Las áreas naturales protegidas y el tráfico de madera Luis García – Calderón S. / Magali Centeno A.

Introducción En el Perú existen al menos 66 millones de hectáreas de bosques, es el noveno país en bosques, el cuarto en bosques tropicales y posee el 13% de los bosques amazónicos1. Casi dos terceras partes del territorio nacional está conformado por bosques, ya sean estos costeños, andinos o amazónicos, situación que otorga al país un reconocido potencial forestal. Nuestra Amazonía en especial posee un importante patrimonio forestal con especies maderables de interés para la construcción y la mueblería fina. Para establecer parámetros que ordenen esta actividad económica, el Estado peruano ha ido implementando una serie de políticas públicas de protección y control que permitan la conservación de valiosas especies maderables en serio peligro de extinción; sin embargo, simultáneamente se viene demostrando poca capacidad de acción efectiva. La explotación forestal peruana desde sus inicios ha acarreado una serie de defectos como la depredación y el deterioro de la diversidad boscosa de manera indiscriminada. La preocupación y la política forestal han ido evolucionando desde inicios de la Colonia hasta nuestros días. 1

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Decreto Supremo n° 012-2009-MINAM (23 de mayo del 2009). Ver en: goo.gl/

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Esta evolución ha respondido a la necesidad de ordenar la actividad en todo el territorio. Sin embargo, y pese a ello, la extracción forestal ilegal ha llegado incluso a actos de criminalidad variada, como la corrupción de funcionarios, la trata de personas, pugnas de poder, el despojo de tierras y de recursos maderables a los grupos vulnerables, explotación ilegal de recursos forestales en áreas naturales protegidas y hasta al asesinato de los opositores a la depredación y el desgobierno. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) fueron creadas por el Estado peruano con la finalidad de conservar nuestra diversidad biológica. Sin embargo, por su riqueza forestal no son ajenas a ser susceptibles de depredación por parte de inescrupulosos que no tienen límites en sus afanes mercantilistas. Como institución, desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, mantiene una clara posición en torno a la importancia de las áreas naturales protegidas, hacia las cuales lamentablemente se extienden una serie de debilidades que amenazan la conservación de los recursos forestales de las mismas. Para la redacción del presente texto se ha revisado la bibliografía oficial existente además de estudios afines a este tema, se ha entrevistado a autoridades y funcionarios de la provincia de Oxapampa, así como a pobladores del ámbito del estudio, quienes nos han transferido sus percepciones y vivencias al respecto. Por lo sensible del tema en cuestión y en salvaguarda de la tranquilidad de los interlocutores, se mantendrá el anonimato de estas fuentes de información. Es poco probable que con este breve artículo podamos abordar todas las causas de la depredación forestal en las ANP, aunque con este texto esperamos iniciar un proceso de reflexión de mayor profundidad que permita mejorar la gobernanza y la conservación.

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Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y la explotación forestal ilegal La región nororiental es la principal zona de producción forestal en el Perú. Sin embargo, no se puede dejar de señalar que a nivel de toda la selva peruana los extractores de madera con fines comerciales se las ingenian para detectar recursos forestales sin reparar en si su ubicación se halla en un área de protección. La selva central –provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa– no es ajena a esta realidad de explotación maderera con fines comerciales. Debido a que durante años la actividad se realizó sin considerar prácticas de reforestación, es cada vez más escasa la disponibilidad de recursos maderables, sin embargo, el dinamismo del rubro no se ha reducido de manera considerable, por lo que se hace previsible que no se pueden ofrecer muchas garantías de legalidad sobre la procedencia del recurso (la madera) que sale de estos territorios. Según versiones de los propios pobladores de esta región del país, «es poco creíble que gran parte de esta madera que sale al mercado no haya sido extraída de manera clandestina de reservas comunales y áreas naturales protegidas»2. En el caso de la provincia de Oxapampa, ubicada en la región Pasco, el 32% del territorio, unas 631 871.5 hectáreas, son ANP3 de diferentes categorías: el Parque Nacional Yanachaga Chemillén4 (ubicado en los distritos de Oxapampa, Huancabamba, Pozuzo, Palcazú y Villa Rica), la Reserva Comunal Yanesha5 (ubicada en el distrito de Palcazú), el Bosque de Protección San Matías -

2 Entrevistas a pobladores del ámbito del Programa Selva Central de desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo realizadas entre mayo y setiembre del 2013. 3 Según el artículo 68° de la Constitución Política del Perú: «El Estado está obligado a promover la Conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas». 4 Creado por el DS 068-86 AG del 29 de agosto de 1986. 5 Creado por la RS 0193-88-AG-DGFF del 28 de abril de 1988.

