Antecedentes: El siguiente Proyecto ha sido reformulado porque se realizó la actualización del cronograma en realización a la fecha de firma del contrato de préstamo y la fecha del primer desembolso del BID; de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1419 que modifica el ―Sistema de Incentivos a la Vivienda Social‖, el monto del apoyo económico de 5.000 dólares se incrementó a 6.000 dólares,

el cual afecta a la meta propuesta inicialmente reduciéndose a 5.116 bonos

entregados; en el componente de centralidades se incrementa la actividad de expropiación de terrenos para la construcción de la misma afectando al presupuesto.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1.

Nombre del Proyecto: "Programa Nacional de Desarrollo Urbano"

1

CUP: 185500000.0000.372842

1.2.

Entidad Ejecutora:

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) a través de la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos; y, Subsecretaria de Vivienda.

1.3.

Cobertura y Localización

El proyecto en su primera fase se ejecutará en el área urbana al noroeste de la ciudad de Guayaquil; en el Área Reservada de Seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses y en zonas de asentamientos ilegales de Guayaquil.

1

En el SIPeIP se postuló con el nombre “Proyecto Nacional Hábitat Seguro” pero por requerimiento del BID se cambió la denominación del Proyecto, por lo que mediante Oficio Nro. MIDUVI-VCM-2011-0044-O de fecha 21 de noviembre de 2011 se solicitó a SENPLADES cambio de nombre en el sistema.

Gráfico No. 1 ZONA DE INTERVENCIÓN

Fuente: MIDUVI Elaborado por: MIDUVI

1.4.

Monto

El monto total del proyecto en su primera fase es de USD 77´458.730,00 (Setenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta 00/100 dólares), de los cuales USD. 71‗000.000,00 constituyen el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un crédito reembolsable y USD. 6‘458.730,00 corresponden al Aporte Local.

1.5.

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del proyecto es de cuarenta y ocho meses a partir del año 2012 hasta el año 2016.

1.6.

Sector y Tipo de Proyecto Sector: Vivienda Tipo: Vivienda Nueva

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

2.1.

Descripción de la situación actual del área de intervención

Guayaquil es la ciudad con más población del Ecuador, según el último Censo de Población y Vivienda (2010), cuenta con 2.278.691 habitantes, de este total el 50.83% son mujeres y el 49.17% son hombres. A continuación se detalla la población por sexo y edad: Cuadro No. 1 Distribución de la población de Guayaquil por sexo y edad

Sexo Grandes grupos de edad

Total Hombre

Mujer

De 0 a 14años

330.629

320.831

De15 a 64años

730.871

763.733 1.494.604

De 65 años y más Total

58.831

73.796

651.460

132.627

1.120.331 1.158.360 2.278.691 Fuente: INEC Elaborado por: MIDUVI

En lo que respecta a vivienda y servicios básicos se estima que en la zona urbana de Guayaquil existen 585.522 viviendas, de este total el 50.2% se encuentran en condiciones aceptables de habitabilidad, el 3.1% de las viviendas deben ser mejoradas, ya que no cumplen con los criterios de calidad establecidos y el 12.7% se encuentran en deplorables condiciones por lo que deben ser reemplazas. Así también, del mismo total de viviendas el 85.9% de la población tiene acceso a servicios de agua potable por red pública y el 61.7% acceso a servicios de alcantarillado.

Por otro lado, producto del crecimiento poblacional y de las migraciones internas en la ciudad de Guayaquil, se ha observado un rápido proceso de urbanización, lo cual ha generado la conformación de asentamientos informales e invasiones de tierra. Una de las áreas que más se ha expandido es el sector noroeste de la ciudad, donde existe una intensa actividad de loteo ilegal. Dada la magnitud del problema de la ocupación informal en el sector noroeste de la ciudad y por tratarse de un área ambientalmente sensible y estratégica (éste sector es atravesado por un canal de trasvase de aguas para el suministro de Guayaquil), el Gobierno Nacional decidió declararlo como -Área Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena|| (mediante Decreto Ejecutivo No. 607 suscrito el 28/12/2010).

La zona de reserva de seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses

comprende: 500 metros alrededor de las instalaciones de seguridad física u orillas de las represas y embalses, estacionales de bombeo y de las instalaciones de control, comunicaciones y obras complementarias importantes; 150 metros a uno y otro lado del eje central de los ramales laterales, líneas de flujo de agua y canales del sistema hídrico; y 50 metros a uno y otro lado de las vías de acceso principales y secundarias. Además, es zona de reserva de seguridad el área comprendida en las siguientes coordenadas: Coordenada inicial 2 7'39.30''S 80 2'45.60''W, al norte siguiendo la línea geodésica hasta la coordenada 2 1'10.45''S 80 2'45.60''W, al este, siguiendo la línea geodésica hasta la coordenada

2

1'10.45''S

79

57'12.60''W,

al

sur

siguiendo la vía Daule hasta la coordenada 2 2'41.31''S 79 56'53.75''W, al oeste, siguiendo la línea geodésica hasta el retiro del canal de trasvase en coordenadas 2 2'41.28''S 79 57'37.98''W, al sur siguiendo el retiro del canal de trasvase hasta coordenadas 2 5'29.65''S 79 58'48.59'' W, al oeste, siguiendo la línea geodésica hasta insertar el límite este del lote la victoria con coordenadas 2 5'29.62''S 79 59'21.16'' W, al sur, siguiendo el límite este de los lotes la Victoria y Prodebien con coordenadas 2 6'51.71''S 80 0'11.03''W, al oeste, siguiendo ellímite sur del lote Prodebien 2 6'40.56''S 80 1'22.24''W, al sur, siguiendo la vía en coordenada 2 7'19.46''S 80 0'50.83''W, al oeste en 2 7'30.59'' 80 1'24.41''W, al sur, siguiendo el retiro del canal de trasvase 2 7'39.43''S 80 1'18.83''W, al oeste hasta 27'39.30''S 80 2'45.60''W, cerrando con la coordenada inicial.

Su superficie total es de aproximadamente 9.232 ha., gran parte de la cual es bosque natural. Dentro de ésta, existen aproximadamente 440 hectáreas las cuales han sido ocupadas 2

ilegalmente por 3.622 familias , mismas que tendrán que ser reasentadas en urbanizaciones regulares.

De acuerdo a datos preliminares presentados por medio de un estudio socio económico contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, de una muestra de 406 familias residentes en la zona de reserva de seguridad, se estima que el 85.22% son mujeres y el 14.78% son hombres. Del total de encuestados el 88.91% de las personas que habitan tienen una edad comprendida entre 15-54 años, distribuidos de la siguiente manera:

2

Censo realizado por el Instituto Geográfico Militar

Cuadro No. 2 Distribución de la muestra de población en la Zona de Reserva de Seguridad por edad

3

Fuente: PRI

Elaborado por: MIDUVI

De esta muestra, el 50.74% tiene un nivel de educación primario y el 19.70% instrucción secundaria. Así también, el 45.07% tiene trabajo, cuyos ingresos están comprendidos entre US$ 100 a US$ 350.

En lo que respecta a la posesión y estado de la vivienda, el 90.39% de las familias encuestadas declaran tener una vivienda propia asentada en el área reservada de seguridad, sin embargo solo el 45.32% de las viviendas se encuentran en buen estado. De acuerdo a las especificaciones técnicas y tipologías de las viviendas, gran parte de estas son de caña, A continuación se detalla las características más relevantes de las mismas: Cuadro No. 3 Tipo de Vivienda

4

Fuente: PRI Elaborado por: MIDUVI

3

PRI - PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE FAMILIAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, encuesta realizada por SantiagoPérez, investigación y estudios - Encuesta Ciudad Victoria – Guayaquil, 28 de febrero de 2011 4

Idem nota de pie No. 3

Cuadro N o. 4 Características de las viviendas

5

Fuente: PRI Elaborado por: MIDUVI

El 72.17% de estas viviendas tienen un solo ambiente, es decir carecen de divisiones habitacionales dentro de cada casa, lo que confirma el grado de hacinamiento en el cual viven las familias encuestadas.

Adicionalmente, el 89.16% de las familias encuestadas declaran como propio o en posesión legítima los terrenos en los cuales construyeron sus viviendas, el 8.87% no posee ningún tipo de referencia sobre la propiedad de la tierra que ocupa y el 1.97% declara haber recibido en cesión el derecho sobre la tierra.

5

Idem nota de pie No. 3

Estas cifras reflejan en la mayoría de familias la percepción de legalidad de la compra- venta de solares por parte de quienes comercializaban de manera ilegal los lotes de terreno en los sectores ocupados por las familias, así como el alto grado de informalidad de las transacciones

de compra venta de terrenos en el área reservada de seguridad, actualmente las familias conocen que dichas posesiones y cesiones no son legales.

En lo que se refiere al acceso a servicios básicos, solo el 0.74% de las familias se provee de agua por tubería, el resto de las familias por sistemas alternativos como la compra de agua a tanqueros (95.32%). El 97.78% de familias cubren sus necesidades sanitarias a través del uso del campo abierto, las letrinas y pozos sépticos sin conexión a redes de alcantarillado.

2.2.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El crecimiento poblacional y las migraciones internas en el país han impulsado un rápido proceso de urbanización: la tasa de crecimiento urbano es superior al de la población total, registrando 2,3% anual en la última década según los datos del censo de población y vivienda 2010.

Desde comienzos de los años 80 la población urbana a nivel nacional pasó a superar la rural, y en la actualidad, con 9,4 millones, representa el 65,7% del total. Se observa también una gran concentración en las grandes mayores ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca, pues albergan el 6

45,8% de la población urbana y en la última década tuvieron un crecimiento anual de 1,55% .

Este proceso de urbanización genera una fuerte demanda por vivienda, infraestructura urbana y servicios básicos. El déficit habitacional estimado es de aproximadamente dos millones de viviendas. Esto significa que el 55% del total de las viviendas presentan algún tipo de deficiencia en sus condiciones habitacionales, ya sea en términos cuantitativos (falta de vivienda para 692.216 familias), como cualitativos (1.302.478 viviendas consideradas inadecuadas). Se calcula que la demanda de nuevas unidades habitacionales es de alrededor de 64.300

7

por año. La

mayor parte de estos déficits se registran en las áreas urbanas, donde la oferta de vivienda formal es baja o inaccesible para los segmentos más pobres, resultando en que más del 70% de las viviendas existentes se edificaron de manera informal, sin respetarse las normas constructivas 8

y de urbanismo.

6

Datos de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador, 2010

7

Silvana Ruiz, Consultoría – Planificación MIDUVI 2010, producto 2, pp. 9-10

8

MIDUVI, 2009. Política habitacional y servicios de agua y saneamiento, periodo 2009 - 2025

Una de las formas más comunes de ocupación informal que ha tenido el país ha sido la urbanización o loteo ilegal, que se produce a partir de grandes extensiones de terreno de uso agrícola o ganadero, ubicadas en las periferias del suelo urbano de la ciudad, que son fraccionadas ilegalmente, es decir sin haber obtenido los permisos necesarios para fraccionamiento ni para cambio en la regulación de uso de ese predio de rural a urbano.

Dicho fraccionamiento generalmente se hace a través de dos mecanismos: por un agente privado particular (propietario original o no) que divide el terrero en parcelas y las comercializa como lotes, obteniendo así mayores utilidades de las que tendría al comercializar el terreno primario; o, por el propietario que vende derechos y acciones sobre una porción del terreno mismas que posteriormente son utilizadas por los titulares de dichos derechos para solicitar a un juez que de una sentencia de partición judicial.

En el caso de lotizadores ilegales, la situación es particularmente perversa porque, además de generar crecimiento irregular, ilegal y disperso de los asentamientos, incluye en la mayoría de los casos estafas a quienes compran los lotes, bajo el engaño de que se cuenta con los permisos necesarios para urbanización o de que estos se obtendrán en el corto plazo.

Otra forma de generación de asentamientos informales que experimentó el país se dio a partir de los procesos de invasión, es decir la ocupación ilegal y en ocasiones violenta de predios públicos o privados. En estas situaciones, una persona o un grupo de personas llegan a una extensión de suelo vacante (casi siempre en la periferia del límite urbano) para instalar sus viviendas con la expectativa de formalizar su situación de tenencia con el pasar del tiempo.

