El poder de innovar de las cooperativas Textos escogidos de la convocatoria internacional de artículos científicos

LAS COOPERATIVAS EN LA NUEVA DIMENSIÓN SOCIAL DEL ALBA-TCP: ALTERNATIVAS HACIA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Eugenia Candelaria PARDO1 y Carmen Rosa SCHAPOSNIK2

Resumen La apertura hacia los agronegocios y la trama de la actual crisis alimentaria desafían a los países del Sur y a los que intervienen en procesos de integración a implementar políticas públicas a medida de sus pueblos. En ese contexto, las cooperativas tienen oportunidades de rescatar aquellos valores y principios originarios del sector como movimiento social y económico, participando en la coconstrucción de esas políticas desde iniciativas como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Atento a ello, la ponencia describe la complejidad de la crisis, su alcance y sus relaciones, la nueva dimensión social abierta en el ALBA-TCP y las alternativas que afrontan las cooperativas, tomando por caso la situación en Bolivia. En definitiva, se buscará responder qué soluciones innovadoras puede ofrecer la integración regional ante los desafíos que se presentan en el Sur y cuáles puede aportar el cooperativismo en pos de la seguridad alimentaria. Abstract Openness to agribusiness and the unfolding of the current food crisis challenge the South and those involved in integration processes to implement tailor-made policies for their people. In this context, cooperatives have the opportunity to rescue those values and principles originating in the social and economic movement aspect of the sector, participating in the co-construction of policies through initiatives such as the Bolivarian Alternative for the Peoples of Our America (ALBA -TCP). Mindful of this, the paper describes the complexity of the crisis, its scope and relationships, the new social dimension opened by the ALBA-TCP and the alternatives facing cooperatives, using the situation in Bolivia as an example. Finally, we seek to present the innovative solutions regional integration can offer to the challenges that present themselves to the South and what cooperatism can offer in the pursuit of food security. Résumé L'ouverture vers le secteur de l’agro-entreprise et la trame de l'actuelle crise alimentaire représentent un défi pour les pays du Sud et pour ceux qui interviennent dans les processus d'intégration visant à mettre en œuvre des politiques adaptées aux besoins de la population. Dans ce contexte, les coopératives ont l'occasion de récupérer les valeurs et les principes qui sont à l’origine du secteur en tant que mouvement social et économique, en participant à l’élaboration de ces politiques avec des initiatives telles que l'Alternative bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA-TCP). Dans cette perspective, cet article décrit la complexité de la crise, sa portée et ses relations, la nouvelle dimension sociale ouverte par l'ALBA-TCP et les alternatives auxquelles sont confrontées les coopératives, en prenant la situation de la Bolivie comme cas de figure. Nous chercherons finalement à identifier quelles solutions innovantes l'intégration régionale peut offrir face aux défis vécus dans le Sud, et quelles solutions les coopératives peuvent apporter dans la recherche de la sécurité alimentaire.

