INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COSTA RICA Encuentro de la Presidencia de la República con las Auditorías internas 29 de mayo 2014 Marta Acosta Contralora General de la República de Costa Rica Buenos días señor Luis Guillermo Solís R, Presidente de la República Señor Gilberth Calderón, Procurador de la Ética Señor Fernando Mills Moodie, Presidente del IAI de CR Señora Sylvia Solís Mora, Subcontralora General de la República Señoras y señores Auditores Internos Invitados Especiales Quiero iniciar agradeciendo en nombre de la Contraloría General de la República, el honor que se nos otorga para participar en este inédito encuentro. Muchas gracias señor Presidente por su deferencia de reunirse con este grupo de profesionales que tanto puede aportar en sus aspiraciones y en las de muchos costarricenses, en procura de una mayor rendición de cuentas, eficiencia, eficacia en la gestión pública y por una lucha decidida contra la corrupción. He sido invitada en mi calidad de jerarca de la institución que ostenta la rectoría del Sistema Nacional de Fiscalización y Control de la Hacienda Pública, constituido por la Administración Activa, las Auditorías internas y por la Contraloría General. Por ello tengo la responsabilidad de aprovechar esta significativa ocasión para compartir aspectos relevantes de modo que su administración, don Luis Guillermo, pueda obtener el mayor beneficio posible de las

auditorías internas y que éstas a la vez, puedan afianzar sus competencias y la actitud necesaria para agregar valor a las instituciones en las cuales se desempeñan. Las señales de los tiempos exigen una transformación significativa orientada a una sociedad próspera, con mayor bienestar, capaz de satisfacer las necesidades de muchos y muchas costarricenses, que es, en todo caso, principio y fin de cuanto hacemos. Hoy en día, cuando la corrupción

y la deficiente gestión se manifiestan golpeando en

algunos casos a la institucionalidad y en momentos en que los jerarcas asumen retos cada vez más difíciles y con menos recursos disponibles, nuestro esfuerzo mancomunado es una exigencia inevitable. Además, hay una prensa y una ciudadanía que piden cuentas por el buen uso de los recursos públicos y por la generación de resultados. Ahí el tema de la gestión eficiente y efectiva así como la lucha contra la corrupción, son aspectos que se tornan clave para el éxito y para la recuperación de la confianza en la institucionalidad democrática. Esta situación debe ser tomada por las auditorías internas y por la propia Contraloría, como una valiosa oportunidad para contribuir de manera positiva a generar los resultados deseados y, por lo tanto, a generar valor público. Es decir a aportar positivamente al bienestar de la colectividad. Efectivamente, las Auditorías internas deben ser instancias estratégicas

en la vigilancia de la probidad, la transparencia y la garantía de que los

recursos públicos se manejen con la debida rectitud. Hay dos temas fundamentales, vinculados al papel que han de jugar las auditorías internas, los cuales poseen relación directa con ese valor público que deben generar. Me refiero a la gestión transparente, eficiente y efectiva y a la lucha contra la corrupción. Ciertamente, según el artículo 11 de nuestra Carta Magna, los servidores públicos, somos simples depositarios de la autoridad, estamos obligados a cumplir los deberes que la ley nos impone y, por lo tanto, no podemos arrogarnos facultades no concedidas en ella. Plantea esta norma, además, que la administración pública, en sentido amplio, debe someterse a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas. En consecuencia con lo anterior concordamos con lo manifestado por el señor Presidente en su mensaje de toma de posesión en el sentido de que: “para que la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el manejo del erario público sea exitosa no puede ser librada

únicamente desde el gobierno. Corresponde también a la sociedad civil, apoyada por los órganos de fiscalización y por los medios de comunicación, vigilar y evaluar la forma en que los funcionarios públicos cumplamos nuestros deberes”. ¿Cómo podemos entonces de manera estratégica y, por ende, prioritaria aportar a una gestión diáfana, eficaz y eficiente y a la lucha firme contra la corrupción, de cara a las necesidades colectivas? Para empezar, es necesario que todas las partes comprendamos que el control no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento al servicio del mejor logro posible de los objetivos esenciales de las entidades. Vale la pena recordar que la existencia de controles efectivos y eficientes es responsabilidad primaria de la administración. Los establece, los evalúa y los redefine de acuerdo con el sistema de control interno que requiere para alcanzar sus objetivos y por lo tanto para hacer una buena gestión. La auditoría interna y el control externo a cargo de la Contraloría General buscan fortalecer y mejorar esos controles, en el entendido, de que los mismos están ahí para mitigar riesgos y alcanzar objetivos.

