ISBN: JUSTICIA HÍDRICA. 7 ensayos como aportes para articular las luchas. Amigos de la Tierra Colombia

ISBN: 978-958-97996-8-0

JUSTICIA HÍDRICA 7 ensayos como aportes para articular las luchas

Amigos de la Tierra Colombia Enero de 2010

JUSTICIA HÍDRICA 7 ensayos como aportes para articular las luchas

Amigos de la Tierra Colombia Coautores: Hildebrando Vélez Galeano Jessica Budds Rafael Colmenares Tom Perreault Hernán Darío Correa C. Edgar Isch L. Laura Guerrero Enero, 2010

JUSTICIA HÍDRICA 7 ensayos como aportes para articular las luchas Coautores: Hildebrando Vélez Galeano Jessica Budds Rafael Colmenares Tom Perreault Hernán Darío Correa C. Edgar Isch L. Laura Guerrero

Ilustración de portadas: Mural Monocultivo del pino ¿Arraigo o desarraigo? - Sevilla. IE Sevilla sede John F. Kennedy Este libro se publica con el apoyo del Programa en Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sustentable del Departamento de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Internacionales de Holanda. ISBN: 978-958-97996-8-0

Tabla de Contenido Presentación

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Con Sueños Pintados Recuperaremos Nuestros Territorios…

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Elementos para una Ecología política del agua Reflexiones preliminares Hildebrando Vélez G. La soberanía en aprietos Los promotores del mercado neoliberal Otra racionalidad de la economía es posible Bibliografía

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Las relaciones sociales de poder y la producción de paisajes hídricos Jessica Budd

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Introducción Un enfoque desde la ecología política para el análisis del cambio social y ambiental Naturaleza social Agencia biofísica Las relaciones sociales de poder y los cambios en los paisajes hídricos Acotaciones finales Referencias

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El Referendo por el Derecho Humano al Agua en perspectiva Rafael Colmenares

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La oposición del Gobierno al Referendo por el Agua Un marco político cada vez más antidemocrático La política ambiental en Colombia La profundización de la crisis ambiental El modelo del “desarrollo” El derecho humano al agua avanza en el mundo Avances y contradicciones del derecho al agua en la Corte Constitucional Colombiana El referendo como respuesta y alternativa ciudadana

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El capitalismo, la naturaleza y la identidad social: Una teorización incompleta Tom Perreault

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Introducción

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La “Primera Contradicción del Capitalismo”: Capital/Mano de obra La “Segunda Contradicción del Capitalismo”: Capital/Naturaleza El poscolonialismo y los límites del análisis marxista Hacia una suerte de conclusión Bibliografía Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales Notas y preguntas hacia una caracterización social y política Hernán Darío Correa C.

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Presentación y alcances de este trabajo La desgarrada base socio-cultural y política de las experiencias de manejo social del agua en Colombia Los acueductos comunitarios Nota para un balance entre resultados y perspectivas del manejo del agua en la encrucijada nacional actual

La contaminación del agua como proceso de acumulación Edgar Isch L.

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Introducción Apropiación del agua y contaminación Contaminación y justicia hídrica Contaminación: ¿un nuevo negocio? Justicia hídrica y justicia ambiental Acumulación, contaminación y deuda ecológica Contaminación y sostenibilidad A modo de cierre

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Colombia: Planes Departamentales de Agua: incoherencias, retos y oportunidades Laura Guerrero

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Resumen Introducción El agua: su importancia para la vida y su disponibilidad Los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia ¿Qué son y en qué consisten los PDA? La entrada de Operadores Especializados – entre lo público y lo privado – Un nuevo régimen tarifario Un esquema regional para un Estado con autonomía municipal Nuevo Sistema Financiero: Nuevos créditos con la banca Multilateral Las dinámicas regionales y territoriales del país en contraste con un programa departamental Sostenibilidad ambiental, un reto colectivo

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Presentación JUSTICIA HÍDRICA es un compendio de investigaciones y reflexiones que buscan aportar en la comprensión del tema e insumo para las luchas por esta causa. Las elaboraciones que constituyen este volumen sintetizan desde distintas miradas y experiencias la naturaleza del problema y trazan caminos en ámbitos diversos.

Hildebrando Vélez G., en sus reflexiones preliminares sobre la ecología política del agua, muestra las limitaciones de la economía neoclásica y neoliberal — y por tanto, del mercado y el libre comercio— para comprender los asuntos de la equidad y la justicia en relación con el agua. Propone que la perspectiva alterna para su abordaje cabal sea la Ecología Política, EP.

La Dra. Jessica Budds presenta en este documento un marco conceptual desde la geografía humana que parte de las teorías de la ecología política para proponer un medio de comprender temas relacionados con el agua y sus consecuencias sociales y ambientales. Rafael Colmenares precisa el sentido y proyección del Referendo por el Derecho Humano al Agua tras un año largo desde que se radicó ante la Cámara de Representantes para establecer en la Constitución colombiana el acceso al agua potable como derecho humano fundamental y una amplia protección ambiental al ciclo hídrico.

"El capitalismo, la naturaleza y la identidad social: Una teorización incompleta", es una elaboración de Tom Perreault del Departamento de Geografía Universidad de Syracuse Nueva York, trabajada a partir del desarrollo de tres contradicciones sociales fundamentales:

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Elementos para una ecología política del agua. Reflexiones preliminares.

(1) entre mano de obra y capital; (2) entre la producción capitalista y la naturaleza; y (3) entre las posiciones de los sujetos producidas a través de las relaciones capitalistas de producción (es decir, identidades de clase) y aquellas posiciones de los sujetos que existen dentro de las relaciones capitalistas pero que no pueden reducirse a ellas (es decir, género, raza y origen étnico). Hernán Darío Correa C., impulsor de la Campaña Nacional del Agua que culminó con el Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, presenta en su ensayo “Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales notas y preguntas hacia una caracterización social y política” una observación socio-política de dichos acueductos para cualificar la campaña y abrir camino a una investigación sistemática sobre los mismos en todo el país. Las ideas condensadas en esta elaboración corresponden al ejercicio anterior más algunas proposiciones complementarias o críticas, así como nuevas preguntas sobre las relaciones de los mismos con los movimientos sociales en torno al agua que se han presentado en el país en las últimas décadas, o que se hacen previsibles dentro del conjunto de problemas nacionales actuales. El Encuentro-Taller de Justicia Hídrica, realizado en la ciudad de Cuzco el pasado noviembre, abarcó campos importantes y diversos en los cuales la existencia de justicia-injusticia se hace presente. Allí se analizó la temática de contaminación presentada en la ponencia que se incluye en este material, preparado por Edgar Isch L., miembro del Foro Nacional de los Recursos Hídricos (Ecuador).

Finalmente, Laura Guerrero, Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, desarrolla Colombia: Planes Departamentales de Agua: Incoherencias, retos y oportunidades, un interesante ejercicio que describe y analiza estas problemáticas a la luz de la ejecución de los PDA en algunos departamentos del país. En suma un complejo de ideas, apuntes, notas y reflexiones que seguramente contribuirán a entender el tema y serán de especial utilidad en la lucha por el vital elemento. Los editores.

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CON SUEÑOS PINTADOS RECUPERAREMOS NUESTROS TERRITORIOS…

Entre los meses de octubre y diciembre de 2009 se llevó a cabo el concurso de murales PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES, donde instituciones educativas y organizaciones culturales, ecologistas, ambientalistas y sociales de los municipios de Sevilla, Dagua, Ginebra, Cali y Armenia expresaron sus ideas y conceptualizaciones pictóricas acerca de las temáticas: agua, monocultivos y cambio climático.

Este ejercicio artístico y de ecologismo popular, valiosa herramienta de alfabetización ambiental, es una clara muestra de los procesos de movilización y organización de las comunidades en el suroccidente colombiano que vienen siendo afectadas por los monocultivos y las diferentes estrategias de mercantilización de la naturaleza y, valga decir, un tributo al agua en todas sus expresiones como se verá en las fotografías de los murales incluidos en este libro.

Las poblaciones y comunidades humanas decimos ¡¡¡JUSTICIA CLIMÁTICA E HÍDRICA YA!!! Una justicia que involucre prácticas de supervivencia dignas, armónicas con la naturaleza, festivas, artísticas y fraternas; nuevas formas de relacionarnos con el agua, agua como ente, como otro ser más, no agua para el uso o para ahorrar porque se agota para el ser humano, agua para la vida misma del agua, para la vida en el planeta. Sin más palabras, las obras de los participantes en el concurso de murales darán cuenta, entre cada capítulo, de qué mundos y territorios soñamos. Sandra Viviana Cuéllar Gallego

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Concurso de Murales: PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES

Desarrollo Económico - Sevilla Grupo Impulsor Comunitario

Un mural es un recurso visible, permanente, que no acusa ni discrimina. Nos muestra lo que realmente está pasando y sobre todo, genera sensibilización profunda, porque son los sentidos los que hacen a la comunidad… a hacer un alto en el camino y preguntarse qué está pasando realmente. Colectivo Cultural y Artístico de Salento

Elementos para una Ecología política del agua Reflexiones preliminares Hildebrando Vélez G. Ambientalista, Director Censat Agua Viva [email protected]

Elementos para una Ecología política del agua. Reflexiones preliminares. Hildebrando Vélez G. Estas reflexiones, que anidan en nuestra práctica política, pretenden mostrar las limitaciones de la economía neoclásica y neoliberal — y por tanto, del mercado y el libre comercio— para comprender los asuntos de la equidad y la justicia en relación con el agua. Proponen que la perspectiva alterna para su abordaje cabal sea la Ecología Política, EP. La EP emplea categorías y conceptos comprensivos, entre otros, como los de justicia ambiental, intercambio ecológico desigual, mochilas ecológicas y deuda ecológica, que se incuban en las corrientes del ambientalismo latinoamericano y universal, y que ponemos en juego en nuestras acciones de pensamiento, resistencia y trasformación. Advertimos que los compromisos comerciales de nuestros países podrían afectar las aguas en sus usos y conservación. Dada la realidad histórica colombiana, la evolución de sus relaciones comerciales y los patrones de especialización que caracterizan su comercio exterior, y como fruto del condicionamiento de las políticas internas y de su sujeción al hegemón colonialista estadounidense, no resulta descabellado asegurar que, con o sin negociaciones de tratados comerciales internacionales, los intereses de los poderes prevalentes en el orden nacional seguirán conducidos por su articulación con los intereses capitalistas, principalmente de los Estados Unidos, y por la consolidación del poder corporativo transnacional en la región. Tendencia histórica que se advierte también por expresiones del proceso de globalización reciente, a través de la formación de mercados regionales como el NAFTA, el CAFTA y el MERCOSUR —que aceptó entre sus miembros a Venezuela a finales de 2009—, los dos primeros hegemonizados por EE.UU. y el último por Brasil. Hemos de diferenciar lo que se entiende como la internacionalización del Estado y los procesos de globalización, asuntos que, aunque

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Elementos para una ecología política del agua. Reflexiones preliminares.

son teóricamente distintos, aparecen mezclados caleidoscópicamente en los hechos cotidianos. La internacionalización ha estado referida fundamentalmente a la economía clásica y tiene que ver con la dinámica comercial, las inversiones, remesas y rentas de la Inversión Extranjera Directa —IED—, los créditos y servicio de la deuda, todos regulados por el Estado y por las organizaciones multilaterales. La globalización por su parte hace referencia a los procesos de organización de la producción y las finanzas en redes que escapan al control normativo de los Estados y de sus organizaciones (Ramírez, Socorro, et al., 1997). De ahí que apreciemos los acontecimientos relacionados con la mercantilización de la naturaleza como asuntos de la internacionalización, que a la vez develan relaciones con los procesos de globalización. Ahora bien, asumimos que a estos fenómenos de la globalización y la internacionalización los movimientos sociales y políticos les enfrentan en sus propios terrenos desde una perspectiva que es mundial, que aun siendo de alcance limitado, local o temático, su enfrentamiento es sistémico frente a la totalidad (Laclau, E. 2008) que la élite mundial capitalista impone sobre la humanidad. La resistencia es expresión de una totalidad de lucha y de vida que nos encamina en la construcción de otro mundo posible. La resistencia latinoamericana y amerindia a la globalización y la internacionalización ha crecido, como puede apreciarse en los casos de Venezuela, de Bolivia y en los sucesivos intentos de los movimientos sociales en Ecuador que pugnan por situarse en la conducción del destino nacional; como también, con matices importantes, en las luchas centroamericanas y con los gobiernos del FMLN y el FSLN, en Salvador y Nicaragua respectivamente. Las luchas contra la hegemonía capitalista y las confrontaciones que desde el campo popular se emprenden contra las formas de dominación y las injusticias distributivas y discriminatorias instaladas en nuestras sociedades en América Latina son, de alguna manera, vías de expresión de la lucha contra la globalización capitalista; ellas encuentran un camino de construcción de soberanías e identidades populares en su articulación con las luchas vecinas y en otros hemisferios. La totalidad de estas expresiones constituye el Modo de producción de nuestro propio mundo. Ahí la Ecología Política es una herramienta y también una práctica que se expresa en las acciones y procesos que siguen las luchas ambientalistas. Entre las luchas recientes —en las que CENSAT se ve

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Justicia Hídrica

involucrado— que toman las aguas como elementos articuladores y las categorías y conceptos de la EP como pilares teóricos, se encuentran: la resistencia a Hidrosogamoso, la defensa de las “Madres Viejas” del río Cauca, la defensa de los páramos frente a la explotación minera —particularmente en la Provincia de García Rovira, departamento de Santander—, la promoción de la conservación y recuperación de cuencas urbanas (Cali, Ciudad de las Aguas), el Referendo por el Agua, el estudio de las afectaciones de la variabilidad climática sobre las cumbres nivales (con comunidades indígenas en Puracé, Departamento del Cauca), el seguimiento a la implementación de políticas públicas como son los Planes Departamentales y, recientemente, hemos querido atizar los temas relacionados con las zonas costeras y las aguas marinas, especialmente en la región del Pacífico colombiano. Las aguas son pues elementos transversal y permanente en nuestro accionar. Si bien las luchas que hemos emprendido por el agua en Colombia y, me atrevería a decir, en América Latina, han traído victorias concretas y han cimentado movimientos que son savia de trasformaciones políticas, la construcción de una corriente de pensamiento-acción que aliente cambios estructurales, sociales y económicos, apenas si atisba un horizonte ambientalista. Es pues un reto perfilar y movilizar colectivamente nuestras ideas, nuestras potencialidades y nuestros esfuerzos en la configuración de una corriente de Justicia Ambiental que halle asidero en las luchas por las aguas, y que materialice nuestras aspiraciones de Justicia Hídrica.

Sin duda no están solitarias nuestras organizaciones y movimientos, pero tampoco tenemos lazos suficientemente fuertes que nos permitan consolidar la descolonización de nuestros territorios, de nuestras mentes y de nuestras utopías. Es una tarea que estamos haciendo, no sin dudas, no sin retrocesos, pero sí con la terquedad de quienes no soportan llevar las cadenas en el cuello. Las luchas contra las grandes represas, contra el desvío de las aguas para el servicio de la gran agroindustria y de las inversiones mineras e inmobiliarias; las luchas por el acceso urbano y rural y contra las tarifas que desecan los escasos ingresos de las gentes del común; las estrategias de desconexión y autoabastecimiento; las luchas contra las infraestructuras hídricas que confiscan los presupuestos públicos e inducen deudas públicas onerosas, odiosas y leoninas; las luchas contra las grandes corporaciones trasnacionales que concentran las ganancias y los derechos sobre

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Elementos para una ecología política del agua. Reflexiones preliminares.

el agua, la tierra y el trabajo; las luchas contra la privatización de los servicios públicos y contra las legislaciones mercantilistas que socavan la soberanía y los derechos tradicionales de uso y aprovechamiento comunitarios; las luchas por la defensa de los territorios y ecosistemas de importancia cultural y fisiográfica; las luchas por la soberanía ecológica y contra las industrias de la minería; en fin las luchas por instaurar proyectos de vida y sociedades sustentables son todas, sin excepción, también luchas por la Justicia Hídrica.

Cada una de estas luchas locales, sectoriales, regionales o nacionales son una totalidad, y como un fenómeno rizomático se extienden en las entrañas de nuestras sociedades augurando que un Mundo sustentable y justo es posible y que los pueblos en lucha lo estamos haciendo. Cada lucha es como una unidad fractal donde se reproduce la totalidad de nuestro sentido de justicia y de nuestra construcción de buen vivir. Por eso es que creemos posible que una corriente de lucha por la Justicia Hídrica se configure y se ponga de manifiesto en todo el mundo mediante procesos de solidaridad epistemológica, económica y política. Ahora bien, la trama de luchas por las aguas prefigura además una concepción de qué son las aguas, de para qué son las aguas, de cómo son las aguas. Los ciclos de ésta en el planeta Tierra ya no obedecen solamente a procesos autopoiéticos sino que están modificados por las intervenciones humanas. Aguas contaminadas, densificadas, entubadas, almacenadas artificialmente, atravesando terrenos erosionados antrópicamente, moviéndose por las monótonas plantaciones agroindustriales, atravesando turbinas o viajando embasadas grandes extensiones, son aguas que han incorporado en su dinámica altas dosis de energía artificial y relaciones sociales deshumanizadas, aumentando su entropía, contribuyendo a la pérdida de su función vital, de su calidad termodinámica y ecológica en los ciclos en los que se incorporan o desincorporan. Los procesos de producción del agua no son procesos completamente “naturales” sino agenciados por las sociedades. Y no en pocos casos ese agenciamiento es para permitir la acumulación de riqueza, la concentración de capital. La degradación termodinámica de los ciclos hídricos que se ocasiona en el marco de relaciones de producción capitalistas se traduce en acumulación de ganancias para el gran capital y pérdida de acceso y calidad de las aguas para la gran mayoría de los seres humanos, los cuales vemos así más empobrecidas nuestras posibilidades de existencia.

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Justicia Hídrica

No puede desconocerse que ha habido históricamente una producción social del agua, y en general de la naturaleza y de la naturaleza humana (Harawey, Dona, 2004), y esa construcción ha sido, al menos durante el capitalismo, generadora de una gran irreversibilidad entrópica que se expresa en fenómenos como el calentamiento global, la desertización antrópica, la contaminación atmosférica, la destrucción de la biodiversidad, y todo ello con graves y grandes iniquidades e inequidades sociales, económicas y ecológicas. Es mediante el reconocimiento de esta relación entre sociedad y naturaleza y de las formas de causación de fenómenos destructivos-productivos que agencia el capital como puede fundamentarse el sentido de la lucha por la justicia hídrica y, apelando a categorías de la EP, como estas luchas producen y apropian estrategias discursivas y políticas que instalan un ambientalismo que nosotros estamos llamando Ambientalismo Raizal, es decir radical e identitario.

Servirnos de los criterios y categorías de la ecología política que hemos venido apropiando y profundizando, contribuye a fortalecer este Ambientalismo Raizal desde una perspectiva de descolonización teórica y política. En consecuencia, empleando la “caja de herramientas” que nos provee la EP y que está abierta a nuevos elementos, se puede erigir una crítica a las maneras como se intervienen los territorios con motivaciones mercantilistas que conllevan impactos que no puedan verse claramente desde perspectivas positivistas o funcionalistas, y que validan que usemos aproximaciones probabilísticas y complejas más allá de la misma complejidad que los fenómenos en sí entrañan. La complejidad del análisis no equivale a la complejidad del fenómeno. Los conflictos que en todos los ámbitos de nuestra praxis se manifiestan poseen características particulares que podrían señalarse. Así por ejemplo, los predios que son afectados en unos casos elevan sus precios, y en otros, con la disposición de residuos, lo pierden. En algunas situaciones, los impactos biofísicos y culturales conducen a la pérdida de estrategias de sobrevivencia, y en otros el fin es recuperarlas, reinventarlas o resistir su destrucción. En todos los casos, incluidos los que se muestran como alternativas, las evaluaciones económicas y la racionalidad económica no sólo obedece a un marco neoclásico sino que establece como primordiales y dominantes las relaciones económicas por sobre las demás relaciones sociales. Los costos ambientales para las generaciones futuras tienen tasas de descuento cero en las

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Elementos para una ecología política del agua. Reflexiones preliminares.

acciones actuales; la inmediatez del lucro hace que las externalidades negativas sean socializadas cuando los beneficios son concentrados; las deudas ecológicas y los pasivos ambientales desaparecen de los cálculos, etc., amén de las limitaciones estructurales de tal racionalidad que desconoce los límites de los ecosistemas y la naturaleza, y se ajena de los principios de la termodinámica y sus implicaciones para la economía, cuyo reconocimiento implicará una revolución epistemológica, tecnológica y quizá civilizatoria.

La EP de las aguas ve más allá de estos fenómenos destructivos y de las políticas ambientales del agua. No sólo se ocupa de describir los procesos de degradación o de establecer cómo reducirlos, sino que más bien busca sus causas y las fuerzas motrices de estos fenómenos de producción-reproducción del agua e indaga y moviliza para revertir estos procesos destructivos. Este camino conduce necesariamente a generar cambios radicales en la racionalidad que permitan instaurar una sabiduría ambiental y deponer la racionalidad economicista que impera hasta hoy en la modernidad. La crítica a tal racionalidad deja ver que las formas económicas no sólo han llevado a la devastación de la naturaleza sino que las nuevas condiciones heterostáticas no se ajustan con las condiciones homeostáticas acostumbradas e impiden la auto-reparación de los organismos y ecosistemas, generándose patologías ambientales y sociales donde las probabilidades de adaptación para las mayorías de las gentes y ecosistemas son bajas dados los niveles altos de variabilidad caótica que el sistema capitalista induce en las relaciones sociedad-naturaleza. De hecho, nos enfrentamos a unas condiciones de imposibilidad para lograr una plena restauración de ecosistemas destruidos dada la insustituibilidad de las especies y ecosistemas desaparecidos y la inconmensurabilidad económica de sus funciones. Finalmente, no sobra anotar que muchos fenómenos destructivos traen realimentaciones positivas que llevan a los sistemas ecológicos y a las sociedades humanas hacia bifurcaciones de su devenir en condiciones de menor calidad termodinámica con consecuencias negativas para éstas y otras poblaciones humanas y no humanas vulnerables o más vulnerables que, en el mismo proceso y bajo determinadas condiciones económicas, han visto o verán reducidas su capacidades de resiliencia social y ecológica. Los metabolismos de la naturaleza y de la producción artificial se trenzan en enmarañadas realidades socio-ecológicas que están de-

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terminadas hoy por un sistema de lucro destructivo y guiadas por un sistema de valores egoísta del que se sirven élites económicas y burocráticas. Sin duda la trayectoria entrópica de nuestro planeta no está siendo regida —en la escala y temporalidad humana— por las leyes de la termodinámica sino por caóticos efectos de la economía que determinan el comportamiento de los ecosistemas; y a la postre, si no hallamos un camino de justicia para salir del laberinto, serán las leyes de la termodinámica y las fuerzas auto-poiéticas de la vida y la muerte las que concluirán con su rúbrica el paso de los homínidos por estos paisajes flagelados. Adicionalmente, una Ecología Política de las Aguas, además de permitirnos identificar áreas de conflicto territorial (riesgos, amenazas, causas subyacentes), conduce a preguntarnos por los actores (nacionales, internacionales, sus condiciones etáreas, étnicas, una naturaleza privada o pública, etc.) y sus perspectivas y posiciones (dominante, criminalizada, proscrita, etc.) y por los escenarios y sus configuraciones y sus alcances en la composición de lo público-institucional o no institucional (nacional, internacional y local) y sobre todo preguntarnos por cómo se generan transformaciones en la sociedad y en sus relaciones con la naturaleza. De las maneras de enfrentar las situaciones de conflicto surgen posturas claramente identificables que bien pueden conducir a la claudicación, a la eliminación del conflicto con la creencia de que la capacitación y las técnicas de manejo de conflictos bastan para su resolución, sin que se adentren los actores en encontrar las diferencias entre sus modos de vida y proyectos de sociedad, lo que de hecho ya conduce a formas distintas de estar en lo público, de gestar el paisaje, de proyectar el futuro e incluso la vida íntima y privada. Así, es posible que los conflictos por el agua se vean o bien como conflictos eminentemente locales, donde la ciudadanía local sea la que trate de generar una gobernanza, es decir, adaptar sus decisiones para generar los menores riesgos al capital sin escudriñar los vínculos de sus conflictos con las fuerzas condicionantes y determinantes de la globalización, o bien que las gentes se integren desde la perspectiva de la confrontación a la sumisión globalizadora del capital en formas de re-existencia y en proyectos de totalidad de sociedad, encontrando en lo local una manera de ser a su vez lo mundial.

Ahora bien, en nuestro caso y, por qué no decirlo, en la región de Suramérica, el periodo reciente ha estado signado por la lucha que hemos

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Elementos para una ecología política del agua. Reflexiones preliminares.

dado ante las configuraciones jurídicas que atañen al sector hídrico. En Colombia hubimos de enfrentar una propuesta legislativa que esencialmente buscaba la mercantilización de los derechos de uso, la privatización del patrimonio de infraestructuras que poseen los municipios y las comunidades y la configuración de estructuras institucionales y organizativas que arrebataban a las organizaciones populares su poder y capacidad de gestión para transferirlos a unos entes controlados por el capital y agentes espurios. Arrebatarles el agua a las gentes era y es una estrategia para arrebatarles el territorio y el poder. La iniciativa del Referendo del Agua busca expresar en una nueva configuración constitucional las aspiraciones concertadas de organizaciones y procesos de lucha por la defensa del agua y los derechos de uso y aprovechamiento. Este proceso involucra centenares de organizaciones y más de dos millones de ciudadanos que apoyan el referendo. Sin embargo, respecto a los alcances políticos que estos procedimientos nos ofrecen no podemos ser ingenuos. Sobre todo si además derivan de estas experiencias enseñanzas para la teorización sobre las prácticas políticas de los movimientos sociales. De ahí que no se desestime que del examen causal se establezcan interrogantes sobre, por ejemplo, cómo ha sido que estos procesos de reformas del agua se hayan producido simultáneamente en nuestros países, qué tipo de relaciones entre los grupos nacionales y qué escenarios estimularon estas iniciativas casi sincrónicas. En un análisis contrastante podría verse que las condiciones de partida de los actores nacionales en cada caso eran disímiles, y que algunas de estas condiciones resultaron condicionando los alcances finales de las reformas. Así, por ejemplo, la reforma al agua en Bolivia no dio resultados semejantes a la de Uruguay ni a la de Colombia. Esta última se ahoga en el camino parlamentario por la hegemonía que ejerce el Gobierno y los intereses mercantiles de los miembros del parlamento; mientras que la reforma ecuatoriana encuentra en un escenario de diálogo entre Gobierno y Movimiento Indígena la posibilidad de realizar una propuesta de ley de aguas, proceso que ya deja ver las interpretaciones distintas del acuerdo y los intereses privatizadores del gobierno de Correa. Pero más allá de lo particular, nuestras preguntas están dirigidas a ver qué mecanismos emplean los movimientos sociales para adoptar sus políticas, si ellos obedecen a las tradiciones, si corresponden con la democracia formal, si son de carácter delegatario, asambleario, ad referéndum, plutocráticos, etc. Y, en todo caso, respondernos cuáles serían los caminos a

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seguir y qué ventajas y desventajas hay en cada uno de ellos si se tratase de concretar los fines políticos del ambientalismo, esto es, la sustentabilidad y la justicia ambiental. Muchos de estos mecanismos están ya viciados y su desempeño sólo sirve al “narcisismo político” de los partidos o individual de algunos de los que se situaron como voceros o miembros del los organismos de representación y/o vocería. Tales situaciones dan lugar a la reflexión sobre los mecanismos mismos de la democracia y su carácter de instrumentos del Estado de Derecho, así como al papel de organizaciones intermediarias entre los que demandan reivindicaciones y el Estado o los capitalistas como los sindicatos, las ligas de usuarios, los voceros de control e incluso organizaciones ambientalistas, presas del virus institucional y legalista, que se configuran como las intermediarias entre las demandas ambientales de las sociedades y las instituciones, procurando gobernanza ambiental, generando procedimientos de participación y que se distancian de los verdaderos métodos de la lucha social, con ello morigerando y mitigando las tensiones y conflictos a favor de disminuir los riesgos para el capital. En algunos casos, el crecimiento desordenado de las ciudades ha dejado secuelas en la disposición de las aguas servidas que afectan los cursos naturales de quebradas y riachuelos que surcan las ciudades. La indebida disposición de residuos por parte de la ciudadanía ha alterado de manera negativa los cursos de agua y genera riesgos de taponamiento e inundación en las zonas bajas y de deslizamientos y riadas en las zonas medias y altas.

Sin duda muchos otros asuntos configuran los escenarios donde se desenvuelven las políticas y lo político del agua hoy. Como hemos dicho, hay un desarrollo importante de experiencias legales (reformas del sector público), además de financieras y de gestión de sistemas hídricos urbanos (y peri-urbanos) que buscan asegurar el saneamiento y el suministro de agua, así como la restauración y el manejo de las cuencas y sub-cuencas de las zonas urbanas y zonas peri-urbanas. Los acuerdos públicos están cediendo paso a nuevas modalidades de acuerdo público comunitario. Surgen también nuevas organizaciones para resistir contra las políticas que socavaban la administración local y para reforzar las capacidades de articulación de las políticas públicas y los planes de ordenamiento que afectan tanto la provisión de agua

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Elementos para una ecología política del agua. Reflexiones preliminares.

como la disposición y el saneamiento de las aguas servidas y el mantenimiento de la estructura ecológica principal de las ciudades. Así por ejemplo, en Colombia ha surgido la Red de acueductos comunitarios y a nivel de América la Red Vida que agrupa un importante núcleo de organizaciones que están involucradas en las luchas por la defensa del agua como bien común y como derecho humano fundamental. De algunas de estas luchas ha resultado que actuales procesos de planeación urbana se guíen por principios de participación al abrir los servicios públicos al control de los ciudadanos, como pueden ser los casos de Córdoba en Argentina y de Cochabamba en Bolivia. Podríamos afirmar que hay en la región latinoamericana una creciente conciencia de la capacidad de las organizaciones del movimiento social de involucrarse efectivamente en la gestión pública del agua en defensa de transparencia, participación, y de las mejoras en el suministro de agua, disposición de aguas servidas y residuales y en el cuidado de la infraestructura y las fuentes hídricas. Pero entre tanto, a nivel estatal en Colombia la tendencia dominante en la conducción del Estado sigue el camino divergente y parece no presentar en sus proyecciones estratégicas resistencia considerable alguna a las imposiciones del eje EE.UU.-U.E.-Japón. Sin embargo, no es desdeñable que los movimientos sociales y que las fuerzas de izquierda logren en algún momento virajes sustanciales que se alejen de estas tendencias. Esto es posible que se realice dada la existencia de corrientes anti-hegemónicas que se consolidan desde lo local y que se suman al torrente de resistencia a la globalización imperial al aportar sus iniciativas en la construcción de alternativas civilizatorias. Estas experiencias se ven alentadas con los triunfos electorales que con su apoyo han alcanzado sectores de centro durante los dos períodos electorales precedentes en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla y en los departamentos de Cauca, Tolima y del Valle del Cauca. Sin embargo, las experiencias de la izquierda y nuevos sectores de centro en el poder tanto en Ecuador como en Brasil y en Colombia, muestran que el camino es complejo y está tapizado de modos de hacer la política que es necesario confrontar y superar.

Lo que afirmamos se basa en el examen de los planes oficiales y no en los programas de la izquierda o de los movimientos sociales. Sin embargo, siendo nosotros responsables de actuar para modificar esas tendencias, expresamos también nuestras aspiraciones y propues-

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tas de resistencia y de construcción de alternativas anti-neoliberales (Walsh, C., et al.), de nuevas soberanías, de nuevas democracias y, de suyo, de nuevas maneras de apreciar y aprovechar nuestro patrimonio ecológico, los dones ambientales, y allí el agua.

Ahora bien, no ha sido nuestro ambientalismo particularmente aplicado al seguimiento de las minucias de las negociaciones de comercio internacional ni al lobby institucional, tal vez por su naturaleza más propia del movimiento social que de organizaciones especializadas; pero en la misma medida, sí se ha perseguido que nuestras intervenciones sean herramientas de lucha que permitan agitar la defensa de los derechos de los pueblos ancestrales, la defensa del patrimonio ambiental (hídrico), y fomentar la organización de las comunidades en la gestión autónoma del territorio. De ahí que este minúsculo ejercicio reflexivo sea una oportunidad para dotarse de argumentos y posibilidades de cualificación de las propuestas.