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Presentación Desde fines del siglo XX se observa en el mundo una apertura a los agronegocios, con expansión de la frontera de producción a favor del capital trasnacional. Giarracca y Teubal (2006) lo denominan “hegemonía de la agroindustria”, es decir, empresas trasnacionales agroalimentarias en el ámbito rural y agropecuario impulsoras de un paradigma basado en el modelo agrario estadounidense que se contrapone al de agricultura familiar. Sus objetivos se centran en la acumulación de capital sin pretender cambiar el sistema vigente ni sus relaciones de producción y consumo; tampoco aspiran a reducir las desigualdades, el hambre o los efectos del cambio climático. Aun así, paradójicamente se presentan como una garantía de “seguridad alimentaria”3. Paralelamente, las cooperativas proponen otra forma de organización y son un poderoso instrumento para ayudar a que productores y familias rurales alcancen sus objetivos (FAO, 2012). En cantidad superan las 120 mil en América Latina y se desarrollan en diferentes sectores: ahorro y crédito, vivienda, agropecuario, pesquero -entre otros-. Además, constituyen no sólo una herramienta para mitigar los efectos de la crisis global en sus diversas facetas, sino también una alternativa que doctrinariamente promueve precios justos y calidad en la cadena de valor, se interesan por el medio ambiente y el arraigo al lugar. Desde ese ángulo, están en condiciones de rescatar el acceso a los alimentos expoliado por el modelo agroalimentario de capital trasnacional, de convertirse en solución a la pobreza y a la seguridad alimentaria. De tal modo actúan cooperativas de pequeños agricultores que en distintos países revalorizan la diversidad de cultivos locales y defienden el uso de semillas propias, participando incluso del resguardo de las mismas. Sin embargo, ven dificultada su inserción en un mercado globalizado que les deja escaso margen de maniobra. Por ello, resulta oportuno preguntarse cómo las políticas públicas pueden fomentar este sector, en consonancia con recomendaciones de la OIT y la ONU (Schaposnik, 2006; Schaposnik y Pardo, 2009, 2011a y b; Pardo, 2012); y cómo se implementan en el marco de procesos de integración de América Latina y el Caribe. Preocupa también, que el cooperativismo agrario actual se haya ido alejando de las ideas emancipadoras y transformadoras del cooperativismo agrario original. No obstante, los principios inspiradores de ese movimiento podrían encaminarlas hacia la agroecología y la soberanía alimentaria, aportando a la sostenibilidad social en el medio rural mediante procesos participativos (Beltrán, 2013), lo cual implica para las cooperativas una adaptación a los retos del siglo XXI sin perder la identidad. De manera que, partiendo de estas consideraciones, en los siguientes apartados se describe primero, la crisis alimentaria en el contexto regional e internacional. Luego, se analiza de qué forma están contempladas las cooperativas en los procesos de integración, en especial en la nueva dimensión social que plantea la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -ALBA-TCP-, analizando la cuestión en Bolivia: uno de sus países asociados. En definitiva, se buscará responder, qué soluciones innovadoras puede ofrecer la integración regional ante los desafíos que se presentan en el Sur y cuáles puede aportar el cooperativismo en pos de la seguridad alimentaria. Para ello, se tendrán en cuenta: documentos oficiales de Cumbres presidenciales, Convenios Constitutivos, voces del campo académico y social, así como resultados de investigaciones finalizadas y en marcha en la Universidad Nacional de La Plata4.

