treinta y un (31) procedimientos, siendo que en 26 se iniciaron las investigaciones correspondientes toda vez que revisten carácter penal, y cinco (5) fueron remitidos al órgano competente por ser de carácter administrativo. Participación en el seminario “El Combate de los Ilícitos en el Mar”, coordinado por la Comandancia General de la Armada-Comando de Guardacostas. En esta actividad, donde participaron sesenta (60) funcionarios de ese componente, el Ministerio Público, a través de un funcionario, disertó sobre “Delitos Ambientales referidos al medio lacustre, marino y costero capacitando en materia de Defensa Ambiental”, con lo cual se pretende potenciar la celeridad y eficacia de los efectivos de la Armada en las actuaciones y, en consecuencia, en el beneficio de las investigaciones que adelanten a solicitud de la vindicta pública. Inducción a los funcionarios de la Segunda Compañía del Destacamento N° 14 del Comando Regional N° 1, ubicado en las adyacencias de la Reserva Forestal Ticoporo, estado Barinas, actividad en la cual los especialistas del área Técnico Científico Ambiental explicaron la correcta aplicación de las fórmulas para calcular la cantidad de metros cúbicos de madera retenida en los procedimientos, a fin de garantizar la correcta valoración de las piezas a cubicar, por cuanto con la anterior fórmula fijada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente se subestimaba el valor real de las mismas, ocasionando un ingreso inferior al Estado Venezolano. No a la Impunidad

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Ejecución de la jornada “Las Nuevas Perspectivas del Ministerio Público en Materia de Defensa Ambiental”, en la cual participaron cincuenta (50) fiscales del Ministerio Público del país. Con esta actividad se logró mejorar su argumentación jurídica, optimizar las investigaciones e incrementar la respuesta a la colectividad. Ejecución de siete (7) talleres referidos a la acción investigativa, dictados por fiscales y especialistas del área Técnico Científica Ambiental, en los cuales participaron quinientos cuarenta y seis (546) funcionarios de la 5ta División de Infantería de Selva y de la Guardia Nacional Bolivariana, destacados en los estados Bolívar, Anzoátegui, Amazonas, área metropolitana de Caracas, Lara, Táchira y Zulia, con lo cual se busca fortalecer las estrategias de investigación penal ambiental. Implementación, con el apoyo de la Fundación de Educación Ambiental (Fundambiente), del Plan Piloto de reciclaje de papel en diferentes Unidades del Ministerio Público, tanto en la sede administrativa como en la operativa,. Con esta actividad se logró una mayor responsabilidad en la generación de este tipo de desechos, con lo cual se disminuye su volumen, así como el gasto energético. Conformación del Comité Conservacionista Ambiental del Ministerio Público en el área metropolitana de Caracas, constituido por 68 funcionarios de la Institución. Fue inscrito en la Misión Árbol Socialista, a fin de promover y desarrollar acciones de reforestación, agroforestería y socioculturales en beneficio de la conservación ambiental. Los logros obtenidos como resultado de sus acciones son: 1. Recuperación de diversas áreas verdes (jardineras) en la plaza Parque Carabobo, ubicada en la parroquia La Candelaria del Municipio Bolivariano Libertador, en Caracas. 2. Creación de conciencia entre los funcionarios, con efecto multiplicador hacia la colectividad. 3. Recolección de doscientos diecisiete (217) kilos de semillas de diversas especies forestales (caoba, parapara, palma llanera, acacias, flamboyán, entre otras), de las cuales una parte fue enviada al banco de semillas de la Misión Árbol Socialista y la otra se procedió a sembrarla en distintas zonas del país. De esta forma, se contribuye con la reforestación de diversas regiones del territorio nacional. 4. Ejecución de una jornada de concientización en playas del Litoral Central, a través de la cual se incentivó y fortaleció la participación ciudadana en la búsqueda de nuevas alternativas sencillas para disminuir el problema de la acumulación de residuos y desechos sólidos en dichas playas. No a la Impunidad

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5. Se inició el proceso de conformación de las extensiones regionales del Comité Conservacionista Ambiental del Ministerio Público. Por ende, se juramentó la correspondiente al Comité del estado Barinas, conformado por 26 funcionarios del Ministerio Público de esa jurisdicción. 6. En el mes de julio se logró la capacitación de doscientas (200) personas de la comunidad de Socopó del estado Barinas, sobre los tipos penales ambientales, a fin de lograr que éstas los identifiquen y sepan cómo denunciarlos ante las autoridades competentes. 7. Se diseñó una matriz que permitió elaborar un diagnóstico de los delitos más comunes en los diferentes estados del país, de acuerdo con la legislación vigente, lo que permitió conocer la realidad de cada estado en aras de establecer estrategias y emprender acciones para prevenirlos y combatirlos, según sea el caso. 8. Ejecución de la Segunda Plantación de Árboles en el marco del aniversario del Ministerio Público, donde se plantó un total de seis mil ciento veintiséis (6.126) especies en Amazonas, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas y Zulia y en el área Metropolitana de Caracas. La actividad permitió duplicar la cifra de especies sembradas el año anterior. 9. Ejecución de un cine foro para noventa (90) niños de la Unidad Educativa Simón Planas Suárez de este Ministerio, a fin de transmitir valores ambientales que incidan en su formación. 10. A solicitud del representante del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se ejecutó un Taller de Fortalecimiento de las Áreas Marinas protegidas de Venezuela, en la Escuela Nacional de Fiscales, con la participación de 50 funcionarios. Su objetivo fue identificar los aspectos jurídicos que impactan negativamente la planificación, aprovechamiento, administración, vigilancia y control de tales zonas. S logró así obtener recomendaciones de acciones a seguir en esta materia, las cuales contribuirán con la formulación del Proyecto denominado Fortalecimiento del Sistema Venezolano de áreas protegidas en las zonas marino costera. Proyecto de Descongestionamiento de Casos Con la finalidad de incrementar la capacidad de respuesta en aquellas representaciones fiscales que, por la dinámica que presentan, reciben y tramitan gran cantidad de casos; se logró incrementar el número de No a la Impunidad

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contratación de profesionales del derecho, a fin de coadyuvar en la evaluación de expedientes y la elaboración de actos conclusivos, situación que incidió de manera directa en el descongestionamiento de casos. En este sentido, se aplicó este plan en algunos despachos fiscales que conocen la materia penal ordinaria y en mayor medida aquellos vinculados con la materia de proceso, ubicados en los estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Miranda y Zulia. De allí, que se haya logrado en estas jurisdicciones la presentación de cuarenta y cinco mil doscientos diecisiete (45.217) actos conclusivos y, en consecuencia, se incrementó la capacidad resolutiva con las siguientes actuaciones:

Estado

Decreto de archivo fiscal

Aragua Barinas Bolívar Carabobo Falcón Lara Miranda Zulia Totales

1.818 932 47 1.495 73 30 0 2.962 7.357

Solicitud de sobreseimiento 17.099 1.443 1.333 5.341 2.193 12 894 8.431 36.746

Presentación escritos de acusación 93 0 186 7 0 0 0 828 1.114

Total actos conclusivos 19.010 2.375 1.566 6.843 2.266 42 894 12.221 45.217

Fuente: Plan Operativo Anual Nacional. Año 2009

Actuación de las Unidades de Depuración Inmediata de Casos Las Unidades de Depuración Inmediata de Casos fueron diseñadas con el propósito de incrementar la calidad de la respuesta del Ministerio Público a los ciudadanos, mediante el uso de la desestimación en conformidad con su naturaleza jurídica como medio de descongestión, la racionalización de los recursos humanos y materiales, así como la reducción de la incidencia de causas ingresadas a la Institución que no constituyen delito. Durante el 2009, funcionó la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del área metropolitana de Caracas, y a final de año, específicamente para el mes de septiembre, se hizo efectiva la creación de dos nuevas dependencias de este tipo, ubicadas en los estados Aragua y Zulia. Se tiene planificado en los años sucesivos la implementación de unidades en el resto de las

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circunscripciones judiciales, con el fin primordial de coadyuvar en el descongestionamiento de casos. Las Unidades de Depuración Inmediata de Casos presentaron un mil ochocientos sesenta y siete (1.867) egresos; de los cuales 78% (1.458) fueron decretos de archivo fiscal y el 21.91% (409) solicitudes de desestimación, tal como se observa en el siguiente cuadro: Actuación Decretos de archivo fiscal Solicitudes de desestimación Total

Fuente: Plan Operativo Anual Nacional. Año 2009

Cantidad 1.458 409 1.867

Porcentaje 78.09% 21.91% 100.00%

Fiscalías Municipales Con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en Referéndum Popular en diciembre de 1999, se reconfigura el Ministerio Público. Entre los cambios, en cuanto a su entorno funcional y jurídico de atributos, el artículo 286 de la Carta Magna, estipula que mediante una ley que se dictará al efecto, la institución garante de la legalidad se organizaría y funcionaría en los ámbitos municipal, estadal y nacional. Posteriormente, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público en el año 2007, fue desarrollado por vía legislativa el mencionado artículo constitucional y dentro de esa configuración se incorporó en el Capítulo VI, “De la Organización Municipal del Ministerio Público”, constituido por los artículos 55 y 56, las denominadas “Fiscalías Municipales”. En consecuencia, a través de éstos se crean, definen, delimitan y se le atribuyen competencias a unas noveles instituciones de promoción de la justicia. Las Fiscalías Municipales son un nuevo paradigma que fortalece los procesos dirigidos a la aplicación de la ley en la búsqueda de una justicia más accesible de carácter social. Fueron implementadas en lo interno, en la actual gestión, a través de la Resolución de la Fiscal General de la República N° 599 del 27 de junio de 2008, y han emergido a la vida jurídica con el propósito de llevar a la Institución hacia un modelo mucho más humanista, social y cercano a las comunidades. Tanto en el marco constitucional como el legal se recabó la anhelada necesidad social del colectivo venezolano de acercarles la promoción de la No a la Impunidad

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justicia dentro del recinto espacial de sus propias comunidades, lo que se concatena con las más avanzadas ideas, doctrinas e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esto se traduce en la desconcentración del Ministerio Público y permite así que nuestra Institución se acerque de una manera mas definitiva y humana al ciudadano, algo que era un clamor sobre todo de los habitantes desposeídos de las localidades y de los que viven en los sectores distantes de las poblaciones donde están ubicadas las sedes principales. Son estas las personas que constituyen la mayoría demandante de una justicia efectiva, accesible y de carácter social, en búsqueda de alcanzar una sociedad más justa y humanitaria, para ellos, sus hijos y las demás generaciones venideras. Para el Ministerio Público la institucionalización de las Fiscalías Municipales es fundamental, pues significa especialmente estrechar, articular y armonizar relaciones directas con las comunidades, poder detectar sus necesidades prioritarias más allá del ámbito jurídico, al igual que fungir como un ente primario, que logre la descongestión de casos que ostentan los diversos despachos fiscales. Dentro de este orden ideas, en la actual gestión, las Fiscalías Municipales se han planificado y configurado dentro un contexto de preeminencia social y a esos efectos se les ha dotado con un área social, que se ha dispuesto con un equipo profesional especializado en ese campo del conocimiento (trabajadores sociales, sociólogos, entre otros), que ahondará en la realidad social de los sectores y de las personas que acudan a estas dependencias del Ministerio Público. Asimismo, verificará las circunstancias de origen de los problemas sociales, así como sí es posible, referirán o tramitarán ante las instancias correspondientes la resolución de los asuntos del orden social. Este trabajo además de ser muy valioso para el usuario y las parroquias podrá suscitar aportes para la formulación de la política contra el crimen en los niveles: parroquial, municipal, estadal y nacional, la cual permita atacar con mayor acierto el flagelo delictual, lo que devendrá en un elemento preventivo, derivado del estudio de los casos que les correspondan analizar. Las Fiscalías Municipales, de acuerdo con las atribuciones cognitivas que les ha conferido el artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de 2007, atiende una amplia gama de delitos que en su límite máximo no sobrepasen los tres (3) años, incluyendo todo el Libro III del Código Penal vigente que No a la Impunidad

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envuelve a las faltas, aunado al hecho que adicionalmente, vela por el debido proceso y la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales en lo relacionado con el ámbito municipal y la vida local. Actualmente, el Ministerio Público cuenta con cuatro (4) fiscalías municipales: 







Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en las parroquias Catedral, Santa Teresa, Altagracia y Santa Capilla del municipio Libertador. Está ubicada en la estación de El Metro El Silencio, y fue establecida el 15 de julio de 2008. Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con competencia en los seis municipios de Los Valles del Tuy: Cristóbal Rojas, Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, Tomás Lander, Independencia y Paz Castillo, con sede en la Estación Cúa del Ferrocarril Ezequiel Zamora, la cual inició funciones el 1 de julio de 2009. Fiscalía Municipal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en la parroquia Sucre del Municipio Libertador. Está situada en el Centro Comercial Propatria, ubicado en la urbanización Propatria, en Catia, e inició funciones el 15 de diciembre de 2009. Fiscalía Municipal Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en las parroquias Petare y Leoncio Martínez del municipio Sucre del estado Miranda. Su sede está ubicada en el Edificio Ennsa, Planta Baja, Calle 2 de la Urbanización La Urbina, e inició funciones el 22 de diciembre de 2009.

Estas fiscalías atendieron durante el año en cuestión, Un mil setecientas tres (1.703) personas, distribuidas de la siguiente manera: Setecientas treinta y cinco (735) ciudadanos, por parte de la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; Ochocientas ochenta y seis (886) ciudadanos, a través de la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda; Setenta y un (71) ciudadanos, por parte de la Fiscalía Municipal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

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Once (11) ciudadanos, a través de la Fiscalía Municipal Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo, respecto a los actos conclusivos, las fiscalías municipales del área metropolitana de Caracas presentaron diecisiete (17) egresos de casos. De estas actuaciones, trece (13) corresponden a solicitudes de sobreseimientos, tres (3) decretos de archivo fiscal y una (1) a la presentación de escritos de acusación. De igual forma, se produjo en la gestión de la Fiscalía Municipal Primera del Ministerio Público del estado Miranda, la presentación de ciento setenta y dos (172) egresos de casos, de los cuales cincuenta y cuatro (54) corresponden a solicitudes de sobreseimientos, ciento diez (110) solicitudes de desestimación, dos (2) a decretos de archivo fiscal y seis (6) a promociones de la conciliación. Actuación Solicitudes de desestimación Decreto de archivo fiscal Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación Promoción de la conciliación Total

Cantidad 110 5 67 1 6 189

Porcentaje 58.20% 2.65% 35.45% 0.53% 3.17% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009 Plan Operativo Anual Nacional. 2009.

En el marco del Eje de Acción Social, las fiscalías municipales ejecutaron, en Caracas y en los Valles del Tuy del estado Miranda, actividades de acercamiento a las comunidades, las cuales beneficiaron a Siete mil quinientas cuarenta y nueve (7.549) personas, dentro de las que se cuentan tres mil novecientas ochenta y ocho (3.988) damas y tres mil quinientos sesenta y un (3.561) caballeros. En el marco de la directriz estratégica de relaciones con otros órganos del Sistema de Justicia y demás organismos públicos que llevan a cabo los fiscales superiores, se busca establecer estrategias de trabajo conjunto que propendan a la solución de conflictos que pudieran impedir de alguna manera el cumplimiento de la misión del Ministerio Público. En ese sentido, en la Circunscripción Judicial del estado Bolívar se logró la creación de dos (2) brigadas especiales de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, mediante trabajo conjunto con la Policía Municipal Patrulleros de

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Angostura (Municipio Heres) y la Policía Municipal Patrulleros del Caroní (Municipio Caroní). Egresos Definitivos de Casos en Materia Penal El Ministerio Público tiene responsabilidad directa en las actuaciones presentadas ante los diversos tribunales de la República, los cuales se pronuncian con decisiones que permiten resolver el conflicto surgido con ocasión a la comisión del delito en las diferentes materias procesales. En materia penal, la Institución presentó trescientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa (337.490) actuaciones de los fiscales del Ministerio Público, de acuerdo con la siguiente distribución: Actuaciones del Ministerio Público que pasan a Tribunales Solicitud de desestimación Solicitud principio de oportunidad Solicitud de sobreseimiento Presentación de escrito de acusación Opinión en relación con acuerdos reparatorios Opinión en relación con la suspensión condicional del proceso Promoción de la conciliación Total

Cantidad 18.051 330 269.449 46.849 730 1.828 253 337.490

De éstas solicitudes, un 79.84% (269.449) corresponden a sobreseimiento, 13.88% (46.849) a acusaciones y el 5.35% (18.051) a las solicitudes de desestimación. De dichas actuaciones, los tribunales se pronunciaron con un total de ciento veintiún mil novecientos sesenta y tres (121.963) decisiones de solución del conflicto penal surgido con ocasión a la comisión del delito, distribuidas de la siguiente manera: Actuaciones realizadas por Tribunales Desestimación admitida Principio de oportunidad admitido Sobreseimiento admitido Sentencia condenatoria dictada Sentencia absolutoria dictada Sentencia por admisión de hechos Archivo judicial decretado TOTAL

Cantidad 7.947 227 88.304 6.909 2.028 15.072 1.452 121.963

Se debe señalar que el Ministerio Público presentó ante los tribunales penales la cantidad de trescientos treinta y siete mil cuatrocientos noventa (337.490) actuaciones y éstos atendieron, de manera efectiva, el 36.14% (121.963). Hay que destacar que no todos los casos con egreso definitivo por No a la Impunidad

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parte de dichos órganos corresponden a las actuaciones planteados por el fiscal del Ministerio Público en el mismo período. De dichos pronunciamientos, el 72.40% (88.304) corresponde a los sobreseimientos dictados y el 6.52% (7.947) a las desestimaciones admitidas. Es importante señalar que las sentencias representan la actuación más significativa para un cierre de caso, por ende del total de sentencias dictadas (24.011), el 12.36% (15.072) corresponde a las referidas por admisión de hechos, el 5.66% (6.909) a las condenatorias y el 1.66% (2.028) a las absolutorias. Tal como se mencionó al inicio del informe correspondiente al área operativa, el Ministerio Público atiende otras materias orientadas a la protección integral de los venezolanos. Para el año 2009, la Institución cuenta con fiscales especiales en el área de niños, niñas y adolescentes en cada localidad donde existe un Tribunal de Protección, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La participación del Ministerio Público en el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, se divide en varias facetas: como agente de los intereses de los niños, niñas y adolescentes y participación en forma directa para asistir a las y los ciudadanos que requieran, interés legítimo, asesoramiento o protección. Adicionalmente, en cumplimiento del principio de prioridad absoluta, contenido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se han impulsado acciones orientadas a garantizar la primacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, velando por el ejercicio y el disfrute pleno de sus derechos. Para el ejercicio fiscal en cuestión, en estas materias se reportaron sesenta y cuatro mil ciento setenta y cinco (64.175) actuaciones de egresos. De esta cifra, hay que destacar un importante número por cierre administrativo de los casos, específicamente el 31.59% (20.276). Vale acotar que está variable contabiliza entre otros aspectos, los cerrados por la no comparecencia de las partes una vez iniciado el proceso o por la falta de consignación de documentos necesarios para la tramitación de las diligencias y actuaciones por parte de los fiscales especializados. Entre las actuaciones, tenemos la solicitud de homologación con un 25.13% (16.128), la presentación de solicitudes con un 16.41% (10.534), las actas levantadas por acuerdo entre las partes con 17.17% (11.016) y, las actas No a la Impunidad

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levantadas por desistimiento expreso de la parte interesada con un 4.90% (3.145), tal como se observa en el cuadro que se presenta a continuación: Actuación Cierre administrativo de casos Presentación de solicitudes Solicitudes de homologación Acta levantada por acuerdo entre las partes Acta levantada por desistimiento de parte interesada Otros Total

Cantidad 20.276 10.534 16.128 11.016 3.145 3.076 64.175

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009.

