LA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO COMO EJERCICIO DE VIOLENCIA HACIA LOS JÓVENES. Ana Paola Aldrete González Luis Ignacio Román Morales

“Los jóvenes son constructores de historias, sueños, fantasías, miedos, tristezas y frustraciones, desde donde crean y reproducen su mundo social e individual”. (Prieto, 2012: 504) “Yo les puedo decir que en los operativos antipandillas, todos las noches agarramos a macanazos a más de 70 jóvenes. Y esos más de 70 jóvenes, a lo mejor dos o tres tienen órdenes de aprehensión, a lo mejor uno, dos o diez tienen droga en su poder y son consignados. Pero los otros 60 son soltados, porque son faltas administrativas, y van a seguir generando problemas de vandalismo, y van a seguir generando problemas de drogadicción, y van a seguir generando problemas de inseguridad. Una persona bajo el influjo de la droga no es una persona, es un ser perdido” (Héctor Robles, Alcalde de Zapopan, mayo 2013)

VIOLENCIA, JOVENES Y EMPLEO.

Actualmente el mundo se encuentra en constante transformación debido a diversos fenómenos sociales como son la inseguridad, la violencia, la falta y disminución de empleos, trabajos con pocas prestaciones o sin ellas, largas jornadas laborales, salarios bajos, gran movilidad, etc. Todos estos cambios están generando realidades complejas que impactan de manera tanto directa como indirecta el bienestar personal, social y familiar de los sujetos traduciéndose en una calidad de vida mermada. La violencia puede ser entendida como el acto que se ejecuta contra el modo regular o fuera de la razón y la justicia (Real Academia Española). Esta definición nos conduce a preguntarnos sobre cuál es el modo regular y qué criterios de razón y de justicia asumimos acerca de la violencia? Para Max Weber Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que

el Estado lo permite. (Weber, Max. Estado: el monopolio de la violencia legítima 1). La violencia ejercida por el Estado se entiende en tal lógica como el mecanismo de coerción que éste ejerce para garantizar el cumplimiento de reglas sociales e individuales. El Estado puede delegar en actores privados parte del ejercicio de la violencia (como en el caso de las corporaciones de seguridad, por ejemplo), bajo la regulación que le propio Estado impone. La definición weberiana explica un cierto uso regular y legítimo de la fuerza, pero entonces cabría ubicar qué formas tiene el Estado de concebir la razón y la justicia. ¿Podrían, por ejemplo la Santa Inquisición, los estados absolutistas, los imperios coloniales o los gobiernos dictatoriales haber reclamado para sí el uso legítimo de la violencia? En su propio discurso y en sus marcos culturales, económicos, políticos y religiosos así lo hacían sistemáticamente. Los parámetros de “razón y justicia” que empleaban estaban determinados por sus propios juicios de valor, por el marco legal que fijaban y por la validación jurídica de las prácticas que ejercían. Bajo tales circunstancias, se han convalidado inercias de exclusión, discriminación y polarización sociales, así como de depredación ecológica bajo discursos de conveniencia social, razón natural o hasta se justicia divina. El ejercicio de violencia generalmente recurre a un discurso retórico que la justifica. En todo caso, el uso de la violencia se inserta en estructuras dadas de poder y tiende a reproducir o a confrontar tales estructuras, desde los espacios más íntimos de reproducción social, como la familia o el hogar, hasta los más amplios, como los que constituyen el conjunto de las sociedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. (Organización Mundial de la Salud: 20022) En esta definición subyace, a diferencia de la definición weberiana, una connotación negativa per se de la violencia al tener impactos importantes sobre otras personas. Cabría entonces preguntarse si el Estado nacional (y por ende estructura de poder existente entre los miembros que constituyen dicho Estado)

1

Tomado de: http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/camara/julio/revista/index.php?option=com_conten t&view=article&id=133&Itemid=235) 2

OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la salud, OPS, Washington, 2002.

ejercita el monopolio legitimado de actos de agresión social, en el sentido definido por la OMS. El paradigma violencia-hombre violencia- sociedad sigue siendo vigente favoreciendo un sin número de factores que contribuyen a la naturalización y legitimación de la violencia. Algunos de estos discursos se encuentran enraizados en la pobreza, la marginación, el abuso del poder, la corrupción y la impunidad. (Cisneros, 2011). Por consiguiente, actuar frente a los factores que engendran la violencia implica simultáneamente incidir en los planos individual y social. No es un asunto exclusivo de víctimas y victimarios, sino de factores comunes a la colectividad sobre los que hay que actuar, por ende, colectivamente. La violencia es un concepto multidimensionalidad y multifactorial que se ve alimentado por la fragmentación social, la desocupación y los estallidos sociales. La violencia tiene raíces profundas en la sociedad y se agudiza en determinados periodos del desarrollo social (Cisneros, 2011). Las crisis económicas, las crisis de identidad, la desigualdad, la exclusión, la pobreza, etc. propician condiciones que favorecen el desarrollo de las violencias. La violencia debe que ser analizada desde tres dimensiones: 1) La violencia histórica o estructural la cuál en muchas ocasiones es difícil de percibir como tal debido a que son procesos no explícitos que se encuentran insertos en estructuras de poder legitimadoras. 2) El segundo tipo de violencia está dada por la percepción de aquella acción directamente observable en un sujeto o grupo, y que da como consecuencia el maltrato físico o la muerte. 3) La tercera se refiere a la acción cultural, que sirve para justificar y legitimar los entramados de desigualdad existentes en la sociedad. Parte de la relevancia de esta dimensión es que nos muestra a la violencia como una relación de causa-efecto. (Cisneros 2011).

Por su parte, la OMS, clasifica la violencia en tres categorías generales, a partir de quienes la cometen: – la violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones), – la violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco). – la violencia colectiva (social, política y económica).

