LAS OTRAS NOTICIAS + PPOPULARES DE LOS GENOVESES, SA

RESUMEN 2007

ÍNDICE 1. RAJOY: "MIRO MI CUENTA A FIN DE MES, TENGO LOS PROBLEMAS QUE TIENEN TODOS LOS CIUDADANOS" (24/04/07) 2. RAJOY AMENAZA: "NO ME IRÉ A CASA SI PIERDO LAS ELECCIONES" (24/06/07) 3. RAJOY PONE PRECIO PARA SELLAR UN PACTO ANTITERRORISTA (08/06/07) 4. RAJOY TAMBIÉN TIENE UN CUÑADO (23/10/07) 5. RAJOY DISCREPA DE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO SEA "EL GRAN PROBLEMA" (23/10/07) 6. LA SUCESIÓN: RAJOY FRENA A GALLARDÓN: "PODRÍA SER EL 'NÚMERO DOS', PERO HAY OTROS" (31/05/07) 7. LA SUCESIÓN: AGUIRRE Y GALLARDÓN SE POSICIONAN PARA SUCEDER A RAJOY SI PIERDE (03/06/07) 8. "MUCHAS GRACIAS, DON FEDERICO, ES UN PLACER ESTAR AQUÍ" (12/06/07) 9. EL PP, DE NUEVO EN LA CALLE CON ALCARAZ Y LA EXTREMA DERECHA (08/05/07) 10. LA PROTESTA DE LA AVT APOYADA POR EL PP LLAMA A LA "REBELIÓN CÍVICA" (25/02/07) 11. EL PP EXCARCELÓ POR ENFERMEDAD A 10 PRESOS ETARRAS CON GRAVES PENAS (01/03/07) 12. JUICIO DEL 11-M: RAJOY DIXIT: “NADIE EN EL PP” DEFIENDE QUE ETA ESTÉ TRAS EL ATENTADO (20/03/07) 13 JUICIO DEL 11-M: EL SUPREMO TUMBA LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN QUE APOYA EL PP (12/01/07) 14. JUICIO DEL 11-M: EL TRIBUNAL MULTA A DÍAZ DE MERA, DIRECTOR DE LA POLICÍA CON AZNAR (29/03/07) 15. JUICIO DEL 11-M: RAJOY DECIDE NO CASTIGAR A DÍAZ DE MERA PORQUE "DICE LA VERDAD" (12/04/07) 16. BLOQUEAN EL PAGO DE VIAJES EN AVIONES PRIVADOS DE ZAPLANA COMO MINISTRO (26/03/07) 17. ZAPLANA AUMENTÓ UN 100% LOS FONDOS PROTOCOLARIOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO (28/03/07) 18. AZNAR ASEGURA QUE "AHORA" SABE QUE NO HABÍA ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN IRAK (08/02/07) 19. AZNAR: "DÉJAME QUE BEBA TRANQUILAMENTE" (04/05/07) 20. AZNAR NUNCA INFORMÓ DE SUS NEGOCIACIONES CON ETA (19/06/07) 21. AZNAR LLAMA AL GOBIERNO DE ZAPATERO "ENEMIGO DE LA LIBERTAD" (16/07/07) 22. AZNAR Y BOTELLA, MILLONARIOS POR LA PATRIA (23/09/07) 23. EL PP BOICOTEA AL GRUPO PRISA (2402/07) 24. EL PP DESTITUYE DE SU CARGO AL DIPUTADO QUE CENSURÓ EL BOICOT A PRISA (05/04/07) 25. FRACASA EL BOICOTEO A LA CLASE DE CIUDADANÍA (14/09/07) 26. LA PRESIDENTA DE GESCARTERA IMPLICA A SU HERMANO, EX ALTO CARGO DEL PP (26/09/07) 27. PAÍS VASCO:_ EL PP CORTA DE RAÍZ CUALQUIER AUTOCRÍTICA Y RECALCA QUE NO VA A MODULAR SU DISCURSO (01/06/07) 28. PAÍS VASCO: MARÍA SAN GIL: "ZP APOYA UNA OFENSIVA NACIONALISTA CON ETA A LA VANGUARDIA" (03/08/07) 29. PAÍS VASCO: UN INFORME DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA REVELA CUATRO ADJUDICACIONES A FAMILIARES DE CONCEJALES DEL PP (24/04/07) 30. CATALUÑA: LA FISCALÍA PIDE INHABILITAR 10 AÑOS POR PREVARICACIÓN A JOAN BARIOS, EX SUBDELEGADO DE LLEIDA CON EL PP (03/02/07)

Las otras noticias del PP

2

31. CATALUÑA: EL PP DISTRIBUYE EN BADALONA UN VÍDEO QUE DIFUNDE IDEAS CRÍTICAS CON LOS INMIGRANTES Y LA CÚIPULA DEL PP EN CATALUÑA LO APOYA (09/05/07) 32. CATALUÑA: "ESTE ES UN PARTIDO EN EL QUE NO FALTAN MEZQUINDADES Y MISERIAS" 33. CATALUÑA: RAJOY DIXIT: PIQUÉ "HA HECHO LO QUE HA PODIDO" (21/07/07) 34. CATALUÑA: SIRERA CONFIRMA EL GIRO A LA DERECHA DEL PP CATALÁN (02/08/07) 35. CATALUÑA: UN ALCALDE DE ERC RECUERDA QUE EL PP NUNCA LE HIZO PONER LA BANDERA ESPAÑOLA (19/09/07) 36. GALICIA: LOS LUCRATIVOS NEGOCIOS DEL CANDIDATO DEL PP EN PONTEVEDRA 37. GALICIA: DOS EDILES DEL PP DETENIDOS EN PONTEVEDRA CUANDO IBAN A RECIBIR UNA COMISIÓN DE 50.000 EUROS (15/02/07) 38. GALICIA: FEIJÓO RECALIFICÓ LA PLANTACIÓN DE HORACIO GÓMEZ A LOS TRES AÑOS DE INICIARSE LAS OBRAS (20/03/07) 39. GALICIA: VARIOS ALCALDES DEL PP EN EL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA, IMPLICADOS EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS (17/03/07) 40. GALICIA: EL ALCALDE Y CANDIDATO DEL PP EN OURENSE TIENE CENSADAS EN SU DOMICILIO A 16 PERSONAS (22/05/07) 41. GALICIA: BALTAR DEJÓ EN EL AYUNTAMIENTO A DECENAS DE FUNCIONARIOS QUE NO CABEN EN LA DIPUTACIÓN (24/06/07) 42. GALICIA: LA XUNTA CONCEDIÓ A DEDO 14 MILLONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2004 (30/07/07) 43. GALICIA: DESPILFARROS EN LA XUNTA DE MANUEL FRAGA IRIBARNE (16/08/07) 44. GALICIA: EL ALCALDE DE ORTIGUEIRA EXPLOTA LA CANTERA ILEGAL QUE SURTE A LA CIDADE DA CULTURA (16/08/07) 45. GALICIA: LA EMPRESA DEL CHÓFER DE LOUZÁN VIVE DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL PP (14/08/07) 46. ANDALUCÍA: EL DETENIDO ALCALDE DE ALHAURÍN PIDIÓ 100.000 € DE SOBORNOD (21/01/07) 47. ANDALUCÍA: DIMITE EL ALCALDE DE ALHENDÍN TRAS SER IMPUTADO EN UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA (10/03/07) 48. ANDALUCÍA: UNA CONCEJAL DEL PP DE HUELVA DIMITE PARA NO SER "MUJER FLORERO" (20/03/07) 49. ANDALUCÍA: EL PP EXPULSA A UN CANDIDATO DE ESTEPONA QUE ESCRIBIÓ "A MÁS PORCENTAJE FEMENINO, MÁS BOCAOS EN LA POLLA TOCAMOS" (18/04/07) 50. ANDALUCÍA: UN JUEZ ABRE DILIGENCIAS PENALES CONTRA EL ALCALDE DE PUNTA UMBRÍA (23/04/07) 51.. ANDALUCÍA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS ENJUICIARÁ LA GESTIÓN DEL PP EN LA ZONA FRANCA (18/05/07) 52. ANDALUCÍA: UN JUEZ IMPUTA DELITO ELECTORAL AL ALCALDE Y TRES CARGOS DEL PP DE LANJARÓN (25/05/07) 53. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA PIDE PARA EL ALCALDE DE LA LÍNEA DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN (12/07/07) 55. MADRID: AGUIRRE ADJUDICÓ 42 MILLONES DE € EN CONTRATOS A UNA EMPRESA VINCULADA A UN EX PORTAVOZ DE AZNAR (29/01/07) 56. MADRID: AGUIRRE ALEGA "INTERÉS GENERAL" PARA PONER UN GOLF EN PLENO MADRID 57. COMUNIDAD DE MADRID: LA DIMISIÓN QUE NUNCA LLEGÓ. AGUIRRE HA INCUMPLIDO SU PROMESA DE REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA (13/05/07) 58. COMUNIDAD DE MADRID: MADRID DERIVA HACIA LA EDUCACIÓN PRIVADA (12/09/07) 59. MADRID: AGUIRRE GASTARÁ EN PUBLICIDAD CASI EL TRIPLE QUE EN INVESTIGACIÓN (17/03/07)

Las otras noticias del PP

3

60. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE SUBVENCIONA A UNA FUNDACIÓN CUYO GERENTE ESTÁ IMPUTADO POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (07/04/07) 61. COMUNIDAD DE MADRID: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID SUBVENCIONA A UNA FUNDACIÓN VINCULADA CON EL PP E INVESTIGADA EN RIOJA Y NAVARRA (11/04/07) 62. COMUNIDAD DE MADRID: ANTICORRUPCIÓN APRECIA DELITO EN EL EX JEFE DE URBANISMO DE AGUIRRE (16/04/07) 63. MADRID: EL DÚO DINÁMICO DE LA MANIPULACIÓN EN TELEMADRID (24/02/07) 64. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN BOICOTEA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GUATEQUE (01/12/07) 65. MADRID: ANTICORRUPCIÓN PIDE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL PARA DOS IMPLICADOS EN EL FRAUDE DE LOS CURSOS DEL IMEFE (27/02/07) 66. COMUNIDAD DE MADRID: LA PRESUNTA TESTAFERRO DE ROCA VISITÓ URBANISMO 40 VECES EN DOS AÑOS Y MEDIO (23/05/07) 67. COMUNIDAD DE MADRID: LA M-30 SUFRE LA QUINTA INUNDACIÓN DESDE FEBRERO (23/05/07) 68. COMUNIDAD DE MADRID: UN REGALO DE 13 MILLONES CON FORMA DE ATAÚD (05/06/07) 69. COMUNIDAD DE MADRID: EL SUPREMO RATIFICA QUE GALLARDÓN VULNERÓ EL DERECHO A LA HUELGA EN 2002 (11/06/07) 70. COMUNIDAD DE MADRID: CONCEJALES DEL PP PIDEN A GALLARDÓN 'MÁS DEMOCRACIA INTERNA' (24/08/07) 71. COMUNIDAD DE MADRID: LOS PARQUÍMETROS LLEGAN A LOS TRIBUNALES (27/06/07) 72. COMUNIDAD DE MADRID: DRAGÓ UTILIZA TELEMADRID PARA HABLAR DE SU "PILILA" Y FOMENTAR EL CONSUMO DE ALCOHOL (12/07/07) 73. EL PP DE TORRELODONES QUIERE “PROTEGER” UN ÁREA NATURAL CONSTRUYENDO 1.500 CHALÉS (30/01/07) 74. COMUNIDAD DE MADRID: LOS PELIGROSOS CONTACTOS DEL ALCALDE DE BOADILLA, DEL PP, CON EL SOBRINO DE AZNAR Y ROMERO DE TEJADA (11/04/07) 75. COMUNIDAD DE MADRID: EL JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DE UN SUPUESTO INTENTO DE COMPRA DE VOTO EN PARACUELLOS (13/07/079 76. COMUNIDAD DE MADRID: BRUSELAS DENUNCIA LAS OBRAS DE LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS' EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE (10/08/07) 77. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS DESCALIFICA A LOS EURODIPUTADOS QUE INSPECCIONARÁN EL URBANISMO VALENCIANO (23/02/07) 78. COMUNIDAD VALENCIANA: LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07) 79. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PATRÓN DE LA F-1 VINCULA EL GRAN PREMIO DE VALENCIA A LA VICTORIA ELECTORAL DEL PP (11/05/07) 80. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL DA 448.000 € A LA FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP (08/05/07) 81. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA SOCIEDAD DE LA GENERALITAT PAGÓ LOS SOBRECOSTES ILEGALES DE TERRA MÍTICA (09/02/07) 82. COMUNIDAD VALENCIANA: LA POLICÍA COPIA LAS CINTAS QUE IMPLICAN A ZAPLANA EN COBRO DE COMISIONES (27/06/07) 83. COMUNIDAD VALENCIANA: ABOGACÍA DEL ESTADO CALCULA EN 4,5 MILLONES DE EUROS EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA EN EL 'CASO TERRAMÍTICA' (19/09/07) 84. COMUNIDAD VALENCIANA: LA AUDIENCIA RESUELVE QUE EL “CASO IVEX” NO HA PRESCRITO (02/02/07) 85. COMUNIDAD VALENCIANA: JULIO IGLESIAS COBRÓ DOS VECES EL CONCIERTO DEL IVEX EN MÉXICO (08/08/07)

Las otras noticias del PP

4

86. COMUNIDAD VALENCIANA: BARBERÁ APRUEBA EL 'PELOTAZO' DE MESTALLA CON LA OPOSICIÓN Y LOS VECINOS EN CONTRA (24/02/07) 88. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) ADJUDICA EN LA COSTA 1.000 VIVIENDAS A UN PROMOTOR AFÍN AL PP (26/01/07) 89. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE VILA-REAL DIMITE 50 DÍAS DESPUÉS DE SER CONDENADO POR PREVARICACIÓN (16/01/07) 90. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE LA VILA RECONOCE QUE HA EJERCIDO DE MÉDICO SIN TÍTULO Y DIMITE (08/06/07) 91. COMUNIDAD VALENCIANA: LA ESPOSA DEL EX ALCALDE DE BURRIANA (PP) TIENE CUENTAS EN ANDORRA (20/06/07) 92. COMUNIDAD VALENCIANA: ALTEA VENDE Y DESPUÉS RECOMPRA UNA FINCA A UNA FUNDACIÓN PRÓXIMA AL PP (19/02/07) 93. COMUNIDAD VALENCIANA: LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE RIBA-ROJA POR DELITO DE COHECHO (07/03/07) 94. COMUNIDAD VALENCIANA: ANTICORRUPCIÓN PIDE A HACIENDA LOS DATOS DEL PATRIMONIO DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (16/03/07) 95. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE BENIDORM (PP) VOTÓ EN UN PAI EN EL QUE TIENE INTERESES (19/03/07) 96. COMUNIDAD VALENCIANA: EL LÍDER DEL PP EN CASTELLÓN, IMPUTADO POR DELITO FISCAL, CUADRUPLICA SU PATRIMONIO EN CINCO AÑOS 97. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA GASTÓ EN 2004 EL DOBLE EN PAGAR PRÉSTAMOS DE LO QUE GANÓ (24/05/07) 98. COMUNIDAD VALENCIANA: CARGOS DEL PP DE CASTELLÓN BAJO EL RETRATO DE FRANCO (05/04/07) 99. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TSJ SUSPENDE LA CONSTITUCIÓN DE CUATRO AYUNTAMIENTOS POR EL FRAUDE EN LOS CENSOS (17/06/07) 100. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP VALENCIANO HACE SENADORA TERRITORIAL A UNA DE LAS HIJAS DE FABRA (17/07/07) 101. CASTILLA Y LEÓN: UN JUEZ INVESTIGA A DOS CARGOS DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN POR UNA TRAMA URBANÍSTICA (19/03/07) 102. CASTILLA Y LEÓN: LA CONDENA AL EDIL DE CULTURA OBLIGA A OTRO CAMBIO EN EL PP DE BÉJAR (31/01/079 103. CASTILLA Y LEÓN: EL FISCAL IMPUTA A CUATRO ALTOS CARGOS DEL PP QUE IMPULSARON LA TALA EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS (09/03/07) 104. CASTILLA Y LEÓN: LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP APRUEBA UNA GRAN URBANIZACIÓN EN SUELO PROTEGIDO EN SORIA (15/03/07) 105. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE PONFERRADA Y CINCO MIEMBROS DEL PP, IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN (21/03/07) 106. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE PEPERO DE SALAMANCA, EL SIN PAR LANZAROTE, PERDONA LA DEUDA A SU "AMIGO" CURTO (27/09/07) 107. CASTILLA Y LEÓN: TERCERA PROTESTA MASIVA EN SALAMANCA CONTRA LA SUBIDA DE TASAS MUNICIPALES (27/12/07) 108. CASTILLA-LA MANCHA: CARGOS MUNICIPALES DEL PP DE CIUDAD REAL COMPRARON PISOS TRAS DECLARARLOS PROTEGIDOS (19/05/07) 109. REGIÓN DE MURCIA: EL FISCAL CITA COMO IMPUTADO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN AL DIRECTOR GENERAL QUE FACILITÓ URBANIZAR LA ZERRICHERA (18/01/07) 110. REGIÓN DE MURCIA: LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE CIEZA POR PREVARICACIÓN (11/02/07)

Las otras noticias del PP

5

111. REGIÓN DE MURCIA: EL ALCALDE DE MURCIA RECALIFICÓ MÁS DE 30.000 M2 PROPIEDAD DE LA FAMILIA DE SU ESPOSA (20/02/07) 112. REGIÓN DE MURCIA: VALCÁRCEL DA SU APOYO AL ALCALDE DE ÁGUILAS PESE A SU IMPUTACIÓN POR LA ZERRICHERA (22/03/07) 113. REGIÓN DE MURCIA: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AL GOBIERNO DE MURCIA POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN ( 30/04/07) 114. REGIÓN DE MURCIA: DE PASEO POR NUEVA YORK EN LIMOUSINE A COSTA DE LOS MURCIANOS (23/05/07) 115. REGIÓN DE MURCIA: VALCÁRCEL SE COMPRA UN YATE DE LUJO DE 13 METROS DE ESLORA (19/07/07) 116. REGIÓN DE MURCIA: LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA DE TOTANA ALCANZA AL ALCALDE DEL PP (30/11/07) 117. ISLAS CANARIAS: DETENIDOS LOS PRINCIPALES EDILES DEL PP EN LA LOCALIDAD GRAN CANARIA DE MOGÁN (24/01/07) 118. ISLAS CANARIAS: IMPUTADO POR PREVARICACIÓN EL PRESIDENTE DEL PP DE FUERVENTURA (23/02/07) 119. ISLAS CANARIAS: EL PRESIDENTE DEL PP PASA DE UN PEQUEÑO CHALET A UNA MANSIÓN (14/05/07) 120. ISLAS CANARIAS: EL PP DE MOGÁN ORDENÓ PAGAR A GRUPO EUROPA LOS GASTOS DE UN MITIN DE RAJOY (18/05/07) 121. ISLAS CANARIAS: CINCO EMPRESARIOS CONFIESAN EL PAGO DE COMISIONES A CONCEJALES DEL PP EN TELDE (05/06/07) 122. EXTREMADURA: LA MUJER DEL ALCALDE DE BADAJOZ VENDIÓ UNA FINCA EL MISMO DÍA EN QUE EL AYUNTAMIENTO AUMENTÓ SU EDIFICABILIDAD (26/02/07) 123. EXTREMADURA: NUEVO CAPÍTULO DE CORRUPCIÓN EN MÉRIDA: POLÉMICA PARTIDA DE GASTOS DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL PP 10/08/2007 124. ISLAS BALEARES: ACUSAN A MATAS DE GASTAR CINCO MILLONES EN UN PALACETE (28/03/07) 125. ISLAS BALEARES: EL EX PRESIDENTE JAUME MATAS TRABAJA EN EL GRUPO AL QUE CONCEDIÓ SU PROYECTO ESTRELLA 126. ISLAS BALEARES: LA FISCALÍA BALEAR DENUNCIA POR CORRUPCIÓN A UNA HIJA DE MATUTES Y TRES CARGOS DEL PP (07/07/07) 127. ISLAS BALEARES: ANTICORRUPCIÓN PIDE SEIS AÑOS PARA EL EX ALCALDE DE ANDRATX (26/09/07) 128. PRINCIPADO DE ASTURIAS: EL ALCALDE DE RIBADESELLA (PP) IMPUTADO POR PREVARICACIÓN (24/04/07) 129. PRINCIPADO DE ASTURIAS: LA CABEZA DE LISTA DEL PP EN ASTURIAS DEJA LA POLÍTICA Y CRITICA A LA DIRECCIÓN (25/09/07) 130. ARAGÓN: LOS AFILIADOS DE BASE DEL PP TEMÍAN AL ALCALDE DE CALATAYUD (PP) (06/02/07) 131. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: EL PRESIDENTE SE JACTA DE CIRCULAR A 152 KM/H (18/05/07) 132. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: SANZ PIDE A RAJOY QUE LOS DIPUTADOS DE UPN FORMEN GRUPO PROPIO EN EL CONGRESO Y RAJOY SE LO NIEGA (16, 17 Y 18/08/07) 133. CANTABRIA: EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (PP) COMPLACE A LA FALANGE (05/04/07) 134. LA RIOJA: METÁLICO Y SIN TECLAS: EL PRESIDENTE RIOJANO MANEJÓ UN APARATO EN LA REUNIÓN EN LA QUE SE GRABÓ A ZAPATERO (28/01/07) 135. LA RIOJA: RATIFICAN EL ACOSO LABORAL QUE EJERCIERON TRES ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO RIOJANO (25/02/07) 136. CEUTA: UN AÑO DE CÁRCEL PARA UNA DIRIGENTE DEL PP POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PARA CONTRATAR A SU MARIDO (29/03/07)

Las otras noticias del PP

6

137. MELILLA: JUEZ REMITE AL SUPREMO UNA DENUNCIA POR ESTAFA CONTRA UN DIPUTADO DEL PP (24/02/07) 138. MELILLA: LA FISCALÍA PIDE INVESTIGAR POSIBLES MANIPULACIONES EN EL CENSO (24/04/07)

Las otras noticias del PP

7

1. RAJOY: "MIRO MI CUENTA A FIN DE MES, TENGO LOS PROBLEMAS QUE TIENEN TODOS LOS CIUDADANOS" (24/04/07) El sueldo de Mariano Rajoy hasta hace poco seguía siendo una incógnita. Preguntado de nuevo el líder del PP se limitó a decir: "Miro mi cuento al final de mes porque lo necesito, lo necesito y muchísimo, y además mi mujer también trabaja, y entonces tengo los problemas que tienen todos los ciudadanos. No estoy en política por dinero". Mariano Rajoy cobra unos 4.000 € mensuales como diputado en el Congreso. Su partido, sin embargo, le paga un importante sobresueldo. Un diputado del PP, miembro de la dirección del partido, confesaba a este periódico que él, que también tiene un plus de esa formación, cobra alrededor de 6.000 € netos mensuales. Con ese dato, y la más que razonable suposición de que el máximo responsable del partido debe cobrar más que un subordinado, él mismo situaba el sueldo de Rajoy entre 9.000 y 12.000 € al mes. Rajoy tiene además, como todos los dirigentes políticos de ese nivel, un nivel de gastos mínimo, porque casi todo va a la cuenta de representación del partido, aunque él vive en una casa de su propiedad. El líder del PP, sin embargo, se negó a confesar su sueldo, a pesar de que el del presidente del Gobierno y todos los ministros es público. En su entorno apelaban al hecho de que el PP es una institución privada y no tiene ninguna obligación de hacer públicos los sueldos que paga a sus empleados. En realidad, el PP, como cualquier partido, vive básicamente de las subvenciones públicas pagadas con los impuestos de todos. Según los datos del Tribunal de Cuentas, el PP ingresa más de 60 millones de euros al año. De ellos, el 14% llega por las cuotas de militantes, el 5% de las donaciones, y el otro 81% de las subvenciones públicas. 2. RAJOY AMENAZA: "NO ME IRÉ A CASA SI PIERDO LAS ELECCIONES" (24/06/07) Promete poca tregua a Zapatero y no dimitirá. El líder del PP, Mariano Rajoy, preguntado por los periodistas del diario El Mundo en un Foro de ese periódico, deja claro que la supuesta tregua concedida al Ejecutivo no es más que un ardid para controlar la Comunidad Foral de Navarra. Con respecto al futuro, Rajoy habla tanto de su victoria como de su derrota: contempla pactos con los nacionalistas conservadores, aunque no se atreve a explicar las contradicciones que esta conducta llevaría consigo. Sin ganas de meterse en los agujeros negros del 11-M, Rajoy recupera el dóberman, hablando de una supuesta conspiración audiovisual en su contra, y lanza un aviso para navegantes: si pierde, no se marchará a su casa. Una frase que, más que dirigida a la oposición, va encaminada a dejar las cosas claras en su partido: el designado por Aznar no se bajará del trono hasta que, quizá, sea el mismo figurante de Azores el que le dé la siguiente instrucción. Preguntado por El Mundo, Mariano Rajoy dejó entrever lo que era ya fácil sospechar hace dos semanas: que la supuesta tregua que el líder de la derecha ha dado al Gobierno tiene el objeto principal de mantener para el PP el control de la Comunidad Foral de Navarra: "Es el asunto más importante que tiene planteado en estos momentos la sociedad española (…) En Navarra no estamos sólo hablando de carreteras u hospitales, sino de su estado jurídico, de si queremos o no queremos que Navarra deje de estar integrada en España". Aun siendo tan importante mantener el estatus de la comunidad foral, Rajoy se sigue negando en rotundo a aceptar ningún pacto con el PSN que no lleve a su UPN a la presidencia. Un pacto, el de la leve tregua que se prometía hace dos semanas, empañado por la escasa confianza que el líder de la derecha demuestra tener hacia el presidente: "Mi confianza es muy limitada". Un acuerdo, además, condicionado a la "ilegalización de ANV". Aun con todo, Rajoy promete no excluir del debate en el Parlamento "un tema que importa a todos los españoles". Tras pedir que gobierne la lista más votada y escurrir el bulto en el caso de Canarias –donde el socialista Juan Fernando López Aguilar, tras su espectacular victoria, quedará fuera por un pacto entre nacionalistas y populares-, Rajoy justifica su mala valoración entre los ciudadanos por una supuesta conspiración audiovisual: "Mi adversario en este momento no es tanto el Partido Socialista como las televisiones (…) Al final, lo que vamos a ver en los próximos meses es lo del dóberman multiplicado por tres (…) La campaña que vamos a vivir los próximos meses va a ser una campaña en toda regla contra el Partido Popular". Rajoy, que da por hecho pactos con CiU o el PNV para gobernar en España –la mayoría absoluta es impensable-, prefiere esquivar la contradicción de tener un recurso en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán, apoyado por CiU y mostrarse dispuesto a llegar a acuerdos con los nacionalistas: "No voy a entrar ahora en esas disquisiciones". Las otras noticias del PP

8

Por otro lado, el líder del PP respondió tajantemente sobre su futuro ante una posible derrota: "No me iré a casa si no gano las elecciones". Todo un aviso a navegantes, dirigido a ciertos cargos del PP que se podrían perfilar como una alternativa posible para la sucesión en el partido que liderara José María Aznar: tanto Gallardón como Aguirre podrían estar postulándose como amenazas contra Rajoy, en caso de perder las generales. Preguntado por la autoría del 11-M y sus agujeros negros –no olvidemos que la entrevista se realiza en la principal fábrica de sueños relacionada con tal masacre-, Rajoy, quizá por la cercanía de las elecciones generales y el derrumbe de la teoría de la conspiración, quiere manifestar que tiene "dudas", pero repite como un mantra que su opinión es "lo que digan los tribunales". 3. RAJOY PONE PRECIO PARA SELLAR UN PACTO ANTITERRORISTA (08/06/07) El PP aprieta hasta la asfixia al Gobierno para que cambie de política si quiere la unidad contra los terroristas. Lo hizo sólo dos días después de que ETA anunciara la vuelta a las armas y en vísperas de la crucial reunión que mantendrán el lunes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para recuperar el consenso perdido hace tres años. Los principales dirigentes del PP salieron en tromba contra el Gobierno poniendo precio a su apoyo político para sellar un pacto antiterrorista. Ese precio pasa, según precisaron, porque el Ejecutivo se embarque en la ilegalización de 439 concejales de Acción Nacionalista Vasca en Euskadi y Navarra que tomarán posesión de sus actas el próximo 16 de junio. Los votos cosechados por ANV el pasado 27 de mayo le permiten gobernar en 40 municipios. El Ejecutivo socialista respondió con una negativa a la principal exigencia del PP: "No hay indicios suficientes para emprender ahora el proceso de ilegalización de ANV, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No obstante, estaremos muy vigilantes a la acción política de ANV para aplicar la Ley de Partidos Políticos si la vulneran", señaló un portavoz del Gobierno. Para ilegalizar Batasuna, el presidente José María Aznar esperó, tras la aprobación de la Ley de Partidos Políticos en junio de 2002, a que ETA cometiera un atentado mortal en Santa Pola (dos muertos y 30 heridos) y a que Batasuna renunciara a condenar el atentado en el parlamento vasco. Fue entonces, en agosto de 2002, cuando el Gobierno popular promovió la ilegalización, con el apoyo del PSOE en el Congreso. El Supremo tramitó la demanda e ilegalizó a Batasuna seis meses después. Ignacio Astarloa, responsable de Seguridad y Justicia del PP, reclamó una acción decidida del Gobierno para evitar que los electos de ANV tomen posesión de su acta de concejal. El PP plantea que es posible si se solicita en las próximas horas que el Tribunal Supremo ilegalice ANV en virtud del artículo 12 de la Ley de Partidos, lo que permitiría declarar a este partido una continuación de Batasuna y así se evitaría que sus electos tomaran posesión. Astarloa defendió la posibilidad de presentar recurso contencioso-electoral ante las juntas electorales de acuerdo con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) antes de que se produzca la proclamación oficial de los candidatos como electos. El Gobierno interpreta que el PP no tiene interés en sumarse ahora a un acuerdo antiterrorista porque ha decidido buscar rentabilidad electoral en su oposición a la política de Zapatero en relación con ETA. "La unidad ha saltado por los aires por culpa de quien ha puesto sus intereses electorales y personales por encima de los intereses de todos", declaró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Yo le pediría al PP", añadió, "que haga lo mismo que hicimos los socialistas cuando España vivió una cosa similar en el año 1999. Los socialistas nos juntamos, nos pegamos, echamos la mano y arrimamos el hombro". Mariano Rajoy sostuvo que está dispuesto a arrimar su hombro y anunció que acudirá a la cita del Palacio de la Moncloa sin condiciones previas ni exigencias de rectificación al Ejecutivo, como le había reclamado el presidente del Gobierno un día antes. Tras el gesto de distensión, Rajoy pasó a la ofensiva anunciando su plan: "Hay que derrotar a ETA y no negociar, hacer experimentos o cosas raras. El Gobierno debe dirigirse a la Sala del 61 del Tribunal Supremo a fin de que impida que los ediles de ANV puedan hacerse con sus actas en los ayuntamientos. Se puede pedir, y yo creo que se gana". Pero por si no quedaba clara la posición de dureza, el PP utilizó otros altavoces para airear su censura a la política antiterrorista del Gobierno y seguir sumando exigencias a su lista de condiciones para apoyar a Zapatero. El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, defendió la necesidad de derogar la resolución aprobada en mayo de 2005 en el Congreso que establecía la posibilidad de buscar el fin de ETA a través del diálogo con los terroristas.

Las otras noticias del PP

9

4. RAJOY TAMBIÉN TIENE UN CUÑADO (23/10/07) Manuel Fernández Balboa, sin experiencia profesional, fue contratado por la Xunta del PP para dirigir las cuentas de la Fundación Cidade da Cultura, que arrastra un desfase del 300%. Además de un primo que le aconseja sobre cambio climático, Mariano Rajoy también tiene un cuñado. Y si no fuese por su breve paso por la delegación de una constructora en Pontevedra, la historia de Manuel Fernández Balboa sólo tendría parangón en Silicon Valley: habría pasado de ser becario a ocupar un puesto de dirección como gestor de las cuentas multimillonarias de una entidad pública. Fernández Balboa, cuñado del líder de la oposición, firmó el 1 de marzo de 2001 un contrato como responsable económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Percibiría por su trabajo 42.000 euros al año. Tenía 29 años, un título universitario, un máster MBA en Marketing y una exigua experiencia profesional. Y se iba a ocupar de las finanzas del ente gestor de un proyecto cuyo presupuesto superaba en aquel momento los 108 millones euros y que hoy acumula desviaciones superiores al 300%. Ideada en tiempos del Ejecutivo Fraga, la Cidade da Cultura es un espectacular complejo arquitectónico que, según sus impulsores, había de reubicar a Santiago y Galicia en el mapa cultural del mundo. El proyecto inicial constaba de cinco edificios, entre ellos un palacio de la Ópera, un Museo de la Historia de Galicia o una impresionante mediateca. Se trataba de un proyecto enorme. Su presupuesto de mantenimiento, una vez entre en funcionamiento -unos 50 millones de euros al año, se estima-, podría dejar hechas unos zorros las cuentas de la Consellería de Cultura. Pero el equipo del veterano político conservador aludía una y otra vez al cambio experimentado por Bilbao tras la construcción del museo Guggenheim. Y el proyecto salió adelante. El cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, envió el 27 de enero una carta a la Consellería de Cultura presentando su candidatura al puesto de director económico-financiero de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia. Adjuntaba a esa comunicación su currículum. Sólo habían transcurrido cuatro días desde el envío del contrato para su supervisión legal por parte de los organismos competentes en la administración. El informe fue positivo y el 1 de marzo se firmó el contrato. Las obras de la Cidade da Cultura habían comenzado dos semanas antes. Sobre la revisión del contrato que después firmaría Fernández Balboa se ciernen ahora algunas dudas. El informe sobre la fundación presentado la semana pasada por el organismo fiscalizador de las cuentas públicas gallegas, el Consello de Contas, cuestiona su naturaleza. Asegura que el puesto de director económico-financiero no reunía "las características necesarias para configurar un supuesto de personal de alta dirección" como el que sirvió para contratar al cuñado de Rajoy. El Consello de Contas también critica el hecho de que la fundación no contase con una relación de puestos de trabajo "con un contenido mínimo". Esa relación serviría para describir los puestos de trabajo, el modelo organizativo de la entidad, y los perfiles profesionales necesarios para contratar al personal. Nunca se hizo. Mientas tanto, la Cidade da Cultura comenzaba a convertirse en un problema económico y político. El presupuesto inicial era de 108 millones de euros. Seis años y medio después de que comenzasen las obras, se habla ya de más de 380 millones. El Consello de Contas, que inauguró las comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento de Galicia, ha sido muy crítico con el modelo de gestión del proyecto, cuyo autor es el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. Lo vago del proyecto con el que Eisenman se adjudicó el concurso para construir la Cidade da Cultura y el tipo de contrato establecido entre la Xunta y el arquitecto pudieron ser dos de las causas del desfase presupuestario. O eso se deduce, al menos, del informe elaborado por el Consello de Contas. Cuando cumplió 32 años, el cuñado de Rajoy gestionaba ya las cuentas de una entidad cuyos activos superaban los 114 millones de euros. Corría ya 2004 y estaba a punto de comenzar su último año como alto directivo de la fundación. En septiembre de 2005, tras el cambio de Gobierno en Galicia, su contrato fue rescindido. Hoy cumple 36 años. Comenzará su aniversario compareciendo ante el Parlamento gallego. 5. RAJOY DISCREPA DE QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO SEA "EL GRAN PROBLEMA" (23/10/07)

Las otras noticias del PP

10

El presidente del PP, Mariano Rajoy, se reveló como un escéptico ante las teorías que sostienen el llamado cambio climático. "Si ningún científico puede garantizar el tiempo que va a hacer mañana en Sevilla, ¿cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años?", se preguntó en un acto con empresarios en Palma. Contrariamente a las directrices de la ONU, de la Unión Europea, del Gobierno español y a lo que él mismo había manifestado en numerosas ocasiones, Rajoy relativizó las voces de alarma de la mayor parte de la comunidad científica. "Tampoco lo podemos convertir el cambio climático en el gran problema mundial. Hay otros problemas más importantes, como el sector energético, las emisiones...", afirmó. La comparación entre el tiempo de Sevilla y los peores augurios sobre la temperatura del planeta no es suya. Es de su primo hermano Javier Brey Ábalo, catedrático de Física de la universidad de la ciudad hispalense, quien en una entrevista llamó "seudocientíficos" a los que "saben lo que va a ocurrir dentro de 300 años". "Es tremendo que hoy tenga más fácil obtener subvención un trabajo de investigación que incluya en su propuesta las palabras adecuadas", afirmó Brey, en referencia al binomio cambio climático. El catedrático, contactado por teléfono, no quiso hacer declaraciones. La confesión medioambiental de Rajoy cogió por sorpresa a su propio partido, que en los últimos meses se llegó a plantear una conferencia sobre las consecuencias del calentamiento del planeta. Incluso Juan Costa, coordinador de la campaña electoral, eligió hace un mes a "los mejores especialistas" de su partido en esta materia para componer el consejo asesor que está trabajando en el programa para las legislativas. La opinión expresada por el líder conservador fue censurada por WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción, que juzgan "irresponsable" negar lo que consideran una evidencia científica. A las críticas se sumaron PSOE, IU y Esquerra, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostró "preocupada" por las declaraciones. 6. LA SUCESIÓN: RAJOY FRENA A GALLARDÓN: "PODRÍA SER EL 'NÚMERO DOS', PERO HAY OTROS; PRUDENCIA" (31/05/07) Mariano Rajoy no le gustan las sorpresas. Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, no le avisó de que iba a reclamarle en público, y ante toda la cúpula del PP, que le incluya en la lista al Congreso para las generales. Por eso, Rajoy, un hombre que presume de tomar las decisiones con calma, y si son internas, con el mínimo ruido posible, le paró los pies con un ligero coscorrón dialéctico: "Gallardón podría ser un buen número dos, pero hay muchos otros. Todo a su debido tiempo. En la vida, un poquito de prudencia". Esperanza Aguirre, rival de Gallardón, apoyó el discurso de Rajoy. Rajoy dio una lección de su gusto por las metáforas, los dobles sentidos y, en general, el arte de esquivar las preguntas sobre asuntos internos o delicados. Ya lo hizo precisamente en otro episodio protagonizado por los dos grandes líderes madrileños, cuando Esperanza Aguirre presentó una biografía autorizada muy crítica con Gallardón. Rajoy lo resolvió entonces apelando a Romanones y su "¡joder qué tropa!". Rajoy acudió a una cadena de televisión a sacar partido a su victoria electoral por 160.000 votos y presionar al PSOE para que no pacte con los nacionalistas en Navarra y se encontró con que el asunto del día era otro. Y trató de huir. "Tenemos un material humano de primera, estamos muy unidos y tenemos una firme voluntad de ganar. El PP tiene muchas personas y muy brillantes, y Gallardón podría ser un buen número dos, pero también muchos otros". Rajoy evitó en todo momento criticar al alcalde por la oferta, que considera razonable, pero sí lo hacía indirectamente por el momento y la oportunidad elegida para poner de actualidad este asunto. La mayoría de los dirigentes consultados interpretan que el líder le ha pedido paciencia, pero no le ha dado ni mucho menos un portazo a un personaje como Gallardón, que el propio Rajoy decidió llevar a maitines, la cúpula del PP. "Todo el mundo quiere ayudar de la manera más intensa que puede, que es ir en la lista", dijo. A partir de ahí empezó a esquivar. "Cuando se convoquen las elecciones ya se lo diré, que es cuando se toman las decisiones: si un niño tiene siete años ¿le va a preguntar ahora su padre qué va a estudiar? pues déjeme esperar a que tenga posibilidad de elegir". Luego amplió esa metáfora: "Hay muchos alumnos aventajados en España y a los ocho o nueve años aún no deciden la carrera que quieren estudiar. Incluso hay gente que empieza a estudiar la carrera y es gente muy inteligente, muy capaz, y luego se da cuenta de que lo que hay que hacer es estudiar otra". Entre hombre precavido vale por dos y la fortuna de los audaces, Rajoy se queda en el medio, "donde está la virtud".

Las otras noticias del PP

11

7. LA SUCESIÓN: AGUIRRE Y GALLARDÓN TOMAN POSICIONES PARA SUCEDER A RAJOY SI PIERDE (03/06/07) Los políticos, como los ajedrecistas, necesitan tener varias jugadas en la cabeza para triunfar. Y en el PP, los dirigentes clave trabajan ya en un plan B: ¿y si pierde Rajoy? Obviamente, el plan A, el que se lleva el esfuerzo principal, es la victoria. Pero la derrota es una posibilidad real y hay que mover las piezas. En este momento, según todos los dirigentes consultados del PP, sólo Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, los dos líderes madrileños, están en condiciones de aspirar a esa plaza. Es ahora, justo cuando hay que empezar a colocarse para la elaboración de las listas al próximo Congreso de los Diputados, están en plena ebullición. Hasta el punto de que los dos contendientes y sus equipos miden sus apoyos por si llegara un enfrentamiento. Miembros de la máxima dirección y de ambos sectores en liza coinciden en que Gallardón cuenta con el apoyo de barones muy importantes como el andaluz Javier Arenas, el catalán Josep Piqué o el gallego Alberto Núñez Feijóo. Más dudosos, aunque según fuentes del entorno de Aguirre están con el alcalde de Madrid, se situarían el valenciano Camps o el balear Matas. Ellos están dentro del grupo que ha apoyado, por ejemplo, la reforma de estatutos de autonomía. Frente a ellos, y más próximos a Aguirre, se situarían Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja, Castilla y León, el País Vasco, Extremadura, Canarias, Asturias y, obviamente, Madrid, el partido que Gallardón aspiró a controlar. El alcalde fracasó en ese intento dentro del partido y debe buscar apoyos fuera de su territorio. Los respaldos regionales implican delegados para un congreso nacional. Formalmente, debería ser en octubre, pero la mayoría de los dirigentes empieza a apostar abiertamente -el propio Gallardón lo hizo en público- por retrasarlo hasta después de las elecciones. La clave de todo, sin embargo, al margen de estos preparativos, está en la decisión de Rajoy de colocar o no a Gallardón en la lista al Congreso por Madrid, no necesariamente de número dos. Ahí se decide todo, porque estar en la Cámara baja significa poder aspirar a la sucesión si hay derrota. Al Gobierno, Rajoy se podría llevar a cualquiera, pero la oposición se hace en el Congreso de los Diputados. Aguirre, mientras tanto, mueve sus piezas para impedir que Gallardón llegue al Congreso. Eso le daría a él un plus, porque podría compaginar la alcaldía y el escaño. Ella, como presidenta autonómica, no podría. Tendría que dimitir, algo impensable porque perdería su poder. Por eso, para ella es fundamental que el alcalde no entre en la lista. Y con la fuerza que le han dado sus espectaculares resultados electorales tratará de impedirlo. Entonces sí podría aspirar. O al menos eso cree. Su entorno comenta que ella tiene la opción de ser senadora por designación autonómica y desde allí podría dirigir la oposición. En esa batalla por lograr un puesto en el Congreso, Gallardón podría contar, según fuentes de la dirección, con un apoyo inesperado: el del propio Aznar. A nadie se le escapa que la entrada en política nacional del primer edil de Madrid dejaría el paso libre a la alcaldía para Ana Botella, la esposa del presidente de honor del PP. Rajoy necesita una lista al Congreso potente. De hecho, en el partido ya se asume que el número uno por Barcelona será Josep Piqué, aunque el líder aún no ha hablado con él. Cataluña, como Andalucía, son claves. En la primera, los resultados han sido muy malos -han perdido 80.000 votos, 1,3 puntos- y en la segunda, el PP ha subido dos puntos, pero el PSOE también. La distancia en municipales se mantiene en ocho puntos, aunque lejos de los 20 que les separaron en las generales de 2004. La crisis del País Vasco 60.000 votos menos- tiene menos impacto en las generales. Las de Aragón, Canarias o Extremadura son más preocupantes. Aún así, el PP recuerda que hay casi un millón de votos que en las municipales van a listas independientes, en su mayoría de empresarios locales, que en las generales pasan al principal partido de la oposición. Por eso creen que ganarán. La importancia de la lista al Congreso justifica la presencia de Gallardón, que además refuerza el perfil "centrista y moderado" que Rajoy insiste en reivindicar para su partido. Pero la lista por Madrid es mucho más que una lista, y en el partido la entrada de Gallardón desataría todas las alarmas. "El problema que tiene Mariano es que si pone a Alberto, y más ahora con la que se ha montado, Zapatero dirá inmediatamente 'Rajoy es tan débil que necesita a Gallardón'. Con un líder tan inescrutable, los dirigentes han aprendido a adivinar sus decisiones con clases de psicología. Y aquí los que más le conocen aducen una razón poderosa: con Rajoy no hay nada mejor que insistir. Es una persona flexible y no le gustan los enfrentamientos directos. Y todos dan por descontado que Gallardón, en privado, insistirá. Y mucho. Las otras noticias del PP

12

8. "MUCHAS GRACIAS, DON FEDERICO, ES UN PLACER ESTAR AQUÍ" (12/06/07) La emisora de los obispos, uno de los medios más beligerantes con el Gobierno de Zapatero, fue el lugar escogido por Mariano Rajoy para lanzar su mensaje del día después. Aunque por el momento siguen las buenas relaciones entre ambos políticos, cuando no se habían cumplido ni 24 horas de su entrevista con el presidente, Rajoy apuntó por dónde van a ir a partir de ahora los tiros. Olvidándose de que quien marca la política antiterrorista es el Gobierno, el líder del PP aseguró de forma rotunda que quien hizo el "esfuerzo" por llegar a un acuerdo fue él, denunció el trato dado por el Ejecutivo a las víctimas del terrorismo y aseguró que durante la campaña electoral haría un balance de la legislatura en el que quedaría claro que éste es el Gobierno del diálogo con ETA, de la memoria histórica y del Estatuto. "Zapatero debe responder por haber dividido a los españoles". Y siguió: el proceso de paz fue un "fiasco". Envalentonado ante sus amigos de la COPE, entre los que estaba Pedro J. Ramírez, entre otros, se presentó ante la audiencia victorioso tras la entrevista de . "No les puedo decir a los españoles que no estoy con el presidente si quiere derrotar a ETA", aseguró y mantuvo que su postura había sido coherente siempre. Una vez más negó haber hecho política con la lucha antiterrorista. 'Mi posición es la de siempre, pero el presidente debe saber que si apuesta por la derrota de ETA y está en los principios del Pacto Antiterrorista yo le apoyo, sería una insensatez por mi parte no hacerlo', subrayó. Tres palabras, "derrota de ETA", fueron reiteradas una y otra vez por Rajoy. "Si de mí dependiera -precisó Rajoy- acudiría con urgencia al Supremo para que ANV fuera ilegalizada y sus ediles no pudieran tomar posesión en la constitución de los nuevos gobiernos municipales el próximo sábado'. El líder del PP criticó claramente al presidente al asegurar que si hubiera estado en su lugar no habría permitido que fuera De la Vega quien compareciese ante los españoles. Lo hubiera hecho en persona para lanzar un mensaje de esperanza a los ciudadanos y asegurar "que nunca se volverá a negociar con una banda terrorista y que vamos a aplicar la ley" Don Mariano respondió con entusiasmo a las preguntas y comentarios del programa de Federico Jiménez Losantos quien había perdido su tono agresivo habitual al referirse al líder de la oposición, quien pasó de ser un "maricomplejines" a "Rajoy el Bueno".Sin embargo, en su columna de El Mundo, le advierte que "si pierde las elecciones muchos le reprocharán su noble comportamiento en el encuentro con el Embustero Mayor del Reino". El líder de los populares no quiso separar el terrorismo de la unidad nacional: 'ETA no va a conseguir sus objetivos políticos, que son la independencia del País Vasco y una parte de Francia'. En este sentido, aseguró que otro punto es Navarra: 'Tú no puedes negociar con aquellos que quieren que Navarra deje de ser Navarra'. El líder del PP, eludiendo que su propio partido cuando estaba en el Gobierno intentó también llegar a un final negociado de la violencia, aseguró que dialogar con ETA era una "inmoralidad". El presidente del PP se despidió del sanedrín copeliano con suma cortesía y afecto: "Muchas gracias, don Federico. Estar aquí con ustedes es un placer". 9. EL PP, DE NUEVO EN LA CALLE CON ALCARAZ Y LA EXTREMA DERECHA (08/05/07) Tras varios fines de semana sin ninguna convocatoria prevista y a sólo dos semanas de las eleccionse, la AVT sale a la calle este de nuevo, esta vez para pedir que el etarra Ignacio de Juana Chaos, que cumple el segundo grado penitenciario en el hospital Donosti de San Sebastián donde ingresó el pasado 1 de marzo tras mantener una huelga de hambre, vuelva a la cárcel. El PP, como en convocatorias anteriores, acudirá a la cita. También han confirmado su respaldo organizaciones como el Foro de Ermua y partidos de extrema derecha como Alternativa Española. Ángel Acebes, secretario general del PP, confirmó en una rueda de prensa que su partido respaldará las convocatorias de la AVT a realizar concentraciones frente a los ayuntamientos de todas las capitales de provincia. “Trataremos de cumplir con la campaña electoral y con nuestra responsabilidad y obligación en campaña y de hacerlo compatible con la presencia del PP en esos actos”, destacó. Además, aseguró que la convocatoria tiene unos motivos “claros, evidentes y graves”, y señaló que las “cesiones y el chantaje” son “una ofensa a la democracia” El propio Mariano Rajoy ya había adelantado que los populares estarían en las convocatorias durante un acto de precampaña en Ceuta. Allí aseguró que el PP “siempre apoyará todas las iniciativas que planteen las víctimas del terrorismo”. “Hemos oído mucho hablar al Gobierno de que se a va cumplir la Ley y de que no se aceptan chantajes, pero, con las imágenes de De Juana, estamos ante la ilustración gráfica del mayor chantaje aceptado pro un Ejecutivo en muchos años”, subrayó. Las otras noticias del PP

