Para 2016, nuevo sistema de Justicia Penal A fin de contar con una impartición de justicia más ágil, diversas instituciones trabajan en una reestructuración de sus sistemas Reportero: Charo Murillo Merchant Fuente: Justicia

15 de Marzo de 2011 Diversos son los pendientes legislativos que existen para que entre en función el nuevo Sistema de Justicia Penal en Puebla que incluye los juicios orales, mismos que serían implementados en el último trimestre de este año. Para dicho fin, la procuraduría General de Justicia del Estado Foto: Alfredo Fernández/Síntesis (PGJ) emitió ayer una convocatoria para abrir 120 plazas de trabajo a especialistas en sistema penal oral. Asimismo, hace unos días el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), David López Muñoz, indicó que ya dieron los primeros pasos para la implementación de los juicios orales en Puebla, cuyo proyecto tendría una inversión inicial de 70 millones de pesos. Aunque López Muñoz aseguró que no tienen una idea clara de cuántos recursos serán necesarios para sacar adelante el proyecto, que deberá entrar en vigor en junio de este año, adelantó que tan sólo el software para el sistema oral tiene un valor entre 70 y 80 millones de pesos. Actualización obligada En 2008 fue publicada la Reforma Constitucional que establecía que en un año todas las leyes de Seguridad Pública fueran modificadas, disposición con la que Puebla cumplió en tiempo y forma en los tres poderes de gobierno. También fue establecido que los siguientes tres años, de 2008 a 2011, todo tendría que estar listo para la nueva forma de trabajo y para que, en 2016, todo el estado aplique el nuevo Sistema de Justicia Penal, pues estaba estipulado

que, a partir de la publicación, los estados tendrían ocho años para hacer las modificaciones y adecuaciones necesarias. En entrevista con Síntesis, la directora del Instituto de Estudios Judiciales y magistrada de la Primera Sala en Materia Penal, Elba Rojas Bruschetta, detalló que la implementación de los juicios orales es toda una transformación al sistema de justicia, no sólo del área penal, sino familiar y civil. A su vez, la docente titular en Derecho de la Universidad Tec Milenio, Cynthia Hernández Peláez, explicó que lo que se busca es que el principio de inocencia sea garantizado y que el número de presos en los Centros de Reinserción Social disminuya. Por su parte el director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Francisco Fierro Sosa, indicó que la idea es la resolución pronta de asuntos legales, privilegiando los derechos de la víctima, la reparación del daño o, en su caso, que el inculpado reconozca su culpabilidad. Sobre el mismo tema, la magistrada Rojas Bruschetta informó que el concepto tradicional de juzgado desaparece, pues el nuevo sistema contempla que tres jueces conozcan del caso a ventilar, el juez de Control de Garantía, el de Instrucción y el Ejecutor. La docente Hernández Peláez explicó que el juez de Control de Garantía será el mediador entre la víctima y el delincuente; el de Instrucción investigará el caso; y el Ejecutor verificará que la sanción se cumpla. Además de que los intervinientes serán el Ministerio Público, como parte acusadora; el defensor público o privado, como la defensa; y los jueces que establecen los tres momentos del procedimiento, detalló el director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGJ. Agregó que será ante los jueces de Control de Garantías que el Ministerio Público llevará los casos viables de sentencia y los que se habrán de resolver en medios alternativos, para que la justicia sea ejecutada de manera inmediata. También decidirá qué actos del Ministerio Público y sus auxiliares necesitan un mandamiento del juez, como los cateos, y la audiencia de deshago de pruebas (que es el juicio oral) se hará ante una trilogía de jueces, teniendo principal intervención el juez de instrucción y por último el juez ejecutor dará seguimiento y sanción de sentencia. La directora del Instituto de Estudios Judiciales explicó que el juez ejecutor también tendrá la función jurisdiccional para modificar la sentencia que originalmente se impuso, de acuerdo a la conducta que funcionará como revisión, en la que participará el Consejo Interdisciplinario conformado por los tres poderes.