Este mecanismo de ocupación suele venir acompañado de asentamientos en zonas de riesgos y de procesos de auto construcción lo que en muchos casos deriva en la generación de condiciones no adecuadas de habitabilidad. Adicionalmente, como estos predios no estaban incluidos en las áreas urbanas de la ciudad están desprovistos de infraestructura de servicios domiciliarios, por lo que generalmente buscan satisfacer esta carencia haciendo conexiones ilegales a la red pública o a través de mecanismos alternativos que suelen estar gestionados por los mismos promotores del proceso de invasión.

Las condiciones habitacionales de las familias en estas urbanizaciones son precarias, debido a su limitado acceso a servicios básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado, pavimentación,

etc.), la mala calidad de las viviendas y el alto grado de hacinamiento. La ausencia de transporte público y la precaria condición de las vías dificulta la accesibilidad al resto de la ciudad, así como la prestación de servicios urbanos. Esto eleva los costos y los tiempos de desplazamiento hacia los centros urbanos, donde la mayor parte de los residentes trabaja. Además, tales urbanizaciones presentan escasos espacios para el esparcimiento y oferta insuficiente de servicios sociales, como escuelas, puestos de salud y servicios administrativos estatales.

Los problemas de urbanización informal son especialmente serios en Guayaquil. Su dinamismo económico ha atraído a un fuerte contingente migratorio, junto a la consecuente demanda por viviendas y servicios públicos, la cual no ha sido atendida satisfactoriamente. La búsqueda de nuevas áreas de expansión urbana ha resultado en una ocupación desordenada, y frecuentemente ilegal, de áreas de uso agrícola y/o de protección ambiental en la periferia de la ciudad. Como resultado, Guayaquil presenta el mayor número de invasiones a nivel nacional (33,40% de las áreas se encuentran invadidas).

En los últimos años, una de las áreas que más se ha expandido es el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil en la cual se ha desarrollado una intensa actividad de loteo ilegal, promovida por traficantes de tierra que actúan tanto en la promoción de invasiones y el fraccionamiento de tierras, como en la comercialización de lotes y la prestación de servicios a los pobladores. Estos servicios incluyen la distribución de agua, recolección de basura y hasta seguridad, se evidencia también el funcionamiento de guarderías, escuelas y centros de salud privados, que operan sin los permisos y licencias correspondientes. Este es el modelo de invasión predominante en la región, que resulta en asentamientos con carencias de servicios básicos, vías precarias, viviendas improvisadas, hacinamiento, violencia e inseguridad en la tenencia de la tierra. Se estima que el número de personas que habitan informalmente "en diferentes cooperativas lideradas por promotores de ocupación informal del suelo, bajo esquemas de diseño urbano inadecuados y desprovistos de normativas urbanísticas e inconexos entre sí" 9

(UCSG, 2010) en el noroeste de Guayaquil, ascienden aproximadamente a 350.000 habitantes .

Dada la magnitud del problema de la ocupación informal en el sector noroeste de la ciudad y por tratase de un área ambientalmente sensible y estratégica dado que este sector es atravesado por un canal de trasvase de aguas para el suministro de Guayaquil, el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 607 del 28/12/2010, declaró parte del sector como -Área Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena, en esta Área habitan ilegalmente,

9

Plan de intervención en la zona de expansión del Noroeste de la Ciudad de Guayaquil, Versión Preliminar, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social

10

3.622

familias que tendrán que ser reasentadas obligatoriamente.

Gran parte de estas familias habitan en viviendas cuyos materiales predominantes son paredes de caña, techos de zinc y piso de tabla o tablón, además carecen de servicios básicos, ya que la energía eléctrica es obtenida de un punto de conexión de forma clandestina, el acceso al servicio de agua potable es a través de carros repartidores o pozos, la eliminación de aguas servidas se hacen en gran parte por pozo séptico, situación que refleja las precarias condiciones en las cuales habitan estas familias y que han generado la aparición de diferentes tipos de enfermedades como la disentería amebiana, el cólera, diarrea, diarreas virales, hepatitis A, tifoidea, entre otras, afectando a la mayoría de sus pobladores que pertenecen a estratos altamente vulnerables. A continuación se observa la evolución de los asentamientos en el área de reserva de seguridad:

GUAYAQUIL- EVOLUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES DEL ÁREA RESERVADA DE SEGURIDAD AL PLAN HIDRÁULICO DEL ACUEDUCTO DE SANTA ELENA (2007-2011)

Fuente: Instituto Geográfico Militar

10

Censo realizado por el Instituto Geográfico Militar.

A través de la visualización de las fotografías aéreas se evidencia el acelerado proceso de ocupación del área de reserva de seguridad dentro de un área aproximada de 400 hectáreas, lo que ha generado el deterioro del ecosistema existente en la zona, el taponamiento de vertientes naturales de agua y la lotización de la zona.

Según la información del Instituto Geográfico Militar, los equipamientos públicos disponibles en el área general de intervención del programa, la situación es de extrema escasez. La ocupación espontánea ha resultado en deficiencias en la cantidad y calidad de los servicios públicos y en espacios de recreación. Hay solamente una vía de acceso (Avenida Casuarina) a la zona y ésta es congestionada y se encuentra parcialmente ocupada por comercio informal. Los demás accesos son precarios y el servicio de transporte público insuficiente, inseguro y de mala calidad. Esto dificulta no sólo el acceso al mercado de trabajo en Guayaquil, sino también la realización de cualquier trámite gubernamental ya que implica largos recorridos al centro de la ciudad, que generan tiempo y recursos económicos considerables. Las áreas de recreación y equipamientos deportivos tanto en la zona consolidada como la de ocupación reciente son prácticamente inexistentes. En materia de servicios sociales, los pocos establecimientos de educación públicos de la zona no dan abasto a la creciente demanda, aspecto que se replica con los servicios de salud pública.

Así también, los asentamientos irregulares (invasiones) dentro de la Zona de Seguridad han propiciado la degradación del sitio traducido en la modificación del paisaje por los cambios en el uso de suelo; levantamiento y remoción de la cobertura vegetal; tala del bosque seco tropical, arbustos y especies endémicas del área; erosión acelerada; migración de aves y mamíferos; inadecuado manejo y disposición final de desechos sólidos; generando un alto impacto ambiental.

Dada esta problemática es indispensable un modelo de intervención integral, que propicie el ordenamiento del crecimiento urbano, el incremento de la oferta de suelo y vivienda social y la complementación de los servicios públicos en las urbanizaciones existentes. Para lo cual en una primera fase se plantea ejecutar el presente proyecto en la ciudad de Guayaquil, y posteriormente replicar esta propuesta a nivel nacional, en una segunda fase.

2.3. Línea de Base Los principales indicadores base sobre los que el presente proyecto va a influir son:

En la zona de reserva de seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses existen 3.622 familias asentadas irregularmente. Las viviendas en las cuales habitan las familias no se encuentran en condiciones

adecuadas, el 72,66% de las viviendas son de caña, el 97,05% techos de zinc y el 15,52% de estas posee piso de tierra. Con respecto al acceso a servicios públicos el 0,74% de las familias se provee de agua potable por tubería y el 99,26% por sistemas informales. El 0,25% de las familias tienen acceso a servicio de alcantarillado , el porcentaje restante cubren sus necesidades sanitarias a través del uso del campo abierto, las letrinas y pozos sépticos El 100 % de las familias del área reservada de seguridad no tienen acceso a servicios públicos de educación, salud, trasporte, espacios de recreación y esparcimiento ni servicios públicos administrativos.

92.105 familias residen en asentamientos informales en el sector Noroeste de Guayaquil sin servicios básicos adecuados.

2.4. Análisis de Oferta y Demanda 2.4.1 Demanda Demanda La población de referencia está constituida por el número de familias que habitan en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil, que según las últimas estadísticas censales al año 2010 cuenta con una población de 2.278.691 habitantes, que traducido a número de familias ascienden a 506.376. (Promedio de 3.8 hab. por familias según INEC 2010).

Para la determinación de la demanda potencial se consideró a la población que habita en el área reservada de seguridad y en zonas caracterizadas por la presencia de asentamientos informales en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se tomó como referencia la información del Plan de intervención integral en la zona de expansión del noroeste de la ciudad de Guayaquil (Versión Preliminar) del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social- MCDS, en el que se manifiesta que en Guayaquil existe una extensión mayor a 6.000 hectáreas en las cuales se asientan aproximadamente 350.000 habitantes"; es decir, 92.105 familias (350.000hab/3.8) viviendo "en diferentes cooperativas lideradas por promotores de ocupación informal del suelo, bajo esquemas de diseño urbano elementales y desprovistos de normativas urbanísticas e inconexos entre sí.

Una

vez

estimada

la

demanda

potencial

se

deduce

que

la

población

que

efectivamente demanda los bienes y servicios que proveerá el proyecto es igual a la población demandante potencial es decir 92.105 familias que habitan en zonas informales y que deben ser reasentadas.

Cuadro No. 5 Determinación de la Demanda del Proyecto

DEMANDA

REFERENCIA

POTENCIAL

EFECTIVA

FAMILIAS

506.376

92.105

92.105

Fuente: INEC 2010 Elaborado por: MIDUVI

Para efectos de diseño de este proyecto la demanda actual efectiva se mantendrá constante dado que las normativas técnicas de desarrollo urbano del MIDUVI están enfocadas a no permitir que se produzcan nuevos asentamientos ilegales en el área de influencia del proyecto, específicamente en el Área de reserva de seguridad.

Oferta Actualmente en la zona de intervención, se encuentran en proceso de desarrollo varios programas habitacionales, que constituyen parte de la oferta de vivienda para el grupo de intervención del programa entre los cuales están:

Ciudad Victoria, ubicado en un lote de 113 Has en el sector denominado Las Iguanas. Prevé la construcción de 8.000 unidades de vivienda, con departamentos dúplex y casas unifamiliares y con equipamientos de salud, comercio, educación y comunitarios. Este es un proyecto que asocia al MIDUVI con constructores privados a través de la figura del bono, ahorro y crédito.

Ciudad Olmedo, proyecto privado de alrededor de 10.000 unidades de vivienda. Mi Lote, programa de vivienda financiado por el Municipio de Guayaquil en un área total 118.85 Has con un total de 10.000 lotes.

María Paydar, programa de regularización de la ocupación en un predio del BEV ubicado en el sector de Monte Sinaí/Valerio Estacio, en donde se estima construir 5000 viviendas.

Socio Vivienda primera y segunda etapa, programa de vivienda social con una oferta de 16.565 unidades en un área total de 253.18 Has. De los proyectos programados es importante indicar que la oferta actual ascienden a 2.244 unidades habitacionales correspondiente a los proyectos Socio Vivienda primera etapa (1.444) y Ciudad Victoria (800) que actualmente se están ejecutando, por lo que la oferta futura para el periodo 2012-2015 asciende a 47.321 unidades habitacionales. En el siguiente cuadro se detalla la oferta actual y futura del proyecto para el periodo 2011-2015. Cuadro No. 6 Oferta actual y futura

PROYECTO

Familias beneficiadas al2011

Ciudad Victoria

Familias TotalOferta20 15 beneficiadas20122015

800

7.200

8.000

Ciudad Olmedo

10.000

10.000

Mi Lote

10.000

10.000

María Paydar

5.000

5.000

Socio Vivienda I

1.444

15.121

16.565

TOTAL

2.244

47.321

49.565

Fuente: Visita de campo Elaborado por: MIDUVI

Estimación del déficit Sobre el balance de la oferta-demanda se establece el déficit actual y futuro bajo las consideraciones mencionadas anteriormente: Cuadro No.7 Demanda Insatisfecha

PERIODO

OFERTA

DEMANDA

2011 – 2015

49.595

92.105

DEMANDA INSATISFECHA 42.540

Fuente: Análisis demanda y oferta Elaborado por: MIDUVI

Es indispensable indicar que si bien se ha identificado la demanda insatisfecha, este proyecto está enfocado a atender la demanda actual a través de los incentivos económicos para vivienda de interés social del Sistema de Incentivos para vivienda (SIV) articulados a los planes de viviendas existentes y que se han identificado como parte de la oferta de este proyecto.

