LAS GENERACIONES EN LA EVOLUCION SOCIO-ECONOMICA ARGENTINA SU REPERCUSION JURIDICO-POLITICA

LAS GENERACIONES Los análisis de los historiadores tradicionales y revisionistas, resultan contestes en determinar las siguientes generaciones: la que corresponde a la fundación del país, en 1810; la de 1837; la de 1880 y la del centenario. Todas ellas tienen representantes destacados e implican identificaciones con ámbitos relativos a lo social, lo económico, lo cultural y lo político. Empero, también se advierte que, con posterioridad a 1910, se diluyó la noción generacional como elemento descriptivo y aglutinante de ciertas iniciativas económicas, políticas y sociales, hasta casi desaparecer del espectro vital argentino. Resulta llamativo que tal fenómeno se produjo a poco de ganar protagonismo un sector social hasta entonces ausente en la actividad política, como lo fue el proletariado y los pequeños empresarios y artesanos, los dueños de los oficios heredados o traídos por los inmigrantes internos o externos. Es allí cuando pierde vigencia el concepto de generación como explicativo de los fenómenos decisionales ocurridos con anterioridad para pasar a describir el nuevo proceso histórico como el resultado de la continua confrontación de fuerzas políticas, ideológicamente inspiradas en las antípodas del pensamiento, con el acento puesto en las crisis en ella originadas. En esto consiste, pues, el aspecto nodal de la tarea encarada, a saber, en la determinación de la veracidad de la noción generacional como modo de explicación de la historia política, económica, social y jurídica del país. OBJETIVO DE LA INVESTIGACION Determinar la validez de los siguientes enunciados: 1.

Lo que comúnmente se ha dado en identificar como generaciones, a lo largo de la historia del país, puede servir a los fines de explicar su evolución socio-económica.

2.

La generación, como fenómeno socio-político-cultural, no implica la exteriorización de una sola clase social sino que en ella se identifica toda la comunidad nacional de consuno.

3.

Cada generación impregnó a la organización política del país de su propia impronta, dotándola de un perfil diferente en cada oportunidad.

4.

La actividad desplegada por cada una de tales generaciones tuvo un producido jurídico-político conteste con sus designios. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION Durante los primeros años de existencia nacional, a lo largo de los cuales se advierte la presencia de

las llamadas generaciones se examinarán cada una de ellas bajo los siguientes aspectos: 1.

Primeros emergentes

2.

Contexto político-económico

3.

Base de sustentación socio-económica

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4.

Proyecto de país propuesto

5.

Instrumentos jurídicos producidos

6.

Declinación

Luego de 1916, y a mérito de una no explicitada razón, el concepto de generación desaparece de la invocación de los historiadores clásicos argentinos, lo que obliga a organizar un método de indagación y de exposición distinto al empleado para el período anterior, lo que justifica el desdoblamiento del presente trabajo en dos partes diferenciadas sin que ello deba ser entendido como un mero capricho del autor sino, antes bien, como un recurso investigativo utilizado a efectos de no extraviar el objeto de estudio propuesto.

PRIMERA PARTE: ¿LA CONVALIDACION DE LA TEORIA DE LAS GENERACIONES O LA JUSTIFICACION HISTORICA DE LA PERMANENCIA EN EL PODER?

GENERACION DE 1810 Fue la generación fundante el país. Sin dudas que sus representantes pertenecen a la etapa heroica de la historia nacional1, por lo que se les reconoce la paternidad de algunos de sus aspectos identificatorios: el “padre de la Patria”; el “padre de la bandera”. 1.

Primeros emergentes

Se cuentan entre éstos los incipientes intentos de autodeterminación y autodefensa. En cuanto a los primeros, deben anotarse los movimientos independentistas gestados por Miranda en Venezuela y los producidos en lo que entonces era el Alto Perú. A modo de experiencia propia, dentro de lo que más tarde sería nuestro país, se enlista la capacidad de respuesta propia frente a los requerimientos planteados por las invasiones inglesas de 1806 y 1807, revelando un esfuerzo de organización común frente a necesidades excepcionales. Son abogados sus principales representantes Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Juan José Paso2, a quienes acompañan burgueses acomodados como Vieytes y Larrea, entre otros. 2. Contexto político-económico Hacia 1810, los regímenes monárquicos europeos se encontraban envueltos en un enfrentamiento que los oponía a las ambiciones expansionistas de la Francia imperial de Bonaparte. España, sobrepasada por el arrollador avance galo, terminó convirtiéndose, bajo su influjo, en enemiga de Inglaterra, compartiendo el destino de sojuzgamiento de Portugal, cuya casa reinante fue evacuada por los ingleses a Brasil. Por cierto que, tras ello, era natural que los españoles juntistas, que reivindicaban la soberanía de

A la edad dorada, en términos hegelianos. José Pablo Feinmann, en “Filosofía y Nación” (ed. Seix Barral, Buenos Aires, 2004, p. 40) dice que las lecturas que inspiraron a estos hombres de mayo fueron, básicamente, Rousseau, Quesnay, Condillac, Say y Adam Smith, de lo que puede inferirse sin mayor dificultad su orientación ideológica.

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Fernando VII -el Deseado- se unieran a la corona británica en una lucha común en contra de Napoleón, su carcelero. Empero, para la misma época, la naturaleza de los apetitos imperialistas de España e Inglaterra diferían sensiblemente: mientras la segunda se encontraba en el máximo de su expansión territorial y en una etapa de meseta en cuanto a su evolución como potencia, la segunda buscaba acceder a las colonias españolas en calidad de mercados abiertos a sus productos3. Por otra parte, el dominio del mar le correspondía ampliamente a Inglaterra mientras que España, en alianza forzada con Francia, se hallaba aislada de sus propias posesiones. Paradójicamente, las ideas y la bibliografía importadas por los británicos a los reinos españoles de ultramar a los fines de estimular su independencia eran francesas. Resulta innegable una vigorosa presencia de los activistas ingleses y probritánicos en América, al punto de confundirse muchos de ellos con los que la historia tradicional ha dado en denominar patriotas o padres de la patria. Lo cierto es que la teleología económica como orientadora de las apetencias geopolíticas inglesas aparece con prístina claridad. A ello cabe agregar la comprensión de que la magnitud del territorio americano así como su profunda identificación con principios religiosos, culturales, sociales y políticos sustancialmente ajenos a los anglosajones impedía tomar por la fuerza estos territorios, resultando más asequible su subordinación económica. 3.

Base de sustentación socio-económica

Está dada por la burguesía y el sector militar más encumbrado, surgido de los cuerpos de milicianos nacidos durante las invasiones inglesas. En cuanto interesa a los representantes de la primera clase, debe ponderarse su evidente incidencia política adquirida a tenor del dominio tanto de la ganadería4 y de la ruta de tránsito de los minerales otrora obtenidos de la región altoperuana hacia el puerto de Buenos Aires5 así como del floreciente contrabando6 que se llevaba a cabo, desembozadamente en esta ciudad, tolerado por las autoridades virreinales en aras del mantenimiento de las suntuarias predilecciones de la ascendente clase social fundada en las ganancias

Alejandro Rofman y Luis Romero en “Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina”, ed. Amorrortu, Buenos Aires, 1997, p. 76, expresan que “… desde 1770 comenzó a predominar en Inglaterra un nuevo tipo de relaciones de producción -las capitalistas-que se caracterizaban por la apropiación del excedente bajo la forma de plusvalía y que históricamente coincide con el proceso de la Revolución Industrial (…) que implicó en Inglaterra una aceleración notable de la división interna del trabajo. La especialización en la producción exige paralelamente una expansión del mercado que, de no producirse, origina un estrangulamiento en el desarrollo. El mercado interior inglés no pudo seguir, desde un principio, el ritmo de la expansión productiva, y el mercado europeo, durante los veinte años de conflicto con Francia y Napoleón y durante los quince años siguientes de la crisis de posguerra, permaneció parcial o totalmente cerrado. Los mercados coloniales adquirieron así una importancia decisiva, y la formación de un área mercantil colonial estuvo íntimamente relacionada con su desarrollo industrial: fue previa a al Revolución Industrial y la posibilitó; más tarde la expansión colonial fue acelerada a su vez por esa Revolución Industrial, que dio a Inglaterra una superioridad irrefutable sobre los competidores europeos… , la colonia representaba para Inglaterra un mercado que debía absorber la producción industrial acrecentada en particular, por la rama textil”. 4 Rofman y Romero (op. cit., p. 79) ponen de manifiesto que en el área rural “la ganadería es la actividad principal, la tierra está distribuida en pocas manos y, en consecuencia, hay en esa sociedad pastoril terratenientes y trabajadores rurales”. 5 En este renglón, el protagonismo que antes de la Revolución de 1810 había tenido el interior mediterráneo, pasó a ocupar un papel decididamente secundario hasta extinguirse con motivo de la guerra de independencia. 6 Felipe Pigna en “Los mitos de la historia argentina” (ed. Norma, Buenos Aires, 2004, p. 93) recuerda, no sin una enorme dosis de ironía que el 2 de septiembre, fecha en la que, desde 1941, se conmemora el día nacional de la Industria, tuvo origen en verdad en un acto reprochable. Dice que “aquel 2 de septiembre de 1587 zarpó del fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio, al mando de n tal Antonio Pereyra, con rumbo al Brasil.- La San Antonio llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente del Tucumán, fletado por el obispo Fray Francisco de Vitoria. Se trataba de tejidos y bolsas de harina producidos por en la por entonces próspera Santiago del Estero. Lo notable es que, según denunció el gobernador del Tucumán, Ramírez de Velasco, dentro de las inocentes bolsas de harina se encontraban camuflados varios kilos de barras de plata del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por real cédula. Es decir que la primera ‘exportación argentina’ encubrió un acto de contrabando y comercio ilegal”. Además, como destacan Rofman y Romero (op. cit., p. 101) “el Interior se comunicaba, por medio del contrabando, con los centros comerciales portugueses del Brasil, lo cual lo convertía en un importante cruce de rutas comerciales”. 3

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provenientes del comercio, equiparable ya a la clase de los dignatarios reales más altos y que, a la larga resultaban simultáneamente sus favorecedores y beneficiarios. Nada despreciable era, por cierto, la entidad de este poder si se tiene en cuenta que casi un 80 % de las exportaciones que se realizaban por Buenos Aires estaban constituidas por los metales obtenidos de las minas del Alto Perú. Como lo dice José Luis Romero7, la Revolución de Mayo fue un movimiento porteño, debido a la iniciativa y a la decisión de una minoría ilustrada. 4.

Proyecto de país propuesto:

No puede decirse en esta etapa histórica que, ab initio, se haya definido un modelo de país determinado pues las propuestas se extendían desde aquellos que pretendieron una efectiva autonomía de la metrópoli española hasta aquellos que vieron en el movimiento de mayo una reafirmación de los derechos de la corona, sujeta por entonces al poder napoleónico8. Es decir que, en un primer momento, es posible señalar el carácter difuso de los objetivos de mayo, en el que se aglutinaban, sin mayor orden, los independentistas solapados con los monárquicos regentistas, todos disimulados bajo el común denominador de un gobierno propio aunque negándose a definir claramente en nombre de quién pretendían ejercer la soberanía, esto es, del Rey o del pueblo -o, dicho con más propiedad, de alguno de sus sectores- a quien decían representar. De otra forma, resultan inexplicables los vaivenes que sufrió la política de la época, deambulando entre ofrecimientos diversos a los más variados protectores extranjeros, como los ensayados por Carlos María de Alvear, en su calidad de Director Supremo, respecto de la corona Británica9, hasta la nada sutil condescendencia con que se trataba a las autoridades virreinales depuestas. Por lo demás, y a poco de comenzada la etapa revolucionaria, ya se avizoró un segundo frente de conflicto con dos nuevas variantes, a saber, entre el interior y el puerto de Buenos Aires y, simultáneamente, entre éste último y el Litoral10. En lo que interesa a la relación de lo que denominaremos “interior” y el puerto, estaba signada por el sometimiento político y la superioridad económica del último sobre el primero11. Así, mientras las actividades desarrolladas en las comarcas del

“Las ideas políticas en Argentina”, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 75. Señala con toda precisión Tulio Halperín Donghi en “Revolución y Guerra”, Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2002, p. 168, que la revolución termina por ser la aventura estrictamente personal de algunos porteños. 8 Como un dato enderezado a reforzar la existencia de la contradicción sobre los distintos modos de interpretar un mismo fenómeno puede señalarse el diferente grado de aceptación por el que fue pasando la persona de Santiago de Liniers. Héroe de la reconquista de Buenos Aires, primero y, por ende, depositario de la confianza generalizada de la sociedad, pasó a ser, luego, objeto de recelo por su origen francés a mérito de la lealtad que, a criterio de los porteños, le debía a Bonaparte, dominador de España y carcelero de Fernando y de toda la familia real, para pasar a ser, finalmente, el destinatario de todos los rencores del ala extrema de los revolucionarios, quienes vieron en su ejecución, el cumplimiento de un mensaje ejemplificador para los monárquicos. 9 Felipe Piglia, en “Mitos de la historia argentina”, ed. NORMA, Bs. As., 2004, p. 379, bajo el título “La breve dictadura de Alvear”, consigna que “el nuevo director había enviado a Manuel José García, en misión diplomática, a entrevistarse con el embajador británico en Río de Janeiro, lord Strangford, para ofrecerle la entrega de las Provincias Unidas como protectorado del Reino Unido.- Adelantándose a tantos gobernantes civiles y militares, el general Alvear entendía que la prosperidad de su clase pasaba por la asociación carnal con la potencia hegemónica y le escribía al embajador inglés en Río de Janeiro, lord Strangford, en los siguientes términos: ‘Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés y yo estoy resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se aprovechen los buenos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que fueren del beneplácito del Rey”. 10 Alejandro Rofman y Luis A. Romero, en “Sistema socioeconómico y estructura regional en la Argentina”, ed. Amorrortu, Bs. As., 1997, p. 90 y sgtes., puntualizan este antagonismo aunque agrupan las parcialidades en Interior y Litoral, comprensivo éste último de Buenos Aires. Tal enfrentamiento versaba sobre tres ítems fundamentales: la libre navegación de los ríos, el puerto único y las rentas de la Aduana. 11 En ese sentido, José Pablo Feinmann, en su ensayo titulado “La sangre derramada” (ed. Seix Barral, Buenos Aires, 1998, p. 165) adhiere a las palabras de Alberdi en sus “Escritos Póstumos”, en cuanto asevera que “La Revolución de Mayo es una revolución de Buenos Aires destinada a separarse de España y sojuzgar a las provincias. Lo dice muy claramente. Escribe: ‘Fue la sustitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires sobre las provincias argentinas: el coloniaje porteño sustituyendo al coloniaje español’. Y continúa: ‘Para Buenos Aires, Mayo significa independencia de España y predominio sobre las provincias; la asunción, por su cuenta, del vasallaje que 7

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hinterland, desde mayo de 1810 se vieron severamente afectadas por el explicable corte de vinculaciones con las áreas ricas del Alto Perú y de la Capitanía General de Chile, viéndose en la necesidad de desplegar tareas de mera subsistencia, Buenos Aires vió incrementada su participación en la distribución de los ingresos provenientes de la aduana de la que no se desprendió sino hasta bien avanzada la organización nacional. De esta suerte, los estados locales que componían el resto del otrora virreinato fueron literalmente ignorados por la nueva metrópoli revolucionaria, asignándosele el único valor geoestratégico derivado de su ubicación intermedia entre Buenos Aires y los amenazantes centros de expansión colonial aún en manos de los españoles, como lo eran Lima y Santiago de Chile. Si estas regiones tenían algún interés, el mismo residía únicamente en su dominación militar, desentendiéndose de su destino político y, mucho más aún, de su sobrevivencia económica. Distinta era la perspectiva que ofrecía el litoral, pues encarnaba al competidor natural de Buenos Aires, con puertos propios, producciones autóctonas de bienes susceptibles de resultar privilegiados frente a los provenientes de la pampa por su calidad y cantidad, con desarrollo de factorías, su situación geográfica que le permitía ser el nexo entre los estados emergentes al norte de los ríos Paraná y Uruguay y ultramar y, sobre todo, por la presencia de una dirigencia política con objetivos más esclarecidos en cuanto a su autonomía de un poder que se perfilaba con pretensiones de preeminencia. Es por esta razón que los conflictos civiles más serios suscitados con posterioridad a 1810 tuvieron lugar entre los estados del litoral y Buenos Aires, llegando a dominar el panorama político y desdibujando, incluso, la prioridad que hubiera merecido la guerra de la independencia como lo demuestra el período de anarquía desatado luego de la primera batalla de Cepeda, en 1820. 5.

Instrumentos jurídicos producidos

Se torna necesario destacar que, a mérito de la distinta finalidad perseguida por los diferentes sectores que participaron del movimiento de mayo, era esperable que se buscaran soluciones jurídicas igualmente diversas. Así, el sector revolucionario porteño identificado como ilustrado entiende imprescindible forjar las bases de la organización nacional a través del dictado de una constitución como objetivo fundamental12, contemplando dos principales premisas, a saber, división de poderes y el sistema representativo de gobierno. Entre los obstáculos que encuentra semejante iniciativa se cuentan los vestigios autoritarios de génesis colonial, las formas espontáneas de la vida rural, la enorme dispersión poblacional y la ignorancia general entre otros factores. Son derivaciones naturales de esta primera etapa gestacional, el Estatuto y el Reglamento provisorios de 1811 que tentaron dotar de una primer esbozo organizativo al gobierno revolucionario, así como la Convocatoria a la Asamblea General Constituyente

ejercía sobre el virreinato en nombre de España. Para las provincias Mayo significa separación de España, sometimiento a Buenos Aires; reforma del coloniaje, no su abolición’”. 12 José Luis Romero, “Las ideas políticas en Argentina”, ed. Fondo de Cultura Económica, p. 80.

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de 1813 que, no obstante su misión declarada, no cumplió su cometido, emitiendo, en cambio, otras disposiciones de menor jerarquía. En las antípodas de este pensamiento se posicionan los recelos generados por la otrora capital virreinal así como los intereses de los grupos económicos indispuestos con el régimen aduanero porteño así como por la diferente mentalidad que conformaba en el interior mediterráneo la influencia del Alto Perú. No es dable pasar por alto la circunstancia que el movimiento de mayo significó dejar trunca la sustancial vinculación existente entre las regiones del interior con el norte del virreinato, rico en oro y plata, transportada por los caminos reales y su extendido sistema de postas, dando origen a pueblos y ciudades a su vera, florecientes al amparo del tráfico comercial. De esta manera es posible advertir cómo los sucesos posteriores a mayo de 1810 provocaron el quiebre de la actividad que mantenía vivo el interior por la interrupción del circuito que unía a las zonas mineras del norte con la metrópoli española a la vez que crearon las condiciones para el encumbramiento económico del puerto, ya beneficiado por el contrabando y luego por el monopolio de la entrada y la salida de productos hacia y desde la región13. Lo cierto es que, como señala José Luis Romero14, todo hacía transparentar que Buenos Aires estaba segura de sus derechos a la hegemonía política. De esta manera es que surgen dos ensayos constitucionales que merecieron el generalizado rechazo de los pueblos del interior en general y del litoral en particular, en 1819 y 182615, de corte netamente unitario, y decididamente inspiradas en el pensamiento rivadaviano16. La ley de enfiteusis emanada bajo la efímera presidencia de Bernardino González Rivadavia, disponía que quedaba “especialmente afectada al pago de la deuda nacional la tierra y demás bienes inmuebles de propiedad pública cuya enajenación se prohíbe”17. 6.

Declinación

El proyecto de unificación ejecutado bajo la égida de Buenos Aires y gestado con la impronta del Directorio, experimenta una decadencia que se extiende a través de un dilatado lapso inaugurado con la resistencia ofrecida por los pueblos del litoral. Primero Artigas en la Banda Oriental del Uruguay y luego

13 Esto no significa desconocer, según lo puntualiza Halperín Donghi en “Revolución y Guerra”, ed. Siglo XXI, p. 77, que “Indudablemente la ruptura no podía ser total; el poder realista en el Alto Perú-sobre todo desde que estuvo representado por el general Olañeta, emparentado con viejas familias salteñas y deseoso de hacer fortuna- estaba dispuesto a tolerar e ignorar; una tradición persistente en Salta afirma que también la resistencia local halló en parte recursos gracias a la tolerancia no gratuita del tráfico clandestino… Pero, detrás de los comerciantes, eran todas las fuerzas económicas regionales las que buscaban salvar algo de esa vinculación altoperuano; no sólo por venalidad o por falta de espíritu patriótico los gobernantes locales toleraban el tráfico con el enemigo”. 14 Op. cit., p. 83. 15 La normativa constitucional de 1826 preveía, entre otras cosas, que la ciudadanía se perdía por haber cumplido veinte años de edad sin estar casados, por no saber leer ni escribir, por el estado de doméstico a sueldo, jornalero, soldado o notoriamente vago. Estos rasgos la caracterizan y autorizan a comprender el rechazo generado hacia ella en el interior. 16 Se torna sumamente interesante, a los fines de echar algo de luz sobre este punto, tener presente las distintas posturas que sobre Rivadavia ha elaborado la historiografía nacional y que fueron consignadas de manera sumaria, aunque no por ello menos rigurosa, por Rofman y Romero (op. cit., p. 82, nota nº 6). Asimismo, José Pablo Feinmann en “Filosofía y Nación” (p. 79) dice que Rivadavia se inspiraba en Condorcet y era admirador de Bentham, padeciendo, al igual que Moreno, los vicios del iluminismo: una ciega confianza en el poder de la razón y en su aptitud para dar una organización racional a la sociedad humana. 17 Emilio Coni en “La verdad sobre la enfiteusis de Rivadavia”, ed. Universidad de Buenos Aires, 1927, señaló que dicho instituto “es el producto de un proceso histórico en el que participaron muchos hombres públicos, y que empieza con la hipoteca de las tierras públicas de acuerdo con el criterio de la época, de que la mejor garantía para el crédito era la inmobiliaria. Y no pudiendo venderse la tierra hipotecada se dio en enfiteusis. Descubrí en la enfiteusis de 1828 tres gravísimos defectos, fundamentales para una ley de tierras públicas. Faltábale el máximo de extensión, lo que permitía otorgar 40 leguas cuadradas a un solo solicitante. No obligaba a poblar, de lo que resultaba que la tierra se mantenía inculta y baldía esperando la valorización. Y la libre transmisión de la enfiteusis sólo servía, sea para acaparamientos, algunos superiores a 100 leguas cuadradas, o para el subarrendamiento expoliatorio de los infelices de la campaña por los poderosos de la ciudad”.

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Ramírez y López en Entre Ríos y Santa Fe, respectivamente, son los principales referentes del movimiento de oposición que termina con el predominio político del puerto18 y que, sin embargo, no se traduce en la correlativa disminución de su relevancia económica. Resulta llamativo que siendo el objeto del enfrentamiento el de resistir la supremacía porteña, el triunfo político-militar del litoral no significó la esperable preeminencia de los vencedores sino, en todo caso, el comienzo de un período de enfrentamientos que, curiosamente, terminó con la reasunción de la posición de privilegio originaria de Buenos Aires. De ello se deriva la innegable importancia del poderío económico asentado en el puerto, impermeable a las modificaciones políticas aunque influyente en ellas de forma decisiva y, muchas veces, su inspirador.

GENERACION DE 1837 1.

Primeros emergentes

Surge después de la finalización del período de anarquía iniciado con Cepeda y se enraíza en un movimiento de oposición a la hegemonía rosista que va a comenzar su afianzamiento en el poder con Caseros y su definitiva consagración con Pavón. Generalmente se ha incurrido en el error de suponer que se trataba de un movimiento de naturaleza exclusivamente literaria, pues muchos de sus miembros fueron -es cierto- hombres de letras, pero ello implicaría desconocer la trascendencia de los objetivos que los inspiraban y que alcanzaba a delinear un verdadero proyecto de país. La aplicación del término generación se justifica en su caso, por la convergencia de las carreras de estos individuos en varias circunstancias importantes. Todos nacieron dentro de la década del estallido de la lucha por la independencia y durante los veinte años posteriores, como niños o adolescentes, fueron testigos de las violentas luchas entre unitarios y federales o entre los defensores de las ideas europeizantes, urbanos, liberales y los defensores de la tradición hispánica19. En sus orígenes experimentaron una notoria fascinación por quien después se convertiría en su más grande perseguidor y el objetivo de todas sus críticas, Juan Manuel de Rosas20. Se dijo de ellos que estaban imbuidos del espíritu romántico propio de la época, alimentado por los autores europeos que los inspiraban pero no dejaban de tener un fuerte arraigo con la realidad política e institucional del país del que gran parte de ellos terminó alejándose para aposentarse en Banda Oriental, en Chile o en Europa desde donde emprendieron su ofensiva en contra del rosismo.

María Esther de Miguel y Sonia Tedeschi, en “Historias de Caudillos Argentinos”, con estudio preliminar de Tulio Halperín Donghi William Katra, “La generación de 1837”, ed. EMECE, p. 9. 20 Dice José Luis Romero en “El caso argentino y otros ensayos” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 164) que “lo que acaso prestaba al estado rosista mayor significación –sobre todo a los ojos de la generación del 37-, era el innegable apoyo popular que parecía respaldarlo, que efectivamente lo respaldaba en las campañas y los suburbios. Para quienes se habían formado en la lectura de los sociólogos franceses posteriores a la experiencia de 1830, el hecho revestía un interés decisivo, y su preocupación fundamental fue desentrañar el secreto de esa curiosa reversión de ideales que parecía suponer el apoyo a la dictadura por el pueblo que había operado la emancipación en nombre de los ideales de libertad. Así fue como la generación del 37 decidió afrontar el problema de los fundamentos sociales del rosismo, de cuyo examen habían de salir los postulados que sirvieron más tarde para la organización nacional”. La razón que inspiraba tal preponderancia se asienta en que, como puntualizan Rofman y Romero (op. cit., p. 83), Rosas “encontró una fórmula política que incluyó y canalizó el movimiento popular, rural y urbano, bajo la hegemonía del sector terrateniente” del cual él era uno de sus máximos representantes. 18 19

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Sus más conspicuos exponentes fueron Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi21, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol, Félix Frías, Miguel Cané, Vicente Fidel López, entre otros, y su primera aglutinación se da en el llamado Salón Literario para pasar luego a la clandestinidad con la Asociación de la Joven Argentina y, después, con la Asociación de Mayo. 2.

Contexto político-económico

Hacia la época de su emergencia, el pensamiento liberal se había adueñado de los cenáculos del poder en América. La preeminencia económica británica era indiscutible aún cuando la cultura francesa se imponía como modelo a seguir en las ex colonias22. El enfrentamiento se patentiza en el Río de la Plata merced a la intervención primero, sólo de Francia y luego, de ésta junto con Inglaterra en un bloqueo enderezado a vencer la resistencia de Rosas para la apertura a la libre navegación de los ríos interiores, sobre el que daban los puertos del litoral que estaban en condiciones de competir con Buenos Aires. La razón de la superioridad económica británica residía en la magnitud de su producción industrial, necesitada de mercados en los cuales ser vendida y para lo cual las ex colonias aparecían como territorios altamente apetecibles y, a la vez, en sus multiplicados requerimientos de materias primas para su consumo y transformación manufacturera. En suma, la revolución industrial imponía sus elevadas exigencias y Gran Bretaña estaba dispuesta a satisfacerlas. 3.

Base de sustentación socio-económica

Nuevamente es la burguesía la que se apropia de la iniciativa en franca oposición al proyecto populista de Rosas. En rigor, la cara visible de aquella pierde de vista que el ideal rosista no desechaba a la clase acomodada sino que, en todo caso, enmascaraba su base de poder real bajo la preferencia que le predicaban las clases populares23. No debe olvidarse que algunos de los nombres más representativos de la titularidad de la tierra de entonces se enrolan entre los más allegados al gobierno. Quizás la diferencia más significativa entre ambos sectores de poder consista en la distinta predilección del origen de sus recursos: así, mientras los seguidores del Restaurador de las Leyes se inclinaban a favorecer el dominio sobre grandes extensiones de tierras y la producción ganadera, sus opositores ponían el acento en los privilegios que, a su juicio, merecía el comercio y las actividades financieras, para lo cual la apertura de los mercados era condición esencial. A este conflicto se añadía otro

21 José Pablo Feinmann en “Filosofía y Nación” (p. 103 y sgtes.) asevera que “aquello que denominamos filosofía en Alberdi, no es sino el reflejo o el eco de del movimiento de las ideas europeas en el siglo XIX, expresado, en su nivel más profundo, por el pasaje del idealismo objetivo hegeliano al materialismo histórico marxista”. Destaca el autor seguido, entre las lecturas alberdianas, a Hegel, a través de Herder, Savigny, Lerminier, Cousin y Smith. 22 José Pablo Feinmann (“La sangre derramada”, ed. Seix Barral, p. 250) destaca la paradoja que significaba que los mismos referentes del capitalismo agrario pampeano, del cual Rosas era el máximo representante, y que tampoco perdieron protagonismo después de Caseros, “querían, ellos, manejar el país y consolidar lazos poderosos con Inglaterra en lo económico y con Francia en lo cultural”. 23 Dice William Katra op. cit. p. 19, que Rosas puso su régimen al servicio de la clase propietaria de tierras y ganado a la cual pertenecía: Con una conciencia clarísima de la realidad social en que se movía, Rosas utilizó a las clases bajas para cimentar popularmente un régimen que iba a usufructuar la clase terrateniente –en formación con carácter nacional- y en especial dentro de ella una oligarquía de la campaña bonaerense en cuyo centro estaba el propio Rosas, monopolizadora de la exportación y de la importación, de la industria saladeril y de las rentas de la Aduana”.