Porcentaje 31.59% 16.41% 25.13% 17.17% 4.90% 4.80% 100.00%

En cuanto a los logros en esta materia, se propuso y se logró la obligación de incluir en los textos legales normas de defensa y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco de la discusión del entonces Proyecto de Ley para la Prohibición de Video Juegos y Juguetes Bélicos. Adicionalmente, se asistió, en calidad de Ponente, al “III Encuentro Internacional sobre Protección Jurídica de los Derechos del Menor”, con el tema “La Función del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela en la materialización de la Doctrina de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes”. Esta actividad se celebró en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, entre el 2 y 6 de noviembre de 2009, evento organizado por el Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho y la Fiscalía General de la República de Cuba. Dentro de las otras materias conocidas en la Institución, se encuentra Ejecución de Sentencia, la cual busca brindar una atención integral a los penados. Se vela porque el cumplimiento de la condena se realice con las condiciones legales correspondientes y se toma en consideración variables como el cómputo de la pena, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena y la debida asistencia legal, entre otras. Así, se observa que del total de egresos reportados en esta materia durante el año 2009, seis mil novecientos cuarenta y cuatro (6.944) egresos, el 97.81% (6.792) de las actuaciones corresponden a la extinción de la pena y el 2.19% (152) a comisiones concluidas, tal como se observa en el siguiente cuadro:

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Actuación Extinción de la pena Comisión concluida Total

Cantidad 6.792 152 6.944

Porcentaje 97.81% 2.19% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009.

Con el propósito de verificar las condiciones de reclusión y la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios del país, se iniciaron en el mes de junio de 2009, las “Jornadas de Asistencia Integral al Interno”. La primera de ellas se efectuó en el Internado Judicial de la Región Insular en el estado Nueva Esparta, donde la mayoría de los planteamientos expuestos estuvieron dirigidos al área jurídica. Fueron atendidos un total de seiscientos cincuenta (650) internos. Posteriormente, una jornada de este tipo se llevó a cabo el 25 de junio de 2009, en la Casa de Reeducación, Rehabilitación e Internado Judicial El Paraíso (La Planta), en Caracas, donde se brindó asistencia Integral a setecientos veinte (720) internos. Luego, el 31 de julio de 2009, se instalaron las Jornadas de Asistencia Integral al Interno en el Centro Penitenciario Región Centro Occidental ”Uribana”, en el estado Lara, en la que se atendieron a quinientos uno (501) internos. Mientras, el 14 de agosto del 2009, se realizaron estas jornadas en el Centro Penitenciario de Occidente (Santa Ana), en el estado Táchira. A través de las mismas fueron beneficiados un mil ciento treinta y seis (1.136) internos y veinte (20) niños, hijos de los internos que se encontraban de visita en el referido centro. Finalmente, se atendieron doscientos diecisiete (217) penados con ocasión a las jornadas efectuadas en el Centro de Tratamiento Comunitario” Dr. Francisco Canestri” y en los Centros de Pernoctas “Dra. Elena de Aray” y “Padre Luís Maria Olaso”, ubicados en la parroquia El Paraíso, en Caracas. Asimismo, durante el año 2009, se estrenaron las fiscalías de Régimen Penitenciario, con el fin de humanizar las condiciones de las personas privadas de libertad y velar por las garantías de los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios y de reclusión. Es importante mencionar que en esta materia es fundamental la concurrencia de voluntades de otras instituciones, las cuales tienen responsabilidad directa en la atención de las irregularidades que se presenten en estos recintos.

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En este sentido, se reportó un total de cuatrocientos trece (413) egresos, de los cuales el 71.67% (296) corresponde a la consignación de escritos presentados ante el órgano jurisdiccional y el 28.33% (117) a la consignación de informes presentados ante otras instituciones, tal como se observa a continuación: Actuación Consignación de escritos ante el órgano jurisdiccional Consignación de informes a otras Instituciones Total

Cantidad 296

Porcentaje 71.67%

117 413

28.33% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009

Asimismo, resulta importante indicar que los fiscales con competencia en materia de Ejecución de Sentencia y Régimen Penitenciario, durante el 2009, realizaron a escala nacional un total de siete mil trescientas dos (7302) visitas de inspección en los centros de reclusión, centros de tratamiento comunitario, destacamentos de trabajo y casas de formación integral de adolescentes, durante el año 2009. En el cumplimiento de las directrices generales impartidas en el Plan Estratégico Institucional, se alcanzaron en Constitucional y Contencioso Administrativo y Derechos y Garantías Constitucionales los siguientes logros: Se cumplió con la meta prevista en la Acción Específica “Atención de Casos en Materia de Derechos y Garantías Constitucionales”. En consecuencia, se coadyuvó con los procesos medulares y administrativos de la acción fiscal. En ese sentido, se superó la meta prevista en un 63.87%, ello debido a la capacidad de respuesta de los fiscales, abogados adjuntos y demás funcionarios asociados a este tema. Con dicha actuación se incide en las acciones de amparo constitucional y recursos de nulidad contencioso administrativo que interponen los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, los cuales notificaron oportunamente al Ministerio Público, a los fines de que se les garantice el respeto de sus derechos y garantías constitucionales que estimen vulnerados. En este sentido, se realizó una revisión del 100% de los escritos de opiniones e informes emitidos por los fiscales con competencia en materia de derechos y garantías constitucionales y contencioso administrativo, presentados ante los distintos tribunales del territorio No a la Impunidad

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nacional. Tal labor se efectuó con la finalidad de determinar los vicios más recurrentes que fueron denunciados en vía judicial y, en consecuencia, los organismos que más incurrieron en tales violaciones al orden constitucional y legal, fueron las inspectorías del Trabajo del área metropolitana de Caracas y de los distintos estados del país, donde se detectó la persistente contravención al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En relación con la atención de casos en esta materia, se lograron un mil treinta y cuatro (1.034) egresos, entre los cuales destaca la presentación de informes en los recursos contencioso administrativos de nulidad con un 51.64% (534), y los escritos de opinión en las acciones de amparos constitucionales, con un 48.36% (500). Actuación Informes recurso contencioso administrativo de nulidad Escritos de acciones de amparo constitucional. Total

Cantidad 534

Porcentaje 51.64%

500 1.034

48.36% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009

El Ministerio Público ejerce la Acción Disciplinaria mediante la supervisión en todo el territorio nacional de la labor y actuación de los fiscales principales y auxiliares, abogados adjuntos y personal profesional, para la aplicación de los correctivos necesarios, a fin de lograr una gestión efectiva, transparente y eficaz, ajustada a la normativa interna y a la ley. A tales efectos, se desarrollan cuatro actividades fundamentales en esta materia; a saber: investigación, inspección, orientación y prevención. En el caso de la labor de orientación y de prevención, se cuenta con instrumentos importantes como lo son: Las observaciones y exhortos que buscan fundamentalmente hacer llamados de atención o advertencias al funcionario para que enmiende o corrija su conducta de acuerdo con la normativa vigente. Las recomendaciones que se le hacen al funcionario como producto de una inspección ordinaria cuando se detecta alguna irregularidad menor, se le orienta sobre la normativa interna con la finalidad de que se hagan los correctivos necesarios.

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Las circulares e instructivos que buscan regular procedimientos internos o emitir lineamientos u orientaciones sobre materias específicas con la finalidad de unificar criterios de actuación institucional. La evacuación de consultas en materia disciplinaria. Las presentaciones, informes y charlas para la difusión de la labor de la Dirección. Con ocasión a la actividad de investigación, se sustanció el 100% (763) de las denuncias recibidas en el año en cuestión. Este logro es el resultado de la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, tales como: realización de inspecciones extraordinarias, requerimientos de información, solicitud de opinión a las direcciones del Despacho, consulta de doctrina Institucional y sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A través del inicio de la investigación respectiva, se busca establecer la responsabilidad disciplinaria del funcionario denunciado. En consecuencia, esta averiguación pudiera generar un cierre con observación, que es un llamado de atención a los representantes fiscales para que no incurran nuevamente en situaciones susceptibles de ser consideradas faltas disciplinarias, lo que se hace del conocimiento del área de Recursos Humanos, pues la reincidencia en este tipo de conductas podría acarrear al funcionario el inicio de un procedimiento disciplinario con exhorto. No obstante, el procedimiento puede concluir sin observación, es decir, cuando se determina que el funcionario no se encuentra incurso en faltas. Mientras, que en caso de observarse conductas constitutivas de faltas disciplinarias censurables se procede a solicitar autorización para dar inicio al procedimiento disciplinario respectivo. Con la realización de cuarenta y seis (46) inspecciones en todo el país, se supervisó el funcionamiento administrativo y actuación de los fiscales principales y auxiliares del Ministerio Público. A través de éstas se aplicaron los correctivos necesarios a fin de lograr una gestión efectiva, transparente y eficaz, ajustada a la normativa legal; prevenir irregularidades y unificar criterios en cuanto al manejo de las diferentes dependencias, lo que se traduce en la prestación de un servicio óptimo que redunde en la respuesta oportuna a los venezolanos que acuden a la Institución.

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En materia disciplinaria judicial, se registraron trescientos diecinueve (319) actuaciones de egresos, de esta cifra el 56.74% (181) corresponden al cierre de expedientes disciplinarios y el 43.26% (138) a la comisión concluida. Actuación Cierre de expedientes disciplinarios Comisión concluida Total

Cantidad 181 138 319

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009

Porcentaje 56.74% 43.26% 100.00%

Adicionalmente, se destacan los siguientes logros: Elaboración del Proyecto de Reforma del Estatuto de Personal del Ministerio Público. Entre los cambios, se propone la modificación del procedimiento disciplinario a fin de adaptarlo a las normas constitucionales vigentes, al establecer el debido proceso, a través de la oralidad, para poder dar una respuesta expedita y sin dilaciones indebidas, en el que participen los denunciantes en las diferentes etapas del mismo. Asimismo, se propone la aplicación de los procedimientos disciplinarios a los funcionarios que no son de carrera, con la finalidad de aplicar otros correctivos distintos a la destitución, esto es, ser amonestados o suspendidos del ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Ley. Además, se especificaron las faltas con sus respectivas sanciones según sea su gravedad. Remisión a los representantes fiscales de treinta y ocho (38) observaciones y exhortos, sobre la base de las distintas estrategias de supervisión y control que se desarrollan como parte del régimen disciplinario. Se brindó orientación a los nuevos fiscales del Ministerio Público, mediante una charla denominada “Obligaciones, Deberes y Prohibiciones de los Fiscales del Ministerio Público y Gestión Administrativa”. Régimen Procesal Transitorio En relación con el descongestionamiento de las causas del Régimen Procesal Transitorio, las cuales constituyen las investigaciones penales iniciadas bajo el extinto Código de Enjuiciamiento Criminal y que quedaron activas al momento de entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público, como titular de la acción penal, designó para ese entonces una serie de fiscales para actuar en la resolución de dichos casos. No a la Impunidad

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Para el año 2009, el Ministerio Público tenía conocimiento de la cantidad de cincuenta y nueve mil trescientos veinticinco (59.325), expedientes existentes en sus dependencias, así como, de la cifra de veinte millones doscientos treinta y un mil noventa y ocho (20.231.098), ubicados en las diferentes subdelegaciones y divisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, de acuerdo con la información suministrada por ese organismo. Estas cifras representan un total de veinte millones doscientos noventa mil cuatrocientos veinte y tres (20.290.423) expedientes aproximadamente. Las entidades federales con mayor número de casos son:  Aragua, con 20.000.865 expedientes.  Área metropolitana de Caracas, con la suma de 268.225 causas  Zulia, con 18.425 expedientes.  Miranda, con 904 causas. Del total de expedientes señalados (20.290.423), el 99,70%, aproximadamente, se encuentra en los diferentes depósitos del Cicpc, los cuales en su mayoría, con el transcurrir del tiempo, se han deteriorado y contaminado. Una gran parte de éstos fueron enviados a un archivo central, ubicado en el sector de Caña de Azúcar, estado Aragua. Ante tales circunstancias, se solicitó, ante los órganos jurisdiccionales de los diferentes circuitos judiciales del país, la realización en todo el país de una serie de inspecciones judiciales en las subdelegaciones del Cicpc, con el objeto de constatar las condiciones de dichos expedientes. El resultado de las mismas evidenciaron que las áreas de archivos de dichas dependencias se encuentran insalubres y los documentos inmanipulables. En consecuencia, varias de éstas, principalmente las situadas en las SubDelegaciones de Chacao, Santa Mónica, El Llanito, Simón Rodríguez, Oeste y la División Nacional Contra el Hurto y Robo de Vehículos, fueron cerradas con precintos. De igual manera, se coordinaron operativos en los que participación treinta y siete (37) fiscales, dedicados exclusivamente al Régimen Procesal Transitorio, quienes lograron ubicar de los archivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, aquellos expedientes susceptibles de ser revisados y tramitados. En ese sentido, durante el año 2009, se logró el egreso de nueve mil seiscientos nueve (9.629) actos conclusivos, de los cuales el 99.73% (9.603) corresponde a sobreseimientos solicitados y el 0.27% (26) a acusaciones presentadas.

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Con dichas actuaciones, hasta el año 2009 se ha logrado tramitar ante el órgano jurisdiccional un total acumulado de dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta (2.454.460) actos conclusivos. Actuaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia El Ministerio Público tiene despachos fiscales con presencia en las salas de Casación, Constitucional, Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Durante el año 2009, se registró una cantidad de cuatrocientos setenta y nueve (479) egresos, de los cuales destacan los referidos a escritos de recursos de casación, con un 30.48% (146); escritos por recursos contencioso administrativos de nulidad, con un 23.80% (114); las intervenciones en querellas funcionariales, con un 11.90% (57); los escritos por acciones de amparo constitucional, con un 8.98% (43); y los escritos por recursos de nulidad por inconstitucionalidad, con un 6.05% (29) egresos. Actuación Escritos por recursos de casación Escritos por recursos contenciosos administrativos de nulidad Intervenciones en querellas funcionariales Escritos por acciones de amparo constitucional Recursos de nulidad por inconstitucionalidad Otros Total

Cantidad 146 114 57 43 29 90 479

Porcentaje

30.48% 23.80%

11.90% 8.98% 6.05% 18.79% 100.00%

Fuente: Matriz Automatizada “Reporte de Casos Conocidos por los Despachos Fiscales del Ministerio Público”. Año 2009

Como parte de las acciones asociadas con los órganos del Sistema de Justicia y demás organismos públicos, se reporta lo siguiente: Difusión de los recursos procesales de apelación, casación y amparo, entre otros establecidos en Ley, de los cuales dispone el Ministerio Público para la defensa del derecho constitucional a la igualdad y no discriminación. Seguimiento a la actuación institucional en el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra formas contemporáneas de intolerancia y formas conexas, en el marco de aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban, llevado a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, relativos a la práctica de medidas necesarias para garantizar la efectiva vigencia de la igualdad de tales derechos en grupos sociales vulnerables. No a la Impunidad

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Participación en las reuniones de negociación con representantes del gobierno francés y funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, en las que se discutió el articulado de los Proyectos de Convenio de Extradición y de Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Francia. Asimismo, las mismas sirvieron para afirmar vínculos y estrategias bilaterales, con miras a reforzar la acción de la justicia, con la celebración o firma de dichos convenios. Revisión, conjuntamente con la Procuraduría General de Ucrania, del proyecto de Memorando de Entendimiento de Cooperación en Materia de Lucha Contra la Criminalidad Internacional, con ocasión de la solicitud de opinión requerida al respecto por el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos. A través de éste posible acuerdo se fortalecen las estrategias de cooperación bilateral, para permitir un mejor intercambio de información a escala internacional, con miras a una oportuna detección de organizaciones dedicadas a la comisión de delitos referidos a lavado de dinero, trata de blancas y tráfico de drogas, una vez que las partes hayan suscrito dicho instrumento jurídico. Discusión y análisis, conjuntamente con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría General de la República y de los ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y el de Relaciones Exteriores, de la propuesta de la República Democrática de Argelia sobre el proyecto Acuerdo Sobre Ayuda Mutua en Materia Penal y Extradición, a ser suscrito con la República Bolivariana de Venezuela. A través de éste se permitirá configurar una estructura de gestión pública para ofrecer una respuesta única, ágil, eficiente, transparente y de calidad, que impulsa las relaciones bilaterales bajo criterios de oportunidad y conveniencia en el marco global de las relaciones internacionales, con observancia de lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos de ambos estados. Acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia para remitir Boletas de Notificación en los casos de extradición y la selección en los expedientes de las actuaciones estrictamente necesarias para la expedición de copias, a fin de facilitar a los fiscales del Ministerio Público, que actúan ante el Máximo Tribunal, la elaboración de sus respectivas opiniones. De esta manera, se logra sin No a la Impunidad

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dilaciones y contratiempos los efectos esperados, los cuales posibilitan el mejoramiento de procesos decisorios, mayor seguridad jurídica y un aumento de la calidad de la gestión pública. Aprobación de la extensión de la vigencia, por tiempo indefinido hasta tanto alguna de las partes manifiesten lo contrario, del Memorando de Entendimiento entre la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos y el Ministerio Público, para participar en la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición. De esta manera, se reafirman vínculos multilaterales y de estrategias que refuerzan la acción de la justicia, en lo relativo al intercambio de pruebas y datos que conlleva la sustentación de investigaciones penales y la entrega de personas, y, en consecuencia, se fortalece de manera integral el régimen legal a escala continental. Participación, conjuntamente con la Comisión Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, en las Mesas Técnicas de discusión del Proyecto de Ley Orgánica del Registro Civil. En éstas, a través de las opiniones aportadas por los diversos organismos participantes, se contribuyó a desarrollar en un instrumento legal el carácter especial de un Órgano Rector, que integra de manera coordinada instituciones del poder público, cuyo objeto es garantizar la consolidación del Sistema Nacional de Organización, Dirección y Supervisión del Registro Civil, según mandato constitucional. Participación activa en la Mesa de Discusión sobre los Proyectos de Ley de Armas y Explosivos y la Ley de Desarme, organizada por la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, donde representantes de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada, Guardia Nacional, Cicpc y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, acogieron la propuesta del Ministerio Público de incorporar al cuerpo normativo las armas de fabricación casera, facsímiles y aquellas de naturaleza insidiosa. De esta manera, la institución garante de la legalidad colabora en la concreción de la fuerza y valor de esta Ley, que define políticas de seguridad ciudadana y establece la responsabilidad objetiva del uso y tenencia de armas y afines. Participación en las VII y XI Reuniones de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), en cuyo seno se determina el estatus jurídico, se discute y analiza el origen migratorio de las No a la Impunidad

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solicitudes de refugio. Con ello se busca facilitar la apropiada respuesta internacional por parte del Estado en la implementación de estrategias de atención e integración de poblaciones desplazadas y el modo de sustentar el apoyo para la solución de problemas prácticos. Se trata de motivar la reflexión sobre la solución global de la crisis que originan tales desplazamientos masivos de personas. Articulación con los diferentes órganos del Sistema de Administración de Justicia para la concepción de tribunales especiales indígenas, a fin de concretar el mandato constitucional y lo consagrado en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Esta acción, en aras de otorgar garantías de protección a los derechos que asisten a los miembros de las comunidades, se desarrolla en el marco de la Consulta Pública del Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional, auspiciada por la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y el Grupo Parlamentario Indígena de América. Participación, con el Consejo General de Policía en la validación de los estándares preliminares para la sustentación de un sistema integrado de coordinación policial, una vez revisados los modelos expuestos por representantes de Argentina, Canadá, Cuba, Brasil, México y Reino Unido, en el marco de un Seminario Internacional celebrado el 13 de noviembre de 2009. Unificación de criterios en el trámite de solicitudes de asistencia mutua en materia penal y cartas rogatorias y extradición, en el marco de la celebración de un Taller en Materia Internacional, celebrado entre el 19 y 20 de noviembre de 2009, que contó con la participación de representantes de los ministerios del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y de Relaciones Interiores y Justicia, Fiscalía General Militar y del Ministerio Público. Finalización de las negociaciones con la delegación de la República de Francia, sobre los términos del Convenio sobre Extradición y Asistencia Legal Mutua en Materia Penal. En este sentido, quedan pendiente la suscripción del documento por parte de los cancilleres de la República Bolivariana de Venezuela y Francia. Concreción del Eje Transversal de Acción Social Nuestra Institución en un esfuerzo por comprometerse con la población, más allá de sus funciones ordinarias, ha profundizado los lazos y relaciones No a la Impunidad