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Contexto regional e internacional de la crisis alimentaria Las múltiples e interconectadas facetas de la actual crisis del sistema capitalista conforman aquello denominado por Toussaint (2010) como “crisis global”, donde el modo de acumulación genera valorizaciones especulativas de activos sin crear nueva riqueza. Como eslabón inseparable de la misma, sobrevino en mayo de 2008 una crisis alimentaria mundial -con un 70 % de países con déficit alimentario- generadora del aumento de precios de los alimentos y de las materias primas. Se gestó así, un clima de inseguridad en el abastecimiento de alimentos, producto de la financiarización y la restricción de exportaciones (Rubio, 2011). Indudablemente, esta crisis es producto de mercados especulativos y políticas de liberalización impulsadas por organismos multilaterales en aras de más producción, más fertilizantes y más rentabilidad, haciendo peligrar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM-, tal el de “Erradicación de la pobreza y el hambre”. De manera que los alimentos pasaron a ser objeto de tratados de libre comercio -TLC-, y con ello, toda la cadena agroalimentaria -equipamiento agrícola, financiación, producción, distribución- se vio afectada. Como solución a esta problemática, el Banco Mundial entiende que la agricultura campesina debe transformarse radicalmente incorporando tecnología para aumentar la productividad, adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y disminuir su huella ecológica, para llegar a ser “climáticamente inteligente” (Vogliano, 2012). En este contexto, los transgénicos y más específicamente los “climate ready” se anuncian como una panacea a los cambios climáticos y al “hambre” en los países del Sur; aunque a la vez, como un remedio a la crisis de deuda. En efecto, alentados por el aumento ficticio de los precios internacionales vinculado al traslado del negocio especulativo luego de la crisis de las subprimes de Estados Unidos en 2007, estos cultivos se orientaron a la exportación en función de generar divisas para el pago de los servicios. La cuestión se agrava porque grandes empresas agroindustriales trasnacionales dominan el mercado mundial y patentan plantas, animales y semillas que históricamente fueron utilizadas por los productores locales, poniendo en riesgo su propia existencia, así como la de campesinos y trabajadores rurales (Teubal y Rodríguez, 2005). En relación a ello, Robín (2009) señalaba que trasnacionales como Monsanto buscan el control de la cadena alimentaria imponiendo a los transgénicos para esa meta. De hecho, distingue una primera etapa en la que se pone énfasis en las plantas de alto rendimiento, con utilización de pesticidas y aumento de la contaminación ambiental; de una segunda, aún vigente, donde la prioridad son las patentes de los alimentos. En su opinión, “esto no tiene nada que ver con la idea de alimentar al mundo, como se publicitó en su momento. El único fin es aumentar las ganancias de las grandes corporaciones”. Curiosamente, el uso de la tecnología como solución a los problemas ambientales en la llamada “economía verde” goza de aceptación en el mundo académico, a pesar de los escasos debates sobre los riesgos -de salud, ambientales, o económicos- de las tecnologías involucradas a partir de su uso indiscriminado. Por otro lado, las empresas transnacionales se afianzan cada vez más como “instrumentos y tiranos” de los gobiernos que les allanan el camino (Zacune, 2012). En este escenario preocupante, la co-construcción de políticas públicas requiere un Estado que favorezca formas de gobernabilidad promotoras de una mayor participación social (Vaillancourt, 2011) y un diseño institucional acorde. Tal como señala Prats (2003: 245), de él depende, en parte, la

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captura de políticas por los grupos de interés, porque afecta el carácter de las mismas “que, a su vez, también establecen reglas o marcos institucionales bajo los que tendrá lugar la toma de decisiones colectivas”. En el caso de la co-construcción de políticas en los procesos de integración regional, las cooperativas deben contar con espacios de participación institucional. Ello se justifica, entre otras cosas, porque mediante economías de escala y menores costos de transacción, hacen posible que las familias pobres accedan a productos y servicios de calidad (FAO, 2012), incluso pueden ofrecer una solución al resguardo y comercialización de semillas originarias o criollas. Así por ejemplo, distintas organizaciones integrantes del movimiento social Vía Campesina han formado cooperativas, como el caso de Oeste Bio del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil con el objetivo de producir semillas campesinas -no transgénicas- a escala, reuniendo a pequeños productores de 5 a 25 / 50 has.