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frente de oposición, suscitado entre el litoral y las provincias del interior a mérito de la diversidad de sus respectivos intereses24. Contó la controversia con el basamento argumentativo e ideológico de la intelectualidad que se identificó con las consignas liberales, primero, contrarias a quien consideraba un tirano que rechazaba la evolución ofrecida por las potencias europeas y, luego, adherente a los axiomas del libre comercio y la ilustración. El enfrentamiento, una vez más, no era de posiciones ideológicas sino, antes bien, de clases sociales25 como sustento político de proyectos económicos opuestos. 4.

Proyecto de país propuesto

Puede decirse que así como Rosas no tenía demasiado interés en dotar al país de una organización constitucional, lo que lo llevó a rehuir cuantas veces pudo este reclamo que desde algunas provincias se le venía haciendo de manera insistente, los liberales adoptaron un proyecto nacional que, sin embargo, era bastante limitado pero alcanzaba a satisfacer la finalidad opositora. En efecto, la evidente predilección por las actividades comerciales y financieras de la que participaba el partido unitario reducía sensiblemente la noción de lo que debía ser el país a los límites de la pampa húmeda circunvecina del puerto y, con algo de optimismo, el litoral, al que todavía no podían dejar de percibir como un competidor. El resto del territorio no era más que despojos del otrora virreinato que, sin la posibilidad de seguir siendo el paso obligado para las riquezas mineras del Alto Perú, interrumpido por la revolución y carente de las condiciones propias de las regiones aledañas al puerto. Tal inferioridad reducía al interior, en el mejor de los casos, en el simple productor de materias primas y, básicamente, en el consumidor de las importaciones provenientes del primer país industrializado, Gran Bretaña, con cuyos productos era imposible competir en calidad y precios para la raquítica industria local. Deviene relevante destacar la paradoja que, lo que fue primigeniamente un enfrentamiento entre dos facciones que dieron en llamarse a sí mismas como unitarios y federales, pasó a ser, luego de Caseros, una simple colisión de intereses que rápidamente abandonaron las alturas de los principios para aposentarse en los bajíos de los privilegios portuarios en las que las defecciones federales fueron el dato característico. El ejemplo paradigmático de esto que vengo diciendo se puso de resalto precisamente en la batalla de Pavón, que definió incontestablemente el panorama político nacional al abandonar Urquiza, hasta entonces el adalid de la causa federal, el campo en favor de Mitre, principal referente de los intereses del puerto, cuando el resultado se le avizoraba auspicioso al primero26.

Rofman y Romero (op. cit., p. 84) indican a este respecto que “mientras el Interior, con una economía más diversificada, debía defender su industria de la competencia de los productos importados, el Litoral ganadero era partidario del librecambio, que no sólo le permitía obtener más baratos los artículos de consumo sino también colocar más fácilmente sus productos en el mercado exterior”. 25 Señala José María Paz, citado por José Luis Romero en “Las ideas políticas en Argentina”, ed. Fondo de Cultura Económica, p. 106, que “No sería inoficioso advertir que esa gran fracción de la república que formaba el partido federal no combatía solamente por la mera forma de gobierno, pues otros intereses y otros sentimientos se refundían en uno solo para hacerlo triunfar. Primero, era la lucha de la parte más ilustrada contra la porción más ignorante. En segundo lugar, la gente del campo se oponía a la de las ciudades. En tercer lugar, la plebe se quería sobreponer a la gente principal. En cuarto, las provincias, celosas de la preponderancia de la capital, quería nivelarla. En quinto lugar, las tendencias democráticas se oponían a las miras aristocráticas y aún monárquicas que se dejaron traslucir cuando la desgraciada negociación del príncipe de Luca. Todas estas pasiones, todos estos elementos de disolución y anarquía se agitaban con terrible violencia y preparaban el incendio que no tardó en estallar”. 26 José Pablo Feinmann en “La sangre derramada” (p. 254) vincula agudamente la actitud de Urquiza con los intereses económicos de la clase a la que pertenecía: “Su traición al federalismo combativo obedece a su especial percepción del siguiente problema: no quiere empeñarse en una guerra a fondo, sangrienta y final contra Buenos Aires. Urquiza y su clase –los estancieros entrerrianos- son liberales, librecambistas, miran más hacia Europa que hacia el Interior. ¿Para qué ponerse al frente de la 24

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Luego de este suceso, la preeminencia ideológica será indiscutiblemente unitaria e irá mutando sus prioridades en función de los distintos intereses a defender en cada caso concreto. Si hasta Caseros, la lucha fue por alcanzar el poder, después -y hasta Pavón- será para consolidarlo y más tarde, para expandirlo en el país. Dentro de este contexto se explican las guerras de exterminio de los restos de las montoneras en el interior27, destinados a asegurar la primacía porteña y la misma guerra de la Triple Alianza en contra del Paraguay, como último baluarte cerrado a los productos ingleses en América que era necesario doblegar28. El afianzamiento del proyecto unificador, sin embargo, observó formalmente los principios federales consagrados en la Constitución Nacional de 1853, aunque insistiendo en la incorporación de las pretensiones porteñas en la reforma de 1860. No existe contradicción alguna en señalar el protagonismo de esta generación antes y después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1853 toda vez que la iniciativa para ello fue asumida y ejecutada por sus representantes y conducida hasta sus extremos prácticos por sus continuadores. 5.

Instrumentos jurídicos producidos

Deben contarse entre estos la Constitución de 1853 y su reforma de 1860. La independencia política ya estaba afianzada, tras el término de las guerras de la revolución, aunque no puede decirse lo mismo de la identidad nacional, aún en debate tras largos años de guerras civiles, suscitadas desde la anarquía del año 1820 y con resultados todavía no cristalizados, no obstante la derrota de Rosas en 1852. En todo caso, es posible afirmar que los conflictos entre Buenos Aires y los caudillos locales aún no estaban apaciguados pero persistían en una nueva modalidad de enfrentamiento, más identificable con una guerra punitiva o de policía que con una conflagración entre iguales. La tanta veces alegada impronta norteamericana y francesa en la Constitución argentina, cuya génesis se le atribuye a Juan Bautista Alberdi, no parece un tópico discutible a esta altura de la evolución del pensamiento histórico-jurídico nacional pero no es menos cierto que dicha normativa fundamental ha asumido caracteres propios que la distinguen. Su declamado federalismo, comprensible dado el contexto en el que fue pronunciada, después de vencer a quien ostentara la suma del poder desde el puerto de Buenos Aires, esto es, en una provincia del litoral, el protagonismo de los máximos representantes locales del interior, permitiendo entender que no se trataba de un triunfo político militar de los unitarios sobre los federales sino de los sectores “sanos” del partido federal que se encargó de expulsar a quien fuera su líder, admitiendo en su filas a representantes del grupo opositor, dio a entender que ese era su espíritu.

modernización periférica de la Argentina? Que eso lo haga Buenos Aires. Urquiza sabe que los socios menores reciben buenas prebendas cuando no molestan. Y decide eso: no molestar”. 27 Estas fueron intelectualmente alentadas y sostenidas por Sarmiento y materialmente instrumentadas por Mitre, resultando, entre sus víctimas más destacadas el riojano Angel Vicente Peñaloza, inútilmente confiado en la posible reacción favorable de Urquiza a la causa federal en extinción. 28 Dijo Mitre, citado por Arturo Jauretche en “El medio pelo en la sociedad argentina”, ed. Peña Lillo, p. 35, en la oración pronunciada saludando a los soldados que venían de desangrarse en los esteros paraguayos: “Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y victoriosa campaña a recibir la larga y merecida ovación que el pueblo les consagre, podrá el comercio ver inscriptos en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han postulado para mayor felicidad de los hombres”. Es que, como lo refiere William Katra, op. cit., p. 316, “Solano López debía ser eliminado porque su sistema anacrónico constituía una contradicción obscena de su ristra de instituciones liberales sacrosantas: libre comercio, propiedad privada, libertad de prensa y la importación de capitales e ideas europeas”.

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Pero la reforma de 1860, como derivación de la insistencia de Buenos Aires en convertir dicha demanda en condición para su retorno al seno de la Confederación, clarificó la verdadera orientación que habría de imprimirse a la Constitución y que perduraría de allí en más, a saber, un régimen declamativamente federal pero con todos sus mecanismos fuertemente identificados con tendencias centralistas, que si no llegan a desdecir la validez de lo anterior, por lo menos, lo ponen severamente en duda. Otros instrumentos legales debidos a esta generación, de insoslayable referencia son el Código de Comercio y el Código Civil29, los que habrían de dotar al país del perfil ideológico liberal que los inspiraba, a los que debe sumarse la llamada Ley Avellaneda de 1876 que estableció un amplio fomento estatal a la inmigración 6.

Declinación

Atento a la vigorosa conexidad existente entre los intereses económicos y políticos que, tras largos años de luchas civiles, lograron imponerse como titulares del poder, era razonable esperar que, ante el debilitamiento de cualquiera de los pilares en los que se sustentaba, uno de aquellos debía ceder. En la especie, la decadencia del proyecto se expresó primero en lo económico, luego de que los sectores productivos más importantes vieran minados sus expectativas de ingresos, para tener repercusiones en lo político. La producción lanera, una de las más significativas para los ingresos de divisas al país, luego de la tradicional actividad bovina, atento a la entidad que alcanzó su exportación, experimentó una sensible crisis en 1866, dando lugar a la articulación de un incipiente movimiento proteccionista de la década siguiente. En contraposición, el precio de los cueros se eleva desde 1865, mientras la industria del tasajo no sufre una disminución notoria en los precios de sus productos. Mas la crisis se desató a mérito de la escasez de medios circulantes a partir de 1864, generando el alza en los intereses que llegó hasta el 18 y el 24 % anual por los préstamos30. Esta inesperada crisis de la actividad lanera alienta la crítica del liberalismo económico imperante y estimula los proyectos proteccionistas originados sobre todo en un grupo de estancieros empeñados en combatir las características tradicionales de la explotación agropecuaria del país e impulsar su desarrollo capitalista. El objetivo buscado fue la diversificación productiva, motivando la introducción de ramos aliados a la ganadería, señalando los progresistas la industria lechera y la agricultura como medios para hacer más intensiva la producción y para mejorar la situación decaída de los intereses rurales31. Fue Vicente Fidel López quien asumió en la década de 1870 la responsabilidad de llevar adelante y defender parlamentariamente la propuesta proteccionista, definiéndola como un verdadero nacionalismo económico mediante el cual se buscaban “límites necesarios de la libertad del comercio en ciertas Confiada su creación a Vélez Sarsfield, el primero en coautoría y el segundo en autoría. José Carlos Chiaramonte, “Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina” (ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 45). 31 José Carlos Chiaramonte (op. cit., p. 69). No resulta casual, entonces, que en este contexto económico y en aras de afianzar este proyecto innovador dentro de lo tradicional que sigue siendo la producción rural del país, haya tenido su génesis en 1866 la Sociedad Rural Argentina como instrumento organizativo de su aplicación. 29 30

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materias y en países nuevos donde conviene beneficiar el empleo de los capitales sobre ciertas fuentes”32. En este orden de ideas, bajo el gobierno de Nicolás Avellaneda, López propugnó, junto con Pellegrini, una enmienda al proyecto de ley de aumento de derechos aduaneros, orientada darle la base de protección de aquellas ramas de la economía en vías de desarrollo33. El agotamiento del proyecto político de la generación de 1837 puede darse por iniciado con la guerra del Paraguay. El evidente desgaste experimentado por un conflicto internacional de semejante alcance, en el que estaban involucrados aliados antes impensados como el Imperio del Brasil, un enemigo hasta entonces natural de la Argentina y un país “tapón”, como lo era la República Oriental del Uruguay, de creación casi artificial por obra de la diplomacia británica interesada en crear un área de amortiguación de conflictos entre ambos países luego de la experiencia bélica de 1826. Los costos políticos de la guerra se tradujeron no sólo en una desproporcionada sangría de hombres, en la agónica resistencia de los pueblos del interior para continuar aceptando las levas forzosas destinadas a engrosar las fuerzas expedicionarias34 y en la ocurrencia de enfermedades como la fiebre amarilla, sino también en el fenómeno en referencia al cual la burguesía porteña quizás se mostró más sensible, a saber, las dificultades económicas derivadas de la conflagración35. Ciertamente que a partir de allí comienza a revelarse el fenecimiento del plan de la generación de 1837, en cuanto sirvió para acceder al poder luego de apagar el interludio federal y fundar las bases de un orden económicamente puertodependiente, políticamente centralista, productivamente agroexportador e irrestrictamente abierto a las importaciones extranjeras. Resulta destacable el rol adjudicado al Estado nacional que actuó como intermediario de la inversión que, entre 1862 y 1875, se canalizó a través de préstamos al mismo36. Durante los tres últimos períodos presidenciales pertenecientes a este período, a la sazón, de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se advirtieron tres problemas básicos, el de la integridad territorial, el de la

32 Vicente Fidel López, “Aula de Economía Política. Programa”, Universidad de Bs. As., 1874, p. 5 y 7 y “Prontuario del curso de Economía política o explicación sucinta del programa”, Bs. As., 1874, p. 9, citadas por Chiaramonte (op. cit., p. 125, nota nº 4). 33 Expresa Rodolfo Puiggrós en “Historia crítica de los partidos políticos argentinos” (ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, T. I, p. 288) que “La ley liberaba de derechos a máquinas, combustibles, alambres y otros artículos que entonces el país no producía, y gravaba con elevados aranceles a los cereales, harina, tejidos, ropa hecha y demás mercaderías de producción nacional. En realidad, la discriminación aduanera no hacía correr el peligro de la baja del volumen de las importaciones de manufacturas en un mercado de muy débil capacidad de autoabastecimiento industrial. Por el contrario, a mayor producción exportable de cereales, como fue su consecuencia inmediata, correspondía mayor poder de compra en el exterior de artículos manufacturados. Si se vendía más trigo y maíz se comprarían más máquinas, combustibles y alambres. Sin embargo, el comercio importador puso el grito en el cielo con el argumento de la suba de precios de los productos de primera necesidad que provocaría la tarifa aduanera. Desde entonces la defensa del interés inmediato del consumidor ha sido la bandera agitada por los librecambistas a ultranza”. 34 Puntualiza José María Rosa en “La guerra del Paraguay” (ed. Hyspamérica, p. 215), entre otras consideraciones: “En 1865 fueron los contingentes de voluntarios que se sublevaban apenas les sacaban las maneas, o se sentían libres de los encargados de custodiarlos hasta las fronteras; en 1866 el desastre de la conducción de la guerra había obligado a retirar de las provincias los batallones de línea que no habían sido enviados, sino en mínima parte a los campos de batalla. La guerra se hacía con los guardias nacionales no sublevados, y los prisioneros de guerra paraguayos. Con las tropas de línea, más disciplinadas, el mitrismo protegía a sus gobernadores contra los gobernados”. 35 Resultan ilustrativas al respecto las palabras de Alberdi al escribir, en “El crimen de la guerra”, que “… es funesta a la América del Sud, no sólo por la sangre que hace derramar, sino porque ella absorbe el tesoro de sus gobiernos. Abrid un presupuesto ordinario de gastos: dos terceras partes de él son consagradas a la guerra (…) El ejército es el surtidero de los candidatos al gobierno (…) Así la guerra en que esos países absorben sus finanzas, es la guerra del país contra sí mismo y, naturalmente, a favor del extranjero que gana en poder sobre el país extenuado por sí propio; como éste pierde en su influencia exterior. En coincidencia con este criterio, dice Nicasio Oroño en “Escritos y discursos”, p. 248 y sgtes., citado por Patricia Pasquali en “La instauración liberal”, ed. Planeta, p. 120, que “la nación no puede soportar el excesivo gasto que le ocasiona este ejército. Sus fuerzas ordinarias no bastan, y de aquí nace la necesidad de usar del crédito que ha elevado nuestra deuda a más de 50 millones de pesos.- Se priva al país de los beneficios del presente y se compromete el porvenir ligando a las generaciones venideras pro medio de esta deuda, a los desaciertos que hemos cometido o tolerado que se cometan pro nuestros hombres públicos, sin atrevernos a murmurar siquiera tan perjudicial indiferencia o tan culpable abandono de nuestros intereses…”. 36 Rofman y Romero (op. cit., p. 121) caracterizan a la política económica implementada como sistemáticamente liberal, “evitando cualquier tipo de interferencia en la actividad privada, excepto en aquellos sectores que, por su carácter deficitario, no eran absorbidos por ningún inversor privado”.

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identidad nacional y el atinente a la organización de un régimen político37. Más aún, los dos últimos titulares del ejecutivo nacional mencionados terminaron sus respectivos períodos gubernamentales combatiendo movimientos de fuerza38.

GENERACION DE 1880 1.

Primeros emergentes

Se cuentan entre sus integrantes más destacados José Hernández, Carlos Guido y Spano y Olegario Andrade, pero, indudablemente, su definitivo mentor fue Julio Argentino Roca39, con cuyo primer período presidencial se inaugura esta etapa generacional. Fue su gestión gubernativa la que le imprimió al país el perfil que tuvo hasta 1916, privilegiando un accionar caracterizado por la búsqueda permanente del acuerdo con las fuerzas políticas locales, lo que le permitió coaligar los intereses regionales en subordinación a los generales de la capital de la Nación40. 2.

Contexto político-económico

Conforme surge de los resultados del primer censo llevado a cabo en el país, en 1869, la población estaba compuesta por un 42,8 % de jóvenes y sólo un 2,2 % de ancianos, con una esperanza de vida promedio de 32,9 años y participando del total un 12,1 % de extranjeros41. Poco a poco y con ritmo creciente, el país se pobló de inmigrantes y la fisonomía de la nación comenzó a cambiar a paso acelerado42. A esa nueva caracterización étnica y social correspondió un intenso desarrollo económico que provocó, a su vez, una profunda transformación espiritual, fenómenos todos visibles hacia 1880. Así se incubaba, en el seno de la Argentina criolla, otra realidad harto diferente de ella, cuya irrupción en la vida política constituye el hecho fundamental en la estructuración de la Argentina aluvial43.

Señala Natalio Botana en “El orden conservador” (ed. Hyspamérica, Bs.As., 1986, p. 29) que “había, en primer término, una cuestión acuciante referida a la integridad territorial, entendida como el ámbito especial sobre el que debería ejercerse el poder político; en segundo lugar, los pueblos dispersos, instalados en este territorio, abrían el interrogante si estaban dispuestos a integrar una comunidad más amplia que la de aquellas comarcas limitadas en donde nacían y percibían el marco natural de su vida cotidiana, lo cual planteaba una cuestión de identidad nacional; y, en tercer término, era necesario implantar en ese territorio y a partir de esos pueblos dispersos un modo de elección estable de gobernantes capaces de formular decisiones autoritativas que comprometieran a esa comunidad naciente en su conjunto, lo cual ponía sobre el tapete el problema de organizar un régimen político”. 38 Sarmiento concluyó su presidencia luchando contra el levantamiento de 1874 y Avellaneda se vio obligado a trasladar al pueblo de Belgrano el asiento del gobierno nacional, cuando cundía la rebelión del Gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor. En cuanto al origen de este último conflicto, es merecedora de una especial atención la proclama del presidente Nicolás Avellaneda, pronunciada el 3 de junio de 1880, rescatada por Isidoro Ruiz Moreno en “La federalización de Buenos Aires” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 108) imputando al Gobernador el haberse “alzado abiertamente en armas contra las leyes de la Nación y sus Poderes Públicos. Ayer ha desembarcado un armamento , apartando por la violencia a los empleados de la Nación, y conduciéndolo en seguida por las calles de la ciudad en medio de batallones.- Las leyes fiscales, las que fijan los lugares de desembarco, las que determinan las autoridades y procedimiento que debían intervenir en el acto, han sido así violadas por una insurrección armada, que el mismo Gobernador dirige y mantiene aún de pie, acuartelando tropas, formando cuarteles, distribuyendo armas y convirtiendo la pacífica y comercial ciudad de Buenos Aires en un vasto campamento”. La respuesta de Tejedor, emitida el mismo día (Ruiz Moreno, op. cit., p. 109), no es menos significativa en cuanto a la alegación de desconocimiento de las normativas que la Nación pretendió aplicar en el evento y su ratificación de respeto a las autoridades federales. Lo cierto es que, más allá de las declaraciones recíprocamente efectuadas, el conflicto encerraba una controversia subyacente de mayor envergadura y alcance: la resistencia porteña a trasladar, junto con la conversión de Buenos Aires, los beneficios aduaneros que siempre le habían pertenecido. 39 Durante los 18 años que transcurrieron entre 1862 y 1880, Roca, antiguo oficial de Urquiza en Cepeda y Pavón, sirvió al ejercito nacional participando en acciones que contribuyeron a consolidar el poder político central: estuvo a las órdenes del General Paunero contra Peñaloza; combatió en la guerra del Paraguay; enfrentó a Felipe Varela en las Salinas de Pastos Grandes; venció a Ricardo López Jordán en la batalla de Naembé; sofocó el levantamiento de 1874, derrotando al General Arredondo en Santa Rosa e, incorporado al gabinete de Avellaneda luego de la muerte de Alsina, dirigió en 1879 la Campaña del Desierto. 40 Señala Peter H. Smith en “Carne y política en la Argentina” (ed. Hyspamérica, Bs. As., p. 32) que los miembros de esta generación “… habían ganado la fiscalización del ejército; fraguaban abiertamente las elecciones; constituían el único partido político fuerte (Partido Autonomista Nacional o P.A.N.), que era una herramienta de la administración; y restringieron el proceso de adopción de decisiones a sus propios círculos. El Congreso no se empleaba como un foro para la expresión de intereses, y las decisiones más significativas se tomaban por ‘acuerdo’, literalmente por ‘convenio privado’ con miembros de la rama ejecutiva, y no se presentaban los problemas y alternativas al público”. 41 Fuente: publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 42 Rofman y Romero (op. cit., p. 124) señalan que “sin embargo, el efecto fue distinto según las regiones; como ya se expresó, la población inmigrante se concentró preferentemente en los centros urbanos del Litoral, acentuando aún más la tradicional separación Interior-Litoral”. 43 José Luis Romero, “El caso argentino y otros ensayos”, ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 24. 37

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Hacia 1880, se produjo la confirmación del aniquilamiento definitivo de las pretensiones federales, consagrando el triunfo definitivo del partido unitario -aun cuando se reconozcan en él distintas variantescon el ejercicio del efectivo poder hegemónico sobre el país. Por primera vez desde el antiguo período colonial, no había fracturas o divisiones serias entre quienes constituían la elite socioeconómica de la región. Su ideología liberal y positivista imperaba sin trabas. Con la paz interna y el orden asegurado y la autoridad del gobierno central libre de desafíos, quedaba abierto el camino para realizar los más ambiciosos sueños de progreso material44. No debe perderse de vista que la turbulencia política precedente se desvaneció completamente durante el gobierno de Julio A. Roca, al punto que su lema, “Paz y Administración” resulta sumamente significativo a la hora de describir la situación institucional reinante, de consuno con la prosperidad material que acompañaba la inauguración del período45. La instalación de una ideología política única, comprometida con un sector social determinado, como se verá a continuación, y funcional a los intereses económicos cuyo referente es el mismo grupo dominante, tanto en su calidad de titular como de representante de emprendimientos extranjeros, aseguró el desarrollo ilimitado de objetivos exógenos. Tampoco puede olvidarse que, al inicio del período, persistían con importantes cuotas de prestigio, algunos de los principales referentes de la generación precedente, como lo fueron Sarmiento, Mitre, Alberdi y Vicente Fidel López46. Sin perjuicio de la existencia de severas discrepancias entre ellos, no puede obviarse la circunstancia de que el grado de poder acumulado a lo largo de las década anteriores, agregado a responsabilidad que les cupo en la derrota del régimen instaurado por Rosas y en el posterior diseño de la organización nacional, les concedió la autoridad suficiente para influir en las decisiones políticas del país. 3.

Base de sustentación socio-económica

En la década inmediatamente precedente el gobierno nacional había pasado de manos de los intelectuales reformadores de la época posterior a Rosas a la aristocracia terrateniente47. En el ámbito rural se pusieron de manifiesto las estructuras sociales que predominarían durante todo el siglo siguiente. La demanda mundial en alza de las exportaciones de carne48, lana49 y cereales de la

44 William Katra, op. cit., p. 364. Por su parte, José Pablo Feinmann en “Filosofía y Nación” (p. 258) anota que “la organización nacional, el ferrocarril, la inmigración, el intercambio comercial con Europa, constituyen un vasto movimiento histórico que la ideología liberal encierra en una de sus más amadas palabras: Progreso. Todos los países del planeta se encuentran comprometidos en esta única empresa. Los más poderosos marchan al frente mientras los más débiles, al relacionarse con ellos mediante el comercio, conquistan inexorablemente su misma grandeza. Siendo el Orden la condición necesaria de este proceso, los liberales argentinos festejan con entusiasmo la derrota de las provincias y la sumisión del gauchaje”. 45 Ezequiel Gallo, op. cit., p. 71. 46 Sobre las personalidades de Sarmiento, López y Mitre, deviene menester ponderar las caracterizaciones que efectúa José Luis Romero en su trabajo “El caso argentino y otros ensayos” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 215 y sgtes.), en el que destaca de López se pretensión de universalidad, ajena a la mayoría de los historiadores argentinos, y de Sarmiento su trascendencia política sin desconocer sus evidentes contradicciones. 47 Peter H. Smith, “Carne y política en la Argentina”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 25. 48 El desarrollo de la industria de la carne, en las postrimerías de la vigencia de la generación de 1880, con la incorporación del sistema de enfriado, permitió la correlativa distinción entre criadores e invernadotes, lo que significó, a su vez, una separación de intereses entre ambos sectores. Explica Smith (op. cit., p. 44) que “los criadores, que criaban el ganado de alta calidad y lo alimentaban a lo largo de la edad de destete, a los ocho o diez meses; e invernadotes, que engordaban los animales hasta que estuvieran listos para la matanza a los dos o quizás tres años de edad, y luego los vendían a los frigoríficos. Esta separación del trabajo descansaba primordialmente sobre bases geográficas, por cuanto sólo la tierra de la parte occidental de la provincia de Buenos Aires y zonas similares –tierra llana, seca, donde florecía la alfalfa- podía utilizarse para la alimentación de los chillers…”.