13

Otras víctimas, en cambio, no comparten esta visión. Roberto Manrique, portavoz de la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (FAAVT), lamentó que la AVT haya convocado esta manifestación haciéndola coincidir con el comienzo de la campaña electoral de cara a las municipales. Manrique recordó que la ACVOT pidió “hace un mes y medio” que De Juana “volviera a prisión tras recuperarse para terminar con la condena que le corresponde”. “La AVT de antes respetaba escrupulosamente el periodo electoral”, subrayó Manrique, y afirmó: “Yo fui delegado de la antigua AVT en Cataluña durante 13 años y la organización nunca había sido noticia política”. 10. LA PROTESTA DE LA AVT APOYADA POR EL PP LLAMA A LA "REBELIÓN CÍVICA" (25/02/07) Ante la duda -los motivos de la convocatoria fueron cambiando a lo largo de la semana-, las 60.000 personas, que se estima que salieron a la calle en Madrid convocadas por la AVT optaron por lo que más les une: atacar al presidente del Gobierno, de quien volvieron a pedir la dimisión. Formalmente, exigían que el terrorista De Juana cumpla íntegros los tres años de cárcel que le ha impuesto el Tribunal Supremo. Acabaron llamando a la "rebelión cívica". El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, repartió un discurso en el que exculpaba al Supremo y luego decidió no leerlo. La intensidad de la protesta contra la política antiterrorista del Gobierno decrece (los manifestantes fueron 78.559, según la Delegación del Gobierno, y 110.000, según la Comunidad de Madrid), aunque su virulencia aumenta. Entre miles de banderas de España, acusaciones de "traición" al presidente, el ya clásico "¡Zapatero, dimisión!" y entusiastas gritos de "¡Viva España!", triunfó un nuevo cántico: "Zapatero, jódete, aquí estamos otra vez". El PP decidió sumarse a la concentración, pero no su líder, Mariano Rajoy, ni el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ni el presidente de honor, José María Aznar, ni el portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, que acudieron a casi todas las convocatorias anteriores de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El partido no movilizó a sus bases ni puso autobuses. Y se notó. En junio de 2006, una concentración idéntica en la misma Plaza de Colón, entonces sí con Rajoy al frente, reunió a más de 200.000 personas. Sí estaban, a un lado del escenario, Ángel Acebes, Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja, María San Gil, Ignacio Astarloa, Ana Pastor y José María Álvarez del Manzano, el ex alcalde. Rajoy acudió al funeral en Galicia por la soldado fallecida en Afganistán. Sin embargo, cuando se anunció el apoyo del PP a la protesta, antes de conocerse la muerte de Idoia Rodríguez, el partido no confirmó la asistencia del líder y en su entorno se daba por hecho que no iría. Esta protesta ha supuesto un problema para el PP. No sólo porque la AVT la convocó en la misma fecha en la que Rajoy tenía previsto la presentación del programa municipal -que el PP ha tenido que desplazar a hoy, para desesperación de sus organizadores-, sino sobre todo porque fue pensada contra la decisión del Tribunal Supremo de reducir la condena a De Juana de 12 a 3 años. El PP no podía asumir la idea de manifestarse contra los jueces. El tira y afloja entre los populares y la AVT explica que esta protesta haya tenido tantas versiones. Hasta cinco comunicados llegó a emitir el grupo de Alcaraz. El más duro, el del día 12, nada más conocerse la sentencia. "La decisión del Supremo de rebajar la condena pone en peligro a las víctimas del terrorismo y a la gran mayoría de la sociedad española", se decía. Alcaraz había preparado un texto para aclarar a los manifestantes: "Hemos renunciado a vengar la muerte de nuestros seres queridos por nuestra fe en la justicia. No hemos venido a atacar a la justicia". Sin embargo, de forma sorpresiva, decidió no leerlo porque entendió que bastaba con los discursos de las víctimas que le precedieron, en los que lanzaron duros ataques contra el Ejecutivo. "¿Con qué clase de asesinos pacta este Gobierno?", dijo una de ellas. En vez de leer el manifiesto conciliador con los jueces, Alcaraz se limitó a decir: "La AVT va a seguir reivindicando saber la verdad [en referencia al 11-M] y la rebelión cívica hasta el final". La mezcla de mensajes era evidente. Dos enormes carteles con idéntica tipografía y una bandera de España unían las dos causas: "Zapatero, en mi nombre no negocies con asesinos" y "ETA-Zapatero-PSOE, ¿Quién está detrás del 11-M?". 11. EL PP EXCARCELÓ POR ENFERMEDAD A 10 PRESOS ETARRAS CON GRAVES PENAS (01/03/07) El Gobierno de José María Aznar excarceló entre 1997 y 1999 a una decena de presos etarras, algunos con graves penas, por motivos de enfermedad y en aplicación del artículo 104.2 del Reglamento Penitenciario. Algunas de las excarcelaciones se produjeron en el periodo de tregua que ETA declaró en septiembre de 1998 y rompió en noviembre de 1999. Entre los etarras que lograron la libertad por decisión del Gobierno del PP están los que siguen:

Las otras noticias del PP

14

Esteban Esteban Nieto. Detenido en 1987 y condenado a 3.150 años de cárcel por 21 asesinatos. Miguel Sarasqueta Zubiarrementeria. Condenado a 90 años de cárcel por el asesinato de tres policías disparándoles a corta distancia. Fue excarcelado tras sufrir un derrame cerebral. Sabino Álava García. Condenado a 70 años de cárcel, salió en libertad tras cumplir 13 años en prisión. Fue excarcelado por enfermedad. Santiago Díez Uriarte. Fue condenado a 46 años de cárcel. Cuando llevaba cumplidos cuatro años y nueve meses quedó en libertad al sufrir una tumoración. Patricio Goyeneche Tellechea. Condenado a 27 años de cárcel. Salió en libertad tras cinco años en prisión al padecer una patología psiquiátrica. Pedro María Guinea. Condenado a seis años de cárcel por colaboración con banda armada. Salió en libertad tras permanecer preso cuatro meses y medio por una patología cardiaca. Julián López Rojas. Condenado a cinco años de cárcel. Salió de prisión el 27 de abril de 1997 cuando había cumplido tres años y nueve meses por un proceso tumoral (murió el 27 de octubre de 1997). 12. JUICIO DEL 11-M: RAJOY DIXIT: “NADIE EN EL PP” DEFIENDE QUE ETA ESTÉ TRAS EL ATENTADO (20/03/07) En una entrevista publicada por el Diari de Girona, Mariano Rajoy aseguró que “nadie en el PP dice que el 11-M sea obra de ETA, y si alguien lo dice, le exigiré que lo pruebe. Y si no lo prueba, le diré que no lo puede decir”. Es el penúltimo de los tímidos intentos del líder popular por alejar a su partido de las teorías de la conspiración, que tan mala imagen le han dado a su partido estos tres últimos años y que él mismo ha alimentado, la última la semana pasada, cuando, preguntado en Antena 3 se negó a desvincular totalmente a ETA de los atentados de Madrid. Mariano Rajoy lleva semanas intentando dar de lado las teorías de la conspiración y lanzar el mensaje de que ese asunto está en manos de los jueces, pero no consigue convencer a buena parte de su partido y de sus medios afines, que siguen haciendo oposición con el atentado del 11-M, como el dirigente popular Ignacio del Burgo, la COPE o el diario El Mundo. En esta ocasión, Rajoy fue preguntado en el Diario de Gerona si no era contradictorio defender que en la última legislatura popular ETA estaba muy debilitada y a la vez decir que participaron en el 11-M, a lo que el líder del PP respondió que “la última vez que ETA mató” antes de los atentados de Barajas “fue en abril de 2003”, insistiendo en los atentados del 11-M lo tienen que clarificar los tribunales y que ni él, “¡hasta ahí podíamos llegar!”, exclama, ni “nadie” de su partido ha defendido que aquellos crímenes fueran obra de ETA. Sin embargo, a continuación añade que “si hay alguien” del PP que lo diga “le exigiré que lo pruebe” y “si no lo prueba, le diré que no lo puede decir”. Parece difícil que esta advertencia a sus compañeros pueda desterrar las teorías de la conspiración. Si el propio Mariano Rajoy declaró el día antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 que tenía “la convicción moral” de que los atentados del 11-M eran obra de ETA, luego no ha sabido rectificar con firmeza aquellas palabras. Él mismo ha alimentado esas insinuaciones comparando los atentados islamistas del 11-M con casos sobre los que planea la sombra de la duda como el asesinato de John F. Kennedy. Cuando Rajoy niega que compañeros suyos defiendan la autoría de ETA, juega una vez más con un discurso ambiguo y calculado. Los defensores de la teoría de la conspiración dentro del PP como Zaplana o Ignacio del Burgo tratan de no hablar directamente de la participación de ETA, sino de insinuarla, de indicios que apuntan hacia la posible participación de la banda, señalando que hay “dudas” y “maniobras” para ocultar la “verdad del 11-M”. El ex presidente Aznar señaló que los autores de aquellos terribles atentados no se escondían en “montañas lejanas”. 13 JUICIO DEL 11-M: EL SUPREMO TUMBA LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN DEL 11-M QUE APOYA EL PP (12/01/07) La Sala Penal del Tribunal Supremo ha respaldado plenamente la investigación del juez Juan del Olmo sobre los vagones objeto de los atentados del 11-M y sobre las autopsias practicadas a los suicidas de Leganés, en un auto en el que echa por tierra dos de los más significados capítulos de la teoría de la conspiración que apoya el PP y que pretendía hacer creer en una supuesta desaparición de pruebas que nunca tuvo lugar. El alto tribunal no sólo rechaza una querella urdida contra el juez por el sindicato Manos Limpias, sino que, por primera vez, ordena proceder penalmente por acusación falsa. Las otras noticias del PP

15

Informaciones periodísticas extraídas de una página de Internet sobre la "destrucción de los vagones objeto de los atentados" del 11-M y "las inhumaciones sin previa autopsia de cadáveres" de los suicidas de Leganés fueron la base de una querella con la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias intentó abonar las supuesta desaparición de pruebas para impedir "conocer la verdad" en torno al 11-M y dieron pie a que el PP interpelara al Gobierno sobre la investigación de los atentados. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha rechazado con total contundencia las insinuaciones vertidas en la querella, hasta el punto de que por primera vez ha puesto en marcha el mecanismo para proceder penalmente contra el sindicato Manos Limpias y su secretario general, Miguel Bernad Remón, por delitos de acusación o denuncia falsa. La querella atribuyó al juez Juan del Olmo, con la anuencia de la fiscal Olga Sánchez, la decisión de destruir los vagones que fueron objeto de los atentados. para "hacer imposible la realización de nuevas pruebas policiales, de nuevos contrainformes y en definitiva, hacer desaparecer un efecto del delito tan esencial como son los vagones". Todo lo cual, según Manos Limpias, "redunda en un oscurecimiento de la verdad procesal e histórica y de la autoría de los atentados". El Tribunal Supremo rechaza este argumento y respalda la investigación policial y judicial: "A lo largo de las actuaciones", afirma el auto, "obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas". Respecto a las inhumaciones de los suicidas de Leganés, que según Manos Limpias se hicieron "sin instruir nada" sobre "el origen del fallecimiento y sus circunstancias" y sobre las que los querellantes reclamaban "todas las autopsias que sean necesarias hasta que se obtenga de modo indiscutido la evidenciad de la causa del fallecimiento", el Supremo vuelve a mostrarse tajante. Tras recordar que la inspección ocular y el levantamiento de cadáveres correspondió a otro juzgado distinto al de Del Olmo, que se encontraba de guardia ese día, "en todo caso y pese a la opinión del recurrente, lo cierto es que sí se efectuó la correspondiente diligencia de autopsia", asegura el alto tribunal. "Pero es más", prosigue el Supremo, "al tratarse de unos hechos singulares, con una trascendencia muy superior a la ordinaria, no se efectuaron unas autopsias convencionales y burocráticas, sino que se procuró y consiguió extremar las precauciones". Así, el Supremo no aprecia en las actuaciones de Del Olmo delito alguno, sino que por el contrario, evidencia que la querella "no sólo carece de todo apoyo técnico- jurídico, sino que sobrepasa de forma manifiesta los límites del prudente ejercicio de las acciones penales y entraña un manifiesto abuso de Derecho y fraude procesal, que pudiera constituir un presunto delito de acusación y denuncia falsas". 14. JUICIO DEL 11-M: EL TRIBUNAL MULTA A DÍAZ DE MERA, DIRECTOR DE LA POLICÍA CON AZNAR (29/03/07) En una decisión excepcional, el tribunal del 11-M impuso ayer una multa de 1.000 euros y abrió procedimiento por desobediencia grave al director general de la policía en el momento de los atentados de Madrid, Agustín Díaz de Mera. El hoy eurodiputado del PP y activo defensor de la teoría de la conspiración, que comparecía como testigo, recibió el castigo por negarse a desvelar la identidad de un policía que le habló de la existencia de un supuesto informe secreto encargado por el actual Gobierno socialista que vincula a ETA con la masacre. Un informe que, dijo, conocen "10 o 12" personas. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, mantuvo con Díaz de Mera un intenso intercambio de argumentos para que depusiera su actitud. Le llegó a "rogar" que aparcara sus problemas de conciencia, porque "eso es lo de menos". "El problema es la situación en que coloca este proceso", le espetó, recordándole de modo implícito la trascendencia de un juicio que busca esclarecer el mayor atentado terrorista en la historia de España. De nada sirvieron los esfuerzos disuasorios del magistrado. Entre apelaciones afectivas a su vinculación a la policía y alegatos sobre la necesidad de preservar la seguridad de su fuente informativa, el exdirector general de la policía anunció con gran solemnidad su "disposición de aceptar las consecuencias". El incidente se desencadenó cuando un abogado de la Asociación Ayuda a las Víctimas del 11-M --proclive a la teoría de la conspiración-- preguntó a Díaz de Mera por el supuesto informe, de cuya existencia habló el eurodiputado en una entrevista a la COPE seis meses atrás. El exdirector de la Policía reiteró que un agente policial le contó que, tras la llegada del PSOE a la Moncloa, el flamante comisario general de Información, Telesforo Rubio, encargó un informe sobre los atentados. El supuesto documento, elaborado por "un hombre y una mujer", arrojó, dijo, resultados desagradables para el Ejecutivo socialista al establecer la conexión de ETA con los atentados, por lo que Las otras noticias del PP

16

hubo un intento de "reorientarlo". Díaz de Mera reconoció no haber visto nunca el informe y que solo conoce las "generalidades" que le contó su fuente. Dijo además que no sabía qué destino tomó el documento, pese a que en la COPE habló de su desaparición. El letrado le pidió que identificase a su fuente. Díaz de Mera se negó por primera vez, con el argumento de que esa información "pondría en peligro" tanto la seguridad como el puesto de trabajo del informante. Entonces intervino el presidente del tribunal y recordó al eurodiputado su obligación de responder. Para preservar la reserva de su fuente, le ofreció escribir su identificación en un papel. Díaz de Mera se negó y admitió que la situación era "muy complicada". El magistrado decretó un receso, al cabo del cual anunció la sanción: multa inmediata de 1.000 € y apertura de procedimiento por presunto delito de desobediencia. 15. JUICIO DEL 11-M: Y PESE A ELLO, RAJOY DECIDE NO CASTIGAR A DÍAZ DE MERA PORQUE "DICE LA VERDAD" (12/04/07) Mariano Rajoy dijo que no tiene motivos para abrir un expediente disciplinario al exdirector de la Policía y actual europarlamentario del PP, Agustín Díaz de Mera. El presidente del PP aseguró que es el tribunal "y no el PSOE" quien debe decidir si el antiguo responsable de la cúpula policial dice o no la verdad sobre el supuesto informe que relacionaba a ETA con los atentados del 11-M. "Yo estaré a lo que diga el juez, aunque creo que Díaz de Mera dice la verdad y ha cumplido con la petición de un juez, que es lo que yo le pedí porque creo que hay que colaborar con la justicia", declaró Rajoy. La defensa de Díaz de Mera también corrió a cargo de Ángel Acebes y Josep Piqué, quienes insistieron en la "honestidad" del afectado. El número dos del PP se mostró convencido de que se va a conocer la verdad una vez que el afectado ha desvelado el nombre del policía que supuestamente vinculó a ETA con el atentado islamista. Por su parte, Piqué vió "suficiente" la rectificación de Díaz de Mera aunque admitió que "se equivocó al guiarse por su conciencia personal", ya que debería haber colaborado con la justicia desde el primer momento. 16. EL INTERVENTOR BLOQUEA EL PAGO DE VIAJES EN AVIONES PRIVADOS DE ZAPLANA COMO MINISTRO (26/03/07) El interventor delegado de Hacienda en el Ministerio de Trabajo ha vetado el pago de dos facturas y censurado otras tres de una compañía privada de aviación por juzgar los gastos injustificados. Todas ellas corresponden a servicios prestados por esa compañía a Eduardo Zaplana cuando era ministro de Trabajo entre 2002 y 2004. En los informes el interventor reprocha que, tras prescindir del uso de líneas regulares gratuitas entonces para los ministros-, no tramitó correctamente la contratación de los aviones privados ni detalló su precio ni su pasaje. Fuentes próximas a Zaplana aseguraron que estos vuelos estuvieron justificados por la agenda del entonces ministro. El actual portavoz del PP, según las mismas fuentes, es ajeno a su impago o a los defectos de las facturas. Zaplana gastó en viajes en aviones privados durante sus dos años escasos de mandato en Trabajo 150.000 €. De ellos, el interventor ha bloqueado dos por importe de 9.000 € y cuestionado otros tres más por 43.000 €. Merced a un convenio, en vigor hasta hace meses, los principales cargos ministeriales podían volar gratis en Iberia o recurrir a los aviones del Ministerio de Defensa. Pero Zaplana recurrió con asiduidad a otra vía distinta: el alquiler de jets privados de las compañías Gestair y Transportes Aéreos del Sur. En total, una veintena de viajes, en su mayoría en noviembre de 2003. El pasaje de tales aviones privados, a tenor de las facturas visadas por sus ex colaboradores, incluyó un amplio abanico de personas, no siempre identificadas, o sin cargo ministerial (escoltas que viajan en solitario). El interventor delegado de Hacienda en Trabajo llegó a impedir el pago de facturas que dejó pendientes Zaplana. Por otro lado, los gastos protocolarios de Zaplana al frente de Trabajo también llamaron la atención de sus funcionarios fiscalizadores. De julio a diciembre de 2002, el ex ministro consumió 36.979 € en este capítulo, que elevó a 67.000 € en 2003, y a 78.577 en 2004, aunque desde el 14-M estaba en funciones y cesó en abril. Por encima de su cuantía -más de 183.000 €-, destacan sus aspectos cualitativos. Zaplana recurrió a lujosas tiendas de joyas, algunas de ellas valencianas, para comprar costosos objetos de regalo protocolarios. Salvo en el caso del Papa -al que regaló un cáliz de plata de 2.000 €- o el rey de Marruecos -al que compró unos gemelos de oro por 1.349 €-, hay una larga lista de lujosos objetos de regalo de los que sólo hay constancia de que los compró y pagó Trabajo, pero no para quién. Su destinatario real fue y es un secreto para la intervención.

Las otras noticias del PP

17

17. ZAPLANA AUMENTÓ UN 100% LOS FONDOS PROTOCOLARIOS DEL MINISTRO AL LLEGAR A TRABAJO (28/03/07) El portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, dobló en 2003 el presupuesto anual de gastos protocolarios de gestión directa como ministro de Trabajo (36.000 €) respecto de su antecesor, Juan Carlos Aparicio (18.000). Zaplana marcó otra diferencia de gestión del dinero público respecto de sus antecesores del PP: ni Aparicio, ni Javier Arenas utilizaron nunca como ministros de Trabajo aviones privados para sus vuelos, ni compraron alimentos con cargo a su presupuesto para su residencia oficial, ni recurrieron a artículos de lujo para atenciones protocolarias.’ Zaplana ha anunciado que quiere conocer los gastos protocolarios y de desplazamientos de los componentes del actual Ejecutivo socialista para medirlos con los suyos durante su mandato en Trabajo (2002-2004). A la espera de que el Gobierno remita esos datos, empiezan a surgir elementos que permiten comparar su gestión con la de sus dos antecesores inmediatos, ambos del PP: Javier Arenas y Juan Carlos Aparicio. El retrato que pintan ex colaboradores de estos tres ministros y funcionarios de Trabajo que coexistieron con todos ellos marca un antes y un después de Zaplana. Para empezar, el 2 de enero de 2003, el primer año de gestión completa de Zaplana -tomó posesión en julio de 2002- varió radicalmente los gastos dedicados a "atender ineludiblemente obligaciones de protocolo" de los diversos cargos del departamento. Curiosamente, de los 17 cargos a los que se reconocían tales fondos, sólo el monto de uno crecía inusitadamente respecto del esquema hasta entonces vigente y era precisamente el presupuesto del ministro. Si Aparicio se daba por servido con 18.060 € anuales (1.500 al mes) para sus atenciones protocolarias directas -una comida, unas flores, etcétera-, Zaplana se adjudicó el doble: 36.000 € (3.000 al mes). Por contra, la práctica totalidad de los altos cargos de Zaplana mantenían las mismas partidas consignadas en 2002 por su antecesor, Aparicio. Este presupuesto era una partida más de los gastos globales del ministerio de atenciones protocolarias, con cargo a los cuales, como ha reconocido Zaplana, se sufragaron los objetos de lujo durante su mandato -que totalizaron más de 183.000 € en compras durante su mandato- para atenciones a personalidades diversas y que, como también ha reconocido, en muchas ocasiones no identificó por premuras y contingencias varias. Por tanto, nada de este dinero, que se entregaba en metálico, según ex colaboradores de Zaplana, sirvió para sufragar tales regalos. Tampoco este dinero de bolsillo de Zaplana emanado del presupuesto ministerial sufragó los gastos de cesta de compra -más de 5.000 € durante su mandato- con destino al pabellón ministerial que constituía su residencia en el ministerio, y que se sufragaron con los ingresos de la cafetería de Trabajo, según documentos oficiales. 18. AZNAR ASEGURA QUE "AHORA" SABE QUE NO HABÍA ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN IRAK (08/02/07) Cuatro años después de copatrocinar con George Bush y Tony Blair la guerra contra Irak al margen de la ONU, José María Aznar ha reconocido finalmente que el régimen de Sadam Husein no tenía armas de destrucción masiva. "Tengo el problema de no haber sido tan listo y no haberlo sabido antes, pero es que, cuando yo no lo sabía, nadie lo sabía", afirmó el expresidente del Gobierno en unas jornadas en Pozuelo de Alarcón. Pese a las dudas que numerosos expertos --empezando por el inspector de la ONU Hans Blix-expresaron desde el primer momento sobre los supuestos arsenales iraquís, Aznar insistió en que "todo el mundo creía" en su existencia. Desde esa convicción, dijo, consideró justificada la ofensiva contra Bagdad. "Las decisiones hay que tomarlas no a toro pasado, sino cuando está el toro sobre el terreno, y es ahí cuando hay que torearlo", alegó. Pese a todo, el anterior jefe del Ejecutivo defendió aquella decisión con el argumento de que era lo "más conveniente para los intereses nacionales" y se mostró convencido de que, "a pesar de las dificultades", el tiempo le "dará la razón". A modo de atenuante dijo que su Gobierno no envió a "una sola persona" a combatir en Irak y que, de haberlo hecho, habrían sido soldados profesionales, lo que "marca una diferencia con la anterior guerra del Golfo". Omitió que aquel conflicto bélico, al que el Ejecutivo de Felipe González envió soldados cuando el Ejército español no era aún profesional, contó con el respaldo de la ONU. 19. AZNAR: "DÉJAME QUE BEBA TRANQUILAMENTE" (04/05/07) El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha recibido hoy en Valladolid la medalla de honor de la Academia del Vino de Castillo y León. Aznar ha aprovechado el acontecimiento no sólo para agradecer el reconocimiento, sino también para criticar las medidas del Gobierno, empezando por la que denominó "ley contra el vino" y terminando con las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Las otras noticias del PP

18

"¿Y quién te ha dicho que quiero que conduzcas por mí?", ha ironizado Aznar respecto al conocido lema de la DGT —No podemos conducir por ti— tras lo que ha añadido que nadie le debe decir lo que tiene o no que beber. "Déjame que beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás", ha dicho. Cada vez que habla el ex presidente del Gobierno José María Aznar, tanto los partidarios como los opositores prestan atención. En esta ocasión, aprovechó la recepción de la medalla, que recogió en Valladolid, para criticar la política de prohibición que, a su juicio, desarrolla el Gobierno. "A mí no me gusta que me digan 'no puede ir usted a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, debe usted evitar esto y además a usted le prohíbo beber vino", comentó Aznar en Valladolid. Especial atención ha prestado a las campañas de la DGT, de las que ha dicho obviar los carteles de advertencia en las autopistas que recuerdan el lema de No podemos conducir por ti. "Yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí?", ironió en un comentario que ha recibido aplausos del público. "Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás", subrayó Aznar También se ha referido a la que ha denominado "ley contra el vino", cuyo anteproyecto retiró recientemente el Ministerio de Sanidad. Parafraseando a Miguel de Cervantes, se ha referido al consumo moderado del vino como "ayuda para guardar secretos y mantener compromisos y promesas", bebida a la que también ha calificado como "un patrimonio de orgullo para todos los españoles". 20. AZNAR NUNCA INFORMÓ DE SUS NEGOCIACIONES CON ETA (19/06/07) La petición hecha por el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, de que el Ejecutivo informe públicamente de sus contactos con ETA, contrasta con la actitud que tuvo su Gobierno durante la pasada tregua de 1998. José María Aznar nunca informó de quiénes fueron sus delegados, ni del contenido de las reuniones que mantuvieron con representantes terroristas. Lo poco o mucho que se sabe de las anteriores treguas de ETA y de los contactos que mantuvieron los Gobiernos de España con delegados de la banda terrorista se conocen exclusivamente por medio de la prensa. Durante el año transcurrido desde la firma del pacto de Lizarra y la tregua indefinida que ETA anunció en septiembre de 1998, el Gobierno, la banda terrorista y representantes de la izquierda ‘abertzale’ mantuvieron contactos secretos en Burgos y Zúrich. En estas reuniones, según las informaciones publicadas en varios medios y que no han sido desmentidas por sus protagonistas, participaron por parte del Ejecutivo central Ricardo Martí Fluxá –secretario de Estado de Seguridad con Mayor Oreja-, Javier Zarzalejos –secretario general de Presidencia- y Pedro Arriola –asesor del presidente-. Por parte de ETA, participaron los terroristas Mikel Albisu, ‘Antza’, y Belén González Peñalva, ‘Carmen’. Y supuestamente medió en las discusiones el entonces obispo de Zamora, Juan María Uriarte. La gestión previa de Uriarte con destacados dirigentes de Herri Batasuna fructificó en la reunión que se celebró el 11 de diciembre de 1998 en una finca de Burgos. A este encuentro acudieron Zarzalejos, Arriola y Fluxá. Por parte de HB, fueron Arnaldo Otegi, Rafael Díez Usabiaga, Fernando Barrena y el abogado Íñigo Iruin. El 19 de mayo de 1999 se produce el siguiente encuentro, este ya entre los enviados de Aznar y los de ETA, en la capital suiza. En la reunión, de cuatro horas, ambas partes presentan sus posiciones: el Gobierno plantea la negociación ‘paz por presos’, mientras los etarras seguían pidiendo ‘paz a cambio de autodeterminación’. El encuentro dejó abierta la puerta a una segunda cita. Sin embargo, a los dos meses los terroristas comunicaron que no habría más contactos y a pesar de las gestiones de Fluxá, Aznar anunció la ruptura de la tregua el 25 de agosto. 21. AZNAR LLAMA AL GOBIERNO DE ZAPATERO "ENEMIGO DE LA LIBERTAD" (16/07/07) El ex jefe del Gobierno José María Aznar dijo que están dispuestos a "desenmascarar a todos los que han entronizado la mentira para maquillar inconfesables negociaciones secretas" con ETA, criticó que ahora "reclamen silencio" y añadió que los "enemigos de la libertad" no le callarán. En su intervención en el acto de clausura del Campus FAES en Navacerrada (Madrid), fundación que él preside, Aznar señaló que "ahora reclaman silencio" y "claman que lo leal es el silencio". "Silencio para no dar cuentas de que empezaron sus negociaciones secretas con los terroristas a la vez que firmaban con el Gobierno de España el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo", aseveró, antes de opinar que "reclaman silencio para que nadie pida cuentas de su deslealtad con la palabra dada, con los españoles, con la democracia, con España y con la libertad". Las otras noticias del PP

19

Aznar dijo que ya sabía que "comenzarían a insultarnos cuando nos atreviéramos a decir que el emperador va desnudo" y "ya han comenzado a hacerlo". "Es la reacción común a todos los enemigos de la libertad: el insulto, la descalificación, cuando no resultan posibles otros medios de represión de la libertad", añadió. El ex presidente del Gobierno afirmó que les llaman "traidores" por "haber querido estar en Ermua, por haber estado siempre del lado de las víctimas y enfrentados a los pistoleros". "Nos llaman desleales por no haber querido sumarnos al juego macabro de llamar hombre de paz a los asesinos. Nos llaman traidores porque decimos en alto que nos parece repugnante que alguien diga, como han dicho, que a las víctimas del terrorismo les toca la lotería cuando asesinan a un hermano, a un hijo, a una persona cercana", matizó el presidente de FAES. "Nos agreden con sus descalificaciones porque recordamos que los que trazaron un cordón sanitario que excluye al PP de cualquier acuerdo político son justamente los que reclaman unidad", dijo, antes de augurar que "los enemigos de la libertad nos seguirán insultando, pero no nos callarán". En opinión de Aznar, los españoles saben que el PP y su presidente, Mariano Rajoy, tienen "principios firmes, convicciones, es leal a España y a los españoles" y "siempre ha sabido y querido estar del lado de la dignidad y la libertad 22. AZNAR Y BOTELLA, MILLONARIOS POR LA PATRIA (23/09/07) Aunque el ex presidente del Gobierno de España, José María Aznar, es el consejero de Murdoch que menos cobra, ya que su retribución no alcanza ni la tercera parte de lo que cobran de media los demás consejeros no ejecutivos de este imperio mediático, es seguro que Aznar no tiene ningún problema para llegar a fin de mes. Su retirada de la primera línea política le ha llevado a ocupar distintos puestos de importancia y a beneficiarse de diferentes negocios. Pero todos estos éxitos económicos tienen un pasado de cierto trabajo y esfuerzo. Todo un negocio el de ser un patriota. Según el blog Los Genoveses, SA, en febrero de 2003, el hermano del actual presidente de los EEUU, Jeb Bush hizo las siguientes declaraciones en el Palacio de la Moncloa, con Aznar de inquilino: "Puedo asegurar a todos los que tienen sus dudas que a largo plazo esa relación dará beneficios que no se pueden imaginar ahora y será beneficiosa para todos". Esta especie de hermanamiento tuvo, entre otros hitos, la famosa Foto de las Azores y el apoyo a la invasión de Irak. Sin embargo, son pocos los españoles que han podido disfrutar de los beneficios a los que Bush se refería en tal momento, por no hablar de las consecuencias del 11-M en Madrid. Pero las cosas parecen haber ido manifiestamente mejor desde entonces para la familia Aznar y Botella. Los datos son apabullantes y la cuenta corriente de estos crece sin parar. Nadie dentro del PP osa decir nada sobre un líder considerado intocable. La ley del silencio parece funcionar. Según informa el mismo blog, el ex presidente cobra por todo: 133.000 euros por asistir a los consejos de News Corporation -con 10 mil euros de incremento para el 2008-. Como algunos recordarán, este grupo mediático le pagaba 10.000 euros mensuales desde septiembre de 2004 por "servicios de asesoría en relación con su estrategia corporativa global" . A estas generosas cantidades hay que sumar el acuerdo con Planeta a finales de 2003 para publicar tres libros en esta editorial, por los que debe cobrar 601.012,10 euros (100 millones de pesetas, el equivalente al importe del Premio Planeta). Pero los rendimientos no terminan ahí: también recauda interesantes cantidades por conferencia, clases y charlas varias. En total, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por la sociedad familiar Famaztella -"Familia Aznar y Botella- en 2004, la pareja tuvo ingresos de 348.586 euros hasta el cierre de ese ejercicio. En 2005, los ingresos se dispararon hasta 644.213 euros, según figura en las cuentas de 2005 aprobadas en una junta de accionistas en que Aznar ejerció como presidente y su mujer como secretaria. En total, según se afirma en el mismo blog, casi un millón de euros en poco más de año y medio. Facturar a través de una sociedad, además, le permite a Aznar emular a su ex Ministro Piqué y asi optimizar fiscalmente esos ingresos en un momento en que su sueldo de ex presidente le obligaría a tributar al 45% en el IRPF por cualquier ingreso adicional. En Famaztella, Aznar puede pagar sólo un 33% de impuesto de sociedades. Además, en 2005 pudo cargar a la empresa gastos de unos 320.000 euros. Las cuentas de 2006 no están disponibles aún en el Registro Mercantil. Dicho lo cual, se confirma que el susodicho es todo un patriota a tiempo parcial y además cobra por ello. El negocio de la patria y la libertad se revela como plenamente satisfactorio.

Las otras noticias del PP

20

23. EL PP BOICOTEA AL GRUPO PRISA (2402/07) El PP, principal partido de la oposición con 9,7 millones de votos, arremetió contra el Grupo PRISA, a través de una declaración acordada por su dirección nacional en la que, tras hacer una referencia "especial a los accionistas, anunciantes y clientes de este grupo" que podría ser entendida como un aviso a quienes hacen negocios con él, anuncia su decisión de "dejar de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas del Grupo PRISA", mientras su presidente, Jesús de Polanco, no rectifique "pública e inequívocamente" unas declaraciones que han indignado a la dirección de esta formación política. Polanco señaló en la junta de accionistas de PRISA, que la manifestación del sábado 10 de marzo, en la que el PP juntó a 340.000 personas para criticar la decisión del Ejecutivo de conceder la prisión atenuada al terrorista Iñaki de Juana, "es el franquismo puro y duro puesto en imágenes de televisión". Estas declaraciones se convirtieron en una de las comidillas de la multitudinaria cena que el PP ofreció a todos sus parlamentarios. Entonces, pese a la indignación creciente de los comensales, el partido no tomó ninguna decisión, porque no estaba allí su líder, Mariano Rajoy, quién posteriormente organizó un pequeño gabinete de crisis con Ángel Acebes, el secretario general, Eduardo Zaplana, el portavoz parlamentario, y otros miembros de la dirección y tomó la decisión. El líder popular no tuvo ninguna duda porque ya venía de Madrid con la decisión casi cerrada. Rajoy ofreció con normalidad el mitin que tenía previsto y no hizo ninguna mención a las declaraciones de Polanco. Fue Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del PP, el encargado, tras concluir el acto público, de dar lectura al comunicado en la sala de prensa adjunta. Otros dirigentes regionales con peso notable en el partido fueron informados, según fuentes de la dirección, de que se haría un comunicado exigiendo la rectificación de Polanco, pero no fueron consultados sobre la decisión de negar entrevistas a todos los medios de comunicación del grupo. Algunos expresaron a este periódico sus dudas sobre la drástica medida adoptada por la dirección. El PP aclaró que esta decisión de no atender las convocatorias implica también a los miles de cargos institucionales que el partido tiene en ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, y que acuden con normalidad a los medios del Grupo PRISA para explicar su gestión y sus proyectos. La decisión, explicaron portavoces del PP, obliga a todos los militantes de este partido, sean o no cargos públicos. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo un comunicado en el que "insta a los periodistas y a los editores para que, en el ejercicio más exigente y riguroso de su profesión, propicien un clima de entendimiento en la sociedad sin merma del imprescindible debate y crítica", y apeló "a los partidos políticos para que en ningún caso limiten el acceso de los periodistas a la información". Este último punto hizo reaccionar al PP. El propio Elorriaga afirmó poco después de que se conociera ese comunicado que el PP "no va a limitar en modo alguno el acceso a la información de todos los medios de comunicación". Fuentes del PP indican que este boicot no significa que los medios de PRISA no serán invitados a las ruedas de prensa de este partido, donde sus dirigentes responderán a sus preguntas. Sólo implica, dicen, que los militantes del PP no acudirán a la llamada de los medios de PRISA. Elorriaga expresó su "absoluto respeto" por los lectores, oyentes, espectadores y por los profesionales del Grupo PRISA. Nada dijo, sin embargo, de los accionistas, anunciantes y clientes a los que se refería su comunicado. 24. EL PP DESTITUYE DE SU CARGO EN EL CONGRESO AL DIPUTADO QUE CENSURÓ EL BOICOT A PRISA (05/04/07) El Grupo Popular del Congreso ha destituido como portavoz adjunto de la Comisión de Educación a su diputado Joaquín Calomarde, que se manifestó contra el boicot económico e informativo al grupo PRISA. El parlamentario recibió una carta, anunciándole la decisión, fechada el 29 de marzo, el mismo día que publicó un artículo en el que denunciaba la estrategia de crispación de sectores de su partido. El Grupo Popular niega la relación entre el artículo y la destitución, y justifica ésta por la imposibilidad de Calomarde de cumplir con su obligación. El 29 de marzo, el diputado del Grupo Popular por Valencia Joaquín Calomarde recibió la siguiente carta del secretario general del Grupo Popular, Jorge Fernández Díaz: "Atendiendo a tu precario estado de salud, que te ha obligado en los últimos meses a no poder asistir a las reuniones del Pleno y Comisiones del Congreso de los Diputados, y cuyos justificantes médicos has hecho llegar a esta Secretaría General, quiero informarte que la dirección del Grupo Parlamentario ha decidido relevarte de tu responsabilidad como portavoz adjunto en la Comisión de Educación y Ciencia. Esperamos que, aliviándote de esta carga y de la presión que conlleva, contribuyamos en algo a tu pronta recuperación".

Las otras noticias del PP

21

Calomarde no acudió al Congreso durante el mes de marzo, pues padecía hepatitis. El Grupo Popular estaba informado de su precario estado de salud desde hace más de un año. La dirección del mismo asegura que las ausencias del diputado son constantes desde 2005, y respaldan su afirmación con el listado de las mismas. Desde que empezó la legislatura, figura ausente en 44 plenos. Calomarde envió al grupo un informe médico en enero de 2006. En él se explicaba la evolución de una enfermedad hematológica, trombocitemia esencial, que padece desde 1994. Lo cierto es que el anuncio de su relevo se produjo el 29 de marzo, día en el que salió publicado en EL PAÍS un artículo suyo, titulado El Partido Popular necesario, en el que abogaba por no participar en ninguna estrategia de crispación. Además, mostró su disconformidad con el boicot informativo y económico al Grupo PRISA, decidido por la dirección del PP. Pero el Grupo Popular desliga tajantemente la decisión de relevarlo de la publicación del artículo y de las declaraciones. El secretario general del Grupo, Jorge Fernández Díaz, recuerda que las ausencias de Calomarde empezaron en 2005, y se le aplicaron las sanciones económicas habituales. Éstas cesaron cuando Calomarde empezó a justificarlas con partes de baja médica. Y así continúa. 25. FRACASA EL BOICOTEO A LA CLASE DE CIUDADANÍA (14/09/07) Las 15.000 objeciones de conciencia anunciadas por las organizaciones sociales contrarias a Educación para la Ciudadanía se han reducido, a la hora de la verdad, a 84. Ésa es la cifra que les consta a las consejerías de Educación de las siete comunidades autónomas donde la asignatura se acaba de estrenar para los 200.000 alumnos de tercer curso de secundaria. El elefante parió un ratón. Las 15.000 objeciones de conciencia anunciadas por las organizaciones sociales contrarias a Educación para la Ciudadanía se han reducido, a la hora de la verdad, a 84. Ésa es la cifra que les consta a las consejerías de Educación de las siete comunidades autónomas donde la asignatura se acaba de estrenar para los 200.000 alumnos de tercer curso de secundaria. Dichas consejerías aclaran que han recibido más recursos de objeción de conciencia, hasta un total de 356, siempre que se contabilicen también las presentadas por separado por el padre y la madre del mismo alumno, o las de aquellos por padres con hijos en edad escolar pero no en el curso donde se imparte este año la asignatura. En Andalucía, la comunidad más activa de la protesta, la viceconsejería da cuenta de 260, algunas duplicadas por la firma del padre en un recurso y la de la madre en otro. En Navarra y en Extremadura no consta ninguna objeción de conciencia, en tanto en Aragón figuran cuatro, en Asturias nueve -de las que sólo una corresponde a tercero de secundaria- y en Cantabria dos, una en Laredo y otra en Castrourdiales. Sin embargo, Benigno Blanco, el presidente del Foro Español de la Familia, una federación de entidades católicas que asegura contar con cuatro millones de familias afiliadas, seguía insistiendo en que las objeciones de conciencia presentadas por sus socios -entre ellos, la asociación de padres Concapasuperan las 15.000. ¿Cómo se justifica entonces la diferencia sideral entre las objeciones anunciadas y las recibidas por las autoridades educativas? Las respuestas son variadas. Fuentes de las consejerías de Educación consultadas apuntan a que los padres se lo han pensado dos veces antes de arriesgar la obtención del título de secundaria para sus hijos. La inasistencia reiterada a las clases de Educación para la Ciudadanía conlleva suspender la asignatura, como recordó la ministra de Educación, Mercedes Cabrera. Un caso llamativo es el de María Antonia Avilés Perea, la portavoz para Educación del PP en las Cortes de Aragón. Avilés ha animado a los padres a objetar e incluso ha repartido plantillas para el recurso. Pero eso no es obstáculo para figurar entre quienes formarán a los profesores de Educación para la Ciudadanía en un curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón. "A mí me han pedido que hable de las instituciones europeas. Yo no voy a hablar de valores, por eso no me he planteado dejar las clases, pero si causa escándalo...", comentó esta ex eurodiputada del PP. 26. LA PRESIDENTA DE GESCARTERA IMPLICA A SU HERMANO, EX ALTO CARGO DEL PP (26/09/07) El juicio por el escándalo financiero de Gescartera dio un nuevo giro. La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, admitió, a preguntas del fiscal, Vicente González Mota, que su hermano Enrique GiménezReyna intervino en 1999 ante la entonces consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pilar Valiente, para evitar las consecuencias de la inspección, que se saldó con una sanción de 42.000 euros. Las otras noticias del PP

22

La imputada declaró que Antonio Camacho fue quien le insistió para que se enterara, a través de su hermano, de los trámites de la inspección porque, según dijo, en la CNMV "le tenían inquina". En ese momento, Enrique Giménez-Reyna era el director general de Tributos con el Gobierno del PP, cargo que ostentó hasta mayo del 2000 y tras el cual fue nombrado secretario de Estado de Hacienda. Valiente aún era consejera del organismo regulador entonces bajo la presidencia de Juan Fernández Armesto. Para arrancarle la confesión, González Mota le mostró la agenda encontrada en los registros correspondientes a 1999. En ella, Giménez-Reyna apuntó: "Enrique llama. Valiente le da un revés a Vives. Nos pide que aguantemos y que no demos los nombres de los cheques al portador. No somos la Agencia Tributaria". En el año 2000 y con motivo de la conversión de Gescartera en agencia de valores, su hermano acudió a una comida en la sede del organismo regulador en la que también participaron Antonio Camacho y Pilar Valiente. 27. PAÍS VASCO:_ EL PP CORTA DE RAÍZ CUALQUIER AUTOCRÍTICA Y RECALCA QUE NO VA A MODULAR SU DISCURSO (01/06/07) El PP vasco ha cortado de raíz cualquier atisbo de autocrítica en su estrategia de lucha sin cuartel contra el presidente Zapatero y su política antiterrorista. Y sólo piensa en las próximas elecciones generales y en ayudar a llevar a Mariano Rajoy a La Moncloa. El secretario general de los populares vascos, Carmelo Barrio, recalcó que su formación no "modulará ningún mensaje" y mucho menos rectificará su política o cambiará de convicciones o aspectos programáticos. Respecto a los posibles pactos poselectorales, el PP ve "lógico" que su candidato en Álava, Javier de Andrés, el más votado en esa provincia, sea el próximo diputado general. Y deplora que ETA, "con su disfraz ANV", haya vuelto a las instituciones. Las declaraciones que hizo el presidente del PP en Vizcaya, Antonio Basagoiti, en las que admitió que los resultados de los comicios evidencian que a un parte de la sociedad "no le ha parecido tan mal el proceso de negociación con ETA", han sido flor de un día en el PP vasco. Basagoiti, quien dijo también que "había que ser conscientes de la realidad", y el resto de la ejecutiva popular cerraron filas al día siguiente en su reunión en Vitoria en torno al proyecto de Rajoy y a su discurso en estos tres años de crítica inmisericorde contra Zapatero y las supuestas "cesiones" de los socialistas a ETA. llegó la hora de escenificar ese mensaje en una rueda de prensa en Bilbao. Ni rectificación -la condición que ha puesto el PSE a los populares para poder alcanzar acuerdos-, ni modulación de un discurso, que el líder de los socialistas vascos, Patxi López, ha vuelto a considerar esta semana que está plagado de "ruido, bronca, mentiras y utilización partidista del terrorismo". Barrio, con todo, reconoció que ha habido dos siglas que se han beneficiado en las urnas del proceso de paz -ANV y el PSE-, pero enfatizó que esa estrategia es y sigue siendo un gran error del presidente del Gobierno central. El discurso del PP vasco es "único y unívoco", defendió su secretario general, para añadir que los populares han consolidado su proyecto en Euskadi y han ganado las elecciones en Álava. Lo que no apuntó en su comparecencia, en la que le acompañó el el portavoz parlamentario del partido, Leopoldo Barreda, es que el PP ha perdido 59.353 votos, 48 ediles y 3,25 puntos porcentuales con respecto a las municipales de 2003. Barrio incidió en la segunda posición que ha obtenida su partido tanto en Bilbao como en San Sebastián y su buen resultado en Getxo, donde empata a 10 ediles con el PNV. 28. PAÍS VASCO: MARÍA SAN GIL: "ZP APOYA UNA OFENSIVA NACIONALISTA CON ETA A LA VANGUARDIA" (03/08/07) La presidenta del PP en Euskadi, María San Gil, ha afirmado que "nunca la ofensiva nacionalista, con ETA a la vanguardia, ha estado tan sustentada por el Gobierno de la nación como ahora". Además, denunció que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "apoya y respalda" esa "ofensiva", está "en un camino absolutamente equivocado y en una deriva nefasta" y su proyecto "no se reconoce" en "la España constitucional, de las autonomías, de los consensos, la igualdad y la libertad". Según informa Europa Press, San Gil -recuperada de un cáncer de mama que la mantenía alejada de la política- lamentó que la actual "ofensiva nacionalista tiene clarísimo el proyecto de la independencia de Euskal Herria y de desvirtuar lo que es España en Euskadi", aunque en "la España constitucional, de las autonomías, de los consensos, la igualdad y la libertad el proyecto de Zapatero no se reconoce". San Gil, lamentó que el Gobierno de Zapatero "sustenta y alienta la ofensiva nacionalista", y así lo demuestra que "en las últimas elecciones municipales ha permitido y tolerado que ETA-Batasuna vuelva a los ayuntamientos disfrazada de ANV", lo cual supone "un enorme retroceso democrático". Asimismo, la Las otras noticias del PP

23

dirigente del PP vasco lamentó "la fuerza y el protagonismo político que ha recuperado ETA en esto que algunos llaman proceso de paz, y que debemos de empezar a llamar proceso de alianzas". Por el contrario, la líder popular no ha querido hacer referencia a los éxitos policiales cosechados en las últimas semanas, con la detención de muchos miembros del aparato militar de la banda terrorista ETA. A su juicio, en "este proceso de alianzas, ETA está más fuerte de lo que había estado en los últimos años, y su vuelta a los ayuntamientos con un proyecto muy claro supone un enorme retroceso democrático con enormes consecuencias". Finalmente, aseguró que, frente a esta situación, el PP ofrece "la imagen de la alternativa, de la normalidad, la pluralidad, la gestión real de los problemas de los ciudadanos, del cumplimiento de la Ley y de la pertenencia de Euskadi a España", a su juicio, la "imagen de Regina Otaola, alcaldesa de Lizartza, flanqueada por la Ikurriña y la Bandera española". Así, señaló que "ésa es la imagen que la mayoría de los vascos querrían ver en los ayuntamientos de Euskadi", la de "alguien que cumple la Ley porque, en democracia, la Ley se cumple, y por encima del terrorismo está la democracia". 29. PAÍS VASCO: UN INFORME DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA ADJUDICACIONES A FAMILIARES DE CONCEJALES DEL PP (24/04/07)

