LASSA 2003 PERSPECTIVAS DE LA MODERNIDAD EN MEXICO: SOCIEDAD Y ESTADO SIGLOS XVIII AL XX

LASSA 2003 PERSPECTIVAS DE LA MODERNIDAD EN MEXICO: SOCIEDAD Y ESTADO SIGLOS XVIII AL XX. Respuestas de la sociedad de Guanajuato ante las reformas bo

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LASSA 2003 PERSPECTIVAS DE LA MODERNIDAD EN MEXICO: SOCIEDAD Y ESTADO SIGLOS XVIII AL XX. Respuestas de la sociedad de Guanajuato ante las reformas borbónicas. Entre la expulsión de los jesuitas y la creación de la Intendencia (1766-1795) María Guevara Sanginés Marzo, 2003.

Resumen: El motín provocado por la expulsión de los jesuitas es parte de la reacciones en contra de las reformas político-administrativas que marcan la entrada del mundo español a la ilustración, pocos años después aparentemente la población de la ciudad de Guanajuato habría alcanzado una estabilidad que se manifiesta en la vida de la recién creada Intendencia ya con plena identificación en los valores del siglo de las luces.

Introducción Aún sigue en discusión la modernidad de España entre los siglos XV y XIX aduciendo todo tipo de argumentos políticos, económicos, tecnológicos e ideológicos para tomar las dos posturas extremas posibles: España moderna, o España no moderna, anticuada e inmóvil. Sin embargo, en los últimos, quizá veinte años se ha insistido en que España y con ella el Imperio vivieron una modernidad propia en la que el barroco da la pauta, la clave para entender esta vía de modernidad. En efecto, la modernidad europea se venía gestando desde hacia varios siglos, al menos desde el siglo XII, y en buena medida se hizo patente a partir de los movimientos reformistas del siglo XVI, proponiendo y tratando de imponer al mundo una sola vía de la modernidad. Así pues, el Imperio español se suma a las propuestas modernas con su propia elección, que fue plasmada en el proyecto surgido en el Concilio de Trento y que como ha dicho Bolívar Echeverría, “el intento que predominó en éste no fue el de combatir la Reforma [en particular la religiosa] declarándola injustificada, sino el de rebasarla por considerarla insuficiente y regresiva” (Echeverría,

1998:67), es decir, se niega “la” propuesta de modernidad, para dar paso a la posibilidad de la alteridad, a pesar de la misma España y de la otra Europa. En ambas modernidades se contemplaban nuevas vías de desarrollo económico, un reacomodo de los grupos sociales en los cuales la autoridad (política, educativa, etc.) se resignificó, se cuestionó la cohesión comunitaria (la desaparición del individuo en el grupo), etc., y al menos en una de las propuestas de modernidad, se privilegió el conocimiento libresco sobre otras formas de transmisión de la información y del conocimiento, en particular las que enfatizaban el mundo de lo sensible que en el mejor de los casos se subordinaron al libro, aunque con frecuencia las formas de información emanadas del mundo de lo sensible se menospreciaron. La pugna entre individuos y naciones sobre la hegemonía de una u otra de las modernidades se manifestó en múltiples luchas sectarias tanto económicas, como sociales y culturales que han sido estudiadas desde su inicio (¿siglo XV?), en el mejor de los casos en un esfuerzo por alcanzar la objetividad, pero con frecuencia con posturas ideológicas intolerantes y cerradas al diálogo que han enfatizado los juicios valorativos negativos sobre el “otro” moderno”, lo cual ha provocado no pocas confusiones en la comprensión de una rica realidad histórica, en particular la nuestra, la iberoamericana. Los dos primeros siglos del encuentro del mundo americano con el europeo están marcados por el conflicto español para escoger alguna de las variantes de la modernidad. En la región que ocupa el actual estado de Guanajuato el nacimiento de la modernidad española se vivió como una intensa lucha por el establecimiento de una cultura dinámica que pasó de los movimientos migratorios y colonizadores, a una cultura urbana que logró establecer una extensa red de relaciones internas y externas como han estudiado a fondo diversos autores entre los que han destacado Brading y Wolf. La lectura de estos autores como la de otros locales, Rodríguez Frausto por mencionar alguno, han obligado a preguntarnos sobre las particularidades de la modernidad guanajuatense. No se pone en duda la incorporación de la Nueva

