México, entre la impunidad y el caos

México, entre la impunidad y el caos Análisis de NorLARNet, 22 de marzo del 2010 Carlos Antonio Flores Pérez, profesor investigador del Centro para el

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México, entre la impunidad y el caos Análisis de NorLARNet, 22 de marzo del 2010 Carlos Antonio Flores Pérez, profesor investigador del Centro para el Desarrollo y el Medioambiente, Universidad de Oslo

Introducción Hace aproximadamente 15 años, un prestigiado periodista, Andrés Oppenheimer, escribió un libro que atrajo gran atención internacional hacia las condiciones políticas del México de la época.1 El trabajo narraba hechos sorprendentes ocurridos entre 1994 y 1997, entre ellos el paradójico estallido de la irrupción insurgente del EZLN, paralelo a la entrada en vigor del NAFTA, que inauguraba -o por lo menos tal era la versión del gobierno de la época- el paso del país a la modernidad y al pleno desarrollo económico. La violencia de 1994 continuaría en marzo y septiembre de 1994, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, partido en el poder desde hacía casi siete décadas, y de su secretario general, José Francisco Ruiz Massieu, mostrando una profunda escisión de la clase política posrevolucionaria. El recuerdo de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, en un presunto fuego cruzado entre dos organizaciones rivales del narcotráfico encabezadas respectivamente por Joaquín Guzmán Loera y los hermanos Arellano Félix; la posterior fractura entre el presidente Ernesto Zedillo y su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, así como la detención del hermano de este último, Raúl Salinas, bajo la acusación de ser autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, e incluso, las acusaciones de la procuradora suiza, Carla del Ponte, que lo vinculaban con una red de protección del narcotráfico y lavado de dinero, pusieron de manifiesto, ante la opinión pública mexicana e internacional, la preocupación fundada de que el país se deslizara hacia condiciones mayores de inestabilidad. A mediados de los noventa, sin embargo, el espectro del caos al que hizo posteriormente referencia el libro de Oppenhaimer, era uno considerablemente acotado. En 1993, la conmoción que causó el referido asesinato del Cardenal condujo a la detención, en pocos meses, de uno de los involucrados,

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Oppenheimer, Andrés. México en la frontera del caos. La crisis mexicana de los noventa y la esperanza del nuevo milenio. México. Ed. Javier Vergara. 1996. Existe una versión en inglés: Bordering on chaos: guerrillas, stockbrokers, politicians, and Mexico’s road to prosperity. New York, Little Brown, 1996.

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Joaquín Guzmán Loera El Chapo, quien permaneció en prisión el resto de la década. Como se verá, este personaje adquiriría especial notoriedad en el tiempo por venir. Al final de la década, tras las convulsiones ocurridas entre 1993 y 1997, las condiciones parecían promisorias ante la apertura política que había permitido la celebración de elecciones competidas que transformaron la correlación de fuerzas y dieron lugar, finalmente, a la alternancia en la Presidencia de la República, con el triunfo electoral del derechista Partido Acción Nacional (PAN), en julio de 2000. Existía una sociedad civil pujante que quería genuinamente dar vida a un nuevo régimen democrático, basado en libertades civiles y políticas. ¿Qué sucedió, entonces? El desencanto con la política Paradójicamente, tras diez años de incipiente democracia, la hipótesis del caos es ahora mucho más tangible que tres lustros atrás. Con 16,257 homicidos relacionados con el narcotráfico en poco más de un trienio;2 con grupos delictivos que operan con estrategias paramilitares y han arrancado, a fuerza de terror o soborno, y para todo efecto práctico, el control estatal de amplias regiones del país; con instituciones de seguridad totalmente rebasadas e infiltradas por intereses criminales, el escenario mexicano se agrava a pasos acelerados. Tan sólo en el tiempo transcurrido durante este año, hasta el 12 de marzo, la cifra alcanza 1,937 ejecuciones presuntamente atribuibles a la delincuencia organizada en el país.3 Entre 1996 y 2008, en promedio, Latinobarómetro atribuía 51 puntos de apoyo hacia la democracia en México. En 2009, esta cantidad, pobre de por sí, disminuyó aún más, hasta ubicarse en 42 puntos, el descenso más notable en el subcontinente.4 Hoy, según Latinobarómetro, 27% de los mexicanos cree que puede haber un golpe de Estado en el país; 29% afirmó que cuando una situación es difícil es correcto pasar por encima de la ley; sólo 56% declaró que no apoyaría bajo ninguna circunstancia un gobierno militar; y 58% manifestó estar de acuerdo con la remoción del presidente, a manos de los militares, en caso de que violara la constitución.5 A partir de esas apreciaciones, la misma fuente indica que México se encuentra entre los países con mayor riesgo de regresión autoritaria.6 A pregunta expresa sobre la opción preferente a elegir entre democracia y desarrollo económico, sólo 30% de los mexicanos encuestados optaron por la primera.7 La economía también naufraga. En 2009, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas, ubicó a México entre los países con un nivel de pobreza media-alta, aquellos con tasas de entre 35 y 48% de su población en semejante condición. Con información actualizada hasta 2008, la CEPAL señaló que México fue el único país donde la situación general de pobreza empeoró desde 2006, con un incremento de 3.1 puntos porcentuales.8 La misma fuente señaló que, entre 2007 y 2008, México fue el único país que mostró 2