El ALBA-TCP: nueva dimensión social Todo ello, coexiste con el ALBA-TCP, una iniciativa de integración regional “alternativa” al modelo de integración neoliberal que alentaba la copia del modelo de desarrollo capitalista avanzado, sin tener en cuenta las diferencias históricas o estructurales entre los países. A su vez, expresión de un proceso de reconfiguración de relaciones regionales e internacionales, caracterizado por la emergencia de nuevos polos geoeconómicos de influencia y el declive de poder de EEUU (Girvan, citado en Benzi, 2010). Lo integran nueve países de América Latina y el Caribe: Venezuela y Cuba -fundadores-, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía. En tanto espacio regional, está habitado por más de 75 millones de habitantes en una superficie de más de 2,5 millones de km² y registra un PBI que supera los 3 millones de U$S. Posee, también, las mayores reservas de petróleo y de litio, grandes depósitos de minerales y de gas natural; además de vastas extensiones de tierra cultivable y biodiversidad. Su origen puede situarse en el proyecto político del “Socialismo del Siglo XXI” presentado por el presidente de Venezuela -Hugo Chávez Frías- en febrero de 1999; aunque formalmente, se inicia en diciembre de 2004, cuando los presidentes de Venezuela y de Cuba suscriben en la Habana una Declaración Conjunta en la Iª Cumbre Presidencial. Luego, en 2006 se anexó el Tratado de Comercio de los Pueblos -TCP-5 -basado en la complementariedad, la solidaridad y la cooperación en el comercio- y en 2009 se reemplaza el nombre “Alternativa” por el de “Alianza”. Respecto a la estrategia adoptada, se ha articulado en cuatro grandes ejes: el energético -base del proyecto, con acuerdos como PETROCARIBE6-; el social -a través de acciones emprendidas inicialmente por Cuba y Venezuela en sus respectivos países y replicadas luego, en los otros del bloque y hacia terceros-; el económico -donde se destacan el TCP, los convenios de intercambio compensado, los Proyectos y Empresas Grannacionales (PGN y EGN); y el financiero -con el Banco del ALBA y el SUCRE-. Estos ejes se instrumentan con una estructura institucional que comenzó a delinearse en la Vª Cumbre celebrada en 2007 y se ha ido completando con la creación de Consejos, Comisiones, Comités y Grupos de trabajo. Sucesivamente, con la incorporación paulatina de nuevos miembros, fueron ratificando los objetivos y principios guías (Schaposnik y Pardo, 2013). Dando muestras de su carácter innovador, se creó un Consejo de Movimientos Sociales, cuyo origen se remonta a la Vª Cumbre realizada en Tintorero en 2007, como un mecanismo articulador “que facilita la integración y participación social directa” (Documento de la VIIª Cumbre ALBA-TCP). Se

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destaca que, estos movimientos se han manifestado en defensa de “nuestros cultivos” y de la “Madre Tierra”, para garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos7. Incluso, en la XI Cumbre celebrada en febrero 2012, asumieron el compromiso de impulsar -en el ámbito productivo- modelos de propiedad social de los medios de producción, desde la base de la economía social, solidaria, comunitaria y comunal para el desarrollo de experiencias socioproductivas; asimismo, propusieron en su plan de acción -en coordinación con los gobiernos del ALBA-TCP- la creación de un Banco de Semillas del ALBA. En cuanto a mecanismos en materia alimentaria impulsados -en respuesta a la crisis desatada en julio de 2008-, surgió la iniciativa Fondo ALBA-Alimentos, conformada por países del ALBA-TCP y de PETROCARIBE en los cuales se desarrollaron y financiaron proyectos de producción, desarrollo genético, infraestructura y riego -entre otros-. En ese sentido se interpretan los fondos para proyectos agroindustriales canalizados en Nicaragua a través del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), o los que se han destinado en Cuba para el financiamiento de la producción de leche en polvo mediante cooperativas de campesinos y productores individuales. También, el Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria, firmado en 2009 entre PETROCARIBE y el ALBA-TCP, constituyéndose la base jurídica de la Empresa Grannacional ALBA Alimentos a partir de fondos previstos por el Banco del ALBA8. De manera que, a partir de una institucionalidad simple -que incorpora a los movimientos sociales como contrapeso de supervisión a la intergubernamentalidad y al eventual apartamiento de los objetivos trazados-, los instrumentos y mecanismos estructuran el proceso de manera flexible, coordinada y ensamblada respondiendo a un compromiso ético-político con los problemas funestos a los que estaban confinados países como los del ALBA-TCP; abriéndose así un camino de múltiples oportunidades para las cooperativas (Schaposnik y Pardo, 2013). La participación de las cooperativas Aunque el análisis se circunscriba a las cooperativas, en los últimos años han surgido nuevos actores bancos éticos, organizaciones de comercio justo, empresas autogestionarias, redes de productores orgánicos o productores artesanales, etc.- que sumados a los de mayor tradición -cooperativas, mutuales, asociaciones- caracterizan un sector específico de la economía. Esto ha llevado a la coexistencia de aquello que el continente europeo denomina “economía social”, con el de “economía solidaria”, que en América Latina pone énfasis en los lazos de solidaridad como estrategias de sobrevivencia y lleva adelante prácticas alternativas a las hegemónicas (Guerra, 2012). A diferencia de los movimientos sociales, las cooperativas no participan en la estructura institucional del ALBA-TCP, tampoco otras organizaciones de la economía social y solidaria. No obstante, en Cumbres Presidenciales se las consideró esenciales para fortalecer, entre otras, la cuestión de la seguridad alimentaria. Asimismo, al firmarse el Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico (ECOALBA-TCP) se resalta que “la distribución equitativa de las riquezas y el fomento de formas de propiedad populares, cooperativas y sociales de los medios de producción constituyen poderosas herramientas para asegurar la justicia social y el progreso de nuestras sociedades y sistemas económicos”, estableciendo la voluntad de “impulsar la participación de las unidades productivas comunales, indígenas originarias, campesinas, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, de propiedad social, estatal y privada, y demás tipos de emprendimientos, en dicho proceso” (XIª Cumbre Ordinaria, 2012).

