MIRADA DE CONJUNTO SOBRE LAS INVESTIGACIONES Y SUS AUTORES

Sistematización de información sobre temas campesinos indígenas de tierras bajas de Bolivia a partir de la producción de publicaciones del PIEB, 2000-

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Sistematización de información sobre temas campesinos indígenas de tierras bajas de Bolivia a partir de la producción de publicaciones del PIEB, 2000-2010

Informe final

Ana María Lema G. Sucre, noviembre 2011 Revisado en julio 2014

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Índice Introducción 1º parte: UNA MIRADA DE CONJUNTO SOBRE LAS INVESTIGACIONES Y SUS AUTORES Los autores La cobertura geográfica de los estudios La cobertura temporal La cobertura “étnica” Los tipos de estudios realizados 2º parte: ¿QUÉ DICEN ESTAS INVESTIGACIONES? Las tendencias temáticas, los problemas abordados y el contexto de los estudios Aportes, contribuciones, aciertos y desaciertos Teoría y práctica Lo que no se estudió Conclusiones Recomendaciones Bibliografía Anexos

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Índice de cuadros y gráficos: Cuadro 1: Investigaciones por año de publicación Cuadro 2: Origen geográfico de los autores. Cuadro 3: Formación académica de los autores Cuadro 4: Lugar de estudio de los autores en pregrado Cuadro 5: Composición de los equipos de investigación por género Cuadro 6: Instituciones relacionadas con los autores Cuadro 7: Cobertura de las publicaciones por departamento Cuadro 8: Cobertura de las publicaciones por regiones Cuadro 9: Investigaciones por objeto de estudio y región Cuadro 10: Cobertura temporal de las publicaciones Cuadro 12: Investigaciones por tipo de estudio Cuadro 13: Cronología de acontecimientos nacionales con impacto en las tierras bajas Cuadro 14: Lista de leyes relevantes aprobadas entre 1991-2001 Cuadro 15: Anexos que acompañan las publicaciones Gráfico 1: Investigaciones por año de publicación Gráfico 2: Cobertura de las publicaciones por departamento Gráfico 3: Cobertura de las publicaciones por regiones Gráfico 4: Cobertura temporal de las publicaciones

Índice de anexos: Anexo 1: Lista de autores y algunas características de los mismos Anexo 2: Cobertura geográfica detallada de las investigaciones (mapa)

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INTRODUCCIÓN Resulta curioso volver a abordar la temática indígena campesina en la región de las tierras bajas de Bolivia, a diez años de haber publicado un trabajo que me llevó a especializarme temporalmente en un tema que ahora he perdido de vista; y de hacerlo a pedido de la institución que me llevó a desarrollar esta investigación. En realidad, mi trabajo estuvo vinculado a la producción de varias de las investigaciones que me toca sistematizar ahora. La realización de una investigación de la 5ª convocatoria nacional del PIEB me llevó a vivir en Santa Cruz de la Sierra, ciudad cercana a los actores del estudio. Una vez allí, permanecí varios años más para continuar trabajando en proyectos relacionados con el PIEB, al haber sido invitada a seguir de cerca las investigaciones de la convocatoria regional de este departamento, desde 2000 hasta 2003. De esta manera, pude dar seguimiento a ocho investigaciones y fui tutora de varias de las mismas, así como algunas en Tarija y una investigación de la 3ª convocatoria de proyectos de investigación para jóvenes. Luego, el trabajo de edición me acercó de nuevo a otras investigaciones del PIEB; también me tocó presentar algunas de ellas en el marco de la Feria del libro de Santa Cruz (en 2006 y 2007). Posteriormente, al trasladarme a Sucre, me alejé temporalmente de la investigación sobre las tierras bajas aunque el bagaje adquirido en la materia todavía es de gran utilidad. Es en este contexto que finalmente me encuentro frente al reto de sistematizar los aportes de las publicaciones referidas a la temática indígena campesina sobre tierras bajas; otra colega, Alison Spedding, ha hecho lo mismo para las tierras altas y otros académicos se han dedicado a temáticas diferentes. Los términos de referencia elaborados por el PIEB señalan la necesidad de llevar a cabo una “sistematización y análisis de las tendencias teóricas y metodológicas de los temas de estudio publicados por el PIEB sobre la temática indígena campesina de tierras bajas”, y para ello, se ha formulado las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las tendencias temáticas de las investigaciones publicadas? ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Cuál es la relación entre los temas estudiados y publicados con los problemas que enfrentan los indígenas campesinos de tierras bajas? ¿Hubo contribución para conocer, debatir y proponer soluciones? ¿Cuál es la relación de los temas de las publicaciones con los procesos de cambio sociopolíticos y económicos que atravesó el área rural desde mediados de los años noventa? ¿Cuáles son las tendencias teóricas de las investigaciones publicadas? ¿Qué estrategias metodológicas fueron asumidas por los investigadores? ¿Cuál fue la rigurosidad metodológica de los proyectos de investigación? ¿Qué vacíos y puntos quedan pendientes?

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Veintinueve publicaciones producidas entre los años 2000 y 2010 llegaron a mis manos1. Para poder responder a las mismas, hemos desarrollado la metodología siguiente: Se ha procedido a la lectura de las obras entregadas por el PIEB en un orden aleatorio, a partir de un patrón común, vaciando la información de las investigaciones en fichas de trabajo que resumen el contenido de cada libro y donde se insertaron algunos comentarios. Por otro lado, se ha sistematizado la información sobre autores y temáticas amplias en cuadros con el fin de contar con soportes para tener una visión de conjunto de las investigaciones. Paralelamente, se ha identificado otras investigaciones sobre temáticas afines. El resultado es un documento estructurado en dos partes: la primera es netamente descriptiva y está abocada a mostrar un panorama general sobre las investigaciones y sus autores. La segunda parte es más analítica e intenta ver los ejes principales en torno a los cuales contribuyen las investigaciones publicadas.

1ª PARTE: UNA MIRADA DE CONJUNTO SOBRE LAS INVESTIGACIONES Y SUS AUTORES Las investigaciones sobre la temática indígena campesina en tierras bajas del país que han sido publicadas por el PIEB fueron 292, pero no adoptaron todas el mismo formato. Entre ellas, se encuentran: Dos documento de trabajo, dos libros de bolsillo, once investigaciones regionales: cuatro de Santa Cruz, tres del Beni, cuatro de Tarija, una de Pando, tres libros de convocatorias nacionales (la 5ª), dos libros en coedición con el instituto Francés de Estudios Andinos, siete libros en coedición con instituciones nacionales (Instituto de la Judicatura, Ministerio de la Presidencia, Fundación UNIR, Universidad Autónoma de Pando), uno “suelto”.

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En esta sistematización no entraron las investigaciones correspondientes a la convocatoria sobre la sostenibilidad de las áreas protegidas ni a la que se refiere a racismo y discriminación, pese a que varias temáticas abordadas podrían entrar en esta sistematización, pero todavía no fueron publicadas. En cambio, entre los estudios más recientes, se tomó en cuenta una de las investigaciones de temas prioritarios para el desarrollo de Pando (Carpio, 2010), aunque otras, en realidad, podrían haber sido consideradas como las relativas a temas como leishmaniasis, cacao, peces, que son problemas y recursos utilizados por las poblaciones indígenas. Otra convocatoria, lanzada en 2011 en torno al tema de los beneficios de la naturaleza y su contribución al bienestar de los bolivianos, ha impulsado nuevas investigaciones que valdría la pena revisar en una próxima oportunidad. 2 Dos de ellas son compilaciones de artículos donde no todos los artículos o ponencias corresponden a la región de las tierras bajas. En un caso (Nicolas, 2007), hay un artículo que hemos tomado en cuenta; en otra publicación, son dos artículos pero sobre la misma temática así que hemos contabilizado como una sola publicación (VVAA, 2005).

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Estas publicaciones se han distribuido de manera desigual en el tiempo, como se puede ver en el cuadro siguiente: Cuadro 1: Investigaciones por año de publicación Año 2000 2001 2002 2003

Nº 1 3 5 8

% 3,5 10 17 28

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

1 3 1 1 1 1 4 29

3,5 10 3,5 3,5 3,5 3,5 14 100

Autores (apellido del coordinador) Hinojosa Lema, Urioste y Pacheco, Antezana Lehm, Molina, Zabala, Saavedra, Flores Combès y Ros, Inturias, Correa, Martínez, Vacaflores, Mamani, Mendoza, Arce Herrera Combès, Herbas, Flores y Terceros García Jordán Flores Molina Molina Carpio, Fernández, Herbas, Martínez

Fuente: Elaboración propia.

Las publicaciones son evidentemente posteriores a las investigaciones. De las 29, podemos distinguir dos bloques: El primero está conformado por las que nacieron al calor de las reformas de los años 1990 y cuyos datos fueron recopilados a fines de esa década y a principios del siglo XXI. Llegan hasta el año 2005 y son la mayoría: 20. Dos textos publicados en 2005 y 2006 son estudios históricos, sin mayor influencia de la coyuntura (salvo en el capítulo final de Combès, 2005). El resto de las investigaciones ha sido producido en el nuevo contexto histórico boliviano, el del “cambio”, con 7 trabajos. De hecho, cuatros de ellos han sido impulsados por el mismo gobierno, en el año 2010.

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Gráfico 1: Investigaciones por año de publicación Investigaciones por año de publicación 8

5 4 3

1

3

1

1

1

1

1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Al entrar al detalle del origen histórico de estos trabajos, se puede constatar la estrecha relación entre por un lado, las dinámicas propias del PIEB y sus convocatorias para investigaciones 3 y, por otro lado, cómo estas convocatorias están íntimamente ligadas a las interrogantes planteadas en el país en torno a problemas nuevos o recientemente visibilizados. La investigación publicada el año 2000 se enmarcó en la Primera convocatoria de investigaciones del PIEB destinada a jóvenes investigadores. Las del año 2001 eran parte de la Quinta convocatoria nacional de carácter “general” (para investigadores senior y junior) iniciada el año 1998; el trabajo de Antezana, publicado ese mismo año, fue producto de la Tercera convocatoria nacional (lanzada en 1996). La “Quinta” también dio lugar a la publicación de Lehm en el año 2002. El departamento del Beni fue la estrella de este año pues entonces fueron publicadas varias investigaciones de la primera convocatoria regional. Efectivamente, el PIEB constató la necesidad de “regionalizar” las convocatorias con el fin de lograr una mayor participación de grupos de investigación procedentes de regiones alternativas al “eje” de la producción en ciencias sociales en Bolivia, a saber La Paz / Cochabamba. Por tanto, este proceso de apertura se inició a orillas del río Mamoré. El año siguiente, en 2003, dos convocatorias regionales dieron sus frutos con las publicaciones referidas a Tarija y a Santa Cruz. En el año 2004, la única publicación del conjunto corresponde a una investigación de la Tercera convocatoria nacional para jóvenes investigadores. La oferta del año 2005 resultó ser muy variada: dos publicaciones en coedición una con una institución internacional y otra que fue el resultado de un evento académico4 y una 3

En todos estos casos, cabe destacar la existencia de un desfase entre el año de la convocatoria y el de la publicación, que corresponde al tiempo dedicado por un lado a la investigación propiamente dicha y luego, a la edición de los libros. 4 Un seminario sobre Justicia comunitaria organizado en Sucre por el Instituto de la Judicatura en Bolivia con el coauspicio del Tribunal Agrario Nacional y el PIEB, en marzo 2004.

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investigación de la convocatoria destinada al departamento de Pando. En 2006, sólo una publicación en coedición llegó a nuestras manos. En el año 2007, la publicación fue el producto de un trabajo conjunto entre el PIEB y la Fundación UNIR Bolivia que invitó a varios especialistas a investigar sobre los modos originarios de resolución de conflictos, un tema cada vez más complejo a encarar. A partir de la segunda mitad de la primera década del siglo, el tema de las autonomías departamentales ocupa una parte importante de la agenda política y de investigación, lo que se refleja en la publicación del año 2008 dedicada a la Amazonía boliviana. Las últimas publicaciones, distribuidas entre los años 2009 y 2010, corresponden casi todas a una convocatoria especial lanzada por el PIEB en coordinación con el Ministerio de la Presidencia para indagar acerca de los derechos indígenas en nuestro país. Finalmente, se cuenta también con un documento de trabajo sobre Pando realizado en el marco de una nueva convocatoria regional destinada a este departamento. Indudablemente, el tipo de investigadores que ha llevado a cabo estos estudios ha tenido un impacto en los resultados obtenidos. A diferencia de lo que ocurre en otros centros dedicados a la investigación en ciencias sociales en Bolivia, como universidades u organizaciones no gubernamentales, el PIEB es muy cuidadoso en el proceso de selección de los investigadores que recibirán el apoyo financiero y académico para realizar sus trabajos. En este sentido, hemos considerado pertinente introducir un acápite sobre los investigadores que fueron los autores de las publicaciones estudiadas. Luego, evocaremos algunas de las “coberturas” de las investigaciones, tanto en términos espaciales como temporales y, por supuesto, étnicos ya que el denominador común de estas publicaciones es que se refieren a actores indígenas. Para concluir la primera parte, nos referimos a los tipos de estudios desarrollados. Los autores En la medida en que las investigaciones fueron el resultado del trabajo de equipos de investigación en los que el PIEB requirió específicamente equidad de género y multidisciplinariedad, estos elementos se ven reflejados en la lista de autores. Los libros producidos han sido la obra de 79 autores, algunos repetidos (por tanto, se los toma en cuenta una sola vez), de los cuales 39 son hombres y 39, mujeres. Sólo en 12 casos ellas fueron las coordinadoras de los equipos de investigación. Mayores detalles sobre los mismos se encuentran presentados en el Anexo 15. Sin embargo, en los cuadros siguientes, sólo tomamos en cuenta a 78 autores, dejando de lado a Pilar García Jordán. Los datos analizados a continuación provienen de las notas sobre autores que figuran al final de cada libro.

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Dicho anexo presenta las informaciones siguientes: nombres de los miembros de cada equipo de investigación, sexo, lugar de nacimiento, formación académica, experiencia laboral previa a la investigación.

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El origen geográfico de los autores (nacimiento, no necesariamente residencia) es el siguiente: Cuadro 2: Origen geográfico de los autores Lugar La Paz Oruro Potosí Chuquisaca Tarija Cochabamba

Cuantos 9 4 8 2 8 5

% 11,5 5,2 10,2 2,5 10,2 6,4

Lugar Beni Pando Santa Cruz Europa A Latina Sin datos

Cuantos 9 2 12 5 2 13

% 11,5 2,5 15,4 6,4 2,5 16,7

Fuente: Elaboración propia.

Vale destacar que en cada departamento, salvo Oruro, Cochabamba y Chuquisaca donde no hay más datos, en los demás, algunos investigadores suelen venir de provincias y no necesariamente de la capital del mismo. En el caso de países latinoamericanos, los investigadores provienen de Perú y de Chile pero cuentan con varios años de residencia en Bolivia antes de haber iniciado su investigación. Lo mismo en el caso europeo (España, Francia y Holanda). Su formación académica de pregrado ha sido la siguiente: Cuadro 3: Formación académica de los autores Carreras estudiadas Sociología Agronomía Economía Comunicación Social Antropología Derecho Biología Psicología Historia Trabajo social Ing. Química

18 9 10 8 6 4 3 2 3 2 1

% 23,7 11,9 12,9 10,5 7,9

Carreras estudiadas Ing. agroforestal Literatura Geografía social Periodismo Arquitectura Informática Ciencias Políticas Adm. Empresas Lingüística Zootecnia TOTAL

% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76

Fuente: Elaboración propia. Nota: No se cuenta con los datos de dos personas.

Sobre el total de profesionales, más de los dos tercios provienen de las carreras siguientes: sociología, economía, agronomía, comunicación social y antropología, seguidos por comunicación social. Luego, el abanico de formaciones adquiridas por los investigadores es muy amplio. Indudablemente, la investigación en ciencias sociales es apta para todo público. Sin embargo, no todas las profesiones se encuentran preparadas para realizar investigación social pero todas pueden contribuir a hacerla más inter o multidisciplinaria. Volveremos sobre este tema más adelante. Por otro lado, a tiempo de publicar sus investigaciones, más de 22 investigadores contaban con estudios de postgrado. 9

Resulta interesante identificar el lugar de estudio superior (en caso de pregrado en Bolivia) de los investigadores. Cuadro 4: Lugar de estudio de los autores en pregrado Universidad Afirmado Presunto % UMSA, La Paz 8 8 17 UTO, Oruro 3 4 8 UMSS, Cbba 14 14 30 UAGRM, SCZ 9 9 19 UAJMS, Tarija 5 9 19 UAP, Cobija 3 3 6 UTB, Trinidad 1 1 2 TOTAL 43 48 100

Especialidad Antropología Sociología Agronomía

Fuente: Elaboración propia.