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San Carlos6 (ubicado en Palcazú, Villa Rica, Puerto Bermúdez y Constitución) y las Áreas de Conservación Municipal: El Bosque de Sho’llet (ubicado en los distritos de Villa Rica y Oxapampa), El Oconal (ubicado en el distrito de Villa Rica) y Caminos de los Colonos Delfín - Chumalle (ubicado en el distrito de Pozuzo). Con las vecinas regiones Huánuco y Ucayali comparte parcialmente la Reserva Comunal El Sira7 (ubicada en el distrito de Puerto Bermúdez). Todo en conjunto constituye la Reserva de Biósfera Oxapampa - Asháninka - Yanesha, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2010. Por lo amplio del ámbito en cuestión es de preverse que existan serias limitaciones para ejercer un efectivo control de las actividades extractivas forestales. Área Natural Protegida (ANP). De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es «un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados». Según la clasificación de tierras de Oxapampa, el 9.35% (171 490 ha) del territorio está destinado para uso agropecuario, el 37.39% (686  000 ha) para uso forestal y el 53.26% (977 000 ha) para la protección8. En la provincia, la contribución de cada distrito es diferenciada. Así, en el año 2003 la mayor participación en la generación del Producto Bruto Interno (PBI) provincial del sector 6

Creado por la RS 0101-87 AG/DFF del 20 de marzo de 1987. Creado por el DS 037-2001 AG del 22 de junio del 2001. 8 Municipalidad Provincial de Oxapampa. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa 2009 - 2021. Oxapampa: Municipalidad Provincial de Oxapampa, 2010. Ver en: goo.gl/OwPLjQ 7

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fue de Palcazú, con S/.266 000 nuevos soles, representando el 39.9%, seguido de Puerto Bermúdez, con S/.233 000 nuevos soles (34.4%) y Villa Rica (9.4%). Cabe destacar que este último distrito, en los registros de control de salida de madera aserrada, figura con volúmenes que no corresponden exclusivamente a su territorio, sino que también incorpora la procedente de Puerto Bermúdez y, casi en su totalidad, de Iscozacín (Palcazú)9. Entre las principales especies maderables explotadas se cuenta al tornillo, cumala, lupuna e higuerilla negra; y entre las especies forestales no maderables al bambú, uña de gato y chuchuhuasi. Según la Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN)10, las principales especies forestales en términos de volumen son el machimango (Eschweilera sp.), caimitillo (Lúcuma caimito), shimbillo (Inga sp.), cumala (Irianthera sp.), zapote (Matisia cordata), moena (Lauraceas), tornillo (Cedrelingacatenaeformis) y mashonaste (Clarisiaracemosa).

Oxapampa, una historia vinculada a la actividad forestal Desde su colonización la provincia demostró vocación para la actividad forestal. La extracción maderera inicial se direccionaba principalmente para satisfacer la demanda de material de construcción de viviendas y mobiliario para los colonos de origen austro-alemán, quienes por incentivo del gobierno peruano llegaron hacia mediados del siglo XIX11. Estos nuevos moradores de la selva 9 Municipalidad Provincial de Oxapampa. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa 2009 - 2021. Oxapampa: Municipalidad Provincial de Oxapampa, 2010. Ver en: goo.gl/OwPLjQ 10 Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN). Mapa de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Lima: ONERN, 1981. Ver en: goo.gl/ZyzRcc 11 Hacia 1853 habían llegado al Perú un millar de migrantes alemanes, quienes se establecieron en ciudades, merced a la legislación que promovía la inmigración. En ese mismo año dos expediciones de alemanes salieron con destino a Tarapoto y Moyobamba, de las que solo llegaron tres personas, por lo que terminaron en un estrepitoso fracaso. Casi al mismo tiempo, Cosme Damián Schütz y su socio Manuel Ijurra firman en 1853

