~

Gobi.erno deCanarlas

de nb:~tdón G(tn~rQ,ld(t ReladOI:1;(tS con la Administraci6n de Justicia

Solicitud de colaboración para la racionalización del gasto derivado del uso de los recursos puestos a disposición de la Administración de Justicia en Canarias.

El contexto actual de persistencia de la crisis económica mundial obliga a todas las organizaciones, públicas y privadas, a redoblar sus esfuerzos para hacer una gestión más eficiente. El Gobierno de Canarias, en sesión de fecha 22 de octubre de 2010, aprobó el Acuerdo relativo a las medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC núm 216, de 3 de noviembre de 2010). Este Acuerdo contiene un conjunto de medidas que buscan potenciar políticas de austeridad y racionalización del gasto público, y explorar fórmulas que permitan modificar hábitos de consumo de recursos y prestaciones con cargo al erario público que puedan hacer insostenible el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. En línea con dicha política de austeridad, en el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias se han venido adoptando una serie de medidas que han producido beneficiosos efectos sobre las cuentas públicas. Así, cabe citar, a titulo de ejemplo: . La efectiva negociación con todos los proveedores de servicios ya contratados, que supuso un descenso del 20% del importe de los contratos formalizados;

.

la reducción del precio de los arrendamientos

pactada

con casi todos los

arrendadores (29), que ha supuesto un ahorro de 328.883 euros en 2011 sobre 2010;

.

.

. .

La eficiencia obtenida en el coste de la Asistencia jurídica gratuita a partir de

al Orden de 29 de julio de 2010, que ha supuesto un ahorro de costes muy importante, pese al incremento de los expedientes de solicitud de asistencia gratuita. La obtención de una bonificación del 40% del precio obtenida de la empresa

Correos y Telégrafos; La disminución de las tarifas de los intérpretes por Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Dirección General; la elaboración de un nuevo Contrato para la prestación del servicio de Peritaciones que disminuyó considerablemente las tarifas de éstas; o,

Francisco Gourié, 107-4" planta- Edificio Dunas 35002 - Las Palmas de Gran Canaria

.

.

la eliminación

del papel de oficio existente en la Administración

de Justicia,

que fue sustituido por marcas en las plantillas de la aplicación informática de gestión procesal Atlante 11; la contratación centralizada, a nivel de Gobierno de Canarias, del suministro de energía eléctrica, tras la realización de un estudio de consumo anual de todas las sedes judiciales y el análisis de los consumos que se han estimado elevados, al objeto de ajustar la contratación a la potencia real.

Pese a estas medidas, nos enfrentamos a un escenario presupuestario muy restrictivo, que viene marcando la pauta de unos Presupuestos Generales orientados a la consecución de los objetivos del Programa de estabilidad presupuestaria de España 2011-2014, atendiendo a la Recomendación del Consejo de Europa de 2 de diciembre de 2009, bajo el artículo 126.7 del Tratado, para corregir el déficit excesivo. Resulta obvio que los fines que se persiguen con la adopción de medidas de racionalización y de búsqueda de la eficiencia por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia serán inalcanzables sin la debida implicación de los órganos de gobierno de los Tribunales y Juzgados, del Ministerio Fiscal, del Cuerpo de los Secretarios judiciales y de los demás Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. En efecto, una parte importante de la ejecución del Presupuesto bajo la responsabilidad de esta Dirección General está sujeto a las decisiones de responsables de órganos jurisdiccionales y fiscales y del Cuerpo de Secretarios judiciales con consecuencias en el gasto público, lo que coloca a este Centro directivo en una situación singular, que le obliga a mantener en equilibrio el obligado respeto a la autonomía e independencia de que gozan aquéllos, con la obligación de rendir cuentas sobre la gestión económica desarrollada y sobre la que, en parte, no dispone .del control en exclusiva. Es por ello, por lo que, desde la óptica de la eficacia y eficiencia del gasto público en la política de Justicia, la mayoría de las medidas a adoptar no pueden ser impuestas por este Centro Directivo, sino que deben ser consensuadas con los representantes institucionales de cada ámbito, lo que, si bien introduce cierta rigidez al proceso de toma de decisiones, incorpora un mejor conocimiento al mismo, ofreciendo mayor garantía de éxito y legitimidad. Bajo estas premisas, es preciso resaltar la importancia de la colaboración del Cuerpo de Secretarios Judiciales, amparado en el deber de colaboración de éstos con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, recogido en el artículo 452.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la efectividad de las funciones que éstas ostentan en materia de medios personales y materiales, dando cumplimiento a las instrucciones que a tal efecto reciban de sus superiores' jerárquicos.