2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo La población objetivo del proyecto es de 8.738 familias, que corresponden a 3.622 familias asentadas ilegalmente en el Área Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena y que deben ser reasentadas obligatoriamente del lugar y a 5.116 familias que residen en asentamientos informales en la ciudad de Guayaquil, que podrán acceder al actual Sistema de Incentivos de Vivienda

11

y acceder a un bono hasta 6.000 dólares, cuyo proceso de

reasentamiento es voluntario, las cuales presentan las siguientes condiciones:

Limitado acceso al suelo para espacio público y la construcción de vivienda en general, producto del esquema concentrador de propiedad de tierra y de procesos especulativos 11

Decreto Ejecutivo No. 1419 del 22 de enero del 2013

con escaso control. Sectores de bajos ingresos excluidos de oferta formal de suelo y acceso a vivienda. Baja

cobertura

de

servicios

públicos

de

agua

potable,

energía

eléctrica

alcantarillado y recolección de residuos sólidos. Acceso limitado a servicios de salud, educación y cultura. Escasas oportunidades de desarrollo de iniciativas productivas para mejorar su situación económica. No reúnen las características económicas para ser calificados como sujetos de crédito dentro del sistema financiero tradicional.

Para caracterizar a la población objeto del reasentamiento se utiliza la encuesta realizada por 12

Santiago Pérez , consultor del BEV- investigación y estudios,

Encuesta Ciudad Victoria,

Guayaquil, 28 de febrero de 2011.En base a esa encuesta, es posible establecer una caracterización socioeconómica general donde: el 61.5 % son mujeres jefas de hogar. Las familias son constituidas de 4 a 5 miembros, con un máximo de 12 y un mínimo de 1 individuo en la muestra encuestada. Las viviendas son unifamiliares y existe solo un pequeña porcentaje de cohabitación entre 2 familias (2%). Los jefes y jefas de hogar son predominantemente jóvenes, pues en un 50% de las familias se encuentran entre las edades de 23 a 38 años. Gráfico No.1 Demanda Insatisfecha

Fuente: PRI Elaborado por: Marisa Texeira

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1.

Objetivo General y Objetivos Específicos

13

12

PRI - PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE FAMILIAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Dimensión y perfil socioeconómico de familias afectadas 13

El objetivo general se encuentra descrito en la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD), del Programa Nacional de Desarrollo Urbano (EC-L1099) y los objetivos específicos corresponden a los componentes establecidos en el POD.

General Mejorar las condiciones habitacionales y socio económicas de las familias de bajos ingresos asentadas de manera irregular, promoviendo su acceso a servicios básicos y vivienda adecuada.

Específicos 1. Desarrollar intervenciones urbanas integrales en la zona noroeste de Guayaquil a través del reasentamiento de familias que ocupan ilegalmente tierras consideradas de protección ambiental, el aprovisionamiento de servicios básicos, equipamientos sociales, servicios públicos y áreas verdes así como la rehabilitación ambiental y protección de las áreas desocupadas. 2. Fortalecer el desarrollo institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, para garantizar la adecuada gestión y coordinación de las actividades a ejecutarse en el área de intervención y de tal modo que se asegure la sostenibilidad del proyecto. 3. Gestionar y monitorear las actividades a ser ejecutadas dentro del marco del proyecto.

3.2 Indicadores de resultado Los principales resultados a ser alcanzados con la ejecución del proyecto son:

1. Para el año 2015, 3622 familias que habitaban en la Zona de Reserva de Seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses, son reasentadas exitosamente y cuentan con viviendas de calidad y acceso a servicios públicos. 2. Al año 2015 el 100% de las familias reasentadas de la zona de reserva de seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses, viven en casas con materiales permanentes y pisos firmes, con acceso a agua potable entubada en su domicilio y a servicio de alcantarillado sanitario. 3. Al año 2016, 5.116 familias residentes en zonas informales reciben incentivos económicos para la adquisición de vivienda nueva con servicios públicos de calidad. 4. Al año 2015 la zona de intervención dispondrá de 1 centro de atención a los ciudadanos y servicios sociales implementado (centralidad urbana). 5. Al año 2015, 400 hectáreas de la zona de seguridad han sido desocupadas de asentamientos informales y rehabilitados ambientalmente. 6. En el año 2013 se cuenta con 1 oficina equipada para la coordinación del proyecto por parte del MCDS. 7. Al finalizar el proyecto (2016) se cuenta con 8 informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del proyecto.

3.3. Matriz de Marco Lógico Resumen Narrativo de Objetivos FIN: Contribuir a la reducción de asentamientos ilegales y a la generación del ordenamiento del crecimiento urbano en el sector noroeste de Guayaquil.

PROPÓSITO: Mejorar las condiciones habitacionales y socio económicas de las familias de bajos ingresos asentadas de manera irregular, promoviendo su acceso a servicios básicos y vivienda adecuada.

Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificación

Supuestos

Al año 2016 se ha contribuido a reducir en el 22% los asentamientos informales de la demanda insatisfecha identificada.

Encuesta de condiciones de vida

La situación económica y política es idónea. Que la población se acoja al proceso de reasentamiento y utilice los bienes y servicios entregados para mejorar su productividad y desarrollo endógeno.

Al finalizar el proyecto 8.738 familias del área de seguridad y de la zona noroeste de Guayaquil, han sido reasentadas y cuentan con una vivienda adecuada y servicios básicos de calidad.

Archivo de Informes de gestión MIDUVI. Informes de seguimiento y evaluación del proyecto de acuerdo al cronograma de ejecución de proyecto y reglamento operativo por parte de MIDUVI y BID.

La población participe activamente en los proyectos de vivienda. Se mantiene el apoyo del gobierno seccional y nacional para la culminación integral del proyecto.

1.1 Al año 2015 3.622 familias del área de seguridad han sido reasentadas exitosamente y cuentan con viviendas y servicios básicos adecuados. (al año 2012, 350 familias; al año 2013,1450 familias; al año 2014, 1822 familias)

Actas de entrega recepción de obras y escrituras individuales de las viviendas.

Se priorizan las asignaciones presupuestarias para este proyecto por parte del MEF.

1.2 Al año 2016, 5.116 familias de zonas informales de noroeste de Guayaquil beneficiadas con el incentivo económico cuentan con vivienda nueva y servicios básicos. (al año 2014,1700 familias; al año 2015, 2116 familias; al año 2016, 1300 familias)

Actas de entrega e incentivos económicos.

COMPONENTES:

1. Intervenciones urbanas integrales desarrolladas en la zona noroeste de Guayaquil a través del reasentamiento de familias que ocupan ilegalmente tierras, el aprovisionamiento de servicios básicos, equipamientos sociales, servicios públicos y áreas verdes así como la rehabilitación ambiental y protección de las áreas desocupadas.

Existe apoyo de las autoridades institucionales y otras entidades gubernamentales locales y nacionales. No existen demoras causadas por procedimientos contractuales. Las familias se acogen al plan de reasentamientos. Los ministerios sectorial del área de desarrollo social trabajan coordinadamente para la ejecución del proyecto.

2. Desarrollo institucional del MCDS y del MIDUVI fortalecido garantizando la adecuada gestión y coordinación de las actividades a ejecutarse en el área de intervención. 3. Gestión y monitoreo de las actividades ejecutadas dentro del marco del proyecto realizado

ACTIVIDADES: 1.1 Entrega de incentivos económicos para reasentamientos. 1.2 Entrega de incentivos económicos para vivienda regular. 1.3 Aplicación del plan de reasentamientos involuntarios (acompañamiento social) 1.4 Elaboración y desarrollo del plan de manejo ambiental. 1.5 Implantación de centros culturales 1.6 Construcción de centros integrados de servicio público

1.3 Al finalizar el proyecto, año 2016, 1 centro de atención a los ciudadanos y servicios sociales han sido implementados (centralidades urbanas).

Informes de Fiscalización y Supervisión de obras.

1.4 Al 2015, 400 hectáreas de la zona de seguridad han sido desocupadas de asentamientos informales y rehabilitados ambientalmente.

Informes de Supervisión. Plan de manejo ambiental

1.5 Al 2015, Aplicación del plan de reasentamientos involuntarios (acompañamiento social)

Informes de Supervisión plan de Reasentamiento Involuntario, que incluye el soporte social. Constatación física Informes y actas de entrega recepción de bienes

2.1 En el primer semestre del año 2013 se cuenta con 1 oficina equipada para la coordinación del proyecto por parte del MCDS en funcionamiento

3.1 Al finalizar el proyecto (2016) se cuenta con 8 informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del proyecto.

Plan de monitoreo y evaluación del proyecto Informes de supervisión MIDUVI y BID de acuerdo a cronograma de ejecución y reglamento operativo.

23.300.000

Informes de ejecución y avance de proyectos de las Direcciones provinciales.

30.700.000

1.500.000

500.000

16.000.000

La canalización de recursos es oportuna. Los demandantes cumplen con los requerimientos técnicos de acceso a los apoyos económicos. Existe una adecuada oferta local de profesionales e iniciativa privada para el desarrollo de los proyectos

1.7 Creación de áreas verdes y de recreación 1.8 Expropiación de terrenos Subtotal

2.458.730 74.458.730,00

2.1 Coordinación interinstitucional local 2.2 Fortalecimiento Institucional al MIDUVI Subtotal

320.000 680.000 1.000.000

3.1 Gestión del programa 3.2 Auditorías externas

1.500.000 320.000

3.3 Monitoreo y evaluación Subtotal

180.000 2.000.000

TOTAL

77.458.730,00

4. VIAVILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1. Viabilidad Técnica Este proyecto está enfocado a minimizar los incentivos para la ocupación irregular de terrenos y mejorar la fiscalización urbana como forma de enfrentar el problema de la ocupación ilegal de tierras en las zonas de expansión de las ciudades. Esto permitirá enfocar directamente los factores que dan origen al problema de las invasiones, mediante la atención a la demanda de las familias por vivienda a precios asequibles, acompañado del refuerzo de la fiscalización de las regulaciones relativas a la ocupación y fraccionamiento de tierras. De este modo, el proyecto combina: la oferta de vivienda por el sector privado, apoyada por el subsidio para vivienda social del Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV) junto con el control de nuevas ocupaciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, debido a que una parte de la zona de intervención ha sido

declarada-

como

área

reservada

de

seguridad.

Además,

se

prevé

el

reasentamiento de las familias que ya residían en tierras ocupadas ilegalmente aumentando su bienestar y favoreciendo la protección ambiental y el ordenamiento urbano del área.

Podrán ser beneficiarios del programa (apoyos económicos) los ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años, de cualquier estado civil, jefes de núcleo familiar, o menores jefes de familia (mayores de 15 años) siempre y cuando ningún miembro sea propietario de vivienda en el territorio nacional, un ahorro obligatorio de hasta el 10% del valor total de la vivienda y demás requisitos para acceder al Sistema de Incentivos para Vivienda establecidos en la normativa vigente.

Las familias que actualmente se encuentran asentadas en la Zona de Seguridad y serán beneficiarias del programa (reasentamiento)

deben constar

en

el

Censo

del

Instituto

Geográfico Militar, mismo que fue el documento habilitante para la expedición del Decreto

Ejecutivo que dispuso el desalojo de la zona.

Las acciones de vivienda y desarrollo urbano llevadas a cabo por el MIDUVI en el ámbito de este programa, serán complementadas por acciones de otros ministerios especialmente los sociales. Después de la declaración del Área Reservada de Seguridad, el gobierno nacional ha elaborado un plan integral para mejorar las condiciones. El Banco Interamericano de Desarrollo BID, tiene una amplia experiencia en este tipo de programas, la cual ha sido adquirida mediante la ejecución de diversas operaciones de vivienda y de mejoramiento integral de barrios. En Ecuador, desde el año 1997 el Banco viene apoyando la implantación del Sistema de Incentivo a la Vivienda, un programa que se basa en el otorgamiento de un apoyo económico a familias de escasos recursos, el cual es complementado con los ahorros y créditos hipotecarios, permitiéndoles adquirir una vivienda nueva o mejorar una existente. El Banco lo financia a través del Programa Nacional para Infraestructura Social de Vivienda (2279/OC-EC), actualmente en ejecución.

A continuación se detalla los tres componentes que se han estructurado para la ejecución del proyecto:

Componente 1—Intervenciones urbanas integrales Este componente se divide en tres subcomponentes: Reasentamiento y vivienda social; protección ambiental; y centralidades urbanas. A) Reasentamiento y Vivienda Social. Este subcomponente financiará subsidios a las familias, denominados

Apoyos

Económicos

(AE),

para

la

adquisición

de

viviendas

y

la

implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario a fin de dar apoyo a este proceso.

