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La politica indigenista estatal en la Amazonia Peruana Oscar Alfredo Agüero - GT. Política Indigenista XX Encontro Anual de ANPOCS - Caxambu, outubro de 1996

La población indígena en la Amazonia Peruana está constituida por alrededor de 260.000 personas que están étnicamente integrados en 63 grupos ligados a unas 12 familias lingüísticas. De estos grupos los más resistentes ante el avance de la etnia blanca ligada a la sociedad blanco-mestiza y demográficamente más fuertes son el Arawak-preandinos, el quichua, el jívaro, el tupí (cocama), el Pano del Ucayali, el ticuna, el urarina y el yagua. Esta presencia étnica está relacionada con el grado de integración y contacto con el sistema nacional yendo desde los grupos que moran en el pie andino hacia el interior de la selva, según su politización y atingencia de los proyectos de colonización del Estado peruano en la región (Jean Pierre Chaumeil 1990:93). Coincido con este antropólogo (y conforme a mis estudios entre los tupí-cocama en Iquitos y Nauta, Departamento de Loreto), en el hecho que la política indigenista del Perú respecto a la Amazonia debe ser ligada a las diferentes fases del proceso de colinización y neo-colonización (criolla) a que la región fue sometida. Como dice Chaumeil (ib.) siguiendo a Walker (1987: 83) la selva en esta región, por turno, fue representada como El Dorado, la fuerza nacionalizadora, la “válvula de seguridad” de las políticas gobernantes, el grandero de la nación o la tierra para ser conquistada por todos, el supermercado de Europa; en una palabra la panacea nacional reparadora efímera de todos los males del país. Teniendo en mente los estudios de Jesús de San Román (1975), de Alberto Chirif (1975, 197, 1983), Chaumeil (1990) entre otros se podría dividir en términos generales la política indígenista en la amazonia peruana en cuatro grandes períodos: el de la colinización entre 1535-1820); el de la sociedad nacional entre 1820 y 1870; el del período de la extracción del caucho entre 1870 y 1915, y el de la penetración masiva del Estado peruanao a través de distintos frentes entre 1920 hasta el presente (Agüero 1994).

I. La sociedad colonial En los inicios de la colonización europea los agentes religiosos y seculares integraron la region amazónica en dos nuevas estructuras sociales a la vez que político-religiosas: la hacienda y la reducción; la primera con un caracter secular; la segunda, religioso. En las haciendas los súbditos españoles del rey de España recibían en “encomienda” una determinada cantidad de indígenas como recompensa a los servicios prestados al rey y a la Iglesia católica por la conquista de tierras para el reino y por la colaboración en la reducción de los indios a la fe cristiana. Los indios eran obligados a pagar con su trabajo la protección y la educación que los hacendados brindaban generosamente para ellos; se consideraba que la cultura y civilización europea eran bienes inestimables que los indios recibían a cambio de un pequeño esfuerzo. Las encomiendas se transferían por herencia y en 1635 se contaban alrededor de setecientos indígenas que trabajaban en cultivo y servicio doméstico para 21 encomenderos; se consideraba que con estos menesteres los encomendados pagaban

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también los impuestos al rey de quien eran súbditos desde el momento de la conquista. A pesar de que los encomenderos apoyaban la acción evangelizadora, los misioneros no pudieron dejar de constatar la situación de opresión que los indios vivían en las haciendas. Así uno de ellos testimonió la esclavitud que imperaba en las haciendas en las cuales los indios eran tratados como “piezas” de caza, se los separaba de sus mujeres produciendo entre ellos una gran mortandad (Figueroa 1904:...). Paralelamente a la creación de haciendas encomenderas, las que estaban, no obstante íntimamente ligadas a los objetivos misioneros de la Iglesia Católica, se fueron formando nuevos pueblos que se denominaban “reducciones” ya que en ellos los indios eran “reducidos” a la fe cristiana. Las reducciones estaban formadas por indios provinientes de distintos grupos étnicos, constituían una unidad económico-social y política independiente siguiendo el modelo de urbanización de las aldeas españolas. Los misioneros convirtieron el asentamiento disperso de los indios en poblamientos concentrados en caseríos a la vera de los principales rios y la economía tradicional india basada en la reciprocidad comunitaria se transformó en una economía misional basada en “formas individuales, colectivas y públicas” (San Román 1975: 62). Cabe observar aquí que la expulsión de los misioneros jesuitas en 1768 de la región oriental de la Amazonía peruana dejó el control sobre los indígenas presumiblemente ya reducidos al cristianismo, en manos de los agentes colonizadores del campo secular; es decir a los pastrones y “regatones” (comerciantes de los ríos). Esta nueva situación permitió a éstos agentes profundizar una economía mercantil en la selva inspirada en la ideología secularizante del éxito individual y las necesidades del mercado europeo.