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región daban cuenta de la prosperidad sin precedentes de los estratos más altos de productores rurales, pues no hay que olvidar que si bien se dijo de este período que implicó el crecimiento de todo el sector agrario, no lo es menos que, en rigor, ello sólo se puede predicar de los subsectores más encumbrados, dejando afuera de esta ola de beneficios a los pequeños y medianos productores. El valor de la tierra se duplicó repentinamente en muchas zonas, provocando una especulación generalizada en bienes raíces y el correlativo surgimiento de fortunas instantáneas. La Campaña del Desierto de 1879 -título eufemístico de la expedición militar conducida por Roca, que dio como resultado el exterminio de los indios ocupantes de los nuevos territorios incorporados a la producción- se convirtió en una fuente de enormes beneficios para el pequeño grupo de propietarios de grandes extensiones de tierras. Las quince mil leguas de llanura pampeana, con abundantes pasturas aptas para el engorde de ganado quedaron principalmente en sus manos y fueron explotadas sin que se introdujeran en ellas reformas significativas50. A su vez, tamaña modificación territorial ocasionó la adquisición de una mayor influencia por parte de los sectores sociales más directamente interesados en la expulsión de los indios: los propietarios de las tierras, que a sus viejas reclamaciones unían las que resultaban de la crisis económica que se debía, en parte, a la anterior ausencia de nuevas extensiones y el ejército, preocupado por el fortalecimiento del poder militar chileno y la perspectiva de que la ocupación y posterior doblamiento del sur del país opondría una valla infranqueable a cualquier tentativa expansionista de Chile51. Por su parte, en las áreas próximas a los centros urbanos y con facilidad de acceso a los mercados nacionales e internacionales, las transformaciones fueron más profundas. La clase adinerada, propietaria de las tierras ganadas a los indios, se adaptó con celeridad a las nuevas demandas de la producción rural. Los intereses extranjeros ingresaron con el manifiesto propósito de participar en la actividad económica vinculada a la cría de ganado ovino destinado al mercado internacional de lanas en alza52 y la modernización de las técnicas de cría ganadera, con nuevos procedimientos sanitarios y la cruza con razas exóticas. Tales avances motivaron el sensible incremento de la exportación lanera, que de las 333,7

Horacio Giberti en “Historia económica de la ganadería argentina” (ed. Hyspamérica, Bs. As., p. 152), señala la paulatina evolución de la producción lanera en la Argentina desde 1850, destacándose la importancia social que adquiriera la utilización del alambrado, del cual Sarmiento fue uno de sus más entusiastas impulsores, pues “… el alambrado materializa, aísla y fija los límites de la propiedad, cosa poco deseable para todos aquellos que no tienen saneados derechos o gustan de considerar como propios los campos vecinos”. 50 Sobre el particular, anota José Pablo Feinmann en “La sangre derramada” (p. 235) las diferencias existentes entre la expansión norteamericana hacia el oeste y la argentina hacia el sur. Dice que “el progreso yanki era una empresa capitalista. Era una naciente burguesía productora la que se adueñaba de los territorios arrebatados a los indios para incorporarlos a la pujante, expansiva economía capitalista del país (…) Por el contrario, la matanza de gauchos que se realiza después de Pavón no se implementa con un criterio de colonización. Sólo se desea exterminar a quienes se oponen a las ambiciones de hegemonía y dominio de las oligarquías porteñas. No quieren construir un país, quieren exterminar a un enemigo.- Lo mismo ocurre con los genocidios indígenas que implementan primero Juan Manuel de Rosas y luego Julio Argentino Roca: salieron a matar indios para conquistar y repartir tierras; no para colonizarlas, no para incorporarlas a una economía capitalista en desarrollo. Detrás de las matanzas de Rosas y de Roca no venían los laboriosos colonos, sólo venían los ciegos y ambiciosos hombres que habrían de convertirse en terratenientes. En poderosos oligarcas a quienes poco les importaba crear un país porque preferían, antes, construir sus fortunas personales, desmesuradas e improductivas. Ociosas. En Estados Unidos mataron para construir una nación. Aquí mataron para poseer fortunas”. 51 Ezequiel Gallo en “La República conservadora”, obra escrita junto con Roberto Cortés Conde, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 43. 52 Si bien el desarrollo de la actividad industrial lanera hizo eclosión en Inglaterra hacia 1790, con la incorporación de nuevas técnicas de producción, como lo destaca Jonathan Brown en “Historia socioecómica de la Argentina. 1776-1860” (ed. Instituto Di Tella-Siglo XXI, p. 119), alcanzó su definitivo apogeo en la década de 1820, en lo que el autor citado define como “el despegue de la lana”, y la incorporación de Argentina como fuente de las materias primas destinadas a este renglón no sólo ya hacia Gran Bretaña sino también hacia los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo lugar una vez establecida la definitiva organización nacional y asegurada la pacificación de las áreas productivas respectivas. Esto surge del sensible aumento de la demanda de esta materia prima que da cuenta que así como en el período 1827/30, se exportó a Inglaterra y EEUU 80.941 y 155.956 toneladas de lana, respectivamente, hacia 1856/60, se hizo lo mismo por 8.131.765 y 18.462.799 de toneladas (cfr. fuentes citadas por Brown, op. cit., p. 130). 49

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toneladas correspondientes a 1829, ascendió a las 111.009,7 toneladas embarcadas al exterior durante el año 188253. Es durante esta época que se produjo el intenso desarrollo agrícola tradicional de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba54, bajo el difundido sistema de arrendamiento, caracterizado por bajas inversiones, ganancias altísimas, baja productividad y amplias superficies cultivadas. Las únicas excepciones en el Interior a esta situación fueron los casos de Tucumán y Mendoza, que se constituyeron en islotes de agricultura moderna con la caña de azúcar y la vid, instalándose gran parte del proceso de agregado de mano de obra -ingenios y bodegas- en los mismos lugares de origen55. Entre 1899 y 1902 tuvo lugar un relevante aumento de la exportación de carnes congeladas a Gran Bretaña, la que se constituyó así en la mayor consumidora de la producción nacional en este rubro. Ello ocurrió merced a la concurrencia de distintas razones entre las que cabe contar las siguientes: 1) el abandono por parte de Francia del interés que tuvo por la carne congelada argentina, al propiciar inicialmente la industria frigorífica; 2) la clausura de los puertos europeos al ganado en pie de la Argentina por considerarlo enfermo de fiebre aftosa; 3) la mestización del ganado de la pampa húmeda con razas importadas de Gran Bretaña; 4) la adaptación del consumidor británico a la carne congelada; 5) las inversiones de capitales británicos en la industria frigorífica; 6) el empleo por Gran Bretaña e una flota especial para el transporte de carne congelada que en 1900 contaba 40 unidades con una capacidad de bodegas de 7 millones de metros cúbicos; 7) el bajo costo de producción y transporte de la carne argentina por la baratura del ganado y de la mano de obra industrial, la menor distancia a Gran Bretaña (la mitad de la de Nueva Zelanda y Australia, los otros dos grandes países ganaderos) y la inexistencia de intermediarios que impidieran el monopolio; 8) el traslado a la Argentina de los frigoríficos norteamericanos que en un comienzo abastecieron desde Estados Unidos a Gran Bretaña y 9) la protección de los gobiernos argentino y británico a las empresas frigoríficas y al intercambio entre ambos países56. Además, constituyó un hecho notorio el incremento de la red ferroviaria -con preeminente participación británica- enderezada a facilitar y abaratar la salida de los productos del país en general, básicamente traducida en materias primas, para su industrialización en el exterior57. Desde la perspectiva poblacional, los inmigrantes extranjeros y los migrantes del interior proveyeron la mano de obra para trabajar la tierra. Estos cambios provocaron la domesticación o la desaparición de la población gauchesca y la aparición de nuevas ocupaciones y especialidades como las de alambradores, herreros, constructores en base a nuevos materiales, carpinteros y mecánicos.

Francisco Latzina, citado por José Carlos Chiaramonte en “Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 36. Rofman y Romero, op. cit., p. 139. 55 Rofman y Romero, op. cit., p. 142. 56 Rodolfo Puiggrós, “Historia crítica de los partidos políticos argentinos”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, T. I, p. 247. 57 En relación a la participación inglesa en el tendido de los ferrocarriles en nuestro país, se torna pertinente destacar lo que apunta Eduardo Rosenzvaig en “El sexo del azúcar” (ed. Letra Buena, Buenos Aires, 1991, p. 40 y sgtes.) en cuanto señala la competencia originalmente existente entre empresas británicas y francesas para cumplir dicho cometido. Esto pudo ser concretamente advertido en relación a la construcción de la línea “Buenos Aires-Rosario”, extendida hasta Tucumán, siendo los ingleses quienes arribaron primero, en 1891, dejando inutilizado el tramo culminado por los franceses un año después. Es interesante destacar que ambos ramales pretendían erigirse en el conducto de salida al puerto de dos materias primas cuya producción estaba en auge, a saber, el azúcar tucumana y el quebracho chaqueño. 53 54

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Es en esta etapa de la historia nacional que hace su aparición un nuevo fenómeno, esto es, la protesta social. El aspecto más visible de ese proceso no sólo eran las huelgas, los boicots y la incipiente organización gremial, sino también las manifestaciones ideológicas que contenían. Si bien durante este período factores como el ascenso social o la dificultad para constituir una identidad de clase amortiguaron el impacto de la protesta, no hay dudas sobre el alto nivel de conflictividad tanto en la primera década del siglo XX como durante la coyuntura de la inmediata posguerra58. 4.

Proyecto de país propuesto

Con inspiración decididamente liberal, consagrada en lo político por un incuestionado sistema de gobierno fundado en un acuerdo superestructural entre los principales referentes políticos nacionales y con inspiración en el común denominador que indicaba como única opción económica posible la de la dependencia estrecha con los intereses primordialmente británicos, se desarrolló la convicción en la posibilidad del crecimiento permanente del país merced al posicionamiento como proveedor de materias primas y consumidor de productos industrializados provenientes de las metrópolis económico-financieras extranjeras en desmedro de las nativas. Este proyecto comprendía la necesidad de modificar algunos aspectos de la realidad nacional, entre los que se encontraba la política demográfica. No es casual el pronunciamiento de Alberdi que reafirmaba que “gobernar es poblar”59. Esa pretensión explica el notorio crecimiento poblacional obtenido mediante la incorporación drástica de inmigrantes a la masa social del país y que permite saber que en 1869 había en Argentina 1.830.214 habitantes y sólo veinticinco años después, en 1895, dicha cifra ascendía a 3.956.060, contra el escaso crecimiento de casi 900.000 habitantes producido entre 1810 y 185960. En cuanto a la significación porcentual de la inmigración, ésta representaba un 25,4 % de la población total en 1895, hasta alcanzar un 29,9 % en 191461. Muchas fueron las razones por las que en el proyecto político nacional gestado por esta generación adquirió relevancia particular la inmigración extranjera. El mito de su superioridad cualitativa respecto de la población originaria es sólo uno de tales fundamentos, al que se puede agregar la portación de los conocimientos vinculados a las nuevas artes y oficios que se requerían para la creación de esta nueva Argentina, que de los extranjeros en general y de los europeos en particular se predicaba62. Mirta Lobato y Juan Suriano en “La protesta social en la Argentina”, ed. Fondo de Cultura Económica”, p. 20. Dice José Luis Romero en “Las ideas políticas en la Argentina”, ed. Fondo de Cultura Económica, p. 174, que “Alberdi había afirmado categóricamente que poblar era la misión fundamental del Estado en un país cuyos males provenían casi en su integridad del predominio de los desiertos, y Sarmiento había soñado en multiplicar con prontitud nuestra población, augurando al país un destino feliz si lograba hacerlo”. Arturo Jauretche, en “Manual de zonceras argentinas” (ed. Corregidor, Buenos Aires, 2003, p. 84) señala, en orden a explicar el sentido de la aludida frase, bajo el título de “Zoncera nº 11”, que la misma fue pronunciada en las “Bases…”: “’La población en todas partes y esencialmente en América forma la sustancia en torno de la cual se realizan y desenvuelven todos los fenómenos de la economía social’. Esto no pasaría de ser una simple perogrullada si no adquiriera su carácter de zoncera al subrayar su autor la frase ‘esencialmente en América’. ¿Por qué esencialmente ‘en América’, cuando se trata de un principio general de orden lógico? Simplemente porque poblar en América tiene un sentido especial. Y aquí es donde ya vemos que ‘gobernar es poblar’ no significa lo que literalmente expresa, sino poblar de determinada manera y con determinada población (…) En el fondo se trata de las presuntas incapacidades de los argentinos”. 60 José Luis Romero, op. cit., p. 174 y sgtes.. 61 Datos emanados de la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, obtenidos de la publicación Estructura Demográfica y Envejecimiento Poblacional en la Argentina, Serie Análisis Demográfico nº 14, INDEC. 62 Arturo Jauretche, en su “Manual de zonceras argentinas” (op. cit., p. 100 y sgtes.) identifica esta creencia como la zoncera nº 14, “La inferioridad del nativo”, y expresa que “la sociedad que se asienta en la ganadería ha creado sus técnicas que prolongan la mano en el lazo y en el cuchillo y permite dominar la naturaleza desde el caballo.Cuando aparece el trabajo agrícola la situación es otra. El gaucho de la pampa ignora la agricultura, y digo de la pampa porque no ocurre eso en el de las zonas de regadío. La técnica de la agricultura ha sido imposible antes del alambrado, en un país poblado de innúmeros yeguarizos y vacunos donde el cultivo no se puede proteger contra su 58 59

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5.

Instrumentos jurídicos producidos

A pesar de la tranquilidad con que se inicia el período generacional en estudio, debido en parte al cruento aplacamiento de ciertos reclamos sectoriales así como al vigor de la figura presidencial sustentada en el poder que le confería el sólido aglutinamiento de clase que lo inspiraba, es dable destacar que se produjo una fisura en dicho aparato de gobierno como derivación del dictado de la ley de Educación Común de 1884. En efecto, el conflicto se produjo con uno de los factores de poder más importantes de la época, como lo era la Iglesia Católica, llegándose al extremo de expulsar al Nuncio Apostólico y de romper relaciones con el Vaticano63. Asimismo, debe contarse entre las iniciativas enderezadas a uniformar a la población, heterogénea en su origen merced a la afluencia inmigratoria, la ley de servicio militar obligatorio, implementada en 1901, por iniciativa del General Ricchieri. A fin de responder a idéntica cuestión, pero en particular a los inconvenientes políticos derivados de la concepción ideológica que muchos de los inmigrantes extranjeros traían consigo, se dictó la llamada Ley de Residencia, autorizaba a deportar a los trabajadores que, por sus actividades sindicales ocasionaban problemas al Estado Argentino o al funcionamiento de las empresas de hombres allegados a él. 6.

Declinación

A mi modo de ver no resulta riguroso decir que el modelo de nación pergeñado por la generación de 1880 entró en declinación. Antes bien, entiendo que, en todo caso, los destinatarios de los beneficios emergentes fueron otros o, si se quiere, que se modificó la dirección de los resultados de las actividades del país, abandonándose lentamente la anglodependencia por otra, más sutil primero y, más desembozada después, en la que, a su turno, adquirieron un protagonismo más marcado las directivas impartidas por un nuevo sujeto de derecho antes desconocido en el ámbito jurídico internacional como lo fueron las empresas multinacionales frente a las orientaciones de alta política imperial otrora ordenadas por los estados centrales. No son ajenas a estas circunstancias las modificaciones impulsadas por el surgimiento de conflictos bélicos de gran intensidad, primero ocurridos en los territorios colonizados por las potencias europeas, susceptibles de ser inscriptos en la lucha expansionista que cada una de ellas llevaba a cabo en contra de la otra y luego, en las mismas fronteras metropolitanas, llegando incluso a alcanzar sus capitales64. Todos estos acontecimientos debilitaron sensiblemente la hegemonía de Gran Bretaña en las naciones periféricas como la nuestra, trastocándose el orden mundial hasta entonces conseguido y invasión. El gringo en cambio domina esa técnica que aprendió en el país de origen y esa es toda la superioridad agrícola del gringo sobre el gaucho, que es la misma superioridad del gaucho sobre el gringo, cuando se trata de la ganadería vacuna. Ni el hombre gringo ni el hombre gaucho carecen de aptitudes; sólo que cada uno posee aquellas en que fue formado, las jerarquiza como superiores y tiene un concepto despectivo en lo que no figura en sus tablas de valores”. 63 Ezequiel Gallo, op. cit., p. 74. 64 Claros ejemplos de lo que digo lo constituyen los enfrentamientos anglobóer en el sur de Africa, o las disputas en el Africa ecuatorial entre los intereses alemanes, belgas, holandeses y británicos; los conflictos suscitados en el sudeste asiático, protagonizados por franceses, ingleses y portugueses o los choques armados en el extremo oriente, producidos por el ánimo expansionista de japoneses y rusos sobre la China continental o, por último, la guerra germanofrancesa por los territorios de Alsacia y Lorena y el perfilamiento de las subterráneas razones que harían estallar la primera conflagración mundial entre países netamente imperialistas en 1914.

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gestándose un nuevo liderazgo que pasaba a ser ocupado por el interés empresario de una potencia industrial de capacidad hasta entonces ignorada, Estados Unidos de Norteamérica. Si, no obstante lo preapuntado, debe insistirse en señalar una fecha para el inicio de la declinación de la preeminencia de la generación de 1880 para dar paso a otra en su reemplazo, no parece errado situarla en 189065. La crisis desatada a mediados del período gubernativo de Juárez Celman, tornó necesario reformular la estrategia de la clase dominante en orden a individualizar a un nuevo depositario del poder político, a mérito del agotamiento del modelo anterior, deformado en el Unicato, representado por la pretensión de unificar la conducción política del partido político que representaba y del gobierno, que tentó titularizar el Presidente. En suma, la consecuencia inmediata de tal proceder no hizo más que desnaturalizar el mecanismo de la vida republicana66, aunque, bueno es recordarlo, conforme los parámetros valorativos de la elite enquistada en el poder desde 1862. El ingreso de la Argentina al sistema capitalista mundial, por los caminos confluentes de las inversiones extranjeras y de las rápidas transformaciones internas, fue favorecido por la inexistencia, en las llanuras del litoral, de estructuras socioeconómicas precapitalistas importantes que le opusieran sólida resistencia67. Por su parte, otros autores prefieren identificar entre las causas de la crisis a la creciente corrupción administrativa así como al desmedido emisionismo ejercitado por el gobierno, elementos ambos que, sin dudas, coadyuvaron a socavar los cimientos del poder con el que Juárez Celman contaba para permanecer al frente del Ejecutivo Nacional68. Ante la dificultad que plantea la multiplicidad de factores que intervinieron en la provocación de la crisis, no puede dejar de señalarse la idéntica relevancia que todos los enunciados guardan en orden a proporcionar una explicación acerca de su génesis. Lo paradójico del caso es que, superada la etapa aguda del conflicto, el establishment restablecido en el poder y en el pleno ejercicio de sus atributos, pretendió darle una justificación susceptible de calificarse, cuanto menos, de inusual y arriesgada, por su manifiesta inconsistencia, llamándola “crisis de progreso”. Dicho intento, antes bien, más parece una maniobra destinada a no extraviar el favor y la confianza de los inversores extranjeros que a corregir una 65 Señala Juan Balestra en “El noventa” (ed. Hyspamérica, Bs.As., 1986, p. 17) que la crisis de 1890 fue la consecuencia de una serie de factores que comenzaron a aglutinarse desde el año anterior. La deuda externa ascendía, a la fecha, a 87.905.807 pesos y la interna de 31.544.975 pesos, proclamando el Ministro de Hacienda de Juárez Celman, Rufino Varela que “Por primera vez hay un tesoro nacional sobre el cual el gobierno puede girar por 182.494.733 pesos nacionales, o sea por mucho más que todo el valor que circula en la República o, si se prefiere, por un valor de 60.000.000 arriba del monto total arriba de la deuda externa e interna en circulación”. Dice el autor citado que era la sensación de plenitud que precede a los desastres que no fueron advertidos. En la Bolsa comenzaron a operar “… los fraudulentos, contrabandistas, y demás gente truhanesca que ambula por todo el mundo y se precipita a los lugares de derroche como las efímeras a los focos de luz” (op. cit., p. 18). El mismo Presidente de la Nación lo anunció al Congreso en su mensaje de apertura de sesiones de 1889: “Los grandes diarios se llenaban de avisos en los que se llamaban capitales para las operaciones de pase y diferencias, garantizándole un interés del 30 al 33por ciento al año. El crédito se encarece por la demanda de capitales para el juego: no hay dinero para el comercio y la industria: todo el dinero, todos los capitales de la República son atraídos por la vorágine de ‘la Bolsa’”. Coincidente con esta apreciación, señala Rodolfo Puiggrós en “Historia crítica de los partidos políticos argentinos” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, T. I, p. 110) que “El Estado Nacional contagiado de esa fiebre de riqueza fácil y especulativa, hizo de la Argentina el paraíso de los inversores extranjeros. Los capitales que ingresaban al país desde el exterior tenían de antemano garantizados altos porcentajes de ganancias. No corrían el menor riesgo. Pudieron los ingleses construir los ferrocarriles con la certeza anticipada de extraer millones de pesos, cualquiera fuese el balance de el resultado del balance de la explotación de los servicios pues sus empresas recibieron en la Argentina la más alta subvención que se conoce en el mundo: casi el doble por kilómetro que en el Chile y casi cuatro veces más que en México, países en los cuales, por la configuración montañoso del territorio, el costo de las vías férreas resultaba muy superior al de las tendidas en las llanuras argentinas”. 66 Juan Palestra, op. cit., p. 24. 67 Agrega Rodolfo Puiggrós (op. cit., p. 107) que “por una parte, inmensas zonas desiertas o semidesiertas de insuperable fecundidad y, por otra parte, manchones de economía ganadera de mercado provenientes de los lejanos orígenes coloniales, ofrecían al inmigrante y al capital oportunidades de enriquecimiento que en otros países, como México, les eran negadas o regateadas por la superposición de la conquista española a comunidades indígenas de profundo arraigo a la tierra”. 68 Ezequiel Gallo, op. cit., p. 81, menciona entre los refrendan dicha postura a Aristóbulo del Valle, José Ferry y el inglés Clapham.

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deformación del sistema de poder vigente, deteriorado por la ausencia de opciones de renovación eficaz de sus iniciativas. La caída de Juárez Celman provocó el retorno del protagonismo de Roca y la aparición de una nueva figura en esta renovada constelación de un poder viejo, Pellegrini, a la sazón, Vicepresidente del primero. Según opina Balestra69 se trató del reemplazo de los políticos de los grandes fines, ya indiscutidos, por los políticos de los medios para realizarlos. Entiendo que le asiste razón en cuanto al carácter instrumental que le asigna a la actuación de estos dos líderes mas no en lo que respecta a la novedad de su actuación, habida cuenta que el régimen que gestó y advino al movimiento de 1890 no hizo más que recuperar para las fuerzas conservadoras el poder del que nunca abdicaron, sólo que en un marco de distinta distribución institucional en aras de no perderlo, evitando su concentración en una sola persona como quiso hacerlo el Presidente depuesto.

GENERACION DE 1910 1.

Primeros emergentes

Sus más conspicuos representantes eran los hijos de quienes conquistaron el desierto, incorporándolo a un sistema productivo inserto en un orden económico internacional preestablecido al que no cupo más que adherir y que, además, culminaron con el plan de aniquilamiento de los últimos bolsones de resistencia federal. Constituían la generación ilustrada, enteramente formada en ámbitos ajenos a la cultura nacional, más inclinados a propugnar la continuidad del sistema socio-políticoeconómico vigente que a acceder a una eventual modificación de los objetivos del régimen preestablecido. Indudablemente que entre los hombres más importantes de este período debe contarse a Roque Sáenz Peña y al mismo Carlos Pellegrini quienes, a pesar de pertenecer por nacimiento y por convicción a la clase que venía ejercitando el poder desde hace más de cincuenta años, no dejaron de mostrarse críticos hacia algunos de los aspectos inherentes a la legitimidad de ese mismo poder70. 2.

Contexto político-económico

A tenor de los datos emergentes del censo de 1895, del total de población, un 40,3 % estaba integrado por Jóvenes mientras un 2,5 % lo era por ancianos, ascendiendo la esperanza de vida al nacer a los 40 años y registrándose un componente extranjero del 25,4 %71. Desde lo político, la tranquilidad institucional estaba garantizada por el entramado de fuerzas que, con paciencia, supo tejer Julio Argentino Roca, unificando el poder de los gobernadores provinciales y de los principales referentes del partido conservador. Por lo demás, el control de la totalidad del sistema Op. cit., p. 184. Miguel Angel Cárcano, “Sáenz Peña. La revolución por los comicios”, ed. Hyspamérica, Bs. As. 1986, p 107, puntualiza que dichas críticas ya eran vertidas por los mismos partidarios oficialistas como Julio A. Costa y Rodolfo Moreno, en sendas intervenciones en la Cámara de Diputados, en oportunidad de discutir los diplomas de los legisladores que debían incorporarse en 1908. Añade que, según Thomas Mac Gann, “el país ya no admitía ser gobernado por el ‘cacique civilizado’, que mantenía su autoridad a través de los gobernadores adictos y los comicios regulados por el Ministro del Interior”. 71 Fuente: publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 69 70

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electoral argentino permitía aventar cualquier inquietud referida a la posible fuga de poder de manos de la clase dirigente. Refiere Miguel Angel Cárcano72 que “los hombres que gobernaron el país durante cincuenta años no mejoraron sus hábitos políticos. La impunidad con que el Poder Ejecutivo abusó de sus facultades y la falta de sanción a las transgresiones constitucionales, no podían justificarse frente al adelanto de la República. La disciplina partidaria estaba desvirtuada por la voluntad del jefe. Como si hubiera perdido confianza en sus propias fuerzas para llenar las nuevas modalidades de la vida nacional, el partido gobernante sufría una profunda crisis que dificultaba su renovación y la incorporación de nuevos elementos. Los mismos hombres continuaban ocupando las posiciones directivas y no daban lugar a otros igualmente capaces, que no pertenecían al círculo oficialista o eran demasiado jóvenes, aunque tan preparado como ellos para ocuparlas”. Por lo demás, los signos del malestar político reinante estaban a la vista con plena evidencia: en los últimos diez años fue decretado cinco veces el estado de sitio y se mantuvo vigente durante los festejos del centenario; una revolución radical se produjo en 1905 y estaba otra en ciernes hacia 1910; el Presidente Figueroa Alcorta clausuró el Congreso; una huelga general y violenta tuvo lugar en 1909; la Unión Cívica Radical persistía en su posición abstencionista, conspirando; la vida municipal era sumamente rudimentaria, careciéndose de autonomía comunal y la Constitución Nacional no se practicaba porque en realidad se vivía bajo una constitución federal con régimen unitario73. En otras palabras, la crisis de legitimidad del modelo político implementando merced a la concordancia de las voluntades del sector dominante, que venía anunciándose desde 1890, no hizo más que revelar su agotamiento y plantear la necesidad de apelar a uno nuevo, destinado a impedir el vacío de poder y el abandono total del gobierno, merced a la deserción de los representantes de la clase dominante. En lo que hace al aspecto económico, el enlace con los objetivos fijados por Inglaterra era indiscutido. A partir de una perspectiva económica y en los hechos, la Argentina formaba parte de la Corona Británica74. Todos los signos del progreso material alcanzaron su máxima expresión durante la presidencia de Sáenz Peña75. Es dable destacar la aparición en escena de un nuevo producto que, por su altísimo valor estratégico gana una importancia superlativa en el contexto económico argentino, el petróleo. Sáenz Peña atribuyó a

Miguel Angel Cárcano, op. cit., p. 107. Miguel Angel Cárcano, op. cit., p. 108, con cita de la obra de Luis B. Tamini, “Después del Centenario”. 74 Según la desafortunada expresión de Roca al celebrar el tratado Roca-Runciman en orden a asegurar la cuota de carnes exportables a Inglaterra. 75 Miguel Angel Cárcano (op. cit., p. 201) describe la situación imperante y el clima derivado de ella: “La firma de los pactos con Chile, que nos aseguró la paz y la buena administración en las últimas presidencias, creó la necesaria confianza para atraer al extranjero que el país necesitaba para explotar sus riquezas. La vías férreas penetraban en la pampa poblando estancias y extendiendo la agricultura. La conquista económica del territorio se hacía efectiva. El ganado llegaba hasta Tierra del Fuego, Misiones y Chaco. La garantía de la propiedad y el respeto por la ley daban rápidamente sus frutos… La República también había ganado prestigio en el exterior. Su progreso y las grandes posibilidades económicas, así como la conducta para cumplir los compromisos financieros, atrajeron la atención de los hombres de negocios y banqueros extranjeros que apreciaron su crédito como el mejor”. 72 73

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la naciente explotación, ubicada en las costas de Comodoro Rivadavia, la justa relevancia que la misma tenía para el futuro desarrollo del país76. Por lo demás, comenzaba a hacerse notar en sus primigenias manifestaciones, un movimiento obrero rudimentariamente organizado pero con el claro propósito de adquirir paulatinamente un mayor protagonismo en la toma de decisiones que escapaban al ámbito meramente laboral para inscribirse en el marco de las pretensiones políticas que no les eran ajenas. El proletariado había incrementado su número merced a la gran corriente inmigratoria propiciada en los veinticinco años que precedieron a la presidencia de Sáenz Peña, generándose algunos conflictos que, sin embargo, alcanzaron a tener desenlaces pacíficos. No existían sindicatos poderosos siendo la organización más disciplinada y orgánica “La Fraternidad”, que nucleaba a maquinistas y fogoneros77. Lo destacable es que el incipiente desarrollo industrial argentino daba lugar a la correlativa formación de organizaciones gremiales de trabajadores afectados a dicha actividad, como un fenómeno novedoso en el panorama social y económico nacional hasta desembocar, como se verá más adelante, en consecuencias que alcanzarán al único reducto del que era resistente a desprenderse la alta burguesía, a la sazón, el protagonismo político que, como único actor relevante venía desempeñando desde mediados del siglo XIX. Una buena porción de los inmigrantes extranjeros había prosperado, concurrido a escuelas públicas y aprovechado el progreso del país, ascendiendo en la escala social78, incorporándose de tal suerte a una nueva conformación de la burguesía nacional, integrada en su clase media por comerciantes, pequeños industriales, propietarios de parcelas de tierra, colonos arrendatarios, artesanos, profesionales liberales, empleados públicos y miembros de las fuerzas armadas. 3.