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directas con las comunidades circundantes al edificio sede del Despacho de la Fiscal General de la República. Prueba de esto es que durante el año 2009 hemos emprendido, de manera constante y entusiasta, la recuperación de la Plaza Parque Carabobo, en Caracas, para el disfrute y el esparcimiento de la ciudadanía. Planteamiento que fue acogido por los fiscales superiores en todo el país, quienes también han realizado durante este lapso actividades culturales y de rescate en los espacios públicos cercanos a sus sedes. Esta labor significó la conformación de una mesa técnica permanente, en la que concurren semanalmente delegados de instituciones culturales y sectores comunitarios organizados de las parroquias caraqueñas La Candelaria, San Agustín, San Bernardino y El Recreo, entre otras. Entre las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el 2009, destacan las realizadas en diferentes sectores de la parroquia La Candelaria del municipio Bolivariano Libertador de Caracas, para llevar de manera mancomunada un proyecto de interés público como lo es la recuperación de la plaza Parque Carabobo, ubicada en la avenida México de esa Parroquia. Esta labor apuntó, además, al rescate de espacios abiertos para el disfrute de los caraqueños. En su desarrollo se ejecutaron actividades culturales, deportivas, de conservación y vigilancia, desplegadas conjuntamente con los consejos comunales y grupos culturales de las parroquias San Agustín, La Candelaria, Caricuao, Paraíso, 23 de Enero, El Recreo y El Junquito. También participaron, con su valioso apoyo, los ministerios del Poder Popular para la Cultura (Villa del Cine, Galería de Arte Nacional, los museos de La Estampa y El Diseño “Carlos Cruz Diez” y el de Bellas Artes), Minas y Petróleo (Pdvsa, Centro de Arte “La Estancia), Educación (Escuela de Artes Visuales “Cristóbal Rojas” e Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación, Ipasme), Ambiente, Metro de Caracas, Guardia Nacional Bolivariana, Universidad Bolivariana de Venezuela, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezolanos (Cantv), Coro Infantil Venezuela, junta parroquial de La Candelaria, comerciantes y vecinos de los sectores aledaños a la referida plaza. Durante el año 2009, las mencionadas actividades llegaron a la cantidad de treinta (30) días de presentaciones. En consecuencia, se brindaron noventa (90) horas de esparcimiento y recreación para la colectividad que visita este sector, a través de la puesta en escena de cien (100) agrupaciones artísticas: musicales, circenses, teatrales, artesanales, fotográficas, estampadores, talleres de pintura, entre otros. No a la Impunidad

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Vale destacar que en el territorio de la parroquia La Candelaria se ubican Cuatro (4) sedes del Ministerio Público, situación que permite al personal de la Institución congregarse en los espacios de la plaza Parque Carabobo y departir con los vecinos los eventos que se realizan, de allí que este lugar se convirtiera en un sitio de referencia socio-cultural en el centro de Caracas. Asimismo, durante el 2009, en el marco de las acciones sociales desarrolladas por la Institución, se ejecutaron, a través de la Coordinación de Gestión Social, noventa y siete (97) actividades de divulgación, con el propósito de dar a conocer las herramientas jurídicas que permitan garantizar el Estado de Derecho y la participación activa del ciudadano. En este sentido, las actividades se desarrollaron para la divulgación de: Proyecto de las fiscalías municipales, Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente; Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; prevención del consumo de drogas; responsabilidad penal del adolescente; violencia de género; deberes y derechos del niño, niña y adolescente; legislación ambiental; riesgo de la tenencia de armas en el hogar; prevención contra el robo, hurto, secuestro y extorsión; entre otros. Para esas actividades divulgativas se contó con el respaldo de autoridades civiles, directores y docentes de distintas unidades educativas, organismos gubernamentales y representantes de consejos comunales de diversas zonas del país. A través de éstas se pudo beneficiar un total de dos mil cuatrocientas setenta y dos (2472) personas, entre ellos, habitantes de las parroquias caraqueñas La Candelaria, La Pastora, Coche, Santa Teresa y Petare; de los seis (6) municipios de Los Valles del Tuy (Cristóbal Rojas, Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, Tomás Lander, Independencia y Paz Castillo), en los cuales tiene competencia la Fiscalía Municipal Primera de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. También estas charlas se dictaron en los municipios Veroes y Carvajal, de las jurisdicciones de Yaracuy y Anzoátegui, respectivamente. Cabe destacar que de las actividades divulgativas antes reseñadas, se ha hecho especial énfasis en informar, promover e impulsar en las distintas comunidades del país el Proyecto de las Fiscalías Municipales. De allí, que sea oportuno destacar el Encuentro Interparroquial realizado en el municipio Sucre del área metropolitana de Caracas, donde asistieron autoridades del Ministerio Público y doscientos cincuenta (250) voceros y voceras de las diferentes comunas, consejos comunales y otros órganos de la comunidad organizada de las parroquias Petare, Leoncio Martínez, la Dolorita y No a la Impunidad

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Caucagüita. El evento se desarrolló con el apoyo de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y tuvo gran aceptación por parte de los participantes, pues se instrumentó una articulación con ese colectivo en procura de la lucha contra la impunidad en esa localidad. El Ministerio Público, a través de las fiscalías superiores, ha desarrollado acciones comunitarias para acercar la Institución a las comunidades y, en ese sentido, se ha beneficiado a una población de cuarenta y cinco mil seiscientas treinta y siete (45.637) personas a escala nacional, de las cuales veintidós mil trescientas siete (22.307) fueron damas y diecinueve mil seiscientos cuatro (19.604) caballeros. Para ello, se ha logrado la diversificación de las actividades comunitarias, sobre todo en la incorporación del enfoque psico-social de las mismas, con la instauración de las noveles áreas psico-sociales de las unidades de atención a la víctima, que ha conllevado a nuevas formas de expresión y comunicación del mensaje institucional, del empoderamiento de derechos, de la promoción de la denuncia y la prevención de la victimización asociada al delito. Para ello se han llevado a cabo cines foros, obras de teatro, actividades ambientales, conversatorios, muestras de carteleras alusivas, participación y organización de operativos sociales, actividades de acción social y cultural. Adicionalmente, la Dirección de Fiscalías Superiores participó en ocho (8) operativos sociales realizados en las principales barriadas caraqueñas, donde se atendió un total de doscientas treinta y siete (237) personas, a quienes se les brindó orientación jurídica y psico-social. Por otra parte, el Ministerio Público, como parte del Poder Ciudadano, participó activamente en distintas actividades programadas por el órgano de expresión de esta instancia, el Consejo Moral Republicano. En ese sentido, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, interesada en que se realicen en las escuelas actividades de sensibilización dirigidas a maestros, estudiantes y a la comunidad, coadyuvó para que se efectuarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, Talleres de Capacitación a Docentes Multiplicadores y de Sensibilización en Valores Ciudadanos. Estos talleres orientados a comunidades organizadas y consejos comunales de los Valles del Tuy, se efectuaron gracias al apoyo de los docentes promotores de la Coordinación de Educación del Consejo Moral Republicano y al personal de la Fiscalía Municipal Primera del estado Miranda. No a la Impunidad

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Actividades

Fecha

Taller de Sensibilización a los directores de planteles

23/10/2009

Taller de Sensibilización en Valores Ciudadanos a comunidades organizadas y consejos comunales del municipio Paz Castillo del estado Miranda. Taller de Capacitación a docentes multiplicadores

05/12/2009.

Taller de Sensibilización a comunidades organizadas Encuentros de sensibilización con mujeres.

12/11/2009

10 y 11/11/2009.

8,9 y 10/11/2009.

Comentarios

Se llevó a cabo en el municipio Paz Castillo, en Santa Lucía, y permitió sensibilizar a los directores de planteles, quienes seleccionaron a los docentes multiplicadores. Se dictó a treinta y ocho (38) interesados y miembros de consejos comunales de Santa Lucía.

Estuvo dirigido a capacitar treinta y siete (37) docentes del municipio Paz Castillo y se entregaron valijas didácticas del proyecto “Formación Ciudadana y Rescate de Valores”. Se dictó en el municipio Bolívar, en Yare, estado Miranda, a 28 miembros de 12 consejos comunales. Efectuados en los municipios Paz Castillo y Cristóbal Rojas del estado Miranda.

Asimismo, la Fiscal General asistió a trece (13) sesiones ordinarias del Consejo Moral Republicano, órgano del que hace parte el Ministerio Público como parte del Poder Ciudadano, en las cuales se trataron temas de interés para la República. Atención al Ciudadano El Ministerio Público fortaleció sus servicios de atención a los venezolanos a través del inicio de operaciones de tres (3) nuevas Oficinas de Atención al Ciudadano, las cuales están ubicadas en los estados Barinas, Bolívar (Primer circuito judicial) y Sucre (Segundo circuito judicial). Con la puesta en marcha de estas dependencias, se genera el acceso a información y orientación precisa y oportuna a los habitantes de estas localidades sobre los procedimientos y competencias de los diferentes órganos del Sistema de Justicia y demás instituciones del Estado venezolano. De igual manera, en pro de diversificar las especialidades profesionales de información y orientación a los usuarios de la Oficina de Atención al Ciudadano del área Metropolitana de Caracas, fue incorporada al staff profesional que labora en esta dependencia una (1) licenciada en trabajo social. No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

En cuanto a la cantidad de personas atendidas por este importante servicio, en este año fueron orientadas a escala nacional un total de noventa mil cuatrocientos setenta y cuatro (90.474) personas. Unidades de Atención a la Víctima Se prosiguió la buena marcha de las Unidades de Atención a la Víctima, las cuales reforzaron su capacidad de trabajo con el establecimiento de las Oficinas de Atención al Ciudadano y la incorporación de las áreas psicosociales para una mayor ayuda especializada al público víctima, testigo u otro sujeto procesal que requiera asistencia integral sistémica, orientación o protección, en este último caso en el supuesto de estar en situación de riesgo por su participación en el proceso penal. Desde el mes de agosto de 2009, comenzó la reestructuración de estos servicios en el Área Metropolitana de Caracas, para lo cual hemos volcado nuestros esfuerzos a fin de servir con calidad y rapidez a los venezolanos. En ese sentido, se dio inicio a la implementación de la propuesta de agilización de trámites de la Unidad de Atención a la Victima y la Oficina de Atención al Ciudadano, como uno de los proyectos de mayor envergadura. En cuanto al universo de sujetos procesales que fueron atendidos a escala nacional por las Unidades de Atención a la Víctima, la cifra alcanza un total de setenta y un mil cuatrocientas siete (71.407) personas. Es oportuno recordar que el Ministerio Público en el año de 1999, como consecuencia de la promulgación de Ley Orgánica del Ministerio Público (1998) y del Código Orgánico Procesal Penal, institucionalizó las Unidades de Atención a la Víctima. La primera en crearse fue la ubicada en Caracas, que está conformada por dos áreas de trabajo profesional dirigidas a atender: el área legal y el área psico-social. Esta última, en 1999, se instauró bajo un modelo piloto y experimental, que permitió aplicar los noveles métodos de la desvictimización con el objeto de la recuperación bio-psico-social de la víctima, o bien del testigo o de otros sujetos procesales, cuando éstos se encuentren o puedan estar en situación de riesgo por su participación en el proceso penal. Desde entonces, no obstante tras establecerse unidades de atención a la víctima en los circuitos judiciales del país, sólo se contaba con un área psicosocial en Caracas. No a la Impunidad

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La atención y la recuperación bio-psico-social de la víctima, extensible a testigos u otros sujetos en situación de riesgo por su participación en el proceso penal, es una obligación imperativa de carácter internacional y nacional. Es así, que desde la proclama de la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder”, contenida en la Resolución Nº 40/34 del 29 de noviembre de 1985, emanada de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se iniciaron los compromisos de la comunidad de las naciones del orbe a fin de ofrecer estos programas en sus respectivos países. Se hizo hincapié en que la asistencia debía extenderse a los ámbitos de lo material, así como de lo médico, lo psicológico y lo social (bio-psicosocial). En consecuencia, se originó una profusa cantidad de instrumentos internacionales, todos suscritos por nuestra República, que han dispuesto con similar interés la asistencia a víctimas en estos ramos de desempeño como parte del derecho a la rehabilitación de las víctimas. Y es que las áreas psicosociales de las Unidades de Atención a la Víctima están destinadas a contribuir en la reconstrucción bio-psico-social de la identidad y dignidad de los ciudadanos, a fin de garantizar la seguridad vital de las víctimas, testigos o demás sujetos procesales en condición de riesgo. A través de la facilitación de su estabilidad, mediante el cumplimiento de las acciones de protección y del despliegue creativo de los recursos propios de la persona (individuales, familiares y comunitarios) y la activación de los vínculos y soportes sociales e institucionales, con el objeto de afianzar las bases de seguridad existenciales en la inserción social y garantizar desde el ámbito bio-psico-social la participación en el proceso de la víctima, testigo y demás sujetos procesales. La articulación y colaboración interinstitucional es fundamental para la asistencia de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Tal objetivo se intensifica a través de la conformación y mantenimiento de la red y subredes regionales de enlace y apoyo. A tal efecto, durante el 2009, se fortaleció la atención psico-social de las víctimas, tras iniciar operaciones las áreas psicosociales en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Guárico, Miranda, Monagas, Sucre (Primer Circuito Judicial), Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Con este número, la cifra aumenta a catorce (14) las áreas psico-sociales de las Unidades de Atención a la Víctima. Es de significar que el proceso de instauración de éstas áreas de trabajo se inició durante el primer semestre del 2009 con el Área Psicosocial de la No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Unidad de Atención a la Víctima del estado Miranda, luego se continuó, en forma paulatina, con las demás áreas psicosociales, hasta llegar a la última, en Carabobo, la cual comenzó labores en noviembre de 2009. A partir de este reimpulso se ha ampliado el alcance del Ministerio Público en la atención de las víctimas y demás sujetos procesales en situación de riesgo por su participación en el proceso penal. Igualmente se diseñó y desarrolló un trabajo que garantizará la puesta en marcha de nuevas áreas, y el fortalecimiento del área psicosocial de la Unidad de Atención a la Víctima de de Caracas. Durante este año, no obstante el poco tiempo que llevan operando, a escala nacional, han sido atendidas a dos mil seiscientas treinta y dos (2.632) personas, se han practicado novecientos siete (907) abordajes1, se han librado seiscientas seis (606) remisiones y se ha implementado en cada una de las áreas psico-sociales la creación de una sub-red regional bio-psicosocial de enlace y apoyo con otras instituciones para la atención integral sistémica de las víctimas. Hasta la fecha de cierre del presente informe, se han incorporado seiscientos ochenta y un (681) organismos a dichas subredes y se han concertado un mil novecientas sesenta (1.960) alianzas individualizadas como servicios específicos a prestar a las víctimas u otras personas que les refieran las o los profesionales que laboran en estas áreas. Medidas de Protección para víctimas de delitos, testigos y demás sujetos procesales penales El Ministerio Público en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Ley Orgánica de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, ha tenido durante este año 2009 una fructífera labor en pro y beneficio de las víctimas de delito, testigos y demás sujetos procesales en situación de riesgo por su participación en el proceso penal; al efecto, se han tramitado a escala nacional un total de tres mil ciento noventa (3.190) medidas de protección, de las cuales se han acordado dos mil seiscientas cuarenta y cuatro (2.644). 1

Expresión clínica victimológica del tratamiento de desvictimización y atención integral de la persona en lo bio-psico-social, con especial atención en aquellas personas beneficiarias de medidas de protección y las víctimas especialmente vulnerables, como son los ancianos, personas con discapacidad y las víctimas de delitos cruentos como los delitos sexuales, de violencia de género, secuestro y otros similares. No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Los beneficiarios de medidas de protección han contado igualmente con asistencia integral sistémica en lo legal y bio-psico-social, la cual se les ofrece de manera preeminente, lo que ha permitido que se cumpla con la normativa interna al respecto, así como honrar los compromisos de la República sobre esta materia. En Asuntos Internacionales el Ministerio Público recibió trescientos noventa y cinco (395) solicitudes de asesorías en esta materia, las cuales se refieren a aquellas solicitudes que pueden a ser activas o pasivas. En el caso de las primeras, son las que efectúa el Estado venezolano a su par extranjero, siempre que entre ambos exista un convenio bilateral o multilateral y en las que se requieren elementos probatorios para una investigación que se lleva en nuestro Ministerio Público. Mientras las segundas se refieren al requerimiento que hace un Estado extranjero a su par venezolano y, de igual manera, sirven de elementos probatorios necesarios en una investigación penal que cursa en la nación requirente. Solicitudes internacionales atendidas por el Ministerio Público Año 2009 Descripción de actuaciones Solicitudes de asesorías en materia internacional Solicitudes de cartas rogatorias/asistencia mutua en Materia Penal Solicitudes en materia penal internacional Solicitudes de opinión sobre proyectos de acuerdos e instrumentos internacionales y de asistencia mutua en materia penal Solicitudes de extradiciones activas o pasivas y solicitudes de detención preventiva con fines de extradición Totales

TOTAL

%

22

5,57

242

61,27

82

20,76

27

6,84

22

5,57

395

100

Fuente: Dirección General de Apoyo Jurídico

Es importante resaltar que estas actuaciones se realizan en atención a la competencia atribuida al Ministerio Público como autoridad central en materia de asistencia mutua penal, en el establecimiento y administración de No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

mecanismos recíprocos de cooperación internacional, los cuales permiten reforzar la acción de la justicia, principalmente en lo relativo al intercambio de pruebas e información entre el Ministerio Público y otros estados u organismos internacionales. Particularmente, se destaca lo relativo a las cartas rogatorias y las solicitudes de asistencia mutua en materia penal, las cuales constituyen requerimientos efectuados por la autoridad competente de un Estado, dirigidos a una autoridad extranjera, en las que se requiere la práctica de alguna diligencia, la obtención de documentos, datos, declaraciones o cualquier otro medio probatorio para sustanciar una investigación penal en el Estado requerido, conforme con la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias sobre Asistencia Mutua en materia penal suscritas por el Estado venezolano y demás instrumentos jurídicos bilaterales vigentes. Por otra parte, la Fiscal General de la República representó al Ministerio Público en diversos encuentros internacionales, entre ellos: Asistencia al Foro “Estudios de eficientes mecanismos jurídicos para hacer frente a crímenes de guerra y genocidios en los territorios ocupados”, celebrado, entre el 21 y 22 de abril de 2009, en Teherán. La invitación fue extendida por el Fiscal de Teherán y Secretario de la Conferencia, Saeid Mortazavi.  Asistencia a la Reunión Preparatoria correspondiente a la VIII Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y estados Asociados, efectuada en Montevideo, República Oriental del Uruguay, entre el 08 y 09 de octubre de 2009. Vale destacar que esta nueva instancia ha permitido crear un ámbito de interrelaciones institucionales y la creación de escenarios para seguir trabajando en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y toda aquella criminalidad que, en general, afecta a los estados partes y asociados. El Ministerio Público venezolano propuso presentar una metodología que permitiera entregar productos con mayor rapidez y realizar seguimiento y control de los avances. Asistencia a la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, celebrada el 06 de noviembre de 2009, donde se trataron los siguientes aspectos: Posibilidades de capacitación de los Ministerios Públicos del Mercosur a través del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem); La Secretaría No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Técnica Permanente presentó los avances de los grupos de trabajo especializado sobre: Crimen Organizado y de Derechos Humanos. Además, se aprobaron las propuestas sobre la presentación de los adelantos ante la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiaamp) y la realización del documento de buenas prácticas en materia de restitución internacional de vehículos hurtados. 