II. La sociedad nacional En 1821 el Perú colonial se convirtió en república a través de la independencia política respecto de España. El sector criollo crecido a la sombra de la Colonia se hizo cargo del Estado vireynal, ocupó el lugar del colonizador estranjero y empezó a actuar según los intereses económicos propios en conformidad con los de una nueva potencia extranjera. La independencia política peruana fue obra de criollos latifundistas apoyados por hacendados y sectores que luego se convirtieron en intermediarios y agroexportadores, iniciando el proceso de colonización interna. En 1821, el nuevo Estado peruano orientó su estructura productiva hacia el mercado mundial. En este esquema, en 1832 se repartieron las tierras de la amazonía a através de decretos a los extranjeros con fines de extracción y exportación. Los territorios indígenas fueron considerados “nacionales” y, en consecuencia, sujetos a la administración del Estado. Por medio de leyes y “fundaciones” se pensaba transformar las inmensas riquezas de la amazonía en enormes beneficios para la naciente nación. En 1870, ante el agotamiento de productos serranos y de la costa (como el guano, por ejemplo debido a la competencia con los abonos sintéticos europeos), la región amazónica cobra una importancia fundamental para sustituir productos que garantizaran la estabilidad económica del Estado-nación peruano. El sector nacional y extranjero poseedor del capital se convirtió en habilitador de dinero y mercancías a un sinnúmero de intermediarios blancos y mestizos

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que migraron para la selva amazónica enganchando a los indígenas como peones dentro del llamado sistema de crédito. En definitiva. Como afirma Chiriff (1975: 270, cit. Por Chaumeil ib.), la proclamación de la independencia por la elite criolla y el adevenimiento de la República no significaron para las sociedades amazónicas mejora alguna de su condición de vida ni siqwuiera un reconocimiento jurídico y político. La independencia continua Chaumeil- fue sinónimo de incorporación al nuevo Estado, al “ser peruano” supuesto fermento del “nacionalismo” naciente. La elite criolla de turno se preocupará de incorporar al indio no más como un bloque sino como individuo y ciudadano al Estadonación a través de una sistemática política de desmantelamiento de las comunidades indígenas ( 1993: 95)

III. Período cauchero La política del Estado y el ordenamiento económico que emergió de la situación antes señalada alcanzó su máxima expresión en el período de la extracción del “caucho” entre 1880 y 1914. La selva amazónica adquirió el carácter de “proveeduría general” para el consumo del mercado europeo. Esta concepción de la selva como un supermercado forzó a los grupos indios a un asentamiento concentrado en fundos, haciendas, puestos y caseríos que coincidía con la idea de la propiedad privada y la concentración de fuerza de trabajo necesaria para la producción y la agricultura con fines de exportación (Betty Meger 1976). La crisis de 1870 y el despegue de la industrialización europea bajo el signo del imperialismo abrió hacia 1880 una nueva etapa en la conquista de la selva y de los indígenas. La industria automotriz en Europa y los Estados Unidos produjo una fuerte demanda de “hevea brasiliensis” (“caucho”) que se extrajo a bajo costo y en grandes cantidades de la selva peruana y brasilera. En este periodo apareció el “fundo gomero” bajo el régimen del “patrón cauchero” alrededor del cual compulsivamente fue congregada la población indígena del oriente peruano. Por otro lado, la introducción de la navegación a vapor -dice Chaumeil (ib: 96) en los rios amazónicos a mediados del siglo XIX fue un fantástico golpe de aceleración a la política de incorporación y al desarrollo económico de la selva baja precipitando de una cierta manera el “boom” del caucho hacia 1885. Este periodo fue unos de los más siniestros en la historia indígena de la Amazonia. El sueño de “desarrollo” incentivado por el Estado peruano en la selva en base al llamado “oro verde” finalizó con el cambio de estrategia de los paises capitalistas con respecto a los paises subdesarrollados. Aquellos desmontaron el área sujeta a la producción del caucho una vez que sus necesidades fueron cubiertas. En 1914 Inglaterra empezó a importar caucho desde el sudeste asiático. Este hecho modificó la estrategia extrativista del Estado oriéntándola a la extracción de madera y al fomento de la agricultura comercial. El patrón, esta vez del caserío ribereño formado por una población indígena totalmente desarticulada de sus comunidades étnicas, sigue siendo el centro del poder y el intermediario entre los indios y los grandes comerciantes nacionales y extranjeros.