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central destinaban las especies de menor calidad como leña para la preparación de sus alimentos, para la calefacción de sus viviendas y para desarrollar actividades de tipo artesanal. Los estudios históricos demuestran que por parte de los nativos originales de las etnias yanesha y asháninka, las técnicas utilizadas para la ocupación del territorio eran muy similares a las que aplicaron los colonos europeos durante la colonización de Oxapampa, es decir, la tala y quema para la preparación de los terrenos para el cultivo de yuca y otras especies para su consumo alimenticio12. La diferencia entre ellas estaba en la intensidad de las mismas, y tal como ocurrió en el caso de la fundación de Lima13, era de esperarse que esta colonización generara impactos ambientales que superaban las prácticas habituales de consumo de recursos forestales de los habitantes primigenios, por lo que la selva sufrió un deterioro forestal bastante agresivo. En la década de 1940, con la aparición de los primeros aserraderos, la actividad forestal fue la principal actividad económica de la provincia, llegando a abarcar el 14% de la producción nacional. Se extrajo madera bajo una explotación depredadora, para luego de la extracción utilizar los campos deforestados, que tenían otras posibilidades de usufructo, para ganadería y agricultura. Aquellos terrenos que por las condiciones de accesibilidad y relieve eran complejos y costosos de ser aprovechados, simplemente quedaban un contrato con el Estado peruano para traer, en el lapso de seis años, a 13 mil colonos alemanes. Cosme Damián Schütz es citado por el historiador Jorge Basadre con ese nombre e incluso señala que era naturalizado peruano. En otras fuentes aparece como el Barón Cosme Damián Freiherr Schutz von Holzhausen. 12 Municipalidad Provincial de Oxapampa. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa 2009 - 2021. Oxapampa: Municipalidad Provincial de Oxapampa, 2010. Ver en: goo.gl/OwPLjQ 13 «Dos semanas después de la fundación de Lima ya era notoria la depredación forestal, los españoles consumían en unos pocos días, la madera que los indígenas consumían en un mes». En: Bertram T. Lee; de la Riva-Agüero, José; y Consejo provincial de Lima (IV Centenario de la fundación de la Ciudad). Libro de Cabildos de Lima. Años 1534 - 1539. Lima: Torres Aguirre, 1935.

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abandonados sin reponer plantones de las especies forestales extraídas, lo que demostraba un manejo inadecuado del recurso, a pesar de que el territorio poseía cualidades edafoclimáticas ideales para realizar actividades con fines comerciales de manera sostenible. Es indudable que con la mejora de la infraestructura vial de penetración hacia la selva central, que se implementó a mediados de la década del 50 del siglo pasado14, el mayor potencial forestal de esta zona geográfica tuvo su máxima posibilidad de desarrollo, situación que a la vez favoreció el incremento del uso de prácticas depredadoras de extracción con fines de atender las demandas de las ciudades costeras principalmente. La estadística forestal señala que a partir del año 1998 hasta el 2004 la producción de madera en la provincia se redujo a la mitad, pasando de representar a nivel nacional el 12% en madera rolliza y el 14% en madera aserrada, a niveles del 1% y 2% respectivamente. A pesar de ello, todavía se conservan recursos forestales importantes en los valles del Pichis y Palcazú. En los últimos años diversas instituciones instaladas en la provincia han promovido la inversión privada en reforestación. Actualmente se han otorgado 11 817.52 hectáreas en 35 concesiones para forestación y/o reforestación en los distritos de Oxapampa, Chontabamba, Huancabamba y Villa Rica15. Estas actividades de reforestación con fines de aprovechamiento comercial son insuficientes en comparación con la explotación maderera de décadas de indiscriminado aprovechamiento, que desde sus épocas iniciales no se ha reducido de manera considerable, superándose ampliamente el número de hectáreas deforestadas, en amplio desbalance con las áreas reforestadas. La actividad forestal 14 En 1943 llega la carretera a Oxapampa, permitiendo una intensa explotación forestal y el inicio de una fuerte inmigración de colonos de la serranía de Huánuco, Junín, Pasco y Apurímac. 15 Municipalidad Provincial de Oxapampa. Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Oxapampa 2009 - 2021. Oxapampa: Municipalidad Provincial de Oxapampa, 2010. Ver en: goo.gl/OwPLjQ

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de  la  selva oxapampina, a pesar de sus particularidades, tiene problemas muy similares a los del resto del país, problemas que no son extraños de afectar al interior de las ANP. Según nos señala el libro, Sobre la institucionalidad forestal en el Perú16: «El Sector Forestal en el Perú no cuenta con una institucionalidad articulada y coherente que pondere, en su verdadera dimensión, la importancia, magnitud y complejidad de los recursos que busca preservar y administrar. Tradicionalmente se le ha ubicado como un subsector marginal dentro del sector agricultura; y se caracteriza por estar fragmentada en sus estructuras, ser contradictoria con sus fines, inestable e inconsecuente con sus propias reglas internas. Ello ha traído como consecuencia un debilitamiento paulatino y sistemático debido a la falta de recursos y capacidades para ejercer sus funciones, pérdida de credibilidad en las instituciones, así como la disminución de importantes recursos naturales y económicos para el país».