Por instrucciones de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, asistió la directora del Despacho, Gioconda González, a la XVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), realizada en La Antigua, Guatemala, durante el 23 y 24 de noviembre de 2009, con la finalidad de entregar el Informe de nuestra Fiscal General, como Directora del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, en el año 2009. Es importante destacar que en esta Asamblea se acordó ratificarla como Directora para un nuevo período.

Asesoría en el área Técnico Científica e Investigación Criminal Durante el año 2009, a escala nacional, se brindó apoyo a los fiscales del Ministerio Público en materia de criminalística e investigación criminal, para una debida tramitación de los casos. Tal labor se efectuó a través de asesorías presenciales, telefónicas, así como mediante la participación en los procesos penales, como consultores técnicos, del personal profesional de la Dirección de Asesoría Técnico Científico e Investigaciones. Actuaciones practicadas por la Dirección y sus Siete (07) unidades regionales Enero-diciembre 2009

Región Central Centro – Occidental Guayana Los Andes

Solicitudes atendidas Participación Solicitudes Informes Asesorías como recibidas de presenciales consultores Asesorías y telefónicas técnicos 178 11 143 15 179 60 66 9 250 72 173 0 247 110 119 10

No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Región Los Llanos Nor-oriental Zulia- Falcón Capital Totales:

Solicitudes atendidas Participación Solicitudes Informes Asesorías como recibidas de presenciales consultores Asesorías y telefónicas técnicos 239 119 83 0 472 100 335 37 282 0 279 0 508 205 264 4 2355

677

1462

75

Fuente: Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones

Como parte de las acciones de integración con los órganos del Sistema de Justicia y mediante la Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones conjuntamente con sus Unidades de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones Regionales, se prestó apoyo a los despachos fiscales en la obtención de aquellas diligencias en las cuales el representante del Ministerio Público ha agotado los canales regulares para recabar las resultas. A través de la designación de funcionarios como enlace con organismos públicos y privados a escala nacional, especialmente con las empresas de telefonía ( ANTV, Movilnet, Movistar y Digitel); laboratorios del Cicpc y la Guardia Nacional; hospitales públicos y clínicas privadas; el Consejo Nacional Electoral y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, se logró obtener los resultados de información requerida a dichas instancias, lo cual ha permitido atender con prontitud requerimientos de los despachos fiscales. Coordinación con otras instituciones públicas y privadas Año 2009 Región Central Centro – Occidental Guayana Los Andes Los Llanos Nor-oriental Zulia- Falcón Capital Totales:

Recibidas 51 17 37 12 20 39 8 330

Atendidas 51 17 24 3 20 38 8 295

514

456

Fuente: Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones

No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Durante el año 2009, se coordinó la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Universitario de Policía Científica (Iupolc), para la formación y capacitación de expertos de la Unidad Criminalística del Ministerio Público contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, quienes brindarán apoyo a los fiscales del Ministerio Público en la instrucción de los procesos penales iniciados con ocasión a la perpetración de delitos de homicidio, desaparición forzada de personas, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, lesiones y abusos contra detenidos, en los que se presuma la participación de funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo. Se incrementó el número de asesorías conferidas a los fiscales del Ministerio Público, lo cual ha redundado, directa y positivamente, en el descongestionamiento de causas asignadas a los despachos fiscales. Como parte del apoyo interinstitucional se capacitó a funcionarios de nuestra Institución y de otros organismos de investigación penal y de administración de justicia en el ámbito nacional. A través de distintas estrategias de aprendizaje, se busca dotar a los participantes de conocimientos actualizados sobre las áreas de las ciencias forenses, criminalística e investigación criminal. Fueron capacitados dos mil ochocientos diez (2.810) funcionarios. De igual manera, se dictaron charlas informativas a cuatrocientos cincuenta y siete (457) funcionarios, con la finalidad de actualizar a los participantes sobre las nuevas tendencias en las ciencias forenses, criminalísticas e investigación criminal. Actividades de capacitación en materia criminalística Año 2009

Actividad de capacitación Importancia de la Fotografía en la Inspección Técnica y en la Accidentología Vial Primer Curso de Criminalística para Personal Preseleccionado de la Policía del estado Trujillo, “Ascenso 2009” Inducción a la Planilla de Registro de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas Criminalística de Campo “Escena del Crimen” “Redacción de Actas Policiales y Cadena de Custodia” “III Terceras Jornadas Nacionales de los Tribunales Disciplinarios Dr. Jack Castro Rodríguez” “Internet y Ejercicio Médico”

Sexo Masculino Femenino

Entidad Federal Aragua

30

07

Trujillo

81

06

467

128

40 25

11 05

78

42

Distrito Capital, Bolívar y Amazonas Distrito Capital Anzoátegui Miranda

No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Actividad de capacitación “II Curso de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos” “I Jornadas de Criminalística” Órganos de Administración de Justicia Militar y Penal Ordinario Seminario sobre Derecho Penal y los Principios Básicos de la Criminalística Prevención Delitos de Robo, Hurto y Secuestro La Criminalística. El Sitio del Suceso. Balística Identificativa y Trayectoria Balística Inspección Técnica Medicina Forense Laboratorio Biológico Investigación de Accidentes de Tránsito Balística Forense Violencia de Género: Prevenir, No Callar Investigaciones en Accidentes de Tránsito, Desarrollo de Técnicas en Laboratorio Biológico e Inspección Técnica en el Sitio del Suceso

Actividad de capacitación Técnicas de Investigación Criminal y Auxiliares del Laboratorio de la Guardia Nacional Bolivariana Importancia y Aplicación de la Cadena de Custodia, Importancia y Aplicación de la Criminalística, La Inspección Técnica y Balística en Criminalística Cadena de Custodia y Resguardo del Sitio del Suceso Investigación en Accidentes de Tránsito, Desarrollo de Técnicas en Laboratorio Biológico e Inspección Técnica en el Sitio del Suceso "Jornadas Académicas XL Aniversario del Ministerio Público", estado Trujillo "Taller Sobre Determinación de Vínculos de Paternidad y Maternidad" Curso Teórico - Práctico de Criminalística de Campo y Escena del Crimen "Curso Básico Sobre Investigación de Siniestros Aeronáuticos"

Sexo Masculino Femenino

Entidad Federal Miranda

28

37

Distrito Capital

212

163

Distrito Capital

285

30

Distrito Capital

18

02

Aragua

68

51

Bolívar Bolívar Bolívar Bolívar Bolívar Miranda

23 18 19 42 30 71

5 16 17 16 10 41

Delta Amacuro

86

28

Sexo Masculino Femenino

Entidad Federal Táchira

38

66

Aragua

59

55

Distrito Capital

27

00

Amazonas

67

11

Trujillo

91

21

Distrito Capital

15

31

Vargas

37

06

Distrito Capital

39

11

1994

816

Total por Género: Fuente: Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones

Total:

2810

No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Actividad de capacitación Charla sobre Sitio del Suceso, Evidencias Físicas, Cadena de Custodia y Actas Policiales Charla sobre Elaboración de Actas Policiales Charla sobre Riesgos de Tenencia de Armas de Fuego en el Hogar Charla sobre la Elaboración de Actas Policiales, requisitos y fundamento legal Charla sobre Allanamiento, Inspección Técnica de Personas y Vehículos Elaboración de Actas Policiales e Importancia de l Registro Policial, Prevención en los Delitos de Robo, Hurto y Secuestro, Resguardo del Sitio del Suceso y Dotación y Requisitos para la Elaboración de la nueva Planilla de Registro de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas. Charla sobre Cadena de Custodia de Evidencias Físicas y Actas Policiales

Sexo Entidad Federal Masculino Femenino Anzoátegui 148 27 Bolívar Distrito Capital Bolívar

Distrito Capital

Monagas

Total por Género:

Contra

34

27

13

19

07

14

09

125

10

357

100

Total General:

Fuente: Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones

Unidades Criminalísticas Fundamentales

24

la

457

Vulneración

de

Derechos

El Ministerio Público tiene la atribución, tanto constitucional como legal, de ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación penal, para lo cual podrá practicar por sí mismo, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales, actividades indagatorias para demostrar la perpetración de hechos punibles. Ahora bien, es evidente que la competencia es más compleja cuando se concatena la mencionada atribución con el tema de los derechos humanos, en el entendido que son éstos la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado y que por tanto implican obligaciones al último, pues es el Estado el responsable de respetar, garantizar o satisfacer los derechos fundamentales. En tal sentido, cabe resaltar que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su preámbulo, se compromete con los No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

derechos humanos. Además, la misma Carta Magna consagra las atribuciones del Ministerio Público, entre ellas, la de garantizar en los procesos judiciales el respeto de los derechos y garantías constitucionales, así como los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República; la de garantizar la celeridad y buena marcha del Sistema de Administración de Justicia, el juicio previo y el debido proceso y; la de intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones. Por lo antes expuesto, esta Institución enmarcada en el Plan Estratégico del Ministerio Público 2008-2014, en la línea estratégica de Agilización de Descongestionamiento de Casos y la Directriz vinculada con el Plan de Fortalecimiento de los Despachos Fiscales, en fecha 23 de diciembre de 2008, mediante Gaceta Oficial Nº 39.086, creó las Unidades Criminalísticas Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Como primera fase se instauraron dos (02) Unidades, una en el área metropolitana de Caracas y la otra en el estado Lara, las cuales se encargarán de imprimir celeridad a las investigaciones penales en fase preparatoria, en casos de homicidios, desaparición forzada de personas, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, lesiones y tortura, en los que se presume la participación de funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones o por razón de su cargo. Es importante resaltar que estas Unidades proveerán a los fiscales del Ministerio Público de los resultados de experticias, actas policiales y los insumos necesarios para la instrucción de las investigaciones penales iniciadas por la comisión de un hecho punible por violación de derechos fundamentales, permitiendo así la agilización y resolución de estos casos. No menos importante es el impacto que esto tendrá en la colectividad, representada por las personas que bien pueden ser parte del proceso; y en caso de no serlo, tendrán la posibilidad de percibir que la justicia va a ser impartida objetivamente y sin retardos. En tal sentido, hay que puntualizar que la creación de las Unidades en referencia, es un logro para esta Institución, pues será durante el mes de marzo de 2010 que sea puesta en marcha la ubicada en Caracas, toda vez que esta última acción implica un proceso complejo de adecuación de espacios físicos y adquisición de recursos técnicos e informáticos, dentro de No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

los cuales destacan, por ejemplo, secuenciador automático de ADN, microscopio SEM de presión variable con cámara extra grande y platina motorizada extendida (Microscopio electrónico de barrido), espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de Fourier, espectrofotómetro de masas con cromatógrafo de gases acoplado, campanas químicas con filtro de gases y vapores orgánicos, microscopio de comparación balística, cajón de disparo balístico, banco de prensa para colocación de armas de disparo de riesgos, microscopio para comparación de apéndices pilosos, lupa estereoscópica, estufa de secado, refrigeradores y freezers para almacenamiento de muestras orgánicas, impresora para levantamiento de planos. Asimismo, se ha llevado a cabo un proceso de selección del recurso Humano especializado, en el que se valoran de manera rigurosa los conocimientos de los aspirantes mediante entrevistas tendentes a detectar aspectos específicos que deben manejar en ciencias como: criminalística, investigación criminal, anatomopatología forense, odontología forense, Antropología Forense, psiquiatría forense, medicina forense, identificación genética (ADN), y especialidades técnicas como: radiología forense, auxiliar de anatomopatología forense (conocidos como auxiliares de autopsia) y enfermería forense. El citado proceso se inició el mes de noviembre de 2009, y dentro de los entrevistados se incluyeron quince (15) técnicos superiores en criminalística y en ciencias policiales, egresados del Instituto Universitario de Policía Científica, todo ello de conformidad en lo previsto en el Convenio de cooperación entre el Ministerio Público, el Cicpc y el Iupolc, para la formación y capacitación de expertos de las Unidades Criminalísticas del Ministerio Público contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.

No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

ÁREA ADMINISTRATIVA Presupuesto Institucional En materia presupuestaria, se jerarquizó la utilización de los créditos presupuestarios, orientándolos hacia la concreción material de las Directrices Estratégicas, enmarcadas en el Plan Estratégico 2008-2014 del Ministerio Público, específicamente en lo relacionado con la agilización de las respuestas oportunas a los venezolanos, y la implementación de los planes direccionados en ese sentido. A tal efecto, se respaldaron presupuestariamente las actividades centradas en la creación y desarrollo de fiscalías municipales así como Unidades de Depuración Inmediata de Casos (UDIC), Unidades de Criminalística, juicios itinerantes, entre otros. Asimismo, se orientaron los recursos para: Desarrollar las actividades relacionadas con el proceso medular y los de apoyo, en función de jerarquizaciones producto del marco restrictivo presente en el entorno económico nacional. Garantizar los créditos presupuestarios de compromisos no causados, de carácter ineludible e impostergable, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. Garantizar el suministro de bienes y servicios a las dependencias del Ministerio Público. Garantizar las erogaciones vinculadas con los beneficios directos e indirectos del capital humano activo y pasivo. El ejercicio fiscal 2009 se inició con un presupuesto que alcanzó el monto de un mil ochenta y un millones ochocientos setenta y tres mil doscientos diecisiete bolívares (Bs.1.081.873.217), luego el mismo presentó una disminución por sesenta y cinco millones doscientos treinta y nueve mil cincuenta bolívares (Bs.65.239.050), es decir 6% del presupuesto original, en atención a las medidas impuestas por el Ejecutivo Nacional en fecha 21 de marzo de 2009, para disminuir el impacto de las crisis económica internacional. Posteriormente, se obtuvo la aprobación de un crédito adicional por la cantidad de veinte millones setecientos ochenta mil seiscientos noventa y siete bolívares (Bs.20.780.697), y, en consecuencia, el instrumento presupuestario se colocó al cierre del ejercicio fiscal en la cantidad de un mil treinta y siete millones cuatrocientos catorce mil ochocientos sesenta y cuatro bolívares (Bs. 1.037.414.864). No a la Impunidad

1

Informe Anual 2009

De los recursos antes mencionados, se causaron novecientos noventa y cinco millones noventa y un mil ochenta (Bs.995.091.080), equivalente a 96%, respecto con el gasto acordado. Éstos van dirigidos a dar cumplimiento a las metas y volúmenes de trabajo de las actividades requeridas por las diferentes unidades ejecutoras locales y administradoras. Se elaboró el anteproyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2010, por la cantidad de dos mil seiscientos tres millones cuatrocientos sesenta y tres mil ciento ochenta y seis bolívares (Bs.2.603.463.186). Sin embargo, según (GOE Nº 5.946 del 15/12/2009), se aprobó la cantidad de un mil veintitrés millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y un bolívares (Bs.1.023.545.941) el 15/12/2009, de los cuales el 51% están dirigidos a las acciones centralizadas y el 49% a la ejecución de los proyectos institucionales.

Modernización y mantenimiento tecnológico En procura de aprovechar al máximo las oportunidades de fortalecer los procesos institucionales mediante la implementación de tecnología avanzada que agilice y garantice el manejo preciso y exacto de la información, se han desarrollado acciones en el marco del Proyecto de Modernización y Mantenimiento Tecnológico, con el fin de ofrecer mayor calidad en la respuesta a los venezolanos. De esta manera, se ha provisto de herramientas tecnológicas a diferentes dependencias, las cuales facilitan el procesamiento de la información que ingresa al Ministerio Público, así como a sus despachos fiscales. En ese sentido, se logró colocar en funcionamiento el Sistema de Seguimiento de Casos, el Sistema de Evaluación y se diseñaron dos (2) prototipos de sistemas web. El sistema de Seguimiento de Casos está dirigido a satisfacer las necesidades que presentan las representaciones fiscales en el seguimiento de las causas que son recibidas en los despachos y dependencias designadas para tal fin. Se instaló en fase de prueba en seis (6) despachos fiscales con competencia en Delitos Comunes del área metropolitana de Caracas, los cuales se mencionan a continuación: o o o o o

Fiscalía Sexagésima Primera Fiscalía Cuadragésima Primera Fiscalía Tercera Fiscalía Décima Quinta Fiscalía Trigésima Quinta No a la Impunidad

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Informe Anual 2009

Las pruebas realizadas arrojaron gran capacidad de control y seguimiento de casos a través del sistema automatizado, lo que permitió a los fiscales capacidad de respuesta y monitoreo de las causas. En este orden de ideas, se implementó el sistema en ciento sesenta y nueve (169) de estas dependencias, discriminados de la siguiente manera: trece (13) en Barinas, ciento dos (102) en el Distrito Capital, ocho (8) en Guárico, ocho (8) en Miranda, 16 en Yaracuy y veintidós (22) en Zulia, lo que equivale al 24.5% de los despachos existentes en el Ministerio Público. Implementación del Sistema de Seguimiento de Casos por entidad federal Año 2009 Sede

N° de Despachos Fiscales

Barinas

Sede Operativa Barinas

13

Distrito Capital

Sede Operativa Animas

102

Guárico

Sede Operativa San Juan de los Morros

8

Miranda

Sede Operativa Los Teques

8

Yaracuy

Sede Operativa San Felipe

16

Zulia

Sede Operativa Maracaibo

22

Estado

Fuente: Dirección de Tecnología, 19/11/2009

Implementación del Sistema de Seguimiento de Casos por Estado Año 2009 120 102

100 80 60 40 20 0

13

Barinas

8

Distrito Capital

Guárico

8

Miranda

16

Yaracuy

22

Zulia

Fuente: Dirección de Tecnología

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Del mismo modo y con la finalidad de brindar el apoyo tecnológico correspondiente a las unidades que conforman el Ministerio Público a escala nacional, durante el presente ejercicio fiscal se diseñó e implementaron los siguientes programas: Sistema de captura de datos y proceso para la Evaluación del Personal del Ministerio Público, con el objetivo de proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo sus funciones, a fin de establecer estrategias para la solución de problemas, motivar a los trabajadores y fomentar su desarrollo personal y profesional. Sistema de captura de datos y proceso para el Plan Vacacional de los hijos de los trabajadores del Ministerio Público, a fin de realizar su inscripción a través de la Intranet de la Institución, acción que incide en la optimización y agilidad de los trámites realizados. Se inició el proceso de automatización de la Unidad de Atención a la Victima (UAV) del área metropolitana de Caracas. Esta aplicación consta de tres módulos (audiencia, medidas de protección y área psicosocial), de los cuales el módulo de audiencia se encuentra en funcionamiento en este momento. Por otra parte, con el propósito de contar con una plataforma tecnológica actualizada, se sustituyeron ciento cincuenta y cinco (155) equipos de computación, de los cuales doce (12) de ellos fueron asignados al estado Barinas y ciento cuarenta y tres (143) al área metropolitana de Caracas. Asimismo con el propósito de mantener la plataforma tecnológica adecuada con el desarrollo de las funciones efectuadas por el Ministerio Publico, se llevó a cabo la adquisición de doscientas (200) memorias RAM, doscientos (200) discos duros, cien (100) monitores, cien (100) mouse, cien (100) fuentes de poder, a fin de prolongar la vida útil y garantizar la operatividad de los equipos que se encuentran fuera de garantía, al sustituir las partes y piezas de los equipos de computación que se deterioran por el paso del tiempo. Con la finalidad de disponer de sistemas de comunicaciones ágiles, rápidos y confiables entre las sedes y facilitar la centralización de la información de los casos llevados por el Ministerio Público, se construyeron:

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Ciento treinta (130) redes de acceso, las cuales se encargan de realizar el trayecto final de las redes de datos que unen a los despachos fiscales con el centro de datos regionales, en los estados Barinas, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Yaracuy, Zulia y en el Distrito Capital, según se detalla en el siguiente cuadro: Interconexión de despachos fiscales por entidades federales Año 2009 Entidad federal Barinas Distrito Capital

Falcón Guárico Mérida

Miranda Nueva Esparta Táchira Yaracuy Zulia Fuente: Dirección de Tecnología

Sede

N° de Despachos fiscales

Sede Operativa Barinas Sede Operativa Animas

12

Sede Fiscalía Municipal de la Urbina

1

Sede Fiscalía Municipal de Propatria

1

Sede Operativa Coro

17

Sede Operativa Punto Fijo

3

Sede Operativa San Juan de los Morros Sede Operativa Mérida

10 12

Edificio Pulido

4

Sede Operativa Los Teques

11

Sede Operativa Guarenas

6

Sede Operativa Cúa

1

Sede Operativa Porlamar

12

Sede Operativa San Cristóbal

13

Sede Operativa San Felipe

8

Edificio Sermary Sede Operativa Cabimas

9

TOTAL

1

9 130

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Redes de Acceso 18

17

16 14

13 12

12

12

12

11 10

10

9

9

8

8 6 6 4

4 2

3 1

1

0 Sede Operativa Barinas

Sede Operativa Punto Fijo

Sede Operativa Guarenas

Edificio Sermary

Sede Operativa San Juan de los Morros N° de Despachos Fiscales

Sede Operativa Animas

Sede Operativa Porlamar

Sede Operativa Coro

Fuente: Dirección de Tecnología

Creación de once (11) redes de distribución (la red de distribución se denomina al trayecto intermedio de la red de datos que une los centros de datos regionales con los centro de datos de dos de las principales sedes del Ministerio Público, ubicadas en el área metropolitana de Caracas), en los estados Barinas (Sede Operativa Barinas), Falcón (Sede Operativa Coro), Guárico (Sede Operativa San Juan de los Morros), Mérida (Edificio Pulido), Miranda (Sede Operativa Los Teques y Cúa),Nueva Esparta (Sede Operativa Porlamar), Yaracuy (Sede Operativa San Felipe y Edificio Sermary), Zulia (Sede Operativa Cabimas) y el Distrito Capital (Sede Operativa de Animas, Fiscalía Municipal de La Urbina y Fiscalía Municipal de Propatria).