España y sus respectivas provincias a la cultura occidental y por consiguiente su participación en la economía -mundo, lo que hace falta es entender los mecanismos y las particularidades a través de los cuales la sociedad de Guanajuato se incorporó a la modernidad. Parece ser lugar común que en el siglo XVII, no sin conflictos, finalmente las regiones de Guanajuato se desarrollaron en torno a las actividades agropecuarias y mineras de exportación conforme a la organización política castellana en su versión indiana. En otra palabras, a pesar de la guerra chichimeca asociada a los alzamientos cimarrones durante el siglo XVI, la importancia estratégica económica de esta región de Nueva España, rápidamente permitió que la sociedad asumiera su identidad como perteneciente al imperio: lengua franca (castellano), organización política (pueblos de indios y de españoles con su cabildo) y jurídica, religión (catolicismo), organización social, etc. Sin embargo, las cosas cambiaron a partir del siglo XVIII en que coincidieron el advenimiento de una nueva dinastía reinante con cambios en la geopolítica europea, en efecto a la muerte de Carlos II el hechizado, se sucedieron una serie de conflictos que oscilaron de la diplomacia y la intriga palaciega a la guerra de sucesión por el control del imperio, imperio donde alguna vez no se puso el sol. El cambio no fue repentino, ya desde el siglo XVII se observaron procesos que darían como resultado el nuevo orden, aunque “es cierto que la existencia de una racionalidad reformadora es lo que ha caracterizado al [siglo] XVIII, pero también lo es que en él podemos diferenciar claramente una primera mitad donde la acción predomina sobre el programa y una segunda donde, posiblemente, el programa predomine sobre la acción hasta el punto que la construcción formal del propio programa de reformas viene a centrar la acción política” (Guillamón Alvarez, 2001:532). Como parte de esta acción política en las provincias allende el mar, la Corona española en la segunda mitad del siglo XVIII, promovió como en ocasiones ya lo había hecho en la propia metrópoli, la desintegración de las fuerzas políticas locales a favor del poder real y de un control central, violentó la

ley, la costumbre y la tradición de tal suerte, que a la larga serían la ruina del imperio. Habría que probar si en ese sentido, España se desvío de su propia propuesta de modernidad porque había fracasado o los administradores del imperio, incluyendo al rey, se dejaron convencer por la nada sutil propaganda de los promotores de las otras, aparentemente exitosas, propuestas de modernidad (al estilo liberal). A pesar de que las nuevas disposiciones reales y ministeriales en buena medida no solo fueron acatadas, sino cumplidas, los súbditos españoles no se conformaron con vivir en una coyuntura de hechos consumados sin consulta popular, por lo que se manifestaron de acuerdo a la ley y la costumbre, en movimientos cuya propuesta revolucionaria ponemos en duda, pero no su calidad de defensa de fueros y privilegios estamentales tradicionales. En esta ocasión me referiré a dos elementos de controversia en esta nueva faceta de la modernidad española: 1. La integración y consolidación de una élite socioeconómica y oligárquica en la ciudad de Guanajuato que extiende sus redes de relaciones y poder decisivo al ámbito internacional 2. La expulsión de los jesuitas del territorio español, y en particular de la ciudad de Guanajuato, 1. Integración y consolidación de la élite Desde el siglo XVI, los informes administrativos y otras fuentes historiográficas han reiterado que el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Guanajuato han estado íntimamente ligados con la explotación de las minas de plata sobre las cuales se asentó una población multiétnica desde mediados del siglo XVI. El trabajo minero ha sido constante, pero no siempre fructífero, las causas del decaimiento minero en ocasiones han sido técnicas (técnicas inadecuadas para desagüe y ventilación, métodos ineficientes para explotar el mineral de baja ley, o la pérdida de la veta), pero con frecuencia han sido consecuencia de las políticas reales o de gobierno republicano (monopolio del

