La responsabilidad de Europa Willy Meyer Pleite

Vivimos tiempos de inseguridad jurídica para la ciudadanía e impunidad legislativa para el poder. El derecho internacional, en estos momentos, es una referencia inexistente en el discurso público. La infracción permanente de las normas internacionales de convivencia pacífica entre Estados hace que el derecho internacional carezca de eficacia y, por consiguiente, se vacíe de contenido.

La reciente contra-reforma de la justicia universal perpetrada por el Gobierno de España es un síntoma de la devaluación democrática de los poderes públicos y ejemplo de la deslealtad institucional del Partido Popular. La vulneración de los tratados internacionales suscritos por el Estado español, consecuencia inevitable de esta contra-reforma, sitúa a la actual Administración en la alegalidad internacional. Una ideologización sistemática de las instituciones judiciales, así como la transformación de las instancias judiciales en aparatos de control político, cuestionan la legitimidad del poder legislativo y promueven la desconfianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. La unilateralidad de las decisiones gubernamentales del Estado español convierte la política exterior del actual Gobierno en una acumulación de errores diplomáticos con consecuencias impredecibles a corto y medio plazo. Pero el problema de la responsabilidad política en materia de derecho internacional es más amplio y excede el marco de los Estados nación. Es una responsabilidad, también, europea. La dinámica de imposición arbitraria de determinadas medidas irregulares, por la vía de la presión económica y militar, es frecuente en la política internacional de ciertos países. Su expresión más destacada es, sin duda, Estados Unidos de américa (EE.UU), país que continua actuando de forma éticamente controvertida, e incluso de forma objetivamente contraria al derecho internacional, en numerosos lugares del planeta. Las y los ciudadanos de todo el mundo observan con incredulidad, incertidumbre y desconfianza la posibilidad de una intervención militar de EE.UU en Siria, en Ucrania, o en cualquier otra región del planeta, en función de intereses económicos o geo-estratégicos ocultos e inconfesables. Ante esta situación, la ciudadanía europea siente como las instituciones de la Unión Europea (UE) dudan o incluso enmudecen frente a los acontecimientos. Se acumulan los golpes de Estado, el más reciente en Egipto, ante los que la UE permanece indiferente o murmura excusas diplomáticas insostenibles. La política exterior de la UE parece incapaz de afrontar los retos internacionales que conlleva la responsabilidad de representar al significativo conjunto de Estados que la conforman. Desde la izquierda europea entendemos que, en un “mundo multipolar”, la UE debería liderar, decidida y coordinadamente, la defensa de la legalidad internacional desde su posición como sujeto internacional clave en el escenario de la globalización. Para quienes, desde la izquierda social y política, defendemos una legalidad internacional que se fundamente en el diálogo político y la legitimidad democrática, la UE debe transformarse en un actor que trabaje, desde la cooperación internacional y el respeto de la soberanía nacional, con los gobiernos democráticos para garantizar los derechos fundamentales, los Derechos Humanos, en cualquier lugar del mundo. La UE debe ser responsable y coherente con los principios generales de su esencia democrática fundacional.

En este sentido, desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), hemos defendido numerosas iniciativas dentro de las diferentes instituciones de la UE. Recientemente, en la Comisión interparlamentaria que se celebró en Vilnius (Lituania), donde participaron diputados y diputadas del Congreso y miembros del Senado de los 28 Estados miembros, más una representación del Parlamento Europeo y la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la señora Catherine Ashton, y con la presencia del Secretario General de la Alianza Atlántica, Anders Fogh Rasmussen, manifestamos nuestra decidida oposición y rotunda condena de cualquier tipo de intervención militar en Siria sin mandato expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas(ONU). Hacemos extensible esta posición de rechazo a cualquier intervención en un escenario de conflicto sin el consentimiento expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El punto 1