“La violencia colectiva es el uso instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembro de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, con objeto de lograr objetivos políticos, económicos o sociales (…) Esta clasificación tiene también en cuenta la naturaleza de los actos violentos, que pueden ser físicos, sexuales o psíquicos, o basados en las privaciones o el abandono, así como la importancia del entorno en el que se producen, la relación entre el autor y la víctima y, en el caso de la violencia colectiva, sus posibles motivos.” (OMS, ibidem) En una estructura social en la que los juegos de poder se concentran crecientemente resulta previsible que se ejercite sistemáticamente la violencia frente a los grupos sociales que dispongan de menor poder o que pretendan, sea o no igualmente con acciones violentas, minar a los poderes preponderantes. Entre estos grupos se encuentran los jóvenes. En las últimas décadas la violencia colectiva o estructural ha crecido de manera importante y ha estado marcada y alimentada por la imposición de un orden económico, político y social. Algunos de los datos que evidencian están situación es la inestable seguridad de los mexicanos que se ha traducido en diversos impactos a las personas, a sus bienes así como a sus emociones. Todo esto ha cuestionado y puesto en duda la eficiencia del Estado como proveedor de garantías económicas, políticas y sociales. Cisneros (2011) señala que la realidad de hoy se encuentra llena de dificultades: precariedad laboral, subempleo, informalidad, desempleo, bajos salarios, bajos niveles de educación, dificultades para acceder a un sistema de salud eficiente, una creciente violencia marcada por la criminalidad, desconfianza en las instituciones, etc. La comisión económica para América latina (CEPAL 2008) coincide al señalar que el papel de los gobiernos de la región Latinoamericana no han tenido la capacidad para ofrecer a toda la población educación en todos los niveles, acceso a trabajos de calidad en donde cuenten con prestaciones para poder mantener a la familia decorosamente y de esta manera poder propiciar un desarrollo integral de todos los ciudadanos. El informe mundial sobre la violencia y la salud (2002) ha desarrollado un “modelo ecológico” en el que se establecen en cuatro niveles los factores que conducen a comportamientos violentos: 1. Los factores biológicos y de historia personal. 2. Los de las relaciones más cercanas (familia, pareja, amigos, compañeros). 3. Los contextos comunitarios (escuelas, vecindarios, lugares de trabajo).

4. Factores de carácter general, relativos a la sociedad.

Factores sociales

Factores comunitarios

Factores de relaciones cercanas

Factores Biológicos y de historia personal

Evidentemente existen factores individuales que inciden en las relaciones cercanas, en las comunitarias y las sociales, pero de la misma manera, también los factores sociales contienen y reproducen factores de violencia comunitaria, en las relaciones cercanas y en los actos individuales. La colectividad y la individualidad se retroalimentan en uno y otro sentido, generándose, además de los actos de violencia atribuidos individual o grupalmente, formas de violencia impersonal, en los que no cabe una definición individual del personaje violento o de la víctima. La violencia puede asumir la forma de una relación económica, política o social impersonal, pero de la que resultan beneficiados sectores sociales, estratos e individuos concretos, así como sectores, estratos e individuos perjudicados, victimados, por tales relaciones económicas políticas y sociales. Las raíces de los conflictos violentos suelen ser profundas y pueden obedecer a tensiones de larga data entre grupos. “La Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict ha identificado varios factores que ponen a los Estados en riesgo de conflictos violentos” (Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. Preventing deadly conflict: final report. Nueva York, Carnegie Corporation, 1997): “La ausencia de procesos democráticos y el acceso desigual al poder. El riesgo es especialmente alto cuando dicho poder emana de una identidad étnica o religiosa, y cuando los dirigentes practican la represión y están dispuestos a violar los derechos humanos.

Las desigualdades sociales caracterizadas por grandes diferencias en la distribución y el acceso a los recursos. Son más probables los conflictos en situaciones de declive económico, que exacerban las desigualdades sociales e intensifican la competencia por los recursos. El control de recursos naturales valiosos, como piedras preciosas, petróleo, madera y drogas, por parte de un solo grupo. Los cambios demográficos rápidos que desbordan la capacidad del Estado para ofrecer servicios esenciales y oportunidades de trabajo.” En México ha sido notorio el acceso desigual al poder y el cuestionamiento a procesos en los que la democracia está en entredicho: elecciones para la selección de los representantes populares, formas de organización de los sindicatos, representatividad de líderes sectoriales, etc. Igualmente el país se caracteriza por ser uno de los de peor distribución del ingreso en el planeta, por contar con una estructura de mercados altamente monopolizada y por no haber logrado un aprovechamiento adecuado del periodo de bono demográfico en que se encuentra. México es una de los países más desiguales de toda la región Latinoamericana por lo tanto con una enorme polarización y con altos índices de pobreza. En particular, en este artículo pretendemos abordar el ejercicio de la violencia colectiva, expresada socialmente, frente a los jóvenes, en un aspecto particular, el de su inserción laboral. Los Jóvenes sujetos olvidados?

Los jóvenes son, según la definición de las Naciones Unidas, las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entiende que los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país. (UNESCO, Programa Mundial de la juventud y Callejo 2010). La definición de juventud tiene por consiguiente un componente etario (15 a 24 años de edad) y otro que no lo es, por lo que el ser o no joven depende en gran parte de las circunstancias particulares a las que nos refiramos. La etapa de la juventud es una de las más largas en la vida de cualquier ser humano. Callejo (2010) sostiene que dentro de esta etapa existen diferencias por lo que resulta necesario hacer una primera clasificación entre los jóvenes de 14 a 20 años y los que se encuentran entre los 21 y los 29 años. Es importante resaltar que la definición de Juventud que México tiene es distinta a la UNESCO ya que en

este país se considera joven a los sujetos que se encuentran entre los 14 y los 29 años. Una primera distinción entre estos dos grandes segmentos tiene que ver con en el primer grupo que generalmente asiste a la escuela y por tanto estudiando, mientras en el segundo normalmente ya se encuentran insertos en el mercado laboral. A los jóvenes siempre se le ha identificado como sujetos de cambio vinculados on la rebeldía la transgresión y el cuestionamiento del statu quo. Medina (en Villanueva, Segura y Callejo 2010) señala que de manera general existen dos imágenes de los jóvenes: la primera hace alusión al joven integrado y que va por buen camino, mientras que la segunda hace referencia a el joven como generador de problemas sociales. (Medina en Villanueva, Segura y Callejo 2010) Villanueva, Segura y Callejo (2010) menciona que en la definición que como sociedad elaboramos sobre lo que significa ser joven está fuertemente influida o determinada por la clase social. Al pensar en un chico de clase media rápidamente tendemos a ubicarlo como alguien estudioso, responsables, comprometido, etc. En cambio cuando pensamos en un chico de los sectores menos favorecidos lo pensamos como violento, poco tolerante, criminal, vándalo, irresponsables. etc. Al relacionar el concepto de juventud con el de violencia, surge la expresión de “violencia juvenil”, la cual puede prestarse a dos interpretaciones básicas: una, la de referir a un grupo etario, los jóvenes, como propensos a ejercer acciones violentas. Otra, ubicando a los jóvenes como víctimas de la violencia. Ninguna de las dos acepciones puede ubicarse como absoluta. Evidentemente hay violencia ejercida por los jóvenes, pero los principales destinatarios de ella son igualmente jóvenes y esta violencia puede ejercerse al interior del grupo. , ejerciéndose y recibiendo simultáneamente los actos violentos. La violencia juvenil tiene una estrecha relación con la exclusión social y con la estigmatización, al ser ellos mismo tanto victimas como victimarios (Rodríguez, 2005 en CEPAL, 2008; Marcial 2012). En el 2008 la CEPAL mostró que la violencia juvenil es una de las mayores preocupaciones de la región latinoamericana, seguida por la violencia intrafamiliar y en tercer lugar las conductas violentas autoinfligidas asociadas al consumo de alcohol y drogas. Reguillo (2008) propone tres claves analíticas para para entender las violencias juveniles y su entramado cultural: a) la erosión de los imaginarios a futuro, b) el aumento exponencial de la precariedad tanto estructural como subjetiva y c) la crisis de la legitimidad de la política. Señala es muy relevante entender no solo las