azogue, leyes sobre régimen de propiedad, impuestos diversos, leyes sobre las relaciones empresario-trabajador, etc.), que han impactado en la vida social y económica de la ciudad (como la pérdida por el interés en la plata como definidor de riqueza). En ocasiones la naturaleza ha contribuido a las borrascas mineras ya sea por agotamiento de los veneros, por inundaciones que han afectado la infraestructura de las minas y por las sequías que han contribuido a la carestía de los insumos mineros). En términos de administración pública, sabemos relativamente poco de lo que sucedió en el real de minas entre su primer asentamiento y los albores del siglo XVIII, con certeza podemos afirmar que Guanajuato se consolidó en una alcaldía mayor alrededor de 1559 (Gerhard, 1986) y tenía jurisdicción sobre las congregaciones de Irapuato y Silao. Sin embargo, es claro que los pobladores del asentamiento minero buscaron sistemáticamente adquirir prestigio, honor, poder y privilegios cualidades tan caras a la sociedad de aquellos tiempos. Una estrategia para lograrlo era la consolidación del cabildo a través de la adquisición de estatus urbano del real de minas, pues además de los privilegios reales concedidos a las ciudades, el título de ciudad redundaba en beneficios económicos y libertades políticas (Caño, 2002:245), sin descontar que la responsabilidad de gobernar se consideró como un privilegio, que hablaba sobre la virtud y buena fama del gobernate. Sin embargo, el proceso fue lento y difícil, simplemente la adquisición del título de villa en el siglo XVII provocó un litigio con la corona que duró varios años, si a estos conflictos con el poder real le sumamos el parecer de diversos autores (incluido Brading), que sistemáticamente han insistido en que el crecimiento regional giró en torno a la producción minera, resulta sorprendente que el rey otorgara título de ciudad a Guanajuato hasta 1741; sobretodo si consideramos que ciudades comarcanas, como Celaya y Salvatierra, cuya economía estaba basada en las actividades agropecuarias, habían adquirido el estatus de ciudades en fechas anteriores a 1740, lo cual obliga a estudiar con más cuidado los

movimientos de integración regional, en particular los del mercado y los comportamientos demográficos. Aunque los estudios sobre el cabildo en general son numerosos y explican en buena medida el desarrollo económico y local de las diferentes regiones novohispanas (Alfaro, 1994), con respecto a la historia del cabildo de la ciudad de Guanajuato nos enfrentamos a un difícil e interesante problema que tiene que ver con la escasez de fuentes primarias1, sin embargo, es claro que estuvo conformado según el derecho indiano (Recopilación de Leyes de Indias, 1973, Libros IV y V), con las funciones de gobierno, justicia y legislación menor (Alfaro, 1994; AHG, Actas de Cabildo) y que se sujetó a los cambios introducidos por las reformas borbónicas sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII (AHG, Actas de Cabildo, 1778, f.2). Entre estas modificaciones, el visitador José de Gálvez dispuso que se calificaran el día anterior a las elecciones a los sujetos en quienes recaerían los cargos capitulares para el periodo correspondiente 2 (AHG, Actas de Cabildo, 1779, f.40-40v). El alcalde mayor obtenía su título del rey y era auxiliado por sus tenientes, los regidores compraban su título y podían disponer de él para renunciarlo en otras personas, su número varió de acuerdo al crecimiento del prestigio y privilegios del poblado, así es que mientras en 1718 en que todavía era villa, Guanajuato contaba con doce regidores, en 1741 su número ascendió a 16 (Caño, 2002:247 y 249). De entre los regidores se elegían por voto secreto los cargos de alcaldes ordinarios y de responsabilidades como las de la limpia del río 1

Tanto en el archivo municipal como en los archivos que conservan los documentos sobre la administración del virreinato y de la audiencia de México la ausencia de documentos que se refieran a las actividades del cabildo de la ciudad de Guanajuato es notable, por no decir sospechosa como lo ha advertido José Luis Caño. 2 Así fue como el El 1º de enero de 1779, en la ciudad de Guanajuato, se eligieron alcaldes ordinarios, dos diputados del común con voz y voto, procurador general, síndico personero del común por un bienio “con arreglamiento a las superiores determinaciones dadas por el Exmo. Señor Virrey de este Reyno, y Exmo. Señor Visitador General, Secretario de Estado y del Despacho universal del Real y Supremo Consejo de las Yndias y de su cámara Don José de Gálvez; y a lo dispuesto por leyes reales; respecto a estar ya calificados desde la noche del dia de ayer, los sujetos en quienes se ha de hazer y votar dicha eleccion”. El cabildo se reunió para emitir su voto en la sala capitular “como lo tiene de uso y costumbre, mediante villete citatorio” (AHG, Actas de Cabildo, 1779, f.40-40v).