de partida, por tanto, para cualquier intervención militar en situaciones de emergencia humanitaria, debe ser, a nuestro juicio, la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Carta de las Naciones Unidas, y la propia función de la ONU, ha sido cuestionada ya en dos ocasiones por la intromisión militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Primero en 1999, con la intervención en Yugoslavia bajo el nombre clave de Operación Fuerza Aliada, cuando se bombardeó por parte de la OTAN -y sin el mandato del Consejo de Seguridad-, supuestos objetivos militares, entre ellos, “por error”, la embajada de la República Popular China; segundo, en 2003, en la invasión de Irak, sobre la base de mentiras y contra la voluntad de numerosos países, entre otros, Rusia, Francia, Alemania o China. En el caso de una tercera operación militar al margen de la ONU podríamos encontrarnos con la desacreditación pública y definitiva de esta organización. Es de suponer que, de ocurrir algo similar a lo descrito, ya nadie atendería a unas reglas del juego internacional que interesaba mantener, después de la experiencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como una forma racional de coexistencia pacífica recogida como proyecto en la propia redacción de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, en el caso sirio y, potencialmente ucraniano, estamos ante un hecho delicado y de una gravedad, política y humanitaria, difícil de cuantificar. Hay que responder, como respondemos nosotros y nosotras, la izquierda social y política, con la movilización ciudadana. Tenemos que fortalecer las movilizaciones unitarias que reclaman justicia, paz y legalidad internacional. En el conjunto de los países de Europa se han producido ya concentraciones ciudadanas rodeando las embajadas de los EE.UU. Nunca la sombra de una intervención militar de la OTAN ha tenido una reacción contraria más potente. Incluso el estado Vaticano, con el nuevo Papa a la cabeza, ésta desplegando acciones diplomáticas sin precedentes contra la política bélica de intervención en Siria. Siria es un ejemplo paradigmático de la imposibilidad de la resolución militar y unilateral de los conflictos, pero no el único. Es una obligación política, moral y de civilización que nosotros y nosotras, la izquierda europea, convirtamos el “no a la guerra”, la negación de cualquier tipo de acción militar ilegal, en una prioridad en la agenda política europea. Si hay algún pueblo en el mundo especialmente interesado en que se cumpla la Carta de las Naciones Unidas es el europeo. Nuestra propia historia, como europeos y europeas, nos recuerda, porque aquí, en Europa, es donde se desarrollaron las operaciones militares de los dos conflictos más sanguinarios y dramáticos del siglo XX, las consecuencias irreversibles de la guerra. Por nuestra experiencia y memoria, la ciudadanía europea tiene la legitimidad histórica para alzar la voz exigiendo que se cumpla la Carta de las Naciones Unidas y que nadie use la fuerza sin el mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU. El grito de los y las ciudadanas de Europa contra la guerra debe oírse en todo el mundo. El rechazo europeo a la guerra debe recordar al resto de países las secuelas imborrables que aun hoy, en el año del centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial y casi setenta años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sufrimos como continente. ***

La segunda idea fuerza que, lógicamente, guía la política de la izquierda europea en esta materia es que, las armas de destrucción masiva; nucleares, bacteriológicas y químicas han de prohibirse, primero, y destruirse después. No existen armas buenas o malas en función de quien las posea. Todas las armas de destrucción masiva, las tenga Rusia, EE.UU, China, Francia o Reino Unido, todas, son una amenaza real para la humanidad y, por tanto, nosotros, históricamente, en todos nuestros programas políticos, desde la fundación de Izquierda Unida, hemos planteado la necesidad de encaminarnos a una convención internacional que prohíba categóricamente la posesión de armas nucleares, bacteriológicas y químicas. Es el momento preciso, dado el escenario actual, de lanzar esta idea con mucha fuerza en todos los foros, en todas las instituciones y en todas las calles de Europa. Debemos trabajar social y políticamente para conquistar un horizonte de posibilidad donde las armas de destrucción masiva dejen de resultar una amenaza para la supervivencia del conjunto de la humanidad. Es cierto que desde las instituciones internacionales se ha avanzado, aunque tímida e insuficientemente, en esta dirección. En la Convención sobre Armas Químicas de París, auspiciada por la ONU en 1993, se consiguió elaborar un tratado para prohibir expresamente el uso y la fabricación de armas químicas. Firmaron el convenio 188 países de los 195 reconocidos por la ONU y prácticamente todos han ratificado el Convenio. Dos excepciones son actualmente preocupantes por igual: Siria e Israel. El arsenal químico de Israel y Siria genera incertidumbre e inseguridad en los países de su entorno, una zona, ya de por sí, altamente inestable, que no puede permitirse motivos reales para la desconfianza mutua. Tampoco Egipto ha firmado el Tratado lo cual, dada la convulsa situación por la que atraviesa el país, añade elementos de riesgo al mapa. 2