“Ejecutómetro.” Reforma. 23 de marzo de 2010. http://gruporeforma.reforma.com/graficoanimado/nacional/ejecutometro_2010/ 3 Idem. 4 Latinobarómetro. Informe 2009, p. 20. 5 Idem, p. 15. 6 Ibidem, p. 12. 7 Idem, p. 29. 8 Panorama social de América Latina 2009. Capítulo I, p. 7.

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una clara tendencia hacia el deterioro distributivo del ingreso, con con un aumento de 1.2 puntos en la brecha entre los quintiles más rico y más pobre, respecto a 2006.9 Todas estas cifras evidenciaron una ruta contraria a aquella que caracterizó al resto de países del subcontinente, donde la tendencia general fue la inversa: en 2008, la tasa regional de pobreza fue de 33%, 11 puntos porcentuales menos que la propia de 2002.10 ¿Qué hizo naufragar el proyecto democrático del país en la percepción de un deterioro generalizado de la política y la credibilidad institucional? ¿Qué fue lo que sucedió a lo largo de los últimos años, que ha transformado tan agudamente las expectativas de desarrollo en retroceso notable?11 El desencanto con la democracia está ligado directamente con la incapacidad de los gobiernos de la alternancia para abatir la rampante inseguridad que corroe al país; y además, especialmente en el caso del último de ellos, su incompetencia para mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de sus habitantes, en un contexto de pauperización paulatina y creciente polarización del ingreso. El estancamiento democrático, la violencia criminal y la agudización de la desigualdad no son fenómenos paralelos, sino que comparten en general un origen común: la existencia de intereses y privilegios que la autoridad constituida no ha estado dispuesta a afectar y que constituyen la principal resistencia a la articulación de un esquema de convivencia política y social más funcionales y menos excluyentes. La violencia criminal de alto impacto, que es el fenómeno que más ha atraído la atención internacional hacia México, no es sino el síntoma extremo de una enfermedad mayor: la captura de múltiples parcelas estatales, que garantiza la preservación de la impunidad y de los privilegios indebidos. La sustitución de los intereses públicos en los espacios institucionales de mediación del conflicto social, por otros de carácter estrictamente privado e incluso criminal, abarca múltiples dimensiones de la cotidianeidad mexicana. Es ella la que permitió, por ejemplo, que sólo el 0.3% de las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cumplan con todos los requisitos exigidos por la ley para su funcionamiento, según dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.12 Semejante omisión, que incluye la falta de implementación de medidas mínimas de prevención y seguridad en las instalaciones de las mismas, es lo que condujo a la muerte de 49 bebés en un incendio en una guardería de Sonora. Este establecimiento no guardaba las condiciones imprescindibles de seguridad para cumplir con semejante función, y los propietarios eran familiares de la esposa del Presidente de la República, Felipe Calderón, y del entonces gobernador de la entidad, Eduardo Bours. Es esa impunidad la que permite que, a pesar de la responsabilidad directa que la Corte fijó hacia el ex gobernador y el titular del IMSS, entre otros funcionarios, su afirmación

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Idem, p. 13. Ibidem, p. 3. 11 De acuerdo con apreciaciones de organismos internacionales, México ha exhibido el peor desempeño y capacidad de respuesta ante la crisis económica mundial, que golpeó la economía internacional hacia 2009. 12 “Operan guarderías de forma irregular.” El Economista. 2 de marzo de 2010. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/03/02/operan-guarderias-imss-forma-irregular 10