o de cuentas generales de los propios, rentas y arbitrios municipales y las elecciones se realizaban según la costumbre cada año los días 1º y 2 de enero. Las actividades del ayuntamiento giraron en torno a los intereses del poblado, es decir, alrededor de la administración e introducción de servicios a la cabecera de la alcaldía que implicaban beneficios para los propios mineros, comerciantes y terratenientes que conformaban el cabildo. Por ejemplo, la reglamentación y actividades que permitieran limpiar el río Guanajuato (AHG, Actas de Cabildo, 1778, f.44), que sigue siendo una preocupación cotidiana y de la que ya se ocupaba el cabildo en los primeros años del siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de que uno de los regidores tenía como función la limpia del río 3, no siempre pudo cumplir con su obligación con el tiempo y la eficacia requeridas pues las mejoras aprobadas por el cabildo estaban sujetas a la última palabra de la autoridad real. Los miembros del cabildo apoyaron y contribuyeron con su propio peculio a la construcción, mantenimiento y embellecimiento de obras públicas tanto de carácter civil como religioso, en efecto, don Antonio de Obregón y Alcocer, don Pedro Luciano de Otero y don Vicente Manuel de Sardaneta fueron algunos de los regidores capitulares de la ciudad, que se distinguieron por su frecuente participación en beneficio de la ciudad y sus habitantes durante la segunda mitad del siglo XVIII, no se conformaron con cumplir sus responsabilidades capitulares en lo cotidiano sino que asumieron su liderazgo ante diversas crisis como las provocadas por inundaciones, en particular la de 1760. Como resultado de esta terrible inundación varios de los edificios que embellecían a la ciudad tuvieron que ser reparados, especialmente los conjuntos conventuales de Belén y San Diego a lo que Otero, Obregón y Sardaneta contribuyeron con largueza (Serrano, 2002). Otero y Obregón, que además eran socios de la empresa minera de la Valenciana, sumaron sus esfuerzos, por reparar el Hospital de Belén y el templo dieguino, a otras acciones como la instalación de un comedor para pobres y el 3

En 1778 recayó sobre don Francisco Antonio Septién y Montero (AHG, Actas de Cabildo, 1778, f.48v].

reparto de limosnas a los damnificados por la inundación. Este tipo de apoyos muy probablemente redundó en la adquisición y aumento de méritos que significaron honores y privilegios personales y para su familia. Obregón y Sardaneta obtuvieron sendos títulos nobiliarios: conde de Valenciana y marqués de Rayas respectivamente. Aquí cabe comentar que en el desenvolvimiento de las actividades de estos tres regidores (dos mineros y un comerciante) se pueden identificar los leves cambios que fueron introducidos poco a poco en la ciudad de Guanajuato como parte de las reformas de los Borbones. Obregón propuso, en su carácter de alcalde mayor en 1781, la obligación de vestir conforme al estatus social otorgado de acuerdo a la tipología estamental: indios, castas y españoles para facilitar el cobro de tributos a indios y castas (Brading, 1983, p.308). Esta orden de don Antonio de Obregón no fue aceptada por el Consejo de Indias con el argumento de que atentaba contra el comercio de los textiles manufacturados en la metrópoli. En cuanto a la familia Sardaneta, no solamente contribuyó con eficacia a la construcción de edificios públicos como el Colegio jesuita 4, sino que promovió la introducción de cambios tecnológicos en la producción minera, verbigracia, el uso de la pólvora5, además los Sardaneta contribuyeron en el ámbito de la vida intelectual de Guanajuato con la introducción de novedades filosóficas como el pensamiento liberal, así, el hijo de don Vicente Manuel, don Mariano de Sardaneta II marqués de Rayas, participaría en la independencia de México como miembro de los guadalupes, lo que le valió ser sujeto a juicio por infidencia en 1817 (AGN, Infidencias, vol. 91, exp.1; Guevara, 2001:214; Luna, 1997). Los regidores, además, eran representantes de las diputaciones de minería

y de comercio de la ciudad de Guanajuato por lo que podían intervenir directamente en la toma de decisiones que afectaban a estas dos actividades que le daban vida a la ciudad, así que no fue extraño que aceptaran el reto que implicaba promover la apertura del Colegio jesuita de la Santísima Trinidad que 4

