INFORME NACIONAL SOBRE LA GESTION DEL AGUA EN VENEZUELA

Angela B. González Landazábal 4ta Av. Los Palos Grandes, entre 2da y 3ra Transversal, Edf. Imperio, Apto. 51. Caracas, Venezuela. e-mail: [email protected]

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

Indice Venezuela

1.

Resumen Ejecutivo

2.

Características Generales del País

11

2.1

Ubicación y territorio

11

2.2

Marco natural

11

2.3

Forma de gobierno y organización administrativa

11

2.4

Población

12

2.5

Condiciones sociales

13

2.6

Contexto económico

14

3.

7

Manejo Integrado de los Recursos Hídricos

17

3.1

17

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Las vertientes y cuencas hidrográficas nacionales e internacionales del país La disponibilidad de recursos hídricos en el país

19

3.2.1 Disponibilidades relacionadas con el clima

19

3.2.2 Disponibilidades de recursos hídricos superficiales

20

3.2.3 Disponibilidades de recursos hídricos subterráneos

21

3.2.4 Caracterización de la calidad de agua

21

3.2.5 Redes de monitoreo hidrometeorológico e hidrológico

22

El uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en el país

23

3.3.1 Los usos extractivos

23

3.3.2 Los usos no extractivos

25

Balance y situaciones ambientales críticas y extremas

27

3.4.1 Balance entre disponibilidad-oportunidad con la demanda de recurso

27

3.4.2 Inundaciones y fenómenos torrenciales

28

3.4.3 Otras situaciones de degradación ambiental

28

3.4.4 Nivel de afectación

29

Aspectos institucionales de la gestión de los recursos hídricos en el país

30

3.5.1 Administración del agua

30

3.5.2 Mecanismos de Participación de los Usuarios

32

3.5.3 Legislación de Aguas

33

Aspectos económicos-sociales de la gestión de los recursos hídricos en el país

33

3.6.1 Sistema tarifario

33

3.6.2 Mecanismo de financiación

33

3.6.3 Aspectos sociales

34

Análisis de los desafíos, conflictos y elementos críticos para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos en el largo plazo

4.

34

Agua Potable y Saneamiento

36

4.1

Estructura organizativa

36

4.1.1 Formulación de políticas y planificación

36

4.1.2 Regulación y control

37

4.1.3 Gestión de los servicios

38

3

Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

4.2

4.3

4.4

5.

6.

4

Análisis operacional

42

4.2.1 Cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento

42

4.2.2 Calidad y condiciones del servicio

44

4.2.3 Déficits de servicios e impacto sobre la salud

45

4.2.4 Gestión comercial de las empresas operadoras

46

Financiamiento del Sector

49

4.3.1 Necesidades de financiamiento

49

4.3.2 Principales fuentes de financiamiento

49

Fortalezas y debilidades

50

4.4.1 Fortalezas y debilidades institucionales

50

4.4.2 Fortalezas y debilidades de la regulación

51

4.4.3 Fortalezas y debilidades de los operadores

51

Situación Esperada de los Recursos Hídricos al Año 2025

53

5.1

Fortalezas y debilidades de la regulación

53

5.2

Fortalezas y debilidades de los operadores

54

5.3

Fortalezas y debilidades de los operadores

55

Conclusiones y Recomendaciones Generales

57

Referencias Bibliográficas

61

Anexos

62

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

Figuras y Tablas

Indice de Figuras Figura Nº 1

Mapa político de Venezuela

12

Figura Nº 2

Transición demográfica en Venezuela

14

Figura Nº 3

Indicadores de pobreza en Venezuela 1980-98

14

Figura Nº 4

Cuencas hidrográficas de Venezuela

17

Figura Nº 5

Mapa isoyético de Venezuela

20

Figura Nº 6

Conurbaciones Siglo XXI y ejes desconcentradores

26

Figura Nº 7

Red intermodal propuesta por el MARN

27

Figura Nº 8

Areas degradadas a nivel nacional

29

Figura Nº 9

Fases del proceso de transferencia de los servicios de agua potable y saneamiento

39

Figura Nº 10

Principales empresas operadoras en el país

40

Figura Nº 11

Evolución de la cobertura del servicio en el área urbana

43

Figura Nº 12

Población rural vs. Cobertura de servicios

43

Figura Nº 13

Cobertura de costos de operación con ingresos propios

48

Figura Nº 14

Ingresos propios (Bs.) a precios constantes de 1984 y facturación

48

Indice de Tablas Tabla N° 1

Indicadores macroeconómicos

16

Tabla N° 2

Volumen medio anual escurrido. Cuencas hidrográficas

18

Tabla N° 3

Aportes cuencas internacionales

19

Tabla N° 4

Volumen medio anual escurrido por regiones

21

Tabla N° 5

Contaminación de las aguas

22

Tabla N° 6

Superficie regada y regable del país (Ha)

23

Tabla N° 7

Agua producida por regiones

24

Tabla N° 8

Principales plantas hidroeléctricas del país

25

Tabla N° 9

Balance disponibilidad - demanda año 2000

28

Tabla N° 10

Producción de agua y valores de ANC

44

Tabla N° 11

Evolución del precio medio del agua 1993-1999

47

Tabla N° 12

Valores de tarifa promedio en Bs/m3

47

Tabla N° 13

Requerimientos de inversión para escenario sustentable

50

Tabla N° 14

Resultados del balance nacional

56

5

Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Abreviaturas ABRAE ANC BID BOT CNDSAPS COPLANARN CORDIPLAN CVG DGSPOA DHM EDELCA EHR FAV FIDES FIEM FONVIS FUNDACOMUN GOSH HIDROVEN ICLAM IESA INAVI INDECU INOS INPARQUES ISLR LORM MARN MARNR MSAS MSDS OCEI OCEPRE OMN OMS OPEP OPS PDVSA PIAS PIB PNVR PROMUEBA SINAIHME UCV VENEHMET

6

Areas Bajo Régimen de Administración Especial Agua No contabilizada Banco Interamericano de Desarrollo Build-Operate and Transfer Comisión Nacional para el Desarrollo del Sector Agua Potable y Saneamiento Comisión de Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República Corporación Venezolana de Guayana Dirección General Sectorial de Planificación y Ordenación del Ambiente Dirección de Hidrología y Meteorología Electricidad del Caroní Compañía Anónima Empresas Hidrológicas Regionales Fuerza Aérea Venezolana Fondo Intergubernamental para la Descentralización Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica Fondo de Inversión Social Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Mundial Gerencia de Obras Sanitarias e Hidráulicas Compañía Anónima Hidrológica de Venezuela Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo Instituto de Estudios Superiores de Administración Instituto Nacional de la Vivienda Instituto para la Defensa del Consumidor y Usuario Instituto Nacional de Obras Sanitarias Instituto Nacional de Parques Impuesto Sobre la Renta Ley Orgánica de Régimen Municipal Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (hoy del ambiente y de los Recursos Naturales) Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (actualmente de Salud y Desarrollo Social) Ministerio de Salud y Desarrollo Social Oficina Central de Estadística e Informática Oficina Central de Presupuesto Organización Meteorológica Mundial Organización Mundial de la Salud Organización de Países Exportadores de Petróleo Organización Panamericana de la Salud Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima Plan de Inversiones en Ambiente y Salud Producto Interno Bruto Plan Nacional de Vivienda Rural Programa para el Mejoramiento de Barrios Sistema Nacional de Información Hidráulica Universidad Central de Venezuela Sistema de Pronóstico Hidrometeorológico Nacional

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

1. Resumen Ejecutivo El entorno del manejo de los recursos hídricos

Venezuela es un país con grandes riquezas naturales, abundantes recursos hídricos y con una biodiversidad que nos ubica como uno de los diez países más ricos del mundo en este aspecto. Sin embargo, a partir del momento en que se inicia la explotación del petróleo, alrededor de la década de los años 30, comienza también un proceso de abandono del campo y un crecimiento demográfico que alcanzó el 4 % en 1963, todo lo cual trajo en consecuencia una ocupación anárquica de los pocos espacios urbanos existentes para la época y una afectación negativa de muchos recursos naturales. El estilo del desarrollo petrolero dejó una estela de cuerpos de agua contaminados, áreas naturales y urbanas degradadas y altos pasivos ambientales que requerirán de un esfuerzo sostenido y cuantiosas inversiones para que puedan ser mitigados. A pesar del efecto concreto del estilo de desarrollo seguido, a nivel legal formal se mantuvo una actitud distinta, al decretar una política de ordenación del territorio que buscaba revertir revertir muchos de estos daños y de proteger las áreas sensibles aún no deterioradas, y es por ello que hoy en día el país cuenta con 46% de su superficie protegida como Areas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), clasificadas con fines protectores, protectores bajo usos normados y fines productores, de acuerdo a sus características. Por otra parte, se ha logrado desarrollar una legislación en materia ambiental, que si bien es perfectible, ha significado un avance y un apoyo para controlar la acción de los desarrollos no ordenados. Es así como Venezuela, en 1977, es el primer país en América Latina que crea una institución para el manejo y administración de los recursos naturales renovables con rango ministerial. El estilo de desarrollo producto de la renta petrolera, si bien fue causa de un crecimiento desordenado y compulsivo que trajo muchas consecuencias negativas a la gestión ambiental, también produjo los recursos necesarios para dotar al país de una importante infraestructura de aprovechamiento de los recursos hídricos y de servicios conexos, lo cual permite que, a pesar de las crisis financieras en que se ha visto el país en los últimos años, aún puede mantener altos porcentajes de cobertura de servicios de agua potable y saneamiento, así como un importante volumen de recursos de agua aprovechables desde el punto de vista hidráulico. 1

Un elemento a favor del éxito que pueda tener la implantación de un plan de manejo sustentable de los recursos hídricos a futuro, es la reducción progresiva que han experimentado las tasas de crecimiento de la población, toda vez que esto “desactiva uno de los factores de más difícil manejo desde el punto de vista ambiental” 1. Sin embargo, es importante analizar los elementos políticos y culturales que pueden influir en el desarrollo de las tendencias hacia las metas del desarrollo sustentable que anhelaríamos para nuestro país. Por una parte, Venezuela se enfrenta actualmente a una serie de cambios políticos importantes, como consecuencia del agotamiento de un modelo de gobierno, que se tradujo entre otras cosas en el incremento explosivo de los niveles de pobreza, hasta alcanzar hoy en día un 60%. Obviamente, bajo estas circunstancias cualquier acción de control que se pretenda establecer con miras a la recuperación ambiental de los espacios deteriorados, o que tienda a establecer valores económicos de los bienes para buscar un uso racional de los mismos, es muy difícil de implementar. Por otra parte, nos encontramos ante una gran transformación del Marco Legal, que ha involucrado incluso la aprobación de una nueva constitución. Sin embargo, la misma no promueve el establecimiento de una vinculación del usuario con su entorno bajo formas de corresponsabilidad, necesarias para acometer cambios exitosos en las modalidades de la gestión pública. De igual manera, la nueva carta magna coloca en el Estado casi el total de los deberes, y no facilita la descentralización político-administrativa que tanto requieren los procesos modernizadores de la gestión del Estado, por cuanto centraliza sustancialmente en el Gobierno Central la mayor parte de las decisiones. Bajo este escenario y considerando la crisis fiscal existente, existen altas probabilidades de que en el corto plazo, la presión social para que el Gobierno cumpla con las obligaciones contraídas en la ley, obligue a aperturar otras opciones que faciliten la participación de la sociedad civil en la solución de los problemas administrativos propios de la gestión local, incluyendo la participación de la empresa privada. De las posibilidades de promover la participación activa de la sociedad civil en la gestión de temas como los recur-

Gabaldón, Arnoldo José. 1999. Medio Ambiente: de uno a otro milenio. Revista SIC. Caracas, (620): 468-469

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

sos naturales y ampliar la participación del sector privado y de los gobiernos locales y regionales, dependerá en buena medida que puedan implementarse las estrategias y acciones que se han considerado fundamentales como conclusión de los análisis realizados en el presente informe: la gestión descentralizada de la administración de los usos de los recursos hídricos y de los servicios de agua potable y saneamiento, es una estrate-

gia fundamental para revertir algunas de las situaciones críticas de los mismos y para lograr que su manejo y desarrollo permitan resolver en el menor plazo posible, las desigualdades críticas en cuanto al acceso a los servicios señalados y se establezcan los mecanismos adecuados para darle sustentabilidad a todos estos esfuerzos.

La disponibilidad de los recursos

Venezuela es un país con grandes recursos hídricos, provenientes en su mayoría de los aportes de la cuenca del río Orinoco, uno de los principales ríos del mundo en razón de su escurrimiento. En efecto, el volumen superficial promedio nacional escurrido es de 705 millones de metros cúbicos anuales, y los recursos de aguas subterráneas, aún cuando no existe una cuantificación de los mismos, se estiman en mayor cuantía que los superficiales, dadas las características hidrogeológicas de los suelos del país. Sin embargo, el patrón de asentamiento de la población hace que esta abundancia sea relativa, ya que el 80% de sus habitantes están ubicados en áreas que tienen un 20% de los recursos hídricos. Por otra parte, el patrón isoyético de las cuencas, a excepción de la del río Orinoco, le confiere una limitación temporal a la disponibilidad de los recursos hídricos en muchas de las regiones, ya que establece dos temporadas

marcadas: una de lluvia entre los meses de abril a septiembre y otra seca entre octubre y marzo. La disponibilidad de estos recursos, además de estar limitada debido a la estacionalidad antes señalada, también está siendo alterada por causa de los crecientes problemas de contaminación de los cuerpos de agua que han venido provocando los procesos de urbanización e industrialización acelerada y sin una adecuada planificación, el uso de agroquímicos no biodegradables, las consecuencias de una actividad minera no controlada y la contaminación proveniente de derrames de crudo, bien desde las vertientes a las cuencas limítrofes con la República de Colombia, o por accidentes producidos durante las actividades de explotación y transporte de la industria petrolera nacional. Estos problemas, aunque son incipientes en algunas regiones, en otras están siendo causa de limitaciones severas para usos como el turístico-recreacional y para el mismo abastecimiento a las poblaciones.

El uso y aprovechamiento

El balance realizado a nivel nacional, considerando los aportes del escurrimiento superficial en las siete (7) grandes regiones en que se dividió el país, arroja como resultados una alta disponibilidad del recurso aún bajo escenarios de crisis en todas las regiones, a excepción de la región Central-Capital, donde se ubica un 34% de la población total del país y su mayor parque industrial. Los recursos disponibles permiten, en términos generales, el abastecimiento de 20.9 millones de personas (87% de la población nacional) y el riego de 387.500 hectáreas. Ello incluso se logra con niveles de consumo per cápita que, duplican y cuadruplican respectivamente los valores promedio de la región latinoamericana (consumos promedio de agua potable de 424 lpd y de 1 l/s/ha para riego). Para el caso de los usos no consuntivos, su aprovechamiento tiene aún grandes posibilidades de desarrollo, dado el alto potencial no utilizado todavía. En el caso de la producción

8

de energía hidroeléctrica, Venezuela alcanza actualmente la cifra de 56.205 GWH en generación, 13.306 GWH en construcción y tiene un total de 96.227 GWH como potencial comprobado de producción, fundamentalmente por los aprovechamientos en el río Caroní. El uso de los cuerpos de agua para la navegación está muy poco desarrollado. De hecho, solamente existe un bajo volumen de transporte a través del río Orinoco para llevar productos de la industria pesada que se ha asentado en la región de Guayana, a los fines de su exportación o transporte a través del océano Atlántico. Sin embargo, uno de los proyectos fundamentales de la actual administración es el desarrollo de un eje fluvial a través de los ríos Orinoco y Apure, que permitiría una línea de comunicación intermodal al sur del país y la generación de nuevos polos de desarrollo que además facilitarían la desconcentración urbana.

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

No es este el caso de los usos turístico-recreacionales de los recursos hídricos, los cuales están siendo ampliamente desarrollados, a pesar de que aún existen limitaciones por los requerimientos de infraestructura de apoyo a esta actividad. Este es uno de los usos que puede verse más afectado en muy

corto plazo por el problema creciente de contaminación. Sin embargo, se hacen esfuerzos por reducir las emisiones de efluentes no tratados en las áreas costeras turísticas, especialmente en el oriente del país.

Situaciones ambientales criticas

Otro elemento importante de análisis han sido las situaciones ambientales críticas y extremas que suelen producirse en nuestra geografía: Venezuela es un país con regiones geográficas bien marcadas y muy definidas tanto por la orografía como por la climatología de cada una de ellas, y por esta razón encontramos fenómenos climáticos diversos, que pueden llegar en algunos casos a ser parte de la vida cotidiana de los pueblos, como son los procesos anuales de inundaciones que se dan en la región de los llanos centro-occidentales, o las sequías recurrentes de regiones como la península de la Goajira y de la zona norte del estado Falcón. Sin embargo, algunos procesos climatológicos extremos han sido causa de catástrofes originadas inclusive en regiones no sujetas a acciones antrópicas. Los casos más recientes han sido la sequía que afectó la zona noroccidental del país como consecuencia de los efectos de El Niño a finales del año 1997 y en el primer trimestre de 1998, y que requirió de acciones gubernamentales drásticas para evitar serios conflictos por el uso del agua entre los habitantes de la ciudad de Maracaibo (segunda en importancia del país, con 1.622.550 habitantes) y los ganaderos y agricultores de la región. Pero los eventos más severos han sido

los procesos de inundaciones violentas con arrastre de grandes masas de suelos, como los ocurridos en 1987 en la cuenca del río Limón en el estado Aragua, y la reciente tragedia ocurrida en diciembre de 1999, cuando cerca de 35.000 personas perdieron la vida en el estado Vargas, ubicado al norte del país, en la peor tragedia de esta naturaleza que se recuerda en toda América durante los últimos cien años. A pesar de que muchos de estos eventos no obedecen a intervenciones del hombre en las cuencas, ni hay los estudios suficientes como para considerarlos consecuencia de cambios climáticos globales, lo cierto es el alto nivel de vulnerabilidad al que está sujeta gran parte de la población, ubicada muchas veces en zonas de alto riesgo. Esta situación está asociada no sólo a condiciones de marginalidad de los pobladores, sino fundamentalmente a la falta de planes de ordenación espacial. Por otra parte, las deficiencias en la información básica fundamental impide organizar sistemas de alerta o elaborar planes de ordenación territorial detallados, sin los cuales será imposible disminuir la vulnerabilidad tanto de la población como de sus bienes de producción y efectuar una adecuada planificación del uso y aprovechamiento de los espacios.

Aspectos institucionales de la gestión

La gestión de los recursos hídricos se realiza de manera centralizada, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), y se ha caracterizado por ser poco participativa, tanto para el sector privado como para otras dependencias o empresas públicas, y por no considerar o reforzar mecanismos tarifarios, educativos y de regulación que tiendan a promover un uso racional, coordinado y sustentable de los recursos. A pesar de que la legislación vigente en materia ambiental es muy amplia, la capacidad institucional y financiera del Ministerio ha sido muy limitada y las pocas experiencias que esta institución ha iniciado para la administración de las cuencas con participación regional, no han sido muy exito-

sas, probablemente por no haber estado acompañadas de un respaldo real y efectivo del Ejecutivo Nacional a este tipo de figura de gestión. Los problemas institucionales se repiten de alguna manera en la gestión del servicio de agua potable y saneamiento. La diversidad de roles del Estado en esta materia, dado que el mismo funciona como operador y como controlador, implica una dualidad de funciones que termina confundiendo y debilitando el poder de regulación del Estado. Los cambios en la prestación del servicio acaecidos a partir de 1990, han permitido sin embargo, avanzar en la materia. En efecto, el proceso de descentralización para los servicios de agua potable y

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

saneamiento ya ha concretado varias experiencias, dado que la Legislación atribuye explícitamente a los poderes locales la responsabilidad de la prestación del mismo y porque además las deficiencias de su prestación inciden más directamente sobre el usuario en la región, que las posibles consecuencias de procesos de deterioro ambiental en las cuencas.

En los casos de los usos agrícola, hidroeléctrico, turístico y de navegación del agua, la planificación y manejo de los recursos se realiza a través de diferentes instituciones, siendo en estos casos la función del MARN elaborar y concertar los planes de ordenación territorial, otorgar los permisos respectivos y ejercer las acciones de control y regulación posteriores.

Los problemas fundamentales y las propuestas de solución

A pesar de la dificultad que se presenta para desagregar la problemática de la gestión de los recursos hídricos, dada la integración de los elementos que la componen y de la forma como interactúan los mismos entre sí, podríamos plantearnos cuatro grandes problemas: • La actual gestión ambiental no cumple los objetivos básicos que permitan preservar los principios de equidad social, beneficios económicos y sustentabilidad ambiental. • La disponibilidad del recurso hídrico tiende a disminuir debido a los procesos de intervención en las cuencas altas y a la creciente contaminación de los cuerpos de agua. • Existe un déficit de infraestructura necesaria para un cabal aprovechamiento del recurso y para proveer en forma satisfactoria los servicios de agua potable y saneamiento. • La distribución de la población intensifica los problemas de disponibilidad del recurso agua y la propensión a situaciones ambientales críticas.

4.

5.

6. Como estrategias de acción para actuar sobre los problemas planteados, se proponen: 1. Adecuar la organización institucional a estrategias de sustentabilidad ambiental. Esto implica establecer organizaciones descentralizadas para la administración del recurso agua, con participación activa de la población local, incluyendo al sector privado y respaldo efectivo del gobierno nacional para ejercer sus funciones. Para esto deberán definirse claramente los roles del Estado, de los usuarios y de los gobiernos locales y establecerse las leyes y reglamentaciones necesarias. 2. Intensificar el proceso de ordenación del territorio, actualizando los planes de ordenación y estableciendo los consensos necesarios para darle viabilidad política a los mismos.Implantar un proceso efectivo de control, seguimiento y sanción a los infractores. 3. Establecer programas de manejo y conservación de cuencas que fomenten el uso de tecnologías limpias, cambios de patrones de cultivo para fomentar la conservación de

10

7.

suelos, aplicación de la evaluación ambiental como instrumento para la toma de decisiones y la formulación e implantación de planes para prevención de desastres. En los casos de cuencas internacionales, deberán establecerse los convenios necesarios para alcanzar un uso armónico de los recursos compartidos. Definir los mecanismos de regulación para el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos y fortalecer las instituciones regulatorias con un marco legal de actuación que les permita cumplir a cabalidad sus funciones. Establecer mecanismos financieros que promuevan la consolidación y la construcción de la infraestructura y servicios básicos ambientales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo establecidos en los planes de ordenación. Esto involucra los sistemas de tarifas y subsidios y de incentivos fiscales que promuevan un uso racional del recurso y permitan darle sustentabilidad a la prestación de dichos servicios. Establecer los sistemas de información ambiental necesarios, con miras a tener un mejor conocimiento de los eventos naturales y, en consecuencia, determinar las acciones y soluciones acertadas en cada caso. Para ello, es imprescindible destinar recursos técnicos y financieros suficientes y adecuados. Crear, promover y coordinar programas de capacitación en el área ambiental, así como también programas que fomenten la investigación científica y tecnológica, especialmente en lo relativo a tecnologías no convencionales de fácil implantación local. Este aspecto debe incluir la educación ambiental y la concientización ciudadana.

La tendencia a que los pobladores exijan mayor participación en la toma de decisiones sobre los recursos de su entorno, facilitará en el mediano y largo plazo los procesos modernizadores de la gestión de dichos recursos, promoviendo aspectos como el pago por el uso de los mismos, la promoción de prácticas de manejo sustentable, la participación de los usuarios y la aplicación del principio de que “el que contamina, paga”.

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2. Características Generales del País 2.1 Ubicación y territorio

Venezuela es una República Federal ubicada en la parte más septentrional de la América del Sur, hemisferio norte, en plena zona intertropical, más cerca del Ecuador que del Trópico de Cáncer. Está relativamente cerca de algunos de los centros de decisión económica y política de Norte América y con una posición geográfica de fácil acceso por vía marítima a los mercados de Centroamérica, Norteamérica, Noroeste de Europa y Sudamérica. De acuerdo con su situación geográfica se encuentra entre las coordenadas: latitud norte 00°38’53’’ y 15°40’18’’ en el extremo norte insular, en Isla de Aves, longitud oeste

58°07’, considerando la zona en reclamación y 73°25’ en el nacimiento del río Intermedio. El país ocupa una superficie de 912.050 km2 y mantiene en reclamación con la Guyana Británica un sector de 169.060 km2 ubicado al oeste del río Esequibo. De acuerdo a su extensión se ubica en el sexto lugar dentro de los países sudamericanos después de Brasil, Argentina, Perú, Colombia y Bolivia. Limita por el Norte con el Mar Caribe, por el Sur, con las Repúblicas de Brasil y Colombia; por el Este con el Océano Atlántico y la República de Guyana y por el Oeste con la República de Colombia.

2.2 Marco natural

Fisiográficamente, Venezuela se caracteriza por presentar una variedad de formas geomorfológicas, climáticas y de suelos distribuidos en cuatro grandes paisajes bien diferenciados de norte a sur: áreas marinas y submarinas del Mar Caribe y Océano Atlántico al norte y nordeste, el montañoso al norte y noroeste, el llanero al centro hacia al margen norte del río

Orinoco y las altiplanicies y tepuyes del sureste. Por ello, el país cuenta con una alta diversidad biológica, y es reconocido como uno de los diez países más ricos en este sentido del planeta, siendo clasificado por la World Wild Fund for Nature (WWF) como una de las seis naciones más diversas de América Latina.

2.3 Forma de gobierno y organización administrativa

La Constitución Venezolana, recientemente aprobada (15 de Diciembre de 1999), establece que el país es un estado federal descentralizado, constituido por veintitrés estados, un distrito capital y las dependencias federales (72 Islas en el Mar Caribe). Los estados se dividen a su vez en municipios, al igual que el Distrito Federal. Los municipios suman en total 332.

La organización administrativa del Estado establece que el Poder Público se distribuye en el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. Este último se divide a su vez en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Figura 1 Mapa político de Venezuela.

2.4 Población

Venezuela tiene una población de 23.706.711 habitantes (Proyección 1999) siendo el 87% de carácter urbano; se estima que la población para el año 2025 sea de 34.775.151 habitantes con un 93,2% urbana. El primer censo realizado en Venezuela, en el año 1873, registró una población de 1.732.411 habitantes a partir de la cual ha aumentado con tasas de crecimiento interanual variables. La tasa de crecimiento de la población presentó un incremento sostenido entre 1936 y 1963 cuando registró un valor máximo del 4%, debido entre otros factores, a la alta tasa de natalidad, la disminución de la tasa de mortalidad y el impacto de la inmigración europea. A partir de entonces, el índice de crecimiento inició un descenso en su magnitud hasta el 2,5%, valor calculado a partir de los datos del censo del 1990. Se espera que la tasa de crecimiento siga disminuyendo y se acerque al promedio mundial. Entre las características poblacionales principales del país está que somos un país de jóvenes y de baja densidad. Para 1987, alrededor del 50% de la población era menor de 20

12

años y un 15% menor de cuatro años. Para los años 2000 y 2025, se estima que alrededor de un 44% y 32% de la población será menor de 20 años y un 11% y 8% será menor de cuatro años respectivamente, así la población paulatinamente se irá haciendo menos joven. En cuanto a la densidad, para el año 1990 era de 21.4 hab/Km2, para el año 2000 se estima que crecerá a 26.4 hab/Km2 y para el año 2025 será de 38,1 hab/Km2; la cual se considera baja al compararla con otros países del mundo, que para el año 1997, ya tenían densidades de 77.3 hab/Km2, 107.7 hab/Km2, 235.9 hab/Km2 y 49.3 hab/Km2 como en España, Francia, Inglaterra y México, respectivamente. Sin embargo, factores históricos, socio-culturales, económicos, climáticos y sanitarios, han influido concurrentemente en el ordenamiento de la población y de las principales actividades económicas, que han dado como resultado que la distribución espacial de la población presente un patrón de concentración en el eje centro norte costero, es decir, en el Distrito Federal y los estados Miranda, Aragua y Carabobo.

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La mayor densidad poblacional se encuentra en la ciudad capital, Caracas, la cual se extiende a dos entidades federales: El Distrito Federal y el Estado Miranda, conteniendo ambos casi 20,3% de los habitantes del país en el 1,1% del territorio. Caracas es el centro político, financiero y comercial más importante del país. Otros estados como Zulia, Carabobo, Lara, Aragua, Bolívar, Monagas y Anzoátegui, concentran la actividad industrial y también presentan importantes índices de población y de población urbana. De acuerdo a las proyecciones realizadas por la OCEI a partir del censo de 1990, para el año 2000 las cuatro entidades con mayores densidades poblacionales son el Distrito Federal con 1.183,9 hab/Km2, Carabobo con 453,0 hab/Km2, Nueva Esparta con 328,4 hab/Km2 y Miranda con 327,9 hab/Km2. Las cuatro

menos densamente pobladas son Amazonas con 0,57 hab/Km2, Delta Amacuro con 3,43 hab/Km2, Bolívar con 5,49 hab/Km2 y Apure con 6,10 hab/Km2. De esta manera se concluye que: el 30,6% de la población total del país en el año 2000 está concentrada en el 1,7% de la superficie nacional y en situación contrapuesta, existe un 8,3% de la población total del país en el 58,2% del territorio nacional. El índice de Masculinidad proyectado para el 2000 en las áreas urbanas será de 98.7 varones por cada 100 mujeres, mientras que para las áreas rurales se eleva a 120.25 varones por cada 100 mujeres. La población femenina en el año 2000, representa el 49,69% de la población total del país, encontrándose las mayores concentraciones femeninas en el Distrito Federal, Zulia, Falcón y Aragua.