En este caso, la mayoría de los sociólogos se ha formado en la UMSS. Las universidades de Santa Cruz y de Tarija son los segundos centros académicos más importantes de origen de los investigadores. La Paz y Oruro siguen siendo centros de formación importantes para investigar las tierras bajas en la medida en que todavía son casi los únicos que ofrecen una formación en antropología. En Trinidad y Cobija, la formación está en proceso de crecimiento, sobre todo en carreras más técnicas. Los equipos de investigación han sido constituidos sobre la base de pautas establecidas por el PIEB en las que se requería multidisciplinariedad, como se vio anteriormente, así como equidad de género. Veamos cual ha sido la composición real de estos equipos: Cuadro 5: Composición de los equipos de investigación por género Coordinación de: Antezana Arce Carpio Combès y Ros Combès Correa Fernández Flores García Jordán Herbas, 2005 Herbas Herrera Hinojosa Inturias Lehm

Coord. Mujer Hombre Hombre Mixto Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer

Hombres 2 4 2 1 0 1 1 2 0 1 0 2 2 2 0

Mujeres 2 0 1 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 4

Total 4 4 3 4 1 3 2 3 1 2 3 3 3 3 4

Equidad Si No Casi Casi Mono Casi Si Casi Mono Si No Casi Casi Casi No 10

Lema Mamani Martinez, 2003 Martinez, 2010 Mendoza Molina, 2002 Molina, 2006 Molina, 2009 Flores, 2007 Saavedra Urioste y Pacheco Vacaflores Flores, 2005 Terceros Zabala

Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombres Hombre Mujer Mujer Mujer

2 1 1 1 3 2 2 2 0 1 6 3 0 0 2 46

2 2 3 1 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 1 43

4 3 4 2 4 2 3 3 1 2 9 4 1 1 3 89

Si Casi Casi Si Casi No Casi Casi Mono Si Casi Casi Mono Mono Casi

Fuente: Elaboración propia. Nota: Algunos autores se repiten, lo que explica que el total sea superior a 79.

Pese a las exigencias, apenas seis equipos lograron la equidad total de género, con la participación de hombres y mujeres investigadores por partes iguales y en cuatrode esos equipos, la coordinación fue asumida por mujeres. Cuatro otros equipos, al contrario, fueron solo de hombres o solo de mujeres. Cinco investigaciones no fueron realizadas por equipos sino por individuos pero estas no fueron llevadas a cabo en el marco de convocatorias del PIEB. En el resto de los equipos, la composición es variable pero cuenta por lo menos con una mujer. Entre las instituciones a las cuales estaban vinculados los autores antes, durante o luego de sus investigaciones, podemos mencionar las siguientes: Cuadro 6: Instituciones relacionadas con los autores Pando U. A. de Pando Herencia

Beni CIDDEBENI

Santa Cruz CIPCA CEJIS

Tarija CERDET JAINA

Centro de Planificación Territorial Indígena (CIDOB)

Como se puede ver, la mayoría son organizaciones no gubernamentales. Así mismo, varios de los investigadores asumieron cargos públicos antes de realizar su trabajo. En ambos casos, estas experiencias han influido en la realización de las investigaciones. Algunos autores han realizado dos publicaciones con el PIEB. Se trata de José Martínez (2003 y 2010), Amparo Herbas (2005 y 2010), Isabelle Combès (2003 y 2005), Elva Terceros (2003 y

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2005). Elba Flores (2002, 2005, 2007) y Wilder Molina (2002, 2008 y 2009) cuentan con tres publicaciones en el marco de este conjunto6. Ahora, pasamos a presentar algunas consideraciones en torno a las características generales de las investigaciones. Para no tener que repetir los títulos de las mismas, mencionaremos el nombre del autor principal seguido del año de publicación. La cobertura geográfica de los estudios Para identificar la cobertura geográfica de los estudios, se puede partir de la tradicional división política administrativa del Estado y ver qué departamentos han sido estudiados. Pero se puede también tomar en cuenta regiones claramente diferenciadas tanto por su composición étnica como por su dinámica económica y cultural. Cuadro 7: Cobertura de las publicaciones por departamento Departamento Beni Santa Cruz Tarija Pando Otros o no dice TOTAL

Libros 11 10 7 7 5 40

% 27,5 25 17,5 17,5 12,5 100

Gráfico 2:

Cobertura de las publicaciones por departamento Otros o no dice 13% Pando 11%

Beni 30% Tarija 19%

Santa Cruz 27%

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¿Qué ocurrió con los investigadores? Para algunos, el paso por el PIEB ha sido probablemente una iniciación a la investigación y esperamos que sigan transitando por estos rumbos. Otros han seguido, ciertamente, en el campo y han ido produciendo nuevos estudios en temáticas similares o afines. Algunos han asumido cargos públicos, otros trabajan en ONG, otros se dedican a la docencia.

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El total es superior al número de investigaciones pues algunas investigaciones engloban más de un departamento. Siguiendo la división política, las investigaciones han abarcado cuatro departamentos, 23 provincias7 y 29 municipios especificados, alcanzando alrededor de 125 comunidades (para una mejor visibilización de dicha cobertura, ver el mapa presentado en el Anexo 2). Cuadro 8: Cobertura de las investigaciones por regiones Regiones Norte amazónico Llanos de Moxos

Guarayos Chaco Santa Cruz

Tarija (valle)

Autores Antezana, 2001; Urioste y Pacheco, 2001; Herrera, 2004; Herbas, 2005; Flores, Terceros, 2005; Carpio, 2010; Herbas, 2010 Urioste y Pacheco, 2001; Saavedra, 2002; Zabala, 2002; Flores, 2002; Molina, 2002; Lehm, 2002; Flores, Terceros, 2005; Molina, 2006; Molina 2009; Herbas, 2010 Lema, 2001; García Jordán, 2006; Flores, 2007; Martínez, 2010 Lema, 2001; Inturias, 2003; Mendoza, 2003; Arce, 2003; Mamani, 2003; Combes, 2005; Fernández, 2010 Urioste y Pacheco, 2001; Combès y Ros, 2003; Correa, 2003; Herrera, 2004; Martínez, 2003; Flores, Terceros, 2005; Herbas, 2010 Hinojosa, 2000; Vacaflores, 2003.

Libros 7

% 19

10

27

4 7

11 19

7

19

2

5

Gráfico 3:

Cobertura de las publicaciones por regiones Tarija (valle) 5%

Santa Cruz 19%

Norte amazónico 19%

Chaco 19% Guarayos 11%

Llanos de Moxos 27%

Varios estudios han sido realizados en zonas fronterizas como San Matías (Martínez, 2003); Puerto Suárez (Correa, 2003); Yacuiba (Mendoza, 2003) y uno fuera de las fronteras, en Argentina (Hinojosa, 2001).

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Un estudio toma en cuenta una provincia paceña y otro, dos provincias del Chaco chuquisaqueño.

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¿Qué es lo que han investigado? Lo veremos más a detalle en la segunda parte del informe. Sin embargo, en varios casos, pese a la variedad de temáticas, los objetos de estudio han sido frecuentemente comunes, aunque en contextos diversos. Este cuadro señala las grandes unidades que han sido utilizadas por los investigadores para contextualizar sus investigaciones, así como los ejemplos específicos estudiados, y finalmente, su ubicación en las regiones del país. Cuadro 9: Investigaciones por objeto de estudio y región Unidades Organizaciones indígenas

Específicamente Capitanía Zona Cruz Capitanía del Alto y Bajo Isoso Capitanía Parapitiguasu Asamblea del Pueblo Guaraní COPNAG CANOB Orcaweta Capitanía Kaipependi Karobaicho Consejo de Capitanes de Chuquisaca CICOL OPIM TAPAYA CIDOB Unidades territoriales Santa Cruz: Urubichá, Gutiérrez, San José, San Matías, Puerto oficiales (municipios) Suárez, Boyuibe, Charagua, San Pablo, Ascensión Tarija: Villa Montes, Yacuiba Beni: Rurrenabaque, San Ignacio de Moxos, San Joaquín, San Borja, Riberalta Unidades territoriales Territorio Indígena Multiétnico indígenas (TCO) Territorio Itonama Capitanía Parapitiguasu TCO Monteverde TCO Moseten TCO Chacobo Pacahuara TCO Guarayos TCO guaraníes

Donde Chaco Chaco Chaco Chaco Guarayos Oriente Chaco Chaco Chaco Oriente Amazonía Amazonía Nacional Oriente Chaco Chaco Amazonía Amazonía Amazonía Chaco Oriente Alto Beni Amazonía Amazonía Chaco

Fuente: Elaboración propia.

Las organizaciones indígenas han llamado la atención de los investigadores pues son las instancias que permiten un abordaje más integral y conjunto de las problemáticas indígenas. Además, se han convertido en actores sociales de gran importancia en los últimos años y es precisamente este carácter reciente que ha incidido en el interés de los investigadores pues previamente se contaba con varios estudios antropológicos sobre las poblaciones indígenas de las tierras bajas pero no desde la perspectiva de su presencia en el escenario social y político local, regional o nacional. Por otro lado, se ha establecido una norma implícita en el mundo académico de pedir permiso a las organizaciones para poder incursionar en un determinado universo indígena. Muchas veces, los representantes de estas organizaciones se han constituido 14

en interlocutores e informantes de los investigadores por conocer más a fondo una problemática específica8 En el caso de este conjunto de investigaciones, se constata una mayor presencia de las organizaciones guaraníes y del Chaco pues salvo la APG que tiene cobertura supra-regional, las demás organizaciones o capitanías son muy locales. En otros casos, las organizaciones corresponden a un pueblo indígena territorialmente concentrado (caso COPNAG para los guarayo) o disperso (caso CANOB para los ayoreode). Las organizaciones amazónicas suelen ser más pequeñas (TAPAYA para los chacobo-pacahuara). A la par de las organizaciones indígenas, dos unidades territoriales nuevas o recientes en el paisaje boliviano también han provocado la curiosidad de la comunidad académica y han estimulado su reflexión, debido al reto que representa la gestión de las mismas. Se trata por un lado de los municipios y por otro lado de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Ambas unidades han nacido formalmente a la vida entre 1994 con la Ley de Participación Popular y 1996, con la Ley INRA. La cobertura temporal En este punto, consideramos el periodo histórico estudiado en las investigaciones. Hemos identificado varios periodos que hemos agrupado de la manera siguiente: Cuadro 10: Cobertura temporal de las publicaciones Periodo Estudios etnohistóricos En torno a las reformas de la década de 1990 y su aplicación: Ley INRA, CPE, EIB, LPP, Ley forestal, etc. En torno a la crisis de transición (2000-2005) En torno al nuevo contexto del Estado plurinacional (desde 2006) Sin peso del contexto político

Estudios de: Combes, 2005; García Jordán, 2006 Urioste y Pacheco, 2001; Saavedra, 2001; Lema, 2001; Molina, 2002; Flores, 2002; Correa, 2003; Inturias, 2003; Herrera, 2004; Herbas, 2005.

Cuantos 2 9

Hinojosa, 2000; Combès y Ros, 2003; Vacaflores, 2003; Mendoza, 2003. Molina, 2006; Flores, 2007; Molina, 2009; Martínez, 2010; Fernández, 2010; Herbas, 2010.

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Antezana, 2001; Lehm, 2002; Zabala, 2002; Mamani, 2003; Arce, 2003; Martínez, 2003; Flores – Terceros, 2005; Carpio, 2010.

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Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que los dos primeros estudios de carácter etnohistórico e históricos en la larga duración no fueron patrocinados por el PIEB; fueron coediciones con otra institución de apoyo a la investigación: el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). La investigación de Combès (2005) parte del siglo XVI para llegar a la época contemporánea en el caso del pueblo chané 8

Ver Spedding (en Yapu, 2006: 157) acerca de los “informantes claves”.

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chiriguano del Isoso (Santa Cruz) mientras que el de García Jordán abarca el periodo misional franciscano en Guarayos (Santa Cruz) desde sus inicios, a fines del siglo XVIII hasta la secularización de las misiones a mediados del siglo XX. Su presencia acá se justifica en la medida en que, al ser publicaciones “con el PIEB”, habrían servido de materia prima para otras investigaciones. El análisis posterior nos confirma, lamentablemente, lo contrario. La coyuntura política del país y los cambios vividos en los últimos años han calado hondo en las investigaciones, sea de manera consciente y a pedido del PIEB (las temáticas de las convocatorias), o bien de manera no explícita. En la historia reciente de nuestro país, se puede identificar tres etapas que nos llevan hasta la actualidad y que han impregnado las investigaciones mencionadas: a) Las reformas de los años 1990 y su aplicación. b) La crisis de transición. c) El nuevo Estado Plurinacional. Si bien existen numerosos análisis y estudios que provienen sobre todo del área de las ciencias políticas para explicar e interpretar los cambios recientes, las investigaciones permiten abordar los mismos desde perspectivas regionales o locales, lo que constituye un gran aporte.

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Gráfico 4:

Cobertura temporal de las Estudios publicaciones etnohistóric os 7%

Sin peso del contexto político 27%

En torno al nuevo contexto del Estado plurinacion al 21%

En torno a las reformas de la década de 1990 y su aplicación 31% En torno a la crisis de transición (2000-2005) 14%

En otros casos, los fenómenos estudiados lo han sido al margen de la coyuntura política y más en el marco de su vida cotidiana, por ejemplo, del uso de los recursos naturales o de las prácticas matrimoniales, sin mayor influencia de la coyuntura política. La cobertura “étnica” En este caso, interesa tomar en cuenta qué pueblos indígenas han sido estudiados. Cuadro 11: Cobertura de las investigaciones por pueblo indígena Pueblos indígenas Ayoreode Chacobo pacahuara Chimane Chiquitano Guaraní Guarayo Moseten Tacana Tapiete Weenhayek Sirionó Mojeño Yuracaré Total

Libros 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 2 1 21

Donde Santa Cruz Beni Beni Santa Cruz Chaco (Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca) Santa Cruz Alto Beni Norte La Paz Tarija - Chaco Tarija - Chaco Beni Beni Chapare (Cochabamba) – Beni

Fuente: Elaboración propia.

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Son los grupos étnicos de la región amazónica los que han recibido la mayor atención de los investigadores del PIEB, con once estudios; los siguen los pueblos del Chaco, con siete estudios. De manera más detallada, son los guarayos y los guaraníes los que han generado una mayor cantidad de estudios, que vienen a reforzar una importante producción bibliográfica existente. En cambio, el pueblo chiquitano9, el más numeroso del conjunto pero también con altos niveles de aculturación debido a una larga convivencia con la sociedad colonial, ha concitado menos atención de parte de los investigadores del PIEB, quizás por estar “en la mira” de otras instituciones que trabajan en la región. De todas maneras, los aportes de estos estudios son importantes en la medida en que permiten visibilizar pueblos que, hace un poco más de veinte años eran desconocidos tanto de la sociedad boliviana en general como de algunas comunidades científicas. Los tipos de estudios realizados Finalmente, antes de entrar a más detalles, intentamos clasificar las investigaciones o estudios según alguna disciplina dominante en el tratamiento de la información y el abordaje de la problemática: algunos son más jurídicos, otros más antropológicos; algunos más reflexivos y otros más técnicos. Veamos. Cuadro 12: Investigaciones por tipo de estudio Tipo de estudio Autores Con base legal y estudio Lema, 2001; Flores, 2002; Herrera, 2004; Inturias, 2003; de normas Mendoza, 2003; Flores, 2007; Molina, 2009; Fernández, 2010; Herbas, 2010; Martínez, 2010. Con estudios de Antezana, 2001; Molina, 2003; Martínez, 2003; Carpio, 2010. laboratorio Con intensa observación Hinojosa, 2000; Molina, 2002; Vacaflores, 2003; Inturias, 2003; de terreno Herbas, 2005. Temas netamente Urioste y Pacheco, 2001; Zabala, 2002; Correa, 2003. económicos Estudios antropológicos Lehm, 2002; Arce, 2003; Combes y Ros, 2003; Herrera, 2004. Teóricos Molina, 2006. Históricos Combes, 2005; García Jordán, 2006. Otros Saavedra, 2002; Flores-Terceros, 2005.