Base de sustentación socio-económica

Sin dudas, que es la clase alta, sea que se trate de la alta burguesía agroexportadora como de los aristócratas provenientes de un equívoco origen fundacional del país, así como de los titulares de las incipientes actividades industriales argentinas. La concepción de la Argentina como el granero del

76 En telegrama remitido por el Presidente Sáenz Peña a su ministro Mujica, glosado por Cárcano (op. cit., p. 203, nota nº 7) dice aquel que “… Hallar el petróleo a orillas del mar significa transporte fácil y barato, emanciparse del tributo extranjero; distribuirlo en las ‘regiones productoras acrecentando su potencialidad; mover la escuadra, los ferrocarriles y las marinas, crear un estado industrial nuevo y una independencia económica real y propulsora’”. Empero, justo es reconocer que, como precisa Carl E. Solberg en “Petróleo y nacionalismo en la Argentina” (ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 26) ya desde mediados del siglo XVII estaba confirmada la presencia de petróleo en la Argentina, cuando un fraile franciscano había descripto depósitos visibles en la provincia de Salta. El primer censo nacional de 1869daba cuenta de la existencia de importantes depósitos de petróleo a unos 350 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza y en la década de 1870 hubo esporádicas exploraciones privadas en las provincias de Salta y Jujuy. El único capítulo exitoso en la historia de la producción de petróleo argentino anterior al descubrimiento patagónico tuvo lugar en 1887, cuando cerca de Mendoza, la Compañía Mendocina de petróleo perforó veinte pozos, de los cuales cuatro resultaron productivos y, luego de extraer cerca de 8.600 metros cúbicos entre ese año y 1891, abandonó sus operaciones definitivamente en 1897. Después de ese fracaso, el país no produjo petróleo por una década hasta que, en 1907 se descubrió un yacimiento en la Patagonia, en ocasión de que, en realidad, se perforaba en busca de agua, atento a su sensible escasez y a la necesidad de proveer a las necesidades de ese elemento inherente a la producción lanera de la zona. 77 Ciertamente que el desarrollo de las organizaciones sindicales, como expresión orgánica de las pretensiones de los trabajadores de determinados sectores productivos, guarda íntima relación con la evolución de la actividad industrial, toda vez que la modalidad de laboreo existente en ella, como la necesidad del cumplimiento de la prestación por parte de personal con una mejor capacitación y, por ende, munido de mayores conocimientos que sus pares ocupados en tareas rurales, así como la proximidad propia de los medios urbanos en los que se desenvuelven, tornan más sencillo el aglutinamiento gremial. En este sentido, destaca Hiroshi Matsushita en “Movimiento obrero argentino. 1930-1945” (ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 22) la formación de la Unión Tipográfica en 1877, en base a la Sociedad Tipográfica Bonaerense constituida en 1857; la Unión de Obreros panaderos y la Sociedad de Obreros Molineros, en 1881; la Unión de Oficiales Yeseros, en 1882; la Sociedad de Obreros Tapiceros y la Sociedad de Mayorales y Cocheros de Tranvías, en 1883, con fines originariamente de ayuda mutua. Luego, surgieron otras agrupaciones con objetivos claramente combativos como la Sociedad de Resistencia de Obreros Marmoleros, en 1883. y la Sociedad de Obreros Panaderos, en 1885. Con el crecimiento de la actividad sindical se realizaron varios intentos para formar una central obrera y en 1891 fue creada la Federación de Trabajadores de la Región Argentina como la primera central del país. En 1901 se creó la Federación Obrera Argentina (F.O.A.), que cambió su denominación, en 1904, por Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.). 78 Miguel Angel Cárcano, op. cit., p. 23.

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mundo79 se correspondía con la visión impuesta para la satisfacción de los intereses económicofinancieros que demandaban materia prima barata y altos precios para los productos manufacturados. Dentro de este ámbito adquiría particular relevancia la industria de la carne, en cuyo seno se producía un verdadero conflicto de intereses entre cinco grupos distintos, a saber, los criadores, los invernadores, los frigoríficos, los consumidores y los trabajadores del sector80. 4.

Proyecto de país propuesto

La ubicación del origen de la generación de 1910 en el año del centenario de la revolución de mayo no es causal y, justo es reconocerlo, no deja de tener algo de artificioso. Tiene mucho que ver el valor que adquieren los símbolos de la identidad nacional para el pueblo argentino, lo que ha conducido a poner el acento en una fecha que, quizás no resulta tan determinante en los hechos como sí lo es en su significación histórica. El episodio dio la excusa perfecta para la exteriorización de las posibilidades de un país de sólo cien años de existencia que, sin embargo, se mostraba como el más fiel exponente de elementos europeos tan preciados por el puerto, dando pábulo a la consagración, a título de axioma, que desde antiguo mandaba adherir a Francia en lo cultural y a Gran Bretaña en lo económico, renegando del pasado español y de todo rastro que tuviera que ver con él. El propósito era el de mantener inmodificable el orden de cosas, subordinando la vida nacional a los requerimientos extranjeros, en general y británicos en particular, soslayando una circunstancia que, a la larga, se convertiría en el más fatal error de esta generación conservadora y tradicional, a saber, que Inglaterra estaba perdiendo su predominio mundial y que su poderío se encontraba en franco retroceso a favor de una nueva potencia en ciernes, Estados Unidos. 5.

Instrumentos jurídicos producidos

Se destaca la legislación laboral y previsional81 emergente durante el período, que algunos autores explican como la respuesta estatal a la ardua demanda de protección por parte de los trabajadores mientras que otros, más críticos, la señalan como el resultado de la persistente gestión empresarial enderezada a delimitar claramente hacia el futuro su propia responsabilidad derivada de la siniestralidad obrera o del quebranto financiero, entre otras contingencias. Sin desmedro de la importancia adquirida por las normas precedentemente citadas, no es menos veraz que el gran hito institucional formalizado por esta generación lo constituyó la reforma electoral 79 Una vez más es Arturo Jauretche en su “Manual de zonceras argentinas” (p. 193) quien se encarga de ilustrarnos acerca del verdadero significado que cree desentrañar en la consigna que identifica como “Zoncera nº 35”: “… tal vez usted, lector, encuentre que esta zoncera contradice una característica general de las mismas. La canasta de pan, el granero del mundo (…) dan una idea exultante del país. Esto no parece corresponder con las demás zonceras que tienden a crear una imagen deprimente por una estimación peyorativa de nuestras posibilidades humanas, geográficas, climáticas, etc..- A poco que usted reflexione comprenderá que esta tónica exultante es el complemento necesario de la otra depresiva. Este tipo de zoncera optimista está siempre referido al cumplimiento del destino que se nos tenía reservado como granja. En la medida que las zonceras tienden a crearnos complejos de inferioridad para que nos apartemos de la producción de materias primas alimenticias, estas zonceras son las destinadas a pintarnos con los más selectos colores de la paleta, el destino que nos corresponde como coloniales. Bajo el signo ‘de los ganados y las mieses’, decorados con dioses helénicos y latinos, cestos y cornucopias, pámpanos, racimos, espigas y bifes, la ‘pedagogía colonialista’ atiende a que no intentemos salir del sistema”. 80 Peter H. Smith, op. cit., p. 61. 81 Carlos Ghersi en “La posmodernidad jurídica” (ed. GOWA, Buenos Aires, 2000, p. 21, con cita de Julio César Neffa) describe este proceso, enmarcado en el ámbito del Estado de Bienestar en el que se inscribía el gobierno de Perón, como aquel en el que resaltan dos aspectos: “’el derecho a una remuneración suficiente para cubrir las necesidades esenciales, bajo la forma directa (salario, beneficio) e indirecta (asignaciones familiares, contribución a la seguridad social, y otros beneficios otorgados o adquiridos sin que los montos guarden necesariamente una relación directa con la productividad del trabajo’; ‘el derecho a la Seguridad Social comprendía en sentido amplio, es decir, a la atención primaria de la salud, a la medicina curativa, a la readaptación en aso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la jubilación y/o pensión en condiciones honorables, etc.”.

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gestada por el Presidente Sáenz Peña. Va de suyo que no es dable pecar en el presente estudio de una ingenuidad de la que las fuerzas políticas intrínsecamente carecen y suponer, sin más, el gratuito advenimiento de un nuevo orden basado en parámetros más equitativos que los precedentes82. Por el contrario, las distintas fuerzas sociales fueron gravitando con mayor intensidad para extender el ámbito del sufragio y garantir la verdad de los comicios. La reforma electoral la imponían los partidos políticos y la opinión pública, y la vida cívica del país estaba asfixiada por los comicios desiertos y el fraude electoral83. 6.

Declinación

No resulta desatinado aseverar que, si bien la reforma del sistema electoral pareció satisfacer el reclamo de participación política de ciertos sectores sociales hasta entonces postergados, se asemejó más a un intento del orden conservador por retener materialmente el poder que comenzaba a serle disputado por parte de estos que a una iniciativa destinada a legitimar la titularidad del gobierno con una mayor base popular. Por lo demás, la apertura a nuevas corrientes políticas imponía un repliegue de los sectores tradicionalmente poderosos que los llevó a desaparecer de los principales escenarios políticos, aunque sin descuidar la verdadera fuente de su fuerza, el control económico del país. Las elecciones de 1916 marcaron así el inicio de una novedosa etapa institucional, mediante el protagonismo de un actor político primerizo, el radicalismo como primer partido de masas que alcanzaba la más alta magistratura nacional.

SEGUNDA PARTE: ¿LA DECLINACION DE LA TEORIA DE LAS GENERACIONES O LA RUPTURA DE LA CONTINUIDAD EN EL PODER? Esta segunda etapa del trabajo abordado exige adaptar la modalidad del análisis a las dificultades que plantea el reconocimiento de la inexistencia de un elemento generacional a tener en cuenta de aquí en más. En efecto, prescindiendo de la posibilidad de asumir como cierta la presencia de una o más generaciones como factores etarios determinantes de una cierta diferencia histórica, en cuanto interesa a aspectos políticos, sociales, económicos y culturales, deviene menester intentar el estudio acudiendo a otros elementos igualmente relevantes, sistematizando su examen con arreglo a nuevas directivas de investigación que permitan su comprensión. 82 Rofman y Romero (op. cit., p. 127) precisan que “luego de una obstinada resistencia, la oligarquía comprendió que era más riesgoso tratar de mantener el control exclusivo del Estado que aceptar la participación en el poder. La ley Sáenz peña, que concretó en 1912 el sufragio universal, garantizaba de todos modos que los viejos sectores dominantes no desaparecerían por completo de la escena política”. 83 Dice Miguel Angel Cárcano (op. cit., p. 157) que una gran masa de ciudadanos estaba virtualmente excluida de la participación política por obra del voto restringido y el funcionamiento de la “máquina electoral”, implementada de antaño por Julio Argentino Roca. Esta deficiencia ya había sido advertida por el propio Sáenz Peña en una misiva cursada a Ramos Mejía desde Roma, el 28 de mayo de 1908, señalando que “el predominio de Roca alejó de la política a muchos hombres de valor y de carácter que se han acostumbrado a la oscuridad y a quienes hay que sacarlos de su Bastilla” (citado por Cárcano en su obra, página 157, nota nº 1). En cuanto se refiere a la preparación que debió adquirir Sáenz Peña para tomar la decisión de la reforma, es menester anotar su enfrentamiento con el personalismo político imperante que determinó su momentáneo alejamiento de la lid electoral en 1892, así como su observación de los movimientos de grandes masas proletarias en Europa, la modificación del concepto de Estado propiciado por Duguit y Jellineck, la extensión del sufragio experimentada en Gran Bretaña, Alemania y Francia, los ensayos electorales de Bélgica (1899) y Suiza (18901892), indicando la franca tendencia de sustituir el sistema de lista, inaugurado por la Revolución Francesa, en el que sólo triunfaba la mayoría, hacia otras formas que aseguraran también la representación de las minorías en el Parlamento. A la luz de lo anterior, así como del análisis de sus ideas condensadas en ensayos y discursos, se torna acertado afirmar que los dos temas que Sáenz Peña pretendió abordar fueron el personalismo político y el voto libre. Resta agregar que la precitada opinión no era solitaria dentro del partido conservador, pues resultaron contestes en la crítica al orden vigente varias de sus más prominentes figuras como Carlos Pellegrini, Joaquín V. González, Mariano de Vedia, Ramón J. Cárcano, entre otros, mientras que hicieron lo propio los socialistas Alfredo Palacios y Enrique Dickmann y el radical Hipólito Irigoyen.

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A tenor de un pormenorizado estudio de los procesos históricos, con sus correspondientes contextos, desatados a partir de la reforma electoral gestada a partir de 1910, es posible verificar que la noción de generación, como concepto aglutinante de iniciativas de acción, proyectos e ideas se diluye hasta casi desaparecer. Lo que sí puede advertirse, sin demasiado esfuerzo, es el surgimiento de nuevos actores sociales, antes desconocidos, que canalizan institucionalmente las expectativas de grandes grupos de ciudadanos, estableciendo, simultáneamente, nuevos mecanismos de equilibrio de fuerzas. El período que se inicia formalmente en 1916, con la asunción presidencial de Hipólito Yrigoyen inaugura un lapso de intervención popular sin precedentes en la historia argentina que, a la larga, se verá contrabalanceada por su menor participación en otros sectores de decisión que seguirán perteneciendo a las clases tradicionalmente depositarias del poder, reticentes a abdicar de sus privilegios. De esta manera, es posible constatar que se van perfilando distintos carriles de actuación, según quienes sean los diversos protagonistas sociales que los utilicen. Así, mientras las clases populares, integradas en su gran mayoría por los trabajadores rurales y obreros urbanos y la clase media, compuesta por artesanos, pequeños empresarios y comerciantes, el conjunto de empleados públicos y los nuevos profesionales liberales, se enderezan a intervenir en la nueva dinámica político-social a través de sindicatos, universidades, cámaras de comercio e industria o colegios profesionales, los representantes del antiguo régimen dominante tienden a retirarse hacia reductos más constreñidos, pero no menos poderosos. La actividad política de superficie parece reservarse a los nuevos actores sociales, a la vez que la actividad económica se concentra con mayor intensidad en las manos de quienes siempre gozaron de tal preponderancia. Esta parcelación del poder parece explicar las razones por las que el gobierno emergente de las elecciones de 1916, con una mayoría popular inédita, tentó disputarle la supremacía a los conservadores, instaurando un sistema de mayor intervención en la economía, con la creación de empresas públicas orientadas a tomar ingerencia en ciertas áreas consideradas estratégicas como el petróleo, el carbón o el acero. Lo cierto es que una disociación tal del poder no podía perdurar y la decadencia del sistema bipartito, por el número de sus principales actores, terminó evidenciándose en la caída del segundo período gubernativo de Irigoyen, en 1930, luego de una etapa de tibieza política como la titularizada por quien fuera sucesor de aquel, Marcelo Torcuato de Alvear. El nuevo predominio de la antigua clase dominante, sin embargo, no podía persistir bajo formas de ejercicio ya perimidas, lo que trajo aparejado su propia crisis, inspirada entre otros factores, por su falta de comprensión del cambio operado en el mundo respecto a los nuevos titulares de la pretensión hegemónica. Gran Bretaña, acosada por las necesidades que reconocían su génesis en una guerra de proporciones nunca antes experimentada, cedía su predominio y liderazgo a los Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, el crecimiento de la importancia de la producción industrial permitía poner el acento en renglones económicos diversos a los de la producción primaria, superándolos ampliamente. 25

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El precio que debió pagar la clase tradicionalmente depositaria del poder real en el país por esta grave desatención fue un nuevo retroceso a parcelas en las que, históricamente, se sintió más cómoda, a saber, las económicas y financieras. Más aún cuando sus relaciones internacionales se hallaban vigorosamente aferradas a representaciones extranjeras de igual naturaleza84. En fin, el industrialismo y el cambio de los titulares del dominio planetario, como dos de los sucesos más importantes -aunque no los únicos- a tener en cuenta influyeron de tal suerte en la evolución argentina, que esta dejó de ser lineal, en tanto ya no era conducida por una categoría social única, sino que, tras ser abordadas las estructuras del Estado por nuevos participantes, merced a la modificación de los sistemas de legitimación política, se necesitaron nuevas estrategias para retener las cuotas de poder restantes. Ello me obliga a analizar el nuevo período desde otra perspectiva, desdoblada en varias líneas de análisis, que no por distintas se excluyen sino que, antes bien, se superponen y se implican recíprocamente, brindando un atisbo de respuesta al propósito final de esta investigación. De esta manera, y a los fines expositivos, conviene enfocar el análisis siguiendo tres cauces temáticos diferentes en cuanto a sus materias pero inescindiblemente unidos en lo que respecta a sus implicancias. Así, desarrollaré lo que sigue en base a los datos que brindan los aspectos económicos, sociales y jurídico-políticos. I. A.

Eje económico La economía tradicional

Indudablemente que la producción que mayor relevancia tuvo hacia el final del período que marca el año 1916, fue la originada en la zona de la pampa húmeda, la patagonia y el litoral argentino, destacándose la agroganadera, con arreglo al papel de proveedor de materias primas para el mercado industrial británico, primero, y norteamericano, después, que se le asignara a nuestro país en el contexto económico mundial por parte de los distintos y sucesivos titulares del poder efectivo. Las producciones del resto de las regiones había sufrido una sensible disminución, cuando no su directa desaparición, a la luz de las maniobras centralistas de los titulares del poder económico nacional. En este orden de ideas y sólo a modo de ejemplo, se destaca que las exportaciones de carne vacuna y ovina, entre el período que va de 1915 a 1929, crecieron de 589.497 a 804.980 toneladas85. Hacia el año 1914, el crecimiento agrícola se detuvo, ingresando en un período de estancamiento que se prolongó hasta el quinquenio 1925-1930. Esta interrupción de una tendencia que se estimaba indefinida en la época del Centenario se debió, principalmente a las modificaciones introducidas en el mercado internacional por la Primera Guerra Mundial86. Con respecto al consumo de cereales en los países centrales, la conflagración provocó dos fenómenos contradictorios, pues, por un lado, incrementó los precios y la demanda de la producción americana por la ausencia forzada en el mercado de algunos Alejandro Rofman y Luis Romero (op. cit., p. 32) dicen con acierto que “para que la dominación entre los distintos estratos de poder sea efectiva es preciso, concomitantemente, que haya acuerdo en cada estructura dominada (…) Dependencia implica un reracionamiento específico entre economías centrales y periféricas (…) En el país central, la clase dominante posee intereses comunes con los de la clase social dominante del país periférico”. 85 Según datos que proporciona Horacio Giberti, op. cit., p. 187, estas cifras incluyen la distinción que debe hacerse entre carnes vacunas enfriadas, mediante un sistema implementado en 1908, de 14.727 toneladas en 1915 a 402.182 en 1929, y carnes congeladas, de 402.149 a 201.238 toneladas para idéntico período. A su vez, la carne ovina experimentó un crecimiento de 46.669 a 80.081 toneladas en el mismo lapso. 86 Alfredo Pucciarelli, “El capitalismo agrario pampeano. 1880-1930”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 74. 84

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Estados beligerantes, mientras que, por el otro, trastornó el sistema regular de transporte, elevando significativamente el precio de los fletes marítimos. Condicionada por esta situación, la producción argentina no pudo aprovechar la coyuntura, impedida de compensar con las ganancias el alto costo de las bodegas, resignando, de tal suerte, su participación en el mercado a favor de los países competidores más próximos a Europa, como Estados Unidos y Canadá. Empero, y a la inversa, la producción ganadera pudo sacar provecho de las nuevas circunstancias, habida cuenta del incremento de la demanda de carne barata para el consumo de los ejércitos combatientes y el aumento del costo del transporte, le permitió desplazar relativamente del mercado a Australia y Nueva Zelanda, más alejados que Argentina de los centros de consumo. La superficie ocupada por los cultivos agrícolas, que había llegado a su punto máximo hacia 19141915, con algo más de veintidós millones de hectáreas, se encontró, diez años después, prácticamente en el mismo tope87. A su vez, la exportación de cereales, que ascendió a 8.400.000 de toneladas en 1914, llegó a 8.300.000 para el año 1925. Por su parte, el aumento de los activos ganaderos se revela en el examen de los siguientes indicadores: en el aumento del área dedicada a cultivos forrajeros que, en el decenio 1912-1922 alcanzó al 40 % del total de la superficie productiva; la duplicación del número de cabezas durante igual período. Una vez terminada la guerra, en 1918, tuvo lugar la virtual interrupción del comercio de carne barata por la acumulación de stock y la disminución de la demanda, conduciendo a la producción ganadera a una aguda crisis, de la cual resultaron perjudicados los medianos productores de ganado semirrefinado y, especialmente, los improvisados invernadores especuladores de origen urbano, lanzados al mercado durante los años de mayor demanda. El aumento del precio de la tierra, los endeudamientos provocados por la sobreutilización de la prenda agraria y la caída vertical de los precios en el mercado provocaron a comienzos de la década de 1920 un éxodo masivo de este sector de los accidentales empresarios, desalentados o arruinados. Por ello, parte de las tierras libres, abandonadas por la ganadería, y del capital disponible fueron reasignados a los cultivos agrícolas, los cuales iniciaron un breve período de recuperación, prolongado hasta 1922. Atento a su íntima dependencia con los mercados centrales, la producción argentina no podía sino seguir la suerte de aquellos y padecer, por supuesto, las consecuencias derivadas de su crisis, notoriamente ampliada por su posición periférica y su rol de proveedor de materias primas para los productores de manufacturas con alto valor agregado. Quizás la prueba más evidente de tal sujeción haya sido la pretensión de mantenerse, a todo trance, subordinada al sistema económico-financiero vigente aunque en decadencia, bien vale recordarlo- a través del tratado Roca-Runciman., conforme habrá de verificarse líneas más abajo B.

Las nuevas actividades económicas

87 Rofman y Romero (op. cit., p. 141) destacan que, si bien “luego de 1920, las circunstancias del mercado mundial, el cese de la explotación de nuevas tierras y el aumento del consumo interno llevaron a la tecnificación agrícola”, como mecanismo productivo novedoso.

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La suspensión casi total de las inversiones extranjeras con motivo de la primera guerra mundial y la forzosa reducción de las importaciones fueron los problemas más relevantes. La cesación de los flujos monetarios externos tomó tal dimensión, que la Argentina llegó a convertirse, durante ese lapso, de importadora en exportadora de capitales, obligada por la crisis a saldar con su propio excedente las deudas contraídas en años anteriores88. El crecimiento industrial argentino se distingue de la industrialización capitalista o socialista, ante todo, porque la industria aumenta pero no modifica las viejas relaciones entre clase y propiedad. Además, las características económicas del proceso son también distintas de las de la industrialización y sus efectos en nada se parecen a los efectos progresivos de ésta89. La seudoindustrialización no subvierte la vieja estructura sino que se inserta en ella. Esta peculiaridad, que constituye su esencia, se manifiesta en multitud de fenómenos que la diferencian de la verdadera industrialización90. Milcíades Peña describe el fenómeno como la exteriorización en nuestro país de lo que se conoce como “desarrollo combinado”, esto es, la peculiar evolución de los países atrasados que no liquida el atraso sino que lo perpetúa, injertando en su seno islotes de adelanto técnico y económico91. Lo cierto es que el conflicto bélico de más extensas proporciones conocido hasta ese momento representó un cambio profundo en los sistemas de producción industrial en los países proveedores de materias primas mineras, agrícolas y ganaderas como lo era el nuestro. Acostumbrados a recibir del exterior un sinnúmero de artículos manufacturados, faltaba aún el clima técnico favorable para la instalación de las industrias livianas, clima que era viciado en forma permanente por la influencia de las importaciones extranjeras que tornaban económicamente insolventable toda empresa de este género92. Más aún, como lo puntualiza Aldo Ferrer93, no existió un liderazgo empresario con vocación de acumulación de poder en el seno del espacio nacional. De este modo, la asignación de recursos, la estructura productiva y la composición del comercio exterior quedaron libradas a las fuerzas del mercado y a las señales del sistema de precios y de las ventajas comparativas estáticas. El grado de extranjerización del sistema productivo fue extraordinario y probablemente el más alto del mundo. En 1913 el capital extranjero radicado en el país representaba el 50 % del valor total de los activos fijos existentes, distribuyéndose en un tercio en los ferrocarriles e infraestructura (puertos, transporte urbano, Alfredo Pucciarelli, op. cit., p. 76. Por esta razón, Milcíades Peña, en “Industrialización y clases sociales en la Argentina”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 65, llama a este fenómeno, seudoindustrialización, parodia o caricatura de industrialización. 90 Analíticamente enunciados, dice Peña, op. cit., p. 65, los mismos son los siguientes: a) no aumenta la composición técnica del capital social pues el crecimiento industrial se realiza en base al aumento de la mano de obra y al agotamiento de las instalaciones disponibles; b) no se desarrollan plenamente industrias básicas que producen medios de producción, ni las fuentes de energía ni los transportes; c) la productividad del trabajo no aumenta mayormente, los costos son elevados y baja la eficiencia, abundando hasta predominar la pequeña producción escasamente mecanizada y antieconómica; d) el crecimiento de la producción de artículos de consumo sobrepasa continuamente el incremento en la producción; e) la agricultura permanece estancada y no se tecnifica 91 Este es un concepto que Peña toma de Trotski y lo explica a través del carácter monopolista y parasitario del capital financiero, del capitalismo en su fase monopolista, que lo obliga a buscar una superganancia y a obtenerla en base a la explotación de los sectores atrasados de la economía mundial y, por tanto, a perpetuar esos sectores atrasados como tales, manteniendo el atraso como una constante que acompaña toda la evolución económica de los países sometidos a su explotación. 92 Adolfo Dorfman, “Historia de la industria argentina”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 331. Destaca este autor las palabras, entre otros, de Manuel Montes de Oca, al decir que “el progreso de nuestras industrias, combinado con las consecuencias de la guerra en los mercados manufactureros proveedores de la República, ha tenido como resultado feliz que durante los años de la terrible contienda quedara en el país un saldo favorable de mil millones de pesos oro, que han dado nervio, robustez y empuje a la economía nacional. Pero… desaparecidas las circunstancias anormales que nos han producido ese activo será de temer que el fiel de la balanza… se incline del lado opuesto si no ponemos el mayor empeño en dar a nuestras industrias cimientos robustos y organización científica. Todas ellas se han desenvuelto en virtud de iniciativas aisladas, llevadas a cabo sin orden fijo ni armonía de conjunto…”. Por cierto que semejante panorama no ha hecho más que revelar la endeblez del crecimiento industrial argentino. 93 “El capitalismo argentino”, ed. Fondo de Cultura Económica, p. 56. 88 89

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electricidad) y otro tercio en inversión industrial (frigoríficos, principalmente) y a la red comercial y financiera. Esto explica, sin mayores dificultades el raquitismo de la actividad industrial argentina, que condenó al país a no poder enfrentar los rigores de una sostenida competencia con las manufacturas extranjeras durante mucho tiempo, después de culminado el conflicto que le diera origen a su momentánea expansión. Desde otra perspectiva, la Primera Guerra Mundial provocó una verdadera desarticulación de la economía argentina y produjo una crisis energética de severas proporciones a mérito de la interrupción del flujo de carbón que alimentaba las usinas eléctricas existentes, proveniente de Inglaterra, una de las principales contendientes. Esta emergencia tuvo repercusión en la evolución del nacionalismo petrolero argentino, porque la lúgubre situación económica del país y la inquietud social resultante impulsaron tanto a los estrategas militares como a influyentes grupos de intelectuales a analizar críticamente el dependiente sistema económico argentino y a llegar a la conclusión de que resultaba esencial una economía más autosuficiente e industrializada94. La creciente demanda de tener una producción petrolera propia, generó conflictos entre los distintos sectores interesados en obtener el dominio de tal fuente de energía en el entendimiento de que ello proporcionaría un elemento de poder adicional a su titular. Por un lado, se producía la disputa entre grupos militares y civiles y, por el otro, la controversia entre los partidarios de incorporar el valor emergente de los yacimientos petroleros al patrimonio nacional, atento a su indiscutible significado estratégico y aquellos que pretendían hacerlo a favor de las provincias. Asimismo, no quedaba fuera de la discusión el debate acerca del protagonismo que correspondía otorgar en la explotación a las empresas extranjeras o nacionales. En este sentido, destaca Solberg95 que las sesiones parlamentarias de 1916 introdujeron los temas que provocarían disensiones, relativas a los derechos provinciales y el federalismo en el primer plano de la política petrolera argentina. Aunque la explotación de los depósitos petroleros de Mendoza, Salta y Jujuy estaba apenas comenzando, las compañías petroleras extranjeras ya se precipitaban a adquirir concesiones de los gobiernos provinciales. Los legisladores que apoyaban la empresa petrolera estatal, representantes principalmente de las regiones consumidoras del país y especialmente de Capital y Provincia de Buenos Aires, consideraban con gran preocupación estas concesiones como una amenaza al futuro de la compañía estatal. Por otra parte, era bien sabido que las compañías extranjeras habían adquirido concesiones en otros países para establecer reservas y no para producir petróleo, los diputados temían que las políticas de concesión provinciales amenazaran la disponibilidad futura de petróleo barato en las regiones más pobladas. En consecuencia, en agosto de 1916 el diputado radical Carlos Melo, de Capital, y el diputado conservador Rodolfo Moreno, de 94 Carl E. Solberg, “Petróleo y nacionalismo en la Argentina”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 47. Otro dato significativo resulta de la comparación de los índices de desempleo entre 1913 a 1918, esto es, durante todo el período bélico. Así, mientras en 1913, este indicador alcanzaba un 6,7 %, trepando al 13,7 % en 1914, llegó a un pico de 19,4 % en 1917, para arribar al 10,3 % en 1918. Igual repercusión se advierte en las importaciones de combustible en el mismo lapso: mientras en 1913 se importaron 4.046.278 tns. de carbón, en 1917 alcanzó un piso de apenas 707.712 tns., repuntando levemente a 821.974 en 1918. El petróleo, a su vez, experimentó una importación de 280.000 m3 en 1913, disminuyendo a 185.000 m3 en 1918. Simultáneamente, la producción nacional se elevó de 20.733 m3 en 1913 a 214.867 m3 en 1918. 95 Op. cit., p. 79.