La soberanía en aprietos Dos concepciones de soberanía parecen enfrentarse hoy. Una que sostiene que desde la perspectiva del mercado global lo importante es la ubicación óptima de los recursos y el bienestar para todos, mientras que el control de la capacidad productiva, la localización de la producción y la naturaleza de la propiedad son irrelevantes. Niega pues el importante papel que estos factores juegan para los intereses nacionales, en términos de soberanía y seguridad del país, en términos de bienestar, y en términos del desarrollo del capital cultural (en el sentido de Pierre Bourdieu. Véase Bourdieu, Pierre, 2000) y del desarrollo de las capacidades tecnológicas. La otra postura defiende la producción del saber y del comercio local y del patrimonio común, y parece revivir un caduco nacionalismo económico y, de paso, erosionar y reversar los procesos de integración en la economía global. Esta soberanía que se invoca desde los movimientos sociales, que parecen no reclamar la soberanía nacional sino una meta-soberanía, se plantea en defensa de la autonomía y del territorio como condición de la autodeterminación de los pueblos. ¿Hay acaso alguna contradicción entre esa invocación a la soberanía y las tendencias globales? ¿Hay contradicción entre esa soberanía que reclaman los movimientos y aquella que reclaman los países poderosos?

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Los representantes de nuestros estados en las negociaciones multilaterales y en las negociaciones comerciales internacionales (Tratados de Libre Comercio) defienden cada vez menos los intereses de la nación y sí, cada vez más, los intereses de las plutocracias locales y globales (fraudulentamente enriquecidas). La soberanía a que apelan los movimientos sociales se semeja más al principio fundacional de la democracia estadounidense que enunciaba con diáfana claridad Tocqueville (Tocqueville, Alexis de, 1957): “Cuando se quiere hablar de las leyes políticas de los Estados Unidos, hay que comenzar siempre por el dogma de la soberanía del pueblo.” Entonces si bien la soberanía de la nación emana del pueblo, la soberanía del pueblo no siempre se expresa en la nación. La soberanía del pueblo es el principio generador de la nación, sin embargo el pueblo no siempre llega a dominar las estructuras del poder de la nación, de las que en casos se apropian grupos minúsculos, bien por la vía de la democracia formal, por la vía monárquica o dictatorial (Montesquieu, 1971) o bien por la vía del sometimiento de las colonias por las metrópolis (Fanon, Frantz, 1999). Una es la soberanía que reclaman los pueblos y otra la que reclaman las elites trasnacionales. La mercantilización de la naturaleza es un arma del colonialismo, es una agresión a la democracia, a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos así apele a la soberanía y a la democracia; mientras que la soberanía del pueblo es un concepto de la resistencia. La soberanía nacional parece deteriorarse en los países subordinados mientras en las potencias económico-militares se invoca como una panacea. Desde el gran poder del capital transnacional y mediante la desproporcional fuerza militar del Grupo de los 8, se defiende un nacionalismo que, contradictoriamente, ha abolido las posibilidades de su existencia en las naciones subordinadas a las que les resulta bastante difícil mantener vigentes los intereses nacionales a la vez que integrarse de manera ecuánime en la economía global. En medio de esta asimetría estratégica es de temer que las relaciones entre oferta y demanda respecto a los bienes y servicios naturales se vean reguladas más que por el mercado, o por procedimientos democráticos, por las relaciones de poder, y no es de dudar que así como muchas de las guerras de hoy se libran por el petróleo, otras se librarán también por el agua.

El siguiente es un ejemplo paradigmático en EE.UU. de lo que significa el poder militar en relación con el comercio. En los años 80 este

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país tuvo inversiones extranjeras en la tecnología de su industria de defensa. Recientemente el gobierno expidió un Defence Production Act con el cual el presidente de EE.UU., sin revisión judicial, podría bloquear cualquier negocio de personas extranjeras que amenazan perjudicar la seguridad nacional. Esto atañe a tres distintos ámbitos que pueden afectar la seguridad nacional: los que afectarían la capacidad y la competitividad de la industria de EE.UU.; la defensa de los trabajadores y sus condiciones de vida incluidas referencias al impacto negativo de los acuerdos de liberalización; y el propósito de que la política exterior de EE.UU. debe estar claramente articulada a los intereses nacionales. La medida adoptada es concordante con el crecimiento global y el libre comercio (ellos defienden la soberanía, no importa que pisoteen la de los demás). Sin duda, los intereses nacionales de EE.UU. han sido reforzados por la amenaza del terrorismo y, a su vez, el terrorismo ejercido por ellos ha desmoronado los intereses nacionales de muchos otros países. Tras la guerra de Irak, EE.UU. ha buscado depender cada vez menos de productos externos en la industria militar de defensa: comprar lo americano es una nueva forma de decir “América para los Americanos” (toda compra por más de 25.000 dólares deberá reportarse mostrando si el proveedor es o no extranjero). La competitividad de la industria armamentista y de toda la industria de EE.UU., así como su soberanía, están relacionadas con el tema del acero. En 2002 EE.UU. impuso unas tarifas a las importaciones de acero por tres años. Ello se liga al resto de la economía por razones del peso de esta área en los demás sectores y en la necesidad que tenían de ganar tiempo en la reestructuración de su capacidad para la competencia externa, lo cual lograron 15 meses antes de lo previsto. Sin embargo, no se transparentaba en este momento las dificultades económicas que hoy son vivibles en ese coloso del norte.

Los promotores del mercado neoliberal Este modelo neoliberal de la economía de mercado es impulsado fehacientemente mediante las opiniones “calificadas” que emanan de los centros de poder cultural y económico como la Universidad de Harvard y el BID. Robert Reich de Harvard afirmaba que la econo-

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mía de este siglo no tendría grandes firmas nacionales ni productos nacionales. Para él la distinción entre inversionistas extranjeros y nacionales es obsoleta, el concepto de salvaguarda nacional está superado por la movilidad de las finanzas, la protección carece de sentido cuando los productos son importados para ser exportados con un mayor valor en procesos de triangulación. El único elemento nacional, argüía, será la fuerza de trabajo, por ello el esfuerzo debiera ser hecho en desarrollar el capital humano con educación, experiencia, y desempeño; ello es más indispensable debido a que la nueva economía se basa en información, conocimiento y conocimiento de cómo hacer (know how). A su vez Enrique Iglesias, ex presidente del BID, hablando del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) afirmaba que a pesar de los esfuerzos por seguir las orientaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo, se había estancado debido a “los desencuentros asociados al comercio de productos agropecuarios y otros temas” y anunciaba que sería en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que, particularmente, los asuntos relativos a la producción agrícola tendrían que resolverse. Iglesias defendía el ALCA como el “objetivo supremo” que debería ser alcanzado y mientras tanto preparar el terreno “entre grupos subregionales y los Estados Unidos” mediante acuerdos como el “Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA)”. Afirmaba que “sin embargo […] los arreglos bilaterales entre los Estados Unidos y los subgrupos regionales en América Latina y el Caribe no pueden sustituir a un auténtico ALCA. Lejos de ser un evento puntual, el ALCA es un proceso y, como tal, es un bien público regional que encierra oportunidades de cooperación en esferas que van más allá de la liberalización inmediata del comercio. Ejemplo de ello es el clima de cooperación creado por las negociaciones comerciales que ha puesto en marcha un gran esfuerzo de integración física a partir de la Inversión en la Infraestructura regional en América del Sur (IIRSA) y de México a Panamá (PPP). A medida que los países aúnen esfuerzos, aparecerán formas de cooperación más profundas y se obtendrán beneficios que afianzarán la reforma estructural de la región y elevarán la calidad de sus instituciones” (Iglesias, Enrique, 2004). A ello añadía que el BID estaba ayudando a los países a fortalecer su capacidad mediante la prestación de “servicios técnicos para facilitar la ardua tarea de incorporar las reformas pertinentes en la legislación y las instituciones nacionales”.

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Sin duda pues, un examen de las negociaciones comerciales regionales debe dar cuenta de ese “objetivo supremo” del libre comercio, debe escudriñar en el IIRSA y el PPP, pues en ellos descansa el proceso de integración —que ha sido irónicamente llamado "de anexión"— de los países de América Latina a EE.UU. y al eje EE.UU.-U.E. Japón. Los acuerdos regionales como CAFTA, APTDEA, TLC con Chile no tienen la importancia económica que pudo tener el ALCA, pero sí constituyen la vía para ir creando un marco regional y aislar a los países que han optado una perspectiva progresista en la región. En este contexto no es posible desdeñar el papel de la U.E. en el proceso actual de globalización neoliberal de la región. Con la U.E. el intercambio comercial se duplicó en el período de 1990 a 2002. El valor de las importaciones de la U.E. procedentes de América Latina —AL— pasó de 26.700 a 53.700 millones de euros y las exportaciones a la región de 17.100 a 57.500, para ese periodo. La U.E. (de los 25 países) tiene ahora un mercado de 455 millones de habitantes. También es fuente de IED —Inversión Extranjera Directa— en AL: el capital total europeo invertido en AL pasó de 176.500 millones de euros en 2000 a 206.100 millones de euros en 2002. La U.E. es el mayor donante de ayuda al desarrollo desde 1996, con un presupuesto de más de 500 millones de euros anuales . En 2008 América del Sur recibió 24% más de IED (US$ 89.862 millones) gracias a los altos precios de los productos básicos. Brasil, Chile y Colombia fueron los principales receptores en América del Sur al concentrar 80% de la IED. Brasil se convirtió en el mayor receptor de toda la región con un aumento de 30% con respecto al récord alcanzado en 2007. Mientras tanto, “Estados Unidos y España se mantuvieron como principales inversionistas en la región durante 2008 (24% y 9% del total, respectivamente), pero redujeron su participación relativa. Canadá (8%) y Japón (6%) incrementaron su presencia, asociada a proyectos de recursos naturales”.

Sin duda se ha venido creando una nueva matriz de relaciones internacionales en la región. Brasil ha insistido en crear unos bloques con China, India y Sudáfrica y es sin duda bastión del MERCOSUR. Venezuela ha mirado hacia la cuenca del Caribe e impulsado la creación de organismos como la empresa Petrocaribe. Estos escenarios muestran una interdependencia creciente y la conformación de bloques

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económicos regionales que pueden ser característicos de la “mundialización capitalista”.

Colombia por su parte ha firmado acuerdos de libre comercio con México y con todos los países de América del Sur (excepto las Guyanas); con Bolivia, Ecuador, Perú en el marco de comercial de la Comunidad Andina (CAN); otro con Venezuela y México (conocido como G-3); con Chile y con países miembros de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Es claro que no hemos realizado un balance histórico de los impactos de su implementación sobre el patrimonio hídrico. Sin embargo cabe entenderse que muchos de los fenómenos pueden resultar comprendidos en los análisis y en las tendencias, y que definir la causalidad de los problemas y presentar un diagnóstico del estado del patrimonio hídrico puede ser un elemento dilucidador. De antemano habría que reconocer que la degradación de los ecosistemas hídricos se relaciona directamente con el consumo de agua que acompaña las distintas prácticas económicas y productivas que reciben la IED, especialmente la minería, la agroindustria, la silvicultura, la industria inmobiliaria, la producción de hidro-energía y de energías fósiles que impactan los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Ahora bien, si se examinan las ventas de las empresas extranjeras en la región ahí se representa el resultado concreto de la IED. Así por ejemplo, en 2003 Generals Motors obtuvo en la región el 7,3% de sus ventas, Endesa el 38,7%, Telefónica, el 44,7%, Volkswaguen el 10,6%, Repsol YPF 17,5%, Telecom Italia SpA el 19,2 %. La degradación del territorio y de las fuentes de agua es consecuencia directa de las actividades extractivas y del sistema económico que imponen las relaciones mercantiles globales y, por tanto, la destrucción del agua es consecuencia directa del sistema económico global dominado por las CTN. Dicho de otra manera, la gestión del agua a nivel local se encuentra altamente impactada por la presencia de la Inversión Extranjera Directa, por las políticas comerciales trasnacionales y por la mirada mercantilista del mundo, que en su conjunto constituyen el paradigma dominante. La geopolítica del agua está configurando los nuevos paisajes de miseria, colonialismo y saqueo que la IED trae para nuestros países dadas las condiciones de inequidad y los desequilibrios de poder sobre la gestión del agua, acarreando una ampliación de la brecha de acceso y suministro de agua, en las posibilidades de agua de calidad y en los impactos de la falta de saneamiento.

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Otra racionalidad de la economía es posible La racionalidad económica es una criatura del pensamiento moderno y persigue fines antropocéntricos, fines egoístas, en el ámbito capitalista de acumulación y reproducción del capital, siendo este un fin en sí mismo. Desde esta lógica, hacer de toda la naturaleza fuente de reproducción del capital se convierte en el live motive de todo el despliegue institucional científico, estatal-militar y productivo. El problema deviene del hecho de que al engullir toda la naturaleza, desaparecen las condiciones materiales de posibilidad para la reproducción del capital, lo que constituiría un asunto esencial de la crisis ambiental contemporánea. Ahí el capitalismo se ve impelido a hacer de la propia destrucción de sus medios un objetivo del proceso de acumulación a través de la industria ecocapitalista que se apropia y aliena los propósitos ecologistas de ahorrar energía y alentar el aprovechamiento de los desechos, el reuso y el reciclaje. Sin embargo, la racionalidad económica que sigue imperando deja dudas sobre las posibilidades reales del capitalismo para resolver sus propias contradicciones estructurales. El agua, el uso de las aguas, su incorporación en las vidas de las gentes en las condiciones de existencia de las ciudades, en las actividades industriales y agrícolas, incluso en la recreación, todas las maneras en que las aguas están presentes en las vidas de las sociedades modernas, casi sin excepción, tienen un cariz mercantil, cosificiado. Las aguas entran en nuestras existencias como un elemento aislado de la totalidad de nuestro universo, aislado de la naturaleza en su conjunto; entra como agua embotellada, agua de servicio público, agua para el negocio del turismo o de los bienes inmobiliarios, etc. Suele entrar como elemento aislado, dislocado de la totalidad de ecosistema y ajeno a las esferas espirituales y estéticas del mundo. El agua es un objeto de conocimiento, de producción, materia prima, pero no un componente fundamental de la Trama de la vida.

Para avanzar en la instauración de la justicia ambiental y de la justicia hídrica y resolver iniquidades, asimetrías y disparidades en la asignación y en la distribución de derechos y accesos, y garantizar mecanismos, procesos e instituciones de justicia ambiental, es preciso detener el crecimiento de la economía, de la degradación ecológica, de las mochilas y huella ecológica de los países, de la contaminación. Pero más allá de estos aspectos es preciso reconocer que nuestra lu-

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cha por la Justicia Hídrica nos lleva más allá de la lucha por la mera asignación y distribución de derechos y que se extiende a la lucha por los mecanismos de asignación, esto es, a la lucha por el poder de asignación, por los criterios con los que se construyen los derechos y por las estructuras epistemológicas desde donde se construye el sentido y se estructura la pragmática donde adquiere posibilidades materiales la justicia. Dicho en otras palabras, esta lucha se inscribe en las luchas por la descolonización de las mentes y los territorios. Es una lucha por el derecho a instaurar nuevos derechos. Y es así porque la lucha por la descolonización del pensamiento y el territorio es una lucha por pensarnos nosotros mismos y territorializar nuestra identidad, desatarnos de la manera como desde la epistemología y la racionalidad de la ciencia, la tecnología y la política de la modernidad se nos mira (más de lo que se nos olfatea), se nos localiza, se nos determina y se nos somete. No cabe duda de que desde esta racionalidad y desde los atriles de los científicos y las burocracias políticas de los grupos de poder transnacional corporativo se ordena el pensamiento y el territorio para la reproducción y ampliación de los alcances materiales de la economía capitalista, llevando las fuerzas de la economía a los arcanos más profundos de las estructuras de la vida. La economía que se instala en la cúspide de esta racionalidad y que es su máquina motriz puede, de esta manera, tender sus brazos para poner a su alcance y engullir toda la naturaleza-sociedad. Así, las funciones y los ciclos autopoiéticos de la naturaleza son postrados ante el altar del sacrificio de la economía adquiriendo la forma de bienes y servicios que alimentan las máquinas de acumulación y lucro del capital financiero, el cual subsume y supedita, dicho sea de paso, todas las otras formas del capital. Es acumulación brutal que gesta el proceso económico en el capitalismo, a la reproducción del capital, y desde luego a sus agentes, capitalistas, burócratas e instituciones a su servicio, a quienes atribuimos una esencia destructiva. El capital en su metabolismo consume materia, energía, trabajo y creatividad humana de forma altamente entrópica, generando energías degradadas, de baja calidad termodinámica, generando procesos contaminantes y erosivos irreversibles, ocupando con detritus los bienes comunes: la atmósfera, el agua de los mares, el espacio electromagnético, etc.; destruyendo culturas y estrategias de vida sustentables, imponiendo formas autoritarias e inhumanas en las relaciones sociales como el patriarcalismo, el sexismo (género), el esclavismo (clase-etnia), entre

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otras; y a su paso, convirtiendo a la humanidad en una aglomerado de seres alienados en el consumo o en la angustia por la imposibilidad de asumir su vida con los estereotipos del consumismo.

Sin duda, operando bajo normas invisibles, estas formas de alienación hacen que percibamos el poder corporativo, militar y burocrático del capital como algo normal, natural, cuyas injusticias son incuestionables. Nuestro reto es develar cómo se estructuran las fuerzas, dispositivos y la maquina del poder, y de esta decisión sin duda emerge una percepción más clara de la causalidad y de los procesos de causación de los conflictos por el agua y por la naturaleza, que nos permita exponer más claramente al dominador al escrutinio de la sociedad y, de paso, horadar el discurso dominante desde sus propios referentes. Por ello, la resolución de los conflictos no es para nosotros la estrategia sino más bien el escenario donde se pone de manifiesto la insustentabildiad del modelo y la actitud arrogante y violenta de los poderes dominantes. El conflicto es el lugar donde se gesta la resistencia y se construye una perspectiva discursiva, política y bio-técnica propia con arreglo a fines de reparación (social y ecológica), de solidaridad, de equidad y de reciprocidad (positiva o negativa). Por esto, en clara actitud de insumisión, de negación de la dominación de quienes luchan por la Justicia ambiental, se tiene como principio la destrucción de esa máquina económica, lo que significa realmente la construcción de nuevos equilibrios simbióticos para fortalecer la autopoiesis de la naturaleza y la productividad de los ecosistemas, generar posibilidades más consistentes para las relaciones entre los procesos ecológicos y sociales, y dar paso a nuevas formas de economía fuera del mercado capitalista y con mayor negentropía.

Bibliografía Bourdieu, Pierre, (2000): Las estructuras sociales de la economía, Anagrama, Barcelona. Haraway, Donna (2004): Testigo_Modesto@_Conoce_Oncoratón® Feminismo y tecnociencia, UOC.

Fanon, Frantz, 1999 (original 1961): Los condenados de la tierra, Txalaparta, España.

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Montesquieu, Del espíritu de las Leyes, (original 1748) Claridad, Bs. As.1971. Ramírez, Socorro, et al., 1997: Colombia: entre la inserción y el aislamiento, IEPRI, UN, Colombia.

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Monocultivo del pino ¿Arraigo o desarraigo - Sevilla. IE Sevilla sede John F. Kennedy

El Mundo en tus manos - Sevilla. IE María Auxiliadora

Principio del fin - Sevilla Elbert Echeverry

Concurso de Murales: PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES

Las relaciones sociales de poder y la producción de paisajes hídricos Dra. Jessica Budds

Geography Department, The Open University, UK Noviembre de 2009

Las relaciones sociales de poder y la producción de paisajes hídricos Dra. Jessica Budds

Introducción Los asuntos de agua de que se ocupa Justicia Hídrica son complejos y multifacéticos porque implican preguntas sobre cultura, desarrollo, política, economía y ecología. En este documento presento un marco conceptual desde la geografía humana y parto de las teorías de la ecología política para proponer un medio de comprender temas relacionados con el agua y sus consecuencias sociales y ambientales. Más concretamente, me centro en las relaciones sociales de poder que subyacen al control de agua y que forman temas relacionados con ésta, que influyen en los mecanismos sociales alrededor de ella, resultan en tecnologías específicas de agua y producen paisajes físicos de maneras particulares. Estos efectos están incorporados en el concepto de paisaje hídrico, que se refiere al conjunto de temas relacionados con los temas, flujos y prácticas de agua en un contexto determinado.

Un enfoque desde la ecología política para el análisis del cambio social y ambiental La geografía se ocupa de describir y entender los diversos procesos de cambio que forman y re-forman la tierra. Ya que el mundo es simultáneamente físico y humano, los procesos que estudia la geografía son naturales y sociales —desde los procesos hidrológicos a la globalización, por ejemplo—. Estos procesos forman el mundo que nos rodea y les dan a los diferentes lugares sus características particulares: desde paisajes glaciales a centros urbanos. Pero no son independientes: estamos reconociendo cada vez más la integración y la interdependencia entre procesos naturales y sociales, especialmente en relación con los cambios en el ambiente. Sin embargo, esta integración e in-

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terdependencia puede abordarse de diferentes maneras. Un enfoque ha sido el surgimiento del trabajo interdisciplinario, mediante el cual diferentes disciplinas aportan a un problema desde sus experiencias y perspectivas específicas. Para las cuestiones ambientales en particular, a menudo se argumenta que los enfoques interdisciplinarios son esenciales porque ninguna disciplina sola puede enfrentar su carácter complejo y multifacético. Un enfoque definido en términos generales es el de la ecología política, que propone una comprensión mucho más integral de los cambios sociales y ambientales. Definido como “un enfoque […] sobre el metabolismo complejo entre naturaleza y la sociedad” (Johnston et al. 2000:590), la ecología política pretende reconocer las influencias políticas y sociales embebidas en las cuestiones ambientales y, de hecho, reposiciona todas las cuestiones ambientales como algo simultánea e inseparablemente social y ecológico.

Las primeras personas que representan la ecología política en la década de 1980 mostraron cómo los procesos sociales en el cambio ambiental eran a menudo problemáticos debido a que eran demasiado localizados y pasados por alto por la economía política más amplia que influía en las condiciones a escala local. Por ejemplo, Piers Blaikie (1985) demostró cómo los pastores con bajos ingresos en el África se veían obligados a sobrepastorear sus tierras porque estaban bajo presión para mantener sus medios de subsistencia en pequeñas áreas de la tierra y con menos recursos para los insumos agrícolas en una economía cada vez más comercializada. Blaikie, por lo tanto, rechaza la opinión común de que los pastores causaban la erosión del suelo porque eran ignorantes, incompetentes o irresponsables, y en su lugar identificó la causa subyacente de la degradación de las tierras como pobreza, en sí misma un resultado de presiones y cambios políticos y económicos más amplios. De esta manera, él reposicionó la gestión de la tierra como un asunto inherentemente político en lugar de algo puramente ambiental, de ahí la etiqueta ‘ecología política’.

Basándose en la labor de Blaikie y otros, durante las últimas tres décadas la ecología política ha prestado mayor atención al análisis de los contextos y los cambios históricos, políticos y económicos —a múltiples escalas espaciales y temporales— de las cuestiones relacionadas con el ambiente (por ejemplo, Bryant y Bailey 1997). En parti-

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cular, ha examinado más estrechamente los papeles de diferentes grupos sociales e instituciones en las relaciones sociedad-naturaleza, sus intereses creados y las relaciones de poder entre ellos, y cómo éstos influyen a menudo en la generación de resultados sociales y ecológicos generalmente irregulares (uneven). Las relaciones de poder, por definición desiguales, desempeñan un papel en determinar cómo se transforma la naturaleza: quién explota los recursos, en virtud de qué regímenes y con qué resultados para las estructuras sociales y los paisajes físicos. De este modo, la ecología política pretende producir un entendimiento más profundo y complejo de las cuestiones ambientales al excavar para hallar las causas subyacentes a los problemas ambientales, en lugar de examinar solamente sus síntomas superficiales, y al alejarse de la dinámica simplista de causa y efecto simplista y de un contexto inmediato hacia la pluralidad de explicaciones y factores más amplios (Bryant y Bailey 1997; Castree y Braun 2001; Robbins 2004; Zimmerer y Bassett 2003). Más recientemente, dentro de la tradición de la ecología política este trabajo pionero ha sido desarrollado de dos maneras claves. Ambas son interesantes para nuestra comprensión de los asuntos de agua y los consecuentes cambios en nuestras vidas, sustentos y paisajes.

Naturaleza social Un gran avance dentro de la tradición de la ecología política ha sido la reconceptualización de la relación entre la sociedad y la naturaleza para impugnar la noción convencional occidental de que la naturaleza está separada de la sociedad. En lugar de entender la sociedad y el ambiente como dos diferentes ámbitos que interactúan, algunas teorías recientes sobre la “naturaleza social” han propuesto la opinión de que toda la naturaleza es inherentemente social (Castree y Braun 2001; Escobar 1999; Harvey 1996; Latour 1993). De acuerdo con esta perspectiva, la naturaleza es social de dos maneras: tanto material como discursivamente. Permítanme citar un ejemplo para ilustrarlo. La reserva de Masai Mara en Kenia es uno de los sitios silvestres más grandes del mundo debido a sus llanuras con biodiversidad africana. Algunos organismos han decidido que esta área debe ser conservada, por lo que al pueblo Masai no se le permite vivir en la reserva. Sin em-

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bargo, lo que falta en esta ecuación es que el pueblo Masai, con sus prácticas nómadas y sus medios de subsistencia basados en recursos tales como la caza, realmente ha producido el entorno que ahora vemos como natural. Si no hubieran vivido allí y utilizado recursos durante miles de años de la manera en que lo han hecho, el medio ambiente de Masai Mara no sería como es hoy día. Por lo tanto, Masai Mara es social de dos maneras: es materialmente social (o ‘socialmente producido’) porque no es sólo el producto de procesos ecológicos sino también de procesos humanos; y es discursivamente social (o ‘socialmente construido’) porque lo conceptualizamos como natural porque no vemos estas influencias humanas en el paisaje y porque el paisaje representa lo que pensamos que debe ser natural (Robbins 2004).

La Reserva Masai Mara, Kenia

Así pues, la naturaleza no es simplemente una entidad objetiva, sino que se entiende en diversas formas culturales, diferentes según la cultura y el contexto (Blaikie, 1995). Esto es importante porque permite entender cómo los diferentes entendimientos y visiones del ambiente y su gestión se han formado subjetivamente y compiten entre sí. Esto también muestra otra forma, pero más tácita, en que las relaciones de poder social están presentes, mientras se movilizan los puntos de vista particulares de la naturaleza y se proponen los medios

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específicos de gestión ambiental alineados con intereses particulares (Castree, 2001; Demeritt, 2001). La gestión del ambiente no es simplemente una cuestión técnica sino que se forma por las perspectivas de los gestionadores y conforme a los intereses y las demandas de los grupos sociales poderosos (como los políticos, los tecnócratas y los capitalistas) (Foucault, 2002). La ecología política ha tratado, pues, de no tomar el valor nominal de los argumentos o las prácticas relacionadas con la gestión ambiental, sino que ha intentado cuestionar los entendimientos de las interacciones sociedad-naturaleza, y la política y los intereses detrás de los regímenes de gestión. Las formas que ha tomado este poder social no sólo estructurarán la manera en que los temas ambientales se definen, priorizan y enfrentan a través de los modos imperantes de gestión ambiental, sino también el mismo paisaje físico. Este enfoque nos permite analizar las cuestiones ambientales de forma muy diferente. Nos faculta para evitar las polaridades de la gestión ambiental tecnocéntrica —especialmente un enfoque de ‘impactos humanos al ambiente’ mediante el cual se considera el medio ambiente simplemente como un ensamblaje de componentes materiales que son objeto de manipulación humana— y del ecocentrismo radical, los cuales separan sociedad de naturaleza (Castree, 2001). En su lugar, hace hincapié en los procesos sociales, económicos y políticos que transforman la naturaleza de maneras distintas. Una vez más, estos procesos son tanto materiales como discursivos. Volviendo al ejemplo de Masai Mara, son materiales porque conforman las medidas prácticas para excluir al pueblo Masai de la reserva y son discursivos puesto que estas medidas se basan en ideas y argumentos acerca de qué es la naturaleza y cómo debe ser protegida.

Agencia biofísica Otra serie de avances pone más énfasis en el papel y la agencia de los procesos biofísicos en las interacciones naturaleza-sociedad. Este punto surge de la crítica de que en los primeros trabajos de ecología política había poca discusión explícita sobre la ecología y han tendido a considerar la naturaleza tanto como algo inerte cuanto como el objeto de las luchas ambientales, lo que se ha traducido en el predominio de explicaciones mayormente económico-políticas sobre el cambio

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ambiental. Tales análisis de los cambios o degradación del ambiente son problemáticos pues pueden pasar por alto tanto las complejidades como la agencia de los procesos biofísicos (Forsyth 2003; Walker 2005; Zimmerer y Bassett 2003). Algunos especialistas sostienen que los procesos ecológicos son más complejos y dinámicos de lo que a menudo se presenta en los estudios ambientales, porque estos estudios son conducidos más por visiones de cómo pensamos que la naturaleza debe comportarse, en lugar de cómo realmente funciona. Estas ideas provienen de los debates contemporáneos, pero controvertidos, dentro de algunas ciencias ecológicas que cuestionan las nociones de equilibrio ecológico en favor de alternativas teóricas no lineales (como la teoría del caos), que sugieren que la ecología es más compleja, irregular y multiescalar de lo que comúnmente se cree.

Otro aspecto de este debate es el entendimiento convencional de las interacciones naturaleza-sociedad como un proceso unidireccional mediante el cual los seres humanos interactúan con la naturaleza, pero no al contrario (Bakker y Bridge 2006; Harvey 1996). Algunos estudiosos han destacado la necesidad de entender este proceso como bidireccional porque la naturaleza también reacciona a las interacciones sociales e influye en las relaciones sociales vinculadas con su gestión. Un ejemplo de ello es el caso de la privatización del agua. Karen Bakker (2003) sostiene que el agua es un recurso especialmente ‘no cooperativo’ en términos de privatización, debido a sus propiedades físicas y sus características simbólicas. Por ejemplo, el agua es un recurso pesado, en el sentido de que no puede ser transportado grandes distancias como otros bienes. Además, los proveedores de agua potable no pueden compartir la misma infraestructura como otras utilidades, como las telecomunicaciones o la electricidad, y por lo tanto no es posible tener competencia directa en las redes de agua potable. La privatización del agua también ha generado una enorme controversia debido a las percepciones de las personas acerca de que el agua es una necesidad básica, un derecho humano, un regalo de Dios o incluso un recurso sagrado, lo que ha creado mucha más resistencia social alrededor de la privatización de ésta que en otros sectores, como el del transporte o el del gas. Luego, la naturaleza misma del agua —sus características biofísicas y culturales— también ejerce influencia sobre las formas en que las personas la gobiernan y administran. Esto implica que la naturaleza no es simplemente el objeto de los procesos sociales, sino también el sujeto.

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Protestas sociales relacionadas con la privatización del agua, Cochabamba, Bolivia

Las relaciones sociales de poder y los cambios en los paisajes hídricos Voy a iniciar esta sección preguntando ¿qué es el agua? A primera vista, esto puede parecer una pregunta muy extraña, ya que la mayoría de las personas podría pensar que es bastante obvio lo que el agua es: H2O, por supuesto. Huelga decir que esto es correcto; sin embargo, basándonos en el planteamiento expuesto anteriormente, quiero sugerir que el agua es mucho más que H2O. El agua es socio-natural: un recurso que es al mismo tiempo material y social, porque si bien es claramente un recurso físico que existe y cumple con muchas necesidades diferentes, es también un recurso cultural que encarna significados (Bakker, 2003; Strang, 2004). Volviendo al ejemplo de Bakker sobre las protestas alrededor de la privatización del agua —como en Cochabamba, por ejemplo— éstas no se referían sólo a la manera de administrar y poner precio al agua, sino a la noción cultural más fundamental de si el agua es algo que debería ser apropiado o comercializado. Estas dimensiones sociales están embebidas en la materialidad de agua y no pueden separarse de ella. Erik Swyngedouw (2004) escribe:

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El agua es una cosa ‘híbrida’ que captura y encarna procesos que son a la vez materiales, discursivos y simbólicos (Swyngedouw 2004:28).