Ya se están construyendo viviendas como parte de varios proyectos inmobiliarios cercanos a la zona, lo que significa que ya se están generando alternativas de proyectos para las familias que serán reasentadas. Es necesario aclarar que las familias tienen la libertad de escoger el lugar y el proyecto en el cual desean reasentarse. Mientras se construyen las soluciones habitacionales para las familias asentadas en el Área de Seguridad, éstas no serán desalojadas.

-

Apoyos Económicos (AE). Se financiarán AE para la adquisición de viviendas nuevas. Estos AE serán acompañados de créditos hipotecarios viabilizados a través de la línea de vivienda del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria, y las Instituciones Financieras que reúnan las características para atender a este sector de la población, créditos que complementarán el pago para la adquisición de las viviendas. Los AE estarán destinados a las familias que serán reasentadas del área Reservada de Seguridad y a las familias que residan irregularmente en zonas más

consolidadas de la ciudad de Guayaquil que en forma voluntaria desee asentarse en proyectos regulares de vivienda. Son

elegibles para obtener un AE financiado por el Programa, aquellas familias

asentadas en el ARS, declarada y definida en el Decreto Ejecutivo No. 607 promulgado el 28 de Diciembre del 2010, y aquellas familias asentadas en el Canal del Trasvase 14

donde se va a construir el Parque Lineal, que cumpla con los siguientes requisitos : a. Que hayan residido o se encuentren residiendo en las áreas anteriormente mencionadas b. Que se encuentren registradas en el Proceso Catastral realizado por el IGM en el ARS y por el MIDUVI en el Trasvase; c.

Que ningún miembro del núcleo familiar haya sido sentenciado por delitos relacionados con el tráfico de tierras;

d. Que ningún miembro del núcleo familiar sea propietario de algún bien inmueble en la provincia del Guayas, ni haber recibido con anterioridad un Bono de Vivienda o AE por parte del MIDUVI, excepto en el caso de las familias beneficiadas con una vivienda entregada por la Corporación ―Hogar de Cristo‖; y,

e. El postulante o cualquier miembro del grupo familiar que sea sujeto de crédito deberá contar con la pre aprobación de un crédito por parte de una Institución Financiera (IF), cuyo monto cubra la diferencia entre el valor de la vivienda y el AE que le otorgará el MIDUVI. Para ello, el postulante o cualquier miembro del grupo familiar que sea sujeto de crédito deberá presentar un certificado de compromiso de crédito, suscrito y sellado por la IF, requisito necesario.

Los AEs serán de monto variable de acuerdo con la capacidad de pago de las familias afectadas, considerando su situación económica, en el caso de aquellas familias que no poseen ninguna capacidad de pago, la misma que haya sido determinada por el análisis realizado por la IF, se les otorgará un AE que cubrirá el valor total de la vivienda, el cual alcanzará un valor de Trece Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América

15

(USD $ 13.500,00) , valor que incluye el terreno y la infraestructura básica; para aquellas familias que poseen capacidad de pago, el AE se complementará con un crédito 14

Acuerdo Ministerial No. 120 del 5 septiembre del 2012, Reglamento Operativo del PNDU; Acuerdo ministerial No. 125 del 4 de octubre del 2012, 1er Reforma al Reglamento Operativo del PNDU. 15 Este apoyo fue instituido por el Decreto Ejecutivo No. 1419 de 22 de enero del 2013, el cual establece el bono de emergencia en sus dos modalidades que son: reposición y reasentamiento.

hipotecario otorgado por alguna IF, para cubrir la diferencia entre el AE otorgado y el valor total de la vivienda nueva.

La capacidad de pago será determinada por las IFs, las cuales deben ser aceptadas por el MIDUVI para participar en este Programa y se acogerán a lo señalado en el presente ROP de acuerdo a un análisis de los ingresos y egresos mensuales del postulante. Para la determinación del monto del crédito, se verificará que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos disponibles por el núcleo familiar. El MIDUVI ha definido los siguientes rangos para el AE diferenciado:

RANGOS DEL AE DIFERENCIADO Valor AE Valor del Crédito 6000 7500 6500 7000 7000 6500 7500 6000 8000 5500 8500 5000 9000 4500 9500 4000 10000 3500 10500 3000 11000 2500 11500 2000 Para las familias con capacidad de pago inferior a US$ 2.000,00, el AE será por el monto de US$ 13.500,00 Para el caso de aquellas familias de bajos ingresos residentes de manera irregular en el

noroeste de la ciudad de Guayaquil y que deseen voluntariamente mudarse de su residencia actual a proyectos regulares de vivienda dentro del marco del Programa, 16

podrán solicitar un AE de acuerdo a los siguientes requisitos :

a. Ser ciudadano ecuatoriano; b. Para el otorgamiento del AE a personas extranjeras, se entenderá a aquellas que se encuentran en condición de asilo o refugio, como lo determina el Art. 41 de la Constitución de la República del Ecuador, o que se encuentren en territorio ecuatoriano en forma legal y regularizada su categoría migratoria; 16

Acuerdo Ministerial No. 120 del 5 septiembre del 2012, Reglamento Operativo del PNDU; Acuerdo ministerial No. 125 del 4 de octubre del 2012, 1er Reforma al Reglamento Operativo del PNDU

c. Que resida como mínimo dos (2) años en las zonas irregulares o de invasión ubicadas en el sector noroeste de la ciudad de la ciudad de Guayaquil; d. Ser Jefe/a de núcleo familiar; e. Ser mayor de diez y ocho años o menor adulto, mayor de quince años, jefe/a de familia, que en éste caso postulará con un tutor; f.

De estado civil casado, divorciado, viudo o en unión libre legalmente reconocida;

g. El postulante al AE, si está inscrito en el Registro Social deberá cumplir un puntaje de 0 hasta 52.90. presentara una

En caso de no constar en el Registro Social

declaración juramentada de sus ingresos, los cuales no

superarán los 2.9 SBU h. Que ningún miembro del núcleo familiar haya sido sentenciado por delitos relacionados con el tráfico de tierras; i.

Que ningún miembro del núcleo familiar sea propietario de algún bien inmueble a nivel nacional, ni haya recibido con anterioridad un Bono de Vivienda o AE por parte del MIDUVI. En el caso de las familias beneficiadas con una vivienda entregada por la Corporación ―Hogar de Cristo‖, podrán acceder a este AE incluso si para la adquisición de esta vivienda ya recibieron el Bono del MIDUVI;

j.

Disponer de un ahorro previo de por lo menos el 10% del valor de la vivienda a ser adquirida;

k. El postulante deberá contar con la aprobación previa del crédito por una IF por la diferencia entre el valor de la vivienda y la suma del valor del AE que le l.

otorgará el MIDUVI y el ahorro programado de la familia. Para ello, deberá presentar un certificado de compromiso de crédito, suscrito y sellado por la entidad que lo otorgará.

m. En el caso del beneficiario que NO recibe el bono de desarrollo humano, se solicitará: Certificado de asistencia regular a una unidad educativa, de los niños o jóvenes entre 5 y 18 años

Copia del carnet de vacunación en el que consten las vacunas recibidas por el niño, entre 0 y 5 años, hasta la fecha de postulación. Certificado del beneficiario o de su cónyuge de haber cursado hasta el segundo grado de básica o un certificado de inscripción en un curso de alfabetización y

antes de la entrega de la vivienda un certificado de haber asistido regularmente al curso

El AE destinado para éstas familias se rige por la legislación nacional vigente, que establece un valor actual de Seis Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 6.000,00),

en la modalidad para la adquisición de vivienda

DEPARTAMETNO, o de Cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 5.000,00), en la modalidad para la adquisición de vivienda CASA, hasta 17

un precio de vivienda de US$ 15.000 .

-

Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI). Se financiarán los gastos del PRI que fue elaborado para apoyar al total de las familias (3.622) del Área Reservada de Seguridad que obligatoriamente deben ser

reasentadas y que constan en el Censo

realizado por el Instituto Geográfico Militar. Las familias que serán reasentadas del Área Reservada de Seguridad por el programa. El PRI incluye: (i) apoyo técnico al equipo social de la Oficina de Gestión Participativa del MIDUVI en Guayaquil; (ii) las actividades de acompañamiento social, mediante la contratación de una Organización No Gubernamental (ONG) o empresa especializada en coordinación con el equipo social del MIDUVI ; (iii) costo del traslado de familias y actividades económicas; (iv) seguimiento durante el traslado y actividades de capacitación; y (v) monitoreo y seguimiento de la totalidad del proceso, el cual será realizado por una firma especializada. Las opciones propuestas para las familias que serán reasentadas son preferiblemente en viviendas ubicadas en los proyectos habitacionales de Ciudad Victoria y Socio Vivienda II, o en otro emprendimiento de MIDUVI o predio propio pre-existente donde se aplique el bono de vivienda y las condiciones socioeconómicas y crediticias de la familia le permitan acceder a viviendas compatibles con las ofrecidas en Ciudad Victoria y Socio Vivienda II.

b) Protección ambiental. El área de intervención del Programa será declarada formalmente como Bosque y Vegetación Protectores dentro del Área Reservada de Seguridad mediante Acuerdo del Ministerio del Ambiente. Para viabilizar la protección de esta área, el Programa apoyará la elaboración del respectivo Plan de Manejo Ambiental y la creación de viveros para el desarrollo de especies nativas que serán sembradas en el área. Se financiará también la remoción y manejo de los escombros en las áreas que serán desocupadas y su recuperación.

c) Centralidad Urbana. Comprende el establecimiento de un centro de atención para los 17

Este apoyo fue instituido por el Decreto Ejecutivo No. 1419 de 22 de enero del 2013

ciudadanos y una serie de servicios de utilidad pública y áreas verdes para servir a la población de la zona de influencia del Programa. Estos servicios serán construidos en hasta tres áreas ubicadas estratégicamente en el área de intervención de modo de facilitar el acceso a los residentes de la región. Se construirán los siguientes tipos de instalaciones: (i) centros culturales y casas comunales— conteniendo servicios como bibliotecas, mediatecas, centro de documentación e información digital, salones de usos múltiples y salas de reuniones; (ii) centro integrado de servicios públicos como servicios de registro civil, oficinas de trámites y otras ventanillas de servicios públicos; (iii) áreas comerciales y de servicios, con patio de comidas y quioscos para pequeños negocios; y (iv) plazas barriales y juegos infantiles. También se financiará la creación de un parque lineal a lo largo del canal de trasvase del Río Daule (que servirá para su protección y para recreación) y dos parques sectoriales.

La gestión y administración de esta infraestructura será responsabilidad de los organismos competentes del Estado. Todo cambio en el número o alcance de las obras programadas deberá ser acordado entre el MIDUVI y Organismos Competentes del Estado. Para ello, se deberá contar con los estudios técnicos. Dichos cambios deben estar alineados con los objetivos del programa. Además el MIDUVI presentará al BID la documentación de soporte que permita verificar:

1. El sitio escogido para el emplazamiento de la centralidad no debe encontrarse en áreas de posibles deslizamientos, inundaciones, avalanchas o que puedan constituir en un riesgo para la vida de las personas.

2. El diseño estructural de cada edificación construida en la centralidad deberá contar con las características de sismo-resistencia establecidas en la normativa nacional, además de las cargas vivas y muertas recomendables para este tipo de estructuras.

3. Los diseños arquitectónicos deben: (3.1) incluir facilidades de acceso para personas con discapacidad; (3.2) considerar las características climáticas de la zona en donde se ubicará la centralidad de tal manera que promueva a eficiencia energética de la edificación y un micro clima agradable al interior de la misma; (3.3) contemplar cuando sea posible, los conceptos y principios de construcción bioclimática o ecológica (greenbuilding); y, (3.4) incorporar señalización gráfica de fácil entendimiento.

4. Los permisos ambientales, sanitarios y de construcción, deben estar disponibles o

encontrarse en proceso de obtención.

Componente 2—Desarrollo institucional Este componente apoyará las siguientes actividades:

a) Coordinación

interinstitucional

local.

Este

subcomponente

apoya

el

equipamiento de una oficina del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social(MCDS) para implementar las acciones de coordinación de los ministerios sociales en

el

área

de

intervención. Se financiará además la contratación de una consultoría para realizar la evaluación de las intervenciones sociales en el área, a fin de medir su impacto y generar un modelo para otras áreas del país.

b) Soporte técnico al MIDUVI. Este subcomponente incluye el apoyo al MIDUVI en la ejecución de los componentes del Programa, mediante la contratación de consultorías especializadas (en las áreas de adquisiciones, gestión financiera, sistemas de información, ingeniería e infraestructura, ambiental, social, y evaluación). En total se prevé la financiación de 40 meses de consultoría. Se financiará también la adquisición de equipamiento tecnológico.