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carezca de toda consecuencia jurídica para los mencionados.13 Virtualmente ningún funcionario ha enfrentado responsabilidad penal por los hechos. Todo ello sin mencionar que, entre los beneficiados por la adjudicación directa y no concursada de la concesión para operar semejantes guarderías, además de múltiples parientes de políticos prominentes,14 figuraron incluso familiares directos de algunos barones del narcotráfico,15 con los cuales el propio gobernador Bours había sido relacionado.16 Otro ejemplo de la desviación de intereses públicos en los programas gubernamentales puede apreciarse en el caso del programa Procampo. Este programa fue diseñado en 1993 para compensar a los campesinos con menores recursos ante el fin de las barreras arancelarias que protegían la producción local, ante la entrada en vigor del NAFTA. En 2010, sin embargo, entre sus principales beneficiarios se encuentran múltiples políticos. La lista incluye al ministro del ramo, Francisco Javier Mayorga, quien junto con su padre y hermanos, recibía desde hace tiempo dinero que asciende a más de 10 millones de pesos, recursos que no dejó de percibir tras hacerse cargo de la Secretaría de Agricultura.17 Pero quizás lo más significativo fue encontrar entre los beneficiarios del programa a hermanos de Joaquín Guzmán Loera y de Arturo Beltrán Leyva.18 Esta noticia no era realmente nueva, ya en 2008, una diputada de oposición había mostrado, en una rueda de prensa, documentos oficiales que daban cuenta de los apoyos gubernamentales que, a través de este programa, recibían prácticamente todas las familias de los narcotraficantes más encumbrados del país.19

Privilegios y elecciones Es el evidente interés de la mayor parte de la clase política mexicana por mantener el régimen de privilegios vigente lo que condujo a la aprobación de cargas impositivas adicionales a los contribuyentes cautivos, revestida bajo el dudoso título de “reforma fiscal”, que el poder legislativo aprobó, en plena crisis económica. Cabe destacar que Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de economía, consideró expresamente que tal incremento tendría un efecto muy negativo en la economía mexicana, calificando al desempeño de México ante la crisis como uno de los peores del mundo.20

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Idem. “El IMSS benefició a políticos con subrogación de guarderías.” El Universal. 9 de julio de 2009. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/169579.html. Entre ellos figuraban parientes del ex presidente Vicente Fox, del presidente Felipe Calderón, así como de múltiples gobernadores y congresistas. 15 “Cártel de “El Mayo” se infiltró en guarderías.” El Universal. 10 de julio de 2009. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_169599.html 16 Ravelo, Ricardo. “El sospechoso gobernador multimillonario.” Proceso. 26 de abril de 2008; y del mismo autor, “La red de los Bours.” Proceso. 10 de mayo de 2008. 17 “Los Guzmán Loera y titular de Sagarpa cobran subsidio.” El Universal. 15 de febrero de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/primera/34439.html 18 Idem. 19 “Clanes del narco, bajo sombra del Procampo.” El Universal. 28 de octubre de 2008. http://www.eluniversal.com.mx/estados/vi_69995.html 20 ”Nobel reprueba a México ante crisis.” CNN-Expansión. 18 de noviembre de 2009. http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/11/18/nobel-descalifica-a-mexico-ante-crisis 14

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La parcialidad a favor de intereses privados de la clase política, contrarios al interés público, se puso de manifiesto en dos hechos directamente relacionados. El primero fue la excención de impuestos por más de 73 mil 900 millones de pesos, desde 2007, a un grupo de beneficiarios indeterminados, que el Sistema de Administración Tributaria pretendió mantener en todo momento en el anonimato. Previsiblemente, estará constituido por los invidivuos con mayores ingresos y mejores conexiones políticas del país. Cabe señalar que la referida cantidad de dinero excede seis veces al presupuesto del programa contra la pobreza Oportunidades, la principal medida gubernamental en la materia, que asciende a 12 mil millones de pesos anuales.21 El segundo fue la evidente priorización de intereses politicos de orden electoral por encima de la responsabilidad de aumentar impuestos en un contexto de crisis económica. A lo largo de marzo de 2010, la prensa mexicana ha difundido ampliamente el escándalo que se derivó de la firma de un pacto donde el dirigente nacional del PAN, el partido gobernante, César Nava, se comprometía a evitar una alianza con otros partidos –derecho garantizado constitucionalmente–, para contender en los próximos comicios para sustituir gobernador en el Estado de México, entidad gobernada por el muy probable candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, firmaron como testigos de honor. La moneda de cambio era el apoyo de la fracción parlamentaria del PRI a la propuesta de reforma fiscal del presidente Felipe Calderón, es decir, el referido aumento de impuestos. Todos los involucrados negaron continuamente su participación en el acuerdo, hasta que el documento con sus firmas se hizo público y, por tanto, la reiteración al respecto se hizo insostenible.22