Tomando como referencia la correspondencia entre el estudio aludido líneas arriba y las evidencias y testimonios de nuestros entrevistados, podemos reafirmar que la realidad forestal de Oxapampa tiene serios problemas que limitan la aplicación de medidas y acciones coherentes en favor de una explotación responsable, y que por extensión se facilita que las ANP de su jurisdicción estén literalmente amenazadas de manera permanente. A partir de ello podríamos iniciar una larga lista de problemas, pero solo haremos mención de los que consideramos de mayor relevancia dentro del ámbito de estudio. Debemos de considerar, en primer lugar, una excesiva existencia de organismos gubernamentales que por normatividad están relacionados y/o tienen responsabilidad en el tema forestal, lo que ocasiona dispersión de responsabilidades, aunque estos sean complementarios entre sí y por ende existan situaciones de facto 16

Pautrat, Lucila; Torres, Patricia; y Samaniego, Catty. Sobre la institucionalidad forestal en el Perú. Lima: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, 2010. Ver en: goo.gl/ Dx3fKa

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para que cada uno de ellos eluda sus obligaciones. Por eso, estas dependencias del Estado mantienen una compleja situación de dualidad, ya que son parte del problema y de la solución. Para cumplir con los fines de conservación, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SERNANP), dependencia del Ministerio del Ambiente, debe verificar que la normativa de la protección se cumpla, pero como gran parte de la provincia de Oxapampa es ANP o zona de amortiguamiento, necesariamente deben de establecerse permanentes coordinaciones con otros entes encargados de los temas forestales, como la Administración Técnica Forestal de Flora y Fauna Silvestre (ATFFS), dependencia del Ministerio de Agricultura; los gobiernos locales y regionales, que por ley también tienen competencias en el tema forestal; la Policía Nacional del Perú (PNP), para temas de seguridad de las intervenciones e incautaciones; la Fiscalía, para garantizar que estas intervenciones cumplan con todas las normas; entre otros. «La PNP es la única instancia de la que tenemos apoyo, pero como toda entidad del Estado, a veces no participa porque sus efectivos también son limitados»17. «Con el actual responsable de la ATFFS, tenemos una muy buena coordinación y realizamos intervenciones y patrullajes de manera conjunta, considero que nos complementamos bien. Con la anterior no había esa facilidad porque lamentablemente ella estaba vinculada a los madereros»18.

En este último testimonio se pone en evidencia, además, que por cumplir con sus funciones, los profesionales de la ATFFS y del SERNANP no están libres de recibir presiones o interferencias de poderes económicos o políticos de nivel local o nacional.

17 Testimonio de un funcionario de la Administración Técnica Forestal de Flora y Fauna Silvestre (ATFFS) de nivel distrital. 18 Testimonio de un funcionario del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú (SERNANP) de una de las ANP de Oxapampa.

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Congresista atenta contra los bosques de Satipo. La mercadería incautada, procedente de la comunidad nativa de Shimabenzo, pertenecía a Maderas de Exportación S.A. (Madexa), cuyo presidente de directorio, según Registros Públicos, es Jaime Velásquez Rodríguez, actual congresista de Perú Posible y presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso (…). Sin embargo, Velásquez responde suelto de huesos: «Nada me impide hacer negocios particulares»*. * «Congresista atenta contra los bosques de Satipo», Perú21, Lima, 3 de diciembre del 2004. Ver en: goo.gl/I0EoeS

«Como si la amenaza de invasión y apropiación de tierras dentro del [Bosque de Protección San Matías San Carlos] BPSMSC por medio de ´vecinos formales´ no fuese suficiente, en 1997, con el aval de algunos congresistas, se presentó la propuesta de construcción de una carretera que reduciría en muchas horas los viajes Tingo María - Pucallpa - Lima. Si bien esta propuesta podría entenderse como una lógica demanda para mejorar su conectividad con la capital, y por ende, reducir los costos del flete para acercarse al mercado, la razón de fondo eran los intereses de los madereros que pretendían el saqueo forestal indiscriminado». «En el año 2006 persistió la iniciativa por parte de dos congresistas del APRA con intereses madereros y de expansión de la frontera agrícola, quienes, apoyados por madereros ilegales, traficantes de tierras y funcionarios corruptos, intentaron proponer una norma para escindir el sector San Carlos del BPSMSC».