Componente 3— Gestión y monitoreo del programa Este componente comprende el financiamiento de los gastos del MIDUVI para la gestión del programa, las auditorías externas y las actividades comprendidas en el esquema del plan de monitoreo y evaluación (Anexo 1).

El análisis realizado por el equipo del B a n c o I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o sobre los proyectos de vivienda y de centralidades, comprobó que los diseños de los proyectos de urbanización y planos de las viviendas que serán adquiridas parcialmente con los apoyos financiados por el programa utilizaron criterios y métodos de cálculo y dimensionamiento adecuados, basados en estándares de ingeniería aceptados internacionalmente. Además, corresponden a alternativas técnicamente viables y ampliamente probadas en condiciones similares en el país. Los diseños y planos constructivos de las obras a ser financiadas en el componente 1 se consideran de baja complejidad desde el punto de vista de ingeniería y no presentan dificultad especial de tipo técnico, ni en su construcción ni en su operación.

Con respecto a los procesos de adquisición de obras y bienes, esta se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-9 (―Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo‖), de marzo de 2011 (en adelante denominado las ―Políticas de Adquisiciones‖), que el Prestatario declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)

La participación de los proveedores o contratistas en los procesos de adquisición de

obras, bienes y servicios relacionados no podrá estar condicionada a su inscripción previa en el Registro Único de Proveedores. Los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios relacionados deberán asegurar la libre participación de proveedores y contratistas originarios de los países miembros del Banco, de acuerdo con los principios establecidos en las Políticas de Adquisiciones.

(b)

Licitación pública internacional: Salvo que el inciso (c) de esta cláusula establezca lo

contrario, los bienes y las obras deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones. En este caso, se utilizarán los Documentos Estándar de Licitación (DEL) aprobados por el Banco.

(c)

Otros procedimientos de adquisiciones: Los siguientes métodos de adquisición podrán ser

utilizados para la adquisición de las obras y los bienes que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de Adquisiciones:

(i)

Licitación Pública Nacional, para obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de tres millones de dólares (US$3.000.000) por contrato y bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos cincuenta mil dólares

(US$250.000) por contrato, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de dichas Políticas, y siempre que su aplicación no se oponga a las garantías básicas que deben reunir las licitaciones y a las Políticas de Adquisiciones.

(ii)

Comparación de Precios, para obras cuyo costo estimado sea menor al

equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US$250.000) por contrato, y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de cincuenta mil dólares (US$50.000 por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.

(d)

Para los métodos de adquisición establecidos en el inciso (c) (i) y (ii) anteriores, el

Organismo Ejecutor acordará con el Banco los DEL compatibles con las Políticas de Adquisiciones. Las especificaciones y el mecanismo de coordinación entre el Banco y el Organismo Ejecutor serán detallados en el Reglamento Operativo referido en la Cláusula 3.02(a) de estas Estipulaciones Especiales.

(e)

Otras obligaciones en materia de adquisiciones. El Prestatario se compromete a llevar a

cabo, por intermedio del Organismo Ejecutor, la adquisición de las obras y bienes de conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de precalificación o de una licitación; y en el caso de obras, a obtener con relación a los inmuebles donde se construirán las

obras

del

Programa,

antes

de

la iniciación de las obras, la posesión legal, las

servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras.

(f)

Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:

(i)

Planificación de las Adquisiciones: (A) Antes de que pueda efectuarse

cualquier llamado de precalificación o de licitación, según sea el caso, para la adjudicación de un contrato, el Prestatario deberá presentar, por intermedio del Organismo Ejecutor, a la revisión y aprobación del Banco, mediante la introducción en el sistema de ejecución y seguimiento del plan de adquisiciones, el Plan de Adquisiciones propuesto para el Programa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. (B)

Para los propósitos de informar al

Banco sobre el progreso y avance de las adquisiciones del Programa, el Prestatario se compromete a que el Organismo Ejecutor deberá: (1) mantener actualizada la información contenida en el sistema de ejecución y seguimiento del Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco para el Programa; y (2) revisar el Plan de

Adquisiciones aprobado por el Banco, anualmente o según las necesidades del Programa, durante su ejecución, y cada versión revisada será sometida a la revisión y

aprobación del

Banco, mediante la introducción en el sistema de ejecución y

del

seguimiento

Plan

de

Adquisiciones, de la información actualizada. La adquisición de los bienes y obras deberán ser llevados a cabo de conformidad con dicho plan de

adquisiciones aprobado por el Banco y

con lo dispuesto en el mencionado párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones.

4.2. Viabilidad Financiera y/o Económica

4.2.1. Metodología utilizada para el cálculo La metodología utilizada para el cálculo de la inversión adoptó un análisis de costo mínimo, estimado por el costo promedio de las viviendas a adquirir con los incentivos económicos otorgados por el programa. Este costo incluye el valor del terreno, de las obras de urbanización y

la dotación de los servicios públicos básicos.

El proyecto está dimensionado para 8.738 unidades habitacionales y el cálculo de los beneficios está basado en la metodología de costos evitados y ahorro generado en distintas variables a cada grupo familiar que ocupará estás viviendas.

No se ha estimado los costos de operación y mantenimiento dado que estos serán asumidos por las familias beneficiarias ya que no es competencia de la entidad ejecutora cubrir estos costos. Sin embargo en el análisis de determinar los grupos a beneficiarse se considerara la capacidad de pago de las familias a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

4.2.2.

Identificación y Valoración de la inversión total y beneficios: Valoración de la

Inversión El análisis se basa en la razonabilidad de los precios unitarios con respecto a los precios de mercado representativos de la zona de Guayaquil donde serán construidas

las referidas

viviendas.

El análisis determina que el precio de US$13.500 por vivienda para los reasentamientos corresponde a una solución básica pero adecuada, con un precio mínimo y razonable para el estándar de vivienda social para familias de bajos ingresos en el Ecuador.

El esquema asegura que todas las familias asentadas en el área reservada de seguridad afectadas por el reasentamiento, independientemente de su capacidad económica, serán atendidas y/o financiadas por el programa en concordancia con la política del Banco Interamericano de Desarrollo; además el programa incluye obras de edificaciones de uso público, parques y otras facilidades ubicadas en las centralidades a financiarse. Estas obras fueron igualmente analizadas en cuanto a la razonabilidad de los costos, la adecuación de los diseños y para verificar si los precios unitarios utilizados son compatibles con los practicados en el mercado local.

A continuación se detalla los costos unitarios de inversión en lo que respecta a los subsidios y apoyos económicos para Bonos de Reasentamientos y Bonos de Vivienda Regular: Cuadro No 8 Costos unitarios de inversión subsidios y apoyos económicos

Año 1

350

Bono de Reasentamiento Promedio 6.432,91

Año 2

1.450

6.432,91

AÑOS

No. Beneficiarios

Subtotal

2.251.519 9.327.719

No. Beneficiarios

Bono de Vivienda Regular

Subtotal

TOTAL

11.579.238

Año 3

1.700

6.000

10.200.000

21.920.762

Año 4

2.116

6.000

12.700.000

12.700.000

Año 5

1.300

6.000

7.800.000

7.800.000

30.700.000

54.000.000

TOTAL

1.822

6.432,91

11.720.762

3.622

23.300.000

5.116

Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI

Adicionalmente

dentro

de

los

costos

de

inversión

se

incluye

el

componente

fortalecimiento y seguimiento del proyecto, cuyos valores han sido estimados por un grupo multidisciplinario y en base a los costos requeridos en otros proyectos ejecutados.

En el siguiente cuadro se detalla los costos de inversión totales por componente y actividad: Cuadro No 9 Costos de inversión Totales

COMPONENTES / ACTIVIDADES 1. Intervenciones Urbanas Integrales 1.1 Reasentamiento / viviendas Subsidios Bono de reasentamientos Bono de vivienda Regular Plan de Reasentamiento (PRI) 1.2 Protección Ambiental 1.3 Centralidades (Terreno, obras y estudios)

TOTAL 74.578.730,00

2. Fortalecimiento Institucional 2.1 Apoyo a la Coordinación Interinstitucional 2.2 Soporte Técnico MIDUVI 3. Gestiòn del Programa 3.1 Administración 3.2 Auditoría 3.3 Evaluación TOTAL

880.000,00 320.000,00 560.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 320.000,00 180.000,00 77.458.730,00

AÑO 1 5.359.758,00

AÑO 2 20.985.667,00

AÑO 3 29.387.826,00

AÑO 4 14.368.663,00

AÑO 5 4.476.815,00

5.350.400,00

14.400.000,00 3.000.000,00 1.055.909,00 149.000,00 2.380.758,00

3.549.600,00 21.025.000,00 535.532,00 231.000,00 4.046.694,00

6.675.000,00 19.200,00 120.000,00 7.554.463,00

4.476.815,00

422.250,00 121.250,00 301.000,00 922.993,00 822.993,00 100.000,00 22.330.910,00

325.250,00 66.250,00 259.000,00 510.000,00 320.000,00 100.000,00 90.000,00 30.223.076,00

66.250,00 66.250,00

66.250,00 66.250,00

394.587,00 314.587,00 80.000,00

130.000,00

54.000.000,00

1.620.000,00 500.000,00 18.458.730,00

9.358,00 -

-

42.420,00 42.420,00

5.402.178,00

14.829.500,00

40.000,00 90.000,00 4.673.065,00

Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI

Valoración de los Beneficios:

Para la estimación de los beneficios del proyecto se utiliza la metodología de ahorro de recursos por concepto de: Ahorro de las familias en la compra de líquido vital básico Ahorro en el pago de la comercialización informal de los lotes de terreno Ahorro generado a las familias con la entrega del incentivo económico.

A continuación se detalla cada uno de los ahorros identificados:

a) Ahorro de las familias en la compra de Líquido Vital Básico

Se estima un ahorro por parte de las familias, en compra de agua para consumo familiar, el mismo que se calcula considerando la cantidad de agua utilizada por una persona que equivale a 18

5m3

mensuales; multiplicado por 3.8 que corresponde al promedio de personas por familia,

dando como resultado el consumo de agua promedio mensual de una familia de 19 m3. Es importante indicar que el costo promedio por m3 de agua es de 0,30 dólares; es decir 5.70 dólares mensual por familia, información que se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro No. 10 Consumo Mensual de agua una familia con proyecto

DETALLE

CONSUMO (m3)

1 persona 1 familia

COSTO

COSTO

MENSUAL

ANUALTOTAL

5

1.50

18, 00

19

5,70

68,00

Fuente: Dirección de Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. MIDUVI Elaborado por: MIDUVI

Debido a que las hogares habitan en sectores, donde no existe cobertura de servicios básicos, sobre todo de agua potable entubada, hace que las familias compren agua a vehículos que distribuyen con un costo de 2 dólares por tanque de 0.16 m3, considerando el consumo promedio mensual familiar estimado que es de 19 m3, las familias deberán adquirir aproximadamente 118 tanques mensuales y gastar 236 dólares. Sin embargo por el escases de recursos económicos, les obliga a consumir un aproximado de 73 tanques al mes. Cuadro No. 11 Consumo Mensual de agua una familia sin proyecto DETALLE

CONSUMO

COSTO

COSTO ANUAL

(m3)

MENSUAL

1 tanque

0.16

2,00

24,00

73 tanques

11.68

146,00

1752,00

Fuente: Dirección de Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. MIDUVI Elaborado por: MIDUVI

Dada esta situación, se estima que de ejecutarse este proyecto, el ahorro que se genera a una familia por consumo de agua es de 1.683,60 dólares anuales. A continuación se muestra el ahorro generado durante el período de ejecución del proyecto: Cuadro No. 12 Ahorro en el pago anual de agua GASTOS EN AGUA AÑO

SIN

CON

PROYECTO

PROYECTO

Año 0

18

Dirección de Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. MIDUVI

AHORRO

0,00

0,00

Año 1

613.200,00

23.940,00

589.260,00

Año 2

3.153.600,00

123.120,00

3.030.480,00

Año 3

9.324.144,00

364.024,80

8.960.119,20

Año 4

13.031.376,00

508.759,20

12.522.616,80

Año 5

15.308.976,00

597.679,20

14.711.296,80

TOTAL

41.431.296,00

748.565,93

39.813.772,80

Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI

Para efectos de cálculo, se valoró el beneficio de las familias a ser reasentadas a partir del

segundo semestre en el año uno y dos periodo en el que las soluciones habitacionales estarían en ejecución.

b) Ahorro en el pago de la comercialización informal de los lotes de terreno

El ahorro en el pago mensual de la comercialización informal de los lotes de terreno en los sectores ocupados asciende a 50 dólares. De acuerdo a la información socioeconómica dada por "Hogar de Cristo" se asume que solo el 2% de las familias que serán reasentadas actualmente realizan dicho pago. Cuadro No. 13 Ahorro en el pago anual del lote GASTOS POR SOLAR Año

SIN

CON PROYECTO

AHORRO

PROYECTO 2013

43.200,00

-

43.200,00

2014

-

-

-

2015

-

-

-

2016

-

-

-

TOTAL

43.200,00

-

43.200,00

Fuente: PRI - Encuesta Hogar de Cristo Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI

c) Ahorro generado a las familias con la entrega del incentivo económico.