2.5 Condiciones sociales

Hasta 1920, la incidencia de enfermedades endémicas, parasitarias e infecciosas, así como las críticas condiciones económicas y sociales, reflejadas en un sistema sanitario deficiente se expresaron en altos índices de mortalidad en Venezuela. Para ese año, este índice alcanzaba un altísimo nivel de 30º/oo. Desde mediados de los años 20 la tasa de mortalidad en Venezuela inició un franco descenso, de clara tendencia a permanecer, asociado a las mejoras sanitarias y médico-asistenciales en la nueva era económica del país. En ello también han influido los cambios socio-culturales asociados a la etapa petrolera, que modificaron sustancialmente los patrones de vida de la sociedad venezolana. La disminución de la tasa de mortalidad ha sido de tal magnitud, que de ese elevado registro de 30 muertes anuales por cada mil personas en 1920, Venezuela ha llegado a 4.8 en el inicio de la década de los noventa. En Venezuela, la tasa de mortalidad infantil ha sido tradicionalmente alta. Sin embargo, este indicador ha manifestado un significativo descenso en los últimos cuarenta años. En 1950 la tasa de mortalidad infantil alcanzó el 113,4º/oo. Para el año 1975 había descendido a 45,5º/oo. y en 1990 a 27º/oo. Aún cuando se reconozca que el descenso ha sido importante, la tasa registrada en el 90 sigue siendo de consideración, si se compara con las de otros países. En cuanto a a tasa de malnutrición, en menores de cinco años, Venezuela registró valores del 6 % en el período 1989-1995, experimentando valores crecientes en los últimos años. El proceso de mejoras en la calidad de vida antes señalado ha incidido directamente en el incremento de la esperanza de vida del venezolano, que ha pasado de 39 ó 40 años en 1936 hasta 70 años en los inicios de la década de los noventa.

Para el año 2000 se estima que la esperanza de vida de la población venezolana sea de 72.8 años, variando de acuerdo al sexo entre los 69.9 para los hombres y los 75.7 para las mujeres. En el curso de los procesos censales en Venezuela, los más altos índices de natalidad se registraron entre las décadas de los cincuenta y sesenta. En 1950 la tasa de natalidad alcanzó el 47º/oo.En el curso del último decenio la tasa de natalidad ha alcanzado cierta tendencia hacia su estabilización. Desde 1983 hasta 1991, período oficialmente registrado en la OCEI, los índices de este proceso se han mantenido en un rango que oscila entre 27,6 - 31,88º/oo. (Fig.2) Desde el punto de vista sociocultural, las transformaciones asociadas al proceso urbano-industrial reflejan una importante reducción del núcleo familiar promedio, el cual ha pasado de 7 y hasta 9 miembros, en la década de los sesenta, hasta 5 ó 6 en 1990. Podría asegurarse que la población venezolana ha logrado controlar la tasa de fecundidad, reduciéndose en 30 años de 6,6 a 3,2 hijos por cada madre. Las mejoras alcanzadas en los ámbitos educativo, cultural y laboral, por parte de la mujer venezolana, han impulsado la transformación de las tasas de fecundidad, en el curso de las últimas tres décadas, hecho registrado principalmente en zonas urbanas desde los años 1960. En las zonas rurales la respuesta a estos cambios, y muy especialmente a los de índole económica, ha sido más tardía y en menor proporción. En este ámbito el proceso comienza a observarse a mediados de los 70. En cuanto a los niveles de pobreza, en la Fig.3 se muestra la evolución de estos indicadores para los últimos 20 años, donde se observa una tendencia creciente de los mismos vinculada a la reducción del empleo y del salario real.

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Figura 2 Transición demográfica en Venezuela

Figura 3 Indicadores de pobreza en Venezuela 1980-98

50 45

60

40 50

35 30

40

25

30

20 20

15 10

10

5

0 198019811982 1983 198419851986 1987 198819891990

0 1936

1957

1963

Tasa de natalidad

1968

1975

Tasa de crecimiento

1986

1991

19911992 199319941995199619971998*

1996

Tasa de mortalidad

Fuente: OCEI.

Pobreza global Fuente: IESA. Luis Marcano

Pobreza crítica

Pobreza extrema

(*) Cifras preliminares

2.6 Contexto económico

Aspectos generales El año de 1999 puede ser caracterizado como uno de grandes cambios en el comportamiento de la economía mundial y de la venezolana. Los vaivenes del precio de las materias primas, sobresaliendo el del petróleo, el desempeño de los países del sudeste asiático y de los latinoamericanos, así como los variables flujos de capital, constituyeron parte fundamental del marco dentro del cual se desenvolvieron los agentes económicos privados y las autoridades económicas del país. En Venezuela, el ambiente político, caracterizado por la natural incertidumbre que crea el cambio de poderes públicos, la nueva política económica a instrumentarse y el proceso de formulación de una nueva Constitución, se añadieron al cuadro de factores condicionantes del desempeño de las variables económicas en el período. Estos elementos se manifestaron adversamente en el gasto agregado de la economía y de allí, en el nivel del ingreso disponible. La reversión del proceso de disminución de los precios del petróleo a partir del segundo trimestre, orientó parcialmente el esfuerzo hacia el ahorro de recursos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos. El ajuste fiscal se sustentó en un incremento de ingresos a través de medidas impositivas, un recorte del gasto total y un plan de financiamiento que descansó enteramente en el mercado interno, dadas las condiciones desfavorables del internacional. El decaimiento de la actividad económica afectó el

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desempeño del mercado financiero y se evidenció en un mayor riesgo de la actividad crediticia, aumento de la morosidad de la banca y una importante disminución de las transacciones realizadas en el mercado de capitales.

Entorno general El comportamiento de la actividad económica en 1999 muestra una continuación de la recesión iniciada a mediados de 1998, con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) estimada preliminarmente en 7,2%. La misma refleja la contracción registrada en el sector petrolero (6,8%) y en el no petrolero (6,9%), así como la disminución de los derechos de importación (17,5%). Los acuerdos de recorte de producción establecidos en el seno de la OPEP, a partir de la última reunión de marzo de 1999, ascienden para Venezuela a 650 mil b/d. El volumen de producción de crudos se redujo en 9,2% y las exportaciones en 14,7%. Por su parte, el desfavorable desempeño del sector no petrolero (6,9%) tiene su origen en la profunda contracción de la demanda interna, fundamentada en los recortes de la producción petrolera, la contracción de la inversión pública y el efecto adverso de la mayor tributación y elevados intereses sobre el gasto privado de consumo e inversión. A nivel sectorial, la contracción del producto fue particularmente acentua-

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

da en aquellas actividades de mayor ponderación en la estructura del PIB no petrolero, tales como Manufactura con un decrecimiento de 10,0%, Construcción, con caída de 20,4% y Comercio, con una contracción de 16,5%. El decrecimiento de la inversión bruta fija por segundo año consecutivo, refleja una disminución de la inversión pública (26,1%), afectada por la reprogramación de los planes de expansión de la industria petrolera. Por su parte, la inversión privada registró una significativa caída de 23,4%. Las exportaciones y en particular las no petroleras, actuaron en el año de manera procíclica, cayendo en 11,1%. Así, las exportaciones petroleras descendieron en 8,0% con relación al año anterior (a precios constantes de 1984), por efecto de los recortes de producción, en tanto que las no petroleras retrocedieron en 21,6%. Respecto al mercado laboral y conforme a cifras suministradas por la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), el mercado de trabajo registró un aumento de la tasa de desocupación, la cual pasó de 11,4% al cierre de 1998 a 15,4% a finales del tercer trimestre de 1999, con estimaciones del 18% para finales de 1999. Asimismo, el crecimiento de la Po b l a c i ó n Económicamente Activa (2,6%), conjuntamente con el descenso en la ocupación formal (4,6%), determinaron un incremento del “exceso bruto de oferta laboral”, esto es, del grupo de personas dedicadas a actividades informales o desempleadas. El mayor desempleo fue acompañado por un incremento de la informalidad que alcanzó el 51,7% de la población ocupada. La reducción del empleo se registró tanto en el sector privado (2,3%), como en el sector público (0,6%). La menor absorción de empleo en el sector privado reflejó la disminución de 6,4% en la ocupación formal (192.470 personas), caída esta que no logró ser contrarrestada con el crecimiento de 1,3% de la informalidad (56.604 personas).

Sector externo Según cifras preliminares, la balanza de pagos registró un superávit global de US$ 724 millones, con lo cual las reservas internacionales brutas estimadas al cierre del año se ubicarían alrededor de US$ 15.000 millones. Este resultado es atribuible al saldo positivo de la cuenta corriente (US$ 5.465 millones), ya que la cuenta de capital y financiera registra un déficit estimado en US$ 3.462 millones y un saldo negativo generado por transacciones externas de difícil registro, contabilizadas en la partida de errores y omisiones (US$ 1.279 millones). El balance positivo de la cuenta corriente se atribuye, principalmente, al incremento del valor de las exportaciones petroleras (37,3%), el cual, a partir del segundo trimestre, acusó el efecto favorable de la política concertada para la defensa de los precios del petróleo por parte de la OPEP. De esta forma, durante 1999, el precio promedio de la canasta

petrolera de exportación se incrementó en más de 40,0% respecto al observado en 1998, compensando la reducción del volumen exportado. Las exportaciones no petroleras públicas y privadas muestran una reducción de 21,4%, vinculada tanto a la situación recesiva de los socios comerciales del Grupo Andino, como a los bajos precios internacionales de las materias primas. Por su parte, la contracción de las importaciones es atribuible al menor nivel de actividad económica. El déficit de la cuenta de capital y financiera está vinculado principalmente a salidas de capital del sector privado no financiero, las cuales alcanzaron a US$ 4.638 millones, y a la caída de la inversión extranjera directa en el país (US$ 1.766 millones). Esta última disminución refleja en parte el hecho de que en 1999 no se registraron ingresos provenientes de la privatización de activos públicos, los cuales, en 1998, alcanzaron a US$ 1.206 millones. Si se excluye este efecto, el flujo de inversión extranjera en el país se redujo en US$ 560 millones. Por otra parte, el flujo de inversión de cartera disminuyó 8,3%, vinculado a menores colocaciones de títulos públicos y privados.

Finanzas públicas El repunte de los precios del petróleo en los mercados internacionales, permitieron al Ejecutivo Nacional reducir progresivamente el déficit previsto para 1999. En efecto, dicha mejora determinó que Pdvsa presentara declaraciones sustitutivas de Impuesto Sobre La Renta (ISLR), a fin de transferir a las finanzas públicas el efecto positivo de tal aumento. En este sentido, el precio promedio de realización fue inicialmente ajustado a US$/b 11,88 y, finalmente, a US$/b 15,0; con lo cual el precio promedio para fines fiscales se incrementó en US$/b 6,0 con respecto al establecido originalmente en el presupuesto de 1999 (US$/b 9,0). El incremento del precio de la canasta petrolera por encima del precio de referencia para fines fiscales permitió al Ejecutivo, según lo establecido en la Ley que crea el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), financiar gastos corrientes hasta por un 50% de los ingresos extraordinarios. Los recursos acumulados en el FIEM serán destinados, en parte, al financiamiento del Fondo Único Social en el año 2000, creado con el fin de concentrar en un solo ente la captación y administración de recursos que serán aplicados a diferentes planes y programas sociales. El déficit del Gobierno Central se financió, básicamente, con recursos de origen interno, obtenidos a través de la colocación de bonos públicos y Letras del Tesoro. En los mercados internacionales, no se hicieron colocaciones de títulos, a pesar de que el Ejecutivo contaba con la respectiva autorización para endeudarse, en razón de las exigentes condiciones financieras, en términos de costos, en esos mercados y de las posibilidades de emitir papeles en el mercado interno.

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Tasas de interés Según cifras preliminares, disponibles al 26 de noviembre de 1999, la liquidez monetaria experimentó un crecimiento nominal de 13,8%, mientras que la base monetaria aumentó en 21,2%. En términos reales, la liquidez monetaria, como medida de la demanda de dinero, disminuyó en 3,7%, en tanto que la base monetaria aumentó en 2,6%. Las tasas de interés del mercado monetario registraron a lo largo del año un descenso sostenido, en sus valores nominales y reales: la tasa de interés activa promedio de los bancos comerciales y universales al mes de noviembre se ubicó en 32,9%, inferior en 19,2 puntos porcentuales a la registrada al cierre de

diciembre de 1998. Asimismo, la tasa activa real experimentó una caída aproximada de 16,0 puntos porcentuales. Por su parte, la tasa de interés pasiva promedio ofrecida por las instituciones señaladas, disminuyó de 38,8% al cierre de diciembre de 1998, a 18,9% en promedio al cierre de noviembre de 1999. En términos reales, esta última se ha mantenido en niveles negativos desde el mes de julio del presente año. Resumen de indicadores macroeconómicos En la Tabla 1 se incluye un resumen de las principales variables macroeconómicas y su evolución en los últimos tres ejercicios fiscales.

Tabla 1 Indicadores macroeconómicos VARIABLES ECONÓMICAS PIB A PRECIOS DE 1984 (Variación %) TOTAL Petrolero No petrolero SUPERÁVIT O DÉFICIT DEL GOBIERNO CENTRAL (% DEL PIB) SALDO EN CUENTA CORRIENTE (Millones de US$) RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS a/ BCV (Millones de US$) MOVIMIENTO CAMBIARIO DEL BCV a/ (Millones de US$) BASE MONETARIA (Variación %) b/ LIQUIDEZ MONETARIA (Variación %) b/ BANCA COMERCIAL Y UNIVERSAL c/ Captaciones Totales (Variación %) Colocaciones Totales (Variación %) Tasa de Interés (%) d/ Activa Pasiva TIPO DE CAMBIO NOMINAL (Bs./US$) Promedio Puntual ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (Variación %) f/

1999(*)

1998(*)

1997(*)

(7,2) (6,8) (6,9)

(0,1) 1,7 (1,2)

6,4 9,4 4,2

(3,1) 5.465 15.030 181 21,1 13,8

(4,1) (2.562) 14.849 (2.969) 23,7 18,6

1,9 6.739 17.818 2.589 79,3 62,5

8,4 (0,9)

13,5 12,9

62,1 132,6

33,0 18,9

52,1 38,8

31,7 17,6

614,9 e/ 644,3 e/ 20,1

548,1 565,0 31,0

488,8 504,8 38,2

(*) Cifras provisionales * Cifras revisadas.

Notas: a) Incluye ajustes contables especificados en los estados financieros del Instituto. Incluye aportes de PDVSA al fondo de inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) en el año 1999. b) Al 26-11-99. c) En 1999, las variaciones corresponden al período octubre 1999 - diciembre 1998. d) Corresponde a los promedios ponderados de las operaciones activas y pasivas de los bancos comerciales y universales al mes de noviembre. e) Al 20-12-99. f) Variación anualizada: noviembre del año t, respecto a noviembre del año t-1.

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3. Manejo Integrado de los Recursos Hídricos 3.1 Las vertientes y cuencas hidrográficas nacionales e internacionales del país

Desde el punto de vista hidrográfico existen dos vertientes marítimas, la del Atlántico y la del Mar Caribe, mientras que las cuencas hidrográficas de Venezuela son seis, las cuales se describen a continuación y se indican en la Fig. 4. Cuenca del Río Orinoco: Ocupa 770.000 Km2 en territorio venezolano. En su margen izquierda recoge las aguas que escurren por las vertientes orientales de los Andes y los Llanos Occidentales, el drenaje de la vertiente meridional de la Cordillera de la Costa y de los Llanos Centrales y Orientales.

Sobre esta margen confluyen diferentes ríos, entre ellos el Apure, que recibe las aguas de los ríos Portuguesa, Guanare, Guárico, Masparro y otros. Recibe los aportes de las cuencas internacionales de los ríos Arauca y Meta y de las cuencas Colombianas de los ríos Tomo, Vichada y Guaviare que confluyen con el río Orinoco al sur del río Apure, mientras los ríos Manapiare, Morichal y Pao lo hacen al este de la confluencia con el río Apure. En la margen derecha del río Orinoco desembocan los ríos que drenan el escudo guayanés y son los que tienen mayor potencial hidroeléctrico del país.

Figura 4 Cuencas hidrográficas de Venezuela

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Dado que esta cuenca representa alrededor del 84% del territorio nacional en ella se desarrollan importantes actividades económicas. En el área que drena hacia la margen izquierda del río Orinoco se encuentran desarrollos agrícolas de los estados andinos; agricultura altamente tecnificada en los estados Portuguesa y Guárico; desarrollo de la ganadería y de la actividad forestal en los estados Barinas y Apure; desarrollo de la actividad petrolera fundamentalmente al sur de los estados Anzoátegui y Monagas. El área que drena por la margen derecha del río Orinoco, que representa alrededor del 40% del territorio nacional con aproximadamente el 5,8% de la población del país, tiene una intensa actividad minero-industrial, ya que en ella se encuentra el 80% de los recursos mineros del país y se ha construido el desarrollo hidroeléctrico del río Caroní, el cual proporciona alrededor del 70% de la energía firme que consume el país, lo que permite un ahorro sustancial de barriles de petróleo al día en el consumo interno. Finalmente, la principal vía fluvial del país la constituye el eje Orinoco-Apure, que atraviesa el territorio nacional en dirección este-oeste y que bajo la nueva orientación del ordenamiento territorial, dirigido al poblamiento y a la explotación de los recursos naturales del mencionado eje, lo hacen tomar mayor importancia. Cuenca del Lago de Maracaibo: Ocupa 74.000 Km2 en territorio venezolano. En esta cuenca se incluyen los ríos que desembocan en el golfo de Venezuela. La forman los ríos que drenan la vertiente oriental de la cordillera de PerijáMotilones, la península de la Goajira, la vertiente occidental de los Andes venezolanos y las vertientes norte y oeste de las elevaciones de Lara-Falcón. A esta cuenca también drena la vertiente internacional ubicada en Colombia del río Catatumbo. Su actividad económica depende del petróleo, la cual se lleva a cabo de forma intensa. Cubre el 80% de la producción nacional de petróleo e hidrocarburos. El alto potencial de los suelos del sur del Lago de Maracaibo, permiten un desarrollo agrícola y ganadero significativo. Es el primer productor de diversos rubros agrícolas y pecuarios: palma aceitera, uva, leche, queso, ganado bovino, ovino y aves; el segundo en huevos y el tercero en cambur, plátano y ganado caprino. Además se cultiva: caña de azúcar, coco, yuca, algodón, frijol, melón y sorgo. La producción forestal también es significativa, y los recursos marítimos convierten la región en el segundo proveedor de pescado del país. Cuenca del Mar Caribe: Ocupa 80.000 Km . Drena a lo largo de sus casi 2.800 km de costa las vertientes orientales del sistema Lara-Falcón; las planicies costeras del oriente de los estados Falcón y Yaracuy; las vertientes septentrionales de la cordillera de la Costa y la depresión del Unare. Sus ríos principales son: El Tocuyo, Aroa, Tuy, Unare, Neverí y Manzanares. Esta cuenca y la del Lago de Valencia tienen la menor oferta de agua por Km2 por año y al mismo tiempo la densidad de población más alta del país.

Las actividades que se desarrollan en esta cuenca son de la más diversa índole, encontrándose el complejo refinador de crudo más grande de Latinoamérica en el estado Falcón y el Complejo Petroquímico de Jose en el Estado Anzoátegui; en el Distrito Federal y los estados Miranda y Vargas, se ubica el principal centro de servicios especializados del país en lo financiero, comercial y de comunicaciones; la industria manufacturera está fuertemente concentrada en el estado Miranda. En esta cuenca se desarrolla en forma importante la actividad pesquera, agrícola y el turismo. Cuenca del Río Cuyuní: Ocupa 40.000 Km2. Forma parte de la cuenca del río Esequibo y drena la vertiente nororiental del escudo guayanés. Su afluente principal en territorio venezolano es el río Yuruari. Las poblaciones más importantes en esta cuenca son Guasipati y El Callao. Este último es un pueblo minero donde existe un importe comercio de compra-venta de oro y diamantes. Cuenca del Río Negro: Ocupa 41.900 Km2 en territorio venezolano. El río Negro pertenece a la cuenca amazónica y constituye la frontera suroeste del país con la República de Colombia. Su principal afluente en territorio venezolano es el brazo Casiquiare en el Estado Amazonas. Gran parte de la cuenca está formada por áreas definidas como de Régimen de Administración Especial como son: parte del área del Parque Nacional Serranía de la Neblina y parte del área de la Reserva de Biosfera del Alto Orinoco. Cuenca del Lago de Valencia: Ocupa 3.000 Km 2. Es la única cuenca endorréica del país. El área que conforma esta cuenca pertenece a los estados Carabobo y Aragua, siendo estos estados también, parte de la cuenca del Mar Caribe y del río Orinoco. La actividad económica de Aragua y Carabobo está asociada al desarrollo industrial, agrícola y pecuario. Entre las industrias figuran: ensamblaje de vehículos, productos químicos y petroquímicos, combustibles, asfalto, gas licuado, papel, cerámicas para construcción, bebidas alcohólicas y gaseosas, productos alimenticios, envases de cartón, industrias metálicas, productos farmacéuticos, cauchos, electrodomésticos. En cuanto al desarrollo agrícola son de los priTabla 2 Volumen medio anual escurrido. Cuencas hidrográficas Cuenca

2

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Río Orinoco Lago de Maracaibo Mar Caribe Río Cuyuní Río Negro Lago de Valencia TOTAL

Volumen Q (m3/seg) (Hm3) 1.071.188 33.967 28.203 894 13.453 427 26.085 827 76.905 2.439 340 11 1.216.174 38.565

% 88,08 2,32 1,11 2,14 6,32 0,03 100,00

Fuente: Inventario Nacional de Aguas Superficiales COPLANARH 1969

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Tabla 3 Aportes cuencas internacionales Aportes De los ríos Arauca, Meta, Tomo Vichada, Guaviare y otros de COLOMBIA al río Orinoco de Venezuela De los ríos Catatumbo, Zulia y otros de COLOMBIA al Lago de Maracaibo en Venezuela Del río Orinoco-Brazo Casiquiare-Río Negro de VENEZUELA al río Amazonas de BRASIL Del río Cuyuní de VENEZUELA al río Esequibo de GUYANA

Volumen (Hm 3)

Q (m3/seg)

502.426 8.220 76.905 26.085

15.932 261 2.439 827

Fuente: Inventario Nacional de Aguas Superficiales COPLANARH 1969

meros productores de berenjena, pepino, tomate, naranja, quinchoncho y cebolla a nivel nacional. Con relación al sector pecuario, son de los primeros productores de ganado porcino, aves y de huevos del país En la se presentan los valores del volumen medio anual escurrido en el territorio de Venezuela incluyendo los aportes de las cuencas internacionales y sin incluir la zona en reclamación, en la Tabla 3 los aportes de las Cuencas Internacionales. A nivel nacional la gestión de los recursos hídricos es responsabilidad del Ministerio del Ambiente, la cual ejerce a través de sus Direcciones Sectoriales a nivel central, sus Direcciones Estadales, INPARQUES y sus Direcciones Regionales, HIDROVEN y sus Empresas Hidrológicas Regionales. Existen también otras figuras administrativas adscritas al MARN, que realizan funciones específicas de la gestión de los recursos en las diferentes

áreas, como son: en la cuenca del río Orinoco las Empresas Regionales Desarrollos Hidráulicos Cojedes y Sistemas Hidráulicos Trujillano S.A.; en la cuenca del Lago de Maracaibo el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) y la empresa Sistema Hidráulico Planicie de Maracaibo; en la cuenca del Mar Caribe el Sistema Hidráulico Yacambú - Quibor y la Autoridad Unica de Area para la Cuenca del río Tuy ; y en la cuenca del Lago de Valencia la Autoridad Unica de Area para dicha cuenca. En el caso de la cuenca del río Orinoco, también actúan la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G) y la empresa Electrificación del Caroní (EDELCA) en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Igualmente existe la confederación de usuarios de la cuenca Amana-Guarapiche de reciente creación, para el manejo de los recursos hidráulicos de estas cuencas.

3.2 La disponibilidad de recursos hídricos en el país

3.2.1 Disponibilidad relacionada con el clima Por su posición latitudinal (1° a 12° N), al norte de Sudamérica, Venezuela está bajo la influencia de la hondonada intertropical de bajas presiones ecuatoriales, donde convergen los vientos alisios del noreste y del sureste. Como consecuencia de la circulación general de la atmósfera. Sobre el territorio venezolano es posible distinguir dos períodos denominados comúnmente “verano” (período de sequía) e “invierno” (período de lluvias). De diciembre hasta abril la mayor parte del país está afectada por la zona del alisio del noreste, donde se produce subsidencia de las masas de aire, que origina fuertes inversiones de temperatura a alturas de 1500 a 2000 msnm (inversiones del alisio). Por encima de esa altura, el aire carece casi por completo de humedad, por lo que el proceso convectivo de formación de nubes se ve muy limitado, produciendo así la temporada seca sobre Venezuela. La región norte del país se ve afectada con relativa frecuencia por perturbaciones de origen extratropical, especialmente frentes fríos, entre enero y abril, que provocan precipitaciones dentro de la temporada seca. Desde mediados de abril hasta noviembre, debido al des-

plazamiento gradual del sistema de presiones hacia el norte, el país está casi en su totalidad bajo la influencia de la zona de convergencia intertropical, franja de muy intensa actividad convectiva (formación de nubes), que determina la temporada lluviosa sobre Venezuela. La zona sur del país, entre los paralelos 1º y 4º N, aproximadamente, está siempre bajo la influencia de la convergencia intertropical, por lo que nunca se presenta un período seco. En Venezuela se presentan muy diferentes situaciones climáticas; la precipitación varía de menos de 400 mm anuales en parte de la franja costera a más de 4000 mm anuales en el sur del país, y las temperaturas medias diarias oscilan de más de 28ºC a menos de 0ºC en los páramos andinos. En la Fig.5 se incluye el plano de precipitación promedio anual a nivel nacional para el período 1968 - 1983. Según la clasificación de Koeppen, en Venezuela existen los siguientes tipos climáticos: a) Tropical Desértico (árido), ubicado hacia la franja costera de los estados Falcón y Sucre, en el golfo de Cariaco, en las islas de Coche y Cubagua, y en la zona de La Restinga, de la Isla de Margarita.

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

b) Tropical Estepario (semiárido), ubicado hacia la parte norte de los estados Zulia y Falcón, la depresión Lara-Falcón, la zona costera central, las zonas costeras de la depresión de Unare y parte del estado Sucre, hacia el golfo de Cariaco y gran parte de la Isla de Margarita. c) Tropical de sabana, ubicado en toda la zona de los llanos, en los piedemontes de las serranías de la Costa y de los Andes, en gran parte de los estados Zulia y Lara, en todo el norte del estado Bolívar incluyendo la zona de la Gran Sabana, en parte de la costa de los estados Falcón y Yaracuy, y en parte de la costa hacia el golfo de Paria. d) Tropical monzónico, ubicado como una franja transicional entre los climas tropical de sabana y tropical de selva, hacia el piedemonte de Perijá, al sur y parte de la costa oriental y suroriental del Lago de Maracaibo, en parte de las costas del estado Sucre y el piedemonte de Turimiquire, en parte de los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas, en el piedemonte de las serranías de San Luis (estado Falcón) y de la costa (estados Yaracuy, Carabobo, Aragua y Miranda). e) Tropical de Selva, ubicado hacia las sierras de Perijá y San Luis, el sur del lago de Maracaibo, Barlovento, en la parte oriental de los estados Delta Amacuro y Bolívar, en la parte

sur del estado Bolívar y en todo el estado Amazonas. f) Templado de altura siempre lluvioso, ubicado hacia las zonas más elevadas de los estados Bolívar y Amazonas, en las partes más altas de las serranías de Turimiquire y de Perijá, en ambas vertientes de la cordillera de los Andes y en la zona de El Nula, estado Táchira. g) Templado de altura, ubicado en gran parte de la cordillera de los Andes. h) Páramo de altura, ubicado en las zonas localizadas a más de 3000 msnm en la cordillera de los Andes. i) Glacial de altura, ubicado en los picos nevados de la cordillera de los Andes. Además de estas diferencias en los climas del país, dentro de cada gran región climática se presentan diferencias espaciales y temporales en el comportamiento de los parámetros climáticos.

3.2.2 Disponibilidad de recursos hídricos superficiales La distribución espacial del escurrimiento superficial en Venezuela se caracteriza por los siguientes aspectos:

Figura 5 Mapa isoyético de Venezuela

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a) El volumen medio anual escurrido en el territorio de Venezuela y generado por las precipitaciones que caen sobre él, sin incluir la Guayana Esequiba, se estima en 705 millones de m 3. b) Las cuencas de los ríos ubicadas en los estados Amazonas y Bolívar, que contribuyen al río Orinoco por la margen derecha, generan alrededor del 82% del volumen antes mencionado. c) La región del país situada al norte del río Orinoco genera el 18% restante, del cual un 9% lo aportan los afluentes del río Orinoco de los Llanos Centro Occidentales, el otro 9% corresponde al Lago de Maracaibo, la vertiente del Mar Caribe, la cuenca del Lago de Valencia y Golfo de Paria. En la Tabla 4 se presentan los volúmenes medios anuales de las diferentes regiones de Venezuela, incluyendo los aportes de la cuencas internacionales. Tabla 4 Volumen medio anual escurrido por regiones Región

Area (Km2)

Zuliana 54.949 Centro-Occidental 74.217 Llanos Centrales 146.687 Andes 65.632 Sur Del Orinoco 451.138 Nor-Oriental 88.714 Central Y Capital 31.618 Totales 912.954

Volumen Rendimiento Medio Unitario Anual (M3 X 106)/Km2 (M3 X 106) 25.146 0,46 16.966 0,23 193.550 1,32 28.863 0,44 934.215 2,07 9.733 0,11 7.700 0,24 1.216.174 1,33

Fuente: Inventario Nacional de Aguas Superficiales COPLANARH 1969.

3.2.3 Disponibilidad de recursos hídricos subterráneos Venezuela tiene importantes reservas de aguas subterráneas, que no han sido cuantificadas a cabalidad. En general, son aguas de buena calidad utilizadas para el abastecimiento de poblaciones previo tratamientos primarios y para riego. Otra característica importante de los recursos hídricos de origen subterráneo es su ubicación al norte del río Orinoco donde se concentra la mayor densidad de población. De los inventarios realizados en Venezuela, los acuíferos se pueden clasificar de la siguiente manera: • Acuíferos de gran potencialidad: mesa de Guanipa, en anzoátegui, Llanos Orientales en Monagas, sistema de riego del río Guárico, llanos de Barinas y Portuguesa, llanos de Apure.

• Acuíferos con potencial medio: Cuenca del río Motatán en Trujillo, Barlovento, en Miranda, Valle de Caracas. • Acuíferos en vías de agotamiento: Valle de Quíbor en Lara, acuífero de Coro y península de Paraguaná en Falcón.