Narcotráfico, violencia y política Naturalmente, en estas condiciones, el descrédito de la política y sus instituciones va en rápido aumento, pues ante la estrechez de miras de la clase política en su conjunto, los reclamos sociales de seguridad y justicia se ven relegados a la mera reedición de esquemas obsoletos, insuficientes para recuperar la perdida estabilidad del país. La violencia criminal, otra manifestación sustantiva de la rampante impunidad en que vive el país, se ha desatado con crudeza en varias de las entidades más afectadas históricamente por el tráfico de drogas, incluyendo a Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Los nombres de varias localidades de esos estados, como Cd. Juárez, Culiacán y Reynosa, respectivamente, son referencia cotidiana en las notas sobre violencia asociada al narcotráfico. Los homicidios se llevan a cabo cada vez más con una creciente indiscriminación, ante la cual poco importa el género o la edad de las víctimas, ni su nivel de involucramiento efectivo con los grupos delictivos. La crueldad ejercida sobre las personas asesinadas difícilmente puede ser transmitida con palabras: mutilaciones, castraciones, decapitaciones y descuartizamientos, tras múltiples formas de tortura previa, son imágenes usuales en este escenario de violencia. Es también apreciable una 21

“IFAI exige a SAT lista de sus beneficiados.” El Universal, 11 de marzo de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/primera/34560.html 22 “Sí acordé con el PRI no hacer alianzas en el Edomex: Nava.” La Jornada, 5 de marzo de 2010. http://www.jornada.unam.mx/2010/03/05/index.php?section=politica&article=003n1pol

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tendencia a victimar a grupos de personas, a diferencia de la usual focalización individual que generalmente se atribuía en otras épocas a la delincuencia organizada. Si bien la tendencia predominante hasta el momento ha sido que la violencia se ejerce fundamentalmente entre delincuentes y, en menor medida, entre estos y los cuerpos de seguridad del Estado, la señalada indiscriminación creciente ha conducido a situaciones en las que las víctimas no evidencian ningún vínculo con la criminalidad organizada. Grupos de adolescentes, incluso con trayectorias estudiantiles ejemplares, han sido masacrados cuando celebraban una fiesta en el hogar de alguno de ellos;23 familiares de miembros de las instituciones de seguridad que participaron en operativos contra capos de la delincuencia organizada, han sido igualmente asesinados;24 asistentes a bodas o velorios han sido también ultimados de manera grupal;25 jóvenes que departían en un bar fueron muertos por impacto de rifles de alto poder;26 e incluso adictos en proceso de recuperación han sido extraídos de los centros de tratamiento para ser ejecutados sumariamente.27 La nula capacidad de las autoridades federales y locales ha hundido en la zozobra a la sociedad en las ciudades donde este tipo de hechos se han multiplicado. La evidente ineficacia de las acciones gubernamentales contra la delincuencia, la insensibilidad de la autoridad y la estrategia de comunicación del presidente Felipe Calderón de descalificar sistemáticamente a las víctimas de la violencia, a quienes sin más atribuye un carácter criminal, generan un creciente encono social. La irritación se manifiesta en reclamos cada vez más airados, por parte de una sociedad que se asume impotente entre la delincuencia organizada y la corrupción gubernamental que la encubre. Y en este tema, autoridades federales y locales tienen un largo historial qué aclarar, sin distinción de partidos. Las referencias sutiles o francas a la protección gubernamental que los grupos delictivos reciben, por parte de distintas autoridades, es abundante en la prensa nacional, y recibe también cada vez mayor atención por parte de la opinión pública internacional.28 Pero según se puede inferir, a partir de la información disponible, la organización delictiva que obtiene mayor cobertura es la de Sinaloa, encabezada por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.29 Las dudas sobre la imparcialidad del combate gubernamental contra la delincuencia son fundadas: de acuerdo con el reconocido especialista en combate a la delincuencia organizada, Edgardo Buscaglia, en México, de los 53,174 detenidos por narcotráfico, en los pasados seis años, sólo 941 están relacionados con la organización de El Chapo.30