Estos dos últimos párrafos fueron tomados del diagnóstico del Plan Maestro del Bosque de Protección San Matías San Carlos, recuperado en el artículo La fragilidad de nuestros bosques protegidos19, donde se pone en evidencia el verdadero poder político que tienen los madereros ilegales, aval que lamentablemente no siempre encuentra el SERNANP ni la ATFFS. 19 García Calderón, Luis. «La fragilidad de nuestros bosques protegidos». Quehacer, n.° 187. Lima: desco, 2012, pp. 98-105. Ver en: goo.gl/GXjktF

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Las relaciones entre diversos actores gubernamentales no están exentas de problemas. En la gran mayoría de casos las buenas coordinaciones dependen de los compromisos individuales y de las buenas relaciones interpersonales, y cuando esa empatía no existe, la desconfianza entre instituciones genera un ambiente poco agradable, sin transparencia, donde las tensiones y conflictos obedecen a los objetivos e intereses de cada organismo. Como las competencias están fragmentadas, es difícil que se asuman compromisos que contengan la integralidad de las causas y consecuencias de los problemas del sector. Estas coordinaciones muchas veces generan lentitud en la toma de decisiones y ocasionalmente se podrían generar infidencias hacia los infractores, alertándolos de las intervenciones programadas. «Cuando programamos actividades de control de los camiones que trasladan los troncos de madera, sospechosamente ese día no circula ninguno20».

Por tanto, es importante replantear el rol de la institucionalidad del sector forestal y de la protección de las ANP a nivel nacional. Pasar de la lógica del conjunto de organizaciones y entidades que ejercen competencias y funciones públicas, a una institucionalidad que comprenda al «conjunto de estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras, que suministran estabilidad y sentido al comportamiento social, e incluya al conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola*». * Pautrat, Lucila; Torres, Patricia; y Samaniego, Catty. Sobre la institucionalidad forestal en el Perú. Lima: Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, 2010. Ver en: goo.gl/Dx3fKa

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Testimonio de un funcionario de la ATFFS.

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Las limitaciones de recursos humanos, técnicos y financieros de todas las instituciones que tienen responsabilidades alrededor del tema son evidentes, lo que impide que el personal pueda ejercer sus funciones y obligaciones de manera eficiente. «Lamentablemente el Estado –y como autocrítica a la institución– se ha visto debilitado por el recorte presupuestal, la adquisición de bienes no se han renovado (…) todos los equipos que se tienen son heredados del comité de reforestación (…) no contamos con el personal que podría complementar el trabajo en campo, desde el 2008 no se ha vuelto a contratar o han sido separados de la institución y no han habido nuevas contrataciones que puedan darle sostenibilidad a esto21».

A las limitaciones de recursos se agrega la escasez y dispersión de la información existente. Nada indica la existencia de un inventario forestal de la provincia y menos aún de las ANP, sobre todo de aquellas en donde subsisten especies que por su valor comercial merecen un tratamiento especial para reducir las amenazas de su conservación. Aun así, de existir este inventario, a nivel local no se tiene la seguridad de que a partir de él, con los escasos recursos humanos, técnicos y financieros, se tenga la capacidad de implementar estrategias que aseguren su intangibilidad. «Al interior de la Reserva hay rodales de madera fina que siempre serán una tentación para los tronqueros22».

Aunque no todo el personal de las ANP de Oxapampa cuente con el equipamiento necesario, poseen unidades motorizadas suficientes, equipos de oficina, botes cuando son necesarios, sistemas de posicionamiento global (GPS), entre otros. A pesar de ello, todos los entrevistados coinciden en señalar que el principal problema está en las limitaciones de recursos que ni siquiera permiten cubrir todos los gastos para usar ese equipamiento. 21

Entrevista a un funcionario de uno de los organismos del Estado encargados de velar por la legalidad de la circulación de madera. 22 Testimonio de un funcionario del SERNANP de la provincia de Oxapampa.

