JUSTICIA PENAL EN FRANCIA Mario Laus (x)

La sala está vacía. No hay banderas, ni crucifijos, ni frases célebres ni escudos. Al fondo de la habitación despojada, un reloj digital marca las 13,30 horas por sobre la cabeza de un gendarme imperturbable. El edificio judicial es ultramoderno y de reciente construcción. Incorpora gran cantidad de madera, para mejorar calefacción y bajar consumos energéticos. Pero la institución judicial es antigua: ella se reconoce impartiendo justicia en las entrañas de Francia desde hace más de cuatrocientos años… La situación alcanza mayor contraste con la llegada de la joven magistrada correccional, la doctora Elodie G.L.G., que baja en zapatillas desde un tren regional y enfila caminando hacia el Tribunal de Melun, una ciudad de 400.000 almas en el conurbano caliente de Paris. Al llegar a la sala de jueces, se pone la toga negra que todo lo cubre, aunque no podrá ocultar su belleza a lo Mariana de Delacroix. Decidida, toma una serie de dossiers también negros y abre las puertas del auditorio. Allí, todo el mundo se pone de pié y luego se sienta con su permiso.

Magistrada, fiscal y secretario judicial quedarán a la misma altura. Más abajo, oficial de justicia, victimas, acusados, abogados defensores y querellantes, se pondrán nuevamente de pié cuando tengan que hablar. El estrado pone a disposición un código penal y uno procesal, mientras que tras la barra se encuentran los interesados directos, que son invitados a permanecer en sus bancos. La audiencia comienza en un tono de respeto y autoridad que se traduce en todos los actos, palabras y silencios que generan los participantes. Desde el inicio queda claro que la magistrada tiene el poder de condenar mucho, poquito… o nada. Y eso se percibe por todos desde todos los rincones.

Se suceden distintos delitos

correccionales. Insultos en la vía pública…. Robo en supermercado…. Robo de ropas en grupo….. Robo al Correo….. Conducir sin licencia…… Trabajar sin permiso de residencia habilitante….. Robo con golpe de puño….. Robo con escalamiento….. Robo de chequeras…. Uso de estupefacientes….. Dichos racistas y portación de “palo con clavo oxidado”….. Robo de corriente eléctrica….. Robo de botella de vodka…… En todos los casos se analizan los antecedentes y se recitan los hechos, muchas veces de forma textual. Los acusados suelen confesar públicamente y asumir sus responsabilidades. De lo contrario la jueza interroga, requiere, examina y no vacila en ridiculizar cuando la no verdad surge de la confrontación entre dichos y pruebas. Se pregunta por el trabajo, el estudio, los hábitos, la familia, los hijos, su lugar de residencia, etc. etc. , mientras la Secretaría toma nota de todo. En la dialéctica del proceso verbal es muy importante reconocer o negar los hechos… -“estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo… ?” inquiere permanentemente la sentenciante, que busca dilucidar hechos para luego distribuir culpabilidades o no. La fiscalía cumple un papel impecable. Conoce estudiadamente los casos y propone penas comprensibles y explicadas. Por su lado, la Secretaría cumple un rol de Oficina de Gestión Judicial. Ella será quien notifique las sentencias y sus fundamentos, y se encargará de seguir con el cumplimiento de las penas. Cosa extraña, no hay chicanas entre los abogados y se discute poco o nada el derecho de los hechos.