La fecha límite que el Tratado establecía para la destrucción del arsenal químico era el año 2012. Ha pasado el 2012 y EEUU solamente ha destruido, aproximadamente, el 40% del total de sus armas químicas. Una curiosa paradoja, ya que EEUU pretende presentarse ante la opinión pública internacional como el paladín de la lucha contra las armas de destrucción masiva. No resulta, sin embargo, del todo sorprendente. Si hacemos memoria, recordaremos fácilmente que EEUU es el único país del mundo que ha lanzado dos bombas nucleares sobre ciudades habitadas y ante un enemigo, Japón, militarmente vencido. EEUU es el único, no hay otra experiencia en el mundo, país que ha usado la fuerza devastadora de las armas nucleares contra la población civil. ¿Ésta biografía no debería deslegitimarle internacionalmente como interlocutor en asuntos de paz y desarme?

El “caso de EEUU” y sus acciones militares ilegales o contrarias a la Convención de Ginebra daría para un análisis más detallado que excede los límites de este texto. Solo recordemos, rápidamente, un par de ejemplos. En la “guerra de Vietnam” EEUU lanzó setenta y seis millones de litros de “agente naranja” sobre éste pequeño país causando casi medio millón de muertos y más de medio millón de malformaciones en los niños nacidos posteriormente. Pero no es necesario remontarse tanto en el tiempo para encontrar flagrantes violaciones de los tratados internacionales. En 2004 EEUU, en la operación militar de asedio y asalto a la ciudad de Faluya, en Irak, utilizó “fosforo blanco” arrasando la población por completo e impidiendo, incluso, la huida de la ciudad a sus habitantes. Éste uso de armas químicas por parte de EEUU es un hecho denunciado y verificado que cuestiona el interés real y el compromiso internacional de EEUU en la eliminación de las armas de destrucción masiva y, por extensión, las motivaciones objetivas que impulsaron la invasión de Irak. Sobre esta cuestión es interesante recordar la intervención, en febrero de 2003, del entonces Secretario de Estado de EEUU ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Colin Powell realizó una exposición de motivos para la intervención militar apoyándose en unas pizarras en las cuales presentaba supuestas pruebas de que Saddam Husein tenía armas de destrucción masiva, químicas y bacteriológicas, que suponían una amenaza real para la seguridad mundial. La representación teatral del Secretario de Estado norteamericano, enseñando supuestas fotografías realizadas por satélite, transcripciones de conversaciones interceptadas entre agentes secretos, militares y “traficantes de armas africanos”, habían sido manipuladas, no correspondían con la realidad o eran completamente falsas. EEUU fábrico pruebas falsas para justificar la invasión de Irak y las presento en la ONU como evidencias incontestables.