Aún

cuando estos controles que realiza la auditoría interna y la CGR se manifiesten como evaluaciones dirigidas a la administración; se deben entender con ese enfoque esencial de afán colaborativo, para el mejor logro de los cometidos institucionales. Por lo tanto, entre mejor defina y explique una administración cómo espera cumplir su misión, con cuáles objetivos y metas, con cuál fundamento jurídico y técnico, en qué plazos, con cuál asignación de recursos y prioridades, entonces, las auditorías internas y la misma Contraloría estarán en mayor capacidad de aportar valor a la gestión, a la evaluación de resultados y a la rendición de cuentas, así como a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Al proceder así resolveremos parte importante de las situaciones que con frecuencia detectamos. Además de tomar decisiones respecto de objetivos, medios, procesos y de velar por la calidad de los controles, los jerarcas y titulares subordinados tenemos el deber de mantener y demostrar integridad y valores éticos en el ejercicio de los deberes y obligaciones, así como contribuir con liderazgo y acciones a promoverlos en el resto de la organización. Otro deber básico es desarrollar y mantener una filosofía y un estilo de gestión orientado al logro de resultados y a la medición del desempeño, así como promover una actitud abierta hacia mecanismos y procesos que sobre todo mejoren el sistema de rendición de cuentas y la transparencia. El cumplimiento de estos deberes marca la pauta del comportamiento del

resto de los funcionarios y funcionarias. Es decir, debemos predicar con el ejemplo, esto marca la pauta también para una buena gestión y para la prevención de la corrupción. Se requiere por ello de liderazgos fuertes y comprometidos . Tanto las auditorías internas como la Contraloría General han venido, a través de los años, emitiendo disposiciones y recomendaciones en torno a factores que son recurrentes y que afectan la gestión pública. En muchas oportunidades es difícil lograr que esas disposiciones y recomendaciones se implementen porque hay causas

estructurales de los hallazgos,

porque el entorno jurídico o técnico varía y el cumplimiento se complica, o bien porque hay falta de interés y de voluntad para cumplir como es debido. Estas causas de incumplimientos nos llevan a procesos tediosos y desgastantes con la Administración y pone en alto riesgo la generación de resultados del trabajo que hacemos todos. Algunos ejemplos de factores que afectan la gestión pública identificados por la Contraloría General -en algunos casos en acompañamiento con las auditorías internas- se refieren a la aventurada toma de decisiones de algunas administraciones; decisiones sin respaldo técnico como por ejemplo, el caso de aumento de remuneraciones, sin verificar su sostenibilidad financiera. Esto incluye también decisiones y actos administrativos con delicadas implicaciones no sólo sobre el presupuesto del período, sino afectando y comprometiendo el flujo futuro de gastos. Es indiscutible que para la gestión correcta de una institución pública, se requiere de información completa y veraz para la toma de decisiones. Difícilmente se puede conocer la posición financiera de una organización de no contarse con la información financiera y contable. Al respecto, aún existe un alto porcentaje de instituciones públicas que no han adoptado un marco técnico contable de acuerdo con normativa de aceptación internacional y nacional, lo cual resta calidad y confiabilidad a la información disponible. Sin información completa y veraz en cualquier ámbito institucional, las decisiones de los gestores están condenadas a ser tomadas con base en imprecisiones, intuición, creencias o incluso, con base en presiones de terceros interesados. Otro factor recurrente es la débil gestión de ingresos,