3.2.4 Caracterización de la calidad de agua Las principales áreas con problemas de contaminación en Venezuela se localizan en la parte norte del territorio. La fuerte presión agrícola, industrial y urbana sobre los recursos agua, aire y suelo ha ocasionado el deterioro de los mismos. Los ríos, los lagos y las aguas costeras están afectados por diferentes tipos de polución, como resultado de las descargas de agua servida sin tratamiento o con tratamiento insuficiente, en la mayoría de los casos provenientes de centros industriales y urbanos, así como de las actividades agrícolas y pecuarias. Aunado a esto, en los últimos años se ha comprobado la contaminación de los ríos de la región suroriental por las actividades mineras de explotación de oro y las actividades de extracción y procesamiento de minerales de hierro y aluminio. El diagnóstico de la situación actual de Venezuela con relación al problema de la contaminación de las aguas, por efecto de las actividades domésticas e industriales, escurrimiento de áreas agropecuarias, filtración de las operaciones de la minería y rellenos sanitarios se presentan en forma resumida en la Tabla 5. En cuanto a los estándares de calidad empleados el decreto Nº 883 de fecha 11 de Octubre de 1995, establece las normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y de los vertidos líquidos descargados a los cuerpos de agua. El Decreto N° 883 representa un viraje conceptual en la gestión de la calidad de las aguas, hasta ahora enfocado en el control de los vertidos. La Norma coloca como objetivo primario el control de la calidad de los cuerpos de agua, definida en función de sus usos actuales y potenciales. Para el logro de este objetivo, se establecen como instrumentos la fijación de parámetros de vertidos y la elaboración y ejecución de planes de calidad para cada cuerpo de agua, elaborarlos conforme a un orden de prioridades según la importancia de la problemática planteada en las distintas cuencas del país. Mientras se elaboran los planes y se particularizan los parámetros de vertidos en Normas especificas para cada cuerpo de agua, se establece un listado de limites de vertidos de aplicación general, divididos en dos grupos, uno que no podrá modificarse en ningún caso por estar referidos a elementos tóxicos o peligrosos y otro susceptible de ser modificado previo cumplimiento de una serie de requisitos referidos a las características del cuerpo de agua receptor. Asimismo, se incorporan en la Norma disposiciones contenidas en el Decreto 125 de fecha 13/04/1994, que regulan los procesos de adecuación de las actividades ya instaladas a la normativa sobre vertidos, en cumplimiento de las directrices impartidas por la Comisión Evaluadora del señalado Decreto constitui-

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Tabla 5 Contaminación de las aguas Problemas Contaminación de las Aguas Continentales Descarga de aguas residuales industriales Descarga de agua de origen doméstico Arrastre de agroquímicos Disminución del cauce de los ríos y colmatación de embalses por arrastre de sedimentos Contaminación de playas Descarga directa de aguas residuales de origen urbano Descarga de efluentes líquidos de origen industrial Derrame de hidrocarburos Descargas submarinas Chatarras marinas Contaminación de aguas por actividad minera Minerales metálicos (oro, hierro, bauxita, etc) Minerales no metálicos (carbón a cielo abierto, areneras, canteras, arcilleras, etc.)

Regiones Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Dtto. Federal, Falcón, Táchira, Miranda, Monagas, Sucre y Trujillo Todo el territorio nacional Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia Anzoátegui, Monagas, Dto. Federal, Guárico, Yaracuy, Miranda y Mérida.

Anzoátegui, Zulia, Nueva Esparta, Aragua, Miranda, Dto. Federal, Sucre, Yaracuy, Falcón, Carabobo, Vargas Anzoátegui, Zulia, Nueva Esparta, Aragua, Miranda, Dto. Federal, Sucre, Yaracuy, Falcón, Carabobo. Falcón, Carabobo, Anzoátegui, Zulia, Monagas. Nueva Esparta, Falcón, Carabobo, Sucre, Anzoátegui, Miranda, Vargas Nueva Esparta, Falcón, Carabobo, Sucre, Anzoátegui Bolívar, Amazonas A nivel nacional (especialmente la cuenca del río Tuy y en el Estado Yaracuy)

Fuente: M.A.R.N.R. Dirección Sectorial de Calidad Ambiental. 1997

da por expertos designados por el Ministerio y las Comisiones de Ambiente y Ordenación del Territorio del Congreso.

3.2.5 Redes de monitoreo hidrometeorológico e hidrológico La red hidrometeorológica nacional está conformada por el conjunto de estaciones hidrológicas, climatológicas y sinópticas, y equipos de monitoreo de tiempo que utilizan tecnologías de sensores remotos tales como radares y receptores de satélites, los cuales en conjunto definen el sistema que permite la generación, recolección, centralización, sistematización y divulgación de la información básica relacionada con el recurso agua. Esta información permite la investigación de las variables involucradas en el ciclo hidrológico, a fines de cuantificar el recurso y hacer un mejor aprovechamiento del mismo. Existen varios tipos de organismos y servicios involucrados en la generación de la información vinculados con las áreas de meteorología e hidrología: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, en la Dirección de Hidrología y Meteorología (DHM); la Fuerza Aérea (FAV), en el Servicio de Meteorología; la Armada de Venezuela en el Observatorio Cajigal; Electrificación del Caroni, C.A. (Edelca); Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Fonaiap); Universidad Central de Venezuela (UCV). La Dirección de Hidrología y Meteorología administra la más extensa red de estaciones climatológicas, meteorológicas e hidrométricas, diseminadas por todo el país. El Sistema

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Nacional de Información Hidrológica (Sinaihme), mantiene información de 70 estaciones climatológicas, C1 y C2, 688 pluviométricas y 138 hidrométricas, con mediciones de caudal líquido y sólido e hidroquímica en algunas de ellas, aproximadamente 200 estaciones de observación de niveles de agua subterránea, además de 20 estaciones telemétricas distribuidas en los ríos Limón (7), Guaire (12), Chama y cuenca del Lago de Maracaibo (4). Además cumple con la planifìcación y construcción de instalaciones para las estaciones, operación y mantenimiento de las mismas, así como el procesamiento, análisis, archivo y publicación de la información. El MARNR recibe, del satélite GOES, imágenes cada media hora y diferidos cada tres horas, así como también de los satélites NOAA, 10, 11 y Meteor. Se complementan con sistemas de comunicaciones de radio VHF, telex, fax, microondas, teléfonos y, más recientemente, con el sistema telemático Internet. Por otra parte, el Servicio de Meteorología de la FAV realiza actividades con equipos tales como: receptor de satélite en tiempo real, radar, equipos de computación conformado por monitores, procesador de señales, gerente de sistemas e impresora digital, equipos de graficación con sistemas de recepción AFTN. El recurso principal es la red sinóptica en un total de 34 y 6 de radiosondeo, de las cuales sólo dos de estas últimas están en funcionamiento, y en su conjunto prestan apoyo a las actividades de navegación aérea y al programa de Comunicación de la Vigilancia Meteorológica Mundial (OMM). La Armada Venezolana, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, Observatorio Cajigal, cuenta con los siguientes recursos: receptor de imágenes de satélites en el sis-

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

tema Wefax y la red de estaciones climatológicas, con once estaciones de primer orden y dos de segundo orden, ubicadas en sitios estratégicos de las costas e islas de Venezuela. Sus actividades están enmarcadas en el suministro de información para operaciones marítimas. La Electrificación del Caroní C.A. (Edelca), maneja una red de estaciones hidroclimáticas que abarca ciento catorce estaciones (114) en la cuenca del río Caroní, once (11) en la del Caura y dieciocho (18) en otras regiones. Además, posee un equipo receptor de imágenes de satélite en formato GVAR en

tiempo real y una red de estaciones automáticas en las diferentes cuencas operadas por la empresa. Está en proceso de desarrollo un proyecto de mejoramiento del sistema de pronóstico hidrometeorológico nacional (VENEHMET) que permitirá a través de la participación coordinada de todos los organismos involucrados en las actividades hidrometeorológicas la modernización del sistema hidrometeorológico nacional en los aspectos de medición, transmisión y procesamiento de información básica y capacitación de recursos humanos.

3.3 El uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en el país

3.3.1 Los usos extractivos

Agrícola En los últimos 50 años el Estado venezolano ha construido infraestructura de riego y de saneamiento de tierras con capacidad de beneficiar 4.000.000 de hectáreas entre regables y saneables, distribuidas en: treinta y tres (33) grandes y medianos sistemas de riego, un mil ciento sesenta y uno (1.161) pequeños sistemas de riego y nueve (9) sistemas de saneamiento de tierras. Sin embargo, esta infraestructura de riego y saneamiento requiere inversiones por el orden de 1.400 millones de US $ para su rescate. En la actualidad se consideran saneadas alrededor de 2.205.000 Ha incluyendo el sistema de los módulos de Apure de una extensión aproximada de 1.000.000 Ha. En la Tabla 6 se incluyen la distribución por regiones de la superficie regada y regable del país. Tabla 6 Superficie regada y regable del país (Ha) Región

Area Regada Sector Sector Público Privado Total Central y Capital 16.010 52.590 68.600 Centro-Occidental 23.128 76.872 100.000 Andes 12.849 37.151 50.000 Llanos Centrales 43.227 7.473 50.700 Nor-Oriental 6.084 18.016 24.100 Sur del Orinoco 600 600 Zuliana 92 93.408 93.500 Total Nacional 101.390 286.110 387.500

Fuente: Areas regadas y áreas regables Serie informes técnicos DGSPOA/IT/163. febrero 1984

Area Regable 88.650 455.850 294.080 138.250 193.700 234.900 1.405.430

Como se puede deducir de la información presentada el recurso agua no es la limitante para el desarrollo del riego en Venezuela. Se está realizado la revisión de la política nacional de riego y saneamiento de tierras, para promover el rescate de la infraestructura de riego y saneamiento de tierras, la incorporación a la agricultura de grandes extensiones de tierras, la participación activa de los productores en el proceso agrícola sin paternalismo y la creación de una cultura de riego, que permita hacer de la agricultura una actividad rentable, capaz de abatir la dependencia foránea y reforzar la seguridad alimentaria del país Ganadero En cuanto al uso del agua con fines a la ganadería, son los estados Zulia, Apure, Barinas, Táchira, Cojedes, Guárico, Bolívar y Delta Amacuro. Los principales productos del país. En estos estados la disponibilidad del recurso agua es muy superior a la demanda, motivo por el cual el recurso agua no es una limitante para el desarrollo de la actividad ganadera. Como dato adicional, es importante resaltar que el 28,4% de la superficie regada del país esta dedicada al cultivo de pasto. Urbano-industrial Para los fines de abastecimiento urbano e industrial en 1999, se produjo 3.245 millones de m3 de agua potable, lo cual permitió cubrir los requerimientos de 20.967.152 hab que representan la cobertura promedio del servicio en el país de 86,7% y el consumo industrial. En la Tabla 7 se presenta la distribución de dicho volumen en las diferentes regiones del país, la población total de cada región y la cobertura del servicio en cada una de ellas. En cuanto a los estándares de calidad de las aguas, los utilizados son los definidos en el decreto Nº 883 del 11/10/95 interiormente referenciado; para el caso específico de las

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Tabla 7 Agua producida por regiones Región

Volumen Producido (Mill. m3)

Población Cobert. Total Agua (hab) Potable %

Central y Capital 1.263,21 8.741.955 CentroOccidental 454,80 3.678.136 Andes 379,70 2.946.946 Llanos Centrales 88,69 1.105.569 Nor-Oriental 344,90 2.942.598 Sur del Orinoco 271,84 1.544.915 Zuliana 441,61 3.209.626 Total Nacional 3.244,75 24.169.745

2. Las aguas del sub-tipo 1B son aquellas cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes: Población Atendida (hab)

93% 8.105.558 85% 3.125.389 93% 2.745.232

Totales 82% 910.618 93% 2.743.176

Límite o rango máximo mayor de 4,0 mg/l. (*) mínimo 6,0 y máximo 8,5. menor de 150, U Pt-Co. menor de 250, UNT. menor de 1,7 mg/l. promedio mensual menor a 10000 NMP por cada 100 ml

* Este valor también se podrá expresar como porcentaje de saturación, el cual debe ser mayor de 50%

70% 1.081.441 70% 2.246.738 87% 20.976.152

Fuente: MARN - HIDROVEN año 1999

aguas. Tipo 1: Aguas destinadas al uso doméstico e industrial que requiere agua potable las mismas se desagregan en los siguientes sub-tipos: Sub Tipo 1A: Aguas que desde el punto de vista sanitario pueden ser Acondicionadas con la sola adición de desinfectantes. Sub Tipo 1B: Aguas que pueden ser acondicionadas por medio de tratamientos convencionales de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración. Sub Tipo 1C: Aguas que pueden ser acondicionadas por proceso de potabilización no convencional. La norma establece en el artículo 4 los siguientes criterios para la clasificación de las aguas, así como los niveles de calidad exigibles de acuerdo con los usos a que se destinen: 1. Las aguas del sub-tipo 1A son aquellas cuyas características corresponden con los límites y rangos siguientes: Parámetros Límite o rango máximo Oxígeno disuelto (O.D) mayor de 4,0 mg/l. (*) Ph mínimo 6,0 y máximo 8,5. Color real menor de 50, U Pt-Co. Turbiedad menor de 25, UNT. Fluoruros menor de 1,7 mg/l. Organismos coliformes promedio mensual menor a 2000 NMP Totales por cada 100 ml * Este valor también se podrá expresar como porcentaje de saturación, el cual debe ser mayor de 50%.

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Parámetros Oxígeno disuelto (O.D) PH Color real Turbiedad Fluoruros Organismos coliformes

3. Las aguas de los sub-tipo 1A y 1B no deberán exceder, además, los siguientes límites: Elementos o Compuestos Aceites minerales Aluminio Arsénico total Bario total Cadmio total Cianuro total Cloruros Cobre total Cromo total Detergentes Dispersantes Dureza, expresada como CaCo 3 Extracto de carbono al cloroformo Fenoles Hierro total Manganeso total Mercurio total Nitritos + Nitratos (N) Plata total Plomo total Selenio Sodio Sólidos disueltos totales Sulfatos Zinc

Límites 0,3 mg/l 0,2 mg/l 0,05 mg/l 1,0 mg/l 0,01 mg/l 0,1 mg/l 600 mg/l 1,0 mg/l 0,05 mg/l 1,0 mg/l 1,0 mg/l 500 mg/l 0,15 mg/l 0,002 mg/l 1,0 mg/l 0,1 mg/l 0,01 mg/l 10,0 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,01 mg/l 200 mg/l 1500 mg/l 400 mg/l 5,0 mg/l

Biocidas Organofosforados y Carbonatos Organoclorados Radiactividad Actividad α máximo 0,1 Becquerelio por litro (Bq/l) Actividad β máximo 1,0 Becquerelio por litro (Bq/l)

0,1 mg/l 0,2 mg/l

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

4. Las aguas del Sub-Tipo 1C son aquellas en las cuales el pH debe estar comprendido entre 3,8 y 10,5. Mientras que para el control de los vertidos líquidos el mencionado Decreto N° 883, establece las actividades sujetas a control y clasifica los constituyentes de los vertidos líquidos en dos grupos: GRUPO I:

sustancias para las cuales existe evidencia teórica o práctica de su efecto tóxico, agudo o crónico. GRUPO II: sustancias o parámetros que aún cuando no se conozca de su efecto tóxico, agudo o crónico, generan condiciones en el cuerpo receptor que afectan la biota o perjudican cualquier uso potencial de sus aguas. Los límites de descarga del primer grupo deberán cumplirse, sin excepción, para todas las descargas a cuerpos de agua, medio marino-costero y submarino, redes cloacales y para disposición directa sobre el suelo. Así mismo, deberán cumplirse para la infiltración en el subsuelo. Los límites de descarga del segundo grupo podrán ajustarse a las características actuales del receptor, sujetas a las restricciones que imponga la capacidad de asimilación de éste, aplicando como criterio general que las descargas no alteren la calidad de mismo. El MARN realiza actividades de vigilancia y control que le permiten chequear el cumplimiento de la normativa ambiental. En ese conjunto de leyes tiene vital importancia la Ley Penal del Ambiente. Esta ley tipifica como delitos aquellos hechos que violen disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y establece las sanciones correspondientes. Asimismo, determina medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar.

En la Tabla 8 se presentan las principales características de las plantas hidroeléctricas del país para las condiciones de: en operación, en construcción, en estudio. En dicha Tabla 8 se observa que el río Caroní produce el 92,8% de la energía hidroeléctrica del país, que a su vez representa alrededor del 70% de la energía firme que consume el país. Tabla 8 Principales Plantas Hidroeléctricas del País

Planta Hidroeléctrica En Operación Río Caroní Macagua I Guri I Guri II Macagua II Macagua III Río Santo Domingo Planta Páez Ríos Uribante-Caparo San Agatón La Colorada La Vueltosa Ríos Boconó-Tucupido Peña Larga En Construcción Río Caroní Caruachi Tocoma En Proyecto

Capacidad Energía Instalada Promedio (MW) (GWh) 13.590 66.600 11.950 61.850 360 2.952 2.725 6.300 46.650 2.385 11.254 180 994

Miles Barriles Equiv. de Petróleo por Día (MBEPD) 381 354 17 267 64 6

240 1.320 300 460 560

750 3.700 1.000 1.700 1.000

4 21 6 10 6

80 4.320 4.320 2.160 2.160 15.762

300 24.850 24.850 12.950 11.900 82.906

2 142 142 74 68 475

3.3.2 Los usos no extractivos Hidro-eléctrico Venezuela fue uno de los primeros países en Latinoamérica en utilizar las caídas de agua para la generación de energía eléctrica. Desde 1897, cuando entró en servicio la Central de El Encanto sobre el río Guaire, existió un parque de centrales hidroeléctricas construidas fundamentalmente por empresas privadas. Algunas de esas centrales fueron desmanteladas u otras pasaron a ser administradas por el Estado en las décadas de los 60 y 70. Venezuela posee su mayor potencial hidroeléctrico al sur del río Caroní y Caura, los cuales representan el 75% del potencial bruto total. La región de los Andes participa con el 17% y la zona de la sierra de Perijá con el 8%. Ha sido política del Gobierno Nacional diversificar las distintas fuentes de energía existente en el país con el propósito de liberar combustibles líquidos para el mercado de exportación.

Fuente: EDELCA .1999 - INPARQUES Publicación sobre Los Parques Nacionales de Venezuela. 1997.

Es importante destacar que la planta hidroeléctrica (Guri I + Guri II) Presa Raúl Leoni sobre el río Caroní, es la segunda Planta más grande del mundo y que la línea de transmisión de 756 KV (2.126 Km), que lleva energía a la región Norte y Centro-Costera del país, es considerado el quinto sistema de transmisión eléctrica más largo del mundo. Turismo La variedad de paisajes y de climas ha determinado en Venezuela, la existencia de una rica composición florística y faunística. Las selvas y los bosques naturales, son el piso característico de las tierras calientes; las tierras templadas son el dominio de la vegetación herbácea y arbustiva y constituyen la región agrícola y pecuaria por excelencia, y las tierras frías pre-

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

sentan escasez de vegetación alta, y poseen vegetación herbácea. La calidez de su población. Son todos factores determinantes para el turismo. La actividad turística y recreativa de nuestro país está sustentada en la gestión ambiental que permita garantizar la disponibilidad de los recursos hídricos, ya que ellos son actores principales en muchas de nuestras bellezas escénicas, proporcionan el agua potable inherente a la actividad humana y son un factor fundamental para la producción de alimentos (pesca, agricultura y ganadería) que presentan un valor agregado para la actividad turística. Navegación La navegación siempre ha tenido un rol importante para el desarrollo del país. En los tiempos que Venezuela tenia una economía de tipo agropecuario se exportaban productos como el café, cacao, cuero de res y otros, hacía Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, lo cual favoreció el crecimiento de ciudades localizadas cerca de los puertos de la Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, Carúpano y Río Caribe. En el período Minero-Petrolero donde nuestro principal y casi único producto de exportación es el petróleo y donde la mejora del poder adquisitivo de la población dispara un crecimiento de la demanda que es suplido con exportaciones, es la navegación la principal vía de transporte. Los principales puertos marítimos de Venezuela son la Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y Guanta. La Guaira es el mayor puerto artificial de América del Sur, maneja el 16% de la carga a nivel nacional, Puerto Cabello mueve el 72% de la

carga nacional, Maracaibo el 10% y el restante 2% es manejado fundamentalmente por Guanta. En cuanto, a la producción de petróleo esta sale por los puertos ubicados dentro de las diferentes instalaciones petroleras, siendo la mayor actividad en la cuenca del Lago de Maracaibo con la salida de aproximadamente un 70% de la producción. En cuanto la navegación fluvial el mayor desarrollo se ha alcanzado en el eje Orinoco-Apure donde el MARN continua realizando esfuerzos para implementar el Plan Maestro de Navegación con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible de la región. Se disponen de 645 millas náuticas navegables desde Boca Grande hasta Puerto Ayacucho en las siguientes condiciones: • Tramo Boca Grande-Matanzas, con una longitud de 195 millas navegables todo el año, requiere dragado permanente en sectores determinados y permite la navegación de embarcaciones con calado de hasta 42 pies. • Tramo Matanzas-El Lobal, con una longitud de 530 millas navegables Mayo-Diciembre, es un caudal natural y permite la navegación de embarcaciones con calado de hasta 12 pies. • Tramo El Lobal-Puerto Ayacucho, con una longitud de 100 millas navegable todo el año, es un caudal natural y permite la navegación de embarcaciones con calado de 6-8 pies. El mayor volumen de transporte a través del río Orinoco es para llevar productos de la industria pesada que se desarrolla en la región de Guayana, para su transporte interno o para su exportación a través del Océano Atlántico. Al sur del Orinoco donde la presencia es fuerte en la

Figura 6 Conurbaciones Siglo XXI y ejes desconcentradores

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Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

Figura 7 Red Intermodal propuesta por el MARN

Maracaibo

Lago de Maracaibo

San Cristóbal

Coro

Pto. Cabello La Guaira Caracas

Guanta Güiria Carúpano

Valencia Barquisimeto

Valle de la pascua

Trujillo Mérida Barinas

Barcelona

Maturín

El Tigre

Tucupita

El Baúl

Río Apure Bruzual Bogotá San Fernando Guasdualito Río Meta de Apure Pto. Páez Pto. López

Cabruta Río Orinoco Caicara Ciudad Bolivar San Juan de Manapiare Pto. Ayacucho

Iquitos

Río Negro

Barrancas Ciudad Guayana El Dorado Sta. Elena

Manaos

Belem Río Amazonas

Transporte costero

Transporte terrestre

zona, se mantienen tradiciones que datan de varios cientos de años. El medio de transporte es uno de los símbolos de las etnias que allí habitan. La curiara continua representando el medio más expedito para ir de un lado a otro. La principal característica de la curiara es que está hecha de un solo palo, es pequeña, oscila entre 3 y 8 metros de longitud. La navegación deportiva tiene un desarrollo limitado por lo tanto no entra en conflicto con otras actividades. Sin embargo, la ordenación del territorio orientada a la desconcentración, Fig.6 prevé la consolidación del desarrollo eje Orinoco-Apure, que permitía una línea de comunicación intermodal al sur del país, tal como se muestra en la Fig.7 Otros Otros usos donde el recurso agua juega un papel muy importante han sido los programas de aprovechamiento comercial bajo manejo sustentable de la especie baba (Caimán,

Transporte fluvial

Crocodilus) de los llanos inundables de nuestro país y del estado Delta Amacuro, llevado adelante por el MARN, y donde la permanencia de la lámina de agua es indispensable para su desarrollo. Para las comunidades criollas e indígenas de la zona, los programas significan fuentes de empleo, una importante fuente de proteína y la oportunidad de organizar una empresa artesanal local basada en el aprovechamiento integral de la especie: pieles, carne, vísceras, huesos, etc. Al igual que en el caso anterior el MARN implementó programas de “siembra de peces” en diferentes embalses del país, de manera que las comunidades complementen sus requerimientos alimenticios y tengan la oportunidad de desarrollar una actividad económica. De la misma manera, el sector privado ha desarrollado en forma comercial la cría de truchas en el estado Mérida y las camaroneras en los estados Falcón, Anzoátegui y Sucre a partir de los recursos hídricos de las regiones, en forma exitosa.

3.4 Balance y situaciones ambientales críticas y extremas

3.4.1 Balance entre disponibilidad-oportunidad con la demanda de recurso El balance disponibilidad-demanda que aquí se pre-

senta esta hecho a nivel de regiones por lo que la disponibilidad que considera corresponde a los volúmenes de agua que pueden ser extraídos de la fuente. El escurrimiento superficial de cada región fue afec-

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

tado por un factor de reducción que pretende considerar los efectos de la polución de los cuerpos de agua en cada región, es por ello que se expresa como escurrimiento aprovechable. Estas disponibilidades de agua requieren en algunos casos, de cuantiosas inversiones e importantes períodos de tiempos para realizar el estudio, proyecto y construcción de las obras que permiten disponer del recurso. En la Tabla 9 a continuación se incluye el balance disponibilidad-demanda por regiones del país. Tabla 9 Balance Disponibilidad - Demanda año 2000 Escurrimiento Demanda Aprove- Demanda UrbanoRegión chable Agrícola Industrial Balance Central y Capital 4.620 2.163 1.263 1.194 Centro-Occidental 12.725 3.154 455 9.116 Andes 18.761 1.261 380 17.120 Llanos Centrales 145.163 1.600 89 143.474 Nor-Oriental 7.300 760 345 6.195 Sur del Orinoco 840.793 19 272 840.502 Zuliana 17.603 2.950 442 14.211 Total Nacional 1.046.965 11.907 3.246 1.031.812 Fuente: Cálculos Propios año 1.999

3.4.2 Inundaciones y fenómenos torrenciales El fenómeno de las inundaciones en el país puede clasificarse en dos grandes tipos: las inundaciones estacionales, que ocurren en forma recurrente todos los años y afectan fundamentalmente las zonas de los llanos (zonas bajas en las regiones central y occidental del país), y las inundaciones de carácter torrencial, que se suceden en las zonas de piedemonte y ocurren con la presencia de eventos de lluvia particulares. Las primeras se caracterizan por ser fenómenos de ascenso lento de los niveles de agua, ocupando las denominadas planicies inundables de los grandes ríos llaneros, en áreas usualmente de deposición de sedimentos. Estas inundaciones tratan de ser controladas con infraestructura hidráulica como diques marginales, canales de derivación, rectificaciones de cauces, etc., pero en términos generales los habitantes de las zonas afectadas han aprendido a convivir con estos fenómenos, y a excepción de años extremadamente húmedos en que suelen sobrepasarse los niveles previsibles de inundación, no suelen presentarse mayores daños, dado que las áreas de riesgo mantienen usos acorde con los problemas previsibles por los niveles de agua. Las inundaciones de tipo torrencial tienen lugar en las cuencas medias y altas, como consecuencia de actividades antrópicas, generalmente por actividades agrícolas no contro-

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ladas, práctica de tala y quema, sobrepastoreo, y en general, falta de programas de manejo, con consecuencias que se hacen sentir en las zonas bajas y medias fundamentalmente, o muchas veces por procesos meteorológicos localizados (presencia de frentes, vaguadas, etc.), que causan sobresaturación de los suelos y fenómenos de solifluxión de los mismos, intensificados por el peso de la masa vegetal. Estos eventos tienen en la mayoría de los casos consecuencias catastróficas, dado que su recurrencia suele tener períodos de retorno largos, que inducen a la ocupación de áreas de alto riesgo. Por otra parte, la falta de planes de ordenación que incluyan la delimitación de usos en las planicies inundables agrava esta situación.

3.4.3 Otras situaciones de degradación ambiental Entre las otras situaciones de degradación ambiental que se producen en el país están los siguientes tipos de degradación de suelos: Salinización Está ocurriendo de manera creciente en: • Partes bajas y planas de las cuencas de los ríos Limón y Palmar, al noroeste de la cuenca del Lago de Maracaibo. • Partes bajas y planas de las cuencas de los ríos Motatán, Misoa, Machango y Chiquito, al este de la cuenca del Lago de Maracaibo. • Llanuras de Coro y porciones de la Península de Paraguaná. • Partes bajas y deltáicas de las cuencas de los ríos Misoa, Hueque, Tocuyo y Aroa, localizadas al norte y noroeste del estado Falcón. • Valles de Quíbor, Tocuyo, Rodeo y Turbio, en los estados Lara y Yaracuy. • Partes bajas de las cuencas de los ríos Manzanares, Aragua y Cariaco, al norte de los estados Anzoátegui y Sucre. Sodificación Los suelos que sufren de degradación por sodificación, asociados a la agricultura bajo riego, se encuentran localizados en los Llanos centrales y occidentales del país, donde se cultiva el arroz, y en las áreas ganaderas con pastos cultivados. También se presentan en áreas de riego, depresiones y afloramientos arcillosos de suelos erosionados, al norte de los llanos centro-orientales y en zonas subhúmedas al sur del Lago de Maracaibo. Compactación Según datos recientes, los problemas de compactación de los suelos se están presentando en las áreas planas y bajas,

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no inundables, de los llanos altos occidentales y en las mesas orientales, son consecuencia de la incorporación de estas tierras al desarrollo agrícola (cultivo de oleaginosas y cereales). Erosión

En la Fig. 8 se incluye el mapa donde se delimita la extensión de los procesos anteriormente referenciados.

3.4.4 Nivel de afectación

Los suelos que sufren graves problemas de erosión hídrica, (que antes se concentraban en las zonas altas de la Cordillera de Los Andes), se localizan hoy día en las partes más bajas de esta cordillera; sobre todo en las cuencas de los ríos Chama, Motatán, Uribante, Santo Domingo, Masparro, Boconó, Guanare y Acarigua. También se presentan en la región centro-occidental, principalmente en la cuenca del río Tocuyo. • Problemas de erosión hídrica moderada: se observan en áreas de altas pendientes de la cordillera de la costa en sentido oeste-este y, en menor grado, en la Sierra de Perijá. Uno de los hechos que llama la atención, es que en los últimos 15 ó 20 años este problema está ocurriendo en áreas de colinas con pendientes suaves, localizadas al norte de los llanos centrales y occidentales; en las cuencas de los ríos Sanare, Turbio y Yaracuy. También en el área de San Francisco de la Paragua en el estado Bolívar. • Areas con escasa o ninguna erosión: se encuentran al sur y al este de Venezuela y comprenden a los estados Amazonas y Delta Amacuro y gran parte del estado Bolívar.