REVELA

CUATRO

Un informe de la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria revela que hay cuatro adjudicaciones a familiares de concejales del PP en el gobierno municipal que son nulas de pleno derecho. Tres de los contratos fueron adjudicados a la empresa del marido de la concejal del PP Idoia Garmendia. Según el informe jurídico del Ayuntamiento vitoriano, señala que son nulos de pleno derecho porque la Ley de Incompatibilidad impide contratar a cónyuges. La empresa cobró unas facturas por valor de 6.782 euros. El informe jurídico censura otro contrato a la empresa de un hermano de otro concejal del PP. El ayuntamiento fraccionó las facturas para no tener que convocar un concurso público. La empresa se embolsó casi 18.000 euros por organizar el homenaje institucional a las víctimas del terrorismo que se celebró el pasado diciembre en Vitoria. 30. CATALUÑA: LA FISCALÍA PIDE INHABILITAR 10 AÑOS POR PREVARICACIÓN A JOAN BARIOS, EX SUBDELEGADO DE LLEIDA CON EL PP (03/02/07) La Fiscalía de Lleida pide 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para Joan Barios, ex subdelegado del Gobierno en Lleida durante el mandato del PP, por un presunto delito de prevaricación. Esta acusación está relacionada con varias irregularidades descubiertas hace tres años en la Oficina Única de Extranjería en la tramitación de expedientes para la regularización de inmigrantes. El fiscal solicita idéntica pena para los miembros del PP Salvador Puy, ex asesor de Barios, y Lorenzo Echarri, ex delegado de Trabajo en esa época, y para el ex jefe de la oficina de Extranjería, el policía nacional José María Vieites, para quien se pide otra pena de cuatro años de prisión y 1.200 € de multa por falsedad en documento oficial. El fiscal sostiene que hay indicios suficientes para juzgar a estas cuatro personas por su participación en una trama de corrupción descubierta en la Oficina de Extranjería de Lleida, donde según los investigadores se tramitaron de forma irregular entre agosto de 2001 y diciembre de 2003 más de 300 expedientes de inmigrantes, dando trato de favor a determinadas solicitudes que llegaron con notas manuscritas de Barios y Puy. La Oficina de Extranjería de Lleida estuvo bajo sospecha durante todo el mandato del PP, especialmente a partir de febrero de 2003, cuando un funcionario de la misma, Miguel R. M., fue detenido por un presunto delito de prevaricación y falsificación de documento público. La Guardia Civil descubrió que una veintena de permisos de residencia se tramitaron de forma irregular; algunos correspondían a mujeres que ejercían la prostitución en locales de alterne de la provincia. Sin embargo, el juez archivó el caso por falta de pruebas. Algunos expedientes analizados por los Mossos se resolvieron en un tiempo récord -entre un día y un mes-, cuando el proceso legal no podía ser inferior a tres meses. En esa época, la Oficina de Extranjería de Lleida tenía sólo 13 funcionarios para resolver 37.000 expedientes. Los investigadores comprobaron que en ese periodo se aprobaron hasta 8.214 solicitudes, un número muy elevado para una provincia de las dimensiones de Lleida, con unas necesidades de mano de obra muy específicas. De 1.772 expedientes revisados, 1.522 habían sido tramitados por tres funcionarias que denunciaron prácticas irregulares por parte de los responsables de la Administración. Este trato de favor, según se desprende de las pesquisas, se concedía a particulares pero, principalmente, a empresas de trabajo temporal -una de ellas vinculada a un militante del PP- y a cooperativas. Las otras noticias del PP

24

31. CATALUÑA: EL PP DISTRIBUYE EN BADALONA UN VÍDEO QUE DIFUNDE IDEAS CRÍTICAS CON LOS INMIGRANTES Y LA CÚIPULA DEL PP EN CATALUÑA LO APOYA (09/05/07) El Partido Popular de Badalona distribuirá 30.000 copias de un DVD en el que ciudadanos de barrios periféricos expresan su rechazo a los problemas derivados de la inmigración y a la proliferación de los llamados pisos patera. El vídeo, que puede consultarse en Internet, alterna las quejas vecinales -dirigidas por un comentarista- con imágenes de extranjeros amenizadas con músicas orientales. El alcaldable por Badalona y secretario de Organización del PP catalán, Xavier García Albiol, presentó el vídeo, que ya ha recibido el rechazo de entidades como SOS Racismo. "Quiero mostrarles la Badalona que la alcaldesa del PSC y sus socios de Gobierno no quieren que ustedes vean". Así comienza 7 minutos, el DVD elaborado por el PP. El presentador es un hombre de mediana edad que habla frente a la cámara con desparpajo mientras camina por la calle del Mar, la principal arteria comercial del centro de Badalona. Después de esa breve introducción, la cámara se desplaza hacia la periferia, en el límite con Santa Coloma de Gramenet. No sin ironía, el presentador afirma que va a hacer una serie de preguntas "en todos los barrios de esta preciosa ciudad", en alusión a zonas degradadas como Sant Roc o La Salut. Es en estas áreas donde el PP de Badalona espera cosechar un buen puñado de votos a costa del descontento de la población. La primera pregunta, dirigida a un joven, da cuenta del estilo y el tono del vídeo: "¿Cómo ves Badalona? ¿Hay una inmigración que sea... legal?", dice el presentador. A lo cual, el chico responde con críticas a los pisos patera y la seguridad ciudadana. El vídeo se cierra con una serie de inscripciones, que coinciden con los planteamientos del PP con vistas a las elecciones municipales del 27 de mayo: "Falta seguridad"; "no a la mezquita en suelo público" y "no a los pisos patera". Y termina con una intervención de García Albiol, que incluye el lema de su campaña: "Reacciona". También el candidato del PP por Barcelona, Alberto Fernández Díaz, lanzó propuestas sobre la inmigración y prometió "sancionar" y "perseguir" a los comercios regentados por inmigrantes que incumplan la normativa laboral y de horarios. El vídeo que ha distribuido el PP de Badalona como propaganda de cara a las próximas elecciones continúa generando polémica. El presidente del PP catalán, Josep Piqué, justificó el contenido del DVD, en el que se vincula inmigración e inseguridad ciudadana, y tildó de "hipócritas" a quienes estos días han criticado su contenido. A pesar de las duras críticas que el vídeo ha recibido desde su publicación en Internet, el Partido Popular continúa decidido a distribuir 30.000 copias del mismo como propaganda electoral. 32. CATALUÑA: "ESTE ES UN PARTIDO EN EL QUE NO FALTAN MEZQUINDADES Y MISERIAS" Trascripción del texto íntegro de la carta enviada a mariano Rajoy por Joseph Piqué: "Querido Presidente y amigo Mariano: Como recordarás, hace varios días te escribí para comunicarte mi decisión de dejar la dirección del Partido en Cataluña y, por añadidura, mi dedicación a la política. Creo que te daba razones más que suficientes para justificar mi actitud. Y, pienso, sinceramente, que todas siguen siendo válidas. En otro momento, y en circunstancias distintas, ya te ofrecí mi puesto ante la clara desautorización a la que me había sometido la Dirección a través del Secretario General. Tu solicitud, argumentada sólidamente no solo en términos políticos sino, sobretodo, humanos, y mi aprecio personal y político hacia tu persona, logró que, entonces, reconsiderara mi postura". "Como sabes, he seguido trabajando, en circunstancias nada fáciles y en el seno de un Partido en el que no faltan mezquindades y miserias (que debo decir que se compensan, más que de sobra, con gente admirable por la que siento un enorme respeto y reconocimiento y que me han ayudado a mantener las ganas y la ilusión). Recientemente, en virtud de lo que te expuse en mi carta, llegué a la conclusión de que mi permanencia no era sostenible y así te lo trasladé, con toda sinceridad y honestidad, y convencido de la irreversibilidad e Las otras noticias del PP

25

inevitabilidad de mi salida, y desde la convicción de que era lo mejor, para ti y para el Partido, que fuera cuanto antes". "Tu petición de que abriera unos días de reflexión y, sobre todo, mi profunda voluntad de no perjudicarte, a la vista de los argumentos personales que me utilizaste, logró, de nuevo, que lo haya intentado otra vez, sabiendo, como tu sabes, que mi compromiso no iba a ir, en ningún caso, más allá de las generales y con el único objetivo, en lo personal, de contribuir a tu victoria que deseo fervientemente por el bien de España y de todos. Creí que eso pasaba por reforzar mi autoridad y, haciendo los cambios y los ajustes necesarios que yo comparto, no aprovechar la circunstancia para demoler mi imagen propia frente a la sociedad catalana, e intentar dañar a personas que, con errores, sin duda, pero también aciertos, se han dejado la piel por nuestro proyecto. Y como es evidente que se ha querido hacer así desde la Dirección del Partido, y aún constándome que no por ti, el daño ya es irreversible. Lo malo es que creo que, consciente o inconscientemente, el daño se ha hecho, sobre todo, a ti y al Partido". "Pero queda aún tiempo para las generales y para que otras personas se pongan al frente del Partido en Cataluña y te hagan la mejor campaña electoral. Siempre mantendré mi afecto y aprecio hacia tu persona y hacia nuestro Partido que me ha dado la oportunidad de conocer a magníficas personas, de descubrir nuevos amigos, y de poder prestar, modestamente, un servicio a los intereses generales, tanto en labores de gobierno, como desde hace ya cuatro años, desde la oposición. Con toda mi estima. Josep Piqué". 33. CATALUÑA: RAJOY DIXIT: PIQUÉ "HA HECHO LO QUE HA PODIDO" (21/07/07) Hay frases de apariencia inocua que arrastran una potente carga de veneno. Mariano Rajoy pronunció una de ellas al referirse Josep Piqué, cuya dimisión ha abierto una grave crisis en el PP a solo ocho meses de las elecciones generales. Con expresión calculadamente imperturbable, el líder popular dijo: "Piqué ha sido un excelente ministro, ha hecho lo que ha podido como presidente del PP de Catalunya y ahora ha decidido dimitir, y tengo que respetarlo porque la política no es fácil y muchas veces es difícil". Rajoy anunció una "nueva etapa", en la que espera "transmitir el mensaje y las propuestas" del partido a los catalanes. El líder conservador hizo estas afirmaciones ante un grupo de periodistas tras impartir una conferencia en los cursos de verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). No fue más allá. "He dicho lo que tenía que decir", zanjó. En la sede central del PP intentaban minimizar los efectos de la marcha de Piqué, una de las figuras relevantes del sector moderado del partido. Fuentes del entorno del secretario general, Ángel Acebes, admitieron que este y el portavoz parlamentario Eduardo Zaplana, adalides del núcleo duro, tienen en su lista de enemigos no solo a Piqué, sino a otros dirigentes, como el líder del PP andaluz, Javier Arenas, o el presidente valenciano, Francisco Camps. Sin embargo, alegan, estos han sido "listos" al evitar una confrontación pública con la dirección nacional y asumir con disciplina el mensaje de Madrid. Además, Camps ha obtenido unos resultados electorales excelentes y Arenas puede presentar éxitos en las capitales de provincia. Por contra, Piqué no solo ha "agraviado" a Acebes y Zaplana y desafiado la línea del partido, sino que, con sus malos resultados electorales, ha dado el pretexto para la "intervención quirúrgica" en el PP catalán. El entorno de Acebes sostiene que ese desembarco fue pilotado por Rajoy y se enmarca en una estrategia que busca dos objetivos: reforzar el mensaje "españolista" del partido --que ha permitido mantener la "cohesión" del electorado pese a la derrota del 2004-- y atraer votantes de centro, con incorporaciones como la del exministro Juan Costa, hombre de Rodrigo Rato, recién nombrado jefe del programa para las elecciones de marzo. Otras fuentes sostienen que Rajoy se limitó a dar luz verde a una operación decidida por Acebes y el círculo de la FAES, la fábrica de ideas que preside José María Aznar. En los cuarteles del PP admiten que, para el guiño al centro, convenía que Piqué encabezara la lista por Barcelona para la Cámara baja. Sin embargo, dicen, "no supo entender el reparto de papeles" en el partido. En esa línea, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, opinó que Piqué "debió tener más paciencia e intentar jugar las cartas que se le proponían". Las otras noticias del PP

26

34. CATALUÑA: SIRERA CONFIRMA EL GIRO A LA DERECHA DEL PP CATALÁN (02/08/07) Daniel Sirera es el nuevo presidente del Partido Popular Catalán desde que Josep Piqué presentara su dimisión por discrepancias con Acebes y con el núcleo duro del PP. , Sirera concedió una entrevista a El País en la que afirmó que será muy difícil que el PP llegue a acuerdos con CIU en el futuro, porque, en palabras del nuevo presidente catalán, esta coalición política “está muy radicalizada”. “Yo me defino como catalán, como español, sin complejos. Nosotros no nos escondemos, pertenecemos a un partido de ámbito nacional” declaró Sirera a El País. El problema, según el nuevo presidente del Partido Popular, “es que hemos perdido demasiado tiempo justificándonos ante la sociedad por lo que los otros decían de nosotros. Durante mucho tiempo, el resto de fuerzas han tratado de criminalizar el PP y nosotros hemos ocupado buena parte de nuestro tiempo en decir que no éramos así”. En cuanto a Ciutadans, que en las últimas elecciones autonómicas se hizo con parte del electorado el Partido Popular , Sirera afirmó que “este partido -Ciutadans- se ha definido en su reciente congreso como un partido de izquierdas y federalista. Si los que les han votado ven ahora que lo que España necesita es un partido grande, nacional, de centro derecha y no federalista, nosotros los convocaremos para que nos ayuden a materializar el cambio". Numerosos analistas políticos aseguran que la llegada de Sirera a la presidencia del Partido Popular Catalán significa un giro a la derecha de este partido, que, con la dimisión de Piqué, renunciaría definitivamente a ocupar el centro político de Cataluña. Sirera lo deja claro: no dedicará tiempo a hablar sobre estas cuestiones. En cuanto a él, se define como “un político liberal, catalán, español y que fundamentalmente quiere resolver los problemas de la gente”. Por último, en cuanto al hecho de que el PP mantenga los recursos contra el estatuto catalán, a la par que exigen las inversiones y algunas de las transferencias que contempla el texto, y defiendan otros textos estatutarios similares al recurrido, Sirera afirma que el verdadero problema es que “el Gobierno de Cataluña y el abogado del Estado han falseado la realidad. Si se leen los artículos recurridos se ve que son diferentes en los dos estatutos. Se ha hecho una utilización demagógica de este tema para ocultar la verdad: el Estatuto catalán modifica los equilibrios constitucionales”. 35. CATALUÑA: UN ALCALDE DE ERC RECUERDA QUE EL PP NUNCA LE HIZO PONER LA BANDERA ESPAÑOLA (19/09/07) El debate en el Congreso sobre la polémica de las banderas españolas en los ayuntamientos, en el que el PP se enfrentó a todos los demás grupos, vivió un momento de intensidad dialéctica inusual. En el fragor del debate, Josep Andreu, alcalde de Montblanc (Tarragona) y diputado de ERC, le espetó a Ana Torme, del PP: "En los ayuntamientos escoceses sólo hay una bandera, la escocesa. En 2001 yo era alcalde, ustedes mandaban, y nadie me dijo nada para que pusiera la bandera española, que nunca ha ondeado en mi municipio. Tendrían que inhabilitar al 99% de los alcaldes catalanes. Cuando ustedes gobernaban con CiU, los de CiU no la ponían y ustedes no decían nada. Espero que no, pero si gobiernan, vengan a Montblanc a inhabilitarme. Por imposición no conseguirán nada más que crear cada día más independentistas". Todos los demás grupos aplaudieron con entusiasmo esta aportación de su experiencia y coincidieron con Andreu en criticar al PP por reclamar ahora modificaciones legales para sancionar a los alcaldes cuando en ocho años de Gobierno nunca tocaron este asunto. Torme acusó al Ejecutivo de "amparar y dar alas a los radicales" porque "su discurso no se diferencia [en] nada del de ERC". El PP reclamaba un régimen sancionador para quien incumpla la ley de banderas, algo que no existe porque el Tribunal Supremo lo impidió en 1992. Sólo el PP apoyó su propuesta, entre críticas de electoralismo de todos los demás grupos, de manera que el resultado fue de 123 votos a favor y 178 en contra. 36. GALICIA: LOS LUCRATIVOS NEGOCIOS DEL CANDIDATO DEL PP EN PONTEVEDRA El candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín, multiplicó por 20 sus beneficios mientras estuvo al frente del ayuntamiento de Sanxenxo. Una revista de tirada nacionalrepasa la trayectoria de este político del PP, desde que era fontanero hasta convertirse en alcalde millonario. Goza de la simpatía de Mariano Rajoy, que veranea en Sanxenxo, donde su mujer tiene una casa. Martín administra una quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115 millones de €. Las otras noticias del PP

27

El pasado 19 de enero Telmo Martín renunció a su cargo de alcalde de Sanxenxo, tras dos legislaturas con mayoría absoluta, para ser el candidato a la alcaldía de Pontevedra. Se va con las 13.000 nuevas viviendas que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Sanxenxo y con muy poco suelo pendiente de recalificar. Las empresas adjudicatarias son, desde el constructor local, como Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del consejero valenciano del PP Juan Cotino, ex director de la Policía y Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia. En Portonovo, localidad que pertenece a Sanxenxo, en los años 2000 y 2004 la empresa Construcuatro, de la que Martín es socio, adquirió tres fincas por 600.000 €. Según el Registro de la Propiedad, esas fincas, que sumaban 3.641 metros, eran rústicas en el momento de la compra. En 2005, la empresa de Telmo Martín se las vendió, ya recalificadas, a Construziona, una sociedad participada por Cuiña y por su familia. También participa en dicha empresa Francisco Doblas, ex concejal del Ayuntamiento de Vigo por el PP. La venta fue por 2,4 millones de €. Cuenta que a principios de los años setenta, Telmo Martín, se ganaba la vida como fontanero. Ha edificado en Sanxenxo con su empresa Construcuatro, que ha experimentado un fuerte crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento, se convirtió en alcalde. También ha crecido la empresa que montó en 1979 con su padre, Hierros Santa Cruz SL, sobre todo gracias a los trabajos realizados para el Ministerio de Fomento mientras su titular era Fracisco Álvarez Cascos. El PP le invitó en 1999 para que formase parte de sus filas. En 2002, Construcuatro obtuvo por la mitad de precio 5.100 metro cuadrados de edificabilidad tras una permuta con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de Xosé Cuiña. Telmo constituyó algunas empresas más durante el ejercicio de su cargo, Grupo inmobiliario Martín Taboas SL, Grupo inmobiliario Atlántico Sur SA, Galataimar SL. En total, en 2005 las sociedades administradas por el político del PP obtuvieron unos ingresos aproximados de 115 millones de €. En Pontevedra, Construcuatro es la empresa que más construye. 37. GALICIA: DOS EDILES DEL PP DETENIDOS EN PONTEVEDRA CUANDO IBAN A RECIBIR UNA COMISIÓN DE 50.000 EUROS (15/02/07) Los concejales de Gondomar (Pontevedra) José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, del PP, detenidos por la Guardia Civil, iban a recibir ese día 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la justicia para desmontar la supuesta trama de corrupción urbanística. A ambos ediles (responsables de Urbanismo y Cultura) y al arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, contratato por el Ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno, y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Los cuatro han quedado en libertad con cargos. La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros "favores". La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas tras una de tantas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en esta localidad turística de 13.000 habitante y cercana a Vigo. El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas de los detenidos y de otras personas que estarían en el punto de mira de la investigación. Unas denuncias que pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según confirmaron fuentes de la investigación. En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no habría acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía desde días antes recluido en su casa. Belén Fernández declaró ayer por la mañana ante el juez y volvió a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A última hora, la juez ordenó libertad condicional para los dos ediles y el arquitecto, a los que imputa tres delitos de cohecho a cada uno. Los tres deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. A la mujer también la dejó en libertad provisional tras imputarle un delito de cohecho. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la juez Eugenia Manzanares Saavedra, declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las otras noticias del PP

28

Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La juez también decretó el secreto de las actuaciones. Fuentes de la investigación no descartan la detención de más implicados. La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario. De confirmarse la imputación a los detenidos, se convertiría en el principal testigo de cargo en el juicio de este caso. Por su parte, el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, pidió y dijo desconocer exactamente lo que se les imputa a los dos concejales, a la compañera sentimental de uno de ellos y al arquitecto Francisco Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo. El alcalde afirmó que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con total normalidad. 38. GALICIA: FEIJÓO RECALIFICÓ LA PLANTACIÓN DE HORACIO GÓMEZ A LOS TRES AÑOS DE INICIARSE LAS OBRAS (20/03/07) Un decreto publicado en el Diario Oficial de Galicia el 21 de junio de 2005, dos días después de que el PP perdiese las pasadas elecciones autonómicas, recalificó la finca en la que, desde tres años antes, el que fuera presidente del Celta y concejal popular de Vigo, Horacio Gómez, ya había empezado a instalar la mayor plantación de albariño de Galicia, en el municipio de Tomiño. El decreto, firmado por el entonces vicepresidente primero y conselleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feijóo, legalizaba la plantación, denunciada por la Guardia Civil en el juzgado. El actual presidente del PP gallego firmó el 18 de mayo de 2005 el decreto por el que se aprobaba la recalificación de casi un millón m2 para retirarle la protección ecológica y dedicarlos a uso forestal y agropecuaria. Un documento que solventaba una situación irregular, tres años después de que la sociedad mercantil de Horacio Gómez, Viñedos Vilachán, acometiese las obras hasta convertir la plantación en una de las 15 mayores de Europa, con una previsión de producir 800.000 botellas de vino al año. El expediente y las supuestas irregularidades cometidas entre 2002 y 2005 por la empresa constan en una denuncia que presentó la Guardia Civil ante el Juzgado de Instrucción número dos de Tui, que investiga presuntos delitos de prevaricación, contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio. Además de Horacio Gómez, aparecen imputados en las mismas diligencias el alcalde del Partido Popular de Tomiño, José Luis Fernández Lorenzo, y el aparejador municipal, Pablo Ortega. La jueza María del Carmen García Campos no ha adoptado por el momento ninguna medida cautelar, a la espera de analizar toda la documentación que ha solicitado a la Consellería de Política Territorial, por lo que, no se descarta que pueda exigir responsabilidades al anterior gobierno de la Xunta en la tramitación y aprobación del expediente. La investigación del Seprona de la Guardia Civil detectó flagrantes irregularidades cuando la empresa, en 2002, con una licencia muncipal que sólo le permitía roturar la parcela, acometió obras de desmonte, construyó muros y terrazas y alteró el cauce de los ríos. Cuando la Consellería de Medio Ambiente aprobó el estudio de impacto medioambiental, en 2004, dos años después de que la empresa acometiese las polémicas obras y levantase la plantación, se basó en un informe técnico del distrito forestal Vigo-Baixo Miño, que entonces señalaba que todo lo ejecutado en la parcela "cumplía sustancialmente con la licencia municipal de roturación". Una valoración, sin embargo, que contradecía una anterior del aparejador municipal y que había obligado al alcalde a paralizar las obras. El decreto de Núñez Feijoo que recalificó las fincas puso el colofón a un expediente en el que los trámites administrativos se cumplimentaron una vez terminadas las obras. Un decreto que, además, dejó la puerta abierta a la empresa para obtener la futura autorización para construir la bodega. Con la firma del entonces vicepresidente de la Xunta se aprobaba la modificación puntual del planeamiento urbanístico de Tomiño que había acordado el pleno de la corporación en abril de 2004 sólo con los votos a favor de los concejales del PP. Desde la oposición ya se había advertido "falta de rigor y oportunismo" en esta recalificación. La Guardia Civil ha denunciado a los ediles que tomaron ese acuerdo. 39. GALICIA: VARIOS ALCALDES DEL PP EN EL ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA, IMPLICADOS EN NEGOCIOS INMOBILIARIOS (17/03/07) Los alcaldes con intereses inmobiliarios proliferan en el área metropolitana de A Coruña, uno de los polos de mayor auge de la construcción. Los regidores de Arteixo, Oleiros y Betanzos están siendo investigados para determinar la compatibilidad de sus cargos con sus actividades empresariales

Las otras noticias del PP

29

En A Costa da Morte, ahora con un fuerte bum urbanístico, las actividades privadas del alcalde de Cee y su familia están también en la mesa de la fiscalía tras una denuncia de los socialistas. "Estamos aquí para servir, tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de ayuntamiento. Al que viene como vecino, se le atiende como vecino, y al que viene como cliente, se le atiende como cliente. Sin mezclar las cosas". Manuel Pose Miñones justifica con esta frase la compatibilidad de sus intereses empresariales con su cargo de regidor de Arteixo. Los alcaldes promotores suelen alardear de la transparencia de sus actuaciones. Y todos juran y perjuran que no dan trato de favor a sus empresas. - De Arteixo. Pose Miñones es alcalde por el PP desde 1995 y presidente de un grupo que engloba 15 sociedades, cinco de ellas nacidas tras llegar al cargo y dedicadas a actividades inmobiliarias. Pose reconoce haber votado la concesión de licencias a empresas de las que es accionista para la construcción de cinco edificios en Arteixo. Admite que su actuación "no estuvo bien" aunque defiende su legalidad. Pose emitió la documentación a la Fiscalía, que estudia abrir diligencias. El alcalde cobra por dedicación exclusiva 61.200 € al año. - Cee. Desde la llegada de José Antonio Domínguez a la alcaldía de Cee, en 2001, su esposa y su hijo desarrollaron una importante actividad como socios de seis empresas relacionadas con la construcción. Tres de ellas edifican en A Costa da Morte, incluida una urbanización en Cee. Domínguez, del PP, compaginó durante tres años la alcaldía con la administración de su empresa de electricidad que realizó obras en el nuevo mercado municipal. - Ferrol. El teniente de alcalde de Ferrol, el independiente Juan Fernández, socio de gobierno del PP, es propietario de unos terrenos urbanizables en Serantes, donde la promotora Bros Noroeste planea construir una urbanización con 69 chalés adosados. Fernández adquirió los terrenos en 1978 como suelo rústico y en 2000 se recalificaron como urbanizables. Cuatro años más tarde ya en el gobierno, el edil firmó un edicto donde figuraba entre los afectados por el plan de sectorización y recibió un pagaré de 192.324 € por una opción de compra sobre una finca. En mayo del 2005 solicitó como promotor una modificación del PXOM para desviar el trazado de un vial que atravesaba su parcela, informa Lorena Bustabad. 40. GALICIA: EL ALCALDE Y CANDIDATO DEL PP EN OURENSE TIENE CENSADAS EN SU DOMICILIO A 16 PERSONAS (22/05/07)

El alcalde y candidato del Partido Popular por Ourense, Enrique Nóvoa, tiene censadas en su domicilio familiar al menos a 16 personas. Según ha podido confirmar este periódico, Nóvoa ha domiciliado en su vivienda habitual a un buen número de familiares y amigos -todos ellos con residencia habitual fuera de Ourense y en algunos casos fuera de Galicia- hace apenas unos meses. El empadronamiento se produjo tras conocer el ahora alcalde que sustituiría al frente del Ayuntamiento al anterior regidor, Manuel Cabezas, y que encabezaría él la lista del PP a estos comicios. La mayor parte de los 16 empadronados en el domicilio de Nóvoa son parientes suyos. Sobrinos, primos, cuñados y los hijos de éstos, con residencia habitual fuera de Ourense, pero ahora con domicilio en la casa del candidato, podrán votar en estas elecciones. Junto a ellos hay otras personas ajenas a la familia que figuran igualmente como residentes en la misma casa en la que vive Enrique Nóvoa, el nº 7 de Barxas, en Cudeiro, en la periferia de la capital, donde su familia regenta un popular negocio dedicado a la hostelería. En esta zona del perímetro orensano se comentaba ya desde hace algunos días que el candidato podría haber inflado el censo, lo que le permitiría arañar un puñado de votos en estos comicios. Por su parte, el candidato lo niega. "Lo que ocurre es que la mía es una casa grande, de dos plantas, y por eso tengo domiciliados en ella a mis hermanos y a mi madre, pero nada más", sostiene Nóvoa, "Puedo presentar la hoja del último movimiento del censo, en donde queda claro", sostiene. Nóvoa ha ido escalando puestos poco a poco en el PP orensano. Su primer contacto fue en 1991, año en el que entró en la lista al Ayuntamiento de la capital en el puesto 21. Su candidatura para acudir a estos comicios le fue propuesta personalmente por el presidente provincial del partido, José Luis Baltar, después de que dos conocidos orensanos -el catedrático de Historia Jesús de Juana y el cardiólogo Pérez de Juan- renunciaran al puesto. Nóvoa ni se lo pensó, según ha reconocido, ya que se sintió "el hombre más orgulloso del mundo". Para darle una tribuna y un prestigio, el Partido Popular desbancó a Cabezas unos meses antes del fin de la legislatura y, tras la renuncia expresa de los tres concejales que precedían a Nóvoa, éste pudo hacerse con la alcaldía, por un periodo de apenas tres meses sin pasar por las urnas. Ahora, el candidato se siente dispuesto "a trabajar sin descanso" por afianzarse en el puesto.

Las otras noticias del PP

30

Su acceso a la presidencia de la corporación local, el pasado mes de febrero, le ha causado algunos contratiempos. Uno de ellos, al conocerse que había beneficiado a un socio constructor con una recalificación de terrenos por la que le había otorgado un considerable beneficio económico; otro, al hacerse público que en las últimas oposiciones del Ayuntamiento, celebradas con él ejerciendo ya como alcalde, aprobaron numerosas personas vinculadas a familiares de cargos del partido. 41. GALICIA: BALTAR DEJÓ EN EL AYUNTAMIENTO A DECENAS DE FUNCIONARIOS QUE NO CABEN EN LA DIPUTACIÓN (24/06/07) La política de contrataciones de la Diputación de Ourense estaba extendida por el Ayuntamiento. Varias decenas de personas contratadas como Agentes de Desarrollo Local (ADL) por la institución provincial fueron "transferidas" a la municipal ante la imposibilidad de encontrarles espacio en las dependencias del pazo provincial. Pero en el Ayuntamiento tampoco caben. El grupo de gobierno del PP ideó una fórmula para mantenerlos: la permanencia por turnos. Las sillas están siempre ocupadas, pero con distintos usuarios a lo largo de cada jornada. Ahora, socialistas y nacionalistas, coligados en el gobierno local, se los encuentran por todas partes, no saben cuántos son ni tampoco qué hacer con ellos. "¡Mientras pague Baltar...!", señalan entre jocosos y resignados. El nuevo grupo de gobierno no da crédito. Decenas de personas -de momento no pueden cuantificar el dato- ocupan plazas inexistentes en la institución local orensana. Todas ellas fueron contratadas como ADL por la Diputación y traspasadas al Ayuntamiento de la capital cuando ambos organismos estaban gobernados por el PP. Entre los contratados figuran personas vinculadas al PP e incluso algunos alcaldes electos de la provincia. Pero la institución local, en la que el crecimiento de personal en los últimos meses ha sido notable -se celebraron dos procesos de oposiciones en los últimos cuatro meses, y las pruebas finalizaron un día antes de constituirse la nueva corporación- no tiene infraestructura suficiente para dar cabida a tanto empleado, por mucho que carezcan de cometido. Éste parece haber sido el motivo que llevó al anterior gobierno local a idear un sistema de sillas calientes. Varias personas ocupaban la misma plaza, pero en turnos horarios distintos. Fuentes del Ayuntamiento sostienen que, para organizar estos turnos, los usuarios dejaban su puesto vacante por espacio de unas horas "y se daban una vuelta por la ciudad; iban a tomar café o a hacer recados". Después regresaban y salían los otros. El nuevo alcalde orensano, el socialista Francisco Rodríguez, expresa su sorpresa: "Vaya por el departamento que vaya, me encuentro a cuatro o cinco personas que dicen que son de la Diputación y que no sé qué cometido tienen aquí". El alcalde ha pedido a los distintos departamentos municipales el dato exacto de los trabajadores transferidos por la institución provincial. "Pero no constan en ningún lado, así que aún no sé si son 40 ó 400", señala. Con malestar, pero también con resignación, han aceptado PSOE y BNG la herencia de funcionarios que el PP dejó colocados en el último momento. El alcalde lamenta que hasta el último día se hayan estado celebrando exámenes para dotar al Ayuntamiento de nuevo personal, en su mayoría vinculado al PP. "Y, aunque todos los puestos son igual de dignos, con las últimas oposiciones, celebradas incluso después de las elecciones del pasado 27-M, el PP cubrió 12 plazas de asesores jurídicos, arquitectos y otros funcionarios del grupo A, el de mayor nivel", que ahora ejercen como técnicos asesores del gobierno local. El ex concejal de Personal, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, del PP, confirma este hecho señalando que es "absolutamente legal" haber finalizado el proceso de exámenes con otro gobierno electo y advierte que su hermano, admitido para presentarse a la plaza de arquitecto, decidió finalmente no concurrir a la prueba en cuanto este periódico hizo público su parentesco. "Fue para no perjudicarme", alega. Nóvoa -quien siendo concejal se hizo con una plaza de funcionario en la Diputación y tiene a varios familiares contratados en el Ayuntamiento, en donde ha sido hasta ahora responsable de Personal y presidente de los tribunales de las oposiciones- vaticina que no prosperará ninguna demanda contra su proceder. 42. GALICIA: LA XUNTA CONCEDIÓ A DEDO 14 MILLONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2004 (30/07/07) La Xunta de Galicia repartió discrecionalmente 14,08 millones de euros en 2004 entre medios de comunicación, según el informe del Consello de Contas enviado al Parlamento autónomo el pasado viernes. Esta suma, distribuida durante el mandato del PP, recoge sólo los convenios suscritos por las consejerías y no incluye las ayudas concedidas por empresas y organismos públicos, ni la publicidad institucional, ni los Las otras noticias del PP

31

contratos suscritos por diversos medios con la televisión gallega TVG. El órgano fiscalizador revela numerosas irregularidades, la falta de concurrencia y la ausencia de criterios objetivos de selección para justificar las transferencias. Según fuentes del Consello, estas ayudas por vía de convenios o de contratos continúan, probablemente a igual ritmo que bajo la presidencia del PP, con el actual Gobierno de coalición PSdeG-BNG. El primer informe que el Consello de Contas ha realizado sobre los convenios que la Xunta suscribe con medios de comunicación ha servido para poner al descubierto que sólo a través de las consejerías (sin contar entes ni empresas públicas), el Gobierno de Manuel Fraga (PP) se gastó en 2004 un total de 14.081.070 euros en convenios con las empresas del sector. El grupo de La Voz de Galicia y Radio Voz, con 1.865.420 euros, y la editora de El Correo Gallego, con 1.708.980 euros, fueron las empresas privadas más beneficiadas por la Xunta, aunque fue la CRTVG, de la que dependen la radio y la televisión autonómicas, la que se llevó la suma más elevada (4.058.260 euros). En la lista de empresas, que incluye revistas, emisoras de radio, portales de Internet y agencias de prensa, destacan también Faro de Vigo (921.650 euros), La Región (621.900 euros), El Ideal Gallego (648.960 euros) y El Progreso (887.080 euros). Entre los beneficiarios de estos convenios figura también Radio Galicia (propiedad del Grupo PRISA, editora de EL PAÍS) y las emisoras asociadas de la SER en A Coruña y Vigo, que en total recibieron 149.250 euros (ver cuadro). Después de examinar los distintos convenios, el Consello de Contas ha concluido la existencia en la mayoría de los casos de defectos e irregularidades de distinta naturaleza. Algunos carecen de memoria, otros incumplen la obligación legal de acreditar estar al corriente en las obligaciones tributarias y no tener deudas con la Administración o no fueron siquiera comunicados al registro de convenios de la dirección general de Relacións Institucionais. El caso más grave afecta a un convenio suscrito por Cultura con la editora de El Ideal Gallego para crear un museo, hasta el punto de que Contas recomienda solicitar el reintegro del dinero al no haberse justificado "de forma suficiente la realización de la actividad". El Consello llama la atención a la Xunta sobre la necesidad de "prestar atención al cumplimiento de todos los requisitos exigidos, especialmente en lo que se refiere a los criterios de selección", toda vez que, "en general", no quedan "suficientemente expresados". El órgano fiscalizador critica especialmente la generalización injustificada de "las características únicas" de cada medio de comunicación para explicar la no concurrencia y recuerda a la Xunta que no puede contabilizar los gastos derivados de estos convenios con cargo al capítulo de "inversiones reales", como estaba haciendo en la mayoría de los casos en el año objeto de investigación. 43. GALICIA: DESPILFARROS EN LA XUNTA DE MANUEL FRAGA IRIBARNE (16/08/07) Los auditores oficiales de la Administración gallega han destapado graves irregularidades en la gestión de la Xunta gobernada por el Partido Popular. Analizando las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años de mandato de Manuel Fraga, el Consello de Contas ha detectado despilfarros millonarios en proyectos como la organización del año jacobeo o la construcción de un faraónico complejo cultural en Santiago. El informe también revela tratos de favor a socios de altos cargos del gobierno del PP, a empresarios vinculados al partido y a grandes compañías como Unión Fenosa. El ex presidente gallego Manuel Fraga se empeñó a finales de los noventa en levantar a las afueras de Santiago un descomunal complejo cultural que sólo en gastos de mantenimiento absorbería 48 millones de euros al año. Los auditores oficiales de Galicia han revelado ahora que el proyecto, llamado Cidade da Cultura, le saldrá a las arcas públicas incluso mucho más caro de lo esperado. Lo invertido en la obra supera ya los 373 millones, el triple de lo previsto, y su utilidad está cuestionada. Las cuentas de este agujero negro fueron auditadas por un socio de varios altos cargos de Fraga. El Consello de Contas, órgano fiscalizador de la Administración gallega, acusa al anterior Gobierno del PP de "abdicar de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos". Con esta actitud en el manejo del dinero de los gallegos, el equipo de Fraga provocó que los gastos de ejecución de la Cidade da Cultura se hayan triplicado en favor del autor del proyecto, el arquitecto Peter Eisenman, quién acordó con la Xunta en 2000 unos honorarios de casi 14 millones de euros, que crecerían proporcionalmente si así lo hacía el presupuesto de la obra, tal y como ocurrió. Además de estos jugosos ingresos, el arquitecto estadounidense recibió carta blanca para actuar con "total libertad presupuestaria".

Las otras noticias del PP

32

Cuando en 2005 socialistas y nacionalistas tomaron las riendas de la Xunta, encomendaron a un comité de sabios la labor de enderezar en lo posible este faraónico proyecto dándole contenido a los edificios del complejo. El Consello de Contas critica también que estos asesores contratados por el bipartito gocen de competencias excesivas en las decisiones de gasto. El ejemplo más extremo es el de los expertos encargados de hacer viable una biblioteca: impulsaron la construcción de un aparcamiento para los futuros trabajadores del recinto que costará "seis veces más" que los fondos bibliográficos. El supuesto control de las cuentas de la fundación que gestiona la construcción de este complejo ha estado en manos de una empresa que logró sustanciosos contratos del Gobierno de Fraga. El responsable de esta sociedad es una persona cercana el PP gallego. Auditores Asociados de Galicia tiene como administrador a Francisco Loimil, que ahora es socio de varios ex altos cargos de la Consellería de Cultura, el departamento del que depende la ejecución de la Cidade da Cultura. Su esposa trabaja en la fundación que dirige el proyecto. Loimil es secretario, consejero y administrador de la empresa Comunled, SA, en la que figuran José Manuel Soto Vázquez y José María Sánchez González, ex altos cargos de la citada consejería, y Francisco Campos Freire, anterior director general de la radio y televisión autonómicas. En Comunled aparecen directivos de grandes empresas que tuvieron también relación con la consultora que se encargó de controlar las cuentas de la Cidade da Cultura. Estas compañías patrocinaron el Xacobeo a través de Auditores Asociados de Galicia, otro de los trabajos que esta sociedad hizo para el Gobierno gallego. Por lograr patrocinadores, la compañía de Loimil le cobró a la Xunta más de 4 millones de euros, pese a que había otra empresa que ofrecía el mismo servicio por 47.996 euros. Otro organismo público, la Fundación Galega para o Deporte, le pagó a Auditores Asociados de Galicia más de un millón de euros por buscar patrocinadores, tras un concurso que, según los auditores oficiales, se diseñó a medida. Socios de Loimil en Comunled son Ricardo Oñate Fernández, secretario general de Leche Pascual; Ángel Barutell Farinós, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, y Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte en los gobiernos socialistas. También ha formado parte de esta sociedad Carlos Illa Martínez, ex director de Patrocinios y Cuentas Publicitarias de Telefónica España. 44. GALICIA: EL ALCALDE DE ORTIGUEIRA EXPLOTA LA CANTERA ILEGAL QUE SURTE A LA CIDADE DA CULTURA (16/08/07) El alcalde de Ortigueira, el popular Antonio Campo, es el administrador de la empresa que desde hace siete años explota una mina sin licencia en Muras (Lugo). Piedra Natural de Muras, SL extrajo desde 2000 la cuarcita de la cantera sin contar con la autorización de la Xunta y el Ayuntamiento. La sociedad gestionada por Campo y su familia no sólo no recibió ninguna sanción de las administraciones que controla su partido, sino que suministró cuarcita a obras públicas como la Cidade da Cultura. El bipartito ordenó en enero la paralización de la explotación por carecer de permiso. La empresa que explota la cantera sin licencia en Muras tiene como administradores, además de al alcalde de Ortigueira, a sus familiares José María y Pablo Fernández Campo. Antonio Campo ocupa ese cargo desde marzo de 2006 aunque su entrada en el negocio de la cuarcita de Muras se remonta a años antes. Su familia controla la explotación desde el principio a través de sociedades del Grupo Campo. La extracción de la cuarcita de la cantera fue promovida de hecho por Epifanio Campo, hermano del regidor popular. En agosto de 2000 se constituyó Piedra Natural de Muras, SL, una firma de la que son accionistas sociedades de la familia del alcalde ortegano. La cantera inició su actividad en Muras ya en ese momento, sin autorización ni estudio de impacto ambiental, tal y como constataron los técnicos de la Xunta que visitaron la zona en 2001 para redactar una declaración de impacto ambiental de la explotación solicitada. Antonio Campo intervino en uno de los contratos que más trabajo ha dado a la explotación de Muras. En 2003, una empresa presidida por el ya alcalde del PP en Ortigueira se presentó a un concurso convocado por la Fundación Cidade da Cultura para proveer la cuarcita que recubre los edificios del complejo cultural ubicado en Santiago. Campo Lombao, SL concurrió asociada con otras compañías del Grupo Campo a la adjudicación y finalmente se llevó el contrato, valorado en 6 millones de euros. El mineral fue extraído de la cantera sin licencia. El regidor ortegano empezó entonces a ocupar cargos en el organigrama de la empresa que explota la mina y en septiembre de 2004 fue nombrado consejero y secretario de Piedra Natural de Muras, SL. A la dirección de la firma ha pertenecido también hasta agosto de 2003 José López Cabodevila, que era entonces alcalde del municipio lucense de Riotorto por el PP. Las otras noticias del PP

33

45. GALICIA: LA EMPRESA QUE CREÓ EL CHÓFER DE LOUZÁN VIVE DE CONTRATOS ADJUDICADOS POR EL PP (14/08/07) Nueve de cada diez euros ingresados por la constructora creada por el chófer de Rafael Louzán proceden de gobiernos afines al presidente de la Diputación de Pontevedra. Durante los dos últimos años, Pavimentos de Meaño sólo acometió obra pública. En 2005 las facturas del organismo provincial y de otros siete ayuntamientos del PP con alcaldes próximos a Louzán sumaron 2.303.712 euros y supusieron el 93% de la facturación de la empresa. En 2006, Pavimentos de Meaño cobró de instituciones del PP, incluida la Diputación de Pontevedra, otros dos millones. La constructora creada por el chófer personal de Rafael Louzán tuvo durante 2005 a seis clientes privilegiados en instituciones de Pontevedra gobernadas por el Partido Popular. De los 2.396.330 euros que la sociedad ingresó durante ese ejercicio, según las cuentas depositadas en el registro mercantil, 1.839.465 procedieron de contratos adjudicados por la Diputación de Pontevedra que preside el propio Louzán. Los ayuntamientos de Vilanova de Arousa, Meaño, Cambados, O Grove, y Ribadumia, todos ellos gobernados ese año por alcaldes del PP afines al presidente provincial, le encargaron proyectos por un importe de 374.125 euros. En sus cuentas de 2005 no consta una sola obra civil y las únicas instituciones con un gobierno de color distinto al popular que le realizaron encargos fueron los ayuntamientos de Vilaboa y Moraña que suscribieron dos contratos de 120.333 y 59.643 euros respectivamente. La firma es, según el informe de licitación pública de ese año, la novena que más factura al conjunto de las cuatro diputaciones gallegas. Y eso que ni la de A Coruña, ni las de Ourense y Lugo, encargaron a Pavimentos de Meaño un sólo trabajo en el citado ejercicio. Durante 2006, aunque la sociedad todavía no ha presentado sus números en el registro, las cosas siguieron más o menos igual para la constructora. Su cuenta de ingresos el año pasado volvió a depender casi exclusivamente de la diputación y de un puñado de alcaldes próximos a Louzán. El organismo provincial le adjudicó contratos por 1.580.620 euros. A los regidores populares de Barro, A Lama, Meaño, Meis y Sanxenxo, Pavimentos de Meaño les facturó 497.000 euros más. Las únicas excepciones fueron otra vez los gobiernos socialistas de Moraña, que contrató trabajos por 120.812 euros, y el de Mos, del mismo partido, que adjudicó obras por 64.116. El propio Consello de Contas censuró en su último informe la fórmula utilizada por el ayuntamiento de Ribadumia, donde Louzán ejercía como teniente de alcalde, para otorgar obras de saneamiento, conducción y alcantarillado durante 2003. El órgano fiscalizador concluye que el gobierno local fraccionó contratos para rebajar hasta el límite legal los importes de los proyectos y que éstos no fueron sometidos a concursos de libre concurrencia. Así, bastó con que tres empresas presentasen presupuestos para adjudicar los contratos. Pavimentos de Meaño se hizo con el concurso después de que otras dos empresas incumplieran de forma flagrante los pliegos de condiciones. La investigación de Contas halló estrechas vinculaciones entre las tres sociedades que en teoría competían entre sí. En las dos constructoras cuyas ofertas vulneraron las bases, figuraba un único teléfono y una misma persona, que además aparecía en el registro mercantil como apoderada de la sociedad fundada por el chófer de Louzán. En declaraciones a este periódico, el presidente de la Diputación pontevedresa argumentó que la sociedad "ya no pertenecía a este funcionario" del organismo provincial. Louzán añadió que desconoce la vida de la empresa. Preguntado por la dependencia casi absoluta de Pavimentos de Meaño respecto a la institución que él mismo preside, Louzán explicó que "hay otras constructoras que trabajan únicamente para la Diputación de Pontevedra". Pavimentos de Meaño fue fundada por Marcos Galiñanes, el conductor con el que habitualmente viaja el presidente de la Diputación. Cuando las adjudicaciones a la sociedad empezaron a saltar a los medios de comunicación, Galiñanes dejó de figurar en las escrituras y pasó a su tío, Jesús Pombo Vidal, el 100% de sus títulos. En la actualidad Pombo Vidal, que también trabajó en la diputación como maquinista, es el administrador y único accionista de la constructora adjudicataria del 7% de los contratos suscritos por la institución provincial. 46. ANDALUCÍA: EL DETENIDO ALCALDE DE ALHAURÍN PIDIÓ 100.000 € DE SOBORNO, SEGÚN LA POLICÍA (21/01/07) La policía ha aportado a la juez datos de que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, supuestamente pidieron 100.000 € a un promotor por una licencia urbanística, dinero que alegaron era para financiar actividades municipales, no para ellos.

