LA CIDH: LA PARTE VALIOSA DE LA OEA

Jorge Salaverry Analista de Funciva Ex Embajador de Nicaragua en España

Mayo 2013

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Sobre el autor Jorge Salaverry desempeñó el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Nicaragua en España de 2002 a 2007. Anteriormente fue Analista Político para Asuntos Latinoamericanos en la Heritage Foundation y consultor del Atlas Economic Research Foundation. Entre 1990 y 1992, durante el Gobierno de la Presidenta Violeta Chamorro, trabajó como Ministro Consejero de la Embajada de Nicaragua en Washington. Actualmente desempeña su labor profesional como consultor independiente y asesora a empresas con intereses en Iberoamérica y Estados Unidos. Salaverry es miembro del Comité Consultivo de la Fundación Ciudadanía y Valores.

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LA CIDH: LA PARTE VALIOSA DE LA OEA Jorge Salaverry No es posible decir con un mínimo de seriedad que la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en sus sesenta y cinco años de existencia, haya sido de mucha utilidad. Aparte de excluir a Cuba de su seno en 1962, y por consiguiente de la pertenencia de ese país a todo el Sistema Interamericano por tener un gobierno marxista-leninista y por su alineamiento con el entonces existente bloque chinosoviético, no se recuerdan muchas otras acciones de trascendencia. Desde su nacimiento en 1948, y por ser los Estados Unidos de América parte de ella, pero más aún después de la expulsión de Cuba, la izquierda en general, pero con más fervor la izquierda revolucionaria hemisférica, ha odiado y despreciado a la OEA, lo cual no ha impedido que intentara su control o al menos su neutralización. Con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en febrero de 2010, ha intentado incluso su sustitución.1 Sin embargo, y a pesar de toda su larga historia de fracasos y de clamorosa inoperancia, la OEA sigue siendo a día de hoy la máxima organización política hemisférica, pero si hurgamos un poco dentro de sus distintos componentes operativos, nos encontramos con que hay al menos uno que se salva de la baja calificación que merece la OEA. Nos referimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de proteger y de amparar a las víctimas de violaciones de derechos por parte de los gobiernos de los Estados miembros. A diferencia de la OEA, la CIDH goza de gran prestigio y estima. Al mismo tiempo, y precisamente por ser la CIDH una organización eficaz en el cumplimiento de sus deberes, cabía esperar que se encontraría en la línea de fuego de aquellos Estados que se distinguen por violar derechos con mayor frecuencia y de manera más sistemática. De ahí que no haya sido una sorpresa ver al bloque del ALBA2 tratando de neutralizar a la CIDH durante el proceso de revisión de su funcionamiento que concluyó el 23 de marzo de 2013. Como veremos a continuación, el ALBA no logró su propósito, pero consiguió que quedase un resquicio por el cual colarse para volver a intentarlo en el futuro.

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La CELAC, que se puso en operación en Caracas en diciembre de 2011, no incluye a Estados Unidos ni a Canadá. Hugo Chávez, principal impulsor de la CELAC, dejó entrever en esa oportunidad que la OEA iría siendo sustituida paulatinamente por la CELAC. “A medida que pasen los años la CELAC va a ir dejando atrás a la vieja OEA”. Sin embargo, Luis Suárez, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Cancillería de Cuba, en declaraciones a BBC Mundo, manifestó que “salvo el presidente Correa [de Ecuador], nadie se ha planteado la sustitución de [la OEA], ni siquiera el gobierno de Cuba. Se trata de crear nuestro organismo sin tener que esperar a que otros nos convoquen". 2 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) Está integrada por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y Granadinas. 4 Fundación Ciudadanía y Valores. www.funciva.org

Reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) El SIDH está integrado por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede se encuentra en Washington, D.C, Estados Unidos de América, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte, Corte Interamericana o Tribunal), con sede en San José de Costa Rica. A toda organización que tenga muchos años de estar operando, cabe siempre la posibilidad de hacerle revisiones y ajustes para fortalecerla y lograr que funcione con mayor eficacia. La CIDH, por supuesto, no tenía por qué ser la excepción y por eso desde 2011 se puso en marcha un proceso de revisión para fortalecerla. Pero no todas las partes involucradas en el proceso buscaban lo mismo. Una parte, que al final resultó minoritaria afortunadamente, pretendía lo contrario: su debilitamiento. El proceso culminó con la aprobación de una resolución de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA el 23 de marzo de 2013. Tradicionalmente alérgica a la toma de decisiones en base al recuento de votos individuales, la OEA tomó esa resolución como de costumbre, por consenso, método que en la práctica se expresa con una salva de aplausos de todos los presentes para poner así de manifiesto que están todos de acuerdo en la resolución tomada. El mecanismo sirve para dar una imagen de unidad y para salvar la cara de la minoría derrotada, pero también es cierto que para que funcione es necesario introducir en la resolución a tomar algún elemento que en el fondo la desvirtúe. Como la resolución que se pensaba redactar daría por concluido el proceso de revisión del funcionamiento de la CIDH, lo que a su vez pondría en evidencia la derrota del ALBA, resultó que el Ecuador, al filo de la media noche del 22 de marzo, amenazó con abandonar el SIDH. Eso hizo que Argentina -que no es miembro oficial del ALBA pero que se mueve cómodamente en su entorno- entrara al quite y propusiese una nueva versión de resolución que permitía que el Consejo Permanente de la OEA, en cualquier Asamblea General futura pudiera pedir nuevamente la revisión del sistema. O sea, que el debate no quedaba cerrado. La propuesta de la Argentina fue aceptada y la posibilidad de otro debate futuro quedó abierta. El Embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, expresó esa mezcla de derrota y de triunfo diciendo: “Lo importante no es quien gane la votación de este debate, lo importante es que se ha iniciado un debate.” Y todo mundo se fue contento a su casa, aunque unos menos que otros.

¿Qué es la CIDH? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se define oficialmente como “un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente 5 Fundación Ciudadanía y Valores. www.funciva.org

americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).”3 En 1961 la CIDH empezó a hacer visitas a aquellos países en los que se denunciaba alguna violación de derechos. Desde entonces ha realizado 93 visitas en 23 países y ha publicado 60 informes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se aprobó en 1969 y entró en vigor en 1978, “define los derechos humanos que los Estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Ella crea además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene además facultades adicionales que antedatan a la Convención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones individuales relativas a Estados que aún no son parte de la Convención.”4 Hasta la fecha la Convención ha sido ratificada por Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. O sea que quedan once países que aún no la han ratificado, Estados Unidos, entre ellos.

Los enemigos de la CIDH Algunos de los países del ALBA, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, han sido fuerte y frecuentemente cuestionados por la CIDH por violentar el principio de la división de poderes, por los repetidos ataques a la libertad de expresión, por los abundantes casos de violación de derechos humanos, el incremento de la represión política y la falta de cumplimiento de decisiones dictadas por la CIDH. Es lógico que la actividad de la CIDH resultase harto incómoda para esos países, razón por la cual decidieron lanzar una ofensiva bajo el liderazgo del presidente del Ecuador, Rafael Correa.5 Su pretensión era limitar la autonomía de la CIDH para hacerla más controlable y por tanto menos eficaz. A muchos Estados miembros de la OEA les resultó evidente que no podía permitirse que el componente de la OEA que mejor funciona fuese desvirtuado. Así lo comprendieron y decidieron oponerse a la ofensiva del ALBA, involucrando algunos de ellos a sus ministros de relaciones exteriores

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http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp Idem. 5 Nicaragua, que es miembro del ALBA, también apoyó la ofensiva. 4

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personalmente. Estados Unidos puso a William J. Burns, Vicesecretario de Estado a cargo de la supervisión del problema planteado. El bloque del ALBA hizo del financiamiento del SIDH el eje principal de su plan para debilitarlo. Sólo el 55% del presupuesto total del SIDH proviene de la OEA y sus Estados. El resto proviene de terceros países e instituciones. La CIDH recibe el 47% del fondo regular de la OEA y el 53% de fondos específicos. Todos los países miembros de la OEA se manifiestan a favor de que llegue el día en el que el SIDH se financie con recursos propios de la OEA. El bloque del ALBA mismo no se opone a que el SIDH reciba fondos de terceros pero cuestiona la asignación y distribución de los mismos. Para este bloque, las diez relatorías que tiene la CIDH deberían recibir igual financiamiento, pero no es así. En la actualidad, la relatoría de Libertad de Expresión es la única que tiene calidad de especial y recibe tres veces más financiación que el resto y la mayor parte de los fondos provienen de Estados Unidos. El ALBA fracasó en el intento de modificar la actual asignación de fondos. Si hubiese tenido éxito, el presupuesto de la relatoría especial de Libertad de Expresión se habría reducido substancialmente y con ello su capacidad de acción. Hay que reconocer que el tema de la financiación despertó gran preocupación aún entre medios de comunicación no muy proclives a dar mayor importancia a lo que ocurre en la OEA. Tal es el caso del influyente diario The Washington Post que esta vez dio mucha publicidad al tema, editorializando y publicando artículos de opinión que alertaban sobre el peligro del debilitamiento de la CIDH. El ALBA también fracasó en el intento de cambiar el proceso mediante el cual se ordenan medidas cautelares a los Estados en casos de violación de derechos humanos y en su deseo de modificar los criterios de elaboración del Informe Anual de la CIDH, especialmente en lo referente a la lista negra del capítulo cuarto. En esa lista se mencionan los países que la CIDH considera que menos respetan las libertades públicas. En 2012 la CIDH solicitó medidas cautelares al Gobierno del Ecuador para que dejara sin efecto una condena de prisión de tres años de cárcel a tres directivos y a un periodista del diario El Universo y para que no los obligaran al pago de una multa de 40 millones de dólares por haber injuriado al presidente Rafael Correa. Poco después Correa dijo que perdonaba a los culpables aunque en el juicio que los había condenado se habían cumplido tres objetivos: “demostrar que El Universo mintió y no corrigió su mentira”, “evidenciar que los responsables también son los directivos del medio y el propio diario”, y “lograr que ciudadanos de Ecuador y de toda América superen el miedo contra esa prensa abusiva”.6 No cabe duda, sin embargo, de que sin la presión de la CIDH es muy probable de que Correa hubiese actuado de manera diferente. 6