Swyngedouw (2004, 1995, 1997, 1999) sostiene que las relaciones de poder social que están embebidas en el control del agua forman paisajes hídricos y, por ende, mediante el examen de las características de los paisajes hídricos podemos descubrir la dinámica del poder que está en juego. Por ejemplo:

Los mecanismos de acceso y exclusión del agua establecen relaciones patentes de poder económico político y posiciones de poder social y cultural (Swyngedouw 2004:2).

Estas relaciones de poder social serán aparentes tanto en los elementos materiales como en los elementos discursivos del paisaje hídrico: por ejemplo, en los usos del agua que se reflejan en el paisaje (minería, agricultura, ciudades, etc.), en la presencia de infraestructura hidráulica (por ejemplo, represas), en las modalidades de acceso y exclusión al agua (verbigracia, en la provisión diferencial a barrios ricos y pobres), en los modos de administración (la privatización) y en los debates alrededor de la gobernanza del agua (por ejemplo, las ideas acerca de una crisis de agua). Para ilustrar, en su estudio sobre la provisión de agua urbana en Guayaquil, Ecuador, Swyngedouw (1995) mostró cómo la privación del suministro de agua potable entre asentamientos urbanos de bajos ingresos refleja el paradigma de la oferta dirigida prioritariamente a los barrios ricos. Del mismo modo, su estudio en España (Swyngedouw, 1997, 1999) ilustra cómo el papel clave de la política hídrica en el proceso de modernización nacional estaba claramente visible a través del paisaje hídrico cambiado por la ingeniería hidráulica diseñada para transferir agua desde el noroeste húmedo al sudeste seco del país.

En la producción de paisajes hídricos, Swyngedouw (2004) considera que el proceso de acumulación de capital está intrínsecamente vinculado a las relaciones sociales de poder en juego. Como el agua es esencial para la acumulación de capital, se convierte en un ‘lubricante’ crucial del proceso de desarrollo económico. A su vez, esto hace que sea un recurso muy estratégico que los grupos económicos poderosos se esfuerzan en controlar a fin de impulsar su proceso de acumulación de

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capital. Una vez más, este proceso de control es tanto material como discursivo. Para ejemplificar, en los Andes peruanos las empresas mineras que necesitan agua utilizan diversas estrategias para obtenerla para sus proyectos: éstas pueden incluir despojar a las comunidades existentes de sus aguas, comprar tierras a fin de obtener acceso a los recursos hídricos que están en uso por el terrateniente, o pedir nuevos derechos de agua a la agencia gubernamental (Bury 2005). Al mismo tiempo, algunas empresas han tratado de apoyar las reformas políticas de agua que consideran beneficiosas para su situación particular, invocando a menudo sólidos argumentos sobre el uso de tecnologías eficientes en el uso de las aguas y los beneficios de los regímenes de los mercados de agua. Esto se refleja en el apoyo de todos los principales sectores económicos en Chile al sistema de derechos privados de agua, algo que les da recursos de agua libres y seguros, mientras en el Perú estas industrias están cabildeando por reformas similares. A su vez, estos procesos materiales y discursivos que aprovechan el control sobre el agua perfilarán paisajes hídricos en formas que reflejen los intereses y las intenciones de esos agentes capitalistas —por ejemplo, en la conversión de una superficie agrícola de subsistencia a una región minera o en las pérdidas de acceso al agua, medios de subsistencia y tradición entre los grupos andinos como resultado de la desviación de los derechos de agua de los pequeños terratenientes hacia un usuario industrial—. La captación y el metabolismo del agua por parte del capitalismo producen, por lo tanto, paisajes hídricos geográficamente desiguales y socialmente injustos que reflejan esa acumulación.

Acotaciones finales El enfoque establecido aquí podría proporcionar un marco útil (o elementos de él) para analizar los tipos de problemas de agua que interesan a Justicia Hídrica, incluidos aquéllos alrededor de la demanda de agua por las industrias extractivas y el cambio de vidas, medios de subsistencia y paisajes en los Andes peruanos que son el foco de mi propia investigación en curso. Sobre todo, estos cambios están estrechamente relacionados con las nuevas economías políticas y modelos de desarrollo (internacionales) que generan profundas transformaciones en las culturas y la ecología de América Latina. Estos cambios están también profundamente inscritos en las relaciones muy desiguales de poder, y en la adopción de regímenes de gestión económi-

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Las relaciones sociales de poder y la producción de paisajes hídricos

ca y ambiental altamente liberalizados y mercantilizados. Como se describe en el proyecto Justicia Hídrica, son precisamente estas relaciones de poder y sus implicaciones las que merecen una atención profunda por parte de las investigaciones sobre el agua y la equidad en América Latina.

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La magia de la diversidad Cali. Colectivo Trinchera Ganja

Carmen Enriquez - Dagua Dibujo en cartulina, realizado con el apoyo de sus hijos.

Asociación de Líderes Infantiles y Juveniles - Sevilla Ruleta del Saber

Pacha Mama grita - Armenia Seinaque Artesanías

Concurso de Murales: PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES

El Referendo por el Derecho Humano al Agua en perspectiva Rafael Colmenares

Abogado, Director de ECOFONDO y Vocero del Comité Promotor del Referendo. [email protected]

El Referendo por el Derecho Humano al Agua en perspectiva Rafael Colmenares Ha transcurrido más de un año desde que se radicó ante el Secretario de la Cámara de Representantes el proyecto de ley1 que convoca a un referendo para establecer en la Constitución colombiana el acceso al agua potable como derecho humano fundamental, una amplia protección ambiental al ciclo hídrico, garantizando a la vez la soberanía del país, la séptima reserva de agua dulce del mundo, sobre los ecosistemas esenciales para dicho ciclo y estableciendo la gestión pública y comunitaria del agua como alternativa participativa frente a la privatización y mercantilización de este bien común esencial para la vida.

La oposición del Gobierno al Referendo por el Agua Durante todo este tiempo la iniciativa, respaldada por más de dos millones de firmas, ha confrontado la oposición radical del Gobierno, cuyos principales funcionarios encargados del tema, como la Superintendente de Servicios Públicos, la Viceministra de Agua, el Subdirector de Planeación Nacional y recientemente el Ministro de Hacienda, se turnan en dirigir los ataques acudiendo a un manejo sesgado de las cifras para inducir la incosteabilidad del mínimo vital gratuito y la inutilidad del referendo pues, según el Ministro mencionado, en 2010 sólo quedarán tres millones de colombianos(as) sin agua potable gracias a los planes gubernamentales2. La falacia que se explica en la nota, ade-

1 El proyecto fue radicado el 15 de Octubre de 2009. 2 El Ministero de Hacienda parte de una cifra de un poco más de cinco millones de colombianos sin agua potable según el censo poblacional realizado por el DANE en 2005, y dando por cierto el cumplimiento de las metas del actual Plan Nacional de Desarrollo, concluye que en el 2010 sólo un poco menos de tres millones de colombianos(as) carecerán de agua potable, habiéndose reducido el problema a la mitad. Las cifras de Minhacienda contradicen el estudio de la Defensoría del Pueblo, “Diagnóstico del cumplimiento del derecho humano al agua en Colombia”, dado a conocer en abril pasado, según el cual 9.022.276 personas no accedían al vital líquido. Dichos cálculos de la Defensoría se basan en los mismos resultados censales del DANE pero utilizando para ellos el promedio simple y no el ponderado, que según la Defensoría no es aplicable pues “…un hogar o vivienda sin el servicio de acueducto o alcantarillado es tan importante si se ubica en una ciudad grande o pequeña en el sector rural o en la cabecera municipal”.

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más de la manipulación de los datos sobre la población que carece del vital líquido, radica también en suponer que el haber realizado algunas contrataciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo conduce desde ya a la solución del problema. Dichas contrataciones, hechas en el marco de los denominados Planes Departamentales de Agua, comienzan a ser cuestionadas por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades que alcanzan cifras de varios miles de millones de pesos. Un análisis más profundo de lo anterior nos lleva en las líneas siguientes a precisar el marco político en el cual se desarrolla la iniciativa, la visión de desarrollo imperante y las políticas que la implementan, mirando también el contexto internacional y las características del movimiento que se ha acogido al referendo como mecanismo de participación, previsto en la Constitución Colombiana, para adelantar esta lucha social y ambiental.

Un marco político cada vez más antidemocrático El gobierno de Uribe Vélez ha cerrado muchas de las puertas abiertas, o semiabiertas, en la Constitución de 1991 para una ampliación de la democracia en general y de la democracia participativa en particular. La reelección continua o la decisiva influencia de su gobierno en la escogencia de su sucesor en caso de optar por no reelegirse por segunda vez, unida a la cooptación de los organismos de control, amén del dominio del Congreso mediante una bancada uribista dispuesta a complacer al Ejecutivo y su jefe en todas sus aventuras legislativas, son condiciones que hacen cada vez más difícil el despliegue de mecanismos de participación como el referendo. En este sentido, la manipulación de la mencionada figura de participación para ponerla al servicio de la reelección presidencial, maniobra que incluyó la modificación de los textos originales de tres referendos3, la desvirtúan y degradan. Es inocultable que vivimos un período profundamente antidemocrático en Colombia, cuyos rasgos más autoritarios pueden incluso acentuarse. Analistas políticos como Carlos Gutiérrez, Director de Le

3 Esta maniobra no prosperó en el caso del Referendo por el Agua al haber aceptado la plenaria de la Cámara que las modificaciones introducidas al texto original en la Comisión Primera equivalían a una negativa de la iniciativa ciudadana, pero el intento es prueba de lo que se viene afirmando.

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Monde Diplomatique —edición Colombia—, ilustran sobre las raíces de esta oleada antidemocrática en el narcotráfico y su hijo, el paramilitarismo, advirtiendo que se ha conformado una “alianza supranacional” con propósitos previamente definidos: “guerra a muerte a la insurgencia, control social, dominio de los recursos naturales estratégicos y determinación del rumbo del país”4.

Contribuye también a la comprensión de la etapa por la cual atravesamos la visión del historiador Medófilo Medina, quien habla de una “contrarrevolución cultural” agenciada por un personal político que “ha llegado con su propio estilo, sus convenciones e ideas, su estética. El fin justifica los medios, la política del todo vale y el cultivo de valores de muerte…” Añadiendo que “Y aquí nos encontramos con modelos mentales que han entrado al mundo espiritual de grandes sectores de la opinión popular, preparados para ello por un sistema educativo, formalista y normativo, débil en la fundamentación cognitiva. Desde ese punto de vista, no pueden desestimarse ni las imprecaciones contra la oligarquía sabanera ni los intentos doctrinarios que encierra el enunciado del “Estado de opinión” ni el culto a la personalidad de una “inteligencia superior” ni los esfuerzos por ensamblar una intelectualidad orgánica del uribismo”5. Advirtiendo el mismo analista que “tales realidades, cuya profundidad no puede advertirse sino en lecturas que remitan al largo plazo o al menos al mediano, representan un desafío decisivo para el desarrollo democrático del país”6.

La política ambiental en Colombia En el panorama latinoamericano, signado por búsquedas contradictorias pero donde no es descartable el reencuentro con lo ambiental, el caso colombiano surge como una notable excepción, pues es el país en donde la política ambiental oficial ha sufrido los más serios retrocesos. Un importante balance de este fenómeno fue realizado por el Foro Nacional Ambiental con motivo de la celebración, el año pasado, de los 15 años de la Ley 99 de 1993, creadora del Ministerio de Medio Ambiente, hoy de “Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territo-

4 “Política y poder: la marca del narco”, por Carlos Gutiérrez, Le Monde Diplomatique (el Dipló 82) Septiembre 2009. 5 Véase “Gobierno y oposición en la era uribista”, en www.razonpública.org.co edición del 21-09-09. 6 Ibídem.

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rial”. El mencionado balance fue publicado en el libro Gobernabilidad, Instituciones y Medio Ambiente en Colombia, que compila trabajos de varios autores7. La conclusión general es que, habiéndose diseñado un ambicioso sistema ambiental encaminado a lograr el denominado “desarrollo sostenible”, en los últimos siete años, que comprenden los dos períodos presidenciales de Uribe Vélez, se ha procedido al debilitamiento, casi al desmonte, de tal sistema. En palabras del Maestro Julio Carrisoza, autor del prólogo del libro mencionado y quien constata un declive similar en otros países de América Latina, “…el caso colombiano sobresale por la magnitud y coherencia de lo intentado y por la rapidez con que se ha debilitado…”. Lo anterior no es ajeno a la política de “confianza inversionista” del actual gobierno que remueve cualquier obstáculo para atraer capitales, especialmente transnacionales, apareciendo los controles ambientales como una talanquera que es preciso suprimir. Prueba de ello es la eliminación creciente de la licencia ambiental para numerosas actividades que generan riesgo ambiental.

El debilitamiento mencionado ha sido concomitante con políticas sectoriales de incidencia ambiental entre las cuales deben mencionarse brevemente las siguientes: 1) La política de bosques, encaminada a facilitar la explotación maderera en las selvas tropicales y su sustitución por plantaciones comerciales. En desarrollo de la misma se expidió la “Ley Forestal”, en buena hora declarada inexequible por la Corte Constitucional, pero cuyos objetivos fundamentales se continúan persiguiendo con el instrumental normativo vigente.

2) La política de promoción a los agrocombustibles impulsada mediante la Ley 693 de 2001, y más recientemente por el Conpes 3510 de marzo de 2008. Esta política conducirá a la sustitución de cultivos destinados a la producción de alimentos por otros con fines de generación de combustibles y eventualmente afectará también las selvas tropicales. El científico Peter Bunyard criticó esta política en términos de su ineficacia como alternativa a los combustibles fósiles y puso de presente la gran demanda de agua que generan

7 “Gobernabilidad, instituciones y medio ambiente en Colombia”, Manuel Rodríguez Becerra, Editor, Foro Nacional Ambiental, Bogotá, Junio de 2008.

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las plantaciones de Palma Africana y Caña de Azúcar8. En sentido similar se pronuncio el ex ministro Manuel Rodríguez9. Diversos analistas y expertos coinciden en que esta iniciativa conducirá a la pérdida de diversidad biológica a cambio de magros e incluso contradictorios resultados en materia de reducción de gases de efecto invernadero, pero que será un excelente negocio para el capital nacional y transnacional vinculado a ella. 3) La política minera que facilita la ampliación de esta actividad en el país, realizada fundamentalmente por compañías transnacionales. Igeominas ha otorgado títulos mineros en 65.176 hectáreas de páramos y hay en curso solicitudes para 400.000 hectáreas más, lo que representa el 36% del total de los páramos colombianos, ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico en el territorio nacional. Debe reconocerse que las modificaciones aprobadas al Código de Minas (Ley 685 de 2001) en la legislatura que acaba de terminar excluyen las áreas de páramos de la explotación minera. Sin embargo vendrá la discusión de los “derechos adquiridos” en relación con los títulos otorgados e incluso con los que se encuentran en trámite. De otra parte las mencionadas modificaciones al Código de Minas incluyeron la autorización de dragas para la extracción de metales en los lechos de los ríos, procedimiento que se encontraba prohibido y eliminaron la licencia ambiental para la fase de exploración minera, con lo cual se atenta gravemente contra el ciclo hídrico en Colombia. 4) La política de generación de energía con base en la construcción de grandes megaproyectos hidroeléctricos. Estos implican la construcción de grandes represas y forman parte de la denominada “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, contenida en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social —Conpes— No. 3527 de 2008. De esta manera se impulsa la construcción de represas como El Quimbo en el alto Magdalena, Hidrosogamoso, en el río Sogamoso y varias represas en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras. Estos emprendimientos se han venido impulsando con muy poca información hacia la ciudadanía y la población afectada. No obstante, en la medida en

8 Véase “La dimensión ambiental del Conpes de biocombustibles. Ayuda de Memoria. 15 de Abril de 2008. En foronacionalambiental.org.co. 9 Véase “Biocombustibles al banquillo”, artículo de Manuel Rodríguez Becerra, publicado en El Tiempo, el 5 de Agosto de 2008.

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que se conocen sus alcances han concitado un amplio rechazo ciudadano y de diversos sectores sociales entre ellos el académico. En Colombia la represa de Urrá es un caso típico de los efectos negativos sobre el ambiente y las culturas indígenas, de pescadores y campesinos de este tipo de infraestructuras.

La profundización de la crisis ambiental El panorama de deterioro ambiental que profundizan las políticas mencionadas tiene como trasfondo la crisis ambiental del planeta. Ésta se viene acentuando y una de sus más alarmantes consecuencias es el denominado “cambio climático”, que a su vez se constituye en factor de disminución del agua dulce disponible. El aumento de la temperatura en la Tierra acarrea serias alteraciones del ciclo hidrológico, por ejemplo al acelerar la evaporación, lo cual impide una adecuada recarga de acuíferos y una disminución de las cantidades de agua depositadas en los humedales o circulantes por los ríos.

Para el mes de diciembre del presente año esta prevista la XV Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague, y los países del G8 han propuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80% para el año 2050, a fin de que el aumento de la temperatura no supere los 2º C en este siglo. No asumen sin embargo la responsabilidad de haber sido históricamente los mayores contaminadores. De otra parte, China, India y Brasil no quieren comprometer sus niveles crecientes de desarrollo. Para ilustrar la gravedad del problema baste mencionar que el solo aumento de dos grados, que es límite que se trata de no rebasar, podría provocar la extinción del 30% de la biodiversidad del planeta, afectaría los humedales costeros y salinizaría el agua de los ríos en tramos importantes desde su desembocadura por efecto del aumento de los niveles del mar. Cartagena, según reciente informe del Banco Mundial, podría quedar convertida en una isla por el mencionado incremento del nivel del mar. En consecuencia, si la temperatura aumenta por encima de los dos grados, se produciría una catástrofe de impensables proporciones10. Lo anterior ha llevado al Secretario General de la ONU, 10 Véase “El cambio climático y sus consecuencias”, artículo de Ricardo Natalichio, publicado en www.ecoportal.net el 24-07-09. Véase también, “Desarrollo con menos carbono: respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático”, Banco Mundial, 2009.

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Ban Ki Mon a lanzar un llamado desesperado a la Cumbre de Copenhague advirtiendo que: “La escasez de agua afectará a cientos de millones de personas. La malnutrición va a arrasar con gran parte de los países en desarrollo. Las tensiones se agravarán. Y los disturbios sociales —incluso la violencia— podrían seguir”11.

En la misma línea de preocupaciones, en febrero del año pasado la Comisión Estratigráfica de la Sociedad Geológica de Londres12 aceptó finalmente que el planeta había entrado en una nueva era que denominó “antropoceno”. La precedente, el holoceno, relativamente excepcional en la historia geológica de la Tierra, que se caracterizó por un clima inusualmente estable, permitiendo la rápida evolución de la agricultura y la civilización urbana y que se extendió por 12.000 años, ha quedado atrás. El antropoceno se define, según los científicos de la comisión mencionada, por la tendencia al calentamiento, de una parte, y de otra por la radical inestabilidad en las condiciones medioambientales futuras. Explican que: “La combinación de extinciones, migraciones globales de especies y una sustitución masiva de la vegetación natural por monocultivos agrícolas están produciendo una señal bioestratigráfica distintivamente contemporánea. Estos efectos son permanentes, porque la evolución futura se dará a partir de las reservas sobrevivientes (frecuentemente redistribuidas antropogénicamente)”13. Para los expertos de la comisión, la Tierra ha entrado en “un intervalo estratigráfico sin precedentes parecidos en los últimos millones de años”, y mencionan como factores determinantes, además del impacto de los gases de efecto invernadero, la transformación antropogénica del paisaje, la intensa acidificación de los océanos y la destrucción de la biota.

El modelo del “desarrollo”

En el marco anterior se hace necesario el cuestionamiento del concepto de “desarrollo”, crítica que resulta muy pertinente en el actual contexto latinoamericano. La región ha experimentado significativos

11 Ban Ki Mon en Foro sobre Medio Ambiente en Corea del Sur véase www.ecoportal.net 18 de Agosto de 2008. 12 La Geological Society of London (Sociedad Geológica de Londres) es un sociedad científica del Reino Unido con sede en Burlington House (Londres), que tiene como fin estudiar la estructura mineral de la Tierra. La sociedad, fundada en 1807, es la sociedad geológica más antigua del mundo y la más extensa de Europa; su precedente se encuentra en la Sociedad Askesian, un club de debate para pensadores y científicos establecido en Londres en 1796. 13 Citado por Mike Davis, en “Vida sobre la barrera de hielo”, www.sinpermiso.info

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cambios, particularmente en América del Sur, en términos de una mayor autonomía política frente a la tradicional sujeción a los dictados del F.M.I y el Banco Mundial, y en general de Washington. Ha emprendido y avanzado en la búsqueda de formas de integración económica y política que profundicen y consoliden dichos niveles de autonomía. Tal búsqueda no ha estado exenta de conflictos y sobresaltos, y comporta diversos matices y caminos. También presenta excepciones notables como las de México y Colombia, pero es indudable que se ha configurado un nuevo escenario que tiende a dejar atrás las viejas formas de dependencia.

El anterior contexto político y social no ha llevado, sin embargo, a un replanteamiento profundo del concepto de desarrollo, no obstante algunos importantes atisbos, hasta ahora más discursivos que prácticos. En particular no ha podido superarse la secular condición latinoamericana de proveedor de materias primas, acentuada por la globalización neoliberal. Los cambios políticos operados con mayor o menor intensidad en gran parte de los países se han centrado hasta ahora en recuperar el dominio sobre los recursos naturales y reorientar las grandes obras de infraestructura hacia la integración regional y el fortalecimiento de nuevas alianzas con las potencias emergentes. Lo anterior viene siendo constatado por analistas ambientales como Eduardo Gudynas, quien señala:

“Los gobiernos, y muchos académicos, no parecen tomar conciencia que estamos frente a una crisis del modelo extractivista. Esa idea del desarrollo como crecimiento económico alimentado por las exportaciones de bienes primarios encuentra ahora límites externos, los que se suman a sus límites internos, expresados por conflictos sociales locales y sus impactos ambientales. De todas maneras se insiste en el mismo camino, y no son pocos los gobiernos donde sus planes para superar la crisis se basan en apoyar y subsidiar esos sectores. Un ejemplo notable son los sucesivos paquetes de créditos para las exportaciones agroindustriales en Brasil, y otro es la reciente aprobación de la Ley Minera en Ecuador, la que alienta la producción transnacionalizada, y vuelve a apostar a la idea del extractivismo exportador como motor del desarrollo”.

Un avance notable se ha dado en las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia, con el reconocimiento de derechos a la Natura-

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leza y la orientación hacia el concepto quechua de Sumak Kausay14 o “buen vivir”. Sin embargo la traducción de estos postulados alternativos en políticas y acciones es aún incipiente, tal como lo indica el ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta: “En Ecuador, el propio gobierno que impulsó activamente la aprobación de la nueva Constitución en el referéndum, sigue atado a visiones y prácticas neodesarrollistas, que no garantizan un verdadero desarrollo y que, además, estarán en permanente contradicción con el espíritu del Buen Vivir. Por tanto, no sólo es indispensable superar las prácticas neoliberales, sino que es cada vez más imperioso garantizar la relación armónica entre sociedad y Naturaleza. Hoy más que nunca, en medio de la debacle financiera internacional, que es apenas una faceta de la crisis civilizatoria que se cierne sobre la humanidad, es imprescindible construir una concepción estratégica nacional —otro mandato de la nueva Constitución—, sobre bases de creciente soberanía, para insertarse inteligentemente y no en forma dependiente en la economía mundial. Hay que terminar con aquellas relaciones financieras especulativas que han colapsado y, sobre todo, hay que cambiar aquella visión que condena a nuestros países a ser productores y exportadores de materias primas15”.

El derecho humano al agua avanza en el mundo Entre tanto y ante la carencia de agua potable que afecta a millones de personas en el mundo, la lucha por el reconocimiento del mencionado derecho avanza en el plano internacional. A partir de la Observación General 15 del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Comité DESC—, emitida en 2002, mediante la cual se interpreta que tal derecho está contenido implícitamente en el Artículo 11 del Pacto, “Derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia” y en el Artículo 12, “De14 “Sumak kawsay es quechua ecuatoriano y expresa la idea de una vida, no mejor ni mejor que la de otros ni en continuo desvivir por mejorarla, sino simplemente buena”, véase José María Tortosa, “Sumak kawsay, Sumak Qamaña, buen vivir”, en Fundación Carolina, Agosto 2009. 15 Alberto Acosta, “El buen vivir, una oportunidad para construir”, Revista Ecuador Debate 28-08-09.

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recho al disfrute del más alto nivel de salud física y mental”, se vienen produciendo importantes avances16.

En noviembre de 2006, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos un informe detallado sobre el alcance y contenido de las obligaciones de los Estados en relación con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento. Previo un proceso de consulta, el informe fue presentado y el 16 de agosto de 2007, el Consejo dictó la Resolución A/HRC/6/3 en cuyas conclusiones se lee: “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima que ha llegado el momento de considerar el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano”. Posteriormente, el 28 de marzo de 2008, el mismo Consejo mediante la Resolución A/HRC/7 decidió crear el cargo de “experto independiente” sobre el tema. La abogada portuguesa Catarina de Alburquerque fue posteriormente designada como tal experta y presentó su primer informe el 25 de febrero pasado, expresando su preocupación porque la carencia de acceso al agua potable causará la muerte a 1.6 millones de personas al año y a 5.000 niños menores de cinco años al día. En el presente año hemos asistido a una intensificación de la lucha por el reconocimiento del derecho humano al agua como derecho fundamental. Uno de los escenarios más importantes ha sido el V Foro Mundial del Agua realizado en Estambul, Turquía, en marzo pasado. Los foros mundiales del agua son organizados por el Consejo Mundial del Agua, “lobby” de las transnacionales, que considera el acceso al agua como una necesidad susceptible de ser satisfecha mediante los mecanismos del mercado y le niega el carácter de derecho humano fundamental que, de reconocerse, alteraría las favorables condiciones que rodean el jugoso negocio de suministro del vital líquido. La confrontación volvió a presentarse entre las dos concepciones pero en esta ocasión la tendencia al reconocimiento del derecho se vio reforzada por el mensaje del Presidente de la Asamblea de la ONU, Miguel D’Escotto, el cual fue leído por su principal asesora para el tema del agua, la activista canadiense Maude Barlow. El mensaje es categórico al afirmar: “Estoy convencido de que debemos rechazar la idea de que

16 En la Observación 15, luego de señalarse que el agua “es un recurso natural limitado y un bien público para la vida y la salud”, se define el derecho humano al agua como: “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

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el agua es una mercancía que pueda venderse y comprarse en el mercado libre. Debemos actuar rápidamente para que el acceso al agua potable sea tratado como un derecho humano fundamental de todos los pueblos y quede incluido en los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas”17.

De otra parte, D’Escotto cuestionó la organización de los foros mundiales del agua señalando: “Es evidente que el actual Foro Mundial del Agua no comparte las opiniones ampliamente difundidas en contra de la privatización del agua y a favor de evitar su mercantilización. Estoy de acuerdo en que los próximos foros deberían adoptar las normas internacionales y llevar a cabo sus deliberaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Insto a los Estados Miembros de la Organización a que trabajen juntos para promover políticas que hagan posible que el Foro se reúna de manera conforme con las metodologías bien elaboradas con que contamos para este tipo de encuentros. Estas políticas deberían ponerse en práctica antes de que se celebre el Sexto Foro Mundial del Agua18”.

En Estambul predominó, al final, la presión de poderosos gobiernos como los de Estados Unidos y Brasil para impedir que el derecho humano al agua apareciera en la declaración oficial pero el pronunciamiento alternativo en su favor obtuvo las firmas de 25 países, la mayoría latinoamericanos y dos europeos. Cuba, Venezuela, Uruguay y Bolivia, que cuatro años atrás en México habían impulsado una declaración alternativa reconociendo el mencionado derecho, vieron reforzada su posición por 21 nuevas firmas.

Avances y contradicciones del derecho al agua en la Corte Constitucional Colombiana En Colombia nuevos hechos han llevado a la Corte Constitucional a avanzar en el reconocimiento del derecho humano al agua y a afianzar una larga trayectoria jurisprudencial en este tema. Tal es el caso de la reciente sentencia T-546 de 2009, mediante la cual se resolvió 17 El texto completo puede consultarse en www.un.org 18 Ibídem

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una acción de tutela interpuesta por una humilde mujer de la ciudad de Neiva a quien la empresa de acueducto de esa ciudad suspendió el servicio por falta de pago.

La mencionada sentencia hace un recuento de la posición de la Corte en relación con el derecho humano al agua. Partiendo de considerarla como “un recurso natural insustituible” y como “condición de posibilidad para el disfrute de otros derechos”, reitera lo establecido en las numerosas sentencias proferidas desde 1994 de la siguiente manera: “Pues bien, cuando el agua potable se destina al consumo humano adquiere carácter de derecho fundamental y es susceptible de protección mediante tutela, dado que sin ella se ponen en serio riesgo los derechos a la vida, la salud y la dignidad de la persona”. Esta es la esencia del reconocimiento jurisprudencial del derecho humano fundamental al agua potable, su conexión con el derecho a la vida, la salud y la dignidad humana, derechos que tienen el status de autónomos y fundamentales en la Constitución colombiana. Pero a la vez, la Corte brinda todos los elementos para consagrar, a nivel constitucional, el derecho humano fundamental al agua potable como derecho autónomo, lo cual tendría la ventaja de su reconocimiento universal y no caso a caso como ocurre en la actualidad. La Corte deja claro también el alcance de la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales como “interpretación autorizada” del respectivo tratado, y al señalar que su jurisprudencia “coincide” con los “Tratados Internacionales” está indicando que su reconocimiento del derecho humano al agua como fundamental es independiente de lo consagrado en estos, aunque coincidente. El mencionado reconocimiento tiene un inestimable valor ante la forma como se ha establecido y regulado en Colombia la prestación de los servicios públicos y en particular los domiciliarios, entre los cuales los de acueducto y alcantarillado son indudablemente los más importantes. En Colombia la finalidad social del Estado, según el Artículo 366 de la Constitución, es la obtención del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, al tiempo que el objetivo fundamental de la actividad del Estado es “la solución de las necesidades insatisfechas de la población”, en especial las de “salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. En consecuencia, como lo

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señala la Corte: “…los servicios públicos, en un Estado Social de Derecho, son el medio básico dispuesto por el Constituyente para obtener el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, que son precisamente fines sociales del Estado”. Lo anterior conduciría a establecer en cabeza del Estado la obligación de suministrar agua potable a toda la población sin discriminación alguna. Sin embargo, la Ley ha interpretado las cosas de manera diferente, estableciendo que la prestación del servicio público es “un acuerdo de voluntades”, es un contrato de carácter oneroso, “en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados”19.

La Corte ha declarado exequibles las normas que consagran este esquema, entre ellas el “derecho–deber” que tienen las empresas prestadoras, que como sabemos pueden ser públicas, privadas o mixtas, de suspender el servicio si el usuario incumple su obligación de pagar el precio. El concepto de precio, como expresión del valor del servicio, involucra todos los costos del mismo más la utilidad a la que la empresa prestadora tiene derecho, independientemente de su naturaleza pública o privada.

Al haber convertido la prestación de un servicio público en una relación contractual se posibilitó el traslado de todos los costos, más la rentabilidad, al usuario, o sea a los hogares colombianos. El denominado “acuerdo de voluntades”, en la base de cualquier relación contractual es en este caso imposible, pues ni el ciudadano puede optar por dejar de acceder al agua potable ni existe prestador diferente a la empresa, publica, privada, o mixta, que tenga la concesión o el encargo de hacerlo en determinado municipio o distrito. De suyo, la tarifa del servicio no se puede discutir pues es fijada por el mismo prestador con base en la formula de la Comisión Reguladora de Agua Potable. El esquema contractual ha traído como consecuencia que 450.000 hogares, en promedio de los últimos cinco años, no hayan podido pagar 19 Véase el artículo 128 de la Ley 142 de 1994.

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las facturas de acueducto y alcantarillado. Al tiempo numerosos hogares lo hacen con dificultad pues las alzas de las tarifas han superado el índice de precios al consumidor en general, como ya se anotó. Es decir, el esquema contractual conduce a la negación del derecho humano al agua. No escapó a la Corte la anterior contradicción, y para intentar resolverla condicionó la constitucionalidad del “derecho–deber” de las empresas prestadoras a suspender el servicio por falta de pago al cumplimiento de varias condiciones, entre ellas la de no traer como consecuencia “…el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente protegidos”, o impedir “…el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus usuarios”, o no afectar gravemente “…las condiciones de vida de una comunidad”20.