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Redes de Distribución creadas por entidad federal Año 2009 Estado Barinas

N° de Despachos fiscales

Sede Sede Operativa Barinas Sede Operativa Animas

1

Distrito Capital Falcón

Sede Operativa Coro

1

Guárico

Sede Operativa San Juan de los Morros Edificio Pulido

1 1

Sede Operativa Los Teques

1

Sede Operativa Cúa

1

Sede Operativa Porlamar

1

Sede Operativa San Felipe

1

Edificio Sermary Sede Operativa Cabimas

1

Mérida Miranda Nueva Esparta Yaracuy Zulia Total:

Fuente: Dirección de Tecnología

1

1 11

Del mismo modo, se concluyó el trabajo de cableado estructurado de las sedes ubicadas en los estados Vargas y Carabobo, lo que permitirá facilitar la creación de futuras redes de datos en los inmuebles antes mencionados. Formación y Capacitación El Ministerio Público consciente de la dinámica jurídica en nuestro país y la necesidad de contar con profesionales capacitados para la atención de los requerimientos de los ciudadanos en las materias que le ocupan, proclamó a partir del año 2009 la “Gestión de las Luces”, con el propósito de orientar los esfuerzos institucionales hacia la formación académica, así como el reforzamiento en la unificación de criterios por parte de los funcionarios que integran este Organismo. Ante esta necesidad, se desarrolló un Programa de Formación y Capacitación, cuyo objetivo se orientó a fortalecer a los funcionarios en el ejercicio de sus labores en pro de optimizar la atención de los casos, de conformidad con las normas jurídicas, las exigencias del Sistema de Justicia y la dinámica social e institucional.

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Este proyecto se ejecutó en dos grandes componentes, el primero de ellos fue la “Formación Técnico –Jurídica”, cuyo objeto es formar profesionales del derecho, aspirantes al “Programa de Formación para el Ingreso a la Carrera Fiscal”, así como capacitar y actualizar en materia jurídica al personal que se desempeña en las áreas legales de la Institución. En el año 2009, se desarrolló, bajo la dirección de la Escuela Nacional de Fiscales, la culminación satisfactoria del II Modulo del Programa de Formación para el Ingreso a la Carrera Fiscal, por parte de noventa y nueve (99) Aspirantes, y el inicio al III Modulo, a fin de luego continuar con el IV Módulo y pasantías del Programa, a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2010. En relación con la actualización profesional, se desarrollaron veintitrés (23) actividades académicas en las siguientes áreas de estudio: Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Protección integral de la familia, Protección y Defensa Integral del Ambiente, Contra la Corrupción, Constitucional y Contencioso Administrativo, Criminalística y desarrollo profesional y humano. A través de éstas se fortalece la actuación de cuatro mil novecientos noventa (4.990) funcionarios pertenecientes a los siguientes órganos e instituciones: cuatro mil ochocientos nueve (4.809) funcionarios del Ministerio Público; ciento sesenta y nueve (169) del Sistema de Justicia y otros entes públicos y doce (12) de los órganos de investigaciones penales. Adicionalmente, se postularon funcionarios de la Institución para participar en las actividades académicas realizadas en el exterior, tales como: XXV Curso de Especialización en Derecho, realizado del 12 al 29 de enero, en Salamanca, Reino de España, donde asistieron diez (10) funcionarios del Ministerio Público, con la finalidad de fortalecer su desempeño diario en los procesos penales, mediante la actualización de conocimientos especializados en materia de derecho penal, constitucional y crimen organizado, lo que en definitiva repercute en forma positiva en el crecimiento profesional de nuestro recurso humano y en el logro efectivo de nuestras metas institucionales. Programa Extraordinario de Formación sobre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, realizado en República Dominicana. Taller Mujer y Justicia de Iberoamérica, realizado en Madrid, Reino de España. Curso de “Formación de Formadores”, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana. Evento “Intervención de los Ministerios Públicos en la Ejecución de las Penas, Medidas de Seguridad, Vigilancia y Control. Especial No a la Impunidad

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referencia a los Delitos contra la Libertad Sexual”, celebrado en Montevideo, República Oriental de Uruguay. Cabe resaltar el desarrollo conjunto con la Universidad Católica Santa Rosa de actividades académicas, orientadas a fortalecer la formación y capacitación de los fiscales, abogados adjuntos y profesionales de las diversas áreas que conforman el Ministerio Público, entre ellos: Diplomado sobre Derecho Procesal Penal, a escala nacional, con la participación de trescientos veinticinco (325) funcionarios (en ejecución en el Distrito Capital y en los estados Zulia, Carabobo, Anzoátegui y Bolívar). Diplomado sobre Componente Docente, área metropolitana de Caracas, con la participación de veinticinco (25) funcionarios a capacitar (en ejecución). Diplomado “Presupuesto Público y Control de Gestión”, donde participaron veinticinco (25) funcionarios de la Institución. Asimismo, durante el 2009, se establecieron importantes convenios a fin de contribuir a la formación y capacitación de los funcionarios, así como para el fortalecimiento de las instituciones involucradas: Convenio marco de cooperación entre el Ministerio Público y la Fundación para la Investigación de las Ciencias Policiales (Fuicip), para la enseñanza científica, tecnológica, de investigación técnico policial y jurídica, con el propósito de contribuir a la formación de fiscales de la Institución y funcionarios activos del Cicpc. A través de este convenio se estimula la creación de espacios educativos conjuntos y el aprovechamiento de los programas de formación existentes en el Iupolc y en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, los cuales están destinados al mejoramiento de las capacidades profesionales de estos actores del Sistema de Justicia, situación que redundará en el logro de mayor eficacia en los procesos de investigación penal y, por ende, en el reforzamiento teórico-práctico en las áreas de conocimiento jurídico y criminalístico, que propendan en beneficio del desarrollo del proceso penal en sus diversas fases, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano. Actualmente, y en ejecución hasta el 2010, se desarrolla el Diplomado sobre “La Criminalística en el Proceso Penal Venezolano, en el que se capacitan en el área metropolitana de Caracas, a treinta (30) funcionarios

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Convenio marco de Cooperación Integral Interinstitucional entre el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), el cual tiene por objeto sentar las bases orientadas a establecer una alianza estratégica, sustentada en el principio constitucional de la cooperación institucional para el logro de los fines del Estado. En éste se privilegiará la contribución con el fortalecimiento institucional, a través de la realización permanente de conferencias, talleres, reuniones, seminarios de carácter social, educativo, científico, humanístico y técnico sobre temas, en cualquier ámbito, que resulten de interés para ambas instituciones y el país. Asimismo, se formularán y ejecutarán proyectos en áreas de interés mutuo para el país, cuyo resultado sea compartido por ambos organismos y cualquier otra organización del Estado venezolano, inclusive movimientos sociales u otras organizaciones del poder popular. En este mismo orden, se desarrollaron conjuntamente con otras instituciones las siguientes actividades de capacitación: Fiscalía General Militar, “Segundo Seminario de Criminalística y el Proceso Penal”, celebrado, los días 22 y 23 de abril de 2009, en el Complejo Cultural Simón Bolívar, Fuerte Tiuna, Distrito Capital, donde participaron trescientos setenta y cinco (375) funcionarios adscritos a los órganos de administración de justicia militar y penal ordinario. De esta forma, se apoya la labor de la Dirección General de la Defensa Pública Militar en los temas: La cadena de custodia de evidencias físicas. Fue dictado por investigadores criminalistas de esta Institución. Jornadas Educativas sobre los “Derechos Humanos en el Metro de Caracas”, que contó con la participación de trescientos (300) participantes, pertenecientes al personal de seguridad de ese medio de transporte. Primeras Jornadas Intensivas sobre el Acto de Imputación en la Investigación Penal, dirigido a la Fiscalía Militar. Fue realizado en el área metropolitana de Caracas, donde participaron cincuenta (50) fiscales militares. Taller de Elaboración de Actas Policiales, dirigido a los cuerpos policiales estadales y municipales a escala nacional. Contó con la asistencia de tres mil cincuenta y tres (3053) participantes. Taller de Derechos Humanos, dirigido a Delegados de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Comandancia General de la Aviación. Fue realizado en Maracay, estado Aragua, donde asistieron 35 participantes. No a la Impunidad

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Taller "La Información Periodística en el Marco del Proceso Penal Venezolano", dirigido a profesionales de los medios de comunicación en general. Fue realizado en el área metropolitana de Caracas, donde asistieron treinta y siete (37) participantes. Módulo "Policía y Justicia Penal", en el marco del Programa de Formación de los Aspirantes a Ingresar a la Policía Nacional, realizado en el área metropolitana de Caracas, donde se formaron un mil cincuenta y ocho (1058) aspirantes. Es importante destacar que entre el 5 de octubre y el 11 de diciembre de 2009, el Ministerio Público participó en la formación de los aspirantes a ingresar al cuerpo de Policía Nacional, a través de un grupo de dieciocho (18) fiscales del Ministerio Público, quienes fueron los encargados de dictar el Modulo “Policía y Justicia Penal“. Dicho Programa proporcionó a los aspirantes a ingresar al cuerpo de la Policía Nacional, un conjunto de herramientas teóricas conceptuales y prácticas que le permitieron, mediante un proceso de reentrenamiento, repasar y actualizar conocimientos y, a la vez, generar actitudes favorables, las cuales les contribuyen a comprender la trascendencia del rol de su actuación como policía, en el proceso de la justicia penal. Este programa se estructuró con base en unos contenidos que hacen especial énfasis en elementos de carácter teóricos de la justicia, del rol de la policía y los elementos de los cuales se conforman las distintas fases de proceso penal (acta policial, procedimientos policiales, sitio del suceso, cadena de custodia, intervención de los funcionarios policiales en las fases de investigación y de juicio oral). Se busco generar un proceso de reflexión en los aspirantes a ingresar al Cuerpo de Policía Nacional, a modo de aumentar sus niveles de conciencia respecto con la responsabilidad que comporta el ejercicio de la función policial, mediante el desarrollo de lineamientos jurídicos y procedimentales que se enmarcan en la Constitución y en la normativa legal, para así fortalecer su actuación como futuros miembros de este cuerpo policial. Para el Ministerio Público orientar a los representantes fiscales en las materias de criminalística y de investigación es fundamental, pues es evidente que en la medida de que éstos posean nuevos conocimiento sobre estas áreas, adquieren elementos de gran valor para la evaluación, comprensión, representación y presentación de los casos que ingresan a la Institución. Y es que el investigador criminalista está en la capacidad de asesorar a los fiscales sobre las solicitudes y práctica de diligencias y experticias que procuren el esclarecimiento de un hecho punible, así como también, brindarles apoyo al actuar como consultores técnicos en las fases del proceso penal. No a la Impunidad

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En ese sentido, en aras de mantener actualizados a los investigadores criminalistas en las distintas áreas de especialización, se participó en el curso internacional “Certificación en Mapeado Forense”, realizado entre el 23 y 25 de marzo del 2009, en Puerto Vallarta, México, y organizado por las empresas Crashteams y Visual Atatement México. El evento tuvo como objetivo preparar a los participantes en la utilización del Mapeado Forense, a través de instrumentos de precisión para la medición electrónica (estación total) de las dimensiones y características del sitio del suceso, en combinación con un programa de diseño y dibujo computarizado (Vista FX3), es decir, es un procedimiento automatizado para la fijación de la escena del suceso de forma electrónica que combinado con el programa “Vista FX3”, permite la reconstrucción virtual en tres dimensiones (3D) de accidentes de tránsito y escenas de crimen. Asimismo, se participó en el V Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana en Materia de Antropología Forense (ALAF), llevado a cabo en Buenos Aires, Argentina, entre el 26 y 30 de octubre de 2009. En este evento se trataron temas relacionados con los diferentes tópicos de la antropología forense, entre ellos, las técnicas utilizadas en los diferentes países latinoamericanos, la aplicación de la antropología forense en los casos de desapariciones forzadas, masacres, fosas comunes, entre otras, y la utilización del ADN como método complementario en la identificación antropológica. Además, la Fiscal General de la República participó en los siguientes eventos orientados al intercambio de experiencia y formación en distintas áreas de interés jurídico: 

La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, como Presidenta Pro-Tempore del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP) y titular de El Ministerio Público venezolano, fue la anfitriona de La I Jornada de Reflexión “La lucha contra la Impunidad como Garantía de Justicia y Paz para los Pueblos de Iberoamérica”, realizada entre el 10 y 11 de junio de 2009 en Caracas. Durante estos dos días, los fiscales generales, procuradores y ex fiscales generales de Ministerios Públicos de diversos países de Iberoamérica disertaron sobre el tema de la Impunidad desde diversas perspectivas, como elemento adverso a la justicia que genera un profundo impacto social. Y es que en la medida en que las naciones se articulen más, la impunidad se reducirá considerablemente. Igualmente, se abordaron materias tan No a la Impunidad

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importantes como los nuevos métodos de lucha contra la impunidad a través de la participación ciudadana; y la posibilidad de compartir las distintas experiencias de los países iberoamericanos en la dinámica y actuaciones de los Ministerios Públicos frente a la impunidad. 

Palabras de inauguración del I Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, realizado en Caracas los días 29 y 30 de octubre de 2009.



Clase magistral dictada en el marco del programa de directores de la Policía Nacional en la Escuela de Planificación de La Rinconada, realizada el 12 de noviembre de 2009, bajo los auspicios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y el Consejo General de Policía.

El segundo componente del Proyecto de Formación y Capacitación del Recurso Humano, se refirió a la Capacitación jurídica, gerencial, técnica y administrativa, cuyo fin fue el fortalecimiento de los conocimientos y desarrollo de las habilidades del recurso humano, mediante la actualización y la especialización del mismo. Para ello, a través de la Dirección de Recursos Humanos, se ejecutaron cuarenta y nueve (49) actividades académicas en las áreas técnica, tecnológica y organizacional. En ese sentido, se capacitaron ochocientos setenta y cuatro (874) funcionarios adscritos a distintas dependencias del Ministerio Público, en sus sedes ubicadas en el área metropolitana de Caracas. Dicho grupo de funcionarios fue conformado por quinientos cuarenta y tres (543) del área administrativa, ciento cincuenta y seis (156) del área legal, técnica y profesional, ciento un obreros (101) obreros, cincuenta y cuatro (54) del nivel supervisorio y veinte (20) del nivel directivo de la Institución. En consecuencia, si se totaliza la cantidad de capacitados en cada componente del Proyecto de Formación y Capacitación del Recurso Humano, llevado a cabo por la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Publico durante el año 2009, se formaron un total de cinco mil ochocientos sesenta y cuatro (5.864) funcionarios. Aunado a estas actividades de formación y capacitación, se conformaron equipos multidisciplinarios orientados a optimizar los contenidos de las actividades a desarrollar, entre los que cabe destacar: No a la Impunidad

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El programa de formación teórico-práctico en materia de Imputación, desarrollado por la Escuela Nacional de Fiscales y la Dirección de Revisión y Doctrina, fue impartido a un mil quinientos ochenta y siete (1.587) fiscales del Ministerio Público y personal profesional, a través de unas Jornadas en las que se actualizaron los conocimientos en el uso e instrumentación de las acciones que conlleva la materia de imputación, en el marco constitucional, legal y en el de la jurisprudencia generada por la Sala de Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Con el objeto de evaluar el impacto de la citada actividad de formación, la Dirección de Revisión y Doctrina realizó una evaluación ex post, fundamentada en el examen de las actas de imputación realizadas, durante el mes de mayo de 2009, por los representantes del Ministerio Público a escala nacional. Esta revisión puntual de las imputaciones producidas con posterioridad a la total ejecución de las Jornadas en el ámbito nacional, permitió evaluar el impacto y nivel de comprensión y aplicación de las informaciones y conocimientos impartidos durante tal actividad. Producto del citado análisis realizado por la Dirección de Revisión y Doctrina, fue elaborado conjuntamente con la Escuela Nacional de Fiscales, un informe contentivo, entre otros aspectos, de los resultados obtenidos y de las recomendaciones y sugerencias a ser implementadas, para consolidar los criterios impartidos en las Jornadas descritas, y en suma procurar un adecuado desempeño de nuestros representantes fiscales. Realización en el III trimestre del 2009, en el ámbito nacional, de dos (2) actividades de actualización referidas a la acusación fiscal y flagrancia, destinadas a reforzar el Programa de Capacitación de los Fiscales del Ministerio Público. En la organización de las mismas, participaron la Escuela Nacional de Fiscales y la Dirección de Revisión y Doctrina. En el caso de la vinculada con la acusación, se atendió un total de un mil doscientos ochenta y siete (1.287) fiscales y abogados adjuntos; mientras que la relacionada con la flagrancia, se capacitó a un mil setenta (1.070). En consecuencia, con ambas iniciativas se procuró unificar el criterio institucional respecto a las actuaciones a ser desarrolladas por los fiscales durante las aprehensiones flagrantes, al brindarles herramientas prácticas indispensables, con miras a disminuir o erradicar las debilidades observadas, así como optimizar la efectividad del Sistema de Justicia Penal; y por la otra, para el adecuado ejercicio de la acción penal (acusación), a fin de minimizar las debilidades en los escritos de acusación. Asimismo, se les aportó la información necesaria para desarrollar adecuadamente sus No a la Impunidad

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actividades, tales como las contentivas en circulares, instructivos, manuales, boletines, entre otros. Curso en materia de Extradición y Asistencia Judicial Mutua, dictado entre 18 y 20 de noviembre de 2009, dirigido a brindar a abogados y fiscales de la Institución lineamientos relacionados con los procedimientos a seguir en caso de solicitudes de extradición activa y pasiva. Este curso fue preparado por un equipo conformado por funcionarios de la Dirección General de Apoyo Jurídico, la Dirección de Revisión y Doctrina y la Escuela Nacional de Fiscales. “I Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses”, efectuado entre el 29 y 30 de octubre de 2009, donde participaron como ponentes especialistas de España, Colombia y México, así como reconocidos profesionales (técnicos y científicos) venezolanos. Fue organizado y coordinado por un equipo conformado por funcionarios de la Dirección de Asesoría Técnico Científica e Investigaciones y la Escuela Nacional de Fiscales. Curso de Iniciación para los abogados que ingresan en la Institución, realizado a partir del tercer trimestre del 2009, cuyo objetivo es brindar a los nuevos fiscales del Ministerio Público las herramientas prácticas indispensables para su desempeño. Fue diseñado y ejecutado por las direcciones del área operativa institucional conjuntamente con la Escuela Nacional de Fiscales. Aunado a los lineamientos impartidos en los procesos de capacitación, se hizo necesaria la unificación de criterios de actuación mediante la elaboración de cuatro (4) circulares dirigidas a los todos los fiscales destacados en el ámbito nacional: Remisión de las actuaciones en fase de investigación a los tribunales de primera instancia en funciones de Control. Prohibición a los fiscales del Ministerio Público de actuar o intervenir en los casos que no les hayan sido asignados a través de los canales correspondientes. Procedimientos de extradición activa y pasiva. Acerca del acto conclusivo de acusación. Estas circulares constituyen parámetros de actuación para los representantes del Ministerio Público y tienen como propósito fundamental procurar la unidad de criterios en la Institución, así como facilitar el proceso de supervisión y control de las actividades de los fiscales.