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Provincia de Buenos Aires, presentaron un proyecto de ley que modificaba el código de minería de 1886 colocando todas las concesiones de petróleo y carbón bajo la jurisdicción del gobierno nacional. Como se ve, las provincias, una vez más, quedaban apartadas de los beneficios derivados del aprovechamiento de un recurso energético fundamental como lo era el petróleo, por la apropiación de sus resultados por el Estado central. En otros términos, la política petrolera argentina se debatía en un conflicto entre las regiones consumidoras y las provincias del interior, ricas en el recurso de marras. En el ínterin, la falta de una política legislativa petrolera nacional facilitó a las empresas la tarea de obtener promisorias concesiones mientras la empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se limitaba a producir en sus dos reservas originales, preanunciando el conflicto que, luego de 1922, se habría producir entre ambos sectores. Paralelamente, tenía lugar en el mundo el abierto enfrentamiento entre las compañías norteamericanas y británicas. Lo cierto es que, como lo fue el esbozo industrial previamente descripto, tampoco la producción petrolera nacional alcanzó a representar un motivo de autonomía respecto de los grandes centros de poder económico, manteniéndose el férreo lazo de sujeción de la Argentina a los designios de las empresas extranjeras con sede en los países desarrollados y la subordinación de la explotación del recurso a las necesidades estratégicas de éstos. II.

Eje social.

La modificación de la posición relativa de algunos de los factores de poder, no dejó de producir alteraciones en el contexto social argentino. No debe olvidarse que el proceso industrializador, a pesar de no haber alcanzado una entidad tal que justifique el abandono total del modelo dependiente, resultó idóneo a los fines de la conformación de una clase obrera de importante participación social, con trascendencia política. Sus manifestaciones guardaron semejanza con los movimientos de trabajadores que, a fines del siglo XIX y principios del XX, se suscitaron en otras partes del mundo, generando conflictos sociales agudos teñidos de altos niveles de violencia. A efectos de tener presente el panorama social existente en la Argentina hacia comienzos del siglo XX, se torna necesario y oportuno acudir a las conclusiones consignadas por Juan Bialet Massé en su “Informe sobre el estado de la clase obrera”96. Allí se refiere la relevancia que tiene el trabajador criollo en áreas como Tucumán, mientras que tiene un mayor protagonismo el extranjero en Cuyo. Pone de resalto la ponderación de la ración mínima como elemento para determinar el jornal mínimo, justificando su importancia en que tal criterio es el seguro de la alimentación de la familia; destaca la necesidad del tratamiento del problema de los accidentes de trabajo97; advierte sobre el trabajo de mujeres y niños, tachándolo de explotación, puntualizando la falta de descanso dominical. Agrega que “la rutina que lleva 96 Ed. Hyspamérica, Bs. As., p. 997 y siguientes. A principios de 1904, el Ministro del Interior del Presidente Julio Argentino Roca, Joaquín V. González le encomendó al médico y jurisconsulto catalán afincado en Córdoba, Juan Bialet Massé, la preparación de un informe sobre la situación de los trabajadores en las provincias. El hecho ponía de manifiesto la creciente preocupación de los sectores dirigentes por la entonces llamada “cuestión social” y por la conflictividad que de ella podía emerger. Este informe constituyó la base del proyecto de ley nacional del trabajo presentado por el Ministro González. 97 Bialet Massé, op. cit. , p. 999. Señala que “todos los patrones que tienen la noción del deber, dan la asistencia y el jornal; la iniquidad del medio jornal de las leyes inglesa y francesa, no ha entrado en nuestras costumbres, y aún los patrones que no se creen obligados para con sus obreros a más del pago del jornal, o no dan nada, o dan el salario y asistencia; el medio jornal carece de sentido”.

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a todos los hombres de una comarca a emprender todos los mismos cultivos, las mismas industrias, son el efecto más inmediato de los malos sistemas de enseñanza; de esos métodos que quiebran el carácter y enseñan a pensar con la cabeza ajena, atando toda iniciativa propia, en vez de desarrollar y alentar las propias calidades; de ahí salen esos agricultores que siembran trigo y maíz, plantan caña o viña por la sola y única razón de que al vecino le ha ido bien, y una vez que la planta da porque la naturaleza es generosa, se ha llegado a la meta; no hay porqué ocuparse de nada más, ni de estudiar suelo, semillas, plantas, enfermedades y degeneraciones; de eso se debe ocupar el Gobierno, encargado de proteger a la producción y de pensar por todos y para todos”98. Deviene destacable la importancia que Bialet Massé asigna a la necesidad de verificar las condiciones de trabajo en todo el territorio nacional como un remedio anticipatorio del malestar social que, a la larga, provocaría el surgimiento de los graves conflictos entre las poderosas clases dirigentes de raigambre tradicional y las emergentes obreras urbanas y rurales. Desde esta perspectiva se explican algunas de las controversias más relevantes y cruentas sucedidas en nuestro país, y que tuvieron lugar en 1919 y 1921, históricamente reconocidos como los sucesos de la Semana Trágica y de la Patagonia, respectivamente99, resultando destacable la participación en dichos movimientos de una gran masa de extranjeros. Es que, como se encarga de remarcarlo Rodolfo Puiggrós100, a inmigrantes pertenecían la mayoría de los talleres y fábricas, e inmigrantes eran en alto porcentaje los obreros que intervenían en las luchas reivindicativas y se afiliaban a los gremios. En ese islote de industrialización, rodeado de un mundo agropecuario, se reprodujo la misma toma de contacto que en Europa, de los marxistas y bakuninistas con el proletariado extranjero. A la hora de explicar los factores que concurrieron a desencadenar los hechos de enero de 1919, Julio Godio101 resalta que hasta 1916 el Estado aparece frente al movimiento obrero como algo opuesto a sus aspiraciones, en el que no resulta extraño que las clases dominantes hegemónicas concentradas en el Estado traten de resolver la cuestión obrera por medio de mecanismos represivos, encarnados en una legislación afín como las leyes de Residencia y de Defensa Social. Mas con el ascenso de Hipólito Irigoyen al poder el gobierno pretende reconocer mayor libertad de acción a los movimientos sindicales organizados, enfrentando, simultáneamente serias dificultades en su política populista por la crisis económica de posguerra que afectó a las exportaciones agropecuarias102. Sin embargo, los grandes

98 Bialet Massé, op. cit., p. 1001, hace una interesante reflexión: “No hay verdadero peón agrícola; el inmigrante, aunque se llame agricultor, es simplemente bracero, toma el arado y la sembradora como lo visto hacer en la primera chacra en que se conchavó y sigue la rutina, y si trae alguna idea, si ha sido agricultor, se empeña en que aquí se ha de hacer como en su país de origen , y que no es él el que debe adaptarse al país, sino que es el país el que ha de reformarse a su gusto… No se tiene en cuenta que el inmigrante no es lo selecto de su país, no es el propietario que tiene su pasar en la pequeña propiedad que heredó de sus padres, y que la cuida y hace producir para mantener a sus hijos, sino el bracero que el exceso de población y las escaseces de retribución hacen salir en busca de una vida mejor. Los que estando bien vienen a buscar el modo de vida de hacer rápida fortuna son los menos, las excepciones; y yo encuentro hasta ridícula la pretensión de que la inmigración ha de ser seleccionada, lo mejor, porque nadie se desprende para el vecino de lo mejor de su casa, que procura conservarlo y guardarlo para sí”. 99 Menos conocidos, pero no por eso menos importantes, son los conflictos ocurridos entre 1919 y 1921 en el noreste argentino, protagonizado por los obrajeros de “La Forestal”, cuyo relato hace Gastón Gori en su libro “La Forestal” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 161 y sgtes.), en el que describe las condiciones de trabajo a la que eran sometidos aquellos y las sangrientas consecuencias de su protesta. 100 Op. cit., T. I, p. 327. 101 Julio Godio, “La semana trágica”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 15. 102 Dice Julio Godio, op. cit., p. 16, que durante 1917-1918 las condiciones de vida y de trabajo de los obreros empeoraron rápidamente, lo que influyó notablemente sobre los trabajadores que ya soportaban jornadas extenuantes de trabajo y bajos salarios, entre otras cosas. El costo de vida subió bruscamente de 1917 a 1918. Con respecto a

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industriales nativos y extranjeros se resistían a conceder las mejoras exigidas por los trabajadores, organizándose la Asociación del Trabajo, como un aglutinamiento patronal cuyo objetivo era romper, por diversos medios, cualquier intento huelguístico. Es por tal motivo que los sucesos del 7 de enero de 1919 sólo fueron el factor que fusionó la explosiva contradicción entre el capital y el trabajo: la lucha entre obreros y policías, con el saldo de varios trabajadores muertos, determinó el estallido del conflicto social, desencadenando una huelga general de contenido originalmente laboral primero, pero luego innegablemente político, trascendiendo los objetivos primigenios de la protesta obrera. Otro tanto cabe decir del conflicto ocurrido en la Patagonia, en 1921, en el que se vieron involucrados directamente amplios sectores de trabajadores rurales, enfrentados con tropas de línea del Ejército Nacional, enviadas por el gobierno de Irigoyen para controlar el movimiento y produciéndose episodios de violencia masiva inusitada hasta ese entonces en materia de represión. Este conflicto tuvo su nacimiento en las demandas de carreros y marítimos y por la propaganda de la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos en la primavera de 1920 e hizo eclosión en 1921 con la huelga general apoyada por los movimientos anarquistas y sindicalistas que paralizó el trabajo en toda la región hasta que fue sofocada por la intervención estatal a solicitud de los factores de poder concentrados en la Sociedad Rural y la Liga de Comercio103. De esta forma, los reclamos sindicales, orientados originalmente a obtener reivindicaciones laborales, aunque inspirados en principios filosófico-políticos derivados del pensamiento revolucionario de izquierda, con génesis europea, introducidos en nuestro país por los obreros inmigrantes, terminaron siendo aplacados por obra del accionar conjunto de los sectores que representaban el poder económico y los titulares de la fuerza del Estado. Sin perjuicio de su destino, estas manifestaciones populares no hicieron más que poner de resalto el ingreso de un nuevo actor social en el escenario político argentino, a la sazón, el de los trabajadores, rurales y urbanos, bajo la forma de una nueva forma de organización hasta entonces conocida pero no tenida mayormente en cuenta por su escasa repercusión, los sindicatos que, en poco tiempo, conquistarían un rol central en el desarrollo del proceso social de la Nación. A tal punto ello fue así que, poco más de dos décadas después se convertirán en los verdaderos árbitros de la política argentina, encumbrando a la más alta responsabilidad ejecutiva del país a quien supo instrumentar en su favor las aspiraciones obreras, el entonces Coronel Perón. III.

Eje político

Luego del advenimiento del régimen electoral nacido a al abrigo de la decisión -genuina o condicionada, según quien sea el que lo diga- de Sáez Peña, se instaló en el gobierno la expresión de uno de los primeros partidos mayoritarios argentinos, el radical, resultando su primer titular Hipólito

1910, ascendió un 46 % en 1917 y un 73 % en 1918. La desocupación el Capital Federal llegó en 1918 al 10,8 %. A la vez, llegaban a las barriadas obreras y a las empresas las noticias de la triunfante revolución soviética y el resultado de las continuas huelgas en Alemania, Italia, Inglaterra y otros países europeos. 103 Mirta Lobato y Juan Suriano en “La protesta social en la Argentina”, ed. Fondo de Cultura Económica”, p. 42.

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Yrigoyen. Por primera vez, desde la instauración del sistema constitucional de 1853, la representación de un sector popular accedía al control del Poder Ejecutivo, lo que no resulta un dato menor. Antes, sólo había existido un ejercicio formal del mecanismo de selección de gobernantes que, en modo alguno, se compadecía con las apetencias legítimas de la mayoría, toda vez que los depositarios del poder se aseguraron su propia renovación bajo una eficaz apariencia de corrección institucional. Por cierto que la llegada de Yrigoyen a la titularidad del Poder Ejecutivo no implicó, simultáneamente, adquirir el control de la totalidad de los centros de decisión pues los factores que ostentaban el poder real, traducido en sus múltiples variantes, a saber, económica, financiera, social, seguían sumando a tal circunstancia a la representación que ejercían de los intereses internacionales radicados en la Argentina. Este defecto de poder no podía más que redundar en desmedro del gobierno popular entrante. Las sucesivas controversias suscitadas en torno al aprovechamiento de algunas actividades económicas estratégicas como lo fue el petróleo, así como los enfrentamientos derivados de la conflictiva combinación de las apetencias de ascenso social de las clases postergadas hasta entonces, y de predominio de las clases tradicionalmente encumbradas, también contribuyeron a socavar el margen de maniobra del nuevo gobierno. Si bien es cierto que la amplitud del consenso social con el que Yrigoyen había accedido al poder le dio la posibilidad de terminar su primer mandato, no es menos verdad que el segundo período de gobierno, también a cargo de los radicales, experimentó un significativo cambio en sus objetivos, deponiendo algunos de sus postulados originales. En otras palabras, la continuidad del partido radical en el ejercicio del Ejecutivo no significó la continuidad de su programa. Tales condiciones, reflejadas en un nuevo entendimiento entre las clases dominantes tradicionales y el nuevo titular de la Presidencia de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, fueron determinantes en orden a debilitar severamente a Yrigoyen quien, en un nuevo período, pretendió persistir en el Ejecutivo. Fue tal vez el más inoportuno e inverosímil intento de reinstalar los viejos objetivos, pero el mismo partido radical vio sensiblemente disminuida su importancia luego de su división en personalistas y antipersonalistas, esto es, entre aquellos que creían en que el único reaseguro de la continuidad principista era la permanencia del liderazgo de Yrigoyen y aquellos que la consideraban innecesaria y hasta perjudicial para la compatibilidad -o la convivencia- de los factores económicos de poder y las mayorías sociales104. Sólo que esto último no era factible por no resultar posible una armonización semejante cuando no están dadas, como se viera en el apartado anterior, las condiciones para una discusión en un plano de igualdad. Un gobierno débil, la presión social derivada de la insatisfacción de los objetivos planteados, las pretensiones hegemónicas de los titulares del poder económico, la creciente ingerencia de los intereses extranjeros, el entendimiento entre los opositores definiendo como objetivo común la derrota del

104

Sobre la violencia del enfrentamiento, véase Hebe Clementi en “El radicalismo. Trayectoria política”, ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 34 y sgtes.

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gobierno105, no tanto por agotamiento del proyecto sino, antes bien, por el de sus representantes106, no podían sino terminar por derribar al primer presidente elegido a la luz del nuevo sistema electoral elucubrado por Sáenz Peña107.

1930 A 1943: DE LA DECADA INFAME A UN NUEVO INTENTO POPULAR I. Eje económico Era evidente que, al reasumir el poder la clase económicamente encumbrada, debían volver al primer plano de importancia las producciones que tradicionalmente habían aportado las divisas que generaban el basamento de su estructura de preeminencia, a saber, la agricultura y la ganadería, pasando a un plano subalterno las actividades industriales. A consecuencia de este vigoroso interés en reavivar lo que fue la producción nacional por excelencia, la agropecuaria, sin tener en cuenta el grado de subordinación que ella significaba para la Nación y el atraso que de ello se derivaba, se suscribió el pacto Roca-Runciman, que no hizo más que esclarecer el carácter dependiente de nuestra actividad ganadera a los intereses británicos. Era un intento por asegurar la permanencia en el ámbito colonial inglés sin pertenecer formalmente al Imperio. Esto se comprende si se advierte la enorme participación inglesa en el mercado exportador argentino, con la adquisición de más del noventa por ciento de la producción, conforme lo consigna Milcíades Peña108. Asimismo, a partir de 1933, se soldó una íntima alianza entre los sectores agropecuarios e industrial de la burguesía argentina, que, en rigor, nunca estuvieron diferenciados pues la burguesía industrial tuvo su génesis, por un lado, en la burguesía terrateniente y la capitalización de la renta agraria y, por otro, en la territorialización de la ganancia industrial que borra continuamente los imprecisos límites que las separan. Por lo demás, tanto terratenientes como industriales estaban íntimamente vinculados con el capital extranjero, y todos se hallaban unidos por el común antagonismo contra la clase trabajadora. Quizás el único punto de roce se situaba en que los productores agropecuarios vendían cómodamente sus productos en el mercado mundial merced a la conveniencia que les generaba la política económica librecambista que, coetáneamente, sacrificaba la industria argentina a la competencia extranjera. Por su parte, los industriales requerían protección aduanera, pidiendo que se restringiera la importación de mercaderías y se atrajesen capitales extranjeros que las produjesen en el país, pretensión que se identificaba como “nacionalismo económico”.

105 Hebe Clementi (op. cit., p. 45) recuerda que Yrigoyen, en su primer mensaje a las cámaras en 1929 reclama al Congreso de la Nación que todavía no haya hecho el estudio correspondiente a distintas propuestas legislativas emanadas del Ejecutivo, entre las que se cuentan la ley sobre el régimen del petróleo (donde se contempla la expropiación), la reforma a la ley de arrendamientos agrícolas, la ley sobre creación de un Banco Agrícola, la autorización al Banco Hipotecario Nacional para emitir cédulas, la emisión de bonos de pavimentación para la capital, un convenio bilateral con Inglaterra y una propuesta de negociar con una firma rusa la venta e petróleo a cambio de grano. 106 Rofman y Romero (op. cit., p. 156) dan cuenta que “en realidad, el radicalismo estaba fuertemente anclado en la tradicional Argentina agroexportadora –cuyas características estructurales nunca pretendió modificar seriamente-, y era por ello incapaz de encarar y dirigir los drásticos cambios necesarios para salvar al sistema de los efectos de la crisis”. 107 Hebe Clementi (op. cit., p. 48) señala entre las distintas imputaciones que se le hicieron a Yrigoyen, en aras de justificar su remoción, el atropello a las autonomías provinciales, el desquicio de las instituciones representativas, el centralismo presidencial cuestionado, la crisis del federalismo como consecuencia de estos atropellos. 108 Milcíades Peña, “Industrialización y clases sociales en la Argentina”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 249.

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La profunda crisis mundial que hiciera eclosión el 24 de noviembre de 1929 en Wall Street hizo sentir sus efectos en nuestro país hasta 1934, ocasionando la caída de los precios de granos y carnes, disminuyendo las exportaciones y encareciendo las importaciones en términos relativos. Faltaron, por ello, divisas para afrontar los servicios de la deuda externa y mantener las importaciones a niveles corrientes. Otro fuerte golpe a la abierta economía argentina lo asestaron los países rectores de la economía mundial al renegar del liberalismo y adoptar un vigoroso proteccionismo, con abandono del patrón oro y el comercio bilateral regido por convenios gubernamentales, entre otras medidas. En tal contexto, el comercio angloargentino de carnes quedó severamente trastrocado cuando, en febrero de 1932, el Reino Unido exigió permiso para sus importaciones de carnes y, más aún, cuando en agosto del mismo año, al otorgar en la Conferencia Imperial de Ottawa preferencia a sus dominios y comprometerse a reducir las importaciones de carne vacuna argentina109. A comienzos de mayo de 1933 se firmó el pacto entre el estado argentino y británico, cuando la comisión respectiva de la Cámara de Diputados estudiaba el proyecto de ley de carnes. Dicho convenio comprometió al Reino Unido a importar carne argentina hasta un nivel similar al alcanzado el período anual terminado en junio de 1932, el más bajo desde 1921, pero reservándose el derecho de no hacerlo si ello fuere necesario para asegurar un nivel remunerativo de precios en aquel país. También se preveía un préstamo para que la Argentina pudiera remesar divisas correspondientes a utilidades de empresas británicas. Como contrapartida, nuestro país se abstenía de limitar el uso de divisas para compras en el Reino Unido, facilitaría divisas para remesas de utilidades de empresas británicas, otorgaría trato benévolo a los intereses del Reino Unido, no gravaría la importación de carbón u otras mercaderías británicas y dejaría en manos inglesas el otorgamiento de cuotas para la importación de carne argentina, pero recibiría una cuota del 15 % en el caso de que mediante una ley se constituyeran en la Argentina sociedades de ganaderos sin fines de lucro privado para regular el comercio de la carne. Los requisitos de esa cuota anticipaban lo sancionado después por la ley 11.747 y lo materializado más tarde al crearse la Corporación Argentina de Productores110. La menor demanda de carne, especialmente en calidades superiores, e inciertas perspectivas provocaron una sensible caída de precios. Los frigoríficos, ya dirimidas sus anteriores luchas, recurrían a variados medios para transferir a los ganaderos y, en especial a cierto estrato de ellos, una baja de previos en parte real y en parte no justificada111. Esto llevó a la sanción de la ley 11.747, por la que se creó la Horacio C. E. Giberti, op. cit., p. 210. Horacio E. Giberti, op. cit., p. 218, pone de resalto que “Finalmente, ambos países se comprometían a investigar la estructura económica y financiera y del funcionamiento del comercio de carnes, con especial referencia a los medios a adoptarse para asegurar razonable beneficio a los ganaderos. Merced a esta cláusula nació el Comité Mixto Investigador del Comercio de Carnes Anglo-Argentino, que si bien trabajó con gran lentitud, produjo un documentado informe sobre maniobras del oligopolio frigorífico y su trato discriminatorio a favor de una minoría de grandes invernadores”. Según Peter H. Smith, en “Carne y política en la Argentina”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 139, “Roca había recibido dos instrucciones principales. En primer lugar, debía ayudar a los ganaderos argentinos aumentando su participación en el mercado del Reino Unido; en segundo término, debía arrebatar el control del comercio de exportación al pool frigorífico anglo-norteamericano. Los británicos, representados por Walter Runciman en su carácter de presidente de la Cámara e Comercio, tenían una variada mezcla de motivos. Tenían escasez de libras esterlinas y procuraban descongelar alrededor de L 11 millones en pesos argentinos que habían sido bloqueados por los controles de cambio argentino desde octubre de 1931. Esperaban expandir los mercados extranjeros para sus productos manufacturados. Y deseaban continuar protegiendo a los criadores de ganado británicos”. 111 Horacio C. E. Giberti, op. cit., p. 211, señala, a modo de ejemplo, que entre 1929 y 1933, el precio medio del ganado vacuno en Liniers bajó 41 %, pero el precio de la carne descendió apenas 10 % en Capital Federal y 17 % en Smithfueld. Destaca el mencionado autor que menudearon las discriminaciones de precios entre ganaderos, 109 110

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Junta Nacional de Carnes, encargada de aplicar y hacer cumplir la ley 11.226 sobre contralor del comercio de carnes y de otras leyes de carnes y ganados. Dicha Junta podría establecer normas para clasificación y tipificación de ganado y carnes, para consumo o exportación, y prohibir embarques en caso de no ajustarse a ellas. La entidad de la actividad productiva ganadera en el ámbito económico argentino quedó definitivamente reflejada en el debate suscitado en el Senado de la Nación, en 1935, en el que Lisandro de la Torre denunció el comercio de la carne como un escándalo nacional112. Por otra parte, la acción de la oligarquía restaurada en el poder desde 1930 asumió una política de control de producciones tradicionales como los granos.113 El protagonismo de las inversiones extranjeras produjo lo que Rodolfo Puiggrós llama “la invasión de los monopolios”114. Pone de resalto este autor que las inversiones el capital extranjero en la Argentina alcanzaban, en 1938 alrededor de ochocientos millones de libras esterlinas, distribuidas en un 67 % inglesas, 21 % norteamericanas y 12 % de otras procedencias, lo que equivalía a aproximadamente 9.160 millones de pesos, resultando una de las relaciones más altas del mundo entre inversiones por número de habitantes, evidenciándose, de tal suerte, la dependencia económico-financiera del país de los monopolios extranjeros. Una de las primeras áreas que ingresaron bajo el control foráneo fue el estratégicamente relevante del petróleo. Tanto los ámbitos de la prospección, la extracción, la refinación, el transporte como la comercialización se sometieron a la disputa ya existente a nivel mundial entre empresas norteamericanas y británicas, aunque la tradicional posición de los gobernantes de facto argentinos los tornaba proclives a tomar partido por estas últimas. Mas los consorcios anglonorteamericanos llegaron a un acuerdo en 1933 por el cual la Standard Oil cedía a la Royal Dutch el mercado de consumo de la Argentina y, a la inversa, la Royal Dutch cedía a la Standard Oil el mercado de consumo de Brasil, mientras Paraguay y Uruguay se consideraban sucursales controladas desde Argentina115. Es significativo que entre 1937 y 1943, casi al final del período propuesto a estudio, el incremento productivo de petróleo le corresponde a los grupos ingleses, notándose una sensible disminución para los grupos norteamericanos116.

clasificaciones arbitrarias de haciendas y tantas otras maniobras ya conocidas. Entre 1929 y 1934 los frigoríficos promediaron beneficios que oscilaban entre 11 % y 14 % de su capital, mientras los correspondientes a 41 de las principales estancias argentinas cayeron de 7 % a 1 % o nada en 1932-1934. 112 Peter H. Smith, op, cit., p. 165, dice que “De la Torre, criador de ganado y ex presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, hablaba en nombre de los criadores”. En ese debate lanzó un ataque no tanto contra los empresarios de frigoríficos como contra el gobierno de Justo. 113 Rofman y Romero (op. cit., p. 156) afirman que “como respuesta a un mercado externo que había disminuido sus demandas, el Estado adoptó la política de regular la producción y comercialización de productos agrícolas mediante la creación de la Junta Nacional de Granos, el establecimiento de precios sostén y la limitación de las áreas sembradas. Iguales medidas se tomaron con otros cultivos como la vid. El azúcar y el algodón (…) El Estado logró así asegurar la renta agraria para los sectores propietarios a costa de arruinar a innumerable cantidad de pequeños hacendados y de acentuar el proceso de concentración de la propiedad”. 114 “Historia crítica de los partidos políticos argentinos”, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, T. III, p. 225. 115 Puiggrós, op. cit., p. 246, señala que “El acuerdo trajo de inmediato una guerra e precios con la finalidad de desorganizar los mercados internos, arruinar a los competidores independientes y provocar la intervención de los gobiernos a favor del reparto mencionado… El monopolio inglés nunca fue partidario de la nacionalización integral ni de la libre empresa integral en la zona del Cono Sur que le correspondió por el arreglo. Sabía que por aquella quedaría erradicado del mercado interno argentino y por ésta nuestros yacimientos caerían en poder del monopolio norteamericano. Prefería la sociedad mixta angloargentina, que en 1916 propuso a Hipólito Yrigoyen sin ningún éxito”. 116 Puiggrós, op. cit., p. 249, destaca que en 1937 la producción petrolera de las empresas británicas ascendía a 999.163 m3, mientras que las de las empresas norteamericanas era de 332.443 m3. En cambio, en 1943, las primera llegaron a producir 1.109.629 m3, en tanto que las últimas disminuyeron a 201.815 m3.