Teniendo en cuenta que la posibilidad de cumplir la obligación de pagar los servicios públicos depende de la capacidad económica de los usuarios, es decir de los hogares, y que las condiciones de pobreza del país afectan en diversos grados a más del 80% de la población, las condiciones previstas por la Corte como excepción al denominado “derecho–deber” de suspender los servicios públicos a los incumplidos tienden a alcanzar un importante grado de generalidad. Es esta la situación la que ha llevado a la Corte a establecer que en el evento de incumplimiento en el pago por ausencia de los ingresos necesarios para efectuarlo, y estando habitada la vivienda por personas que merecen especial protección constitucional, como los menores de edad, “…lo que debe suspenderse es la forma de prestar el servicio público. Es decir, debe cambiar la forma en que se suministra el servicio y ofrecerle al destinatario final unas cantidades mínimas básicas e indispensables, en este caso de agua potable” y a título de ejemplo cita los rangos recomendados como mínimo vital por la Organización Mundial de la Salud. Este pronunciamiento implica el reconocimiento, por primera vez en Colombia, del mínimo vital gratuito, aunque sólo para un sector de la población y en ciertas condiciones. También muestra el fracaso de los denominados “subsidios cruzados”, en virtud de los cuales los estratos altos subsidian a los bajos pero no logran impedir la enor20 Véase sentencia C – 150 de 2003.

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me cantidad de hogares suspendidos del servicio. Y es que además de su insuficiencia el “subsidio cruzado” opera como un descuento y no como una cantidad de agua suficiente para atender las necesidades “vitales”, de la cual la familia dispone sin tener que pagar por ella, como ocurriría de adoptarse el mínimo vital gratuito. Sólo a partir de dicha cantidad debería aparece la obligación de pagar, facilitando la autorregulación del consumo.

La Corte, no obstante los juiciosos y ponderados argumentos que ella misma esgrime, no concedió en este caso la tutela protestando que la familia afectada se había “reconectado” ilegalmente. Teniendo en cuenta que entre la interposición de la tutela por la afectada y la sentencia de la Corte, que hubiera reconocido el derecho de no mediar su restablecimiento ilegal, transcurrieron seis meses aproximadamente. La tesis de la Corte implicaría que una familia con niños debe esperar sin agua todo ese tiempo, por lo menos, para no perder el derecho que la Corte reconoce como fundamental. Tan generalizada es la penuria de los hogares pobres que la práctica de la reconexión ilegal es también corriente y hasta existe el “servicio” correspondiente obviamente ilegal pero igualmente oneroso. ¿Estas realidades no deberían conducir al Estado a establecer el mínimo vital gratuito, como política general, en desarrollo de sus finalidades y objetivos tan claramente establecidos en la Constitución y expuestos por la Corte?

El referendo como respuesta y alternativa ciudadana En Colombia el referendo por el derecho humano al agua se ha convertido en la respuesta ciudadana y popular a las políticas y condiciones adversas brevemente expuestas, al tiempo que se conecta con la tendencia mundial y americana que propende por su establecimiento en un marco de reencuentro con la naturaleza y revalorización de lo público. Sin pretender agotar el tema, son a mi juicio dos las razones que podrían explicar el surgimiento y sorprendente desarrollo de esta iniciativa: el creciente deterioro de la vida de los colombianos y colombianas como resultado de la aplicación sistemática y profunda de las políticas neoliberales; y la gran vitalidad subyacente del movimiento

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social, el cual en medio de su complejidad ha fortalecido tendencias como el ambientalismo, el feminismo, el indigenismo y la búsqueda de alternativas políticas.

Sobre lo primero no me extenderé mucho pues son bien conocidas las dimensiones de la privatización de casi todos los sectores de la economía y la vida nacional y sus efectos sobre la calidad de vida y los ingresos de la clase media y los sectores populares. En el caso del acceso al agua, muy analizado en la exposición de motivos del Referendo21 y en numerosos artículos escritos por compañeros(as) y amigos(as) de éste22, baste recordar que: las tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado han subido considerablemente. Por ejemplo, entre 1998 y 2008 el índice de precios al consumidor —IPC— del sector aumentó en 200%, mientras que la inflación general fue del 92%. Entretanto, de acuerdo con el “Diagnóstico del Cumplimiento del Derecho Humano al Agua en Colombia”, documento publicado por la Defensoría del Pueblo en abril de 2009, son 9.022.276, las personas que no cuentan con acceso a acueducto, y 13.541.532 las que no tienen alcantarillado. Hay además una gran diferencia entre lo rural y lo urbano pues mientras en 17 municipios correspondientes a las principales ciudades del país las coberturas de acueducto y alcantarillado están en el 95%, en 222 municipios la cobertura de acueducto no supera el 30% y 593 municipios no superan dicha cobertura en alcantarillado. Sobre lo segundo, es decir en relación con la vitalidad del movimiento social en Colombia, también existen apreciaciones, y es un tema que surge a cada paso en nuestras asambleas y reuniones pero que aún no ha sido analizado con suficiente profundidad, por lo que es pertinente, sin tener todas las respuestas, subrayar algunos rasgos y formular algunas preguntas para incentivar el debate.

Comienzo por señalar que la sociedad colombiana aparece a simple vista dominada por la omnipresencia presidencial y el discurso justificatorio y adormecedor de los glamorosos medios de comunicación comerciales, en particular la televisión. Pero bajo esa capa de ma21 Visible en www.agua.ecofondo.org.co 22 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Aurelio Suárez e Iván Cardona sobre Planes Departamentales de Agua y Viabilidad del Mínimo Vital Gratuito y de Hernán Darío Correa y Bibiana Salazar sobre el primer tema, en sus aspectos de consecuencias culturales y territoriales y aspectos jurídicos, respectivamente. Estos trabajos fueron publicados en el Boletín No. 30 de Ecofondo —edición en medio magnético—. También los documentos de Danilo Urrea sobre la privatización del agua en la Costa Caribe de Colombia.

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quillaje, unanimismo y “felicidad” circula, se desliza, un movimiento social activo y testarudo a pesar de su fragmentación, conflictividad y secular pesimismo.

El movimiento social colombiano ha sido fuertemente golpeado por el conflicto armado, y en el marco del mismo, actores otrora principales como el sindicalismo han perdido el papel protagónico de otras épocas y los hitos de la protesta no son ya los Paros Cívicos Nacionales con los que se despedía a los gobiernos que luego de incumplir todas sus promesas caminaban con “el sol a las espaldas”. En cambio, han surgido nuevas expresiones más acordes y aptas para enfrentar la adversidad contemporánea, por ejemplo el movimiento por los derechos humanos que no se arredra ante el terror oficial para denunciar los atropellos; el movimiento indígena que tiene en la minga caucana uno de sus principales referentes; la construcción afrodescendiente en los territorios colectivos; la lucha de las mujeres que viene revalorizando la condición femenina; una juventud que, en medio de los distractores que el capitalismo globalizado ha diseñado para adormecerla, tiene amplios sectores que surgen frescos y dinámicos. El propio movimiento sindical se ha visto obligado a remozarse, a mirar más allá del economicismo característico, interesándose por temas como los que aglutinan a los otros movimientos. Los educadores y sus organizaciones siguen siendo un gran factor articulador, al tiempo que surge y se fortalece la organización popular en torno a los problemas que plantean las políticas y practicas neoliberales, como la carestía de los servicios públicos. Las universidades, en particular las públicas pero también varias de las privadas, o sectores de ellas, nutren con aportes académicos y son espacios de referencia. En fin, las facetas son múltiples y también los medios, como por ejemplo la radio comunitaria y universitaria y la prensa alternativa, en su conjunto verdadera e “invisible” red que articula y a la cual presta atención una población ávida de otra información e interpretación de la realidad ante el hastío que provoca la banalidad y estulticie de los medios masivos, combinada con la cantaleta de las cuñas comerciales. Los aspectos positivos anotados coexisten, sin embargo, con diversos problemas que sólo enuncio a continuación. Por ejemplo, la multiplicidad de agendas, a menudo simultáneas y superpuestas, que generan numerosos espacios débiles en vez de fortalecer unos cuantos, produciendo mayor impacto. Detrás de lo anterior está el problema de funcionar en un espectro de muchas organizaciones, débiles la

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mayoría, pero con pretensión de abarcar una amplia gama de temas y actividades, generando y profundizando el “toderismo”, pues las actividades recaen con frecuencia en unos cuantos activistas que se reencuentran en diversos espacios. Somos casi los mismos en muchos escenarios. No ha sido posible construir referentes organizativos fuertes con una adecuada división y especialización en el trabajo en un marco integrador. Subyace un no injustificado temor al caudillismo y al autoritarismo, propio de la vieja izquierda, pero la reacción, fundamentada en un igualitarismo extremo y en la necesidad de llegar a un consenso hasta en los mínimos detalles, hace demasiado lento el movimiento frente a la capacidad del adversario que opera en base a acuerdos duraderos y direcciones operativas y diversificadas. Capítulo aparte merece la difícil y compleja relación entre los centros y las regiones. Y digo “los centros” pues lo que se reclama al centralismo de Bogotá se reproduce en la relación de los centros regionales con sus periferias, y entre dichos centros y las regiones consideradas de menor desarrollo. Aunque se ha avanzado en construir más horizontal y concertadamente, distamos aún de una adecuada integración de la multiplicidad y la diversidad, y ello acentúa algunos rasgos de desconfianza y conflictividad.

La relación del movimiento social con los partidos políticos es complicada pues los que apoyan al Gobierno no se atreven a desafiar sus políticas, limitándose a leves aperturas de algunos sectores o personas. La oposición, más receptiva, privilegia la dinámica electoral y aunque sus representantes en el Congreso han cerrado filas en la defensa del referendo por el agua, la agenda social tiende a pasar a un segundo plano ante las urgencias de la política centrada en ganar posiciones de poder, sobre todo en época de elecciones. Entre tanto, el alcance de posiciones claves como la Alcaldía de Bogotá, por fuerzas de oposición y de izquierda, no ha conllevado que los gobiernos establecidos hayan construido una sólida y clara relación con el movimiento social diverso que contribuyó a su elección. El notable éxito electoral se ha diluido en la opción de “administrar” la ciudad en vez de avanzar hacia la construcción de un nuevo modelo de ciudad. Las alcaldías de izquierda no se nutren suficientemente de la elaboración hecha desde el movimiento y en asuntos claves como la gestión del agua, por ejemplo, las dos últimas administraciones han dado continuidad al modelo de privatización de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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En el marco anterior, la iniciativa del referendo por el derecho humano al agua vino a dar respuesta, tal vez transitoria, a algunos de los problemas señalados, pues posibilitó la confluencia de diversos sectores del movimiento social en torno a una actividad concreta: la recolección de firmas. Este acto, simple pero significativo para amplios sectores de la ciudadanía, pues en nuestra cultura el acto de firmar está ligado a un compromiso de la persona con la causa que apoya23, daba también la posibilidad de difundir un discurso que articulaba los temas de interés de los distintos sectores que confluían.

La recolección de firmas fue adelantada mediante jornadas callejeras pero sobre todo a través del funcionamiento de la trama de organizaciones que constituyen un componente fundamental del movimiento social y de un conjunto de redes informales de comunicación y relación que tienen como referentes, frecuentemente, a personas cuya trayectoria o liderazgo es ampliamente reconocido24. Las jornadas callejeras posibilitaron a muchas organizaciones un contacto inédito con los ciudadanos y ciudadanas anónimos de las grandes ciudades, evidenciando el sorprendente interés que dicho(a) ciudadano(a) tiene sobre temas como el ambiental, y la distancia que sus opiniones guardan con el discurso oficial y “mediático” que aparentemente domina. El funcionamiento del movimiento como red en la recolección de firmas se valora si se tiene en cuenta que del total de 2.100.000 firmas recogidas, aproximadamente un millón llegó a la sede de Ecofondo en Bogotá, lugar de acopio, en los últimos diez días de los seis meses que da la Ley para obtener un número de firmantes equivalente al 5% del censo electoral, es decir a 1.400.000 personas. Esto ocurrió así pues las planillas suministradas al principio del proceso a numerosas organizaciones y personas vinieron a retornar en su gran mayoría al final, demostrando también la eficacia de la comunicación que logró alertar sobre la necesidad de su retorno antes del vencimiento del término otorgado por la Ley. Otro aspecto importante de esta experiencia es la construcción organizativa que ha implicado. El Comité Nacional en Defensa del Agua y de la Vida se constituyó con 60 organizaciones nacionales y regionales

23 La firma equivale hoy en día a lo que hace tres generaciones se denominaba “dar la palabra”, es decir comprometerse con algo o con alguien. 24 Así, por ejemplo, un eminente científico colombiano, quien pidió reserva sobre su nombre, recogió cinco mil firmas y Jaime Alarcón, trabajador de la localidad de Suba, otro tanto.

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en reunión celebrada el 23 de febrero de 2007 en el Auditorio de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, y se amplió a 1.200 organizaciones en todo el país. Ha realizado seis asambleas nacionales y cuenta con Comités Territoriales en casi todas las regiones. Toma sus decisiones por consenso y se ha dotado de una secretaría operativa que se reúne casi semanalmente. Así mismo, ha contado con comisiones para los aspectos fundamentales como el político–jurídico, las comunicaciones y la labor educativa. Un punto de referencia y cohesión ha sido el Comité Promotor del Referendo, inscrito formalmente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de atender lo relativo a las elecciones y los mecanismos de participación que implican votación, como los referendos. En dicho Comité Promotor se expresan ambientalistas, sindicalistas, indígenas, usuarios y vocales de control de servicios públicos y acueductos comunitarios25. En síntesis, una actividad concreta permitió a diversos sectores del movimiento social confluir en un propósito específico, superando la tendencia a quedarse sólo en el discurso y atisbando nuevas formas de articulación con la ciudadanía. A su vez la apelación a la reforma de la Constitución para intentar resolver un problema vital como el acceso al agua muestra el agotamiento de instancias de diálogo con un Gobierno que aplica sin contemplaciones las políticas mercantilistas y la privatización de lo público. El señalamiento de las duras condiciones que rodean la posibilidad de adelantar iniciativas de participación ciudadana y comunitaria no están encaminadas, sin embargo, a desestimularlas sino a tener en cuenta el terreno que pisamos. Por el contrario, la situación descrita sólo cambiará si persistimos en este tipo de propuestas y acciones, como el referendo por el agua, pues en medio de las adversidades el gran apoyo popular obtenido también dibuja un enorme campo para la acción y organización ciudadana. Sin ésta, los intentos de conformar alternativas políticas tampoco podrán sobrepasar ciertos límites. Por ello el espacio desbrozado por la iniciativa del referendo, con sus más de dos millones de firmas de respaldo, es una invitación a continuar trabajando con creatividad, sin mezquindad, con esperanza y con decisión, más allá de la suerte final del referendo mismo.

25 El Comité Promotor está conformado por las siguientes personas: Humberto Polo de Simtraemsdes, Tatiana Roa de Censat – Amigos de la Tierra, Rodrigo Acosta de la CUT, Oscar Gutiérrez de la Unión Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos, Cristo Miranda de Acueductos Comunitarios; Martha Cañón de Avocar, Héctor Gañán de la ONIC, Javier Márquez de Penca de Sábila y Rafael Colmenares de Ecofondo, quien es el vocero del Comité.

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De-sierto este es nuestro futuro - Sevilla Vereda Calamar Escuela José Antonio Galán

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Concurso de Murales: PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES

El capitalismo, la naturaleza y la identidad social: Una teorización incompleta1 Tom Perreault

Departamento de Geografía Universidad de Syracuse - Syracuse, Nueva York, EUA [email protected]

1 Este capítulo fue elaborado para el taller “Justicia Hídrica”, auspiciado por la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y el Centro Bartolomé de Las Casas, Cuzco, Perú, 22-27 de noviembre de 2009.

El capitalismo, la naturaleza y la identidad social: Una teorización incompleta Tom Perreault

Introducción En lo que sigue considero tres contradicciones sociales fundamentales: (1) la llamada ‘primera contradicción del capitalismo’ entre mano de obra y capital; (2) lo que James O’Connor llama la ‘segunda contradicción del capitalismo’ entre la producción capitalista y la naturaleza; y (3) lo que estoy llamando la ‘contradicción de identidad’ entre las posiciones de los sujetos producidas a través de las relaciones capitalistas de producción (es decir, identidades de clase) y aquellas posiciones de los sujetos que existen dentro de las relaciones capitalistas pero que no pueden reducirse a ellas (es decir, género, raza y origen étnico).

La “Primera Contradicción del Capitalismo”: Capital/Mano de obra La contradicción fundamental en el capitalismo es lo que ha sido denominado la ‘primera contradicción del capitalismo’, aquella entre la mano de obra y el capital. Esto, para Marx (1967 [1867]), fue una crisis de subacumulación, por culpa de la cual el capital no logra obtener la máxima acumulación de plusvalía (es decir, lucro), debido al debilitamiento de las condiciones sociales de la producción de trabajo. Los beneficios podrían ser maximizados a través de una sobreexplotación, pero, al hacerlo, la acumulación a largo plazo se ve socavada. Por lo tanto, deben establecerse ciertos compromisos por parte de la burguesía para garantizar la maximización del lucro a largo plazo. Esta contradicción es interna (es decir, inherente) al capitalismo, en el hecho de que surge de la oposición de los intereses materiales de capital y mano de obra. Es esta contradicción la que dio pábulo a los movimientos laboristas.

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Esta contradicción es tan relevante hoy como lo fue durante el tiempo de Marx y se puede observar en la profundización de la explotación de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Lo que ha cambiado desde el siglo XIX, sin embargo, es la diversidad de formas a través de las cuales se produce esta explotación. El neoliberalismo —es decir, las históricamente específicas y geográficamente variadas disposiciones institucionales del capitalismo tardío— ha provocado la reestructuración espacial y social de las relaciones capitalistas, y con ella una reconfiguración de las diversas contradicciones inherentes al capitalismo. Se puede encontrar un ejemplo en lo que David Harvey identifica como ‘acumulación por despojo’, una variación de la noción de Marx de ‘acumulación primitiva’. En esa discusión, hacia el final del volumen 1 de El Capital, Marx identifica los distintos recintos de tierras comunales o ejidos y su consiguiente enajenación de los campesinos, como el ‘pecado original del capitalismo’, una historia famosamente escrita en ‘sangre y fuego’. Pero lo que para Marx consiste en un evento singular, originario, es para Harvey (2003) un proceso que se está desarrollando continuamente, interno y, de hecho, necesario para el capitalismo. Como explica Harvey, el proceso de ‘acumulación por despojo’ es fundamental para el modo neoliberal del capitalismo. Por ‘acumulación por despojo’ Harvey se refiere a la actual privatización o ‘encierro’ de los ejidos —agua, semillas, tierra, biodiversidad, ‘cultura’— que se ha convertido en el ícono del capitalismo neoliberal y su búsqueda incesante y expansionista de lucro. Todo esto se hace posible, por lo menos en parte, por la reconfiguración espacial de las relaciones capitalistas de producción: la evaporación de las fronteras al comercio y la inversión (y el endurecimiento simultáneo de los límites para la circulación de mano de obra), la re-escalización de la gobernanza de la acumulación, la desagregación espacial de los procesos de producción y la reconfiguración de categorías sociales como ‘propiedad’, ‘recursos’ y ‘naturaleza’. Las consecuencias sociales y políticas de la acumulación por despojo son fácilmente discernibles y han sido particularmente espectaculares en la icónica ‘Guerra del Agua’ de Cochabamba, Bolivia, cuyos acontecimientos seguramente son bien conocidos por quien lee este capítulo. Las dimensiones ecológicas de la acumulación por despojo son quizás menos evidentes, sin embargo, y no pueden reducirse fácilmente a ecuaciones simplistas tipo procesos capitalistas = degradación del ambiente. De hecho, los procesos de acumulación por des-

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pojo a través de los recintos genéticos, biopiratería y similares, piden abordar la cuestión de la producción capitalista de la naturaleza, un complejo conjunto de preguntas enfrentado por geógrafos y geógrafas como Margaret FitzSimmons (1989), Neil Smith (1984), David Demeritt (2002) y Noel Castree (1998), entre otros.

En opinión de Smith (1984), el capitalismo transforma continuamente la ‘primera naturaleza’ (es decir, la naturaleza que existe antes de su contacto con los procesos capitalistas) en la ‘segunda naturaleza’ (la naturaleza transformada y, por lo tanto, asimilada por el capitalismo). Smith nos presenta un análisis sofisticado de las relaciones metabólicas de la naturaleza y la sociedad a través de procesos capitalistas. Su enfoque dialéctico, enraizado en el materialismo histórico, describe la forma sutil y variada en que el capitalismo metaboliza la naturaleza de manera continua y, en este proceso, la produce de nuevo (como ‘segunda naturaleza’). En última instancia, sin embargo, este enfoque descansa sobre un binario, que a la vez es inútil y exagerado en su recuento totalizante (Smith sostiene no sólo que se han producido estratos geológicos en la profundidad como ‘segunda naturaleza’, a través de procesos de minería y extracción de petróleo, sino que los cielos han sido transformados de forma similar a través de nuestros esfuerzos en la exploración del espacio). Tal es una visión general que carece de matices, por decir lo menos, y es claramente inútil en la comprensión de la complejidad de la naturaleza, que es al mismo tiempo interna a las relaciones capitalistas de producción (como factor y fuerza de la producción) y externa a ellas (es decir, no producida por el capitalismo; lo que Polanyi [1944] denomina un ‘bien ficticio’).

La “Segunda Contradicción del Capitalismo”: Capital/Naturaleza Otro punto de vista sobre la relación metabólica entre naturaleza y capitalismo es presentado por la ‘Segunda contradicción del capitalismo’ de James O’Connor (1996), una contradicción de subproducción. Si la primera contradicción del capitalismo es la de subacumulación entre el capital (la burguesía) y la mano de obra (el proletariado), cuyos intereses materiales están en contraposición en el modo de producción capitalista, entonces la llamada ‘segunda contradicción del ca-

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pitalismo’ es una contradicción entre la apropiación material cada vez mayor de la naturaleza, algo necesario para la producción capitalista, y la capacidad bastante más limitada de la naturaleza de (1) proporcionar material necesario para las actividades productivas (los recursos naturales) y (2) absorber los desechos producidos como subproductos de la producción capitalista (la contaminación). O’Connor sostiene que la naturaleza impone límites materiales sobre la expansión del capitalismo. Estas ideas se encuentran en Marx (1967 [1867]), en su análisis de la ‘brecha metabólica’, donde examinó la radical separación espacial, económica y social de lo urbano y lo rural, lo que condujo a una ruptura en el reciclaje de nutrientes y a las crisis en la producción agrícola. Esta contradicción es externa al capitalismo ya que O’Connor ve la naturaleza como una fuerza externa, un ‘bien ficticio’ en palabras de Polanyi (1944). En contraste con el análisis más sólido de Smith (1984), el enfoque de O’Connor no tiene en cuenta la acumulación capitalista de la naturaleza y, por lo tanto, es una perspectiva más frágil. En opinión de O’Connor, es esta contradicción lo que da lugar al movimiento ecologista, que —en una sugerencia similar a la tesis de ‘doble movimiento’ de Polanyi— pretende proporcionar un control a una excesiva producción capitalista. Pero las tesis de O’Connor, tan potentes y sugerentes como son, fallan en varios frentes, incluyendo su incapacidad para demostrar que las condiciones de crisis surgen de la degradación ecológica. Sin duda, la escasez temporal en las fuentes de recursos naturales o los desastres ecológicos, tales como derrames de petróleo, pueden causar disminuciones en los beneficios y mucha resistencia a ‘seguir en el negocio como de costumbre’. Pero éstas no son las crisis generalizadas del capitalismo. De hecho, como ha señalado John Bellamy Foster (2002), las tesis de O’Connor no tienen en cuenta las innumerables formas en que el capitalismo puede mantenerse en la degradación ecológica y hasta prosperar en ella. Como perspicazmente han señalado los Verdes Alemanes, el capitalismo sólo aprenderá que no se puede comer dinero una vez que se han cortado todos los árboles, y no antes. Además, no existe ningún bucle de retroalimentación dirigido directamente desde la sociedad, como O’Connor, basándose en Polanyi, sugiere. Por último, la tesis de O’Connor postula un binario rígido entre naturaleza y sociedad que está ausente en Marx, y que no puede explicar la producción capitalista de la naturaleza. Esto es, en definitiva, una visión no dialéctica de la historia.

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Otro punto de vista es proporcionado por el trabajo en la gobernanza ambiental inspirado por la escuela neomarxista francesa de regulación y la de economía institucional radical. Este trabajo considera las ‘condiciones ecológicas de producción’ en el marco de los acuerdos institucionales particulares del capitalismo. Estas disposiciones institucionales, que abarcan tanto las relaciones sociales y culturales como aquellas económicas y políticas, sirven para estabilizar los regímenes particulares de acumulación. Pero esos regímenes de acumulación son histórica y espacialmente específicos, y no son estables. De hecho, se pueden agotar a través de medios sociales, económicos, políticos o ecológicos. Como en las ideas de O’Connor, los regulacionistas ven los límites ecológicos (para la apropiación directa de la naturaleza o la absorción de desechos) como obstáculos a la acumulación incesante. En este punto, la acumulación alcanza el punto de crisis, y el capital debe encontrar otros medios para generar lucro. Se puede decir que los arreglos institucionales se han autoagotado. Por lo tanto, el trabajo de la escuela de regulación inspirado en la gobernanza ambiental trata de comprender las disposiciones institucionales del capitalismo y los modos de regulación económica y social que sirven para estabilizar los regímenes de acumulación. En particular, la academia se ha centrado últimamente en las instituciones del neoliberalismo histórica y geográficamente específicas y sus implicaciones para los sistemas ambientales, los derechos de recursos y las formas de propiedad. Este trabajo pretende tomar seriamente en cuenta el materialismo de la naturaleza, a la par que rechaza los supuestos simplistas de los ‘límites al crecimiento’ y no sucumbe al rígido binario naturalezasociedad de O’Connor (y su afirmación, algo ingenua, de que los movimientos ambientales servirán como una especie de bucle de retroalimentación negativa a la expansión del capitalismo).

El poscolonialismo y los límites del análisis marxista Los análisis marxistas de las contradicciones estructurales, entre capital y mano de obra y entre capitalismo y naturaleza, potentes como son, tienen un valor limitado en el análisis de determinados modos de diferencia social dentro de la sociedad. Por ejemplo, las perspectivas marxistas proporcionan poca orientación al considerar

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la producción social de la raza, la etnicidad y el género, o las consecuencias materiales de las múltiples formas de racismo y sexismo que florecen en las sociedades de todo el mundo. Del mismo modo, la violencia de la experiencia colonial y las realidades del poscolonialismo no pueden explicarse plenamente al recurrir al análisis marxista. Considerando que las posiciones de clase existen dentro del modo de producción capitalista y son generadas por él (y como tal, existen como posiciones de los sujetos necesarias dentro de capitalismo), raza y género son identidades sociales de otra naturaleza. Raza y género se producen a través de una matriz de relaciones sociales y, si bien no pueden reducirse a la biología, tienen sus raíces en ella y, por lo tanto, no pueden ser completamente subsumidas bajo el capitalismo, pero tampoco puede decirse que existen esas identidades fuera del capitalismo. Más bien, raza y género son tanto internas como externas al capitalismo y no pueden reducirse a las relaciones de clase. Así, un desafío central para quienes estudian críticamente la política cultural y la economía política es analizar las formas en que las identidades sociales de raza, étnia, género y clase traslapan unas con otras y con qué efecto, y cómo estas asignaciones varían en el tiempo y el espacio.

Vale la pena considerar el carácter socialmente construido de la raza y el género. Nuestro objetivo no debe ser despojarse de estos modos de diferencias sociales, a fin de llegar a alguna forma abstracta, universalizada, de humanidad común. En su lugar, parafraseando a W.E.B. DuBois (1985), hay que esforzarse por comprender las formas en que las diferencias inherentes de ‘piel, cabello y hueso’ forman nuestras vidas. Si bien la realidad material de las diferencias raciales y de género está arraigada en nuestra biología como seres humanos, el significado social que provoca tal diferencia se fabrica material y discursivamente a través de las relaciones sociales. La raza es, como ha sostenido Stuart Hall (1990), un ‘significante flotante’ —su significado ‘flota’ o cambia con el contexto social y puede cambiar con el tiempo y a través del espacio—. Ser negro en el Brasil no es lo mismo que ser negro en los Estados Unidos, y ser negro en los Estados Unidos hoy no es lo mismo que hace 150 años. Esto no significa que desaparezcan las diferencias; más bien, su significado cambia con el contexto social.

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De manera similar, las identidades de género se fabrican socialmente. Considerando que el sexo es una categoría biológica (incluso si, como Donna Haraway [1989] y otros han argumentado, también es un producto de las relaciones sociales y las construcciones discursivas del mundo), género se produce a través de las fricciones de la vida social. Como con la raza y el origen étnico, lo que el género significa, cómo se percibe y es experimentado, los modos materiales y discursivos a través de los cuales se reproduce, varían con el contexto histórico y geográfico.

Argumentar que se producen identidades sociales a través del discurso y las relaciones sociales no es negar su realidad material, ni tampoco alegar que esas identidades son infinitamente flexibles o simplemente imaginadas. Las largas y sórdidas historias de racismo, colonialismo y patriarcado recetan precaución contra tales supuestos ingenuos y apuntan hacia las consecuencias a menudo brutales de las diferencias socialmente producidas. De importancia crucial en el análisis de raza y género como posiciones de sujetos socialmente producidas es que estas identidades, aunque sus raíces estén en biología, sólo pueden entenderse con respecto a otras identidades de sujetos. Como tales, estas identidades existen dentro de —de hecho no puede existir aparte de— las relaciones que dan forma a su significado y experiencia sociales. En este sentido, estas identidades de sujetos son histórica y geográficamente específicas.

Un ejemplo es la categoría ‘indígena’. El concepto de ‘indigenidad’ sólo tiene significado en el contexto del colonialismo y en la larga historia de relaciones desiguales de poder que ha conformado lo que significa ser indígena. Por ejemplo, no había ningún indígena en las Américas antes de 1492. Esto no es, por supuesto, argumentar que no existía ningún pueblo en las Américas antes de la llegada de los europeos. Más bien, la categoría ‘indígena’ (o ‘nativo,’ ‘originario,’ ‘aborigen’ o ‘indio’) no tenía significado fuera de ese encuentro social, en sí mismo inseparable históricamente de las relaciones específicas de poder. En otras palabras, ‘indígena’ es una identidad social funamentalmente relacional, que sólo tiene significado a través de su relación con otras identidades (p.e. ‘colono,’ ‘blanco’). Estas relaciones son, a su raíz, relaciones de poder desigual, constituido y reproducido historicamente. Por tanto, para comprender el concepto de indigenidad y la categoría social ‘indígena’, tenemos que considerar el pasado colonial y el presente poscolonial.

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Y aquí estoy pensando en lo ‘poscolonial’ en su sentido tripartito de momento histórico, posición de sujeto y proyecto político. En el sentido más básico, lo poscolonial es un momento de la historia, un periodo de tiempo después de la dominación por una potencia colonial extranjera. En América Latina, por supuesto, el período colonial formal concluyó en las primeras décadas del siglo XIX, aunque en muchas partes de las Américas (como en otras partes del mundo) continúa habiendo un colonialismo interno, como lo hace de diversas formas el neocolonialismo emanado de Estados Unidos y, en menor medida, de Europa y otras potencias del mundo. Pero considerar el poscolonialismo sólo (o incluso principalmente) en su sentido histórico, cronológico, es una perspectiva empobrecida, pues el mundo poscolonial está plagado de contradicciones sociales y políticas, y las consecuencias del pasado están permanentemente desplegadas en el presente. Una de estas implicaciones es la poscolonialidad como posición de sujeto, es decir, la producción discursiva y material de identidades sociales a través del proyecto colonial. Como Edward Said (1979) ha señalado en su texto clásico ‘Orientalismo’, el ‘Oriente’ existe como un artefacto geográfico, producido discursiva y políticamente como el exótico otro de ‘Occidente’. Lo mismo puede decirse de América Latina: un producto del juego de manos colonial de encuentros, dominación política, representación discursiva y cartográfica. El idioma y la lógica del poscolonialismo siguen reproduciéndose en las Américas, no pocas veces por parte de las élites de América Latina. El modelo de ‘centro-periferia’ de la teoría de la dependencia encontró su expresión mayor en el trabajo intelectual en Brasil, Argentina y Chile, y aplica un marco economicista a los ideales orientalistas. En este sentido, entonces, lo poscolonial es una identidad social producida a través de las relaciones históricas y contemporáneas de dominación, de las formas de conocimiento y de las tecnologías del poder. Pero el poscolonialismo también debe ser entendido como un proyecto político que busca romper las narrativas dominantes de lo colonial. Las obras de Said, Frantz Fanon (1991), Gayatri Spivak (1999), Arturo Escobar (1995) y otros han intentado cuestionar y desmontar las formas de conocimiento y el poder que emanan los centros coloniales, y en el proceso critican los entendimientos de sentido común de conceptos iluministas como desarrollo, modernidad y verdad. En un sentido más cotidiano, los movimientos sociales de los pueblos indígenas, las mujeres, los pobres urbanos y otros han intentado hacer

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lo mismo: poner en tela de juicio las relaciones dominantes de poder, la desigualdad social y el proyecto de desarrollo.