Las otras noticias del PP

34

El PP ha encargado un informe jurídico sobre las actuaciones policiales, que entiende han sido "desproporcionadas, desmesuradas e injustificadas". La juez Isabel María Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, impuso la tarde del viernes sendas fianzas de 100.000 € a los dos ediles, del PP, a los que imputa la comisión de presuntos delitos de cohecho y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción inició las actuaciones por la denuncia del promotor afectado, un pequeño empresario de la localidad, que habría aportado algunas pruebas de la extorsión. La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol ha investigado el caso durante unos tres meses, y ha practicado escuchas telefónicas que han resultado determinantes para la imputación de Martín Serón y Guerra. Fuentes del PP han negado que se trate de una extorsión e inscriben el hecho en las donaciones "habituales" que algunas empresas hacen a los ayuntamientos para colaborar en la financiación de actividades municipales. "Hemos podido meter la pata, pero nunca hemos metido la mano", dijo Martín Serón tras quedar en libertad. En abril, el PSOE denunció a la fiscalía varias donaciones de entre 6.000 y 23.000 € al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por varias sociedades, algunas de ellas constructoras, que habrían obtenido a cambio algún trato beneficioso del consistorio en concesiones de obras o licencias. La fiscalía archivó la denuncia. La dirección del PP sigue sin tomar ninguna medida disciplinaria contra Martín Serón, que es miembro de la directiva regional de Andalucía y diputado provincial en Málaga, y Guerra, amparándose en el derecho a la presunción de inocencia y a la falta de información suficiente sobre el caso, sobre el que la juez ha decretado el secreto del sumario. Pero este llamamiento a la prudencia contrasta con las críticas de los propios dirigentes del PP hacia las actuaciones judicial y policial. El secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, explicó que ha encargado un informe jurídico porque "pueden producirse dudas sobre si todos los actores -Udyco, fiscalía y la juez- y todos los pasos del procedimiento y las diligencias han sido correctos o no" El presidente provincial en Málaga, Joaquín Ramírez, se preguntó por qué las detenciones se produjeron "ese día y a esa hora" y "precisamente en Marbella". Martín Serón y Gregorio Guerra fueron arrestados la tarde del jueves en Marbella, después de asistir a un almuerzo-mitin presidido por Mariano Rajoy. Ningún dirigente del PP ha desautorizado tampoco las graves acusaciones que hizo el viernes Martín Serón, que dijo que en España "hace falta una revolución" contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a quien tildó de "descerebrado" bajo cuyo mandato se ha producido una pérdida de libertades y de democracia; y que "los etarras están en la calle mientras se mete a los alcaldes honrados en la cárcel". 47. ANDALUCÍA: DIMITE EL ALCALDE DE ALHENDÍN TRAS SER IMPUTADO EN UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA (10/03/07) El alcalde de Alhendín (Granada), José Guerrero (PP), ha presentado su dimisión tras haber sido imputado por el juez que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, y que llevó a la detención y posterior puesta en libertad bajo fianza del ex edil de Urbanismo. Según confirmaron fuentes del PP, el hasta ahora alcalde comunicó anoche a la dirección del partido su decisión de dimitir de todos sus cargos, que argumentó en su pretensión de "defenderse" y de "no hacer daño" a la formación, que ya había ratificado la pretensión del alcalde de presentarse a la reelección a la alcaldía. En su comunicación con el partido, agregaron las fuentes, Guerrero, que no citó su imputación en el caso (pudiera ser porque aún no tuviera conocimiento), manifestó a la dirección que tanto él como su familia se sentía "presionada" y que ese motivo también pesaba en su decisión. El ex alcalde ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 23 por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), que le atribuye al menos la presunta autoría de los delitos de prevaricación y cohecho La alcaldía la asumirá temporalmente el presidente local del partido, Francisco Rodríguez, hasta que se designe a un nuevo candidato a las próximas elecciones municipales, según el PP, que aún no ha tomado una decisión al respecto. Guerrero había asumido el jueves pasado las áreas de Urbanismo y Economía, que quedaron vacantes al dimitir Manuel Fernández tras ser puesto, dos días antes, en libertad bajo fianza de 18.000 euros por estar acusado de los delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales, y alteración de los precios en concurso público. Después de que el ex concejal de Urbanismo comunicara al partido su decisión de dimitir, el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, informó en rueda de prensa de que mantendrían a Guerrero como candidato a la reelección, al no existir -hasta entonces- "ninguna imputación contra él". Tras haberse Las otras noticias del PP

35

levantado el secreto de sumario, el juez sospecha que el ex concejal de Urbanismo recibió presuntamente un piso en la urbanización Vista Nevada de Armilla, propiedad de la empresa Frai, a cambio de favorecer la aprobación de un proyecto urbanístico para la construcción de más de mil viviendas pese a que incumplía aspectos urbanísticos. Además del piso, que la empresa mantiene que fue arrendado, el ex edil recibió supuestamente una comisión del 1,5% por mediar para que el Ayuntamiento expropiara una parcela y la sociedad Parque Empresarial de Alhendín pudiera obtener la aprobación municipal para la reparcelación del polígono industrial Marchalendín. La investigación judicial, en el marco del cual se intervinieron escuchas telefónicas al ex concejal, se inició en mayo de 2006 a raíz de una denuncia anónima. 48. ANDALUCÍA: UNA CONCEJAL DEL PP DE HUELVA DIMITE PARA NO SER "MUJER FLORERO" (20/03/07) A dos meses de las elecciones municipales, Josefa Rodríguez, concejal de Consumo y Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Huelva, presentó su dimisión en el gobierno municipal, así como en su militancia del PP. Rodríguez explicó que su decisión se debe a que al alcalde, Pedro Rodríguez (PP), "no le interesan ni las políticas sociales ni la igualdad de la mujer". "No estoy dispuesta a ser una mujer florero". Josefa Rodríguez, la edil del PP que lleva ocho años trabajando en la concejalía de Consumo y Atención al Ciudadano, afirmó que desde su puesto ha servido de puente entre los vecinos y el alcalde. "Yo conocía las necesidades reales de la ciudadanía. Creía que había que ayudar a los más desfavorecidos y necesitados. Habilitar espacios para los mayores o fomentar las ayudas para las familias monoparentales". Necesidades que, según la concejal, no se correspondían "con las prioridades" del alcalde y su equipo. "Por responsabilidad y conciencia no quiero ser cómplice de la dejadez de funciones del alcalde, Pedro Rodríguez, y de su gobierno. Porque ellos no ven a los ciudadanos. Ellos ven una Huelva alejada de la realidad", asegura. "No pueden existir dos Huelvas. La que ve Pedro Rodríguez está basada en una realidad virtual, ficticia y alejada de los problemas de la gente". "Otra de las razones fundamentales por las que he presentado mi dimisión es a causa del concepto que tienen de la mujer Pedro Rodríguez y su equipo", dijo tajante. "En Huelva no sólo no hay políticas de igualdad, sino que no se cree en la igualdad real de la mujer, ni en su papel político. Por eso me voy. (...) No estoy dispuesta a ser una mujer florero. El papel de la mujer no es ése, y mucho menos el de las mujeres con responsabilidades públicas", afirmó. La dimisión de Josefa Rodríguez no altera el reparto de poderes en el Ayuntamiento. El PP conserva la mayoría absoluta con 15 concejales, el PSOE mantiene 10, Izquierda Unida un solo edil, y ahora Josefa Rodríguez inaugura el grupo independiente, ya que no entregará su acta de concejal y terminará los dos meses de legislatura que restan. Rodríguez también quiso dejar claro que su ruptura con el PP nada tiene que ver con su hipotética exclusión de las listas electorales en la próxima campaña municipal, tal y como se afirmaba desde el PP. "Hace unas semanas, el alcalde me llamó para decirme que quería que yo siguiese formando parte de las listas". Por su parte, Pedro Rodríguez se mostró sorprendido al conocer el abandono de su antigua edil y destacó la normalidad y fluidez en su relación profesional y personal. El anuncio de Rodríguez cogió por sorpresa a gran parte de la clase política en Huelva, si bien fuentes cercanas a la concejal señalaron que su malestar por la política seguida en el Ayuntamiento era patente desde hacía meses. 49. ANDALUCÍA: EL PP EXPULSA A UN CANDIDATO DE ESTEPONA QUE ESCRIBIÓ "A MÁS PORCENTAJE FEMENINO, MÁS BOCAOS EN LA POLLA TOCAMOS" (18/04/07) El PP ha decidido expulsar del partido a José Gerez, que ocupaba el número 24 de la candidatura con la que la formación concurrirá a las próximas elecciones municipales en Estepona (Málaga), tras las opiniones sexistas vertidas en un artículo de opinión sobre la presencia de la mujer en las listas electorales. "Acuden voluntarios de labio caído a ejercer su particular versión de este espíritu democrático pertrechados de un número suficiente de tabletas de turrón y con el absoluto convencimiento de que, con las políticas de igualdad y cuotas, a más porcentaje femenino, más bocaos en la polla tocamos", ha escrito Gerez en el semanario Estepona Información. El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha confirmado la destitución, ha calificado de "barbaridad" las opiniones de Gerez, y ha añadido que no tienen "ningún sentido en ninguna circunstancia". Se presenta oficialmente la candidatura de la formación en este municipio costasoleño, en la que Gerez no va a estar incluido porque "va a ser expulsado", según ha explicado Sanz.

Las otras noticias del PP

36

50. ANDALUCÍA: UN JUEZ ABRE DILIGENCIAS PENALES CONTRA EL ALCALDE DE PUNTA UMBRÍA (23/04/07) El Juzgado de Instrucción Número 1 de Huelva ha abierto diligencias penales contra el alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, del PP, ante la negativa reiterada del regidor popular, eludiendo incluso resoluciones judiciales, a convocar la junta general de la sociedad municipal Radio Televisión de Punta Umbría, solicitada por el grupo socialista en la localidad costera. El auto atiende a la querella presentada por el grupo municipal del PSOE el 21 de marzo de 2007. Los socialistas pidieron la celebración de la junta general una vez que el alcalde perdió la mayoría absoluta de la que gozaba en ese Ayuntamiento tras la marcha de dos de sus concejales en marzo y septiembre pasado. El alcalde está obligado a convocar la reunión si la solicitud viene tramitada por la mayoría de sus miembros, en este caso por los siete ediles del PSOE. La Corporación, tras la pérdida de la mayoría absoluta del PP, quedó conformada por ocho ediles del PP, siete del PSOE y los dos concejales no adscritos. La celebración de la junta general tenía como cometido la votación de la modificación de sus estatutos, que posibilitaría que dicho organismo, donde deben estar representados todos los grupos políticos, gozara de mayor capacidad de decisión de la que posee hasta ahora y evitaría el control personal ejercido por el presidente y alcalde. El secretario local del PSOE, Juan Francisco Pomares y concejal del Ayuntamiento de Punta, uno de los firmantes de la querella, afirmó que su partido "se vio obligado a adoptar esa decisión después de que el alcalde hiciera caso omiso, en tres ocasiones, al requerimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Huelva de convocar esa reunión". El juzgado onubense había reiterado al regidor la convocatoria de la junta general el 14 de diciembre de 2006, el 26 de diciembre de ese mismo año y 9 de febrero de 2007. Juan Francisco Pomares afirmó: "El alcalde se ha negado de forma sistemática, pero ya no lo pedíamos únicamente los socialistas sino que era un requerimiento judicial". El juez, tras estimar la querella, "ve indicios de presunto delito de prevaricación, por el incumplimiento reiterado, arbitrario y a sabiendas de denegar la convocatoria de la junta general". También considera la comisión de "presuntos delitos societarios por no permitir a los querellantes su derecho a participar en la gestión de la sociedad, abusando de su posición y gestionando a través de una mayoría ficticia ese organismo". Además, entiende que "por el incumplimiento de las medidas cautelares, el querellado ha cometido un presunto delito de desobediencia continuada". En la querella del PSOE se recoge que la "voluntad del alcalde y presidente de la sociedad municipal no es otro que tener un control de la radio televisión local y mantener una línea informativa que le sea favorable ante la cercanía de las elecciones municipales". El auto ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal y advierte de que, contra la resolución, se pueden presentar "recurso de reforma", en el plazo de tres días y "subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de apelación", en el plazo de cinco días. 51.. ANDALUCÍA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS ENJUICIARÁ LA GESTIÓN DEL PP EN LA ZONA FRANCA (18/05/07) El presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, reveló en el Congreso que este órgano abrirá diligencias previas para exigir responsabilidades contables por las irregularidades detectadas por este órgano en la Zona Franca de Cádiz durante los años 2001-2004, cuando eran delegados del Estado los dirigentes del Partido Popular (PP) Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. "Estamos recopilando la información para remitirla a la sección de enjuciamiento", confirmó Ubaldo Nieto. El Tribunal de Cuentas se centrará en el contrato millonario firmado con una empresa de Miami para crear la sociedad informática Rilco y en la compra de la compañía alimenticia Quality Food. Esta actuación llega después de la solicitud de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y de la Abogacía del Estado a raíz del contenido del informe definitivo sobre la fiscalización del Consorcio de la Zona Franca gaditana que confirmaba las irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos, la recepción de subvenciones o en la adquisición de empresas.Según ese documento, las decisiones de los delegados del PP llegaron a poner en riesgo casi 31 millones de €, más del 60% del patrimonio del recinto fiscal.

Las otras noticias del PP

37

La Fiscalía ve indicios de responsabilidad contable en la actuación de los dos ex delegados, sobre todo, en relación a dos medidas: la puesta en marcha de la sociedad informática Rilco y la compra por parte de la Zona Franca de la mayoría de acciones de Quality Food, una medida por la que se pidieron préstamos y avales que también serán investigados por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, según reveló su presidente en la comisión mixta Congreso-Senado. Tras la intervención de Ubaldo Nieto, el diputado socialista Rafael Román anunció que su partido depositará este informe en los juzgados que ya están investigando las irregularidades detectadas en Rilco y Quality Food y por las que están imputados ambos delegados: Manuel Rodríguez de Castro, por malversación de caudales públicos, apropiación indebida y estafa; y Miguel Osuna, por un delito societario, al haber continuado con algunas actuaciones de su antecesor. La actuación del Tribunal de Cuentas contrasta con la versión ofrecida por el PP cuando se dio a conocer el informe de fiscalización a mediados del pasado mes de abril. Entonces el PP sostuvo que en ese documento no se apreciaba irregularidad alguna de la que pudiera derivarse responsabilidad en su gestión al frente de la Zona Franca. La Fiscal Anticorrupción de Cádiz, Virginia Alonso, ya ha incorporado el informe de fiscalización de la Zona Franca a la documentación reunida en las diligencias abiertas en los juzgados gaditanos sobre Rilco y Quality Food. 52. ANDALUCÍA: UN JUEZ IMPUTA DELITO ELECTORAL AL ALCALDE Y TRES CARGOS DEL PP DE LANJARÓN (25/05/07) El juez de Instrucción 2 de Órgiva (Granada), Javier Prieto, ha imputado al alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), junto a dos concejalas y la presidenta del partido de un delito electoral y prevaricación, por el supuesto incremento irregular del censo en esta localidad (3.796 habitantes) en 119 personas durante sólo tres días. "El abultamiento supone más del 10% de los votos obtenidos por el PP en las pasadas elecciones, porcentaje suficiente para alterar cualquier resultado electoral", aseguró Juan Manuel Fernández, secretario general en Granada del PSOE, que denunció el súbito incremento del censo. La teniente alcalde de Lanjarón, Carmen Reyes, la concejal de Asuntos Sociales, Francisca Gallardo, así como la presidenta local del PP, Sonia Gutiérrez, llevaron las actas censales ante el registro entre el 29 y el 31 del pasado enero, según el PSOE. Los funcionarios del Ayuntamiento se habrían negado a admitir las actas censales, pero el alcalde les obligó a registrarlas. "¿Qué pasa? ¿es que no queréis que yo sea el alcalde? Pues eso es lo que hay", espetó el regidor a los funcionarios como réplica, según la denuncia. El juez ha ordenado que el ayuntamiento le envíe "las solicitudes de empadronamiento realizadas junto a sus correspondientes expedientes", así como "los nombres de las personas dadas de baja de oficio desde el 31 de enero". Además, solicita a la Policía Judicial que investigue los titulares de seis viviendas donde estarían empadronados algunos de los 119 nuevos vecinos. El regidor rechazó las imputaciones: "Aquí la gente viene a censarse y el alcalde ni se entera. Unas circunstancias obligaron al funcionario a registrar todas las actas en tres días, eso es todo", zanjó. 53. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA PIDE PARA EL ALCALDE DE LA LÍNEA DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN (12/07/07) La Fiscalía de Cádiz ha pedido una pena de dos años de inhabilitación y una multa de nueve meses a razón de 18 € por día para el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), el popular Juan Carlos Juárez, por un presunto delito contra la administración pública. Según el ministerio público, Juárez no atendió la sentencia emitida el 12 de diciembre de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que condenaba al Ayuntamiento linense a pagar 1,184 millones de € a la empresa Productos Palex SA por una deuda, contraída por el anterior gobierno socialista entre los años 1994 y 1998, por el abastecimiento de suministros médicos al hospital de la ciudad. Una vez se hizo firme el auto, con fecha del 29 de marzo de 2002, dos días después se dio oficio al alcalde para que en un plazo de diez días ejecutase el mandamiento judicial. Posteriormente, en marzo de 2003, la Sala de lo Contencioso Administrativo concedió al Ayuntamiento de La Línea un plazo de 20 días para abonar la cantidad adeudada de 1.038.028 de €, más el interés legal del dinero incrementado en dos puntos y se requirió personalmente al alcalde linense en mayo de ese año a que diese cumplimiento a dicha obligación, bajo el apercibimiento de multas y de deducción de testimonio para exigir responsabilidades penales.

Las otras noticias del PP

38

La Fiscalía entiende que Juárez tenía perfecto conocimiento de su obligación como alcalde de la ciudad de La Línea de cumplir con las resoluciones mencionadas y asumir, por tanto, las consecuencias de su conducta de no dar cumplimiento a los dictados judiciales. En marzo de 2004 se le impuso al alcalde una multa de 1.500 €. Estos hechos son considerados por la Fiscalía de Cádiz, constitutivos de un delito contra la administración pública, por lo que pide para el alcalde del PP "una multa de nueve meses con una cuota diaria de 18 € y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años". 54. ANDALUCÍA: LA FISCALÍA ACHACA VARIOS DELITOS A UN DIPUTADO NACIONAL DEL PP EN GRANADA (11/09/07) La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera al diputado nacional del Partido Popular José Luis del Ojo "sospechoso-imputado" de los delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones por su gestión como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada). El Ministerio Público define al diputado como "instigador y responsable material de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos", por lo que Del Ojo prestará declaración ante la Fiscalía del Tribunal Superior al ser aforado. El decreto del fiscal detalla las irregularidades del diputado en cuatro obras municipales que afectan a vías públicas, la Casa Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el pabellón deportivo y la piscina cubierta del pueblo. Del Ojo "encomendó verbalmente" la ejecución de las vías públicas y la Casa Ayuntamiento a la empresa García Mejías, SL "fraccionando" el importe en cantidades inferiores a 30.050 euros para evitar el concurso público "con la presunta finalidad de favorecer a dicha constructora", según el fiscal. El escrito define el fraccionamiento como "fraudulento", aclara que los trabajos se realizaron sin licencia de obras, y recuerda que la interventora advirtió en julio de 2006 de las irregularidades. En la reforma de la Casa de la Cultura se indica que se cometieron diversas "irregularidades" en el presupuesto de las obras, para asegurarse de que éstas fueran adjudicadas a la empresa UCOP. Del Ojo adquirió un "compromiso verbal" con la empresa y al ser advertido dijo que se las "arreglaría" para que un técnico le hiciese un informe favorable. En las obras del pabellón municipal se cometieron supuestamente 21 irregularidades, destacando la elaboración de "un presupuesto real y otro ad hoc para obtener la subvención de la Junta de Andalucía". Del Ojo permitió un exceso en la contratación de un millón de euros. Por su parte, el Partido Popular de Granada mantendrá de momento a Del Ojo como diputado nacional. La Fiscalía ha pedido que Del Ojo declare como "sospechoso-imputado" ante la Fiscalía del Tribunal Supremo porque ve "indicios fundados" de delito durante su etapa como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo de Ogíjares, pero el PP mantiene la confianza en su inocencia. La portavoz del PP en Granada, Eva Martín, descartó con firmeza solicitar al diputado su renuncia. 55. MADRID: AGUIRRE ADJUDICÓ 42 MILLONES DE € EN CONTRATOS A UNA EMPRESA VINCULADA A UN EX PORTAVOZ DE AZNAR (29/01/07) La empresa de publicidad Carat España cobró 42 millones € en contratos licitados por la CAM durante el 2006. La agencia de Miguel Ángel Rodríguez se ha hecho en el último año con algunos de los contratos de publicidad de mayor montante de todos los adjudicados por la administración madrileña en ese periodo El más cuantioso fue el adjudicado el pasado mes de mayo por Metro de Madrid en concepto de contratación de espacios publicitarios para las campañas del suburbano. Fueron más de 23 millones de € y el concurso de carácter restringido. El contrato que sigue a este en cantidad es el más polémico; quien adjudica en este caso es el Canal de Isabel II y el importe roza los 10 millones de €. El concurso fue convocado con carácter urgente y adjudicado el pasado mes de marzo. Carat no fue en un principio la empresa mejor valorada por el tribunal del Canal y sólo a última hora, minutos antes de la ratificación en consejo de administración de otra empresa como adjudicataria, los consejeros recibieron un nuevo documento en el que el nombre de Carat aparecía como ganador del Concurso. El Canal explica que el cambio de empresa ganadora menos de una hora antes de la ratificación en consejo de administración se debió a un error informático previo en las calificaciones y que la de Carat era “sin duda” la mejor oferta. El resto de adjudicaciones recibidas en 2006 por la agencia creada por Rodríguez, oscilan entre los 3 y 4 millones de € anuales y son todas ellas en concepto de campañas de publicidad de actividades de la Consejería de Empleo y Mujer. La Comunidad de Madrid insiste en que los procedimientos son transparentes y que los concursos licitados siempre han tenido luz y taquígrafos. Por su parte, Carat España ha recordado que Miguel Ángel Rodríguez no ocupa ningún cargo en el consejo de administración, aunque la empresa sí admite que continúa Las otras noticias del PP

39

ejerciendo labores de representación y ocupando despacho. Miguel Ángel Rodríguez posee además una productora que ha trabajado en varias ocasiones en los últimos años para la televisión autonómica Telemadrid. Entre los últimos proyectos de esta productora, Splendens Ibérica, y según se anuncia en su Web, figura un reportaje monográfico sobre la presidenta de la comunidad, titulado: “Esperanza Aguirre: entusiasmo por la libertad”. El gasto de la Administración autonómica en publicidad institucional se ha multiplicado por tres en los últimos años al pasar de 39 millones de € en 2003 a 137 millones en 2006. 56. MADRID: AGUIRRE ALEGA "INTERÉS GENERAL" PARA PONER UN GOLF EN PLENO MADRID Es posible mejorar el swing en pleno centro urbano. Eso sí, uno tiene que vivir en Madrid. La capital inaugurará en breve un complejo deportivo tan enorme en el que, incluso, cabe un campo de golf de césped artificial. En realidad, no es un campo sino "un área para practicar o iniciarse" en el deporte. A los vecinos del castizo distrito de Chamberí no les hace mucha gracia el proyecto, llevado a cabo por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su presidenta, Esperanza Aguirre lo defiende a capa y espada. Incluso, ha declarado la zona de "interés general" para poder seguir adelante con las obras, después de que el ayuntamiento alegara trabas burocráticas en la concesión de la licencia urbanística. Aunque las autoridades lo niegan, los madrileños no pueden dejar de ver el asunto del campo del golf como otro capítulo en la tirante relación que mantienen la presidenta autonómica y el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón. Mucho antes de que ambos mandatarios fueran nombrados, las dos instituciones firmaron un acuerdo para aprovechar las instalaciones del Canal de Isabel II, el organismo que gestiona el consumo de agua y que dispone de grandes solares que cubren depósitos de agua. En uno de ellos, pegado al modesto parque de Santander, la Comunidad decidió en el 2004 instaurar un gran espacio verde. Para ello, apostó por ampliar la zona ajardinada y crear un campo de fútbol y un helipuerto. Sin embargo, según fuentes del departamento de Esperanza Aguirre, el proyecto se modificó en febrero del año pasado tras llegar a la conclusión de que el helipuerto "tendría un uso muy escaso" por parte de los madrileños. La Comunidad decidió entonces "ampliar el parque y la zona deportiva". De esta manera, el golf entró de lleno en el proyecto. El Ejecutivo autónomo ordenó levantar dos áreas: un campo de prácticas y un conjunto de nueve hoyos cortos para practicar el pitch and approach. La zona de golf, de 44.000 m2, equivale a casi siete campos de fútbol y sobre ella ya se han levantado unas antiestéticas pero necesarias redes para que las bolas no causen estragos en los edificios colindantes. Cuando las máquinas comenzaron a cavar, el ayuntamiento ordenó parar las obras. El consistorio opinaba que la licencia ya no servía tras el cambio del proyecto. La Comunidad debía pedir una modificación de la licencia, pero el culebrón terminó el pasado día 18 cuando Aguirre declaró el recinto de "interés general" basándose en la ley del suelo. "El recinto será disfrutado no solo por los vecinos de Chamberí sino por todos los madrileños", alegaron. Los vecinos, sin embargo, han puesto el grito en el cielo. "La prioridad del barrio no es el golf", explicaron en la manifestación que convocaron el 19 de enero. Y no ha sido la única crítica. 57. COMUNIDAD DE MADRID: LA DIMISIÓN QUE NUNCA LLEGÓ. AGUIRRE HA INCUMPLIDO SU PROMESA DE REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA (13/05/07) El mayor incumplimiento electoral de Esperanza Aguirre es no haber dimitido en noviembre de 2005. Ese mes se cumplía el plazo de dos años que ella misma se había impuesto para reducir las listas de espera para una intervención quirúrgica. Aunque la presidenta regional se empeña en repetir que sí ha logrado que la demora sea inferior a 30 días, las cifras de la Consejería de Sanidad (www.listadeesperamadrid.com) la desmienten. Ha aumentado el tiempo y el número de enfermos que esperan. Los últimos datos, del 31 de marzo y referidos al último semestre, indican que los pacientes aguardan una media de 55 días para entrar en el quirófano, frente a los 47 que esperaban en diciembre de 2004, cuando Aguirre lanzó su plan de choque para reducir las esperas, que incluye efectuar algunas intervenciones en centros privados. En total, 42.246 pacientes aguardan una cita quirúrgica, 3.338 más que entonces. La presidenta insiste en que ha cumplido su compromiso. Lo que ocurre en realidad es que ha cambiado los criterios para contabilizar la espera. El nuevo sistema de cómputo se fijó en 2004 en el Plan Integral para la Reducción de la Lista de Espera. En él se establecieron dos tipos de listados. El oficial -que ahora sólo incluye el 34,1% de los enfermos, mientras antes del plan incluía al 84,3%- y el paralelo. En el oficial la lista de espera ronda los 30 días. En el paralelo es muy superior.

Las otras noticias del PP

40

En ese segundo listado se incluye a quienes rechazan una operación en una clínica privada (que han pasado del 9,8% en 2004 al 30,8%) y los pacientes "transitoriamente no programables". Este grupo lo forman los enfermos a la espera del anestesista o con problemas de salud que desaconsejan la operación. En 2004 suponían el 5,9% de la lista de espera. Ahora, el 35,1%. Esperanza Aguirre insistía el pasado miércoles en el "éxito" de su promesa. "Era importante para incrementar la calidad del servicio acortar los tiempos de espera en la asistencia sanitaria", dijo al presentar su nuevo programa sanitario. Pero no ha sido el único incumplimiento del programa de 2003. En él ofreció la libre elección de enfermera en atención primaria y hospitales y la segunda opinión médica, aún inalcanzables. En cambio, sí ha regulado el ejercicio efectivo de las instrucciones previas (el denominado testamento vital) y creado un registro para esos documentos, abierto el pasado diciembre. Estas iniciativas no eran propuestas de su cosecha: la Ley de Ordenación de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, aprobada en 2003, obliga a ponerlas en marcha. Es decir, que ha tenido cuatro años para impulsarlas. La libre elección de enfermera no se ha tramitado y el reglamento que regula la segunda opinión médica se aprobó el pasado 12 de abril en el Consejo de Gobierno, pero aún no ha entrado en vigor. En el programa de 2003, el PP proponía "impulsar" la actividad del Defensor del Paciente. El titular de esta institución, Juan Ignacio Barreda, ex presidente del Senado, se ha limitado a ejercer una actividad burocrática y no ha presentado aún informes, ni una memoria pública de su labor. "Los informes y recomendaciones que emita dicha institución servirán para mejorar la eficacia y la calidad de los servicios sanitarios", afirmaba el programa. Aguirre sí ha cumplido en las infraestructuras sanitarias, aunque con peros. Prometió 50 centros de salud nuevos, y ha puesto en marcha 57 (la mayoría aún en obras), y siete hospitales, que al final serán ocho. Los ha construido sí, pero no funcionan. Sólo han terminado las obras de tres de ellos -el del Sur, en Parla; el del Tajo, en Aranjuez; y mañana tiene previsto dar por terminadas las del hospital del Henares, en Coslada-, pero tardarán meses en atender a los primeros pacientes. Quedan por concluir las obras del nuevo de Puerta de Hierro (Majadahonda), el del Norte (San Sebastián de los Reyes), el de Vallecas, el del Sureste (Arganda) y el de Valdemoro. 58. COMUNIDAD DE MADRID: MADRID DERIVA HACIA LA EDUCACIÓN PRIVADA (12/09/07) Más de un millón de estudiantes vuelven al colegio. Para ellos, será uno de esos días que mezcla la ilusión por reencontrarse con sus compañeros y la lógica pereza tras un largo verano vacacional. Las aulas volverán a llenarse de mochilas, de libros y cuadernos. En los pasillos o el patio, el griterío de los chavales invadirá el ambiente. Para la gran mayoría de estos chicos y chicas entre 3 y 16 años, resultará una experiencia repetida en el tiempo. Pero para 47.915 alumnos ha sido su primer día de cole. Tras la inocencia de estos nuevos alumnos se esconde, sin embargo, una cifra que, dicen los sindicatos y la oposición, revela una apuesta ideológica del Gobierno regional. Porque del total de nuevos alumnos sólo un tercio de ellos (16.560) entrarán en la escuela pública. El resto acudirá a centros concertados y privados. Es la libertad de elección. Un derecho que, sin embargo, puede teledirigirse en cierta manera, asegura Francisco García, portavoz de Educación de CC OO, quien señala "la apuesta del gobierno de Esperanza Aguirre por la privada".García explica que "los ayuntamientos del PP han regalado más de 50 parcelas de suelo público para la construcción de escuelas privadas". La Consejería, asegura, "ha frenado la instalación de oferta pública y ha promovido lo privado". ¿Cómo lo ha hecho? Por ejemplo, "instalando en los nuevos barrios antes las escuelas concertadas que las públicas". Si nos fijamos en el avance de datos correspondientes al curso 2006-2007 que maneja el Ministerio de Educación, resulta interesante comparar la Comunidad de Madrid con otras. Por ejemplo, con Cataluña. Mientras que en la primera, gobernada por el PP, casi ocho de cada diez nuevos alumnos acudieron a la privada o concertada, en la segunda, dirigida por el tripartito de izquierdas (PSC, ERC e IC-V), nueve de cada diez entraron en la pública. De hecho, Madrid es la región con más incorporaciones a la escuela privada o concertada. Una tendencia que acentuaba las cifras del curso anterior. Además, según denunciaron UGT y CC OO, Madrid es la que porcentualmente menos gasta de toda España en relación con su PIB regional, sólo un 2,7% frente al 4,4% de la media española. La Consejería responde que "más del 25% del presupuesto del Gobierno se dedica a cuestiones educativas, unos 18.000 millones de euros". Una afirmación que CC OO, matiza a su vez, ya que ese porcentaje ha disminuido paulatinamente desde un 27,5% en 2003 hasta el 25,4% este año. "Han dejado vegetar a lo público", dice José Vicente Mata, representante de Educación en UGT. En la misma linea opina Fátima Peinado, diputada socialista en la Asamblea. A su juicio, "hay un desprestigio del Las otras noticias del PP

41

concepto de lo público". Peinado piensa que el gobierno regional "ha fomentado que esto ocurra, aunque la Comunidad nunca lo reconocerá". Aunque sólo sean uno de cada tres los alumnos que estrenarán colegio público, ellos son la gran baza en favor de ese modelo de enseñanza. A unas horas del bautismo educativo de Claudia, de tres años, su padre defendía: "Que nuestra hija acuda a la escuela pública es para nosotros una opción ideológica. Nos parece muy positivo". 59. MADRID: AGUIRRE GASTARÁ EN PUBLICIDAD CASI EL TRIPLE QUE EN INVESTIGACIÓN (17/03/07) La inversión del Gobierno regional en publicidad será este año de 162 millones de €, según los Presupuestos Generales, mientras que a la investigación científica le dedica 60 millones (2,6 veces menos). Lo recogen las partidas Promoción Económica, Cultural y Educativa (100,5 millones) para el Ejecutivo regional, y Publicidad y Propaganda (61,47 millones) para las empresas públicas. En esos dos apartados, el Ejecutivo dedica este año el 18% más que en 2006, pese a que el Presupuesto ha crecido menos de la mitad, el 6,6%. Según el PSOE, es un "despilfarro que pagan los madrileños". Querido ángel, tú me salvaste". Es la voz de una niña que escribe una carta y la cámara reproduce sus recuerdos: imágenes de padres preocupados, de un pequeño cuerpo trasladado en una ambulancia, de unos médicos a toda prisa con una nevera como la que se utiliza en los trasplantes, aparece una sala de operaciones... Por último, la niña va con su cartita al hospital y se la entrega a su ángel: un doctor. Es un anuncio de televisión, con la firma de la Consejería de Sanidad y el lema "La suma de todos". Su carga simbólica audiovisual "es para divulgar el buen hacer de los médicos", según la Comunidad de Madrid. Ésta es una de las campañas que el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) ha puesto en marcha en los últimos meses. Pero hay muchas más que divulgan el lema Comunidad de Madrid, la suma de todos. Aunque 162 millones de € no representan una parte importante del monto total de los Presupuestos de 2007 -18.169 millones-, sí es una cantidad superior a lo que el Gobierno regional dedica a algunas medidas sociales. Por ejemplo, a las becas de escuelas infantiles (de 0 a 3 años) se destinan 28 millones de €. A reducir la lista de espera diagnóstica se destinan 15 millones. "No hay partida que crezca tanto como el gasto en publicidad. El Gobierno regional niega tajantemente que esté haciendo propaganda. Un portavoz aseguró que no es posible saber el gasto que hace cada consejería en publicidad, porque las partidas están muy distribuidas. Pero sí es posible saber el gasto en publicidad, porque cada año las consejerías deben solicitar a Presidencia autorización previa para realizar gastos en promoción, por exigencia de la disposición adicional octava de la Ley de Presupuestos. A través de dicha consejería es posible conocer cada año el gasto ejecutado en el ejercicio anterior en esta materia. Lo que ocurre es que todavía no está ejecutado el gasto del año pasado. Pero, según los propios datos del Gobierno regional, en 2003 destinó 39,34 millones € a "publicidad, promoción, divulgación y anuncios". En 2004 fueron 37,46 millones y, en 2005, 55,41 millones. Esto supone que tres años después de su llegada a la presidencia, Esperanza Aguirre había elevado el gasto en publicidad un 29%, cuando en esos años el presupuesto aumentó mucho menos: el 19,4%. Por este motivo, el grupo socialista presentó el año pasado una iniciativa en la Asamblea regional para que la Cámara de Cuentas se encargara cada año del control de los gastos de publicidad del Gobierno, con el objeto de que esa inversión fuera más transparente. Pero en la Comisión de Presupuestos, el PP votó en contra de esa fiscalización, lo que impidió que prosperara la iniciativa, pues cuenta con la mayoría de diputados (57 frente a los 45 de los socialistas y nueve de IU). 60. COMUNIDAD DE MADRID: AGUIRRE SUBVENCIONA A UNA FUNDACIÓN CUYO GERENTE ESTÁ IMPUTADO POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (07/04/07) La Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre ha renovado una subvención millonaria, de casi tres millones de €, con la fundación ‘Manos Tendidas’, cuyo gerente está imputado por la Audiencia provincial de Madrid por un delito de falsificación de documento oficial. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a renovar el concierto por casi tres millones de € con una fundación cuyo gerente está condenado por falsificar documentos. La falsificación fue llevada a cabo, precisamente para evitar devolver a la propia Comunidad el dinero que no pudo justificar en años anteriores.

Las otras noticias del PP

42

La fundación ‘Manos Tendidas’ se dedica a la atención a discapacitados y gestiona tres centros en Madrid: uno en la capital, otro en Arganda y el tercero en Pinto. La Fundación se mantiene gracias a las ayudas que le continúa dando la Comunidad. Pese a que ya hay una sentencia en firme contra su presidente, el Consejo de Gobierno decidió el pasado febrero la concesión de 2.700.000 € a ‘Manos Tendidas’. Para el gerente, Manuel Pérez Orgaz la condena es injusta y que todo se debe a celos, ya que en la fundación siempre se ha actuado de forma transparente. Sin embargo, los padres de algunos usuarios no opinan lo mismo y remitieron una carta a la Comunidad denunciando una serie de irregularidades y exigen que se haga una auditoria a fondo. Los padres se preguntan dónde está el dinero porque desde hace tiempo no ha habido ninguna de las mejoras que reclaman en el centro. Pese a ello, la fundación les exige de manera velada el pago de una cuota asociativa mensual de 60 €. Después de cinco meses, la Consejería de Familia los va a recibir este próximo miércoles. 61. COMUNIDAD DE MADRID: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID SUBVENCIONA A UNA FUNDACIÓN VINCULADA CON EL PP E INVESTIGADA EN RIOJA Y NAVARRA (11/04/07) El Ayuntamiento de Madrid ha subvencionado con 3,6 millones de € a la Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al PP, desde que Ana Botella asumió la concejalía de Asuntos Sociales. Humanismo y Democracia está siendo investigada por irregularidades en la gestión de subvenciones en el propio Ayuntamiento de la capital y también en La Rioja y Navarra. Más de tres millones y medio de € ha recibido Humanismo y Democracia desde que Ana Botella ocupa la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid. El Patronato de esta fundación está compuesto por dirigentes del PP, entre ellos, Concepción Dancausa, presidenta de la Asamblea de Madrid y que irá en la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales. La lista de presuntas irregularidades de Humanismo y Democracia se extiende por la geografía nacional. En Navarra se investiga la gestión del dinero que aportó el Gobierno Foral para seis proyectos de cooperación. De momento se ha resuelto sobre tres de ellos: Humanismo y Democracia debe devolver –por el momentomás de 450.000 €. En la Rioja, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha iniciado diligencias previas y ha solicitado informes a la Intervención de este Gobierno autonómico y al Tribunal de Cuentas a raíz de un proyecto para formar profesionales sanitarios en la República Dominicana entre los años 2001 y 2002. El Ayuntamiento de Madrid también lleva a cabo investigaciones, pero no han sido obstáculo para que le conceda subvenciones en 2005 y 2006. Esta fundación ha sido una de las más beneficiadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre para proyectos de cooperación en el exterior en 2006. 62. COMUNIDAD DE MADRID: ANTICORRUPCIÓN APRECIA DELITO EN EL EX JEFE DE URBANISMO DE AGUIRRE (16/04/07) La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid Enrique Porto cometió, como mínimo, un delito: el de actividades prohibidas a funcionarios y abusos en su función. Porto enterró un informe de los técnicos a sus órdenes contrario a un plan urbanístico que le favorecía personalmente. El registro inmobiliario y el testimonio de sus antiguos subordinados lo evidencian. La Fiscalía Anticorrupción sólo ha analizado hasta el momento uno de los planes urbanísticos del ex director general que denunció el PSOE con base en los artículos publicados por este diario: el pelotazo inmobiliario que Porto dio en un sector del municipio madrileño de Villanueva de la Cañada. El estudio de este caso por Anticorrupción ya ha perfilado la posible violación de un artículo del Código penal: el 439, que trata de "de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función" e indica que "la autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier caso de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a 4 años". Porto ha defendido públicamente -aún no ha sido citado a declarar por Anticorrupción- que él se limitaba a tramitar o elevar los informes de sus técnicos sin apenas tocarlos. Esto, al menos en el caso de su sector, el 1 en Villanueva de la Cañada, no es cierto. Las otras noticias del PP

43

Tres funcionarios habían forzado el aplazamiento de la aprobación de dicho sector en mayo de 2003: el jefe del servicio de planeamiento y control de Madrid Metropolitano, Jesús Sánchez-Cabezudo; la responsable jurídica, Cristina Navajas, y la responsable técnica, la arquitecta Norma Pérez-Huerta. Las dos últimas insistieron en septiembre de 2004 en que dicho sector seguía vulnerando la legalidad, pues seguían sin subsanarse tres anomalías denunciadas en su informe de un año antes, por lo que su aprobación, según su testimonio, debía seguir suspendida. El testimonio prestado por dichos funcionarios en Anticorrupción, según personas conocedoras del mismo, ha sido demoledor: han proclamado la ilegalidad del plan parcial de Villanueva de la Cañada que Porto elevó para su aprobación. Los funcionarios, además, han proclamado lo insólito de la actuación personal de Porto en este asunto: los informes finales que se elevaban a la comisión de Urbanismo para aprobar cualquier plan siempre estaban basados en los que ellos previamente elaboraban, y, por dicha razón, el documento definitivo llevaba su rúbrica. En el caso del informe final del sector 1 de Villanueva de la Cañada, insólitamente, no aparecían la firma de ninguno de los técnicos. Lo rubricó Porto, junto con su subdirector. Si a la intervención de Porto en este plan, que dejó trazas tan fáciles de seguir por Anticorrupción, se une que la consulta del registro inmobiliario ya ha probado sus intereses en dicho sector, el cortocircuito entre los intereses privados y las actuaciones públicas del ex alto cargo de Aguirre ha quedado en evidencia a los ojos de los investigadores. Porto, junto con sus socios privados, poseía 22.000 m2 en el sector 1 de Villanueva de la Cañada cuando fue nombrado director general de Urbanismo de Madrid. Los técnicos a sus órdenes le plantearon en septiembre de 2004 que debía mantenerse la suspensión para edificar en dicho sector porque no se habían corregido tres deficiencias que denunciaron en mayo de 2003 y que provocaron que la comisión de Urbanismo devolviera el plan al Ayuntamiento. Porto desoyó y enterró el informe de sus técnicos. En su lugar, elevó un informe en el que daba por subsanadas todas las deficiencias. La comisión de Urbanismo, con presencia de Porto, sólo conoció el informe elevado por el director general. Los miembros de la comisión nunca conocieron el informe contrario de los técnicos, ni mucho menos de que quien les elevaba el plan poseía terrenos en esa zona. La comisión aprobó el plan el 28 de septiembre de 2004. Este hecho revalorizó tanto sus terrenos que Porto lo incluyó en sus escrituras de venta: "Las fincas se encuentran dentro de un sector de suelo urbanizable que dispone a fecha de hoy de plan parcial aprobado definitivamente y firme en derecho". En enero de 2006, Porto y sus socios, vendieron esos terrenos por 4,3 millones €, cuando los habían comprado por apenas 87.000 € antes de su recalificación, en 1999, que también fue obra suya como autor del planeamiento municipal. 63. MADRID: EL DÚO DINÁMICO DE LA MANIPULACIÓN EN TELEMADRID (24/02/07) En la programación de TeleMadrid brilla por la noche esa especie de Dúo Dinámico de la manipulación que son José Antonio Ovies y Sánchez Dragó. Ovies es el profesional de la casa que se aviene a poner la cara en todos aquellos programitas en los que se reclama un paso de tuerca, una especial predisposición para ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y ningún reparo para acomodar la realidad a todo aquello que favorece a los intereses de Doña Esperanza y su partido. No debe sorprender a nadie, máxime si se conoce de la trayectoria de este sujeto cuando dirigió el centro territorial de TVE en Asturias, en la etapa del PP. En abril de 2004 los trabajadores del centro hicieron público un informe con detalles precisos y prolijos respecto a los niveles de manipulación e intoxicación en los que había incurrido el tal Ovies. En el especial sobre el 11-M que dirige, José Antonio Ovies se cebó con Pilar Manjón, a cuento de un desafortunado gesto que hizo la presidente de la Asociación de Víctimas del 11-M dirigiéndose a una mujer musulmana, madre de una asesinada y esposa de un presunto yihadista. Una vez más, se ha podido comprobar que hay dos varas de medir en el tema de víctimas. Ovies es de la coral que se escandaliza ante la más mínima observación respecto a la AVT, pero que son inmisericordes con Pilar Manjón. Del inefable retroeyaculador Sánchez Drago, se agota la capacidad para glosar sus destellos de talento y su competencia profesional. Tras entonar días atrás el mea culpa con orejas de pollino, por sus intolerables apreciaciones sobre la suciedad de los madrileños y los emigrantes, el jueves protagonizó otra escena con atrezzo. Rosa roja en mano ofreció su lado más amable y dirigiéndose al PSOE dijo “venir en son de paz”. De sus confusas y retorcidas explicaciones alguien pudo concluir que los socialistas andan acosando a un presentador que no hace más que cumplir su deber profesional. Nada más incierto. Eludió comentar que los

Las otras noticias del PP

44

reproches procedentes del PSOE están directamente relacionados con sus comentarios xenófobos y despectivos, tanto hacia los extranjeros que viven en Madrid como a los madrileños. 64. COMUNIDAD DE MADRID: GALLARDÓN BOICOTEA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO GUATEQUE (01/12/07)

Gallardón sigue intentando “mermar nuestra capacidad de control y fiscalización de los órganos de Gobierno”. Estas declaraciones corresponden al portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, quien se ha quejado de que el alcalde ha impedido que se “realicen Plenos Extraordinarios en Centro, Chamberí y San Blas, distritos supuestamente implicados en la Operación Guateque”. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, no sólo ha impedido la celebración de estos plenos al considerar que el Caso Guateque “no es competencia de las Juntas”. También se ha encargado de que la oposición sólo cuente con 24 horas para trasladar sus preguntas sobre la gestión del Consistorio a los responsables de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad y Economía y Empleo. David Lucas entiende que todas estas barreras tienen como finalidad “mermar nuestra capacidad de control”, y prueban una vez más la “opacidad y el oscurantismo con las que se maneja el Ejecutivo de Gallardón”. El portavoz socialista planea quejarse formalmente en la próxima Junta de Portavoces por las trabas puestas a la oposición. El PSOE ya había denunciado con anterioridad que el Ayuntamiento de Gallardón había cerrado el despacho que la oposición tenía en la Gerencia Municipal de Urbanismo, desde el cual realizaban labores de control. Lucas había manifestado con anterioridad que desde hace años el PP viene “cohartando” a los socialistas e impidiéndoles desarrollar la labor de control que les corresponde. Las dificultades para acceder a los expedientes e incluso la eliminación “de los programas informáticos dedidados a la inspección” son otros dos puntos dentro de la lista de dificultades que ha encontrado el PSOE a la hora de ejercer labores de control. La negativa a celebrar los plenos extraordinarios sobre la Operación Guateque y el corto espacio de tiempo de que disponen los socialistas para plantear preguntas a los concejales populares son las nuevas dificultades a las que el PSOE se enfrenta. El pasado miércoles, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acordó por unanimidad la creación de una Comisión para investigar el caso Guateque. Sin embargo, el silencio sobre la supuesta trama de corrupción es una constante en los concejales del PP. El ejemplo más representativo de esta tendencia es el de Ana Botella, concejala de Medio Ambiente, que se escudó en el “secreto de sumario” para eludir las preguntas que se le plantearon sobre la trama. 65. MADRID: ANTICORRUPCIÓN PIDE NUEVE AÑOS DE CÁRCEL PARA DOS IMPLICADOS EN EL FRAUDE DE LOS CURSOS DEL IMEFE (27/02/07) La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para el ex director gerente del Imefe (Instituto Municipal para el empleo y la Formación Empresarial) Ricardo Peydró Blázquez y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate, por el escándalo de las adjudicaciones de cursos de formación de empleo que no fueron impartidos y en los que fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes. Anticorrupción pide penas de dos años para otros seis responsables de las empresas adjudicatarias. En total , Anticorrupción reclama 30 años de cárcel para ocho acusados. Según el escrito de la fiscal Pilar Melero Tejerina, los acusados Peydró y Solana adjudicaron de común acuerdo a diferentes sociedades cursos de formación para desempleados, subvencionados en un 45% por el Fondo Social Europeo y el resto, por el Ayuntamiento de Madrid "a cambio de dinero o regalos". Solana, que elaboraba las propuestas de adjudicación, recibió una comisión de un 3% del importe total de cada curso que el Imefe abonaba a la sociedades adjudicatarias, cantidad que ascendió a 272.134,25 € (45.279.328 pesetas). Ese dinero lo compartía con Peydró, quien firmaba arbitrarios decretos de adjudicación y además recibía presentes de valor importante por su cumpleaños. Para evitar ser descubiertos, daban información a las empresas sobre cómo debían elaborar y presentar los programas formativos, y jamás comprobaban las ofertas sobre el terrenos, ni inspeccionaban los cursos. "La situación dio lugar a que empresas con nula o escasísima experiencia en el sector y sin medios materiales o humanos, resultasen adjudicatarias de año en año". además de que un total de siete cursos, por importe de 154.532 € (25.712.000 pesetas) no llegaron a ser impartidos, y para aparentar que se habían