violencia que se gestan en los binomios más naturalizados o tolerados socialmente como son el de pobreza-exclusión sino pensar que las violencias se gestan y gestionan desde el vacio de la legitimidad y desde la ausencia de un proyecto colectivo que sirva como eje articulador de sentido. Desde ahí confrontan una ausencia y no un presencia lo que genera una espiral de lo no legitimado legitima y por tanto favorece la generación y la reproducción del a violencia. Marcial (2012) comenta que en las periferias urbanas es donde residen los sectores menos favorecidos de la sociedad. Estos espacios suelen ser vistos como espacios fuera de control. Uno de los grandes problemas es el enorme desconocimiento que existe por parte del gobierno acerca de las características sociales y culturales de estos espacios, generando que a estos jóvenes se les vincule irremediablemente con cuestiones negativas y preocupantes como la delincuencia, las adicciones, la violencia juvenil y todos aquellos factores que se asocian con la pérdida de valores. La segregación y la exclusión son un fenómeno estructural, relacional, dinámico, multifactorial, multidimensional y politizable. Es un proceso social que separa a individuos y colectivos de una serie de derechos sociales como lo son el trabajo, la educación, la salud, la cultura, la economía y la política. Es decir hablamos de la negación de oportunidades impuesto por ciertos grupos de la sociedad a otros. A partir de esta situación podemos considerar la enorme importancia que el trabajo adquiere como eje estructurador de la dualidad inclusión/ exclusión (Vazquez y Sarasola). Otra de las múltiples manifestaciones de la exclusión y desigualdad que viven millones de jóvenes tiene que ver con se encuentran “desconectados” de los procesos “modernos” de la tecnología y la comunicación (CEPAL 2008). Esta desigualdad les impide participar plenamente en la toma de decisiones. Esto resulta sumamente preocupante porque se ven imposibilitados para participar en las decisiones quedándose solamente con el malestar y con las repercusiones de las decisiones que otros toman pero sin conocer y entender su mundo, sus preocupaciones, sus angustias, sus miedos en fin todo lo implica su cotidianeidad. Algo que resulta muy preocupante es que la etapa de la juventud es un momento crucial en la vida de toda persona es una etapa crítica, tanto por los cambios como por las dificultades que en ella se enfrentan. Además gran parte de su relevancia también tiene que ver con que los sujetos en este momento de vida buscan asumir nuevos roles y funciones (ganarse un lugar en el mundo laboral, formar una familia). Estos son momentos clave en la vida de cualquier persona, ya que estarán contribuyendo a la construcción de una identidad laboral, y de una

identidad personal. Sin embargo, estas transiciones son cada vez más difíciles de asumir (Rivera-Gonzalez, 2011). La CEPAL señala que esta etapa de la vida es decisiva para perpetrar o revertir la dialéctica inclusión-exclusión social. Ante esto resulta central seguir profundizando en el conocimiento de estos binomios inclusión-exclusión-violencia-pobreza, etc. Sabemos desafortunadamente los escenarios para los jóvenes hoy en día no son sencillos ni alentadores ya que las expectativas a futuro son pobres.

OTRAS FRONTERAS QUE DIFICULTAN LA REALIDAD DE LOS JÓVENES La CEPAL reporta que los principales países con problemas de violencia en America Latina son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela (CEPAL 2008). La violencia se ha generalizado como la principal causa de muerte entre los jóvenes de todos los países de la región (accidentes de tránsito y homicidios). El protagonismo juvenil en diferentes expresiones de violencia organizada (asaltos, homicidios, secuestros) ha ido aumentando de manera exponencial con un claro sesgo de género, en la medida en que los protagonistas son mayoritariamente varones (aunque el número de mujeres cada día crecer más) y pertenecientes a estratos pobres de nuestras ciudades (Rodriguez, 2004). Estar “socialmente incluido” dice Hopenhyn (2008) tiene varios sentidos; implica acceder a los mínimos de bienestar y de protección conforme al nivel de desarrollo de la sociedad. Alude a la titularidad efectiva de ciudadanía política, civil y social, participación en deliberaciones, acceso a activos, etc. Desde la perspectiva del desarrollo humano, la inclusión social puede entenderse como el desarrollo de capacidades para el ejercicio de libertades. Sin embargo lo que encontramos es que los jóvenes se encuentran frente a una enorme cantidad de fenómenos sociales que los tocan, trastocan y transforman tanto en la vida privada como en la pública. Algunos de ellos son: la pobreza, la migración, la violencia, la desigualdad, la discriminación, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol y drogas (Rivera-Gonzalez; CEPAL, 2008). Así “la precariedad socioeconómica también es precariedad vital y no puede dejar de referirse para situar estrategias de vida o de expresión en la que la violencia se hace presente” (Reguillo, 2008: 217) Pero lo más sintomático y preocupante es que los rostros de la violencia que se comentan aquí son por lo general muy jóvenes, tanto en su carácter de víctimas