particularmente la de aquellos

provenientes de los impuestos, tasas y contribuciones sociales y por otro lado, la gestión de cobro de tarifas y precios de actividades comerciales de las empresas públicas. Se han observado problemas de evasión, morosidad, exoneraciones y prescripción de cuentas por

cobrar, desactualización de la información de la población cotizante, entre otros, que indican una debilidad de gestión que afecta el potencial de ingresos de importantes instituciones que dependen de ellos para operar. Se observa además, la desactualización de precios y tasas de los servicios prestados, así como de las metodologías para determinar tarifas, lo cual afecta el monto total de los ingresos institucionales. Otro factor que vale la pena mencionar es la débil gestión en el manejo de costos. La búsqueda constante de espacios de ahorro y de mejora es deber y responsabilidad del gestor público; sin embargo, no es la regla que se cumple. En la medida en que se logre disminuir la fuga de recursos en actividades de desgaste, mejora la solvencia y la posibilidad de generar valor público. Otro factor identificado consiste en las dificultades para la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, a partir de la información contenida en el Índice de Gestión institucional del 2013 es posible ver que cerca de un 37% de las instituciones no publican en su sitio electrónico sus planes, ni su evaluación. La práctica de publicar acuerdos, actas de juntas directivas e informes de la auditoría interna, es la excepción porque más del 70% de las instituciones, no lo realiza. Otro factor que afecta es la gestión de proyectos. Existen fallas relacionadas con la prolongación innecesaria de los plazos de preparación, con la indefinición del objeto a contratar o con el retraso en la consecución de requisitos por parte del Estado para iniciar el proyecto, tales como expropiaciones, permisos ambientales, autorizaciones municipales, entre otros. Otros temas fundamentales para la gestión han sido evaluados por la CGR y las auditorías internas y permanentemente se les da seguimiento. Tal es el caso de compras públicas, recursos humanos, tecnologías de la información y gobierno digital,

clave de éxito para

cualquier gestión responsable. He expuesto solamente algunos temas fiscalizados, la lista, por supuesto, no acaba aquí. También hemos trabajado arduamente en la prevención, detección y sanción de la corrupción. No es una lucha fácil ni de corto plazo. Valga destacar que la auditoría interna puede contribuir con sus servicios y luchar contra la corrupción, no sólo a través de la atención de denuncias sino también mediante la auditoría, el fortalecimiento de la ética, el

fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades en las que se desempeña. Esta es una responsabilidad ineludible y prioritaria de toda auditoría interna. En el caso de la CGR en 2013 se recibieron más de 800 denuncias, la mayoría de gran complejidad y muchas de ellas con carácter estratégico, claro está no todas se refieren a corrupción, algunas denuncian mala gestión. Los temas más denunciados se relacionan con contratación administrativa, aspectos laborales y enriquecimiento ilícito. En 2013, el sector municipal fue el más denunciado. Por su parte, la institución más denunciada fue el MEP, seguido del ICE, el CONAVI, CCSS y el MOPT. Tanto las auditorías como la CGR, cuando corresponde, presentamos denuncias penales ante el Ministerio Público. La CGR actualmente ha presentado alrededor de 70 asuntos ante el Ministerio Público relaciondos con posibles delitos como peculado, falsedad en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, falsedad ideológica, malversación, cohecho, prevaricato, entre otros. Por otra parte, existe una actividad importante en materia de procedimientos administrativos. Claro está que