Las otras noticias del PP

45

realzado dos de los adjudicatarios "imitaban la firma de profesores y alumnos en la documentación que remitían al Ifeme, suponiendo, de esta forma, su intervención en cursos que no se habían impartido". 66. COMUNIDAD DE MADRID: LA PRESUNTA TESTAFERRO DE ROCA VISITÓ URBANISMO 40 VECES EN DOS AÑOS Y MEDIO (23/05/07) La guerra entre populares y socialistas continúa. Los unos tratan de demostrar que no hubo "trato de favor" a Montserrat Corulla, presunta testaferro en Madrid del cabecilla de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, y amiga del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Y los otros tratan de aportar nuevas evidencias que demuestren que sí lo hubo. Miguel Sebastián, candidato socialista, entregó el registro de visitas de Corulla al área de Urbanismo del Ayuntamiento. La primera es el 5 de septiembre de 2003, a la "consejería técnica". La última, la número 40, el 28 de marzo de 2006, la víspera de que fuera arrestada. "La testaferro de Roca se paseaba como Pedro por su casa por Urbanismo, tres de ellas para reunirse con la concejal de urbanismo, Pilar Martínez", afirmó Sebastián. El juez del caso Malaya retiró de la instrucción unas conversaciones de Corulla con el alcalde, Alberto RuizGallardón, por considerarlas privadas. La abogada quería convertir dos edificios protegidos en Madrid en hoteles de lujo. Según los documentos, 20 de las 40 visitas las hizo en 2005 y 2006. Las escuchas que figuran en el sumario se realizan desde el 9 de febrero de 2006 hasta el día de la detención. El día 10, Corulla visita por tercera vez a la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez. Con ellos había otras personas. "Han estado muy bien Beatriz y Javier Hernández", le dijo Corulla a un empresario hotelero tras la reunión. Corulla también visitó cuatro veces a la gerente de Urbanismo, Beatriz Lobón, que sale citada en las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario, así como a Javier Hernández, director de Patrimonio de la Comunidad. Sebastián acusó a Martínez de mentir por decir que sólo había recibido una vez a Corulla. Martínez respondió que no recordaba bien: "Pude verla dos o tres veces, tendría que repasar mi agenda, porque veo a muchas personas con intereses urbanísticos al año". 67. COMUNIDAD DE MADRID: LA M-30 SUFRE LA QUINTA INUNDACIÓN DESDE FEBRERO (23/05/07) La lluvia ha sido más fuerte que el cemento. Hace tres meses y medio se impuso a la inauguración del tramo de la M-30 que permite salir desde la cuesta de San Vicente hasta la autovía de Extremadura (A-5). Desde entonces, la infraestructura estrella de la legislatura ha sufrido cinco veces las inclemencias del tiempo. La última fue , pero antes hubo otras cuatro: 8 de febrero. Inundación a las dos horas de la inauguración. Un tramo de 20 metros del túnel de la M-30 que pasa por debajo de la avenida de Portugal se inundó sólo dos horas después de su inauguración. El Ayuntamiento atribuyó el incidente a un corte de luz, provocado por la fuerte lluvia, que inutilizó la bomba de achique de agua. 26 de abril. Una catarata de agua en pleno túnel. Una cortina de agua inunda el túnel de la M-30 que une el estadio Vicente Calderón y la avenida de Portugal con San Pol de Mar, en dirección a la A-6. Los dos carriles del tramo de entrada a la vía desde la carretera de Extremadura (A-5) en dirección sur quedaron encharcados. La causa del incidente, según explicó un experto en la infraestructura, fue un defecto en la construcción de los nuevos colectores de agua. 28 de abril. Un discapacitado atrapado en el agua. Bastó con media hora de lluvia y granizo para sumir muchas zonas de Madrid en el caos. El nuevo túnel de la M-30 que enlaza con la carretera de Valencia quedó inundado en ambos sentidos. Un vecino con discapacidad (le faltan las dos manos) tuvo que salir del coche por la ventana. La estación de Bambú de la línea 1 de metro, inaugurada dos semanas antes, quedó anegada de barro por el derrumbe de un muro. 20 de mayo. La lluvia colapsa otro tramo de la M-30. El agua cubre hasta con un metro de altura el tramo de la M-30 situado cerca de la avenida de la Ilustración, bajo la glorieta de Isaac Rabino. Una quincena de vehículos quedaron atrapados y el tráfico por la autovía no se reestableció hasta tres horas más tarde. Se trata del mismo tramo que se inundó. Las otras noticias del PP

46

68. COMUNIDAD DE MADRID: UN REGALO DE 13 MILLONES CON FORMA DE ATAÚD (05/06/07) Fue a finales de 1992. El 22 de diciembre de aquel año se aprobó la venta del 49% de las acciones de la funeraria municipal a la compañía Funespaña por 100 pesetas. Un precio ridículo, fijado "de forma simbólica", según subrayó Luis María Huete (primer teniente de alcalde cuando José María Álvarez del Manzano, del PP, estaba al frente del Ayuntamiento) en la primera sesión de un juicio demorado varias veces durante los últimos 15 años. Según detalló Huete -el único de los nueve acusados por la presunta privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid que declaró en la Audiencia Provincial-, la venta por sólo 0,60 € se hizo a cambio de que Funespaña "asumiera la deuda y realizara una ampliación de capital". El problema es que el Ayuntamiento liberó a la empresa de esa deuda apenas dos meses después. La funeraria, hasta entonces deficitaria, empezó a tener grandes beneficios pocos meses después. Cuando los abogados de la acusación (del PSOE e IU) le preguntaron por ello, el ex concejal no lo negó. Mariano Benítez de Lugo, que representa al PSOE, lo calificó de "escándalo". "Funes-paña asumió 2.274 millones de pesetas de deuda y, dos meses después, se la perdonan", señaló. Según las acusaciones, la empresa valía más de seis millones de €. Pero Huete aseguró que "nadie, nadie, nadie, nos recomendó que optáramos por Funespaña". Dijo que hubo unas 40 empresas interesadas en la funeraria cuando se abrió el concurso de adjudicación. De ellas quedaron tres. "Una pedía que se le garantizase que iba a mantener el monopolio en los servicios funerarios, y la otra exigía la reducción de la plantilla, así que Funespaña era la opción menos mala", defendió Huete. Además, aseguró, había prisa por adjudicar la Empresa Mixta de Servicios Funerarios porque ésta corría peligro de quiebra. Pero esto, según las acusaciones y el fiscal, se debió más a la dejadez de las autoridades que a la falta de negocio funerario, un mercado seguro e inagotable, más aún en una época en la que la empresa disfrutaba del monopolio -aunque informaciones de inicios de 1992 revelaron que funerarias piratas robaban un 60% de los traslados de fallecidos en Madrid-. El propio fiscal cree que hubo omisión "deliberada" en la gestión. En el banquillo se sientan otras ocho personas. Todas ellas se enfrentan a un total de 82 años de cárcel por prevaricación, malversación de fondos, alteración de precios, tráfico de influencias y falsedad documental. Dos de los acusados eran ex ediles del PP: Simón Viñals (concejal de Sanidad de entonces) y Antonio Moreno (Régimen Interior y Personal). Y otro, José Ignacio Rodrigo, era abogado del Ayuntamiento. Este último declara. Él fue quien supuestamente firmó con Funespaña la adquisición de la empresa municipal. Tras la compra, se hizo con buena parte de las acciones y día preside el Consejo de Administración de Funespaña. Según la fiscalía, Rodrigo obtuvo "una importantísima ventaja económica" con el apoyo de los ex concejales Huete, Viñals y Moreno. Según el mismo texto de la acusación, Rodrigo contactó con Ángel Valdivia, otro de los acusados y representante legal de Funespaña, "para asegurarse una importante participación lucrativa de la privatización". Entonces, dice el fiscal, Funespaña sólo era una empresa "carente de medios personales y materiales, dedicada hasta entonces a coordinar telefónicamente los traslados de cadáveres". 69. COMUNIDAD DE MADRID: EL SUPREMO RATIFICA QUE GALLARDÓN VULNERÓ EL DERECHO A LA HUELGA EN 2002 (11/06/07) La huelga general del 20-J contra el decretazo del Gobierno de Aznar sigue coleando cinco años después. El Tribunal Supremo considera en una sentencia de mayo que los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, fueron "abusivos" y vulneraron el "derecho constitucional" a la huelga. UGT denunció las medidas impuestas por el Gobierno regional. Los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid con motivo de la huelga general del 20 de junio de 2002 vulneraron "el derecho fundamental de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución". Así lo ha ratificado el Tribunal Supremo, que considera esos servicios estipulados por el Gobierno regional "abusivos" por el "excesivo el número de trabajadores que habían de cumplirlos", según la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal del pasado 11 de mayo. El Gobierno regional, presidido en 2002 por Alberto Ruiz-Gallardón, incluyó entre los servicios "esenciales" para la jornada de huelga las emisiones de Telemadrid y la apertura de los centros dependientes de las consejerías de las Artes, Hacienda y Asuntos Sociales, entre otros. También añadió a la lista diversos Las otras noticias del PP

47

servicios privados, como gasolineras y universidades particulares. Pero las razones para justificar esa decisión fueron "inexistentes o insuficientes", según la resolución judicial. En los días previos a la huelga, UGT presentó un recurso contra el decreto del Gobierno regional ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que resolvió a favor del sindicato en marzo de 2003. La Comunidad recurrió la sentencia ante el Supremo, que vuelve a dar la razón al sindicato. "Esta victoria nos sirve para plantear futuras huelgas, las administraciones deberán ser mucho más exhaustivas a la hora de pedir y justificar los servicios mínimos", asegura Pilar Sánchez, la abogada de UGT que ha seguido el proceso. "Aunque han pasado cinco años y el decreto de Gallardón se aplicó, el fallo es importante para el futuro", añade el secretario de organización del sindicato en Madrid, Miguel Ángel Abejón. "Esperamos que, a partir de ahora, la Comunidad fije los mínimos de forma razonada sin forzar la situación para intentar dar una imagen de normalidad, de aquí no pasa nada, como intentaron ese día". La huelga general del 20-J fue la reacción a la propuesta de reforma de desempleo del Gobierno presidido por José María Aznar (PP), el llamado decretazo, con medidas que endurecían el acceso al sistema y abarataban el despido. El pasado marzo, el Constitucional declaró nulo el decretazo al entender que nada de lo aprobado era urgente. UGT reclama un "sistema de arbitraje" que permita frenar la aplicación de servicios mínimos injustificados "antes de que se produzca una huelga y se vulnere un derecho fundamental, en lugar de analizarlos después", según Abejón. "Hay que evitar actuaciones como la del Gobierno regional, que impuso sin motivo su criterio", concluye. La Comunidad declinó pronunciarse sobre la sentencia. 70. COMUNIDAD DE MADRID: CONCEJALES DEL PP DE MADRID PIDEN A GALLARDÓN 'MÁS DEMOCRACIA INTERNA' (24/08/07) Una docena de los 34 concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid, algo más de la tercera parte, va a exigir en los primeros días de septiembre a su alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, “más democracia interna” en la corporación municipal. Han tomado esta decisión ante el temor a que se repita la experiencia de la anterior legislatura. En estos últimos cuatro años, el primer edil, en vez de reunirlos una vez al mes, como marca el Reglamento de los populares, sólo lo ha hecho en cinco ocasiones. El malestar contra Gallardón y su núcleo duro se ha reflejado por escrito en una carta remitida a finales del pasado mes de julio a todos los concejales, incluido el propio alcalde, en la que se recuerdan algunas normas que regulan el funcionamiento del Grupo Popular. Los ediles populares tampoco han celebrado, tras las elecciones, encuentros de coordinación de los concejales de distrito, y no están dispuestos a repetir la experiencia de la legislatura pasada. “Durante los últimos cuatro años los concejales de distrito han sido considerados por el Gobierno municipal como de segunda y ya está bien”, según dijo uno de los cargos públicos elegido dentro de las listas del Partido Popular de Madrid. El detonante de este movimiento ha sido una carta que envió Angel Garrido, secretario de Distritos del PP de Madrid y edil de Vallecas Villa, a finales de julio a todos los concejales, incluido el alcalde. La misiva recordaba las normas que han venido regulando el funcionamiento del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento. Este reglamento se cumplía cuando estaba en la Alcaldía José María Alvarez del Manzano, quien tenía un encuentro institucional antes del Pleno municipal para debatir los temas que se iban a aprobar. Si alguno de los presentes pedía explicaciones de algún punto del orden del día o preguntaba por qué había que votar de una u otra manera, se le contestaba. En la carta de Garrido, que ha caído muy mal entre el núcleo duro de Gallardón, el representante popular señala: “Una vez constituido nuestro grupo de concejales en el Ayuntamiento de Madrid, he creído conveniente dirigirme a ti, en tu condición de concejal e integrante del mismo, con el único objeto de plantearte un recordatorio para el mejor funcionamiento del Grupo”. Luego, recuerda sólo tres artículos, incluido en el que se dice que una quinta parte de los miembros del Grupo puede convocar la reunión. Entre estos 12 representantes populares disconformes con el funcionamiento interno, próximos a Esperanza Aguirre, hay concejales de la anterior legislatura y recién llegados a la Casa de la Villa, que se han visto sorprendidos por el hecho de que antes de los plenos municipales no se celebren reuniones, como hace el Grupo Popular en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea de Madrid y en los ayuntamientos de la

Las otras noticias del PP

48

región. Alguno de los ediles más activos era partidario de hacer un comunicado público, “incluso una rueda de prensa”, pero finalmente han optado por una vía más interna para llamar la atención de su alcalde. Uno de ellos explicó a este periódico que están muy molestos con la petición de Gallardón de ser candidato a diputado en el Congreso. “Una de las razones por la que nos han dicho que no se pueden tener más encuentros es por 'la falta de tiempo' del alcalde. Pero podríamos tener reuniones con Manuel Cobo [el vicealcalde] o con otros miembros del gobierno municipal y no nos llaman para nada. Somos concejales de segunda que nos enteramos de la mayor parte de las iniciativas por la prensa”. “No cuenta con nuestra opinión”, dice otro de los ediles. Los concejales de distrito también están muy molestos con el alcalde porque desde el gobierno municipal, estén restando competencias a las juntas de distrito. “Si ahora queremos poner o quitar un bolardo, tenemos que hacerlo con el equipo de gobierno, mientras que antes éramos nosotros, quienes conocemos los problemas de los vecinos, los que decidíamos”, añade un edil. Este recorte de competencias comenzó en la anterior legislatura y no están dispuestos a que siga en la actual. 71. COMUNIDAD DE MADRID: LOS PARQUÍMETROS LLEGAN A LOS TRIBUNALES (27/06/07) El juzgado número 1 de Cangas imputa al ex alcalde de la localidad un delito de falsedad documental. Acreditó oficialmente la solvencia técnica de una empresa que ganó el concurso de parquímetros de Madrid. El apoderado de la adjudicataria es amigo del delegado de Movilidad El juzgado de Instrucción número 1 de Cangas Do Morrazo (Pontevedra) dictó el pasado día 8 un auto por el que se cita a declarar el próximo 11 de octubre en calidad de imputado al ex alcalde de la localidad, José Enrique Sotelo (PP), por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación. Hasta aquí, el asunto no tiene mucho que ver con Madrid, pero la figura de Sotelo es importante para dilucidar el destino de 144 millones de € de las arcas municipales. En concreto, los que se han ido a la adjudicación de la explotación durante 11 años de la Zona VI del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). El contrato permite que las partes prorroguen el acuerdo por otros 14. En una de las dos empresas beneficiarias trabaja como apoderado Juan Manuel Casares González, un ex alto cargo del PP y amigo del delegado de Movilidad, Pedro Calvo. La adjudicataria fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Sufi S.A. (60%) e Hixiene's (40%). La primera pertenece a Sacyr y tiene acreditada su experiencia en la gestión de este campo; la segunda, aportó un documento firmado por Sotelo, con sello municipal, con el que se acreditaba que la empresa desempeñaba esta labor en su municipio desde febrero de 2001. En esta ecuación hay que introducir a Casares González, ex diputado del PP en el Parlamento gallego, ex presidente de Nuevas Generaciones (NN GG) de Galicia y, por lo tanto, ex miembro de la Junta Directiva Nacional del PP. Además de amigo de Calvo, lo es de Javier Conde, hasta el momento director general de Movilidad. Ambos fueron los responsables políticos de la adjudicación. Casares González fue el encargado de sustituir a Calvo al frente de NN GG y el delegado madrileño reconoció a este periódico, tal y como publicó el 8 de marzo de 2006, que eran amigos y que recibió una llamada suya anunciándole que se presentaría al concurso. Para rizar el rizo, un edil del Consistorio pontevedrés, Mariano Abalo, perteneciente al Frente Popular Galego, denunció al entonces regidor por falsedad documental, ya que en Cangas "nunca ha habido parquímetros", según explicó a este periódico. Además, en la denuncia se asegura que el aval técnico del regidor, "a pesar de llevar la firma del alcalde y el sello del Ayuntamiento, no figura ni existe en el Ayuntamiento de Cangas ni en el acuerdo por el que fuese encargado ni pasó por el Registro de Salida ni fue visado por el secretario". En el escrito, el edil destaca la "amistad personal" entre el dueño de la empresa que concurrió al concurso y el regidor, ya que "fueron compañeros en el Parlamento gallego entre 1997 y 1999". El proceso de la capital ha estado jalonado por las dudas. De hecho, una de las empresas rivales de la UTE, Dornier, presentó en el registro municipal un recurso cuestionando todo el proceso, concretamente el de la Zona VI. Este área engloba ocho barrios del sur de la capital como son: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella. "No se conoce experiencia alguna de la otra empresa integrante de la UTE, Hixitel Hixiene's, en el sector del estacionamiento regulado", denunciaba Dornier. El Consistorio contestó: "Respecto del cumplimiento de la solvencia técnica por parte de la segunda integrante de la UTE, la mercantil Hixiene's, se comprobó la existencia de informe suscrito por el alcalde-presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) de fecha de 14 de noviembre de 2005, donde se recoge Las otras noticias del PP

49

literalmente 'que la sociedad Hixiene s S.L. viene realizando desde febrero de 2001 servicios para este Ayuntamiento [de limpieza y mantenimiento de edificios públicos] y de gestión de aparcamiento de vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento público (zona azul)'". Es decir, que el Consistorio le dio todo el crédito y el visto bueno. Los documentos que componen el expediente de este concurso demuestran que la Casa de la Villa exigió en el pliego de condiciones a todas las empresas participantes, ya concurrieran solas o junto con otras, la acreditación de su solvencia técnica. El juzgado ha pedido también al Ayuntamiento de Madrid que remita "el original del informe" relativo a la "certificación expedida" por el propio Sotelo, que está en el expediente de adjudicación. Desde la Casa de la Villa el coordinador de Movilidad, Fernando Autrán, tiene claro que el procedimiento abierto contra Sotelo "no afectará a la adjudicación". Vamos, que no se suspenderá. "Se trata de un procedimiento Penal que nada tiene que ver con el Administrativo", aclaró. Preguntado por los filtros que estableció el Consistorio para verificar la información, dijo que se aplicaron los propios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los del pliego de condiciones. Según Autrán, no es necesario que todas las empresas que conforman una UTE tengan experiencia, con que la aporte una de ellas es suficiente. ¿Por qué se precisa entonces en el pliego que se acredite esa solvencia? "Para poder identificarlas", según el coordinador de Movilidad. Sotelo no quiso hacer declaraciones y tan sólo dijo sobre el asunto del informe: "Hice lo que tenía que hacer en ese momento". En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se ha citado a declarar, también, aunque en calidad de testigo, al propio Casares González y al interventor municipal de Cangas. 72. COMUNIDAD DE MADRID: DRAGÓ UTILIZA TELEMADRID PARA HABLAR DE SU "PILILA" Y FOMENTAR EL CONSUMO DE ALCOHOL (12/07/07) "Vamos a ver lo que han dicho de ti los que pasaban por el kilómetro cero de la Puerta del Sol. La pregunta era: ¿qué le dice a usted el nombre de Fernando Arrabal?", comentó Fernando Sánchez Dragó en su informativo nocturno de Telemadrid a su entrevistado, el propio Arrabal, al tiempo que le sirvió un "vaso de buen vino del Bierzo". Una acción que las cámaras de la televisión pública madrileña recogieron en un primerísimo primer plano. Dragó, antes de dar paso al vídeo con las opiniones de los madrileños sobre el escritor, le incitó a apurar "este vaso de buen vino del Bierzo que yo con amistad te sirvo". Con tales actitudes, Fernando Sánchez Dragó ha sobrepasado todos los límites inimaginables de lo que se puede o no se puede hacer en un informativo con el agravante de que se trata de una televisión pública. Puestos a suponer ¿se imaginan a un presentador de informativos de la británica BBC, la francesa TV5, o la Italiana RAI1, sirviendo un vaso de vino a uno de sus invitados en mitad del espacio informativo? Siguiendo con este juego de suposiciones, si así hubiese ocurrido, la reacción del público no se habría hecho esperar y, probablemente, la dirección de la cadena habría expedientado al presentador por su conducta irresponsable. Pero, imagínense ahora a un presentador de noticias de la BBC, de TV5, de la RAI, o incluso de TVE, hablando en mitad de su informativo sobre su pene. ¿Cuánto tiempo cree usted que este periodista tardaría en ser expulsado de estas cadenas públicas de televisión? ¿Se imagina la reacción del PP si Lorenzo Milá hiciera algo parecido? Sin embargo, Telemadrid es otra historia. En Diario de la Noche, Sánchez Dragó no tuvo reparos en hablar de su pene y en preguntar a su entrevistado si había penetrado tan sólo a una mujer en su vida. Lo cierto es que fue Arrabal quien incitó al escritor reconvertido en periodista a hablar de sus genitales. Tras ser acusado de ser un sátrapa, Arrabal dijo irónicamente: "¿Cómo te atreves? ¿Qué es sátrapa?, dices hincando tu pilila en mi pilila azul. Un sátrapa soy yo". Acto seguido, Sánchez Dragó le dio las gracias por llamar azul a su pene, aunque le aclara que no es de ese color. "Gracias por llamar azul a mi pilila, no lo es. Es más bien rojita". Pero esta insólita conversación en el telediario sui géneris de TeleEspe no acabó aquí. Sánchez Dragó consideró oportuno preguntarle también al entrevistado sí "sólo había penetrado a una mujer en su vida". Arrabal aseguró haber estado con más de una mujer y aprovechó la oportunidad que su amigo le brindó para mostrarse en contra del sexo oral. "Una de las cosas más horrorosas que se hacen en España ahora, es que el músculo que utiliza el hombre para hacer pis, se utiliza para introducirlo en la boca de lo más sagrado del ser humano, que es la mujer, que va a ser madre", aseguró Arrabal.

Las otras noticias del PP

50

Obviamente Telemadrid no es la BBC, ni la RAI, ni TV5, pero no deja de ser una cadena pública que, con actitudes como las de Sánchez Dragó pierde, no solo audiencia, sino credibilidad, a la par que contamina un formato televisivo como los servicios informativos, que deben ser un servicio público que informe a la paz, que eduque y, más aún, si se trata de una cadena pública. Así son los informativos de "calidad" que defendió el director de la televisión autonómica, Manuel Soriano, cuando presentó al sustituto de German Yanke, represaliado porque "compraba el discurso del adversario". 73. EL PP DE TORRELODONES QUIERE “PROTEGER” UN ÁREA NATURAL CONSTRUYENDO 1.500 CHALÉS (30/01/07) La urbanización del Área Homogénea Norte (AHN), una zona protegida de Torrelodones donde el PP quiere edificar 1.500 viviendas, fue la protagonista del pleno municipal. Las posturas de los grupos políticos no han variado un ápice desde hace meses. Según el PP, la única manera de preservar el paraje es su desarrollo urbanístico. Los portavoces de la oposición (PSOE, IU y AVIT) niegan esa posibilidad y abogan por mantener, e incluso aumentar, su protección. El alcalde, Carlos Galbeño, propuso una comisión para intentar alcanzar un consenso. Galbeño se vio obligado a convocar un pleno monográfico para hablar sobre esta zona natural de 127 hectáreas, después de que el PP perdiera la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Dos de sus concejales, Jesús Pacios y Reyes Tintó, denunciaron supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por la alcaldía y abandonaron la disciplina de voto. El PP les ha expulsado del partido después de que ambos apoyaran varias propuestas de la oposición. Entre ellas, pedir al Gobierno regional que devolviera el expediente con la propuesta de desproteger el AHN, tal y como pretende el PP local. El siguiente paso de los grupos de la oposición fue solicitar un nuevo debate sobre la conveniencia o no de desarrollar el Área Homogénea Norte. En el paraje, de gran valor ambiental según los expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los populares proponen edificar 1.536 viviendas, un campo de golf municipal y otras instalaciones comerciales y dotacionales. , en el pleno, los portavoces de las formaciones políticas con representación municipal se mantuvieron firmes en sus posiciones. El PP recalcó que el suelo del municipio está agotado. "Torrelodones necesita terreno productivo para mantener los servicios y la calidad de vida de los vecinos", sostuvo el portavoz popular Fernando González. "¿Qué calidad de vida. El urbanismo depredador?", le espetó el portavoz del PSOE, Juan Ignacio Bidart. "El medioambiente es uno de los valores más importantes del municipio. Además, el PP se ha olvidado de que no hay infraestructuras ni para los vecinos actuales. Estamos rodeados de atascos", continuó Bidart. Pero el portavoz del PP aseguró que la zona se encuentra "totalmente abandonada". Esta afirmación levantó las protestas del público asistente. González declaró a continuación que la única forma para evitar su deterioro es que pase a manos municipales y, para ello, hay que permitir edificar en 15 hectáreas de la zona protegida. La portavoz de IU, Esmeralda Gonzalvo, le replicó que la mayor protección es la que tiene ahora: "Un suelo no urbanizable protegido que pertenece al parque regional". 74. COMUNIDAD DE MADRID: LOS PELIGROSOS CONTACTOS DEL ALCALDE DE BOADILLA, DEL PP, CON EL SOBRINO DE AZNAR Y ROMERO DE TEJADA (11/04/07) El Ayuntamiento popular de la localidad madrileña de Boadilla del Monte fue condenado por vulnerar los derechos fundamentales de los grupos de la oposición. Para suavizar la situación, el alcalde, Arturo González Panero, criticó a algunos concejales de la oposición por su supuesta condición de tránsfugas. Uno de los afectados, Ángel Galindo, remitió una carta a Panero, criticando que en su propio equipo de Gobierno trabaja una concejala tránsfuga y recordándole que él mismo llegó al poder tras una “moción-montaje” orquestada por Romero de Tejada y traicionando al popular Enrique Roda, sobrino de Aznar. En su misiva, el portavoz del grupo de la oposición Alternativa por Boadilla (APB) y abogado en ejercicio Ángel Galindo, recuerda que González Panero ostenta la alcaldía desde que presentara en 2000 una “moción-trampa” contra otro miembro de su partido, “su joven y limpio compañero concejal del PP Enrique Roda López, sobrino del ex presidente Aznar, al que ridiculizó sin empezar su andadura como nuevo alcalde”. Esta “infamia”, según explica el abogado, fue organizada por Ricardo Romero de Tejada, ex secretario del PP de Madrid, y uno de los implicados en el Tamayazo que otorgó la presidencia de la comunidad a Esperanza Aguirre. El portavoz de APB lamentó que, en aras de sus intereses y mediante pactos con otros políticos tránsfugas, como la concejala Josefa Beltrán, Panero llegara al poder en lugar de “guardar lealtad a un político del PP honrado y decente” como Roda López. Las otras noticias del PP

51

No es la primera vez que los grupos de la oposición de Boadilla denuncian la vulneración de sus derechos que sufren debido a la actuación de su Ayuntamiento, regido por el PP. La última sentencia favorable, en la que se condenaba al Gobierno local, se dictó a principios de este mes, y determinaba de González Panero habría vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución, que reconoce los derechos de la oposición. Para suavizar tan delicada situación, y estando a menos de dos meses de las elecciones municipales. Panero acusó a los concejales Galindo (de APB) y Samos (del Grupo Mixto) de haber actuado en 2000 en contra de la Ley 57/2003 de Bases de Régimen Local con prácticas transfuguistas. Galindo contestó a estas acusaciones apuntando que “la difamación y la mentira” se han convertido en la “única estrategia” del alcalde popular “para defenderse de lo que se le viene encima”. El concejal y abogado recordó que la Ley 57/2003 “es, como su nombre dice, de 2003”, por lo que no pudo incumplirse en 2000, al no existir. En cambio, recordó, sí se está vulnerando desde 2006 en su propio equipo de Gobierno, en el que trabaja como Consejera y miembro de las Comisiones la concejala tránsfuga Josefa Beltrán. Sobre las acusaciones de transfuguismo hacia Samos y Galindo, el propio abogado recordó que Panero fue condenado por el Tribunal Supremo a pagar a estos concejales la suma de 300.000 € por las acusaciones vertidas contra ellos. 75. COMUNIDAD DE MADRID: EL JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DE UN SUPUESTO INTENTO DE COMPRA DE VOTO EN PARACUELLOS (13/07/079 El juzgado número 2 de Torrejón de Ardoz ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE, IU y los independientes Jarama Directo (JaDi) por un supuesto intento de "compra de voluntades por un mensajero del PP" hacia el concejal de esa última formación Sergio Krstic. La denuncia aporta conversaciones grabadas entre este concejal y un constructor "con nexos fuertes con el PP", según los denunciantes, en las que se ofrecería al edil la cantidad de 160.000 € y una vivienda de protección pública a cambio de que prestase su apoyo a los populares el día de la investidura. El pasado 16 de junio, IU, PSOE y JaDi eligieron como regidor a Pedro Antonio Mesa, de la Agrupación Independiente de Paracuellos de Jarama (AIPJ) y hasta ahora socio de Gobierno del PP, con el fin de impedir que el PP revalidara la alcaldía con el apoyo de Iniciativa Ciudadana por Paracuellos (ICxP). Tras la investidura, Mesa decidió pactar con el PP para formar un equipo de Gobierno en minoría en una corporación con un complejo mapa político en el que 13 concejales se reparten entre seis fuerzas políticas: 4 del PP, 3 de IU, 2 de ICxP, 2 de AIPJ, 1 de PSOE y 1 de JaDi. 76. COMUNIDAD DE MADRID: BRUSELAS DENUNCIA LAS OBRAS DE LA 'CARRETERA DE LOS PANTANOS' EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE (10/08/07) La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España -las instituciones europeas sólo se dirigen a los Estados miembros aunque juzguen políticas de Gobiernos regionales- ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por estimar que la construcción de la autovía que ampliará la M-501 viola las leyes europeas de protección del medio ambiente, según confirmaron fuentes comunitarias. El desdoblamiento de esta vía, conocida como carretera de los pantanos, en un tramo de 18 kilómetros entre las localidades de Quijorna y Navas del Rey, es iniciativa de la Comunidad de Madrid. "Esperamos que España haga lo necesario para evitar una sentencia condenatoria, que adopte las medidas necesarias para compensar el daño ya causado", indicó a este diario Barbara Helfferich, portavoz europea de Medio Ambiente, quien detalló que la demanda fue interpuesta el pasado 18 de julio. El proyecto para convertir en autovía esta carretera incumple a juicio del Ejecutivo comunitario dos directivas europeas: la conocida como Hábitats y la de evaluación de impacto ambiental. La infraestructura atraviesa un área incluida en la red Natura 2000 y por tanto con especiales garantías de protección ambiental, ya que según Bruselas es "extremadamente rica en biodiversidad y alberga especies endémicas". Cuando una obra atraviesa una zona así, debe presentarse una evaluación de impacto ambiental y si la Comisión Europea da el visto bueno, la construcción de la carretera debe ir acompañada de medidas compensatorias que traten de subsanar el daño ambiental causado. De la ampliación de la carretera madrileña que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, a la Comisión Europea le preocupa especialmente el impacto que pueda causar en los encinares de la zona, así como en las cuencas de los ríos Alberche, Cofio y Guadarrama, clasificados como lugares de interés comunitario.

Las otras noticias del PP

52

Bruselas sostiene que en el caso de la M-501 no se ha cumplido ninguno de los dos requisitos y acusa a España de dividir la evaluación de impacto en cinco estudios, correspondientes a los distintos tramos, sin presentar una evaluación global que tenga en cuenta el daño global de la infraestructura al medio ambiente. Por otro lado, Bruselas dice que las medidas compensatorias presentadas son insuficientes en relación con el interés ecológico de la zona y que afectan tan sólo a un tramo de la carretera. Ahora, los servicios legales de la Comisión Europea trabajan en la preparación de los documentos que deben remitir al tribunal de Luxemburgo, sin que exista un plazo de entrega. Después, habrá que esperar la sentencia, que suele demorarse una media de dos años. De resultar condenatorio, el fallo pediría que se adopten medidas compensatorias como la designación de otras zonas de protección. Si España siguiera sin cumplir, la Comisión podría pedir una multa que podría alcanzar las decenas de millones de euros. En el Tribunal europeo de Justicia de Luxemburgo recuerdan la multa de 78 millones de euros impuesta a Francia en 2005 por pescar alevines. No es la primera vez que la Comisión Europea lleva a un Estado miembro ante la justicia por incumplir la legislación comunitaria. El caso más reciente ha sido el de Polonia, en el que Bruselas ha solicitado incluso la paralización de las obras de una carretera que atraviesa el valle protegido de Rospuda, mediante medidas cautelares. "En el caso español estamos aún muy lejos de llegar a ese punto", señala Helfferich. 77. COMUNIDAD VALENCIANA: CAMPS DESCALIFICA INSPECCIONARÁN EL URBANISMO VALENCIANO (23/02/07)

A

LOS

EURODIPUTADOS

QUE

El presidente del Consell, Francisco Camps, arremetió contra la delegación de eurodiputados que se desplazará a finales de este mes a la Comunitat para ver con sus propios ojos los efectos del urbanismo abusivo que han denunciado numerosos ciudadanos europeos. Acusó a la misión parlamentaria de “ partidista “ y denunció que su objetivo es “ entrometerse “ en la precampaña de las elecciones del 27 de mayo. Recordó que está formada “en su mayoría” por eurodiputados socialistas, con lo que “ lo que pretende es exclusivamente ayudar a sus correligionarios en nuestro país “. Camps hizo estas calificaciones al término de la reunión que mantuvo junto al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, con el nuevo presidente del Parlamento Europeo, el democratacristiano alemán Hans Gert Poettering, que sustituyó al socialista Josep Borrell. Aunque la conversación se centró en los cítricos, Camps admitió que también “ comentó “ con Poettering la tercera visita de los eurodiputados a la Comunitat, del 28 de febrero al 3 de marzo próximos. La mesa de la Eurocámara -formada por representantes de todos los grupos políticos- dio el visto bueno hace unas semanas al envío de una misión que visitará al menos 12 localidades valencianas, además de la Comunidad de Madrid y Almería. El presidente valenciano afirmó que “todos somos conscientes en el Parlamento Europeo y en toda España que se trata de una visita partidista que pretende distorsionar el legítimo debate electoral en nuestro país Añadió que los eurodiputados -entre los que también se encuentra el conservador nacionalista polaco Marci Libicki-” son conscientes de que no llevan una tarjeta de presentación europea, sino de presentación pura y estrictamente partidista “. Además de los procedimientos que abrió y mantiene abiertos la Comisión Europea contra las sucesivas leyes urbanísticas valencianas, el Parlamento Europeo también ha mantenido una posición muy activa a este respecto, como muestra la aprobación, en diciembre de 2005, del demoledor informe Fourtou sobre la LRAU. Sin embargo, Camps trasladó al nuevo presidente de la Eurocámara “la inquietud que nos produce ver cómo hay eurodiputados que con dinero público van a nuestro país a entrometerse en el debate estrictamente electoral “. Recordó que ésta será la tercera visita y dio a entender que esta vez no tiene la intención de reunirse con ellos, recordando que ya lo hizo otras veces y que “no ha servido “. 78. COMUNIDAD VALENCIANA: LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)

RECUERDA QUE CAMPS Y

La consejera de Participación, Gema Amor, y ex directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en la etapa investigada por Hacienda en relación con los sobrecostes y obras no hechas en Terra Mítica, no está dispuesta a convertirse en una paria dentro del Consell. Amor aseguró que el resto de consejeros, así como Gerardo Camps, Vicente Rambla y Miguel Navarro "conocían el día a día de la gestión" realizada en relación con Terra Mítica. Amor dijo que sólo puede deberse a "interpretaciones malintencionadas" que alguien piense que el consejero de Economía no quiso defenderla al ser interpelado por los escándalos del parque de atracciones.

Las otras noticias del PP

53

El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó que si se produjo alguna situación irregular durante los ejercicios 2000 y 2001 en Terra Mítica "ni era conocida, ni asumida, ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta de accionistas". Camps evitó respaldar la gestión de Amor como directora general de la SPTA, hoy denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y presidida por el propio consejero de Economía. "Decir que el consejero de Economía recurrió a las evasivas para no respaldar la gestión relacionada con Terra Mítica sólo puede responder a malintencionadas interpretaciones", prosiguió Amor, "tanto Gerardo Camps, como Vicente Rambla [consejero de Economía en la etapa investigada por la Agencia Tributaria] conocían el día a día de la gestión, como Miguel Navarro [ex director general de Terra Mítica, imputado en el sumario que investigada el juzgado número 3 de Valencia en relación con la trama de facturas falsas]". La consejera de Participación ya manifestó el pasado 29 de diciembre que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "conoce perfectamente" la gestión hecha en la SPTA. Unas manifestaciones que provocaron que Camps rompiese su mutismo sobre el escándalo de Terra Mítica y la SPTA y saliese en defensa de la gestión realizada en torno al parque de atracciones de Benidorm. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informó de que el juzgado de instrucción número 18 será el encargado de incoar las diligencias previas de la querella por injurias y calumnias presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los empresarios José Herrero y Antonio Moreno Carpio, ambos imputados en el caso Terra Mítica. La designación del juzgado se produce después de que el TSJ acordase el sobreseimiento de la querella contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, contra los que también se dirigía inicialmente la querella de Zaplana. Los parlamentarios grabaron unas conversaciones con los dos empresarios imputados. Uno de ellos relacionaba a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de recibir contratas del parque de Benidorm. Estas grabaciones forman parte igualmente del sumario que instruye el juzgado número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas de Terra Mítica y la participación de la SPTA en el pago de sobrecostes ilegales en el parque y su entorno. Dos casos unificados después de que el juez instructor de Alicante se inhibiese en favor del de Valencia en la investigación abierta por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la empresa de la Generalitat al considerar que es parte de la misma causa. La SPTA no sólo asumió obras del entorno del parque, sino que como socio de Terra Mítica compartía miembros en los órganos de gobierno de ambas sociedades. 79. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PATRÓN DE LA F-1 VINCULA EL GRAN PREMIO DE VALENCIA A LA VICTORIA ELECTORAL DEL PP (11/05/07) El patrón de la fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, reventó la campaña electoral en Valencia. Ecclestone, en un acto convocado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, condicionó la celebración de un gran premio de F-1 en Valencia a la victoria electoral de los populares Francisco Camps y Rita Barberá. Camps, lejos de corregir al empresario británico, agradeció a Ecclestone que le dijera esas "cosas tan preciosas" y se comprometió a esforzarse en ganar las elecciones. Los socialistas reaccionaron al escándalo y tanto Joan Ignasi Pla como Carmen Alborch lo tacharon de "chantaje intolerable". Bernie Ecclestone no tuvo ningún reparo en poner la fórmula 1 al servicio de los intereses electorales del PP, tras dos años de relaciones con Francisco Camps y Rita Barberá, en las que ha jugado un importante papel Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar. Inicialmente, Ecclestone debía comparecer junto a Camps y Barberá para anunciar que Valencia entrará a partir de 2008 en el circo de la F-1 con un circuito urbano cuyo trazado recorrería la recuperada dársena del puerto y los nuevos barrios próximos a la Ciudad de las Artes de Valencia. La sorpresa, sin embargo, saltó cuando Ecclestone tomó la palabra en una sala atestada de medios de comunicación y afirmó: "Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podría hacer mejor este trabajo por la fórmula 1". Y prosiguió: "Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas. Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones". Acto seguido tomó la palabra Camps en un escenario del que tan sólo 20 minutos antes se habían tenido que retirar los logotipos de la Generalitat por orden de la Junta Electoral. "Gracias a Bernie Ecclestone por la confianza y el cariño que me ha mostrado todos estos años, por decir estas cosas tan preciosas, como es Las otras noticias del PP

54

vincular el gran premio de F-1 a que yo continúe siendo presidente de la Generalitat", continuó Camps. "Yo le puedo asegurar que en los próximos días voy a intentar con mi esfuerzo ganar estas elecciones". El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, defendió, desde Melilla, la decisión de Ecclestone de condicionar el circuito de carreras a la victoria autonómica y municipal del PP. "El dueño de la fórmula 1 hace los convenios que le parece bien e impone sus condiciones, y ahí no voy a entrar", sentenció Rajoy. Los gobiernos de Camps y Barberá trabajan desde hace dos años para garantizarse la celebración del gran premio de fórmula 1 que se celebrará en Valencia con el nombre de Gran Premio de Europa -el de España ya se celebra en el circuito catalán de Montmeló-. La paradoja está en que el esfuerzo empleado por las Administaciones públicas otorgará los mayores beneficios a un grupo de empresas privadas. El acuerdo que Ecclestone prevé firmar si el PP valenciano revalida su poder no es con la Generalitat, que dispone del prestigioso circuito de Cheste, a tan sólo 20 kilómetros de Valencia. El contrato será entre la empresa de Ecclestone (Formula One Administration) y la firma Valmor Sport (que preside el propietario de Pamesa, Fernando Roig y en la que participan también el ex piloto Jorge Martínez Aspar y Bancaja, la entidad de ahorros que preside el ex presidente de la Generalitat con el PP José Luis Olivas). Valmor Sport es, supuestamente, la que asume el pago de un canon que rondará los 26 millones de € anuales a cambio de explotar una parte de los derechos del circuito y la carrera que se celebraría en Valencia durante los próximos siete años (de 2008 a 2015). Pero la inversión principal ha corrido a cargo de las Administraciones gobernadas por el PP. La Generalitat encargó en marzo a la empresa pública Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos "el desarrollo de los equipamientos necesarios para el ámbito de un circuito urbano de automovilismo". Se trata de una empresa pública creada por Camps en 2003 para solucionar el colapso económico y funcional de la red de metro de Valencia. La exigencia del magnate británico provocó la reacción de los socialistas valencianos y el resto de partidos de la oposición. El PSOE presentó un recurso ante la Junta Electoral. 80. COMUNIDAD VALENCIANA: EL CONSELL DA 448.000 € A LA FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP (08/05/07) La Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al Partido Popular y en el ojo del huracán por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones en comunidades como La Rioja y Navarra, también se ha beneficado de fondos públicos de la Generalitat en los últimos años. En concreto, al menos entre 2003 y 2005, el gobierno popular que preside Francisco Camps ha otorgado ayudas a esta entidad por importe de algo más de 448.000 € (alrededor de 75 millones de las antiguas pesetas). Así consta en una respuesta parlamentaria que la Conselleria de Economía y Hacienda remitió a la diputada socialista Josefa Andrés en la que la parlamentaria se interesaba por las distintas subvenciones que la Generalitat ha repartido entre entidades privadas sin ánimo de lucro. El listado referente a los ejercicios de 2003, 2004 y 2005 recogen una serie de pagos a la Fundación Humanismo y Democracia que suman en total los citados 448.000 €. En concreto, en 2003, año en Camps tomó las riendas del Ejecutivo, el Consell concedió dos subvenciones a la citada entidad; una por valor de 33.536 €; y otra por importe de 169.738 €. Según la documentación oficial la ayuda iría destinada, de un lado, a un proyecto denominado Campesinos unidos; y de otro, para una iniciativa de educación básica. En 2004, la Generalitat respaldó un proyecto sanitario (Hacienda no especifica en qué lugar) con una ayuda de 69.343 €; y en 2005 se concedieron dos subvenciones por valor de 148.206 y otra por importe de 60.777. El último pago está dirigido a financiar un convenio entre la Fundación y la Generalitat, lo que revela que la relación de la Administración valenciana y la entidad no ha sido sólo puntual. El listado oficial no incluye datos sobre las ayudas a fundaciones de 2006 y 2007. La Fundación Humanismo y Democracia ha logrado subvenciones de numerosas comunidades autónomas, pero su gestión está bajo sospecha. En Navarra , la entidad está siendo investigada por la gestión de los fondos que aportó el gobierno foral para seis proyectos de cooperación. En tres casos, Humanismo y Democracia debe devolver más de 450.000 €. En la Rioja, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia abrió diligencias previas y solicitó informes al Gobierno autonómico y al Tribunal de Cuentas por un proyecto para formar profesionales sanitarios en la República Dominicana entre los años 2001 y 2002. Además, la entidad tuvo que devolver a la Comunidad de Madrid 240.000 € en 2006 por un proyecto de cooperación en Bolivia que nunca llegó a realizar. Pese a todo, el Gobierno de Esperanza Aguirre, siguio subvencionando la actividad de la Fundación. También el Ayuntamiento de Madrid está auditando los fondos concedidos y continúa financiando a la entidad. Las otras noticias del PP

55

Humanismo y Democracia mantiene numerosos vínculos con el PP. Su patronato está compuesto por numerosos dirigentes del PP, entre ellos la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, y Rafael Rodríguez Ponga, secretario de comunicación de los populares. La diputada Josefa Andrés exigió al Consell que aclare a la ciudadanía el destino de las ayudas, ya que, remarcó, la respuesta de la Conselleria de Hacienda no detalla qué tipo de proyectos se están financiando. Además, y dado los antecedentes en otras comunidades, la diputada pidió al Consell que examine los expedientes para tratar de comprobar que la Fundación ha gestionado los fondos de forma adecuada. Por otro lado, Andrés censuró al Ejecutivo que destine dinero a una formación tan vinculada al PP. 81. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA SOCIEDAD DE LA GENERALITAT PAGÓ LOS SOBRECOSTES ILEGALES DE TERRA MÍTICA (09/02/07) La magnitud de los sobrecostes en Terra Mítica de Benidorm por obras nunca realizadas obligó a varios contratistas a devolver dinero al parque impulsado por la Generalitat Valenciana para evitar el escándalo. Un nuevo informe de la Agencia Tributaria señala que tres de los contratistas devolvieron a Terra Mítica más de 4,5 millones de € por conceptos como "error en las mediciones y falta de calidad de la obra". Los contratistas recuperaron el dinero devuelto a través, supuestamente, de una empresa pública, Parque Temático de Alicante, 100% de la Generalitat, según un informe de la Agencia Tributaria. El informe de la Agencia Tributaria es consecuencia de cuatro denuncias anónimas (tres de ellas por duplicado) remitidas por correo a Hacienda. Las denuncias incluyen fotocopias de facturas y otros documentos contables referidos a los contratos firmados por Terra Mítica con Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial ACS. Además se denuncian también graves irregularidades, aunque sin aportar documentación, por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd -integrada por Luis Batalla SA, Hormigones Martínez SA y C-3, la ingeniería de Vicente Conesa, empreario imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica-. Hacienda, tras haber requerido nueva documentación al parque temático, considera procedente la remisión de la denuncia a la Fiscalía al entender que han existido irregularidades. La Agencia Tributaria constata que Terra Mítica realizó dos contratos con Atil Cobra. El primero de ellos tuvo una desviación del 72,4% y el segundo del 53%. A raíz de la reclamación del parque de atracciones por las desmesuradas desviaciones, Atil Cobra realizó un abono de 720.000 € (120 millones de pesetas) más IVA tras reconocer "la existencia de errores en las mediciones" en una instalación de depósitos de agua e instalaciones mecánicas. Este desembolso al parque de atracciones -que viene a coincidir con el importe de las desviaciones- se realizo antes incluso de que Atil Cobra hubiese cobrado las facturas presentadas, según constata Hacienda, y con un número de identificación fiscal que no era el suyo, sino el de la Sociedad Parque Temático de Alicante, empresa 100% de la Generalitat valenciana, que a su vez también es accionista del parque de atracciones. Además, pese al requerimiento de la Agencia Tributaria, Terra Mítica "no puede concretar" a qué facturas abonadas a Atil Cobra se referían los abonos. Cobra Instalaciones y Servicios utilizó el mismo sistema. Primero fue contratada por Terra Mítica para instalar una montaña rusa de madera. Acto seguido se firmó un segundo contrato para modificar la atracción, al que siguió un tercero para reforzar la estructura de la montaña rusa. Finalmente, Cobra Instalaciones facturó otro monto millonario por "trabajos adicionales y administración" relacionados con el montaje de la montaña rusa. A principios de 2001, y sin haber cobrado todavía por la montaña rusa de madera, Cobra Instalaciones abonó a Terra Mítica 850.000 €. También por "error en medición y falta de calidad de obra". También, según la denuncia, con el NIF de la empresa pública de la Generalitat. Hacienda considera verosimil la explicación del anónimo: "Según el denunciante, las críticas de los propios consejeros por los sobrecostes en el parque impulsaron a traspasar parte de los costes a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) mediante la realización de varios contratos que justificaron esos pagos". En esas fechas, la directora general de Sociedad Parque Temático de Alicante era Gema Amor, persona de confianza de Eduardo Zaplana y actual consejera en el Gobierno valenciano. Sin embargo, la que mayor reembolso realiza a Terra Mítica, sin haber cobrado el total de las facturas presentadas, es Moncobra SA. Casi tres millones de € abonados a Terra Mítica por conceptos como "error Las otras noticias del PP

56

de cálculo". Moncobra llega a facturar a Terra Mítica por asesorar al parque en el montaje de atracciones, cuando ya esta empresa ya había cobrado anterior por este servicio. Los abonos de las contratistas a Terra Mítica se producen en el primer trimestre de 2001 por trabajos realizados, fundamentalmente, en el 2000. La Agencia Tributaria destaca también la similitud de los abonos de las empresas del grupo Cobra con los de la UTE Terra Verd, en la que figura una firma C-3 de Vicente Conesa. Este empresario es mencionado en una grabación realizada por un diputado socialista- por José Herrero, imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica, como la persona que cobraba comisiones ilegales con el conocimiento de Zaplana. 82. COMUNIDAD VALENCIANA: LA POLICÍA COPIA LAS CINTAS QUE IMPLICAN A ZAPLANA EN COBRO DE COMISIONES (27/06/07) Las cintas que supuestamente recogen manifestaciones de los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, ambos imputados en la causa de facturas falsas que implica a Terra Mítica, no han podido ser pulidas por el servicio pericial al que fueron enviadas. Por tanto, especialmente una de ellas, es prácticamente irreproducible después de haber pasado por modernos sistemas de recuperación de grabaciones. El juez que instruye la causa que se derivó de la denuncia que interpuso Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, contra ambos empresarios y contra los diputados socialistas que realizaron las grabaciones, Antoni Such y José Camarasa -contra estos últimos el caso quedó cerrado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)-, estudia ahora que sea la policía quien realice una transcripción del contenido de las mismas. Hasta ahora, tanto en la Fiscalía inicialmente como en el TSJ se manejó una transcripción aportada por los dos diputados socialistas, transcripción que ha sido constantemente puesta en cuestión por los denunciados. Por ello, el juez pretende determinar si se produjo o no un delito de injuria o calumnia grave contra Zaplana por implicarle en el cobro de comisiones durante la construcción del parque Terra Mítica a través del empresario Vicente Conesa, también imputado en el caso Terra Mítica y ya investigado en 1995 por supuestas irregularidades en la concesión de varios proyectos del Ayuntamiento de Benidorm cuando era alcalde Eduardo Zaplana. 83. COMUNIDAD VALENCIANA: ABOGACÍA DEL ESTADO CALCULA EN 4,5 MILLONES DE EUROS EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA EN EL 'CASO TERRAMÍTICA' (19/09/07) la Abogacía del Estado calcula en cuatro millones y medio de euros el dinero defraudado a Hacienda. Destaca, especialmente, el presunto fraude cometido por las empresas de Vicente Conesa, empresario cercano a Eduardo Zaplana y a quien la investigación señala como cerebro del fraude. La cifra total del dinero defraudado se reparte sobre todo en seis empresas que habrían ocultado al fisco sus obligaciones tributarias por el impuesto de sociedades y el del IVA, según fuentes del Ministerio de Justicia. La abogacía del Estado calcula el fraude en 4.564.000 euros. Estas cantidades son las que, a fecha de hoy, maneja la administración tributaria y la Fiscalía para poder reclamar su devolución cuando se produzca la apertura del juicio oral, todavía lejano. Estas seis sociedades son: Terra Mítica Parque Temático Benidorm, Gribal, Desarrollo de Proyectos e Instalaciones, Excavaciones Escoto, C3 Ingeniería y Altos del Carrichal. Todas ellas son, desde el punto de vista penal, responsables civiles subsidiarias del fraude, mientras que sus respectivos administradores engrosan la lista de los 27 imputados que hay en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia. Destacan fundamentalmente dos de estas empresas: desarrollo de proyectos e instalaciones y C3 Ingeniería de la Construcción dirigidas por Vicente Conesa, porque el volumen del dinero ocultado supone casi la mitad del total defraudado. Nada menos que dos millones de euros ocultados al erario público en sólo dos años. El fraude se produjo entre los años 200 y 2001. Entre los imputados, además de Vicente Conesa, figura la cúpula directiva del parque temático: el ex presidente Luis Esteban, el que fuera director general, Miguel Navarro o Justo Valverde, antiguo jefe de compras y cuyo nombramiento fue muy criticado por su condición de cuñado de Eduardo Zaplana. Según fuentes personadas en el caso, esta importante cifra de 4 millones y medio de euros defraudados sólo por la construcción del parque que cuenta con un millón de metros cuadrados- se puede quedar en "nada" cuando la comparemos con la investigación abierta contra la sociedad matriz del parque, la SPTA, que gestiona 9 millones de metros cuadrados donde se ubican las instalaciones de recreo.