como en su papel de victimarios. Son jóvenes los que conforman las “bandas” y “pandillas” juveniles en casi todas las grandes ciudades del continente, y son mayoritariamente pobres, pertenecientes a familias desintegradas, que no han podido permanecer en el sistema educativo, que carecen de trabajos dignos y que han encontrado en las bandas el principal “espacio de socialización” y de apoyo mutuo entre “pares” (Rodriguez, 2004). Otro de los factores preocupantes en esta compleja espiral social son los jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan empleo, desalentados por múltiples problemas que enfrentan a todos los niveles (Rodriguez, 2004) Por lo que respecta al empleo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que “La población con empleo está compuesta por personas mayores de una edad especificada que aportan su trabajo para producir bienes y servicios” (OIT)3 En otros términos, el empleo refiere a la población que genera Producto Interno Bruto, sea este contabilizado o no. En México, la población considerada como en edad de trabajar es de 14 años (de 1970 al 2005 se consideraba desde los 12), pero el concepto contable de empleo es más restrictivo: Se considera como empleado sólo a la persona que labora al servicio de otra (los trabajadores no subordinados pueden ser ocupados o desocupados, pero no empleados). Cabe entonces preguntarse, cómo ubicar el trabajo de los menores de 14 años que generan bienes y servicios, ya que no son población en edad de trabajar. ¿Un trabajador de 5 a 13 años que labora, generalmente en condiciones deplorables, no debe ser considerado como parte de la problemática del empleo juvenil? Por otra parte, en el momento demográfico y económico en que se encuentra México no es extraño el que se desplace a trabajadores fuera de una edad de jubilación (antes de los 60 años), para ser sustituidos por trabajadores de menor edad con mayor fuerza física o, en el caso de actividades no manuales, por la posibilidad de que el trabajador de menor edad acepte ingresos y condiciones de trabajo más precarias que el de mayor edad. Valga un par de ejemplos: ¿Un profesional administrativo o docente de 40 años puede ser considerado joven en su actividad? ¿Si éste profesional percibe por su trabajo $15,000 mensuales y es despedido y sustituido por un recién egresado al que se le pagan $7,000, existe un acto violento?, ¿Quién o quiénes ejercen la violencia y quién o quiénes son los 3

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-andtopics/employment-and-unemployment/lang--es/index.htm

violentados? Difícilmente podría llegarse a una conclusión de orden puramente personal. Un comerciante dueño de un pequeño establecimiento de ropa se enfrenta a un riesgo de quiebra ante un vendedor ambulante de ropa que se instala justo enfrente de su establecimiento. ¿El joven está ejerciendo un acto violento frente al comerciante?... ¿Qué otras opciones de ingreso y de trayectoria laboral tiene este joven en un país que no genera más que de manera exigua empleo formal y éste se ejerce en condiciones cada vez más penosas e inciertas? Tanto el comerciante como el joven parecen estar siendo violentados colectivamente, aunque aparentemente se tratara de un asunto de orden individual. En suma, tal perecería que más allá del grupo de los 18 a los 24 años, puede haber población de edades mucho menores y mucho mayores que están siendo igualmente violentados, sea por el hecho tener que asumir responsabilidades de adultos siendo aún niños (negándoles por consiguiente gran parte de las características formativas y lúdicas que se esperarían de la juventud en determinado contexto espacial e histórico), o en el caso de mayores de los 24 años, por el hecho de ser desplazados del ejercicio de sus actividades productivas a pesar de contar con el conjunto de las capacidades físicas y mentales para ejercerlas, es decir, siendo aún jóvenes en el desarrollo de sus capacidades. LA VIOLENCIA LABORAL CONTRA LOS JÓVENES 1. Niños que violan la Constitución… niños que trabajan. Una forma extrema de violentar a un grupo social, como es el de los jóvenes, es impidiéndoles vivir su juventud y, en algunos casos, hasta la infancia. La convención internacional de los derechos del niño refiere la protección específica a los menores de 18 años (Art. 1 de la Convención). En su artículo 32 señala: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.”

En el caso de México las disposiciones legales a que hace referencia este artículo existen, particularmente en el Art. 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo. Está prohibido el trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar, existe una amplia reglamentación específica para proteger al grupo de 14 a 17 años y están estipuladas las sanciones por la violación de tales preceptos. Sin embargo, las condiciones económicas de los hogares y de gran parte de los establecimientos (particularmente de los más pequeños), la precariedad en el trabajo y la displicencia en la protección de los derechos laborales confrontan los preceptos legales. Conforme al módulo de trabajo infantil 2011 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI), en ese año más de tres millones de menores de 18 años trabajaban en alguna actividad económica en México, (10.5% del total de la población de 5 a 17 años, 12.9% en las zonas rurales y 17.9% en la población masculina que vive en ellas). En este módulo, el INEGI incluyó 185 mil trabajadores de entre cinco y nueve años de edad, 697 mil de 9 a 13 años y 2.2 millones de 14 a 17 años. Ello abarca 1.7% del total de niños de 5 a 9 años, 7.7% de los de 10 a 13 y 23.8% de los de 14 a 17. Casi 40% de ellos no asiste a la escuela, 44% son trabajadores no remunerados (contribuyen con su trabajo a un ingreso gregario) y otro 28.3% percibe a lo sumo el equivalente de un salario mínimo. La mayoría se concentra en actividades agropecuarias (29.5%), servicios (26.7%) y comercio (25.4%). Casi una tercera parte (31.5%, es decir 955,000 menores) labora al menos 35 horas semanales y más de tres cuartas partes (2.2 millones) lo hace en microestablecimientos (de dos a cinco personas). En 13% de los casos se señala que el hogar requiere del aporte económico de los menores y en 28% de su trabajo directo. Los menores que laboran lo hacen en 60% de los casos con un familiar, en 35% con un no familiar y en 5% por su propia cuenta. Cabe resaltar que 28% de los menores declararon estar expuestos en su trabajo a polvo, gases o fuego; ruido excesivo; humedad o temperaturas extremas; herramientas peligrosas; maquinaria pesada; oscuridad excesiva; productos químicos; explosivos o descargas eléctricas. ¿Quiénes violentan a los menores trabajadores? Una respuesta superficial podría remitir a sus padres, a las propias bandas juveniles o los malos patrones. Sin embargo la violencia colectiva, aunque sea ejercida por un sector minúsculo de esa sociedad, complejiza la respuesta. La mayoría de los padres de menores trabajadores son a su vez trabajadores que se encuentran en condiciones de