El país posee importantes recursos hidráulicos, fauna variada y un alto potencial piscícola marino y continental; abundantes bellezas escénicas para la recreación y el turismo; y una gran riqueza en el subsuelo, principalmente, petroleo, gas, hierro, bauxita, fosfatos y minerales preciosos, todos los cuales han venido siendo aprovechados con distinta intensidad, siendo la explotación del petróleo y el gas, el sustento fundamental de la economía país. Conflictos ambientales El proceso descrito ha generado un conjunto de problemas que afectan el proceso general de desarrollo del país, siendo sus consecuencias más importantes las siguientes: Concentración de la población, de las actividades económicas y del equipamiento en un área reducida del pais, acompañada de una alta concentración de ingresos con relación a los espacios menos dinámicos: 40% de la población vive en la franja centro-norte-costera del país, donde se localiza el 70% de los establecimientos industriales y el 75% del empleo generado por la industria manufacturera, en el 2,3% del territorio nacional.

Figura 8 Areas degradadas a nivel nacional

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Esta concentración del desarrollo urbano-industrial se ha llevado a cabo en un área que presenta serias limitaciones en la oferta de recursos hidráulicos, y además, está alejado de las principales fuentes de recursos energéticos. Estos problemas han obligado al Estado a invertir ingentes recursos, construyendo obras de infrAestructura tales como: grandes acueductos, vialidad, canalizaciones, control de inundaciones, plantas de tratamiento y grandes colectores para aguas servidas y rellenos sanitarios. Por otra parte, las deseconomías generadas por este crecimiento son también absorbidas por el Estado por la vía de subsidios en la prestación de servicios públicos: agua, salud, vivienda, educación, recolección de basuras, transporte etc. Esta concentración ha producido un deterioro intensivo de los cuerpos de agua, entre ellos el Lago de Valencia, los ríos Guaire y Tuy, el sistema costero y sus playas y recursos recreacionales de uso público. La calidad de vida también ha disminuido como consecuencia de los altos niveles de ruido y contaminación atmosférica y la escasez de áreas de esparcimiento y recreación abierta. En algunas áreas, es alarmante la ocupación de tierras

agrícolas de buena calidad, por el desarrollo urbano e industrial. Igualmente son importantes de mencionar los problemas de inundaciones recurrentes en los principales centros poblados, por la ocupación de las planicies de inundación y la disposición de desechos sólidos en los cursos de agua que atraviesan a las ciudades populosas. La persistencia de importantes fenómenos migratorios, tanto de origen interno como externo, y el rápido crecimiento de la población marginal, ejerce enormes presiones sobre la dotación de servicios públicos en los centros urbanos mayores, lo que plantea graves problemas de orden social y político, por las deficiencias que dichos servicios presentan. El resto del país, las áreas con baja densidad de población se caracterizan por una base económica urbana sustentada por actividades terciarias, fuertemente dependientes del gasto público. La estructura funcional típica de las ciudades, se orienta en flujos radiales que convergen hacia las grandes ciudades y una utilización poco racional de los recursos naturales, caracterizada por la sub-utilización o el sobre-aprovechamiento de los mismos y sus consecuencias sobre el deterioro del medio ambiente.

3.5 Aspectos institucionales de la gestión de los recursos hídricos en el país

3.5.1 Administración del agua En Venezuela el Ejecutivo Nacional ejerce a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la Autoridad Nacional de las Aguas, según lo establecido en el artículo 50 del Decreto con Fuerza y Rango de la Ley Orgánica de la Administración Central, publicado en la Gaceta Oficial No. 36.807 de fecha 14 de octubre de 1999. Además, cabe destacar que a ese Ministerio compete, con relación al recurso agua, lo concerniente a:

•

• • La generación, recopilación, centralización, sistematización y divulgación de la información hidrometeorológica e hidrogeológica. • La elaboración del inventario nacional de los recursos hídricos. • La elaboración y actualización de los planes de gestión de las aguas. • El otorgamiento de las concesiones, asignaciones y autorizaciones para el aprovechamiento de las aguas. • La vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones relativas a la conservación y racional aprovechamiento de los recursos hídricos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros entes en el ordenamiento legal vigente. • La elaboración de los estudios y proyectos de aprovecha-

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• • •

•

miento de los recursos hídricos; así como la programación, ejecución, operación, uso, manejo, guarda, mantenimiento y conservación de las obras hidráulicas que corresponda realizar a la Administración Central o encomendar tales cometidos a otros órganos de la misma o a los organismos descentralizados competentes en la materia, reservándose su inspección y supervisión. La definición e implementación de las medidas para el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas. La instrumentación de mecanismos que fomenten y faciliten la participación de los usuarios en la planificación, manejo y administración del recurso. El desarrollo de la normativa técnica en la materia. El fomento del aprovechamiento racional de los recursos hídricos. La promoción y desarrollo de programas de capacitación y educación ambiental; así como la asesoría y asistencia técnica en materia de aguas, a las instituciones públicas y privadas que lo requieran. Cualquiera otra establecida en Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones y demás normativas en materia de aguas.

En cuanto a otras instituciones que participan en la gestión integral de las aguas, se tiene que la ejecución de la política

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de aguas en el país corresponde también al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, el cual ejerciendo su condición de Autoridad Nacional de las Aguas, coordinará las acciones correspondientes con la Gobernación del Distrito Federal, las Gobernaciones de Estado, los Municipios, las empresas prestadoras de servicios asociados al recurso agua, las asociaciones de usuarios y las comunidades organizadas. Los entes gubernamentales señalados participarán en la gestión integral de las aguas en las materias definidas para esos poderes en la Constitución Nacional, de conformidad con la normativa sobre descentralización y transferencia de competencia prevista. Con relación a los otros organismos de la Administración Central, éstos deben actuar con sujeción a los actos administrativos requeridos por las autoridades competentes en materia ambiental y de aguas, que aprueban, autorizan o conceden derechos para ocupar el espacio, afectar el ambiente o aprovechar los recursos hídricos, mediante proyectos que: • Demanden el recurso y requieran la construcción de presas, tomas, vertederos, derivaciones, canales, diques o cualquier otra obra hidráulica. • Ejecuten actividades que afectan la cantidad y calidad de las aguas. • Provoquen cambios de flujo, obstrucción de cauces y problemas de sedimentación. Para apoyar al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales en el logro de sus metas y objetivos, en el año 1996 se creó el Consejo Nacional de Planificación de los Recursos Hídricos con carácter ad honoren y permanente, como órgano asesor del Ejecutivo Nacional, el cual considerando la reestructuración de la Administración Pública Nacional efectuada en el curso del año 1999, se estima deberá estar integrado por un Presidente, designado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y por representantes designados por los Ministros de la Producción y el Comercio, Salud y Desarrollo Social, Energía y Minas, Relaciones Exteriores, Defensa e Infraestructura; así mismo, contará con un representante de las Asociaciones de Gobernadores y Alcaldes, de las empresas dedicadas a la prestación del servicio de suministro de agua potable y saneamiento y la generación de hidroelectricidad, empresas hidráulicas regionales, universidades nacionales, comunidad organizada, asociaciones de usuarios y por cualquier otra institución de carácter público o privado que estime necesario incorporar el Presidente del Consejo, por iniciativa propia o a petición de los representantes del Consejo. Las atribuciones establecidas para el Consejo Nacional de Planificación de los recursos hídricos fueron las siguientes: • Servir de órgano de consulta al Ejecutivo Nacional. • Proponer políticas para el desarrollo y conservación de los recursos hídricos.

• Recomendar los criterios técnicos y el establecimiento de políticas para el reconocimiento del valor del agua. • Participar en la revisión y formulación del marco jurídicoinstitucional en materia de conservación, administración y aprovechamiento de las aguas. • Formular recomendaciones para la elaboración de los planes relacionados con el recurso agua y para los programas y proyectos que los desarrolle. • Proponer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan el logro de los objetivos de gestión establecidos en las normas que regulan la conservación y el aprovechamiento de las aguas. El régimen de acceso del uso del agua Los procedimientos legales vigentes para que los administrados puedan ser beneficiarios de los aprovechamientos de los recursos hídricos, actualmente están regidos mediante el Decreto Nº883 de fecha 18 de diciembre de 1995: “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos”; el Decreto Nº1257 de fecha 25 de abril de 1996: “Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”; y el Decreto Nº1400 de fecha 10 de julio de 1996: “Normas sobre la Regulación y el Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y las Cuencas Hidrográficas”. En concordancia con lo expresado en los instrumentos legales citados, y haciendo referencia al contenido del Decreto Nº1400, se tiene en principio que: • Todos pueden utilizar las aguas superficiales sin necesidad de concesión o autorización mientras discurran por sus cauces naturales, para beber, bañarse, y otros usos domésticos; así como para abrevar el ganado sin perjuicio de los derechos de los propietarios y derechohabientes establecidos en el Código Civil y otras leyes. Estos usos se llevarán a cabo de forma que no impidan la navegación fluvial, ni produzcan un deterioro de la calidad y caudal de las aguas, y sin desperdicio o mal uso de las mismas, cumpliendo con las normas de orden ambiental. • Los propietarios de los predios ribereños a cursos de agua podrán defender sus riberas y márgenes con arboledas, estacadas o protecciones menores, siempre que no alteren el curso natural de las corrientes ni causen daños a terceros. • La distribución de los recursos hídricos entre las distintas actividades que demanden su aprovechamiento, tales como el abastecimiento urbano, industrial, de servicio, agrícola, pecuario, comercial y otros la realizará el Ejecutivo Nacional, a través de los órganos competentes, de acuerdo a los beneficios sociales y a la importancia económica de cada uno de estos sectores, según el Plan Nacional y los Planes Regionales de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos.

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• El aprovechamiento de las aguas de los ríos, lagos, lagunas, quebradas, manantiales, acuíferos y otras, estará sujeto las condiciones establecidas en las normas de este Decreto. En todo caso los aprovechamientos se realizarán considerando la titularidad, cantidad, abundancia relativa, calidad, características químicas y físicas, energía potencial y otras propiedades del recurso a aprovechar; así como lo previsto en los planes respectivos y las necesidades de abastecimiento de otros usuarios actuales y potenciales. • Los derechos al uso de las aguas establecidos en el Código Civil, deben adecuarse a la disponibilidad del recurso, a las necesidades reales de la actividad a que se pretende destinar, al interés público, a las previsiones de los planes y a los objetivos de la política nacional en la materia. • El aprovechamiento de las aguas termales, minerales o no, estará sujeto a las disposiciones de las normas de este Decreto y a la realización de estudios previos, por parte de los interesados que determinen su cantidad, calidad, aptitud de uso y propiedades curativas, de conformidad con las disposiciones establecidas al efecto por los Ministerios del Ambiente y de Los Recursos Naturales y de Salud y Desarrollo Social. Procedimiento para el otorgamiento de concesiones, asignaciones y autorizaciones para el aprovechamiento de las aguas. Es oportuno expresar que todo proyecto que requiera el aprovechamiento de las aguas, su afectación o la construcción de obras para su uso y que impliquen incidencia espacial, deberá disponer de la autorización o aprobación para la ocupación del territorio, la cual debe ser anexada cuando se introduzca la solicitud correspondiente ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. En cuanto a la autorización o aprobación para la ocupación del territorio, la tramitación para su obtención está regida por lo establecido en el Decreto No. 1257 del 25 de abril de 1996: ”Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”. Lo cual implica que: • El ente interesado presente ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, un Documento de Intensión, el cual contendrá la información sobre los objetivos, justificación y descripción de las opciones a considerar para el desarrollo del proyecto y las acciones con potencial, generación de impactos ambientales. Así como el cronograma de planificación e inversiones estimadas. De igual forma, contendrá la información disponible sobre los componentes físico-natural y socio-económico del ambiente a ser afectado por las distintas opciones y cualquier otra información que se considere relevante para la evaluación del proyecto. • Posteriormente del análisis del Documento de Intención, el Ministerio establece la metodología a seguir par la evaluación ambiental del proyecto la cual podrá consistir en la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, una

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Evaluación Ambiental Específica o la presentación de recaudos adicionales. • Una vez cumplido el requerimiento del Ministerio, y dependiendo del resultado del análisis, éste otorgará o negará la autorización para la ocupación del territorio. Una vez obtenida la autorización para la ocupación del territorio, el potencial beneficiario procederá a introducir ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la solicitud de: • Concesión para el Aprovechamiento de Aguas, cuando se trate de personas naturales o jurídicas. • Asignación para el Aprovechamiento de Agua, en el caso de corresponder a órganos de la Administración Pública Nacional, a los cuales se les puede conferir derechos para aprovechamiento de agua con fines de utilidad pública o social o de interés colectivo o del Estado. • Autorización para el Aprovechamiento de Agua, contemplada cuando los solicitantes sean personas naturales y jurídicas u órganos de la Administración Pública Nacional. Este tipo de autorización se ha incluido por estar prevista en el Proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Estimándose que seria aplicable para los aprovechamientos de recursos hídricos que demanden menos del diez por ciento (10%), de la disponibilidad de cursos regulados o no, de fuentes lacustres o de la recarga media anual de los acuíferos. La administración de los recursos hídricos internacionales. Formalmente el país no dispone de un instrumento legal de carácter internacional que permita racionalizar y controlar el aprovechamiento de los recursos hídricos de las cuencas compartidas. Cuando se presenta la necesidad de establecer negociaciones con otros países sobre estos temas, las mismas se realizan a través de acuerdos bilaterales, coordinados por la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores con la asesoría técnica del MARN. Actualmente un acuerdo vigente con el vecino país, es el correspondiente para el mantenimiento del curso del río Arauca donde éste representa límite internacional.

3.5.2 Mecanismos de participación de los usuarios Los usuarios de los recursos hídricos pueden constituir voluntariamente asociaciones para el aprovechamiento eficiente coordinado de recursos y para la defensa de sus intereses. Las asociaciones pueden solicitar al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la constitución, mediante Resolución, de Jurados de Agua como instancia de conciliación entre los usuarios, sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones contenidas en las autorizaciones y concesiones correspondientes y de las competencias atribuidas en la ley al

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Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, como autoridad administrativa de las aguas. La constitución y estatutos de las Asociaciones de Usuarios son redactadas y aprobadas por los propios usuarios; y los Jurados de Aguas se organizan y funcionan de conformidad con lo dispuesto en la Resolución mediante la cual sean creados. Las organizaciones civiles integradas por las empresas prestadoras de servicios, los Jurados de Aguas, Las Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, las Asociaciones de Vecinos, y las organizaciones de usuarios pueden incorporarse a la gestión integral de las aguas conforme a las normas legales que las rigen, para actuar a nivel nacional, regional, estatal o local.

3.5.3 Legislación de aguas La legislación ambiental vigente con atribuciones específicas y genéricas aplicables en el proceso de administración integral de los recursos hídricos es la siguiente: • Ley Forestal de Suelos y Aguas y su Reglamento, publicada en la Gaceta Oficial No. 34.321 de fecha 6-10-89.

• La Ley Orgánica del Ambiente, publicada en la Gaceta Oficial No. 31.004 de fecha 16-06-76. • La Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, publicada en la Gaceta Oficial No. 3.238 -E, de fecha 11-08-83. • Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, publicado mediante Decreto No. 276, de fecha 9-06-89. • Ley Penal del Ambiente, publicada en la Gaceta Oficial No. 4.358, de fecha 3-01-92. • Decreto No.883, publicado en la Gaceta Oficial No. 5.021-E, de fecha 18-12-95. “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos”. • Decreto 1.257, de fecha 25-04-96. “ Normas Sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”. • Decreto No. 1.400 de fecha 10-07-96. “Normas sobre la Regulación y el Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas”. Actualmente está a nivel de proyecto la elaboración de un Código Orgánico del Ambiente, el cual recoge y compatibiliza toda la legislación ambiental antes señalada.

3.6 Aspectos económicos-sociales de la gestión de los recursos hídricos en el país

3.6.1 Sistema tarifario La legislación existente establece las bases legales para el cobro de tarifas o cánones por concepto del uso de recursos hídricos. En efecto, tanto la Ley Forestal de Suelos y Aguas como el Decreto 1400, plantean que todo aprovechamiento de aguas del dominio público no sujetas a derechos de aprovechamiento establecidos en el Código Civil y otras normas nacionales, requerirá de una concesión, otorgada por el MARN. En caso de determinarse que la concesión es a título oneroso, el usuario cancelará al Fisco Nacional un canon por el aprovechamiento del recurso, calculado con base en la cantidad a aprovechar, su escacez relativa en el lugar, su calidad, la variabilidad de su régimen y su energía potencial. Hasta ahora, no existe una aplicación efectiva de la norma, y los aprovechamientos de agua realizados para abastecimiento de agua potable, riego y de hidroelectricidad, no generan pagos por parte de los usuarios, que suelen ser del mismo gobierno nacional. Las inversiones en materia de aprovechamiento de recursos hídricos son realizadas casi en su totalidad con recursos del presupuesto nacional, bien sea a través de organismos del nivel central o de entes regionales y locales. Es así como existe un subsidio a la inversión y en el caso de los servicios de agua potable

y saneamiento y riego, el mismo se extiende también a un porcentaje de la operación, especialmente en el caso del riego. Hasta ahora, el Código Civil ha establecido quienes son propietarios y derechohabientes de las aguas, y de acuerdo con la Ley Forestal de Suelos y Aguas y la Ley Orgánica del Ambiente, se establecen autorizaciones, concesiones y asignaciones de aprovechamientos de este recurso. Sin embargo, la nueva constitución establece en su artículo 304, que todas las aguas son bienes del dominio público de la Nación, por lo que deberán analizarse las figuras de derechos de agua existentes a la luz de este nuevo precepto.

3.6.2 Mecanismo de financiación El proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos presupuestarios destinados a las inversiones en obras de aprovechamiento hidráulico u otra infraestructura ambiental, ha sido hasta ahora marcado por decisiones políticas. Las evaluaciones costo/beneficio de los proyectos es posible que sean realizadas al elaborar el mismo, pero generalmente no tiene mayor influencia en la decisión de ejecutar o no una determinada obra. Solamente se exceptúa de esta práctica la infraestruc-

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tura que ha sido financiada con fondos multilaterales, ya que estos organismos exigen la respectiva evaluación económica para decidir sobre la asignación o no de los préstamos. Durante los últimos diez años, las inversiones públicas en infraestructura hidráulica han venido sufriendo un descenso progresivo, y sus porcentajes dentro de la inversión pública son menores del 1%, muy por debajo de los porcentajes de otros sectores como telecomunicaciones, vialidad y electricidad. En este sentido, los financiamientos externos, tanto bilaterales como multilaterales, han sido elementos clave para construir las grandes obras de aprovechamiento hidráulico en la última década.

3.6.3 Aspectos sociales Como se ha planteado al inicio del presente informe, durante la bonanza petrolera el Estado construyó una importante infraestructura tanto de aprovechamiento como de servicio para toda la sociedad venezolana. Esto permitió erradicar una serie de endemias vinculadas a la falta de servicios sanitarios y disminuir sustancialmente los problemas de salud asociados. Sin embargo, los procesos de éxodo incontrolado de campesinos hacia las grandes ciudades producto del abandono del campo por medios de vida más rentables, ocasionó que la infraestructura construída fuese cada vez más insuficiente y comenzó el colapso de los servicios. Por otra parte, quienes venían del campo se ubicaron fundamentalmente en áreas de las ciudades poco aptas para el desarrollo urbano, entre otras

causas por ser muy difícil su acceso a los servicios básicos. Todo esto trajo como resultado que quienes están actualmente excluídos de estos servicios sean en su mayoría la población urbano-marginal y las rurales. El deterioro de los servicios trajo aparejado un incremento no muy relevante pero sí de cuidado, de algunas enfermedades de orígen hídrico, como ha sido el caso del cólera y las diarreas, esta última especialmente en la población infantil. En el caso de los problemas por mal manejo de recursos hídricos, como lo es la intervención de las cuencas altas y la ocupación desordenada de planicies inundables y zonas de alto riesgo, usualmente se vé afectada la población de menores ingresos, aunque en los fenómenos de inundaciones torrenciales, las mismas han afectado por igual población de diversos estratos. Un último aspecto inportante de destacar es sobre las normas de protección de derechos indígenas y de campesinos. En el caso de estos últimos, la ley de Reforma Agraria les concede prerrogativas para los usos y aprovechamientos de los recursos hídricos, y los conflictos generalmente se dirimen en las Asociaciones de Regantes. Los derechos de los indígenas han quedado particularmente protegidos con la nueva Constitución, donde se establece que el Estado reconocerá su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan. También se establece que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado, se hará sin lesionar su integridad cultural, social y económica, siendo además necesaria la información y consulta previa a las comunidades afectadas.

3.7 Análisis de los desafíos, conflictos y elementos críticos para el desarrollo sustentable de los recursos hídricos en el largo plazo

La solución permanente de nuestros problemas en la gestión del recurso hídrico no es simple. Se requiere desde organización hasta cambio en las actitudes y los hábitos de consumo, así como tecnología, grandes inversiones, y muy especialmente voluntad política para apoyar estos cambios. Presupone también una distribución más racional de la población y las actividades económicas en el territorio. Es parte, por tanto, de un esfuerzo más coherente y deliberado de desarrollo2. En efecto, se requiere un esquema de políticas que permitan pasar del Estado proveedor al Estado regulador, y ello se logra fundamentalmente descentralizando la gestión de los recursos y servicios asociados, y promoviendo una participación activa y responsable por parte de los usuarios, quedando al Estado un rol de planificación, regulación y asistencia técnica. 2

Francés, Antonio. Venezuela posible. Siglo XXI. Ediciones IESA. Caracas, 1999

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En Venezuela, la excesiva centralización de la administración de los recursos naturales, ha traído como consecuencia el crecimiento desmedido de un ente del Gobierno Central que no tiene la organización adecuada para atender todas las obligaciones y tareas contraídas dentro de su amplio rol de planificador, financista, ejecutor y regulador, lo cual, además de originar un evidente conflicto de competencias, le resta eficiencia a su gestión, y finalmente se sacrifica la capacidad reguladora del Estado, que debería ser su función primordial. A esta situación debe añadirse el hecho de que la constitución recientemente aprobada, concentra aún más la mayoría de las decisiones sobre gestión pública en el gobierno central, agudizando con ello la problemática antes señalada. A pesar de que dicha constitución crea un Poder ciudadano, no

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le promueve a este último ningún tipo de responsabilidad, ya que la atención de todas las necesidades sociales y económicas quedan como derechos del ciudadano y por supuesto, obligación del Estado. Este tipo de esquema político, sumado a la crítica situación financiera y a los altos niveles de pobreza que existen en el país, dificulta aún más la implantación de esquemas financieros que permitan darle al recurso agua un valor económico. Es así como en los usos extractivos las tarifas no cubren los costos de operación, mantenimiento y reposición, y mucho menos los costos y externalidades ambientales asociados a dichos usos. Esto trae en consecuencia una mayor ineficiencia de las empresas prestadoras de los servicios y una tendencia creciente a continuar incrementando los pasivos ambientales (contaminación y deterioro de las cuencas), lo cual termina siempre afectando a la población de menores ingresos, quienes ven desmejorarse cada vez más sus condiciones de vida, porque definitivamente el agua más cara es la que no se tiene. Otro aspecto importante de analizar como obstáculo a lograr una gestión sustentable de los recursos hídricos es el problema de la falta de información básica, que no nos permite establecer de manera adecuada y razonable las decisiones básicas para la planificación de los usos, el ordenamiento espacial y las funciones de control y regulación. Sacrificar los presupuestos dedicados a la producción de la información básica es una práctica común, que ha venido deteriorando progresivamente las redes de información y monitoreo, hasta alcanzar niveles críticos. Esto constituye una gran debilidad para la gestión de los recursos, llegando inclusive a limitar las posibilidades de análisis sobre la influencia de los cambios climáticos en los eventos ambientales extraordinarios que se suceden en nuestros países. Finalmente, los aspectos relativos a la falta de capacitación y a las grandes brechas tecnológicas que se presentan en los ámbitos de actuación de la gestión de los recursos hídricos, constituyen un grave problema que sobrepasa los aspectos técnicos y llega a incidir en lo económico, por cuanto los esquemas rudimentarios de manejo y operación de sistemas de agua, las bajas eficiencias en su uso, el consumo excesivo de sustancias químicas, el incremento de contaminación y la falta de prácticas adecuadas de manejo en las cuencas, se traduce no solamente en pasivos ambientales muy costosos de solventar, sino también en altos costos para la prestación del servicio, incremento en los consumos, y una merma progresiva en las disponibilidades de agua para cualquiera de sus usos y aprovechamientos. Venezuela se encuentra actualmente en una situación que pudieramos denominar “de borde” con relación al manejo y aprovechamiento de sus recursos hídricos: de no plantearse en el corto plazo una política de desconcentración de la población que permita, tal como se planteó inicialmente, un proceso de desarrollo coherente, veremos que en muy pocos años se iniciarán conflictos severos por el acceso al recurso agua, pues su disponibilidad será cada vez menor, especialmente en las regiones más densamente pobladas del país. Por otra parte, continuaremos viviendo las secuelas de procesos

críticos relacionados con inundaciones, de continuar la ocupación incontrolada de planicies y zonas de alto riesgo. Una consecuencia importante de no iniciar procesos de ordenación del territorio a corto plazo, será el deterioro creciente de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, lo cual generará mayor incidencia de enfermedades de orígen hídrico, limitará severamente algunos desarrollos y acrecentará la insatisfacción de la demanda, especialmente en las zonas de más difícil acceso para la prestación, que usualmente suelen ser áreas marginales de desarrollo urbano o zonas rurales. Otro gran reto es ordenar la institucionalidad del sector, en forma tal que el Estado asuma su rol de planificador y regulador, dejando en manos de los entes privados (usuarios, empresas, asociaciones civiles, etc.) la administración de los recursos, para darle a la misma la flexibilidad necesaria para su mejor desarrollo. Este pareciera ser el punto álgido para cualquier discusión política sobre el tema; sin embargo, es fundamental entender que la privatización de los servicios públicos reduce el tamaño del Estado, pero no lo hace menos importante, lo cual pareciera ser el temor de muchos gobernantes. Por el contrario, el Estado debe fijar las políticas y los estándares de servicio y cuidar que se cumplan, y tiene además la delicada tarea de velar porque los intereses privados sean canalizados en forma socialmente constructiva. Igualmente, le corresponde cuidar los derechos e intereses de aquellos consumidores que no pueden asumir su propia defensa. Mientras el Estado sea el prestador de los servicios no podrá asumir la tarea fundamental de la regulación y la protección tanto de usuarios como prestadores. Este último aspecto tiene asociado un elemento de desarrollo social muy importante, y que se hace especialmente significativo dentro de un proceso de aprendizaje político como el que se viene desarrollando en Venezuela. De hecho, promover en el ciudadano la participación en las decisiones de carácter ambiental que le afectan a él y a su entorno, haciéndole sentir su responsabilidad por las mismas, es sin duda el método de educación ambiental más efectivo que se pueda implantar. Si a todo esto se asocia el lograr darle al recurso agua un valor económico, que permita que cada usuario pague los costos asociados a su aprovechamiento, ello permitiría a la larga disminuir los consumos y controlar los procesos de contaminación, lo cual permitiría recuperar los niveles de disponibilidad del recurso y darle mayor eficiencia a una infraestructura que contaría con el financiamiento necesario para programas de mantenimiento permanente y cuyas ampliaciones podrían ser diferidas en el tiempo, disminuyendo las inversiones requeridas para el manejo de los recursos. Finalmente, la política financiera que debe acompañar estas propuestas, debe considerar un esquema de subsidios e incentivos fiscales que promuevan el uso eficiente del agua y que permitan resolver las desigualdades y problemas de equidad en el acceso a la prestación de los servicios relativos al recurso. Estos aspectos son fundamentales para darle a todos estos procesos la condición necesaria para ser un impulso real al desarrollo.

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4. Agua Potable y Saneamiento 4.1 Estructura organizativa

Desde 1990 se inició en Venezuela la reestructuración del servicio de agua potable y saneamiento, para pasar de un esquema de prestación absolutamente centralizado, a un modelo donde se acercasen más las decisiones a los usuarios. Para ello se comenzó el proceso con una etapa de transición, donde se crearon diez empresas desconcentradas denominadas Empresas Hidrológicas Regionales (EHR), con la particularidad de descentralizar la administración del servicio, es decir, que a pesar de recibir todavía subsidios operativos de parte del gobierno nacional, los ingresos propios de las empresas son administrados por ellas en forma independiente, sin pasar a una caja central como ocurría anteriormente. Esto trajo en consecuencia un interés por recaudar los montos facturados del servicio, ya que estos recursos son invertidos nuevamente en la propia región. Esta fase tenía como objetivos lograr en corto plazo la transferencia del servicio a los gobiernos locales, quienes tienen la competencia asignada por la Ley, para que estos últimos buscaran figuras de gestión adecuadas a sus necesidades, bien fuera directamente, a través de asociaciones con privados, o promoviendo la participación de las comunidades de usuarios en algunos casos, especialmente para los servicios en áreas rurales. El esquema tenía igualmente prevista la disminución progresiva de los subsidios o transferencias del Ejecutivo nacional a las regiones, en el entendido de que se realizaría una adecuación también progresiva de las tarifas para lograr la autosuficiencia financiera del servicio. Sin embargo, una serie de factores de índole político y económico no permitió llevar adelante el proceso en la forma prevista, y fue solamente después de cuatro años de iniciado el proceso que se logró la creación de la primera empresa descentralizada en el Estado Monagas. Luego se sucedieron otras transferencias, pero aún el proceso no ha culminado. Esto ha traído en consecuencia que, a pesar de que la prestación del servicio es por Ley competencia de los Municipios, el gobierno nacional continúa prestando el mismo en la mayor parte de las regiones, bien sea a través de las EHR o del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) en el caso de muchos acueductos rurales. Por otra parte, el financiamiento de la infraestructura del servicio continúa siendo realizado en un altísimo porcentaje con presupuesto nacional, y existen

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todavía subsidios operativos financiados por el Ejecutivo nacional.