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En lo que interesa a la actividad industrial, debe decirse que su desarrollo fue limitado, sin que rebasara los límites asignados por el sector dominante117, con intereses predominantemente fijados en la producción primaria agroexportadora. Otro importante renglón a examinar es el sector de la energía eléctrica. En 1936 Dannie Heinemann118 arribó al país, en su calidad de representante del poderoso consorcio SOFINA119CHADE120-SIDRO, de capitales europeos, con el objetivo de obtener lo que luego serían las leyes 12.331 y 12.346 de Coordinación de los Transportes y las ordenanzas 8.026 y 8.029 de Concesiones Eléctricas. El sistema monopólico de producción y aprovechamiento de beneficios también tuvo la impronta nacional. Así, la firma Bunge y Born se adueñó de gran parte del mercado de granos y cereales del país121. Otro de los grandes monopolios de origen argentino que se proyectaron al ámbito internacional fue el de los Bemberg, dedicado a la explotación de empresas como la Brasserie Argentine Quilmes y Puerto de Rosario, vinculados a la Banca Rotschild y al fabricante de armamentos Schneider. II. Eje social Hacia 1940, aproximadamente, el país, sometido a una grave crisis política, entraba de lleno en el proceso económico insinuado veinte años antes. La era de la industrialización comenzó entonces subrepticiamente y desencadenó fenómenos sociales novedosos, derivados del impacto económico. Los altos salarios ofrecidos por la industria no sólo produjeron importantes cambios en la distribución ocupacional sino también en la distribución geográfica de la población122. Aparecieron nutridas zonas industriales en la periferia de las ciudades, y en ellas se crearon centros de habitación de caracteres singulares y en los que coincidían los más diversos estratos sociales. El ritmo del éxodo rural se aceleró enormemente y las consecuencias fueron nuevos fenómenos de contacto social, fenómenos que

117 Rofman y Romero (op. cit., p. 161) expresan que “el control exclusivo que el sector propietario tenía del poder le permitió reducir al mínimo los ingresos del sector obrero. La capacidad de presión del sector obrero fue muy limitada durante este período, primero por las consecuencias de la recesión y el desempleo y, después, por la endeblez de la organización sindical. La solidez del poder, la falta de oposición organizada y la debilidad estructural de los sectores que se oponían a la política estatal permitieron mantener una política salarial que determinó una gran acumulación de capital”. A ello se sumaron iniciativas como el Plan de Reactivación Industrial promovido por el ministro Pinedo en 1940. 118 Era Presidente de la Societé Financière de Transports et d’Enterprises Industrielles, con sede en Bruselas, con participación de los más notorios grupos empresarios europeos, desde bancos ingleses como el Midland Bank hasta el Deutsche Bank de la Alemania nazi. 119 Dijo de esta sociedad Jorge del Río en FORJA: “la SOFINA se encuentra bajo la protección de una diplomacia fuerte y hábil, la diplomacia inglesa. Porque sus principales dirigentes se encuentran muy vinculados al Imperio y a sus conveniencias. La SOFINA tiene intereses directos en el tráfico de nuestra cosecha; por ello y por ser dueña, a la vez, de nuestros principales servicios públicos, no le es indiferente nuestra balanza comercial, el valor de nuestra moneda, ya que de todo esto depende de la facilidad para la exportación de sus enormes dividendos […] Uno de los negocios más interesantes que hacen las finanzas extranjeras por medio de la SOFINA, con este fuerte sistema unificado de nuestros servicios públicos, es la venta de carbón, principalmente de carbón inglés, de las minas de la SOFINA, para las usinas de las empresas de electricidad y de la Compañía Primitiva de Gas. El negocio del carbón, que entra al país libre de derechos, se encuentra ligado al transporte de nuestra cosecha, hecho en buques extranjeros, que vuelven con carbón como lastre”. A esto cabe agregar el elevado grado de compromiso de políticos y funcionarios nacionales con las más importantes empresas extranjeras, recordando Puiggrós, op. cit., p. 261, los casos de los ministros Carlos Saavedra Lamas, director de CITRA, Alberto Hueyo, Vicepresidente de CADE, y Federico Pinedo, asesor técnico y jurídico de CADE. 120 Compañía Hispano-Americana de Electricidad, con sede primero en Madrid y luego en Bruselas. Monopolizaba, junto con la empresa ITALO los servicios eléctricos de la ciudad de Buenos Aires. Luego cambió su denominación por Compañía Argentina de Electricidad (CADE). 121 José Luis Torres, citado por Puiggrós, op. cit., p. 272, dice que “El monopolio de granos y cereales del país está representado por Bunge & Born, de quien es abogado consultor y apoderado, según se comprobara en forma fehaciente, el doctor Miguel J. Culaciati (ministro del Interior del presidente Castillo). Esta casa cerealista tiene sucursales en cada país de Europa … Mientras loa agricultores argentinos, para vivir mal, deben recibir una limosna anual extraída sobre el hambre de sus compatriotas, se ha levantado con su producción incesante uno de los más grandes trusts del mundo entero”. 122 Señala sobre el particular Silvia Agostini en “Ciudad: exclusividad y pobreza. El signo de los noventa” (publicado en “Los noventa. Política, sociedad y cultura en América Latina y Argentina de fin de siglo”, AAVV, compilado por Daniel Filmus, ed. FLACSO y EUDEBA, Buenos Aires, 1999, p. 262), que “la urbanización es un proceso que supone un doble flujo poblacional ya que el crecimiento urbano se da en desmedro de la población asentada en las zonas rurales”, agregando (op. cit., p. 263 “el incremento de la actividad industrial y la consolidación del modelo económico, permitieron mejoras sustanciales de los salarios que junto al ofrecimiento de créditos para la construcción de viviendas por parte de la banca estatal, el descenso de los precios de venta de las propiedades, la venta e lotes en cuotas accesibles y el abaratamiento del costo del transporte urbano facilitaron el ascenso social de amplios sectores de obreros y empleados, entre los que estaban los antiguos habitantes de inquilinatos”.

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entrañaban verdaderos contactos culturales123. De este modo se aglutinó un proletariado urbano muy numeroso, cuya composición social y cuyos contenidos culturales eran sumamente heterogéneos124. Indudablemente que en la provocación de este fenómeno tuvo particular importancia el desarrollo industrial propiciado por el proceso de sustitución de importaciones, reclamado por las consecuencias derivadas de la Segunda Guerra Mundial. III.

El eje político

Luego del golpe de 1930, asumió el Poder Ejecutivo el General José Evaristo Uriburu, como fiel representante del sector políticamente más conservador pero, a la vez, económicamente sujeto a los designios extranjeros y, sobre todo, británicos125. Esto último habrá de advertirse al poco tiempo de producirse la asonada que defenestró a Yrigoyen, cuando Uriburu, ferviente admirador del estilo militar prusiano en el que había sido formado, se vea superado por quienes depositaban sus esperanzas de reubicar al país dentro del orden británico, a la sazón, uno de los vencedores de la última conflagración mundial, provocando su renuncia al cargo. De las elecciones que le siguieron, emergió la figura del General de Ingenieros Agustín Justo quien no tardaría en integrar el accionar de su gobierno a las pretensiones del capital extranjero, con total sumisión. En 1938 se inicia el período de gobierno de Roberto M. Ortiz, bajo los oscuros auspicios de la cercanía del triunfo de las falanges franquistas sobre la República Española, ya en extinción, mientras que la Alemania de Hitler se anexaba Austria y se cernía sobre los Sudetes checoslovacos, preanunciando seis años de una segunda guerra a escala mundial. La fórmula presidencial de Ortiz y Castillo obtuvo la victoria representando a una coalición política conformada por conservadores y radicales antipersonalistas, una vez más, a mérito de los artilugios de un régimen electoral fraudulento. El nuevo presidente llegó a su cargo luego de haber sido durante muchos años abogado y representante de intereses ingleses en la Argentina, por lo que no cabía esperar demasiados cambios en el derrotero político y económico de su gobierno. Sin embargo, la intervención dispuesta por la Nación a la provincia de Catamarca, de la cual era originario el vicepresidente Castillo, y luego, idéntica medida adoptada respecto de la provincia de Buenos Aires, inició una etapa de desentendimientos en el abanico político oficialista. Es a partir de este momento que Ortiz comienza a perfilarse como el líder de una tendencia democratizadora del régimen, con la intención de ganar una base de sustentación política propia que le permitiera enfrentar en un futuro próximo a sus hasta entonces aliados, los conservadores126. Sin embargo, su retiro anticipado de la conducción del Estado, por causa de una enfermedad que lo llevaría

123 Rofman y Romero (op. cit., p. 162) expresan que “la industrialización aceleró el proceso de migraciones internas: grandes masas de población rural, empujadas por la crisis agrícola, se volcaron hacia los centros industriales, especialmente la capital; el crecimiento de sus zonas suburbanas -el Gran Buenos Aires- es muy conocido (…) La expansión del sector obrero modificó lentamente el equilibrio alcanzado entre las fracciones sociales; el nuevo proletariado se incorporó a la acción sindical y se movilizó en pos de mayores salarios y mejores condiciones de trabajo. La ola de huelgas y acciones de fuerza creció, y culminó en los años 1939-42, aunque no obtuvo grandes victorias, pues chocó con el programa e intensa acumulación que estaba realizando el sector industrial. Estamos aquí, sin embargo, ante uno de los elementos dinámicos que explican cómo se modificó la estructura de poder en la etapa siguiente”. 124 José Luis Romero, “El caso argentino y otros ensayos”, ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 91. 125 En este sentido Robert Potash en “El ejército y la política en la Argentina” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, T. I, p. 88 y sgtes.) llama la atención sobre la particularidad que significó que la mayoría de los hombres del gobierno golpista eran civiles, fuertemente comprometidos con intereses económicos extranjeros. 126 Alberto Ciria en “La democracia constitucional y su crisis”, junto con Darío Cantón y José Luis Moreno, ed. Hyspamérica, Bs. As., 1986, p. 204.

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rápidamente a la muerte, provocó la asunción de su vicepresidente, Castillo, quien no tardó en reencauzar el rumbo del Estado conforme a los designios de la clase dirigente tradicional, volcándose a un ejercicio ortodoxo del poder hasta caer en un verdadero agotamiento del sistema que se hizo notorio e insostenible hacia 1943.

1943: UN NUEVO INTENTO DE PROTAGONISMO ECONOMICO SOCIAL En 1943 una agrupación de oficiales del ejército argentino, fuertemente identificados con orientaciones nacionalistas127 e industrialistas que determinarían el destino del país en los próximos años, se adueñó del poder político, desgastado en manos de sus anteriores depositarios. Entre los victoriosos conjurados eran mayoría los jefes y oficiales con mando efectivo de tropa, coroneles y tenientes coroneles que, por su mayor contacto con los sectores populares participaban de una mayor perspectiva del problema social128. Entre las características de este nuevo intento se pueden mencionar su arraigado espíritu corporativista reflejado en la ordenación del aglutinamiento del sector trabajador, su tendencia decididamente populista, sus preferencias filosófico-políticas cercanas al militarismo ítalo-germano, vigente en la época, e ideas económicas consustanciadas con un vigoroso industrialismo nacional129. Sobre si fue o no el movimiento, originado en lo que más tarde se denominó Revolución de 1943, un renovado intento de las clases sociales postergadas de emerger de su situación o si, por el contrario, sólo constituyó su instrumentalización al servicio de un sector de las fuerzas armadas, interesadas en despojar a la clase política tradicional del ejercicio del poder para ponerlo al servicio de sus propios intereses es un interrogante que todavía persiste pero que, en todo caso, tuvo derivaciones empíricamente demostrables. Los síntomas del cambio: 1.

El poder obrero

Una vez más, el sector trabajador, primero urbano, altamente concentrado en los anillos circundantes a las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, comenzó a reorganizarse pero en base a nuevas inspiraciones, alejadas de las que originaron su formación. Así, perdieron relevancia las primitivas orientaciones comunistas y anarquistas para ganar preponderancia lo que 127 Es verdad que existen algunas discrepancias respecto a la participación que les cupo a los grupos nacionalistas en el golpe de estado del 4 de junio de 1943. Anota Alberto Ciria en “Partidos políticos y poder en la Argentina moderna” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 110) las palabras de Marcelo Sánchez Sorondo quien afirma que “quizá el Ejército, si gozaran de sentidos los seres colectivos, algo palpó sin establecer qué ni como adecuarse. Aunque no se exagere: no existe prueba concluyente de que el 4 de junio, ni a la deriva, derive del proselitismo nacionalista”, agregando, empero que “lo anterior, por supuesto, no será obstáculos para que elementos nacionalistas diversos se infiltren en el gobierno revolucionario tratando de llevar agua para su molino”. 128 Alain Rouquié en “Poder militar y sociedad política en la Argentina” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, T. II, p. 21) apunta que la caída de quien fuera el primer presidente salido de este movimiento revolucionario, el General Rawson, “reveló la existencia de un poder detrás de los generales. Los autores del golpe de estado permanecían en segundo plano. Corría el rumor deque Rawson había fracasado porque al formar su gabinete se había olvidado de una decena de coroneles de la 1º y 2º División, autores de los planes del levantamiento. Los coroneles son los oficiales de mayor rango con mando de tropa; es por eso que el dicho ‘cherchez le colonel’ es procedente para conocer la verdadera orientación de una intervención militar. La presión de los coroneles, facilitada por el carácter insustancial de los generales revolucionarios, iba a adquirir una importancia decisiva. Pero más decisivo aún era el mito de su fuerza y de cohesión, que se había creado poco a poco. En la Casa Rosada y en el Ministerio de Guerra se vivía obsesionado por los coroneles. Naturalmente, los hábiles intrigantes del GOU aprovecharían la situación para eliminar ante todo a los oficiales proaliados o antinacionalistas”. Por su parte, Robert Potash en “El ejército y la política en la Argentina” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, T. I, p. 263) pone de manifiesto que también “contribuyeron al clima de descontento los esfuerzos del gobierno de Castillo encaminados a utilizar las Fuerzas Armadas con fines partidistas. Las implicaciones políticas e las invitaciones personales del Presidente a los generales y los almirantes no pasaban inadvertidas para los coroneles que mandaban unidades de tropa”. 129 Destaca Rodolfo Puiggrós (op. cit., T. III, p. 426) que “los fines inmediatos del golpe militar están fuera de discusión: malograr la candidatura oligárquico-imperialista de Patrón Costas, defender la neutralidad y purificar la administración pública. No sucede lo mismo en cuanto a los fines mediatos”.

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pretendió ser un sindicalismo puro, despojado de perspectivas políticas antes imprescindibles130. Lo cierto es que esta nueva orientación, políticamente aséptica131, no dejó de ser alentada por los impulsores del movimiento emergente con el desembozado propósito de usufructuar la fuerza política derivada de la representación proletaria. El valor del aglutinamiento obrero fue doble pues, por un lado, aseguró su protagonismo como factor de poder político y, por el otro, asumió su nueva calidad de elemento de poder económico a mérito del mayor reconocimiento de su participación en el ámbito productivo nacional132. Aunque, justo es reconocerlo, en sus orígenes, el sector de los trabajadores no se halló representado por el nuevo gobierno y, ni siquiera por las políticas por él implementadas sino que, antes bien, depositaron su confianza, lentamente, en una persona en particular, el entonces coronel Perón133. 2.

El poder industrial

Fue el sector privilegiado en el marco de crecimiento estratégico diseñado por los militares que se apropiaron del poder tras el golpe de 1943. Esta idea se inscribía en el proyecto modernizador que los jefes militares del pronunciamiento tenían previsto para el país y al que no era extraña la pretensión de desarrollo de la producción castrense. Las áreas más representativas de esta iniciativa fueron las industrias pesadas y la producción petrolera, entre otras. No debe pasarse por alto la incidencia que en el desarrollo del sector industrial argentino tuvo la Segunda Guerra Mundial, provocando el proceso de sustitución de importaciones que lo colocó en primer lugar en el escenario económico nacional134. 3.

El poder político

130 Albaro Abós, en su obra “La columna vertebral. Sindicatos y peronismo” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 148) destaca que “en 1943, cuando Perón accedió a la administración laboral (o en 1946, cuando fue electo presidente por primera vez, en elecciones libres), el sindicalismo argentino ya tenía vida propia. Los sindicatos preexistieron al peronismo. Claro que el sindicalismo anterior a 1930 o a 1943, tenía muy poco que ver con el que luego se conoció. Es que las características de la población obrera en aquella época condicionaban la existencia de ese sindicalismo y no de otro: el proletariado era en gran proporción extranjero, demográficamente minoritario, profesionalmente especializado, vinculado política y afectivamente a su patria de origen y a las coordenadas ideológicas europeas. El proletariado que comenzó a predominar en 1930 y que constituía una realidad tangible en 1943 iba en camino de convertirse en la clase social mayoritaria, era criollo, no calificado, con una problemática política nacional”. 131 Dice Hiroshi Matsushita en “Movimiento obrero argentino. 1930-1945” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 259) que “una de las medidas que provocó roces con el gobierno fue la promulgación del decreto 2.667 de Asociaciones Profesionales dado a conocer el 20 de julio [de 1943]. Dicho decreto, entre otras cosas, contenía cláusulas restrictivas al movimiento obrero, tal como la prohibición de participación en la acción política, la prohibición de agremiación de menores de 18 años y la restricción de los extranjeros en los cargos directivos en el gremio. Sobre esto último, el decreto estipulaba que ‘en sus dos terceras partes, los cargos directivos y representativos sean desempeñados exclusivamente por argentinos nativos o por ciudadanos naturalizados, con no menos de cinco años de ejercicio de la ciudadanía, elegidos de entre sus miembros, componentes o integrantes’,. Ante tal decreto, la C.G.T. no ocultó su disgusto en su órgano con fecha 6 de agosto de 1943. La central obrera, entre otras cosas, indicaba cuán injusta era la exclusión de los obreros de la acción política”. 132 Señala Hiroshi Matsushita, op. cit., p. 257, que “a diferencia de la casi absoluta pasividad o indiferencia con que los obreros recibieron la revolución de 1930, mostraron mucho más interés en el movimiento revolucionario de 1943”. 133 Alvaro Abós (op. cit., p. 149) expresa que “durante el tiempo en que ocupó funciones gubernativas en el régimen militar de 1943-1946, Perón no tuvo hegemonía política ni en la administración misma ni, mucho menos, en el marco general del poder. Las estructuras institucionales continuaron en manos de la oligarquía: tanto los medios de comunicación de masas como el poder judicial, tanto la burocracia estatal en sus estratos medios y superiores –en especial la enseñanza- como los resortes del poder económico. En estas condiciones, la labor de Perón desde el aparato oficial fue solitaria. Los trabajadores no se sentían interpretados por un gobierno. Sí, en cambio, por un coronel que ocupaba una función intermedia, y alrededor del cual, como figura personal, se fueron nucleando en contra del poder detentado por la oligarquía y del gobierno militar, en alguna medida complaciente con ella… Finalmente, cuando ese gran conglomerado popular que sería el peronismo comenzó a insinuarse, aquel gobierno no vaciló en expulsar a Perón de su filas…”. 134 Alejandro Rofman y Luis Romero (op. cit., p. 163) ponen de resalto que “el proceso de sustitución de importaciones se aceleró notablemente al comenzar la década del cuarenta a causa de las repercusiones locales de la Guerra Mundial. Los problemas que debieron enfrentar los países centrales, que habían convertido su industria en función de las necesidades de la contienda, y también el relativo aislamiento que provocó la lucha marítima, crearon para la industria argentina nuevas condiciones de protección automática. El desarrollo industrial que hasta entonces se había limitado a industrias ya instaladas, estrechamente vinculadas con los grupos internacionales, incorporó toda una serie de actividades que adquirieron un mercado por la guerra: repuestos, mantenimiento, metalurgia, etc. (…) Por otra parte, la coyuntura favorable creada por la misma guerra a los productos agropecuarios otorgó al país una gran cantidad de divisas y saldos comerciales favorables (…) En torno de ese grupo se formó un nuevo aglutinamiento, apoyado en aquel sector de industriales que, a partir de la guerra había adquirido autonomía respecto de la antigua fracción terrateniente. Surgido y fortalecido en la coyuntura bélica, sin las vinculaciones que los antiguos grupos industriales tenían con los agrarios y con las empresas internacionales, trató de llevar adelante el proceso de industrialización más allá de los límites que le había impuesto hasta 1943 el sector oligárquico. El apoyo estatal fue indispensable para esa política, no sólo por la protección necesaria sino para posibilitar su relación con el sector obrero”. De esta manera, concluyen los autores citados, “el movimiento peronista se presentó como una alianza entre los sectores más nuevos y pujantes de la burguesía industrial y la clase obrera, organizada y garantizada por el Estado…”.

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El centro del ejercicio del poder político efectivo se trasladó, como consecuencia del movimiento militar de 1943, a un nuevo polo, integrado principalmente por militares pero en el que no estuvieron ajenos otros sectores en el que adquirieron singular relevancia los representantes de los trabajadores y los líderes industriales, favorecidos por el proyecto de los gestores del golpe. Contrariamente a lo que persigue instaurar el pensamiento historiográfico clásico, el movimiento emergente no fue apoyado sólo por un movimiento de masas en protección de sus intereses, sino que además fue auspiciado por un considerable grupo industrial que advertía las posibilidades de beneficiarse con los objetivos fijados por los nuevos titulares del poder político135. La alianza instaurada entre los referentes militares, económicos y obreros más fuertes se orientó, paulatinamente, a sustentar las pretensiones políticas de quien comenzó a investir, por obra propia y de los acontecimientos, en el líder indiscutido del nuevo movimiento136, Juan Domingo Perón.

1946/1955: UNA NUEVA FORMA DE EJERCICIO DE PODER QUE DIVIDIRIA LA HISTORIA SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA DE LA ARGENTINA En 1946 asume la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional Juan Domingo Perón, quien fuera uno de los más activos actores del golpe de estado de 1943, tras asignarse a sí mismo, el triple rol de Ministro de Guerra, Vicepresidente de la Nación y Secretario de Trabajo. Es verdad que debió experimentar un interregno en el que perdió de manera momentánea todo lo conseguido, pero no lo es menos que logró recuperarlo merced al delicado entramado de fuerzas sociales, políticas y económicas que pudo tejer en torno a sí. 1. Eje social La relevancia que el nuevo régimen reconoció a la participación de los trabajadores como base de sustentación de su proyecto, demandó la necesidad de imprimirle una organización adecuada a sus propias pretensiones políticas. Para ello, Perón acudió a un novedoso plan de integración social por medio de los sindicatos, teniendo influencia en ello su política de distribución de ingresos137.

135 Alejandro Rofman y Luis Romero (op. cit., p. 165) señalan que “uno de los puntos básicos de la política peronista inicial fue la redistribución de ingresos. Son bien conocidas las medidas iniciadas en 1943 desde la Secretaría de Trabajo, que fueron factor decisivo del triunfo electoral de Perón y que se prolongaron hasta el final de la década del cuarenta. En buena medida esta política respondía a la presión anterior del movimiento obrero, que vio así satisfechos muchos de sus reclamos. Pero probablemente fue más importante el que la redistribución de ingresos expandiera sensiblemente el mercado consumidor interno; esta expansión era vital para todas las industrias surgidas de la guerra, a las que el fin de la contienda ponía en una situación difícil. La mayor demanda de productos de consumo, especialmente los de consumo durable, permitió la subsistencia del sector manufacturero, que era uno de los ejes del bloque dominante. Era esta coincidencia de intereses entre industriales y obreros, decididamente efímera, la base de la existencia del peronismo. Esta situación, al generar un mercado interno consumidor con necesidades que debían ser satisfechas, obligó a volcar el esfuerzo económico hacia la industria de bienes de consumo, abandonándose el primer proyecto industrializador del ejército”. 136 Tan cierta es la soldadura de esta afinidad que Robert A. Potash en “El ejército y la política en la Argentina” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, T. II, p. 17) pone de resalto que “para comprender el ambiente político de la Argentina en los meses anteriores a las elecciones de febrero de 1946, es necesario analizar desde cerca las dos fuerzas políticas no tradicionales más poderosas, ambas capaces de influir en los resultados: los militares y el movimiento obrero. A pesar de que ninguna de esas dos fuerzas había desempeñado un papel importante cuando la Argentina había concurrido por última vez a las urnas en las elecciones legislativas de 1942, observadores sagaces debieron percibir en la expansión del movimiento obrero una fuerza cuya capacidad para ofrecer apoyo político a un gobierno electo era comparable a la capacidad de los militares para derrocarlo”. 137 Dice Peter Waldman en “El peronismo. 1943-1955” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 150) que “La integración de los estratos marginales no era un mero problema económico y legal. Perón tenía plena conciencia de la importancia que podían tener las estrategias ideológicas y emocionales para captar la masa trabajadora sin ubicación hasta ese momento”.

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Así también, contribuyó a jerarquizar socialmente a las clases intermedias mediante el fomento de la pequeña y mediana industria, con la pretensión de alcanzar una mayor nivelación del patrimonio de la clase acomodada138. 2. Eje económico El régimen emanado de las elecciones de 1946 mantuvo su fidelidad a las pretensiones industrialistas que inspiraron al movimiento golpista de 1943. Ello obligaba a mantener buenas relaciones con los propietarios de los medios de producción que, sin perjuicio de la identificación del sector trabajador con el gobierno, no dejaban de contar con la asistencia oficial para satisfacer sus necesidades139. Es que no otra cosa era posible hacer frente a la exigencia de mantener un adecuado equilibrio socio político que permitiera perdurar en el poder. Los signos nacionalistas, a su vez, eran esenciales para brindar identidad al ideario que se propuso imponer al conglomerado social dirigido. 3. Eje político La orientación nacionalista, originalmente generadora de desconfianza de parte de los ámbitos más comprometidos con sectores aliadófilos, tornaron difícil la convivencia internacional y, sobre todo, hemisférica con los Estados Unidos. Lo cierto es que Perón estaba lejos de alinearse con cualquiera de los pensamientos predominantes emergentes en la primera etapa de posguerra, acercándose más a posiciones nacionalistas independientes, alejadas de su ya eliminada fuente nazi-fascista para pasar a buscar una fuerte identificación con tendencias locales propias de países que pretendían mantenerse al margen del conflicto Este-Oeste. Sin embargo, fronteras adentro, la supervivencia del régimen volvía necesario, a ojos del gobierno, fortalecer los mecanismos de control social y económico, acercándolo peligrosamente a un acotamiento de las libertades que no podía persistir por mucho tiempo más sin resentir las bases del sistema republicano de gobierno. El pleno dominio de los resortes políticos y sociales no puede redundar en beneficio de la democracia, por lo que su mayor fuerza se tornó su mayor frente de debilidad. 4. Instrumentos jurídicos creados Sin dudas que en la cúspide de ellos debe situarse a la Constitución de 1949. Incluso sus más acérrimos detractores han reconocido que, además de la inclusión en su texto de normas orientadas a asegurar la continuidad del régimen, también introdujo disposiciones de evidente contenido social y de reafirmación de la titularidad nacional sobre determinados bienes como lo era el petróleo, entre otros. Asimismo, es destacable el dictado de la ley de Radicación de Capitales en 1953 que marcó el comienzo del fin de la coyuntura expansiva con génesis en la sustitución de importaciones. Este proceso

Se trata de la aplicación en la Argentina de lo que se dio en llamar “Estado de Bienestar”. Dice al respecto Francisco Colom en “Razones de identidad. Pluralismo cultural e integración política” (ed. Antrophos, Barcelona, 1998, p. 25 y sgtes.) que “el Estado de bienestar sería para los primeros analistas sociales y políticos, por consiguiente, un fenómeno específicamente británico definido por la extensión de determinados servicios sociales universales, por la persecución del pleno empleo como objetivo político prioritario y por la asunción de un ambicioso plan de nacionalizaciones. El término no tardaría, sin embargo, en hacerse extensivo a las políticas aplicadas por los gobiernos occidentales de distinto signo a partir de la década de los cincuenta”. 139 Alejandro Horowicz en “Los cuatro peronismos” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 106) resalta la dialéctica entre la clase trabajadora y la patronal, suscitada en las vísperas del triunfo electoral de Perón de 1946, en el que los empresarios fueron vencidos en su intento de oponer un lock out a las aspiraciones del nuevo líder laborista. 138

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tendió a favorecer principalmente a las industrias de bienes de consumo, descollando entre ellos, la actividad textil, de maquinarias, artefactos eléctricos e industria del caucho140. Por lo demás, la legislación laboral fue la más abundante en este período, destinada a dar cauce a las exigencias emanadas de los sectores trabajadores aunque -resultaría ingenuo no admitirlo- contando siempre con el consenso de los grupos empresarios con los que no convenía malquistarse. También se crearon numerosos organismos de control de determinadas actividades económicas cuya relevancia se tuvo en cuenta a los fines de mantenerlas debidamente reguladas. Entre estos se debe contar al Instituto Argentino de Promoción Industrial que se sumaba a otros ya existentes en orden a no dejar ningún ámbito de la producción exento de vigilancia oficial141. 5. Declinación El proyecto político de Perón, vigorosamente asentado en la disciplina de la respuesta social y en el entendimiento con los titulares de los sectores productivos, comenzó a debilitarse ni bien se intentó abandonar la iniciativa tutelar sobre aquellos. Los gremios instrumentalizados desde el gobierno, en una primera instancia abdicaron de protestar y de ejercer presión, habida cuenta que habían extraviado toda autonomía, convirtiéndose en parte integrante del sistema de poder peronista. Mas tal estado de situación no podía perdurar pues, con el aflojamiento de la protección y la paulatina desnaturalización de los objetivos inherentes a las asociaciones sindicales, sobrevino el empeoramiento de las condiciones laborales lo que comenzó a ser resistido142. El descontento se generalizaba mientras confluían los factores que iban a conspirar contra la continuidad de Perón en el poder: la sensible fuga ideológica de los dirigentes sindicales143; el reposicionamiento de los titulares de los medios de producción para los que el modelo económico de redistribución de ingresos inicialmente diseñado ya estaba agotado por inexistencia de reservas144; el Rofman y Romero (op. cit., p. 181) ponen de resalto que “la sustitución de importaciones creó una peculiar estructura productiva, caracterizada por la coexistencia de grandes empresas de carácter semimonopólico, con alta concentración, y una gran cantidad de pequeñas empresas”, aunque destacando la escasez de inversiones en mejoras tecnológicas, derivando en baja productividad y altos costos y ausencia de desarrollo de industrias básicas. 141 Rofman y Romero (op. cit., p. 166) mencionan que “el Estado intervino en muchos sectores de la economía como gestor directo; tal el caso de la nacionalización de los servicios públicos (ferrocarriles, electricidad, gas, teléfonos, etc.); de las empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), Industrias Aeronáuticas Mecánicas del Estado (IAME), o el grupo alemán DINIE…”. 142 Baily, citado por Waldman (op. cit., p. 173) califica la oposición protagonizada por los sindicatos como “pragmática”, a diferencia de la oposición de fundamentos, de contenido ideológico y encabezada por los dirigentes anteriores a 1949. Agrega Waldman que “durante los años anteriores, las acciones de lucha emprendidas espontáneamente por los obreros habían sido bien recibidas por el gobierno el cual incluso llegaba a provocarlas. Ahora, la reacción a la protesta de los trabajadores era en extremo violenta y rigurosa. Por lo general, la huelga era declarada ilegal y se procuraba reprimirla por todos los medios. Perón procedió con especial dureza en ocasión de la última gran huelga, la de los ferroviarios. Con acuerdo de la C.G.T. dictó una ley por la cual se sometía a los huelguistas a la justicia militar. Los organizadores fueron juzgados y condenados a prisión; el resto del personal interviniente fue exonerado, si bien más tarde se reincorporó a gran parte de los obreros despedidos”. 143 Destaca Waldman (op. cit., p. 175) que “sólo a partir de 1954 se observan indicios de la formación de un nuevo estrato dirigente, surgido directamente de las bases, que comenzó a disputar sus puestos a los funcionarios protegidos por el gobierno”. 144 Robert A. Potash en “El ejército y la política en la Argentina” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, t. II, p. 236) destaca que “más que en el análisis de factores generales como la situación económica, las respuestas deben buscarse en la atmósfera emocional y altamente politizada que el propio Perón, con actos de deliberación y descuido, había contribuido a crear.- En efecto, aunque no sin problemas, la economía argentina estaba en mejor situación, comparada con la crisis del período 1951-1952. La tasa anual de inflación, que había superado el 35 por ciento, había bajado a niveles de una sola cifra en 1953 y en 1954; las balanzas comerciales se inclinaban a favor de la Argentina y el nivel general de la actividad económica estaba otra vez en alza. El gobierno además, había decidido atacar los obstáculos para un rápido desarrollo económico, y hacia marzo de 1955 había establecido acuerdos con una compañía petrolífera extranjera para inversiones que reducirían la dependencia de la Argentina respecto de combustibles importados y con el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos respecto de un crédito de 60 millones de dólares para la tan postergada planta siderúrgica. Por otro lado, el gobierno instaba a los grupos obreros y empresariales para que ensayaran medios de incrementar la productividad. La situación económica, desde luego, tenía sus puntos débiles: el sector agrícola, después de su espectacular recuperación en 1953, ya no lograba producir un aumento significativo en excedentes de exportación, y los factores inflacionarios aún estaban muy presentes, por más que sus efectos se disimularan transitoriamente por medio de medidas gubernamentales como los subsidios para alimentos, las tarifas de los servicios públicos artificialmente bajas y el control de precios mantenido con rigor. A pesar de todo, la economía no había llegado en resumidas cuentas a una situación de crisis inminente que por sí sola provocara la exigencia de cambios revolucionarios”. En este sentido, Harold Peterson (op. cit., p. 232), citando como fuente un informe del First National Bank of Boston, filial Buenos Aires, que “la insistencia de Perón en la industrialización sin estímulo adecuado de la industria del petróleo y del acero, había agravado el déficit de combustibles y de energía eléctrica. Las compras en el extranjero de petróleo y carbón en 1954 saltaron al veinte por ciento del total de las importaciones, o sea el doble de la proporción de preguerra. La energía eléctrica de que se disponía, 140

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paulatino fortalecimiento de una oposición política, otrora diezmada por el control de los medios de comunicación y su forzosa desaparición de los debates públicos; la desilusión de algunos sectores militares con la reorientación del proyecto político peronista y su aprovechamiento por grupos políticos interesados en enderezar dicho sentimiento en contra del Ejecutivo; el creciente enfrentamiento con la Iglesia145; en suma, la disminución de capacidad de brindar respuesta a las renovadas exigencias sociales originadas en el cambio de las condiciones de vida.