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Gastos en combustible y mantenimiento de vehículos y equipos de oficina, material de oficina, alimentación para las labores de patrullaje, renovación de uniformes y equipos de seguridad, entre otros, deben de adecuarse a las realidades de los presupuestos asignados a cada dependencia. Esto obliga a realizar priorizaciones de gasto que muchas veces reducen las capacidades de acción de los equipos en el campo, que es verdaderamente el lugar en donde se podría visibilizar una acción eficaz. «En la gran mayoría de guarda parques se nota mucho compromiso y vocación, pero eso no es suficiente porque nos damos cuenta que a veces tienen que sacrificarse o poner de la suya para hacer los patrullajes23».

De la fiscalización y el control forestal Ejercer funciones de fiscalización y control en las condiciones señaladas no es una tarea agradable ni sencilla para los jefes y funcionarios de las instituciones encargadas. El personal de las ATFFS y el SERNANP está inseguro y en permanente riesgo por las amenazas de los grupos de poder económico y político vinculados al rubro maderero. Además, los salarios poco atractivos los hace proclives a la deserción y vulnerables de ceder ante la tentación de la coima. Como ejemplo podemos señalar que el número de integrantes de los organismos vinculados al tema se ha reducido de manera considerable en los últimos cinco años. La plaza que queda disponible por alguna renuncia no siempre es cubierta, lo que recarga las labores de quienes aún quedan en la ANP. Para paliar en algo esta precariedad de recursos humanos, las ATFFS distritales y/o provinciales, así como las jefaturas de las ANP, recurren a establecer compromisos de vigilancia, conservación y participación con autoridades y líderes de las poblaciones del 23 Testimonio de un poblador de una comunidad de Palcazú, vecina al Bosque de Protección San Matías San Carlos (BPSMSC).

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interior de las ANP o vecinas a ella. Si bien este apoyo puede tener muy buenas voluntades, no siempre se tienen las capacidades necesarias. «La ATFFS nos ha enviado un oficio, solicitándonos apoyo para controlar los camiones que traen los troncos (…) si ellos no tienen personal suficiente, nosotros tampoco, así que nos limitamos a cobrarles peaje (a los camiones), para que por lo menos nos dejen dinero para el mantenimiento de nuestra carretera que ellos destruyen con sus pesadas cargas24».

Algunos piensan que las poblaciones locales no siempre están dispuestas a apoyar en la vigilancia, pero nada más falso, lo que ocurre es que la mayoría de estas están dentro de los niveles de pobreza y pobreza extrema, lo que las obliga a dedicarse principalmente a tareas que les permitan cubrir sus necesidades básicas. En algunos casos, para garantizar su sobrevivencia, se sienten tentadas de ser permisibles con el ingreso de los extractores forestales. El riesgo de que estas poblaciones se conviertan en enemigos de la conservación siempre estará presente si es que no se les asignan programas de apoyo social para cubrir en algo sus precariedades. «Sí pues, desde una oficina de Lima, es fácil decir que hay que proteger a las ANP, que no debemos tocar nada por eso de la biodiversidad (…) pero, los que estamos dentro del bosque desde antes de su creación, no tenemos agua potable, ni electricidad, faltan escuelas, postas médicas, no nos construyen carreteras hacia nuestras comunidades y para sacar nuestros productos es caro y no ganamos suficiente plata para nuestras necesidades, (…) qué se imaginan (…) que de qué vamos a vivir25».

Por otro lado, la desconfianza de la sociedad civil, y en especial de las comunidades nativas que se ven afectadas por la inoperancia del Estado ante el avance y descontrol de los madereros, llega a límites de violencia exacerbada. 24

Testimonio del alcalde de un centro poblado de la provincia de Oxapampa. Testimonio de un dirigente de una comunidad al interior del Bosque de Protección San Matías San Carlos (BPSMSC). 25

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Asháninkas matan a siete madereros. La prensa local indica que el crimen respondería a una venganza de los nativos debido a que el pasado 26 de mayo un grupo de sicarios, supuestamente contratado por un empresario maderero, asesinó al jefe de la comunidad de Nuevo Amanecer Hawái, Mauro Pío Peña, por no permitir el ingreso de leñadores a su territorio*. * Guerrero, Ernesto. «Asháninkas matan a siete madereros por tala ilegal en la selva de Junín». La República, Lima, 16 de julio del 2013. Ver en: goo.gl/aTdYIl