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Por cierto, se constató un entramado de oportunidades para las cooperativas ya que están contempladas en Programas y Proyectos como los financiados por el Banco del Alba; en Convenios celebrados -tal el caso del ECOALBA que las incluye dada su forma de propiedad para encadenamientos productivos-; en el SUCRE9, para el cual son parte de los nuevos actores comerciales del comercio justo, solidario y complementario; o en los mecanismos alimentarios (Schaposnik y Pardo, 2013). La cuestión cooperativa en Bolivia Sin desconocer la existencia de los otros países que integran el ALBA-TCP, se muestran a continuación resultados de una investigación que comprendió a Bolivia y Nicaragua, seleccionados por interpretar que en ellos son necesarias, en mayor medida que en los demás, acciones y programas para mejorar sus índices de desarrollo humano, pobreza y desigualdad -entre otros-. Por razones de espacio, la ponencia está centrada en el primero de ellos. Además de su actividad y presencia en todo el territorio, las cooperativas en Bolivia contribuyen al desarrollo y a la eliminación de desigualdades, toda vez que extienden sus valores y principios a la comunidad, y las distingue claramente de las empresas de capital transnacional10. Interesa destacar también, que se las incorpora en los Tratados de Comercio con los Pueblos -TCP-, junto a otros destinatarios ausentes o invisibilizados en los TLC, como las comunidades indígenas o pequeños productores. El sector más difundido es el vinculado a la actividad minera, que desde la década del ochenta se desarrolló como alternativa de autoempleo y subsistencia a partir de las políticas macroeconómicas adoptadas, como en otros países de la región, en función del Consenso de Washington (Schaposnik y Pardo, 2009). En efecto, sobre un total de 1 444 cooperativas en 2010, el 49 % realiza actividades mineras, el 18 % agropecuarias, el 10 % presta servicios, el 10 % transporte y un 7,5 % al ahorro y crédito (Mogrovejo y Vanhuynegem, 2012). Esta distribución difiere en Nicaragua, donde sobre un universo que supera las cuatro mil, el 56 % son agropecuarias. Dichos autores señalan que tienen presencia en todo el territorio del país, siendo los Departamentos de Santa Cruz -32 %-, La Paz -27,1 %- y Cochabamba -8,7 %- los de mayor concentración. En el plano social, contribuyen a la reducción de la pobreza generando tres empleos indirectos por cada empleo directo, según datos estimados difundidos por la Confederación de Cooperativas de Bolivia CONCOBOL-. Además, sobre una PEA de 4 927 369 habitantes, los directos cubrirían el 3,61 % y los indirectos el 10,83 %. Todo ello, a pesar de haber prevalecido históricamente la economía de mercado y los enclaves productivos capitalistas (Pinto Quintanilla, 2010). Ciertamente, con la asunción del Presidente Evo Morales en 2006 se produjeron cambios políticos con el ánimo de modificar ese paradigma de desarrollo boliviano (Guerra, 2012). En tal sentido, se aprobó en 2009 una nueva Constitución que elimina regímenes especiales y consagra el mandato ideológico de implementar un nuevo patrón de desarrollo basado en la filosofía del “Vivir Bien” (Delgado Burgoa, 2010). Así, dispone que “la economía plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa” (art. 306, pto.II); y que “la economía social y comunitaria complementará el interés individual con el vivir bien colectivo” (art. 306, pto III)11. Según dicha norma, el Estado “reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria”, que “comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social,