precariedad, pobreza e indefensión; los menores de edad en el sector agropecuario frecuentemente asumen faenas ingratas, en contextos de pobreza, ante la ausencia de algún progenitor, mayoritariamente el padre, en parte por haber emigrado de su lugar de origen con objeto de obtener un mejor ingreso en otra localidad o en los Estados Unidos, para poder enviar recursos monetarios al hogar; los jóvenes integrantes de las bandas son frecuentemente excluidos socialmente de contar con posibilidades de desarrollo; los establecimientos en que trabajan los menores son generalmente micronegocios que a su vez se encuentran relegados de los mercados en una economía cada vez más concentrada en grandes monopolios y cadenas oligopólicas. En suma, si bien está clara la victimización laboral de que son objeto los menores, no está igualmente claro el victimario. Los menores son objeto de una violencia laboral cuyo responsable no puede ser encarnado en una figura única de carne y hueso, sino en una violencia estructural, caracterizada por la concentración del ingreso, de la riqueza y del poder. El panorama que presenta el INEGI refiere una violación sistemática de derechos hacia una población que en número rebasa, por ejemplo, en 2007 veces a los 1,512 empleadores de grandes establecimientos en el país, a los cuales ni siquiera se les requiere informar socialmente sobre los créditos fiscales de que se benefician, porque la Suprema Corte de Justicia considera que sería violar la confidencialidad de su información fiscal. Cuando se privilegia al libre mercado sobre los derechos sociales los ganadores suelen ser muy pocos, pero muy fuertes, en tanto que los perdedores ni siquiera acceden a la edad para ser considerados legalmente ciudadanos. La delincuencia juvenil es en este entorno una posible respuesta desesperada frente a la violencia estructural, de la que los jóvenes se encuentran entre las principales víctimas.4

4

El 9 de julio del 2012 “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el secreto fiscal no podrá ser violado, ya que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación respecto de la reserva de datos personales de los ciudadanos es constitucional. En la sesión de ayer, en una votación que se definió seis a cuatro, el pleno del máximo tribunal de la nación definió que no hay sustento jurídico para que se pronuncie sobre la legalidad de un oficio emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el 2010, por lo cual negó el acceso a la información solicitada por el Centro de Análisis e Investigación Fundar. La SCJN resolvió que, por cuestiones técnicas, no puede resolver si el SAT está obligado a difundir los nombres de contribuyentes a los que fueron cancelados créditos fiscales por casi 74,000 millones de pesos en el 2007. La mayoría de los ministros estableció que el amparo presentado por Fundar sólo cuestionó la constitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, que contempla el secreto fiscal, pero no impugnó el oficio del SAT por vicios propios, lo que impide que sea analizado. El ministro Arturo Zaldívar lanzó un llamado para atender el fondo del asunto y no dejarlo a la mitad. Los argumentos del abogado, que sustentan su solicitud, son que el lunes el proyecto propuso una interpretación del artículo 69 del citado código, que “implica una interpretación moderna y actualizada a la luz de la Constitución; cuando hay temas de interés público, la información se debe dar a conocer, proporcionando el nombre de los beneficiarios por la cancelación de créditos por 74,000 millones de pesos”.

El problema diría la CEPAL (2008) no es solo las dificultades que existen de inserción a una actividad remunerada sino también la incorporación temprana por o con riesgo de abandono del estudios, por situación de crisis. También tendríamos que mirar no solo su primer trabajo, sino su trayectoria laboral es decir la inserción –desempleo – reinserción a empleos precarios (sin seguridad ni prestaciones), que son completamente contrarios a lo deseado, buscado y esperado. “La exclusión socio laboral y la vulnerabilidad en el empleo limitan el cumplimiento del primer objetivo del milenio “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” en su meta de lograr “Empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los/las jóvenes” (Rivera-Gonzalez, 2011:337). Resulta sumamente preocupante como todos estos procesos sociales, laborales y políticos están produciendo la erosión de los lazos sociales que son tan importantes para la construcción de referentes de pertenencia y sentido. (RiveraGonzalez, 2011)

Caso contrario del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien se pronunció por tener cuidado en la interpretación de los temas, ya que la cancelación de los créditos no fue a beneficiarios, sino un movimiento estrictamente contable. Los deudores están obligados a pagarlos, los créditos están prescritos ya que la cancelación fue en el 2007, por lo tanto son de difícil recuperación. Los deudores no saben que el crédito ha sido cancelado. Hay dos cosas en juego: una son los deudores ante el fisco, que tienen el derecho a reservar su nombre, y en segundo plano, a la persona que solicitó dichos nombres. Se debe tener cuidado en el documento, ya que podría ser muy atractivo para el Buró de Crédito nada más estar pidiendo la información, además que pide someter a consulta de los deudores el dar a conocer su nombre. “Hay varios intereses en pugna en el caso”, agregó el ministro Ortiz Mayagoitia. Zaldívar defiende que los deudores sí saben de la cancelación de créditos y que no se trata de vulnerar la Constitución, ya que se están dando razones válidas para tratar el tema, no se está causando perjuicios a los “beneficiados” de la cancelación del crédito, “se debe privilegiar el derecho a la información”. (El Economista, 10 de julio 2012, SCJN desecha amparo sobre secreto fiscal).

Indicadores básicos de la población infantil, octubre-diciembre 2011 Indicador Nacional 1.

Total

Población total

M uje r e s

55,075,326

59,176,313

9,941,726

5,048,365

4,893,361

5 a 9 años

10,802,650

5,466,156

5,336,494

10 a 13 años

9,032,144

4,554,403

14 a 17 años

9,044,057

4,570,371

4,473,686

75,381,456

35,416,129

39,965,327

49,606

19,902

29,704 14,287,921

18 años y más No es pec if ic ado 2. Población de 5 a 17 años

4,477,741

28,878,851

14,590,930

Solo oc upados

418,467

399,069

19,398

Oc upados y quehac eres domés tic os

766,894

458,107

308,787

Oc upados y es tudian

464,790

386,533

78,257

Oc upados , quehac eres domés tic os y es tudian

1,385,315

818,901

566,414

Solo es tudian

7,545,496

4,193,606

3,351,890

Solo Quehac eres domés tic os Quehac eres domés tic os y es tudian Otras ac tiv idades 2/ 3.