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Adicionalmente, con ocasión del proceso de actualización de los instrumentos jurídicos que rigen la actuación del Ministerio Público, se elaboraron cinco (5) circulares vinculadas con los siguientes aspectos: Derogatoria de circulares vinculadas con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Derogatoria de circulares vinculadas con la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Derogatoria de circulares vinculadas con la Ley de Arancel Judicial. Derogatoria de circulares vinculadas con la Ley Sobre Vagos y Maleantes. Derogatoria de circulares vinculadas con las Leyes de Sometimiento a Juicio y Suspensión Condicional de la Pena y de Beneficios en el proceso penal. Éstas constituyen las primeras circulares derogatorias que tienen por objeto sincerar la normativa e instrucciones internas aplicables y vigentes, acción que coadyuvará no sólo a la unificación de criterios en la Institución y a generar seguridad jurídica, sino en definitiva a mejorar y facilitar la supervisión y control de las actividades de los fiscales del Ministerio Público, en pro de incrementar la respuesta a la colectividad. Por otra parte, como complemento a los procesos de formación y capacitación, se publicó la Revista Nº 7 del Ministerio Público, de la cual se distribuyó un mil quinientos ocho (1.508) ejemplares. Asimismo, se editó la Revista Nº 2 del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, de la que se distribuyeron quinientos (500) ejemplares, a fin de dar continuidad al intercambio de ideas, de experiencias y seguir dando fuerzas a un espacio de concertación, formación y actualización, así como para motivar a los interesados en profundizar sobre la investigación en materias vinculadas a la cooperación penal internacional. Para ello, se contó con la colaboración de distinguidas personalidades de los países que integran al Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos, como fiscales generales, procuradores generales de Colombia, España, Panamá, Venezuela, y funcionarios especializados en asuntos internacionales del Ministerio Público venezolano. Igualmente, en el marco de la presidencia Pro-Tempore del Instituto Iberoamericano de Ministerio Públicos, se llevo a cabo durante los días 10 y 11 de junio de 2009, en Caracas, la I Jornada de Reflexión “La Lucha Contra la Impunidad como Garantía de Justicia y Paz para los Pueblos de No a la Impunidad

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Iberoamérica”, cuyo objetivo fue abordar la problemática de la impunidad por su profundo impacto social. Participaron representantes de los Ministerios Públicos de España, Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Brasil y Chile.

Infraestructura Física Con el objeto de mejorar las condiciones de infraestructura física orientada a aumentar la capacidad productiva de los despachos fiscales y las demás unidades que conforman el Ministerio Público se realizaron adecuaciones de espacios para las siguientes dependencias: Fiscalía 6° con competencia en materia de Proceso, ubicada en Valle de la Pascua, estado Guárico. Fiscalía 25° con competencia en materia de Violencia Contra la Mujer, estado Aragua. Fiscalía 48° en materia de Proceso, con sede en Maracaibo, estado Zulia (Sede principal de la jurisdicción). Fiscalía 75° con competencia Nacional en materia de Régimen Penitenciario, con sede en Maracaibo, estado Zulia. (Sede principal de la jurisdicción). Fiscalía 76° con competencia Nacional en materia de Protección de Derechos Fundamentales, con sede en Maracaibo, estado Zulia. (Sede principal de la jurisdicción). Fiscalía 77° con competencia Nacional en materia de Contra las Drogas, con sede en Maracaibo, estado Zulia. (Sede principal de la jurisdicción). Fiscalía 78° con competencia Nacional en materia de Seguridad Laboral, área metropolitana de Caracas. Fiscalías 131°, 132°, 133°, 134°, 135°, 136° y 137° del área metropolitana de Caracas en Materia de Violencia Contra la Mujer, ubicada en la mezzanina del edifico sede operativa de los fiscales, en la esquina de Ferrenquín, Distrito Capital. Fiscalías 138° y 139° para Intervenir en las Fases Intermedias y de Juicio Oral. (Sede Operativa de los fiscales, en la esquina de Ferrenquín, Distrito Capital). Espacio para la mudanza de la Fiscalía 1° con competencia en Protección de los Derechos Fundamentales, en el estado Bolívar. Espacio físico para el funcionamiento de la Fiscalía 1 Municipal de Cúa, estado Miranda; Fiscalía Municipal 3 del Área No a la Impunidad

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Metropolitana de Caracas, ubicada en Propatria, parroquia Sucre, Distrito Capital, y Fiscalía Municipal 4° del Área Metropolitana de Caracas, ubicada en La Urbina, parroquia Petare, Distrito Capital. Piso 3 de la Sede del Ministerio Público, ubicada en Turmero estado Aragua, donde funcionan las fiscalías 9° y 21° con competencia en materia de Proceso y Contra la Corrupción, respectivamente. Sede del Ministerio Público, ubicada Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. El espacio físico para el funcionamiento de los archivos estadales en los estados Carabobo y Zulia. Remodelación del piso 6, edificio sede del Despacho de la Fiscal General de la República, motivado la adscripción de la Coordinación de Contrataciones y Servicios a la Dirección de Administración, en vista del nuevo ordenamiento legal vigente. Tras sus nuevas funciones, se instalaron dos (02) nuevos puestos de trabajo. El cambio anterior generó la necesidad de trasladar el área de archivo de la Dirección General Administrativa desde el piso seis (06) hacia el área E2 del edificio del Despacho de la Fiscal General de la República, brindando mejor espacio físico, lo que redundará en un mejor desempeño de las nuevas funciones de las unidades antes mencionadas. Planta baja del edificio sede Despacho de la Fiscal General de la Republica; con el propósito de ampliar el sitio utilizado para las exposiciones efectuadas en el Ministerio Público en el área VIP de la planta baja. De esta manera, se brindan espacios que permitan la expansión cultural, tanto del personal de la Institución como del ciudadano que ingresa al edificio. Señalización identificativa interna para todas las dependencias: de emergencia, de fuego y de prohibiciones, en sus diferentes dimensiones, para la Sede Operativa de los fiscales de Ferrenquín, Distrito Capital; Sede del Ministerio Publico en Valera, estado Trujillo; Sede de la Fiscalía Municipal 1 en el Silencio, Distrito Capital y en la Sede de la Fiscalía Municipal 2 ubicada en Cúa, estado Miranda. Señalización de logo y letrero para fachadas externas en la Sedes: Sede Operativa de los fiscales en Ferrenquín, Distrito Capital; Sede del Ministerio Público en Valencia, estado Carabobo y Sede del Ministerio Público de San Juan de los Morros, Guárico. No a la Impunidad

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Adecuación de ocho (8) locales en el Centro Simón Bolívar, a fin de contar con espacio para nuevas creaciones, ampliación y mudanzas de despachos fiscales. El Ministerio Público realizó un proceso de concurso abierto para la adecuación del galpón ubicado en Guarenas, estado Miranda, a los fines de colocar en funcionamiento un depósito donde se resguardarán los bienes muebles del Ministerio Público. Este cambio en dicha instalación ameritó la sustitución del techado de asbesto, considerado un material altamente peligroso; para ello se trabajó de acuerdo a las normas Covenin (1998,1999 y 2005), así como con los lineamientos establecidos por los distintos órganos del Estado con competencia en la materia, a fin de lograr la descontaminación de las áreas en las que se manipuló este material nocivo. Asimismo, se adaptaron los espacios con ascensor de carga y sistema de video vigilancia, con miras a optimizar los procesos relacionados con el resguardo de los bienes y la prestación del servicio de dotación, según las exigencias de las distintas unidades que conforman la Institución. Adecuación de los espacios correspondientes para la operatividad de Unidades de Depuración Inmediata de Casos (UDIC). Unidad de Depuración Inmediata de Casos, ubicada Maracay, estado Aragua. (Sede principal en la jurisdicción). Unidad de Depuración Inmediata de Casos, ubicada Caracas, Distrito Capital. (Sede Operativa de los Fiscales Animas). Unidad de Depuración Inmediata de Casos, ubicada Maracaibo, estado Zulia. (Sede principal en la jurisdicción).

las en en de en

Asimismo, se llevó a cabo la sustitución de los ascensores en la sede operativa de Ferrenquín y en las sedes principales de Cumaná (Sucre) y Puerto La Cruz (Anzoátegui), los cuales ya habían cumplido su período de vida útil. De esta forma, se benefician a los ciudadanos y el personal que ingresa a estas edificaciones, pues permitirá su acceso de manera rápida. Por otra parte, con la finalidad de disponer de planes de contingencia en caso de desastres, se llevó a cabo la constitución de las brigadas de emergencia del Ministerio Público, integrada por setenta y siete (77) funcionarios. En ese sentido, se ejecutó el simulacro de desalojo en la sede del Despacho de la Fiscal General de la República.

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Con miras a que los hijos de los empleados de la Institución cuenten con espacios adecuados para su desarrollo integral, se adecuó el parque infantil, fachada y cierre de la Unidad de Mantenimiento de Aire (enrejado de las unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado correspondientes a las áreas de Computación y de la Conserjería), de la Unidad Educativa Dr. Simón Planas Suárez, ubicada en la urbanización Las Palmas, Caracas. Se benefició a una población infantil de ciento setenta y do (172) alumnos, de los cuales ochenta y ocho (88) son masculinos y ochenta y cuatro (84) femeninos, que abarcan los niveles I, II y III de preescolar, 1º y 2º grado de educación básica. Finalmente, con el objetivo de mantener en óptimo estado la estructura de las edificaciones de la Institución, se realizaron las siguientes actividades: Adecuación de la terraza de la mezzanina del edificio Sede del Despacho de la Fiscal General de la República, en virtud de contar con un espacio físico adecuado. Se impermeabilizó del área de las jardineras, para mejorar el sistema de drenajes y evitar que el agua de lluvia se desplace fuera de estas áreas. Reposición de paños de concreto en el estacionamiento del edificio sede del Despacho de la Fiscal General de la República, en virtud del deterioro que presentaban los mismos, tales como grietas, fisuras y huecos. Con esta reconstrucción, se optimizó el funcionamiento del aparcadero. Reconstrucción de la Red de aguas negras y de lluvia en la Sede de Operativa de Ferrenquín, Caracas, en vista del mal estado en que se encontraba. A partir de ahora, se brinda a los visitantes instalaciones adecuadas al servicio que presta. Impermeabilización de la losa techo en las sedes del Ministerio Público de Porlamar (Nueva Esparta) y Catia La Mar (Vargas), pues las mismas presentaban filtraciones. Se dotó de cuñetes de pintura a las distintas sedes del Ministerio Público. En consecuencia, se coordinaron con las fiscalías superiores y las Unidades Administradoras Desconcentradas operativos de pintura, con la finalidad de unificar criterios en cuanto a la apariencia física que brinda el Ministerio Público a los ciudadanos, dicha acción se realizó mediante la siguiente distribución: Entidad federal Área metropolitana de Caracas

Dependencia/ Edificación Sede avenida Méjico Sede Animas Sede Ferrenquín

Cuñetes entregados 97 10 30 No a la Impunidad

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Entidad federal Amazonas Anzoátegui Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo Cojedes Falcón Guárico Mérida Miranda Portuguesa Sucre Táchira Trujillo Yaracuy Zulia

Dependencia/ Edificación Escuela Nacional De Fiscales Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Unidad Administradora Desconcentrada Total

Cuñetes entregados 15 12 10 45 40 26 32 30 40 20 30 34 52 30 30 26 22 15 45 691

Instalación del Sistema de Detección y Extinción de Incendios en las sedes de los estados Miranda (Los Teques), Delta Amacuro (Tucupita) y Sucre (Cumaná). La dotación se efectúo con base en la remodelación de tales dependencias y tiene como objetivo adaptarlos a las normas establecidas. De esta manera, se da cumplimiento a las medidas de seguridad y protección contra incendios en edificaciones y a las normas Venezolanas Covenin 823-88 (basadas en Sistemas de Detención y Extinción de Incendios). Reorganización estructural y funcional del Ministerio Público Como parte de la Directriz Fortalecimiento Institucional, línea Estratégica Reorganización Estructural y Funcional del Plan Estratégico del Ministerio Público 2008-2014, se realizaron una serie de cambios para adecuar la estructura organizativa a la nueva misión, visión y valores institucionales, con la finalidad de fortalecer y engranar los procesos medulares y administrativos, de tal manera que la Institución responda de manera eficaz y

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oportuna a las demandas de la colectividad. En este sentido, se mencionan a continuación: Se realizó la reorganización técnica administrativa de la Coordinación de Gestión Social, a fin de vincular esta unidad con las diferentes instancias asociadas a la atención comunitaria, como lo son: Unidad de Atención a la Víctima, Oficina de Atención al Ciudadano y las fiscalías municipales. En este mismo contexto, se elaboró la matriz de insumo-procesoproducto y el diagrama de flujo, asociadas a las funciones propias de dicha instancia. Ajuste del proyecto de fiscalías municipales, en el que se adecuaron algunos elementos asociados a su vinculación con la Coordinación de Gestión Social y con la comunidad. Cambio de adscripción de la Dirección de Recursos Humanos al Despacho de la Fiscal General de la República, con el objeto de potenciar la capacidad estratégica, orientada a garantizar la correcta administración del Sistema de Recursos Humanos. Creación de la Coordinación de Control del Gasto, adscrita a la Dirección de Administración, a fin de realizar el seguimiento, control y verificación de los procesos administrativos asociados a la ejecución del gasto de las unidades ejecutoras locales y aplicar las medidas correctivas en caso de ser necesario. Cambio de denominación de la Coordinación de Licitaciones a Coordinación de “Contrataciones y Servicios”, a fin de adecuar la estructura a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Cambio de adscripción de la División de Contratos desde la Dirección de Infraestructura y Edificación hacia la Coordinación de Contrataciones y Servicios, adscrita a la Dirección de Administración, a los fines de adecuar los procesos a la nueva filosofía Institucional. Creación de la Coordinación de Mantenimiento, adscrita a la Dirección de Infraestructura y Edificación, a los fines de atender y mantener en óptimas condiciones los bienes muebles e inmuebles del Ministerio Público y sus respectivos equipamientos. Creación del Despacho del Fiscal Superior en cada estado del país, adscrito a la Dirección de Fiscalías Superiores, a fin de fortalecer los procesos que contribuyan al logro de una justicia más efectiva, accesible y expedita. Cambio de adscripción de las Unidades Administradoras Desconcentradas desde la Dirección de Administración hacia el No a la Impunidad

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Despacho del Fiscal Superior de los distintos estados del país, a fin de unificar criterios y una adecuada articulación con la instancia máxima en cada estado del país. Cambio de denominación de la Dirección de Drogas por el de “Contra las Drogas”, atendiendo a la naturaleza de las actuaciones realizadas por el Fiscal del Ministerio Público en esta materia y, en especial, al ejercicio de la acción penal que debe ejercer la Institución contra los delitos tipificados en la Ley Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Creación del Archivo Estadal del Ministerio Público, en la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, a los fines de disponer de una unidad receptora de documentos que desincorporen los despachos fiscales y demás dependencias con sede en esta jurisdicción. Asimismo, se espera la creación progresiva de estos archivos en todas las circunscripciones judiciales. Puesta en funcionamiento de las Unidades de Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales en el área metropolitana de Caracas, a los fines de practicar aquellas diligencias de investigación que sean ordenadas por los fiscales del Ministerio Público, para determinar la comisión de los hechos punibles, así como la responsabilidad de sus partícipes, todo ello en el marco de las investigaciones iniciadas frente a hechos que vulneren los derechos fundamentales tutelados por el marco constitucional. Asimismo, se espera la creación progresiva de estas unidades en todas las circunscripciones judiciales. Creación de Fiscalías de Juicios en el área metropolitana de Caracas, donde fueron instaurados, el 31 de julio de 2009, dos despachos fiscales en esta materia, los cuales conocerán los procesos en la fase intermedia y de juicio. Ambas forman parte de un plan piloto adelantado por la Institución en función del fortalecimiento de nuestra lucha contra la impunidad. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció la creación de la I Fiscalía Especializada con competencia nacional en materia de Salud y Seguridad Laboral, la cual se encargará de investigar y atender aquellos casos en los que se presuma la comisión de un hecho punible en perjuicio de trabajadoras y trabajadores por parte de una empleada o empleador.