2 -

1

Asimismo, debe destacarse el importante papel que pueden desempeñar las organizaciones representativas del personal en la concienciación de la necesidad de las medidas de racionalización de gasto para el interés general y en su difusión; por lo que su implicación y participación en el diseño de éstas aportan credibilidad a los objetivos que se persiguen y contribuyen a que el personal implicado efectúe un riguroso seguimiento de las mismas. De otro lado, la gestión económico-presupuestaria de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se encuentra sometida al control financiero permanente por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a la actuación de control externo de la Audiencia de Cuentas de Canarias y del Tribunal de Cuentas. Ello comporta la obligación de rendir la justificación de los gastos devengados de conformidad con los requerimientos formales previstos en la normativa reguladora de los gastos públicos. Por ello, desde la perspectiva de legalidad, se hace preciso introducir en los procedimientos a seguir determinados requerimientos que permitan a este Centro Directivo rendir la justificación de los gastos ante el órgano de control de la gestión económicopresupuestaria con la debida agilidad y rigurosidad. Por consiguiente, tras el acuerdo alcanzado en la reunión de la Comisión Mixta de Secretarios Judiciales y representantes de esta comunidad autónoma y oídas las Juntas de Personal funcionario; se hace preciso solicitar la colaboración de los Secretarios Judiciales y del personal al servicio de la Administración de Justicia en la difusión y seguimiento de los criterios reflejados en las siguientes MEDIDAS

PRIMERA: Acerca del uso racional de los medios de transporte para la práctica de diligencias y notificaciones.-

1.1. Preferencia en la utilización del transporte público colectivo frente al uso de taxi o vehículo particular. Se considera conveniente fomentar la utilización del transporte público colectivo como medio de transporte preferente para la práctica de las diligencias procesales que hayan de practicarse fuera de la sede judicial, agrupando éstas por proximidad geográfica. Ello no es óbice para que, excepcionalmente, pueda autorizarse el uso de taxi o del vehículo particular en los casos en que las diligencias no puedan practicarse en sede judicial, ni por correo, ni por medios telemáticos y, además, se de alguna de estas circunstancias:

3

1

. .

. . .

El lugar de realización o destino se encuentre alejado de una ruta de transporte colectivo; conlleve el traslado de un volumen grande de documentación que haga especialmente penoso o difícil su traslado en el transporte colectivo; sea necesario practicarla con una urgencia incompatible con la frecuencia de la línea de transporte colectivo que esté establecida; deba efectuarse en zona que entrañe peligro para la seguridad del personal que deba practicarla; sea necesario practicarla en horario nocturno o fuera del horario de funcionamiento del transporte colectivo

1.2. Procedimiento a seguir para la utilización del transporte público colectivo

y para la justificación del gasto derivado del uso del mismo. A fin de homogeneizar el procedimiento a seguir para la utilización de los bonos o títulos de transporte público colectivo y la posterior justificación de su gasto, se ha considerado conveniente articular las siguientes fases: 1. A solicitud de cada Secretario Judicial la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia facilitará los bonos de transporte público colectivo que se prevea necesitar en el mes siguiente. A fin de que la Dirección General pueda adquirir el tipo de bono o título de transporte que más se ajuste a la frecuencia y características de los servicios, en la solicitud se indicará el número aproximado de desplazamientos que, de media, realizan los funcionarios del respectivo órgano para los que se ,solicita el bono. Se inserta modelo de solicitud. 2. Una vez los Secretarios reciban los indicados bonos de transporte deberán remitir a esta Dirección General el documento de entrega debidamente firmado (recibí) y sellado, mediante fax. 3. La justificación del uso de cada bono de transporte deberá presentarse, en la habilitación de este Centro directivo, por el funcionario al que se le ha asignado con anterioridad al día 10 del mes siguiente al de su entrega, en el impreso para la liquidación de este tipo de gasto aprobado al efecto y que se acompaña como Anexo 1,debidamente cumplimentado, junto al bono, a fin de no causar una demora excesiva en el pago al proveedor del servicio de transporte, y dar cumplimiento a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En el caso de bonos sujetos a un límite máximo de desplazamientos, su justificación deberá presentarse una vez agotado dicho límite o, en todo caso, con anterioridad al día 10 del 2° mes al de su entrega.

4

'"

1.3. Protocolo a seguir para la justificación del gasto derivado de la utilización de taxi ante la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.La utilización de taxi para la práctica de diligencias procesales será excepcional y deberá ser previamente autorizada por el Secretario Judicial del órgano al que se adscriba el funcionario que deba realizar el gasto, dejando constancia en el impreso en el lugar indicado para ello. La justificación de cada desplazamiento en taxi deberá efectuarse en el impreso autocopiativo para la liquidación de este tipo de gasto que se acompaña como Anexo 11,debidamente cumplimentado. El funcionario, tras la realización de las diligencias, deberá recoger el recibo del taxi y, en el impreso autocopiativo, la conformidad del taxista, entregándole al mismo la copia de color amarillo. Al Secretario Judicial del órgano al que se adscriba deberá entregar la copia de color blanco, quedándose el interesado la copia de color rosa, para su justificación ante este Centro directivo. El impreso justificativo, (Anexo 1), el Anexo 11y el recibo del taxi deberán ser presentados en las correspondientes habilitaciones de esta Dirección General una vez realizado el desplazamiento y, en todo caso, con anterioridad al día 10 del mes siguiente al de realización del mismo, a fin de no causar una demora excesiva en el pago al proveedor del servicio de transporte, y poder dar cumplimiento a la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen. medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