Cuantos 10

4 5 3 4 1 2 2

Fuente: Elaboración propia.

Tras haber visto varias de las características externas de los estudios relacionadas con el contexto de su producción y su autoría, pasamos ahora a entrar en el contenido de las mismas. 9

Se trata del pueblo indígena más numeroso en el departamento de Santa Cruz (el censo de 2001 llegó a arrojar datos de más de 100.000 personas, superior a las expectativas de las mismas organizaciones indígenas). Pero, su temprano contacto con la sociedad colonial quizás ha generado mayores niveles de aculturación expresados, por ejemplo, en la paulatina pérdida de su lengua actual, el besuro. Sin embargo, en los últimos años se constata un fuerte resurgimiento o “construcción” de la identidad chiquitana fomentada desde una vertiente cultural-comercial digna de ser estudiada.

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2ª PARTE: ¿QUÉ DICEN ESTAS INVESTIGACIONES? En esta segunda parte, intentamos responder a las preguntas inicialmente formuladas por el PIEB sobre las investigaciones publicadas (ver la introducción) reagrupándolas en torno a cuatro puntos: en primer lugar, y con mayor detalle, las tendencias temáticas de las investigaciones, los problemas abordados y el contexto de los estudios. El segundo punto se dedica a identificar los aportes (o no) de dichas investigaciones. El tercer punto enfatiza los aspectos teóricos y metodológicos de las mismas y el cuarto se refiere a los temas que no abordaron las investigaciones. Antes de ver cuáles han sido los ejes temáticos desarrollados por las investigaciones, es preciso recapitular brevemente los hitos más importantes de la historia reciente boliviana (2000-2010) que han tenido un impacto directo en las poblaciones indígenas y campesinas de las tierras bajas. Cuadro 13: Cronología de acontecimientos nacionales con impacto en las tierras bajas, 1990-2010 Cuando Acontecimientos 1990 Marcha por el Territorio y la Dignidad, Trinidad-La Paz (invierno) 2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009

Marcha por la tierra, el territorio y los recursos naturales. Creación del Bloque Oriente sobre la base de organizaciones sindicales campesinas con y sin tierras, indígenas, de colonizadores. Matanza de Pananti (Tarija) en el Chaco Movilizaciones sociales masivas en el Chapare y el altiplano Marcha por la soberanía popular, el territorio y los recursos naturales Año de agitación social y de cambios políticos. La “polarización” regional está creciendo. Referéndum sobre los hidrocarburos. Cabildo por la autonomía en Santa Cruz. Victoria de Evo Morales en las elecciones generales de diciembre. Nacionalización de empresas petroleras. Inicio de la Asamblea Constituyente en Sucre. Referendums autonómicos: gana el Sí en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija. Entrega del título de la TCO de Monteverde (Chiquitanía). Nace la Coordinadora para el Cambio (CONALCAM) que aglutina numerosas organizaciones sociales. Denuncia de la APG por la existencia de “comunidades cautivas” en el Chaco. Masacre de Porvenir (Pando). Se aprueba la nueva CPE. Reelección de Evo Morales Referéndum contra latifundio (no más de 5.000 hectáreas). Aprobación de la Ley marco de Autonomías y Descentralización Andrés

En el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) Hugo Banzer Suárez (1997-2001) Jorge Quiroga (2001-2002) Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) Carlos Mesa Gisbert (2003-2005) Eduardo Rodríguez V. (2005)

Evo Morales Ayma (2006-2009; 2010-…)

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2010

Ibañez Marcha por el territorio, la autonomía y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de La Razón (2010) – Bolivia, 1980-2010, edición aniversario. La Paz: La Razón y Gianotten, 2006.

Por otro lado, es pertinente hacer referencia a los avances en materia legislativa relativa al tema indígena logrados en la década anterior y en estos últimos años. Cuadro 14: Lista de leyes relevantes aprobadas entre 1991-2010 Ley 1257 1333 1468

Año 1991 1992 1993

1551 1565 1615 1641

1994 1994 1994 1995

1689 1700 1715 1978

1996 1996 1996 1998

2410 2771 2650 3545 3760

2002 2004 2004 2006 2007

001 031 073

2009 2010 2010

Contenido Ley que ratifica el convenio 169 de la OIT por parte del gobierno boliviano Ley de Medio Ambiente Ley de aprobación y ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Ley de Participación Popular Ley de Reforma Educativa y Educación Intercultural Bilingüe Ley de reforma de la Constitución Política del Estado. Convenio de Sede entre el Gobierno de la República de Bolivia y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Ley de hidrocarburos Ley forestal Ley del Instituto de Reforma Agraria Ley para la eliminación de toda forma de violencia y discriminación basada en razones étnicas y raciales Ley de necesidad de reforma de la Constitución Política del Estado Ley de agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas Ley de reforma a la Constitución Política del Estado Ley de reconducción comunitaria de la ley INRA Ley de aprobación de la Declaración de las NNUU sobre derechos humanos de los pueblos indígenas Constitución Política del Estado Plurinacional Ley Marco de Autonomías y Descentralización Ley de Deslinde jurisdiccional

Fuente: Elaboración propia a partir de Lema, 2001; Martínez, 2010 y datos de Xavier Albó.

Como se puede ver, durante la década de los años 1990, específicamente en los años 1993-97, la producción de normativa legal ha sido importante y se enmarcó en lo que se conoce como las “reformas estructurales”. Muy criticadas en los años siguientes, varias de estas medidas fueron sustituidas por otras en el marco del nuevo contexto político que ha supuesto la llegada del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder10. 10

El surgimiento del Estado plurinacional comunitario suponía la incorporación de la atención de las demandas indígenas de manera prioritaria pero la primera gestión de gobierno no ha mostrado avances en la materia y, al contrario, algunos retrocesos debido a la prioridad que se ha dado al sector campesino originario en desmedro de los intereses de los indígenas. En el segundo periodo de gobierno del MAS no se ven muchos cambios.

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Estos elementos permiten comprender algunas de las consideraciones vertidas a partir de la lectura de las 29 publicaciones del PIEB referidas a los pueblos indígenas de tierras bajas.

1. Las tendencias temáticas, los problemas abordados y el contexto de los estudios Inicialmente, el PIEB proponía tomar en cuenta las siguientes dimensiones en los estudios: Tierra territorio. Economía campesina indígena. Autonomías indígenas. Derechos de los PPII y justicia comunitaria. Medio ambiente. Identidad cultural e interculturalidad. Participación popular en municipios. Migraciones internas y transnacionales. Sin embargo, a la lectura de las publicaciones, hemos preferido trabajar sobre los ejes temáticos siguientes que no son muy diferentes de los iniciales: Identidades étnicas, etnicidad e historia. Manejo y uso de recursos naturales y conflictos derivados. Estrategias y prácticas campesinas. Derechos indígenas y normativa indígena, impacto de la legislación nacional Desarrollo local, desarrollo regional. Las publicaciones correspondientes a cada eje temático son las siguientes: Identidades étnicas, etnicidad, historia Manejo y uso de recursos naturales y conflictos derivados Estrategias y prácticas campesinas Derechos indígenas y normativa indígena, impacto en la legislación nacional Desarrollo local, desarrollo regional

Arce, 2003; Combes y Ros, 2003; Combes, 2005; García Jordán, 2006; Herrera, 2004; Lehm, 2002; Lema, 2001; Molina, 2008. Antezana, 2002; Carpio, 2010; Correa, 2003; Inturias, 2003; Martínez, 2003; Mamani, 2003; Urioste y Pacheco, 2001. Hinojosa, 2000; Vacaflores, 2003; Zabala, 2002. Terceros, 2005; Flores, 2005; VVAA, 2003; Lema, 2001; Herrera, 2004; Flores, 2002; Urioste y Pacheco, 2001; Inturias, 2003; Flores, 2007; Herbas, 2010; Fernández, 2010; Molina, 2009; Martínez, 2010. Correa, 2003; Herbas, 2005; Molina, 2002, 2006; Saavedra, 2002; Vacaflores, 2003; Urioste y Pacheco, 2001; Molina, 2008.

En cursiva, los títulos que entran en varios ejes temáticos.

Eje: Identidades étnicas, etnicidad, historia 21

Esta temática ha tomado fuerza en los años 1990, a partir de la Marcha por el Territorio y la Dignidad que se inició cuando varios pueblos indígenas de las tierras bajas, cansados de no encontrar respuestas a sus reivindicaciones, iniciaron una gran movilización que permitió que el país en su conjunto se diera cuenta de su existencia. En la actualidad, durante la realización de otra marcha, el reconocimiento de los pueblos indígenas en Bolivia ha avanzado considerablemente pues está incorporado en el marco legal vigente y en algunas prácticas pero todavía falta mucho para que las demandas de 1990 encuentren respuesta por parte del Estado. Sin embargo, las identidades indígenas ya están inscritas (por lo menos) en la Constitución Política del Estado. Según la Organización Internacional del Trabajo, una definición vigente en los años 1990 señala que la identidad está asociada a elementos como idioma, vestimenta y auto-reconocimiento. A la misma, podemos añadir la importancia de un pasado común, por tanto, de la historia de una determinada comunidad (en el sentido amplio del término), no de manera aislada sino que tome en cuenta las relaciones de esta comunidad étnica (por llamarla así) con su entorno. Las publicaciones del PIEB, aunque tardías con relación al inicio de este proceso de reconocimiento y afirmación de identidades, han contribuido a producir interesantes aunque desiguales reflexiones en torno al mismo. Veamos estos aportes, organizados por regiones. En el Chaco El trabajo del equipo coordinado por Eddy Arce11 (2003) pretende entregar una suma de conocimientos sobre el pueblo indígena tapiete, ubicado al extremo sur oeste del país en el Chaco tarijeño, a orillas del río Pilcomayo casi en la frontera con el Paraguay, y que se caracteriza por contar con muy pocos pobladores en Bolivia pero muchos en Paraguay y por una TCO de casi 30.000 hectáreas. La investigación, pese a su propósito inicial (Arce, 2003: XIX) se limita a compilar información, tanto histórica como de campo, sobre este pueblo pero no resuelve las interrogantes iniciales acerca de las estrategias de los tapiete ni sus relaciones interétnicas, ni da elementos precisos sobre su identidad. No es realmente una etnografía precisa sobre un pueblo exótico. En la región del Chaco, el estudio de Mirna Inturias (2003) sobre la capitanía de Parapitiguasu pretende describir el manejo de los recursos naturales en tres comunidades guaraníes. Pone mucho énfasis en las características de la organización indígena. Recurre a la historia para explicar las diversas situaciones en torno a la tenencia de la tierra en estas comunidades, destacando varias etapas: antes del régimen misional franciscano; luego, la etapa misional para el caso de San Antonio del Parapití, fundada a fines del siglo XVIII. Por otro lado, la historia de la comunidad de Machipo estuvo ligada a las estancias ganaderas. Los autores evocan la presencia

11

De acá en adelante, sólo se mencionará el nombre del coordinador del equipo. Para ver los detalles de la composición de cada equipo, ver el anexo 1.

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creciente del Estado y el impacto de la guerra del Chaco. La tercera comunidad es Laguna Kamatindi cuya historia ha sido recogida gracias a la historia oral. Cambiando de escenario, pero siempre con guaraníes, Isabelle Combès y José Ros (2003 abordan un tema novedoso como el de la migración relativamente reciente de pobladores de este grupo hacia la ciudad y las áreas periurbanas de Santa Cruz de la Sierra. Los autores desarrollan una interesante reflexión sobre la identidad y cómo aquella se adapta al entorno. Estudian el desempeño de una organización indígena (la capitanía llamada Zona Cruz) que no cuenta con una base territorial definida ni demanda una TCO pero que pide el reconocimiento de los derechos de sus miembros. Es un texto de actualidad, pese a que la coyuntura ha cambiado. El estudio histórico de Isabelle Combès (2005) sobre la región del Isoso, en el Chaco, contribuye a aclarar el tema de las identidades indígenas al buscar en el pasado las raíces de muchos comportamientos y estrategias actuales. En un texto que interpela a la comunidad académica así como a las instituciones cercanas a las organizaciones indígenas, desmitificando algunos personajes o hechos. Es respetuoso de los actores indígenas pero no pretende hacer apologías de los mismos. Ofrece pistas para entender las pugnas por el liderazgo indígena entre los isoseños, desentrañando el tema en la larga duración. Otro estudio que toma en cuenta la región del Chaco y sus pobladores indígenas es el de Ana María Lema (2001) que se enfoca en la participación política de indígenas tapiete, weenhayek y guaraníes en dos municipios del Chaco, y también de los guarayos en la provincia del mismo nombre. Para ello, procede a una caracterización de estos pueblos enfocada en las historias (en plural) de sus relaciones con el Estado boliviano. El argumento principal es que la aplicación de la LPP varía según el contexto en el que llega y el contexto está marcado por la identidad cultural de sus pobladores; éstos, a su vez, deben adaptarse al momento histórico. Guarayos En Guarayos, en la misma línea que Combès (2005), Pilar García Jordán (2006) presenta una historia general de la región brindando elementos para entender problemáticas contemporáneasen torno al tema de la tenencia de la tierra y de las elites locales, por ejemplo. Estas dos autoras han producido investigaciones que se preocupan por estudiar a los indígenas destacando sus relaciones con el entorno social tanto en el pasado como en la actualidad. Más allá de ser historias indígenas, los resultados son historias regionales12. Sobre este mismo grupo y en la misma región, el estudio de José Martínez (2010) ofrece una caracterización del pueblo guarayo y propone observaciones interesantes sobre las dinámicas 12

Otras investigaciones han desarrollado capítulos o por lo menos acápites sobre la historia de los actores sociales estudiados, con resultados variables que dependen de la manera en que los autores abordaron el tema, sea a partir de la consulta de fuentes primarias o secundarias (Hinojosa, 2000; Lehm, 2002; Molina, 2002; Arce, 2003; Vacaflores, 2003; Inturias, 2003; Herrera, 2004; Flores, 2007; Molina, 2009).

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poblacionales en una región con un gran potencial de interculturalidad (indígenas, colonizadores, karai). En el Beni En la región amazónica, y específicamente en el departamento del Beni, Wilder Molina (2002) señala claramente cómo los cambios en las reglas del juego de la vida política y del ordenamiento territorial, provocados por la municipalización, han llevado a los indígenas moxeños e itonamas a lograr una mayor visibilidad en un proceso que el autor denomina “el retorno de lo indígena” en el espacio que eligió estudiar. Siempre en los llanos de Moxos, el estudio de Zulema Lehm (2002) es un trabajo muy original enfocado en las relaciones interétnicas y de género a partir de los matrimonios como práctica social que sintetiza ambas y que permite la reproducción de los grupos. Se trata de una investigación cualitativa que reúne estudios de caso por pueblo indígena (guarayo, sirionó, moxeño y yuracaré) en un departamento común: el Beni. Presenta un estado del arte con una rica discusión sobre el tema de la etnicicad y luego, desarrolla los estudios de caso que son casi monografías sobre cada pueblo con énfasis en temas de parentesco, género, matrimonios, identidad, valoraciones, reproducción étnica. Un elemento muy interesante, desarrollado para cada pueblo mediante cuestionarios, es el de las valoraciones interétnicas e intergenéricas. La manera en que perciben a los demás pueblos refleja una suerte de jerarquía étnica. Luego de presentar los estudios de caso, un capítulo resume los aportes de todos ellos. Al respecto, señala: Se constata la coincidencia entre una mayor valoración del género femenino de los grupos ubicados en la cúspide de la jerarquía interétnica interétnica y una menor valoración de las mujeres de los grupos étnicos posicionados en los estamentos inferiores (Lehm, 2002: 245).