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Asimismo, se han realizado los siguientes formatos: Elaboración del Formato “Resumen Mensual de Actuaciones”, con la finalidad de que la Dirección de Fiscalías Superiores realice seguimiento y control de los despachos fiscales que tiene adscrito. Elaboración del Formato “Actividades Comunitarias”, con la finalidad de conocer la cantidad de actividades comunitarias o extramuros de acercamiento, realizadas por las fiscalías superiores del Ministerio Público o sus unidades adscritas. Elaboración del Formato “Reporte Estadístico Mensual Fiscalía Municipal”, con la finalidad de que esta unidad informe las actividades comunitarias que realice en las parroquias donde estén operando. Actualización del Formato “Resumen Mensual de Actuaciones Unidad de Atención a la Víctima”, con la finalidad de implementar en esta dependencia un sistema de seguimiento y control para el registro de personas atendidas. Implementación del formato “Resumen Mensual de Actuaciones Fiscalías de Juicio”, con la finalidad de que los despachos fiscales con competencia para intervenir en la fase intermedia y de juicio oral, reporten mensualmente el resultado de sus actuaciones previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Implementación del Formato “Seguimiento de Ejecución FísicaFinanciera de las Unidades Administradoras Desconcentradas”, con la finalidad de que éstas reporten la información relacionada con la ejecución física-financiera, logros e impacto alcanzados, así como las limitaciones o inconvenientes presentados en cada trimestre. Actualización de los Formatos “Solicitud de Servicios” y “Solicitud de Bienes y Materiales”, con la finalidad de adaptarlos a los lineamientos generales para la solicitud de bienes y servicios en el Ministerio Público. Es de especial importancia para el Ministerio Público y el Sistema de Justicia, la elaboración de la primera fase (Trabajo de Campo) del Manual Único de Cadena de Custodia y Evidencias Físicas, con la finalidad de que todas las instituciones de investigación penal del territorio nacional cumplan con los procesos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Se trata de un criterio único, en lo que se refiere al manejo de las evidencias físicas desde

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la protección del sitio del suceso hasta la entrega de las experticias realizadas, a dichas evidencias, a los tribunales correspondientes. Para la elaboración de esta primera fase, se contó con la colaboración del personal de las direcciones de Asesoría Técnico-Científica e Investigaciones y la de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, del Cicpc, Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Protección Civil (PC), Instituto Nacional de Transporte, Tránsito Terrestre (Inttt) y Guardia Nacional (GN), quienes suministraron la información correspondiente a cada una de sus áreas. Asimismo, se inició la elaboración de las fases II (Laboratorio) y III (Área de resguardo) del mencionado instrumento, las cuales se espera sean culminadas para el primer semestre del año 2010. Sistema de Protección Integral del Ministerio Público En el marco de la Línea Estratégica asociada al Fortalecimiento Institucional y en el desarrollo del Proyecto Sistema de Protección Integral del Ministerio Público destinado a optimizar los procesos inherentes al área de seguridad, custodia, resguardo, protección y respaldo vehicular, se realizaron diferentes acciones dirigidas a velar por la integridad física del personal de la Institución y los visitantes que acuden a las instalaciones, así como el de la infraestructura. En ese sentido, además, se automatizaron los sistemas de seguridad instalados y se apoyó la labor de los fiscales de la Institución. En este sentido, fue posible la automatización de los Sistemas de Control de Acceso y Video Vigilancia en: En la sede de Porlamar, en Nueva Esparta, se instaló el Sistema de Video Vigilancia, que permite controlar a través de registros de video, la entrada, permanencia y salida de usuarios, con la finalidad de garantizar el resguardo físico del personal que labora en el Ministerio Público y del colectivo que acude a la Institución en busca de una respuesta efectiva. Asimismo, en la sede operativa de Ferrenquín del área metropolitana de Caracas, se realizó la automatización del Sistema de Control de Acceso y Video Vigilancia, el cual se encuentra operativo en su totalidad. Está orientado a efectuar monitoreo y registro video digital de las situaciones que puedan presentarse dentro de las instalaciones, así como, registro de entrada y salida del personal del Ministerio Público y de los ciudadanos que visitan la institución. No a la Impunidad

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Para coadyuvar en el logro de la creación de la Unidad Criminalística Contra la Violación de Derechos Fundamentales, ubicada en la avenida Urdaneta, esquina de Ánimas del área metropolitana de Caracas, se instaló un Sistema de Control de Acceso y Video Vigilancia, pues esta unidad requiere un control exclusivo. Asimismo, en la sede principal del Ministerio Público, ubicada en Parque Carabobo, Caracas, se optimizó el Sistema de Control de Acceso y el Sistema de Video Vigilancia, mediante la adquisición de equipos de última generación, con la finalidad de incrementar los niveles de seguridad; a saber: Dos (02) Grabadoras de video digital DVR-250 para dieciséis (16) cámaras cada una, con DVD grabador y disco duro 1TB. Dos (02) Tarjetas de Grabación de video digital GV-1240-16. Un (01) Domo Motorizado para exteriores a color multiprotocolo, sensor CCD1/4 Sony de 480 líneas de resolución. Doce (12) Cámaras Color 1/3” sunKwang 520 líneas, 0 lux, 22 Leeds. Doce (12) Lentes Autoiris Vari Focal 3,5 MM – 8 MM. Doce (12) Transformadores 12V 1000mA. Un (01) equipo de Rayos X. Un (01) Arco detector de metales. Como complemento a estas acciones, se procedió a optimizar las medidas de seguridad relacionadas con el control de acceso a las instalaciones del Ministerio Público, a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos denominados “máquina de rayos X” en dos (02) sedes del área metropolitana de Caracas. Tales herramientas se utilizan con el objeto de revisar los paquetes, bolsos, carteras, para así evitar el ingreso de explosivos, sustancias químicas, armas blancas o de fuego, sin necesidad de abrir los paquetes sellados. Con este sistema tecnológico, se realiza la inspección de una forma rápida, efectiva y segura, garantizando la seguridad del personal que labora en la Institución, así como también a la colectividad que ingresa a las instalaciones del Ministerio Público. De acuerdo con la magnitud y crecimiento del Ministerio Público, se fortaleció al área de seguridad mediante el incremento de su plantilla de personal, con el fin de extender el alcance del servicio a las No a la Impunidad

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recientes instalaciones adquiridas o arrendadas por el Ministerio Público. En relación con el apoyo a los funcionarios responsables del proceso medular, se realizaron cuatro mil ciento cuarenta y dos (4.142) comisiones en el territorio nacional, a fin de contribuir con la ejecución de las movilizaciones de los representantes fiscales y, en consecuencia, permitir la concreción de la misión institucional. Para garantizar este servicio, se hizo necesaria la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Ministerio Público, el cual cuenta con cuarenta y siete (47) vehículos para el traslado de la ciudadana Fiscal General, Vicefiscal y fiscales. Tal servicio de mantenimiento se efectuó de acuerdo con el kilometraje recorrido y, además, contempló el cambio de cauchos a treinta y nueve (39) vehículos, lo cual permite mantener en óptimas condiciones la flota automotor. Con la finalidad de apoyar a los distintos mensajeros en la distribución oportuna de las comunicaciones relacionadas con el proceso medular y agilizar los traslados requeridos, se fortaleció el parque automotor mediante la incorporación de cinco (5) motos, entre ellas una marca Suzuki 650 Enduro, para el personal que cumple funciones de escolta. En apoyo a los procesos administrativos asociados con el mantenimiento de inventarios y custodia de bienes, se incorporó un montacargas con capacidad de 3.000 Kg para ser utilizado en el traslado de paquetes o paletas en el almacén principal, ubicado en Guarenas, estado Miranda.

Comunicación Institucional En el mundo actual, las comunicaciones representan el escenario para la validación de las acciones institucionales y la concreción de mecanismos de rendición de cuenta en una democracia participativa y protagónica como la delineada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Desde esa perspectiva estratégica, la Institución debe proyectarse a través de acciones coherentes, efectivas y organizadas, dirigidas no sólo a preservar y promover el fortalecimiento de su imagen, sino a propiciar su compromiso social, de modo tal que su actuación sea comprendida y acompañada por sus funcionarios y respaldada por otras instituciones del No a la Impunidad

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Sistema de Justicia y del Estado, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general. En el año 2009, las iniciativas comunicacionales externas, de cara a la ciudadanía, se estructuraron sobre la base de la campaña informativa y publicitaria “No a la Impunidad”, cuyas líneas conductoras se trazaron para divulgar y resaltar 5 grandes áreas de actuación institucional: Diligencias de investigación en casos de especial interés noticioso, en prueba de que como titular de la acción penal del Estado, el Ministerio Público actúa con estricto apego a la Ley. Exhumaciones en los casos de las denominadas masacres de eL Caracazo, Cantaura y Yumare, como demostración de que en el Ministerio Público, la defensa de los derechos humanos no tiene límites temporales y que los delitos que los violen son imprescriptibles. Fortalecimiento de la acción fiscal, destacando la creación de fiscalías y la dignificación de su labor. Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, resaltando su creación como recurso para la formación y especialización de los fiscales y otros integrantes del Sistema de Justicia. Creación de canales de intercambio con la ciudadanía, para enfatizar la cercanía que tiene actualmente la Institución con el pueblo, al que se debe, y con la solución de sus problemas. Estas cuatro (4) áreas de actuación institucional externas fueron objeto de acciones de difusión y divulgación, a través de las siguientes vías: 1. Programa Semanal de Radio: El Ministerio Público ha mantenido durante el año 2009, el programa de radio “En sintonía con el Ministerio Público”, conducido por la Fiscal General de la República y transmitido los días viernes de cada semana, de 8 a 9 de la mañana, por el Canal Informativo de Radio Nacional de Venezuela, cuya cobertura alcanza todo el territorio Nacional. Este programa se transmite en vivo por la referida emisora de radio del Sistema Nacional de Medios Públicos (aunque lo transmiten también varias estaciones comunitarias), permite la participación ciudadana a través de llamadas telefónicas a las que la propia Fiscal General da respuesta y trata temas de interés noticioso vinculados con la Institución, como lo son: el rol del Ministerio Público, los derechos humanos en Venezuela, las acciones adelantadas para establecer las responsabilidades en las masacres de El Caracazo, Yumare No a la Impunidad

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y Cantaura, la creación de unidades criminalísticas y de las fiscalías municipales, la persecución de los delitos de corrupción y de los delitos bancarios. Se difundieron, en el año 2009, 46 programas, cuyos contenidos fueron objeto de reseña puntual y amplia, así como de seguimiento noticioso, en todos los medios de difusión. Igualmente, a escala regional, en las fiscalías superiores, se mantuvieron programas semanales de la misma naturaleza, a través de la cesión de espacios en emisoras locales. A ese respecto se emitieron 105 programas de radio, distribuidos de la siguiente manera: En el estado Carabobo 24, Portuguesa 4, Barinas 23, Lara 24, Vargas 9 y Yaracuy 21. 2. Edición de Revistas Institucionales: Durante el año 2009 se han editado cuatro revistas ordinarias, dos destinadas al personal de la institución y dos dirigidas a las audiencias externas; y dos revistas extraordinarias, ambas con un tiraje de 1000 ejemplares. De éstas, la primera se concibió para dar registro informativo a la 1ª Jornada de Reflexión “La lucha contra la impunidad como garantía de justicia y paz para los pueblos de Iberoamérica”, jornada ésta en la que participaron delegaciones de altísimo nivel, de los países integrantes del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos; y su distribución central quedó bajo la responsabilidad de la Escuela Nacional de Fiscales. La segunda revista extraordinaria fue especialmente dedicada a recoger para la historia, las actuaciones adelantadas por el Ministerio Público con motivo de la realización en diciembre 2002 hasta marzo 2003, del llamado Paro Petrolero, del que se cumplieron 7 años. 3. Despliegue de Campaña en medios radiales, en medios audiovisuales y en vallas y aficheras de medios masivos públicos de transporte: Durante el año 2009, se diseñó, se contrató y se produjo una campaña pública, dirigida a fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la impunidad, a través del ejercicio activo de la contraloría social y de la denuncia. Esta campaña se materializó a través de ocho (8) cuñas de radio, ocho (8) cuñas de televisión y ocho (8) afiches, todos ellos referidos a un mensaje coherente y con una finalidad envolvente, al exponer al usuario de cada medio a un mismo contenido, para su refuerzo y recordación. En particular, se hizo hincapié en la disposición del Ministerio Público de canalizar No a la Impunidad

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las denuncias y reclamos, así como en el deber ciudadano de denunciar los delitos en general, la violencia contra la mujer, la violencia infantil, la corrupción, el homicidio, los delitos ambientales y las drogas. Las piezas radiales y televisivas han tenido difusión gratuita, por la colaboración prestada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, que las ha difundido en todos los medios, públicos y privados, en los espacios reservados para su administración, por la Ley de responsabilidad Social en Radio y Televisión. En cuanto a los afiches, la Compañía Metro de Caracas ha manifestado su disposición a incluirlos dentro de la política de exposición visual de sus espacios en las estaciones de Caracas. 4. La participación de la Fiscal General en espacios televisivos y radiales: Cada vez que fue estimado necesario, desde el punto de vista comunicacional, la titular del Ministerio Público atendió la invitación a programas de radio y televisión. En ese sentido, durante el año 2009, participó en veinte (20) programas para abordar las siguientes temáticas: planes de fortalecimiento del Ministerio Público, actuación institucional con motivo de violencias en manifestaciones, medidas de garantía en el referendo para la enmienda constitucional, casos judiciales de interés noticioso. En cuanto a las iniciativas comunicacionales internas, de cara a los funcionarios del Ministerio Público, se estructuraron sobre la base de apoyar la realización de encuentros y eventos destinados a fomentar la identidad institucional, el compromiso con la gestión, el conocimiento y divulgación de los resultados de ésta. En ese sentido, se fortalecieron los canales de información internos que facilitaron la participación del personal en los proyectos que garantizan el intercambio de la Institución con la comunidad, como las jornadas ambientales y los operativos de atención a las comunidades; se desarrollaron actividades en el ámbito interno, para promover el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de los valores e identidad de la organización y la profundización del conocimiento general de la misión y acción del Ministerio Público. Dentro de esas acciones destacan la organización de encuentros deportivos y culturales, el aniversario de la Institución y los concursos de cuentos, fotografía y ensayo jurídico que enriquecerán las revistas y el calendario de mesas institucionales No a la Impunidad

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Fortalecimiento de los Despachos Fiscales La políticas en materia de recursos humanos fueron concebidas con la claridad de una gestión que entiende que todo lo relativo a él y su desarrollo transversaliza todos los programas y proyectos institucionales. Por lo cual ya no se jerarquizan las decisiones, se conectan unas y otras en una suerte de horizontalidad e igualdad de importancia de las mismas. Este cambio provocó un giro de 180° en la forma de aproximarnos al complejo fenómeno de la gestión del recurso humano como el activo más importante y casi exclusivo del Ministerio Público para el logro de sus objetivos en cumplimiento de su visión y misión. En este sentido, se desarrolló un sistema de entrevistas, coordinado por la Dirección del Despacho, orientado a la selección del talento profesional que opta a cargos de fiscales (provisorios y auxiliares), con el fin de que ingresen a la Institución, los más aptos y con capacidad de crecer como servidores públicos. Este sistema de selección están dirigidos a evaluar la preparación técnicojurídica del aspirante, sus fortalezas personales y humanas, para lo cual se cuenta con la asesoría de de las diversas áreas de competencia del Ministerio Público, así como de la Dirección de Recursos Humanos y de la Coordinación de Servicios Médicos. Luego de ejecutar tales procesos, se procede a la elaboración de los correspondientes Puntos de Cuenta para la designación, ascensos y traslados del personal, a fin de dar cumplimiento con la línea de acción de la Fiscal General de la República, en lo atinente al aumento del número de fiscales auxiliares, con el objeto de fortalecer los diferentes despachos fiscales, y, de esta forma, contar con un recurso humano capaz de dar respuesta oportuna a la sociedad que así lo demanda. A continuación, se presenta el siguiente gráfico: Movimientos de personal 2009 Ingresos Ascensos Traslados Traslados Ascensos Total

Ene. 20

Feb. 16

Mar. 22

Abril 26

Mayo 10

Jun. 8

Jul. 14

Ago. 5

Sept. 13

Oct. 8

Nov. 20

Dic. 17

Tot. 184

25

10

10

18

4

2

7

4

16

2

12

8

118

24 2

12 2

14 2

17 3

13 2

3 1

14 3

3 2

14 3

6 0

11 6

13 2

144 28 474

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Asimismo, en el fortalecimiento de los despachos fiscales a escala nacional, las Unidades de Atención a la Víctima, las Unidades de Atención al Ciudadano y el descongestionamiento de casos, durante este ejercicio fiscal se desarrollaron las siguientes acciones: Selección del recurso humano necesario para la creación y puesta en funcionamiento de tres (3) Fiscalías Municipales, ubicadas en Cúa, Catia y La Urbina; y el fortalecimiento de la Coordinación de Gestión Social. Ello ha significado, trabajar para lograr la mayor asertividad posible en la selección de quienes día a día construirán con el ciudadano de cada municipio, de cada parroquia del país, la verdadera corresponsabilidad en la aplicación de la justicia. Intervención permanente en la evaluación del personal de todos los niveles, permitiendo detectar los problemas o nudos que pudieran obstaculizar de alguna forma el cumplimiento de los objetivos y metas. Así, evaluación, implica más que hacer seguimiento y precisar indicadores individuales de desempeño, es llevar a cabo análisis oportuno, individualizado por despacho fiscal o unidad administrativa, para sincerar las situaciones problemáticas que se generan siempre donde convive el contingente humano. Este honesto trabajo de diagnóstico por dependencia facilitó reactivar en la población trabajadora del Ministerio Público la motivación al logro a través de un conjunto de ascensos que concretaron el reconocimiento a la labor cumplida y traslados físicos que sin lugar a dudas significan cada vez más, bienestar y calidad de vida para nuestros funcionarios, si tomamos en consideración que la meta fue sincerar el Registro de Asignación de Cargos (RAC). Los traslados físicos permitieron que nuestros funcionarios estén ubicados en unidades cercanas a su lugar de residencia. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional Durante el ejercicio en estudio se desarrollaron acciones destinadas a fortalecer el Sistema de Control Interno institucional, en las cuales se contó con el apoyo del equipo técnico de la Dirección de Auditoría Interna, quienes en el marco de la línea estratégica asociada a la contribución del fortalecimiento institucional y, en concordancia con su plan operativo, agregaron valor a la organización mediante el ejercicio del control posterior, de investigación, sancionatoria y de determinación de responsabilidad. No a la Impunidad

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En tal sentido, se realizaron actuaciones en diversas áreas, las cuales dieron origen a la formulación de recomendaciones para lograr la eficiencia, eficacia, economía y calidad en la gestión institucional; así como corregir las deficiencias y/o debilidades detectadas relacionadas con el control interno. En relación con las actuaciones asociadas al Control Posterior, se practicaron cinco (5) Auditorias de Gestión, orientadas a la evaluación del control interno y al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el instrumento de gestión correspondiente al período evaluado; así como, a la determinación de la eficacia con la cual operaron, de conformidad con los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En este sentido, las actuaciones realizadas durante este período estuvieron centradas en dependencias vinculadas al proceso medular institucional. El resultado de estas actuaciones incidieron favorablemente, por cuanto han generado una actitud proactiva hacia el control por parte de los niveles supervisorios, así como a consolidar la tendencia a la mejora continua en la ejecución de las funciones asignadas. Asimismo, se efectuó en el Departamento de Almacén, una (1) auditoría operacional parcial, dirigida a evaluar sí las operaciones de administración, suministro, guarda y custodia de los materiales, durante el ejercicio económico financiero 2008, fueron ejecutadas con apego al ordenamiento jurídico que las regulan. De esta acción, surgieron recomendaciones orientadas a mejorar la entrega de materiales y adecuar el sistema de incendio en cada uno de los depósitos donde se resguardan los referidos materiales. Igualmente se realizaron seis (6) auditorias técnicas a las obras civiles, por un monto que ascendió en su totalidad a la cantidad de Bs. 2.607.177.447,58, en las que se analizaron los soportes documentales contenidos en los expedientes respectivos, con el propósito de constatar el cumplimiento de los procedimientos que rigen las operaciones relacionadas con su ejecución, conforme a los disposiciones previstas en las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, así como a la verificación de las cantidades de obras contratadas y las efectivamente ejecutadas. Mediante estas actuaciones se emitieron lineamientos a los fines de que la dependencia responsable, precise en sus estudios los aspectos y No a la Impunidad