Cuando la magistrada prepara el veredicto, ya un inmenso silencio cubre la sala. Al pronunciarlo se puede sentir en su mirada un peso sobre el condenado o el absuelto que trasciende a la persona… Conducción en ebriedad: Obligación de hacer un tratamiento contra el alcoholismo, 4 meses de retiro de la licencia de conducir y 6 meses de prisión en suspenso. Robo de 50 litros de combustible en estación de servicio: Beneficio de la duda. Robo de celular: 105 horas se servicios a la comunidad y 2 meses de prisión en suspenso… etc. etc. Aquel día hubo 24 condenas, 2 suspensiones y una absolución en el Tribunal Correccional de Juez Único de Melun. Al condenar, se aplicó en todas las causas penas menos severas que las pedidas por Fiscalía, explicando sus consecuencias e intentando prevenir a un condenado que terminó lamentado sus actos. Y tras cada decisorio, como pasando desde el latín romano al francés actual una fórmula mágica, la sentenciante rezó: “Justicia sea hecha”. Solitario, el reloj marca ya las 17,46 horas. Para unos llegó el tiempo de sacarse las togas y volver en tren a casa. Para otros… no.

II

Durante varios días, pudimos tomar contacto personal con gran cantidad de magistrados, procuradores, fiscales y secretarios, todos egresados de un mismo sitio: la Escuela Nacional de Magistrados. Participamos entonces en cinco audiencias de aplicación de penas realizadas en el Centro Penitenciario de Meaux, o el juzgamiento de trece pedidos de salidas provisorias en el Centro Penitenciario de Melun, las que fueron llevadas adelante por la magistrada Pascale B. en las mismas cárceles donde se encontraban los detenidos, provenientes de cinco naciones diferentes, uno de ellos, preso por ataque a camión blindado con bazuka. Fue posible también introducirnos en el juzgamiento penal de menores -algunos detenidos por batallas entre bandas a golpes de cuchillo y hacha-, asistiendo al tratamiento de seis casos en manos de la

magistrada Anne P.C.. Además contemplamos el funcionamiento de una fiscalía de turno, a la que llegaron catorce casos en una mañana, entre ellos dos urgentes; uno por homicidio voluntario y otro homicidio en accidente de tránsito. Se tomó además interrogatorio a un detenido de nacionalidad albanesa -traductor mediante-, por tráfico internacional de drogas. Finalmente, fue posible asistir al tratamiento de cinco casos en una jornada por parte del Tribunal Correccional Colegiado de Melun, bajo la presidencia del magistrado M. Philippe M., juzgándose las agresiones sexuales a una menor de 15 años, o el detentamiento de imágenes pornográficas pedófilas y distribución por internet por parte de un ingeniero eléctrico de la empresa nacional de energía, entre otros delitos. Ese intenso contacto personal nos permitió encontrar altos funcionarios íntegros y llenos de un deber republicano claro, orgullosos de su trabajo cotidiano para la comunidad, siempre simples y eficaces. Particularmente, muy sensibles a su compromiso con el Servicio de Justicia y el interés general. Todos ellos mantienen una intensa movilidad territorial, de competencias y funciones. Un período puede tocarles desempeñarse como fiscales en un territorio del Sur de Francia, para luego cumplir funciones como jueces en el Oeste, cambiando además de fuero. Es decir, sus cargos, jurisdicciones y competencias están sujetos a una rotación importante. Pero es necesario precisar que todos los funcionarios entrevistados consideraron insuficientes el presupuesto francés de Justicia, en comparación con sus vecinos alemanes (6 % ) o españoles (4%). Por otro lado, la tensa situación social en las barriadas urbanas, el proceso en curso de de-construcción del estado de bienestar, el quiebre de principios de solidaridad, desigualdades que no amenguan y hostilidades nacionalistas y xenófobas que aumentan (1), tensan las cuerdas del aparato judiciario penal galo casi al límite de sus posibilidades físicas y humanas. Ya con anterioridad a la masacre perpetuada en el semanario satírico Charli Hebdo, el humor social del Hexágono estaba ampliamente preocupado por las revelaciones de corrupción entre los políticos electos, empresas y funcionarios públicos (2). Sea por pequeñas corruptelas de politiqueros de barrio o grandes coimas en contratos de