El estudio de los matrimonios interétnicos no puede estar desligado de temas como salud, migraciones y reproducción económica (uno de las motivaciones a estos matrimonios). De esta manera, pese a haber sido realizado hace más de diez años, sigue siendo un estudio de referencia en materia de género y pueblos indígenas. En la región occidental del Beni, Wilder Molina (2009) se enfoca en un pueblo indígena específico: el chimane (t’simane) y elabora un retrato de esta sociedad indígena que se caracteriza, entre otras cosas, por haberse mantenido relativamente al margen de la influencia de la sociedad boliviana pese a contar con una larga historia de relacionamiento con sus vecinos. Es una sociedad donde la familia es más importante que la comunidad, cuya constitución obedece más a la necesidad de adaptarse a las presiones y demandas del entorno (municipio, por ejemplo). El estudio plantea el tema de la identidad y de la autoafirmación, de la identificación por los demás, y del dilema entre identidad étnica e identidad territorial (Molina, 2009: 176-177). Estudios multiétnicos

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La investigación de Enrique Herrera (2004) se aboca al tema de la identidad como eje central del estudio, anunciado desde el título: Estrategias identitarias en el caso de dos pueblos indígenas muy diferentes entre sí. Presenta una discusión teórica con lecturas actualizadas sobre la etnicidad en la introducción y define el abordaje del problema. Su hipótesis señala que las reconfiguraciones de las identidades étnicas son influidas por las exigencias del contexto y de las normas nuevas vigentes; se hicieron con prácticas sociales sobre la base de las demandas externas pero también “sobre la base de sus propias expectativas y visiones del reconocimiento formal de los derechos territoriales indígenas”. Luego de un capítulo dedicado a temas jurídicos, describe la historia de cada uno de los pueblos (tacana del norte amazónico y ayoreode del Oriente) a partir de su relación con el entorno. Luego, se enfoca en el manejo de la etnicidad 13 de estos pueblos ante la aplicación de la ley INRA y describe las nuevas formas de relacionamiento que desarrollan con el Estado y con la sociedad, impulsadas por la necesidad del reconocimiento de sus derechos territoriales. Las afirmaciones étnicas de cada grupo son muy diferentes pues en el caso tacana, éstos han sido invisibilizados hasta una época muy reciente mientras que en el caso ayoreo, su identidad es obvia (aspecto físico, idioma, atributos, etc.) y constantemente reforzada. En ambos casos, las reacciones del entorno regional han sido también decisivas. En el caso ayoreo, se destaca con mucha claridad cómo algunas acciones de “choque” interpretadas como acciones políticas han permitido superar obstáculos en la lucha por sus derechos. Amparo Herbas (2010), en una investigación con tres estudios de caso en tres pueblos indígenas, aborda la cuestión territorial pero inicia su aproximación a partir de la descripción de los tres pueblos. En el caso chiquitano, en Lomerío (Santa Cruz), presta más atención a la organización indígena que a la identidad. El caso moseten es muy interesante en la medida en que rescata la presencia de los colonizadores en el mismo escenario (la región del Alto Beni). Dicha presencia no es reciente pero ha sido decisiva para fortalecer o debilitar la llamada “conciencia territorial” de los mosetenes, debido al carácter complejo de la convivencia territorial (colonizadores con lógicas más individualistas que los indígenas). Finalmente, en el norte amazónico, el caso chacobo pacahuara no presenta muchos datos sobre las identidades étnicas de estos pueblos pero es interesante en identificar algunas estrategias para acceder a recursos naturales, como matrimonios (a comparar con Lehm, 2002). Otras publicaciones aluden de manera parcial al tema de las identidades étnicas al dedicarse al estudio de un grupo específico pero sin grandes aportes; tal es el caso de Karina Fernández (2010) sobre los guaraníes; de Elba Flores (2002) sobre los itonamas y los habitantes del Territorio Indígena Multiétnico en el Beni. En estos casos, el tema identitario no ha sido un aspecto esencial en su investigación.

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Llama la atención que el debate sobre la etnicidad en tierras bajas no haya sido desarrollado en Sucre, el marco del reciente 8º Congreso Internacional de Etnohistoria (junio 2011), cuyo tema central fue “La etnohistoria más allá de las etnias”.

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Eje: Manejo de recursos naturales, conflictos en torno a los recursos naturales Fernando Molina (2009) sostiene que en Bolivia, un país caracterizado por una larga historia de explotación de sus recursos naturales, éstos recursos son “además, el meollo de una compleja y definitoria red de relaciones sociales” (Molina, 2009: 8). Cuando se piensa en la explotación de los recursos, vienen a la mente los minerales (plata y estaño) o los hidrocarburos. Los últimos acontecimientos nos remiten también a los recursos del bosque y de la tierra. Los estudios al respecto abundan desde varias disciplinas pero todavía se cuenta con pocas reflexiones en torno al pensamiento sobre los recursos. Las investigaciones acá presentadas no se dedican precisamente al tema del pensamiento pero constituyen insumos interesantes para renovar estas reflexiones. Entre las investigaciones publicadas por el PIEB, los recursos naturales son estudiados desde varias perspectivas, tanto desde su uso y aprovechamiento (caso de recursos agrícolas o forestales) como por los conflictos o simplemente los impactos que supone su explotación (forestal, ganadera, hidrocarburos), e incluso los desastres que pueden suceder. También se toma en cuenta el tema de la tenencia de la tierra, la “madre” de los recursos. A partir de 1996, la demanda indígena por territorios (un concepto más integral que tierras) encuentra una respuesta en el reconocimiento de la figura legal de las Tierras Comunitarias de Origen, más conocidas como TCO. Varias investigaciones versan sobre el tema de su gestión. Un balance general para empezar La investigación coordinada por Miguel Urioste y Diego Pacheco (2001) es muy amplia pues ofrece una variedad de artículos. Los balances por departamento examinan la situación de tenencia de la tierra y sobre todo el uso de los recursos por parte de diferentes actores. Pero con el fin de precisar la mirada, recurren a estudios de caso en zonas ecológicamente distintas y, por tanto, con producciones diferentes. Es el caso del municipio de Gonzalo Moreno (Pando), donde predominan las actividades agrícola-extractivistas; en Magdalena, es la ganadería grande y mediana; en Nueva Creación de Cotoca (municipio de San Andrés, provincia Marbán, Beni), la pequeña producción campesina y en San Lorenzo de Moxos (cerca del TIPNIS, ahora de fama mundial), ganadería pequeña y mediana así como agricultura de subsistencia. En Santa Cruz, el estudio se centran en San Ignacio de Velasco (forestería, ganadería y agricultura de pequeña escala), Urubichá (TCO, ganaderos y empresarios madereros), Pailón (agricultura comercial en expansión) y Yapacaní (agricultura); en estos casos, se coloca más énfasis en la tenencia de la tierra que en un análisis detallado del uso de los recursos. Un caso llamativo es el estudio sobre el monocultivo de la soya en la zona de Pailón, pues se trata prácticamente del único estudio que se dedica exclusivamente a un producto destinado a la exportación. En las demás investigaciones, si bien la producción agroforestal indígena abarca productos como castaña (Saavedra, 2002; Herbas, 2005) y cacao, no se enfatiza el lado económico del asunto desde lo macro, sino lo micro.

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Acerca de los conflictos generados por el (mal) uso de los recursos naturales, el trabajo señala que la explotación forestal, de relativo reciente desarrollo en el país, es una fuente potencial de conflictos debido a los riesgos que implica (deforestación, superposición de derechos). Además, la ausencia de seguridad jurídica sobre los recursos es una fuente potencial de conflictos. Investigaciones sobre recursos forestales Elba Flores (2002) da una mirada exclusiva a los recursos forestales en dos TCO del Beni con mucho potencial en la materia como el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) y la TCO Itonama. Desarrolla el tema del aprovechamiento forestal por parte de los indígenas. Cabe recordar que el estudio fue hecho en 1999. Desde lo legal, muestra el problema de la superposición entre las concesiones forestales y las TCO, un tema clásico, y el de la explotación irracional de la madera. Muestra claridad en torno a dos ejes temáticos: los sistemas de explotación y las normas y control. Posteriormente, la misma autora, Elba Flores (2007), estudia el uso y el acceso a los recursos naturales en la provincia Guarayos (Santa Cruz) para luego analizar los conflictos generados en torno a estos temas. Presenta un contexto general (que no toma en cuenta estudios recientes), evoca la situación de la zona en torno a la tenencia de la tierra y los recursos naturales e identifica los problemas existentes en torno a las actividades tradicionales como la agricultura, ganadería, caza y pesca y la explotación forestal. Establece una cronología de los conflictos (con una base histórica deficiente) y una visión con algunos clichés. Sin embargo, al abordar los problemas generados en torno a la explotación forestal, el texto adquiere mayor consistencia. Relata que la explotación irracional de la madera empezó en los años 1960 y se acentuó posteriormente con impactos en la fauna, por ejemplo, alterando el acceso de los indígenas a sus recursos tradicionales. Proporciona datos sobre las superficies explotadas, sobre los tipos de árboles buscados. La reiteración de incidentes generó la necesidad de organizarse para reaccionar. Por otro lado, recuerda que el nuevo marco legal (Ley forestal) ofrece alternativas de desarrollo y formación de las Asociaciones Sociales del Lugar para poder explotar el bosque. En 1997, se identificó un grave problema de superposición entre las concesiones forestales existentes y la demanda de TCO. Pasada una etapa de enfrentamientos, recuerda que hubo una política de acuerdos y conciliaciones entre indígenas y empresarios madereros. El estudio de los conflictos es más preciso, sobre todo por la identificación de los actores en presencia. Presta mucha atención a la organización indígena (COPNAG) como entidad encargada da la resolución de los conflictos. Luego, ve los impactos de la existencia de la TCO (ya está titulada aunque la superficie es inferior a la demanda inicial), enfocando las debilidades de la organización. Amparo Herbas (2010) estudia los derechos indígenas en tres pueblos (moseten, chiquitano en Lomerío y chacobo-pacahuara) e identifica algunas de sus estrategias, pues entre los derechos estudiados se destacan los que se refieren a los recursos naturales, por ejemplo, el acceso al agua, un tema álgido en algunas regiones (Chiquitanía) más que otras. En el caso del aprovechamiento de la madera, constata la práctica de una discriminación positiva a favor de 27

los mosetenes. El reglamento de su organización indígena (OPIM) prevé derechos y formas de uso del bosque, pero la normativa se aplica poco debido a la creciente demanda de madera (quina) y a la poca experiencia de la organización en el ejercicio de control del ingreso, acceso y extracción de los recursos naturales. Para el aprovechamiento comercial de los recursos forestales, primero se hizo un plan de manejo forestal que no tuvo mucho éxito, generando un malestar en la población y propiciando la extracción ilegal de la madera. Entre los chacobo-pacahuara, existe la predisposición de las empresas madereras por establecer acuerdos; igualmente para la explotación de la castaña. Pero las reglas siguen siendo poco claras aunque las comunidades intentan mantener cierto control sobre los recursos, algo que no deja de ser complicado en la explotación de la madera, y más fácil con la castaña y el palmito. Investigaciones sobre desastres ambientales Dos estudios, que abordan situaciones diferentes, pueden ser puestos en paralelo al abordar un aspecto lamentablemente cada vez más recurrente en nuestra realidad: los desastres ambientales provocados por la intervención humana. José Martínez (2003) innova por completo al presentar probablemente una de las primeras investigaciones a nivel nacional sobre los impactos del fuego, específicamente los incendios forestales, en un punto del Oriente boliviano: se trata de un problema casi crónico en las tierras bajas bolivianas, cada invierno. El estudio abre creo un ciclo de estudios sobre la repercusión de los fenómenos naturales en conceptos culturales. El fuego es producto de la intervención humana (es un medio de producir nutrientes para el suelo y para crear pastizales para el ganado), pero su desborde se considera como una catástrofe natural. A su manera, es un estudio de historia ambiental que combina varios abordajes en la investigación desde varias disciplinas, enfatizando tanto la parte social como la científica “dura”, con métodos e instrumentos en manos de indígenas. Ha elegido una provincia fronteriza con Brasil (Ángel Sandoval) para realizar el estudio que analiza la historia de la práctica y los actores que intervienen en ella. Se destaca cómo el fuego tiene consecuencias tanto económicas como sociales, por ejemplo en el campo de la salud. Los autores se han esforzado en ofrecer recomendaciones interesantes en términos de prevención. Por su parte, Walter Mamani (2003) aborda otra problemática ambiental al estudiar los problemas generados por la explotación de hidrocarburos para las comunidades cercanas a la población de Villa Montes (Tarija), donde se constata la contaminación del agua. En este caso, dos recursos son analizados: hidrocarburos (de interés nacional) y agua (vital a nivel local). Las descripciones de los procesos de contaminación son muy detalladas y cuentan con el respaldo de estudios de laboratorio sobre la calidad del agua; presenta informaciones interesantes aunque desordenadas. El capítulo relativo al impacto social y económico es llamativo aunque no cita sus fuentes. Señala el complejo tema de las relaciones con las empresas petroleras y de las compensaciones económicas a las comunidades afectadas, un tema bastante estudiado en varios contextos. Evoca también la normativa ambiental tanto a nivel nacional como 28

departamental y local, sobre la base de una revisión bibliográfica. Se trata de un informe interesante aunque muy técnico. Estudios de caso sobre manejo mixto de recursos En una escala micro, Mónica Antezana (2001) estudia la posibilidad de uso de recursos silvestres como complemento a los agrícolas en varias comunidades del departamento de Pando (campesinas e indígenas, eso no es relevante acá). Señala el problema de la nutrición como un mal crónico en una región que sigue siendo pobre pero, al mismo tiempo, cada vez más poblada: eso implica, a término, una mayor presión sobre los recursos naturales. El estudio adopta las características de un diagnóstico y ofrece datos muy precisos. Griseldo Carpio (2010) desarrolla también un estudio técnico, con diagnóstico y propuesta, en torno a un recurso específico: el asaí, una palmera común en Pando. En otro extremo del país, otros estudios muy localizados se dedican a desentrañar algunas estrategias campesinas (se volverá más adelante sobre el tema). Alfonso Hinojosa (2000) estudia minuciosamente en comunidades campesinas una sociedad agrícola que logra transferir sus conocimientos de un contexto a otro, es decir de los valles tarijeños a Argentina. Destaca algunas características de la economía familiar. Carlos Vacaflores (2003), en un texto con una estructura un tanto desconcertante, estudia la trashumancia ganadera en los valles tarijeños a partir de dos comunidades, con un seguimiento muy cercano a la organización social y productiva en el campo, tomando en cuenta unidades como familias. Describe el medio natural y luego el manejo del espacio, ajeno a las divisiones político administrativas, algo que constituye una de las aristas del problema: … las comunidades formadas bajo los cánones estatales representan espacios territoriales pequeños de distribución a las distintas familias en una lógica de unidades continuas. Este mosaico deja la zona de los puestos de pastoreo “desprovista” de una estructura administrativa desde la vertiente del Estado. Es aquí donde se evidencia una ruptura entre la comunidad administrativa y la comunidad productiva, que no logran integrarse en la concepción formal de planificación del desarrollo (Vacaflores, 2003: 38, subrayado nuestro).

