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Marzo 2014 • Santo Domingo, República Dominicana

Las Personas con discapacidad Tienen derecho al trabajo y al empleo “El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado.” Esto se encuentra establecido en la Constitución Dominicana en su artículo 62, donde además se fija la prohibición de toda clase de discriminación que dificulte o impida a una persona acceder a un empleo. La Constitución también afirma que “todo trabajador y trabajadora tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.

A pesar de estas disposiciones legales, el acceso al trabajo no siempre se da en igualdad de condiciones para todas las personas. Las personas con discapacidad muchas veces encuentran limitaciones para tener un trabajo que les permita mantener una vida en dignidad, esta situación es consecuencia de un sistema político, económico, social y culturalmente excluyente, que se expresa en la existencia de prejuicios sobre la discapacidad, espacios físicos poco adaptados, bajos salarios y la subestimación de las personas con discapacidad, así como distintas limitaciones para acceder a capacitación y formación.

En este boletín abordaremos algunos aspectos que contempla la legislación nacional en cuanto a la garantía del acceso al empleo para las personas con discapacidad. Asimismo, trataremos de presentar de manera específica como se manifiestan algunas de las limitaciones antes descritas

Legislación que garantiza el acceso al empleo La Estrategia Nacional de Desarrollo establece que se deben ampliar las oportunidades para la inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral, concertando acuerdos con el sector privado, estableciendo puestos de trabajos protegidos y fomentando las iniciativas de emprendimientos productivos. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, señala que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, las siguientes medidas para salvaguardar el ejercicio del derecho al empleo: • Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo; • Proteger los derechos de las personas con discapacidad a condiciones de trabajo justas y favorables, seguras y saludables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor; • Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua; • Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

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• Emplear a personas con discapacidad en el sector público y promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado; • Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Para promover las transformaciones necesarias para que estas disposiciones sean una realidad, la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 5-13) establece, en su artículo 15, que para lograr su inclusión en el sistema ordinario de trabajo, o su incorporación a un sistema de empleo protegido, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) deberá procurar que las instancias públicas y privadas garanticen la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo, la cual no podrá ser inferior al 5% en el sector público y 2% en el sector privado, siempre en entornos laborales abiertos e inclusivos. Esta ley también establece que el Estado está en la obligación de asegurar la provisión de recursos económicos que faciliten a las personas con discapacidad la posibilidad de incorporarse, de manera efectiva, al sistema productivo nacional, para lo que deben considerarse también los créditos públicos para el financiamiento de proyectos empresariales, así como iniciativas de emprendedurismo, que demuestren debidamente su viabilidad. La Ley sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el (CONADIS) deberá procurar que las instancias públicas y privadas garanticen la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo, la cual no podrá ser inferior al 5% en el sector público y 2% en el sector privado.

La Ley establece entonces acciones afirmativas necesarias, cuyos porcentajes deberían ser objeto de cumplimiento Sin embargo, a pesar de que en los últimos años empleadores y empleadoras, tanto públicos como privados, han tenido mayor apertura a la contratación de personas con discapacidad, los resultados generales del acceso a un empleo que dignifique la vida han sido pobres. Esto lo adjudicamos, en primer lugar a la ausencia de una política pública impulsada

desde el CONADIS, que propicie y garantice la inclusión laboral de las personas con discapacidad; en segundo lugar, a la falta de un reglamento de aplicación de la Ley 5-13, que dote a las instituciones de mecanismos que operativicen su cumplimiento. Tras un retraso de un año y siete meses, luego de promulgada la ley, aún se continúa a la espera de la elaboración de este reglamento

Personas con discapacidad y el acceso al empleo: sin datos para monitorear su garantía

El caso del acceso al trabajo no escapa de la situación que de manera general se ha señalado desde el Observatorio con respecto a las personas con discapacidad, y es que no existen datos actualizados sobre su situación laboral en el país. En el año 2006 la Oficina Nacional de Estadística, el CONADIS y la Oficina Panamericana de la Salud elaboraron un perfil de la discapacidad en República Dominicana a partir de los datos censales del año 2002, pero estos datos no se han actualizado luego de publicados los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2010.