exportación aeroespacial, “Francia está lejos de ser ejemplar. Peor: es una de los malos alumnos de Europa, según recientes informes de OCDE y la asociación Transparency. Mientras que los negocios se multiplican, la justicia tarda en reaccionar… Las críticas dirigidas al encuentro de la justicia vienen a ennegrecer un cuadro ya bien sombrío. La OCDE lo dice sin medias tintas: su acción es insuficiente. Desde la firma de la Convención de lucha contra la Corrupción por Francia en 2000, solamente 33 procedimientos judiciales fueron diligenciados en casos ligados a coimas pagadas a funcionarios públicos extranjeros, mientras que en el mismo período Estados Unidos trató 275 y Alemania 176” (p.33 y 34). Por otro lado, se habló hasta de la “República de las Valijas”, para referirse a la intensa circulación de Samsonites de efectivo o retrocomisiones electrónicas en paraísos fiscales, cuando se hizo público que el cuantioso divorcio de uno de los presidentes franceses habría sido pagado por el dictador de Libia depuesto luego, M. Kadafi (3), entre numerosos casos de gran impacto en la opinión, como por ejemplo las llamadas “enfermeras búlgaras”, la “balas de Delón”, etc., donde las zonas grises del estado, ligadas a los servicios de seguridad e inteligencia principalmente, habrían actuado sin tutela del poder o en su connivencia, ante la impotencia de los magistrados. Sin embargo, luego de los atentados terroristas de enero de 2015 y los sucedidos desde el 19 de noviembre en adelante, el contexto de funcionamiento interno e internacional de la justicia penal francesa atraviesan una extrema tensión. En un sentido muy amplio, la formación de sus integrantes, las mejoras normativas, la reorganización de sus servicios, la arquitectura de sus inmuebles, la seguridad interna, las comunicaciones, los presupuestos o el cumplimiento de las sentencias, se encuentran sujetos a una prueba máxima y están bajo amenazas. Pero sin dudas que el valor supremo es mantener un Norte en el respeto a las reglas jurídicas fundamentales, tal la Declaración Universal de Derechos del Hombre, así como los compromisos internacionales suscriptos oportunamente por el país. Es esencial entonces asegurar la protección de la población junto con el control de legalidad que el estado y las diferentes fuerzas de seguridad de Francia deben aplicar en sus operaciones. Como ejemplo, basta señalar que en una semana, más de 800

allanamientos “administrativos” fueron realizados por la policía, 90 personas detenidas, 164 retenidas en domicilio y 174 armas incautadas. Esta suspensión temporaria del Estado de Derecho permite tomar este tipo de medidas -y varias más-, sin intervención judicial. Pero las voces de advertencia empiezan a ser calaras. Por ello un experimentado juez antiterrorista declaró: “entramos en los desconocido… el Estado de Urgencia solo puede tener un tiempo limitado.” (4) Sin embargo, la inmensa mayoría de franceses aprueban las medidas contra el terrorismo adoptadas por el gobierno luego de los atentados de Paris, en un 95 % aproximado, según sondeo de IFOP. Así, entre las necesidades super extremas de detener y juzgar a los más extremos,

y el cumplimiento de los principios

fundamentales del Derecho, el tiempo del mayor desafío contemporáneo para la justica penal en Francia ha llegado y se despliega ahora ante nuestros sentidos. Ojalá podamos decir en el futuro que la dulce Francia, junto a la Francia de la esperanza (5), fueron salvadas… por que “se hizo Justicia”.

(x) Abogado y fotógrafo - Diploma Internacional de Administración Pública egresado de la Escuela Nacional de Administración de Francia (L’ENA).

(1) (2) (3) (4) (5)

Le Monde Diplomatique Explorador nº 5 – Francia L’Express – Le Scandale Caché – nº 3213 febrero 2013. Pierre PEAN – “La République des Mallettes”, Ed. Fayard, Paris 2011. Marc Trévidic en www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/22 Stéphane HESSEL y Edgar MORIN, “Le Chemin de l’espérance”. Ed. Fayard, Paris 2011.