4.1.1 Formulación de políticas y planificación La Constitución Nacional establece como competencia del Poder Público Nacional “El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas”. En función de lo anterior y dado que en el ámbito nacional existen diversos Ministerios con competencia en aspectos relativos al servicio de agua potable y saneamiento, se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo del Sector Agua Potable y Saneamiento, de la cual forman parte los Ministerios del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), de Salud y Desarrollo Social, de la Producción y el Comercio, de Infraestructura, de Planificación y Desarrollo y la Asociación Nacional de Alcaldes. De esta manera las decisiones acerca de las políticas o normativas sectoriales de esta Comisión, quien se constituye en Ente Rector del servicio a través de su Secretaría Técnica, ejercida por HIDROVEN, tienen carácter de política nacional al estar avaladas por las máximas autoridades de los entes del nivel central con injerencia en el servicio. Los aspectos relativos al financiamiento del servicio son manejados fundamentalmente por el MARN (órgano de adscripción administrativa de HIDROVEN y sus EHR) con el Ministerio de Planificación y Desarrollo, atendiendo a las políticas presupuestarias que establezca este último, conjuntamente con el Ministerio de Finanzas. Con relación a las competencias de los Estados en el servicio, la Constitución establece como competencia exclusiva de los mismos ...”la creación, régimen y organización de los servicios públicos estatales”. Actualmente todas las empresas descentralizadas (transferidas a los gobiernos locales) son de ámbito estatal y las gobernaciones de estado tienen una participación accionaria importante en las mismas. Para el caso de los gobiernos municipales, la Constitución establece como competencia del Municipio ...”el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en

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cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios,......la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas: 1. Ordenación territorial y urbanística. 4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental. 6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas,......” A pesar de esto, los Municipios en general se han mantenido alejados de la gestión directa del servicio, a excepción de aquellos estados donde se ha descentralizado totalmente el mismo y las municipalidades son accionistas mayoritarias de dichas empresas.

4.1.2 Regulación y control Modelos regulatorios Los aspectos regulatorios del servicio de agua potable y saneamiento en Venezuela son aún muy incipientes, y de hecho no existen “modelos” específicos para la regulación del servicio. De hecho, la legislación vigente establece a través de muchos organismos y diversas Leyes y Reglamentos las normas de actuación tanto de los prestadores como de los usuarios, pero su aplicación sistemática adolece de mecanismos eficientes de implantación. Hace falta por ejemplo crear la instancia que se encargue de la regulación de los aspectos económico-financieros y de velar por que se garanticen los deberes y derechos de los entes operadores del servicio y de los clientes. En este sentido, se trabaja actualmente en el desarrollo de una serie de propuestas estratégicas para el control en la prestación de los servicios, bajo un modelo de regulación de procesos, donde se establezcan las regulaciones pertinentes a través de los contratos de delegación de los servicios que se establezcan entre el operador y el Municipio, como responsable directo de la prestación. Las Leyes y normas existentes, que tienen relación directa con la prestación del servicio son: • Ley Orgánica de Administración Central, que le asigna al Ministerio de Salud y Desarrollo Social el establecimiento de normas técnicas sanitarias referentes al suministro de agua potable y la vigilancia de su cumplimiento; al Ministerio de Producción y Comercio la planificación y fijación de tarifas y precios en todo el territorio nacional, la coordinación, certificación y control de calidad de los productos y servicios; al Ministerio de Infraestructura la coordinación, supervisión y evaluación de los servicios públicos necesarios para el desarrollo urbano y al Ministerio del Ambiente y de los recursos Naturales la administración de las aguas.

• Ley de Protección al Consumidor y al Usuario que se encarga de las materias de precios y tarifas así como el precio máximo de venta de un bien o de la prestación de un servicio público. Crea el Instituto Autónomo para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, INDECU, encargado de velar por la aplicación de la Ley. • Decreto N° 750 - Normas sobre Vigilancia, Inspección y Control de las Obras Hidráulicas afectadas al servicio de abastecimiento de agua a poblaciones. Contiene las actividades de vigilancia, control e inspección que deberán programar las empresas hidrológicas regionales o las entidades que asuman la administración del servicio. Regula las tomas autorizadas, las prohibiciones y las tomas clandestinas. Normas técnicas • Resolución N° 37-A del MARNR - Normas para la Prestación del Servicio de Acueducto y Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. • Decreto 2.831 - Reglamento N° 4 de la Ley Orgánica del Ambiente sobre Clasificación de las Aguas. • Normas Técnicas Ambientales - Parámetros físico-químicos y biológicos de los vertidos líquidos a cuerpos de agua y cloacas. • Decreto 883 - Norma para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o afluentes líquidos. • Resolución N° 238 del MSAS - Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable. • Decreto 1400 - Normas sobre la Regulación y el control del aprovechamiento de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas. Normas tarifarias • Resolución N° 0741 del Ministerio de Fomento y Resolución N° 55 del MARNR - Régimen Tarifario para la Prestación de los Servicios de Abastecimiento de agua potable y de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. • Decreto 2.331 - Tarifas que en forma de fracciones porcentuales de los beneficios e inversiones deberán aportar para la conservación de cuencas hidrográficas. • Decreto 2.786 - Declaratoria de primera necesidad de los servicios de abastecimiento de agua potable y de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales en todo el territorio nacional. Normas generales de derecho público • Decreto Ley 138 - Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos Nacionales. Define como obra pública la construcción, reforma y reparación de bienes públicos mientras que la concesión de servicios públicos se refiere al modo indirecto de gestionar los servicios públicos de competencia nacio-

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nal que tengan un contenido económico y susceptibles de explotación por los concesionarios. El Poder Ejecutivo Nacional dicta los decretos de cada concesión. • Ley de Privatización regula el proceso de privatización de bienes o servicios del sector público, en cuya definición no se incluyen los estados ni municipios, por lo cual se entienden excluidos de su aplicación. • Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia tiene por objeto prohibir las conductas y prácticas monopólicas, oligopólicas y demás medios que puedan impedir, falsear o limitar el goce de la libertad económica. No existe una normativa general a nivel nacional que dicte las pautas para la selección de los operadores a nivel de las regiones o localidades. Esto implica adecuar el marco legal y normativo del servicio, en forma tal de cubrir aquellos vacíos que en estas materias puedan tener las actuaciones legales y reguladoras a nivel local.

cio ha sido hasta ahora indirecta, a través de los mecanismos de atención de quejas que establecen las mismas empresas prestadoras, o a quejas públicas realizadas a través de la prensa u otros medios de comunicación. Sin embargo, en ningún caso esto genera sanciones a la empresa por mal servicio, ni existe una instancia superior de apelación, una vez que la empresa “atiende” la queja, pues si bien existe el INDECU, el mismo no tiene capacidad de sanción para estos casos. Obviamente, las quejas de los usuarios con relación a fallas del servicio terminan no siendo vinculantes en el estricto sentido de la palabra. Como una primera aproximación a la participación de los usuarios en la regulación está la incorporación de un representante de la Asociación Nacional de Alcaldes en la Comisión Nacional para el Desarrollo del Sector Agua Potable y Saneamiento, y la participación de representantes locales en las Juntas Directivas de las empresas descentralizadas.

Entes reguladores 4.1.3 Gestión de los servicios Tal como se señaló anteriormente, si bien los aspectos sanitarios del servicio están regulados por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social por una parte (calidad del agua) y por el MARN en lo relativo a la calidad de los efluentes, no existe una instancia que ejerza la regulación de otros aspectos fundamentales, como es lo relativo a los aspectos económico-financieros y a la prestación en sí misma del servicio (otros aspectos de la calidad, como son la continuidad, presión y otros aspectos técnicos relevantes). Las Leyes otorgan al Gobierno Nacional la competencia en lo relativo al régimen general del servicio, pero sin embargo existe un marcado conflicto de intereses, por cuanto en la actualidad es a través de instituciones del mismo gobierno central que se lleva a cabo la prestación del servicio, lo cual implicaría que el mismo Estado ejecute y se regule a sí mismo, cosa que obviamente no sucede. La transferencia del servicio a las autoridades locales permitirá resolver este problema, pues quedaría el gobierno nacional, bien sea a través de HIDROVEN o de otra instancia que se cree para este fin, como regulador del servicio en sus diferentes aspectos. Por otra parte, los Municipios pueden, a través de los contratos de servicio que establezcan, ejercer la regulación del servicio, para lo cual crearían comisiones o entes técnicos especializados que supervisen la actuación del prestatario y que faciliten la resolución de conflictos entre estos últimos y el usuario. Hasta ahora, la regulación de los aspectos sanitarios del servicio que deberían ejercer el MSDS y el MARN, no se ejecuta de manera sistemática, dadas las dificultades presupuestarias que usualmente sufren estas instituciones, pues el mecanismo de financiamiento de las funciones regulatorias no existe como tal, y los recursos para ejercer dicha función provienen del presupuesto nacional. Participación de los usuarios en la regulación La participación del usuario en la regulación del servi-

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Modalidad de gestión La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento se ha venido cumpliendo desde 1990 a través de las Empresas Hidrológicas Regionales, las cuales, además de ser instancias transitorias, tienen potestades limitadas para tal fin. El proceso en su tercera fase tiene prevista la transferencia del servicio a empresas locales, las cuales definirán su modalidad de operación (pública, privada o mixta), de acuerdo a las figuras que les define la Ley, la cual dispone que el servicio puede ser prestado directamente por el municipio, por institutos autónomos municipales, delegando la prestación a empresas, fundaciones, asociaciones civiles y otros organismos descentralizados, o mediante concesiones otorgadas en licitación pública, para lo cual se establecen algunas condiciones mínimas. Igualmente se establece la figura de las mancomunidades que pueden ser formadas entre dos o más municipios para la prestación del servicio en forma coordinada. El gráfico a continuación indica las fases del proceso. El avance de la tercera fase ha sido lento, por las razones expuestas en puntos anteriores. Solamente se han creado y operan efectivamente cinco empresas descentralizadas, con participación accionaria de las gobernaciones y los municipios. Hasta ahora el gobierno central se mantiene como dueño de las acciones de las EHR, ya que su accionista único es HIDROVEN, quien funge de casa matriz de dichas empresas, y el MARN es a su vez el dueño del 95% de las acciones de HIDROVEN. El 5% restante es también propiedad de un ente gubernamental (el Instituto Nacional de la Vivienda INAVI). En el caso de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, pertenecientes a la región de Guayana, el servicio es también prestado por un ente gubernamental, como lo es la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a través de la Gerencia de Obras Sanitarias e Hidráulicas (GOSH).

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Figura 9 Fases del proceso de transferencia de los servicios de agua potable y saneamiento

•ALCALDIAS •GOBERNACIONES

Instituto Nacional de Obras Sanitarias

HIDROVEN y 10 empresas hidrológicas regionales (CARÁCTER TRANSITORIO)

Proceso de Descentralización y Transferencia de Servicio

Empresas Operadoras Locales (AUTOSUFICIENCIA)

•COMUNIDADES •SECTOR PRIVADO

COMPETENCIAS NACIONALES - Regulación - Planificación -Asistencia Técnica

1era FASE

2da FASE

Los servicios de agua potable y cloacas en las poblaciones rurales (menores de 5.000 habitantes), son gestionados por varias instituciones: las EHR en el caso de poblaciones fundamentalmente suburbanas o mayores de 1.000 habitantes, la Dirección de Malariología del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), algunos Municipios a través de sus Direcciones de Obras Públicas o de Servicios, y en casos muy particulares, por las comunidades organizadas a través de asociaciones de usuarios. Como ya se señaló, las EHR tienen potestades limitadas para la prestación del servicio. De hecho, la Ley de Supresión del antiguo Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) establece que dichas empresas prestarán el servicio hasta tanto los Municipios decidan alguna otra modalidad. Sin embargo, el no contar con contratos de servicio debidamente establecidos entre el Municipio y la EHR, restringe sustancialmente las actuaciones de estas empresas, especialmente en materia de tarifas, subsidios, cortes o suspensiones de servicio, y otros aspectos importantes. Solamente en los casos de las empresas descentralizadas se han formalizado los contratos

3era FASE

respectivos entre los municipios y las empresas prestadoras, lo cual provee una base legal a las discusiones relativas a condiciones físicas y financieras de la prestación del servicio con las autoridades competentes. Organismos y empresas operadoras Operadores Públicos: Empresas Hidrológicas Regionales, compañías anónimas dependientes del Poder Nacional, con Juntas Directivas y autoridades nombradas por el Ejecutivo nacional y cuyo único accionista es HIDROVEN. Se ocupan en su totalidad de la operación de los servicios de agua potable y saneamiento en su ámbito de actuación. Existen nueve empresas a nivel nacional con la siguiente ubicación: • HIDROCAPITAL - Acueducto Metropolitano de Caracas, Estados Vargas y Miranda • HIDROCENTRO - Estados Aragua, Carabobo y Cojedes

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• HIDROLAGO - Estado Zulia • HIDROFALCÓN - Estado Falcón • HIDROSUROESTE - Estado Táchira y Municipio E. Zamora del estado Barinas • HIDROANDES - Estados Trujillo y Barinas (excepto Municipio E. Zamora) • HIDROPÁEZ - Estado Guárico • HIDROCARIBE - Estados Sucre, Nueva Esparta y Anzoátegui • HIDROLLANOS- Estado Apure Organismos operadores regionales, dependientes igualmente del poder nacional, a través de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Constituyen dependencias administrativas que operan y administran los servicios de agua potable y saneamiento. CVG - Gerencia de Obras Sanitarias e Hidráulicas (opera en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) Compañías Anónimas con participación de estados y municipios, donde los accionistas mayoritarios son usualmente las municipalidades. La Junta Directiva es elegida por la Asamblea de accionistas y es independiente del Poder Nacional. Son usualmente de ámbito estatal y se ocupan de la gestión y operación de los servicios de agua potable y saneamiento. Actualmente existen cinco en el país:

• • • • •

HIDROLARA- Estado Lara AGUAS DE MONAGAS - Estado Monagas AGUAS DE MÉRIDA - Estado Mérida AGUAS DE PORTUGUESA - Estado Portuguesa AGUAS DE YARACUY - Estado Yaracuy

Empresas operadoras municipales, usualmente creadas bajo la figura de institutos y algunas de sociedades anónimas, dependientes de la administración del Municipio. Organismos operadores locales, representados por direcciones técnicas de la organización municipal, que tienen a su cargo la operación, mantenimiento y construcción de obras para el servicio. Operadores Privados: Empresas de capital privado operadoras del servicio bajo contratos de gerencia integral (Aguas de Valencia en el estado Lara y FOCSAVEN en el estado Monagas). Empresas de capital privado que operan y mantienen aspectos específicos del servicio bajo un contrato administrativo de corta duración. No poseen responsabilidad directa con el servicio y el usuario, sino que la misma se establece a través de la empresa operadora contratante. Es una figura utilizada ampliamente en casi todo el país.

Figura 10 Principales empresas operadoras en el país

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Cooperativas y Asociaciones de vecinos que prestan el servicio en urbanizaciones usualmente periurbanas o en zonas rurales. Se organizan a través de Comités de Agua y en algunos casos a través de asociaciones comunales, pudiendo recibir apoyos de las alcaldías para el financiamiento de algunas obras. La Fig.10 indica las principales empresas operadoras a nivel nacional Participación del sector privado Los objetivos que se persiguen al promover la participación privada en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento son, fundamentalmente: • Aumentar la eficiencia operativa y generar una dinámica de excelencia. • Elevar el nivel tecnológico del sector y permitir respuestas efectivas a los retos de la modernización. • Conferirle mayor estabilidad al modelo de gestión y permitir capitalizar los recursos humanos. • Diferenciar adecuadamente los objetivos sociales de los económicos. • Separar y focalizar los diversos roles de las autoridades públicas. • Facilitar el flujo de inversiones requeridas por el servicio. Hay que tener en cuenta que la legislación venezolana define a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento como una actividad de servicio público, lo cual le impone al Estado la obligación de garantizar a la ciudadanía su prestación. Por otra parte, no se aplica el concepto estricto de privatización, por cuanto los bienes que lo conforman son de dominio público y por lo tanto no pueden ser vendidos o enajenados. Sin embargo, la Ley prevé la participación del Sector Privado en la prestación del servicio a través de diversas figuras: como propietario conjunto de empresas mixtas, concesionario, bajo convenios de gestión o de arrendamiento. El empresario privado que desee participar en el sector de agua y saneamiento venezolano se encuentra con una normativa que, si bien aún está sujeta a mejoras, le otorga suficiente seguridad jurídica para desempeñarse. Asimismo, se encuentra amparado por una legislación liberal en su trato con el inversionista extranjero, la cual, gracias a los acuerdos internacionales suscritos, garantiza un trato igual al del inversionista local y total libertad de repatriación de capitales y ganancias. Por otra parte, si bien el crecimiento económico ha sufrido inestabilidad en los últimos años como consecuencia de la transición entre políticas económicas esencialmente distintas, Venezuela aún goza el privilegio de contar con uno de los ingresos per cápita más altos de Latinoamérica y un sector industrial pujante, todo lo cual garantiza un apropiado consumo de servicios públicos para el futuro. Las figuras previstas en la Ley para la participación del privado en la prestación del servicio son las siguientes:

Contrato de servicio. Permite competencia entre múltiples prestadores, cada uno con contratos cortos específicos. Se transfiere a los suplidores privados la responsabilidad de entregar un servicio en particular al menor costo u obteniendo habilidades y experiencias que difícilmente se encuentran en el sector público. Ej: lectura métrica, facturación y cobro, operación, mantenimiento de instalaciones. Contrato de gerencia. La remuneración se basa en parámetros físicos como volumen de agua producida y mejoras en las tasas de cobro. Se transfiere al suplidor privado la responsabilidad de gerenciar una operación y se incrementa la autonomía gerencial al tiempo que se reduce el riesgo de interferencia política en el día a día de las operaciones de la entidad pública. Contrato de arrendamiento. El proveedor asume todo el riesgo operativo. Ej: contrato operacional amplio. Concesión. El concesionario asume el riesgo operacional y el de inversión. Ej: todos los aspectos de contrato de arrendamiento más financiamiento de algunos activos fijos. Así mismo, para explotar los recursos hídricos, es necesario obtener una concesión otorgada por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) de conformidad con las condiciones establecidas en el Decreto Presidencial 1.400 del 12 de agosto de 1996. Como experiencias de participación del Sector Privado en la prestación del servicio, pueda señalarse que desde que se suprime el INOS y la nómina de obreros dependiente del Instituto, se inicia un interesante proceso de “tercerización” o contratación de diversas actividades o fases del servicio a través de empresas operadoras privadas, figura que aún se mantienen en la mayor parte de las actividades propias del servicio y en todas las regiones del país. Avanzando más en un proceso de apertura a la participación privada, se han realizado dos licitaciones para el otorgamiento de contratos de gerencia de la totalidad del servicio en las empresas descentralizadas Aguas de Monagas e HIDROLARA. Estas contrataciones tienen duración de cuatro años y pretenden alcanzar mejoras sustanciales del servicio con miras a abrir posteriormente procesos de concesión. Ambas contrataciones han sido obtenidas por empresas operadoras españolas, y cuentan con respaldo de financiamiento del Banco Mundial y del BID. La experiencia hasta ahora ha demostrado dos grandes debilidades por parte de las empresas contratantes: en primer lugar, una información muy deficiente de los parámetros técnicos, comerciales y financieros de las empresas, lo cual dificulta el control de la gestión del operador por cuanto no hay cifras precisas para establecer los valores de “arranque” de los indicadores básicos de desempeño. La segunda deficiencia es en gran medida consecuencia de la primera, u estriba en las dificultades para llevar a cabo una adecuada regulación del proceso a través de organismos técnicos locales que tengan señalado, unido a algunos problemas de injerencia política en el servicio que aún no han podido ser superados, trae en consecuencia que aún no pueda realmente llevarse a cabo una evaluación razonable de los resultados de la participación de privados en la gestión del servicio.

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4.2 Análisis operacional

4.2.1 Cobertura de abastecimiento de agua potable y saneamiento Desde 1946, con la creación del INOS, el gobierno nacional asumió la responsabilidad de cubrir las inversiones necesarias para lograr dar los servicios de agua potable y saneamiento a unas poblaciones que crecían en forma vertiginosa, tal como sucedió en la década de los años 40, -cuando ciudades como Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia y San Cristóbal, prácticamente duplicaron sus poblaciones en un período de diez años. Durante las décadas de los años sesenta y setenta, el sector Agua Potable y Saneamiento en el país contó con recursos financieros que permitieron al INOS construir la mayor parte de los grandes sistemas de producción, transporte, tratamiento y distribución del agua a las principales poblaciones del país y en menor proporción la construcción de algunos sistemas de tratamiento de aguas residuales, atendiendo las presiones ya señaladas, resultantes de un crecimiento urbano concentrado en muy cortos períodos de tiempo. Todo ello se tradujo en un incremento sustancial de la cobertura del servicio, y obviamente, de la mejora de las condiciones sanitarias del país, con las secuelas positivas que esto produjo en la salud pública y la calidad de vida de los venezolanos. Sin embargo, y como consecuencia de la bonanza petrolera que disfrutó el país durante estos años, no se realizó un esfuerzo por acompañar la mejora física de las condiciones de la prestación del servicio con una política comercial que permitiese darle sustentabilidad financiera al servicio en el tiempo, y que además creara entre los usuarios conciencia sobre el valor del agua como un bien económico. Esto trajo en consecuencia la implantación de una cultura de derroche del recurso, por cuanto el costo del servicio se subfacturaba o simplemente no se cobraba al usuario. El resultado de esta situación fue que poco a poco se fueron deteriorando las instalaciones, por falta de recursos para implantar programas de mantenimiento y rehabilitación adecuados y por lo tanto las condiciones de calidad, cantidad y continuidad del servicio disminuyeron sustancialmente. El tratamiento de efluentes cloacales no ha sido una prioridad para el servicio, por cuanto no existe ninguna actuación regulatoria que obligue a las empresas prestadoras del servicio a solventar sus pasivos ambientales. Es importante resaltar que las estadísticas existentes solamente reflejan el porcentaje de la población que tiene acceso físico al servicio indicado. Es decir, el indicador no incorpora ningún elemento asociado a calidad, cantidad o continuidad. Sobre los dos últimos factores existen pocas estadísticas en las empresas operadoras. Con relación al factor calidad, a pesar de que la

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misma generalmente cumple con los estándares establecidos en el país (usualmente se siguen las normas de la OMS), se realizan los análisis de laboratorios indispensables en las plantas de tratamiento, pero muy pocas empresas tienen algún ente externo para convalidar dichos resultados. Para los efectos de manejo de los indicadores señalados en el presente trabajo, es importante señalar que los datos estadísticos del país sobre cuya base se realizaron los cálculos y análisis, establecen como poblaciones rurales todos aquellos centros poblados menores de 5.000 habitantes, considerándose los demás como urbanos (aún si no están dentro de zonas periurbanas). Sin embargo, se hace la acotación de que la clasificación de centros poblados rurales no ha sido actualizada desde hace algunos años, por lo cual muchas poblaciones cuyo crecimiento permite catalogarlas como urbanas de acuerdo al criterio antes señalado, continúan apareciendo como centros rurales a efectos de la recopilación de datos elaborada por los entes respectivos. Esto puede ocasionar algunas distorsiones en los indicadores y en algunos análisis, lo cual tratará de solventarse en la medida de lo posible con información adicional que pueda ser recopilada y utilizando el criterio y experiencia del consultor. Ambito urbano y rural concentrado Las cifras de cobertura del servicio de agua potable y cloacas en el área urbana a nivel nacional son actualmente del 87% para acueductos y 74% para cloacas. La cobertura de tratamiento de efluentes cloacales es del 28%. La Fig.11 indica la evolución de los estos valores desde 1961 para los períodos en los cuales existe información. La variación observada en los valores de cobertura es el resultado de la orientación de las inversiones del Sector, enfocadas en su mayoría en obras de producción y descuidando muchas veces la distribución, lo cual incide en las variaciones de los indicadores, sin mostrar a veces un crecimiento sostenido, que sería lo razonable. Los mayores porcentajes de población atendida con agua potable se alcanzan en los estados Táchira (97%) y Mérida (94%) y los menores en los estados Zulia y la región de Guayana (70%). Con relación a las cloacas, los mayores porcentajes de población atendida están en los estados Táchira (85%) y la región Capital (86%) y los menores pertenecen a Apure y Zulia (50%) y Mérida (34%). Ambito rural Como se planteó anteriormente, el criterio utilizado en Venezuela para catalogar un sistema como rural es toda población

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Figura 11 Evolución de la cobertura del servicio en el área urbana

Fuentes: MOP, MARNR Memoria y Cuenta, HIDROVEN OCEI, Anuarios Estadísticos. Cálculos Propios

menor de 5.000 habitantes. Sin embargo, desde 1.974 no se ha realizado una actualización formal del listado de sistemas catalogados como tales, lo cual obviamente, y como producto del crecimiento poblacional, ocasiona que muchas de las poblaciones cuyo servicio se cataloga como rural constituyen en la actualidad centros poblados consolidados intermedios y en muchos casos son parte del área marginal o perimetral de ciudades mayores. Este elemento introduce distorsiones en los valores presentados. La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales está compartida por la oficina del Plan Nacional de Vivienda Rural (PNVR) del MSAS, las Empresas Hidrológicas Regionales y en menor proporción la CVG, algunas Alcaldías y organizaciones comunitarias. De acuerdo a la información suministrada por el Servicio Autónomo PNVR, la cobertura del servicio de acue-

ductos rurales a nivel nacional es de un 80% y de servicios de saneamiento un 78% (este último valor incluye sistemas como pozos sépticos y letrinas). Estos porcentajes se aplicaron a la población rural total para 1.999 de acuerdo a las proyecciones de la Oficina Central de Estadística e Informática - OCEI (3.165.845 habitantes), resultando que el servicio de saneamiento básico rural en el país, el cual se presta a través de 1.936 sistemas, brinda servicio de agua potable a 2.532.676 habitantes, y de saneamiento a 2.469.359 habitantes. Estos valores no pudieron ser verificados, por cuanto no se obtuvo la población censal de los sistemas administrados por el PNVR, para ponderar la cobertura nacional con los datos de todas las instituciones (EHR, CVG y PNVR), con respecto al total de población rural nacional. El 70% de los acueductos rurales está abastecido por pozos, y el resto combina tomas superficiales con alguna fuente subterránea. La configuración de los sistemas es generalmente bastante simple: son sistemas colectivos con conexiones intradomiciliarias, que constan de un pozo y un pequeño sistema de bombeo que surte un tanque. Luego se realiza un proceso simple de desinfección a través de la cloración del agua y pasa al sistema de distribución. Muy pocos acueductos rurales tienen sistemas de potabilización más sofisticados, que son implantados básicamente cuando se detecta en forma permanente la presencia de coliformes y alta turbiedad en las fuentes de captación: en los casos con más de 50 col./100ml y turbiedad hasta 25 unidades se usa la modalidad de filtración con grava, arena y adición de alumbre, previo a la cloración. Cuando la presencia de coliformes está muy por encima del valor antes señalado y la turbiedad y el color son muy elevados, se instalan plantas de tratamiento de sedimentación de alta rata y filtración posterior, por ser una tecnología de bajo costo y fácil manejo. En cualquier caso, no existen estadísticas de los sistemas con uno u otro tipo de tecnología.

Figura 12 Población rural vs. Cobertura de servicios

Fuentes: MSAS-PNVR. Hidroven, Programa de Ajuste, l.994.

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Los sistemas de cloacas existentes en las áreas rurales están en su mayoría funcionalmente incompletos, por cuanto no se han concluido los colectores ni se han colocado la mayor parte de los empotramientos básicos domiciliarios. Por otra parte no existe casi ningún tipo de tratamiento de efluentes y los receptores de los sistemas cloacales son los cuerpos de agua aledaños a las poblaciones, con las consecuencias ambientales que se derivan de ello. Del total de población servida, solamente un 53% de la población rural tiene acceso a sistemas formales de recolección de aguas servidas. El resto de la población utiliza sistemas como las letrinas (18%) y sépticos individuales (27%). Los sistemas formales se desarrollan preferentemente en aquellas zonas donde los niveles freáticos altos y las condiciones de baja permeabilidad del suelo hacen inconvenientes el uso de letrinas y tanques sépticos.