Ahora nos enfrentamos con una situación similar en el caso de Siria. EEUU y el Secretario General de la OTAN insisten en que el régimen sirio puede poseer armas de destrucción masiva, esencialmente armas químicas ilegales. Por el contrario, según una investigación periodística de la cadena británica BBC, es posible que Arabia Saudita pudiera haber proporcionado armamento químico a los denominados “rebeldes” sirios. La hipótesis, que cobra fuerza por los hechos, de la conexión del príncipe Bandar bin Sultan, que es el jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, en el suministro de armas ilegales a los “rebeldes”, no se investiga por la especial relación que ciertos países mantienen con Arabia Saudita como “país aliado”. Arabia Saudita, ejemplo de democracia para EEUU y Francia, es una monarquía particularmente opaca donde la dinastía Saud gobierna el país, al margen de las urnas y de cualquier tipología homologable de proceso democrático, desde su fundación como Estado en 1932. Un país que sostiene un sistema patriarcal extremo de dominación legal sobre las mujeres y homofobia institucional, financiación de grupos yihadistas armados, que actuaron en Libia y actúan actualmente en Siria, un sistema sin garantías judiciales y cuyo respeto por los derechos humanos es cuestionable en todos los aspectos. Sin embargo, la investigación está paralizada. Nosotros y nosotras, la izquierda europea, reclamamos una investigación internacional imparcial que determine efectivamente quién está suministrando, y a quién, armas químicas. Pretendemos que la justicia internacional actúe y ponga a disposición judicial a los responsables de suministrar armas ilegales. No sentimos ninguna simpatía por el régimen de Al Assad, pero dudamos que, dentro de los esquemas estratégicos del mismo, mientras se está imponiendo militarmente a la rebelión, recurra a la utilización de armas químicas que posibilitarían una excusa a EEUU para exigir la intervención militar internacional. Por tanto, parece poco probable que el uso de armas químicas en Siria provenga del ejército regular sirio y nos inclinamos a pensar que hay agentes extranjeros actuando ilegalmente en territorio sirio.

Ante ésta situación de emergencia humanitaria en Siria la UE naufraga, una vez más, y demuestra la impotencia de la reacción política europea. La UE queda fuera del escenario global y se retira a la tranquilidad de sus fronteras aparentemente seguras. La UE, una vez más, decepciona a las y los luchadores europeos por la paz. La UE, de nuevo, siembra euroescepticismo en el concierto internacional de naciones. En el espacio político europeo con el que nosotros soñamos y por el cual trabajamos, si se diera el hipotético caso de que tuviéramos la fuerza suficiente para gobernar la UE, en estos momentos, 3

la voz principal contra la guerra y a favor de la Carta de las Naciones Unidas, sería la UE. Y aquel Estado miembro que rompiera el principio de la Carta de Naciones Unidas sería automáticamente expulsado o no podría formar parte de la UE. Pero lo que hemos vivido los diputados y diputadas de la izquierda europea que hemos asistido a esta Conferencia Interparlamentaria en Vilnius es todo lo contrario. Es cierto que la Alta Representante en su intervención reconoció, diplomáticamente, que la UE en estos “asuntos” no tiene una política común -lo cual es evidente, viendo como Francia se ofrece decididamente a una acción militar conjunta con Turquía. La gravedad de esta afirmación es subrayable. Si la UE no tiene una posición común a nivel internacional ante situaciones de éste tipo, ante los desafíos internacionales a la paz, la legalidad y la estabilidad, es muy difícil participar en el escenario mundial actual de forma coordinada e imposible actuar de forma conjunta.

Nuestra falta de credibilidad como UE en materia de política exterior y seguridad resulta evidente. El Secretario General de la OTAN, Rasmussen, lo sabe y lo hizo notar al intervenir en la Conferencia Interparlamentaria afirmando que, él ya tenía claro que la autoría del uso de las armas químicas en Siria era obra del gobierno de Al Assad y, por tanto, había que dar una respuesta enérgica -y tutorizada por la OTAN a través de su socio turco. Esta posibilidad abre la puerta a la participación de Francia y complica de forma sustancial la posición de la UE. ¿Una vez más la OTAN actuará al margen de la UE y al margen de la ONU? Todo parece indicar que así será. ***