Uno de ellos, Joseph de Sardaneta, sería rector del Colegio de la Santísima Trinidad. Que al principio le provocó algunas pérdidas tanto en trabajadores como en bienes, pues hubo accidentes graves en la mina de Rayas. 5

además de cubrir las necesidades de la misión urbana se haría cargo de la educación de la élite de la ciudad, así que los miembros del cabildo en 1732 se comprometieron a donar varios miles de pesos para la fundación de un colegio jesuita en Guanajuato, entre ellos estaban el alcalde ordinario de primer voto don Juan de Hervas, don Ignacio Uribarren regidor capitular y don Pedro de Sardaneta y Legaspi teniente general de alcalde mayor (AHG, Actas de Cabildo, 1732, f.113v-115v). Las discusiones sobre el cabildo han girado en torno a la importancia del alcalde mayor como la figura que mayor poder ostentó en los poblados que contaban con el privilegio de ser sede de la alcaldía, pues el alcalde mayor además de su autoridad judicial ejerció un poder gubernativo importante, sin embargo, su nombramiento estuvo limitado por las leyes a periodos breves, que iban de uno a cinco años. En cambio, los regidores ostentaron su cargo vitalicio, de hecho algunos de ellos previamente habían ocupado el cargo de alcalde mayor y en ocasiones, siendo regidores, obtuvieron el título de alcalde mayor, tal es el caso del regidor capitular don Antonio de Obregón y Alcocer, quien conforme a la ley fue nombrado, en 1778, justicia mayor de la ciudad de Guanajuato y presidente de su cabildo por el virrey Bucareli, debido a que dicha plaza se encontraba vacante por el fallecimiento del alcalde mayor don Juan Montero y Espinoza. A su vez, don Antonio nombró al regidor don Juan José Compains como su teniente de alcalde (AHG, Actas de Cabildo, 1778, f.14, f.18 y f.24). Por ello y otros casos similares, me atrevo a proponer, como hipótesis, que los regidores de Guanajuato a lo largo del siglo XVIII, fueron adquiriendo el control del cabildo y conformaron una compacta red social que mantendría durante mucho tiempo el liderazgo político y económico regional. De cualquier manera esta red se dividió en dos partidos que compartían el poder, el prestigio y las responsabilidades en el cabildo: los montañeses y los vascos. Aunque la inmigración de españoles peninsulares fue constante a lo largo del lapso comprendido entre el siglo XVI y el XVIII, en el transcurso del siglo XVIII los peninsulares que residieron en la ciudad de Guanajuato procuraron

incorporarse a la élite local a través de su pertenencia a las corporaciones de mineros y comerciantes, y al cabildo como alcaldes mayores o regidores, además procuraron bien casarse con las hijas de los mineros y comerciantes para acceder o afianzar su pertenencia a la elite. En esta dirección es interesante observar como los miembros del partido vasco emparentaron con la casa del marquesado de San Clemente: el regidor don Juan José Compains casó con doña Josefa de Alegría y Busto, nieta del I marqués de San Clemente (AHG, Prot. Presos, 1760, f.280v) y el regidor don Gabriel de Arechederreta contrajo nupcias con doña María Ignacia de Escalada y Madroñedo6 biznieta del I marqués de San Clemente (AHG, Prot.Presos, 1760, f.6). Este patrón de concertación de matrimonios ha sido una constante en la conservación y formación de las élites políticas y económicas (Balmori,1990). En párrafos anteriores comentamos que los miembros del cabildo pertenecieron a varias corporaciones de acuerdo a su actividad económica, en particular a las de comercio y minería. Este corporativismo se ha interpretado como una característica de la sociedad estamental en la que la identidad individual se funde en la corporación, es decir el individuo cuenta en tanto pertenece a uno o varios grupos de interés común. Así que los miembros del cabildo además, pertenecieron a las asociaciones de carácter religioso que había en la ciudad como la cofradía del Rosario o la de la Tercera Orden de San Francisco, algunas de ellas estaban asociadas con frecuencia a un gremio, tal es el caso de la Cofradía de la Soledad a la que pertenecían los comerciantes de la ciudad y que le arrendaba a la Real Aduana una casa de su propiedad (AHG, Prot. Presos, 1760, f.303). Otras tipo de asociaciones de tipo civil fueron promovidas por la corona desde el siglo XVII, en particular, durante el siglo XVIII Carlos III, bajo la iniciativa de don Pedro Rodríguez de Campomanes, promovió diversas organizaciones conocidas como Sociedades de Amigos del País que coadyuvaran al proyecto 6