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IV. Período Estatal A partir de 1943 se inició una nueva etapa de penetración en la selva peruana. Los sectores del poder nacional y estatal recrearon un discurso que ideológicamente proponía a la selva como eje del desarrollo para la nación peruana en cuanto región “libre, fértil y deshabitada”. Con este discurso se intentó postergar reformas en la estructura de la tenencia de la tierra en la costa y la selva para dar una salida ventajosa a los terratenientes y a los campesinos serranos que querían recuperar sus tierras. Con este propósito se inició la apertura de carreteras para unir costa-sierra-selva y facilitar así el traslado masivo de colonos a esta última (Chiriff 1983: 58-60). La selva siguió siendo objeto de extracción de madera combinando ésta con el cultivo del arroz y del yute (“corchorus capsularis”) para ponerlos en el mercado nacional. Uno de los proyectos orientados por esta nueva estrategia fue la construcción de la llamada “carretera marginal” durante el primer gobierno liberal de Belaunde Terry entre 1963 y 1968. Hacia 1971 la selva sufrió una nueva invasión, siempre bajo los auspicios de la política estatal. La selva se convirtió ahora en fuente posible del enriquecimiento y desarrollo “nacional” a través del “oro negro” supuestamente almacenado en abundancia en la selva. En 1973 se firmaron 18 contratos relacionados con la exploración y explotación del petróleo en los que intervinieron 27 compañías extranjeras: 19 norteamericanas, 2 japonesas y el resto europeas (Uriarte López 1976: 17). Los territorios de las sociedades indígenas fueron nuevamente delimitados a raíz de la apertura de pozos petroleros y campamentos de las Compañías y los indios fueron convertidos de “chiringueros”, “madereros”, en “trocheros” (abridores de senderos). De esta manera los modos de vida tradicionales ya debilitados en el proceso anterior fueron destruidos por la creación de espectativas de consumo que transformaron una masa indígena en población desocupada alrededor de centros urbanos como Iquitos, Nauta, Pucallpa, etc. Cabe añadir aquí que el sector social que administra el Estado se propuso mantener y fortalecer el control social sobre los indígenas de acuerdo a sus intereses a través de sus agentes y del ofrecimiento de nuevos servicios. En primer lugar se extendió el control militar por medio de Guarniciones militares en toda la región. En segundo lugar, se aplicó la represión penal según el derecho de la sociedad blanca con la intervención de la Guardia Civil y jueces pertenecientes a la sociedad nacional en todos los conflictos, ya sea entre indígenas ya entre éstos y los mestizos o blancos. El Código Penal de 1924 estableció castigos diferenciados de acuerdo al origen étnico-cultural: es decir según el reo sea “civilizado”, “semicivilizado” o “salvaje” (Ballon Aguirre 1980: 15-21). Esta clasificación añade B. Aguirre- responde a la necesidad de construir sujetos específicos de represión, uno de los cuales es el indígena al que se procura transformar en civilizado según la ética de lo legal occidental. Las diferencias étnicas establecidas son aquellas que por su importancia política y económica, permiten un control “cualitativamente más refinado”. Finalmente, en la mayoría de los casos las autoridades de Distritos y principales centros poblacionales no provienen del indigenado. En el campo económico, se han multiplicado los funcionarios y las instituciones gubernamentales (ingenieros, topógrafos, escuelas bilingües, funcionarios del Ministerio de Salud, filiales del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrario y de