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“Masacran a 15 jóvenes en Juárez.” El Universal, 7 de febrero de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/175481.html 24 “Masacran en Tabasco a familia de marino caído.” Milenio, 23 de diciembre de 2009. http://www.milenio.com/node/346698 25 “Atacan a jóvenes durante velorio en Juárez: 6 muertos.” El Universal, 13 de marzo de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/primera/34575.html 26 “Atacan bar de Torreón; fallecen 10.” El Universal, 1 de febrero de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/estados/74609.html 27 “Aumenta a 18 el número de fusilados en Chihuahua.” El Universal, 4 de septiembre de 2009. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=455706 28 “Get Shorty: Mexico still searching for „El Chapo‟, the 5ft 6in drugs lord.” The Times. March 2, 2010. 29 “Outsmarted by Sinaloa. Why the biggest drug gang has been least hit.” The Economist, 7 de enero de 2010. http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=15213785 30 Idem.

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Razones de duda, igualmente ominosas, se desprenden, por ejemplo, al analizar la evolución del alto mando de la Policía Federal, a lo largo de los últimos tres años: su primer comisionado, Ardelio Vargas Fosado, tuvo un breve periodo de gestión y ahora es diputado federal; pero sus sucesores aparecen envueltos en hechos que mueven a suspicacia. Edgar Millán fue ejecutado por un miembro de la propia corporación, presuntamente por instrucciones de Arturo Beltrán Leyva, capo sinaloense, originalmente asociado con El Chapo. Tras su muerte se dio a conocer las amenazas de que era objeto, en blogs donde los sicarios suelen publica información, por su presunto incumplimiento de acuerdos establecidos con los delincuentes. Varios de los demás mandos policiacos federales, señalados en ese mismo mensaje, han sido invariablemente ejecutados.31 Su sucesor, Víctor Gerardo Garay Cadena, se encuentra purgando sentencia, tras confirmarse su protección al cártel de los Beltrán Leyva.32 Este personaje fue sustituido por Rodrígo Esparza Cristerna, quien en 1993 fuera delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Sinaloa. Una nota de ese mismo año publicada en el New York Times, del periodista Tim Golden, señala que Esparza había sido removido de sus funciones, por estar involucrado en la protección que integrantes de la dependencia le brindaban a la organización de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Héctor Luis Palma Salazar, El Güero, es decir, a los líderes del Cártel de Sinaloa.33 En 2009, este personaje fue sustituido por Facundo Rosas, a quien algunos medios de comunicación han ligado con grupos de secuestradores.34 En un contexto democrático efectivo, causaría por lo menos sorpresa que el funcionario responsable de todos estos nombramientos, el Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, permaneciera en su cargo gozando, como aparentemente lo hace, de todas las confianzas presidenciales. Tres años después de iniciada la actual administración, ni los resultados de la estrategia de seguridad que el citado funcionario ha delineado, ni las designaciones de sus colaboradores antes mencionados, parecen justificar el férreo respaldo del presidente Calderón. Sin embargo, esta confianza parece ser cada vez menos compartida por las autoridades estadounidenses. Por ejemplo, a finales del año pasado, en el operativo fulminante para capturar a Arturo Beltrán Leyva, que culminó en la muerte del capo, la información de inteligencia de la DEA fue proporcionada a la Armada mexicana. Esta institución se habría coordinado también, en alguna medida, con el Ejército.35 Sin embargo, la operación excluyó absolutamente a la Policía Federal, de la cual es responsable García Luna.

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Flores Pérez, Carlos Antonio. “¿Por qué ganan los delincuentes?” Le Monde Diplomatique México. September 2008, p. 5. 32 “Formal prisión a Garay Cadena, ex titular de PFP.” Milenio, 11 de diciembre de 2008. http://impreso.milenio.com/node/8507806. 33 Golden, Tim. “The Enemy within; Mexico‟s Drug habit is giving it shivers.” The New York Times. June 20, 1993. http://www.nytimes.com/1993/06/20/weekinreview/the-enemy-within-mexico-s-drug-habit-is-giving-itshivers.html?pagewanted=all. 34 Dictan formal prisión a presunto agresor de Isabel Miranda de Wallace. Secuestradora de Martí, Lorena González, trabaja Para García Luna: Reporte Índigo. Unafuente, 10 de septiembre de 2008. http://www.unafuente.com/10-09-2008/secuestradora-trabaja-para-garcia-luna-reporte-indigo/ En esta página web se exhiben incluso los documentos oficiales que presuntamente vinculan a estos personajes con el referido mando policiaco. 35 “Mexican drug lord's killing could ignite more violence.” The Seattle Times, 17 de diciembre de 2009. http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2010536490_drugwar18.html