Lo peor que se puede hacer desde la izquierda que nosotros representamos es ser ingenuos. La responsabilidad y las causas de la actual situación es el consenso que se fraguó en los años noventa entre la socialdemocracia y la derecha europea para promocionar la ideología neoliberal disfrazada de modernización de los paradigmas políticos europeos clásicos. Se publicito una imagen de Europa donde coexistían, sin contradicción aparente, la creación de empleo, la cohesión social y territorial y el “modelo social europeo” con la desregularización del mercado y la economía. Así lo reflejo el tratado de Maastricht y así lo han ido verificando las múltiples reformas de la arquitectura de la UE. Este es el núcleo político central que hay que combatir. El consenso en políticas neoliberales entre el Partido Socialista Europeo y el Parido Popular Europeo que condenan a la supresión paulatina del Estado social y a la subalternidad política internacional de la UE a los mandatos de constructos ajenos a la voluntad democrática de los y las ciudadanas europeas.

La izquierda política, social y sindical europea está explorando esa vía de combate. Por primera vez en su historia, y hay que celebrarlo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) se ha opuesto al último tratado de estabilidad presentado por las instituciones económicas de la UE. Un paso importante que marca un nuevo rumbo del sindicalismo mayoritario en Europa. Una nueva etapa se abre, un cambio de ciclo político se visualiza ya en toda Europa. Las políticas neoliberales y neoimperialistas que ha representado el consenso entre socialdemócratas y conservadores están agotadas y no son referentes electorales válidos para cada vez un número mayor de ciudadanos y ciudadanas europeas. La ciudadanía europea observa las instituciones de la UE con una desconfianza creciente, producto de la irresponsabilidad política de sus representantes. El consenso entre conservadores y socialdemócratas en torno a la política de la UE se resiente, las marcas electorales de ambos se desgastan y asistimos a procesos de implosión, como en Grecia, o de fusión, como en Alemania. Las referencias políticas, dentro de Europa, están cambiando.

La traducción de lo anterior en el marco de los Estados nación de la UE es fundamental realizarla con precaución y adaptándola a cada contexto particular. La política común que defendemos para la UE se construirá en función de la correlación de fuerzas de los diferentes parlamentos y cámaras nacionales y su proyección europea. La batalla política, por tanto, se libra, primero en el territorio de cada Estado miembro. Es una confrontación entre dos modelos antagónicos de entender la gobernanza democrática, local y global, estatal y europea. Para los partidos del “consenso de Maastricht”, se trata de minimizar los efectos electorales de la actual crisis de gobernanza. Para nosotros y nosotras, de agudizar las contradicciones en las que incurren estos partidos al defender una gestión que está enviando a Europa hacia el colapso institucional y la quiebra de la propia UE. Para esta larga travesía, desde cada municipio hasta el Parlamento europeo, es fundamental tener una organización potente, de masas, con influencia y capacidad de movilización social. Una organización preparada para vertebrar un bloque social y político alternativo. Una organización que sostenga una movilización social y electoral, política e institucional, de oposición a las políticas de la TROIKA. Una 4

organización inclusiva, propositiva y dinámica. Una organización adaptativa que reaccione y proponga. Una organización fuerte y cohesionada en la diversidad.

En estos tiempos donde los poderes públicos se malversan y son utilizados contra la ciudadanía que los sostiene. En estos tiempos de guerra total, de violación de los derechos fundamentales, de destrucción de los principios democráticos, tenemos que consolidar nuestras posiciones, que fortalecer nuestra propuesta política con la incorporación y participación de la gente. Debemos confiar en el poder de la gente. En el poder de la gente para, como decía Karl Marx, cambiar la historia. Tenemos que transformar ésta crisis de civilización en ruptura. En ruptura con la inercia de un sistema que se demuestra cruel, sanguinario e ineficaz. Hay que romper definitivamente con la inercia institucional y recuperar el control ciudadano sobre la UE. Hay que rescatar a la democracia para construir un futuro seguro, justo y en paz.

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Este texto forma parte del libro Cambiar Europa. Confluencias políticas y sociales en una Europa en Crisis. Editado por Fundación Europa de los ciudadanos, Ediciones Malabá y Atrapasueños. Primera edición 2014 ISBN-13: 978-84-15674-43-6 Esta obra se halla bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.