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Crédito, etc. De esta manera el Estado ha interferido arbitrariamente el sistema social y político de las sociedades indígenas.Durante el Gobierno de Velazco Alvarado (19681980), en 1971, se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) cuyos agentes entraron en la selva para concientizar y organizar a la población indígena, creándose las llamadas “comunidades nativas”, y tuvo una marcada influencia en la organización política de las sociedades amazónicas. El gobierno “revolucionario”de Velazco Alvarado marcó una etapa de mucha importancia en la política indigenista del Perú. En 1974 se promulgó la Ley de Comunidades Nativas y de promoción agropecuaria de las regiones de la Selva y Ceja de Selva, por la cual se reconoció por primera vez legalmente la existencia de “comunidades indígenas” a las que se les otorgó títulos de propiedad de las tierras que habitaban y cultivaban. Sin embargo -como observa Chaumeil (ib: 96) no se tuvo en cuenta las etnias en su conjunto ( y sus territorios étnicos) sino las comunidades locales. A partir de la promulgación de esta ley se multiplicaron las asociaciones y federaciones indígenas sobre las que los indigenas se apoyaron constantemente. En 1975 se crea la Federación Agraria Departamental “Selva Socialista”, controlada por la Federación Nacional Agraria (CNA), y el Centro de Defensa de la Revolución Peruana (FDRP). La segunda fase del gobierno militar (1975-1980) controlada por el General Morales Bermudez. Marcó un retorno al modelo capitalista, congelándose progresivamente el proceso de entrega de tierras y se derogó la ley de las comunidades indígenas permitiendo la entrada de capitales extranjeros a los que poco o nada les interesaba los derechos de los indios. En 1978 se disolvió SINAMOS retornando la política indígena a manos de los burócratas del Ministerio de Agricultura. A fines de los años 80 se contaban 16 federaciones indígenas dirigidas por dos organismos inter-étnicos: AIDESEP y CISA(Consejo Indio de Sud América). La “democracia” retornó al Perú con Belaunde entre 1980 á 1985 con la cual se acentuó el proceso de colonización y conquista de la selva. El primer gobierno liberal de Belaunde (1963-1968) ya había, como se dijo, impulsado la construcción de la carretera marginal con la consecuente desarticulación de los territorios étnicos, y también se había ideado el Plan Nacional de Integración de la Población Aborigen orientado densamente a la integración de dicha población al Estado-nación peruano. En 1980, por la Ley de desarrollo agrario se emprendió uno de los mayores projectos de colonización en el cual gran cantidad de indios fueron tratados como invasores de sus propias tierras. Con el advenimiento, en 1985, al gobierno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) conducida por Alan García, parecía que la situación de los indios iba a mejorar. En 1986 se convocó en la ciudad selvática de Pucallpa, en las márgenes del río Ucayali, el Primer Encuentro de Comunidades Nativas bajo el nombre de RIMANACUY V al que asistieron unos 480 delegados de comunidades nativas de la selva y en la que se eligió un dirigente nacional de la población india de la Amazonia y luego, en 1987, como efecto de este encuentro se constituyó la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). Chaumeil (ib:99) observa que “esta evolución hacia una nueva representación de las organizaciones indígenas no modifica la política indígena del

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gobierno que se empantana en un integracionismo a los fuertes acentos de patriotismo y de “participación” nacional expresión del mismo rechazo o de la misma incapacidad para reconocer a las sociedades amazónicas la legitimidad de una autonomía propia y sobretodo para poner en cuestión el espinoso problema de ‘la unidad nacional’”. En 1989, Alan García promulgó la Ley de bases para el desarrollo rural de la Amazonia peruana, por la que se promovió la explotación intensiva de la selva y la migración de la población andina hacia ella. De esta forma la comunidades indias amazónicas sufrieron una nueva invasión. Posteriormente, por otro lado, se añadirán instituciones como la Empresa Comercializadora de Arroz (ECASA), la Cooperación de Desarrollo en Loreto (CORDELOR) y el Ministerio de Educación. El Estado, observa Uriarte López (1976:34) se ha apoyado predominantemente en las misiones para la Educación de los nativos en la Amazonía. Sin embargo últimamente es el propio Ministerio de Salud quien constituye fundamentalmente el frente cultural de penetración en la selva. David Stoll (1985) también observa que los grupos de poder nacional luchan entre ellos buscando el apoyo de grupos religiosos extranjeros, como fue el caso de la penetración en la selva del “Summer Institute of Linguistics”. En fin, Chaumeil concluye que a pesar de todo, está claro que el indigenismo o “neoindigenismo” que apareció luego del proceso y aplicación de políticas estatales para la Amazonia tiene un futuro mejor en la medida que se da un lugar en ésta para una dinámica inter-étnica impulsada por los mismos indios que afirman su pleno derecho de intervenir más allá de la simple “participación”, sobre el tablero político regional (ib:99).