Describe los diferentes pisos ecológicos que son el escenario de la trashumancia y recuerda las prácticas de adaptación a los diferentes medios; relata el manejo de “la variabilidad ambiental”. Presenta un enfoque novedoso sobre la actividad ganadera, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el actor ganadero, frecuentemente asociado a la imagen del empresario ganadero, dueño de un numeroso hato en grandes extensiones (como en Guarayos, San Matías, Beni, Cordillera), mientras que acá es un actor campesino. La trashumancia ganadera es, en definitiva, parte de una lógica de diversificación que permite a las familias campesinas reducir el grado de vulnerabilidad de las mismas ante un contexto constantemente cambiante; por lo tanto, es una estrategia viable de lucha contra la pobreza que, además, por su complejidad institucional, tiene otras funciones de capital relevantes para el desarrollo local (Vacaflores, 2003: 161). 29

Volviendo a los actores indígenas, Mirna Inturias (2003) desarrolla un estudio en tres comunidades de una capitanía guaraní (Parapitiguasu, en la provincia Cordillera) para analizar las perspectivas de la gestión territorial de la futura TCO demandada en este espacio. Para ello, prefiere ir al nivel micro con el fin de examinar el manejo y la gestión de los recursos en varios niveles. Parte de la hipótesis de la existencia de una “racionalidad cultural” guaraní “que norma y ordena el territorio” (Inturias, 2003: 39) pero también se refiere a la de los ganaderos que comparten el mismo espacio. Describe la concepción guaraní del espacio en tres niveles: la casa, el chaco, el monte, destacando manejo agrícola en el chaco y de extracción (caza, pesca, recolección, extracción de madera) en el monte, para cada comunidad. Tras explicar gráficamente cómo se lleva a cabo el manejo de los recursos, se describe los procesos de gestión en la zona, a nivel comunal, viendo las estrategias de acceso y control de los recursos. También se hace referencia a los mecanismos de control social comunarios como el chisme, los “dueños” y los que provienen de la presencia del Estado en diversos niveles, siendo los más recientes los planes de ordenamiento territorial. Destaca la importancia de la asamblea. Se evoca los casos en los que los recursos se encuentran bajo presión como en el caso de la agricultura itinerante o bien con la ganadería (tema de la carga animal). Finalmente, se menciona algunos de los obstáculos a superar para lograr una gestión exitosa y satisfactoria. Una parte de su estudio está enfocado en la compleja convivencia entre indígenas y empresas hidrocarburíferas en la medida en que pasan gasoductos por el territorio de la capitanía. En esta temática, los autores presentan una visión diferente y complementaria al estudio de Correa (2003). Estudios que abordan elementos externos al mundo indígena Efectivamente, Loreto Correa (2003) estudia el impacto de los hidrocarburos y más específicamente de la construcción de gasoductos a Brasil en el departamento de Santa Cruz, en tres municipios (San José, San Matías y Puerto Suárez) y no lo hace desde la perspectiva indígena. Es un estudio sobre un megaproyecto, un tema muy relevante en la coyuntura actual (ver Inturias, 2011, por ejemplo). Es una mirada más económica y de impacto que de manejo y gestión. Vale recordar que es un estudio anterior a la guerra del gas (2003). Por años antes, pero ahora con una llamativa actualidad, Ingrid Zabala (2001) estudia la influencia de un tramo de la carretera que une las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad sobre las prácticas agrícolas de algunas comunidades ubicadas en este tramo; estas son pobladas por indígenas, campesinos benianos y colonizadores. La construcción de la carretera, iniciada en los años 1970 y de largo aliento (de tierra, de ripio, de asfalto), fue destinada principalmente a facilitar el transporte de ganado y de productos agrícolas de una región a otra. Las comunidades ubicadas al borde de la carretera podrían de esta manera incrementar su producción gracias a este rápido acceso a los mercados. Sin embargo, la investigación constata que, más que mejorar la producción, la carretera ha promovido un mayor poblamiento en la zona y, por tanto, una mayor presión sobre los 30

recursos14 y una mayor dependencia del mercado de los pobladores, pero no como productores sino como consumidores. Se constata una serie de cambios ecológicos: deforestación, pérdida de especies valiosas, modificación del hábitat de algunos animales, por la caza y el ruido. Además, la construcción del terraplén tiene consecuencias nefastas para el drenaje en alguna comunidad y la práctica del barbecho en las parcelas implica menor biodiversidad. La autora señala que no hay medidas de mitigación previstas. Además, la valorización de las tierras en torno a la carretera ha generado un proceso de ventas a personas no indígenas o karayana. Sin la tierra, no hay recursos La propiedad de la tierra es fundamental para poder llevar adelante la explotación de los recursos, aunque en varios casos, la simple posesión ha sido suficiente. En este caso, las investigaciones han puesto énfasis en los conflictos generados por el tema. El trabajo de Omar Mendoza (2003) está enfocado en la lucha por la tierra, no a través de una demanda de TCO como en la mayoría de los estudios, sino en un estudio de caso dedicado al Movimiento Sin Tierra en el Chaco tarijeño. Esta lucha afecta a muchos actores como campesinos, indígenas, ganaderos y el papel de los medios de comunicación ha sido importante para azuzarlo. Por tanto, es un estudio sobre un conflicto, en un texto muy apegado a la coyuntura de la época, muy sensible. El tema central es la tenencia de la tierra y los conflictos recientes (2001) que ha generado la complejidad de su acceso. La caracterización que acompaña el estudio no es muy profunda. El tema de la ganadería es central en la región. Los autores evocan el tema de la aplicación de la ley INRA en la región, a través del saneamiento de tierras identificado como el proceso que ha contribuido a reactivar conflictos. Por más que se trate de un estudio de conflicto, éste carece de las herramientas teóricas para analizar el mismo, que probablemente fueron desarrolladas posteriormente en Bolivia (ver los trabajos de la Fundación UNIR o de la cooperación alemana) y es muy empírico. Las etapas de génesis y maduración del conflicto así como la evocación de su explosión son descritas de manera un tanto desordenada pero con elementos muy interesantes sobre los actores en presencia. Quizás peca de ser demasiado descriptivo. Otras investigaciones abordan el tema de la tenencia de la tierra desde la mirada de las TCO. Lo veremos más adelante. Eje: Las estrategias y prácticas campesinas El tema del campesinado ha sido objeto de numerosos estudios (además de políticas) sobre todo desde afuera, con el fin de comprender y evaluar los efectos de la Reforma Agraria. Desde la Universidad de Wisconsin (EEUU) en particular, numerosas tesis se han dedicado a examinar las estrategias y comportamientos de los campesinos, terminología utilizada en ésta época, en 14

En medio del conflicto en torno a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y de la marcha en defensa del TIPNIS, este estudio es una severa llamada de atención que se suma a las innumerables consecuencias de este proyecto de desarrollo. El PIEB se encuentra auspiciando otra investigación sobre esta temática cuyos resultados se encuentran en prensa.

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el nuevo contexto de la Revolución Nacional. Ésta impulsó también los procesos de colonización hacia la frontera agrícola que constituye un eje paralelo al denominado eje central, una franja interrumpida ubicada en el Alto Beni (La Paz), el Chapare (Cochabamba) y el Norte integrado (Santa Cruz), regiones altamente conflictivas en la actualidad. Este proceso de migraciones y de desarrollo de prácticas agrícolas relativamente intensivas en zonas con vocación más forestal ha llamado la atención de los investigadores que han analizado los resultados económicos y los impactos sociales de estos nuevos asentamientos. Así mismo, son regiones donde se constata una importante presencia institucional. En la chura tierra chapaca En otras regiones donde el campesinado ha desempeñado un papel menos protagónico, los estudios no han sido tan importantes. Es por ello que los aportes de Alfonso Hinojosa y de Carlos Vacaflores sobre la situación del valle chapaco (tarijeño) son de gran valor. Alfonso Hinojosa (2000) se enfoca en el universo campesino de Tarija desde la perspectiva de las migraciones a Argentina, un fenómeno que no es novedoso (Ver Combes y Ros, 2003 sobre migraciones) pero que tiene consecuencias muy importantes en las comunidades de origen. El estudio se realiza en un momento en que las migraciones al exterior empezaron a cobrar mucha fuerza (a EEUU y España, sobre todo). Los autores se preocupan por el principal factor expulsor de mano de obra, a saber la pobreza, expresada en: “la minifundización de la tierra, la caída de la productividad y la precariedad del mercado urbano tarijeño”, a lo que suman las crisis climáticas y sus consecuencias y finalmente, la nueva política económica argentina (Hinojosa, 2000: 61). Dedica un capítulo al tema de la economía campesina y las migraciones rurales en términos generales y en el tiempo, con una breve historia de las migraciones. Se ubica también al otro lado, en el lugar de destino y menciona las categorías laborales en las que se insertan los migrantes, una vez en Argentina. Presenta con mucho detalle el contexto específico de las comunidades campesinas de origen, así como las categorías laborales en el lugar de destino, también vinculadas a la actividad agrícola: jornalero, tantero, mediero, quintero, arrendatario y el último eslabón, propietario (Hinojosa, 2000: 36-38). Luego de realizar una suerte de etnografía del proceso migratorio, distinguiendo las migraciones estacionales de las de “doble domicilio” o definitivas (cada una estudiada desde una comunidad de origen), el autor identifica factores culturales que contribuyen a la creación de un imaginario colectivo en torno a la modernidad que representa el país vecino y el hecho que, para un joven, ir a Argentina es una suerte de rito de iniciación (Hinojosa, 2000: 75). Finalmente, estudia los efectos de la migración en las comunidades de origen, inaugurando de esta manera una amplia gama de estudios en la materia, más enfocados en Cochabamba. Carlos Vacaflores (2003) retoma casi el mismo escenario pero para abordar otro tipo de migración de carácter temporal: la trashumancia del ganado vacuno. Esta práctica considerada por muchos como “premoderna” es en realidad una estrategia económica vital para el sector campesino del valle tarijeño. Describe minuciosamente sus estudios de caso, a saber familias 32

campesinas agrupadas en una asociación cuyo denominador común es la práctica de la trashumancia. Señala las limitaciones del concepto de comunidad adscrito a una unidad territorial definida. La tercera parte del estudio está conformado por una importante reflexión teórica sobre campesinado y desarrollo, a partir de la experiencia de la sociedad rural de Tarija, que ha tradicionalmente excluido al campesinado de su visión de desarrollo. De lo macro a lo micro El aporte de la compilación de Miguel Urioste y Diego Pacheco (2001) consiste en tomar en cuenta a la totalidad de los actores productivos de las tierras bajas, desde los indígenas hasta los empresarios agropecuarios, pasando por supuesto por el sector campesino y el de los pequeños propietarios15. Varios de los estudios de caso están enfocados en zonas de colonización como San Andrés (Beni), Yapacaní y Pailón (Santa Cruz). Un artículo muy interesante examina la problemática, poco conocida, del mercado de tierras y de la evolución del mismo a partir de la aplicación de la Ley INRA. Concluye señalando que las estrategias de subsistencia de la mayoría de los productores, sin importar su origen, son demasiado inmediatista y por tanto, poco sostenibles. En un escenario muy diferente, al otro extremo del país, Amparo Herbas (2005) estudia con precisión las demandas de dos comunidades campesinas en el departamento de Pando. El estudio evoca la historia del poblamiento de la región y de las dudas en torno a la identidad de sus pobladores16 (Ver Herrera, 2004 sobre el caso tacana en Pando, que adopta una identidad indígena por conveniencia. Desde las comunidades campesinas, se quiere ver el recorrido de una demanda puntual. Pero la investigación no aporta mucho en cuanto a la situación de los campesinos, salvo por identificar los rubros que les interesan, básicamente ligados a una economía extractivista (madera y castaña) que agrícola.

Eje: Derechos indígenas y normativa indígena, impacto de la legislación nacional El tema de los derechos indígenas ha dado lugar a una convocatoria específica en el periodo 2008-2009, promovida por el mismo gobierno. En la misma se realizaron siete proyectos de investigación de los cuales cuatro se han referido a las tierras bajas, estudiando casos referidos a los pueblos guaraní, guarayo, t’simane y uno con tres pueblos de manera simultánea. Sin embargo, el tema ya fue abordado en investigaciones anteriores, de diversas maneras. Las pioneras Entre los trabajos pioneros en la materia, se puede citar los artículos de Elba Flores (2005) y de Elva Terceros (2005); ambos fueron elaborados sobre la base de un diagnóstico titulado Sistema 15

Destaco, desde la perspectiva histórica, un cuadro muy llamativo sobre los años de acceso a la tierra en el Beni (Urioste y Pacheco, 2001: 134). Esta temática ha sido estudiada por Guiteras Mombiola para años anteriores. 16 Ver Herrera (2004) sobre el caso tacana en Pando, donde se adopta una identidad indígena por conveniencia.

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jurídico indígena. Diagnóstico en comunidades de los pueblos chiquitano, mojeño-ignaciano y tacana (VVAA, 2003). El trabajo de base fue realizado a partir de experiencias recopiladas el año 2002 en varios pueblos indígenas: chiquitano, mojeño y tacana. El de Flores es más concreto, partiendo de la observación mientras que el de Terceros es más teórico y jurídico. Elba Flores empieza evocando la cosmovisión de los PPII en la que los elementos de la naturaleza, los espíritus del monte, son reguladores de sus vidas. Los valores y normas son transmitidos oralmente. Una de las principales normas es la convivencia. Se ha identificado normas de orden moral, de protección de recursos, culturales, sociales y religiosas; estas no suelen ser escritas. Describe el funcionamiento de algunas instancias importantes como los cabildos mojeños, de origen misional, y cómo se constituyen en espacios de resolución de conflictos entre indígenas (por ejemplo, violencia familiar), mediante sanciones proporcionales a la falta cometida. En caso chiquitano, las autoridades indígenas con base moral son variadas; atienden los conflictos (brujería, rumor, chisme, robos, etc.) pero si éstos son graves, interviene toda la comunidad. En el caso tacana, la máxima autoridad espiritual y cultural es el capitán grande o babaecuay. La resolución de conflictos puede ser interna o externa, dependiendo de los casos. Los más frecuentes son chismes, violencia familiar, robo, borracheras, linderos con barracas, incluso brujería también. Es llamativo ver que la práctica del azote, asociada al tiempo de los patrones, ya no es vigente y ha sido remplazada por las multas o el servicio comunitario. Evitar recurrir a la justicia ordinaria es común por los costos que representa, porque las víctimas no ganan nada, porque la presión social de la comunidad es más fuerte. El trabajo de Elva Terceros es más teórico y general, sin referirse a ejemplos específicos. Parte del reconocimiento de la legislación boliviana a las autoridades naturales de los pueblos indígenas para resolver conflictos internos en sus comunidades, de manera alternativa al sistema oficial. Es una señal de “pluralismo jurídico”. Señala que el derecho “propio” está basado en dos principios: el espacio natural donde se desarrollan los indígenas y la vida en comunidad. El control social castiga a los que muestran diferencias económicas (¿por recursos mal habidos?). La defensa de la comunidad significa mantener unión, cooperación, solidaridad, convivencia. Las limitaciones del sistema se perciben cuando algunos miembros de la comunidad no acatan las normas o la sociedad local no indígena no respeta. Señala la necesidad de estudiar los eventuales excesos (caso de linchamientos). Transcribir este derecho indígena por escrito sería una forma de subordinación17. Para darle efectiva vigencia, deberán ser reconocidos sus principios fundamentales, establecidos los límites de cada una de las instancias jurisdiccionales, tanto la indígena como 17

Los trabajos pioneros pioneros de Elba Flores y Elva Terceros, ambas investigadoras formadas en la “escuela” de la ONG CEJIS, fueron llevadas a cabo años antes de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (2009), adelantándose a la misma al prever que no debía subordinarse el derecho indígena al derecho ordinario escrito (Comunicación personal de Xavier Albó).

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la ordinaria; porque definidas claramente éstas, va a permitir el desarrollo con libertad del derecho indígena y su respeto por el sistema jurídico ordinario y la vigencia efectiva del pluralismo jurídico (Terceros, 2005: 141).

De cómo las reformas de los años 1990 impactaron en los derechos indígenas El tema del ejercicio de los derechos indígenas a la escala municipal ha sido abordado por Ana María Lema (2001) al intentar analizar la implementación de la Ley de Participación Popular en municipios con una mayoría de población indígena. Para ello, se eligió tres casos: los municipios de Urubichá en la frontera sur de la región amazónica y dos municipios chaqueños: Gutiérrez y Villa Montes. Se partió de un análisis exhaustivo de la historia de la relación o “contrapunteo” entre el Estado y los pueblos indígenas de tierras bajas, de manera general. Tras ahondar en la contextualización, se llega a la evaluación del ejercicio de los derechos indígenas, en este caso políticos, a través de la identificación de los escenarios de la participación indígena, mayormente construidos por la misma Participación popular: organizaciones territoriales de base, comités de vigilancia, distritos municipales indígenas o herramientas como la planificación participativa. Incluso, en dos casos (Gutiérrez y Urubichá), se pudo dar una mirada sobre la gestión municipal indígena. El periodo estudiado abarcó también dos elecciones municipales (1995 y 1999) que permitieron evaluar la participación del electorado y las posibilidades de acceso al poder local. Se puso énfasis en las reacciones del entorno ante este cambio en la vida política tradicional, que puso al desnudo una serie de prejuicios en torno a la otredad indígena. El carácter reciente del proceso de apertura fue marcado por una serie de obstáculos que impidieron el ejercicio del poder local, tanto desde un punto de vista legal como cultural (Lema, 2001: 245). Finalmente, el estudio propone alternativas de participación en el marco municipal que involucran un protagonismo creciente de las organizaciones indígenas que, a su vez, deben enfrentar el reto de la gestión territorial indígena en caso de existencia de TCO. A pocos años de iniciarse esta reforma política, los resultados aún no se han mostrado satisfactorios18. El aporte de Enrique Herrera (2004) es diferente en la medida en que no explora los derechos en sí de los pueblos indígenas ni su legitimidad aunque presenta una síntesis19 muy interesante acerca de la gestación de los mismos, del reconocimiento estatal de los derechos indígenas, sobre todo los territoriales; aporte complementario a los de otros autores sino la manera en que dos pueblos indígenas desarrollan estrategias específicas, principalmente en torno a la expresión de su identidad, para poder reivindicarlos. Destaca la importancia de la negociación. Muestra cómo estos pueblos recurren a sus derechos para readecuar y redefinir sus identidades y exigir más respeto por parte de otros actores sociales.