CNN México. 7 Fundación Ciudadanía y Valores. www.funciva.org

Otro intento del bloque del ALBA que también terminó en fracaso fue el de cambiar la sede de la CIDH a un país latinoamericano, sugiriendo que fuera Argentina. La pretensión albina se basaba en que la sede debería de estar en un país que hubiese ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Estados Unidos la ha suscrito pero no ratificado. Ese asunto, aunque polémico, no tiene trascendencia ya que fueron los Estados miembros de la OEA los que decidieron en 1959 que la sede estuviera en Washington, D.C.

Comentarios. El grupo del ALBA sufrió una de sus más resonantes derrotas justo en el mes en el que falleció Hugo Chávez, su fundador e indiscutido financiador y vocero. La derrota tiene trascendencia porque pone de manifiesto que la mayoría de los Estados que integran la OEA no se oponen a que exista un organismo regional independiente que defienda los derechos humanos. Los países que sí se oponen, han demostrado ser una minoría, reducidos en la práctica a los del bloque del ALBA. Estos alegan que, ante la desaparición de las dictaduras en América Latina,7 la protección de los derechos humanos debería estar a cargo exclusivamente de las instituciones nacionales de cada país –procuradurías, defensorías y comisiones nacionales de derechos humanos-. Ojalá que esas instituciones fuesen independientes de todos los gobiernos de turno para que pudiesen hacer bien su labor. Desgraciadamente, en algunos casos no es así, lo cual hace necesaria la existencia de una instancia supranacional, como la CIDH, ante la cual se pueda recurrir en busca de protección. Es reconfortante observar que la voluntad democrática parece que ha arraigado en América Latina, incluso en países, como México, que antes se hacían de la vista gorda ante la violación de los derechos humanos en otros países. Pero México esta vez no se puso de perfil; por el contrario, participó activa y decididamente en la defensa de la independencia de la CIDH. La posición de México fue muy celebrada y ayudó a neutralizar a Brasil que estaba dispuesto a encontrar una fórmula de resolución más favorable al ALBA. El conocido periodista argentino residente en Estados Unidos, Andrés Oppenheimer lo expresó en los siguientes términos: “¡Qué grata sorpresa! México, cuyo gobierno habitualmente apoya a los países violadores de los derechos humanos, desempeñó un rol esencial en frustrar los esfuerzos de un grupo de países para debilitar a la comisión de derechos humanos más importante de la región.”8

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Es evidente que el ALBA no considera que Cuba –uno de sus miembros- sea una dictadura. “El Nuevo Herald” 5 de abril, 2013. En ese mismo artículo Oppenheimer dice que Jorge Castañeda, quien fuera canciller de México entre 2000 y 2003 no cree que el actual Gobierno de México haya cambiado por completo la posición tradicional respecto a los derechos humanos, y que lo ocurrido esta vez es una excepción. 8 8

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Lo cierto es que de momento hay algo que celebrar: se ha mantenido la independencia y capacidad de acción de una institución que ha demostrado ser eficaz en la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión. Lo que parece no tener remedio es esa tendencia muy latinoamericana a evitar los compromisos definitivos. Así que es cosa de esperar a que los enemigos de la democracia y de las libertades públicas vuelvan a la carga en el momento que consideren oportuno. La resolución de la OEA del 23 de marzo de 2013 se lo permite.

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