Las otras noticias del PP

57

84. COMUNIDAD VALENCIANA: LA AUDIENCIA RESUELVE QUE EL “CASO IVEX” NO HA PRESCRITO (02/02/07) La Audiencia de Valencia ha puesto fin al debate sobre la posible prescripción del delito fiscal que se investiga en el caso del Instituto Valenciano de la Exportación respecto del pago a Julio Iglesias y ha dictado un auto por el que deja claro que no ha prescrito. La Audiencia responde así a un recurso presentado por el abogado del ex director general e imputado en esta causa, José María Tabares. Desde el mismo momento en que el PSPV presentó la querella contra el consejo de administración del Ivex, Eduardo Zaplana y José María Tabares estuvo en discusión la posible prescripción del delito fiscal del que se les acusaba. La Audiencia ha dejado claro en un auto notificado el día 30 de enero que no, que ese delito no ha prescrito. La querella se presentó en enero de 2005. En ella, se denunciaba la posible comisión de un delito fiscal, de falsificación documental, de malversación y de tráfico de influencias. Todos ellos en relación con hechos -las liquidaciones de tributos- de los años 1998 y 1999, es decir, presentados en 1999 y en 2000. El delito fiscal tiene una prescripción de cinco años. Por tanto, cabía la posibilidad de entender que efectivamente estaban prescritos y por ello el abogado de Tabares presentó recurso. La sala ha dado una explicación doble. De una parte sobre la paralización del tiempo hacia la prescripción cuando se presenta la querella, y no cuando es admitida a trámite. Es decir, desde el momento en que se denuncia, el proceso hacia la prescripción se paraliza. Dice la sala que de no ser así caería la responsabilidad sobre los tribunales y estos responderían en función de su carga de trabajo. El segundo argumento tiene que ver con el delito estricto. Es cierto que los pagos, ilegales o no, se realizaron en los años 1998 y 1999. Pero las autoliquidaciones tributarias son de 1999 y 2000. La sala considera que el plazo empieza a contar desde el momento en que se produce el último vencimiento legalmente establecido para hacer la declaración sobre ese ejercicio. Por tanto, concluye que no se da ninguno de los supuesto que avalaría la prescripción sino que el caso sigue vivo. 85. COMUNIDAD VALENCIANA: JULIO IGLESIAS COBRÓ DOS VECES EL CONCIERTO DEL IVEX EN MÉXICO (08/08/07) Norberto Cacho Pérez, responsable del Auditorio Nacional de México en el que se celebró el 10 de mayo de 1999 un concierto de Julio Iglesias incluido en el acuerdo de promoción con el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), ha aportado datos a la Fiscalía de Valencia que permiten concluir que el evento fue pagado dos veces: una por la empresa RAC y otra por el propio Ivex. El fiscal ha solicitado que se amplíe la comisión rogatoria y se obtenga información más detallada del trasiego de facturas y pagos que se efectuaron en relación con el evento de Julio Iglesias. Cacho Pérez, según la información remitida desde México al juzgado que instruye el supuesto fraude en el convenio suscrito entre el Ivex y el cantante Julio Iglesias, aporta un contrato entre el Auditorio Nacional y la empresa RAC Producciones. Como contraprestación por la organización del concierto, el Auditorio recibiría "el 12% de los ingresos de la venta de los boletos o 87.000 pesos mexicanos", más el pago de los servicios especiales que el Auditorio prestara para ese evento. Una vez celebrados y descontados los gastos del Auditorio, "al arrendador se le entregaron 2.062.147 pesos". RAC, a su vez, tenía un contrato con una de las empresas de Julio Iglesias, International Concerts, para organizar el evento. En él, "se fija que Internacional se obliga a prestación del servicio de producción, consultoría y apoyo, así como la organización logística de la gira por 64.000 dólares, cantidad que consta abonada en cuenta de UBS en Nassau", según la documentación en poder del juzgado. Pero también le consta, que el Ivex realizó pagos los días 19 y 20 de mayo de 1999 por el concierto de México, ordenados por José María Tabares (entonces director del Ivex, condenado por estafa en otro asunto cuando ostentaba idéntica responsabilidad) y Joaquín Berenguer, vicepresidente del organismo entonces. El Ivex pagó 82.666 dólares; 93.846 dólares; 117.214 dólares; 106.740 pesetas y 128.742 dólares, sucesivamente. Pero no lo hizo a International Concerts, que firmó con RAC la organización del evento, sino a Midway International, otra empresa de Iglesias con la que el Auditorio Nacional de México no tuvo relación. Según el fiscal, "el pago no aparece debidamente justificado". En la documentación aportada, aparece que RAC, además del alquiler, pagó renta de montaje, director técnico, operadores de sonido, iluminación... Pagó en total 640.000 pesos. Esa cantidad coincide con los 64.000 dólares remitidos por RAC a International Concert. Esas irregularidades sustentan la petición de la Fiscalía de una nueva comisión rogatoria que aporte facturas detalladas que de momento no han aparecido y que expliquen, por ejemplo, el pago de 100.000 dólares por el alquiler de un equipo de sonido por sólo dos días.

Las otras noticias del PP

58

Los datos recibidos del Auditorio Nacional coinciden con la versión dada por Vicente Sendra, ex delegado del Ivex en México, cuando declaró ante el juez en esta causa. 86. COMUNIDAD VALENCIANA: BARBERÁ APRUEBA EL 'PELOTAZO' DE MESTALLA CON LA OPOSICIÓN Y LOS VECINOS EN CONTRA (24/02/07) El PP aprobó en solitario en el pleno municipal una de las operaciones urbanísticas de mayor envergadura de Valencia. La alcaldesa, Rita Barberá, zanjó la larga polémica en torno al pelotazo del Valencia CF con una "felicitación a los valencianos y valencianistas" por lograr un nuevo estadio que el club levantará sobre suelo hasta ahora público y pagará con parte de los beneficios de las viviendas y comercios que construirá sobre el solar de Mestalla. La oposición rechazó el plan, a su juicio plagado de deficiencias y dudas legales. Varias asociaciones de vecinos irán a los tribunales. La doble recalificación de suelo pactada entre Barberá y el presidente del Valencia CF, Juan Soler, queda sólo pendiente de la confirmación de la Consejería de Territorio. O posiblemente de los tribunales, como destacaron vecinos contrarios al plan y el portavoz socialista, Rafael Rubio, al recordar que el Tribunal Supremo anuló la ampliación de Mestalla que el PP aseguró en 1998 que era legal. Como entonces, se estrellaron contra el muro levantado por los populares en torno al acuerdo con el Valencia CF. Cierta desazón marcó las intervenciones de los concejales socialistas y de EU-L'Entesa ante la constatación de que sus alegaciones y ofertas de acuerdo para un nuevo estadio y han caído en saco roto. La oposición planteó la retirada del expediente por carecer del informe detallado de la edificabilidad concedida al Valencia CF en Mestalla, donde el club podrá vender 89.000 m2 de techo para pisos y comercios en 9 torres y ganará un mínimo de 300 millones €. Bastaba con adjuntar el estudio para el trámite en la consejería, pero el teniente de alcalde y portavoz popular, Alfonso Grau, cortó en seco la protesta y lo sacó triunfante de su carpeta. Hace dos días que se incorporó a la documentación. La concejal de EU-L'Entesa María Victoria González reprochó al PP la jugada -Urbanismo ya aprobó el expediente el lunes- mientras Rubio ojeaba el informe para concluir que simplemente "viste el santo". Es decir, justifica la edificabilidad en Mestalla que ya se decidió al inicio de la operación -el club hizo cuentas y así le cuadran- y que la oposición ve irregular. El PP también rechazó las objeciones a la recalificación de la avenida de las Cortes Valencianas, un solar de 86.000 m2 que pasa a manos del Valencia CF para levantar el campo y destinar los metros sobrantes a oficinas en inmuebles de hasta 20 alturas, según pidió el club y aceptó el PP. La compensación por el terreno que pierde la ciudad se realiza en zonas de huerta a desarrollar en el futuro plan general, pero la valoración de la permuta no está hecha. El portavoz socialista advirtió de las consecuencias patrimoniales de la permuta y rechazó que suelo público "se ponga a disposición de una operación de este estilo". Según Rubio, hay al menos siete alternativas jurídicas para mantener la titularidad municipal del terreno del nuevo campo, y la fórmula de permuta "es la más dañina para el patrimonio municipal". 87. COMUNIDAD VALENCIANA: UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN UNA CONTRATA (06/06/07) El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante dictó una sentencia el pasado 16 de abril en la que condena al Ayuntamiento de Alicante, que preside el alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, a abonar a una empresa el beneficio que dejó de ganar después de que el Consistorio concediera de forma "injusta" un contrato a Enrique Ortiz. El contrato en cuestión adjudicaba el servicio de la limpieza y mantenimiento del Cementerio, así como la ejecución de las actividades funerarias por un importe de 765.000 € para dos años, y recibió luz verde en la Junta Local del Ayuntamiento de Alicante el 11 de abril de 2005, según informó el periódico La Verdad. A dicho concurso se presentó Enrique Ortiz y una UTE formada por Secopsa Servicios y Contratas Prieto. La concejal socialista, Antonia Graells, en aquella ocasión denunció "irregularidades" en los criterios de baremación, ya que no se otorgó a la oferta más económica, según recordó la edil. La juez, en la sentencia, se muestra muy crítica con la actuación del jefe del área de Servicios y Mantenimientos del Ayuntamiento, Pablo Suárez y de sus colaboradores. "Es sorprendente el empeño del técnico municipal en desacreditar la oferta de Prieto", menciona en la sentencia la juez, que también asegura que "da la impresión de que el resto de las puntuaciones exageradamente bajas concedidas a Prieto (...) son evidentemente tendenciosas con el objeto de favorecer a Ortiz, desde el momento en que en ningún momento lo justifica con todo detalle".

Las otras noticias del PP

59

La magistrada estima la demanda interpuesta por una de las mercantiles perjudicada en el concurso y considera que perdió el contrato porque el informe municipal "incidió en arbitrariedad, desviación de poder y violación de los principios de objetividad, igualdad y libre concurrencia que deberían haber regido la licitación". La sentencia condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a las dos empresas que optaban conjuntamente al contrato el beneficio que han dejado de percibir, cuantificado en un 6% correspondiente al beneficio industrial de todas las certificaciones facturadas por la mercantil de Enrique Ortiz por los trabajos realizados en la ejecución del contrato. La sentencia fue comunicada al Ayuntamiento de Alicante el pasado 24 de abril y éste puede presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ningún responsable municipal del PP quiso valorar la sentencia. La sentencia vuelve a poner de actualidad el presunto trato de favor del alcalde de Alicante hacia el empresario Enrique Ortiz, imputado junto al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en el proceso judicial sobre el sobrecoste en la construcción de dos aparcamientos en Alicante. Enrique Ortiz planea también ejecutar el mayor plan urbanístico en Alicante al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que es el Plan Rabassa, con la construcción de 15.000 viviendas sobre una parcela de 1.200.000 m2. 88. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) ADJUDICA EN LA COSTA 1.000 VIVIENDAS A UN PROMOTOR AFÍN AL PP (26/01/07) El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, ha culminado el expediente para la urbanización del último tramo de la costa aún a salvo de las edificaciones, la cala de la Mosca. El programa prevé 1.000 viviendas e incluye un puerto deportivo, pendiente de su autorización por la Dirección General de Costa. El proyecto será adjudicado al contratista Esteban Gomendio, miembro del consejo de la TV local Canal 34, afín al PP. El promotor también es socio del empresario Joaquín Grau Pomares, propietario del chalé y del Rolls que usa el alcalde, José Manuel Medina. El programa urbanístico que se pretende ejecutar en la playa de Orihuela, a la altura de la cala de la Mosca, será llevado al pleno de la corporación para su aprobación provisional. El plan ocupará un total de 462.000 m2, de los cuales 260.000 serán edificables para levantar 1.000 viviendas. La iniciativa incluye un puerto deportivo y pese a que el proyecto aún no ha sido autorizado por la Dirección General de Costas, el promotor recoge la instalación en los folletos publicitarios para promocionar la futura urbanización. El programa urbanístico será adjudicado a la Agrupación de Interés Urbanístico Grupo Gomendio, del empresario Esteban Gomendio López de Asiain. Este promotor integra el consejo de administración de la TV local Canal 34, medio de comunicación afín al PP. Gomendio López es, además, socio del promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un chalé en la costa de Orihuela en el que vive, en régimen de alquiler, el alcalde Orihuela y también del Rolls Royce que usa el regidor. El uso de esos bienes por parte de Medina es la espina dorsal de la denuncia del Fiscal anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano. La imputación del alcalde en esa causa le abocó el pasado mes de septiembre a renunciar a la reelección en el cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo. La oposición califica la iniciativa de "aberración porque supone urbanizar el último tramo virgen el litoral oriolano, sin que haya demanda para nuevas viviendas", en palabras del edil de los Verdes, Monserrate Guillén. Mientras, el concejal Francisco García Ortuño, apunta hacia un "pelotazo urbanístico", "ya que son claras las relaciones entre el promotor Gomendio y el PP". "El plan estaba paralizado desde 2002 y precisamente se reactiva unos meses después de que el alcalde anuncie que no opta a la reelección por sus imputaciones judiciales", añade García Ortuño. Por su parte, la concejal de Urbanismo, Eva Ortiz, rechazó las acusaciones de la oposición y defendió la legalidad del programa urbanístico. "Es un proyecto incluido en Plan General de Ordenación urbana desde 1998, y se trata de la segunda fase de un sector, cuya primera fase ya está ejecutada", afirmó la edil. "No es cierto que el proyecto haya estado paralizado y, ahora, se haya retomado. La propuesta entró en el Ayuntamiento en 2003 y no se le ha dado el visto bueno hasta que no hemos contado con todos los informes favorables de los técnicos, tanto del Ayuntamiento como de otras administraciones", añadió. La edil evitó pronunciarse sobre el proyecto de puerto deportivo que el promotor incluye en el programa. "No es una competencia municipal, hasta el punto que hemos obligado al urbanizador a que elimine cualquier referencia a ese proyecto [el puerto deportivo] en la propuesta que ha presentado al Ayuntamiento", añadió.

Las otras noticias del PP

60

89. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE VILA-REAL DIMITE 50 DÍAS DESPUÉS DE SER CONDENADO POR PREVARICACIÓN (16/01/07) El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, dimitió ante el pleno municipal, 50 días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación por prevaricación. Vilanova dijo que abandona el cargo por la "presión" que los grupos de la oposición han ejercido sobre su persona y sobre el PP y no como acatamiento de la sentencia del tribunal. El Supremo ha establecido que el regidor "se situó del lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo a ciencia cierta que vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos". Según la sentencia, el alcalde de Vila-real, demostró una "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos, haciendo oídos sordos a la situación que sufrían y permitiendo la actuación de la industria, a sabiendas de que actuaba contra las disposiciones legales". Aún así, Manuel Vilanova insistió en su consideración de que el fallo es "injusto" ya que, según dijo, "los hechos se ciernen sobre un expediente administrativo abierto y resuelto" que, en cualquier caso, fue denunciado por la vía penal por los vecinos afectados. Vilanova añadió: "No quiero dar la falsa imagen de político aferrado a su cargo contra viento y marea". En una conferencia de prensa junto al presidente provincial del PP, Carlos Fabra, añadió que el mismo día que conoció la condena puso su cargo a disposición del partido, "cumpliendo así el código deontológico". Sin embargo, la voluntad de renunciar a la alcaldía no fue aceptada por el PP. Vilanova, que ha pedido el indulto, no podrá repetir como candidato y su partido, tras resistirse a ello, ha optado por aceptar su salida de la política para dar paso al recién nombrado candidato, Juan José Rubert, que ahora será alcalde pese a que en las anteriores elecciones ocupaba el número seis en la lista. De hecho, Vilanova desveló que iba a abandonar el cargo la pasada semana y que Fabra le pidió que lo retrasara hasta para no eclipsar el acto de presentación de candidatos que el PP organizó el fin de semana en Vila-real. Rubert acompañó al todavía alcalde en su anuncio de dimisión, al igual que ha hecho en los últimos días en todo tipo de actos más. Junto a Vilanova se encontraba también el líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos relacionados con el tráfico de influencias. Fabra sólo tomó la palabra cuando fue preguntado y dijo: "Siempre he estado a su lado y seguiré estándolo, puesto que ha sido un lujo tener a un alcalde como él en el PP". El líder popular destacó el apoyo que el condenado ha tenido de su partido, tanto en lo que respecta a la dirección provincial como a la dirección regional, que encabeza el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 90. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE LA VILA RECONOCE QUE HA EJERCIDO DE MÉDICO SIN TÍTULO Y DIMITE (08/06/07) El alcalde de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca Senabre, del PP, reconoció que ha ejercido como médico sin titulación oficial y sin estar colegiado y presentó su dimisión. El ex regidor comunicó su renuncia al cargo mediante una nota oficial remitida a los medios de comunicación que textualmente dice: "Me desnudó ante vosotros. Es cierto que mi situación personal me impidió completar los estudios de Medicina", Llorca ha ocultado su condición de falso médico tanto a la ciudadanía como al PP desde 1999 cuando ganó la alcaldía con mayoría absoluta. No pudo aguantar la presión y ante la evidencia al alcalde de La Vila Joiosa arrojó la toalla y anunció anoche que renunciaba al acta de concejal electo obtenida el pasado 27 de mayo. En el escrito de dimisión el primer edil en funciones asegura: "Fue un gran error [no acabar la carrera y ocultarlo] por el que ahora asumo mi responsabilidad. Quien de vosotros tenga la capacidad de perdonar que me perdone, y quien no que me disculpe". La dimisión de Llorca se gestó a lo largo de la jornada de cuando le fue imposible demostrar a la dirección regional del PP y a sus compañeros que sí tenía la titulación oficial para ejercer de galeno. Ante la evidencia y presionado por la dirección regional del PP, Llorca hizo efectiva su dimisión al final de una reunión de militantes del PP de la que se ausentó y delegó en el secretario local, Jerónimo Lloret, la lectura del comunicado. El alcalde de La Vila ha ocultado esta falso dato de su currículo profesional durante toda su vida. Antes de 1998, cuando empezó a pasar consulta en la clínica La Creueta, de la que era presidente, todos pensaban que era licenciado en Medicina. Durante dos años adquirió fama y prestigio en la localidad como un galeno "eficaz y atento", en palabras de sus pacientes. Llorca se valió de la actividad profesional como trampolín para lanzarse a la política, de hecho, en 1999 fue elegido alcalde con mayoría absoluta. Todos sus electores y compañeros de corporación estaban convencidos de que tenían un médico en la alcaldía. Al Las otras noticias del PP

61

acceder al cargo de primer edil, Llorca dejó la práctica de la medicina, pero no así la titularidad de la clínica La Creueta, de la que se desvinculó definitivamente en 2003. Pese al masivo y colectivo engaño en su despedida Llorca no tuvo pudor y arremetió contra los sectores ciudadanos y medios de comunicación que en su opinión le han criticado sin fundamento: "No ha sido un camino de rosas. Al contrario. Las zancadillas han sido constantes y cada logro ha sido lamentablemente acompañado de una persecución implacable y a la vez despreciable. Me han perseguido en los juzgados a través de querellas y denuncias falaces, repletas de injurias, calumnias y mentiras. Y es una persecución tan cruel que incluso ahora invade mi personal", se lamenta Llorca en su nota de despedida. 91. COMUNIDAD VALENCIANA: LA ESPOSA DEL EX ALCALDE DE BURRIANA TIENE CUENTAS EN ANDORRA (20/06/07) El ex alcalde de Burriana y actual secretario de Política Económica y Empleo del PP en la Comunidad Valenciana, Alfonso Ferrada, admitió ante el juez que su esposa y su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra. Ferrada justificó la actividad bancaria alegando que posee propiedades en aquel paraíso fiscal. El dirigente del PP acudió al juzgado número 1 de Vila-real para declarar como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, contra los recursos naturales y contra la ordenación del territorio tras la aprobación de un polémico Programa de Actuación Integrada (PAI). La querella acusa también al popular de los presuntos delitos de tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas. Ferrada hubo de responder al interrogatorio al que le sometió, entre otros, la acusación particular tras la denuncia presentada por el PSPV en la que también se señalaba como presunto autor de estos delitos al ex concejal de Urbanismo y miembro de la actual corporación Javier Perelló. En su declaración, según fuentes del caso, el dirigente popular admitió conocer y haber mantenido contactos con el empresario que finalmente resultó adjudicatario de este PAI, incluso antes de que la propuesta de urbanización saliera a exposición pública. Este hecho ya fue denunciado no sólo por los socialistas en el Ayuntamiento de Burriana sino también por el empresario que resultó perjudicado por esta adjudicación. Ferrada no precisó a cuándo se remonta su relación con este empresario ni el origen de la misma. Según el texto de la querella, el PP mantuvo sin tramitar, durante un año, un programa presentado por una constructora local. Al mismo tiempo, tres mercantiles comenzaron a adquirir terrenos en la misma zona que posteriormente fue recalificada para lo que, a entender de los querellantes, dispusieron "sin lugar a dudas de información privilegiada". Finalmente, la sociedad del empresario que también ha sido denunciado, presentó su propuesta y resultó adjudicatario con "graves irregularidades en la tramitación" y en un "tiempo récord". Pese a que los técnicos municipales expresaban reservas, Ferrada optó por contratar un informe jurídico externo que avalara su decisión de adjudicar el programa a la propuesta de Carlos Esteve. En un receso de su comparecencia en el juzgado, que se prolongó durante más de cuatro horas, el ex alcalde de Burriana declaró su "inocencia" ante los medios de comunicación y adujo que "tenía ganas de que llegase el día de para colaborar con la Justicia y, así, aclarar todo lo que tiene que ver con la querella". 92. COMUNIDAD VALENCIANA: ALTEA VENDE Y DESPUÉS RECOMPRA UNA FINCA A UNA FUNDACIÓN PRÓXIMA AL PP (19/02/07) El Ayuntamiento de Altea, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado ayudas por más de 1,2 millones a la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo, entre cuyos dirigentes hay miembros de la FAES (fundación presidida por José María Aznar). El primer edil alteano, el zaplanista Miguel Ortiz, ha sido uno de los principales defensores de esta entidad "sin ánimo de lucro". Entre las ayudas entregadas por el Consistorio figura una de 600.000 euros en 2002 para adquirir una finca de 1,2 millones de euros y que tres años después ha recomprado por 1,8 millones. Los orígenes de la fundación se sitúan en 1996, con la llegada de Ortiz a la alcaldía, pero hasta tres años después no aprobó sus estatutos. En junio de 2002 y con los votos del PP se aprobó el convenio por el que el Ayuntamiento pagaba a la fundación 600.000 euros para comprar la finca Santa Bárbara, que costaba 1,2 millones. La aportación se repartía en 10 años, a razón de 60.000 euros por año. El objetivo era convertir el emplazamiento en sede de sus actividades, y el convenio incluía el regalo a la ciudad de la ermita ubicada en la parcela, la cesión de las instalaciones para actividades municipales y el nombramiento del alcalde como copresidente de la misma. Según el Bloc, con los 60.000 euros anuales del Consistorio iba amortizando el crédito y "realizaba alguna actividad para cubrir el expediente". Las otras noticias del PP

62

Tres años después la fundación vendió la finca al Consistorio por 1,8 millones, 600.000 euros más de lo que le costó. El presidente de la fundación era el propio alcalde. Y en lugar de ser el Consistorio quien pidió el crédito fue la Empresa Pública Municipal la que negoció con Caixaltea (presidida por Jaime Sellés, concejal de Presidencia y persona de confianza del alcalde) la concesión de 2,16 millones, es decir, 360.000 euros más caro a través de un préstamo a 25 años y con cuotas de amortización de 10.200 euros al mes. Los beneficios de la Fundación no quedan ahí. Después de comprar la finca, el alcalde renovó el convenio de 600.000 euros para que siguiera percibiendo 60.000 euros al año durante una década como subvención a las actividades. La portavoz del Bloc, Paca Sevila, calificó de "escandalosa" la situación y del "negocio redondo" de la fundación, ya que para justificar la subvención recibida "en lugar de presentar una memoria y facturas de actividades presenta como justificante la compra de un piso y dos plazas de garaje". 93. COMUNIDAD VALENCIANA: LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE RIBA-ROJA Y A UN EMPRESARIO POR DELITO DE COHECHO (07/03/07) Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, declaró en un juzgado de Llíria como imputado por un delito de cohecho en relación con el supuesto cobro de cantidades millonarias camufladas como donativos que suponían un pasaporte para la adjudicación de obras. La denuncia la presentó el empresario Vicente Pérez Saura, administrador de Ribalge SL, quien aseguró haber entregado 120.000 € para conseguir la adjudicación de un PAI. Pérez Saura dijo que el alcalde le reclamó 7,8 millones para otros proyectos. La juez también ha imputado al empresario. Tarazona lo niega todo. El alcalde de Riba-roja acudió al Juzgado de Instrucción número tres de Llíria acompañado de familiares, colaboradores y su abogada. Nada más entrar en el despacho judicial anunció que no respondería ni a la juez ni a la acusación. Lo hizo sólo a su letrada. Negó cualquier acusación de cohecho, aseguró que las donaciones de Pérez Saura y otros empresarios fueron siempre voluntarias, que el Ayuntamiento las destinó a proyectos locales, que nunca ha visto ese dinero ni se ha quedado con un céntimo, y que es víctima de una "persecución política" porque "este señor ya me dijo que quería quitarme del sillón del Ayuntamiento". A la juez le aportó el texto aprobado el pasado lunes por la noche en el pleno del consistorio en el que recoge una sucesión de los hechos bajo sospecha y en la que todo aparenta legalidad. La donación a una Administración no es delito. Sin ser común, dicen fuentes de la fiscalía, no es corriente. Sin embargo, en este caso, y según fuentes de la investigación, existen indicios sólidos de irregularidad. Tarazona insiste en que nunca ha condicionado la adjudicación de obras a donativo alguno. Vicente Pérez Saura asegura que obtuvo la licencia del PAI de Gallipont en 2002 gracias al compromiso de una donación de 120.350 €. Cantidad que efectivamente fue ingresada en una cuenta del Rural Caja a nombre del ayuntamiento y que fue distribuida, según el interventor de la corporación, del siguiente modo: 12.000 € para la Sociedad Musical; 12.000 para el club de fútbol; 9.000 para la Cena del Cristo; y 87.350 € para ingreso en Caja. Esta última cifra se contabilizó en la partida presupuestaria de ingresos bajo el epígrafe: Aportación Económica de Agentes Urbanizadores para fines de interés local. Y su destino fue, según el interventor del Ayuntamiento: alumbrado público de urbanizaciones; asfaltado de vías y obras; y acondicionamiento del centro de información juvenil. El empresario, que presentó la denuncia el pasado verano y era el propietario de la mayoría de las parcelas afectadas por el PAI de Gallipont -y según el alcalde de Riba-roja el único que podía lograr la adjudicación porque su oferta fue la mejor-, niega las explicaciones del primer edil. El administrador de la mercantil Ribalge SL, también imputado por cohecho y que declaró la pasada semana por estos hechos, mantiene que está documentada la relación directa entre sus pagos bajo la forma de donaciones y la adjudicación, que esa es pauta de comportamiento, que no es la única víctima y que desde que se negó a entregar más aportaciones tiene paralizadas todas las obras. El empresario mantiene que era preceptivo comprometerse a realizar las aportaciones para poder obtener alguna licencia. 94. COMUNIDAD VALENCIANA: ANTICORRUPCIÓN PIDE A HACIENDA LOS DATOS DEL PATRIMONIO DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (16/03/07) La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre el patrimonio del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP. La iniciativa del ministerio público se enmarca en la investigación judicial abierta al primer edil por la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compra-venta de una finca rústica. El regidor, imputado ya en esa causa, declaró , junto a otros dos ediles de su equipo de gobierno, en otro sumario, por pagos ilegales de 15 millones de euros.

Las otras noticias del PP

63

Pedro Ángel Hernández Mateo, en la alcaldía de Torrevieja desde 1987, acudió al juzgado en calidad de imputado por segunda vez en el espacio de año y medio. El regidor y otros dos concejales de su equipo de gobierno (Pascual Ortiz, responsable del área de Hacienda, y José Antonio Sánchez) comparecieron ante la titular del Juzgado número 2 por un supuesto delito de prevaricación derivado del pago de 15 millones de euros sin consignación presupuestaria. El 28 de octubre de 2005 el primer edil torrevejense declaró, también como acusado, ante el titular del juzgado número 4 por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El juez investiga la plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compra-venta de una finca en el término de Almoradí. El alcalde compró la finca -18 hectáreas de suelo rústico- en 2000 por 180.000 euros, y dos años más tarde la vendió por 5,4 millones de euros. Hernández Mateo realizó la compra-venta inmobiliaria con la promotora Edén del Mar, beneficiada con adjudicaciones del Consistorio, antes durante y después de la operación. La acusación pública, que ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, acaba de solicitar al juez instructor la práctica de nuevas pruebas tendentes a verificar el patrimonio del alcalde. Entre ellas, destaca un informe de la Agencia Tributaria, según han confirmado fuentes del caso. Mientras, la comparecencia de del alcalde y los ediles de Hacienda y Contratación en el juzgado está motivada por una querella presentada por el grupo municipal del PSPV. Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento ha abonado desde 2000 más de 15 millones de euros mediante el procedimiento de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Según los querellantes, los pagos se efectuaron sin consignación presupuestaria y con los informes en contra de la Secretaría e Intervención municipal. Entre las empresas beneficiadas por esos pagos se encuentra una firma de seguridad privada, cuyo propietario es el actual concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil-Rebollo. El alcalde y los ediles evitaron hacer declaraciones a su salida del juzgado. No obstante, en una posterior rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, el regidor defendió la legalidad de las operaciones contables y subrayó que había actuado con "total honestidad". 95. COMUNIDAD VALENCIANA: EL ALCALDE DE BENIDORM (PP) VOTÓ EN UN PAI EN EL QUE TIENE INTERESES (19/03/07) El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP, permitió con su voto favorable la construcción de una promoción de viviendas en las que tenía intereses. El primer edil benidormense es accionista de la mercantil Vacanza 2000 SL, perteneciente al grupo Mayve, desde abril del año 2000. En todos los trámites municipales para la aprobación de la promoción el primer edil se ha ausentado de las votaciones, con la excepción de, al menos, dos juntas de Gobierno celebradas el 6 de marzo y el 11 de diciembre de 2006, cuando participó en la decisión que afectaba a este grupo empresarial. En ambas sesiones y según figura al acta, Pérez Fenoll presidió como alcalde las reuniones y no se ausentó. La primera aprobó el otorgamiento de las cédulas de habitabilidad, y la segunda la licencia de apertura del garaje comunitario. Casualmente mientras en la comisión informativa previa a la junta de Gobierno del 6 de marzo Pérez Fenoll se ausentó, después permitió con su voto que se otorgaran las cédulas, según la documentación municipal. El complejo cuenta con 245 viviendas, 245 garajes, 50 trasteros y 2 locales, y está compuesto por las torres Capri y San Remo, en la avenida Montecarlo, a 250 metros de la playa de Levante. El valor en el mercado de todo el complejo según reconoce el propio grupo es de 25,3 millones de €. La adjudicación de la unidad de ejecución número 4 del PGOU de Benidorm estuvo rodeada de polémica, ya que la zona de Serra Gelada en la que se encuentra estaba suspendida de aprobación en el Plan General de Benidorm de 1990 y fue necesario un pronunciamiento de la consejería de Medio Ambiente. Manuel Pérez Fenoll rechazó que se le catalogara como "promotor", aunque reconoció que participaba con el 2,5% en esta promoción. Todos sus compañeros conocen su interés, puesto que casi siempre se ha ausentado de la toma de decisiones. El grupo Mayve está conformado por dieciséis empresas dedicadas a la promoción, construcción, hostelería y turismo, con un capital de 873.872 €. Sus principales socios son Antonio Magraner y Tomás Velasco. Magraner es notario de Benidorm y hasta fecha reciente era consejero de la CAM a propuesta de Eduardo Zaplana. La participación reconocida por Fenoll en el grupo Mayve no figura en el registro mercantil. El alcalde de Benidorm, médico odontólogo, figura como administrador solidario de la sociedad limitada Fenoll Soriano, compartida con su mujer, María del Carmen Zaragoza Soriano y su hija Esperanza Pérez Zaragoza. La empresa se constituyó el 14 de abril del 2000 con un capital de 72.124 €, y está dedicada a "actividades de prestación médica dental y sanitaria", así como a "gestionar clínicas dentales". El 24 de octubre de 2006 la sociedad amplió por ocho su capital inicial hasta alcanzar los con 564.616 €. Las otras noticias del PP

64

96. COMUNIDAD VALENCIANA: EL LÍDER DEL PP EN CASTELLÓN, IMPUTADO POR DELITO FISCAL, CUADRUPLICA SU PATRIMONIO EN CINCO AÑOS El líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, cerró su ejercicio fiscal en 1999 con un patrimonio cuyo valor catastral era de poco más de 150.000 €. En 2004, ese valor se había cuadruplicado y ascendía hasta 646.440 €, según consta en la documentación remitida por los peritos al Juzgado número 1 de Nules, donde se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal. La documentación, que abarca más de 2.500 folios, incluye también los datos relativos a sus declaraciones de renta que, en todos y cada uno de los cinco años, le salieron a devolver, en cantidades que oscilan entre los 1.600 y los 4.200 €. El origen de la investigación a Carlos Fabra es la denuncia de un empresario, Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle "cantidades millonarias" por mediar ante la Administración para tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. El juzgado abrió el caso de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública. Poco después, la Agencia Tributaria presentó otra denuncia por un posible fraude fiscal por las irregularidades detectadas en la declaración de la renta de 1999. La posible vinculación entre el tráfico de influencias y el delito fiscal llevó al juzgado a unir las investigaciones y a ampliarlas a cinco ejercicios fiscales, tal como solicitaron la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores (UCE) y la fiscalía anticorrupción, que se hizo cargo del caso. Pese a que la investigación se inició hace más de tres años, los continuos cambios de fiscal y de juez, así como los recursos presentados por el propio Fabra contra todas las decisiones judiciales, han provocado que aún no se haya determinado la apertura del juicio oral. Tras todo este tiempo "bajo sospecha", Carlos Fabra anunció su decisión de volver a presentarse como número tres en la lista del PP de Castellón, puesto que puede permitirle revalidar su puesto en la presidencia de la Diputación castellonense, en el caso de que los populares obtengan el mayor número de diputados en la provincia. El valor catastral de los bienes nada tiene que ver con el valor real de los inmuebles aunque, en este caso, sí sirve de referencia para revelar la magnitud de un índice de incremento patrimonial. Castellón no registró en esos cinco años ninguna revisión catastral que justificara el incremento del valor de los bienes que el líder del PP ya tenía en 1999. La variación se fundamenta, además, en la adquisición de inmuebles que, en algunos casos, Fabra compró como bien ganancial. Fabra siempre ha negado la existencia de un injustificado incremento patrimonial. De hecho, poco después de que estallara el conocido como caso Fabra, él mismo facilitó una lista de sus bienes, aunque no aportó el valor de los mismos y simplemente argumentó las variaciones en su capacidad de endeudamiento. De hecho, en la documentación que obra en el juzgado aparecen datos relativos a sus deudas que, por ejemplo, de 2002 a 2003 se incrementaron en cerca de 300.000 € cuando ésta ya eran de más de 600.000. Es decir, Fabra debía a los bancos más de 900.000 € cuando sus rendimientos de trabajo se limitaban a poco más de 88.000 €. En la documentación que ahora han remitido los peritos al juzgado aparecen los datos relativos a su patrimonio. Carlos Fabra acabó el ejercicio fiscal de 1999 con cinco parcelas en la urbanización La Coma, de Castellón, un inmueble en el pequeño municipio de Culla y dos viviendas, una de ellas en Castellón y, la otra, en el municipio castellonense de Forcall, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El valor catastral de este patrimonio era de poco más de 150.000 €, aunque sólo una de las viviendas, la de Castellón, ya estaba valorada en 126.000 €. En 2004, según la información que consta en los archivos públicos, la misma vivienda de Castellón había incrementado su valor en apenas 10.000 €. El resto de bienes, hasta alcanzar los más de 660.000, corresponden a una casa en la urbanización Les Platgetes, en Oropesa, un piso en la Plaza de Las Salesas, en Madrid, la casa de Culla y otra vivienda que heredó de su madre, también en Castellón.La diferencia entre el valor catastral y el valor de adquisición de los bienes queda patente en la misma documentación donde figuran, entre otras, las dos cantidades relativas al piso de Madrid. Mientras que el valor catastral del mismo se sitúa en los 170.000, el valor de la compra se fijó en 901.000 €. El sueldo y los rendimientos de trabajo de Carlos Fabra no son escasos pero chocan con la rentabilidad que de ellos obtiene, tal como refleja el incremento patrimonial. Además, tal como señalan los documentos, las declaraciones presentadas entre 1999 y 2004 le salieron a devolver. Según la documentación de "trascendencia tributaria" obtenida por los peritos en las bases de datos de contribuyentes, el presidente de la Diputación de Castellón obtuvo en 1999 retribuciones por un total de 73.136 €. Las otras noticias del PP

65

Por este ejercicio fiscal, Hacienda le devolvió 2.783 € que, según su declaración, correspondían a la cuota diferencial. En 2000, sus rendimientos de trabajo alcanzaron los 78.618 € y la cuota diferencial se fijó en 1.611 €. Al año siguiente, Carlos Fabra apenas aumentó sus rendimientos de trabajo en 1.000 € y su declaración exhibe que la cantidad a devolver fue de 2.246 €. En la mayoría de los casos, Fabra no percibió estas cantidades sino que las compensó con el pago que debía efectuar su esposa, a la que la declaración sí le salía positiva. Los ingresos por trabajo obtenidos en 2002 aumentaron hasta 83.636 €, mientras que éste fue el año, de los cinco investigados, que más dinero le salió a devolver ya que la cantidad se fijó en 4.230 €. Algo menos, 3.109 €, fue lo que percibió en 2003 después de declarar unos rendimientos de trabajo de más de 88.000 €, mientras que en 2004 percibió 3.286 de devolución de Hacienda con unos ingresos declarados de 91.304 €. La declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2004 también incluye otro tipo de ingreso, según señala la documentación, procedente de Loterías y Apuestas del Estado. Carlos Fabra obtuvo, entre septiembre y noviembre de este año, dos premios que alcanzaron un total de 16.261 €. 97. COMUNIDAD VALENCIANA: FABRA GASTÓ EN 2004 EL DOBLE EN PAGAR PRÉSTAMOS DE LO QUE INGRESÓ (24/05/07) Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. El presidente de la Diputación de Castellón pagó un total de 131.000 € como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, que instruye el llamado caso Fabra, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 €, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos. El mismo año, su esposa, Amparo Fernández, hizo frente también al pago de su parte proporcional de dos créditos hipotecarios, de los que amortizó 225.631 €. Fernández declaró ese ejercicio un total de 84.608 € de ingresos, procedentes de sus retribuciones y del rendimiento de otros bienes. Fabra y su esposa amortizaron en total más de 355.000 € en préstamos durante un año en el que sólo declararon haber ganado 185.229. El juzgado investiga las cuentas que Fabra declaró a Hacienda, así como las de todos los miembros de su familia después de que la Agencia Tributaria presentara denuncia por presunto fraude fiscal en el ejercicio de 1999. Ese año, además, Fabra ingresó, en pequeñas cantidades y en distintas cuentas, cerca de 600.000 € de los que aún no ha justificado la procedencia, ya que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez. La investigación fiscal se ha unido a la iniciada por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho, después de que un empresario le acusara de cobrar "cantidades millonarias" por mediar ante la Administración para tratar de agilizar licencias de productos fitosanitarios. 98. COMUNIDAD VALENCIANA: CARGOS DEL PP DE CASTELLÓN BAJO EL RETRATO DE FRANCO (05/04/07) Aunque la motivación de la cena no fue otra que una reunión de un grupo de socios de una entidad gastronómica, la velada se desarrolló con un cuadro de Franco presidiendo la mesa. El 20 de noviembre de 2003, según indica la fecha de las imágenes a las que ha tenido acceso este ico, un grupo de castellonenses se reunió en el local de una conocida colla de la capital de La Plana, alrededor de una mesa presidida por un cuadro del general Franco. El 20-N es precisamente el día en que se conmemora su fallecimiento. Entre los asistentes a aquella cena, y como puede comprobarse en las fotografías, se encontraban el actual director ejecutivo de la sociedad pública Castelló Cultural, Vicente Farnós (en primer plano de la imagen reproducida arriba); el gerente de la fundación Aproa (dependiente de la Autoridad Portuaria de Castellón), Manuel Ramos; el jefe de prensa de la Autoridad Portuaria, Jesús Postigo; el delegado en Castellón de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y cuñado de Carlos Fabra, presidente de la Diputación, Jorge Fernández (quinto por la izquierda), así como el actual gerente de la Ciudad de la Justicia de Castellón, Juan Manzano. Entre los comensales había también destacados directivos de compañías y bancos, empresarios, notarios, abogados e incluso algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. En el transcurso de la reunión nadie solicitó que se descolgara el cuadro con la efigie del dictador.