la actividad de la Contraloría en este tema se ha visto

diezmada a raíz de que no se puede dictar el acto final de alrededor de 144 procedimientos, en virtud de un par de acciones de inconstitucionalidad contra la potestad sancionatoria de la CGR, como ustedes comprenderán este es un asunto que me preocupa enormemente. Por otra parte, para beneficio de la ciudadanía en general, existe en nuestra página web información muy valiosa sobre las actuaciones de todas las instituciones públicas en materia de compras y presupuesto. Todos sus movimientos están ahí revelados. Se puede denunciar electrónicamente y además, se puede observar el registro de funcionarios públicos sancionados, entre otra información relevante a su servicio. Así se genera transparencia, antídoto por excelencia contra la corrupción, así se promueve la paricipación ciudadana y el control social. En todo esto y muchísimo más estamos trabajando en la CGR y en las auditorías internas. No obstante, deseo manifestar, que sí bien es cierto hacemos intensos esfuerzos por luchar contra la corrupción, esta es una lucha cuyos resultados nadie puede lograr en solitario. Debe ser un esfuerzo conjunto entre los aquí presentes y de otras instituciones con responsabilidades importantes en la materia, y de la sociedad en general, mediante esfuerzos que han de ser permanentes y sostenibles. La actitud positiva hacia el control incluye una relación profesional y de mutuo respaldo entre jerarquías y auditorías internas. En virtud de lo anterior, es primordial el compromiso que la Administración demuestre con la auditoría interna. En principio para dotarla de los medios necesarios y razonables para su integración y funcionamiento, pero más aún en cuanto al respeto del ejercicio independiente y objetivo de su labor, interés por conocer sus planes de trabajo, sus productos y atender con diligencia sus recomendaciones, asesorías y

advertencias. También para apoyar y fomentar los esfuerzos que realizan, por exigirle un alto desempeño y una mejora continua de sus capacidades. Se vale disentir, se vale discrepar con la Auditoría Interna, es sano discutir los informes, lo que no tiene sentido es hacerla a un lado y meter sus recomendaciones en el congelador o bien desacreditarla por el mero hecho de no compartir sus informes o bien, por estar en desacuerdo con la misma. Sobre esta necesaria relación de apoyo, las auditorías internas públicas no escapan a la realidad de las entidades u órganos de la que forman parte. De este modo, hallaremos desde auditorías muy consolidadas, con amplias dotaciones de potencial humano y recursos hasta otras, que no cuentan con esas mismas fortalezas. Claro, la abundancia de recursos no da garantía de desempeño excelente, tampoco la escasez de recursos es sinónimo de desempeño mediocre. Hay auditorías internas que, independiente de su dotación de recursos, logran alto o bajo desempeño. Es necesario

recordar que los auditores internos forman parte de la estructura

organizacional de la institución a la que pertenecen, rinden cuentas el jerarca institucional y no a la Contraloría General. Aunque parezca increíble, en estos tiempos todavía algunas autoridades llegan a mi despacho a “devolverme a mis auditores” creyendo que dependen de la Contraloría. Cuando digo que los auditores y auditoras rinden cuentas me refiero a que como cualquier otro funcionario o funcionaria pública, deben dar cuenta por el cumplimiento de sus planes y por su desempeño al jerarca. Por supuesto, es significativo destacar que los servidores y servidoras de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto de su jerarca y de los demás órganos de la administración activa. Es decir, éstos deciden qué auditar o controlar, cómo hacerlo y cuándo, sin detrimento que puedan recibir sugerencias o solicitudes expresas . Corresponde a la auditoría interna, desarrollar con excelencia su actividad independiente, objetiva y asesora, que contribuya al logro de los objetivos institucionales. La auditoría debe hacerlo mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional, con el debido alcance y evitando, a todas luces, la coadministración. Los auditores internos saben perfectamente al igual que la Contraloría, que no

deben tomar decisiones que corresponden a la

administración. Las auditorías internas deben dirigir sus esfuerzos, primordialmente a identificar las áreas más susceptibles a riesgos de gestión inefectiva, ineficiente, negligente o irregular en el