Sin que en sean susceptibles a revisión delitos graves como: secuestro, homicidio calificado, violaciones, entre otros. María Cynthia Hernández Peláez, docente de la Universidad Tec Milenio, explicó en entrevista que actualmente si alguien es acusado de algún delito, el Ministerio Público tiene la facultad de perseguirlo y detener al presunto responsable sin ser juzgado, al iniciar su proceso ya se encuentra en prisión preventiva en espera de sentencia. Con el nuevo sistema se busca que “el principio de inocencia sea garantizado, es decir ya no va a existir la prisión preventiva. Si el delito es dañino a la sociedad se recibirá una sentencia y se va a internar”, lo que permitirá que el número de preses en los Centros de Reinserción Social disminuyan, mencionó. Asimismo dio a conocer que si antes no se conocía al juez y todo era por medio de abogados y promociones, ahora en todas las diligencias orales el juez las va a presidir y estará en contacto directo con los intervinientes lo que “va a permitir a los abogados que haya más transparencia en el proceso e inmediatez”, precisó. Los primeros pasos En días recientes en la Universidad Tec Milenio se realizó un juicio sumario real en la sala de juicios orales en la que se trató el caso de un señor que trabajaba en el rastro ganando 20 pesos diarios y para mantener a sus cuatro hijas decidió robar 2 mil 800 pesos de una farmacia. Así que acudió la juez Tercero en material Penal, el agente del Ministerio Público, el Defensor Social y el inculpado, participando en la observación estudiantes de derecho que al finalizar realizaron cuestionamientos a los intervinientes. En ese sentido la directora Académica de Profesional y Maestría, Patricia Tello, explicó que la sala de Juicios Orales fue designado centro oficial para que se pudiera realizar, además de que despertó interés en los jóvenes a fin de se tengan casos reales y simulaciones indicando que Tec Milenio es de las primeras universidades en recibir capacitación a través del Instituto de Estudios Judiciales. La docente en derecho dijo que en cuento a sanciones no existirá una modificación pero si va a variar la calificativa que es una condición especial que se hace en el momento de cometer un delito si fue violento o no. “Existe justicia reparadora. Las partes podrían llegar a un acuerdo, para que se otorgue el perdón pero garantizando la reparación del daño, sin embargo la repercusión continuará en los antecedentes penales”. Por su parte la magistrada Elba Rojas Bruschetta informó que actualmente en el área penal se está en la etapa de capacitación, indicando que en el último trimestre del año pasado un grupo de 70 personas se profesionalizaron, siendo:

Jueces, Ministerio Públicos, Defensores Sociales, especialistas en Justicia Alternativa y Operadores del Sistema. Los pendientes legislativos Si bien no existe una fecha específica de cuándo va a entrar en vigor la ley el proceso va caminando, aunque existen varios pendientes como explicó la magistrada porque se tienen que hacer 18 codificaciones a reformarse, modificarse o derogarse, así como la modificación en el Código de Defensa en Materia Penal, a las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), a la del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Defensoría (Procuraduría del Ciudadano). Además de que con el nuevo sistema desaparece 80 por ciento del papel se tienen que analizar 25 rubros en cuestión de sistema de información en los que tienen que intervenir los tres poderes. Un punto importante que destacó la magistrada Rojas Bruschetta fue que para el 18 de junio de este año tiene que entrar en funciones el Juez de Ejecución de sentencias de acuerdo a la Constitución General de la República y tiene que estar lista la legislación local. Otro punto a destacar es que se tienen que tener el espacio físico de la sala en la que se encontrará el Juez de Control, de Ejecución y los Ministerio Público, situación por la que se tendrá que realizar una serie de modificaciones en cuanto a infraestructura. Respecto a la capacitación del personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el director de Capacitación y Profesionalización de la dependencia, Francisco Fierro Sosa, informó que del 15 de septiembre al 15 de diciembre del 2010 la recibieron por expertos certificados de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Pena, que dependen de la Secretaría de Gobernación Federal. Además de que por instrucción del procurador, Víctor Antonio Carrancá Bourget, es que se hagan grupos especializados formados por: agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Ministerial y Peritos, a fin de que reciban una formación inicial para la especialización de juicios orales. “El procurador quiere convocar a nuevos elementos para que inicien con la primera región judicial porque la transición será de manera paulatina, se pretende que de una región judicial se establezca el cambio”, dijo. Así que en breve la PGJ concluirá la nueva convocatoria para profesionales que pasarán por una serie de filtros y los que cumplan con todos iniciarán el primero de abril de este año el curso de formación inicial y después la especialidad de juicios orales para que en septiembre se tenga un primer grupo de servidores públicos, explicó el abogado.

Para la implementación de juicios orales en Puebla falta legislar diversas leyes y que están se aprueben, así como destinar las partidas presupuestales correspondientes para las adecuaciones en cuanto a capacitación e infraestructura por mencionar algunas.