Hom br e s

114,251,639

0 a 4 años

Población ocupada 5 a 9 años 10 a 13 años 14 a 17 años 3.1 Condición de as is te ncia e s colar

1,162,643

329,014

833,629

16,906,049

7,856,879

9,049,170

229,197

148,821

80,376

3,035,466 185,405 697,373 2,152,688

2,062,610 114,243 473,156 1,475,211

972,856 71,162 224,217 677,477

3,035,466

2,062,610

972,856

A s is te

1,850,105

1,205,434

644,671

No as is te

1,185,361

857,176

328,185

3,035,466

2,062,610

972,856

1,598,315

1,119,171

479,144

104,662

66,726

37,936

1,330,947

875,785

455,162

1,542

928

614

3,035,466

2,062,610

972,856

894,649

780,200

114,449 132,771

3.2 Pos ición e n la ocupación Trabajadores s ubordinados y remunerados Trabajadores por c uenta propia Trabajadores no remunerados Otros trabajadores 3.3 Se ctor de actividad e conóm ica A gropec uario Indus tria manuf ac turera 3

/

360,694

227,923

Cons truc c ión

146,847

145,487

1,360

Comerc io

771,671

417,745

353,926

Serv ic ios

809,347

454,321

355,026

No es pec if ic ado

52,258

36,934

15,324

3,035,466

2,062,610

972,856

Trabajadores indus triales , artes anos y ay udantes

638,632

477,122

161,510

Comerc iantes y empleados de c omerc ios es tablec idos

628,220

315,675

312,545

V endedores ambulantes y trabajadores ambulantes en s erv ic ios

189,685

107,366

Trabajadores en s erv ic ios domés tic os

124,308

25,858

98,450

Trabajadores en s erv ic ios pers onales

405,288

266,051

139,237

Trabajadores agropec uarios

900,200

785,295

114,905

3.4 Gr upos de ocupación

Otros trabajadores 3.5 Dur ación de la jor nada de tr abajo habitual Menos de 15 horas 15 a 24 horas 25 a 34 horas 35 y más horas No tiene horario regular de trabajo No es pec if ic ado 3.6 Tam año de la unidad e conóm ica

82,319

149,133

85,243

63,890

3,035,466

2,062,610

972,856

857,161 454,147 226,576 955,215 540,069 2,298

553,930 272,993 142,374 690,586 400,671 2,056

303,231 181,154 84,202 264,629 139,398 242

3,035,466

2,062,610

972,856

213,244

97,094

116,150

2,230,678

1,559,831

670,847

236,165

169,362

66,803

66,398

46,769

19,629

251,714

166,103

37,267

23,451

13,816

3,035,466

2,062,610

972,856

1,337,345

882,183

455,162

Has ta un s alario mínimo

859,666

574,539

285,127

Más de 1 has ta 2 s alarios mínimos

541,033

379,566

161,467

Más de 2 has ta 3 s alarios mínimos

202,780

153,211

49,569

Más de 3 s alarios mínimos

45,177

37,220

No es pec if ic ado

49,465

35,891

13,574

3,035,466

2,062,610

972,856

1 pers ona 2 a 5 pers onas 6 a 10 pers onas 11 a 15 pers onas 16 y más pers onas No es pec if ic ado 3.7 Nive l de ingr e s os No rec ibe ingres os 4/

3.8 Condición de apor tación de ingr e s o al hogar

85,611

7,957

Si aporta

1,084,973

785,940

299,033

No aporta 5/

1,950,493

1,276,670

673,823

3,035,466

2,062,610

972,856

El hogar nec es ita de s u aportac ión ec onómic a

393,531

270,393

123,138

El hogar nec es ita de s u trabajo

847,315

550,152

297,163

A prender un of ic io

471,818

374,040

97,778

Para pagar s u es c uela y /o s us propios gas tos

780,988

510,430

270,558

No quiere ir a la es c uela

153,226

127,694

25,532

3.9 M otivos por los que tr abaja

Otra raz ón 6/

388,588

229,901

158,687

3,035,466

2,062,610

972,856

Es un f amiliar

1,813,267

1,226,059

587,208

No es un f amiliar

1,075,490

743,682

331,808

146,372

92,532

53,840

337

337

0

3,035,466

2,062,610

972,856

Tendría que c ontratars e a alguien para que lo s upliera

152,198

112,271

39,927

El ingres o ec onómic o del hogar s e v ería af ec tado

515,710

372,441

143,269

Otra c ons ec uenc ia

649,805

448,695

201,110

1,705,108

1,121,974

583,134

3.10 Pe r s ona par a la que tr abaja o ayuda

Trabaja s olo o por s u c uenta No s abe 3.11 Cons e cue ncias de de jar de tr abajar Hogares

No pas aría nada No es pec if ic ado

12,645

7,229

5,416

3,035,466

2,062,610

972,856

No habría dinero para s us es tudios , v es tido y /o div ers ión

904,681

612,518

292,163

No aprendería un of ic io y /o s e v olv ería irres pons able

563,920

478,469

85,451

Pers onales

V olv ería a la es c uela o los quehac eres del hogar

83,479

35,454

183,097

119,135

63,962

No pas aría nada

1,286,731

807,218

479,513

No es pec if ic ado

13,558

9,816

3,742

10.5

14.1

6.8

8.9

9.1

8.7

39.1 31.5 4.0 5.5 28.0

41.6 33.5 5.0 5.4 32.7

33.7 27.2 1.9 5.7 18.1

9.5 2.2

8.3 0.5

10.6 3.8

15.6 17.5

15.3 17.7

17.0 17.5

Otra c ons ec uenc ia

48,025

4. Tas as Tas as calculadas contr a la población de 5 a 17 años Tas a de oc upac ión Tas a de inas is tenc ia es c olar Tas as calculadas contr a la población ocupada de 5 a 17 años Tas a de oc upados que no as is ten a la es c uela Tas a de oc upados que trabajan 35 horas o más a la s emana Tas a de oc upados c on ac c idente, les ión o enf ermedad que requirió atenc ión médic a 7 / Tas a de oc upados que laboran en lugares no apropiados o no permitidos 8 / Tas a de oc upados que dec lararon es tar ex pues tos a ries gos en s u trabajo 9 / Tas as calculadas contr a la población de 5 a 17 años e n que hace r e s dom é s ticos Tas a de poblac ión en quehac eres domés tic os que no as is te a la es c uela Tas a de poblac ión en quehac eres domés tic os por 35 horas o más a la s emana Tas as de hogar e s Tas a de hogares c on niños o niñas de 5 a 17 años oc upados 10/ Tas a de hogares monoparentales c on niños o niñas de 5 a 17 años oc upados 11/