accionar de las entidades en las que prestan sus servicios. Una atinada identificación y valoración del riesgo permitirá una mejor planificación y ejecución del trabajo . Por otra parte, quiero destacar que las auditorías internas deben generar recomendaciones realmente efectivas. Estoy poniendo sobre la mesa un tema que es el corazón de la función de la auditoría interna. Si no se emiten recomendaciones realmente efectivas, no se genera valor ni se consolida la función de la auditoría interna. Al contrario, pierde credibilidad. Esto lo comentamos el año pasado en el seno del XIV Congreso de Auditoría Interna, todas las partes debemos entender que una recomendación que no agrega valor no es efectiva. Puede estar muy bien redactada, clara, concisa y discutida con la administración o incluso, implementada pero si no contribuye a prevenir o a resolver situaciones que obstaculizan la eficiencia o eficacia o si no combate la corrupción, en términos reales no se está aportando valor. Sí en vez de ello se está generando más tramitología, más trabajo sin sentido o mayor entrabamiento, o bien, sí se está agobiando a la administración sin justificación válida, no se aporta valor, y se desacredita así la naturaleza misma de la Auditoría. Eso sí, dado que las recomendaciones de las auditorías internas no son vinculantes, lo que resta para convencer o persuadir de su beneficio y aplicación, es agregar valor y ser técnicamente rigurosos. Si esto no se da, entonces se afectará negativamente la credibilidad de la auditoría interna. Igualmente se afectará si no se cuenta con evidencia suficiente y pertinente sobre los hallazgos. No se debe concluir o recomendar sobre juicios de valor. Exigencias adicionales para que las auditorías internas sean excelentes son, entre otras, dar el ejemplo incuestionable de rectitud y probidad, valentía, objetividad, independencia, actualización profesional , calidad y la aplicación efectiva de las TIC. Por otra parte, como mencioné anteriormente, la CGR es el órgano rector del SNFCHP. Los fines primordiales de este sistema, son garantizar la legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos. La CGR, desde sus facultades de fiscalización tales como la aprobación presupuestaria, auditorías, investigaciones, y desde sus facultades rectoras

en materia de normativa,

nombramientos, solución de conflictos y de capacitación externa, ha mantenido, una línea de apoyo a las auditorías internas para el fortalecimiento de sus capacidades, a efectos de que

los sistemas de control interno del sector público e indicadores clave de gestión institucional vayan mejorando como fruto del esfuerzo conjunto. Iniciativas como los programas de capacitación, medición de índices con importantes contenidos sobre control interno como el de gestión institucional, el de información municipal y el ranking de la auditorías internas, fuerzas de trabajo conjunto en temas como la emisión y actualización de normativa ajustadas a sanas prácticas internacionales o herramientas para las auditorías de la ética y buenas prácticas para la función asesora, entre otras, dan cuenta de la prioridad estratégica que esta relación tiene para la CGR. Asimismo, es destacable el apoyo que las auditorías internas suelen prestar a la CGR para el desarrollo de nuestros procesos de trabajo, a sabiendas de que cuentan con su propia carga de trabajo. Reconozco, por supuesto que no todo está dicho y hecho en materia de integración de esfuerzos y que debemos continuar estrechando esta relación profesional para mejorar nuestro trabajo en beneficio de la institucionalidad y de nuestra población. Reafirmo entonces que, tanto la Administración como las Auditorías internas y la misma Contraloría General, cada cual en su ámbito de competencias, tenemos el interés común de que el control

sea un medio técnico riguroso, efectivo y eficiente, facilitador y jamás

obstáculo, para combatir la corrupción y promover una gestión pública al servicio de las diversas necesidades colectivas que como manifesté al principio, es la razón de ser de cuanto hacemos. Además, tenemos la inmensa responsabilidad de generar transparencia, brindando a la ciudadanía conocimiento sobre nuestros informes y otros productos. Finalmente, para que este encuentro marque una diferencia sustantiva que contribuya a los cambios que la sociedad exige, tales como más y mejores bienes y servicios, gasto de calidad, austeridad, lucha contra la corrupción y la impunidad, combate a la pobreza, competitividad, entre otros, es que apelo de manera vehemente a que cada uno de nosotros ejerza el rol que le corresponde y que bajo ninguna circunstancia soslaye la importancia que tiene, dentro del marco de las competencias que nos han sido encomendadas, devolver a la ciudadanía la confianza y la credibilidad en sus instituciones. Apelo al trabajo conjunto y de calidad, al fortalecimiento de nuestra labor, y a la convicción de que somos capaces de marcar esa diferencia. Muchas gracias, buenos días