Al quedar viuda doña María Ignacio de Escalada, contrae nuevas nupcias con don Juan Vicente Alamán. Hijo de este matrimonio es don Lucas Alamán.

borbónico ilustrado. Entre estas asociaciones se encuentra la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (RSBAP) que fue fundada por Javier María de Munibe, conde de Peñaflorida, con licencia real otorgada en 1765 y cuyos estatutos fueron aprobados en 1773 (Castellano, 2001:573). La RSABAP tuvo la finalidad de fomentar la industria, el comercio, la agricultura, las artes y las ciencias y rápidamente y en poco tiempo ingresaron a ella vascos o descendientes de vascos a lo largo y ancho del Imperio español. Entre las listas de los miembros de la RSBAP se registraron once personas que residían en la ciudad de Guanajuato 7 (Torales, 2001), entre los cuales se encontraban prominentes miembros del cabildo como Gabriel de Arechederreta, Tomás Liceaga, Miguel Gerónimo Garde y Juan José Compains. Entre la apertura del Colegio de la Santísima Trinidad y la organización de la Intendencia de Guanajuato pasaron más de sesenta años (1732-1795), en los cuales se fue consolidando la élite minera y comerciante que dirigió los destinos de la ciudad. Poco a poco, y al paso de una generación a otra, se fueron haciendo ilustrados y aunque no necesariamente las mismas personas, pero si el mismo grupo de la élite que que promovió la apertura del Colegio Jesuita, sería el mismo que se vería obligado a cumplir con las órdenes reales de cambios en el cabildo, en la política fiscal, en la organización del trabajo, en la organización de sociedades patrióticas como la RSBAP y en la ejecución de la Pragmática por la cual fueron expulsados los jesuitas del Imperio español. 2. La expulsión de los jesuitas Este acontecimiento que ciertamente trastornó la dinámica social novohispana y particularmente la de la ciudad de Guanajuato puede estudiarse desde muchos ángulos. En esta ocasión pretendemos ubicarlo como uno de los acontecimientos que marcan con ímpetu la nueva modernidad, ilustrada. Intentamos pasar de la 7

Pedro Joseph Aguirre, Juan Vicente Alamán, Gabriel de Arechederreta, Lucas de Arriaga, Juan José Compains, Miguel Jerónimo Garde, Francisco Xavier de Lecuona, Tomás Liceaga, Lorenzo de Olazábal, Manuel Fernando de Portu Bengoechea y Francisco Ximénez.

narración y descripción de los sucesos de los primeros días de julio de 1767, en que la población heterogénea de una ciudad con dinámica propia, reaccionó con suma violencia y sobre los cuales existe una abundantes bibliografía, para reflexionar brevemente y en voz alta, sobre la actuación de los miembros de la élite, en particular aquellos pertenecientes al cabildo, ante el nuevo orden propuesto que incluía nuevas relaciones entre el poder del rey (central) y las fuerzas locales, así como una nueva visión de la administración y políticas públicas. En efecto, la ciudad de Guanajuato distaba mucho de ser una ciudad provinciana pacífica y libre de conflictos, la propia dinámica de la empresa minera implicaba contar con una población flotante que a la menor provocación protestaba con abandonar el trabajo en las minas o armaba alborotos en los espacios públicos. De alguna manera el clero se había ganado el respeto y la autoridad de la población entera, en particular los jesuitas, y ejerció un precario control moral sobre los habitantes de la ciudad que en no pocas ocasiones permitió mantener o recuperar el orden público. Por su parte, el cabildo había logrado algunos acuerdos de civilidad que mantenían una aparente calma. Así que cuando se empezaron a aplicar las reformas borbónicas, en particular las que afectaban la economía del pueblo y las que alteraban la costumbre y la tradición jurídica, el frágil orden social se vio profundamente alterado; por ello es que en 1766, en que se impuso el monopolio del tabaco, se inició la leva militar y se aumentaron las alcabalas, los habitantes de la ciudad protestaron violentamente. En esa ocasión la respuesta del cabildo de acuerdo con las autoridades virreinales correspondió a las necesidades de la economía local, así que por miedo al abandono de las minas los culpables de amotinamiento fueron perdonados (AHG, Gobierno, exp.3). Estos cambios coincidieron con los intentos de los empresarios (miembros del cabildo) de suprimir el sistema de partido, con lo cual se disminuían drásticamente las ganancias de los trabajadores de las minas, pretensión que por supuesto fue muy mal recibida, por lo que no se implementaría hasta muchos años después.