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Ante las dudas que han proliferado en la opinión pública, el propio Calderón ha negado explícitamente que su gobierno brinde cobertura al Cártel de Sinaloa.36 Como prueba, aludió a la detención de operadores menores o medianos de la organización, e incluso familiares de sus líderes. Pero las razones para la desconfianza perduran. Apenas a finales de 2009, la propia página web de la Presidencia anunció la designación de José Rolando Gómez Llanos Aispuro como delegado de la Procuraduría General de la República, en el estado fronterizo de Tamaulipas.37 El problema era que este funcionario había sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde diciembre de 2007, como presunto integrante de las redes de lavado de dinero de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.38 Gómez Llanos habría formalmente abandonado el cargo de Delegado en Chiapas, que entonces ejercía. Sin embargo, los registros de funcionarios demuestran que se mantuvo en el cargo hasta 2009, fecha en que fue transferido a Tamaulipas. Este último movimiento toma particular significado si se tiene en cuenta que la actual disputa entre diversas organizaciones del narcotráfico empezó justamente en Tamaulipas, a raíz del interés de la organización del Chapo, de arrebatar el control de la zona al Cártel del Golfo. A la luz de la violencia desatada en Tamaulipas apenas dos meses después, donde diversas organizaciones criminales, incluyendo a la primera, se han aliado para expulsar a Los Zetas asentados en ese estado, no es posible soslayar la posibilidad de que designaciones como la del citado funcionario tengan por fin abrirle el camino a una de las partes en disputa.39 Prácticamente en todas las zonas donde la violencia se ha exacerbado en los últimos años, el Cártel de Sinaloa está disputando a otras organizaciones el control de plazas estratégicas.

El caso de Sinaloa Varias de las entidades donde esa violencia ocurre de manera más aguda, como Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, elegirán nuevo gobernador este año. Este hecho puede resultar significativo para la continuidad o exacerbamiento de esa violencia, pues a partir de los cambios en la correlación de fuerzas políticas a partir de la alternancia en el Ejecutivo, en el 2000, cada vez resulta más estratégico para las organizaciones criminales contar con mayores espacios de influencia dentro de las autoridades estatales, en las que la gubernatura adquiere especial preeminencia. En algunos de esos casos, como el de Sinaloa, incluso miembros del partido en el gobierno, como el diputado federal Manuel Clouthier, han denunciado la falta de acción del gobierno de Felipe Calderón contra los narcotraficantes del Cártel de Sinaloa, a quienes perciben asociados con políticos

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“No protejo ni al “Chapo” ni a nadie: Calderón.” El Universal. 24 de febrero de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/primera/34485.html 37 Presidencia de la República. “Nombra PGR a José Rolando Gómez Llanos Aispuro y Jorge Rodríguez Velázquez, delegados en Tamaulipas y Sonora.” 20 de noviembre de 2009. http://www.presidencia.gob.mx/prensa/pgr/?contenido=50737 38 “Recicla la PGR a fichado por EU.” Reforma. 30 de enero de 2010. http://www.reforma.com/nacional/articulo/1075409/ 39 “Autoridades, en alerta por riesgo de ataques en el municipio fronterizo.” La Jornada. 26 de febrero de 2010. http://www.jornada.unam.mx/2010/02/26/index.php?article=007n2pol§ion=politica