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Sin embargo, el análisis presentado data de más de diez años y, en medio de tantos cambios que nos ha ofrecido esta década, quizás el tema de la participación popular haya sido el que ha demostrado la mayor estabilidad. En la actualidad, la nueva Constitución Política del Estado ha introducido la figura de las autonomías indígenas que vendría a complementar el proceso. 19 Este capítulo ha sido publicado en su versión integral en Terceros (2004).

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Estudios sobre las Tierras Comunitarias de Origen Elba Flores (2002) se abocó al estudio sobre las normas en torno al manejo de recursos naturales en el Beni. También aborda el tema de los territorios. Presenta una breve historia de dos TCO ubicadas en el Beni (Territorio Indígena Multiétnico e Itonama). Toma como eje temático el sistema normativo interno con relación a la explotación forestal y estudia los mecanismos de control para la continuidad de los recursos. Describe el marco legal en torno al tema forestal hasta la fecha. Presenta descripciones muy minuciosas en varios niveles, tanto comunales como de la TCO. Logra recrear la complejidad del problema. El estudio corresponde a un periodo en que se avanzó bastante en términos de políticas pero cuya aplicación era insuficiente, sobre todo en materia de aprovechamiento forestal. Muestra la contradicción entre las normas y las costumbres propias y la normativa oficial. De hecho, las comunidades de estos territorios ya contaban con normas en torno a sus recursos pero los abusos constatados en materia forestal obligaron a tomar medidas, tanto para recursos maderables como no maderables. Este es el principal aporte del libro, con elementos muy detallados sobre procedimientos, normas, usos y costumbres dentro de las comunidades. A nivel del territorio, las estrategias son otras; planes de manejo, guardias forestales, etc., pero casi solo para el TIM. Una cita es muy esclarecedora: Para las comunidades de ambas zonas estudiadas, está claro que el control de los recursos forestales les corresponde a ellos y que las instancias gubernamentales son simplemente de apoyo. (…) Por tanto, se puede afirmar que un control por medio de mecanismos ajenos al territorio no cabe en el imaginario de la población (Flores, 2002: 101).

El libro puede insertarse en el conjunto de las investigaciones sobre recursos forestales pero no lo hace desde la perspectiva botánica (como Mónica Antezana o Griceldo Carpio), sino de manera más parecida a lo que hace Carlos Vacaflores (2003) con la ganadería trashumante o Mirna Inturias (2003) con la agricultura en el Chaco. Se adelanta a los estudios sobre derecho consuetudinario (algunos fueron desarrollados en los 90 y otros post 2005). En cuanto a la continuidad de los recursos forestales, complementa el estudio de Martínez (2003) sobre los incendios, otro fenómeno que altera los mismos. Poco antes, un capítulo, es decir un artículo del libro de Miguel Urioste y Diego Pacheco (2001) elaborado por Martínez20 evoca la temática de las TCO a nivel general, debatiendo acerca del concepto de tierra comunitaria de origen; también muestra los avances logrados en la materia hasta la fecha y algunas experiencias de saneamiento. Destaca la dificultad de aplicación de la ley INRA en la materia y los conflictos que genera el asunto. En términos de estudios especializados en el tema, el trabajo de Mirna Inturias (2003) señala cómo el nuevo marco legal (LPP, Ley INRA y otras medidas) obligan a los guaraníes de la capitanía de Parapitiguasu a asumir nuevos desafíos para encarar la gestión de su TCO. Dedica un capítulo a las políticas municipales y otro a la influencia de la ley INRA, viendo cómo se aplica 20

El año anterior, este mismo autor publicó un Atlas sobre territorios indígenas (Martínez, 2000).

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en este caso. Su propuesta difiere de la de Enrique Herrera (2004) puesto que acá, no se cuestiona el tema identitario. En la parte histórica referida a la tenencia de la tierra en las comunidades de estudio, aborda la situación legal de las mismas. El entorno legal e institucional y la coyuntura política influyen en la organización de la capitanía que se encuentra “dividida” por dos municipios, Charagua y Boyuibe, lo que complica singularmente la gestión. Se evoca la experiencia guaraní en las políticas municipales sobre todo desde la aprobación de la Participación Popular, en las elecciones municipales de 1995 y 1999 donde se ve el transfugio político pero también la adquisición de experiencia. Se aborda el tema de los distritos municipales indígenas, pues al momento de la investigación, ya existían ocho distritos en la provincia Cordillera que eranconsiderados como amenazas por los gobiernos municipales en tanto salieron de la propuesta de las organizaciones indígenas. Algunos cuentan con planes de desarrollo distrital indígena. Se establece una distinción entre distritos y subalcaldías. Luego, se aborda el tema de la distribución (desigual) de recursos por concepto de coparticipación en la capitanía, según los municipios. Aquello repercute en la capitanía, aparentemente dividida en función de sus interlocutores: Charagua es más cruceño, Boyuibe más chaqueño (Inturias, 2003: 91). Ninguno de los municipios piensa (entonces) en el tema de territorio, de TCO o en gestión de recursos. Otro tema importante es el ordenamiento territorial y la administración de recursos, a través de la experiencia de la aplicación de planes como el PLUS, el PLOT y los POP (planes de ordenamiento predial). Finalmente, se comenta el tema de las compensaciones por la explotación de hidrocarburos en la zona (construcción del gasoducto Yacuiba – Río Grande). Habría que ver en qué medida estas páginas complementan o no lo que propone Correa sobre el mismo tema: las dos autoras concuerdan en que no está claramente definido lo que significa y lo que implica la compensación. Indudablemente, la multiplicación de planes complica la gestión de este territorio, lo que constituye un reto para la capitanía. Finalmente, se muestra los avances logrados hasta el momento en términos de aplicación de la ley INRA y se destaca los problemas generados por el proceso de saneamiento, una constante en todas las tierras bajas y, específicamente en este caso, por la ausencia de continuidad territorial. Se señala la falta de coordinación entre el distrito municipal indígena y la TCO, debido a que corresponden a lógicas diferentes, pero en ambos casos, es la capitanía la que tiene que señalar el camino en materia de gestión territorial. Elba Flores (2007) investiga de nuevo el tema de la resolución de conflictos en Guarayos en torno al uso y acceso a los recursos naturales21. Allá, los modos de resolución son encarados por la organización (COPNAG): esto da lugar a descripciones minuciosas e interesantes sobre el funcionamiento de la organización. El problema principal (como en caso de Mirna Inturias) es la 21

En anexo, bajo el título ambiguo de “estado de la investigación”, la autora presenta una síntesis de datos sobre los modos originarios de conflictos entre los pueblos indígenas originarios de tierras bajas, con datos interesantes sobre sus propias concepciones de los conflictos, la tipología de los mismos, etc. Pero enfrenta el problema de generalizar conceptos al conjunto de los pueblos: ¿es factible proceder de esta manera?

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gestión de la TCO; evoca un panorama de problemas y propuestas de resolución planteados por los propios comunarios. En otras regiones de las tierras bajas, Amparo Herbas (2010) ha elaborado un estudio muy cercano a la CIDOB, desde el proyecto de Gestión Territorial Indígena. Es una suerte de evaluación de un ciclo del proyecto, financiado por la cooperación danesa, relativo a la gestión territorial en varias TCO. El estudio toma tres de ellas e intenta presentar definiciones; luego, se dedica a los estudios de caso que trata de manera paralela. Da mucho énfasis al rol de las organizaciones, su funcionamiento, su sistema de normas, a partir de la documentación institucional. Estudia los derechos en varios ámbitos: sociales, territoriales, económicos, políticos, con relación a los recursos naturales. En los tres estudios de caso, sus descripciones son muy detalladas pero no compara los casos, apenas los yuxtapone. Propone un enfoque interesante. Es una suerte de diagnóstico sobre el estado de los derechos y su interiorización en cada pueblo. Pero, al abordar una variedad de derechos, no se concentra en los territoriales. Más adelante, vuelve a consideraciones a nivel nacional y se aleja de los estudios de caso. Se refiere a numerosas leyes en diferentes ámbitos (con algunas imprecisiones) pero muchas fueron gestadas en gobiernos anteriores y quizás ya no son vigentes en la actualidad. No analiza la Constitución Política del Estado de 2009 por ser demasiado reciente. En su conclusión, Herbas destaca la importancia de las organizaciones indígenas en el ejercicio y la defensa de los derechos, sobre todo en materia de territorio; señala que el marco normativo de los derechos es frecuentemente inadecuado y anuncia que la nueva Constitución cambia el escenario: Hoy en día, sería interesante ver lo que ha pasado en la materia. Finalmente, se proponen bases para la generación de políticas públicas respecto a la gestión territorial indígena, en el marco de las autonomías, para lo siguiente: sistema organizativo, normativo, planificación. Miradas específicas Presentamos a continuación varias de las investigaciones realizadas en el marco de una convocatoria específica del PIEB dedicada al tema de los derechos indígenas. Los resultados son muy diferentes. Karina Fernández (2010) no presenta claramente lo que entiende por “derecho indígena guaraní”. Su visión tiende a ser homogeneizadora con muchos errores de interpretación. Hace una suerte de ejercicio de introspección sobre el funcionamiento de la organización indígena. Sistematiza datos de una encuesta en seis capitanías. Establece diferencias entre los derechos individuales y los colectivos. Señala las preocupaciones prioritarias en la zona (pero estas no son necesariamente indígenas, sino nacionales). Da pautas sobre el conocimiento o desconocimiento de las leyes. Identifica los temas que preocupan a los guaraníes como la tierra, el agua, los hidrocarburos, el monte. Desarrolla otro acápite sobre los derechos políticos y hace referencia al papel de la Asamblea del Pueblo Guaraní así como a la municipalización y sus 38

impactos. Sobre el tema territorial, hay algo de mitificación pero no queda claro si esta viene de la APG o de los autores. Wilder Molina (2009) se pregunta cómo un pueblo indígena accede a y ejerce sus derechos indígenas en el nuevo contexto político actual; específicamente: “analizar la incidencia de los procesos políticos en las nuevas formas de construcción de la ciudadanía y prácticas de derechos de los pueblos indígenas, a través del caso chimane” (Molina, 2009: 4). En este caso, se trata de un pueblo indígena bastante cohesionado y con una percepción muy clara de su identidad, pese a su relativa dispersión. Aborda el tema de los derechos y específicamente la ciudadanía a partir de dos perspectivas: desde adentro y desde afuera. En el primer caso, elabora una suerte de recuento de la organización de la vida de los chimanes, con algunas de sus instituciones tradicionales y su forma de organización, relativamente reciente. En el segundo caso, se refiere a la relación entre los chimanes y el Estado boliviano en un escenario “con huecos”. Señala asimismo la participación de los chimanes en algunas demandas políticas del departamento, específicamente en torno a las autonomías, a nivel departamental y resalta la existencia, desde el año 2000, del Distrito municipal étnico chimane en el municipio de San Borja, considerando esta apertura como un “derecho colectivo orientado a la participación local en tareas de desarrollo y la planificación municipal…” (Molina, 2009: 152). Evoca un problema que atinge a la totalidad de los pueblos indígenas en Bolivia: el de la documentación personal cuya ausencia impide el acceso a la ciudadanía. Finalmente, evoca los derechos territoriales, algo un tanto complicado cuando las fronteras territoriales del municipio y de la TCO no coinciden necesariamente (en este caso, son varias TCO: TICH, TIM y TIPNIS). José Martínez (2010) se interesa en los derechos indígenas en Guarayos, es decir para un pueblo indígena, para una provincia y para una TCO. A diferencia de los demás estudios sobre el mismo tema pero relativos a otros pueblos, este presenta una mirada más integral y reflexiva. Los actores principales son los indígenas pero también toma en cuenta a los demás, es decir a los campesinos colonizadores y a la población no indígena, tanto en el centro urbano de Ascensión como los ganaderos. La unidad de estudio es un espacio contextualizado (aunque con algunas carencias). Sistematiza la información sobre la legislación relevante para los indígenas (como Terceros en 2004), mal llamada legislación indígena. Es un estudio de historia local (19912008) con mucha información y bastante discusión. Algo muy interesante que ha detectado la investigación es que se constata un incremento de la población no guaraya en la provincia, algo que causarías problema a la hora de aplicar los derechos de una población nativa cada vez menos mayoritaria: … los guarayos, un pueblo con un territorio propio, perdieron esa particularidad y sus comunidades han quedado fuera de la TCO titulada. A su vez, la fragmentación sociocultural se debe al descenso de la población indígena en relación a otros grupos con culturas diferentes y muy permeables a las culturas foráneas (Martínez, 2010: 20).

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Para argumentar el tema de los derechos, el autor discute varias teorías del derecho contrastando el nuevo marco legal vigente (nueva CPE) y la “realidad jurídica boliviana”. Subraya la frágil institucionalidad del país. Concluye diciendo que las normas morales son unilaterales mientras que las normas jurídicas son bi o multilaterales (Martínez, 2010: 34). Señala que la mayor producción de leyes que, de alguna manera, benefician al sector indígena fue promulgada durante los gobiernos anteriores al actual. Propone criterios de orden sobre los fundamentos de los derechos indígenas y sus relaciones con otros componentes, plasmándolos en un cuadro (Martínez, 2010: 39). Intenta mostrar cómo “baja” la ley a la realidad (Martínez, 2010: 41-42). La existencia de un nuevo marco legal implica la necesidad de adecuar las leyes anteriores al nuevo orden constitucional y faltan reglamentos. Evoca el tema del “pluralismo jurídico” que considera una moda, algo que podría haber discutido sobre la base del texto de Flores (2005). De lo nacional aterriza en el nivel local, con materiales recogidos con mucho detalle en torno a ejes interesantes: -

Percepciones jurídicas de diferentes sectores sobre derechos legislados Adecuaciones legales e institucionales en la sociedad local de Guarayos Derechos indígenas y principales conflictos en Guarayos.

Estos aspectos son percibidos tanto por actores externos como por los propios guarayos que dan pautas sobre el ejercicio y el estado de conocimiento de sus derechos. Se pone mucho énfasis en las organizaciones indígenas (COPNAG) y sus crisis (fama de ser conflictivos), pero también señala los problemas de adecuación y de deficientes presencia del Estado. No encontramos instituciones del Estado ni proyectos de apoyo en el plano nacional o internacional que respondan a la necesidad de armonizar derechos ciudadanos en general con derechos indígenas en particular (Martínez, 2010: 123).

Desarrolla una reflexión sobre dieciocho años de “derechos indígenas en Bolivia”, de manera muy interesante pues a lo largo de este periodo, el contexto político del país ha cambiado bastante. Pero la primera constatación es que los beneficios de los derechos no llegan a sus titulares. Los indígenas consideran que leyes es asunto de abogados y asesores; no se preocupan por conocerlas. Pese a tomar conciencia del deterioro de su calidad de vida, su moral, sus costumbres, el acceso a los recursos, tienen esperanza en el futuro. Por otro lado, se constata la frustración de los funcionarios públicos, apatía, incumplimiento: Las inversiones y esfuerzos de integración vertical invariablemente fracasan o se quedan en los aspectos puramente administrativos; no existe responsabilidad con bienes públicos, no se rinde cuentas, da lo mismo si funcionan o no, mientras ello pueda ayudar a conseguir algunos propósitos o réditos políticos. En ningún caso proyectos de esta índole responden a la necesidad de la cultura guaraya; responden a las nuevas necesidades creadas en los centros urbanos” (Martínez, 2010: 135).