4.2.2 Calidad y condiciones del servicio Como se señaló anteriormente, la calidad del agua está establecida por la normativa que al respecto establece el MSDS, basado en las normas de la OMS. En el país funcionan 119 plantas de tratamiento, con una capacidad instalada de 132.390 l/s. Los tipos de plantas existentes son básicamente: convencional, con unidades de tipo tradicional; convencional con tratamiento completo, que incluye acondicionamiento, sedimentación, filtración y desinfección; convencional con tratamiento parcial y no convencionales con tratamiento parcial de tipo modulares, aceleradas, compactas y combinadas. Los valores de calidad bacteriológica y organoléptica se sitúan en 85% y 83% respectivamente para agua sólo clorada y en 91% y 85% para agua con tratamiento convencional. El nivel de satisfacción de los usuarios con la prestación del servicio no es medido directamente. Existen encuestas de servicios públicos, muy restringidas a las grandes ciudades, donde se incorporan los servicios de agua potable y cloacas para su análisis. Solamente se conocen casos aislados como el del Acueducto Metropolitano de Caracas, donde el servicio de agua pasó de ser el segundo problema de importancia para los pobladores en el año 1993, al puesto octavo en 1998. Como indicador para la continuidad del servicio, sólo en forma muy reciente se ha incorporado la medición de la relación del número de horas de servicio diario y las horas del día. Sin embargo, en muchas empresas este valor es el resultado de estimaciones realizadas por los profesionales responsables de la prestación del servicio. De acuerdo con los datos disponibles, para 1998 el 52% de las empresas mostró índices de prestación de servicio/día superiores al 80%. La producción de agua en 1998 fue de 2.973 Millones de m3, distribuidos de acuerdo a la Tabla 10 siguiente:

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Tabla 10 Producción de agua y valores de ANC en las empresas operadoras nacionales Empresa Hidrológica HIDROANDES HIDROCAPITAL HIDROCARIBE HIDROCENTRO HIDROFALCON HIDROLAGO HIDROLLANOS HIDROCCIDENTAL PORTUGUESA HIDROCCIDENTAL YARACUY HIDROPAEZ HIDROSUROESTE HIDROLARA AGUAS DE MERIDA AGUAS DE MONAGAS TOTALES

Producción MM3 219,22 732,53 264,90 530,68 113,07 441,63 29,65

ANC 1999 55% 52% 70% 75% 46% 67% 70%

70,36

40%

70,29 59,04 135,01 201,07 25,47 80,00 2.975,93

70% 48% 62% 57% 55% 64%

Fuente: Hidroven, 1999

Estos valores permiten establecer un promedio nacional de agua producida por usuario de 424 lpd. Las coberturas nacionales del servicio de agua potable son bastante homogéneas, siendo los estados Zulia, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro quienes poseen los valores más bajos (70%) y los más elevados en las regiones de Los Andes, Oriente, Central y Capital y el estado Lara. Con relación a los consumos, la falta de micromedición no permite establecer un valor promedio nacional. Sin embargo, las mediciones testigo que se realizan en algunos puntos de las principales ciudades registran consumos superiores en muchos casos a los 600 lpd, como consecuencia de la ausencia de medición y el cobro de tarifas planas a los usuarios. Los valores de pérdidas o fugas en la red no pueden ser establecidos directamente, dado que no existe macromedición en muchas de las plantas de tratamiento y en los nodos principales de la red. Por otra parte la micromedición es muy escasa (el porcentaje a nivel nacional es de 12% de los clientes y el 15% de los metros cúbicos producidos) lo cual imposibilita conocer exactamente el volumen de agua que se pierde en las redes. Sin embargo, existen estimaciones del parámetro denominado agua no contabilizada (definida como la diferencia entre el agua producida y el agua facturada), que incluye las pérdidas técnicas y las comerciales del servicio. Este valor (ANC) es muy elevado en prácticamente todos los sistemas del país. El promedio nacional es del 64%, aunque su cálculo usualmente tiene distorsiones, por cuanto no existe muchas veces certeza con relación a los valores de agua producida, ni tampoco se realiza micromedición a un alto porcentaje de usuarios. Sin embargo, constituye una buena

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

aproximación que permite de manera global cuantificar las pérdidas del servicio, donde se incluyen además las pérdidas debido los robos de agua a través de tomas clandestinas. Estas pérdidas técnicas y comerciales se traducen obviamente en costos para el servicio y en pérdidas de dinero que bien podrían permitir mejorar la cobertura. Este valor del ANC, considerando las pérdidas que se consideran razonables dentro de los estándares de servicio, representa pérdidas del orden de 248.000 millones de bolívares anuales (aproximadamente 381.5 millones de US$), lo cual demuestra la urgencia de focalizar recursos para mejorar los sistemas de cobro. La depuración de aguas residuales es muy poca en términos porcentuales (28% en el caso de aguas residuales urbanas e industriales). Los tipos de tratamiento utilizados son lagunas de oxidación y aereación extendida en el caso de poblaciones urbanas y lagunas de estabilización, séptico-filtro, séptico-campo de absorción y lagunas filtro en algunas poblaciones rurales. En general, la mayor parte de los efluentes no tratados contaminan las costas del Litoral, dada la cercanía de los grandes centros poblados al mar, o debido a que son vertidos directamente en ríos que desembocan en el mismo. Solamente regiones de mayor desarrollo turístico, como la isla de Margarita, algunas zonas de los estados Falcón (ciudad de Coro y península de Paraguaná) y Anzoátegui (eje urbano Barcelona—Puerto la Cruz-Guanta) y más recientemente la ciudad de Maracaibo, están implementando sistemas de tratamiento para las aguas servidas. También están siendo incorporados sistemas de tratamiento de aguas residuales en las ciudades de Cumaná y Carúpano, ubicadas en la costa del estado Sucre. En el caso de Caracas, la mayor concentración urbana, no existe ningún tipo de tratamiento para efluentes, los cuales son vertidos en la cuenca del río Tuy, y a través de éste al Mar Caribe.

4.2.3 Déficits de servicios e impacto sobre la salud Uno de los elementos principales de análisis para hablar del déficit de los servicios es la distribución espacial de la población en Venezuela, donde el 80% de sus habitantes se ubican en áreas que solamente poseen el 20% de los recursos de agua disponibles. Esto trae en consecuencia que en el corto plazo se pueden agudizar los problemas de escasez existentes y disminuir las disponibilidades reales de otras regiones para atender las necesidades propias del crecimiento poblacional. El otro elemento fundamental es la intervención de las cuencas proveedoras de agua para consumo urbano e industrial, muchas de las cuales ya sufren de una merma importante en sus caudales promedio, o están sujetas a procesos erosivos que inducen altos riesgos en los sistemas de abastecimiento dependientes de ellas. Un tercer elemento que reduce la disponibilidad del recurso por cuanto afecta su calidad es la contaminación de los cuerpos de agua, y si bien este factor aún no ha traído grandes consecuencias en las disponibilidades para el abastecimiento

urbano dado que las tecnologías aún permiten capacidad de tratamiento, es altamente probable que en el mediano plazo esto constituya una fuerte limitación para disponer de los volúmenes de agua requeridos para el servicio, de continuar la tendencia a no atender los pasivos ambientales generados por este último. Actualmente y en términos generales, no existen grandes déficits en lo que a producción de agua se refiere, por cuanto la producción de las Empresas Hidrológicas Regionales es de 2.973 millones de m3, lo cual para una dotación de 250 lpd y unas pérdidas técnicas del 20%, permitiría abastecer una población de 26.06 millones de habitantes. Si se adiciona la producción de acueductos rurales atendidos por MSAS y CVG, y los urbanos de la Corporación Venezolana de Guayana, se alcanza la cifra de 28.96 millones de habitantes, valor previsto para las proyecciones totales de población en el año 2010. Sin embargo, la situación de deterioro de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua potable, especialmente lo relativo a los sistemas de distribución de aguas blancas y recolección de aguas cloacales, acentúan las escasas condiciones sanitarias de algunas poblaciones, especialmente en las áreas urbano-marginales y en el sector rural. Con relación a las enfermedades infecciosas y parasitarias, las de origen hídrico con mayor incidencia en el país son las diarreas, el cólera, la amibiasis y la hepatitis aguda Tipo A. También ocurren epidemias de gastroenteritis de manera recurrente en ciertas épocas del año, especialmente en períodos de lluvia. Para el período 1993-97 la información disponible señala incrementos en las diarreas del orden de un 20% en los casos anuales por 100.00 habitantes, para un promedio de 2.891 casos promedio para dicho lapso, registrándose la mayor parte de los casos en niños mayores de 5 años (40%), pero la mayor mortalidad en el grupo etario menor de 1 año. Los estados con mayor incidencia de diarreas son Táchira, Portuguesa, Yaracuy, Carabobo, Miranda y el Distrito Federal. La amebiasis se incrementó en un 15.3% para el mismo período, con un promedio de 87.595 casos por año. El grupo etario con mayor afectación fue el de menores de 5 años, y en los grupos menores de 10 años se registraron el 65.6% de los casos. El cólera ha sido otra de las enfermedades asociadas a la calidad de los servicios de agua potable y cloacas. En 1991 esta enfermedad resurgió en Venezuela, registrándose una epidemia hasta 1993, con un total de 5.420 casos. Luego de dos años sin incidencias de dicha enfermedad, en 1996 se presentó un repunte, iniciándose los casos en las zonas fronterizas entre Venezuela y Colombia (estado Zulia). Luego se registraron brotes en prácticamente todo el país, a excepción de la región nororiental, registrándose un total de 2.557 casos con una tasa de morbilidad de 11.14 por 100.000 habitantes. Los estados más afectados fueron Zulia, Mérida, Delta Amacuro y el Distrito Federal. Al igual que en las diarreas, el grupo de mayor riesgo fue la población menor

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

de 1 año, la cual presentó las mayores tasas de morbilidad (20.03/100.00 habitantes). Para el período señalado, la hepatitis tipo A presentó un ascenso del 14% en el número de casos, que llegó a 24.221 en total, para un promedio de 4.844 casos por año. El grupo más afectado fueron los menores de 19 años, con un total del 58% de los casos registrados. Los estados con mayor incidencia son Zulia, Táchira, Mérida, Falcón, Lara, Cojedes, Anzoátegui, Monagas y Bolívar. Esto es significativo por cuanto la mortalidad infantil se incrementa fundamentalmente con la incidencia de las enfermedades hídricas; y la potabilización del agua juega un papel de mucha importancia en la disminución de estas enfermedades, así como la adecuada disposición de las excretas.

Posibilidades hidrológicas Excepto para el uso residencial o residencial social, la tarifa considera un cargo fijo y un cargo variable. El cargo fijo corresponde al volumen correspondiente a cinco (5) días de consumo, con un gasto equivalente a la dotación, y se establecen rangos mínimos, de acuerdo al tipo de uso. En el caso de los usuarios del Sector Público, se les aplicarán las tarifas de acuerdo con los usos de cada inmueble. Solamente se exime de pago el agua utilizada en el combate de incendios. Para el cobro de servicios de tratamiento de aguas residuales, la norma establece un cobro en función del 10% de la facturación (en bolívares) correspondiente a los servicios de agua potable y de recolección y disposición de aguas residuales. Para los ajustes a los precios medios referenciales, se utilizará la siguiente ecuación:

4.2.4 Gestión comercial de las empresas operadoras Pma = Pmr + (a S/Si + bE/Ei + cQ/Qi + dC/Ci) Regímenes tarifarios Donde: El Gobierno Nacional aprobó en 1993 un Régimen de Tarifas, mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial y firmado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y el entonces Ministerio de Fomento (hoy Ministerio de Producción y Comercio), donde se fijan las tarifas máximas para la prestación de los servicios de acueducto, recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en todo el país, a excepción de aquellos municipios que no perciban aportes del Ejecutivo Nacional para garantizar la prestación de estos servicios. La norma establece que la estructura tarifaria reflejará el costo de la prestación de los servicios en cada localidad, pero permite las compensaciones internas entre sistemas manejados por una misma empresa operadora. Como modalidades de uso de los servicios señalados, se establecen los usos residencial, residencial social (donde sea aplicable la tarifa social de acuerdo a los criterios de la empresa operadora), comercial e industrial. Este último se divide a su vez en Industrial Tipo A (cuando la actividad industrial utilice el agua como insumo principal) e Industrial Tipo B (la actividad desarrollada no requiere agua como insumo principal). La norma también establece 15 m3/mes como consumo mínimo mensual por inmueble, asignando este volumen como la asignación mínima para el uso residencial social, y establece que el costo del mismo no superará el 3% del salario mínimo vigente. La tarifa que se aplique a cada localidad y uso deberá ser conformada por HIDROVEN, tomando en consideración los siguientes elementos, los cuales formarán parte del precio medio referencial: Costos de operación y mantenimiento de los sistemas de acueductos y de recolección y disposición de aguas servidas (necesidades energéticas y complejidad operativa) Valor de las instalaciones de los sistemas de acueducto y saneamiento

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Pma es el precio medio ajustado Pmr es el precio medio referencial a = proporción de costos de personal con respecto al costo total b = proporción de costos de electricidad con respecto al costo total c = proporción de costos de químicos con respecto al costo total d = proporción de costos de mantenimiento con respecto al costo total donde a+b+c+d=1 Costo total = gastos de personal + gastos de electricidad + gastos de químicos + gastos de mantenimiento S= Si = E= Ei = Q= Qi = C= Ci =

salario mínimo vigente salario mínimo correspondiente al período inicial precio promedio de electricidad esperado en Bs/Kwh precio promedio de electricidad en el período inicial en Bs/Kwh precio promedio de químicos esperado en Bs/Kg precio promedio de químicos en período inicial en Bs/Kg índice de precios más reciente a nivel de mayoristas para insumos de construcción índice de precios en el período inicial a nivel de mayoristas para insumos de construcción.

También se establece que en aquellos casos en que las condiciones socioeconómicas lo permitan, el precio medio referencial podrá ajustarse para que incluya los gastos de inversiones requeridos. Con relación a la suspensión del servicio, la norma indica que si la factura por concepto de los servicios no es cancelada en los quince (15) días siguientes a su presentación, el

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

Tabla 11 Evolución del precio medio del agua 1993-1999 Año Bs/m3 US$/m3

1993 13.4 0.147

1994 19.7 0.132

1995 34.8 0.197

1996 71.8 0.164

1997 140.0 0.174

1998 192.0 0.35

1999 232.0 0.374

Fuente: HIDROVEN Cálculos propios 2.000

servicio podrá ser suspendido y el cliente deberá cancelar los costos de reconexión. No existe sin embargo dentro de la norma, ninguna referencia o metodología para establecer el cálculo de los costos, el cumplimiento de indicadores de gestión, ni la determinación de utilidades del prestador. Estos elementos desincentivan la eficiencia y expone al usuario al pago de un servicio que no refleja los menores costos. Se requieren pues, reformas importantes en el régimen tarifario para lograr solventar estos aspectos, fundamentales para promover mejoras en la eficiencia de la prestación y, de acuerdo con ello, posibilitar el pago de beneficios a los prestadores. Es importante señalar que, de acuerdo con las disposiciones del Gobierno Nacional, los Municipios podrán fijar regímenes tarifarios diferentes, siempre y cuando los mismos cubran los costos de funcionamiento. Sin embargo, cuando el servicio se declara como de primera necesidad, dentro del marco legal de la Ley de Protección al Consumidor, la fijación de los precios máximos le corresponderá al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Producción y Comercio. Tarifas Las tarifas de servicios de agua potable y saneamiento establecidas por las Empresas Hidrológicas Regionales, deben ser aprobadas previamente por HIDROVEN, y a pesar de que los gobiernos municipales aún no han conformado ninguna vinculación formal con estas empresas para la prestación del servicio, siempre se realizan negociaciones acerca de las tarifas y sus incrementos con las autoridades del Municipio, e inclusive de la Gobernación respectiva. Esto en virtud de que los incrementos tarifarios suelen acarrear protestas de los usuarios, y el respaldo de las autoridades regionales y locales es importante para lograr implantar dichos aumentos. Por otra parte, los municipios y las gobernaciones usualmente participan en forma activa en el financiamiento de muchas de las obras requeridas para la operación y mantenimiento del servicio, lo cual les otorga ciertos derechos a ser tomados en cuenta para este tipo de decisiones, por lo demás bastante políticas. En cuanto a las tarifas aplicadas, las mismas se calculan de acuerdo con lo reseñado anteriormente. Sin embargo, y dado que existe una micromedición muy baja (el porcentaje a nivel nacional es de 12% de los clientes y el 15% de los metros cúbicos producidos), los ajustes tarifarios suelen ser complementados con ajustes en los consumos, ya que en la mayor parte de los casos este es el valor promedio de mediciones testigo, o son calculados por algún otro método indirecto.

A pesar de que en 1993 entró en vigencia el nuevo régimen tarifario, las tarifas del servicio han permanecido rezagadas y en algunos casos no alcanzan a cubrir ni siquiera los costos de operación y mantenimiento, mucho menos financiar la reposición de activos, ni por supuesto las nuevas inversiones. Todo ello ha dificultado la obtención de recursos propios por parte de las empresas operadoras, fundamentales para mantener en buen estado la infraestructura existente. Esto trae como consecuencia inmediata pérdidas importantes de agua, que se producen debido a los problemas de mantenimiento de la infraestructura del servicio y en muchos casos a los robos de agua a través de tomas clandestinas. En términos de su valor en divisas (U.S.$) el precio medio del agua se redujo como consecuencia de la devaluación del Bolívar, y nunca ha alcanzado valores mayores de 0.38 $/m3 en los últimos diez años (Tabla 11). Sin embargo, las mejoras en la calidad del servicio han facilitado los ajustes en los precios medios en los últimos años. En 1999, el precio medio más alto lo tuvo Hidrocapital en el Distrito Federal y el estado Miranda con 328 Bs/m3 (0.50 US$/m3) y los más bajos Hidrollanos en el estado Apure e Hidroandes en el estado Barinas con valores de 41.37 Bs/m3 (0.064 US$/m3) y 78.73 Bs/m3 (0.121 US$/m3) respectivamente. La Tabla 12 indica las tarifas promedio para 1998 y 1999 en las principales empresas operadoras. Tabla 12 Valores de tarifa promedio en Bs/m3 Empresa Hidrológica HIDROANDES HIDROCAPITAL HIDROCARIBE HIDROCENTRO HIDROFALCÓN HIDROLAGO HIDROLLANOS HIDROCCIDENTAL PORTUGUESA HIDROCCIDENTAL YARACUY HIDROPÁEZ HIDROSUROESTE HIDROLARA AGUAS DE MONAGAS PROMEDIO NACIONAL

1.998 63,21 293,34 179,07 190,94 146,54 217,46 S/I 76,18 54,78 73,88 92,93 98,61 181,72 192,00

1.999 78,73 328,63 246,33 197,08 206,85 220,23 41,37 S/I S/I 100,67 123,49 S/I S/I 231,67

Fuente: HIDROVEN 1999.

Dentro de los esquemas de tarifas existe un sistema de sub-

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sidios indirectos, donde algunos sectores como el comercial, industrial y residencial de altos ingresos usualmente subsidia a los residenciales sociales. También se ha establecido un sistema de subsidios aplicado a la oferta, a través de las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional para operación a inversión, el cual presenta como desventaja el no promover objetivos de eficiencia en los operadores (ya que el subsidio no está vinculado a las actuaciones eficientes de los mismos), y beneficiar principalmente los que menos lo necesitan, pues la aplicación de dicha subvención es al servicio en general y no a un universo específico de usuarios. Cobrabilidad La cobranza del servicio de agua potable y saneamiento es uno de los aspectos más difíciles de la gestión comercial. El usuario venía acostumbrado a una cultura de no pagar el agua, debido a que los operadores del servicio siempre recibían del Ejecutivo los recursos necesarios para operar los sistemas, y por lo tanto no tenían incentivos para esforzarse en la cobranza del mismo. La reestructuración sectorial y las crisis fiscales obligaron al Ejecutivo a reducir sustancialmente las aportaciones de recursos, especialmente para operación y mantenimiento, lo cual ha obligado a las operadoras a realizar esfuerzos importantes para mejorar la cobranza. Esto ha permitido que el porcentaje de gastos operativos cubiertos con ingresos propios haya experimentado incrementos sustanciales desde que se inició el proceso de reforma sectorial. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en esta área, especialmente mejorar los programas de recaudación y de corte del servicio. Este último aspecto constituye una medida coercitiva que ha dado buenos resultados en algunos casos, pero se requieren controles estrictos, ya que persiste la práctica de colocar conexiones directas (by-pass) en los medidores descoFigura 13 Cobertura de costos de operación con ingresos propios

nectados, para evadir la suspensión del servicio. Por otra parte, aún cuando la norma autoriza al operador a proceder al corte después de un período de quince días sin pago de la factura luego de entregada la misma al cliente, sin embargo los retardos en la emisión y entrega de facturas y los problemas en los sistemas de control de pago, traen en consecuencia que los cortes se realizan luego de aproximadamente cuatro meses de débito. El índice de cobrabilidad promedio nacional para 1998 fue de 58.7 %. Este índice ha venido presentando fluctuaciones en los últimos años, y no una tendencia creciente como sería de esperar, debido principalmente a la incorporación en los sistemas de facturación de usuarios ubicados en áreas de bajos ingresos y con poca tendencia al pago. Igualmente, la moratoria en los pagos de las dependencias oficiales incide en el valor de este indicador. Por otra parte, el nivel de automatización de la información catastral y de los sistemas contables es aún muy bajo, a pesar de los esfuerzos que se han realizado en estas áreas. La efectividad en la cobranza muestra grandes variaciones entre las distintas regiones del país: el estado Mérida presenta el caso más ventajoso (79%) seguido de los estados Lara y Falcón (75%) mientras que la menor tasa de cobranza la tiene el estado Guárico con 28%. Para 1999, las cifras preliminares señalan una facturación consolidada nacional de 272.4 millardos de bolívares, equivalentes a 419 millones de US$. La recaudación se estima en 190 millardos de bolívares, equivalentes a 290 millones de US$, lo cual arroja un porcentaje de cobrabilidad del 69%. Nivel de satisfacción del cliente Como señalamos anteriormente, es muy poca la estadística que existe con relación a este aspecto. Las encuestas en algunas grandes ciudades y las cifras iniciales sobre el número de horas de Figura 14 Ingresos propios (Bs.) a precios constantes de 1984 y facturación

Fuentes: MARNR, Memoria y Cuenta, cálculos propios

Fuentes: MARNR, Memoria y Cuenta, HIDROVEN

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Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

servicio y tiempo de atención de reclamos, permiten inferir mejoras tanto en la calidad como en la percepción de los usuarios. Sin embargo, se están realizando esfuerzos importantes al respecto, como son la apertura de oficinas para atención al cliente, y algunos módulos automatizados para facilitar el pago del servicio y la información que éste requiera. Igualmente, se utilizan bancos, farmacias y algunos supermercados para cancelar la factura, dándole

mayor facilidad a los clientes. Este programa incluye el adiestramiento del personal que está en contacto con el usuario. Existen también campañas educativas tanto a nivel nacional como locales, dirigidas a promover un uso racional del recurso, y a inducir a la población al pago del servicio, señalando la importancia y valor del mismo. 4.3.1 Necesidades de financiamiento

4.3 Financiamiento del sector 4.3.1 Necesidades de financiamiento Para determinar en forma aproximada las necesidades de inversiones del Sector, se utilizó el escenario sustentable analizado anteriormente, que establece como meta alcanzar coberturas del 98% para acueductos y 88% para cloacas en el período de análisis 2000-2025, y que además en un plazo de diez años se lograse la rehabilitación de la infraestructura existente. Estos criterios fueron similares a los establecidos en el Plan de Modernización Sectorial preparado por HIDROVEN en 1998, sobre la base del Plan de Inversiones de Ambiente y Salud (PIAS), elaborado conjuntamente con la OPS. Para el tratamiento de las aguas servidas se plantearon como alternativas dos tipos de tecnologías, por constituir este aspecto el más oneroso en la valoración de las inversiones requeridas. Los resultados de dichos escenarios nos indican que la magnitud de las inversiones totales requeridas para el año 2005 a nivel nacional, son del orden de 312.6 millones de US$ (utilizando tecnología convencional de tratamiento, denominada Hard a efectos de este informe) y 258.5 millones de US$ anuales respectivamente (utilizando la tecnología de los filtros Ralph, denominada Soft a efectos de este informe) para las poblaciones urbanas, y 4.1 y 11.8 millones de US$ para acueductos y cloacas en áreas rurales respectivamente. El escenario de análisis mencionado se estableció cuantificando las necesidades en recursos de inversión en los sistemas de acueductos y saneamiento urbanos, a nivel nacional, como resultado de la agregación de los requerimientos en cada uno de los estados. En la Tabla 13 se indican los requerimientos de inversión para el escenario señalado desagregado por rubros (Ver en página siguiente).

4.3.2 Principales fuentes de financiamiento Las principales fuentes de financiamiento actual del servicio son: • Los ingresos propios de las empresas, producto de la cobranza del servicio a través de la aplicación de tarifas. Para 1999, se logró cubrir con estos ingresos el 79% de los gastos de operación y mantenimiento menor.

• Transferencias del Gobierno Central, las cuales pueden ser corrientes o de capital, y constituyen subsidios a la operación en el primer caso y a la inversión en el segundo. Estos últimos pueden a su vez provenir de recursos ordinarios de presupuesto o de operaciones de crédito público. Dentro de este grupo se incluyen los fondos provenientes de préstamos multilaterales, dado que por la Ley solamente el Ejecutivo puede endeudarse directamente con estos organismos. Estas transferencias por lo general son muy variables, y están sujetas a los ajustes presupuestarios que se realicen en función de los posibles vaivenes económicos que presenten las finanzas públicas. Usualmente representan un 4% de la inversión pública total y un 0.2% del PIB. • Transferencias de Gobiernos locales y regionales, las cuales igualmente pueden ser corrientes o de capital. Estos recursos provienen fundamentalmente de impuestos locales y de las transferencias del Gobierno Central o “situado” correspondientes a cada región. En términos generales, la asignación de los recursos utilizados por el Sector tanto en inversión como en operación, se encuentra dispersa en las distintas instancias político territoriales de gobierno, lo cual ha generado una gran ineficiencia en los resultados sustantivos del financiamiento. A nivel de Gobierno Central los Ministerios de Finanzas (a través de la OCEPRE), del Ambiente y los Recursos Naturales y CORDIPLAN, intervienen en la definición de las cuotas presupuestarias tanto para inversión como operación que reciben las empresas operadoras del servicio. Dichos recursos son asignados y ejecutados a través de empresas adscritas a la administración centralizada, como son HIDROVEN, las Empresas Hidrológicas Regionales, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), y de otras instituciones de financiamiento y apoyo al desarrollo como son el Fondo intergubernamental para la Descentralización (FIDES), FUNDACOMUN y el Fondo de Inversión Social (FONVIS). Finalmente, a nivel de la administración descentralizada, las Gobernaciones de los Estados y los Municipios, a través de sus Asambleas Legislativas y Cámaras Municipales, establecen en sus presupuestos asignaciones para inversión y en algunos casos para operación del servicio, con la finalidad de atender necesidades del mismo en sus respectivas regiones.

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Tabla 13 Requerimientos de inversion para escenario sustentable Año 2000 Población Urbana (hab) 19.271.601 ACUEDUCTOS Población Servida (hab) 17.344.441 Inversión en Rehabilitación (US$) 84.987.760 Inversión en Ampliación (US$) Sub-Total Inver. Acueductos (US$) 84.987.760 CLOACAS. Alternativa A: Tecnología Hard Población Servida (hab) 14.260.985 Inversión en Rehabilitación (US$) 85.565.908 Inversión en Ampliación (US$) Sub-Total Inversión Cloacas (US$) 85.565.908 CLOACAS. Alternativa B: Tecnología Soft Población Servida (Hab) 14.260.985 Inversión en Rehabilitación (US$) 85.565.908 Inversión en Ampliación (US$) Sub-Total Inversión Cloacas (US$) 85.565.908 Total Inversión Alternativa A (US$) 170.553.669 Total Inversión Alternativa B (US$) 170.553.669 Población Rural 3.160.171 ACUEDUCTO Población servida (habitantes) 2.528137 Rehabilitación (US$) 3.286.578 Ampliación (US$) CLOACAS Población servida (habitantes) 2.464.933 Rehabilitación (US$) 11.092.200 Ampliación (US$) Total (US$) 14.378.778 Total general de inversión Total Inversión Nacional Alternativa A (US$) 184.932.447 Total Inv. Nac. Altern. B (US$) 184.932.447

2005 21.423.220

2010 23.652.966

2015 26.114.786

2020 28.832.834

2025 31.833.778

19.280.898 84.987.760 232.374.852 317.362.612

21.760.729 24.547.899 84.987.760 297.579.686 334.460.414 382.567.447 334.460.414

27.679.521

31.197.102

375.794.616 375.794.616

422.109.816 422.109.816

15.853.183 85.565.908 477.659.418 563.225.326

18.212.784 20.891.829 85.565.908 707.880.306 803.713.494 793.446.214 803.713.494

24.219.581

28.013.725

15.853.183 18.212.784 85.565.908 85.565.908 206.985.748 306.748.133 292.551.656 392.314.041 880.587.939 1.176.013.661 609.914.269 774.881.488 3.154.500 3.126.145 2.586.690 3.286.578 3.805.958

2.657.223 3.286.578 4.584.661

2.523.600 11.356.200 14.079.989 32.528.725

2.563.439 11.535.475 9.561.336 28.968.050

20.891.829

998.325.528 1.138.243.224 998.325.528 1.138.243.224 24.219.581

28.013.725

348.275.847 432.607.729 493.238.730 348.275.847 432.607.729 493.238.730 1.138.173.908 1.374.120.144 1.560.353.040 682.736.262 808.402.345 915.348.546 3.097.790 3.069.435 3.041.080 2.788.011

2.915.963

2.980.258

8.501.204

8.316.896

4.179.185

2.602.144

2.639.714

2.676.150

9.289.128 17.790.332

9.016.920 17.333.816

8.744.712 12.923.897

913.116.663 1.204.981.711 1.155.964.240 1.391.453.960 1.573.276.937 642.442.993 803.849.538 700.526.594 825.736.161 928.272.443

Fuente: Cálculos propios, 2000

La intervención de muchas instancias, no siempre en forma armónica, en la configuración final de los recursos asignados al Sector, limita severamente la eficiencia en la aplicación de los fondos disponibles, ya que sigue existiendo una fuerte discrecionalidad tanto del Congreso como del Ejecutivo y las administraciones descentralizadas, para decidir sobre el monto asignado

y el uso de estos fondos. En otras palabras, la aplicación de criterios de planificación y de eficiencia para la construcción de obras es muy puntual y las decisiones parecieran tomar un mayor cariz político cada vez. Esta situación no se solucionará hasta tanto no se establezca una comunicación fluida y permanente por parte de las empresas del servicio con estos actores.

4.4 Fortalezas y debilidades 4.4.1 Fortalezas y debilidades institucionales Fortalezas • La existencia de la Comisión Nacional para el Desarrollo

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del Sector, conformada por cinco Despachos Ministeriales, el Consejo Nacional de Alcaldes e HIDROVEN como Secretaría General Permanente, la cual ha fortalecido el proceso de formulación de políticas y la coordinación intrasectorial.

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

• La creación de cinco empresas descentralizadas en los Estados: Monagas, Lara, Mérida, Yaracuy y Portuguesa, ya en funcionamiento. El proceso de descentralización está en avance, concebido y en ejecución en forma ordenada y sistemática, con el apoyo de organismos financieros internacionales. • La CNDSAPS cuenta con HIDROVEN como Secretaría Permanente. Además, esta Empresa dispone de una organización funcional que le permite el desempeño como Casa Matriz de las Empresas Hidrológicas • En el proceso de descentralización de los servicios se han ido definiendo y creando los esquemas institucionales apropiados para la prestación de los servicios.

• La función de prestación de los servicios está claramente definida a través de la LORM y asignada a los municipios. Debilidades • No existe un ente regulador y las disposiciones legales vigentes no garantizan la regulación técnica y económica de los servicios ni los deberes y derechos de los operadores y clientes. • El marco jurídico insuficiente, genérico y no concebido para promover la eficiencia y la participación de otros actores. • Falta de aprobación de un nuevo régimen sobre tarifas y subsidios.

Debilidades • Una estructura institucional sin una clara definición de funciones y sin la necesaria separación entre los roles de prestación y regulación. • El proceso de descentralización retrasado en relación con el tiempo transcurrido desde su inicio, debido a escasa motivación de los Gobiernos Locales, resistencia al cambio por parte de algunos gerentes y funcionarios del Sector, y dificultades para lograr acuerdos políticos. • Déficit de inversiones, el cual se refleja en falta de cobertura de agua potable a un 20 % de la población, de saneamiento a un 26 % y tratamiento de sólo el 28% de las aguas servidas. • Las inversiones consolidadas del Sector en el período 1993-1998 han sido mucho menores en términos reales que las del quinquenio anterior. La inversión pública en el Sector no supera el 0,2 % del PIB. • Dispersión en cuanto a los recursos que recibe el Sector y desconocimiento sobre la cuantía y efectividad de esas inversiones. No se dispone de un mecanismo que permita administrar eficientemente esos recursos.