¿Cómo, entonces, conciliar estas preguntas sobre lo poscolonial con el materialismo histórico marxista con el que se comenzó en este documento? El intelectual y actual Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (2008), ha intentado realizar algo similar haciendo conversar el marxismo con literaturas e ideologías indigenistas. En su forma clásica, el indigenismo puede considerarse como una versión de colonialismo interno, informado tanto por el pensamiento liberal como político radical, que trataba de abordar el ‘problema indio’. Como García Linera reconoce, por supuesto el indigenismo fue producido en la lengua dominante (castellano) en centros urbanos como Lima, dominados por élites blanco-mestizas, y al hacerlo excluyó el mismo sujeto que trataba de representan. De esta manera, el indigenismo representa menos una vista de la cultura indígena que una ventana a las formas en que las elites intelectuales han imaginado y representado la alteridad. Como si conjurara al fantasma de José Carlos Mariátegui, estos sentimientos aparecen en la gran pantalla en la reciente película peruana Madeinusa. Una creación de Claudia Llosa, cuya familia tiene una larga y relatada historia de pensamiento orientalista, Madeinusa representa a la gente indígena andina como otro interno exótico e incognoscible, una fábula grotesca —especialmente a la luz de recientes masacres promulgadas por el Gobierno de Alán García, en el espíritu del desarrollo nacional y la modernización—. No es de extrañar entonces, que el pensamiento indigenista haya sido particularmente influyente en la formación temprana del APRA, partido de García. Al colocar marxismo e indigenismo en el mismo marco analítico, García Linera intenta intercalar uno con otro y examinar las fisuras ideológicas que resultan del intento. El indigenismo de Mariátegui, con todos sus defectos, trató de abordar la cuestión de la exclusión racial y el lugar de los pueblos indígenas en la nación del Perú. Esto es una cuestión para cuyo enfrentamiento el marxismo —ayer y hoy— no se ha preparado adecuadamente. Como he señalado, género, raza y origen étnico no pueden ser incluidos en el capitalismo y no pueden reducirse a meros epifenómenos del modo de producción capitalista. Al mismo tiempo, sin embargo, los indígenas y las mujeres en la Latinoamérica contemporánea, y en otros lugares, existen en un mundo en el que se producen sus posiciones de sujeto dentro del capitalismo, pero

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no se limitan a él. Y esto, yo diría, es otra contradicción estructural: la inconmensurabilidad de las identidades sociales basadas en clases y aquellas no basadas en clase. Las posiciones de sujeto de clase, raza y género existen en una tensión que jamás se podrá resolver plenamente. Así, ni el marxismo ni el poscolonialismo (o el postestructuralismo) dan la talla para la tarea analítica. Tenemos que ser conscientes tanto de las identidades sociales basadas en clases como de aquellas basadas en raza y género, y poner atención a que, si bien están constituidas mutuamente, no pueden ser fundidas en una posición de sujeto unitaria, lo que el intelectual aimara y líder político Víctor Hugo Cárdenas llamó célebremente ‘viendo con ambos ojos’.

Hacia una suerte de conclusión Comencé este documento analizando lo que ha sido identificado como la ‘primera contradicción del capitalismo’: mano de obra y capital. Ésta es la contradicción fundamental que existe en el corazón del modo de producción y representa gran parte de la lucha alrededor de procesos de acumulación y explotación capitalistas. Revisé, a continuación, lo que O’Connor denomina la ‘segunda contradicción del capitalismo’: capitalismo y naturaleza. Para decirlo más exactamente, esto se refiere a la dependencia de la producción capitalista en la entrega de la naturaleza de materias primas y en su capacidad de ser sumidero de subproductos de residuos de los procesos productivos. La contradicción aquí se da por la tendencia del capitalismo a socavar los sistemas naturales básicos que apoyan la economía —en otras palabras, la cuestión de la sostenibilidad—. Útiles como son estas ideas, dejan abiertas preguntas sobre los modos de formación de sujetos, la explotación y la exclusión que existen en las relaciones contingentes, en contraposición con las relaciones necesarias con el capitalismo. Como ya se ha indicado, éstas son las cuestiones de género y raza, identidades sociales arraigadas en la biología aunque no reductibles a ésta, pero que son, en un sentido fundamental, socialmente producidas. Al igual que las identidades de clase, las posiciones de sujeto racializadas y de género son relacionales y son específicas a la histórica y a la geografía. A diferencia de las identidades de clase, sin embargo, no se fabrican a través de las relaciones capitalistas. Así, necesitamos otros modos de análisis para ex-

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plicar estas relaciones. La inconmensurabilidad fundamental de, por un lado, las identidades de clase, y por otra, las identidades de raza y género, apunta a una tercera contradicción: la de las identidades sociales producidas a través de las relaciones capitalistas de producción y aquellas no producidas por el capitalismo (pero que, sin embargo, existen en y a través de un mundo capitalista). Esta contradicción y los problemas que tienen lugar requieren modos de análisis no marxistas (o no sólo marxistas).

¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos y acceso a los recursos naturales y la justicia ambiental? Por decir demasiado brevemente, esas relaciones existen dentro de las tensiones producidas por estas diversas contradicciones. En el contexto de las luchas indígenas y campesinas por los recursos naturales en Latinoamérica, las relaciones capitalistas de producción son sólo uno de los conjuntos de relaciones sociales que moldean las formas que estas luchas toman en términos discursivos, materiales y simbólicos. Los modos de exclusión enraizados en el pasado colonial, pero vivos en el presente postcolonial, presentan de manera similar una influencia en el acceso y uso de los recursos naturales.

Bibliografía Castree, Noel and Bruce Braun 1998. The construction of nature and the nature of construction: analytical and political tools for building survivable futures. In Noel Castree and Bruce Braun (eds) Remaking Reality: Nature at the Millenium (London: Routledge) p. 3-42. Demeritt, David 2002. What is the ‘social construction of nature’? A typology and sympathetic critique. Progress in Human Geography 26(6): 767-790. DuBois, W.E.B. 1985. Against racism : unpublished essays, papers, addresses, 1887-1961. Amherst : University of Massachusetts Press.

Escobar, Arturo 1995. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Fanon, Frantz 1991. Black Skin, White Masks. New York : Grove Weidenfeld.

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O’Connor, James 1996. The second contradiction of capitalism. In The Greening of Marxism, Ted Benton (ed.), pp. 197-221. Said, Edward 1979. Orientalism. New York: Vintage Books.

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Spivak, Gayatri Chakravorty 1999. A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge, MA: Harvard University Press.

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Cuidemos nuestro medio ambiente - Sevilla Estudiantes Sabatino

Río Guabas, una gota de esperanza - Ginebra Fundación Vital y Comité de Montaña

Cuidemos los ríos - Sevilla Casa del Pobre de San Vicente de Paul (Asilo)

Concurso de Murales: PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES

Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales Notas y preguntas hacia una caracterización social y política Hernán Darío Correa C.

Consultor Ecofondo Bogotá, febrero - noviembre de 2006

Acueductos comunitarios, patrimonio público y movimientos sociales Notas y preguntas hacia una caracterización social y política Hernán Darío Correa C. Para los fontaneros Quienes aún velan desde las fuentes

Presentación y alcances de este trabajo Ecofondo, impulsor de la Campaña Nacional del Agua que culminó con el Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios, consideró importante realizar durante su proceso un ensayo de caracterización socio-política de dichos acueductos para cualificar la campaña y abrir camino a una investigación sistemática sobre los mismos en todo el país, que sería adelantada durante la segunda fase de aquella. Dicho trabajo se programó con base en una aproximación a situaciones regionales expresadas en algunos de los Foros regionales del agua a los cuales pudo asistir el autor, y a seis experiencias en marcha de gestión comunitaria de acueductos1, con base en entrevistas con algunos de sus protagonistas principales, y en la consulta a bibliografía secundaria, adelantadas durante el primer semestre del año en curso. En el citado encuentro nacional se presentaron algunas conclusiones preliminares en un documento titulado “Siete tesis sobre los acueductos comunitarios” que fue entregado por escrito y ampliado oralmente en dicha reunión por su autor. Algunos de sus contenidos fueron recogidos en la Declaración final acordada por la plenaria.

1 Se trata de los acueductos Acualcos (Bogotá), Adamiuain (Norte de Santander) y Bonda (Santa Marta), y las asociaciones de acueductos comunitarios de Ibagué, Norte de Bolívar y Dosquebradas (Pereira). Ver más adelante detalles sobre cada uno de ellos.

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Las ideas que siguen corresponden al ejercicio anterior, más algunas proposiciones complementarias o críticas, así como nuevas preguntas sobre las relaciones de los mismos con los movimientos sociales en torno al agua que se han presentado en el país en las últimas décadas, o que se hacen previsibles dentro del conjunto de problemas nacionales actuales.

En efecto, una caracterización como la que se pretende debe alternar un perfil de los acueductos en sí con las dinámicas de luchas sociales y con los procesos de reorganización territorial y socioeconómica que se han impuesto de forma tan significativa en Colombia en este cambio de siglo, impulsados al unísono por el proceso de globalización, la apertura económica, la reforma del Estado y la guerra2. Sobre ello, y a partir de la pesquisa de fuentes secundarias existentes sobre los movimientos sociales realizada para este trabajo3, puede decirse que es poco lo avanzado en la investigación social y ambiental en el país, y en tal sentido las notas que siguen se proponen como hipótesis de trabajo hacia una investigación más amplia y participativa. Así pues, en tanto está concebido como documento de trabajo, este ensayo busca aportar al proceso de lucha social en defensa del agua como bien público, bien común y derecho fundamental, y a sus proyecciones presentes y potenciales hacia la construcción de políticas públicas alternativas en un país agobiado por una profunda crisis humanitaria, cuyos sectores dominantes se empeñan en desmantelar el patrimonio público existente, dentro del cual los acueductos comunitarios, como se verá seguidamente, son uno de los elementos centrales.

2 Son muchos los textos existentes al respecto. Para el balance más reciente, ver Leal, Francisco (Editor). En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI. Bogotá, Grupo Editorial. Norma, 2006. 574 págs, en el cual 21 autores analizan el país de las últimas tres décadas, a través de sus actores institucionales y sociales (gobierno, congreso, judicatura, militares, partidos, iglesia, empresarios, sindicatos, movimientos sociales y de mujeres, guerrillas, paras y narcos), y de algunas políticas públicas (reformas económicas y de la justicia, paz, seguridad y exterior); y sugieren hipótesis prospectivas. 3 Se tuvieron en cuenta varias compilaciones y textos. Los más importantes: Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Protestas sociales en Colombia, 1958-1990, Bogotá, ICNH-Cinep, 2003; Ecofondo, Se hace camino al andar. Aportes para una historia del movimiento ambiental en Colombia, Bogotá, Ecos N.7, 1997; Gustavo Gallón (compilador), Entre movimientos y caudillos. 50 años de bipartidismo, izquierda y alternativas populares en Colombia, Bogotá, Cerec-Cinep, 1989; Leopoldo Múnera, Rupturas y continuidades, poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988, Bogotá, Cerec-Iepri-U.Nacional, 1998; y Carlos Salgado y Esmeralda Prada, Campesinado y protesta social en Colombia 1980-1995, Bogotá, Cinep, 2000.

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La desgarrada base socio-cultural y política de las experiencias de manejo social del agua en Colombia Una de las principales características de la diversidad colombiana, no siempre ponderada por los investigadores de la realidad actual, son las construcciones históricas públicas regionales y locales de gestión del recurso agua, las cuales se apoyan y al mismo tiempo expresan y recrean los sistemas culturales propios de las comunidades gestoras de las mismas, descendientes o vecinas de los pueblos indígenas actuales o remotos.

En este sentido, son paradigmáticos los casos de las culturas anfibias del Sinú y del San Jorge, el pueblo Zenú y los pescadores actuales de sus cuencas; el cuidado ancestral de las lagunas costeras y el manejo integral del territorio, vitales en el ciclo del agua en la Sierra Nevada de Santa Marta, y los Kogui y Wiwa; el manejo no convencional guajiro del recurso y del servicio, y los Wayuu y su concepción del ciclo del agua basado en la itinerancia de Juyá (“el que llueve”), en el desierto de La Guajira; y el manejo territorial de lagunas y cuencas de los Guambianos, “hijos del Arcoiris y del agua”, y de los Nasa, y la estabilidad de la producción agropecuaria en sectores del departamento del Cauca; para no citar sino algunos casos relevantes ya estudiados en profundidad4. En la cultura cafetera, por su parte, un especial manejo histórico de micro-cuencas en la expansión de la frontera agrícola y la fundación de pueblos en el Viejo Caldas durante la colonización, fundamenta las actuales fortalezas regionales en el manejo del recurso presentes en el movimiento ambiental regional, incluyendo los acueductos comunitarios5. 4 Ver respectivamente, Ana María Falchetti, Los Zenúes, Bogotá, Museo del Oro, varios años; Gerardo Reichel-Dolmatoff, Los Kogui, Bogotá, Procultura, 1981; Michel Perrin, Los practicantes de sueños, Caracas, Monte Ávila, 2001; y Abelino Dagua Hurtado, Misael Aranda y Luis Guillermo Vasco y otros, Guambianos, hijos del arcoiris y de agua. Bogotá, Cerec-Banco Popular-Los Cuatro Elementos, 1998; Ximena Pachón C., “Los Nasa o la gente Páez”, en Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Geografía Humana de Colombia, Región Andina Central, Tomo IV, Volumen II. Bogotá, ICCH, 1996. 5 Ver Ana Patricia Quintana, Gestión colectiva del agua. Caso: Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Desquebradas. Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ciencias Ambientales-GTZ-AMAC, 2005; y Luis Alberto Ossa, “Ardentía por recobrar”, en Ecofondo, Se hace camino al andar, aportes para una historia del movimiento ambiental colombiano. Bogotá, Ecofondo, Ecos 7, 1997. También, con un sentido histórico amplio, Palacios, Marco. El café en Colombia 1850-1970. Una historia económica, social y política. Bogotá, El Colegio de México-El Áncora Editorial, 1983; y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, El sonido de los cántaros. Crónicas de los acueductos de Pereira. Pereira, Alcaldía, 2001. También Ernesto Guhl, quien acaba de presentar un trabajo sobre la evolución del paisaje cafetero en la historia de la región, dentro de la red reinvestigación sobre historia ambiental del país (Idea, Universidad Nacional, 2006).

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De ese trasfondo están disociadas las mentalidades políticas predominantes en el país en cuanto al reconocimiento y proyección pública de las prácticas sociales y culturales y de los horizontes de sentido de esos pueblos indígenas y comunidades criollas tradicionales. Tal vez por ello las experiencias sociales de lucha en torno al manejo del agua en el país se han construido a lo largo de muchos años con base en una idea de modernización asociada a la descomposición de los acervos culturales tradicionales (indígenas o criollos), y por ende existe una ruptura entre las prácticas de cooperación comunitaria y de gestión de los recursos naturales, y las racionalizaciones políticas y organizativas que se les superponen desde los procesos comunales, gremiales o políticos.

De ese modo ha existido una separación profunda entre los procesos sociales de manejo y gestión étnica, campesina o de habitantes urbanos a lo largo de todo el siglo XX, y las luchas por el acceso al servicio público formalizado y por el uso humano preferente del agua adelantadas por movimientos sociales campesinos y de pobladores urbanos, durante los últimos cincuenta años. En ello ha jugado un papel central la ausencia del concepto de territorio y de los recursos culturales comunitarios (manos prestadas, estructuras de redistribución y solidaridad en las formas de reproducción social asociadas al “rebusque” y a la economía informal, economías de manejos complementarios de pisos térmicos y de ordenamiento de las fuentes de agua)6 en las proposiciones organizativas y políticas que emergen de sus propios procesos o que son recogidas por las instancias normativas y los sistemas de planificación institucional. Ello se ha expresado en la forma predominante como los acueductos comunitarios o los sectores sociales han asumido la encrucijada de formalización competitiva y económica en que los han puesto hoy las política neoliberales, según la cual se aceptan las exigencias de formalización empresarial, dejando de lado los acervos socio-culturales que les han dado vida. En efecto, más allá de las posibles relaciones históricas entre los procesos de gestión comunitaria del recurso y los de lucha por el ac-

6 Además de la abundante literatura etnográfica (ver las series del ICANH, del Instituto de Cultura Hispánica, de las universidades Nacional, de Los Andes, del Cauca, entre otros), ver Uaespnn, Parques con la gente. Política de participación social en la conservación. I. Avances 1998-2000, y II, Selección de avances 2000- 2001. Bogotá, Ministerio del Medio Ambiente-Uaespnn, 2001 y 2002.

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ceso al servicio oficial, ambas dimensiones se diferencian entre sí por un aspecto central: el vínculo territorial con las fuentes de agua, o la disociación de las comunidades vecinales del acceso a, y del control del recurso.

Parecería que dicho vínculo territorial fuese exclusivo de lo rural; pero si se mira más de cerca, la construcción popular de territorios también ha sido propia de los procesos de urbanización, y en tal sentido es preciso reconocer y analizar las diferentes formas regionales de construcción de ciudades en el país, dentro de una realidad geográfica que muchas comparten: su ubicación en laderas y piedemontes colmados de micro-cuencas que han sido aprovechadas por los pobladores urbanos en el crecimiento informal de las ciudades hasta el punto de que capitales como Pereira, Ibagué o Villavicencio, para citar sólo tres casos, cuentan con una cobertura de alrededor del 20% del servicio, en manos de acueductos comunitarios. En el sector rural la cobertura alcanza el 40% a cargo de más de 10.000 acueductos de este tipo, también asociados a la riqueza de micro-cuencas del país andino7. Los 28 acueductos comunitarios de Ibagué, por ejemplo, surten el agua a sendos barrios periféricos de la misma ciudad desde 22 microcuencas, con una cobertura del 20% del servicio total de la ciudad (Ver Tabla 1).

En el caso del municipio de Dosquebradas (hoy parte del área metropolitana de Pereira), su lógica de poblamiento fue determinada por la construcción de estos acueductos desde los años 30 del siglo pasado: Los años en que se construyen los diferentes sistemas de abastecimiento comunitario de agua en Dosquebradas, muestran la inte-

7 Ponencias presentadas en el Encuentro nacional de Acueductos Comunitarios, en los Foros regionales, y en el Foro Nacional del agua que cerró la Campaña del agua, Bogotá, 2006. (Exposiciones en Power Point. CD memorias del Foro y del Encuentro. Bogotá, Ecofondo, 2006). En cuanto a acueductos comunitarios rurales, la cifra es incierta, pero los referentes son reiterados en los estudios de la Contraloría y de la Superintendencia de Servicios Públicos. Para dar un solo ejemplo sobre los numerosos acueductos rurales en abundantes micro- cuencas, en el Foro regional de Boyacá de la Campaña del Agua, realizado en Sogamoso, se habló de 3.763 acueductos veredales (notas personales), y el dato oficial al respecto es de 1.712, “con 1.747 captaciones superficiales, y apenas 38 subterráneas”. (Corpoboyacá y Secretaría de Salud, citados en Mauricio Ramírez, El agua en Chicamocha. Documento línea base de la campaña del agua en Boyacá. Bogotá, Ecofondo, 2006. 16 págs.). Rodrigo Marín, de la Universidad Central, en su ponencia “Conceptos para evaluar el agua local en épocas de crisis”, presentada en los citados Encuentro Nacional de Acueductos Comunitarios y Foro Nacional del Agua, sostiene que “el 80% de las fuentes de agua utilizadas en el país son superficiales” (Exposición en Power Point. CD citado, Ecofondo).

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Tabla 1. Acueductos Comunitarios de Ibagué Borde urbano

Comuna

Acueductos comunitarios Barrios

Número total

Fuente (quebrada o microcuenca)

Sur

13

15

Norte

6

Noroccidental

2

Centro

3 1

Boquerón, Ricaurte Florida, Batallón Los Túneles, La Isla, La Unión Jazmín Baja Jazmín Alta San Isidro, Granada Colinas I Colinas II Darío Echandía Miramar Gaviota El Triunfo, Los Ciruelos Ambalá Las Delicias San Antonio Modelia La Paz Clarita Botero Santa Cruz Calambeo La Vega Chapetón

Q. El Tejar Q. La Volcana Q. La Tigrera Q. El Salero Q. El Salerito Q. Granate Q. La Esmeralda Q. La Cristalina Pozos D. E. Q. La Gallinaza La Tuza Q. Ambalá Las Panelas La Balsa Q. San Antonio Q. Cocare Q. La Aurora Q. Madroño Q. Pañuelo Q. Grande Q. Lavapatas Q. Ramos Asti… 22

Totales

7

3 1 2 28

Fuente: Alcaldía municipal de la ciudad de Ibagué-Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.ESP Oficial. Acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué. Mimeo. S.f.

gración del área rural al territorio urbano y la orientación que toma el poblamiento en este municipio durante el siglo XX, iniciando en el centro y terminando en el sur-oriente de la ciudad: El acueducto comunitario La Capilla define la centralidad territorial de la ciudad en 1939, año de su construcción. El de San Diego, 1961, continúa la espiral ascendente en el mismo sector del centro. (El proceso sigue) hacia el oriente y el norte (acueductos comunitarios Santa Teresita y La Romelia, respectivamente, alrededor de 1965), y luego al sur (acueducto comunitario La Badea, 1968), sustentando en todos los casos (los usos predominantes del suelo de) cada sector (urbanos residenciales, rurales, industriales en su orden), hasta el

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inicio del poblamiento del occidente de la ciudad, con el acueducto comunitario de Playa Rica, 1975). De 1980 en adelante se detiene la construcción de acueductos comunitarios en el centro y oriente, para continuar hacia el sur en el sector Frailes. Para esta misma época los habitantes de La Primavera y Las Vegas construyen sus sistemas de abastecimiento de agua en 1982, y en 1985 Los Guamos hace lo propio. Sesenta y cinco años después de La Capilla, continúa (el proceso), lo cual permite asegurar que la historia de la urbanización no planificada se repite, y el modelo de gestión social para el abastecimiento de agua continúa vigente8.

Hoy la asociación de dichos acueductos, AMAC, cuenta con alrededor de 60 acueductos afiliados, la mayor parte de los cuales fueron referente central para sustentar la declaratoria del anterior corregimiento de Pereira como municipio9 y la definición de sus sectores a partir de las siete micro-cuencas abastecedoras: Tabla 2. Acueductos Comunitarios de Dosquebradas

Sector

Nombre del acueducto comunitario

Número total

Centro Barrio Unidos del Oriente Romelia (Norte)

García Herreros, San Diego, Guadualito, San Fernando Santa Teresita, La Capilla, Puerto Nuevo, La Mariana, La Independencia La Floresta, Los Pinos, La Romelia, Los Guamos, Bocacanoa, Las Acacias Guayacanes, Playa Rica, La Primavera

4 5

Las Vegas, La Badea-Unión Camilo Mejía Duque, Barrios Unidos de Frailes (Satumo, Patiño Amariles I y II, Lara Bonilla y Diana Turbay), Los Comuneros, Santiago Londoño y Frailes El Rodeo

2 5

Playa Rica (Occidente) Badea (Sur) Frailes (Suroriente) Rural Total

Fuente: Ana Patricia Quintana, Op. Cit.

6 3

1 26

Acueductos como los anteriores han contado con apoyos sectoriales nacionales en diversas épocas, por parte de entidades como los 8 Ana Patricia Quintana Ramírez, Gestión colectiva del agua. Caso Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Dosquebradas., Amac. Pereira, Universidad Tecnológica de Pereira, 2005. 9 Información personal, dirigente de AMAC, entrevista del autor en agosto de 2006

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ministerios de gobierno, agricultura y desarrollo, o programas como el DRI, el Plan Nacional de Rehabilitación o la Red de Solidaridad, muchas veces a espaldas o sin la participación de la entidad territorial donde se encuentran, y más allá del tipo de relaciones de confrontación que ha sido propia de los movimientos sociales, que a su manera ha condicionado la inversión gubernamental. Posteriormente, con el desarrollo del proceso de descentralización y la declaratoria de la ley sobre servicios públicos, estas entidades se han encontrado con el dilema de la supuesta ilegalidad de dichos acueductos surgidos muchas veces con ayudas nacionales oficiales.

En cualquier caso, esas construcciones de gestión comunitaria han estado asociadas a realidades territoriales que se constituyen en un verdadero tejido local y regional del sector público, central en el concepto de diversidad étnica y cultural de la nación (Artículo 7 de la Constitución Nacional). Los territorios socio-culturales existentes en el país en lo rural y lo urbano, algunos de los cuales han ganado más notoriedad y reconocimientos legales y jurisprudenciales desde la lucha indígena y afro-colombiana, son la base de la permanencia de los factores y recursos comunes que posibilitan la vida en sociedad en muchas localidades rurales o urbanas, tales como los sistemas de convivencia o de “pacto social”, de legitimidad y de “gubernamentalidad” vecinales, así como de la relativa disponibilidad comunitaria de espacios y recursos como tierra, suelo y agua. Es necesario interpretar el territorio en su doble papel: como soporte material y básico del desarrollo social, y como producción social derivada de la actividad humana que (lo) transforma (...) haciéndolo parte de su devenir”. (Se trata de un) medio codificado, dotado de sentido, mutante entre la consistencia y la inconsistencia, entre el encierro y la apertura, la estabilidad y la fuga (con momentos de consolidación y consistencia, intensidades, grados distintos de estabilidad y temporalidades); medio o ámbito que puede ser cultural, social, político, espacial (...). El sentido de vida, de orden y de destino que le confieren sus fuentes, deja huellas en el territorio que se registran momentánea o duraderamente, estableciendo los sistemas de relaciones, ritmos y códigos que rigen cada territorio, dotándolo de un sentido territorial propio. En tal proceso se establecen y marcan centros, como ámbitos (materiales y sociales) de identificación propios de ciertos grupos o sucesos, y

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se definen y marcan límites frente a los otros o fronteras y umbrales para sus intercambios y transferencias10.

Los equipamientos y los servicios públicos que se organizan a partir o en referencia con dicho tejido han venido siendo auto-construidos o conquistados en luchas de confrontación y negociación con el Estado, dando lugar en cada caso a esporádicos o progresivos encuentros entre ese tejido social vecinal, y lo público oficial encarnado en el Estado central o en los gobiernos municipales y departamentales. Así, asuntos como la legitimidad de las iniciativas vecinales de hecho, en muchas ocasiones han enfrentado y enfrentan formas contradictorias entre el nivel sectorial nacional que las apoyó o impulsó en su momento, y el nivel territorial que ahora debe sumir su formalización como empresas en la competencia de mercado abierto; o entre las formas organizativas y los empeños locales por la reproducción social en contextos territoriales y de identidad, y las proyecciones de los movimientos sociales por los servicios públicos. En efecto, y con carácter introductorio y apenas indicativo, nos hemos servido de algunos aspectos derivados de los casos y las fuentes secundarias citados para sugerir referentes de un trabajo de investigación hacia un tema que se considera central en el avance de la campaña nacional del agua: los ciclos entre una y otra forma de construcción social han estado disociados entre sí, y no siempre han enfrentado claramente las políticas que han transformado sus condiciones de posibilidad. Al respecto se ha elaborado un esquema (Ver Tabla 3) en perspectiva de su desarrollo posterior:

De otra parte, en la separación entre formas sociales de gestión del recurso y movimientos sociales, el papel del clientelismo político electoral, que como es sabido se desarrolla en la tierra abonada de lo informal, sirve al mismo tiempo de paradójico vínculo entre lo vecinal y el régimen político nacional de representación, y de abismo entre lo social y lo político por la manera formal como dicho sistema ha funcionado durante casi todo el último siglo11, además de lo fugaz

10 María Clara Echavarría Ramírez, “Descentrar la mirada: avizorando la ciudad como territorialidad”, en Universidad Nacional, Espacio y territorios. Razón, pasión e imaginarios. Bogotá, Vicerrectorá General, Red de Espacio y Territorios, 2001. (pp 220.221). 11 Andrés Dávila ladrón de Guevara, El clientelismo político. Bogotá, Universidad Nacional, 1998; y Rocío Rubio, No hay paraísos sino los perdidos. Historia de una red clientelista en Bogotá. Bogotá, Iepri-Alcaldía Mayor, 2003.

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Tabla 3. Aspectos de la relación entre acueductos comunitarios y movimientos sociales según la región y el contexto nacional.

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de las propuestas de democracia participativa de la Constitución de 1991, ahora arrasadas por la reforma del Estado, la contrarreforma agraria, la violencia y la guerra. De ese modo, puede hablarse de un profundo desgarramiento de lo público nacional, entre lo público oficial y lo público local, que en el caso de las grandes ciudades puede reconocerse como lo público popular, inmerso en complejas formas vigentes de pluralismo jurídico regional propios del conflicto armado, el narcotráfico, la diversidad étnica y cultural, las zonas de frontera y las nuevas determinaciones del mundo globalizado12.

Ello nos acerca a una curiosa paradoja: los movimientos sociales, por definición más radicales en cuanto a sus formas de lucha, han tenido casi siempre como referente la construcción unificada de ese régimen político, así fuese intentando torcerle la mano a su orientación social13; y la gestión local del agua, más inmediatista y fragmentada respecto de lo regional o lo nacional, ha acabado construyendo formas de autogestión y tejidos comunitarios paralelos que en muchos casos se han convertido en referentes estratégicos de todas las formas de acción pública: la del Estado, la del llamado “clientelismo armado”, a política gubernamental propuesta como “Estado comunitario”, y por supuesto, las propias de las deseables transformaciones de fondo del Estado colombiano o de las reformas transicionales como las esbozadas en el proyectado referendo del agua. En cualquier caso, hay una ausencia de políticas que expresen las potencialidades de esos tejidos sociales y redefinan los términos predominantes de hacer la política misma en el país, como lo revela el cruce de acciones predominantes entre unos y otros en torno al agua, tal y como los resume Francisco Antonio Galán en la Tabla 4 de la página siguiente. Esa ausencia se reproduce en los modelos de acción que predominan en los partidos y movimientos políticos, los cuales son centralizados y tienden a construir sus programas sin espacialidades concretas (territorios socio-culturales y entidades territoriales) más allá de la escala nacional, y con lógicas de representación abstracta de los sujetos populares reales. Expresa también el peso del conflicto armado sobre las posibilidades de politización local y la incesante violencia durante las últimas décadas sobre los intelectuales orgánicos de unas 12 Germán Palacio, Pluralismo jurídico. Bogotá, Universidad Nacional, 2000. 13 Héctor León Moncayo, Una lectura crítica del discurso de los actores populares. Bogotá, Planeta Paz, 2001.

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Tabla 4. Líneas generales en las cuales se podrían dar las relaciones de las entidades oficiales con la iniciativa ciudadana Definición de políticas generales, elaboración de normas, concertación para la negociación de acuerdos internacionales. Presencia en distintas instancias directivas de organismos públicos, en instancias de participación ciudadana. Seguimiento de las políticas y los proyectos, fiscalización a la gestión oficial mediante instrumentos legales. Conflictos por decisiones oficiales. Regulación estatal a la gestión de las organizaciones ciudadanas, incluidos tributación y tarifas. Planificación en los niveles nacional, regional y municipal. Financiación del Estado a las organizaciones ciudadanas, co-ejecución de proyectos, capacitación a comunidades. Investigación, desarrollo tecnológico, información. Cabildeo para la financiación o toma de decisiones por parte del Estado, movilizaciones ciudadanas en demanda de servicios, por vías institucionales o no, respuestas oficiales a movilizaciones ciudadanas con o sin planificación, cooptación del Estado a las organizaciones ciudadanas, represión del Estado a las movilizaciones ciudadanas. Fuente: Tomado de Galán , “Observaciones generales acerca de la planificación (del agua) en Colombia”, en DNP-Fescol, El agua y las organizaciones sociales. Cinco estudios de caso.

y otras dinámicas sociales, incluyendo el genocidio de la Unión Patriótica, el asesinato permanente de intelectuales orgánicos a los sectores y movimientos sindical, campesino, comunal, indígena y afro-colombiano14.