Las otras noticias del PP

66

99. COMUNIDAD VALENCIANA: EL TSJ SUSPENDE LA AYUNTAMIENTOS POR EL FRAUDE EN LOS CENSOS (17/06/07)

CONSTITUCIÓN

DE

CUATRO

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana comunicó a los Ayuntamientos de Corbera, en Valencia, Aigües, en Alicante, y los castellonenses de Fanzara, Argelita y Sant Jordi, que no podrán constituirse esta mañana, y deberán posponer la elección de sus respectivas corporaciones. En el caso de los Ayuntamientos de Fanzara, Argelita y Sant Jordi, en Castellón, y de Aigües, en Alicante, esta situación se produce debido a las sospechas de fraude en los censos. En Corbera el Bloc ha recurrido porque una papeleta tachada fue aceptada y le dio un edil al PP. El PSPV recurrió el resultado electoral en los tres Ayuntamientos castellonenses al detectar empadronamientos irregulares. En Fanzara, municipio de menos de 300 habitantes, se empadronaron más de 130 nuevos vecinos en poco más de un mes. El edil socialista Roberto Salisa, que denunció que 15 vecinos fueron censados en una casa rural, seis en el domicilio de un candidato del PP, y otros en casas deshabitadas o en ruinas, aseguró , al conocer la decisión del TSJ, que "comienza a cumplirse la ley". En Fanzara el PP ganó por 13 votos. En Sant Jordi, gobernado por el vicepresidente cuarto de la Diputación de Castellón, Luis Tena, que ha logrado seis concejales por uno el PSPV, ocurrió algo similar, con alrededor de 300 nuevos empadronados, muchos de ellos de origen rumano, en casas abandonadas o en domicilios de personas afines al PP, según el PSPV, mientras que en Argelita los socialistas presentaron una denuncia penal por fraude electoral ante el juzgado número 3 de Nules, porque los ediles populares Pascual Ibáñez y Avelina Chiva intentaron empadronar a 31 personas en casas de candidatos del PP y de otras personas afiliadas o relacionadas con este partido. El juzgado de Nules ha imputado a los dos ediles populares y a las siete personas que ofrecieron sus domicilios para dar cobijo a los supuestos nuevos vecinos. En Argelita, la edil del PP Avelina Chiva admitió que la orden de empadronamiento masivo procedía "del partido". Admitió que esto ocurría "en muchos sitios, como en Fanzara", y que el objetivo era ganar las elecciones. El PSPV, el Bloc y EU denunciaron que la supuesta trama de fraude en el censo en una docena de municipios de la provincia, claves en los partidos judiciales, había sido urdida por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Mientras, en Corbera la constitución del Ayuntamiento se retrasa debido a un recurso del Bloc, porque la Mesa electoral dio por buena una papeleta del PP con una tachadura, con lo que los populares lograron seis concejales, por tres del PSPV y dos del Bloc. Si la papeleta se anula, el PP pierde un edil, que sumarían los nacionalistas. En Aigües la constitución se aplaza porque el TSJ estudia la denuncia de una agrupación independiente por un incremento injustificado del 16% del censo electoral. 100. COMUNIDAD VALENCIANA: EL PP VALENCIANO HACE SENADORA TERRITORIAL A UNA DE LAS HIJAS DE FABRA (17/07/07) El PP valenciano, que lidera Francisco Camps, ha incluido en la lista de senadores de designación autonómica (que se elegirán en el Parlamento regional) a Andrea Fabra, de 34 años, hija mayor de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón e imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias. Además, Carlos Fabra se aumentó un 10% el sueldo (hasta los 92.400 euros) y sumó 10 asesores más a los 23 que ya tenía. El Comité Electoral Regional del PP designó a una de las hijas del presidente de la Diputación de Castellón para ocupar uno de los puestos de senador de designación territorial que se han de votar en las Cortes Valencianas. Sin haber ocupado cargo institucional alguno y sin pasar por un proceso electoral -ya que la propuesta es de libre designación-, Carlos Fabra coloca a la que, sin duda, es una de sus personas de confianza y para la que ya trató de lograr un puesto en las elecciones generales de 2004. Entonces, tanto su propio partido como el peso de las imputaciones por las que está siendo investigado el líder del PP de Castellón (tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal) impidieron que colocara a una de sus hijas. Sin embargo ahora, pese a que el único cargo que ha ocupado Andrea Fabra es el de vocal del comité ejecutivo provincial que preside su propio padre, el PP no ha puesto ningún impedimento a que la propuesta sea elevada a las Cortes Valencianas y la hija de Fabra ocupe el puesto durante cuatro años. Junto a ella, se votará a otros dos candidatos populares, el ex presidente de las Cortes Valencianas Julio de España y el Las otras noticias del PP

67

ex diputado Juan Antonio Rodríguez Marín, y a los socialistas Joan Lerma, ex presidente de la Generalitat, y Andrés Perelló, hasta ahora diputado autonómico. Ricardo Costa, secretario regional del PP de la Comunidad Valenciana y hermano del recién elegido director del programa electoral del PP, Juan Costa, justificó la designación de Andrea Fabra, de la que destacó que lleva años militando en el partido, pertenece a sus órganos de representación y tiene "todos los derechos y todas las cualidades" para acceder a este cargo. Fabra tiene cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Costa sostuvo que los senadores territoriales constituyen un "nuevo activo" para el partido y que trasladarán a la Cámara alta "la voz de todos los valencianos", ya que conocen "milimétricamente" las necesidades de la Comunidad Valenciana y las exigencias que hay que plantear al Gobierno central. Andrea Fabra reside en Madrid desde hace años, pues está casada con el consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Durante unos años ha formado parte de la Fundación Telefónica a las órdenes de Arturo Moreno. La hija de Carlos Fabra tampoco se ha visto exenta de la investigación del caso que afecta a su padre, ya que la Audiencia de Castellón aceptó la investigación de su patrimonio y cuentas, al igual que el de sus tres hermanos y su madre, que también está imputada en el mismo procedimiento judicial. Sin embargo, pese a que los datos fiscales de la familia del líder del PP de Castellón entre 1999 y 2004 ya han llegado al juzgado, la abultada documentación no incluye ninguna información relativa a Andrea Fabra. Lo que sí figura en las diligencias es que la futura senadora es titular de una parte de la empresa de su padre, Carmacas, a través de la que, según el empresario que denunció a Fabra, se realizaban los pagos por los "favores políticos" de los que le acusa. También figura Andrea Fabra como propietaria de un chalé en Pozuelo de Alarcón y copropietaria de otro chalé en Les Platgetes de Bellver (Oropesa). 101. CASTILLA Y LEÓN: UN JUEZ INVESTIGA A DOS CARGOS DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN POR UNA TRAMA URBANÍSTICA (19/03/07) El juez de instrucción número 1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto. El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo. Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas. Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid. En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de €, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 € de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal. El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz. Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el Las otras noticias del PP

68

convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados. El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera. El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos. El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. 102. CASTILLA Y LEÓN: LA CONDENA AL EDIL DE CULTURA OBLIGA A OTRO CAMBIO EN EL PP DE BÉJAR (31/01/079 La inhabilitación del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Béjar, Luis Francisco Martín, tras confirmarse la sentencia a cárcel e inhabilitación pública dictada por la Audiencia Provincial supone un duro palo a la política del Partido Popular en la figura de su presidente comarcal, Alejo Riñones, quien siempre ha visto en Martín su mano derecha y el hombre fuerte de su equipo de Gobierno. En caso de confirmarse que debiera abandonar su cargos, obligaría a Riñones a remodelar, una vez más en el último año, su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, lo que a su vez ha abierto una crisis en el PP de la comarca a sólo cuatro meses de las elecciones municipales. La última remodelación se produjo tras la dimisión y el abandono de su acta de concejal del ex edil de Educación Juan José Pérez Bullón. Purificación Pozo juró entonces el cargo y ocupó su puesto en esta Concejalía, además de asumir la cartera de Raúl Hernández en las responsabilidades de la Concejalía de Deporte, quien había dimitido meses antes, a principios de 2006, también como edil de Economía y Hacienda por discrepancias con Alejo Riñones. El alcalde no quiso pronunciarse al respecto sobre esta remodelación del equipo de Gobierno y asegura que no lo hará hasta que el auto del Tribunal Constitucional rechazando el recurso de amparo de Luis Francisco Martín sea oficial. No obstante, el edil de Cultura seguía a día de sin haber recibido esta notificación oficial. Sin embargo, Martín confirmó que su abogado se trasladó en la jornada de hasta Madrid, donde se interesó por el recurso en el Tribunal Constitucional, donde le anunciaron de manera verbal la no aceptación a trámite del mencionado recurso. Luis Francisco Martín explicó que “hasta ese momento mantendré mis cargos a la espera de que la ley se pronuncie”. Así, el edil de Cultura ha admitido “conocer de manera oral por parte de mi abogado y a través del teléfono el auto de desestimación, pero nada de manera oficial”.Martín se resiste a abandonar. Una vez pasado este trámite tiene que ser el Juzgado nº 2 de lo Penal de Salamanca el que comunique la ejecución del auto que implica que el hasta ahora concejal de Cultura, Festejos y Juventud deberá abandonar su cargo en estas responsabilidades como consecuencia de la sentencia que le condena a un año de cárcel y además a inhabilitación por un delito de usurpación de cargo público en el llamado “caso del secretario” en Puente del Congosto. A pesar de todo, el concejal todavía asegura que recurrirá a todos los resquicios legales para permanecer en el cargo hasta terminar su legislatura en mayo, pues asegura que no seguirá en política. “Ya he anunciado hace tiempo a mi partido mi intención de no integrar las listas electorales de mayo, pero creo que hasta ese momento tengo un compromiso que cumplir con mi partido y con los votantes además de importantes proyectos que terminar si la ley me lo permite. Si no, me iré a casa con la seguridad de haber realizado una buena gestión cultural en la ciudad”. Las otras noticias del PP

69

103. CASTILLA Y LEÓN: EL FISCAL IMPUTA A CUATRO ALTOS CARGOS DEL PP QUE IMPULSARON LA TALA EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS (09/03/07) El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, pidió al juez que declaren como imputados cuatro altos cargos del PP que impulsaron la urbanización en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila), según fuentes del caso. Entre los cargos implicados están el alcalde de Las Navas y el director general del Medio Natural de Castilla y León. El fiscal cree que en su actuación hay indicios de delito contra el medio ambiente y el territorio, prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ya que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento pactaron con el promotor la recalificación del pinar antes de pedir informes, y luego citaron como positivo el dictamen contrario a la recalificación. En el escrito remitido al juzgado, el fiscal pide que declaren como imputados el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; el director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre Antón, y el ex delegado de la Junta en Ávila, ex presidente de la Comisión de urbanismo y ex senador Félix San Segundo, todos del PP. No están todos los que son, pero, con este escrito, la fiscalía da el primer paso para depurar las responsabilidades por la Ciudad del Golf, la urbanización de 1.600 chalés, hotel y campos de golf en un pinar especialmente protegido. El Ayuntamiento de Las Navas, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León impulsaron la urbanización en contra de los informes técnicos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que la recalificación era ilegal y "vulneraba frontalmente" el decreto de protección de la cigüeña negra. Tras la sentencia y a petición de ecologistas y la fiscalía se abrió la vía penal para buscar a los responsables, como ocurre con las licencias ilegales de Marbella. El fiscal, tras analizar el expediente e informar al fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, actúa contra estos cargos. "Éste es el primer paso porque este proceso será largo y puede haber más imputaciones", explican fuentes de la fiscalía. Estas fuentes apuntan al ex presidente de la Diputación de Ávila Sebastián González, actual secretario de Organización del PP y mano derecha de Ángel Acebes. González es diputado y para pedir su imputación hay que lograr el visto bueno del Congreso. El escrito ecologista que abrió el caso incluía a González entre los denunciados y ahora es el único de ellos que no aparece en el escrito del fiscal. Una de las claves de la acusación es que el director de Medio Natural, Mariano Torre, firmó el 13 de noviembre de 2003 un informe por el que desprotegía 11,6 hectáreas declaradas "área crítica para la cigüeña negra" y por lo tanto intocables, Torre firmó la desprotección citando como positivo un informe del jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, firmado una semana antes y contrario a la desprotección. Yagüe había rubricado 10 días antes otro dictamen contrario y reiteró su oposición en 2004. Luego fue trasladado. Fuentes del caso explican que esa manipulación es una de las principales pruebas en contra de Torre. Además, para desproteger esa parte del suelo era necesaria una orden publicada en el boletín de la comunidad, algo que nunca se hizo. Torre evitó el trámite y desprotegió el área crítica. El segundo punto por el que incidirá la acusación es que los altos cargos eran juez y parte. Torre, González, San Segundo, el alcalde de Las Navas y el secretario eran consejeros de la empresa pública Montes de Las Navas, creada oficialmente para proteger el monte que acababa de comprar. La empresa era del ayuntamiento (70%), la Junta (20%) y la Diputación (10%). En noviembre de 2001, antes de que el terreno saliera a subasta, la empresa ya había encargado al constructor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, "los estudios topográficos y anteproyectos" de la urbanización. El acta del consejo de administración de 26 de noviembre de 2001 demuestra que ya entonces el constructor había pactado la adquisición de "95 hectáreas por 9,157 millones de euros". En 2002 el terreno salió a subasta y El Paloma fue el único en concursar. Ya no eran 95 hectáreas sino 215, aunque el precio apenas varió. 104. CASTILLA Y LEÓN: LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP APRUEBA UNA GRAN URBANIZACIÓN EN SUELO PROTEGIDO EN SORIA (15/03/07) En Soria llovía y hacía sol. Para María Jesús Ruiz, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, era un día "histórico y feliz". Para el procurador socialista y candidato a la alcaldía en Soria, Carlos Martínez, era una jornada "trágica". Ambos hablaban desde el castillo de Fuensaldaña (Valladolid), sede del Parlamento de Castilla y León, donde se aprobó, gracias a la mayoría absoluta del PP y en el último pleno de la legislatura, el proyecto de ley que autoriza la construcción de Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un complejo con 800 chalés y un parque industrial en terreno protegido.

Las otras noticias del PP

70

La vicepresidenta de la Junta presentó el proyecto de ley de la Ciudad del Medio Ambiente como "un ejemplo de cómo el medio ambiente es compatible con el desarrollo y todas las actividades humanas". El candidato socialista a la alcaldía replicó que se trataba de un "decretazo", un "pelotazo verde" y una "tropelía" contra el paraje de Soto de Garray. No estaban de acuerdo ni en los fines, ni en las formas. Martínez aseguró que al tramitar el proyecto como ley, la Junta buscaba "torear a los ayuntamientos implicados y a los tribunales para no pasar el calvario de ser imputados judicialmente como con en las Navas del Marqués [Ávila]". La vicepresidenta regional interpretó en la oposición socialista un "desprecio" a los sorianos, que, aclaró, "no estamos en peligro de extinción". Los socialistas consideran que la Junta no ha justificado debidamente el "interés regional" en el que se ampara el excepcional procedimiento, tramitando como un proyecto de ley un proyecto urbanístico sin que los municipios afectados, Garray y Soria (donde el pleno municipal se opone), den el visto bueno y sin que ningún ciudadano, colectivo ecologista o propietario afectado pueda recurrir ante los tribunales. En los árboles del paraje protegido anidan garcillas, águilas pescadoras, águilas perdiceras, milanos reales, milanos negros, entre otras especies. Según la Sociedad Española de Ornitología, ese enclave es el lugar de Soria donde se pueden observar más cantidad y variedad de aves. El procurador del PP, José Antonio de Miguel, negó que el procedimiento empleado persiguiera evitar el revés judicial de Las Navas del Marqués. Allí la Junta impulsó otra urbanización similar sobre un terreno especialmente protegido. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la anuló en octubre. "La ciudad del Medio Ambiente no tiene nada que ver con Las Navas del Marqués", explicó. El hecho de saber de antemano cómo terminaba la votación (46 votos a favor y 31 en contra, con un grito de "¡oooh!" de los populares dirigido a los socialistas al escuchar el resultado) no restó un ápice de tensión al pleno, animado desde la tribuna por miembros de Nuevas Generaciones del PP y dirigentes populares de la comunidad. El presidente de la Diputación de Soria, Efrén Martínez, abandonó su butaca después de que el presidente del Parlamento le increpara por interrumpir a Carlos Martínez. La alcaldesa de Soria, Encarnación Redondo (PP), mucho más tranquila, dio varias cabezadas durante las cuatro horas largas que duró el pleno. Al terminar, declaró que desconocía el caso de Las Navas del Marqués y apoyó fervientemente el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente. "Me parece un lugar estupendo, y no es verdad que vaya a haber daños al medio ambiente. No se puede hacer demagogia con las cigüeñas", señaló. 105. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE DE PONFERRADA Y CINCO MIEMBROS DEL PP, IMPUTADOS POR PRESUNTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN (21/03/07) El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) imputó al alcalde del municipio, Carlos López Riesco y a los cinco consejeros de la empresa pública del suelo (PONGESUR), por presuntos delitos de prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar en los próximos días por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social. Tal y como reveló elplural.com el pasado 15 de febrero, representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, presentaron una querella contra López Riesco, y los cinco consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación. Tras ratificarse la querella, el juzgado ha decidido llevarla a trámite, imputando a los seis querellados, que tendrán que declarar entre los próximos días 23 y 26 de marzo, según determina el auto al que ha tenido acceso este periódico. López Riesco y el resto de los consejeros están acusado de presuntos delitos de prevaricación por ceder presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, propiedad del controvertido empresario leonés José Luis Ulibarri. Las concesiones de terreno se habrían hecho aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que hace ilegal la cesión. 106. CASTILLA Y LEÓN: EL ALCALDE PEPERO DE SALAMANCA, EL SIN PAR LANZAROTE, PERDONA LA DEUDA A SU "AMIGO" CURTO (27/09/07) el Ayuntamiento de Salamanca habría perdonado una deuda multimillonaria al empresario de la Construcción Mario Curto. Este empresario cedió su chalet de Marbella al alcalde Lanzarote para pasar sus vacaciones de verano. Además ha tenido más escándalos como los del Gran Hotel o el Aparcamiento de los Bandos. Las otras noticias del PP

71

El constructor Mario Curto se excedió en 2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en 1996. Los técnicos municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación que nunca se produjo. Desde el Ayuntamiento sólo se inició un expediente de sanción nueve años después, con los plazos legales ampliamente rebasados. Por si fuera poco, el expediente sancionador estuvo seis meses parado y llegó al empresario un día después del plazo. Un juzgado acaba de sentenciar que el Consistorio ya no puede cobrar la multa, un 1.160.000 euros, casi 200 millones de las antiguas pesetas. Se da la circunstancia de que este constructor le ha cedido varios años al alcalde salmantino un apartamento de lujo en Marbella en primera línea de playa, de más de 300 metros cuadrados, donde Julián Lanzarote ha pasado varios períodos de vacaciones junto a su familia. Mario Curto estuvo relacionado con la operación Malaya, junto a su socio Pedro Roman, además, en Salamanca ha tenido más escándalos como los del Gran Hotel y sera uno de los grandes beneficiarios con la construcción del aparcamiento subterráneo en la plaza de los Bandos. 107. CASTILLA Y LEÓN: TERCERA PROTESTA MASIVA EN SALAMANCA CONTRA LA SUBIDA DE TASAS MUNICIPALES (27/12/07) Una plaga de luciérnagas se apoderó de la Plaza Mayor de Salamanca al caer la noche de ayer. Por tercera vez, con miles de velas encendidas, el recinto barroco se llenó de ciudadanos para protestar contra la subida de tasas municipales que esta mañana aprobará el equipo de gobierno (del PP) en sesión plenaria. Mientras los organizadores indicaron que habían respondido a la convocatoria unas 25.000 personas, los cálculos en relación con el espacio ocupado señalaron unos 15.000; la Policía Local no ofreció datos sobre la concentración. Los ciudadanos comenzaron con una fuerte y sostenida pitada al alcalde, Julián Lanzarote, para pasar luego a cantar villancicos compuestos para la ocasión con estribillos como: "Ya viene el alcalde / con los constructores / a tocar los cojones. / Nos sube el agua / nos sube la contribución / que la pago yo. / Nos suben el agua, / por la corrupción". Uno de los carteles alzados entre los asistentes rezaba así: "Julián Lanzarote, alcalde asesino: de sueños, de ilusiones, de utopías...". Para Chema Collados, presidente de la Federación de Vecinos, convocante junto a otras organizaciones y partidos, la respuesta de ayer "tiene más mérito que las dos anteriores, por el frío, por la hora, por la falta de muchos estudiantes en vacaciones y por la bajada en el billete del autobús". En el manifiesto se destacó que "Salamanca no es del alcalde" y se insistió en que los vecinos no tienen por qué "pagar los 20 millones de euros que el Ayuntamiento no ha cobrado a los constructores, algunos, amigos de Lanzarote", y que "esta subida injustificada de tasas es para pagar ese y otros agujeros generados por el mal gobierno municipal". El equipo del PP tiene previsto aprobar hoy las tasas motivo de la protesta, que según ha indicado tendrá una repercusión de 65 euros en una familia media, mientras que el grupo socialista asegura que ascenderá a 224 euros. Sobresale, entre otros, el aumento medio de 45 euros para el IBI (subida del 16,66%) y la subida media anual es de 17 euros (34,80% más) en el servicio de basuras. 108. CASTILLA-LA MANCHA: CARGOS MUNICIPALES DEL PP DE CIUDAD REAL COMPRARON PISOS TRAS DECLARARLOS PROTEGIDOS (19/05/07) ¿Qué es un piso de protección municipal? Esta insólita figura tiene una traducción singular en Ciudad Real: pisos con precio tasado (840 € el metro cuadrado) sin que nada impida que los compren -con independencia de sus ingresos- los miembros y afines al equipo de gobierno municipal del PP que les dio tal condición, que adquirieron media docena a mitad del precio de su valor si hubieran sido viviendas libres. El alcalde, Francisco Gil-Ortega, uno de los compradores, no ve ningún problema ético. "Quisimos que los pisos tuvieran un precio asequible, y allí compró quien quiso". El Quesito es un céntrico edificio muy conocido en Ciudad Real. Debe su nombre a su forma. El suelo donde se levanta era propiedad de Renfe, tras cedérselo el Ayuntamiento en pago de un convenio. En 1999, el Ayuntamiento, gobernado por el PP y con Francisco Gil-Ortega como alcalde, decretó que esta zona tuviese no sólo el uso comercial previsto, sino que se le añadiese un uso residencial. El interventor municipal advirtió en el pleno donde se operó tan decisivo cambio que, conforme a la legislación autonómica, los pisos, ya que procedían de una reversión municipal, debían contar con algún tipo de protección pública. El concejal de Urbanismo de Ciudad Real, Gabriel Miguel Mayor (PP) - candidato Las otras noticias del PP

72

independiente al Ayuntamiento-, se mostró conforme. Y añadió al convenio la obligatoriedad de que los futuros pisos de El Quesito tuvieran algún tipo de protección pública. El convenio fue ratificado en el pleno de 28 de mayo de 1999 con los votos del PP y PSOE, y la abstención de Izquierda Unida. La Junta de Castilla-La Mancha, el 23 mayo de 2001, informó del cambio urbanístico en la medida en que afectaba al Plan General de Ordenación Urbana. Aceptó que se construyesen las 150 viviendas, pero remachó que debían estar "sujetas a algún régimen de protección pública". El 28 de enero de 2002, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real acordó aprobar el proyecto de ejecución de obra para la construcción del edificio. La decisión de autorizar el inicio de las obras se tomó en el despacho del alcalde. Asistieron, el regidor, Francisco Gil-Ortega; y el edil de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, entre otros. Excusó su asistencia la edil de Cultura y entonces diputada nacional, Rosa Romero, y candidata a la alcaldía de Ciudad Real. El acta de la comisión de gobierno municipal fijaba que las 150 viviendas, en atención a lo exigido por la Junta, quedaban "sujetas al siguiente régimen de protección municipal": En 2002, se vendieron los pisos de El Quesito sin ningún sistema reglado pese a ser de protección pública. Una pura venta privada, pero a muy buen precio. Unos 100.000 € por vivienda. El metro cuadrado en el mercado libre no habría bajado de 1.500 o 1.600 € por metro cuadrado. Por tanto, un piso modelo máximo de El Quesito, con 120 m2, habría costado entre 180.000 € y 192.000 €. En suma, casi el doble. La sorpresa salta cuando en el listado de adquirentes de los pisos bendecidos con la "protección municipal" por el Ayuntamiento de Ciudad Real se comprueba que figuraban las siguientes personas: el alcalde, con dos pisos; su sobrina, con otro; la concejal Romero, con uno y su padre con otro; dos hijos del concejal de Urbanismo con sendas viviendas y también figuraba con otro la diputada nacional del PP Carmen Quintanilla que, posteriormente, lo vendería. La diputada Carmen Quintanilla afirma que compró el piso porque vio un anuncio. "No sabía que eran de protección municipal. Nadie me pidió ningún requisito salarial. Lo compré porque me gustó que no pidieran dinero negro. Fue una pequeña inversión que hice. El mío era pequeño. Me costó 92.000 €". Gabriel Miguel, que como concejal de Urbanismo tuvo una responsabilidad clave en el proceso de este edificio, remacha que los pisos que compraron sus dos hijos "no tienen protección oficial, sino municipal". "Sólo limitamos el precio, pero no los ingresos de quienes podían comprarlos". Este diario intentó, sin éxito, contactar con la candidata a la alcaldía Rosa Romero. El listado de propietarios incluye apellidos de familias manchegas con sólida economía y, en ocasiones, vinculados con ex altos cargos del Gobierno del PP. Personas que siguieron de cerca el proceso de compras aseguran que fue vertiginoso y que de haberse aplicado la normativa de protección oficial, la Junta habría analizado los ingresos de los compradores con el fin de primar a los más desfavorecidos. Y se habrían puesto topes inferiores de superficie a los pisos. 109. REGIÓN DE MURCIA: EL FISCAL CITA COMO IMPUTADO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN AL DIRECTOR GENERAL QUE FACILITÓ URBANIZAR LA ZERRICHERA (18/01/07) El fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, ha dado un paso cualitativo en el caso de La Zerrichera de Águilas y ha citado a declarar como imputado, en su investigación de un presunto delito de prevaricación, al director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Antonio Alvarado. Éste fue quien aprobó -bajo las órdenes del consejero Francisco Marqués- la declaración de impacto ambiental favorable que permitía la construcción de una urbanización de 4.000 viviendas y un campo de golf promovida por el Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova, en este paraje de Águilas enclavado dentro de una zona protegida como LIC y ZEPA. Además de Alvarado, también han sido citados a declarar, en compañía de sus abogados, el director general de la Vivienda y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; y el jefe de servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gilabert. El primero, alto cargo de la consejería de Joaquín Bascuñana, presidió en febrero del año pasado la Comisión de Política Territorial que dió el visto bueno definitivo a la urbanización de la zona; mientras que el segundo respaldó con su firma la declaración ambiental favorable. La Fiscalía del TSJ estudia la presentación de una querella por prevaricación contra algunos de estos altos cargos. Según toda la documentación oficial del caso -a la cual tuvo acceso La Verdad- la clave puede estar en la declaración favorable que firmó el director general de Calidad Ambiental el 24 de octubre del 2005, y que un día después entró en el registro del Ayuntamiento de Águilas sin ningún informe interno de la Consejería de Francisco Marqués que apoyara la decisión. La Dirección General del Medio Natural no tuvo Las otras noticias del PP

73

oportunidad de opinar; ni tan siquiera sobre los dos informes externos encargados por la empresas promotora. Igualmente, tampoco emitió un informe que corrigiera al de Carlos Brugarolas y sus técnicos, quienes el 31 de agosto del 2004 apuntaron que era imposible urbanizar la zona. El Ayuntamiento de Águilas utilizó la declaración de Alvarado para aprobar en Pleno la recalificación de los terrenos antes protegidos. Sin esta declaración era imposible dar el visto bueno a la urbanización. El Ayuntamiento convocó el Pleno el mismo día que firmaba Alvarado, y lo celebró 48 horas después de recibir la comunicación de este último. El hecho de que no existía informes internos lo demuestra el documento firmado por Alvarado y Sánchez. En la página 8 se reconoce que el mismo día de la firma entraron en la Consejería los dos informes internos que encargó la empresa a varios profesores de las universidades de Almería y de la Politécnica de Madrid, y que eran favorables a sus propósitos. Ese mismo día también se solicitó a la Dirección General de Medio Natural que informara sobre los dos estudios externos, pero obviamente no tuvo tiempo de actuar porque acababa de firmar Antonio Alvarado; con el aviso de que “de no producirse este pronunciamiento se entendería que dan su conformidad”. El mismo día también se pidió otro informe a la Secretaría General de la Consejería, cuyo silencio también se interpretó como favorable a la urbanización. 110. REGIÓN DE MURCIA: LA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE CIEZA POR PREVARICACIÓN (11/02/07) La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia presentó una querella por presunta prevaricación y tráfico de influencias contra el alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, del PP; el jefe de servicio de Sanidad Animal del Gobierno regional, José Pastor; el secretario del Ayuntamiento y un técnico municipal. La acusación se basa en la aprobación de la ampliación de una granja de cerdos, propiedad del propio Pastor, que no contaba con los permisos, por lo que se encontraba en situación ilegal, según señalan fuentes del Ministerio Público. Estas mismas fuentes destacan que en la investigación, iniciada hace varios meses, prestaron declaración en octubre varios concejales del PP de Cieza, además del alcalde. Tamayo manifestó que lo ocurrido se debió al "error de un funcionario, que no se dio cuenta de que la ampliación solicitada no era competencia municipal, sino de la comunidad autónoma, por el número de cabezas de la granja". El alcalde ciezano añadió que la situación de esta industria "es similar a la del 90% de las que hay en Murcia, que fueron puestas en marcha en su día de acuerdo con la legislación existente entonces, que luego ha variado". 111. REGIÓN DE MURCIA: EL ALCALDE DE MURCIA RECALIFICÓ MÁS DE 30.000 M2 PROPIEDAD DE LA FAMILIA DE SU ESPOSA (20/02/07) El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia acusó al alcalde, Miguel Ángel Cámara, de haber protagonizado un "pelotazo" en beneficio de la familia de su esposa, al recalificarle en el año 2001 más de 20.200 m2, en la pedanía de Los Martínez del Puerto, que pasaron de ser cultivo de secano a la posibilidad de construir en ellos más de 130 viviendas. El concejal del PSOE, José Zapata, indicó en rueda de prensa que el alcalde "suspendió el avance del PGOU aprobado por unanimidad en la legislatura 1991-1995, que preveía el crecimiento de Los Martínez del Puerto hacia el sur, modificando dicho crecimiento hacía el norte de la misma, de modo que la recalificación beneficiase a su suegro, una tía de su mujer y otro tío de la misma, que fue presidente de Alianza Popular en Los Martínez del Puerto en los años 80". El PSOE, que aportó la correspondiente documentación para argumentar sus afirmaciones, explicó que dichos terrenos "pasaron de suelo no urbanizable, calificado como NU12 en el PGOU de 1977, así como en el Plan Estratégico y Avance del PGOU, aprobado por unanimidad en la legislatura 1991-1995, a suelo urbanizable ZB (residencial de baja densidad) en el PGOU definitivamente aprobado en febrero de 2001". Zapata explicó que esto "equivale a una edificabilidad de 0,4 m2, ampliable en un 10% de prima de aprovechamiento para dar viabilidad al proyecto, medida de carácter discrecional que permite el articulo 106 de la Ley del Suelo regional". En concreto, se trata de tres fincas de 9.183 m2, 16.818 m2 y 4.219 m2 propiedad, mientras fueron rústicas, de Tomás Meroño Baño (suegro de Cámara), Narciso Meroño Baño (tío de la esposa de Cámara y presidente de AP en la citada pedanía durante los 80) y María Meroño Baño (tía de la esposa de Cámara), respectivamente.El suegro del alcalde de Murcia, continúa el PSOE, vendió su parcela antes de la aprobación definitiva del PGOU en enero de 2001 (sus hermanos no) a un inversor de la zona, Inversiones Las otras noticias del PP

74

Saura y Ortega S.L, pero los socialistas sostienen que "la recalificación ya estaba en marcha y asegurada", cuando el padre político del primer edil realizó la venta. Zapata apuntó que "sospechosamente", meses después, en junio de 2000, se aprobó en Pleno y se realizó la exposición pública de la aprobación provisional del nuevo PGOU, "en la que se certificaba la recalificación referida en Los Martínez del Puerto, propiedad de los familiares de Cámara". 112. REGIÓN DE MURCIA: VALCÁRCEL DA SU APOYO AL ALCALDE DE ÁGUILAS PESE A SU IMPUTACIÓN POR LA ZERRICHERA (22/03/07) El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dijo en Águilas que su alcalde, Juan Ramírez -imputado por el caso de La Zerrichera junto a varios altos cargos del Gobierno regional- es “un excelente alcalde”. La muestra de apoyo de Valcárcel a Ramírez se produjo a preguntas de los periodistas, tras el acto de reapertura del castillo de San Juan de las Águilas. “Está haciendo una labor extraordinaria y modernizando Águilas”, señaló el presidente. “Este no es el Águilas que yo pude haber conocido en otros tiempos, antes de que tuviera la máxima responsabilidad Juan Ramírez, y ustedes mismos pueden comprobar el desarrollo y el crecimiento ordenado que se está haciendo en Águilas , que además de ordenado es inteligente”, indicó. El jefe del Ejecutivo avanzó que la próxima semana el comité electoral del PP se pronunciará sobre los municipios cuyos candidatos a la alcaldía por esta formación aún no se han dado a conocer, en los que figura Águilas junto a Los Alcázares, Albudeite y Moratalla. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, presentó a finales de febrero en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas , un ex edil de este ayuntamiento y cuatro altos cargos de la Comunidad Autónoma. La Zerrichera es un proyecto del grupo inmobiliario Hispania que pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 os en una finca de 250 hectáreas de la citada sierra. 113. REGIÓN DE MURCIA: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AL GOBIERNO DE MURCIA POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN ( 30/04/07) La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de €. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía. El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf. El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación. Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental. El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se Las otras noticias del PP

75

trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de €) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad. La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado. La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona". 114. REGIÓN DE MURCIA: DE PASEO POR NUEVA YORK EN LIMOUSINE A COSTA DE LOS MURCIANOS (23/05/07) Dos consejeros del Gobierno de Valcárcel y una imputada en el caso Zerrichera, en calidad de invitada, viajaron a Nueva York para promocionar un proyecto personal del presidente murciano sobre un parque científico en la región. Durante su visita oficial a la ciudad de los rascacielos, no escatimaron en gastos y vivieron su particular sueño americano utilizando limousines para sus desplazamientos. La consejera del gobierno regional, Inmaculada García, montada en tan lujoso medio de transporte, con dinero público, no merece otra cosa que el desprecio más absoluto de los murcianos. Y si a ello le añadimos que llevaba como invitada de lujo a Encarna Muñoz, una de las imputadas por el caso de la Zerrichera...Todos podemos empezar a hacer kábalas, y no de salsa rosa sólo, sino también de la necesidad de contentar y arropar a gente a la que se le puede soltar la lengua demasiado ante el juez si no se la mima. La excusa para tanto derroche, poner en marcha un proyecto personal de Valcárcel relacionado con el parque científico de Murcia, aunque todos sepamos ya de que lo que se trata es del negocio inmobiliario del I+D+I y de las ayudas europeas para empresarios afines al PP. La sociedad murciana se merece conocer en profundidad el derroche de dinero público por parte del gobierno regional y la hipocresía de sus planteamientos político-religiosos. 115. REGIÓN DE MURCIA: VALCÁRCEL SE COMPRA UN YATE DE LUJO DE 13 METROS DE ESLORA (19/07/07) Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín; bajel pirata que llaman, por su bravura, el Temido, en todo el mar conocido del uno al otro confín. Tal vez así se imagina el presidente Valcárcel cuando navega con su nuevo y lujoso yate, un AstonDoa modelo 40 fabricado en Santa Pola, que supone una bofetada a los murcianos mileuristas y a sus votantes. Desconocemos si el sueldo de Ramón Luis Valcárcel da para tanto, pisos en la Gran Vía, fincas, y ahora un yate cuyo precio en el mercado es de unos 300.000 euros, unos cincuenta millones de las antiguas pesetas. El presidente andaba, o mejor, navegaba, esta semana, por aguas de San Pedro del Pinatar en busca de un amarre para su nuevo juguete, lo que le puede costar más de 3.000 euros al año si es de alquiler o unos 90.000 euros si es en propiedad. Fuentes de toda solvencia del palacio de San Esteban confirmaron todos estos datos a VMPress. El Astondoa tiene 13 metros de eslora. Además, cuenta con dos camarotes, cuarto de baño con agua caliente y fria, y aire acondicionado. Se trata de una embarcación en casco de v, que tiene autonomía suficiente para ir, por ejemplo, a la isla de Ibiza. El equipo de cubierta dispone de puerta en popa hacia la plataforma de baño, plataforma de baño, plataforma de baño integrada, escalera de baño, guardamancebos, balcón de proa, porta-accesorios, flaps electrohidraúlicas, sistema de presión de agua, sistema de agua caliente, ducha popa caliente/fría, bomba de sentina eléctrica, hélice de proa, extintor de fuego, antena TV, color TV, video, radio, cambiador de CD, fundas de colchón tela, mesa de bañera, mesa de bañera y colchón solarium, y extras adicionales.

Las otras noticias del PP

76

En el interior cabina de armador, cabina de invitados, y salón. Algunos importantes políticos del PP han mostrado a esta reducción su repulsa y vergüenza por el boato del presidente murciano. Un nuevo capítulo que se suma al lujo de salón que protagonizaron dos consejeros que continúan en el gobierno municipal cuando en un viaje oficial a Estados Unidos se dedicaron a viajar en limusina y a comprar, cuando se suponía que estaban de trabajo, y con el dinero de los contribuyentes murcianos, ya que, tras la denuncia de este diario, no fueron capaces de justificar los pagos de estos servicios más allá del Atlántico. 116. REGIÓN DE MURCIA: LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA DE TOTANA ALCANZA AL ALCALDE DEL PP (30/11/07) El alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), su secretaria, Laura Bastida, y el jefe de la policía local, Alfonso Canales, se sumaron a la lista de detenidos en la operación Tótem, que investiga una trama de corrupción urbanística y el cobro de comisiones millonarias aparejadas a la construcción de 5.040 viviendas, tres hoteles y un campo de golf en El Raiguero, una plácida zona agrícola de secano donde hoy solo viven 400 huertanos. Horas después era detenido el empresario local Pedro Martínez. Todos los arrestados pasaron la mañana en las dependencias municipales presenciando el minucioso registro de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, la titular del Juzgado número 1 de Totana, María Asunción Navarro, decretaba el secreto de sumario y comenzaba a tomar declaración a los seis detenidos del lunes, a excepción de Juan Morales, exalcalde de Totana y actual diputado del PP en la Asamblea Regional de Murcia. Al parecer, la juez se inhibirá en una segunda fase en favor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dada la condición de aforado de Morales. El exalcalde, quien según fuentes de la investigación podría haberse llevado una comisión ilegal de un millón de euros de la promotora gallega Grupo Nuaria, está considerado el presunto cerebro de la trama. El lunes fue detenido cuando salía de su domicilio junto con su abogado, Javier Cegarra, quien portaba un maletín con una suma importante. Los detenidos el pasado lunes son Manuel Núñez, propietario del Grupo Nuaria, y tres de sus directivos: Gabriel Martínez, gerente y fundador de la empresa Huevos Maryper; María del Carmen Jordan, exmujer de Juan Morales, y un empleado de la asesoría jurídica de su propiedad donde la Guardia Civil encontró abundante documentación municipal, como las actas de recalificación de los terrenos que IU y PSOE no lograron nunca encontrar en las dependencias municipales. También fue detenida en casa del diputado regional su actual pareja, de nacionalidad brasileña, a la que le requisaron 50.000 euros en efectivo. A la chica se le ha abierto un expediente de expulsión por presunta residencia irregular en España. El PP de Murcia, que actualmente cuenta con 20 imputados por corrupción, entre ellos cinco alcaldes y cuatro exdirectores generales, tuvo que rendirse ante la evidencia. Tras negar hasta última hora de la mañana que el alcalde y el exalcalde estuvieran en calidad de detenidos, acabó expresando su "tolerancia cero" hacia las conductas irregulares. Poco antes, el presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, anunció que el PP murciano se personará en todas las causas contra cargos de su partido. Luego, matizó: "Pero es extraño que estos casos se trasladen a los medios antes que al interesado. Y, de momento, de las 32 causas abiertas contra dirigentes del PP no existe ni una sola sentencia firme". El propio Morales ha dicho a sus allegados que se siente "limpio, tranquilo y víctima de una campaña del PSOE". Iniciada hace ocho meses, con seguimientos e intervenciones telefónicas, la operación Tótem aún está por cerrar. Mediante falsificación, cohecho y tráfico de influencias se pretendía presuntamente crear "un nuevo pueblo" donde antes solo había bróculi y lechugas. Nuaria pagó a solo 20 euros el metro cuadrado. 117. ISLAS CANARIAS: DETENIDOS LOS PRINCIPALES EDILES DEL PP EN LA LOCALIDAD GRAN CANARIA DE MOGÁN (24/01/07) La lucha contra la corrupción sumó un nuevo capítulo con la detención del alcalde de Mogán (Gran Canaria), José Francisco González (PP), gestor del urbanismo, área que copa las irregularidades investigadas. Una de ellas apunta a que el Ayuntamiento nunca recibió tres parcelas valoradas en 12 millones € como pago por un convenio urbanístico. El presidente del PP canario, José Manuel Soria, interpretó la detención como una caza política, pero esta denuncia partió de dos antiguas ediles del PP que, ante la pasividad del partido, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé ordenó la detención de cinco personas presuntamente integrantes de una trama de corrupción política asentada en el Ayuntamiento de Mogán, que pese a ser sólo el décimo municipio por población de Gran Canaria (15.000 habitantes), es su segunda población turística, con un gran desarrollo hotelero y consiguiente despegue inmobiliario. Y del urbanismo

Las otras noticias del PP

77

arrancan precisamente las graves sospechas de irregularidades que precipitaron la detención de su alcalde, José Francisco González González (PP), que se reservaba para sí dicha competencia. También fue detenida su primera teniente de alcalde, Onailia Bueno García, que acumulaba las áreas de vivienda y protección social. Igualmente fueron detenidos dos funcionarios clave en las presuntas irregularidades cometidas: el secretario del ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta, y Marcelino Martín, ya jubilado pero que fue redactor del Plan General de Ordenación Urbana. El quinto detenido, Manuel de León Toledo, era una especie de recadero para operaciones delicadas que utilizaba la primera teniente de alcalde, pero ajeno formalmente al consistorio. Las detenciones parten de una investigación policial originada en una denuncia de Anticorrupción de junio de 2006. Los denunciantes fueron dos concejales del propio PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, que, hartas de la falta de respuesta interna a los indicios de irregularidades decidieron abandonar sus puestos y el partido y acudir a la justicia. La sospecha partió de las pesquisas que como responsable de Hacienda y Patrimonio hizo Delia para registrar en 2004 tres parcelas que debía haber recibido el Ayuntamiento de Mogán de la promotora Anfitauro a cambio de un jugoso convenio urbanístico que había recibido del consistorio. Delia encargó a sus funcionarios que localizaran las parcelas, pero no las hallaban. Finalmente, las localizaron en un sitio imposible para destinarlas al uso que el ayuntamiento pretendía: en medio de una autopista. Como creía que aquello sólo podía ser un error, Delia, de buena fe, empezó a perseguir a su alcalde para que exigiera el pago de las parcelas y corrigiera tal despropósito, pero éste le daba largas. Hasta que en 2006 le indicó que el asunto había sido arreglado ya en un nuevo convenio. Pero para entonces, la paciencia de Delia se había agotado. El alcalde había llevado a pleno para su aprobación facturas extrapresupuestarias por valor de 240.000 €. Unas facturas que la entonces concejal de Hacienda había ordenado paralizar hasta que el interventor las examinara tras denunciar la oposición la existencia de cientos de irregularidades. Tras sentirse desautorizada, Delia dimitió del cargo y del partido. Su amiga Santiago siguió sus pasos. Semanas después, Delia leyó el texto final del convenio con el que el alcalde decía haber resuelto el problema. Su sorpresa fue mayúscula: las tres parcelas entregadas por Anfitauro ya no estaban en medio de una autopista, sino en pleno campo de golf. La investigación de la fiscalía y la policía durante estos meses no sólo acreditó tan insólitos convenios, sino "miles de prevaricaciones más", según fuentes conocedoras de tales pesquisas, que se tradujeron en lucrativas operaciones inmobiliarias realizadas bajo información privilegiada, contratos municipales adjudicados al margen de toda legalidad, y el cobro de comisiones que llegaban a suponer hasta el 50% de las cantidades facturadas. Delia se ha quedado pasmada: "Tenemos la impresión de que lo que denunciamos era sólo la punta del iceberg de la corrupción en Mogán. Había mucho más". Los responsables de la investigación confirman su diagnóstico. 118. ISLAS CANARIAS: IMPUTADO POR PREVARICACIÓN EL PRESIDENTE DEL PP DE FUERVENTURA (23/02/07) El presidente del PP de Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, tendrá que hacer frente a una nueva acusación por supuestas irregularidades durante su mandato al frente de ese Ayuntamiento. En esta ocasión, la acusación es de prevaricación y alteración del precio en subasta pública. González Arroyo declaró en Las Palmas ante la magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona. El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Óscar Crespo, remitió el expediente al TSJC al ser González Arroyo diputado autonómico y negarse a declarar en dos ocasiones alegando que es aforado. González Arroyo, que fue durante 25 años alcalde de La Oliva, y el entonces secretario del ayuntamiento y ahora secretario del Cabildo de Fuerteventura, Miguel Ángel Rodríguez Martínez, también imputado en la causa, "firmaron acuerdos manifiestamente injustos", según señala el juez Crespo Nagore. En el acta del pleno de La Oliva celebrado el 7 de agosto de 1999, firmada por ambos imputados, se recoge la decisión municipal, aprobada sólo con los votos del PP, de vender en subasta pública unos terrenos, con una extensión de 125.000 m2, donados por el súbdito belga Guy Van Dale con la condición expresa de que fueran cedidos a los vecinos de Corralejo, una localidad costera del municipio, para facilitar el acceso a una vivienda. La providencia del juez enviada al TSJC indica que este requisito no fue cumplido, "con pleno conocimiento de su existencia, como se desprende tanto de la escritura de donación a favor del citado ente local, como de la certificación en la que se acepta la donación y consta la condición de marras". Las otras noticias del PP

78

De lo investigado, afirma el magistrado, "se infieren indicios racionales de la posible existencia de un delito de prevaricación imputable a González Arroyo y Miguel Ángel Rodríguez Martínez". La querella criminal origen de este nuevo procedimiento judicial fue interpuesta en diciembre de 2002 por la asociación de vecinos Las Clavellinas, de Corralejo. José Luis López, uno de los fundadores de esta asociación y actual concejal en la oposición, relata que los terrenos cedidos por Van Dale son fundamentales para la promoción de viviendas sociales para jóvenes. 119. ISLAS CANARIAS: SORIA PASA DE UN PEQUEÑO CHALET A UNA MANSIÓN DE MÁS DE 1,2 MILLONES (14/05/07) No ha pasado desapercibida la mejora inmobiliaria de José Manuel Soria en los últimos años. Desde que fuera elegido alcalde, por primera vez, de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1995, el dirigente conservador ha pasado de residir en una amplia vivienda de clase media en la calle Goya, en Tafira Alta, a un superchalet prácticamente en la misma zona, una de las más valoradas de toda la isla, conocida como Los Lagares. Entre medias, otra gran casa, ésta en régimen de alquiler y en Santa Brígida, por la que el líder popular tendrá que responder judicialmente, toda vez que en las cuentas oficiales de su casero, Javier Esquível, no aparece pago alguno de los Soria, tras 19 meses habitando la vivienda en cuestión. Una de las empresas de los hermanos Esquível, Promotora de Recursos Eólicos, fue defendida por Soria en un consejo de la Autoridad Portuaria, circunstancia que éste negó ante una comisión parlamentaria, por lo que también ha sido denunciado. Soria, de 50 años, y su mujer, María del Carmen Benítez, a nombre de quien está el impresionante chalet, adquirieron su actual residencia en el año 2005, siendo Soria ya presidente del Cabildo de Gran Canaria, cargo al que accedió en 2003. En total, la finca se expande hasta alcanzar los 1.200 metros cuadrados, con una piscina de diseño que apenas cubre la gran parcela exterior, recubierta del cuidadísimo césped que separa al edificio de una larga y alta valla blanca que, a modo de muralla, impide las distracciones y molestias exteriores. Una finca que José Manuel Soria compró con la edificación en ruinas y que tuvo que derruir para luego construir su actual domicilio. El precio que se pedía por su venta en 2005 era de 120 millones de pesetas. Soria, dentro de la cantidad a pagar, incluyó como permuta su anterior residencia, cuya valoración de entonces podría estar en torno a los 60 millones de pesetas. Derribar la vieja casa y levantar la nueva pudo salirle a la pareja Soria-Benítez por unos 110 millones de pesetas. Con estas cifras, y restando la vivienda entregada, el matrimonio Soria debe hacer frente a una letra mensual cercana a los 5.100 €, es decir, casi 850.000 pesetas cada 30 días, en el cálculo de una hipoteca a amortizar en 30 años. Cantidades a satisfacer para vivir y disfrutar de una de las zonas más caras y nobles de Gran Canaria, y en un chalet que se levanta imponente, llamativo y marcial. Un auténtico palacio. José Manuel Soria recibe, aproximadamente, 5.000 € mensuales como presidente del Cabildo de Gran Canaria, más unos 2.600 cada mes del Parlamento de Canarias, atendiendo a dietas por asistencia a sesiones plenarias, comisiones de investigación y unos 1.800 € que, cada mes, recibe de su grupo, el PP, dinero éste que desembolsa la Cámara a cada formación. También cobra dietas por asistencia a los consejos de administración de la Autoridad Portuaria, unos 8.000 anuales, y del Polígono de Arinaga, que le reporta unos 800 durante los doce meses. Así, el presidente de los populares canarios se coloca en torno a los 110.000 € anuales brutos, al menos, que dejan un sueldo al mes de 9.166 €. 120. ISLAS CANARIAS: EL PP DE MOGÁN ORDENÓ PAGAR A GRUPO EUROPA LOS GASTOS DE UN MITIN DE RAJOY (18/05/07) Viernes 8 de diciembre de 2005. El presidente nacional del PP da un mitin, a mediodía, en la Plaza Negra de Arguineguín. Días antes, la concejal de Política Social de Mogán, Onalia Bueno (PP), pidió al administrador único de GC Europa SAU, José Manuel Antón Marín, que costeara los gastos de más de 16.000 € de este acto partidista, ya que desde principios de año la mercantil madrileña ha entrado también en el Ayuntamiento presidido por Francisco González (PP), para amañar otro contrato de asistencia técnica con la empresa municipal Gesmogán, firmado en agosto. Y Antón Marín accede a pagar los gastos del mitin de Rajoy, ante la excelente relación profesional que tiene con Onalia Bueno. Las otras noticias del PP

79

La entrada de Gestión de Cooperativas Europa en Mogán también se produjo de la mano del portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez. Y a cambio del trato de favor recibido con la adjudicación pactada de la asistencia técnica para promover viviendas de protección oficial, como en el caso de Telde que ha provocado, de momento, cuatro detenciones dentro del caso Faycan, se produjeron una serie de pagos ilegales, el más significativo de ellos, el acto público del PP del 8 de diciembre de 2005 en el que intervinieron Mariano Rajoy, José Manuel Soria, presidente regional, Miguel Jorge Blanco, presidente insular, y el alcalde de Mogán Francisco González, imputado desde enero pasado por seis delitos de corrupción en el caso Góndola. En los archivos de GC Europa SAU, filial de Grupo Europa en Canarias, figuran recogidos una serie de pagos con facturas a cinco proveedores que participaron en el montaje y la preparación del acto partidista: Jukara Eventos cobró 1.145, 81 €, Audiovisuales Canarias 2.000 SL, 8.825, 36 €, Garcitecnia, 5.040 €, Anayak, 1.071 € y Esteban García Cabrera, 600 €. En total, el coste asumido por la filial de Grupo de Europa en el mitín de Arguineguín asciende a 16.682, 17 €. El imputado Antón Marín, con respecto a todas estas facturas relacionadas con el mitín de Mariano Rajoy, ordenó a su empleada en Las Palmas de Gran Canaria, Yasmina Hernández, también detenida e imputada por el caso Faycan, que cambiara todos los conceptos de los gastos, no con el fin directo de ocultar la relación entre GC Europa SAU y el acto público del presidente nacional del PP, sino con el objetivo de poder deducir fiscalmente los desembolsos efectuados a instancias de Onalia Bueno. 121. ISLAS CANARIAS: CINCO EMPRESARIOS CONFIESAN EL PAGO DE COMISIONES A CONCEJALES DEL PP EN TELDE (05/06/07) La mayoría de los empresarios investigados por el pago de comisiones a la trama de corrupción municipal de Telde, ayuntamiento gobernado por el PP, han confesado la entrega de sumas en efectivo al recaudador de la ex concejal de Obras, Toñi Torres, presunta cerebro de la red. Su testimonio está reforzado por decenas de grabaciones y por la confesión de los dos principales intermediarios que usó dicha edil para exigir a las firmas sobornos para sí y para el partido. Según la respuesta de las empresas, les premiaban con contratos o les castigaban con retraso en el pago de facturas. Los empresarios que han confesado el pago de comisiones en el caso Telde, según figura en el sumario, son los siguientes. - María Luz Navarro, representante de Servicios Comunitarios de Telde. Fue la primera en denunciar la exigencia de la concejal de Obras Toñi Torres de comisiones ilegales a cambio de contratos. Dicha edil, con refrendo de la comisión de Gobierno, le otorga el 10 de noviembre de 2003 una obra para ensanchar aceras en Telde por 98.870 € a Servicios Comunitarios. Al día siguiente, Francisco Gordillo, el cobrador de los peajes de Torres, se entrevista con Mª Luz Navarro. "Y le comunica que debe abonarle 19.714 € por haber sido la adjudicataria de la misma (un 20% del presupuesto de la obra)". Ella decide ignorar tal petición. Su empresa va haciendo las obras adjudicadas y presenta para su cobro certificaciones en febrero y marzo de 2004. Pero el ayuntamiento retrasa su pago. La empresaria pregunta por la demora y se topa con la reclamación de la comisión. "Gordillo le responde que la empresa no había procedido al abono de la cantidad solicitada [comisión] en su día, reiterando en ese momento la solicitud". Gordillo le indica que "para que pudiera cobrar tenía que darle algo, que se lo metiese en una carpeta azul y se lo trajese como si fuese un documento". La empresaria, ante la necesidad de cobrar sus obras, entrega 6.000 € a Gordillo en el propio despacho de Torres el 2 de abril de 2004 en un sobre dentro de una carpeta. María Luz confiaba en que ese pago desbloquearía sus certificaciones de obra y que no le reclamarían el resto de la comisión exigida. Se equivocaba. Cuando reclama su última certificación por 32.778 €, el ayuntamiento sólo le reconoce obras por 15.953 €. Una diferencia de 16.824 €, un calco de su deuda ilegal pendiente. María Luz no tiene ya dudas: el ayuntamiento le estaba cobrando el resto de la comisión impagada. Posteriormente, concursa por un proyecto, y su empresa no resulta adjudicataria, pese a ofrecer mejores condiciones. María Luz pregunta a Gordillo por qué su empresa fue rechazada y le despeja toda duda: "¡Haber pagado lo que debías!". María Luz denuncia tales hechos en julio de 2005 a la policía y da pie a la apertura del caso Telde. - Antonio Nadal Moreno, directivo de Cobra Instalaciones y Servicios. Este directivo detalla al juez que para su crecimiento empresarial en Canarias contrató al hijo de Francico Gordillo, el asesor de la concejal Toñi Torres, y que "se empezaron a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento".