4.4.2 Fortalezas y debilidades de la regulación Fortalezas • La Resolución sobre Normas Generales que rigen la descentralización, la cual ha otorgado sustento legal al proceso y definido las pautas para avanzar en el mismo. • Avances importantes en el Sistema de Información Sectorial. • Las Normas para la Prestación de los Servicios de Acueductos y Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales • Existencia de organismos como el MSDS y MARN, con atribuciones para controlar la calidad del agua de consumo y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales del Sector.

4.4.3 Fortalezas y debilidades de los operadores Fortalezas • Avances en el diseño del Sistema Nacional de Capacitación de los Recursos Humanos. • Existencia de una apreciable infraestructura física de captación y distribución, incluida la disponibilidad de una significativa capacidad de potabilización en 126 plantas con sus respectivas redes. • Se ha concedido prioridad a la rehabilitación de los sistemas y a través de los créditos de la banca multilateral se ha avanzado en su solución. • Una mayor satisfacción de la comunidad por mejoras en la prestación de los servicios, que han contribuido a reducir la conflictividad por protestas debidas a discontinuidad de los servicios o limitada respuesta a las quejas de los usuarios. Simultáneamente ha mejorado la imagen del Sector en los medios de comunicación. • Una mayor eficiencia en el uso del recurso humano, puesto que, de un índice de 11 empleados por mil conexiones que se tenía en 1992 se ha pasado a 5.9 en la actualidad. • Incrementos en los costos de los servicios por debajo de la inflación acumulada, lo cual indica una racionalización de los mismos asociada a los esquemas de tercerización, la reducción de los costos de electricidad y un mejor uso de las sustancias químicas. • Mejoras importantes en la función comercial, con las cuales, la relación gastos/ingresos operacionales ha aumentado sensiblemente al pasar de 18 % en 1992 a 79 % en 1999. • Las Empresas Hidrológicas cuentan con estructuras organizativas apropiadas para la prestación de los servicios. • Algunos municipios, en número limitado, disponen de instancias a nivel de Dirección, e Institutos Municipales, para prestar los servicios. • Las Gobernaciones de Estado han creado dependencias para atender la construcción de acueductos rurales, a través de las Direcciones de Obras Públicas

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Debilidades • Incipiente desarrollo de los sistemas de información, rezago tecnológico, ninguna prioridad a la investigación, poca efectividad de la asistencia técnica y limitaciones en cuanto a capacitación del recurso humano. • Rezago en la aplicación de las tarifas. A pesar de que el régimen tarifario vigente fue aprobado en 1993, todavía en algunas empresas las tarifas no llegan a cubrir los costos de operación y mantenimiento, y mucho menos a financiar la reposición de activos ni las nuevas inversiones. • Ineficiencias en la gestión de los servicios ocasionadas por el deterioro de los sistemas, prácticas insatisfactorias de operación y mantenimiento, deficiente calidad del agua suministrada a los consumidores y escasa infraestructura

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de tratamiento de las aguas servidas. El ANC, estimada en un 64% se traduce en elevadas pérdidas económicas para las empresas. • Alto suministro promedio de agua, estimado en 405 lpd, valor que duplica los estándares de la OMS establecidos en 250 lpd. • Degradación progresiva de las cuencas hidrográficas, a consecuencia de la erosión y contaminación de los cuerpos de agua. Esto último, debido a que, de los 40 metros cúbicos por segundo de aguas servidas que se recolectan, sólo recibe tratamiento un 28 %. • Procesos importantes de eutroficación en embalses, causados por nutrientes como fósforo y nitrógeno, provenientes de aguas de retorno de la actividad agrícola y del desarrollo urbano.

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5. Situación Esperada de los Recursos Hídricos al Año 2025 Para el análisis de los escenarios de crisis, convencional y sustentable que podrían esperarse en el lapso 2000-2025, se partió de algunas premisas que se señalan a continuación: • El marco geográfico del análisis coincide con las regiones presentadas en el aparte referente a la disponibilidad de recursos hídricos superficiales (Regiones: Zuliana, Andina, Centro-occidental, Llanos centrales, Sur del Orinoco, Nororiental y Central-Capital) . • En cuanto a la población, Venezuela al igual que el resto de América Latina, ha venido experimentando una disminución sostenida de la tasa de crecimiento, lo cual se evidencia a partir de 1961 y su tendencia es a igualarse a la tasa promedio mundial. Para todos los escenarios considerados el crecimiento demográfico será el mismo. • Los consumos promedio per cápita en las diferentes regiones del país para abastecimiento de agua potable son significativamente mayores que el promedio actual de América Latina de 200 lpd, siendo su valor actual de 424 lpd. Esto trae en consecuencia, que a pesar de plantearse reducciones sustanciales de los consumos en los escenarios convencional y sustentable, aún al final de las proyecciones se mantienen valores superiores al promedio de la región. • Igualmente, en el caso de los requerimientos de riego, se parte de valores que implican una alta ineficiencia, como

lo es el gasto de 1 l/s/ha, comparado con el promedio de la región de 0.24 l/s/ha. Al final del período proyectado y a pesar de considerar mejoras en la eficiencia de riego, se mantiene nuevamente el país con valores muy superiores al promedio regional. Los criterios utilizados para la determinación de las áreas potenciales de riego en cada región fueron las condiciones edafoclimáticas de los suelos y la disponibilidad de agua, mediante fuentes superficiales o subterráneas.3 • La disponibilidad de los recursos hídricos varía como consecuencia de: - El grado de contaminación de los cuerpos de agua debido a las descargas de efluentes domésticos e industriales, actividades mineras y derrames de hidrocarburos. - El grado de intervención de las cuencas altas y medias. • Finalmente, se consideró que hasta el año 2005 las condiciones no varían, por ser este período el tiempo necesario para la adaptación e implementación de las políticas y medidas requeridas para los cambios planteados. A partir del 2010 se comenzarán a registrar cambios en las tendencias. En términos generales, la situación esperada de los recursos hídricos para el año 2025 será la que se describe en los siguientes escenarios.

5.1 Escenario de crisis -

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Se mantiene la tendencia centralizadora en la política del Estado relativa al manejo de los recursos hídricos. El Gobierno Nacional continúa la dualidad de funciones al ser prestador y regulador, con los consecuentes conflictos de interés que impiden el desarrollo de una actividad reguladora y controladora eficiente. No se promueve la creación de la institucionalidad adecuada para la modernización de la gestión del manejo de los recursos hídricos, por lo cual no se incentiva la participación privada, local y comunal. La política proteccionista del Estado no facilita la implantación de esquemas tarifarios que le den un valor econó-

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mico al recurso y promuevan su uso racional. El desarrollo tecnológico y la capacitación de personal es muy limitado, dado que no existen incentivos La contracción del gasto público trae como consecuencia que se dificulte la inversión oportuna en el mantenimiento y ampliación de la infraestructura requerida. No se facilitan mecanismos para la inversión privada. La recesión económica restringe los mercados de trabajo, incrementa el desempleo y aumenta la población marginal, la cual suele establecerse en áreas ambientalmente frágiles (cuencas altas, planicies inundables, etc.).

Areas regadas y Areas regables. Serie: Agua y Agricultura. MARNR. DGSPOA/IT/163. 1984. López, Rodríguez y Zerpa.

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Como consecuencia de lo anterior: -

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Continúa el deterioro de las cuencas altas y medias, especialmente en la región andina. La calidad del agua estará muy comprometida, especialmente en las regiones ubicadas al norte del río Orinoco, dada la tendencia a incrementar la descarga de efluentes no tratados, así como también la contaminación proveniente de las actividades agrícola, petrolera y minera. La cobertura actual de los servicios se mantiene constante en el período (87% para agua potable, 74% para cloacas y 28% para tratamiento de efluentes), dado que las acciones e inversiones realizadas solamente permiten cubrir la demanda del crecimiento vegetativo de la población. Se desmejora la calidad del servicio de agua potable y cloacas y se incrementa la población sin acceso a los mismos, lo cual ocurre fundamentalmente en áreas marginales de las ciudades y en poblaciones rurales. El consumo per cápita para abastecimiento de agua potable en cada región se mantiene en los valores actuales para todo el período de análisis (promedio nacional 424 lpd). Se incrementa la incidencia de enfermedades de origen hídrico, reapareciendo algunas de ellas en zonas donde habían sido erradicadas.

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Continúa la práctica de facturar el agua utilizada para riego de acuerdo con el área regada y no con el volumen consumido, lo cual desincentiva la búsqueda de eficiencia en el uso del recurso; por lo tanto no se consideraron mejoras en la eficiencia de las dotaciones. Con relación al incremento de las áreas regadas, se asumieron los valores tendenciales de la región latinoamericana bajo un escenario similar. Se incrementan los conflictos de uso, especialmente entre la agricultura, los desarrollos urbano-industriales y los usos recreacionales. La actividad turística, especialmente en las regiones costeras del país, se ven afectadas por las restricciones en el abastecimiento de agua potable y por la contaminación de playas y ríos.

Bajo estas condiciones se presentarían déficits en la disponibilidad del recurso en la región Central-Capital. Igualmente se espera que se agudicen los procesos de deterioro de las cuencas altas en la región andina, a consecuencia de prácticas agrícolas inadecuadas y que se continúen presentando catástrofes en las regiones ubicadas al norte del río Orinoco, como producto de la ocupación anárquica de planicies inundables y zonas en pendiente con alto riesgo.

5.2 Escenario convencional -

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Se promueve el manejo descentralizado de los recursos hídricos. El Gobierno Nacional comienza a ejercer sus funciones regulatorias y se reserva el manejo de recursos compartidos o de carácter estratégico. Se promueve la creación de la institucionalidad requerida para la modernización de la gestión del manejo de los recursos hídricos, incentivando la participación privada, local y comunal. El Estado apoya la implantación de esquemas tarifarios que le asignen un valor económico al recurso y promuevan su uso racional, estableciendo incentivos fiscales para las actuaciones ambientales favorables. El desarrollo tecnológico y la capacitación de personal adquieren importancia. Se comienza a disponer de recursos presupuestarios tanto en el sector público como privado para el uso y desarrollo de tecnologías. El mantenimiento de la infraestructura existente se convierte en una prioridad. Se optimizan los requerimientos de inversión en obras, dado que se disminuyen las ineficiencias en el uso del recurso. El sector privado comienza a participar en los financiamientos a través de figuras como BOT, concesiones, etc. Una mejora en la situación económica permite iniciar programas de ordenación territorial, lo cual incidirá en la dis-

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minución del contingente de población marginal y el inicio de la recuperación de áreas afectadas por la ocupación incontrolada. Se establecen sistemas de información ambiental que permitan respaldar la toma de decisiones. Como consecuencia de lo anterior:

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Disminuye el deterioro de las cuencas altas y medias, gracias a la implantación de técnicas de protección, prácticas de cultivo adecuadas a cada región. El incremento de las funciones de regulación y control por parte del Estado, inducen una disminución de las acciones contaminantes por parte de los agentes públicos y privados. El deterioro registrado en los cuerpos de agua por contaminación al 2015 se estabiliza. Se mejora la calidad del servicio de agua potable y cloacas y se incrementa la población con acceso a los mismos hasta alcanzar un 94% para el abastecimiento, 81% para cloacas y 50% en el tratamiento de efluentes a nivel nacional. El consumo per cápita para abastecimiento de agua potable en cada región disminuye progresivamente, hasta alcanzar valores de 325 lpd (250 lpd más pérdidas estimadas del 30%), bajo el supuesto de la implantación de algu-

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nas políticas, medidas y desarrollo tecnológico que permitan iniciar mejoras en la calidad del servicio y en la racionalización de los consumos. La incidencia de enfermedades de origen hídrico disminuye sustancialmente. Se comienza a facturar el agua utilizada para riego de acuerdo con el volumen consumido, lo cual incrementa la eficiencia en el uso del recurso en un 12% al año 2010 y alcanza el 15% en el año 2025. Se incrementan las áreas regadas asumiendo los valores tendenciales de la región latinoamericana bajo un escenario similar. El incremento en las disponibilidades en las fuentes aunado a una disminución de los consumos, permite minimizar

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los conflictos de uso. Sin embargo, estos se mantienen en la región Central-Capital (balance disponibilidad-demanda deficitario), especialmente entre la agricultura y los desarrollos urbano-industriales. La actividad turística continúa con algunas restricciones por el abastecimiento de agua potable y por la contaminación de playas y ríos.

Bajo estas condiciones se continúan presentando déficits en la disponibilidad del recurso en la región CentralCapital. Disminuyen los procesos de erosión y desestabilización de las cuencas altas y medias. El inicio de procesos de ordenación territorial y las mejoras económicas permiten disminuir la ocupación de zonas de alto riesgo.

5.3 Escenario sustentable -

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La administración de los recursos hídricos está fundamentalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos locales y de las comunidades. El Gobierno Nacional ejerce funciones regulatorias y de asistencia técnica y administra recursoso de carácter estratégico. Se fortalecen las instituciones existentes que participan en la gestión del manejo de los recursos hídricos. La participación del sector privado se incrementa, incorporándose a las actividades de operación y gestión integral. Para todos los usos del agua se han implantado esquemas tarifarios que permiten la recuperación de costos y el financiamiento de las inversiones, estableciendo incentivos fiscales y mecanismos de subsidios que promuevan el desarrollo y la equidad social. El desarrollo tecnológico y la capacitación de personal permiten la aplicación y el desarrollo de tecnologías de punta. El mantenimiento de la infraestructura existente es una práctica permanente. La disminución de los consumos permite diferir y en muchos casos descartar nuevas inversiones en algunos tipos de obras. El sector privado participa en los financiamientos a través de figuras como BOT, concesiones, etc. Un crecimiento económico del país permite una mejora sustancial en los ingresos per cápita y una distribución más equilibrada del mismo, lo cual incide en que la marginalidad disminuya sustancialmente. El mejoramiento de la calidad de vida permite aumentar los niveles educativos de la población y su conocimiento con relación a la importancia de cuidar el ambiente. Se consolidan sistemas de información ambiental para facilitar la toma de decisiones. Como consecuencia de lo anterior:

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Se realiza un manejo sustentable de las cuencas altas y medias.

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La acción reguladora del Estado junto a la participación ciudadana, logra revertir el proceso de contaminación de las fuentes de agua. Se mejora la calidad del servicio de agua potable y cloacas y se incrementa la población con acceso a los mismos hasta alcanzar un 98% para el abastecimiento y 88% para cloacas y 70% en tratamiento de efluentes a nivel nacional. El consumo per cápita para abastecimiento de agua potable en cada región disminuye de manera más acentuada, hasta alcanzar valores de 250 lpd, bajo la reafirmación de los supuestos del escenario convencional, aunado a la consolidación de una conciencia ambiental en la población. La incidencia de enfermedades de orígen hídrico es prácticamente inexistente. La política tarifaria y la educación ambiental de los productores permite elevar la eficiencia de riego hasta un 40% Las áreas regadas se incrementan siguiendo la tendencia de la región latinoamericana bajo un escenario similar. Los conflictos de uso desaparecen, dada la suficiente disponibilidad en las fuentes para los usos previstos. La actividad turística se desarrolla sin restricciones dada la disponibilidad de agua potable y la descontaminación de los cuerpos de agua.

Para este escenario no se presentan déficits en el balance en ninguna región del país. En la Tabla 14 se presentan los resultados del balance nacional discriminado por regiones para cada uno de los escenarios antes descritos. De estos resultados puede señalarse que, a excepción de la región Central-Capital, donde se presentan déficits desde el año 2010 para el escenario de crisis y desde el año 2015 para el escenario convencional, existe disponibilidad del recurso hídrico para cualquiera de las situaciones planteadas. Sin embargo, estas disponibilidades resultan ser relativas, dada la estacionalidad de las lluvias y su distribución espacial.

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

Tabla 14 Resultados del balance nacional REGION ZULIANA UND Población hab Escurrimiento Aprov. Esc. Crisis Hm3 Balance Escenario Crisis Hm4 Escurrimiento Aprov. Esc. Convencional Hm5 Balance Escenario Convencional Hm6 Escurrimiento Aprov. Esc. Sustentable Hm7 Balance Escenario Sustentable Hm3 REGION CENTRO - OCCIDENTAL UND Población hab Escurrimiento Aprov. Esc. Crisis Hm3 Balance Escenario Crisis Hm4 Escurrimiento Aprov. Esc. Convencional Hm5 Balance Escenario Convencional Hm6 Escurrimiento Aprov. Esc. Sustentable Hm7 Balance Escenario Sustentable Hm3 REGION LLANOS CENTRALES UND Población hab Escurrimiento prov. Esc. Crisis Hm3 Balance Escenario Crisis Hm4 Escurrimiento Aprov. Esc. Convencional Hm5 Balance Escenario Convencional Hm6 Escurrimiento Aprov. Esc. Sustentable Hm7 Balance Escenario Sustentable Hm3 REGION ANDES UND Población hab Escurrimiento Aprov. Esc. Crisis Hm3 Balance Escenario Crisis Hm4 Escurrimiento Aprov.Esc. Convencional Hm5 Balance Escenario Convencional Hm6 Escurrimiento Aprov. Esc. Sustentable Hm7 Balance Escenario Sustentable Hm3 REGION SUR ORINOCO UND Población hab Escurrimiento Aprov. Esc. Crisis Hm3 Balance Escenario Crisis Hm4 Escurrimiento Aprov. Esc. Convencional Hm5 Balance Escenario Convencional Hm6 Escurrimiento Aprov. Esc. Sustentable Hm7 Balance Escenario Sustentable Hm3 REGION NOR - ORIENTAL UND Población hab Escurrimiento Aprov. Esc. Crisis Hm3 Balance Escenario Crisis Hm4 Escurrimiento Aprov. Esc. Convencional Hm5 Balance Escenario Convencional Hm6 Escurrimiento Aprov. Esc. Sustentable Hm7 Balance Escenario Sustentable Hm3 CENTRAL Y CAPITAL UND Población hab Escurrimiento Aprov. Esc. Crisis Hm3 Balance Escenario Crisis Hm4 Escurrimiento Aprov. Esc. Convencional Hm5 Balance Escenario Convencional Hm6 Escurrimiento Aprov. Esc. Sustentable Hm7 Balance Escenario Sustentable Hm3

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2000 3.209.626 17.603 14.212 17.603 14.212 17.603 14.212 2,000 3.209.626 12.725 9.116 12.725 9.116 12.725 9.116 2,000 3.209.626 145.163 143.475 145.163 143.475 145.163 143.475 2,000 3.209.626 18.761 17.120 18.761 17.120 18.761 17.120 2.000 3.209.626 840.794 840.503 840.794 840.503 840.794 840.503 2.000 3.209.626 7.300 6.195 7.300 6.195 7.300 6.195 2.000 3.209.626 4.620 1.193 4.620 1.193 4.620 1.193

2005 3.601.639 16.345 12.901 16.345 12.955 16.345 12.955 2,005 3.601.639 11.877 8.226 11.877 8.268 11.877 8.268 2,005 3.601.639 135.485 133.786 135.485 133.798 135.485 133.798 2,005 3.601.639 17.318 15.649 17.318 15.677 17.318 15.677 2.005 3.601.639 817.438 817.111 817.438 817.147 817.438 817.147 2.005 3.601.639 6.813 5.682 6.813 5.708 6.813 5.708 2.005 3.601.639 4.235 697 4.235 808 4.235 808

2010 3.993.175 15.088 10.912 15.088 11.294 16.345 12.217 2,010 3.993.175 11.028 6.612 11.028 6.988 11.877 6.155 2,010 3.993.175 125.808 123.728 125.808 123.905 135.485 133.367 2,010 3.993.175 15.875 13.891 15.875 14.058 17.318 14.443 2.010 3.993.175 794.083 793.720 794.083 793.784 822.109 821.806 2.010 3.993.175 6.326 4.997 6.326 5.101 6.813 4.579 2.010 3.993.175 3.850 -296 3.850 99 4.235 866

2015 4.379.047 13.831 9.498 13.831 9.999 16.848 12.214 2,015 4.379.047 10.180 5.616 10.180 6.096 12.216 4.923 2,015 4.379.047 116.130 113.982 116.130 114.206 139.356 136.933 2,015 4.379.047 14.432 12.382 14.432 12.596 18.761 14.957 2.015 4.379.047 770.727 770.328 770.727 770.426 831.451 831.151 2.015 4.379.047 5.840 4.462 5.840 4.590 7.008 3.915 2.015 4.379.047 3.465 -865 3.465 -351 4.466 1.229

2020 4.750.807 12.573 8.086 13.831 9.972 18.105 13.216 2,020 4.750.807 9.332 4.623 10.180 6.058 12,895 4.577 2,020 4.750.807 106.453 104.235 116.130 114.184 147.098 144.496 2,020 4.750.807 12.988 10.876 14.432 12.580 20.781 16.367 2.020 4.750.807 747.372 746.936 775.398 775.104 840.794 840.513 2.020 4.750.807 5.353 3.931 5.840 4.568 7.397 3.716 2.020 4.750.807 3.080 -1.429 3.465 -388 4.774 1.693

2025 5.099.211 11.316 6.693 13.831 9.989 20.117 15.217 2,025 5.099.211 8.483 3.651 10.180 6.054 13.573 4.784 2,025 5.099.211 96.775 94.497 116.130 114.176 154.840 152.186 2,025 5.099.211 11.545 9.380 14.432 12.575 23.090 18.363 2.025 5.099.211 724.017 723.546 775.398 775.127 840.794 840.551 2.025 5.099.211 4.867 3.408 5.840 4.556 7.786 3.796 2.025 5.099.211 2.695 -1.975 3.465 -413 5.390 2.604

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

6. Conclusiones y Recomendaciones Generales El presente informe resume de manera breve la situación tanto institucional como técnica, financiera y legal, de los recursos hídricos en Venezuela, su gestión y de manera particular la situación del servicio de agua potable y saneamiento. Las conclusiones del análisis, pueden resumirse en cuatro grandes aspectos, de los cuales se presentan además las estrategias que se consideran adecuadas para la superación de los problemas planteados, así como también los instrumentos de política que pueden apoyar dichas estrategias, el tipo de inversiones necesarias, las actividades que se requiere desarrolllar en el corto y mediano plazo, y por último los indicadores que se consideran más apro-

piados para medir los resultados de las acciones planteadas: La gestión del recurso Situación: Si bien el país inició hace muchos años acciones si se quieren de avanzada en los temas de manejo de recursos naturales, por diversas situaciones de deterioro institucional y financiero, estas iniciativas fueron dejándose de lado, y actualmente la gestión ambiental no cumple los objetivos básicos que permitan preservar los principios de equidad social, beneficios económicos y sustentabilidad ambiental.

Estrategia 1: Modernizar institucionalmente el Sector, estableciendo organizaciones descentralizadas para la administración de los usos del recurso, con participación activa de la sociedad civil y bajo el respaldo efectivo del gobierno nacional. Instrumentos de política Marco Legal, mecanismos de regulación, promoción de organizaciones descentralizadas para la administración de usos del recurso, instituciones respaldadas políticamente, incentivos fiscales, promoción de la participación ciudadana y de empresas privadas. Fortalecimiento del MARN en sus funciones de planificación y regulación Tipo de Inversiones Capacitación requeridas Información Desarrollo Institucional Acciones propuestas Diagnóstico Institucional Revisión marco jurídico existente Plan de acción con actividades, mecanismos de financiamiento y de control Desarrollo de propuestas de solución Implementación de medidas adecuar marco legal obtención de financiamiento programa de capacitación programa de desarrollo tecnológico desarrollo de instituciones Indicadores (Su avance dependerá de cómo se desarrollen el resto de las actuaciones ambientales) Estrategia 2: Mejorar la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, a fin de lograr incrementos en su cobertura y superar las inequidades del servicio dando acceso al mismo a toda la población. Lograr la sustentabilidad financiera del servicio. Instrumentos de Política: Marco legal, descentralización del servicio, regulación, institucionalidad, apoyo a la gestión, política de subsidios. Tipo de Inversiones Información requeridas Tecnología Desarrollo Institucional Acciones propuestas Plan de Acción para sistemas Urbanos y Rurales, conteniendo los mecanismos de financiamiento y los requerimientos institucionales Adecuar Marco Legal Fortalecer instituciones y mecanismos de regulación Obtener financiamiento Desarrollar instituciones Indicadores % de cobertura de agua potable y de cloacas Porcentaje del servicio descentralizado Participación del sector privado % de enfermedades hídricas Niveles de calidad del servicio

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La disponiblidad oportuna y suficiente del agua Situación: Venezuela es uno de los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos en América Latina, pero su abundancia es relativa, dada la estacionalidad de la misma y la ocupación intensiva del territorio nacional en áreas con menor cantidad de recursos hídricos disponibles. A esto se suma la

tendencia a la disminución de dicha disponibilidad como consecuencia de procesos de intervención en las cuencas altas y de la creciente contaminación de los cuerpos de agua. Si este proceso continúa en la tendencia actual, se presentará una crisis de disponibilidad de agua en el corto plazo en las regiones de mayor ocupación urbano-industrial.

Estrategia 1: Controlar los procesos de contaminación de cuerpos de agua haciendo hincapié en los programas de tratamiento de aguas residuales y con mecanismos de control de otras fuentes de polución. Instrumentos de política Reglamentos y mecanismos de aplicación Incentivos fiscales. Convenios con Colombia y Brasil para control de contaminación minera y de Hidrocarburos. Tipo de inversiones Obras requeridas Tecnología Capacitación Acciones propuestas Diagnóstico Nacional Plan de Acción conteniendo jerarquización de acciones, actividades, mecanismos de financiamiento, programas de control Obtener financiamiento Implantación de políticas, reforzamiento institucional y capacitación Obras Acciones de control Indicadores % Efluentes tratados % uso de agroquímicos biodegradables

Estrategia 2: Establecer programas de manejo y conservación de cuencas que fomenten el uso de tecnologías limpias, cambios de patrones de cultivo para fomentar la conservación de suelos, aplicación de la evaluación ambiental como instrumento para la toma de decisiones y la formulación e implantación de planes para prevención de desastres. Instrumentos de política: Reglamentos y mecanismos de aplicación de sanciones, incentivos fiscales, apoyo a la gestión. Tipo de inversiones Obras requeridas Capacitación, tecnología Información Desarrollo institucional Acciones propuestas Diagnóstico Nacional Plan de Acción conteniendo jerarquización de acciones, actividades, mecanismos de financiamiento, programas de control Obtener financiamiento Implantación de políticas, reforzamiento institucional y capacitación Obras Acciones de control Indicadores % cuencas con programas manejo y control % áreas de cultivo en cuencas altas y medias bajo métodos conservacionistas % productores capacitados Nº. de organizaciones de usuarios de cuencas en funcionamiento

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La infraestructura para el aprovechamiento y control del recurso hídrico Situación: A pesar de haberse construído una gran cantidad de infraestructura de servicio en décadas anteriores, que permitieron mejorar notablemente las condiciones de salubridad pública, el éxodo de campesinos hacia las ciudades

aunado a un abandono de los programas de mantenimiento de la obras, provocó un colapso de los servicios, que todavía no se ha podido superar. Por otra parte, las crisis fiscales que ha sufrido el país en los últimos años ha traído en consecuencia un rezago importante de las inversiones necesarias para un cabal aprovechamiento y control de los recursos hídricos a nivel nacional.

Estrategia 1: Desarrollo de infraestructura ambiental para el manejo de recursos hídricos, tanto para su aprovechamiento como para el control de sus efectos. Instrumentos de política Política de financiamiento, incentivos fiscales, promover la participación del sector privado, establecer mecanismos de control y regulación. Tipo de inversiones Obras requeridas Tecnología Información Capacitación Acciones propuestas Diagnóstico de necesidades (conciliar las mismas con los Planes de Ordenación Territorial) Plan de Acción incluyendo jerarquización de obras, análisis Costo/Beneficio, Estudios de Impacto Ambiental, Mecanismos Financieros Elaboración proyectos Obtener financiamientos Obras (ejecución) Programas de mantenimiento Control y regulación Indicadores % cuencas alto riesgo con sistemas de alerta % áreas inundables saneadas % de volumen regulado por cuenca

Estrategia 2: Establecer mecanismos financieros que promuevan la consolidación y la construcción de la infraestructura y servicios básicos ambientales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo establecidos en los planes de ordenación, y que incluyan sistemas de tarifas y subsidios que promuevan un uso racional del recurso. Instrumentos de política Marco Legal, política de tarifas y subsidios Incentivos fiscales Tipo de inversiones Estudios requeridas Fondos Apoyo Financiero Capacitación Información Acciones propuestas Diagnóstico de necesidades de inversión Propuesta de financiamiento que incluya mecanismos institucionales, sistemas de tarifas y subsidios Definición de incentivos fiscales Marco Legal Obtención de financiamientos Aplicación de mecanismos Programa de control y regulación Indicadores % de inversión recuperada por tarifa % de población de bajos ingresos favorecidos con subsidios % de capital de inversión sujeto a programas de control % de infraestructura requerida con financiamiento

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La ocupación ordenada del territorio Situación: La tendencia histórica a poblar la región centro-norte costera del país, dadas sus facilidades de comunicación y para el comerio, ha consolidado un patrón de ocupación que requiere de acciones contundentes en los aspectos de

ordenación del territorio, para alcanzar una distribución más racional de la población y las actividades económicas. Ello amerita un esfuerzo para adoptar un modelo de desarrollo más coherente, que permita revertir situaciones críticas en cuanto a la disponibilidad del recurso agua y la propensión a efectos ambientales no deseados.