1955-1983 LA SUCESION DE GOLPES DE ESTADO Y LA IMPOSIBILIDAD DE CRISTALIZAR UN PROYECTO INSTITUCIONAL ESTABLE. La etapa que se inaugura en 1955, con el golpe de Estado que derrocó al presidente Perón y dio fin a su segundo mandato autoriza a señalar, por lo menos, dos notas que se patentizan a lo largo de las casi tres décadas que le siguen: por un lado, la ceguera socio-política-económica de un grupo de poder que insistió tozudamente en la aplicación de recetas ya perimidas y, por otro lado, por la congénita debilidad de los gobiernos civiles para estabilizar la situación institucional argentina. Los nucleamientos tradicionalmente identificados con el control del poder que se vieron desplazados de su titularidad desde 1943, fueron los primeros responsables del nuevo quiebre en la continuidad democrática y serían quienes harían lo mismo en 1963, 1966 y 1976, instrumentando a otros sectores de la sociedad, como la Iglesia y las Fuerzas Armadas para intentar retomar su anterior posicionamiento. Junto a ellos, por cierto, se alineaban otros grupos de presión, con raíces en el extranjero, quienes participaban de idénticos objetivos con miras a garantizar la satisfacción de los intereses económicos de las empresas multinacionales. Ello explica el activismo de los dueños de las petroleras, de las industrias farmacéuticas o de los representantes de los grandes financistas internacionales. En otras palabras, el interés económico, inspirado en una ideología liberal que propugnaba la apertura total del país a los intereses transnacionales, estuvo siempre presente detrás de las pretensiones presuntamente libertarias y revolucionarias de los promotores de los distintos golpes de estado suscitados con posterioridad a 1955, resultando notable la enorme magnitud del entramado sociopolítico-económico que los sustentaban. * La Revolución Libertadora, como se autoproclamó el movimiento que destituyó a Perón en 1955146 se enfrentó con una situación inédita, como lo era una república de masas147. La misma falta de proveía menos de los tres cuartos de la demanda. El abandono de las actividades agrícolas y ganaderas originó una declinación poco menos que catastrófica en los cereales y cabezas de ganado. Debido en parte a severas sequías, el total de granos producido entre 1950-1955 descendió en 33.000.000 de toneladas de las 90.000.000 de 19391944. En los siete años transcurridos a partir de 1948, las áreas cultivadas disminuyeron cerca de una cuarta parte”. Por su parte, Rofman y Romero (op. cit., 203) añaden a lo anterior, el panorama provocado por la reducción en los beneficios del comercio de artículos alimenticios y la grave crisis agrícola del período 1950-52, que demostraron la debilidad del sector agroexportador argentino, sumado a la recuperación hegemónica de los Estados Unidos, que se hizo sentir sobre todo en Latinoamérica. 145 Dice Potash (op. cit., p. 237), en coincidencia con Harold Peterson (“la Argentina y los Estados Unidos, ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 235), aunque no sin cierta predisposición de éste último para con el régimen peronista, que “una causa más directa para la aparición de inquietudes revolucionarias puede encontrarse en las tensas relaciones que se desarrollaron entre el gobierno de Perón y la Iglesia Católica en noviembre de 1954 y en una decisión crucial de Perón: organizar una campaña declarada contra algunos miembros del clero… El factor que evidentemente precipitó el enfriamiento de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno fue la decisión de Perón de extender la red de organizaciones peronistas hasta incluir la juventud en las escuelas secundarias del país”. 146 Potash (op. cit., p. 292) poner de resalto que “el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955 señaló el retorno de la Argentina a un control militar directo, después de nueve años de gobierno semilegal”.

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consensos de fondo entre los golpistas -salvo su visceral antiperonismo- dio como natural resultado la inestabilidad del Ejecutivo emergente, sucediéndose de manera vertiginosa el reemplazo de unos por otros, sin llegar a aportar soluciones a la acefalía planteada. Desde el punto de vista económico se advertían las fuertes presiones provenientes de los distintos grupos de interés para quienes la experiencia peronista no había pasado en vano148. * El gobierno de Frondizi: en 1958, una vez extenuado el proyecto político de la Revolución Libertadora, sus dirigentes debieron admitir la necesidad de recambio institucional, el que no podía hacerse de otra manera que convocando a elecciones para permitir la asunción de un hombre elegido por la ciudadanía. El espectro político opositor, hasta entonces, dotado de una relativa homogeneidad, se fracturó ante la cercanía de los comicios, resultando uno de sus más grandes víctimas el partido político que rivalizara tradicionalmente con el peronismo, la Unión Cívica Radical. Las fuerzas antiperonistas estaban naturalmente cohesionadas en el partido conservador pero los aglutinamientos progresistas debían encontrar una forma de encauzar su pretensión de poder, para lo cual debían posar la mirada y atraer a la masa peronista, todavía vigorosa y vigente a pesar de la proscripción que pesaba sobre el partido y de su líder. Fue Arturo Frondizi, otrora referente de la Unión Cívica Radical, quien verificó tal circunstancia y, ante la resistencia de la dirigencia tradicional del partido, produjo un cisma que dio génesis a la Unión Cívica Radical Intransigente frente a la anterior, que incorporó a su denominación la expresión “del Pueblo”. Lo cierto es que esta jugada estratégica le permitió a Frondizi, no sin antes consensuar con el jefe del movimiento político mayoritario en el exilio, capitalizar los votos peronistas que le concedieron el triunfo en las urnas. El modelo económico propuesto por el nuevo presidente se compadeció con sus aspiraciones desarrollistas por lo que se avocó a la tarea de aplicarlo, permitiéndole sobresalir a ciertas áreas nuevas de la industria como la petroquímica149 o la siderúrgica, entre otras150. Mas su base de sustentación real era 147 Expresa José Luis Romero en “Las ideas políticas en la Argentina” (ed. Fondo de Cultura Económica, p. 267) que “el régimen depuesto había acelerado un proceso de cambio social y económico que se gestaba hacía más de un cuarto de siglo, y esa aceleración había modificado no sólo la fisonomía del país sino también su estilo político. Se había constituido una república de masas. Como respuesta, el gobierno surgido de lo que se autodenominó ‘Revolución Libertadora’ fijó su interés en la restauración de una democracia formal que resguardara los principios republicanos y las garantías conculcadas por la república de masas. Pero al fijar su política se atuvo a una concepción tradicional, sin hacerse cargo de lo que en la Argentina contemporánea, en grave crisis estructural, era ya insoslayable: un apolítica social y económica orientada hacia la solución de los nuevos problemas como, en rigor, la había tenido el peronismo”. 148 Al respecto, anota José Luis Romero (op. cit., ed. Fondo de Cultura Económica, p. 269) que “pugnaban entre sí los sectores agropecuarios, los sectores industriales nacionales, los sectores vinculados al capital multinacional. Se advirtió la persistencia del poder de los sindicatos, disminuidos a partir de la pérdida del calor oficial y más aún por la enérgica represión. Se advirtieron las crecientes necesidades de la infraestructura, exigida por el proceso de crecimiento. Se hicieron visibles los problemas estructurales, la escasez de capitales, la deuda externa, la crisis de la industria nacional dependiente de los insumos importados. Pero el gobierno de la Revolución Libertadora, sin perjuicio de salir al ruedo con medidas ocasionales para enfrentar esos problemas, se vio atrapado por el problema político de la masa peronista, mayoritaria e inconmovible en su fe. Y no sin razón, porque en ese problema se jugaba el futuro de la convivencia nacional, y se hacía evidente que no era tan sólo político sino social y cultural también. La sociedad argentina estaba escindida y se advertía el odio que reprofesaban los dos bandos”. Añade Potash (op. cit., p. 311) que “las políticas económicas del gobierno provisional también tuvieron el efecto, previsto o no, de disminuir los ingresos reales de la clase trabajadora. Siguiendo los consejos de un equipo consultor de las Naciones Unidas encabezados por el economista argentino Raúl Prebisch, el gobierno devaluó el peso, desnacionalizó los depósitos bancarios y puso fin a los controles cuantitativos sobre le comercio, esperando que así estimularía las exportaciones, sobre todo en el sector de la agricultura. Los resultados en términos de la balanza de pagos, no fueron tantos como los esperados. La declinación en los precios internacionales redujo las ganancias previstas, mientras que, en la ausenta de controles cuantitativos, aumentaron las importaciones de bienes de consumo, lo cual provocó un continuo drenaje de reservas. Los precios internos también sufrieron aumentos por encima de los niveles previstos, ya que los comerciantes, liberados del control de precios, trataron de compensar la situación producida por los reducidos márgenes de ganancia del pasado. El resultado general motivó una redistribución de los ingresos que se desplazó desde los asalariados hacia otros sectores, proceso que, junto con las políticas sindicales, difícilmente podía aumentar la popularidad del gobierno ante la clase trabajadora y, en especial, los medios peronistas”. Por su parte, Harold Peterson (op. cit., p. 249) resalta la notable afluencia de créditos que sobrevino con posterioridad al golpe de estado de 1955, provenientes del Export Import Bank (100 millones dólares), del Fondo Monetario Internacional (75 millones de dólares ) y de la Standard Oil (30 millones de dólares) 149 Dice Potash (op. cit., p. 382 y sgtes.) que “un rasgo central de ese programa habría de ser una serie de contratos de perforación concedidos directamente (para evitar las demoras de una licitación pública) a cierto número de empresas privadas. A algunas de esas empresas se asignaron áreas donde equipos de YPF ya habían localizado la

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sumamente débil y debió enfrentar severos y cada vez más seguidos cuestionamientos militares151 que, ante el repliegue de las fuerzas peronistas que le habían servido para llegar al poder, por el incumplimiento de compromisos contraídos, lo sumió en la total indefensión152. Por lo demás, no fueron ajenos a su caída la intervención de factores económicos externos desconformes con el avance de algunas de las iniciativas productivas nacionales susceptibles de brindarle algún margen de independencia no deseada. * El golpe de 1962 fue enmascarado por los militares gestores del movimiento, bajo la figura de una aparente legalidad, haciendo que el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Guido, asumiera la Presidencia de la Nación de manera interina. El punto a tratar por la clase dominante, mediante el uso del poder militar, consistía en corregir los errores estratégicos que dieron lugar al advenimiento de Frondizi gracias al voto peronista y preparar el terreno para un nuevo período democrático en el que nada quedara librado al azar. * Illia y la recuperación republicana: en 1963 alcanza la más alta magistratura del país Arturo Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Su proyecto se basaba en un programa sin demasiadas audacias pero con un sencillo plan de administración que aseguraba, al menos, la continuidad institucional. Sin embargo, ello no significó una posición de menor firmeza en materia de política internacional, respecto del conflicto en Vietnam, así como la iniciativa de control sobre la producción y comercialización de fármacos en nuestro país. Este último renglón fue el que, a la larga, provocó la reacción adversa de los poderosos laboratorios multinacionales que determinaron la defenestración del presidente Illia. Ciertamente que no fue este el único factor a considerar sino que, además, se volvieron en contra de su gobierno las consideraciones relativas a su lentitud de reacción frente a determinadas demandas sociales, conspirando contra su estabilidad. * La Revolución Argentina de 1966: Los sectores más conservadores fueron quienes encabezaron la asonada militar que culminó abruptamente con el mandato de Illia. Fue decididamente la derecha política, representada por grupos claramente identificados con las líneas más reaccionarias de la Iglesia Católica los que se apropiaron del poder, depositando la titularidad del Ejecutivo en manos del General Juan

existencia de petróleo; otras empresas debieron asumir los riesgos de explotación, pero en todos los casos el petróleo extraído debía entregarse a YPF, a precios estipulados en los respectivos contratos. Voceros del gobierno calificaron estos acuerdos como contratos de servicios, negaron que fuesen concesiones e insistieron que no implicaban ningún sacrificio de la soberanía argentina. Aún así, ansioso de evitar cualquier circunstancia que pudiera demorar la marcha hacia el autoabastecimiento, Frondizi se negó a elevar al Congreso los contratos para que los ratificara, insistiendo en que ya tenía los poderes legales necesarios para actuar. Este enfoque le permitió, sin duda, sortear la posible oposición del Congreso y acelerar así el cumplimiento de su programa, pero expuso al presidente a acusaciones de que violaba la ley misma que había prometido cumplir”. Entre los problemas de naturaleza económica que debió afrontar esta administración, indican Rofman y Romero (op. cit., p. 206) que merece especial atención la circunstancia que “el flujo de capitales no fue ni remotamente todo lo amplio y liberal que anunciaban los planes oficiales, debiéndose esto en buena medida a la debilidad del gobierno para negociar los préstamos”. Agregan que “pese a su fracaso, el intento de Frondizi fue el más lúcido para hacer frente a una serie de situaciones concretas que planteaba la nueva coyuntura del desarrollo capitalista en esa etapa histórica. Su desarrollismo pretendía dar respuesta tanto al problema del estancamiento industrial, la acción de los capitales, sus efectos disrruptivos y las profundas transformaciones necesarias para su recepción, cuanto al problema político, exacerbado por la marginación peronista, que hacía casi imposible lograr el consenso de las clases populares para el programa de modernización”. 150 Precisa Harold Peterson (op. cit., p. 255) el importante flujo de capitales extranjeros en concepto de préstamos, dependiente de su capacidad para proyectar un programa antiinflacionario que fuera convincente a las instituciones de crédito norteamericanas e internacionales. 151 Eufemísticamente llamados “planteos” por la historiografía clásica argentina. 152 El mismo autor (op. cit., p. 502) puntualiza que “los acontecimientos revelaron que el abismo entre peronistas y antiperonistas -escisión que afectaba pro igual a civiles y militares- era demasiado grande para que las medidas políticas y las promesas del gobierno de Frondizi pudieran superarlo. A pesar de sus indudables dotes de político, Arturo Frondizi fracasó en su intento de destruir el arraigo de Perón en las clases trabajadoras, exacerbó los temores de los antiperonistas y en el proceso consiguió desmoralizar a elementos que no pertenecían ni a uno ni a otro sector”.

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Carlos Onganía153. Con el transcurso de los años, la confianza con la que los nucleamientos económicosociales y políticos habían ungido a Onganía terminó por disolverse ante la falta de respuestas inmediatas a sus reclamos así como por la inadecuación del sistema existente para adaptarse al orden de cosas mundial. La solución adoptada fue, entonces, la que menor desgaste ofrecía a las clases sociales tradicionalmente dueñas del poder, esto es, reemplazar al titular del ejecutivo tantas veces como fuera necesario sin agotar sus propios recursos154. Así, Onganía fue suplantado por Roberto Marcelo Levingston y éste por Alejandro Agustín Lanusse. Otra vez fue el fracaso en el contexto económico -o quizás debería decirse, la falta de exitosa adaptación del sistema productivo del país a la estructura económica internacional- lo que trajo aparejado el derrumbamiento del gobierno militar. No debe perderse de vista el mayor protagonismo que iban alcanzando los sectores peronistas que, hasta ese momento se limitaban a actuar subterráneamente, socavando los cimientos de credibilidad del gobierno y reavivando la actividad política interrumpida por el golpe de Estado. Perón, proscripto desde 1955, reaparecía como la figura aglutinante de una iniciativa política renovada en el imaginario social y frente a la cual el gobierno fue perdiendo autoridad hasta, después de mucha resistencia, reconocer la inevitabilidad de su retorno.

1973-1976: OTRO INTENTO DE LAS CLASES POPULARES DE REASUMIR EL PROTAGONISMO PERDIDO No caben dudas que el regreso de Perón fue largamente añorado por grandes sectores populares que, básicamente pueden agruparse desde una perspectiva etaria en dos grandes grupos, a saber, los que tuvieron oportunidad de vivir las épocas doradas del primer gobierno peronista y, por ende, deseaban revivirlas, y sus hijos, que sólo habían tenido referencias del bienestar logrado en tales períodos y pretendían instalarlo nuevamente bajo las banderas de la justicia social. Estos últimos integraron los sectores más combativos del movimiento peronista, aunque sin monopolizar la acción pues coexistían con otros agrupamientos que no por menos numerosos o arraigados en otros partidos políticos desplegaban menor volumen de violencia. El modelo instaurado por Perón en su tercer mandato implicaba la conformación de un nuevo pacto social en el que logró que intervinieran los trabajadores, a través de la Confederación General del Trabajo y los titulares de los medios de producción, representados en la Confederación General Económica. Es

153 Rofman y Romero (op. cit., p. 208) aducen que “el nuevo orden se definió como autoritario y no democrático, aún a costa de repetidos choques con la arraigada ideología liberal, y asumió la función de organizar políticamente a las distintas fracciones de la burguesía sin pasar por la mediación de los partidos políticos (…) Mediante un juego combinado de represión y soborno a los sectores más privilegiados del movimiento obrero y a su burocracia pudo lograr cierta paz e incluso pensar en el apoyo de ese sector para la tarea fundamental.- Congelada la situación política autoritariamente, la tarea fundamental consistía en realizar las profundas transformaciones necesarias para la libre y eficaz acción del capital internacional. El plan de Krieger Vasena, continuado por sus sucesores, puso el acento en la estabilidad monetaria y la contención de la inflación, el congelamiento de los salarios, la reducción del gasto público, la racionalización administrativa y la elaboración de todos los instrumentos legales para la libre acción de las inversiones extranjeras”. Por lo demás, fue característica de este período la inversión en grandes obras públicas como la vinculación terrestre del litoral fluvial, la dotación de energía al conglomerado de Buenos Aires, la instalación de grandes centrales hidroeléctricas y termonucleares como El Chocón y Atucha y la construcción de la red de oleoductos y gasoductos con terminal en el Litoral. 154 Puede afirmarse que el onganiato ve aproximarse su fin con el estallido del movimiento popular gestado en 1969, por estudiantes y trabajadores en la ciudad de Córdoba, históricamente reconocido por el nombre de “Cordobazo”. Muchos verán en ese acto insurreccional, una fuerte identificación con otros movimientos similares sucedidos en el mundo como lo fueron el “Mayo Francés” de 1968 o la “Primavera de Praga”.

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decir que nuevamente se acudía al sistema de contrabalanceo corporativo, con arreglo a la experiencia aplicada en la primera presidencia. Pero la precaria convivencia no podía perdurar por la presencia activa de factores de poder que no se veían reflejados en la estructura creada desde el Ejecutivo y que demandaban mayor participación. En este orden de ideas debe destacarse a los agrupamientos estudiantiles y a los titulares de intereses económico-financieros internacionales, entre otros. No obstante que Perón muere en 1974, su proyecto alcanza gran parte de los objetivos fijados permitiendo uno de los más altos niveles de redistribución de ingresos hasta entonces conocido155. Empero, la estabilidad institucional ya estaba en jaque por las aspiraciones de preeminencia de los más diversos sectores políticos –partidos, militares-, económicos –sindicalistas, empresarios, financistas- y sociales –organizaciones radicalizadas, intra y extrapartidarias-. A ello debe añadirse que la ausencia del líder implicaba una virtual acefalía no tan sólo institucional sino espiritual en un extendido ámbito de la sociedad argentina, que no podía obviarse como factor de debilitamiento del gobierno, en manos de su viuda, reconocidamente inidónea para llegar a buen término con la gestión. Dentro de la nómina de leyes sancionadas durante este período se cuentan la ley de Promoción Industrial (nº 20.560), de Defensa del Trabajo y la Producción Nacional (nº 20.545), de Renta Normal Potencial de la Tierra (nº 20.538) y la de Nacionalización de Depósitos Bancarios (nº 20.520). Todo este andamiaje normativo que intentó reforzar el rol regulador del Estado, afirmar una política de redistribución progresiva de los ingresos y fortalecer la capacidad de autonomía nacional comenzó su declinación hacia mediados de 1974156, para terminar precipitándose en las postrimerías del año 1975 e inicio de 1976, por la actividad coadyuvante de los factores de poder financieros nacionales e internacionales157. Entre las últimas manifestaciones del gobierno peronista se encuentra lo que la historia argentina ha dado en llamar “Rodrigazo”, esto es, el plan económico implementado por el entonces Ministro de Economía Celestino Rodrigo, enderezado a comenzar, a título de ensayo, el proceso de transformación de la economía argentina en el marco de la estrategia neoliberal en fuerte ascenso en el mundo cuyo antecedente latinoamericano se mostraba ya en Chile. El violento rechazo de los sectores populares a esta iniciativa, tradicionalmente postergados en cuanto a los beneficios derivados del programa, sumado a la necesidad de que el modelo de crecimiento nacional se ajuste a esa nueva estrategia, en la que priman los intereses del capital financiero concentrado, provocan el golpe de estado de marzo de 1976158.

155 El plan gestado por el gobierno peronista incluía la plena vigencia de la justicia social, una fuerte expansión de la actividad económica, una alta calidad de vida, la unidad nacional y la recuperación de la independencia económica. Hasta 1974 esta política económica y social había generado estabilidad de precios, elevación del producto bruto, incremento del salario real y mayor participación de los asalariados en la distribución nacional 156 Alejandro Rofman y Luis A. Romero, op. cit., p. 249. 157 Según Jorge Schvarzer en “La política económica de Martínez de Hoz” (ed. Hyspamérica, Buenos Aires, 1986, p. 44), “En la tercera semana de marzo [de 1976] la economía argentina había alcanzado el punto de no retorno en lo que se refiere al sector externo. Las reservas disponibles del país estaban prácticamente agotadas; restaban sólo 23 millones de dólares de libre disponibilidad para atender a las necesidades inmediatas de cancelación de deudas con el exterior”. 158 Alejandro Rofman y Luis Romero (op. cit., p. 250) señalan que la resistencia ofrecida al plan de Celestino Rodrigo, inspirado en el objetivo de modificar esencialmente el modelo de acumulación vigente, hizo que fracasara a sólo un mes de puesto en funcionamiento. Tal situación motivó a los representantes de los de los intereses económicos en alza, de origen primordialmente internacional y vinculados al sector financiero, a alentar el desplazamiento por la fuerza del minado gobierno constitucional, so pretexto de la violencia desatado por los grupos armados clandestinos.

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Así, se produce una nueva interrupción de la continuidad institucional que deriva en el régimen conocido como Proceso de Reorganización Nacional.

1976/1983: LA REAFIRMACION DEL PROYECTO APERTURISTA Y LIBERAL Como lo ponen de relieve Rofman y Romero159, la crisis argentina que termina con el tercer gobierno peronista no debe interpretarse prescindiendo del contexto económico mundial en el que se detona. Así, entre fines de 1960 y comienzos de 1970 se modifica sensiblemente la dinámica de acumulación del capitalismo a escala internacional, caracterizado por la caída en la tasa de ganancias de las principales empresas de los países centrales, el debilitamiento generalizado de la productividad, el incremento de la inflación y de los déficits de los sectores públicos acompañado por la expansión del endeudamiento. Por otro lado, la trepada de los precios del petróleo, ocurrida en 1973, generó una acumulación sin precedentes de excedentes monetarios, concentrada, sobre todo en los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, genera una elevada liquidez en el área financiera que buscaba, desesperadamente, mercados en los cuales invertir semejante caudal monetario, encontrando en la Argentina un receptor privilegiado a mérito de las condiciones generadas por el nuevo régimen. El primer ministro de Economía del gobierno militar emergente de la asonada de marzo de 1976 fue José Alfredo Martínez de Hoz, quien gozaba de un excelente acceso a los centros financieros extranjeros en orden a requerir de éstos una respuesta inmediata para afrontar la situación precedente. El primer objetivo de la política económica de Martínez de Hoz consistió en sustituir el mercado financiero existente por otro totalmente distinto, caracterizado por la elevada liquidez, facilidad de entrada y salida de capitales y amplias y estrechas conexiones con el exterior160. Estas condiciones, antes que una natural derivación de la actividad del mercado, fueron la consecuencia de una vigorosa y deliberada intervención estatal, a pesar de los altos costos que ello representaba como los ingentes compromisos afrontados por el Banco Central o la imposibilidad de de reducir el proceso inflacionario vigente. Lo cierto es que el equipo económico cuya jefatura recayó en Martínez de Hoz estaba fuertemente vinculado al establishment161, doblemente presente en el escenario político y económico, gestando, de tal suerte el proyecto estereotipado del liberalismo, generando la ocurrencia de un plan privatizador beneficiado por el aflojamiento de los controles estatales y la modificación de la estructura de redistribución de ingresos en desmedro de las clases más postergadas. En general, el tramo 1981/1983 estuvo signado por políticas cortoplacistas, continuadoras del proceso económico previo, pero con importantes ajustes debido a circunstancias internas y externas, a lo que deben añadirse los problemas económicos estructurales irresueltos y la institucionalización del endeudamiento externo, finalmente revelada esta última en su importancia, luego de la moratoria unilateral del pago de la deuda externa por

Op. cit., p. 252. Jorge Schvarzer, op. cit., p. 129. 161 En palabras de Schvarzer, (op. cit., p. 132), el sector social que maneja los grandes negocios del país. 159 160

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México, que desató una crisis financiera internacional cuyas consecuencias no le fueron ajenas a nuestro país162. Si bien es cierto que fueron las consecuencias derivadas de la Guerra de Malvinas, en 1982, originalmente concebida como un desesperado intento de retener el poder mediante la obtención de una victoria nacional que legitime al gobierno de facto, las que marcaron formalmente el principio del fin para el dominio militar, no es menos verdad que, en rigor, el Proceso de Reorganización Nacional ya había dejado de ser funcional a las necesidades del capital concentrado global y debía ser reemplazado.