Considero de suma importancia también escuchar la voz de los propios indios amazónicos, como la de los tupí-cocama del Departamento de Loreto, sobre la politica gubernamental del Estado peruano en relación con ellos. Cuando yo moré con los tupí-cocama en distintos momentos entre los años 1984 y 1987. Uno de ellos, don Ramón, ya con 52 años comentaba con cierto resentimiento: “Ellos [los representantes del Banco estatal agrario] prefieren a los gringos y a nosotros que podríamos decir que somos sus hijos, nos hacen trabajar para los gringos que cobran en dólares y a nosotros nos pagan en soles [moneda nacional peruana] y muy poco...” El ex-teniente gobernador del caserío de Santa Fe, próximo a la ciudad de Nauta, me dijo: “Teníamos problemas con el Banco [agrario] ... Los campesinos que sembramos arroz pedíamos prestado dinero al Banco, pero la cosecha del arroz es muy insegura, pues depende de las lluvias y de que no haya inundaciones... Cuando viene la inundación se pierde todo lo sembrado y no podemos devolver el dinero al Banco...Entonces no nos prestaban más dinero y perdíamos... El que tenía suerte de sembrar su yuca podía completar para la comida con pescado, sino se comía pescado solito o carne del monte, pero en el invierno [época de crecientes] es difícil pescar, entonces el invierno, a veces era duro y se pasaba hambre...”

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Muchos otros testimonios me han sido dados sobre la “maldad” de las instituciones estatales y sus agentes en la selva, por eso los tupí-cocama peinsan que un inminente cataclismo universal acabará con su desgraciada situación y ellos, sobrevivientes, volverán a recuperar sus tierras y vivirán en abundancia en una “Tierra sin Mal”. Finalmente, es pertinente agregar aquí algunos artículos de la Constitución Nacional peruana hasta 1993. En ella se dice: Tít. 1, art. 2, parag. 19 [Toda persona tiene derecho...] “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Tit. II, cap. I, art. 48: “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.” Tit. III, cap. VI, art. 88: “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La Ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta”. Art. 89: “Las comunidades campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tieraras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el art. Anterior. El Estado respeta la identidad cultural de la Comunidades Campesinas y Nativas.” Tit. IV, cap. VIII, art. 149: “Las autoridades de las comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del poder judicial.”

Bibliografía Agüero, Oscar Alfredo. 1994. El milenio en la Amazonía peruana. Quito: Abya-Yala. Chaumeil, Jean Pierre. Les noveaux chefs. Pratiques politiques et organisations indígenes en Amazonie Péruvienne. In: Problemes d’Amerique Latine, n. 96. 1990. Chiriff, Alberto. 1975. Comunidades Nativas de la Selva Central. Lima: Sinamos. ----- 1977. Atlas de Comunidades Nativas. Lima: Sinamos. ----- 1983. El colonialismo interno en un país colonizado. In: Chiriff (ed), Saqueo Amazónico. Iquitos: CETA.

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San Román, Jesús Victor. 1975. Perfiles históricos de la Amazonia peruana. Lima: Ed. Paulinas/CETA. Stoll, David. 1985. Pescadores de hombres o fundadores de imperios? Lima: Centro de Estudios y Promoción al Desarrollo. Uriarte López, Luis. M. 1976. Poblaciones nativas de la Amazonia peruana. In: Amazonia Peruana, vol, I, n. 1. 9-58.