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De acuerdo a esta investigación, los derechos legislados a favor de indígenas no cobran vida, no se cumplen y el derecho consuetudinario no es plenamente reconocido. Los autores consideran que el aporte del estudio es haber identificado que la abundante legislación indígena es desconocida y por tanto, no puede ser aplicada o bien beneficia a otros sectores.

Eje: Desarrollo local y desarrollo regional Finalmente, este eje se refiere al tema del desarrollo, específicamente en los departamentos de Pando y Beni y parcialmente, en el de Santa Cruz. Los estudios varían en su escala, yendo desde lo comunal hasta lo departamental, pasando por el nivel intermedio develado por la Participación Popular, el municipal. La huella de la Ley de Participación Popular Amparo Herbas (2005) se enfoca en el desarrollo local en Pando a través del caso de dos comunidades campesinas. Este tema se inserta en el marco de la aplicación de la Ley de Participación Popular que ha creado el mecanismo de la consulta con las organizaciones territoriales de base para poder recoger precisamente demandas puntuales para su desarrollo. Analiza conceptos claves como necesidad, demanda, desarrollo, movilización. Es un estudio micro minucioso de dos comunidades alejadas entre sí, que son analizadas por separado pero luego, se establece una comparación entre ambas. El análisis de las demandas de cada comunidad es abordado desde un mismo patrón que considera el proceso de construcción de la demanda, la movilización y finalmente, la situación de la demanda; asimismo, ordena las demandas por grado de satisfacción. Es un estudio que valdría la pena reproducir en otros ámbitos, pero con mayores precisiones, por ejemplo, sobre el origen de los pobladores o sobre las percepciones de las instituciones con las que se relacionan las comunidades. Es una mirada en “negativo” de la gestión municipal; lo curioso es que no cita estudios referidos al Beni como Wilder Molina (2002) u Oscar Saavedra (2002). Wilder Molina (2002) estudia las sociedades locales en el Beni a través de los casos de dos municipios con población indígena. Sus aportes teóricos son muy relevantes sobre el concepto de lo local; cuenta con una discusión interesante en torno al proceso de la municipalización con una visión bastante crítica hacia los autores que han escrito sobre el mismo pero que fueron parte del proceso. Presenta por tanto una visión menos “afectiva” que los demás. Como se trata de uno de los primeros estudios consistentes sobre el Beni, dedica varias páginas a caracterizar el departamento, algo que retomará en estudios posteriores. A partir de la elaboración de la historia de los municipios estudiados, destaca la importancia de las identidades locales. En este escenario, estudia la municipalización preguntándose cómo ésta cambio o influyó en las sociedades locales.

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Oscar Saavedra (2002) se dedica a estudiar los procesos de planificación participativa en el departamento del Beni, en tres municipios. Es un trabajo complementario al de Wilder Molina (2002) pero desde una perspectiva mucho más técnica. Lamentablemente, el capítulo general sobre el Beni es deficiente. Se trata de un documento que no cuenta (o no informa acerca de) una base documental sólida. Hay un fuerte interés en los procesos de planificación pero, sin conocer el contexto no son comprensibles los estudios de caso. El caso “estrella”, de Baures, es objeto de un tratamiento específico por recurrir a información de carácter arqueológico pero no se entiende la relación con el tema de la planificación territorial. Se rescata la cita siguiente: La falta de criterios que expresen la realidad de las características ecológica-económicas del espacio dificulta crear una visión integral del territorio en el proceso de planificación participativa, al elaborar los PDM y los POAs (Saavedra, 2002: 138).

El problema es que no considera a la población, su visión y percepción del espacio y del territorio. En el estudio de la aplicación de la Participación Popular en tres municipios con población indígena, dos en Santa Cruz y uno en Tarija, con miras a analizar la participación política de sus actores indígenas, Ana María Lema (2001) dedica un capítulo a los recursos logrados para el desarrollo de cada municipio y su uso, sobre todo para el sector indígena. Pero el tema general del estudio no es el desarrollo. El desarrollo regional El conjunto de investigaciones coordinado por Miguel Urioste y Diego Pacheco (2001) es uno de los pocos esfuerzos que aporta insumos al tema del desarrollo regional de manera global. Destaca la importancia de la actividad agropecuaria y forestal para el desarrollo de los departamentos estudiados (Pando, Beni y Santa Cruz) y por ende, del país. Evoca las expectativas de las nuevas políticas en materia de tenencia de la tierra y en el tema forestal en los distintos actores involucrados. Se refiere a las actividades más movilizadoras de mano de obra en estas regiones como la agricultura, la explotación forestal y, en menor medida, la ganadería. El estudio está acompañado con datos cuantitativos muy importantes, tanto a nivel de los estudios de caso como a nivel departamental. Se refiere también a la importancia de la contribución fiscal de la tenencia de la tierra, mediante un estudio de caso en Pailón (Santa Cruz) que revela que … la disminución del valor del impuesto a la propiedad de la tierra, dispuesto por el gobierno nacional (1997-2001) ha mutilado la capacidad de la Ley del INRA para reordenar el acceso equitativo a la tierra y para promover su uso productivo” (Urioste y Pacheco, 2001: 327).

Este es un tema que amerita una atención particular, sobre todo en la actualidad, en el nuevo marco de las autonomías departamentales. 42

Otro tema de actualidad en la economía nacional es el de los hidrocarburos. Loreto Correa (2003) presenta una historia económica de Santa Cruz en torno al rubro de los hidrocarburos y los efectos de la construcción de gasoductos a nivel local, es decir en los municipios por donde pasan éstos. El estudio viene acompañado por una reflexión sobre el desarrollo departamental y la falta de visión y de planificación de los actores involucrados en el proceso ). Parte de un esbozo de la historia de la importancia económica de Santa Cruz para el país; la documentación oficial de la Prefectura, por ejemplo, brinda pocas referencias al tema; explica aspectos técnicos relativos a la exploración, la explotación y el transporte de hidrocarburos (señala que Santa Cruz es más importante para el transporte y que Tarija lo es para exploración). Evoca la transición de YPFB, empresa estatal a las empresas petroleras multinacionales a través de la capitalización y cómo aquello impactó en la modernización de los equipos, ductos, seguridad, etc. Luego, describe el gasoducto a Brasil destacando la dimensión de la obra (y comparándola con otras a nivel continental). Es el ducto más largo de Sudamérica aunque la parte boliviana representa una sexta parte del recorrido (Santa Cruz - Sao Paolo). En Bolivia, la propietaria y supervisora de la construcción es Gas Trans Boliviano (GTB). La empresa Transredes se ocupó de la supervisión, de los estudios de impacto ambiental, del impacto social en poblaciones indígenas y comunidades, de la investigación de suelo y demás. El costo de la obra alcanzó 2.000 millones de dólares. Esta obra de gran envergadura requirió además planes de compensación para los pueblos indígenas de la zona (PDPI). Otro gasoducto, de San Miguel de Velasco a Cuiabá, en Mato Grosso, está a cargo de Gas Oriente Boliviano (GOB), con las mismas características que el gasoducto principal. Indirectamente, introduce o se anticipa al tema de las autonomías departamentales. Se ha incluido en este balance el trabajo de Wilder Molina (2008) pese a que su temática principal rebasa la cobertura de las demás investigaciones. Efectivamente, el libro Estado, identidades territoriales y autonomías en la región amazónica de Bolivia constituye una reflexión sobre un proceso político desde una perspectiva regional y, por tanto, va más allá de la problemática indígena-campesina en tierras bajas o, en este caso, de los departamentos de Beni y Pando. Es un estudio muy fino sobre la dinámica política interna de los departamentos. También presenta datos acerca de la población indígena de esta región, como la existencia de 23 TCO en este espacio y destaca el papel de las organizaciones indígenas (Molina, 2008: 37-38). La presencia de estas nuevas formas de territorialización plantea nuevos retos de gestión. Sistematiza algunas propuestas en torno a las autonomías indígenas (Molina, 2008: 128-130). Cuenta con un capítulo sobre democratización y ciudadanía intercultural, desde la práctica y los espacios que se abrieron recientemente (participación popular). A partir del estudio de discusiones de larga data en la región, tanto a partir de publicaciones como entrevistas o eventos realizados en terreno, el autor debate sobre el tema de la identidad territorial. Rescata la originalidad del pensamiento amazónico, distinto al cruceño. Las autonomías departamentales hoy son una realidad y las reflexiones mencionadas en este estudio deben ser retomadas no sólo en los departamentos estudiados sino en el resto del país. 2. Aportes, contribuciones, aciertos y desaciertos 43

En forma de punteo, presentamos acá algunos de los aciertos más llamativos de estas investigaciones, seguido de otra lista sobre los desaciertos de las mismas. Efectivamente, se puede encontrar de lo mejor y de lo peor en un mismo texto. Aportes significativos y consistentes al conocimiento de un departamento o una región, específicamente en los casos de Pando y Beni. En el primer caso, el trabajo desarrollado entre investigadores locales con el respaldo del PIEB ha dado lugar a la producción de un conjunto interesante de publicaciones que, de manera sistematizada, presentan resultados científicos sobre diferentes problemáticas. Como señala la investigadora Hilda Rea en el prólogo a Wilder Molina (2002: XII), el PIEB se ha constituido en una nueva “casa grande”22 para los investigadores. Otras regiones donde se constata una acumulación de conocimiento son el Chaco, Guarayos y el valle tarijeño. Pese a que algunos estudios están ahora un tanto desfasados en el tiempo principalmente por los cambios vividos en el contexto político, la modificación de la legislación, etc., estas investigaciones siguen siendo válidas como testimonio de una época. Involuntariamente, son estudios sobre historia contemporánea. Varios libros tienen además un gran valor testimonial al abrir sus páginas a las voces indígenas. Las descripciones de los recursos naturales, las modalidades de acceso, los usos de los mismos suelen ser muy minuciosos y precisos. Las descripciones de comunidades indígenas y campesinas también (Antezana, 2001; Flores, 2002; Herbas, 2005). Algunas contextualizaciones son muy rescatablesmientras que otras son muy generales o se basan en fuentes poco confiables. Los aportes sobre el parentesco, desde los estudios de corte antropológico, son importantes (sobre todo Lehm, 2002, más que Arce, 2003). Algunos textos son de fácil lectura, con una redacción amena y argumentos muy didácticos (Combès, 2003) y de uso recomendable para públicos universitarios. Ciertas investigaciones contienen propuestas metodológicas innovadoras (Correa, 2003; Martínez, 2003; Herbas, 2005). Varios autores reconocen con honestidad las limitaciones de sus estudios (Lema, 2001; Flores, 2002; Martínez, 2003; Correa, 2003). Se constata el esfuerzo realizado por algunos investigadores por sistematizar la información en cuadros y gráficos interesantes.

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El concepto de “casa grande” ha sido aplicado a la Amazonía, como el espacio de origen (territorio) y de vida de sus pueblos indígenas. Por extensión: hogar.

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Las investigaciones históricas de Combès (2005) y de García Jordán (2006) constituyen un caso aparte: además de haber sido realizadas al margen del PIEB y de manera individual, sus autoras son especialistas en los temas investigados y las publicaciones resultan ser la suma de su conocimiento (hasta el año de publicación) sobre el tema. Las ediciones son impecables y cuentan con un aparato crítico importante. Son investigaciones novedosas en el abordaje de sus temas (historia isoseña, historia guaraya) que las convierten en textos de referencia por varios años. Se plantean nuevos abordajes para el estudio de temáticas actuales, como el estudio de la tenencia de la tierra en las tierras bajas a partir de una lectura diferente a la que se suele utilizar para el resto del país. En cuanto a las debilidades y/o deficiencias, anotamos sobre todo las de carácter formal: Se constata dispersión de esfuerzos con el deseo de abarcar mucho pero que se traduce en la ausencia un hilo conductor claro. Algunos títulos de capítulos o de incisos no corresponden con el contenido. Algunos abordajes son muy superficiales. Se ha detectado algunos anacronismos. En investigaciones donde realmente han trabajado por igual los diferentes miembros del equipo y en las que se ha encomendado la redacción de capítulos a varios autores, estos capítulos pueden llegar a chocar entre sí. Algunos capítulos son casi exclusivamente descriptivos, sin análisis o discusión alguna. Hay un exceso de fe en las fuentes, y muy poca crítica hacia ellas, sobre todos si son de origen indígena o estatal. El apego a los datos y la poca discusión de los mismos refleja una formación todavía muy positivista en el mundo académico boliviano. La voz de los entrevistados es la que prevalece, como un testimonio de verdad, sobre todo si proviene de interlocutores indígenas que no suelen ser cuestionados. Ciertamente, se hace justicia al devolverles la palabra que les fue arrebatada hace siglos pero es preciso contrastarla con otros testimonios. En este sentido, algunas investigaciones han sido muy cuidadosas de recuperar todas las voces para exponer una situación. Las conclusiones deberían ser respuestas a las interrogantes planteadas en las introducciones. Muchos estudios carecen de recomendaciones. Cuando éstas existen, salvo excepciones, no se precisa sus destinatarios. 45

No se ha cuidado en verificar si la bibliografía citada en texto es la misma que la bibliografía final. Las referencias bibliográficas omiten investigaciones fundamentales así como textos metodológicos23, ¡incluso producidos por el mismo PIEB! Me permito desarrollar este punto pues me provoca una gran indignación. Varios estudios que deberían estar conectados por abordar la misma temática o el mismo espacio geográfico no se citan entre sí. La situación es peor aun cuando se trata de referirse a estudios históricos: generalmente, los investigadores que no son del área se rehúsan u olvidan consultar bibliografía especializada y abundan en generalidades o citan estudios que no son de actualidad. ¿A qué se debe esta situación? ¿Desconocimiento? ¿Flojera? ¿Descuido de los asesores? Si no están de acuerdo con los autores mencionados, por lo menos deben argumentarlo. El resultado es que los investigadores pierden tiempo y energía al intentar repetir lo que otros ya hicieron y, de paso, credibilidad ante los lectores informados, advertidos o actualizados. En cambio, se corre el riesgo de que los lectores neófitos en la materia crean a ojo cerrado lo que señala el libro.

3. Teoría y práctica 3.1.

Acerca de los aportes teóricos de las investigaciones

Todas las investigaciones han tenido que pasar por la etapa de producción de un marco teórico y la realización de un estado del arte sobre las temáticas investigadas. Los resultados logrados son muy variables; algunos de ellos son rescatables mientras que otros no. En este sentido, la formación académica de los investigadores ha sido decisiva: profesionales del ámbito de ciencias más “duras” como agronomía, biología o ingeniería forestal no han contado con la experiencia suficiente para llevar a cabo esta tarea indispensable mientras que los que provienen de las ciencias sociales (sociología, antropología, historia) se han desenvuelto con mayor facilidad. Abogados y economistas se han limitado a presentar enumeraciones de aportes. Me permito destacar a algunos investigadores que se han esforzado por brindar una reflexión teórica crítica e interesante: Combes (2003, 2005); Molina (2002, 2006, 2009), García Jordán, por supuesto; Inturias (2003); Lehm (2002); Herrera (2003); Martínez (2010), principalmente desde la historia, la antropología y la sociología. También se rescatan los aportes de Urioste y Pacheco, 2001 y de Correa, 2003 desde la economía y de Flores, 2002, desde lo jurídico. 3.2.

Acerca de las estrategias metodológicas y la rigurosidad en su aplicación

La recopilación de información: fuentes, bibliografía y trabajo de campo 23

Por ejemplo, Arandia (2009) o Mazurek (2006) cuyos aportes metodológicos son de gran utilidad.