Sin embargo, la tranquilidad en la ciudad no duraría mucho, así que pocos meses después, el rey Carlos III en un acto despótico, tiránico, desde la perspectiva de sus súbditos, firmaría en abril de 1767 una real pragmática por la cual los miembros de la Compañía de Jesús serían expulsados de sus dominios. Esta Pragmática llegó a América con instrucciones precisas para ser cumplida en la misma fecha (24 de junio) y con ello supuestamente evitar desórdenes al utilizar el elemento sorpresa, lo cual no fue del todo acertado, pues desde que llegó el documento lacrado y con amenazas de castigo a los encargados de cumplir la pragmática si no se seguían al pie de la letra las reales órdenes, los novohispanos presintieron malas nuevas que aumentaban díá a día con las noticias que llegaban de España. La expulsión de los jesuitas fue resultado de la situación política europea y, como decíamos en la introducción de este trabajo, la corona española con este acto se deshacía de una agrupación muy molesta a la que consideraba “cuerpo peligroso” y que simbolizaba una propuesta de modernidad que aparentemente había dado de sí, para encaminarse hacia una modernidad secularizadora y liberal que aunque muy española no dejaba de oler a francesa. Amalric apunta que los jesuitas se convirtieron en el chivo expiatorio de los conflictos del rey y sus ministros con los súbditos del imperio (Amalric, 2001:111). Al conocerse y darse efecto a la Pragmática, el rey perdió el respeto de sus súbditos y con ello la autoridad real se vio menoscabada: en la ciudad de Guanajuato, el pueblo se amotinó y durante tres días atacó aquellos espacios que representaban la autoridad real, así las casas reales fueron apedreadas, la pólvora se arrojó al río, los “tumultuarios” saquearon las tiendas de españoles y asaltaron el estanco del tabaco (Guevara, et al, 2003). La falta de respeto al rey se manifestó en las diversas opiniones que algunas personas externaron en público como que el rey era un hereje. Una vez sofocado el motín, el cabildo de Guanajuato pretendió actuar como el año anterior, es decir con benevolencia, cosa que no le valió en esta ocasión, por lo que se cumplieron las instrucciones del rey y del visitador Gálvez:

muchos de los habitantes de la región, culpables o no, fueron juzgados y a los que se les demostró su participación fueron castigados de diversa manera. La ciudad sufrió entonces el aumento de alcabalas, supuestamente para mejoras de la misma. Individualmente, los miembros del cabildo de la ciudad de Guanajuato actuaron de diversas y encontradas maneras: Los jesuitas fueron “secuestrados” y escondidos en la mina de Rayas por los tumultuarios para evitar que fueran sacados de la ciudad. En esta acción participó el sacristán del mineral de Rayas, donde tenía su tienda uno de los miembros del cabildo de Guanajuato: don Pedro Luciano de Otero. Francisco Xavier Moncada, el sacristán, fue detenido e interrogado, en su declaración aceptó haber socorrido a los jesuitas: “Que la primer noche les dio de cenar a los Padres, y que los siete dias restantes que se mantubieron alli, les imbiaba la comida Don Pedro Luciano Mercader de Rayas, conociendo que no tiene facultades el declarante y que el Padre Capellan de dicha Yglesia un Relixioso Mercedario, y el Padre Don Clemente Cervantes entravan un rato a ber a los dos Padres despues de decir Misa, y que el declarante, y un chiquito suyo les asistieron y no ninguno de los que les llevaron” (AGN, Criminal, vol.297, f. 1919v). Sin caer en la tentación de especular sobre el asunto, lo cierto es que a pesar de que don Pedro Luciano firmó una carta enviada por el administrador de la mina de Rayas en la que se comprometía a dar su declaración en caso necesario (AGN, Criminal, vol. 297, f.10), la realidad es que hasta donde hemos podido rastrear, Otero no vuelve a ser mencionada en el proceso criminal que se siguió a los tumultuarios, lo que ejemplifica el trato diferenciado otorgado a los súbditos españoles conforme a su ubicación estamental (privilegios). Otero además, se muestra contrario a las órdenes reales al socorrer a los jesuitas que fueron escondidos en el mineral de Rayas, lo cual se presta a especulaciones sobre su truncada carrera hacia la adquisición de título nobiliario.