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fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos” (art. 307). También, reconoce a las cooperativas y las protege por ser formas de trabajo solidario y de cooperación, sin fines de lucro, asumiendo la promoción de las actividades de producción (art. 310); considera que “el sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados”, por lo que el Estado “fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley” (art. 55). Por su parte, en Nicaragua la Constitución establece que “deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán cumplir una función social” (art. 5). Los mencionados preceptos constitucionales innovadores generan un marco favorable para el desarrollo de las cooperativas en todos los sectores -y por ende en el agroalimentario-, que se complementa con los profundos cambios normativos en relación a los cultivos implementados por el gobierno boliviano. Uno de ellos fue la sanción de la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral referido a la agricultura y ganadería-, que estableció las bases y orientaciones del Vivir Bien12, como la necesidad de desarrollar acciones para proteger el patrimonio genético de la Agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas.

Reflexiones finales El ALBA-TCP es una iniciativa transformadora de los modelos de integración, en camino de redefinir y resignificar los procesos de cooperación e integración existentes en América Latina. Esto conlleva como premisa que, para construir colectivamente cambios estructurales, es necesario establecer categorías originales, donde la contradicción entre lo viejo, lo existente y lo nuevo es inevitable. Cualitativamente se destacan los mecanismos prácticos, inclusivos y extensivos a toda la comunidad que expresan la voluntad de reconstruir el tejido social y superar las desigualdades sociales. En este marco, no sólo las cooperativas sino también, otros actores de la economía social y solidaria como campesinos, agricultores familiares y pequeños productores, son una alternativa para mitigar los efectos de la crisis ambiental y alimentaria. A pesar de haber sido invisibilizadas durante mucho tiempo, los nuevos preceptos constitucionales favorables a la economía social y la promoción del “Vivir Bien”, auguran un futuro más promisorio para las cooperativas, como en el caso de Bolivia. Sin embargo, para que puedan participar en la co-construcción y captura de políticas tendrían que estar contempladas también en la estructura institucional del ALBA-TCP. La cuestión central -la “seguridad alimentaria”- requiere entonces un retorno a lo político que incluya un diálogo más amplio para recuperar sujetos críticos y una participación social más orgánica, que incluya a las cooperativas. Sólo así, los procesos de integración regional y sus Estados Miembros podrán disponer de mayor autonomía en el ámbito global y vencer los diagnósticos que definieron a los países del Sur y a otros continentes como “subdesarrollados” e incapaces de construir colectivamente alternativas alimentarias a medida de los pueblos.

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Notas 1

Docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

2

Docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

3

Según el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, existe seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. (En: http://www.fao.org)

4

Las investigaciones, en las que participan las autoras de la ponencia, se desarrollan en el Instituto de Integración Latinoamericana de la UNLP -Argentina-, desde el año 2006 a la fecha.

5

Denominación propuesta en oposición a los Tratados de Libre Comercio -TLC-.

6

Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE, proyectado por el Gobierno de Venezuela y suscrito por 14 países, para facilitar el acceso a los recursos energéticos mediante un intercambio favorable, equitativo y justo entre los países.