Estrategia: Intensificar el proceso de ordenación del territorio, actualizando los planes de ordenación y estableciendo los consensos necesarios para darle viabilidad política a los mismos, implantando un proceso efectivo de control, seguimiento y sanción a los infractores. Instrumentos de política Marco Legal, procedimientos de control y sanción Incentivos fiscales Negociación y consenso político para la implantación de los Planes de Ordenación Tipo de inversiones Estudios requeridas Capacitación Desarrollo institucional Información Infraestructura de apoyo Acciones propuestas Actualizar Planes de Ordenación Territorial (POT) Establecer prioridades Determinar requerimientos de implantación: legales, financieras, obras, capacitación, desarrollo institucional Fortalecer instituciones de planificación y regulación a nivel nacional y regional Implantar medidas de los POT Programa de control y regulación Indicadores % de estados con POT aprobado % de POT implementados Complementariamente a lo señalado, es importante hacer énfasis en dos aspectos que se han indicado como acciones comunes en casi todos los temas planteados: en primer lugar, la necesidad de desarrollar los sistemas de información ambiental necesarios, con miras a tener un mejor conocimiento de los eventos naturales y, en consecuencia, determinar las

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acciones y soluciones acertadas en cada caso. En segundo lugar, la importancia de crear, promover y coordinar programas de capacitación en el área ambiental, así como también programas que fomenten la investigación científica y tecnológica, especialmente en lo relativo a tecnologías no convencionales de fácil implantación local.

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Anexos Preguntas guía para referente en el campo del manejo integrado de los recursos hídricos 1. En los últimos años se ha incrementado la preocupación acerca del valor estratégico del agua para el desarrollo de la vida en el próximo milenio. Por otra parte, si bien existe una conciencia de esta circunstancia por parte de los gestores y administradores del agua, aún no se han logrado implementar en la práctica de manera cotidiana, las estrategias que permitan una gestión sustentable del agua. ¿Cuáles son, con base en su experiencia, las causas de esta dualidad? 2. ¿Cuáles serían las tres prioridades en materia de política hídrica que deberían ser implementadas en su país para lograr una gestión integrada de los recursos hídricos a largo plazo considerando las potencialidades y restricciones actuales? 3. Las estructuras gubernamentales encuentran serias dificultades para la gestión eficiente del agua. ¿Cree Ud. que la inserción del gerenciamiento privado puede mejorar sustancialmente la gestión integrada de los recursos hídricos? ¿Cuál es el límite en la incorporación de empresas de derecho privado en el manejo del agua? 4. Cualquier cambio en el patrón actual del proceso de toma de decisiones en el manejo del agua, y en la asignación de inversiones, necesita un tiempo prudencial de adecuación y adaptación. Cuáles cree que deben ser las actividades prioritarias a ser implementadas desde ahora, para que en un mediano plazo (2005) se pueda contar con un escenario proclive a la incorporación de la dimensión ambiental en las decisiones cotidianas. 5. En los últimos años la población y las agencias gubernamentales se vieron conmovidas por un creciente impacto debido a fenómenos extremos (deslizamientos de tierras, inundaciones, aluviones, sequías y otros). ¿Hasta qué punto pueden ser considerados únicamente desastres naturales? ¿Qué estrategias prioritarias hay que implementar para atenuar las consecuencias negativas en su país? 6. Aparentemente, los procesos de erosión hídrica, salinización de los suelos, así como la contaminación de las aguas

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superficiales y subterráneas, son sistemáticamente crecientes a pesar de los innumerables esfuerzos volcados en la implementación de planes de manejo de cuencas, programas de manejo conservacionistas, programas de control de la contaminación. ¿Cuáles son según su opinión las causas de esta brecha creciente? 7. Una componente esencial en el ciclo de la gestión de los recursos hídricos corresponde al monitoreo y evaluación continua de la oferta del agua, no obstante lo cual, las redes de información y actividades de campo ven sistemáticamente reducido su presupuesto de operación y mantenimiento en la mayoría de los países. ¿Cuáles son, según su opinión, las estrategias a seguir para lograr que esta actividad sea sustentable? 8. En los últimos años se ha producido un importante avance en el diseño de infraestructuras y en el desarrollo de nuevas tecnologías para un reuso del agua, riego presurizado y no presurizado, etc. ¿Hasta qué punto son difundidos y aplicados estos avances tecnológicos? ¿Son consideradas alternativas de técnicas no convencionales en el momento de la toma de decisiones? ¿La enseñanza universitaria incorpora en la formación de sus egresados con suficiente anticipación estos temas? 9. La mayoría de los países cuenta con un cuerpo normativo para la gestión del agua. ¿Hasta qué punto este incorpora y promueve un uso integrado de los recursos hídricos? ¿Cómo se ejecutan las actividades intersectoriales al existir otros marcos normativos para la gestión de los recursos naturales? 10. La última década se ha caracterizado por fomentar la participación de la sociedad en un sinnúmero de actividades. ¿Hasta qué punto se verifica la participación social en la gestión del agua de su país? ¿Las opiniones de la sociedad extraídas de instancias participatorias han cambiado genuinamente una decisión relativa a la gestión del agua? ¿En qué caso?

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Respuestas del Ingeniero Eduardo Buroz 1. Las causas residen en que las principales razones que afectan a la disponibilidad y calidad del recurso están fuera de la capacidad de gestión de los administradores del agua y corresponden mas bien a fenómenos sociales y económicos, regulados o controlados o estimulados o realizados por agentes externos a la gestión del agua que además cumplen diversos roles sociales y ocupan distintos estamentos en las comunidades, regiones y naciones. 2. Ordenamiento Territorial: Manejo integrado de cuencas, lo cual implica manejo del recurso agua dentro de la cuenca, entendida ésta desde sus nacientes hasta su desembocadura, con las implicaciones económicas que ello conlleva. Regulaciones claras en la relación entre el Estado, como administrador del patrimonio acuífero de los países y los usuarios sectoriales del recurso. 3. Absolutamente de acuerdo, la gestión del agua por el sector privado hace transparente la calidad de la gestión, establece deberes y derechos más claros y precisos, remite a regulaciones y puede dar lugar a suspensión del mandato otorgado por el Estado en el momento que se transgredan los acuerdos establecidos. Los límites son los que impone la función propia del Estado de establecer leyes, regulaciones, sanciones, pues hasta en la planificación el sector privado puede y debe intervenir. 4. En Venezuela este hecho debe ser inmediato, pues se cuenta con la base jurídica, institucional y de planificación necesaria para acometer esa tarea. En otros países depende de su desarrollo jurídico institucional en materia ambiental. 5. No todos esos eventos pueden ser considerados exclusivamente desastres naturales. Muchos daños, incluso fatalidades, se deben a imprevisiones del público y a fallas institucionales en la instrumentación de planes de ordenamiento territorial o de desarrollo urbano. Hacer cumplir la legislación de ordenamiento del territorio y de desarrollo urbanístico. Mejorar las normas; instrumentar acciones de vigilancia y control ambiental. 6. El foco de atención puesto a la solución de los problemas, tratando de resolverlo a través de planes cuya instrumentación está basada en recursos humanos que no poseen la base tecnológica requerida para mantener activo el proceso, luego que se retiran las actividades. 7. Reconocer su costo e incorporarlo en el sistema de precios del agua desde el nivel público hasta la tarifa del servicio privado, mediante un sistema de pagos de transferencia 8. Son muy poco difundidos, poco enseñados a nivel universitario y ciertamente son considerados alternativas no con-

vencionales. Esto es así por la dificultad que tiene su uso por los usuarios tradicionales del sector agrícola. 9. El problema consiste en definir lo que se considera manejo integrado de los recursos hídricos. Anexo el documento leído ante 6ta. Reunión de la Comisión de Desarrollo Sustentable en 1998 y el Proyecto de Decreto sobre Política Hidráulica (1999) que preparó la Comisión Ad-hoc designada por el Ministro Rafael Martínez Monró y de la cual formé parte. 10. En algunos casos ha tenido efectos relevantes, por ejemplo presa Las Mayas, pero en general la participación es escasa y los medios para hacerla efectiva son pocos.

Respuestas de Luis E. Franceschi A. (21-12-99) 1. La historia de la humanidad ha estado siempre asociada al valor estratégico del agua para el desarrollo de la vida; sin embargo, acercándonos ya al final del milenio, la población mundial en condiciones de subdesarrollo es cada vez mayor. Por consiguiente, incapaz de reconocer dentro de su ignorancia las consecuencias de un desarrollo anárquico e insustentable, no permiten realizar las acciones propuestas. 2. Las tres prioridades serían: Registro de datos e información relativa a todas las fases de aprovechamiento. Educación y capacitación de la población en general. Aprovechamiento racional de las cuencas hidrográficas preservando para generaciones futuras la calidad y la cantidad de las aguas. 3. Definitivamente la incorporación del gerenciamiento privado mejoraría la gestión de los recursos hídricos. Considero que no existe límite para esa incorporación. 4. Insisto en educación formal como actividad prioritaria. 5. La magnitud de los daños está íntimamente ligada al desconocimiento o ignorancia de las consecuencias de las acciones que llevan a la ocupación de zonas de alto nivel de riesgo; es decir, si no se brinda información acerca del riesgo que se corre, sólo algunos serán capaces de preverlo. 6. El crecimiento desmesurado y la concentración de la población urbana. 7. Muy simple, aumentar el presupuesto ajustándolo al incremento del consumo de agua. 8. Los avances tecnológicos se incorporan automáticamente a la cultura de un país en franco proceso de desarrollo con libertad, trabajo y paz.

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9. En nuestro país no existe todavía un cuerpo normativo que incorpore y promueva el uso integrado de los recursos hídricos. Las actividades intersectoriales se ejecutan de acuerdo a los postulados establecidos por los dirigentes de turno. 10. La participación social es mínima. No conozco de ningún caso que merezca mención.

Respuestas de Arnoldo José Gabaldón (14-01-2000) 1. En la medida que el agua, tanto en cantidad como en calidad, se va convirtiendo en un recurso escaso en diferentes regiones del Planeta, se ha ido creando mayor conciencia sobre la necesidad de su aprovechamiento sustentable y se van implantando prácticas de buena administración hidráulica. Por lo tanto, no pienso que debe exponerse de manera tajante la dualidad que señala la pregunta. La escasez será indudablemente el motor del uso sustentable, pero quedan muchas regiones en que felizmente el recurso todavía es relativamente abundante y sus precios de mercado son bajos, y por lo tanto no existen mayores motivaciones para un uso eficiente. 2. En primer lugar se considera que la política hidráulica debe establecer como requisito la apreciación del recurso tomando en consideración su valor en sitio y los costos de su captación, conducción, tratamiento pre y post uso. En segundo término, es conveniente que la política ambiental prevea un marco regulatorio de estricta aplicación sobre el manejo sustentable del agua. Tercero, como elemento coadyuvante de todo lo antes expuesto, se piensa que la educación ciudadana para el uso sustentable del agua puede ser instrumento eficaz en el sentido mencionado. 3. El gerenciamiento privado puede ser un factor que contribuya al mejor manejo del agua. Ello no implica, sin embargo, la omisión de criterios sociales en la administración del recurso, lo cual es indispensable especialmente en los países en desarrollo donde existen segmentos poblacionales de muy escaso poder adquisitivo. Ambos aspectos: privatización y tarifas sociales son compatibles, siempre y cuando se formulen las políticas públicas de subsidio adecuadas. 4. Se considera prioritario que a nivel de los gobiernos exista conciencia sobre lo que está implícito en la administración sustentable del agua y que como correlato se creen las instituciones con esta misión; se formulan las políticas públicas apropiadas y se establezcan los marcos regulatorios adecuados. 5. Los fenómenos hidrológicos extremos que han afectado la región durante los últimos años, pueden obedecer a la dis-

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tribución probabilística natural de dichos fenómenos o estar influenciados por el proceso de cambio climático. Aunque existen bases científicas para suponer que esto último pueda ser el caso, habrá que hacer todavía mucho más investigación para poder llegar a conclusiones definitivas en este sentido. Los daños ocurridos, cuantiosos en término de vidas humanas pérdidas o damnificadas y pérdidas materiales, son causadas generalmente por una imprevisión en cuanto a la localización espacial de las actividades socio-económicas. La ordenación territorial con criterio ecológico; el diseño de sistemas de previsión de catástrofe cuando ello es viable y los planes de contingencia ante estas situaciones, pueden contribuir a mitigar las consecuencias de dichos fenómenos naturales. 6. Hay suficientes experiencias que demuestran que las situaciones planteadas son evitables. Un manejo apropiado de las cuencas; los programas de conservación de suelos; las acciones y medidas para evitar la pérdida de calidad de los recursos hídricos; son prácticas que pueden instrumentarse dentro de una política ambiental bien formulada y ejecutada. Que en nuestros países no sean frecuentes estas prácticas, lo que indica es atraso institucional, que es prioritario superar. 7. La estrategia principal es considerar el manejo del agua como un servicio público, que además de obedecer a criterios ecológicos apropiados, debe ser sustentable desde el punto de vista económico. Cuando se aplica el enfoque arriba expuesto no deben escasear los recursos financieros para la adecuada operación y mantenimiento de estos servicios, ya que de lo contrario es muy difícil lograr el equilibrio económico buscado. 8. En nuestros países existe una evidente brecha tecnológica. Las nuevas tecnologías llegan con considerable atraso, tanto a los ámbitos académicos, como a los comerciales. En otras circunstancias, los costos económicos de las nuevas tecnologías no resultan soportables dentro de los escenarios socio-económicos prevalecientes. De allí la importancia de propiciar endógenamente a nivel de cada país o región un desarrollo científico-tecnológico, que se adpte más a nuestras realidades. 9. Las normas para la gestión del agua existente, rara vez toman en consideraión los aspectos ecológicos y económicos. Cuando ello se logre, será mucho más obvio la conveniencia del uso integrado de los recursos hídricos. 10. En Venezuela se registran muy pocos casos de participación ciuadadana en la gestión del agua. Las escasas experiencias de participación de las comunidades en la gestión del agua que se registren, se dan en la administración de algunos pequeños sistemas de egadío. Sin embargo, estos

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casos no son abundantes dada la escasa superficie bajo riego producto quizás de la relativa abundancia del recurso agua y condiciones climáticas que permitan general-

mente una agricultura de secano. También se han registrado experiencias aisladas de participación de las comunidades en la administración de acueductos rurales.

Preguntas guía para referente en el campo del agua potable y saneamiento

1. En el marco del proceso de transformación del sector agua potable y saneamiento implementado en su país, en su opinión ¿cuáles son las características esenciales que definen la situación por la que atraviesa el sector y cuáles son los aspectos más críticos de la actual gestión de los prestadores? 2. ¿Considera que el Marco legal vigente resulta adecuado a los requerimientos de la transformación del sector? En caso contrario ¿cuáles serían las modificaciones que deberían implementarse para su adecuación? 3. La incorporación de la participación del sector privado en la prestación de los servicios es visualizada como la alternativa más eficaz para alcanzar indicadores de eficiencia aceptables y como el único con capacidad para afrontar las importantes inversiones que se requieren. En su opinión, ¿en su país se confirma esta hipótesis? 4. La actividad regulatoria debe contemplar las necesidades y las preocupaciones de los usuarios (precio, calidad, confiabilidad) de las empresas (beneficios, riesgos, poder del mercado), del gobierno (cuestiones fiscales, ambientales y distributivas). Desde esta perspectiva ¿Cuáles son las externalidades más importantes que soporta la regulación en su país? y ¿Cuál es el espacio político e institucional de las agencias reguladoras? 5. En el caso que la población de las áreas de expansión de los servicios de agua potable y saneamiento en los que se ha concretado la incorporación del sector privado, sea población en situación de pobreza o de bajos ingresos, las necesidades de inversión son mayores y las posibilidades de recuperación de las mismas son escasas. En su país ¿Cómo se viabiliza la solidaridad social en esta situación?

Respuestas del Ingeniero Boris Castellano 1. En el caso de Venezuela resulta impropio hablar de transformación del sector agua potable y saneamiento, ya que el

mismo solo existe como tal en materia de necesidades atendidas y por atender, lo cual contrasta con la dispersión de esfuerzos e instituciones que actúan en el “sector” sin una verdadera coordinación sectorial. Dentro de esta situación destacan como aspectos críticos, en el marco de formación y fortalecimiento del sector, 1) la definición de un liderazgo sectorial comprometido con la salud y el medio ambiente, 2) la generación de un sistema de planificación estratégica, y 3) la creación de un sistema financiero sectorial 2. El proceso de formación y fortalecimiento del sector, siempre estará íntimamente vinculado con la existencia de una voluntad política comprometida con el proceso, y articulada con el liderazgo sectorial. Se trata de contar con un Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud, que estimule las líneas maestras de la Participación Social, la Descentralización y la Eficiencia Operativa dentro un de un proceso político general; y no como un cuadro de acciones administrativas o propósitos institucionales. En todo caso habrá que estimular y respetar los tiempos de respuesta de cada comunidad y cada institución. 3. La participación del Sector Privado en la Gestión de la Empresas de Agua, se conjuga con el proceso de Participación Social, sin embargo hay que estar consciente de sus limitaciones para afrontar la magnitud de las inversiones requeridas para saldar los déficits acumulados, tanto en términos de garantías como de accesos a las fuentes de financiamiento reservadas a los Estados y al Sector Público. La eficacia y/o la eficiencia no son valores patrimoniales de ningún sector, por ello hay que insistir en la búsqueda de la Eficiencia Operacional, dentro de un cuadro de Políticas Generales, sin excluir, ni privilegiar a ninguno de los actores comprometidos o por comprometer en el proceso de formación y fortalecimiento del sector salud y ambiente, y en particular con la implementación del Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud. 4. La actividad regulatoria debe conjugar los intereses del estado, de las empresas, de los usuarios y de la sociedad en general para garantizar la calidad, la cantidad, la continuidad y la confiabilidad de los servicios dentro de una

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estructura de costos que conjugue los intereses concurrentes dentro de una sana política de inversiones, que busque la autonomía financiera del sector. Dentro de las externalidades más importantes hay que destacar los lineamientos dogmáticos impuestos por algunos organismos y agencias de cooperación financiera, firmemente apoyados en su desconocimiento de las realidades operacionales y sociales del sector y férreamente soportado por sus fundamentos administrativos y financieros. En todo proceso político general hay espacios crecientes de participación y fortalecimiento de todas las instituciones y los actores involucrados, lo cual incluye a las agencias reguladoras. 5. La solidaridad social, entendiendo como tal la atención a la población en situación de pobreza o de bajos ingresos, siempre ha estado presente en las actuaciones del Estado: 1) como una obligación dentro del cuadro de sus responsabilidades básicas en materia de salud, y 2) como una carga dentro de las líneas establecidas por los criterios presupuestarios. La formulación de un Plan Regional de Inversiones en Salud y Ambiente, debe incluir la definición de los aportes del estado para cubrir los déficits de caja asociados a la debilidad de la recuperación comercial de los sectores amparados por las tarifas sociales. En todo caso se trata de formalizar los entendimientos que soportan y conjugan los intereses concurrentes con el proceso.

Respuestas del Ingeniero Aurelio Useche K. 1. El sector atraviesa desde hace ya tiempo una alta ineficiencia por efectos de falta de inversión en la reposición de activos en operación, así como en la modernización de sus sistemas administrativos y de operación. A ello habría que agregarle la falta de inversión en expansión del servicio. Entre los aspectos más críticos esta la gerencia actual conformada por una gerencia con poco ó nulo conocimiento en la administración y operación de una empresa de servicios y pensar que se trata de un tema exclusivo de ingeniería de construcción. Se hace evidente con la falta de pericia en el manejo del caso del Guapo y del Litoral, del cual la prensa contiene una información exhaustiva.

que el consumidor obtenga un beneficio adicional por cada unidad de servicio recibida. Ello significa que debe existir un ambiente competencia entre operadoras. El reconocimiento de una autoridad reguladora, cuya motivación fundamental sea el beneficio del consumidor en relación al precio que paga por obtener el servicio. 3. La participación de los particulares a través de empresas prestadoras del servicio es sin lugar a dudas un aspecto fundamental en la consecución de los fines de eficiencia, por cuanto ello significa que se podrán realizar las inversiones necesarias para obtener altos índices de eficiencia. Sin embargo, es indudable que el Estado tiene que concurrir con el privado al desarrollo de inversión en infraestructura hidráulica de base, tales como obras de embalse y conducción de grandes volúmenes cuando se trata de obras de propósito múltiple. 4. Las externalidades más notoria en el proceso de regulación es el proceso de cambios políticos en el país, hacia un sistema que no tiene definición, pero que asoma como un gobierno militar, con ropaje democrático que propicia al populismo como medio de instauración de una autoritarismo. En ese ambiente se y hace difícil, por no imposible adelantar una proceso de mejoramiento progresivo del servicio, por cuanto no es la eficiencia económica el motivo central de la acción del Gobierno. Una agencia reguladora al estilo de Conatel, en el caso del agua no tiene espacio. Las actuales autoridades de HIDRVEN piensan que éste ente es regulador, administrador y prestador del servicio al mismo tiempo, como la santísima trinidad del Señor. 5. En la medida que la economía venezolana no tenga en marcha una política de crecimiento económico con estabilidad de precios, en la cual existan condiciones de mercado para el desarrollo de nuevos negocios, entre ello las empresas prestadoras de servicios públicos, se hará mas profunda la pobreza y desde luego mucho más difícil el desarrollo de inversiones y desde luego mejoras sustanciales en el nivel de servicio.

Respuestas del Ingeniero Germán Uzcátegui 2. En mi criterio el marco legal vigente es prácticamente inexistente por cuanto de trata de un conjunto de leyes, reglamentos y normas dictadas a lo largo de 60 años sin que exista coherencia en cuanto a los fines que persigue regular. Esta situación impide que se pueda progresar en el establecimiento de un servicio público eficiente en el cual se mejore sustancialmente la calidad en la prestación del servicio. Las modificaciones que deben introducirse deben estar orientadas a que se cree las condiciones para que exista un conjunto de empresas operadoras que actúen bajo una normativa que permita condiciones de operación eficiente en la cual la relación precio consumo permita

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1. Las características que atraviesa el Sector son: - Baja cobertura, discontinuidad, baja calidad y altos costos de operación. El tratamiento de aguas servidas es muy bajo - Baja Tarifa y concepto de que el agua es un “regalo de dios” al que todos tienen derecho - Escasos niveles de inversión Los aspectos mas críticos de los prestadores son: - Modelo institucional no adaptado a una legislación transitoria - Intervención política e inestabilidad gerencial

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CURRICULUM VITAE Germán Uzcátegui es Director de la Unidad Estratégica de Negocios de Agua de la Corporación EDC. Uzcátegui es Ingeniero Civil con estudios de maestría y doctorado en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Su experiencia fundamental es en obras hidráulicas y análisis de negocios y desarrollo institucional de empresas de Agua. Ha sido profesor de Obras Hidráulicas en la Universidad de los Andes y de la Universidad Católica Andrés Bello. Desempeñó los cargos de Director del Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras, Viceministro del Ambiente y Presidente del Instituto Nacional de Obras Sanitarias. Organizó y coordinó programas de adiestramiento en aprovechamiento de aguas y tierras en toda la América Latina y el Caribe (CIDIAT) coordino la privatización del Instituto de Aseo Urbano del Area Metropolitana de Caracas (MARNR). Asesoró al Ministro del Ambiente en el proceso de reestructuración del Sector Agua Potable y Saneamiento que dio origen a Hidroven y sus empresas filiales. Ha preparado varios proyectos exitosos para obtener préstamos de agencias multilaterales Para el Sector Agua y Saneamiento. Ha sido consultor para el sector Agua Potable y Saneamiento del Banco Mundial, de la Oficina Panamericana de Salud. - Desconocimiento de la importancia del sector y de los avances tecnológicos y gerenciales que le son aplicables - Oposición a la introducción de nuevos modelos de gestión (El modelo centralizado sigue imperando a pesar de algunos esfuerzos realizados para descentralizar) 2. La reforma se puede realizar dentro del marco legal vigente mediante el esquema de “regulación por contrato”, siempre que tenga “apoyo político” Indudablemente que la regulación venezolana en la materia es muy antigua y debe ser revisada en su totalidad y adecuada a los nuevos modelos de gestión del sector, en este sentido hay avances importantes realizados en HIDROVEN que pueden colaborar a un mejor Sector. 3. Estoy de acuerdo. Lamentablemente los países llegan a esta conclusión no por convicción sino por necesidad. Chile, Colombia. Argentina y Brasil, hace 10 años se negaban totalmente a seguir ese modelo. Hoy lo han adoptado y lo están aplicando de manera apresurada, a veces sin estructurar debidamente los procesos. 4. En mi país no hay (de hecho) actividad regulatoria. Las tarifas son fijadas de manera arbitraria sin relación con los costos, nadie vela por la calidad ni la confiabilidad del servicio ni por las cuestiones fiscales y distributivas. Aunque nuestra legislación ambiental es muy rígida, el Sector es una gran contaminador al que no se le exige reparo. Todo esto posiblemente ocurre porque el regulador es el Estado y el prestador también es el mismo Estado. 5. En mi país no existen casos en que se haya incorporado el Sector Privado a la operación asumiendo la responsabilidad de las inversiones y los riesgos del servicio.

Respuestas del Ingeniero Pedro Misle Benítez Ex Presidente Hidroandes - Hidroven 1. La característica esencial es la de “transición con cierto grado de incertidumbre”. En efecto, la política de las ante-

riores autoridades era la de transformar un esquema de prestación fundamentalmente público y altamente centralizado, en un esquema con participación efectiva (como operadores o reguladores) de actores municipales (alcaldías) y regionales(gobernaciones de Estado), en donde se contemplaban distintas modalidades de gestión privada. Esta política de transición comenzaba a dar algunos frutos como la creación de 5 empresas operadoras con participación accionaria municipal y regional, 2 de las cuales habían delegado la prestación del servicio a privados mediante la figura de una “gestión integral”, figura que intentaba minimizar los riesgos de un marco legal que estaba construyéndose y que debía evolucionar hacia esquemas de participación privada de mayores plazos y riesgos ( concesiones, empresas mixtas, etc. 2. A partir del cambio de Gobierno a principios del 99, las nuevas autoridades someten a revisión la política adelantada en el Sector con los retardos que dicha revisión conlleva. Todavía no es clara la posición del actual Gobierno en relación a la transformación del Sector, aún y cuando podría intuirse que se mantendrá en esencia la misma, en virtud que la nueva Constitución continua asignando la competencia del servicio a los actores locales (municipios y gobernaciones) y no parece excluir la participación privada en la gestión de estos servicios. No obstante, la definiciones precisas deben ser objeto de leyes, decretos y reglamentos; instrumentos que en algunos casos hay que elaborar y en otros ratificar aprobaciones ya hechas.. Entre los aspectos mas críticos de la actual gestión de los prestadores, podríamos mencionar : La ausencia de información confiable, generando como consecuencia indefiniciones gruesas en programas de operación y de inversiones; b) Carencia de una política institucional definida y de metas claras y factibles de lograr ; c) Como corolario de los aspectos anteriores, no existen programas de financiamientos que vayan en la dirección del logro de metas de servicio, ni de la autosuficiencia económica de los prestadores. 3. Existen un conjunto de instrumentos legales, fundamentalmente decretos y reglamentos que permitirían, y de hecho

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Agua para el Siglo XXI: De la Visión a la Acción

han permitido, avanzar en la transformación del Sector, siempre y cuando exista la necesaria voluntad política. Como la transformación es un proceso, su evolución y continuidad requieren sin embargo, de una coordinación clara de los instrumentos legales, así como del desarrollo de algunos nuevos que establezcan claramente funciones y competencias. Entre las funciones, los diferentes niveles de gobierno deben ejercer seis básicas: Planeación, Financiamiento, Regulación, Vigilancia, Control y Sanción. Existe una propuesta de Ley de Prestación del Servicio cuya finalidad era la de asignar a los entes de gobierno (nacionales regionales y municipales) y a la comunidad organizada, las competencias para el ejercicio de las funciones mencionadas. En otras palabras, la de servir de Instrumento Marco de Coordinación. Entiendo que la misma está en estos momentos en revisión. Sin duda la agilidad administrativa y gerencial y la motivación por el negocio, le otorgan al privado mayores posibilidades de eficacia que a un ente público en la prestación de los servicios de APyS. No obstante, dada su condición de Monopolio Natural, niveles mayores de eficiencia en la prestación por un privado solo podrán alcanzarce con una buena regulación por parte del Sector Público. No es realmente el Privado quien afronta las importantes inversiones que requiere el Sector, son los clientes del Servicio través de las tarifas quienes realmente lo hacen. El Privado tiene la posibilidad de financiarlas siempre y cuando pueda recuperarlas, obteniendo un rendimiento adecuado. En Venezuela, el financiamiento de los Privados para el Sector es realmente necesario, sin embargo, es claro que este cubrirá aquellas inversiones que puedan ser rescatadas vía tarifa o mediante subsidios directos del Sector Público. En virtud del rezago y la cuantía de recursos requeridos para el Tratamiento de Aguas Servidas, aunada a la capacidad de pago del cliente promedio venezolano, estimamos que este aspecto del negocio no podrá ser solo financiado por

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el Privado y requerirá de inversiones importantes del Gobierno. 4. En nuestra opinión, las externalidades mas importantes que soporta la regulación en Venezuela son : a) las ambientales, referidas estas a los aspectos de deterioro y contaminación de fuentes de agua, así como a tratamiento y disposición de aguas servidas; b) las distributivas, relacionadas estas con la marcada desigualdad de ingresos de la población y c) La resistencia a aceptar Precios o Tarifas acordes con los costos reales del Servicio como consecuencia de haberlo subsidiado por mas de cuarenta años. En los actuales momentos existen algunos instrumentos de regulación pero no agencias reguladoras . Los instrumentos regulatorios son aplicados, en muchos casos, por los mismos prestadores creando situaciones anómalas para los usuarios del Servicio. 5. No existe otra vía que los subsidios. El tipo de subsidio y sus posibilidades de aplicación dependen da la estructura institucional y política del país. En Venezuela, creemos que los subsidios cruzados entre diferentes estratos de ingresos para una localidad determinada es la vía de mas fácil aplicación. Igualmente, opinamos que este mecanismo puede aplicarse entre poblaciones que compartan un determinado ámbito político territorial. De hecho, la conformación de empresas operadoras con participación de actores locales se orientaba en este sentido, empresas de ámbito etadal o departamental donde participan todos los Municipios del Estado. Con ello se perseguía lograr economías de escala y poder, mediante la aplicación de mecanismos de subsidios cruzados apoyar a los Municipios menos favorecidos. El que los subsidios cruzados sean de mas fácil aplicación, no significa que sean mas eficientes; en todo caso habrá de considerarse las posibilidades reales de aplicación.

Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en: Venezuela

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