En el año 2009, la Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física (La Red) realizó un diagnóstico de personas con discapacidad en las zonas Sur y Este del país, donde se levantó información importante sobre la situación laboral de personas con discapacidad. El estudio fue realizado en municipios de las provincias Barahona, Azua, San Juan y Elías Piña en el Sur del País, mientras que en el Este en municipios de las provincias San Pedro de Macorís, La Romana y el municipio de Santo Domingo Este. Para obtener información entrevistaron a un total de 687 personas con discapacidad físico motora, sensorial y cognoscitiva. Aunque el estudio arroja resultados específicamente de estas regiones, compartimos algunas de las conclusiones a las que llegó este diagnóstico: • Una tercera parte de la muestra entrevistada señaló no tener ningún grado de escolaridad y menos de la décima parte había finalizado la secundaria (7%). • Un 68% de la muestra no había realizado ningún tipo de actividad remunerada económicamente, por motivos ajenos a enfermedad, en la última semana del momento de la encuesta.

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• La tasa de ocupación de las personas con discapacidad encuestadas fue de 23.9%, la mitad de la tasa de ocupación de la población total del país para el año 2008. • Entre los oficios reportados por las personas con discapacidad que sí estaban ocupadas al momento de la encuesta destacan el comercio y las ventas. En su mayoría constituyen oficios de tipo informal (por cuenta propia y chiripas). Las labores que realizan están más enmarcadas en el trabajo manual que en el técnico o administrativo. • Según los reportes de la muestra, el Gobierno dominicano sólo aporta un 3.5% de los empleos que registra la muestra. • Del segmento de la muestra que tiene alguna ocupación, solo la quinta parte recibió educación laboral para el trabajo que en ese momento realizaba. Es importante señalar que la gran mayoría de la muestra participante en el citado estudio de La Red, tiene cierto grado de vinculación con el movimiento asociativo de personas con discapacidad, por lo que es posible que hayan tenido mayores oportunidades de formación y acceso al empleo, que la mayoría de la población con discapacidad que no se encuentra organizada bajo ninguna asociación. Ahora, si bien estos datos son muy específicos para las zonas en las que se concentra el estudio, es importante que desde las autoridades correspondientes se le de seguimiento y se actualicen informaciones como las sistematizadas por La Red, que permitan tener una claridad del panorama sobre el acceso al trabajo para poder actuar sobre esa realidad y medir en el mediano y largo plazo las medidas que se implementan para la aplicación de la Convención y la Ley 5-13.

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En el año 2012, la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo realizada por el Banco Central, presentaba un dato estadístico en cuanto al mercado laboral y las personas con discapacidad, señalando que un total de 354.358 personas que estaban desocupadas no buscaban trabajo debido a una discapacidad permanente. Más allá de este dato, no se produce información que pueda dar cuenta de la relación de las personas con discapacidad y el acceso al empleo. Por otro lado, en el informe de rendición de cuentas que el Estado, a través del CONADIS, preparó para enviar a las Naciones Unidas en el año 2011, documentando los avances en el proceso de implementación de la Convención, se hace referencia a la conformación de una Comisión Nacional de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad, enmarcada como parte del Plan Nacional de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna información sobre dicho plan, ni tampoco sobre el trabajo de esta comisión. En el CONADIS funciona un área de inclusión laboral desde donde se realizan charlas de sensibilización y promoción y se coordina con La Red algunas actividades para la inclusión laboral, sin embargo, no se pudo tener detalle sobre estas informaciones debido a que no se logró concretar la entrevista con la persona encargada.

Baja escolaridad y falta de experiencia: circulo vicioso de pobreza y exclusión En una entrevista realizada a una de las personas a cargo de los procesos de inserción laboral de La Red, nos comentaba que a pesar de pequeños avances, hay mucha resistencia para emplear a personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado, debido a la vigencia de una serie de prejuicios, que en su mayoría visualizan a las personas con discapacidad como personas enfermas. De acuerdo con La Red, la experiencia en los procesos de inserción les ha demostrado, entre otras cosas, que empleadores o empleadoras que tienen familiares con discapacidad tienen una mayor disposición a emplear personas con discapacidad, pero si no es el caso, tienden a manifestar opiniones como “yo no puedo tener una persona así aquí”. Agregan que el sector empleador mantiene una percepción sobre ciertas atenciones que consideran deben tener con las personas con discapacidad que no tendrían que tener en cuenta con una persona que no tenga discapacidad, y consideran que son más propensos a riesgos laborales que no quieren asumir.