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2011. Indicadores bás icos 1/ Los grupos de 5 a 17 años s e es timaron c on el f ac tor de ex pans ión del módulo y los res tantes c on el de la enc ues ta de oc upac ión y empleo. 2/ Inc luy e a los que dec lararon que andarían de v agos . 3/ Inc luy e indus tria ex trac tiv a, elec tric idad, agua y gas . 4/ Comprende a los oc upados que no rec iben ingres o y a los que rec iben ingres o no monetario (autoc ons umo). 5/ Inc luy e a los oc upados que no rec iben ingres o y a los que rec iben ingres o no monetario (autoc ons umo). 6/ Inc luy e pago por deudas a s u empleador, no quiere ir a la es c uela y otras raz ones . 7/ Comprende a los oc upados que dec lararon haber s uf rido algún ac c idente, les ión o enf ermedad en s u trabajo ac tual o en los anteriores , y requirieron algún tipo de atenc ión médic a. 8/ Comprende a los que trabajan en minas ; río, lago o mar; pis os elev ados o andamios ; c alle, c ruc ero o av enida; bas urero públic o; bar, c antina o c entro noc turno. Ex c luy e a las oc upac iones y s ec tores de ac tiv idad ec onómic a c ons iderados no ries gos os . 9/ Comprende a los que dec lararon es tar ex pues tos a: polv o, gas es o f uego; ruido ex c es iv o; humedad o temperaturas ex tremas ; herramientas peligros as ; aquinaria pes ada; os c uridad ex c es iv a; produc tos químic os ; ex plos iv os ; y des c argas eléc tric as . Ex c luy e a las oc upac iones y s ec tores de ac tiv idad ec onómic a c ons iderados no ries gos os . 10/ Tas a c alc ulada res pec to al total de hogares c on niños o niñas de 5 a 17 años . 11/ Tas a c alc ulada res pec to al total de hogares monoparentales c on niños o niñas de 5 a 17 años . El c onc epto de equiv alente al de hogares nuc leares c on jef e o jef a c on hijos .

hogares monoparentales es

2. De 14 a 29 años, la dilución de las esperanzas laborales.

Desde su entrada como presidente de la Republica Mexicana Felipe Calderón se autodenominó como el presidente del empleo y aseguró categóricamente que los jóvenes serían una parte muy importante de sus programas de gobierno. Sin embargo ya han pasado más de seis años desde entonces y las oportunidades y alternativas en materia de empleo no fueron claras. La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud delimita lo que el estado considera al grupo etario al que se le considera oficialmente joven: Artículo segundo: Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra. (Diario Oficial, 5 agosto 2011). Sin embargo, desde el año 2005 la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI) sólo considera como población en edad de trabajar a la de 14 años y más, por lo que en la estadística regular se presentan las condiciones de ocupación de los grupos de14 a 19 años y de 20 a 29 años. La información que se presenta a continuación refiere datos del primer trimestre del 2013, salvo indicación contraria. Entre los jóvenes se presenta la mayor proporción de asalariados, ya que 75.5% de los trabajadores de 20 a 29 años se encuentran en esa situación. Entre los que cuentan con entre 14 y 19 años la proporción también es más alta que el promedio de toda la población ocupada del país (65.8% vs 62.7%, respectivamente). Sin embargo el grupo de 14 a 19 años tiene una distinción importante: mientras que en el conjunto de la población ocupada 5.4% es trabajador familiar no remunerado, y en el de 20 a 29 años es de 6.3%, entre los jóvenes de 14 a 19 años eleva a 23.3%. Desde otra perspectiva, 72% de los trabajadores no familiares sin pago son jóvenes y 59% de los familiares sin pago también lo son. Lo anterior confronta la imagen totalizante de una economía de mercado. Si entendemos a ésta como una organización social con arreglo a precios, en cada mercado –entre ellos el de trabajo-, se intercambian bienes y servicios a cambio de un equivalente monetario del valor que le asigna el adquiriente a éstos. Sin embargo, casi una cuarta parte de los trabajadores de 14 a 19 años (24.2%) no perciben personalmente ingresos por su trabajo y con 7% de los de 20 a 29 años ocurre lo mismo. Una política económica en la que se confunde economía con

mercado niega por consiguiente la productividad y los derechos laborales de quienes no aparecen reconocidos en la lógica predominante. Entre quienes sí reciben ingresos, y los especifican, la situación de los jóvenes es más delicada que para el conjunto de la población ocupada. A nivel nacional 13.1% de los trabajadores cuentan con ingresos inferiores o iguales al salario mínimo, pero entre la población de 14 a 19 años esta proporción es de 20.8% (es importante resaltar que tal proporción sólo es mayor para el grupo de los mayores de 60 años, ya que 26% de ellos trabaja por ingresos de un salario mínimos o menos). En el grupo de 20 a 29 años lo predominante es el trabajo por el que se obtienen de uno a dos salarios mínimos, que abarca a 28% de los trabajadores de este rango de edad. En conjunto, al considerar a los trabajadores sin remuneración más lo que obtienen ingresos inferiores o igual al mínimo, se encuentran 45.3% de los jóvenes de 14 a 19 años y 17.3% de los de 20 a 29 (otro 28% está en el rango de uno a dos salarios mínimos). Es notorio que a los porcentajes de más bajos o de nulos ingresos también se suman los trabajadores de más de 60 años, de los que 37.5% también está en esta condición. En cuanto a la duración de la jornada de trabajo semanal, aún entre los más jóvenes predominan los trabajos de tiempo completo. Entre la población de 14 a 19 años 40% labora de 35 a 48 horas semanales y otro 18% labora más de 48 horas. Entre los jóvenes de 20 a 29 años 50% trabajan de 35 a 48 horas y otro 27% más de las 48 horas establecidas como máximo legal permitido. En México sólo 35% de los trabajadores cuentan con acceso a las instituciones de seguridad social, pero entre los ocupados de 14 a 19 años es apenas el 13.8%, aunque aumenta a 41% en el grupo de 20 a 29 años. Para la mayoría de los 14.7 millones de trabajadores ocupados de 14 a 29 años, ser joven implica laborar largas jornadas, con ingresos exiguos que se distribuyen en rangos apenas superiores al salario mínimos, menores a éste y trabajos sin pago. Implica laborar sin prestaciones y con una expectativa cada vez más incierta. El que este importante número de jóvenes estén padeciendo dificultades para la inserción laboral, bajos salarios, ausencia de prestaciones y de garantías sociales, desempleo, exclusión, violencia, etc. Todos ellos son elementos importantes que forman parte de los mecanismos que favorecen la producción y la reproducción de la pobreza dejando a los jóvenes con pocas armas con las cuáles enfrentar en el corto, mediano y largo plazo esta difícil y compleja realidad social (Rivera-Gonzalez, 2011)