Es cierto que las acciones de vigilancia y control son más efectivas cuando logran el compromiso de las poblaciones locales, pero de ninguna manera la participación de las organizaciones de la sociedad civil pueden reemplazar al Estado, ya que este es el único que tiene la capacidad –y el mandato– de fiscalizar y sancionar. Según la ley, son los organismos del Estado correspondientes los que están obligados a establecer canales de coordinación y complementariedad con la sociedad civil. Al igual que en el análisis anterior, encontramos una profusa normatividad al respecto. A nivel de las ANP se obliga a la convocatoria de la sociedad civil y de las instancias del Estado competentes para establecer los comités de gestión para cada una de las ANP. A nivel local y regional se conforman los comités ambientales distritales, provinciales y regionales. Vistas así las cosas, se esperaría que estos comités funcionen eficazmente para el provecho de las ANP y del medioambiente en general. Y si bien se cumple con las formas, esas relaciones no están exentas de situaciones de tensión y conflicto debido a que cada una de las partes actúa en base a sus propios intereses, objetivos y prioridades. La comunicación y coordinación de las instituciones competentes en materia forestal con la sociedad civil para la planificación, formulación

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e implementación de los instrumentos de gestión, muchas veces se transforman en mero formalismo, dándose solo porque así lo exige la ley, dificultando la implementación de acciones para la correcta administración de los recursos del bosque. La participación de la sociedad civil organizada en estas instancias de concertación es a título voluntario y generalmente tampoco cuenta con recursos de importancia, aunque sí muy buena voluntad. Así tenemos que en todas las ocasiones, el gobierno regional, la municipalidad, las Organizaciones No gubernamentales (ONG) y/o las empresas que participan, deben financiar los traslados de los representantes de las comunidades. En ese sentido cabe recalcar que si no se tiene capacidad de gasto para la representación, tampoco se tendrá para implementar acciones. De todas formas esta voluntad de las comunidades nativas y poblaciones vecinas se menoscaba cuando perciben que están perdiendo su tiempo porque no se logran avances importantes. Otra forma de participación de la sociedad civil en la gestión de las ANP son los Contratos de Administración (CA). Mediante estos contratos el Estado, a través del SERNANP, encarga a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro (el ejecutor), desarrollar (de forma total o parcial) las operaciones de manejo y administración requeridas para la implementación de los resultados del plan maestro de cada ANP. El ejecutor del CA participa en el financiamiento a través del apalancamiento de recursos, tanto en el corto como en el largo plazo. El Estado tiene muchas expectativas sobre esta modalidad de cogestión, pero sus verdaderas posibilidades aún no son muy bien entendidas por las poblaciones y en muchos casos ni siquiera por los miembros del SERNANP, confundiendo los CA con un proveedor de recursos financieros para poder desarrollar las funciones de vigilancia, fiscalización y control de las ANP. Si estas funciones no son ni pueden ser transferidas a la sociedad civil, mal se podría señalar que la falta de recursos para fiscalización y control

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son responsabilidades de los ejecutores de los CA, muy por el contrario, siguen siendo del Estado, estando los ejecutores obligados a buscar los recursos para implementar su propuesta técnica en favor del plan maestro de las ANP. Es más, en las condiciones de los CA se describe explícitamente que «no son atribuibles como responsabilidad del Ejecutor la disminución de la cobertura vegetal por causa de procesos naturales o por deficiencias del sistema de vigilancia a cargo del SERNANP comunicadas previamente por el Ejecutor». Con el criterio de que el CA es un símil de un proveedor de recursos, se desperdician las verdaderas posibilidades técnicas y propositivas de estas instituciones, con lo cual se contribuye poco con la gestión de las ANP y con los objetivos de sus planes maestros.

Nuestra riqueza forestal y los convenios internacionales La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres26 (CITES) es un acuerdo internacional concertado entre 175 gobiernos, siendo el Perú uno de sus miembros. La CITES tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. Dicha convención es jurídicamente vinculante para las partes –en otras palabras, sus miembros tienen que aplicarla–, sin que se suplante por ello las legislaciones nacionales. Así la CITES ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una de las partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para garantizar que la convención se aplique a escala nacional. En este caso, el Perú tiene serias deficiencias para su cumplimiento.