Nos comentan además, que lamentablemente, aunque no sea la medida que se desearía, hace falta maniatar un poco al empresariado y al sector público, que exista alguna sanción por el no cumplimiento de las cuotas establecidas en la Ley, porque de otra manera no hay voluntad. Otro de los aspectos señalados por La Red es que, “por las razones que sea” las personas con discapacidad no están formadas ni capacitadas, son muy pocas las personas que han finalizado una preparación académica y muchas las que no han pasado de un nivel básico de escolaridad, además que no cuentan con experiencia laboral, lo que viene siendo un círculo vicioso que dificulta su inserción. La baja escolaridad, falta de formación y capacitación de las personas con discapacidad constituye una barrera para alcanzar un empleo que les permita generar las condiciones para una vida en dignidad. Se crea un círculo vicioso de discriminación que inicia con la ausencia de muchas personas con discapacidad en las aulas.

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Esto se relaciona con las declaraciones que nos ofreciera la persona encargada de la Unidad de Admisión, Información y Empleo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), quien apunta que existen requisitos mínimos para poder optar por algunos cursos de carácter técnico, como tener cursado y aprobado hasta el octavo curso de secundaria. Si bien, como ya se señaló, no se cuenta con datos oficiales sobre el nivel de escolaridad de personas con discapacidad, desde INFOTEP nos señalan que en la mayoría de los casos, cuando las personas con discapacidad acuden para la solicitud de un curso, no llenan este requisito, excluyéndoles entonces de la posibilidad de tener una formación técnica.

• Nuevamente la ausencia del reglamento de la Ley 5-13 constituye una limitación más en el acceso a un empleo para personas con discapacidad, ya que los porcentajes instituidos en dicha ley no se cumplen, lo que pone de manifiesto la necesidad de acelerar el proceso de elaboración del reglamento, ya de por si atrasado, así como la socialización de lo establecido en esta legislación.

De acuerdo con INFOTEP, la mayoría de personas con discapacidad se matricula entonces en cursos de belleza, manualidades, masajes y elaboraciones de velas y velones, quienes después de aprobar el curso pasan a formar parte de un banco de datos para servicios de intermediación laboral. Comentan que para este año se quiere desarrollar un programa para formar facilitadores en lengua de señas.

• Nuevamente, la construcción de bases de datos y estadísticas confiables constituye una tarea pendiente, que no solo transparenta la información y la gestión gubernamental, sino también genera las bases para desarrollar políticas públicas más informadas y consecuentes.

Conclusiones

• El acceso a un empleo digno se dificulta por la baja escolaridad y la falta de experiencia laboral de las personas con discapacidad, creando un círculo vicioso que les deja fuera del mercado laboral y limita así sus posibilidades de generar las condiciones para una vida en dignidad.

• Se tienen informaciones parciales sobre el trabajo que realiza el CONADIS para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, por lo que no se puede establecer un criterio informado sobre las gestiones para la implementación de la Convención.

• Es importante que se desarrollen acciones integrales para la igualdad de oportunidades, ya que por ejemplo, la falta de un transporte colectivo inclusivo y las barreras arquitectónicas en lugares públicos y sitios de trabajo, dificultan el acceso de personas con discapacidad a un empleo.

Con el apoyo financiero de la Unión europea

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Círculo de Mujeres con Discapacidad -CIMUDIS-

UNIÓN EUROPEA Esta publicación es exclusiva responsabilidad de ASODIFIMO y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea.

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Contenido: Melissa Zamora • Diseño gráfico: Gary Lorenzo • Edición: Ricardo González/ Rosalina Núñez •Fotografías: ASODIFIMO Avenida Prolongación 27 de Febrero #789, Las Caobas, Santo Domingo Oeste, República Dominicana. www.asodifimo.org • http://opcd.wordpress.com/ • Tel: 809-564-4726 Fax 809-564-4854 Observatorio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

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