Ello permitiría decir que la política alternativa del agua debe proponerse, ante todo, superar esas formas desgarradas de lo público, a partir de la consolidación y visibilización de los procesos sociales su manejo como bien público y común, y de revertir la política actual de construcción de mercados del agua en un país que cuenta con uno de los mayores acervos de agua del mundo, pero con inmensos desequilibrios naturales y sociales en lo regional y local15.

Los acueductos comunitarios16 Como se desprende de lo anterior, y lo demuestra la revisión de los casos mencionados, los acueductos comunitarios son entidades complejas en sentido histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo son construcciones populares en torno a la gestión del

14 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Serie Deshacer el embrujo. Bogotá, 2002 a 2006. 15 Ecofondo, Presentación de la Campaña Nacional del Agua; Varios autores, Serie El agua un bien público, El agua en... (cada una de 12 regiones del país). Bogotá, Econfondo, 2006. (12 cartillas). 16 Como ya se dijo, aquí se trabaja sobre la base de algunos casos, y por ende, a pesar de su importancia, no se incluye el tema de pueblos indígenas ni de comunidades afro-colombianas, el cual debería ser revisado a fondo en las propuestas de política dentro de la segunda fase de la campaña del agua.

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agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país. Como tales, son instituciones populares diversas integrantes del patrimonio público nacional por su condición socio-cultural y territorial, y por su objeto público, el agua como bien común y derecho fundamental.

Los acueductos Acualcos, Bonda y Adamiuain ofrecen perfiles claros al respecto que pueden ser ilustrativos. El primero se ha levantado desde el territorio campesino de la cuenca media y alta del Teusacá, conocido como del Verjón (alto y bajo), a espaldas de los Cerros Orientales de Bogotá, y ha contribuido a la construcción de un territorio popular de borde urbano en la salida de la ciudad para La Calera, incluido dentro del Plan de Ordenamiento territorial como la Unidad de Planeación Zonal UPZ 89 e integrada por seis barrios, de los cuales cuatro (aproximadamente 10.000 personas) son surtidos de agua por dicho acueducto.

El tejido social articulado por núcleos familiares campesinos y algunos trabajadores de la carretera a La Calera que se casaron con sus hijas, junto con posteriores migrantes intra-urbanos de los años 80s, configuró un continuo rural-urbano que viabilizó las primeras conexiones de un acueducto cuyo fontanero, campesino, aún es vecino de las fuentes en la parte alta de la cuenca, sus fundadoras fueron las mujeres de esa primera generación urbana en el barrio San Isidro, y su administración ha sido articulada por la Junta de Acción Comunal local. Los usos sociales del territorio urbano-rural son cotidianos, a partir de las vecindades y compadrazgos existentes, y cuentan con movilidades permanentes de población escolar (asistencia conjunta de niños urbanos y rurales a las escuelas de la localidad), de abastecimientos de algunos productos campesinos, y de la gestión social del agua. En el hoy barrio de San Isidro la Caja Agraria parceló algunas de las antiguas fincas de la zona a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Algunas de estas casas tienen amplios frentes y patios traseros que aún se conservan y son cultivados por sus habitantes. La segunda oleada de inmigrantes se dio en los ochenta con la gente que poco a poco se desplazaba de tierras más bajas, próximas a la ciudad y a la carrera séptima, donde luego se construyeron muchas urbanizaciones de estratos altos. La tercera

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y última oleada de crecimiento de los barrios se produce con la llegada de habitantes del sur de la ciudad, en particular provenientes de la localidad de Ciudad Bolívar. Hoy, aunque la legalización de los predios de todos estos barrios es cuestionada, cuentan con el servicio de energía y tres de ellos de acueducto, este último gestionado y administrado por la comunidad desde 1984 cuando se realiza la primera conexión. Antes que este acueducto comenzara a funcionar la gente de los barrios se abastecía de agua de varios nacederos, algunos de los cuales existen hoy en día y son parte de la solución al problema del agua en las épocas de verano. Con el trabajo comunitario y un aporte de 15.000 pesos por familia, se termina la conexión e instala el primer tanque. Así, el acueducto comunitario adquiere personería jurídica bajo el nombre de Acualcos en 1985. (Posteriormente), con el apoyo de otras instituciones como el Dama, el Jardín Botánico y la Fundación Santa Fé, Acualcos ha realizado también un proceso de reforestación de la ronda de la quebrada Morasí, la cual atraviesa los barrios. Su ronda ha sido resembrada con especies nativas como alisos, gaques y siete cueros, y se incentiva la comunidad para su cuidado17.

Adamiuain en Ocaña, Norte de Santander, fue una experiencia de construcción territorial a partir del agua propiamente dicha:

Los habitantes de las partes altas marginales de la ciudad de Ocaña, hacían procesiones hacia la quebrada Venadillo para suplir las necesidades de agua —el lavado y el consumo diario— de las familias de escasos recursos. En alguna ocasión hubo una celebración familiar por un negocio en casa de Luis Ramiro Angarita, a orillas del camino. El pionero Cristóbal Navarro, con su ropa mojada y el agua al hombro, venía por ese camino y como era tan conocido por la familia Angarita fue invitado a ser parte del agasajo. En la trayectoria de los tragos vino la idea de Chepe Vargas de traer con mangueras el agua de la quebrada. (Diez años después) el acueducto comunitario desarrolla programas de mejoramiento ambiental en la micro-cuenca de la quebrada Brava, involucrando todo el área que se encuentra en el corregimiento de Pueblo Nuevo, con las veredas El Danubio, Carrizal, Los Curitos y El Carbonal18.

17 Entrevista a Rafael Borda y Maya Pinzón, líderes comunitarios y directivos del acueducto, realizada por el autor y Juliana Millán, notas de campo de esta última, mayo del 2006. 18 Asociación de Amigos Usuarios Acueducto Independiente, “Proyecto comunitario de la Asociación...”, en en DNP-Fescol, El agua y las organizaciones sociales, Bogotá, Fescol, 1998.

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En el caso de Bonda, desde el núcleo histórico indígena de una población precolombina señalada por los cronistas de indias junto con Pocigüeica como las más populosas de la región, la comunidad criolla ha venido recreando un tipo de poblamiento y vecindad que relativamente ha permitido mantener en buenas condiciones el bosque y el estado del río Manzanares en su parte media, viabilizando el uso comunitario de la misma, y ofreciendo por décadas usos recreativos del río a los habitantes urbanos de Santa Marta junto con la factibilidad misma del acueducto central de Santa Marta a partir de un verdadero territorio popular con dimensiones locales y regionales19. Sobre la base de sus territorialidades, los acueductos se han levantado como empeños comunitarios, familiares o vecinales, con legitimidad social y formas de organización y niveles de formalidad diversos a través de procesos de acción social consistentes y permanentes. Un aspecto importante de su consistencia, se deriva del tejido social mismo y de la territorialidad desde donde se han construido, según el aserto de Maurice Godelier, quien ha estudiado este tipo de grupos sociales en procesos de modernización: Las relaciones de parentesco, políticas y mágico-religiosas son predominantes cuando funcionan como relaciones de producción, y lo hacen cuando están vinculadas a las transformaciones históricas de las capacidades productivas materiales e intelectuales para actuar sobre la naturaleza20.

En efecto, para citar sólo un ejemplo de esta consistencia, en los barrios San Isidro, San Luis y otros dos más cuyos vecinos han dado forma a Acualcos, “la capacidad organizativa también ha construido el jardín comunitario, donde se ubicaron en un principio la administración del acueducto y el primer comedor comunitario” (entrevista citada)21.

De otra parte, dichas formas organizativas han sido reconocidas de forma desigual (de hecho o de derecho) en lo sectorial por entidades y programas del orden nacional, y de modo contradictorio en lo territorial por los departamentos y municipios.

19 Entrevista del autor con Julio Barragán, antropólogo samario y hoy habitante de Bonda (2006). Ver también Asociación Tierra de Esperanza, “Recuperación de la cuenca del río Manzanares”, en DNP-Fescol, El agua y las organizaciones sociales, Bogotá, Fescol, 1998. 20 Maurice Godelier, “El análisis de los procesos de transición”. En, Godelier, Maurice, Cuerpo, parentesco y poder. Perspectivas antropológicas y críticas. Quito, Abya Yala, 1991. 21 No deja de ser interesante que las tres actividades son normalmente (en nuestro medio) sostenidas por las mujeres.

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Inicialmente el acueducto comunitario Acualcos, gestionado por tres juntas de acción comunal, fue apoyado por la Corporación autónoma regional, CAR y la Secretaría de Salud del Distrito, el cual lo dotó de sus tres primeros filtros; y otras de sus obras fueron cofinanciadas por programas estatales de desarrollo como el DRI, y buena parte autofinanciadas por la comunidad, tales como las últimas plantas automatizadas adquiridas en el año 2000 con una cuota extraordinaria de la misma. Asimismo, el proceso de consolidación de este acueducto pasó por el empeño de construcción de un reservorio que garantizara la mitigación del impacto de los veranos en los meses de enero, febrero y marzo —como aquel de 1998, cuando se tuvo que acudir al servicio de carro-tanques del acueducto de Bogotá, luego cobrados por este como deuda que después se endosó al acueducto comunitario, y aún se encuentra creciendo por cálculos financieros y está en disputa judicial con esta entidad—. Sin embargo, el permiso para la construcción de este reservorio no fue autorizado por la CAR en al año 2004 (entrevista y notas citadas).

A partir de tradiciones y articulaciones con el servicio oficial de acueducto, como las citadas, se puede decir que los acueductos comunitarios son el sector social de la gestión pública del agua en Colombia, y de hecho hacen parte de lo que debería ser un auténtico sistema nacional de prestación del servicio público de agua, el cual debería articular las diferentes formas públicas existentes de gestión del agua, bajo los principios constitucionales de pluralismo jurídico y de participación vigentes en el país. Dicho sector social resume la complejidad de ellos en varias dimensiones que se proponen así: Gráfico 1. Los acueductos comunitarios, como entidades sociales complejas

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Esta complejidad se configura en acueductos comunitarios de varios tipos, según la escala nacional, regional o local desde donde se los reconozca, del manejo ambiental, de su carácter y alcances asociativos, de sus dimensiones públicas y privadas, y de las formas concretas de su legitimidad.

En primer lugar pueden ser considerados como rurales y/o periurbanos. Su carácter ambiental varía en cuanto al lugar que ocupan en las cuencas (partes altas o bajas), en tanto están o no asociados al cuidado de las fuentes de agua y de los bosques y coberturas relacionadas con las mismas; a las formas de manejo del recurso; al tipo de servicio que prestan; y a sus proyecciones educativas. En los casos estudiados se ubicarían así en este sentido: Tabla 5. Elementos para una tipología de acueductos comunitarios

Fuente: Entrevistas y fuentes secundarias citadas.

Son todos públicos en cuanto a su vínculo con el agua como bien común, pero algunos se proyectan apenas en ámbitos familiares (especialmente en casos rurales), y algunos en Ibagué están disociados del manejo del ciclo del agua. Todos se rigen más o menos por principios solidarios, y articulan de modo complejo sus dimensiones públicas y privadas en tanto en muchos casos se proyectan como sucedáneos del servicio oficial de agua, pues atienden barrios marginales y/o ubicados en cotas más altas a las máximas de los sistemas municipales (Acualcos e Ibagué). Su carácter participativo comunitario parece ser generalizado, aunque en las últimas décadas algunos han sido confi-

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gurados a instancias del trabajo de organizaciones no gubernamentales ambientalistas22. En cualquier caso pueden considerarse como sociales (comunitarios, vecinales y familiares, combinados en muchos casos con la acción sostenida de organizaciones no gubernamentales), en escalas empresarial y artesanal según la complejidad de su gestión financiera y técnica. Su legitimidad (social e institucional) es mayor en lo local, y se va haciendo difusa en los planos regional y nacional por las razones ya expuestas. Un aspecto que aquí se considera estratégico en su caracterización, está en sus formas de organización, las cuales, más allá de la empresarial a la cual han ido tendiendo en los últimos años, forzados por la Ley 142, están asociadas a los sistemas de reproducción social y a las dimensiones territoriales de la comunidad en que se desenvuelven, y ello debería ser objeto de análisis más detallados en el futuro.

En cuanto a los sistemas de reproducción social, se puede decir ahora que su presencia se evidencia en el protagonismo central de las mujeres en la gestión y en el uso comunitario del agua, así como en los sistemas culturales de control social y de gestión formal del recurso, y el lugar físico y cultural de las fuentes de agua en sus territorios, según sean campesinos, indígenas, afro-colombianos, o de asalariados urbanos. Las primeras gestiones para la realizaron de este acueducto fueron presionadas por mujeres organizadas de la comunidad, de tal forma que el año en que se acuerda e inicia finalmente su construcción no solamente hay un fuerte liderazgo de la entonces organización de mujeres de la vereda Buenos Aires, sino de la ya creada Junta de Acción Comunal del barrio San Isidro, liderada también por mujeres, de tal forma que la primera dirección del acueducto fue asumida por una mujer (del caso Acualcos, entrevista y notas citadas)23.

Finalmente, atendiendo a su complejidad, al nivel de sus coberturas, a su carácter en ocasiones sucedáneo, y a las experiencias acumuladas en su conformación y existencia, los acueductos comunitarios también son un enorme patrimonio público del país, en cuanto a su 22 Francisco Antonio Galán, Op. Cit. P 40. 23 Un aspecto a profundizar es el progresivo relevo de las mujeres de los roles de dirección en el acueducto una vez formalizado localmente, aunque es notoria su continuidad en los liderazgos comunitarios.

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gestión y entidad colectiva, tal y como lo revelan los seis casos consultados en este trabajo: Tabla 6. Aspectos relevantes de la experiencia de algunos acueductos comunitarios

Fuente: Entrevistas y fuentes secundarias citadas.

En el último caso mencionado, los acueductos del Norte de Bolívar revelan una característica de todos: su carácter solidario, abaratando el servicio para la población, y su potencial para la transparencia en la administración del recurso público. Propuestos ahora como red, los acueductos de Mandinga, San Cayetano, El Vizo y Malagana muestran en sus experiencias diferentes pero con mutuas referencias en sus procesos, todas las facetas de estas fortalezas y problemas: Tabla 7. Aspectos de las experiencias en la Red de Acueductos Comunitarios del Norte de Bolívar

Fuente: Red de Acueductos Comunitarios. “Luchas por el derecho al agua potable. Experiencias de cuatro comunidades del norte de Bolívar”. Presentación en Power Point, Foro regional del Caribe, Cartagena, Camapaña del agua, 2006.

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Nota para un balance entre resultados y perspectivas del manejo del agua en la encrucijada nacional actual Un panorama actual de las experiencias comunitarias de gestión del agua debe contextualizar sus resultados y perspectivas en los procesos de reestructuración del capital en contextos globalizados que, como se sabe, están centrados en lógicas de globalización de nuevos ejes de acumulación, y por ende, del encuentro en los ámbitos locales entre los actores comunitarios y los agentes políticos y económicos de dicha recomposición. Son ejemplos relevantes de ello, los casos de las luchas y casos de los pueblos U’wa, Embera del Paramillo, Wayuu del Cerrejón y de Portete, y Kogui en Dibuya; o los conflictos que afrontan todos los acueductos comunitarios citados con las empresas metropolitanas de agua, en cuanto a las exigencias de la Ley 142, o la intromisión en los territorios sociales de megaproyectos viales o de equipamientos urbanos dentro de los planes de ordenamiento territorial de las entidades territoriales. El caso del acueducto de Bonda integra todos estos aspectos como que los nuevos tubos de conexión del acueducto de Santa Marta vienen destruyendo incluso las propias redes locales del acueducto comunitario. Por ello las viejas contradicciones o distancias entre los movimientos sociales y las acciones colectivas locales afrontan hoy nuevos retos para resolverse. Al mismo tiempo, nuevas potencialidades en un contexto de tensión entre la atomización clientelista a que quiere someter a las segundas el actual gobierno nacional, y sus posibles proyecciones políticas alternativas. En este sentido, el encuentro entre empresas metropolitanas y los acueductos comunitarios puede convertirse en el cierre de ciclo histórico del divorcio entre la gestión local de acueductos y los movimientos por el servicio de agua. En efecto, los nuevos contextos de recomposición capitalista crean nuevos puntos de partida para la emancipación social, pero el desarrollo de sus potencialidades depende de la crítica teórica y práctica de las falsas categorías neoliberales proyectadas sobre los acueductos comunitarios. Según éstas, son privados, basados en intereses meramente económicos y con responsabilidades empresariales en cuanto a su competitividad y eficiencia, medida esta última en relación con la integralidad del servicio público del agua (agua potable, alcantarillado

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y saneamiento básico); es decir, tomados en una tendencia dominante de privatización total del tema y de descontextualización del servicio público territorial en su conjunto.

Por lo mismo será preciso adelantar varios debates e investigaciones sobre asuntos como la relación entre lo comunitario, lo social y lo público; lo patrimonial público, las responsabilidades y los derechos; y el servicio público oficial, la participación, la diversidad cultural y el pluralismo jurídico, y en ese contexto las relaciones entre usuarios y gestores del recurso24. Pero el desarrollo de estos debates son parte del problema político principal que afrontan los acueductos comunitarios, el cual se deriva de dos tipos de amenazas principales que se ciernen sobre ellos: La des-estructuración de las condiciones territoriales que los sustentan; y la formalización institucional y económica neoliberal que propone la ley de servicios públicos.

En cuanto a las amenazas sobre sus territorialidades, éstas se derivan de cuatro procesos de transformación territorial que se están imponiendo “a sangre y fuego” sobre el país entero: a) la política de desarrollo del actual gobierno nacional (re-primarización de la economía exportadora, reformas legales y políticas privatizadoras-ley de construcción de mercados, privatización y centralización de la gestión del agua, a través de concentración de capital y de gestión privada); b) los impactos del TLC y en general del libre comercio, en cuanto la crisis de la producción agraria y de los mercados locales y regionales de alimentos; c) el avance de los planes de ordenamiento territorial y de sus instrumentos de planeación (planes maestros y zonales, entre otros), diseñados en su mayor parte desde visiones del Estado y del país alejadas del Estado social de derecho, de la democracia participativa, y de la diversidad natural y cultural; y d) los reordenamientos de población y de acceso a recursos naturales que imponen los actores armados, y especialmente el para-estado. Respecto de la formalización y legalización neoliberal que exige la ley de servicios públicos, ésta se propone liquidar los acueductos comunitarios, profundizando la entrega del monopolio regional de la 24 Un buen inicio de ambas cosas en los trabajos de María Mercedes Maldonado sobre los temas territoriales en Bogotá. Ver especialmente “La discusión sobre la expansión norte de Bogotá: una aproximación sobre el derecho”, en Gerardo Ardila (compilador), Territorio y sociedad: el caso del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Bogotá, Bogotá, Universidad nacional-Ministerio del Medio Ambiente-DNP, 2003. Allí se extiende sobre el tema “territorio y propiedad en el proyecto de la modernidad occidental”.

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gestión del agua y del servicio a grandes empresas multinacionales. En tanto no reconoce las dimensiones complejas de dichos acueductos, excluye de plano sus funciones públicas, sólo mira los comunitarios como empresas potenciales en cuanto su eficiencia empresarial (economías de escala, rentabilidad, etc.), y los toma cada uno por separado para exigir integralidad en el servicio.

Para ello explota el tema de sus debilidades, que ante todo lo son del servicio público oficial, pero que se las atribuye interesadamente: antes que ver lo que las falta, habría que partir de lo que aportan. En efecto, los grandes problemas actuales que afrontan los acueductos comunitarios, relacionados con potabilización y coberturas de saneamiento básico, no se pueden resolver sin asociatividad ni articulaciones complejas en la escala municipal y/o regional, donde lo primero que debe resolverse es el cumplimiento de la responsabilidad pública integral en tales tareas por parte del sistema municipal del servicio con apoyos nacionales.

Dentro de ese criterio, debe asumirse que las condiciones históricas para el desarrollo de una política pública alternativa del agua están dadas en el país, en cuanto al conocimiento del ciclo del agua (desarrollos en la investigación por regiones y en lo nacional), y aspectos de lo institucional (el sistema nacional ambiental, las disposiciones sobre participación social y comunitaria, lo organizacional, lo social, etc.)25. Pero a ella se opone en primera instancia la política dominante de privatización de lo público y la ausencia de una adecuada ley orgánica de reordenamiento territorial; y en segundo término la ausencia de estos problemas en las agendas y preocupaciones de las organizaciones políticas. Dicha política debería contemplar aspectos como el citado reordenamiento, una revisión a fondo de los procesos regionales de urbanización a partir de componentes como los sistemas agroalimentarios existentes y correspondientes huellas ecológicas de las ciudades26, los modelos de ciudad y la diversificación regional de instrumentos de planeación como los POTs, entre otros, y atendiendo a dinámicas transicionales para la superación de la crisis humanitaria (intercam25 Son interesantes a este respecto las observaciones de Francisco Antonio Galán, en el texto citado. DNPFescol, Oc. Cit. 26 Ver Organizaciones campesinas y comunales, Jaime Forero, Román Vega, Juliana Millán y Sara Granados, Bladimir Rodríguez, Bogotá: Autonomía agroalimentaria. Diálogos y controversias. Bogotá, Planeta Paz, 2006.

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bio humanitario, desplazados, recomposición del paraestado, etc.). Todo esto debe conducir a una necesaria refundación de la política en el país, con contenidos integrales que debe aportar lo social en las agendas de los partidos y en la adecuación de las estructuras institucionales dominantes a partir de asuntos públicos como el del agua y lo alimentario. Esto son asuntos que convocan y viabilizan una necesaria espacialización y territorialización de las agendas políticas hacia la construcción de nuevos modelos de ciudadanía, concebidos desde la diversidad ecológica y sociocultural, y la resolución del conflicto social y armado a partir de las potencialidades que contiene la regulación y superación del conflicto ambiental27.

Hacia ello, entre otros procesos como los adelantados por los pueblos indígenas del Cauca, la proyección de dichos acueductos como movimientos sociales en torno al agua tendría un gran potencial, a partir de su reactualización como actores de primer orden en la esfera pública, con base en el hecho de que el proyecto de mercantilización del agua pasa necesariamente por tener que verse con los territorios y con los tejidos sociales comunitarios asociados a la cuencas, en ámbitos rurales o urbanos. Se trata de factores de hecho que crean nuevos puntos de partida para la emancipación social. Allí los acueductos comunitarios se convierten en una oportunidad para una revisión a fondo de las lógicas urbanas en el país, de los retos de manejo ambiental en la planeación pública, y en la puesta en juego de las más profundas sujetividades populares con que contamos; y por supuesto para derrotar las tendencias y políticas del agua dominantes, y construir una política nacional alternativa del agua que garantice y proyecte su continuidad como entidades públicas sociales complejas. Para esto habría que lograr varias cosas:

a) Hacer visible su carácter público en cuanto a sus componentes básicos: territorio, patrimonio histórico, social y cultural, responsabilidad pública, derechos fundamentales, y funciones públicas complejas. 27 Ver Hernán Darío Correa, “Ordenamiento territorial, participación social y manejo de áreas protegidas en medio de la crisis humanitaria y el conflicto armado en Colombia”, en Felipe Cárdenas, Hernán Darío Correa y Claudia Mesa, Ciudad, región y áreas protegidas. Manejo ambiental participativo. Bogotá, Fescol- EcofondoAcción Ambintal-Cerec, 2005.

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b) Articularlos entre sí con base en formas diversas de asociatividad, complementariedad y reciprocidad, en la perspectiva de construcción de un sistema nacional público de gestión del recurso y prestación del servicio de agua. c) Luchar por construir y/o adecuar los sistemas municipal, regional y nacional de servicio del agua para lograr su articulación de conjunto dentro de los mismos.

d) Formalizarlos ante todo como factores fundamentales de la refundación de lo público en el país, en cuanto son referentes del patrimonio socio-cultural de la diversidad, y elementos claves para el reordenamiento territorial y la planeación urbana (desconcentraciones en la gestión del servicio, y usos óptimos de las micro-cuencas asociadas a la mayoría de las ciudades en Colombia), la participación y la inclusión social. En tal sentido, formalizarlos como empresas sociales asociadas de modo federativo a los acueductos distritales y urbanos, bajo ideas de eficacia y eficiencias ligadas al ciclo del agua, y una lógica de reconocimiento de derechos en el acceso público al agua, garantizando coberturas globales en cada región con indicadores relacionados con cohesión, tejido social y territorial.

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Sólo una Imagen - Sevilla John J. Arenas

Sembramos Vida - Sevilla MINGA, Sembradores de Vida

Concurso de Murales: PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES

La contaminación del agua como proceso de acumulación Edgar Isch L.

Ex ministro del Ambiente del Ecuador Foro Nacional de los Recursos Hídricos (Ecuador)

La contaminación del agua como proceso de acumulación Edgar Isch L.

La búsqueda de justicia, en las diversas maneras en la que pueda entenderse a la misma, es un anhelo constante en la historia de la humanidad. Ella se expresa, entre otros aspectos, al tratar de cubrir las necesidades de supervivencia y de producción de todos y todas, por lo que el agua, como derecho humano, se convierte además en factor fundamental sobre el que la vida misma puede realizarse. Por ello, el Encuentro-Taller de Justicia Hídrica, realizado en la ciudad de Cuzco el pasado noviembre, abarcó campos importantes y diversos en los cuales la existencia de justicia-injusticia se hace presente, entre los cuales se analizó la temática de contaminación presentada en la ponencia que usted tiene hoy en sus manos.

Introducción De una manera que a la fecha podemos juzgar tradicional, se insiste en considerar los problemas ambientales del agua en torno a las variables de cantidad y calidad. En efecto, esto ya involucra temas como la contaminación de los recursos hídricos y sus implicaciones en términos de las posibilidades de uso que este hecho permite, por lo que existen estudios e información más o menos regular. Sin embargo, es conocido para todos que el análisis de la situación de los recursos hídricos requiere tener en cuenta también los temas vinculados a la distribución y acceso al agua, aquella que puede ser obtenida y empleada en las distintas actividades humanas. Este análisis es fundamental puesto que no siempre los causantes de la contaminación son los receptores de los efectos negativos de la misma sino que, por el contrario, son otros grupos humanos, productores o consumidores, los que sufren los efectos de la contaminación, sin que exista un pago adecuado por los daños que esta causa.

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La acumulación del agua no tiene que ver sólo con la manera mediante la cual alguien se apropia del bien natural transformado en recurso en las actividades humanas de producción, despojándola a la vez de los otros valores y usos que este bien posee, sino también cómo esa apropiación es además selectiva y se dirige a las aguas de mejor calidad (no contaminadas), lo que inevitablemente conduce a que sean muchos más los que se quedan sin cantidad y calidad suficiente del líquido para las actividades cotidianas. En este sentido, podemos repetir que “la principal causa de la pobreza es la riqueza”. Lo que no debe olvidarse es que no sólo se acumula agua de buena calidad, sino que también, y para que ello sea posible, hay acumulación en pocas manos de la capacidad de tomar decisiones y, lo más grave, de la manera de pensar al introducir ideas extrañas a las comunidades andinas; ideas tales como la de pago por servicios ambientales, el agua como mercancía, el “capital” natural y otras que precisamente justifican y potencian la acumulación y el despojo. Tratando la problemática planteada en el título, podemos entonces, de inicio, encontrar tres aspectos sobre los cuales debemos desarrollar la reflexión respecto de la contaminación como otra cara del proceso de acumulación del recurso en pocas manos: 1. La apropiación del agua en torno a actividades productivas que, tras su utilización, contaminan el recurso.

2. Ligado al anterior, la contaminación de agua que no necesariamente ha sido utilizada en la actividad industrial pero que, como un efecto evidente, involucra la imposibilidad de que otros puedan emplearla. 3. El nexo entre estas situaciones que tienen que ver con la justicia hídrica con una visión más amplia de justicia ambiental, la misma que involucra la demanda de pago de una deuda ecológica.

Este análisis, por supuesto, se lleva a cabo en el contexto socioeconómico actual, por lo que es necesario recordar que, en palabras de Carlos Marx: “Toda producción es apropiación de la naturaleza por el individuo, dentro de una forma social determinada por aquella”. La apropiación de la naturaleza está íntimamente ligada con el manejo que se hace de la misma, entendiendo por “manejo” el uso de los re-

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cursos naturales, lo cual queda muy lejos de una gestión que nos hable, además, de las formas administrativas, sociales y culturales que están presentes; y está mucho más distante aún de una gestión social de los recursos que involucre la participación y que privilegie los derechos e intereses colectivos por encima de los intereses particulares.

Recordar, por tanto, el contexto socioeconómico nos debe permitir comprender que la apropiación del agua y de la naturaleza en su conjunto no es un hecho aislado de la forma misma en la cual se ha organizado la sociedad. En criterio de Maurice Godelier: “No existe una crisis en el uso la naturaleza que no sea una crisis en la forma de vida del hombre. En todas partes aparece un lazo estrecho entre la forma de usar la naturaleza y la forma de usar a los humanos”. El sistema capitalista es un sistema que destruye tanto la naturaleza como a los trabajadores.

Apropiación del agua y contaminación Existe una visión hegemónica de desarrollo que se centra en el crecimiento del Producto Interno Bruto y que reduce las demás facetas del desarrollo a niveles secundarios. Para esta visión, llamada clásica o neoclásica, la naturaleza en su conjunto es observada simple y llanamente como proveedora de recursos y sobre la cual la acción humana debe permitir la máxima y más rápida extracción con propósito de convertir a esos recursos en capital que incremente las escalas productivas. Esa visión conduce a que la relación entre sociedad y naturaleza sea fundamentalmente una relación de apropiación, no sólo en términos del conquistador que domina la tierra, sino en términos de sector o clase social que es capaz de acumular una riqueza mayor como sinónimo de poder. Desde esta óptica, la manera de desarrollar la gestión de los recursos naturales se torna agresiva y anticipadora de conflictos de múltiples expresiones. El auge del modelo extractivista, referido a los recursos no renovables, y productivista, referido a los recursos renovables, no es sino una consecuencia lógica de esa perspectiva económica y social. Está por demás decir que el crecimiento económico por sí mismo no ha garantizado mejores condiciones de vida y que ello lleva a cuestionar la perspectiva hegemónica del desarrollo.

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El modelo productivista de desarrollo ha sido, al mismo tiempo, un modelo de inequidad social en el cual el acceso y uso de los recursos se encuentra limitado para grandes sectores sociales, se ha ampliado la distancia de desarrollo entre distintas zonas de un mismo país, y se ha incrementado la cantidad y magnitud de los daños ambientales. Es precisamente en este último aspecto, el de los daños ambientales, que se observa una contradicción entre la apropiación privada o individual y las necesidades sociales de una gestión colectiva. En términos generales, puede sostenerse que la acumulación de los recursos naturales en pocas manos y particularmente la del agua, ha estado ligada a mayores daños ambientales porque: • El actor privado (empresa o individuo) que se acerca al agua la considera exclusivamente como un recurso productivo y desdeña su importancia ecológica, social, ritual y de otros usos. Esto provoca daños a los ecosistemas cuando el exceso en la apropiación del agua significa afectación directa a ecosistemas existentes, como es el caso del secamiento de lagunas por minería a cielo abierto, el desvío de aguas de ríos para hidroeléctricas sin considerar el caudal ecológico mínimo que debería mantenerse en sus cauces originales, el agotamiento de zonas agrícolas productivas que dejan de poseer el recurso, entre otros.