26 La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) celebrada en 1963.

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«Por toda la Amazonia peruana, madereros ilegales y otros ´legales´, igualmente destructivos, se dedican al madereo a gran escala de los últimos árboles de caoba (Swieteniamacrophylla) y cedro (Cedrelaodorata), dos especies de gran valor. De acuerdo con las últimas estimaciones, un 90% de la madera extraída en la Amazonia peruana es ilegal. Gran parte de esta madera es importada en violación de los acuerdos internacionales de protección al medio ambiente (como la CITES). Por otra parte, la extracción de madera peruana muchas veces ha implicado la violación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, particularmente su derecho a la propiedad, a la consulta previa, a la subsistencia y a la integridad cultural. En una palabra, la mayor parte de la madera ilegal del Perú es extraída de las reservas comunales de las comunidades nativas, de las reservas de pueblos indígenas no contactados que viven en aislamiento voluntario o de las zonas de conservación protegidas27».

Por otro lado, en los últimos años nuestro país viene luchando por insertarse comercialmente en el mundo globalizado, por lo que es necesario tener presente que se han asumido acuerdos de promoción comercial (tratados de libre comercio) con la Unión Europea, el EFTA (países nórdicos), China y con los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se señalan capítulos de protección y control forestal, lo que conlleva a tener la obligación de una gestión eficiente para cumplir con los compromisos y no sufrir sanciones de alcance internacional. Cabe recalcar que a pesar de estas obligaciones, desde hace ya un tiempo los informes internacionales no son muy halagadores al respecto.

27 Griffiths, Tom. «La explotación ilegal y destructiva continúa devastando bosques y comunidades en la Amazonia peruana». Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, n° 98. Uruguay: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2005, pp. 12-16. Ver en: goo.gl/F0x3Oz

Luis García – Calderón S. / Magali Centeno A.

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El Perú podría ser sancionado por tala ilegal. La Agencia de Investigación Ambiental (EIA) presentó un pedido formal ante el gobierno de Estados Unidos para investigar y verificar el origen legal de las exportaciones de madera provenientes de al menos dos empresas peruanas y auditar a varias más. Un reciente estimado del gobierno peruano calculó que la tala ilegal le cuesta al Perú unos US$ 250 millones anuales. De acuerdo con la data de EIA, al menos 77 embarques con problemas de legalidad han ingresado a EE.UU. provenientes de una de las dos empresas acusadas. Este pedido busca que el Anexo sobre el manejo del sector forestal, incluido en el TLC EE.UU.-Perú (2009), sea cumplido, solicitando al Perú el desarrollo de auditorías a los concesionarios o exportadores sospechosos. Antecedentes. El EIA hizo pública una investigación que demuestra que el Perú, entre el 2008 y el 2010, exportó a EE.UU. más de 100 embarques que contenían millones de dólares en cedro y caoba extraídos ilegalmente de la Amazonía peruana*. * «El Perú podría ser sancionado por tala ilegal», Gestión, Lima, 19 de abril del 2012. Ver en: goo.gl/kwePa

A manera de conclusión La gestión forestal peruana debe ser entendida como una unidad, es decir, nuestros bosques deben ser interpretados de manera integral, indiferentemente de si son ANP o no. Solo a partir de esa mirada, la estructura organizativa de la gestión forestal del Estado podrá ser reorientada para responder a esa integralidad. Mientras existan tantas instancias responsables de cada una de las partes, con escasos niveles de concertación para la acción efectiva por su dependencia de diferentes sectores del Estado, se atomizarán los  recursos

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Las áreas naturales protegidas y el tráfico de madera

por su dispersión y escasearán los resultados. Esta decisión no es de responsabilidad de los funcionarios de nivel bajo y medio, que a pesar de sus limitaciones, hacen esfuerzos por cumplir con sus planes operativos en las dependencias locales. Corresponde a los tomadores de decisiones de diseño e implementación de políticas públicas que se encuentran en las más altas esferas técnicas y políticas del sector asumir acciones más propositivas, aunque ello signifique tener que ceder poderes y protagonismos. El debate de la gestión forestal está abierto, así como su relevancia para la conservación de las ANP. Esperamos haber contribuido a que se visibilicen claramente algunas de las aristas de esta problemática.