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necesidades requeridas en las obras, a los fines de evitar las disminuciones o aumentos de las obras contratadas; así como, la incorporación en los correspondientes expedientes, del Cronograma de Pago suscrito entre las partes, tal como lo dispone el artículo 2, numeral 6 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. Con la finalidad de comprobar la correcta administración de los recursos en el territorio nacional, se examinaron treinta y tres (33) cuentas de gastos de las unidades administradoras que conforman la estructura financiera del Ministerio Público. Estos exámenes permitieron verificar la consecución efectiva de los objetivos y metas de las distintas unidades administradoras, a la comprobación de la sinceridad y exactitud de las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias; así como, la observancia de las disposiciones legales, sublegales y de control interno. Consecuentemente se encontraron treinta (30) cuentas de gastos conformes y tres (3) objetadas; no obstante, éstas últimas, luego de la activación de las potestades de investigación y de responsabilidad administrativa, se les otorgó en función de los resultados obtenidos, el fenecimiento correspondiente. Es importante señalar que estas verificaciones han sentado las bases para el fortalecimiento y optimización de la gestión, a través del mejoramiento en el desempeño de los recursos, control interno y operatividad de los sistemas. Por otra parte, se llevó a cabo una (1) auditoría al Proyecto “Formación y Capacitación del Recurso Humano”, correspondiente al primer semestre del ejercicio económico financiero 2009, dirigida a revisar y evaluar la gestión administrativa, los recursos empleados y las metas alcanzadas. Como resultado de esta actuación, surgieron recomendaciones orientadas a perfeccionar la condición de las operaciones administrativas y asegurar un cumplimiento más eficaz de los objetivos y metas previamente planificados. Asimismo, se constató el cumplimiento de la Providencia Administrativa que Regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero 2008. En tal sentido, se realizó una (1) auditoría de cumplimiento en la Dirección de Administración, que se encaminó a verificar la observancia de las normas técnicas, presupuestarias, financieras y contables, plasmadas en la referida Providencia. Del resultado de la actuación practicada, se formularon una serie de recomendaciones para solventar las fallas detectadas en las listas de gastos causados y no pagados al 31 de enero de 2009 y de los compromisos no causados al 31de diciembre 2008, en los reintegros de No a la Impunidad

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remanentes al Tesoro Nacional y al cierre oportuno de las cuentas utilizadas para el manejo de los fondos en avance y anticipo. En lo que respecta a la facultad de emprender los procedimientos de Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades, cabe señalar que cinco (5) de los informes provenientes de las actuaciones realizadas, reportaron hechos, acciones u omisiones que dieron origen a la activación del ejercicio de la Potestad Investigativa; de los cuales dos (2) se encuentran en la etapa de investigación, dos (2) por dictarse acto de cierre y uno (1) concluido. Cabe señalar, que este último, relacionado con “Presuntas irregularidades ocurridas en la rendición de la cuenta de gastos de la Unidad Administradora Central, correspondiente al ejercicio económico financiero 2006”, activó el procedimiento de Determinación de Responsabilidades, el cual concluyó la no existencia de méritos para dar inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, dispuesto en los artículos 96 y siguientes de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Adicionalmente, a las actuaciones antes descritas, se realizó un ajuste al Manual Operativo de Potestad Investigativa de conformidad con el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como la elaboración del proyecto de Instructivo para la “Ejecución de Auditorías en las Dependencias del Ministerio Público”, el cual se encuentra en la fase de aprobación por parte de la máxima autoridad. Descongestionamiento documental de los despachos fiscales Otra acción administrativa que destaca durante esta gestión, fue el descongestionamiento de los archivos ubicados en los distintos despachos fiscales del país, tomando como base que la documentación de los órganos del poder público debe resguardarse por razones de soberanía nacional, en conformidad con lo establecido en el Titulo IX de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 120, referido al carácter privado y reservado de la documentación de la Institución para el servicio oficial. En efecto, debido al gran cúmulo de trabajo existente en las fiscalías del Ministerio Público, y aunado a la incesante labor que viene desarrollando, se ha generado un colapso documental en los archivos de los referidos representantes de la Institución, situación que afecta la organización y el servicio de atención al público, lo cual se traduce en detrimento de la buena marcha que debe caracterizar a la administración de justicia. No a la Impunidad

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Por esta razón, a través del área de secretaría general y las fiscalías superiores de las diversas circunscripciones judiciales del país, se implementaron operativos especiales con el fin de brindar un ambiente laboral idóneo con las funciones de envergadura y nuevos retos propuestos por el Ministerio Público, lo cual coadyuva y redunda eficazmente en el mejoramiento de la atención prestada a los venezolanos. A tenor de lo anterior, y con la puesta en marcha de uno de los aspectos organizativos que caracteriza la labor del Ministerio Público para favorecer el manejo y simplificación de archivos fiscales, se logró el descongestionamiento de ciento cincuenta y nueve (159) archivos de las distintas dependencias del Ministerio Público, a través de la eliminación InSitu y la desincorporación progresiva de documentos, todo ello coordinado por intermedio del área de Archivo Central de la Institución, que funge como unidad receptora de los documentos de la Fiscal General de la República y las diversas fiscalías. Por consiguiente, con la creación y puesta en funcionamiento de los archivos estadales en los estados Carabobo y Zulia, como sedes piloto de este proyecto del Ministerio Público; se contribuirá a mejorar la imagen institucional, a través del descongestionamiento de documentos de todas las dependencias de esas jurisdicciones, aplicando mecanismos de planificación y eficiencia que garanticen el resguardo del patrimonio documental, con criterios unificados y sistemáticos. Servicios Bibliotecarios y Culturales Durante este año se ha dado continuidad a los esfuerzos de mantener disponible para todo el personal del Ministerio Público la información bibliográfica contenida en la Biblioteca Central “Rafael Arvelo Torrealba”, por lo que se ha difundido a través del sitio Web e Intranet en site Biblioteca: Catálogo Bibliográfico en Línea más de diecisiete mil novecientos nueve (17.909) registros. El cuadro que se incluye a continuación registra la información bibliográfica, jurídica, institucional e histórica que difunde continuamente este centro de información, el cual coordina los servicios bibliotecarios del organismo, proyectados al interior del país en catorce (14) núcleos bibliotecarios adscritos, los cuales funcionan en los estados Zulia, Sucre, Guárico, Táchira, Lara, Monagas, Carabobo, Falcón, Anzoátegui, Apure, Barinas, Miranda, No a la Impunidad

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Yaracuy y Aragua, faltando por cubrir los estados Bolívar, Cojedes, Mérida, Trujillo, Vargas, Portuguesa, Nueva Esparta, Amazonas y Delta Amacuro.

Información Difundida por la Biblioteca Central del Ministerio Público en el sitio web , Intranet y por correo electrónico Enero-diciembre 2009 Catálogo Bibliográfico en Línea /desde Marzo de 2009/. *SITE Biblioteca 17.909 registros /desde marzo 2009 en Resoluciones Organizativas del Ministerio Público. Web y desde años Información general sobre los Servicios Bibliotecarios del anteriores en la Ministerio Público, el Archivo Histórico y las corales Intranet del Ministerio Público *SITE Doctrina /desde años anteriores/ *SITE Historia

Doctrina del Ministerio Público (1981-2008) Doctrina del Ministerio Público sobre el Código Orgánico Procesal Penal (1996-2008). Documentos para la Historia del Ministerio Público (12301935). Biografías de los Fiscales Generales de la República. Orígenes y Evolución del Ministerio Público

*SITE Legislación /desde años anteriores/

Legislación Nacional Básica para Funcionarios del Ministerio Público.

*SITE Ediciones /desde años anteriores/

Lista de publicaciones editadas por el Ministerio Público.

*Correo electrónico institucional

*En constante actualización

Índice de Leyes de la V República (1999-2009). Índice seleccionado de “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela” (1999-Nov. 2009). Índice seleccionado de “Gaceta Electoral” (2003-Oct. 2009). Índice seleccionado de “Gaceta Oficial del Distrito Metropolitano de Caracas” (2002-Jul. 2008/ última recibida en BC:). Índice de las Resoluciones y Acuerdos del Ministerio Público publicados en la “Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela” (2006-2009). Índice de Circulares del Ministerio Público recibidas en Biblioteca Central del Ministerio Público (2006-2009) Textos de Códigos y Leyes completo de interés para el Ministerio Público.

Fuente: Biblioteca Central del Ministerio Público

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Como resultado de los servicios bibliotecarios o las otras estrategias de difusión implementadas, se logró atender un total de usuarios en todas las unidades de información de setenta y dos mil quinientos diecinueve (72.519), de esta cifra, cuarenta siete mil quinientos tres (47.503) corresponde a femenino y veinticinco mil dieciséis (25.016) a masculino, lo cual se refleja en el gráfico siguiente:

USUARIOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES BIBLIOTECARIAS Y ARCHIVO HISTÓRICO DEL MINISTERIO PÚBLICO POR GÉNERO AÑO 2009 21.428 34%

40.904 66%

M ASCULINO

FEM ENINO

Fuente: Biblioteca Central del Ministerio Público

Con la finalidad de realizar la expansión cultural de la Institución, se llevó a cabo la creación de la Coral del Ministerio Público del estado Apure y la Coral del Ministerio Público de Monagas, por Resolución N° 940 de 26/10/2009. (G.O. 39.310, 19/11/2009). Con estas dos nuevas corales, se la totaliza la cantidad de diez (10) a escala nacional, con la meta futura de contar con una (1) en cada jurisdicción de la República. Opiniones del Ministerio Público a instrumentos normativos del Estado venezolano Dado el papel relevante que ejerce el Ministerio Público Venezolano y en aras de fortalecer el Sistema de Justicia, esta Institución emitió opiniones y observaciones destinadas a validar u optimizar los instrumentos normativos que a continuación se citan: Propuesta de Organización y Funcionamiento del Consejo Moral Republicano No a la Impunidad

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Fue presentado por la Secretaría Ejecutiva Permanente del Consejo Moral Republicano, a los fines de realizar el análisis de la estructura organizativa y funcional del mencionado ente, así como también el del organigrama; reglamento interno; misión, visión y valores; y el Plan Operativo 2009. En este sentido, una vez efectuado el estudio respectivo consideró como una de las observaciones de mayor relevancia, que en dicho instrumento, no se encontraba incluida la Unidad de Auditoría Interna, lo cual debería ser subsanado a los fines de orientar la actuación de todas las dependencias que conforman la Institución del Consejo Moral Republicano, no se observó aspecto alguno que fuera contrario a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que conforman el ordenamiento vigente. Proyecto de Ley contra el Secuestro y la Extorsión La Asamblea Nacional, a través de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, remitió dicho proyecto de Ley al Ministerio Público a los fines de que se realizaran las observaciones pertinentes. Así, entre las más resaltantes destaca lo relativo al monto de las penas asignadas a los diferentes tipos de secuestro previstos en la Ley, debido a que existen desproporciones que no permiten distinguir entre las conductas más graves y las menos graves que se busca sancionar. En cuanto a la regulación de la figura del agente encubierto, se sugirió que la misma fuere revisada, a los fines de evitar colisión con la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Se consideró relevante sugerir la realización de precisiones respecto a las normas que consagran lo relativo a la incautación de bienes para evitar con ello la afectación a personas que en principio no deberían sufrir tales efectos, sobre todo en el caso de las víctimas de dichos delitos. De igual forma, se estimó de manejo delicado lo referido a la declaración de bienes de la persona secuestrada, ya que de ser manipulada de forma incorrecta, podría constituir información muy valiosa para las organizaciones criminales. Por último, se manifestó la importancia de una política criminal que permita lograr una eficiente prevención del delito y que contribuya a aumentar la credibilidad en los cuerpos de seguridad del Estado. Anteproyecto de Ley de Responsabilidad Política de Funcionarios Públicos y Funcionarias Públicas al Servicio de la República. El anteproyecto fue presentado por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, a través del cual se estima establecer las normas que regularán el control del Parlamento sobre los poderes públicos del Estado y la declaración de No a la Impunidad

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responsabilidad política de los funcionarios al servicio de la República. Al efecto, se efectuaron las observaciones a cada uno de los artículos del anteproyecto, entre ellas una de las más resaltantes, y a través de la cual se precisó que los poderes que conforman el poder público nacional se encuentran en un mismo nivel jerárquico, siendo cada uno de ellos autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones. De allí la importancia de resaltar que si bien el artículo 222 constitucional reconoce a la Asamblea Nacional la facultad de declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos, es al Poder Ciudadano al que le corresponde intentar las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Proyecto de Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana. El proyecto de Código fue presentado por la Comisión Permanente de Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, el cual pretende establecer el régimen disciplinario y principios éticos que guían la conducta de los jueces y juezas, con el fin de garantizar la independencia e idoneidad de éstos. Al efecto, se efectuaron observaciones de forma a muchos de los artículos que conforman el referido proyecto, estimando que una de las más relevantes fue la de señalar que la autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio del cargo respectivo no se garantiza con el establecimiento de un Código de Ética, sino permitiendo que el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas se haga sin injerencia de ningún factor, razón por la cual se propuso que el término independencia contenido en el proyecto respectivo sea sustituido por otro más idóneo, como por ejemplo indicar que las actuaciones de los jueces y juezas deben estar orientados por los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Propuesta de Creación de la Escuela de Formación para el Ejercicio del Buen Gobierno. El Consejo Moral Republicano, solicitó al Ministerio Público su pronunciamiento en cuanto a esta propuesta. Al respecto, se indicó que la misión que tendría asignada esta Escuela se relaciona directamente con la actividad que desarrollan los órganos del poder público en la ejecución de toda la actividad administrativa, lo cual debe ser impulsado básicamente a través del proceso educativo, reforzando los principios de solidaridad, libertad, democracia, responsabilidad social y el derecho al trabajo No a la Impunidad

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contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En atención a la tarea asignada a dicha escuela, se requiere revisar su nombre y sustituirlo por otro que exprese suficientemente el alcance y contenido del proyecto examinado y a título de ejemplo se indica “Escuela de Formación en los principios de ética pública y moral administrativa para los funcionarios públicos”. Se estimó viable la creación de la mencionada Escuela, pues con ello se consolidan una serie de atribuciones de carácter constitucional asignadas al Consejo Moral Republicano. Participación en la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal Otro logro relevante está vinculado con la participación del Ministerio Público en las discusiones sobre Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que se llevaron a efecto en la sede de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, lo que permitió la incorporación y aprobación de las propuestas realizadas por el Ministerio Público, en el documento final publicado en fecha 14 de septiembre de 2009, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5930. Las modificaciones al Código Orgánico Procesal Penal que fueron propuestas por el Ministerio Público, e incluidas en el texto sancionado, contribuirán a la simplificación de los procesos penales en curso, a disminuir los retrasos o dilaciones indebidas de tales procesos, y al descongestionamiento de los casos cursantes en esta Institución. Entre otras, cabe acotar que se incluyeron dos nuevas normas, una referida a la Cadena de Custodia que es la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias físicas o indicios materiales, con el fin de evitar su modificación, alteración o contaminación desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso, su trayectoria por las distintas dependencias criminalísticas y/o forenses hasta la consignación de los resultados a la autoridad competente. Por tanto, la inclusión de esta norma procura regular los procedimientos generales y específicos, fundados en los principios básicos de la cadena de custodia de evidencias físicas, de uso obligatorio para todas las instituciones policiales del territorio nacional, que practiquen entre sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección, embalaje, etiquetaje, traslado, preservación, análisis, almacenaje No a la Impunidad

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y/o custodia de evidencias físicas, con la finalidad de mantener un criterio unificado de patrones criminalísticos. Otra sugerencia realizada por el Ministerio Público y que fue acogida, fue la inclusión en cada Órgano de Investigación Penal de un Área de Resguardo de Evidencias Físicas que se recaban durante las investigaciones penales llevadas por esos organismos. Estas áreas de resguardo deben estar debidamente acondicionadas, equipadas y dotadas de infraestructura, materiales consumibles, tecnología, seguridad y mantenimiento, necesarios para contener y conservar evidencias físicas de origen biológico y no biológico hasta la culminación del proceso. El establecimiento en el Código Orgánico Procesal Penal de las dos normas supra señaladas, cadena de custodia y áreas de Resguardo de Evidencias Físicas, permitirá dejar constancia del recorrido y responsable del manejo de cada una de las evidencias físicas recabadas durante la investigación, todo lo cual garantiza su transparencia y evitará en definitiva que se produzcan nulidades por vicios vinculados con la evidencia. Por otra parte, el Principio de Oportunidad, como mecanismo alterno para la prosecución del Proceso Penal, que le da al fiscal del Ministerio Público la facultad para solicitar al juez de control, la autorización para prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de la acción penal, o limitarla a algunas de las personas que intervinieron en el hecho, previsto en el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, se modificó en su numeral primero, en el sentido de elevar a delitos con pena que no exceda de cinco años, aquellos que hacen procedente tal alternativa, retomando con ello la norma originalmente prevista en el COPP de 1998. Asimismo, en cuanto a otra de las alternativas a la prosecución del proceso, la suspensión condicional del proceso, prevista y sancionada en el artículo 42 del Código Orgánico Procesal Penal, se modificó ampliando su aplicación a delitos con pena que no exceda de cuatro años en su límite máximo; ambos cambios (lo relacionado con el principio de oportunidad y la suspensión condicional del proceso) permitirán la resolución por esta vía de un mayor número de los casos de menor relevancia o afectación al interés público, y que agobian al Sistema de Justicia Penal.

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Como un extraordinario instrumento para minimizar los retardos que pueden producirse en las investigaciones, ahora, tras ser modificado el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, los funcionarios especializados de la Institución podrán realizar experticias; todo lo cual esta previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 16, numeral 3, que establece la facultad que tiene nuestro organismo de practicar por sí mismo actividades indagatorias tendentes a demostrar la perpetración de los actos punibles. Asimismo, fue suprimida la audiencia de prórroga para la presentación del acto conclusivo, establecida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual garantizará que el órgano jurisdiccional se pronuncie respecto a la prórroga solicitada, de manera oportuna, antes del vencimiento del plazo original. Otra situación que genera severos retrasos en el proceso penal, es la inasistencia de algunas de las partes a la Audiencia Preliminar, por lo cual se modificó el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que si hubiere pluralidad de imputados, y se difiriese por incomparecencia de algunos de ellos en más de dos (2) oportunidades, el proceso debe continuar con respecto a los otros imputados, y el juez debe realizar la audiencia con los comparecientes, separando de la causa a quien no compareció, esto a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa de los que se someten al proceso. Asimismo, si estando la víctima debidamente notificada de la realización de la audiencia preliminar, ésta no compareciere injustificadamente, podrá diferirse la audiencia por esta causa, hasta dos (2) oportunidades, luego de las cuales se prescindirá de su presencia para la realización del acto; todo lo cual coadyuvará con la efectiva realización de los actos, y por ende repercutirá en la celeridad de los casos llevados por los representantes del Ministerio Público. En cuanto a los pronunciamientos jurídicos se avanzó en las siguientes acciones: Se presentaron ciento sesenta (160) proyectos de resolución para la debida decisión por parte de la máxima autoridad de la Institución, correspondientes a incidencias de inhibiciones planteadas por parte de representantes del Ministerio Público, en el desarrollo de un proceso, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, a los fines de garantizar la imparcialidad y No a la Impunidad

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objetividad que deben tener respecto de las causas sometidas a su conocimiento. Se presentaron doscientos cincuenta y siete (257) proyectos de resolución para la debida decisión por parte de la máxima autoridad de la Institución, correspondientes a incidencias de recusaciones propuestas por las partes dentro del proceso penal, en contra de representantes del Ministerio Público, a los fines de garantizar la imparcialidad y objetividad que deben tener dichos funcionarios respecto de las causas sometidas a su conocimiento. Se sometió a la consideración de la máxima autoridad de la Institución, propuesta de circular contentiva de instrucciones atinentes al procedimiento a seguirse en las incidencias de inhibiciones y recusaciones, con la finalidad de agilizar su tramitación en beneficio de la celeridad procesal. Se verificó el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para el otorgamiento de los beneficios de jubilación y pensión de invalidez, de los empleados y obreros adscritos a esta Institución, así como de la pensión de sobreviviente conferida a sus familiares; y consiguientemente se emitieron cuarenta y tres (43) opiniones jurídicas sobre su procedencia o no, con lo cual se propicia el acatamiento de derechos sociales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

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