Se ha considerado como ahorro el valor que las familias a ser reasentadas deben pagar por concepto de una vivienda nueva y que será subsidiado por el Estado. Este ahorro corresponde a USD.6.000 dólares para la adquisición de una vivienda nueva de USD. 13.500 con un precio mínimo y razonable de acuerdo al estándar de vivienda social de las familias de bajos ingresos en Ecuador y de USD.6.432, 91 en promedio por vivienda para las familias que se

ubican en la zona de seguridad y tienen que ser reasentadas. A continuación se detalla el ahorro en la adquisición de una vivienda: Cuadro No. 14 Ahorro en la adquisición de vivienda nueva AÑO

REASENTAMIENTO

AHORRO

APOYOS VIVIENDA NUEVA

SIN

CON

SIN

CON

PROYECT

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

AHORRO

O 2013

28.800.000,00 13.361.016,01 15.438.983,99

2014

14.664.000,00 6.802.983,99

7.861.016,01

-

-

-

32.400.000,00

18.900.000,00

13.500.000,00

2015

-

-

-

25.680.000,00

14.980.000,00

10.700.000,00

2016

-

-

-

15.600.000,00

9.100.000,00

6.500.000,00

73.680.000,00

42.980.000,00

30.700.000,00

TOTAL 43.464.000,00 20.164.000,00 23.300.000,00

Elaborado por: MIDUVI

Para la proyección de los ahorros generados por el proyecto se utilizó el promedio de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en los últimos 4 años (3,56%). Gráfico No. 2 Evolución del IPC

VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL INDICE GENERAL NACIONAL (INFLACION ANUAL) MESES

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Promedio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

2005

1,82

1,62

1,53

1,54

1,85

1,91

2,21

1,96

2,43

2,72

2,74

3,14

2,12

2006

3,37

3,82

4,23

3,43

3,11

2,80

2,99

3,36

3,21

3,21

3,21

2,87

3,30

2007

2,68

2,03

1,47

1,39

1,56

2,19

2,58

2,44

2,58

2,36

2,70

3,32

2,28

2008

4,19

5,10

6,56

8,18

9,29

9,69

9,87

10,02

9,97

9,85

9,13

8,83

8,39

2009

8,36

7,85

7,44

6,52

5,41

4,54

3,85

3,33

3,29

3,50

4,02

4,31

5,20

2010

4,44

4,31

3,35

3,21

3,24

3,30

3,40

3,82

3,44

3,46

3,39

3,33

3,56

25,19

25,17

25,11

25,02

25,11

25,15

25,16

25,15

25,23

25,23

25,18

25,09

AÑOS

Anual

Promedio

Fuente: INEC Elaborado por: INEC

4.2.3. Flujos Económicos

CONCEPTO

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

0

1

2

3

4

5

Ingresos Beneficios valorados (GENERACION DE EMPLEO) En agua para consumo

589.260

3.030.480

En solar

8.960.119

12.522.617

14.711.297

43.200

En vivienda

15.438.984

21.361.016

10.700.000

6.500.000

Total beneficios

16.028.244

24.434.696

19.660.119

19.022.617

14.711.297

Costos/ Egresos Inversión Inicial

5.402.178

22.330.910

30.223.076

14.829.500

4.673.065

Total costos

5.402.178

22.330.910

30.223.076

14.829.500

4.673.065

-5.402.178

-6.302.666

-5.788.380

4.830.619

14.349.552

Flujo neto de caja

14.711.297

4.2.4. Indicadores Económicos (TIR, VAN)

INDICADORES ECONOMICOS TASA DE DESCUENTO VAN =

12,00%

$ 5.261.304,35

TIR =

22,32%

4.3. Análisis de Sostenibilidad

4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos Impacto Ambiental

De acuerdo a la política de salvaguardias ambientales y sociales del Banco Interamericano de Desarrollo-BID OP-703, la clasificación del programa es categoría - A. Esta clasificación resulta básicamente del proceso de reubicación poblacional que se prevé en la operación. Los componentes de obras que hacen parte de la intervención urbana en las centralidades a crearse no representan alto riesgo ambiental. Sin embargo a continuación se detalla los potenciales impactos y medidas de gestión ambiental-social a emplearse.

Los potenciales impactos negativos socio-ambientales asociados con esta operación están relacionados directamente con la construcción de obras de infraestructura en el área consolidada a ser intervenida y el reasentamiento involuntario de familias actualmente ubicadas en el área de seguridad. Adicionalmente, existen impactos socio- ambientales indirectos asociados a la operación los mismos que están relacionados con el desarrollo de vivienda social nueva.

Intervención en el área consolidada.- Las obras que se consideran como parte de la intervención en el área consolidada son típicas y básicas para lograr un mejoramiento de las

condiciones barriales de una zona como la que será objeto dentro de este programa. Entre estas obras se encuentran: (a) Centros Culturales, conteniendo servicios como bibliotecas, mediatecas, centro de documentación e información digital, salones de usos múltiples y salas de reuniones; (b) Centros Integrados de Servicios Públicos, que incluyen servicios de registro civil, oficinas de trámites y otras ventanillas de servicios públicos, plazas comerciales, patio de comidas,

servicios

privados

y quioscos para pequeños negocios; y (c) Áreas Verdes y

Recreación, que incluye la implantación de un parque lineal a lo largo del Canal de Trasvase y dos parques sectoriales.

Los potenciales impactos negativos socio-ambientales asociados con estas obras serán temporales, localizados y de bajo impacto; y los mismos que son aumento temporal en la concentración de polvo; aumento en los niveles de ruido; emisiones de gases con efecto invernadero a causa del uso de maquinaria pesada y equipos tales como generadores de energía; movimientos de tierras; excavaciones; generación de escombros; generación de desechos sólidos comunes; riesgo de contaminación del suelo por probables derrames

de

combustible y lubricantes; impermeabilización del suelo; reducción de la infiltración (recarga acuífera); incremento en el tráfico debido a la presencia de obstáculos en las vía; molestia para los peatones por presencia de obstáculos en las aceras; presencia de gente desconocida; erosión temporal del suelo expuesto en la etapa de construcción por efectos del viento y el drenaje de agua lluvia; e impacto temporal en los negocios ubicados en el área de influencia directa donde se llevarán a cabo dichas obras.

Reasentamiento involuntario de familias que se encuentran en el Área Reservada de Seguridad. El hecho de reasentar involuntariamente siempre es un impacto negativo presente a pesar que el reasentamiento a viviendas adecuadas y con servicios básicos de calidad trae considerables

mejoras

a

las

familias involucradas. Además, todo ese proceso implica

desarticulaciones sociales, cierto desarraigo con la vivienda que por precaria que sea es el producto de su esfuerzo, sensación de miedo frente al imaginario de perderlo todo, posible ruptura de vínculos de amistad generados entre vecinos, percepción de pérdida de la tranquilidad, afectación económica de los negocios establecidos (tiendas principalmente, peluquerías, modisterías) y cambios en las condiciones económicas de las familias por pasar de pagar cifras marginales por servicios públicos a nuevos costos en materia de energía, acueducto, alcantarillado e impuestos a la propiedad.

Para mitigar adecuadamente esos impactos, evaluando las características socioeconómicas de la población afectada y proponiendo las soluciones aplicables en acuerdo a las políticas del BID se

elaboró un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) Ese Plan contempla las soluciones de reasentamiento de todos los afectados bajo el Decreto 607/10, independiente de su condición de propiedad del terreno y de los bienes construidos, para familias y actividades económicas instaladas en la zona de seguridad.

Para las familias, las opciones propuestas son el reasentamiento preferiblemente en viviendas ubicadas en Ciudad Victoria y Socio Vivienda II, respetándose. Existen pocas actividades económicas en el área Reservada de Seguridad (ARS) que serán objeto de reubicación. Como ya se había mencionado, son actividades ejercidas en la misma vivienda, o pequeños comercios que sirven a la población del entorno, con artículos de primera necesidad para el hogar o servicios de alimentación. Las soluciones para reposición de esas actividades igualmente se dará en diferentes lugares: (i) en Ciudad Victoria, que cuenta con áreas especificas para actividades comerciales de pequeño porte (Boxes de 30m2 , 20m2 o menores); (ii) en las Centralidades Distrital y Zonales a ser financiadas en el Programa.

Por otro lado, el reasentamiento de familias implicará el abandono y demolición de todo tipo de obras de infraestructura tales como viviendas y negocios que hayan sido construidas como productos de las invasiones en el Área Reservada de Seguridad. El Programa de Reasentamiento Involuntario (PRI) contempla una acción específica de demolición y retirada de escombros coordinada con la reubicación de las familias; esa acción deberá ser complementada con acciones de recuperación de pasivos ambientales generados en el Área de reserva, para garantizar su efectivo manejo como área de protección ambiental (desactivación de calles, cierre de accesos, etc.) la voluntad de las familias que opten por otra opción como la reubicación en otro emprendimiento del MIDUVI (o predio propio pre-existente) donde se aplique el bono vivienda y las condiciones socioeconómicas y crediticias de la familia que le permitan acceder a vivienda compatible aquella ofrecida en Ciudad Victoria o Socio Vivienda II; o que opten por reubicación en asentamientos rurales en la Provincia en programas del MIDUVI asociados al MIES, siempre que exista tradición agrícola y los programas de esos Ministerios garanticen los insumos necesarios a la instalación de las familias e inicio del labor rural/agrícola hasta que se establezca la primera producción.

Ciudadelas habitacionales nuevas.- los potenciales impactos socio-ambientales negativos y riesgos indirectos para la operación se relacionan a la construcción de las soluciones habitacionales (Cuidad Victoria y Socio Vivienda II). Los impactos y riesgos incluyen entre otros adecuación del terreno: generación de ruido y polvo; descapote, excavaciones, tala de bosques y remoción de vegetación, movimiento de tierras; movimiento y tránsito de maquinaria y equipos; instalación de campamentos e infraestructura temporal; construcción de vías y superficies no permeables; almacenamiento y uso de sustancias químicas; y desvíos temporales de tránsito

vehicular y circulación peatonal.

Una vez que se ha identificado los impactos sociales y ambientales a generarse durante la ejecución del proyecto, a continuación se describe el manejo a seguirse de los riesgos e impactos ambientales y sociales que se presentan en esta operación. Las medidas, acciones y recomendaciones para cumplir con este manejo están enfocadas en las obras de infraestructura, el reasentamiento involuntario, y la recuperación ambiental del ARS.

Adicionalmente, también se incluyen medidas que se deben tomar en consideración para mitigar los impactos y riesgos socio-ambientales que se presentarán en la construcción de las viviendas, lo cual es considerado como impactos y riesgos indirectos.

Intervención en el Área Consolidada (construcción de centralidad). Todas las obras contarán con los respectivos permisos de construcción y licencias ambientales que son aplicables de acuerdo a las regulaciones actualmente establecidas. De la misma manera se pondrá en práctica el respectivo Plan de Manejo Ambiental y Social que se haya desarrollado para estas obras. En particular, para decidir la ubicación de las diferentes centralidades urbanas se debe considerar que las construcciones cumplirán con las siguientes medidas: los inmuebles nunca se ubicarán cerca de un río, cauces, micro-presas, lagunas de oxidación, barrancos pronunciados, sin protección alguna, ni junto a vías de alta velocidad, pistas de aterrizaje, líneas de alta tensión, poliductos o alguna barrera física que pueda ocasionar problemas de inundación o desbordamiento, así como en terrenos de topografía irregular; se contará con facilidades de acceso vehicular para visitantes, proveedores de servicios y vehículos de emergencia; se prestará atención a los procesos de planificación urbana que realiza la alcaldía municipal. En este sentido, esta centralidad se ubicará en los lugares establecidos para ello. Las áreas externas de la centralidad deberán estar libres de obstáculos (troncos, rastrojos, basura, desechos, zanjas y huecos) que presenten riesgo de accidentes para los usuarios que hagan uso de las centralidades, especialmente si van acompañados por niños y personas de la tercera edad.