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locales.40 En declaraciones previas, el congresista se había referido al gobernador Jesús Aguilar Padilla y al entonces alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, como integrantes de la “narcopolítica” que gobernaba al estado.41 A principios de año circularon en un diario nacional fotografías de Vizcarra, reunido en una celebración religiosa con diversas personas, incluyendo a Ismael Zambada García El Mayo, miembro del Cártel de Sinaloa, de quien según versiones periodísticas, es compadre. En la celebración estuvieron presentes, según consta en las fotos, los padres del narcotraficante Inés Calderón Quintero y un hijo del narcotraficante Baltazar Díaz Vega.42 Hoy, Jesús Vizcarra es virtualmente el candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, pues ningún contendiente interno registró su precandidatura, para hacerle competencia.43 Empresario vertiginoso que hizo su fortuna muy poco tiempo, hasta poseer ahora la empresa Sukarne, la productora de carne más importante de México,44 Vizcarra Calderón cuenta entre sus socios al propio gobernador, Jesús Aguilar Padilla, y a Enrique Coppel Luken, el empresario más acaudalado del estado y uno de los más importantes del país, quien tomó un rol activo para la promoción de la campaña de Felipe Calderón, en 2006.45 En el proceso de 2010, Coppel respalda ahora la candidatura de Vizcarra. La autoridad federal ha sido reacia a investigar los antecedentes financieros de semejantes personajes, a pesar de los continuos señalamientos públicos. Por el contrario, ha sido expedita para indagar el pasado de los posibles contendientes de esa candidatura. El senador priísta Mario López Valdés defeccionó de ese partido por la presión interna para favorecer la candidatura de Vizcarra. En sus escarceos para aceptar la candidatura del PAN, uno de sus colaboradores fue detenido por la Procuraduría General de la República por su presunta participación en lavado de dinero.46 Ese es el contexto en que ocurrirá el relevo en la gubernatura de una entidad en la que, tan sólo en lo que va del año, hasta el 19 de marzo, han habido 538 ejecuciones.47

Conclusión 40

Delgado, Alvaro. “Su guerra no llega a Sinaloa.” Proceso. N° 1737, 14 de febrero de 2010, p. 7. “El narco en Sinaloa no ha sido tocado.” El Universal. 19 de febrero de 2010. La nota reproduce una entrevista con el empresario y diputado federal del PAN, Manuel Clouthier, hijo del ex candidato presidencial de ese partido en 1988. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_175758.html 41 Delgado, idem. 42 “Surgen acusaciones sobre narcopolítica.” Reforma. 8 de diciembre de 2009. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/printImpresa.aspx?DocId=1132670-066&strr=vizcarra calderón. Las fotos aparecen en la versión impresa de esa edición. 43 “Jesús Vizcarra, precandidato único al Gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional.” El Sol de Sinaloa. 18 de marzo de 2010. http://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n1560405.htm 44 http://www.sukarne.com.mx/ 45 Dirigió una carta a los empleados de su cadena de tiendas de autoservicio, exhortándolos a votar por Calderón. Esta apareció publicada en la versión impresa de Reforma, 23 de febrero de 2006. 46 “Arraigan por 'lavado' a operador de Malova.” Reforma. 12 de marzo de 2010. http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/printImpresa.aspx?DocId=11643901066&strr=vizcarra calderón 47 ”Ejecutómetro.” Reforma. 23 de marzo de 2010. http://www.reforma.com/nacional/

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Con una violencia que cobra cada vez un mayor número de víctimas inocentes en el país, esta se ha hecho extensiva ya a personal diplomático extranjero, como fue el caso de las tres personas asociadas al consulado estadounidense, ejecutadas en Ciudad Juárez.48 Las autoridades de ese país manifiestan su preocupación y han decidido regalar una visita de sus más altas esferas de decisión a sus pares mexicanos.49 Estos últimos se aferran a la repetición de las frases y números del triunfalismo infundado, mientras que algunos personajes dentro del gobierno, incluso militares, comienzan a externar que México no puede sólo ante el problema del narcotráfico.50 La situación es delicada y la visita norteamericana evidencia la preocupación que esta despierta ya al norte de la frontera. No se trastoca, sin embargo, la cortesía formal que conduce a encomiar, por parte del presidente Obama, la pretendida decisión del presidente mexicano para combatir a la delincuencia.51 Diplomacia aparte, permanece la duda de cuál será la posición estadounidense frente a un problema compartido que, por lo menos en la parte mexicana, evidencia estar aún seriamente afectado por la corrupción e impunidad. Estos parecen ser los principales ingredientes para la generalización de una violencia que hoy, mucho más que quince años atrás, tienen a México al borde del caos.

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“Washington condena asesinato en Cd. Juárez.” El Universal. 15 de marzo de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176312.html 49 “Viene gabinete de seguridad de EU.” El Universal. 18 de marzo de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_34599.html 50 “México no puede solo contra el narco: Sedena.” El Universal. 22 de marzo de 2010. http://www.eluniversal.com.mx/primera/34639.html 51 “Reconoce Obama labor de Calderón.” Reforma. http://www.reforma.com/nacional/articulo/546/1091684/

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