3. Cuando se es viejo… a los 30 años. Además de la caracterización etaria de la juventud cabe considerar su contextualización con respecto al trabajo realizado. La creciente flexibilización y precarización del trabajo se ha acompañado de un proceso de sustitución intergeneracional de trabajadores en el que se tiende a desplazar a trabajadores de mayor edad por jóvenes que ante la falta de oportunidades de empleo son contratados por ingresos significativamente inferiores a los que tenían los trabajadores desplazados. México ha vivido una serie de procesos que facilitan esta sustitución: Un periodo de alto crecimiento demográfico entre los años cincuenta y setenta del siglo XX (3.1% anual en la década de los cincuenta y 3.3% en los sesenta y setenta). La población nacida en esas décadas se encuentra en la actualidad (2013) en edad activa, la mayoría no tiene acceso a la jubilación y la mayoría de quienes sí lo tienen aún no están aún en edad de recibirla. Al crecimiento demográfico se agrega de manera determinante el aumento en la participación femenina en la actividad económica, especialmente a partir de los años setenta. Por ello, en esa década el crecimiento de la PEA fue 65% superior al de la población total; en los ochenta fue 79% superior, entre 1990 y 1995 la diferencia se redujo, pues fue sólo 13% mayor, pero de 1995 al 2000 la PEA aumentó en una proporción 82% mayor que la de la población total. Del año 2000 al 2005 el crecimiento de la PEA fue inferior al de la población total, por primera vez desde los años sesenta y por segunda desde los treinta, pero en el lustro 2005-2010 la PEA volvió a crecer 38% más rápido que la población total. El incremento de la fuerza de trabajo se ha acompañado de una escolaridad cada vez mayor. Según el censo de 1950, 47.1% de la población mayor de 25 años no tenía escolaridad alguna y 46.3 solo contaba con entre uno y seis años de escuela terminada. Sólo 1.1% de esa población tenía más de 13 años de estudio (a partir de un grado de bachillerato). Conforme al censo del 2010, entre los mayores de 25 años, 17.6% contaba con estudios superiores, 14.8% educación media superior (bachillerato), 58.2% educación básica (secundaria) y 8.9% no disponía de escolaridad alguna. En el grupo etario de 25 a 29 años la escolaridad es aún mayor: 45% tiene al menos educación media superior y sólo 2.3% se encuentra sin escolaridad.

Sin embargo, el aumento demográfico, la creciente participación femenina y el incremento constante de la escolaridad se han presentado en un periodo de crecimiento económico sumamente bajo (2.1% anual promedio desde 1982), con una demanda de trabajo concentrada en actividades maquiladoras y de servicios de baja generación de valor agregado y con procesos crecientes de flexibilización del trabajo, reflejados en eventualidad de las contrataciones, subcontratación, pérdida de prestaciones, deterioro de los salarios reales y crecimiento de las actividades informales, como refugio ante la carencia de empleo digno en la propia formalidad. El declive en las oportunidades de empleo digno, coexistente con una oferta de trabajo en alto crecimiento y más escolarizada, facilita el abaratamiento de la fuerza de trabajo y el desplazamiento de la población que procede de ocupaciones anteriormente más estables y mejor remuneradas. Esto a su vez facilita la obsolescencia acelerada de trabajadores que se encuentran en plenitud de facultades, es decir, envejecer al joven y propiciar su abaratamiento en el mercado laboral. CONCLUSIONES: Existen muchos factores que influyen en la prevención de la violencia como puede ser la educación, empleos de calidad, redes de relaciones, condiciones ambientales, capital cultural entre algunas otras. (cepal 2008). Sin embargo, si la violencia también procede de un funcionamiento colectivo y estructural que genera exclusión, entonces la prevención de la violencia también debe actuar sobre las estrategias macrosociales y macroeconómicas. El papel de la cohesión social este es otro de los grandes temas a nivel social pero también en los jóvenes su fortalecimiento ayuda a la población a identificarse con un grupo específico, creando uniones y también el sentirse reconocidos ante la colectividad. (cepal 2008). En México hay una insuficiencia de políticas hacia ellos, pese a la juventud de gran parte de la población. En México existe el Programa Nacional de Juventud y la Política Nacional de la Juventud. Por lo que estos institutos trabajan de manera coordinada con los Institutos Estatales de Juventud y con el Politécnico Nacional. Se requiere continuar la investigación analítica sobre las realidades que viven los jóvenes desde su cotidianeidad, para desde ahí entenderlos y buscar cambios en los distintos niveles estructural, social, personal etc. La psicología se ha empeñado en interpretar a la violencia como la expresión de una agresión. Es, según K. Lorenz, el resultado personal de la manifestación de una frustración; y de acuerdo con J. Dollard, el resultado de una socialización.

Esta situación se ha intentado resolver por parte del Estado a través de procesos de criminalización de las expresiones juveniles (Marcial 2012), pero ello, lejos de frenar la violencia, genera mayor polarización, exclusión y motivos para retroalimentarla aún más. Consideramos que se requiere los contrario, comprender antes de juzgar: continuar y profundizar los estudios científicos y objetivos de los mundos juveniles; abordar sus formas de organización y expresión, actitudes y valores, expectativas y temores, creencias y potencialidades. Solo así estaremos en condiciones de “ponerle” nombre a esa diversidad y estar conscientes de las implicaciones de ella en una sociedad como la nuestra. Solo así estaremos en condiciones adecuadas para construir entre todos procesos reales de resiliencia ante las expresiones diversas de violencias sociales que están afectando, entre otros grupos poblacionales, a los y las jóvenes de Guadalajara. (Marcial 2012) La situación adversa que tienen los jóvenes y otros grupos sociales en nuestro país nos permite reconocer que el malestar (físico y emocional) de cada uno de ellos es único e irrepetible, que necesita ser entendido y atendido. Las frases estereotipadas acerca de los jóvenes, haciéndolos ver como irresponsables, despreocupados, indisciplinados, problemáticos e incomprensibles sólo agravan la ignorancia y la desatención al problema (Prieto 2012); es por ello que parece complejo conocer al otro y preguntarse hasta dónde la colectividad y las decisiones sociales y económicas han engendrado una brutal violencia contra los jóvenes, violencia de la que parecen deslindarse los discursos del poder, de la competitividad, del libre mercado y de la defensa a ultranza de la globalización. En este contexto económico y social resulta central entender cuáles son los malestares emocionales que los jóvenes experimentan y las manifestaciones que se derivan de tales emociones. Es necesario mirar su problemática desde las dimensiones social, personal, relacional etc. Así como los impactos que ejercen sobre de ellos todas las vulnerabilidades en que viven. Bibliografía Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. Preventing deadly conflict: final report. Nueva York, Carnegie Corporation, 1997 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2008). Violencia entre jóvenes, desde jóvenes, contra jóvenes. En Iberoamérica: un modelo para armar. CEPAL. Santiago de Chile. Censo de Población y Vivienda (2010). Instituto Nacional de Geografía y Estadística. México.

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