1983/1989: LA RECUPERACION DEMOCRATICA Y LA FALTA DE DESPEGUE ECONOMICO El período de gobierno iniciado tras las elecciones celebradas en 1983, marcó un retorno al régimen republicano de gobierno que, sin embargo, no fue acompañado, con igual grado de intensidad, por una restauración económica. Se dijo del gobierno de Raúl Alfonsín que su principal objetivo fue la reinstalación democrática, debiéndosele perdonar los errores cometidos en otras áreas de necesaria incumbencia estatal como lo son la social o la económica. También se pretendió justificar su inoperancia en esos ámbitos merced a la constante presión a la que fue sometido por los resabios de poder militar fuertemente enquistados aún en las estructuras de mando, contribuyendo a su propio descrédito público con el dictado de las leyes que autorizaron a detener la ofensiva judicial contra los miembros de las Fuerzas Armadas vinculados al Proceso de Reorganización Nacional. Más allá de una declamativa articulación republicana, el gobierno radical terminó claudicando ante el avance de reclamos sociales y económicos vigorosamente instrumentados por los factores de poder financieros -nacionales y extranjeros- y sindicales, entre otros, hasta producir el adelantamiento en seis meses de la salida de Alfonsín del Ejecutivo Nacional163. El fracaso del plan económico denominado “Austral”, en 1985, selló la suerte del proyecto radical, toda vez que no fue capaz de dar respuesta al equilibrio fiscal fuertemente demandado por los acreedores extranjeros como parte del ajuste estructural requerido. De allí en más las relaciones entre el poder económico y el gobierno fueron tumultuosas, sucediéndose distintos intentos por recomponer la situación entre las que cabe contar el de establecer un plan de pagos que no dificultara la acumulación interna y un frustrado proyecto de crear un club de deudores164. En suma, el poder económico concentrado, el accionar

162 Alejandro Rofman y Luis Romero (op. cit., p. 256 y sgtes.) ilustran el panorama vigente en la oportunidad, diciendo que “las condiciones en que se desenvolvió el sistema bancario restringieron notablemente la capacidad operativa de las empresas, en particular las de menor tamaño relativo (…) la tasa de interés real durante 1980 fue de 26,1 % anual y el año siguiente se registró una tasa de 29,4 %, también por el ciclo anual. Este costo resultaba totalmente insoportable para cualquier productor receptor de un crédito bancario”. Agregan los autores citados que los resultados de esta política se resumieron en que el PBI de 1983 sólo alcanzó al 90 % del generado en 1973 y al 85 % del de 1974. Estos datos son reveladores, a su juicio, “del proceso desindustrializador y sus efectos regresivos, en el que no solamente influyeron las elevadas tasas de interés sino también la apertura externa, que alentó la importación sustitutiva, y el deterioro del poder adquisitivo del salario, debido a su reducción en términos reales…”. 163 Alejandro Rofman y Luis Romero (op. cit., p. 262) puntualizan que “a la ofensiva de los acreedores del impagable e ilícito endeudamiento, que no había cómo enfrentar con los exhaustos recursos disponibles en las arcas oficiales, y a la impaciencia o las trabas impuestas por sectores sociales internos y sus aliados –CGT, parte el Congreso Nacional (Senado) y las Fuerzas Armadas-, se sumó la nueva estrategia a escala del capitalismo mundial y de los organismos de financiamiento multilateral”. 164 A partir del llamado Consenso de Cartagena.

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de la CGT165 y los bancos acreedores jugaron un papel perturbador de la estabilidad de las relaciones económicas y sociales, signado por la confrontación permanente. Finalmente, el derrumbe de un nuevo plan económico bautizado “Primavera”, ideado en agosto de 1988, destinado a reducir la inflación y llegar a puntos de coincidencia con los acreedores externos, y provocado por la actividad conjunta desplegada por la banca financiera multilateral, los acreedores externos, los grandes grupos económicos y la dirigencia política opositora, determinó el final del gobierno de Alfonsín.

1989/1999: EL LIBERALISMO OTRA VEZ EN EL PODER Y SU CONVIVENCIA CON LA GLOBALIZACIÓN Y LA POSMODERNIDAD166 Luego de la abrupta finalización del período gubernativo de Raúl Alfonsín, asumió la presidencia el candidato peronista, Carlos Saúl Menem quien, afirmándose durante su campaña en el sector ortodoxo de su partido, trocó su posición inicial, abrazando el dogma económico liberal en su más genuina y pura expresión167. Su gestión marcó el ingreso formal y definitivo del país en el mundo globalizado168, en la posmodernidad169, abriendo las fronteras exteriores a las pretensiones económico-financieras sin restricción alguna170, estimulando la importación171, debilitando todos los controles oficiales en todas las

La central obrera llevó adelante un total de 13 paros generales en contra del gobierno de Raúl Alfonsín durante el período 1985-1989. Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre la ética vigente en este período, conocido como “posmodernidad”, no puede omitirse la descripción que de sus caracteres realiza Carlos Ghersi en su obra “La posmodernidad jurídica” (ed. GOWA, Buenos Aires, 2000, p. 55) al decir que “la dominante lógica de la posmodernidad -lo hemos señalado ya en notas anteriores- ha barrido literalmente con los valores de la modernidad, sobre todo con los sociales, lo social, lo colectivo y al disolver aquella axiología e incorporar la etiqueta del individualismo exacerbado, ha sacralizado y coronado el super yo, en reemplazo del yo en la sociedad de este fin de siglo”. 167 Señalan Rofman y Romero (op. cit., p. 269) que el gobierno de Menem “descarta, desde su inicio, todo tipo de disputa o enfrentamiento con el poder económico nacional e internacional. Por el contrario, adopta un criterio pragmático y plenamente aceptador de las reglas de juego que el proceso de globalización económica creciente y los compromisos del endeudamiento externo imponen”. 168 Joseph Stiglitz en “El malestar en la globalización” (Ed. Taurus, Buenos Aires, 2002, p. 30 y sgtes.) expresa que la globalización es el fenómeno que “… ha reducido la sensación de aislamiento experimentada en buena parte del mundo en desarrollo y ha brindado a muchas personas de esas naciones acceso a un conocimiento que hace un siglo ni siquiera estaba al alcance de los más ricos del planeta”. Sin embargo, admite el autor citado que a pesar de muchas de estas manifestaciones positivas, entre las que cabe mencionar a la ayuda humanitaria internacional y los tratados, no ha logrado reducir la pobreza ni garantizar la estabilidad, potenciando, antes bien, el riesgo de agitación social y política (op. cit., p. 172). 169 José Pablo Feinmann, en “La sangre derramada” (op. cit., págs. 75 y 76) ha destacado a la posmodernidad como el período histórico –o ahistórico, en rigor, según el planteo de los cultores de la posmodernidad- iniciado con la caída del Muro de Berlín y que termina con la modernidad inaugurada con la Revolución Francesa de 1789. Es decir que le asigna a la etapa precedente una duración de exactos doscientos años. Asimismo, pone de resalto las palabras de Gilles Lipovetsky al caracterizar a la posmoderinidad en su obra “El crepúsculo del deber”, que el fin de la idolatría de la Historia y la Revolución ha abierto el espacio de una nueva ética. Una ética no sacrificial. Lipovetsky afirma que tras el imperativo categórico ha surgido lo que denomina “el imperativo narcisista glorificado sin cesar por la cultura higiénica y deportiva, estética y dietética. Habla sobre los tiempos que corren y afirma que “lo que domina nuestra época no es la necesidad de castigo sino la superficialización de la culpabilidad. Y describe: “tenemos prohibiciones pero no prescripciones sacrificiales, valores pero no ya imperativos heroicos, sentimientos morales pero no ya sentido de la deuda (…) la época de la felicidad narcisito no es la del ‘todo está permitido’, sino la de una moral sin obligación ni sanción’”. Esta, en suma, es la sociedad posmoralista, la era del posdeber. A ello, debe añadirse lo consignado por Carlos Ghersi (op. cit., p. 56) al puntualizar que el concepto virtuoso avizorado por Bentham se presenta ahora en un nuevo perfil: “aliado a la felicidad, placer y deseos personales, se ha maximizado de esta forma el desmesurado apetito personal.- Psicológicamente, nos dice el francés Jean L. Fhandrin, incita al marginado a corromperse aceleradamente en sus deseos de robo, prostituirse al extremo, en suma busca su máximo placer (prueba de ello es el adelantamiento cronológico de los delincuentes, así como la prostitución) y en la clase política y socialmente alta, busca nuevos medios y más rápidos de riqueza a través de la mayor corrupción y saqueo que conozca la historia de la humanidad, conquistando para ello el poder formal de las democracias y elaborando las tramas de continuidad en é, (algunos dicen que esto es fundamentalmente para lograr la impunidad)”. A mi juicio, como ajustada descripción de lo que la modernidad significa, las palabras glosadas bastan. 170 Según lo dice Joseph Stiglitz (op. cit., p. 106), “la inversión extranjera no es uno de los tres pilares del Consenso de Washington, pero es una parte clave de la nueva globalización. Según el Consenso de Washington, el crecimiento tiene lugar merced a la liberalización, ‘destrabar’ los mercados. Se supone que la privatización, la liberalización y la macroestabilidad generan un clima que atrae la inversión, incluyendo la extranjera. Esta inversión produce crecimiento. Las empresas extranjeras aportan conocimientos técnicos y acceso a los mercados exteriores, y abren nuevas posibilidades para el empleo. Dichas empresas cuentan también con acceso a fuentes de financiación, especialmente importantes en los países subdesarrollados con instituciones financieras locales débiles”. No obstante ello, destaca el mismo autor, a renglón seguido, que también “… hay aspectos negativos reales. Cuando llegan las empresas extranjeras a menudo destruyen a los competidores locales, frustrando las ambiciones de pequeños empresarios que aspiraban a animar la industria nacional”. 171 Rofman y Romero (op. cit., p. 272) dan cuenta que “la apertura externa resultó un mecanismo de rápida adaptación a los principios del ajuste Estructural y se practicó sin miramientos, en forma acelerada, y con poca o nula defensa frente a competidores internacionales que operaban en condiciones de dumping social o acentuadas franquicias impositivas o crediticias para alentar la exportación. El MERCOSUR se desarrolló en consonancia con estos principios generales de vinculación con el Resto del Mundo.- Las importaciones, subsidiadas por un tipo de cambio fijo sobrevaluado, crecieron espectacularmente frente a una expansión moderada de las exportaciones, lo que provocó no solamente un nivel de desequilibrio en la Balanza Comercial cada vez mayor sino un fenómeno de competencia ruinosa para muchas actividades instaladas en el país que tuvieron que cesar su actividad por no contar con ningún tipo de apoyo estatal protector”. 165 166

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áreas que, luego de un arrollador impulso privatizador172 quedaron en manos de las más grandes empresas internacionales o de sus subsidiarias nativas. Todo lo que antes era estatal, so pretexto de ineficiencia y altos costos, fue concesionado o, directamente, enajenado al capital privado173, afirmando la sujeción de tales actividades a los controles de los organismos que se crearon para tal fin, en los ámbitos de los servicios públicos de gas, electricidad, agua potable, telefonía, transporte, entre otros. Bajo la inspiración de la consigna que mandaba reducir el Estado a su mínima expresión, sólo se pretendió reservar a su directa administración las actividades vinculadas a la salud, la educación y la seguridad y la justicia. El retiro de la presencia oficial de ámbitos estratégicos, total o parcialmente, como la actividad petrolera, industria pesada, comunicaciones o transportes, provocó la debacle de los centros geográficos de producción y de la consecuente marginación de sus trabajadores174. Tales fueron los casos del cordón industrial de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Palpalá –sede de lo que fuera la planta siderúrgica de Altos Hornos Zapla- en Jujuy, General Mosconi en Salta, los polos petroleros y carboníferos del sur del país, el cierre de los servicios ferroviarios, la transferencia del capital mayoritario de la aerolínea de bandera, entre muchísimos otros ejemplos. La total aquiescencia a las pretensiones del capital concentrado exterior no hizo más que facilitar la apropiación de los factores productivos por aquel y facilitar el manejo de la economía con objetivos eminentemente distintos a los que deberían ser los propios de una nación soberana. Además, en 1994 se produjo la reforma constitucional, por medio de la cual se incorporaron, de modo formal, las directivas preceptuadas en los Tratados Internacionales, aunque sus críticos registran el origen de tal iniciativa en el entendimiento de los dos líderes de los partidos mayoritarios argentinos, a los fines de asegurar la reelección del presidente Menem, desechando la atención a motivaciones superiores. Si bien es cierto que una de las medidas más altamente ponderadas de la administración Menem fue la contención del nivel inflacionario, verdaderamente desbocado en la última etapa del gobierno de Alfonsín, mediante la adopción de medidas gestadas por el Ministro de Economía de aquel, Domingo Felipe Cavallo, no es menos cierto que su persistencia durante un tiempo excesivamente prolongado no hizo más que crear condiciones ficticias de estabilidad que se revelaron dos años después de la finalización del segundo mandato menemista. Por otra parte, durante este período se acallaron sensiblemente las protestas sociales, otrora lideradas por los poderosos líderes sindicales que coadyuvaron al derrumbe del presidente anterior, no 172 En lo atinente a las motivaciones para llevar adelante el proceso privatizador, Ghersi (op. cit., p. 44) pone de relieve que “el capital y los acreedores externos, necesitaban fundamentalmente cambia deuda por activos y es allí donde comenzaron a presionar con la idea de privatizar los servicios, que coincidía por otra parte, con una corriente mundial de copamiento de ese sector, por su alta rentabilidad, donde el nivel de desarrollo de la tecnología había sido importante, especialmente, el sector de telecomunicaciones”. 173 Rofman y Romero (op. cit., p. 272) mencionan que “el proceso de privatizaciones resultó ser el mejor mecanismo para congraciarse con el selecto conjunto de grupos económicos, que se fue diversificando en su faz productiva y ampliando su poder e influencia. Así, ‘en casi todos los casos los compradores resultaron asociaciones entre los grandes grupos económicos locales, empresas internacionales vinculadas a la actividad y algunos de los principales bancos acreedores’”. 174 Se torna oportuno recordar lo que dice Peter Drucker al respecto. En sus “Escritos Fundamentales” (ed. Sudamericana, T.III, “La sociedad”, Buenos Aires, 2002, p. 15) caracteriza al fenómeno de la marginación del siguiente modo: “Para el individuo no existe la sociedad si carece de posición y función reales (…) Es necesario que exista una bien definida relación funcional entre la vida individual y la vida del grupo.- Para el individuo sin función ni posición, la sociedad es irracional, impredecible y carente de forma. El individuo ‘desarraigado’, el marginado –la ausencia de función y posición sociales arroja al hombre fuera e la sociedad de sus pares- no percibe a la sociedad como tal. Sólo ve fuerzas demoníacas, a medias comprensibles, a medias carentes de sentido; mitad luminosas, mitad oscuras, pero nunca predecibles. Ellas deciden sobre su propia vida y el modo de ganársela sin que él tenga la menor posibilidad de interferir, y mucho menos, siquiera, la posibilidad de entender esas fuerzas”.

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obstante el alto grado de debilitamiento de las clases trabajadoras. Este quietismo contribuyó entonces a permitir el avance sobre los medios productivos sin mayores oposiciones, mientras un considerable sector obrero quedaba excluido del mercado de trabajo. Desde el punto de vista legislativo, la magnitud del conjunto normativo destinado a favorecer la situación patronal, en desmedro de las condiciones de los trabajadores, conocido como flexibilización laboral, facilitó las aspiraciones del primer sector. Asimismo, las Fuerzas Armadas dejaron de representar una amenaza para la continuidad institucional, toda vez que fueron sistemáticamente postergadas en el suministro de recursos -de los que antes eran provistas de manera privilegiada- hasta el punto de tornarlas prácticamente obsoletas. Dentro de la estrategia implementada por el gobierno se cuenta el ajuste expansivo175 con arreglo al cual, como el grueso de los impuestos que percibe el fisco están constituidos por gabelas al consumo, fue preciso estimular la expansión de las ventas para obtener los ingresos tributarios necesarios a fin de asegurar la existencia de superávit presupuestario. Las consecuencias de este proyecto se pueden reducir a tres grandes líneas caracterizantes: el descontrolado aumento del desempleo y el subempleo estructural; las tendencias cada vez más desalentadoras en las condiciones de vida de la población y una distribución del ingreso con un perfil de creciente regresividad176, acentuando un proceso de exclusión social, desocupación, polarización social, desaparición de una ancha franja de pequeños y medianos empresarios vinculados al mercado interno y crisis recurrentes en las economías regionales177.

1999/2002: RECURRENCIA DE LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD El Estado Nacional quedó debilitado por el accionar descontrolado de los grupos de poder económico bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem, que se replegaron a sus lugares de asiento natural, luego de la finalización de su segundo período presidencial, dejando una enorme cantidad de reclamos sociales sin respuesta. Es que la ida del menemismo dejó al descubierto lo artificioso de la más fuerte de sus argumentaciones, a saber, la estabilidad monetaria, basada en un tipo de cambio en el que un dólar estadounidense equivalía a un peso argentino178. Desde hacía mucho tiempo, la diferencia de intereses que tal situación creaba entre importadores y exportadores, exigía una solución a la disparidad real existente, que no se compadecía con la proclama ministerial. Ante el aluvión importador, favorecido por el tipo de cambio, fueron numerosísimas las empresas que debieron cerrar sus puertas, extinguiendo las fuentes de trabajo. La producción dejó de tener un papel protagónico en el contexto económico argentino para cedérselo a las empresas de servicios e intermediarios. Por oposición a ajuste recesivo. Rofman y Romero (op. cit., p. 274). 177 Según lo informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, “la economía argentina comenzó a sufrir una fase recesiva desde mediados del 1999, una caída del PBI del 3 por ciento en pesos constantes (respecto del mismo período del año anterior),la inversión interna bruta fija cayó un 11,7 por ciento y las importaciones de bienes y servicios disminuyeron un 12 por ciento. La economía argentina –prosigue el INDEC- que venía creciendo en la primera mitad de 1998 a un ritmo del 6,5 por ciento anual, se desaceleró primero y entró en recesión luego. En el primer trimestre de 19999 la oferta y la demanda global cayeron 4,1 por ciento, en mayo de 1999 la tasa de desocupación ascendió a 14,5 por ciento (15,6 por ciento en el Gran Buenos Aires)”. En términos globales, podría afirmarse que, al finalizar el segundo período de Menem, el 25 por ciento de la población se situaba debajo del umbral de pobreza. 178 Dispositivo legal conocido como “convertibilidad”. 175 176

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En esta atmósfera asumió la presidencia Fernando de la Rúa, quien venía de realizar una opaca aunque discreta gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que se distinguió antes por su tarea parlamentaria. Lo cierto es que, al poco tiempo de iniciada su administración, se mostró con niveles de inoperancia alarmantes que se agregaban a las demás consecuencias de una crisis cuyo embrión, sin dudas, era mucho más antiguo pero terminó por estallar en diciembre de 2001. La protesta, engrosada no sólo con los históricamente marginados sino, además, con los nuevos desocupados y los forzosamente descendidos de la escala social, a los que se sumaban amplios sectores de clase media que vieron afectados sus ahorros, hasta el punto de su efectiva privación como pretendida herramienta de solución a la crisis, a lo que se añadió un escándalo de corrupción en el Senado de la Nación, denunciado por el Vicepresidente Alvarez, quien renunció ante la falta de atención del gobierno al mismo, motivaron la defenestración del ministro de Economía Cavallo, primero, y la del Presidente de la Nación, después, sumiendo al país en una nueva crisis institucional que, sin embargo, fue superada siguiendo los remedios constitucionales y legales pertinentes. De esta forma se sucedieron en un corto período en la titularidad del Ejecutivo numerosos hombres, todos de extracción peronista, terminando por hacerse cargo de la Presidencia, de manera interina, Eduardo Duhalde. Fue bajo su gobierno que se adoptó la medida económica que puso fin a casi diez años de estabilidad monetaria, a la sazón, la equiparación de uno a uno entre el dólar estadounidense y el peso argentino, generando una verdadera debacle económico-financiera cuya solución se dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación179.

TERCERA PARTE APROXIMACIONES A UN EPILOGO Hemos repasado la historia económica, política y social de la Argentina, deteniéndonos en aquellos aspectos que nos han parecido reveladores a los fines investigativos propuestos: la elucidación acerca de la verdad o falsedad de la afirmación que la evolución nacional se produjo por generaciones. Luego de lo examinado la respuesta negativa se impone pues este fenómeno, pacíficamente aceptado dentro de la historiografía clásica, sólo ha significado la sucesiva renovación de un mismo grupo de poder, a la sazón: geográficamente portuario, políticamente centralista, económicamente burgués, intelectualmente europeizante, internacionalmente dependiente, socialmente privilegiado y culturalmente conservador. La modificación en la titularidad de quienes ostentaron el poder no implicó un correlativo cambio en la orientación profunda de las capas dirigentes, las que únicamente transfirieron ese mandato a los 179 En la causa “Provincia de San Luis c/ Estado Nacional”, publicado en LL, 2003-B, 537, se decidió que “es inconstitucional la ‘pesificación’ de los ahorros en moneda extranjera (...) pues el Poder Ejecutivo, mediante dicho régimen, transformó compulsiva y unilateralmente la sustancia de tales depósitos, disponiendo su conversión a pesos con apartamiento de lo dispuesto en la ley de emergencia pública (...) a una relación de cambio que no refleja el valor del capital originariamente depositado (...), consagrando una grave lesión al derecho de propiedad”. A lo expresado, agregó que la medida impugnada también “atenta contra el principio de razonabilidad, ya que si bien en situaciones de extrema gravedad es legítimo exigir a los miembros de la sociedad un sacrificio en virtud del principio de solidaridad social, dicho régimen no efectúa una distribución equitativa del perjuicio, haciendo recaer mayoritariamente sobre el ahorrista los efectos perjudiciales de la crisis, excediendo el ejercicio válido de los poderes de emergencia”.

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continuadores de designios ya implantados de antemano por quienes personificaron los intereses originales en pugna. En rigor, las generaciones no han hecho más que trasvasar la titularidad del poder real de padres a hijos, considerando dicha herencia como puramente política, económicamente fundamentada y socialmente articulada, con un innegable ánimo de permanencia y de abierta resistencia al cambio. Por ello, no existen notorias diferentas entre el pensamiento de los gestores del movimiento de mayo, esencialmente burgués y motivado en la retención de privilegios económicos portuarios, con el de los partidarios y los opositores del ideario rosista, partícipes -todos por igual- del interés por preservar el predominio excluyente de Buenos Aires frente al resto de las regiones argentinas, virtualmente ahogadas por el estrangulamiento económico y militar. Tampoco median distingos con los inspiradores del quietismo político gestado desde 1880, con el desembozado fin de garantizar el acceso a los beneficios derivados del protagonismo del que estaba ausente la raquítica fuerza productiva del interior del país. Menos aún puede afirmarse que la modificación del sistema electoral introducido por la generación del centenario haya encontrado su inspiración en un genuino deseo de expandir la base de legitimación del poder político sino que, antes bien, se identifica con un desesperado intento de rescatar lo salvable frente a la magnitud de los reclamos sociales emergentes de nuevos actores antes ignorados. A efectos de demostrar lo evidente, acudo a unos simples interrogantes que surgen contestados con lo que llevo anotado en esta primera mitad del trabajo: ¿Acaso se ha modificado la base de representación de los titulares del poder efectivo en el país desde 1810? ¿Obedece la permanencia del centro de control y mando en un lugar único y preeminente a una decisión caprichosa e injustificada? ¿Los nombres de los ciudadanos que han tenido en sus manos la dirección de los destinos de la República pertenecen a clases sociales diferentes? ¿La base de sustentación económica de los proyectos políticos encarados desde 1810 se ha visto alterada? ¿La articulación del sistema de poder originario ha mutado su orientación? ¿Ha experimentado alguna variante la escala de prioridades sociales, políticas, económicas y culturales fijada desde la fundación nacional? Si, como estoy convencido a la luz de las constataciones verificadas, la respuesta negativa se aplica a todos estas preguntas, no puedo más que concluir en la falacia de la proposición que persigue explicar la evolución argentina echando mano a la teoría de las generaciones. Digo entonces que las aludidas generaciones no deben ni pueden ser interpretadas como los escalones evolutivos con que pretende identificarlas la historiografía tradicional sino que tienen un alcance sensiblemente más restringido, a mérito de las escasas alteraciones producidas en el proyecto de país que cada una de ellas encarnó a la hora de dirigir los destinos del país. Quizás el punto definitorio y revelador de esto que señalo esté dado por la constante funcionalidad del sistema económico-político nacional al servicio de intereses ajenos a las necesidades genuinas del hombre argentino.

CONCLUSIONES 55

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Luego de haber indagado, con las limitaciones inherentes a un trabajo de la naturaleza del que nos ocupa, en los pormenores de la historia nacional y en sus diversas compartimentaciones, no siempre compartidas por la historiografía clásica, estimo necesario dejar sentado, de primera intención, lo que constituye la conclusión que merece anotarse: el desarrollo nacional no se produjo por generaciones. En otras palabras, lo que se ha dado en llamar generaciones, no son más que las distintas manifestaciones de un mismo sector de poder que fueron produciéndose -a modo de recambio de hombres, no de propósitos ni de inspiraciones- con el transcurrir de los años. Se trata de un mito que merece ser desvirtuado. Expongo razones: 1. La ideología de quienes fueron considerados los máximos representantes de cada una de las mentadas generaciones fue similar: centralismo político; concepción portuaria y pampeana de la economía; prescindencia de los regionalismos nacionales; preferencias extranjerizantes. 2. La constante mutación de los titulares del poder no fue sino el mejor síntoma de su capacidad de adaptación a las nuevas exigencias planteadas por las diversas situaciones económicas imperantes: de la burguesía contrabandista de 1810, pasando a la burguesía ganadera de 1837 y a la agrícola ganadera de 1880, hasta la burguesía agroindustrial incipiente del centenario. 3. La desaparición del concepto de “generación” para las expresiones socio-políticas posteriores a 1910, no es casual sino que obedece al surgimiento de un nuevo actor social en el escenario de las decisiones nacionales, la clase trabajadora que, por cierto, no merecía, a juicio de los historiadores clásicos, recibir el apelativo de “generación”. 4. El hecho de tener que compartir el ejercicio del poder con sectores sociales antes ignorados, diluyó la presencia de generaciones representativas de las clases otrora hegemónicas para limitar su participación a acotados ámbitos políticos en los que, no obstante, hicieron valer su propio peso decisional, sustentado sobre todo en lo económico. 5. Otro dato a ponderar y que, de algún modo, reafirma mi conclusión, consiste en los reiterados intentos por restablecer el antiguo “orden generacional” en su traducción institucional formal, articulados por sus anteriores titulares. No de otra manera pueden ser interpretados los golpes de estado de 1930, 1955, 1963, 1966 y 1976, que tuvieron por objeto derrocar gobiernos elegidos por el voto popular y en los que la pretensión de apartamiento de las directrices impuestas por el poder económico central, implicaba poner en riesgo los intereses de las clases dominantes que, aunque políticamente restringidas, están vigorosamente conectadas con mandatos extranjeros de igual naturaleza y magnitud. 6. El signo de continua presencia en todas las etapas históricas revisadas es la funcionalidad. Las clases dominantes intramuros fueron funcionales al poder fundamentalmente económico del extranjero; las normas emitidas -constitucionales y legales, generales y particulares- fueron funcionales a los propósitos del sector más poderoso de la sociedad; la oposición formal a los 56

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proyectos político-económicos con pretensiones de hegemonía fueron funcionales a los titulares del poder real; la participación popular sólo se produjo en cuanto resultó funcional a las conveniencias de los factores de poder momentáneamente replegados y, en todo caso, como forma de legitimación de éstos; el sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional fue instrumentalizado funcionalmente al servicio de la satisfacción de intereses ajenos a las expectativas sociales mayoritarias; en suma, el concepto de generación como sinónimo de recambio de los titulares del poder, fue funcional a la historiografía clásica para justificar precisamente- la permanencia en el ejercicio del dominio efectivo del Estado. Me convenzo, entonces, de la inexistencia de las generaciones como escalones de evolución del desarrollo nacional, a la luz de las razones que las inspiraran, el origen de los hombres que las integraran, la teleología de las normas nacidas bajo su iniciativa y, ya desde lo simbólico del lenguaje, por la apropiación exclusiva del término “generación” por las clases dominantes y su retaceo para ser aplicado en otros grupos no identificados con ellas. Esta es, pues, la conclusión a la que arribo y que expongo, en el entendimiento de la intolerable injusticia que significa privar a los sectores sociales populares, directamente afectados por las decisiones adoptadas por los depositarios del poder económico y político, del necesario grado de participación del que deben estar dotados a la hora de imprimir un curso determinado a la orientación estatal. La crisis de representatividad experimentada por Argentina durante los años 2001 y 2002 son la prueba más contundente de esto que digo y conste que no me pronuncio a favor de remedios participativos directos e informales como los ensayados -y frustrados- en esa época sino, antes bien, me expido por una intervención ciudadana más activa, facilitada por mecanismos constitucionales y legales fluidos, con arreglo a los tiempos que corren y en concordancia con el reclamo ciudadano que así lo exige. De otra forma, la apropiación -o, con mayor rigor, la expropiación- de conceptos y contenidos que deberían pertenecer a la comunidad en su conjunto, por parte de un aglutinamiento social minoritario pero poderoso, seguirá justificando un sistema de toma de decisiones que ha mostrado sobradamente su perversión jurídica -por su desapego a la Justicia-, política -por desentenderse del Bien Común-, económica -por su connatural inequidad- y social -por ser fuente de ilimitada postergación-. Quizás de esta manera -y sólo así- se llegue a comprender que la idea de generación, en su concepción más genuina y sin falsas pretensiones de adueñarse de su contenido por parcialidades sociales, es inescindible de otras nociones tan fundamentales como ella pues, como lo afirmara Thomas Jefferson180, “… cada generación necesita una revolución”. LUIS ERNESTO KAMADA ABOGADO SAN SALVADOR DE JUJUY, AGOSTO DE 2004 180

Citado por Peter Drucker, op. cit., p. 91.

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Tesina de aprobación de la Maestría en Derecho Privado Económico, Universidad del Salvador, dirigida por el Dr. Carlos Ghersi, publicada en Revista Nova Tesis, Números 8 y 9, Santa Fe, abril y mayo de 2007.

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