Las otras noticias del PP

80

Las entregas se hacían de Gordillo hijo a Gordillo padre, siempre en efectivo y en un sobre. Calcula que desde finales de 2004 a principios de 2005 abonó comisiones por valor de 120.000 €. "Me dijeron que el destinatario era el partido, interpretando que era el Partido Popular". En el momento de su detención, la policía requisa un sobre con tales pagos en la sede de Cobra. "Estaba destinado al pago de estas cantidades, pero estaba retenido en la empresa. El motivo del pago era seguir contratando". Gordillo padre o hijo le indicaban que el Ayuntamiento había abonado su factura. Ése era "el modo en el que presionaban para que pagara [la comisión]". - Felipe Ojeda Pérez, dueño de la ferretería Felipe y Nicolás. Su relato es diáfano: "Tenía que pagar a Francisco Gordillo una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar al partido". Sus entregas se hacían en efectivo, una vez que el Ayuntamiento de Telde abonaba sus facturas. Calcula haber pagado unos 120.000 € en comisiones. Este empresario revela que financió directamente obras en la sede del PP en Telde. - Abelardo Martínez Ripoll, directivo de Dragados. Este empresario reconoce haber pagado comisiones ilegales a la trama municipal para poder cobrar sus certificaciones de obras, ya que el Ayuntamiento de Telde, con su alcalde a la cabeza, el popular Francisco Valido, "incumplía sistemáticamente su promesa de pago en breve". Cifra en 60.000 € el peaje entregado a Gordillo, que "le dijo que era para su jefa, María Antonia Torres y que ésta lo distribuía después". - Alejandro Navas, directivo y dueño de Mazzoti. Su empresa ha ganado tres concursos de obras en Telde en los que fue único licitador. Confiesa que pagó 180.000 € a Francisco Gordillo en concepto de comisión. "Tenían un pacto desde 2004 sobre la construcción del aparcamiento consistente en que si se adjudicaba la obra él pagaría entre un 3% a un 6% sobre el valor total de la obra ejecutada en concepto de comisión". Gordillo le explicaba que "esa cantidad era para la jefa y otros". No duda que la jefa era Toñi Torres. 122. EXTREMADURA: LA MUJER DEL ALCALDE DE BADAJOZ VENDIÓ UNA FINCA EL MISMO DÍA EN QUE EL AYUNTAMIENTO AUMENTÓ SU EDIFICABILIDAD (26/02/07) La mujer del alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, también senador del PP, vendió por más de 300 millones de pesetas una finca el mismo día que el Ayuntamiento de esta ciudad decidió aumentar la edificabilidad permitida para esos terrenos. Todo sucedió en un pleno del ayuntamiento, presidido por su propio marido. La finca tiene más de 14.000 m2 y era propiedad de la mujer del alcalde, María Leonor Fernández y sus dos hermanos. La vendieron el 5 de diciembre de 2003. Ese mismo día, el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz, presidido por su marido, el alcalde y senador del PP Miguel Celdrán, aprobó el aumento de la edificabilidad para esos terrenos. Una medida urbanística que anuló el Gobierno de Rodríguez Ibarra el 13 de diciembre de 2004. Un año después de la compraventa. Los terrenos los adquirió una conocida promotora de la localidad por unos 300 millones de pesetas, según indican los documentos. Parece que existe una trama urbanística perfectamente diseñada en la ciudad. José Ramón Suárez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento asegura que su partido no cree en coincidencias como estas. Que el mismo día que se autoriza la construcción de más viviendas en una parcela, ésta se venda por más de 300 millones de las antiguas pesetas, concretamente, parece que por 1.895.0000 €.. El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el Partido Popular, está inmerso en una crisis institucional sin precedentes. El concejal de Hacienda, Nicasio Monterde, ha presentado su dimisión tras doce años en el cargo. Monterde subrayó que el PP estaba dirigido por un grupo de personas interesadas en mantener a cualquier precio su estatus político y económico. Sobre los presuntos escándalos urbanísticos de la ciudad Monterde, del mismo partido que el alcalde, dijo que "cuando el río suena, agua lleva." Parece que la venta se hizo el mismo día en que se aprobaba en el Pleno del Ayuntamiento la modificación inicial del Plan General que afectaba a estos terrenos. 123. EXTREMADURA: NUEVO CAPÍTULO DE CORRUPCIÓN EN MÉRIDA: POLÉMICA PARTIDA DE GASTOS DE LA GERENCIA DE URBANISMO DEL PP 10/08/2007 La gestión llevada a cabo por el Partido Popular de Mérida en la anterior legislatura no deja de ser noticia. Después del escándalo de la adjudicación y construcción de la Ciudad Deportiva y de la elevada nómina que percibió el antiguo gerente de la empresa de Transportes Urbanos, Prudencio González, elplural.com publica ahora una serie de gastos que, bajo la concejalía de Urbanismo, fueron justificados por los populares como gastos de promoción y difusión de dicha gerencia. Las otras noticias del PP

81

Rafael Romero Camacho, ex gerente de Urbanismo del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular de Mérida, consideró necesario promocionar y difundir la imagen de la Gerencia de Urbanismo como si de una marca comercial se tratara. Para que la promoción y difusión tuviera éxito, el responsable político de la gerencia, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Gámez, consideró oportuno (junto con Romero Camacho) destinar una partida presupuestaria de hasta 6.955 euros para la elaboración de una paella para 200 comensales. Pero la cosa no acaba con los cerca de 7.000 euros que les costó la paella para 200 comensales, sino que en las operaciones de presupuestos de gastos de la gerencia, aparecen otras controvertidas partidas presupuestarias tales como los 2.990 euros que Camacho decidió gastar en comprar caramelos con el logotipo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, o los 40.000 euros destinados a patrocinar al equipo de la asociación de baloncesto de la localidad extremeña durante la temporada 2006/2007. Asimismo, la Gerencia de Urbanismo también decidió ofrecer una degustación en la Feria Chica de 2006 de sopa de tomate por la que se llegó a pagar hasta 1.500 euros y organizar un concierto por el que Antonio López Barrios recibió dos millones de las antiguas pesetas, es decir, 12.000 euros. Paellas de 7.000 euros, sopas de tomate de 1.500, conciertos por 12.000 euros, caramelos por 2.500. Y también pistas de hielo. Manuel Gámez consideró oportuno hasta en 2 ocasiones diferentes alquilar una pista de hielos para fomentar la imagen de su gerencia. El alquiler de la pista tuvo un coste para las arcas municipales de 55.600 euros. Para la actual concejala de urbanismo de Mérida, Estrella Gordillo, en declaraciones a elplural.com, la gestión de la Gerencia de Urbanismo “puede ser legal, pero no ética”. “Las prioridades en la ciudad son otras”, afirma Gordillo, para quien el máximo responsable de lo ocurrido es el ex concejal de Urbanismo y vicepresidente de la gestora, Manuel Gámez, pues “fue el quién deicidio pagar 2 facturas de 55 mil euros de una pista de euros, una paella, un concierto, sopas de tomate”… con el único fin de promocionar una gerencia de urbanismo, que parece ser, tenía excesivas competencias. 124. ISLAS BALEARES: ACUSAN A MATAS DE GASTAR CINCO MILLONES EN UN PALACETE (28/03/07) "El incremento de patrimonio que ha tenido el señor Matas en esta legislatura ha sido impresionante". Antonio Diéguez, diputado y portavoz del PSOE, cuestionó en el Parlamento de Baleares la transparencia del presidente y líder del PP balear, Jaume Matas, en la compra de su residencia particular de Palma, sita en una mansión señorial del siglo XVI, que el PSOE tasa en 4,972 millones de €. "¿Cómo se puede pagar esto con una renta anual disponible de 70.000 €?", se preguntó Diéguez. "Necesitaría ser presidente del Gobierno otros 58 años para pagarlo". Matas cobra unos 5.000 € al mes. El presidente Matas habita una planta antigua restaurada de 475 m2, que alcanza los 727 al sumar las balconadas, terrazas, garajes y patio y jardín exclusivos. El edificio monumental, en el casco antiguo de la ciudad, está catalogado y protegido. El socialista Diéguez calculó el valor de la propiedad de Matas sobre la base de los precios actuales de otras ofertas de viviendas anejas rehabilitadas. Matas y su mujer, Maite Areal, asumieron en la compra, en 2006, según el registro de la propiedad, una hipoteca de 850.000 € a sufragar en un periodo de 30 años. Se desconoce el precio que pagaron por su vivienda. El matrimonio Matas-Areal -él funcionario autonómico y ex ministro y ella profesora de primaria- vendió su chalé de Calvià por 900.000 €, según la oposición. Matas, que divulgó en la red sus últimas declaraciones de renta pero no aportó datos sobre su patrimonio, no quiso comentar los datos revelados por el PSOE y su gabinete remitió a la respuesta dada por la vicepresidenta, Rosa Estarás, que replicó a Diéguez en la Cámara. Estarás dijo que la intervención del socialista contenía "una interpretación kafkiana, electoralista y fuera de tono", expuesta desde una "falta total de ética" y con una "táctica absurda". "Matas tiene mucho que ocultar", destacó el diputado balear del PSOE, que hizo pública su denuncia en la última sesión plenaria del Parlamento antes de las elecciones del 27 de mayo, en una interpelación en la que aludió al combate contra la corrupción y al "escándalo nacional" del caso Andratx. Citó la relación del presidente y del consejero de Interior, José María Rodríguez, con el que era alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, del PP, hasta horas antes de ser detenido, para "organizar la defensa del corrupto", y el diálogo cómplice de Hidalgo con el consejero: "Estamos todos en el mismo barco". Las otras noticias del PP

82

La portavoz del PP, Rosa Estarás, reclamó "ética" al diputado del PSOE y que justificase el origen de su patrimonio. "Tengo mi casa, mi despacho de abogado, un apartamento, una lancha de nueve metros y mi coche, fruto de mi trabajo de abogado, previo a la política", comentó Diéguez. 125. ISLAS BALEARES: EL EX PRESIDENTE JAUME MATAS TRABAJA EN EL GRUPO AL QUE CONCEDIÓ SU PROYECTO ESTRELLA Ganó las elecciones pero no consiguió formar gobierno. El ex presidente de Baleares Jaume Matas, del PP, decidió entonces, en junio de este año, abandonar la política. Pocos meses después, ha reaparecido como ejecutivo de un importante grupo hotelero, el mismo al que su Gobierno adjudicó un macroproyecto urbanístico hace menos de un año, cuando aún era presidente del Gobierno balear. La ley de incompatibilidades que rige en Baleares establece que durante el año siguiente a la pérdida del cargo, Matas no puede trabajar en una empresa sobre la que hubiera tomado decisiones como presidente autonómico en sus dos últimos años de mandato. Matas ha fijado su residencia en Washington gracias a un contrato de la compañía hotelera balear Barceló, según confirma la empresa y portavoces del ex ministro de Medio Ambiente. La empresa turística de la que Matas es ahora ejecutivo en EE UU logró en 2007 una importante concesión en concurso público resuelto por el Gobierno de Matas. En febrero pasado, Barceló -con otros socios menores- ganó la concesión de un enorme negocio, la construcción y explotación por 40 años del Palacio de Congresos de Palma, con un hotel, un centro comercial y aparcamiento. La decisión fue adoptada por el consorcio formado por el Gobierno de Jaume Matas y el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, ambos del PP. La ley balear 2/1996 -votada por Matas- señala que "durante el año siguiente a la fecha de su cese" los cargos públicos "no podrán realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan dictado resolución en los últimos dos años de ejercicio del cargo o función correspondiente". El ex presidente balear no ha quiso hablar, pero Juan Flaquer, ex consejero de Turismo, explica en su nombre que, en opinión de Matas, no hay incompatibilidad porque él no tomó parte en la adjudicación, ya que no se decidió en Consejo de Gobierno, sino en la sociedad anónima participada al 50% por el Ejecutivo balear y el ayuntamiento de Palma. Un portavoz de Matas confirma que el ex ministro trabaja "como consejero delegado" de Barceló en Washington, aunque no quiere desvelar su sueldo, pero asegura que tiene en su poder un informe jurídico que descarta cualquier incompatibilidad. "Sólo se produce cuando alguien toma parte en un órgano de contratación", insiste Flaquer. El nuevo Palacio de Congresos era competencia de Matas, hasta el punto que situó a cargos de su máxima confianza en el consejo de la sociedad pública. El complejo será el nuevo icono de la capital. Situado frente al mar, se trata de un edificio de 70.000 metros cuadrados, obra de Patxi Mangado. Otra oferta empresarial, de Tremón, quedó descartada, con la plica sin abrir. La firma perdedora pleitea aún por ello. Riquer dice que su oferta tenía "defectos de forma". En mayo de 2007, el ex líder del PP, en campaña electoral, respaldó a los ganadores: se retrató con Barceló y los otros socios en la Cámara de Comercio y sentenció: "No queda otro camino a los poderes públicos que apoyar, con proyectos como éste, que le iniciativa privada se pueda desarrollar en plenitud y en beneficio de todos". Barceló tendrá el control y gestión del negocio, con el 50% del capital de la sociedad ganadora, junto a Globalia (20%), Sampol (15%), Iberostar (10%) y Acciona, con un 5%. El capital de la empresa es de 34 millones y el coste de la obra es de más de 130. La Administración dará una subvención de 30 millones y asumirá otros 14 de dirección y urbanización. El solar es gratis. Matas decidió huir de la política tras no revalidar la mayoría absoluta en las elecciones de mayo. A los 51 años, decidió irse a Washington con una carta que le acredita como director de relaciones institucionales de la hotelera Barceló Crestline. Matas logró un permiso de residencia en Estados Unidos, el llamado visado de negocios, al presentar ante la embajada norteamericana de Madrid una carta contrato de trabajo de la empresa familiar de los hoteleros mallorquines, Barceló Corporación Empresarial, propietaria de Crestline Capital, con medio centenar de hoteles en Norteamérica. Los Barceló encabezan la firma Playa, con el 17%, en alianza con diversos inversores.

Las otras noticias del PP

83

"Efectivamente, Matas es ejecutivo de nuestra sociedad". Simón Pedro Barceló, copresidente de Barceló, confirmó a este periódico la existencia de una relación formal del ex presidente con su compañía, en la rama hotelera estadounidense Crestline, con un rol centrado, a través del fondo Playa, en la compra de negocios costeros. Simón Pedro Barceló no detalló la duración y condiciones del contrato de Jaume Matas. Barceló fue senador por el PP (entre 1989 y 1993) pero el ex presidente balear Gabriel Cañellas -destituido por corrupción en 1995- le vetó en las listas. Cañellas, a la vez, es el político que impulsó el ascenso de Matas. Los Barceló, que tienen 157 hoteles, de los que 53 están en España (22 de ellos 22 en Baleares), ganan 130 millones al año con unos ingresos de 1.549 millones. "No sé que viene a hacer en Estados Unidos. No le conocen y no tiene contactos". Lo dice un profesional español que lleva 40 años trabajando en Norteamérica. "Y aquí lo que importa no es quién dices que eres sino qué puertas abres", añade. Sin embargo, como presidente de Baleares, entre 1996 y 1999 y desde 2003 hasta 2007, Matas tuvo contactos con autoridades y empresarios centroamericanos y visitó casi todos los países donde ahora debe operar. Sus protectores, los Barceló, están entre las 30 mayores empresarios de hoteles y viajes del mundo. 126. ISLAS BALEARES: LA FISCALÍA BALEAR DENUNCIA POR CORRUPCIÓN A UNA HIJA DE MATUTES Y TRES CARGOS DEL PP (07/07/07) El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Baleares, Adrián Salazar, ha presentado una denuncia contra Estrella Matutes, del PP, consejera del Consell de Ibiza e hija del empresario y ex ministro del PP Abel Matutes, por aprobar la recalificación de un terreno rústico que planeaba urbanizar una empresa de su familia. La denuncia se dirige también contra otros tres cargos públicos del PP de Ibiza, Joan Marí, Antoni Marí y José Sala, por intervenir en modificaciones supuestamente interesadas e ilegales que beneficiaron a sus propiedades. Los acuerdos políticos cuestionados quedaron reflejados en la aprobación del Plan Territorial de Ibiza. La fiscalía considera que Estrella Matutes incurrió en delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Estrella Matutes, que en la legislatura 2003-2007 fue consejera de Hacienda, Vías y Obras en el Consell de Ibiza y tras el 27-M representa al PP en la oposición, ha sido acusada de participar en la modificación supuestamente "ilegal y arbitraria" del uso urbanístico de un suelo de la isla de Ibiza, en Ses Variades de Sant Antoni, en el que su grupo familiar tenía intereses. Esta decisión entrañó la generación de fuertes plusvalías por la mejora de las expectativas de explotación inmobiliaria junto al litoral, ligadas además a un nuevo puerto deportivo en Sant Antoni. Sobre 40.000 m2 afectados por una de las decisiones urbanísticas denunciadas, se concretó una operación de 26,4 millones € por parte de las empresas Matutes, que efectuaron una venta a Realia Bussines, con una escritura condicionada a que los terrenos se modificaran para su explotación residencial. En el caso de que las parcelas no pudieran edificarse, si el plan no se ajustaba a lo previsto, el contrato de venta de los Matutes quedaba anulado por una cláusula de resolución. Estrella Matutes tenía interés directo y no se abstuvo en la votación, invoca la fiscalía. En 2005 era miembro del pleno del Consell de Ibiza, como consejera, e intervino directamente en la aprobación del plan territorial, que se adaptaba perfectamente a las condiciones del contrato privado de negocio de las empresas de su familia con Realia Bussines, a expensas de las modificaciones de planeamiento. El fiscal entiende que se ignoró la Ley de Costas y las leyes territoriales y hoteleras de las Baleares. Matutes y Realia se asociaron a otros proyectos que el plan posibilitó. La fiscalía ha investigado durante meses una denuncia efectuada por los ecologistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza GEN-GOB y, pasado el período electoral, ha emprendido la acción penal, que instruirá el juzgado número 3 de Ibiza. Las sospechas sobre conductas supuestamente delictivas afectan asimismo a los hermanos Joan Marí Tur, conseller de Patrimonio en funciones, y Antoni Marí Tur, parlamentario, y a José Sala, alcalde de San Antonio, que ratificó los procedimientos cuestionados. Los hermanos Marí no se abstuvieron de intervenir en determinadas recalificaciones urbanísticas que afectaron a fincas de las que eran copropietarios y se vieron beneficiadas por las nuevas expectativas urbanizadoras. Según la acusación de la fiscalía, ignoraron las disposiciones de protección del territorio, las calificaciones de suelo rústico y una sentencia del Supremo. De manera arbitraria, contrariaron el ordenamiento jurídico para favorecer sus intereses particulares. 127. ISLAS BALEARES: ANTICORRUPCIÓN PIDE SEIS AÑOS PARA EL EX ALCALDE DE ANDRATX (26/09/07)

Las otras noticias del PP

84

El caso Andratx, la supuesta trama de corrupción urbanística destapada por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2006, que llevó a la cárcel al que era alcalde de la localidad mallorquina, Eugenio Hidalgo, del PP, comenzará a ser juzgado en la Audiencia de Palma. La fiscalía solicita seis años de prisión para el ex regidor por falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística e infracción contra la ordenación del territorio por la licencia y la obra de una de sus casas. La primera petición de juicio de las decenas que hay previstos por este asunto contra el ex alcalde y sus colaboradores, trata de la construcción de una de sus viviendas particulares en una zona protegida mientras era alcalde. El fiscal acusa al núcleo duro del caso Andratx: el ex alcalde del PP que dimitió al ser encarcelado, su socio el inspector celador de obras, Jaume Gibert y el jefe de urbanismo y ex director general del Gobierno balear del PP Jaume Massot. Otros técnicos, abogados y arquitectos se alternan en las imputaciones junto a empresarios inmobiliarios. El escándalo político, en el plano judicial, forma una sola causa pero está fragmentada en más de sesenta piezas separadas, una estrategia procesal del juez solicitada por la fiscalía para hacer operativa la instrucción y las citaciones a los muchos implicados y testigos. Cada pieza alude a una supuesta ilegalidad sobre un terreno y en el trámite municipal y tendrá un juicio independiente. En la mayoría de piezas repiten como imputados el alcalde y sus afines. Andratx es uno de los municipios litorales de Mallorca donde el urbanismo salvaje más ha mellado el paisaje y en el que más cotización alcanzan las viviendas residenciales. En el primer juicio aflora el supuesto método operativo de este urbanismo ilegal: otorgar licencias para construcciones en terrenos protegidos en base a falsos certificados sobre la existencia de construcciones agrícolas. Existía, además, la presunta complicidad de la falta de control municipal. Siendo alcalde, Hidalgo transformó una casita de aperos en un chalé en área protegida. La fiscalía señala que tramitó para sí una licencia "radicalmente contraria a derecho", que logró "una cobertura y apariencia de legalidad" y edificó una vivienda prohibida, a pocos metros de la sede del Ayuntamiento. Logró certificados e informes de legalidad porque obtuvo la ayuda del inspector de obras Jaume Gibert, el jefe de urbanismo Jaume Massot y el letrado municipal Ignacio Mir. "Se concertaron al efecto de idear, planificar y ejecutar las actuaciones fácticas y administrativas", dice la fiscalía. El ex alcalde "aleccionaba y convencía" a quienes sabían que el permiso y la obra "contradecía frontalmente" las normas. La residencia se amparó con una licencia de reforma de un almacén agrícola inexistente, en un solar que tenía poco más de tres mil metros cuadrados donde eran exigibles, para una vivienda unifamiliar, un mínimo de 50.000 metros cuadrados por ser un área rústica preservada. No existe la posibilidad de legalizar dichas construcciones y el fiscal exige su demolición y restauración del terreno a cargos de los imputados. Hidalgo se ausentó de la comisión donde se votó la licencia. El celador Gibert -que afronta una petición de pena de cárcel de seis años-, desde su despacho en el Ayuntamiento, "divisaba perfectamente que la construcción realizada no se ajustaba a la licencia concedida, y no realizó acto alguno tendente a impedir la edificación de la vivienda ilegal omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales y delictivas". Por sus informes irregulares, al ex director general Jaume Massot se le reclaman dos años de prisión e inhabilitación de cargo público por un tiempo de 10 años, y para el asesor jurídico Ignacio Mir, un año de prisión e inhabilitación de 10 años. El fiscal solicita sendas fianzas de 90.000 euros para Hidalgo y Gibert. 128. PRINCIPADO DE ASTURIAS: EL ALCALDE DE RIBADESELLA, DEL PP, IMPUTADO POR PREVARICACIÓN (24/04/07) El Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas de Onís (Asturias) ha ordenado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Ribadesella, José Miranda, del PP, como supuesto autor de sendos delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística tras haber otorgado licencia en 1999 a su esposa para construir varias edificaciones de turismo rural en una finca de su propiedad situada en la aldea de Sardéu, pese a formar parte de una reserva natural parcial y estar considerada como suelo no urbanizable de especial protección. El alcalde interpondrá recurso contra el auto. Entre 2004 y 2005 se produjeron cuatro fallos judiciales contra la autorización de dichas construcciones. Ahora, según avanzó la cadena SER, el regidor y su esposa han sido imputados en un supuesto delito contra la ordenación del territorio. Además, al alcalde se le considera posible autor de otro delito de prevaricación urbanística, al no haberse abstenido en la decisión municipal que otorgó la licencia a su mujer y al considerarse en el auto que concedió licencia para la ejecución de "obras menores" supuestamente a sabiendas de su ilegalidad y de Las otras noticias del PP

85

que el proyecto que se pretendía entrañaba realizar una nueva construcción. En mayo de 2005, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo ordenó al Ayuntamiento de Ribadesella que procediera a "demoler las edificaciones ilegalmente levantadas", de acuerdo con una demanda planteada por el servicio jurídico del Principado de Asturias. 129. PRINCIPADO DE ASTURIAS: LA CABEZA DE LISTA DEL PP EN ASTURIAS DEJA LA POLÍTICA Y CRITICA A LA DIRECCIÓN (25/09/07)

La diputada nacional del PP y cabeza de lista por Asturias al Congreso desde la última legislatura, Alicia Castro Masaveu -que tenía todas las papeletas para repetir en ese puesto en 2008-, anunció su renuncia a encabezar la candidatura popular en marzo por el Principado y su retirada de la primera línea de la política, al tiempo que reclamó un gesto similar a la dirección regional, que preside el senador Ovidio Sánchez. Castro, que definió su renuncia como "un paso atrás" para dedicarse a la empresa privada, y no como una marcha del PP -en el que ha venido ocupando cargos públicos desde 1982-, pidió "responsabilidad" a quienes -en alusión al presidente y a la dirección regional del PP de Asturias- "habiéndose presentado en más de una ocasión a unas elecciones, no han logrado recabar de los ciudadanos el respaldo necesario para gobernar". Ovidio Sánchez ha sido derrotado en las tres últimas elecciones autonómicas como candidato a la presidencia de Asturias, la última el pasado mayo. Aunque menos conocida en el resto de España salvo por su apoyo a la teoría conspirativa del 11-M, Castro es la tercera dirigente regional importante del PP, tras el balear Jaume Matas y el catalán Josep Piqué, que abandona la política a pocos meses de las generales. 130. ARAGÓN: LOS AFILIADOS DE BASE DEL PP TEMÍAN AL ALCALDE DE CALATAYUD (PP) (06/02/07) No cuenta con el coraje necesario para iniciar un proceso judicial pero tampoco soporta la "angustia" que le produce cada día su secreto. Se lo dijo a su médico el día que cogió la baja por depresión (hace ahora un mes), lo ratificó después ante los facultativos de la mutua encargada de seguir su baja. "Me siento acosada y tengo miedo de ir a trabajar por encontrarme con Fernando Martín", asegura Cecilia Yagüe, supervisora del servicio de limpieza municipal, afiliada del PP, y desde hace más de diez años delegada del Ayuntamiento de Calatayud en el barrio de Consolación, lo que comunmente se llama alcaldesa de barrio. El testimonio de Cecilia se suma así al del concejal popular, José Luis Carnicer, que dio cuenta el pasado verano de su "calvario" bajo el mandato del mismo alcalde del PP. Como en aquel caso, la historia se remonta a noviembre del 2005, cuando fue cesado como presidente de la junta local el entonces teniente de alcalde, José Antonio Sanmiguel, con el que Martín mantiene un enfrentamiento personal desde entonces. "Celebramos un acto en el salón de actos municipal para anunciar el relevo de Sanmiguel en el cargo y como Martín también alabó su trabajo y se pidieron aplausos para el resto, yo levanté la mano al final y pedí un aplauso también para él", recuerda sin muestras de arrepentimiento esta trabajadora municipal. Unos días después celebraron una comida entre personas de confianza y el alcalde --según explicó ella-- le preguntó con enfado por qué había pedido un aplauso para Sanmiguel. "Yo le expliqué que lo había hecho porque pensaba que no había ningún problema entre ambos", concluye. "Solo unos días después mi hija recibió una carta de despido del campo de golf municipal, donde trabajaba en la limpieza", explica. Una carta que firmaba el entonces gerente de la sociedad municipal, Por Orden -según se señala en la firma-- de José Antonio Sanmiguel, aunque este señaló que se hizo a sus espaldas y que cuando conoció esta circunstancia se opuso a ratificar ese despido porque no había ninguna justificación. "Días después me llamó Martín y me dijo que había sido una confusión. Como le contesté que no era cierto, que la había echado él, comenzó a arremeter contra los sanmigueles", señaló Cecilia Yagüe. Al final, su hija siguió trabajando en el campo de golf por la falta de validez de la firma. El alcalde desmintió que conociera este capítulo. A partir de ese día las relaciones entre la trabajadora municipal y Martín se fueron deteriorando. "En la inauguración del paseo nos fuimos a tomar un aperitivo y hablé con Sanmiguel de que me había ido de vacaciones con su exmujer y sus hijos y él nos vio. Días después me cogió Martín y me empezó a gritar que hablaba con él o con el traidor. ¡En un bando o en el otro!", aseguró escuchar Cecilia Yagüe. El episodio se repitió en la plaza de toros durante las fiestas de San Roque, cuando coincidió con Sanmiguel al salir del servicio y Martín les volvió a pillar in fraganti. "Así lo calificó el primer edil", según Yagüe, que después de recibir presuntamente otra bronca tuvo que ser hospitalizada por un ataque de Las otras noticias del PP

86

nervios. El último incidente, que provocó su baja a principios de enero, se produjo después de que el primer edil la volviera a ver hablando con Sanmiguel en la concentración contra el atentado de Barajas. "El alcalde celebró con todas las trabajadoras municipales de su área para que recogieran todas las quejas que tenían contra ella", señaló Yagüe. Martín, que negó todas las acusaciones, señaló que esta cita se realizó a instancia de las trabajadoras durante el vino de navidad. 131. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: EL PRESIDENTE NAVARRO SE JACTA DE CIRCULAR A UNA MEDIA DE 152 KM/H (18/05/07) El elogio de la velocidad sin límites en la carretera ya no es patrimonio del expresidente José María Aznar. Su compañero en la ejecutiva del PP y presidente en funciones de Navarra, Miguel Sanz, se vanaglorió la noche del miércoles de haber cubierto los 50,7 kilómetros que separan Pamplona de la localidad de Allo en tan solo 20 minutos. Es decir, a una media de 152 kilómetros a la hora. Como candidato a la reelección, Sanz participaba en la pequeña población de Navarra en un mitin de su partido, Unión del Pueblo Navarro (UPN), cuando decidió sacar pecho por la construcción de la autovía Pamplona-Logroño, recientemente inaugurada. "La autovía me ha permitido venir a mí de Pamplona a Allo en 20 minutos", proclamó. Y añadió, muy ufano: "No nos ha parado la policía". Si la policía o los radares le hubieran detectado, el chófer de Sanz perdería muchos puntos del carnet y recibiría una buena sanción económica. Para cubrir el recorrido en una media de 152 kilómetros a la hora tuvo que superar como mínimo en 30 el límite permitido en autovías. Pero es que, además, para llegar a Allo desde la autovía hay cubrir unos 9 kms. a través de una carretera autonómica limitada a 90 kilómetros a hora. El calculador de ruta de la Guía Campsa, que ajusta las cifras a las limitaciones de velocidad de las vías por las que hay que transitar, estima un tiempo de viaje de 47 minutos para cubrir el trayecto entre Pamplona y Allo. La presidenta de la asociación de víctimas Stop Accidentes, Ana Campo, consideró "muy triste" que en pocas semanas dos dirigentes políticos se hayan reído de los limites de velocidad. "Seguro que no han perdido a ningún familiar en la carretera", señaló. Aznar ridiculizó hace dos semanas las campañas de la DGT contra el consumo de alcohol y la velocidad sin que haya rectificado públicamente. 132. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: SANZ PIDE A RAJOY QUE LOS DIPUTADOS DE UPN FORMEN GRUPO PROPIO EN EL CONGRESO Y RAJOY SE LO NIEGA (16, 17 Y 18/08/07) El presidente electo de Navarra, Miguel Sanz, que jurará su cargo por cuarta vez, ha transmitido al líder del PP, Mariano Rajoy, su interés en que Unión del Pueblo Navarro (UPN) tenga un grupo propio separado del PP en el Congreso tras las próximas elecciones generales. La dirección de los populares no se cierra en banda a la propuesta de los regionalistas. Su secretario de Economía y Empleo, Miguel Arias Cañete, afirmó que la cúpula del partido dialogará con UPN sobre la propuesta. Mariano Rajoy asistirá en Pamplona a la toma de posesión de Sanz. Antes de intentar un pacto con Nafarroa Bai e IU para formar Gobierno, posibilidad que luego se truncó por la negativa al pacto de la ejecutiva federal del PSOE, los socialistas navarros contaban entre sus objetivos el abrir brecha entre UPN y PP. El pasado lunes, el secretario general de los socialistas navarros, Carlos Chivite, pidió a Miguel Sanz públicamente que lo dicho en su discurso de investidura debía "corresponderse con los hechos". Sanz asegura en una entrevista a Diario de Navarra que se ha dirigido a Rajoy "para configurar, si es posible, un grupo propio de UPN". El líder de UPN, sin embargo, no interpreta esa posición como una concesión a los socialistas, a los que necesita para sacar adelante sus iniciativas en la legislatura: "La voz de Navarra en el Congreso no puede estar exclusivamente en la representante de Nafarroa Bai (Uxue Barkos), ya que no tiene la representación mayoritaria en el Parlamento". "Hablamos de un diputado de NaBai frente a cuatro que sumamos UPN y PSN. Lo mismo en el Senado. Nosotros tenemos tres senadores", añadió, basándose en el binomio "nacionalistas contra constitucionalistas" en el que interpreta el resultado electoral. La dirección del PP eludió rechazar rotundamente la propuesta del presidente navarro. Su secretario de Economía y Empleo, Miguel Arias Cañete, aseguró que el partido dialogará con UPN sobre la escisión de los diputados navarros de su grupo parlamentario. "En el marco que tenemos con ellos, dialogaremos y llegaremos a un entendimiento siempre", afirmó. "Las relaciones del PP con UPN siempre han sido estrechas, cordiales, presididas por la armonía y la eficacia en la acción política", añadió. Pero la llegada de Mariano Rajoy a Pamplona echó un jarro de agua fría sobre las expectativas de Miguel Sanz, líder de UPN y flamante presidente de Navarra. De crear grupo parlamentario propio en Madrid, nada, vino a decirle. El propio Sanz, en vista del revuelo organizado, ya había rebajado sus pretensiones Las otras noticias del PP

87

por la mañana, cuando matizó lo de tener "voz propia" en el Congreso y negó que tenga intención de romper el pacto que le une al PP desde 1991. "No busco marcar ninguna línea de separación", explicó. 133. CANTABRIA: EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (PP) COMPLACE A LA FALANGE (05/04/07) Santander no sólo mantiene su estatua ecuestre de Franco sino que aumenta los espacios públicos dedicados a significados representantes del régimen. El Ayuntamiento popular de la capital cántabra acaba de distinguir al fallecido falangista Antonio Zúñiga con una calle. La decisión ha provocado la alegría de La Falange de Cantabria, que asegura que se ha complacido de esta manera, la petición de dos de sus miembros. Diferentes medios provinciales como El Faro de Cantabria informaron de la asignación de nombres a calles santanderinas por parte del Ayuntamiento del popular Gonzalo Piñeiro. Entre los nuevos viales destaca el dedicado a Antonio Zúñiga, falangista fallecido en Santander en enero de 2006 tras residir muchos años en la ciudad. Desde La Falange de Cantabria han acogido con alegría la concesión y destacan que la iniciativa partió de dos de sus miembros en febrero del pasado año. De hecho recogen en su página web el contenido de la solicitud que mandaron al Ayuntamiento pidiendo una calle para su “más querido camarada”. En la petición recogen entre los méritos de Zúñiga para la obtención de la calle algunos de los destacados puestos que ocupó bajo la dictadura: abogado jefe en los sindicatos verticales, consejero del Movimiento, delegado provincial del Ministerio de la Vivienda de Santander, vicepresidente de Frigoríficos del Depósito Franco, ex presidente de la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena, etc. El Ayuntamiento popular santanderino es el único que mantiene, junto al de Melilla, una estatua dedicada a Franco, un símbolo el alcalde Piñeiro se ha negado a retirar reiteradamente, aunque ha prometido que desaparecerá este año aprovechando unas obras. 134. LA RIOJA: METÁLICO Y SIN TECLAS: EL PRESIDENTE RIOJANO MANEJÓ UN APARATO EN LA REUNIÓN EN LA QUE SE GRABÓ A ZAPATERO (28/01/07) El aparato era metálico, pequeño y con forma rectangular. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, lo colocó cerca del altavoz individual para conferencias que tenía delante. Por ahí saldría el sonido de todos los que debían hablar en la III Conferencia de Presidentes, para escucharse unos a otros el pasado 11 de enero en el Salón de Pasos Perdidos del Senado. Dos horas y media después de este gesto, Sanz comparecía ante la prensa para leer "textualmente" una parte de lo que dijo Zapatero en aquella reunión. Al día siguiente fue difundida una grabación de ese mismo fragmento confirmando el bochorno: que el presidente del Gobierno había sido grabado durante una reunión del máximo nivel institucional a puerta cerrada. En las imágenes que el Senado sirvió a todas las televisiones previas al comienzo de la reunión se ve cómo una persona se acerca al presidente de La Rioja y le entrega algo rectangular, imposible de apreciar en televisión. La persona pertenece a los servicios de la Cámara que aquel día estaban a disposición de la Conferencia. Al ver las imágenes en televisión, esta trabajadora sintió que era su deber dar explicaciones a la administración de la Cámara alta. Según su versión, se trataba de un aparato electrónico en el que no se fijó con detalle. Se lo dio un hombre que "sin ninguna duda" pertenecía a la delegación de La Rioja, porque así lo ponía en la acreditación que llevaba al cuello. Según la misma versión, este hombre intentó entrar en la sala para darle el aparato a Sanz cuando pasaban varios minutos del inicio previsto de la sesión (10.30) y el personal de La Moncloa ya estaba desalojando a los periodistas gráficos, por lo que se le impidió el paso. Desde la puerta, pidió con insistencia a la trabajadora de los servicios del Senado que le acercara el aparato a Sanz, a lo que ella accedió. Según la descripción aportada por esta trabajadora, el aparato no tenía teclas numéricas como un teléfono móvil. De hecho, en el mismo vídeo se ve que Sanz tiene en la mesa un teléfono móvil tiempo antes de que le den el otro aparato. La delegación del Gobierno de La Rioja la componían el presidente, Pedro Sanz, el consejero de Presidencia, Emilio del Río, el jefe de gabinete, Arturo Steven, un asesor y la jefa de comunicación, Flor Raposo. La responsable de comunicación rechazó en nombre de todos los citados comentar este asunto. Este vídeo es parte de la información que maneja el grupo del PSOE en la Cámara alta, dentro de sus indagaciones sobre lo sucedido. Según fuentes del grupo, con los datos disponibles hasta ahora, "no contempla otra posibilidad" que no apunte a Sanz como autor de la grabación. Las mismas fuentes rechazaron revelar más evidencias contra Sanz, porque "aún tiene la oportunidad de reconocerlo él mismo".

Las otras noticias del PP

88

135. LA RIOJA: RATIFICAN EL ACOSO LABORAL QUE EJERCIERON TRES ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO RIOJANO (25/02/07) El Consejo Consultivo de La Rioja, liderado por un ex presidente autonómico del PP, ratifica vía dictamen que tres altos cargos del Gobierno popular de Pedro Sanz cometieron acoso laboral contra un funcionario del departamento de Vivienda. Éste último exige ahora una indemnización económica por los daños sufridos. En 2004, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJLR) dio como hechos probados que existió acoso laboral por parte de tres altos cargos del gobierno riojano contra un funcionario de Vivienda. Esos responsables políticos son Arantxa Vallejo, actual vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sanz; Antonio Burgos, actual consejero de Obras Públicas (ambos ocupaban un cargo en el departamento al que pertenecía el funcionario); y Ángel Salinas, que ocupa la Dirección General de Transportes. Un año después, hubo otras dos sentencias del TSJLR en esa misma dirección. Incluso en una de ellas también se hablaba de “desviación de poder”. A todo este proceso se une ahora un dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, que ratifica que los tres altos cargos del Gobierno regional acosaron laboralmente a un funcionario lo que le provocó daños morales. Por eso se les exige una indemnización de 60.000 €, con cargos a los Presupuestos de todos los riojanos. 136. CEUTA: UN AÑO DE CÁRCEL PARA UNA DIRIGENTE DEL PP POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PARA CONTRATAR A SU MARIDO (29/03/07) La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un año de prisión y siete años de inhabilitación de cargo público a Malika A., miembro de la Ejecutiva del PP ceutí, por haber falsificado un documento para contratar a su marido como médico con plaza fija en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) cuando ella era la directora de la entidad. La sentencia, que se ha producido por conformidad, juzgaba unos hechos ocurridos en el año 1997 cuando el INGESA abrió un expediente administrativo al marido de Malika A. por la integración de este último en la institución como médico con plaza fija gracias a un certificado falso que había firmado su mujer y directora de la institución. La situación provocó la llegada a la ciudad de un inspector que puso los hechos en conocimiento de la Unidad de Delitos de la Seguridad Social, lo que motivó incluso la detención del marido, Luis M. y de la propia Malika. Tanto la ex directora territorial como su marido se han conformado con la pena de un año de prisión dictada en la sala de la Audiencia Provincial. El tribunal acordó la sentencia por un delito de estafa y prevaricación, por el que también se le ha impuesto una multa a cada uno de ellos de siete meses a razón de 10 € diarios. Además, Malika ha recibido una inhabilitación de siete años en cargo público, aunque sí podrá ejercer como doctora. Igualmente los dos acusados deberán abonar 26.279 € en concepto de responsabilidad civil. 137. MELILLA: JUEZ REMITE AL SUPREMO UNA DENUNCIA POR ESTAFA CONTRA UN DIPUTADO DEL PP (24/02/07) El juzgado número 1 de Melilla ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que da cuenta de la existencia de indicios de supuestos delitos de prevaricación, estafa, infidelidad en la custodia de documentos y delito contra las garantías constitucionales por parte del diputado nacional del PP Antonio Gutiérrez Molina, por el presunto intento de ocultar una negligencia médica cuando ocupaba el cargo de subdirector del Insalud de Melilla. Los hechos, denunciados en mayo de 2005, se remontan a 18 años atrás, al 16 de mayo de 1986, cuando falleció la hija de siete meses de edad del denunciante José Girón Fernández, y éste presentó una reclamación administrativa contra el Insalud por un defectuoso funcionamiento del servicio de urgencias. Según el texto de la exposición razonada, Gutiérrez Molina, a la sazón subdirector provincial del Insalud, manifestó en los años siguientes al padre de la niña fallecida que el procedimiento seguía su curso cuando, según un informe emitido por el Insalud, no existió expediente alguno en relación con la denuncia. Sin embargo, Gutiérrez Molina llegó incluso a decir a Girón que la reclamación se había resuelto positivamente, y como la indemnización supuestamente fijada no llegaba, en 1998 libró tres cheques nominativos a favor de Girón por importe de más de 27 millones de pesetas. En los cheques figuraba otra firma que Gutiérrez dijo que era de un funcionario del Insalud que garantizaba el pago. Para entonces, Gutiérrez Molina era ya diputado nacional del PP, pero el pago no llegaba. Frente a las gestiones del denunciante, Gutiérrez le hizo entrega de cartas en sobres oficiales del Congreso, dirigidas al Las otras noticias del PP

89

secretario o al juez de lo Social de Melilla y a un empleado de una sucursal bancaria, supuestamente para que procedieran a formalizar el pago de las cantidades. Los talones no pudieron ser finalmente cobrados y Gutiérrez libró otros por el equivalente de unos 162.000 €. Por fin, en marzo de 2004 Gutiérrez comunicó a Girón y a su abogado que no habría pago alguno, ya que un mes antes había tenido conocimiento de la desestimación de la reclamación administrativa. Aunque manifestó su compromiso de asumir personalmente dicho pago, el padre de la niña fallecida presentó la denuncia. Según el juez instructor número 1 de Melilla, "existen sobrados indicios" de una actuación manifiestamente irregular del diputado del PP, que podría haber incurrido en delito de prevaricación o de infidelidad en la custodia de documentos en relación con la reclamación administrativa, y de estafa por el engaño en que mantuvo al denunciante durante 18 años. Dado que Gutiérrez Molina está aforado, el juez ha remitido las actuaciones al Tribunal Supremo, para que sea éste el que, en su caso, prosiga las indagaciones tras recabar autorización de las Cortes. 138. MELILLA: LA FISCALÍA PIDE INVESTIGAR POSIBLES MANIPULACIONES EN EL CENSO (24/04/07) El fiscal del caso de la supuesta falsificación de solicitudes del voto por correo en Melilla ha pedido a la juez Julia Adamuz nuevas diligencias, entre ellas una referida a que se consulte el censo electoral para comprobar si ha experimentado un aumento o variaciones sospechosas, según fuentes jurídicas. Javier Lence, gerente de la campaña electoral del PP, está imputado en el sumario por un supuesto delito de falsedad documental en relación con un posible fraude electoral. La fiscalía ha pedido que Correos certifique oficialmente cómo se efectúa el voto por correo, a fin de que conste el procedimiento legal, que obliga a presentarse en persona en las oficinas postales para recoger el impreso de votación. La finalidad de esta certificación sería demostrar cómo es imposible que un partido tramite solicitudes en masa, ya que esta práctica está en contra de la normativa. El representante del ministerio fiscal también ha solicitado a Correos que certifique la petición de impresos originales del voto por correo, que el PP dijo haber encargado y que, según los dirigentes del partido en Melilla, no les fueron entregados porque no había suficientes. La Delegación del Gobierno en Melilla difundió un comunicado en el que confirma que en Correos hay disponibles más de 3.000 impresos para votar por correo, lo que desmiente lo dicho por el PP en el sentido de que había escasez en este tipo de formularios. En la nota oficial, con un tono insólito, la Delegación del Gobierno dice: "Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo; pero el dedo y la luna pertenecen a realidades distintas", según un antiguo proverbio del budismo zen. "Sin duda, hay situaciones en la vida en la que algunos, cuando tienen serios problemas, nos invitan a que miremos el dedo y dejemos de admirar directamente la belleza de la luna". "Durante las últimas dos semanas en Melilla, algunos están interesados en que la opinión pública desvíe su atención de los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad", añade la Delegación del Gobierno, que rechaza las acusaciones de que haya "limitado", "restringido" u "obstaculizado" el ejercicio del voto por correo, como ha sostenido reiteradamente el PP para explicar el encargo de 1.000 solicitudes de voto postal a una imprenta melillense. Las investigaciones de la Guardia Civil en torno a la imprenta Marfeme, sospechosa de falsificar etiquetas alimenticias y envases de jabón Ariel, culminaron con la incautación de los 1.000 impresos encargados por Javier Lence. La actuación policial se produjo sólo una horas después de que Lence telefoneara a uno de los dueños del taller de impresión urgiéndole a que destruyera todo y a que no hiciera ninguna factura sobre el encargo, aunque a la vez se comprometía a abonarle el coste del trabajo.

Las otras noticias del PP

90