7

La Declaración de Tintorero, los Movimientos Sociales y fuerzas políticas latinoamericanas y del Caribe, en la Vª Cumbre manifestaron importante reforzar “el principio de lucha contra los transgénicos y la protección del ambiente” y propusieron la Red para la Producción e Intercambio de Alimentos Sanos, a la vez que llamaron “a profundizar la lucha que elimine el latifundio, la desigualdad social en el campo y se garantice la soberanía alimentaria de los pueblos”, para alcanzar un territorio libre de analfabetismo y transgénicos. 8

Por un lado, el Banco del Alba, en actividad desde 2009, tiene planes especiales para países menos desarrollados y líneas de financiamiento hacia programas y proyectos. Por otro, el Banco del Sur estaría en condiciones de otorgar préstamos “que ayuden a los que no tienen fácil acceso a los capitales” (Toussaint, 2008: 67), con créditos destinados a empresas públicas, pequeños productores, cooperativas y comunidades indígenas -entre otros- y no para sociedades multinacionales ni para grandes empresas privadas, en las que cada Estado miembro tenga derecho a un voto (Schaposnik y Pardo, 2009, 2011a y b; 2013, 2014).

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El Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) es un sistema de pagos basado en una moneda electrónica para operaciones comerciales. También incluye, la figura de intermediación financiera y generación de créditos para el desarrollo de la producción exportable, abriendo las posibilidades de inserción comercial a pequeños productores y empresas de la economía social.

10

Las dificultades de los organismos públicos para ofrecer estadísticas obstaculiza conocer a qué rubros se dedican, su aporte económico-social y su relevancia (Schaposnik, 2006; Pardo, 2012). Por ello, tanto la ONU como la OIT han instado a los gobiernos a mejorarlas a fin de implementar políticas públicas específicas. Recientemente, el Centro Cooperativo Sueco –CCC-, la OIT, o la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional -SOCODEV-I, lograron dimensionar el movimiento cooperativo (Mogrovejo y Vanhuynegem, 2012).

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11

Para Prada Alcoreza (2010: 187-188) es una economía plural que propone “espacios económicos diferenciales, entrelazados e integrados que se articulan y complementan, que se distinguen por sus efectuaciones, sus prácticas y sus estructuras diferentes”, en el que todas las estrategias económicas la comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa- estarán contenidas en el Plan de Desarrollo Nacional y monitoreadas por el Estado. La economía comunitaria y la economía estatal serán sus ejes primordiales, “ejes que se promocionan sin desmedro de los otros ejes económicos como el privado y el cooperativo”. 12

Ley 300, año 2012.

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Dirección de la convocatoria de artículos de la Cumbre Internacional de Cooperativas 2014 Lou Hammond Ketilson, Center for the Study of Co-operatives, University of Saskatchewan Marie-Paule Robichaud Villettaz, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité Agradecimientos Una publicación de este tamaño requiere muchos esfuerzos y la colaboración de diversas personas. Quisiéramos agradecer a los autores por su contribución y sus rápidas respuestas a nuestros pedidos. Gracias asimismo a los miembros del Comité Científico por sus consejos en el proceso de evaluación y su ayuda para identificar a expertos de contenidos a fin de evaluar los manuscritos. La ayuda de dichos expertos es muy valiosa para la producción de una obra de calidad. Nuestro especial agradecimiento a Mirta Vuotto y Heather Acton por su gran colaboración con los autores y los expertos durante el proceso de revisión. Damos las gracias también a Ursula Acton, Stephanie Guico, Luc Gobeil y Marie-Hélène Leclerc por su excelente labor en el proceso de revisión científica, corrección y edición. Extracto de : El poder de innovar de las cooperativas Textos escogidos de la convocatoria internacional de artículos científicos ISBN : 978-2-9813483-2-6 Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, 2014 Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Nationales du Canada, 2014 ©Sommet international des coopératives www.sommetinter.coop Referencia : Pardo, E.C. & Schaposnik, R.C. (2014). Las cooperativas en la nueva dimensión social del ALBA-TCP: alternativas hacia la seguridad alimentaria. En Hammond Ketilson L. y Robichaud Villettaz M.-P. (bajo la dirección de), El poder de innovar de las cooperativas: Textos escogidos de la convocatoria internacional de articulos cientificos (pp. 795-806). Lévis: Cumbre internacional de cooperativas. Publicado por :

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