Durante la construcción, la producción de polvo, la generación de ruido, la producción de residuos sólidos de construcción, y la generación de residuos sólidos domésticos y de efluentes líquidos serán manejados a través de prácticas estándar que contemplan, entre otras medidas, el humedecimiento constante de agregados y finos, la utilización de amortiguadores de ruido en todos los equipos de construcción, y acciones específicas de recolección, acumulación, transporte y disposición de residuos sólidos. De igual forma, de requerirse, para facilitar las tareas de construcción y a petición de los contratistas, el manejo del tránsito vehicular será coordinado con la policía nacional.

Los diseños de las nuevas obras se ajustarán a las características propias del paisaje natural y a los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, así como también a las características arquitectónicas de las edificaciones circundantes y al entorno ecológico y sociocultural del lugar. Dicho de otra manera, el diseño de obras nuevas no debe "desentonar" con lo ya existente, ni tampoco causar alteraciones en el aspecto geológico y cultural. Un aspecto muy importante será tomar en cuenta las opiniones de la comunidad y usuarios.

Igualmente, se contemplará el reciclaje de los materiales pétreos para ser re-utilizados como subbases en obras de urbanización o como material drenante, entre otros. Se extraerán materiales solamente de canteras y de vetas de arena que sean estrictamente necesarios para la obra. Así mismo se respetarán los aspectos reglamentarios nacionales y municipales, en materia de construcciones.

El riesgo asociado a desastres naturales será manejado a través del cumplimiento de las normas de construcción antisísmicas para evitar riesgos derivados de daños a la infraestructura, causados por eventos naturales como sismos, inundaciones, vientos fuertes y otros. Las centralidades no se situarán cerca de una falla sísmica y se harán las previsiones correspondientes durante el diseño de las obras, tomando en cuenta las amenazas naturales y antrópicas, así como los aspectos geotécnicos, hidrológicos, topográficos, etc. Se prevé contar además con Planes de Emergencia para reportar y manejar incidentes que puedan amenazar la seguridad del edificio.

Los impactos negativos asociados a la salud y seguridad de los trabajadores, mientras dure la fase de construcción de la infraestructura, serán mitigados bajo la aplicación de las normas y protocolos nacionales e internacionales relacionados con la utilización de sustancias peligrosas y con la seguridad, higiene y protección de los trabajadores, se trabajará en zonas ventiladas durante las tareas de corte, lijado, pintado, sellado, etc., y se utilizarán sistemas de aspiración y equipos de protección cuando sea necesario. Además, se regarán las zonas (con la menor cantidad de agua posible) que levanten polvo durante los trabajos de movimiento de tierras, demolición, etc., especialmente si la obra está emplazada en un entorno urbano. Todo esto se contemplará contractualmente para garantizar la salud laboral de los trabajadores.

Los impactos relacionados con la pertinencia cultural y social (en relación a género, pueblos

indígenas, e individuos con capacidades físicas disminuidas) de la nueva infraestructura

a

construirse serán manejados de la siguiente forma: i) todas las facilidades a ser construidas

a través de esta operación contarán una señalización adecuada, interna y externa, que incluirá además del idioma español una simbología ideográfica de fácil entendimiento en especial para usuarios analfabetos; y ii) los diseños arquitectónicos de cada una de las facilidades incluirán rampas de acceso para minusválidos, y tendrán en cuenta las condiciones climáticas de la zona donde se implantarán.

Reasentamiento involuntario de familias que se encuentran en el ARS.- el - Plan de Reasentamiento Involuntario de Familias y Actividades Económicas, ha sido elaborado como parte de los estudios necesarios a la viabilidad del Programa. La mitigación de los impactos derivados del reasentamiento involuntario se realizará aplicando el PRI que sigue las siguientes directrices para minimizar los impactos:

Definición concertada de alternativas adoptadas respecto a tipos de vivienda y actividades económicas, incluyendo (a) viviendas dobles (planta baja y primer piso en Ciudad Victoria); (b) vivienda unifamiliar en el complejo habitacional Socio Vivienda 2; y (c) espacios de negocios en Ciudad Victoria, en la centralidad Distrital (parte del componente

I,

Intervenciones

Urbanas

Integrales);

y

(d) actividad de negocio

compartida en la vivienda.

La prioridad de atención en la reubicación será dada a familias de madres solteras, personas con discapacidades y adultos mayores; en seguida reubicados las familias restantes que se encuentren en la zona, procediendo sector por sector, a fin de viabilizar mejor seguridad a las familias que no queden aisladas en sectores poco habitados y mejorando el control sobre el área; Todas las personas incluidas en el censo realizado en el momento de la declaratoria de utilidad pública del área que actualmente ocupan recibirán algún tipo de beneficio de reasentamiento. En la mayoría de los casos se ofrecerá a los pobladores un bono cuyas particularidades estarán detalladas en el Reglamento Operativo que se formule para la gestión del programa. Las situaciones de vulnerabilidad social identificadas (miseria absoluta, adultos mayores viviendo solos) deben recibir tratamiento diferenciado, independiente de su capacidad de crédito frente al Programa;

Catastro de las familias afectadas de menor ingreso en la tarifa de la dignidad- costo de agua y luz diferenciado para población de bajos ingresos, calculado en tarifa mínima;

Preparación social previa a la intervención con información y discusión con la población

beneficiaria, como estrategia de fortalecimiento de la participación social en el proceso de decisión sobre políticas públicas, particularmente relacionadas con la implantación de infraestructura básica y servicios sociales.

Minimización del impacto de las rupturas de redes sociales de vecinos por medio del reasentamiento en la misma área del total del núcleo familiar o de vecinos y negocios implantados en condiciones similares o mejores a las de origen;

Cálculo e inclusión de todos los costos del reasentamiento en los costos de los proyectos receptores y del programa, según sea pertinente, incluyendo: (i) los costos institucionales, legales y judiciales del proceso de reasentamiento; (ii) los costos del trabajo social pre y pos reasentamiento a ser desarrollado con la población afectada.

Construcción de las viviendas, Una vez que las empresas constructoras terminen las viviendas las entregarán al MIDUVI, quien será el encargado de transferir a las personas reasentadas dentro de los términos establecidos en sus acuerdos con las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs).

El diseño de las nuevas soluciones habitacionales, como en el caso de Ciudad Victoria, reducirá el riesgo de conflictos entre las persona a ser reasentadas y la población existente en las inmediaciones. Esto debido a que el diseño incluye sectores según las cuales la población tendrá la opción de ubicarse en áreas específicas de acuerdo a sus preferencias socio-culturales y lazos de amistad y vecindad pre-existentes.

La población a ser reasentada podrá retirar los materiales servibles de cada vivienda antes de la etapa de demolición, que deberá ser conducida con apoyo de personal especializado, bajo el cronograma establecido junto al equipo social

encargado del proceso de mudanza y

reasentamiento. Para evitar conflictos en esta etapa, el retiro de los materiales será inmediatamente después que las personas muden sus pertenencias. Después de ese plazo definido se procederá a la demolición de las construcciones existentes. Las actividades adicionales de recuperación de pasivos ambientales no son parte del Plan de Reasentamiento sino de la Recuperación y Protección Ambiental del Área Reservada de Seguridad. También se realizaran talleres pre-mudanza con las familias a ser reasentadas, incluyendo educación sanitaria. Los costos de la mudanza serán cubiertos por el Proyecto, incluyendo los camiones y el personal que ayude a los pobladores a cargar y descargar sus pertenencias.

El seguimiento y acompañamiento al proceso de reasentamiento se realizara en dos etapas. La primera etapa estará a cargo de una organización sin fines de lucro especializada en el tema que

será contratada para acompañar este proceso durante la etapa inicial de implementación del Plan de Reasentamiento. La segunda etapa estará a cargo de varias agencias e incluirá acciones de seguimiento y promoción socioeconómica post reasentamiento, usando programas disponibles para este fin a ser implementados en la zona Noroeste de Guayaquil.

Riesgos

Se ha realizado una matriz de evaluación de riesgos siguiendo la metodología del BID, para lo cual se ha identificado los posibles riesgos, se ha establecido los factores de probabilidad y la ponderación respectiva a fin de establecer las acciones de mitigación. Este proceso se ha realizado en forma coordinada con la participación del ejecutor y los principales actores del programa. En el Anexo 2 se detalla la matriz de riesgos.

4.3.2. Sostenibilidad Social

A fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista social se cuenta con un plan de reasentamiento involuntario para aquellas familias que residen en el área de seguridad y que deben ser reasentadas. El objetivo de este plan es generar procesos que permitan la reubicación de las familias que se encuentran asentadas en el área de reserva de seguridad bajo condiciones que respeten sus derechos a proyectos sociales de vivienda, que reúnan en forma integral todas las condiciones para garantizar un hábitat digno y sostenible.

Con este proyecto en primer lugar se dará atención a grupos prioritarios como se establece en art. 35 de la constitución, tales como: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con capacidades especiales, personas que adolezcan de enfermedades.

Por otro lado, el proceso de reasentamiento contará con un acompañamiento social y plan de mitigación, dado que los reasentamientos involuntarios pueden ser vistos como una amenaza por parte de la comunidad y este sentimiento genera fricciones entre la población y el Estado. Por esta razón, es importante considerar que este proceso constituye una oportunidad para mejorar el nivel de vida de las personas, por lo que durante la ejecución del proyecto se garantizará los derechos a la participación, consulta, acceso libre a la información, debate y resolución de controversias.

Las acciones que se llevara a cabo antes, durante y después de la ejecución del proyecto para garantizar la sostenibilidad son las siguientes:

Censar a la población: De esta manera se precisará el número de personas que habitan.

Fortalecer la organización social: Se requiere reconocer los líderes y principales actores sociales con los cuales se debatirán las decisiones, se coordinarán acciones y, posteriormente ellos serán los encargados de la socialización de procesos. Definir las actividades productivas: La información recabada permitirá conocer las actividades productivas y los mecanismos de subsistencia que se realizaban en la población y, de acuerdo a ello, ofrecer alternativas desde el nuevo territorio. Se puede trabajar en capacitación en áreas productivas, en la creación de cooperativas. Apoyo psico-social permanente: Es necesario que exista una cara visible de la institución que esté en contacto permanente con la comunidad para brindar información sobre los avances, resolver conflictos y crear un sentido de respaldo por parte del Gobierno. Establecer un mecanismo consensuado de solución de controversias: Para ello se requiere un equipo multidisciplinario que pueda ofrecer asesoría legal, apoyo social, apoyo técnico. Capacitación profesional y técnica: Ejecutar los proyectos de capacitación en las áreas que fueron determinadas de acuerdo a la información recopilada y a los intereses manifiestos de la población para restablecer los medios de subsistencia. Generar el empoderamiento de la población respecto al nuevo territorio en el cual serán asentados: Es importante que se realicen mingas o se asignen tareas a los involucrados para que se adueñen del proceso. Garantizar que los proyectos productivos sean sostenibles, brindando asesoría y seguimiento mensual, trimestral y semestral. Fomentar la inclusión social de los grupos de atención prioritaria: adultos mayores, mujeres, menores de edad, personas con capacidades especiales y personas con enfermedades catastróficas. Por ello, una vez que se haya finalizado el proceso se puede promover la formación de comitivas que organicen actos sociales, talleres de confección o de cocina, grupos de apoyo, entre otros. Mantener contacto periódico con la directiva de la población para resolver conflictos que puedan surgir. Este contacto debe mantenerse máximo por el período de un año. Evaluación y rendición de cuentas ante la comunidad.