• El actor privado, en consecuencia de lo anterior, no guarda preocupación por el resultado del uso del agua o, en su defecto, por el resultado de la disposición de desechos y afluentes en cauces hídricos existentes, sean superficiales o subterráneos. Tal es el caso de las cerca de mil piscinas de desechos tóxicos dejados por Texaco en la Amazonía ecuatoriana, la contaminación generada por la mayoría de emprendimientos mineros grandes o pequeños, la actividad industrial urbana, entre otros. • El actor privado, generalmente por la presencia de conflictos, asume entonces que es la autorregulación la que debería operar y que el Estado, empleando mecanismos de mercado, debe entregar las motivaciones e incentivos económicos que permitan que la autorregulación sea exitosa. Esta visión, por supuesto, ha sido aplicada en las leyes y procedimientos de nuestros países en los que, al mismo tiempo, se ha mantenido débiles a las autoridades ambientales nacionales, con lo cual la mayor parte de conflictos

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en torno a apropiación y contaminación de agua ha quedado sin solución. La idea de poner en manos del mercado la solución de los problemas ambientales es esperar que en una de las causas principales de estos problemas esté la solución, ¡peor que poner al ratón a cuidar el queso!

Lo dicho anteriormente no significa que el manejo comunitario del agua sea garantía de que no habrá contaminación. Sin embargo, es evidente que una visión distinta de cómo enfrentar la relación entre sociedad y naturaleza puede generar mejores condiciones para que ese efecto no se produzca. De hecho, los procesos de acumulación interna de las comunidades son menos pronunciados y de efectos menos graves en la generación de iniquidades frente al acceso a los recursos naturales. Puede decirse que los procesos de reforma agraria que eran conducidos a la propiedad individual de la tierra, como es el caso del Ecuador, por la propia afectación a las formas tradicionales de organización comunitaria han ampliado el rango de los desequilibrios internos en la comunidad y, en esos casos, se ha impulsado una lógica de actores privados que se superpone sobre la lógica de sujetos históricos colectivos propia de la organización comunitaria tradicional.

Como hipótesis, podríamos plantear que a mayor nivel de acumulación corresponde un mayor daño ambiental y, esto ya es sabido, una mayor inequidad social. Los múltiples ejemplos que se puedan poner apuntarán a que existe un nexo evidente entre acaparamiento del recurso hídrico y contaminación. En la lógica del acaparamiento, el usuario del recurso hídrico se convierte en su propietario y, por tanto, en quien puede decidir libremente cuál es el destino de esos recursos, cómo los va a emplear y cuál será su destino final. En múltiples casos (hidroeléctricas, agricultura de exportación, entre otros) la acumulación del recurso tiene así una doble forma de expresarse: • La primera, es la manera en la cual un determinado actor del mundo productivo utiliza cantidades inmensamente superiores a las de otros actores, logrando acaparar para sí el recurso que es negado a la mayoría de la sociedad.

• La segunda, hace que ese gran actor y gran usuario del recurso hídrico devuelva agua inutilizable hacia el resto de la comunidad que lo requiere.

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Esta segunda forma de acumulación significa que las comunidades tendrán menos posibilidades de acceder al recurso y que el contraste entre uno y otro sector social crece duramente. De esta manera, el número de usuarios potenciales de agua de calidad y en cantidad suficiente se reduce a aquellos que pueden tener control sobre el recurso y su destino. Los débiles mecanismos de control público, el poco desarrollo de inventarios de los recursos hídricos y las autoridades que muchas veces actúan en función de los intereses de los grupos más poderosos, amplifican este problema. La contaminación, de esta manera, será un factor de acumulación siempre y cuando los mecanismos de poder y de gobernanza del recurso hídrico contribuyan a ello. Es preciso señalar que muchas veces este proceso es más agudo cuando se trata de acuíferos y de aguas subterráneas, aspecto en el cual las leyes de nuestros países suelen ser débiles y sobre los que los controles son todavía más débiles.

Contaminación y justicia hídrica En términos generales se asume que la contaminación es el cambio de la naturaleza de un recurso o de las condiciones en las cuales se desarrolla la existencia de las relaciones al interior de un ecosistema. Ese cambio, por otro lado, tiene efectos negativos y representa el punto de partida de daños ambientales y de conflictos sociales que hablan de la disparidad en el acceso a los recursos y en la disponibilidad de los mismos. La contaminación junto a los procesos que generan reducción de cauces de agua son las dos formas en las cuales se genera una verdadera destrucción del recurso hídrico utilizable por los seres humanos. Existen sin duda acciones industriales que no se destacan por el alto consumo de recursos hídricos en el proceso productivo, pero que sí lo hacen por los daños generados mediante la contaminación de las fuentes hídricas. Esto trae consigo grandes daños a la salud de las personas y de los ambientes circundantes. Dañar gravemente recursos que potencialmente debían ser consumidos o utilizados por otros seres humanos tiene como trasfondo un pensamiento de apropiación que valora sólo aquello que, de manera individual o privada, puede ser de utilidad inmediata, centrando esta utilidad en el aspecto económico. Esta limitación al ámbito de la economía y del crecimiento del Pro-

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ducto Interno Bruto cuestiona también la utilidad del ambientalismo de mercado y de las formas de compensación económica individualizada mediante las cuales se ofrece que las empresas desarrollarán una actividad responsable con el ambiente. Una responsabilidad condicionada al beneficio económico inmediato es una responsabilidad sin conciencia y sin compromiso voluntario.

Probablemente es en las actividades extractivas donde el daño generado por la actividad productiva a los recursos hídricos es más evidente y, por ello, ha generado un mayor nivel de tensiones y de conflicto socio-ambientales. Sin embargo, las actividades industriales de carácter urbano en muchos casos se caracterizan también por afectar cauces de agua que más adelante servirán para la agricultura u otras actividades que múltiples comunidades requieren.

Los altos niveles de contaminación de actividades extractivas vinculadas al petróleo, las minas y el gas marcan, además, crecimiento de enfermedades y padecimientos en la salud de amplios agrupamientos humanos. Este tipo de actividades, por supuesto, requiere muy amplias cantidades de agua para el desarrollo de la extracción, pero al mismo tiempo contamina una cantidad mucho mayor que la del recurso utilizado. Queda por discutir también si plantaciones de alto consumo de agua, que en ocasiones dañan los páramos (como es el caso de las plantaciones de eucaliptos y pinos), no deben ser consideradas como actividades extractivas de agua con gran daño socio ambiental. Otra forma masiva de contaminación es la disposición de las aguas servidas a nivel urbano (incluyendo las industriales y las domésticas) y que se arrojan sin el debido tratamiento a cauces hídricos de importancia. No son pocos los casos en los cuales el riego de áreas agrícolas es realizado con agua contaminada, hecho que al ser conocido debilita la capacidad de los campesinos para acceder al mercado y vender sus productos. De manera indirecta pero dramática, contaminar significa quitarle agua a poblaciones y sectores sociales importantes, reducir los cauces que reciben determinados ecosistemas y afectar a comunidades enteras. De esta manera un sector acumula agua útil y sana, mientras otro debe contentarse con menor cantidad y sobre todo con agua insana. En la lógica de la competencia capitalista, esta es también una forma de reducir o eliminar la competencia de otros productores, los cuales se verán impedidos de producir o tendrán productos de baja calidad y

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de dudosas consecuencias para la salud humana. En estos casos no se trata necesariamente de acumulación en términos de apropiación directa del recurso para beneficio personal o de pequeños grupos, sino que se trata de una forma distinta de acumulación la cual es quitar el recurso a los demás, de manera tal que, en última instancia, la cantidad y calidad de agua queda en pocas manos.

Ante hechos como estos hay que enfrentar el pensamiento hegemónico que sólo considera valorable aquello que genera utilidad inmediata y que, en caso contrario, justifica la destrucción ambiental bajo el pretexto de desarrollo. La contaminación del agua que puede ser utilizada por otros no puede ser sencillamente considerada como un pasivo ambiental y menos aún como una “externalidad” a las actividades económicas. Por los efectos que tiene en la vida de las comunidades resulta invaluable, y únicamente la prevención y la protección de las fuentes de recursos hídricos y sus cauces se presenta como una alternativa válida.

Contaminación: ¿un nuevo negocio? “Hay que saber mirar las oportunidades” es una expresión muy utilizada en los textos de formación de economistas neoclásicos. Muchas veces las oportunidades vienen tras un Tsunami u otro desastre natural, como lo recoge Naomi Klein en su libro Doctrina del shock, lo que hace que los inversionistas se alegren de la ocurrencia de fenómenos que afectan a amplios sectores poblacionales. La contaminación también es vista como parte de esas “oportunidades para nuevos negocios” y así aparecen desde empresas de reparación y reciclaje hasta la brutal venta de aguas contaminadas como si fueran abono para la tierra, como ocurrió años atrás en la región de Plachimada en la India. Este aspecto, que no es observado en su integridad, se presenta aquí como un campo que debe ser analizado por ser una nueva forma de enriquecimiento y, por tanto, de acumulación de capital en pocas manos.

Justicia hídrica y justicia ambiental La corriente de pensamiento y acción que propone la justicia ambiental considera que ésta “no tiene que ver sólo con las distribución

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justa de bienes ambientales entre la población humana, sino también entre ésta y el resto de los seres vivos con los que compartimos la biosfera”1. Esto mismo ha sido planteado en términos de reconocer la unidad ecológica y la interdependencia de todas las especies, y el derecho ambiental a no padecer destrucción ecológica. Principios sin duda vinculados con la declaración de la Constitución ecuatoriana sobre los Derechos de la Naturaleza. La justicia ambiental no se resuelve en los litigios judiciales que pueden presentarse como resultado de los conflictos socio-ambientales. Se trata, por el contrario, de un cuestionamiento a los modelos de desarrollo y a los papeles cumplidos por cada uno de los actores sociales que están involucrados, y por ello el escenario fundamental de resolución está vinculado al poder, en manos de quién se encuentra y a favor de quién se utiliza. En esta dirección, un análisis importante que puede contribuir a una propuesta de justicia hídrica es el que se lleva a cabo a través del cálculo de la huella ecológica. La huella ecológica es una manera de pensar en el espacio ambiental y busca cuantificar el impacto ambiental de las actividades humanas2.

La huella ecológica permite definir el territorio productivo como ecosistema necesario para producir los recursos y para asimilar los residuos producidos por una población definida con cierto nivel de vida específico, donde quiera que se encuentre esta área. Permite además establecer criterios de distribución igualitaria, para lo cual presenta nociones como “la justa porción de tierra” disponible y necesaria para cada ser humano. Esos elementos teóricos merecen ser considerados por cuanto la justicia hídrica es apenas parte de la justicia ambiental y de la justicia social anhelada por los pueblos de la región andina. Analizar los temas de distribución y los conflictos generados por la inequidad requieren este tipo de perspectivas integradoras que se incorporan en una perspectiva de la Ecología Política de manera tal que permiten poseer una visión comprometida de los problemas y tratarlos en dirección hacia una solución socialmente válida y ambientalmente sustentable.

1 Riechmann, Jorge (2003). Tres Principios Básicos de Justicia Ambiental. Universidad de Barcelona e Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud/ CC.OO. http://www.istas.net/portada/3ppos.pdf. 2 Wackernagel, Mathis, y Rees, William (2001): Nuestra huella ecológica. Reduciendo el impacto humano sobre la Tierra. LOM eds./ Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile. (El original inglés, Our Ecological Footprint, se publicó en 1996.)

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Acumulación, contaminación y deuda ecológica El patrón de acumulación es la forma cómo se articulan diferentes dimensiones de la estructura económica y social de un país o de una región para favorecer la apropiación de los recursos y los capitales en un determinado sector de la sociedad o de la sociedad en su conjunto. Su base histórica es la acumulación del excedente económico; sin embargo, la crisis ambiental obliga a una acumulación de los recursos existentes a pesar de que estos no sean excedentes sino que, en muchos casos, se presenten como insuficientes para las necesidades colectivas de la sociedad. Desde su perspectiva, y considerando los daños originados por la contaminación, cabe plantear como un elemento de justicia hídrica la existencia de una deuda ecológica, no sólo a nivel de las relaciones internacionales sur-norte, sino también en las existentes en cada uno de nuestros propios países.

Por tanto, hay que considerar al interior de nuestros países la deuda ecológica que tienen los sectores poderosos —que han acumulado recursos hídricos— con aquellos que se han visto despojados del acceso a esos recursos. Esta visión puede incorporarse en el planteamiento asumido de que la deuda ecológica se refiere a: “la deuda acumulada-histórica y actual —que tienen los países industrializados principalmente del Norte— con los países del Sur por el saqueo de sus recursos naturales; explotación y empobrecimiento de sus pueblos; la deforestación, contaminación y deterioro sistemático su patrimonio natural y fuentes de sustento”3.

La acumulación de recursos hídricos y la contaminación fácilmente forman parte del saqueo de los recursos naturales, de las causas empobrecimiento de los pueblos y el deterioro patrimonio natural y fuentes de sustento. No siempre esto ha ocurrido como resultado de la acción de compañías transnacionales, pues es evidente que la acumulación y la contaminación son resultado de una forma de apropiación de la riqueza, independientemente de cuál sea el origen y el volumen de los capitales involucrados. Hablar de deuda ecológica al interior de los países no hace más que reconocer que una parte de la población

3 Donoso Game, Aurora (2009). Deuda ecológica: impactos de la deuda externa en las comunidades y la naturaleza. Acción ecológica-alianza de los pueblos del sur acreedores de deuda ecológica. Quito.

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vive en las condiciones de lujo que se atribuyen a los países capitalistas desarrollados y que, otra parte, la mayoritaria, vive en condiciones de pobreza y exclusión.

Contaminación y sostenibilidad El principio de sostenibilidad remarca la importancia de la solidaridad intergeneracional al señalar que es obligación de las generaciones presentes el sostener la existencia de los recursos que hoy disponemos para que estos se encuentren también al alcance de las próximas generaciones. La contaminación irresponsable implica una variante de acumulación en las generaciones presentes (específicamente en los sectores sociales que pueden disfrutar de su acumulación), reduciendo o anulando para las próximas generaciones la capacidad de contar con los recursos necesarios. Garantizar agua para las futuras generaciones y para las actividades productivas que las mismas deberán llevar a cabo es otra área temática que conduce a pensar en términos de justicia a más largo plazo.

La sustentabilidad de las acciones productivas (y no sólo las sostenibilidad económica de las mismas) involucra la plena vigencia de políticas de equidad que deben estar presentes en la gestión de los recursos naturales, en la prevención de potenciales daños ambientales y en la determinación de los modelos de desarrollo a ser impulsados en nuestros países. En este campo es fundamental considerar la vigencia del principio precautorio que pone la protección del ambiente por encima de intereses inmediatos o de pretendidas urgencias económicas de los gobiernos. Este principio demanda la real evidencia de que una actividad no va a causar daño o que, en su defecto, éste puede ser reducido y mitigado, poniendo las condiciones de vida de la población y la conservación del ambiente natural por encima de las ambiciones económicas y de la estrechez del análisis a partir consideraciones de crecimiento de la economía nacional. El principio precautorio servirá también para reservar los caudales ecológicos que garantizan la existencia de los ecosistemas, no como caudales mínimos, pues mientras no se conozcan plenamente los ciclos naturales en plazos largos o extendidos y no se tenga plena conciencia de los efectos del Cambio Climático, lo mínimo actual puede declarar la muerte de un ecosistema o una cadena de ellos.

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A modo de cierre La relación entre acumulación y contaminación es una expresión de la existente entre acumulación y daño socio – ambiental. En un sistema en el cual las normas de protección de la naturaleza y las condiciones de vida de poblaciones humanas pueden ser juzgadas como una barrera al “libre” comercio y en el que el lucro individual es el objetivo y “motor del progreso”, la acumulación incluye ese daño como condición de su propia existencia. Por lo general, se dirá que son externalidades a la actividad económica que el mismo mercado puede corregir si se incorporan en las cuentas financieras, lo que exige poner valor monetario a todo. Este hecho no cambia en el caso del agua, a pesar de la creciente aceptación teórica y legal de que se trata de un derecho humano. En los hechos, se continúa pensándola como un recurso apropiable y comercializable, capaz de generar o ampliar la renta y cuya posesión determina un rango fundamental de la competitividad. Si se procede de esa manera, es indudable que el pensamiento dominante no puede ser otro que el que cada uno proteja “su” agua y “su” suministro, despreocupándose de lo que sucede con los demás e incluso usando a los recursos hídricos y su contaminación como un “arma comercial” para debilitar a la posible competencia en el mercado.

Como hemos visto, la contaminación del agua como una forma de acumulación se origina en una manera de pensar la naturaleza y la sociedad, que luego concluye en manifestaciones de inequidad e injusticia social. Actuar contra esta realidad tan lacerante es parte de una propuesta de justicia hídrica que debe convertirse en organización y acción. En esa dirección se ha trabajado en este aporte que busca provocar el debate y la profundización de la temática, seguros de que habrá que enfrentar la matriz ideológica dominante, al mismo tiempo que sus efectos.

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Caminos de vida ecológica - Sevilla Comunidad y estudiantes del caserío Cumbarco

¿Desierto en Sevilla que hay de cierto? Grupo Huella

Concurso de Murales: PLANTA-ACCIONES NO PLANTACIONES

Colombia: Planes Departamentales de Agua: incoherencias, retos y oportunidades Laura Guerrero Socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Colombia: Planes Departamentales de Agua: incoherencias, retos y oportunidades. Laura Guerrero

Resumen La reestructuración del sector de acueducto y saneamiento básico en Colombia desde finales del siglo XX y la consolidación de los Planes Departamentales de Agua como estrategia para mejorar la cobertura de acceso al agua potable en el país en el marco del cumplimiento de las metas del milenio, han generado diversas posibilidades, conflictos e inconsistencias. La entrada del sector en la lógica del mercado, con todas sus repercusiones, ha ocasionado un alza en las tarifas que a su vez cuestiona el cumplimiento de las metas de cobertura debido a las imposibilidad de pago por parte de sectores populares. Por otro lado, el nuevo modelo con énfasis departamental genera conflictos con la estructura anterior centrada en los municipios y con las dinámicas territoriales y ambientales regionales. El sistema de manejo de los recursos y de operación institucional implica no sólo la adquisición de grandes deudas con la Banca Multilateral sino la pérdida de autonomía sobre el manejo de los recursos por parte de los municipios y los departamentos. Además la desarticulación de los Planes con las autoridades ambientales y su mirada parcial al recurso hídrico contribuyen muy poco a la gestión sustentable y justa del recurso como bien público. El presente documento describe y analiza estas problemáticas a la luz de la ejecución de los PDA en algunos departamentos del país.

Introducción Desde la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994 los servicios públicos domiciliarios en Colombia han venido cambiando de un modelo público centralizado por uno privado y descentralizado. Aunque la entrada de Operadores Especializados se desarrolló primero en algunos departamentos de la Costa Atlántica, no hubo mayores cambios

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en el sector durante los diez primeros años de vigencia de la política. Sin embargo, a partir de 2004 y basado en las experiencias de la Costa, especialmente de los departamentos de Cesar y Magdalena con sus éxitos y desaciertos, el gobierno nacional empezó a darle viabilidad a la política a través de diversos documentos Conpes (Documentos del Consejo Nacional de Planeación Económica y Social que tienen alcance supraministerial), decretos y cambios de ley que desembocaron en la consolidación de una nueva política en el sector denominada Planes Departamentales de Agua y Saneamiento, PDA. Los PDA se presentan como la estrategia del gobierno nacional para responder a uno de los ocho Objetivos del Milenio que Colombia, como país miembro de las Naciones Unidas, se comprometió a conseguir para el año 2015, y que establece como meta “reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”. Para lograr esta meta, los PDA proponen una nueva organización del sector haciendo énfasis en un nuevo manejo de los recursos, basado éste en un fondo común en el cual confluyen los recursos de diversas fuentes, la consolidación de economías a escala a través de la regionalización y una nueva estructura institucional en la que el departamento tiene un papel central.

El agua: su importancia para la vida y su disponibilidad El agua es un recurso imprescindible para la vida en el planeta, no sólo tuvo un papel esencial en el surgimiento de la vida, sino que constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos de todos los seres vivos, además de servir de hábitat para gran parte de ellos. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, de la cual el 97.6% es salada y llamada aguas marinas y sólo el 2.4% es dulce, conocidas como aguas continentales, que se encuentran en forma de hielo o nieve o bien como aguas superficiales o subterráneas. En la tierra el agua se produce y reproduce a través de un proceso complejo denominado ciclo hidrológico o del agua, cuyo equilibrio ha permitido que desde hace aproximadamente quinientos millones de años la cantidad de agua en la Tierra permanezca prácticamente

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constante. Este ciclo basado en sus cambios y movimientos entre sus estados, sólido, líquido y gaseoso, es interdependiente de los ecosistemas naturales y de los seres vivos que reciben, utilizan y que permiten la circulación de la substancia según sus necesidades.

Del pequeño porcentaje del agua dulce que puede ser usada por los humanos el 70% se utiliza para la irrigación, el 20% para la industria y sólo un 10% para el consumo doméstico, pero de este 10% sólo el 0,7% se encuentra de manera accesible inmediatamente ya que el resto está en acuíferos profundos, en los casquetes polares y en el interior de las selvas. A pesar de esto, se calcula que la renovación de las aguas es de 43.000 km3 anuales que son descargados en los ríos, y que el consumo mundial es de aproximadamente 6.000 km3 al año. Esto indica que aunque hay bastante agua, está distribuida desigualmente en el mundo; se calcula que el 60% se encuentra en 9 países mientras que más de 80 tienen escasés de ella.

Colombia, uno de los países más ricos en agua, registra 2.100 km3 de escorrentía total anual lo que representa el 4,5% de la escorrentía total mundial, situándose como uno de los 10 primeros productores de agua en el mundo (Ideam, 2001). El país tiene un promedio de 3000 mm3 de pluviosidad media anual, lo cual es tres veces más que la media mundial, y una oferta hídrica de 59 lts/seg/km2, que es seis veces el promedio mundial y tres veces el de Suramérica. Según el Instituto de Recursos Mundiales y Naciones Unidas, Colombia tiene una disponibilidad de agua de 33.630 m3 por persona al año, que es casi cinco veces más que la disponibilidad promedio en el mundo, que es de 7.700 m3.

Sin embargo, el recurso está distribuido irregularmente en el territorio nacional así como para las actividades económicas y los asentamientos humanos. Por tal motivo, aunque el promedio nacional de disponibilidad de agua es favorable, no resulta equitativo para todos los habitantes, si se tiene en cuenta por ejemplo que la mayoría de la población del país se encuentra concentrada en las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, así como los que drenan al Caribe incluido el Catatumbo, que sólo concentran el 25% del volumen de agua anual del país (Ideam, 2001).

Uno de los grandes retos que esta distribución irregular representa es el abastecimiento de agua potable para toda la población

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de manera equitativa y justa, así también como un manejo sustentable del recurso que asegure su disponibilidad y conservación. Lo anterior implica tanto unas disposiciones políticas y legales como unos criterios de acción por parte del Estado que, como garante de los derechos humanos, debe realizar para asegurar su cumplimiento ya que el derecho al agua no sólo es un derecho humano autónomo1 sino que a su vez está íntimamente relacionado con otros derechos tales como los económicos, sociales, culturales, colectivos y del medio ambiente.

Los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia Uno de los grandes retos para el país en cuanto al abastecimiento de agua potable para toda la población de manera justa y equitativa, es el desarrollo de los servicios de acueducto y saneamiento a través de los cuales se dé cumplimiento a lo establecido en el Artículo 366 de la Constitución colombiana, en la que se establece como objetivo fundamental de la actividad del Estado satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de agua potable, salud, educación y saneamiento ambiental, lo cual se enmarca en el principio según el cual el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Además, el Artículo 365 de la Constitución establece que “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es su deber asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Los servicios públicos cuentan en sí con un espacio propio en la configuración constitucional del Estado social de derecho. Por su parte, la Corte Constitucional ha concluido que el suministro de agua potable es un servicio público domiciliario de carácter esencial para la vida.

Abastecimiento de agua en el siglo XX Desde principios del siglo XX hasta la década del 90 la provisión del servicio de acueducto y alcantarillado, así como de otros servicios pú1 El derecho al agua tiene por fin garantizar a cada ser humano una cantidad mínima de agua de buena calidad y suficiente para la vida y la salud; es decir, que permita satisfacer necesidades esenciales como la bebida, la preparación de alimentos, la higiene y la producción de cultivos de subsistencia (Defensoría del Pueblo, 2005).

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blicos domiciliarios en Colombia, estuvo en manos del Estado. En los primeros años de ese siglo esta responsabilidad fue casi totalmente del gobierno central, que para 1936 destinó el 1% de los recursos fiscales al sector de acueducto y alcantarillado. A mediados del siglo XX, con la creación del Fondo de Fomento Municipal (FFM), se consolidaron los aportes a los municipios para la financiación de infraestructura de acueducto y alcantarillado, que en 1940 equivalió aproximadamente al 1% anual del presupuesto nacional. En 1950 este fondo es reemplazado por el Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL) con el cual la inversión en el sector aumentó considerablemente siendo entre 1971 y 1989 el 16% de la inversión pública total, lo que equivalía al 0,5% del PIB. Sin embargo para 1985 la cobertura de acueducto era de 89,2 % en la zona urbana y de 28,0% en la rural, y la cobertura de alcantarillado era de 80,7% en la zona urbana y de 59,4% en la rural (Ministerio de Desarrollo Económico, 2002). A mediados de los años 80 empezó la reforma del Estado, que dejó de centralizar el abastecimiento de servicios públicos domiciliarios y empezó a dar mayor autonomía a los municipios y entidades territoriales. En 1987 se liquidó INSFOPAL, se delegó a los municipios la administración de los entes prestadores de agua potable y saneamiento básico y se creó la Dirección General de Agua Potable y Saneamiento Básico (DGAPSB) al interior del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Esta reforma tiene el propósito de trasladar las responsabilidades en relación a los servicios públicos domiciliarios a los entes territoriales sobre la base de la transferencia de recursos de la nación y el fortalecimiento de su autonomía fiscal, además buscaba reducir los costos y las distorsiones en el servicio. Las reformas realizadas a partir de 1991 Hacia finales de los años 80 y especialmente en la década de los 90 las condiciones económicas mundiales cambiaron considerablemente. Latinoamérica y otras regiones del Sur pasaron a ser el centro de mira de la inversión de la banca mundial, las economías de los países latinoamericanos se estabilizaron y propiciaron la entrada de una gran oleada de financiamiento internacional. Así se hicieron un conjunto de reformas económicas y políticas que dieron paso al neoliberalismo, tales como la reducción de aranceles, la flexibilización del

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mercado laboral, la liberación del mercado financiero y cambiario y, además, se transfirieron a manos privadas numerosas actividades que se encontraban controladas por el Estado. Aunque inicialmente se privatizaron actividades comerciales e industriales, posteriormente fueron retrayéndose del Estado otras consideradas estratégicas tales como las energéticas y mineras así como los servicios públicos, hasta entonces monopolizados por éste.

En Colombia las reformas al sector de servicios públicos domiciliarios se expresan principalmente en la Constitución de 1991, en la cual se constituye el Estado Social de Derecho que se entiende como democrático, participativo, unitario, descentralizado y con autonomía territorial. Antes de 1991, el Estado, en sus diversos niveles de descentralización administrativa, estaba encargado de prestar todos los servicios públicos domiciliarios de manera directa, a través de prestadores especializados o a través de concesiones. A partir de la Constitución se dio paso al sistema de titularidad no pública de los servicios, y aunque el Estado conservó su obligación de garantizar la provisión del servicio, se permitió la entrada de prestadores no estatales y se entendió este ámbito como un nuevo nicho de mercado.

Los principios de prestación de servicios públicos establecidos en la Constitución fueron desarrollados en la Ley 142 de 19942, en la cual se resalta el papel del Estado, específicamente del Municipio, de asegurar la calidad de prestación del servicio y garantizar subsidios a los usuarios de bajos ingresos, y se establecen estrategias para estimular formas de gestión empresariales para la prestación del servicio. Es importante destacar aquí que la Ley promueve la prestación del servicio a través de lo que denomina Operadores Especializados, de naturaleza pública, mixta o privada, así que aunque no define una privatización del servicio, tampoco la descarta. Según la Ley, los Municipios sólo podrían prestar el servicio directamente, por excepción cuando tras el concurso público no existiera una empresa que quisiera o pudiera llevarlo a cabo o cuando los costos del servicio prestado directamente por el municipio fueran inferiores que los determinados por las empresas.

Otro de los puntos importantes establecidos por esta Ley en relación al acueducto y alcantarillado está referido a las obligaciones de los municipios en inversión y sostenibilidad del sector, para lo 2 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

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cual estarían destinadas parte de las transferencias de recursos de la nación a través del Sistema General de Participaciones —SGP—. Posteriormente, la Ley 715 de 2001 determinó que el porcentaje debía ser del 41% del total de las transferencias por SGP recibidas por el municipio.

Estas reformas, así como otras que han venido desarrollándose desde entonces3, cambiaron radicalmente la manera en que operaba y se gestionaba el abastecimiento de agua potable y el manejo de aguas residuales en el país, la cual había estado directamente en manos del gobierno desde inicios del siglo XX hasta mediados de la década de los 90. Las reformas generaron una estructura político-administrativa que delegó a Operadores Especializados (públicos, privados o mixtos) el servicio de acueducto y alcantarillado, y a los municipios su papel de asegurar la calidad del servicio y los subsidios a los usuarios de bajos estratos. Hacia los Planes Departamentales de Agua

Las reformas de finales del siglo XX en el marco de la apertura económica empezaron a cambiar la prestación del servicio de alcantarillado y acueducto en el país; no obstante, aunque el marco constitucional era claro, las disposiciones técnicas sobre calidad del servicio, el establecimiento de tarifas entre otras, aún estaban incipientemente desarrolladas y eran poco conocidas y aplicadas. Sin embargo, en el marco de la Ley 142 de 1994 se empezaron a desarrollar programas y acciones para incentivar la consolidación de empresas para la prestación del servicio. En 1998, gracias a la firma de una Enmienda al proyecto de Desarrollo Municipal con el Banco Mundial, crédito 3336-CO, se desarrolla el Programa de Modernización Empresarial, PME, con la tarea de cofinanciar y prestar asistencia técnica a los Operadores Especializados. Así mismo, en ese año se inicia el Programa de Cultura Empresarial que busca mejorar la gestión de los pequeños prestadores. Cuando se acabaron los recursos de esta enmienda, se realizó un nuevo crédito (7077) que por decisión del Gobierno Nacional se orientó únicamente a la Costa Atlántica y se definieron dos tipos de

3 Ley 99 de 1993, la Ley 373 de 1997 (Programa para el uso eficiente y ahorro del agua), el Decreto 475 de 1998 (Calidad del agua), el Decreto 229 de 2002 (micro medición), el Decreto 155 de 2003 (Reglamentario de las tasas por uso), el Decreto 3100 de 2003 (Reglamentario de las tasas retributivas), el Decreto 3440 de 2004 (Modificatorio del 3100).

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esquema para la vinculación de operadores privados: el contrato de Operación con Inversión que tenía un alto énfasis en la concesión y el contrato Constructor Operador, con mayor énfasis en la gestión, con gran parte de la inversión realizada por aportes públicos.

Uno de los principales cambios que empezaron a evidenciarse tras las reformas fue la inclusión de empresas en el sector, la disminución en la prestación directa por parte de los municipios, y en general una gran cantidad y variedad de prestadores que en el 2005 se calculaba eran 12 mil en el país. A pesar de haber transcurrido 10 años de la promulgación de la Ley 142, aún en los primeros años del siglo XXI eran los Municipios los principales prestadores del servicio. Del registro de Operadores que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tenía en el 2004 sólo el 11,9% del total estaba constituido por empresas (7,5% correspondían a empresas privadas, el 3,1% a empresas mixtas, el 1,3% a empresas oficiales) y el 87,8% restante era conformado por organizaciones comunitarias autorizadas (41,6%) y por los municipios que prestaban directamente el servicio (46,2%)4.

Bajo este panorama, el programa de gobierno “Hacia Un Estado Comunitario 2002-2006” de Álvaro Uribe Vélez plantea tres puntos en lo referente a servicios públicos domiciliarios basados en la optimización en la prestación de los servicios, reestructuración de empresas de servicios públicos y esquema de tarifas y subsidios. Con esto se busca en términos generales ajustar las tarifas para incentivar la inversión en el sector y garantizar la recuperación de los costos de inversión, además de eliminar las barreras para la inclusión de nuevos operadores del servicio a través de esquemas regionales, denominadas economías a escala5. En términos generales, este Programa de Gobierno, en concordancia con las reformas que se venían gestando en el sector, genera un ambiente propicio para la consolidación de los Operadores Especializados en la prestación del servicio Público de Acueducto y Alcantarillado, y especialmente la disminución en la participación de lo que la Ley denomina “Operadores ilegales” que hace referencia a los municipios que prestan el servicio directamente y a un cambio en la regulación tarifaria que reestructura completamente el modo de defi-

4 Basado en el registro de prestadores de 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportado en el Documento Conpes 3383 de 2005. 5 Plan Nacional de Desarrollo. Hacia un Estado Comunitario 2002 – 2010. Colombia.