SEGUNDA.-Utilización del Servicio de Mensajería.La utilización del servicio de mensajería contratado para los órganos judiciales y fiscales debe tener un carácter excepcional, motivado por necesidades de extrema urgencia. TERCERA.- Uso más eficiente de los Servicios postales.Dentro del Convenio suscrito con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., se solicita la máxima colaboración para una utilización racional de los servicios postales, cuidando especialmente de que la elección del sistema de correo elegido (ordinario, urgente, certificado, postal exprés) responda a una necesidad del servicio que se ajuste a la alternativa escogida. Asimismo, con el fin de evitar devoluciones del correo que den lugar a nuevos envíos que incrementen el gasto, deberá ponerse especial cuidado a la hora de

5

~

cumplimentar de forma correcta y completa los datos del destinatario y de la dirección de envío.

CUARTA.- Servicios de traducción e interpretación.Dado que se ha detectado un considerable incremento del gasto en este tipo de servicios, motivada por citaciones a vistas y comparecencias que sufren un considerable retraso en su celebración en el día fijado, se deberá procurar que los intérpretes sean citados con razonable inmediatez a los actos, evitando que éstos tengan largas horas de espera que han de ser posteriormente abonadas por la Administración a precio de hora de interpretación. Igualmente resulta conveniente recordar que con cargo a los Presupuestos de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia sólo pueden abonarse las interpretaciones realizadas a presencia judicial y nunca las encuadradas en el marco de una investigación policial, que deben ser asumidas por el Ministerio de Interiór en el ejercicio de sus competencias. QUINTA.- Fomento de un uso más racional y eficiente de la energía eléctrica y del agua.-

1.- lIuminación.- A fin de complementar las acciones que se están adoptando por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (sustitución de lámparas tradicionales por otras de bajo consumo, establecimiento de sensores de presencia y apagado automático -ya presentes en las nuevas construcciones-, zonificación independiente, eliminación de luminarias innecesarias, etc.; se solicita la máxima colaboración en el mantenimiento de actitudes de ahorro y el fomento de un consumo racional de la energía.

2.- Equipos ofimáticos.- Resulta recomendable proceder al apagado de los equipos cuando no se utilicen en tiempo prolongado y, en todo caso, en pausas superiores a 1 hora. Los ordenadores están configurados en la opción ahorro de energía de la pantalla con un intervalo de 5 minutos.

3.- Climatización.- Debe procurarse la utilización de la ventilación natural siempre que sea posible y limitarse la utilización del aire acondicionado a los meses de junio a octubre, en horario de 11,00 a 16,00 (de 11,00 a 15,00 del 1 de julio al 30 de septiembre). Se recomienda que la temperatura que se determine para los equipos de climatización no sea inferior a 24 grados, evitándose la apertura de ventanas o puertas cuando la climatización esté en funcionamiento.

6

'"

~

4.- Agua.- Se solicita la colaboración de todos en el consumo responsable del agua de los servicios, a los que se irá dotando progresivamente de mecanismos de ahorro.

Sexta.- Racionalización del material de Oficina.Se hace del todo punto necesario fomentar un uso responsable del material de oficina en aras al objetivo de reducir su gasto, en línea con las medidas contenidas en el apartado 5 del Acuerdo relativo a las medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y de gestión de los recursos humanos publicado mediante Resolución de 2 de noviembre de 2010 de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (BOC n° 216, de 3 de noviembre de 2010), o las que en los sucesivo se acuerden por el Gobierno de Canarias. Séptima.- Fomento del uso de los sistemas de videoconferencia.Se deberá procurar el uso de los sistemas de videoconferencia con el fin de evitar otros gastos imputables al capítulo de gastos corrientes (dietas, desplazamientos, testigos, etc.).

OCTAVA.-uso racional de los servicios de telecomunicaciones de la información.-

y tecnologías

Se hace del todo punto necesario fomentar un uso responsable de los servicios de telecomunicaciones y de la información, en aras al objetivo de reducir su gasto, en línea con las medidas contenidas en el Acuerdo relativo a las medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y de gestión de los recursos humanos publicado mediante Resolución de 2 de noviembre de 2010 de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (BOC n° 216, de 3 de noviembre de 2010), o las que en los sucesivo se acuerden por el Gobierno de Canarias.

NOVENA.-Seguimiento y evaluación de las medidas de racionalización. Por la Comisión Mixta de Secretarios Judiciales y representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma se hará un seguimiento de la correcta utilización de las medidas acordadas y evaluará su impacto, en aras a adoptar las medidas que se estimen oportunas. Asimismo, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mantendrá reuniones periódicas con los representantes de las organizaciones

7 ~

sindicales que componen las Juntas de Personal para el seguimiento y evaluación del impacto de las medidas

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 2011. El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia

~

Alejandro Parres García

8