Don Miguel Gerónimo Garde del partido de los vascos y don Alonso González del partido de los montañeses, diputados del comercio de Guanajuato fueron comisionados por el cabildo para trasladar a los jesuitas a la ciudad de Jalapa. Al alcalde mayor don Miguel María Mayordomo le correspondió tomar la declaración de los reos (AHG, Gobierno, exp.5) que se encontraban en la cárcel de la ciudad, pero no tuvo un trabajo fácil pues no era bien visto en Guanajuato por su altanería y la ligereza con que condenaba a “personas por causas nimias a azotes y cárcel, lo capturaron con intención de matarlo y luego, cambiando de opinión, lo pasearon por las calles durante toda la tarde, entre insultos y burlas, llevando por delante a un toro amarrado, hasta depositarlo en las casas reales [el Jueves Santo de 1767]”. Además, fue acusado ante la Inquisición de blasfemia, porque pretendía que se le diera la misma veneración que al Santísimo Sacramento (AGN, Inquisición, vol. 1085. Castro, 1996:156). Don Tomás de Liceaga, que además de ser alférez de caballería era alcalde ordinario y miembro de la RSBAP, intervino para sofocar el motín en su calidad de militar, y aunque no figuró como miembro de la selecta élite de la ciudad, si estuvo emparentado con ella, y de alguna manera fue como un lazo entre la red de complicadas relaciones sociales y económicas guanajuatenses. El visitador Gálvez en su informe sobre los tumultos se refirió a don Tomás en los siguientes términos: “sujeto verdaderamente digno de empleo por el espíritu y valor con que acreditó muchas veces y especialmente el día primero de julio, en que se presentó a la multitud de los sublevados y haciéndoles cara con los siete hombres, mató diferentes de ellos y salió muy mal herido por la generosa temeridad de no querer volver la espalda a la muchedumbre de los rebeldes” (Gálvez, 1990:67). Don Antonio de Obregón, que años más tarde sería Conde de Valenciana, fue nombrado Presidente de la Junta de Temporalidades, con lo cual empezaría el despojo del patrimonio artístico que había obtenido el Colegio de la Compañía en Guanajuato como ha estudiado Luis Serrano (Guevara, et. al., 2003), y si bien

no cumplió con todas las recomendaciones, como entregar a los oratorianos de San Felipe Neri el templo en 1785, ya hemos visto que procuró introducir las propuestas modernizadoras que beneficiaban a los empresarios y a la Real Hacienda. Aparentemente los habitantes de la ciudad de Guanajuato aceptaron los cambios propuestos por los ilustrados después de haber sido sofocado el motín de 1767, sin embargo, en palabras de don Lucio Marmolejo, miembro del cabildo de Guanajuato a mediados del siglo XIX y descendiente de la élite regional, el visitador Gálvez impuso “al pueblo guanajuatense el injusto y ruidoso castigo de que cada año pagara un tributo de 8,000 pesos, especie de multa, que por equidad satisfizo el tribunal de minería, y que subsistió hasta el 26 de septiembre de 1810, en que el Intendente Riaño, conociendo la indignación con que era soportado tan inicuo yugo, publicó, como veremos a su tiempo, la derogación de aquél decreto, creyendo que con este paso impediría los progresos del movimiento de Dolores” (Marmolejo, II, 1971:205). Reflexiones finales Después de la expulsión de los jesuitas la correlación de fuerzas en la ciudad fueron seriamente alteradas y con la instalación de la intendencia se consolidaría el poder de la élite en detrimento de otros grupos sociales, tanto la arraigada desde finales del siglo XVI (los descendientes del marqués de San Clemente) como la que había arribado a la ciudad en el transcurso del siglo XVIII (Conde de Valenciana). La inmigración de ilustrados como el segundo intendente don Juan Antonio de Riaño y Bárcena, que se emparentaron e integraron a la elite local, consolidarían los cambios introducidos por los Borbones: obra pública, presión para la inmovilidad social, secularización de la sociedad en educación y bienes raíces.

Fuentes consultadas

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