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nir los costos del servicio y los subsidios que el Estado prestaba a los usuarios de los estratos más bajos.

En el Plan de Desarrollo “Estado Comunitario: desarrollo para todos 2006-2010” se habla específicamente de dos estrategias para el sector: por un lado la consolidación de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico con el objetivo de “aglomerar mercados y lograr una estructura de la industria más compacta, en la que haya un mayor aprovechamiento de economías de escala y una menor atomización de los recursos invertidos; y por el otro lado una mejor distribución de los recursos asignados, principalmente del Sistema General de Participaciones SGP y la focalización de subsidios”. Como se evidencia entonces, la estructura política, administrativa y jurídica se completaba para dar paso a la conformación de un nuevo sistema para el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en el país, sintetizado en lo que se denominó Planes Departamentales de Agua PDA.

¿Qué son y en qué consisten los PDA?

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un programa gubernamental que busca responder a uno de los ocho Objetivos del Milenio que Colombia en conjunto con 192 países miembros de las Naciones Unidas se propusieron conseguir para el año 2015. En el Octavo objetivo de este acuerdo se planteó como meta “reducir a la mitad, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”, y la estrategia que trazó el gobierno de Álvaro Uribe para conseguirlo se sintetizó en la creación del Viceministerio de Agua y Saneamiento al interior del MAVDT y en la creación de cuatro nuevos programas en el sector de los cuales sobresale los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento.

Según los documentos oficiales del MAVDT y su Viceministerio de agua y saneamiento, así como de los documentos Conpes expedidos hasta la fecha en relación al sector, los PDA tienen como objetivo “mejorar las condiciones de cobertura, calidad y eficiencia de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada uno de los departamentos, impulsando los esquemas regionales de prestación de servicios por medio de mercados aglomerados con una estructura compacta y una mejor distribución de los recursos”6. 6 http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=539&conID=215&pagID=217

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Los PDA son liderados por los departamentos en cabeza de las respectivas gobernaciones y deberán ser implementados a través de tres fases: Diagnóstico, Estructuración e Implementación. En el diagnóstico se busca establecer el estado del servicio en cada municipio teniendo en cuenta los aspectos legales, comerciales, financieros, organizativos y ambientales. En la segunda fase de estructuración la gobernación, con el apoyo del Gobierno Nacional, determina la estructura general del Plan Departamental de Agua incluyendo aspectos técnicos, institucionales y financieros. En la tercera y última fase, denominada de Implementación y Seguimiento, se ejecutan los proyectos y las acciones determinadas en la fase anterior.

La estructura operativa del PDA está compuesta por un Comité Directivo, un Gestor, una Gerencia Asesora y un esquema fiduciario para el manejo de los recursos. El Comité directivo será el encargado de establecer las directrices para la ejecución del PDA y estará constituido por el gobernador, un delegado de la gobernación, dos alcaldes de los municipios involucrados, un delegado del MAVDT, un delegado del PNP, un delegado de cada Corporación Autónoma Regional que opere en el departamento que tendrá derecho al voto siempre que se discutan proyectos de saneamiento ambiental que cuenten con financiamiento de esta entidad. Tendrán voz pero no voto en el comité y asistirán permanentemente el Gestor, la Gerencia Asesora, un representante del esquema fiduciario y el viceministro o un representante suyo. Por su parte, el Gestor puede ser una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y aseo del Departamento o el Municipio; su función es gestar, coordinar, implementar y hacer seguimiento a la ejecución del PDA. La Gerencia Asesora, por su parte, brindará la asesoría necesaria técnica para la implementación del Plan y debe ser una persona jurídica con experiencia e idoneidad para adelantar diversas actividades en la planeación, gestión y ejecución del PDA. El esquema de manejo de los recursos se hará a través de un sistema fiduciario7, en el cual cada organismo o entidad aportará los recursos necesarios para el desarrollo del Plan, los cuales podrán ser

7 Se denomina fiducia al negocio jurídico en el cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

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aportes del departamento, de los municipios, de las Corporaciones Autónomas Regionales y de la Nación. Los Municipios y departamentos pueden destinar hasta el 90% de sus regalías directas para proyectos de inversión con autorización de la Asamblea, también pueden destinar recursos del Fondo Nacional de Regalías con las aprobaciones determinadas por la ley. De los recursos de transferencia establecidas en la Ley 715 de 2001 del Sistema General de Participaciones los municipios deben comprometer mínimo el 60% del total asignado al sector, el cual será transferido directamente a la fiducia conformada en el PDA. También se podrán utilizar recursos de las tarifas del servicio, de las Corporaciones Autónomas y de créditos internos, a través de la Tasa Compensada de Findeter, o externos, principalmente de la Banca Multilateral.

Esta estructura de los PDA abre camino para un nuevo manejo de recursos destinados al sector, ya que la fiducia permite dirigir directamente los fondos a la entidad prestadora del servicio (que puede ser privada, pública o mixta) y además compromete a los municipios y a los departamentos a pignorar sus recursos futuros en el marco del cumplimiento del Plan Departamental, es decir, que se traen los recursos municipales, departamentales y nacionales de 10, 15 y 20 años para hacer inversiones en la actualidad. Por otro lado y debido a las grandes inversiones económicas que se deben realizar especialmente en términos de infraestructura para el cumplimiento del servicio en gran parte del país, los municipios y departamentos deben acceder a créditos altos, los cuales resultan principalmente de la banca multilateral, y que debido a la estructura establecida para los PDA son respaldados por el estado colombiano, como se verá más adelante al revisar la manera en que se han llevado a cabo los PDA en algunos departamentos del país. Otro de los pinares esenciales de los PDA es que la política encaminada a ellos generó un cambio jurídico sintetizado en las Leyes 1151 (Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2011) y 1176 (Sistema General de Participaciones 2007) así como en el Decreto 3200 de 2008 (por el cual se dictan las normas sobre planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento). Este cambio implicó una redefinición de los roles del municipio y del departamento, dándole a este último un rol principal que no tenía en la normatividad anterior.

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¿Pero qué implicaciones ha tenido el desarrollo de los PDA en el país? ¿Cuáles han sido sus dinámicas regionales y cuáles son los conflictos, oportunidades y retos que generan?

La entrada de Operadores Especializados – entre lo público y lo privado – Uno de los principales cambios en el sector ha sido la entrada de prestadores de servicio privados, haciendo del agua y de los demás servicios públicos domiciliarios un nuevo nicho del mercado. Pero la entrada de prestadores del servicio privados inició casi una década antes que la política de los PDA, ya que, en los primeros años de la década de los 90, el Departamento de Planeación Nacional apoyó la creación de empresas mixtas prestadoras del servicio con el 50% de participación privada en ciudades como Montería, Barranquilla, Santa Marta y Florencia, intentos que fracasaron completamente ya que no mejoraron la calidad del servicio y perdieron legitimidad entre la comunidad. Parte del fracaso se debió a que no había ningún tipo de marco legal, ni una estructura institucional que permitiera controlar su gestión. Posteriormente, tras la Ley 142 de 1994, se iniciaron nuevos procesos con empresas en ciudades como Palmira, Cartagena, Barranquilla, Rionegro, Girardot y Riohacha, los cuales estuvieron apoyados por el marco jurídico que se desprendía de la ley y fueron financiados en parte por créditos del Banco Interamericano de Desarrollo BID. A pesar que en 1997 entraron Empresas prestadoras del servicio a 37 municipios en el país, sólo es en el año 2000 que entran al ‘nuevo mercado’ empresas privadas y extranjeras, entre las que se encuentran los grupos españoles INASSA (Canal de Isabel II de Madrid) en Barranquilla y Aguas de Barcelona en Cartagena y el grupo francés Suez des Eaux en Palmira-Valle. Después del 2000 y con el Programa de Modernización Empresarial del MAVDT la inclusión de Empresas Prestadoras del Servicio se centró en la Costa Atlántica, y entre 2004 y el 2007 se consolidó en tres municipios: Magdalena, Cesar y Guajira. En estos departamentos, que el gobierno Nacional llama Proyectos Piloto de Planes Departamentales, se inició la conformación del modelo, y son los que actualmente se encuentran más adelantados en el proceso, ya que son los únicos que están en la fase de implementación.

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Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, actualmente existen más de 2000 prestadores del servicio de agua, de los cuales sólo 1.888 estaban registrados ante esta entidad en el 2007. De estos sólo el 12% está constituido por Operadores Especializados, el resto lo componen organizaciones autorizadas (org. comunitarias, ongs, entre otras) y los municipios que prestan directamente el servicio. De los Operadores Especializados 61% son empresas privadas, 32% empresas mixtas, mientras el 7% restante son oficiales. Del total de Operadores registrados en el SUI sólo el 10,7% lo componen las empresas privadas mientras el 40,7 lo componen las oficiales (ver Tabla 1). Tabla 1. Naturaleza de los Prestadores del Servicio de Acueducto en el país8

Es relevante que aunque la mayor proporción de empresas privadas se encuentran entre los municipios de mayor tamaño (ya que cerca del 60% de los Operadores Especializados son privados en las ciudades de más de 100.000 habitantes), también empiezan a aparecer en un número significativo de municipios intermedios pequeños. Aunque el número actual de Operadores Especializados Privados es aún minoritario, la tendencia de los PDA tiende a aumentarlo, ya que una parte importante de cada Plan implica un ajuste institucional que incluye una reestructuración financiera, tarifaria y operativa de los esquemas regionales de prestación de servicios, así como la gestión,

8 Datos de SUI y SSPD 2007 tomado de Adesco. Pulso de los Servicios Publicos Domiciliarios 2008. Bogotá 2008.

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seguimiento y control de los recursos. Por lo tanto, al interior de cada departamento se están organizando economías de escala aglomerando un conjunto de municipios con un mismo Operador Especializado.

Ejemplo de ello es que el mayor número de municipios con empresas privadas se encuentran en la región Atlántica que son aproximadamente 48 municipios que representan el 25% del total de la región, zona donde se han venido implementando los PDA mucho antes que en el resto del país. Por su parte en Antioquia la participación del sector privado es del 26% de los municipios del departamento, gracias a la operación de siete grupos empresariales de menor tamaño que operan en varios municipios de la región. Los PDA vienen consolidando un modelo de prestación del servicio departamental que se evidencia en empresas como EMPOCALDAS S.A. ESP, que presta servicios a 21 de los 27 municipios del departamento de Caldas, o como también ocurre en el Valle del Cauca donde la empresa ACUAVALLE S.A. ESP. opera en 35 de los 42 municipios del departamento.

Pero el ingreso de la empresa privada al sector no sólo ocurre a través de los Operadores Especializados, existiendo diversos espacios en los que la empresa privada ha empezado a entrar a prestar sus servicios y a tomar decisiones importantes para el sector. Uno de ellos es a través de las Gerencias Asesoras — 9 contratadas hasta ahora en los PDA del país—, de las cuales una es privada, tres son mixtas y cinco son oficiales. La entrada de operadores privados ha sido bien contrastante en el país, hay casos claros donde se ha mejorado la calidad del servicio en términos de cobertura, horas de abastecimiento y mejor calidad del agua, sin embargo hay otros donde ha ocurrido todo lo contrario. Un ejemplo claro de esta situación es el caso de algunos municipios del departamento de Magdalena, cuyos acueductos estaban a cargo de la empresa Aguas Kapital Macondo S.A. E.S.P (empresa privada accionista de la empresa multinacional Aguas de Barcelona) y cuyo mal servicio desembocó en diversas movilizaciones de las comunidades protestando contra la suspensión permanente del servicio, la mala calidad del recurso y a su poca continuidad diaria (menos de 2 horas), lo que llevó en noviembre de 2009 a la cesión del contrato al Operador Centroaguas S.A. ESP. Lo mismo ha ocurrido en municipios como El Banco con la Empresa Operagua, entre otros.

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La tendencia general que se viene presentando, tanto con la entrada de operadores privados como con el programa del PDA (incluso desde la Ley 142 de 1994), es la consolidación del modelo en el cual el agua o el servicio de acueducto ha entrado a regirse por las leyes del mercado. Pero asignarle al agua la dinámica del mercado no facilita su gestión ya que no resuelve per se los problemas de sostenibilidad ambiental ni de acceso equitativo y justo para toda la población. Por un lado porque el abastecimiento de agua potable produce numerosas externalidades que no pueden regirse por la lógica de costos beneficios privados y sociales, haciendo que el abastecimiento de agua tienda a estar por debajo del equilibrio de mercado causando numerosos conflictos con respecto a la asignación de los recursos. Por otro lado, las dinámicas regionales de abastecimiento de agua y de las ciudades implica la inversión de altísimos costos en infraestructura que no pueden compensarse directamente en los costos de tarifas debido al valor social del producto.

Un nuevo régimen tarifario Este es uno de los problemas centrales que el nuevo modelo implica para el acceso al agua potable en el país, ya que para lograr que la prestación del servicio funcione bajo la lógica de un negocio privado debe existir una rentabilidad, entonces las empresas prestadores del servicio deben generan sus propios recursos y, por su parte, el Estado, garante del servicio a la población, se limita a la regulación, la planificación, el control y la vigilancia del sector.

Claramente esto implica un alza en las tarifas que ya se venía presenciando en el sector, por lo cual en el 2004 la Contraloría General de la Nación publicó un informe detallado evidenciando los diversos problemas existentes con respecto a la regulación de las tarifas y la cobertura del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el país9. La contraloría anotaba que entre 1995 y el 2000 los usuarios tuvieron que pagar un alza en sus facturas entre 38% y 223% en las principales 18 ciudades del país y que además se había representado mayores alzas para los estratos 1, 2 y 3; por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, las tarifas de acueducto y alcantarillado crecieron entre 1997 y 2002 de la siguiente manera: 232% en el estrato uno, 138% en el estrato dos, 9 Datos del informe.

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110% en el estrato tres, 59% en el estrato cuatro, 43% en el estrato cinco y 39% en el estrato seis.

Por otro lado la Corte Constitucional se pronunció al respecto en la sentencia C-150 de 2003 estableciendo que, de los criterios que rigen la definición de tarifas, el de suficiencia financiera no podría estar por encima de ninguno de los otros que son neutralidad, solidaridad, redistribución, eficiencia económica, simplicidad y transparencia. A partir de esto la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA generó la resolución 187 de 2004 por medio de la cual se establece una nueva metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esta nueva metodología excluyó algunos costos que no hacen parte del servicio e incluyó elementos dependientes de la eficiencia de las empresas. Sin embargo, entre el 2006 y el 2008 el IPC (Indice de Precios Al Consumidor), que es el referente para definición de tarifas de acueducto y alcantarillado en el país, subió de 4,48 en el 2006, a 5,7 en el 2007 y a 7,67 en el 200810, lo que por consiguiente trae considerables alzas en las tarifas debido a que, por disposición del Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y Resolución CRA 03 de 1996, los prestadores pueden actualizar sus tarifas cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en el índice, que para este caso corresponde al IPC.

Por otro lado resulta paradójico que, a pesar de la búsqueda de Economías a escala, los mayores costos en las tarifas correspondan a las grandes empresas como bien puede verse en la Tabla 2 que corresponde a datos de la SSPD de 2005. Tabla 2. Costo Medio Económico Básico de las Tarifas según el tamaño de la empresa11

10 SSPD. Informe Anual de Servicios Públicos en Colombia. 2008 11 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD. Estudio Sectorial Acueducto y Alcantarillado 2002 - 2005. Bogotá. Septiembre de 2007.

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La consolidación de un esquema departamental de prestación del servicio a través de los PDA en la búsqueda de mejorar las condiciones de cobertura y calidad del servicio resulta cuestionable cuando el alza en las tarifas implica la desconexión de numerosos usuarios de los estratos más bajos que no cuentan con los recursos para acceder a ellas. En el 2009 la Empresa Pública de Medellín reportó 53.219 usuarios desconectados del acueducto (1,8% más que en el 2007, mientras en Bogota se ha pasado de 50.402 usuarios desconectados en 1998 a más de 276.000 en el año 2007, con un promedio anual de 236.754 entre el 1998 y el 200512. Sumado a esto, el sistema de subsidios basado en los sobre costos a los estratos 5 y 6 para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 resulta poco rentable teniendo en cuenta que los usuarios de estratos 1, 2 y 3 suman el 76,3% del total en el país, mientras los estratos 5 y 6 suman tan sólo el 6,53% del total13. Además de las dificultades de acceso al agua y a las incoherencias que puede tener el modelo de los PDA frente a la efectiva prestación del recurso y al cumplimiento de la meta de lograr el 95% de cobertura a nivel nacional, un nuevo esquema de gestión se ha venido desarrollando, el cual le ha quitado el papel central del municipio y se lo ha dado al departamento. Pero este esquema también le ha quitado poder de decisión a los municipios y departamentos y le ha dado protagonismo al gobierno central a través del MAVDT para la toma decisiones regionales y locales, aún en los casos en que la nación no haya invertido recursos.

Un esquema regional para un Estado con autonomía municipal

La normatividad que regía el sector de agua y saneamiento básico estaba diseñada sobre la base de que el municipio en cabeza del alcalde y el consejo era a quienes les correspondía garantizar la prestación de los servicios públicos, pero el cambio normativo de los PDA, contenido en el Decreto 3200 y en las Leyes 1151 y 1176, redefinen esos roles y ponen el departamento en la cabeza del plan, lo que implica que la base jurídica e institucional existente debe adecuarse a la nueva realidad. Esto ha traído diversos problemas para los municipios y diversos conflictos en el esquema institucional y jurídico ya que el 12 Informacion de la EEAB. 13 Datos de SSPD y SUI del 2008 (Adesco. Pulso de los Servicios Públicos Domiciliarios 2008. Bogotá 2008.).

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sector está diseñado para una prestación municipal de los servicios públicos; por lo tanto, aunque normativamente el alcalde sigue siendo responsable de abastecer de agua potable a su municipio, al entrar en el PDA pierde en gran medida el manejo de los recursos y el poder para tomar decisiones sobre el sector.

Esto ha llevado a que muchos alcaldes y concejos municipales no accedan a vincularse al PDA argumentando que los recursos de sus municipios se están centralizando en manos del gobernador o de empresas privadas ajenas a su territorio, lo que ha ocurrido en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. En otros municipios el problema es que el concejo no autoriza a los alcaldes a comprometer sus recursos de transferencias o regalías de vigencias futuras, sin lo cual el municipio no puede vincularse al Plan Departamental. Por el contrario, el gobierno central en cabeza del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial argumenta que el desarrollo de esta estructura mejora el manejo de los recursos haciendo que sean invertidos en el sector y no se pierdan el manejos locales como ha ocurrido en años anteriores. Sin embargo hay un intento centralizador por parte de la Nación que se evidencia en la estructura operativa del PDA, específicamente en lo que se denomina el Comité Directivo en el que hace parte con voz y voto un delegado del MAVDT (sin la presencia del cual el Comité Directivo no puede accionar) y en la manera en que se decide la ejecución de los recursos de transferencias y regalías, a través de audiencias públicas presididas por la viceministra de Acueducto, Alcantarillado y Saneamiento Básico. En términos generales el Ministerio de Ambiente tiene el poder para vetar o aprobar cualquier proyecto incluso cuando los recursos para su ejecución son del Departamento o de los Municipios. El argumento institucional para este manejo es la transparencia y el mejor manejo de los recursos; sin embargo, la centralidad no siempre lo implica, muestra de lo cual ha sido el programa Agro Ingreso Seguro, cuyo objetivo principal era el de mejorar la competitividad del sector agropecuario nacional y proteger los ingresos de los productores que resulten afectados ante las distorsiones derivadas de los mercados externos, pero que terminó favoreciendo a terratenientes y grandes empresarios del país14. 14 Por ejemplo en los departamentos de Cesar, Magdalena y Valle del Cauca fueron favorecidos en la convocatoria I de 2008 del proyecto Agro Ingreso Seguro, Agroempresas y familias terratenientes con un monto que supera los 26.000 millones de pesos ($26’684.149.313). En tanto, en los mismos departamentos y en esa misma convocatoria sólo se adjudicaron algo más de 993 millones de pesos ($993’017.777) para agricultores particulares, asociaciones y municipios.

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En Magdalena, en uno de los “modelos” del programa de PDA, las irregularidades en los contratos empiezan a develarse; en agosto del 2009 la Procuraduría entregó al Estado un informe en el cual se evidenciaban errores de diseño de las obras, incumplimiento en la entrega de trabajos, entrega de anticipos del contrato sin soportes legales, entre otros problemas. El contrato con mayores irregularidades es el que fue adjudicado al Consorcio San Ángel por 9.170 millones de pesos para la construcción del tramo de aguas residuales de la zona sur del Rodadero en Santa Marta, obra que se inició en junio de 2007 y que estaba proyectada para 18 meses pero que aún estaba suspendida cuando Aguas de Magdalena giró al consorcio el 29% del valor total del contrato sin que estuvieran aprobados los planes de la obra. Otro de los contratos con problemas es el suscrito con la firma Suárez y Silva Ingenieros por 10.029 millones de pesos, que tenía como propósito extender la red de alcantarillado del municipio de Cienaga para aumentar la cobertura del 35% al 75% en 18 meses. Aunque la obra se culminó, la Procuraduría encontró que el contratista incumplió la obligación de solucionar el sistema de drenaje de aguas lluvias en las calles. El tercer contrato problemas es el que se encuentra adjudicado al Consorcio Pivjay por 3148 para ampliar el sistema de alcantarillado en el municipio de Pivjay, obras que el contratista debió suspender por errores en el diseño topográfico además de otras irregularidades en los convenios y contratación suscrita15.

Nuevo Sistema Financiero: Nuevos créditos con la banca Multilateral Los Departamentos y sus correspondientes municipios han invertido miles de millones de pesos en los PDA, pignorando recursos de regalías y transferencias e invirtiendo recursos propios así como accediendo a créditos con la banca Multilateral o del Fondo de Inversiones de Agua —FIA—. El FIA es un fondo del Gobierno Nacional que tiene como propósito administrar los recursos de todas las fuentes que soporten la financiación de los Planes Departamentales, poniendo a disposición de las entidades territoriales créditos a largo plazo con tasas subsidiadas. El costo total de inversión de los PDA para los 32 departamentos es de 7,9 billones de pesos, de los cuales 1.6 millones 15 Periódico El Tiempo, Agosto de 2009.

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aproximadamente serán adquiridos a través de créditos directos con la banca multilateral (CAF, BID, entre otros) o con el gobierno nacional a través de la FIA, que indirectamente también obtiene recursos de la banca multilateral (ver Tabla 3). Tabla 3. Recursos PDA por departamento y montos de créditos16

16 Datos obtenidos de las Fichas de PDA por Departamento del MAVDT 2009.

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Es importante resaltar que los PDA están hasta ahora constituyendo su estructura financiera y gestionando los contactos para acceder a créditos de la banca multilateral o del gobierno nacional; por lo tanto, los casi 1,6 billones de pesos que se presentan en la tabla anterior como totales de los créditos son los que los departamentos han estimado se necesitan adquirir de diversas fuentes para sostener el plan. Hasta ahora sólo los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena han accedido a créditos de la banca multilateral de la CAF y del Banco Mundial, mientras que el PDA de Cundinamarca gestiona un crédito a través de la Corporación Autónoma Regional por 50 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de las fuentes de financiación de algunos proyectos enmarcados en los PDA ha sido el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, creado por el Gobierno español en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destinado a América Latina con un monto aproximado de 1500 millones de dólares para ser entregados en un periodo de 4 años con el propósito de apoyar el cumplimiento de la meta del milenio relacionada con la ampliación de la cobertura de agua potable y saneamiento básico en cada país. Para Colombia el Fondo de Agua aprobó el desembolso de 200 millones de dólares, de los cuales se dispusieron 65 en el 2009 para el desarrollo de 7 proyectos priorizados derivados de los Planes Departamentales de Agua. Estos proyectos son: Alcantarillado faltante en el barrio Nelson Mandela de Cartagena; planta de tratamiento potable Albornoz y construcción de instalaciones hidráulico sanitarias en la zona sur oriental de Cartagena; plan de inversiones “Todo por el Pacífico” en 44 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño; colector pluvial Bastidas en Santa Marta; proyecto Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta; y Multiveredal integral Pacífico, en Nariño.

Las dinámicas regionales y territoriales del país en contraste con un programa departamental Uno de los grandes cuestionamientos que se le ha hecho a la política de los PDA es la poca integración que ella tiene con las dinámicas territoriales regionales, por un lado porque aunque la estructura político administrativa del país es departamental, las condiciones am-

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bientales y culturales son regionales y no siempre responden a una estructura departamental como lo quiere imponer el PDA. Podemos ver en este sentido el caso de municipios como La Dorada en Caldas, Puerto Salgar y Girardot en Cundinamarca, Gonzáles en el Cesar, así como muchos otros cuya posición geográfica y dinámicas ambientales, sociales y culturales se encuentran atadas a otros departamentos diferentes a los que pertenecen administrativamente. Es de resaltar también que estos Planes no contemplan la participación de Autoridades Indigenas ni de Consejos Comunitarios Afrodescendientes en su proceso de planificación y estructuración del programa, aún cuando el desarrollo de las obras y ejecución de los proyectos se realicen al interior de sus territorios, esto ha generado la movilización y pronunciamiento de organizaciones indígenas en contra de la política. En Nariño los gobernadores indígenas de los cabildos Refugio del Sol de El Encano, de La Laguna de Pejendino, del Territorio Inga de Aponte, y del resguardo de Panán, se pronunciaron en contra del PDA por la violación a su autonomía territorial y por incumplimiento a la consulta previa.

El gobierno Nacional por su parte argumenta que, a pesar de haberse declarado exequible la Ley 1151 del 2007 en la cual se expide el “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010” (según lo dispuesto en la sentencia C-461 de 200817), no se lleva a cabo la consulta previa con los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías porque los PDA cobijan por igual a todos los habitantes de la nación y no contienen, desde el punto de vista material, disposiciones que puedan afectar directa y específicamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por esta razón, en el estado actual de estructuración de los Planes no se procede a la consulta previa con dichas comunidades. Pero también establece que si en la ejecución de los planes se identifican proyectos que puedan afectar directamente a este tipo de comunidades, le corresponde a la Gerencia Asesora la revisión de dichos proyectos y el manejo adecuado según las disposiciones de ley. La discusión entonces se centra en los alcances sobre la autonomía indígena y afrodescendiente que puede tener el PDA en su proceso 17 Según la cual se suspenderá la ejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestos plurianuales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, la misma que tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa la consulta previa específica exigida por el bloque de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudencia constitucional.

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de estructuración para cada caso, y si el manejo de este tipo de temas debe ser delegado a las Gerencias Asesoras o a los Gestores de los PDA, cuando son responsabilidad directa del Estado nacional.

Sostenibilidad ambiental, un reto colectivo Aunque todos los PDA tienen un componente ambiental y muchos de ellos una gran inversión en proyectos de recuperación y manejo de cuencas, vertimientos finales de aguas hervidas y de disposición de residuos sólidos, la gestión del recurso en términos ambientales dista mucho de ser un manejo integral con un componente ecosistémico y holístico en concordancia con el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables del país. El componente ambiental de los diagnósticos municipales que se han hecho en el marco de los PDA se centra en la caracterización general de las cuencas hídricas abastecedoras del servicio de acueducto, el manejo y disposición de aguas residuales, y de manera muy tangencial, el manejo de residuos sólidos así como su disposición final. Con respecto a las cuencas abastecedoras el diagnostico se basa únicamente en tres aspectos: la identificación de las fuentes determinando su posición geográfica, nombres, afluentes y caudales; la calidad del recurso según los criterios de potabilización del agua establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; y su disponibilidad en términos de caudal total así como el concesionado o permitido. Esta información claramente reduccionista no contempla las interrelaciones del recurso con los ecosistemas ni con las actividades económicas y culturales de la población que pueden amenazarlo o protegerlo. Esto resulta evidente cuando el énfasis del diagnostico se centra en la caracterización de los Operadores del Servicio, las condiciones de la infraestructura y las posibilidades regionales para la consolidación de un modelo regional de prestación del servicio, no de asegurar la disponibilidad del recurso a futuro, ni desarrollar estrategias de uso del agua más eficientes y sustentables, aunque puedan estar contemplados en los principios rectores del componente ambiental del PDA. Sin embargo, el manejo integral de los recursos en los municipios y departamentos es responsabilidad de las Corporaciones Autónomas

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Regionales y, en el caso de las áreas nacionales protegidas, de la Unidad de Parques Nacionales Naturales del MAVDT. Y son estas entidades las que deben velar porque cualquier política que se ejecute en su jurisdicción cumpla con los criterios de manejo sustentable de los recursos que rigen el país, tanto en la constitución del 91 como en el Código Nacional de Recursos Naturales. En tanto al manejo del recurso hídrico, las CAR son las entidades encargadas del desarrollo de los Planes de Operación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y deben velar porque las obras de infraestructura, captación y uso de estas fuentes sean acordes con los planes, pero las Corporaciones no tienen una real articulación con el PDA, ya sólo tienen voz al interior de los Comités Directivos y sólo tienen voto en el caso de haber destinado recursos propios al Plan. A pesar de todas estas restricciones, los Planes Departamentales han incluido algunos proyectos clasificados como ambientales en los Planes. En el caso de Magdalena, de los 40 proyectos aprobados, 26 se enmarcan en el componente ambiental, mientras en el Cesar se han establecido en el PDA proyectos como La Evaluación Ecológica Rápida Tucuy-Sororia en el municipio de la Jagua de Ibirico por $99’440.000 de pesos, o el de Desarrollo Integral Sostenible para la Preservación del Recurso Hídrico de la Cuenca del Río Chiriamo en los municipios de La Paz y San Diego por la suma de $1.556’133.000 de pesos, entre otros, pero ninguno priorizado por el Comité Directivo. A finales del 2009 el gobierno nacional adjudicó 3.913 millones de pesos para la recuperación ambiental del perímetro urbano de Puerto Tejada en el departamento de Cauca, y se planea la ejecución de otros proyectos ambientales en departamentos como Atlántico, Santander y Valle del Cauca. En Cundinamarca uno de los grandes componentes ambientales del PDA es el saneamiento ambiental del río Bogotá, en el cual se ven involucrados 41 municipios que se encuentran en su zona de influencia y se prevé la inversión de más de 2,59 billones en coordinación con el Distrito Capital. Pero el agua y su abastecimiento implican muchos otros retos que hasta ahora no se han consolidado en este tipo de proyectos. La gestión del recurso con criterios de sustentabilidad y justicia implican una mirada holística en la cual el abastecimiento a toda la población no puede desligarse de su papel en el equilibrio ecológico ni de las

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condiciones de oferta ambiental, y su manejo bajo esta lógica no puede simplemente decretarse, imponerse o inventarse de un día para otro. Su gestión es un proyecto de largo aliento que debe entenderse como un proceso de aprendizaje colectivo a través del cual se va construyendo de manera participativa el conocimiento necesario para responder a problemas como la articulación de programas como los PDA, los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios y los Planes de Ordenamiento de las Cuencas Aportantes, POMCA, hasta ahora completamente desarticulados; la necesidad de mejorar la calidad del agua y disminuir la contaminación de los ríos y quebradas, el respeto y reconocimiento de otras formas de organización para el abastecimiento de agua potable que sean más justas, transparentes y equitativas, entre otros. Entender la gestión del agua como un proceso de aprendizaje implica por lo tanto generar espacios de participación de todos los sectores y organizaciones en su manejo, porque de ello dependerá su comprensión de manera compleja y holística, sin la cual resulta imposible resolver los problemas que a ella atañen. Ese resulta ser el reto que tiene la estructuración de los Planes Departamentales de Agua, ¿Cómo hacerlos más participativos, complejos e incluyentes? Ese es el desafío que tiene el país, sin lo cual no será posible conseguir las metas establecidas, ni alcanzar unos mínimos de sustentabilidad que posibiliten, no sólo la conservación del recurso, sino el abastecimiento a toda la población colombiana.

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Este libro se publica con el apoyo del Programa en Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sustentable del Departamento de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Internacionales de Holanda.

ISBN: JUSTICIA HÍDRICA. 7 ensayos como aportes para articular las luchas. Amigos de la Tierra Colombia

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