5. PRESUPUESTO

A continuación se detalla el presupuesto requerido para la ejecución del proyecto por fuentes de financiamiento. Cuadro No. 15 Presupuesto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Externas Internas Crédito Fiscales 70.500.000,00 4.078.730,00 54.000.000,00 54.000.000,00 1.620.000,00 500.000,00 16.000.000,00 2.458.730,00

COMPONENTES / RUBROS 1. Intervenciones Urbanas Integrales 1.1 Vivienda social y reasentamiento 1.1.1 Apoyos Económicos 1.1.2 Plan de Reasentamiento (PRI) 1.2 Protección Ambiental 1.3 Centralidades Urbanas 2. Desarrollo Institucional 2.1 Coordinación Interinstitucional local 2.2 Soporte Técnico MIDUVI 3. Gestión y monitoreo del Programa 3.1 Gestión del programa 3.2 Auditorías externas 3.3 Monitoreo y Evaluación TOTAL

320.000,00 320.000,00 180.000,00

180.000,00 71.000.000,00

560.000,00 560.000,00 1.820.000,00 1.500.000,00 320.000,00 6.458.730,00

TOTAL

74.578.730,00 54.000.000,00 54.000.000,00 1.620.000,00 500.000,00 18.458.730,00 880.000,00 320.000,00 560.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 320.000,00 180.000,00 77.458.730,00

Fuente: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa – MIDUVI

6. ESTRATEGIA DE EJECUCION

6.1. Estructura operativa

Para el desarrollo del proyecto en la Zona de Intervención se han identificado las siguientes entidades que estarían involucradas, con diverso rol y grado de participación:

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social: Coordinación General y Gestión de los proyectos complementarios, en el marco de los acuerdos con BID. El MCDS, por sus competencias, tendrá a su cargo la coordinación con los ministerios del área social y facilitará la participación de ministerios

de

otras

áreas

como

son

los ministerios de Ambiente, Defensa, Interior,

Seguridad, entre otros.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda: será el responsable por la ejecución del programa a través de su Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos y su Subsecretaría de Vivienda. El Ministro de Vivienda designará un coordinador específico y un equipo básico para la gestión del programa. Parte del equipo estará en Quito y parte en la representación del MIDUVI en Guayaquil, para estar más próximo del área donde se desarrollarán las principales acciones del programa. Las actividades de la coordinación central incluyen: (i) la administración de los recursos financieros y el manejo de los aspectos fiduciarios; (ii) la planificación de la ejecución del préstamo, incluyendo la preparación de los Planes Operativos Anuales (POA) y la

actualización del Plan de Adquisiciones (PA); (iii) la coordinación y supervisión de las actividades referentes a la contratación de consultorías, servicios, bienes y obras; (iv) la supervisión y monitoreo del avance de ejecución del programa; (v) la preparación y tramitación de los pagos correspondientes; (vi) la preparación de los estados financieros y solicitudes de desembolso; y (vii) la evaluación de impacto del programa, entre otras. Las actividades desconcentradas en Guayaquil son las siguientes: (i) gestión del proceso de asignación de apoyos económicos; (ii) supervisión e implementación de las actividades de reasentamiento y del PRI; y (iii) supervisión de obras, entre otras. Dentro Plan de Reasentamiento Involuntario, se consideran las actividades concernientes a la desocupación del Área de Reserva de Seguridad.

Previo al desembolso de los recursos del Financiamiento destinados a las actividades del subcomponente de Coordinación Interinstitucional Local del Componente II del Programa, el Prestatario se compromete a presentar, por intermedio del Organismo Ejecutor evidencia de la suscripción de un Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para la coordinación entre ambas entidades en la implementación de las actividades previstas en dicho componente.

Ministerio del Ambiente: normativa y ejecución de los aspectos ambientales en el ARS.

Ministerio de Cultura: Administración y gestión del Centro Cultural que forma parte de la centralidad urbana instaurada con el proyecto.

Ministerio del Interior: Definiciones y realización de obras de infraestructura de la Policía Nacional, y su administración, operación y mantenimiento dentro de la centralidad urbana.

Municipalidad de Guayaquil: acuerdos para la ejecución de las obras de carácter urbano con dotación de los servicios básicos de agua potable y saneamiento. SENAGUA: acuerdos para la ejecución del parque lineal.

INMOBILIAR: Administración de las áreas comunes de la Centralidad, como son su mantenimiento, seguridad. Expropiación de los terrenos que se han previsto para las construcciones previstas para desarrollar el componente de Centralidades Urbanas.

El modelo de gestión que se aplicará corresponde al siguiente diagrama:

6.2. Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución

6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades

A continuación se detalla el cronograma valorado por componentes y actividades, la periodicidad es mensual de los dos primeros años, dado que en el mes de septiembre del 2012 se realizó el primer desembolso de recursos y de los años restantes el cronograma realizados en conjunto con el BID.

es anual, mismos

COMPONENTES /ACTIVIDADES 1. Intervenciones Urbanas Integrales 1.1 Reasentamiento / viviendas Subsidios Bono de reasentamientos Bono de vivienda Regular Plan de Reasentamiento (PRI) 1.2 Protección Ambiental 1.3 Centralidades (Terreno, obras y estudios) 2. Fortalecimiento Institucional 2.1 Apoyo a la Coordinación Interinstitucional 2.2 Soporte Técnico MIDUVI 3. Gestión del Programa 3.1 Administración 3.2 Auditoría 3.3 Evaluación TOTAL

AÑO 1 SEPTIEMBRE

OCTUBRE

1185400

AÑO 2

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

165000 4000000

MARZO

ABRIL

MAYO

5000000

JUNIO

Año 3 JULIO

AGOSTO

6000000

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

3400000

2547

267086

76086

31086

41086 40000

31086

31086

34728 40000

175722

6750

13021

3549

13021 1195760

3661

6750

1500

40000

33000

223000

22189

34600

54029

119029

53399 27000

168661 4024736

34600

60779 5392865

190985

El el mes de septiembre se realizó el primer desembolso

73219

21025000

6675000

31086

535532 231000

19200 120000

187002 1728730

4046694

7554463

4476815

66250

66250

66250

259000

0

0

320000 314587 100000 80000 90000 0 509805 3867155 1813858 30223076 14829500

0 40000 90000 4673065

55286 69000 289304

457293

66250 45000

83906

59706

104305 6603714

90792

53219

58019

129305 3532747

Año 5

3549600 3000000

6811

Año 4

NOVIEMBRE DICIEMBRE

96215

83610 73000

54042

6.4 Origen de los insumos

El propósito y ejecución del proyecto implica la entrega bienes (viviendas nuevas), obras de infraestructura y protección ambiental; para lo cual se utiliza materia prima y mano de obra nacional. Para la entrega de servicios (incentivo económico para vivienda nueva) el insumo es de carácter económico con financiamiento externo.

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

7.1. Monitoreo de la ejecución

Para efectuar el seguimiento y monitoreo de los productos generados por el programa, se va implementar

un

sistema

de

seguimiento

técnico-administrativo-financiero

basado

en

informaciones generadas por el Sistema de Información del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), bajo la responsabilidad del equipo de coordinación del programa. La coordinación está a cargo de un equipo específico designado en el ámbito del MIDUVI. Esta tendrá a su cargo las responsabilidades de gestión general del programa (técnica, administrativa y financiera), ejecución de los componentes (incluyendo las adquisiciones) y realización de las actividades de monitoreo y evaluación (contratación de las encuestas, divulgación de resultados etc.).

Este sistema permite realizar el adecuado seguimiento de los hitos del programa (contratos, avance de obras, registro de beneficiarios, control financiero general, entre otros aspectos) el cual ya fue analizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y considerado adecuado a los propósitos de gestión. Para alimentar con información a este sistema los mecanismos que se utilizarán para el seguimiento y reporte de los resultados del monitoreo del programa son las siguientes:

1. Visitas de Seguimiento (BID/MIDUVI). Comprende la realización de visitas in situ por parte de los integrantes del equipo de proyecto del Banco, acompañados del equipo de coordinación del MIDUVI. Los objetivos de estas visitas, especialmente las de los especialistas sectoriales y fiduciarios del Banco, son de verificar el progreso en la ejecución de los distintos componentes, identificar problemas y encontrar soluciones a los desafíos que se presenten durante la ejecución del programa. Se tiene previsto realizar como mínimo una visita semestral, durante cada año de ejecución de la operación.

2. Informes Semestrales de Progreso. Este informe es producido por la unidad de coordinación del MIDUVI y tiene por finalidad presentar al Banco los resultados alcanzados en la ejecución del POA y del PA, vinculados al seguimiento de la ejecución y de los desembolsos. El Informe de Progreso de cada semestre del año calendario deberá incluir una síntesis de los resultados alcanzados por componentes y sus respectivos productos (parciales y totales, cuando sea el caso), analizando también los riesgos del programa. Los informes deberán ser presentados en un plazo máximo de 30 días posteriores al cierre del semestre correspondiente.

3. Estados

Financieros

Auditados

(EFA).

Este

es

el

instrumento

de seguimiento

estrictamente financiero del programa. Los EFA serán auditados anualmente, por una empresa independiente de auditores aceptada por el BID—conforme la Política del Banco relativa al tema.

7.2. Evaluación de resultados e impactos

En complemento a los informes anuales de monitoreo, se llevarán a cabo dos evaluaciones: (i) una intermedia, una vez que se hayan comprometido el 50% de los recursos de la operación o haya terminado el segundo año de ejecución, lo que ocurra primero; y (ii) una final, la cual se contratará en el último semestre previo al cierre de los compromisos de la operación. La evaluación final realizará un análisis de los resultados generales logrados con la ejecución de los distintos componentes, la calidad de la ejecución, un análisis de los costos, el desempeño del ejecutor y del BID, así como el logro de los resultados y objetivos planteados en el programa. Incluirá además las lecciones aprendidas y recomendaciones específicas para el diseño de otras posibles etapas. La evaluación final incluirá también los resultados de la evaluación de impacto descrita a continuación.

La evaluación de impacto de la operación empleará una metodología cuasi- experimental, comparando los efectos de la intervención en las familias que fueron beneficiadas con viviendas nuevas y un grupo de control de hogares en el límite geográfico de los sectores intervenidos, pero que aún no reciben la intervención. Se medirá el impacto sobre las condiciones socioeconómicas

19

tanto de las familias que serán reasentadas cómo de las que viven en el área

consolidada que recibirán apoyo del programa. Las familias a reasentar serán divididas en dos grupos: el primero (grupo de tratamiento) incluye los hogares reasentados en el primer y segundo 19

La relación entre la mejora en las condiciones de vivienda y los ingresos de las familias se da por el mejor acceso al mercado de trabajo, seguridad en el hogar, ahorros en los gastos que tenían en las condiciones anteriores etc. Resultados de investigaciones sobre el tema de acumulación de capital humano demuestran que el capital físico (acceso a servicios en la vivienda) es una precondición para la acumulación del mismo, y a su vez una precondición para salir de la pobreza. Referencias sobre este tema se encuentran en: The Stages of Progress Methodology, Assets, and Longitudinal trends: Results from Five year Study in 236 Communities of Five Countries. Moser, C. 2006; Asset Accumulation Policy and Poverty Reduction. Solimano, A. 2006; Asset Accumulation by the Middle Class and the Poor: Economic Considerations and the Latin American Experience.

año del programa. El grupo de control está conformado por las familias asignadas a ser reasentadas a partir del tercer año y que habitan en las áreas geográficas aledañas a los hogares de tratamiento. A mediados del tercer año de ejecución, cuando más de 60% de las familias ya estén ocupando nuevas viviendas, se hará una evaluación para comparar las condiciones habitacionales, sociales y de ingresos de los hogares en los grupos de tratamiento y control. El impacto se medirá por la diferencia en los cambios entre la situación inicial y final de los dos grupos (diferencias en diferencias) en el límite de la discontinuidad geográfica (regresión discontinua).

Se hará también una evaluación con un grupo de beneficiarios que no son reasentados sino que viven en el área aledaña y son elegibles a los apoyos del programa. Este grupo—y un grupo de control paralelo—también será encuestado antes y después de recibir su beneficio. El grupo de comparación en este contexto está conformado por hogares justo por encima del corte de elegibilidad, basado en el criterio de pobreza que usa el programa para focalización (regresión discontinua).

7.3. Actualización de la Línea de Base

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda utilizará el módulo de vivienda del - VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 por parte del INEC, la ENEMDU y estadísticas que se generen para el efecto. Esta información se la validará y verificará a través de la Coordinación General de Planificación e manera conjunta con las áreas técnicas pertinentes.

8. ANEXOS -Decreto Ejecutivo del No. 1419 del 22 del 22 de enero del 2013