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Las investigaciones de carácter histórico (Combès, 2005, García Jordán, 2006) han recurrido a la consulta de fuentes documentales ubicadas en archivos históricos. Algunas investigaciones que han contemplado un componente histórico también (Lema, 2001) y otras han trabajado sobre la base de fuentes publicadas (Arce, 2003; Vacaflores, 2003). La casi totalidad de los investigadores ha revisado documentos institucionales tanto públicos (de municipios, prefecturas, así como normas legales, como leyes, decretos, reglamentos, o bien censos, etc.) como privados (como de organizaciones indígenas, instituciones locales, etc.). La prensa también ha sido una fuente de información recurrente en varios estudios. En algunos casos, las fuentes consultadas ya fueron procesadas (diagnósticos, censos, etc.). Esta información ha sido complementada con datos levantados en campo, expresamente para las investigaciones. Allá, en el terreno (no necesariamente rural), se ha utilizado técnicas propias de la investigación cualitativa, sobre todo entrevistas, grupos focales, historias de vida, observación participativa, etnografía y uno que otro taller. Además, algunos casos desarrollaron censos comunales (Lehm, 2002), mapeos, encuestas a pequeña escala o gran escala (Urioste y Pacheco, 2001) o técnicas como “diagnóstico rural participativo” (Antezana, 2001). Las investigaciones de carácter más técnico han recurrido al levantamiento de datos sobre recursos naturales mediante transectos (Antezana, 2001; Carpio, 2010). Otros han procesado la información con estudios de laboratorio (Mamani, 2003). Llama la atención cómo, en algunos casos, no se ha consultado fuentes o estudios considerados como clásicos para algunos temas, incluso de publicaciones del PIEB, como ya se dijo. Al parecer, la búsqueda de información es una habilidad todavía poco desarrollada entre ciertos investigadores que se contentan con repetir algunos tópicos sin ir más allá… ¿Estudios multidisciplinarios? Pese a que un requisito del PIEB era la multidisciplinariedad de los equipos, en la práctica, esta no ha llegado muy lejos. Ciertamente, la composición de los equipos revela una combinación entre varias disciplinas, tales como sociología, economía, antropología o agronomía (las más frecuentes) pero el resultado no revela una combinación de métodos y técnicas muy desarrollada. Desde las ciencias “duras” hubo un intento por introducir elementos de carácter social o socio económico, como: nutrición + biología + agronomía + trabajo social (Antezana, 2001) o química + trabajo social (Mamani, 2003) o bien botánica + economía (Carpio, 2010). Pocos estudios se han atrevido a incursionar en el campo de la economía y, cuando lo hicieron, no hubo economistas en el equipo (Correa, 2003), salvo en el caso de Urioste y Pacheco (2001).

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Algunos estudios han incorporado a investigadores indígenas en su equipo, generalmente con el fin de mejorar el proceso de recolección de información. No se percibe la participación de los mismos al momento de analizar los datos o de interpretarlos. De la misma manera, en varios equipos, la presencia de los investigadores junior se ha limitado a las tareas de recoger datos en terreno o en oficina; en algunos casos, participaron en la redacción final pero generalmente fue el coordinador que encaró la etapa de dar forma al informe final y a la publicación. En varios casos, cuando se llegó a esta etapa, el equipo ya se desintegró. La experiencia del equipo La calidad del trabajo ha sido visibilizada cuando los investigadores ya estaban familiarizados con la temática de estudio, sea por haber realizado investigaciones académicas previas sobre el tema o bien porque su trabajo, generalmente en ONG, los llevó a realizar trabajo de campo en la zona de estudio. En muy pocos casos, el trabajo fue algo nuevo para los equipos de investigación (Correa, 2003; Lema, 2001; Hinojosa, 2000) y, quizás por la amplitud del reto, el trabajo dio sus frutos. Los equipos estuvieron conformados por un investigador responsable, generalmente un especialista, ayudado por otros investigadores pares o, generalmente, “junior” con poca experiencia pero con predisposición para trabajar. En algunos casos, estos fueron utilizados casi únicamente en el proceso de recolección de datos, sea en gabinete o en el campo y no contribuyeron mayormente a la redacción del informe final y a la publicación. Sus nombres aparecen en la misma por cortesía y ética del responsable. Me consta, por haber dado seguimiento a la producción de varios informes y por haber sido coordinadora también, que el trabajo de escritura suele ser largo y solitario. La presentación de los resultados Las publicaciones vienen generalmente ilustradas por cuadros, gráficos, fotografías (16/29) y mapas. En su mayoría, estos son reproducciones de mapas ajenos y sólo en ciertos casos ha habido una producción cartográfica específica de la investigación (Urioste, 2001; Inturias, 2003). Algunos estudios muy técnicos han recurrido al uso de imágenes satelitales (Martínez, 2003; Mamani, 2003). Entre los gráficos más interesantes, cabe mencionar los de Molina (2008), Inturias (2003); Vacaflores (2003). Es frecuente que llevados por el entusiasmo de mostrar todo lo que han recopilado o bien conscientes de que alguna información específica tiene que ser desarrollada de manera paralela al texto central los autores incorporen anexos en sus publicaciones.

Autor Antezana, 2001

Cuadro 15: Anexos que acompañan las publicaciones Contenido del anexo Campo Diversidad florística del bosque (por comunidades); calendario de Botánica 48

actividades (por comunidades). Arce, 2003 Tratado de paz del 15.IX.1884. Combès y Ros, Estatuto orgánico de las capitanías guaraní en la Zona Cruz 2003 Combès, 2005 Sistematización de información histórica sobre las comunidades del Isoso. Fernández, 2010 Hitos de la Asamblea del Pueblo Guaraní García Jordán, Documentos históricos sobre Guarayos. 2006 Inturias, 2003 Procedimiento del saneamiento; estado del saneamiento (2001). Lema, 2001 Caracterización de las comunidades de estudio; datos sobre los municipios de estudio (Chaco, Guarayos). Mamani, 2003 Datos de laboratorios. Normas para clasificación de las aguas. Glosario Martínez, 2003 Contabilidad ambiental en la zona, sensores remotos y SIG. Flores, 2007

Agricultura Historia Institucional Historia Historia, institucional Historia Derecho institucional Química

Biología, geografía Estado de la investigación de los modos originarios de resolución No es lo que de conflictos en pueblos indígenas y originarios de tierras bajas. dice ser.

Fuente: Elaboración propia.

Las informaciones proporcionadas por estos anexos parecen dar más luces sobre las organizaciones indígenas del Chaco y la historia de esta región que sobre otros temas; lo mismo para Guarayos. Los aportes metodológicos Se ha desarrollado pocas metodologías novedosas en la recolección y en el procesamiento de los datos, salvo algunas excepciones en las que se propone deliberadamente un modelo metodológico de trabajo (Correa, 2003). En el caso de Martínez (2003), quizás el hecho de haber acompañado de cerca la investigación sobre los incendios forestales en San Matías me otorga el derecho de recordar cómo el equipo tuvo que improvisar un “plan B” en términos metodológicos puesto que el objeto de estudio (los incendios) desapareció ese año y se tuvo que recurrir a fuentes alternativas, como registros meteorológicos pasados, para llevar la investigación a cabo. La mayoría de las investigaciones se ha dedicado a realizar estudios de caso de dimensiones diversas: un municipio, una TCO, un recurso natural, un pueblo indígena, etc. Esta elección ciertamente fue acertada en la medida en que los esfuerzos se concentraron en lugar de dispersarse. Pocas investigaciones se han prestado a brindar una mirada de conjunto sobre una problemática específica, salvo en el caso de Molina (2008) en su análisis del tema de la autonomía a nivel del departamento del Beni. Otro ejemplo “englobante” es el de Urioste y 49

Pacheco (2001) pero que ha resultado de otra técnica: la compilación de artículos sobre diversas temáticas en un conjunto geográfico amplio como “las tierras bajas”.

4. Lo que no se estudió Varias temáticas quedaron ausentes de este panorama por no haber sido abordadas en las investigaciones. Cabe recordar que las temáticas fueron definidas por los propios investigadores en el marco de convocatorias de alcance nacional y regional y no fueron impuestas por el PIEB. Otros actores sociales (salvo en Urioste y Pacheco, 2001 y Molina, 2008). Estudios sobre pueblos indígenas importantes tanto cuantitativamente como por su peso en la conformación regional, como los chiquitanos. La influencia de los mediadores culturales (iglesias, ONG) en la formación y el desempeño de las organizaciones indígenas. La relación con el entorno internacional: con Brasil, sobre todo. Una visión de carácter más nacional, o por lo menos regional (el único caso fue Molina, 2006). Estudios sobre otras regiones que podrían ser consideradas de tierras bajas pero que, por su composición poblacional, quedan bajo la influencia de las tierras altas: las regiones conocidas como de colonización, a saber este eje paralelo al “eje central” constituido por las regiones de Yungas y Alto Beni (La Paz), Chapare (Cochabamba) y Norte integrado (Santa Cruz). Si bien el término de colonización ya no es políticamente correcto en el contexto actual, y ahora se habla de “comunidades interculturales”, la temática es por demás importante y ahora abarca un espacio geográfico mayor: por ejemplo, la provincia Velasco en Santa Cruz, Pando, Tarija. Otro tema que no fue abordado, salvo en el caso de Lehm (2002) es el de las relaciones de género que, por cierto, no solo han sido paulatinamente invisibilizadas en el campo de la investigación sino también de las políticas públicas. También detectamos algunas falencias que no son propias de los investigadores sino de la institución que ha publicado los resultados: al margen de las publicaciones en sí, en el formato de libros o documentos de trabajo, la difusión de las investigaciones ha sido relativamente limitada, por lo menos para el mundo académico. De las 29 investigaciones, sólo ocho han dado lugar a la producción de artículos en la revista del PIEB, T’inkazos (ver en la bibliografía final) y sólo uno fue publicado después del año 2003. Por otro lado, apenas cuatro libros fueron reseñados en esta misma revista en más de diez años… Esto significa que el PIEB no ha desarrollado una política específica para dar a conocer estos trabajos24, lo que se refleja en el hecho que pocos entre ellos han sido consultados por los mismos investigadores.

24

Una reseña bibliográfica va más allá de una nota informativa. Los esfuerzos desplegados por el periódico digital del PIEB son muy importantes pero una reseña sin duda tiene más peso.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Tras la lectura de estos libros, queda claro que el denominador común de estas investigaciones es la curiosidad por conocer las reacciones, los cambios de comportamiento y/o de condiciones de vida, el desarrollo de estrategias de la gente (generalmente de los indígenas) sea ante la aplicación de políticas públicas, sea ante las presiones de su medio natural y su entorno social. En estos temas macro, sobre salen dos aspectos en los hallazgos de las investigaciones: a) El papel de las organizaciones indígenas, sea a nivel comunal o de pueblo indígena en conjunto. b) La ausencia o las debilidades del Estado, tanto a nivel local como regional y departamental. Si las organizaciones indígenas y el Estado, en sus niveles descentralizados (ahora autonómicos) son los principales protagonistas de los estudios, lo lógico sería que fueran los principales destinatarios de los mismos. Es importante que tomen conciencia de los problemas que enfrentan en los contextos estudiados y, sobre todo, de las propuestas elaboradas por los investigadores para cambiar esta situación. En este sentido, se recomienda al PIEB y a los autores que desarrollen estrategias conjuntas para dar a conocer los resultados de las investigaciones, incluso en los aspectos más detallados. Por ejemplo, poner a disposición del público un índice de los cuadros, gráficos y mapas elaborados en el marco de las investigaciones (siempre y cuando sean elaboraciones originales del equipo y no reproducción de datos ajenos ya publicados). En todo caso, el conjunto de estos estudios sigue siendo muy rescatable por sus aportes, sus hallazgos y su carácter testimonial sobre una importante década de transición en la historia de nuestro país, sobre procesos conclusos o interrumpidos, modificados o alterados. Sin embargo, no todas las investigaciones ameritan una publicación en forma de libro. El PIEB debería elegir mejor las investigaciones que se convertirán en publicaciones impresas. Si no llegan al nivel de calidad requerido, se puede solicitar a los autores una versión en forma de artículo para la revista T’inkazos, impresa o virtual, o preparar un “documento de trabajo” virtual. Estos materiales serán de gran utilidad en el mundo académico donde algunos textos podrían ser consultados como textos de referencia en carreras universitarias de pre y de postgrado. Paralelamente, sería pertinente trabajar de manera alternativa en el campo de la difusión de las investigaciones con el fin de llegar a otros públicos menos académicos. Al desconocer el impacto de las publicaciones por las poblaciones de estudio, es necesario encarar la difusión de estas investigaciones sea por área geográfica, por tipo de contenido, o bien por público receptor. Cabe destacar que muchas publicaciones son realizadas en este campo. Efectivamente, en los últimos años, otras instituciones se han preocupado por investigar temáticas similares. En la bibliografía (inciso d), presentamos una lista no exhaustiva de las publicaciones que fueron producidas sobre la temática indígena campesina en el ámbito de las 51

tierras bajas en este periodo. La mayoría proviene de tres organizaciones no gubernamentales: CIPCA, CEJIS y la Fundación Tierra25. Otras instituciones más abiertamente vinculadas a la cooperación internacional (y con oficina en La Paz) se han dedicado a interpretar la realidad desde una perspectiva más política (PNUD, ILDIS, etc.). Por otro lado, APCOB ha dejado de lado la producción de textos académicos para dedicarse a otro público, desde una perspectiva más pedagógica26. A falta de realizar un estado del arte sobre estos nuevos aportes, hemos podido identificar algunos aspectos abordados por las mismas y que son muy parecidos a los de los estudios del PIEB acá sistematizados: Estudios de caso sobre la tenencia de la tierra en diferentes escalas (comunidad, municipio, provincia, departamento). Estudios sobre el proceso de saneamiento de tierras en el marco de la Ley INRA. Sistematización de información (cartográfica, jurídica). Estudios sobre participación política en áreas indígenas. Evaluaciones sobre la participación popular. Estudios sobre producción indígena campesina. Estudios antropológicos y etnográficos sobre y con pueblos indígenas. Estudios sobre identidades regionales. Debate sobre el tema autonómico. Como se puede ver, hay bastante coincidencia con los estudios realizados por los investigadores del PIEB. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, nuevos problemáticas afectan a las poblaciones indígenas campesinas de las tierras bajas. Aparentemente, el cambio propuesto por el gobierno del MAS no parece tomar en cuenta las demandas del sector indígena de tierras bajas salvo en los primeros años en que se avanzó en la titulación de TCO , favoreciendo en cambio las del sector campesino y estigmatizando a los indígenas como aliados de la oposición política. Otros elementos, ligados a los fenómenos naturales (inundaciones, sequías, efectos del cambio climático) también cobran cada vez más fuerza en su vida cotidiana. Por consiguiente, nuevas agendas de investigación podrían ser propuestas mediante convocatorias recogiendo el aporte y las sugerencias de varias instituciones. Presentamos acá un breve punteo de los temas de actualidad que podrían interesar a los investigadores, algunos muy puntuales y otros más integrales. 25

CIPCA cuenta con varias oficinas regionales en las tierras bajas: En Santa Cruz, desde donde atiende la provincia Guarayos; Camiri con subsede en Charagua, que “cubre” la provincia Cordillera; en Riberalta y en Cobija para el norte amazónico y en Trinidad con subsede en San Ignacio de Moxos para la llanura. Publica sus Cipcanotas sobre temas puntuales, además cuenta con cartillas específicas y una serie de investigaciones. CEJIS cuenta con su sede en Santa Cruz de la Sierra y la Fundación Tierra tiene una oficina en esta ciudad. CEJIS publica notas de prensa, cartillas, una revista (Artículo Primero; nº 20 de 2010 sobre derechos humanos; nº 19 de 2010 sobre reforma agraria; y libros). La página web de la Fundación Tierra permite acceder a las publicaciones completas. 26 Esta institución produce CD interactivos sobre pueblos indígenas (por ejemplo sobre los pueblos ayoreode, chiquitano, guaraní, isoceño, sirionó, etc.).

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Las relaciones laborales (por ejemplo, el empatronamiento en el Chaco). No se habla mucho del petróleo y del gas, ni de las compensaciones. Las empresas han sido nacionalizadas: ahora varias son estatales, pero los problemas no han desaparecido. La autonomía departamental ya no es una bandera de lucha: ha sido cooptada por el gobierno actual. Las autonomías indígenas están en proceso, pero muy lento. Hasta la fecha, sólo dos municipios de tierras bajas se encuentran en proceso de conversión a municipios indígenas y los dos son guaraní: Charagua (Santa Cruz) y Huacaya (Chuquisaca). ¿Cómo están encarando el reto de la gestión municipal? ¿Cómo puede encajar con la gestión territorial indígena27? El manejo de los recursos naturales se ha politizado. La búsqueda de un manejo racional y sostenible es interpretada como un obstáculo al desarrollo. Los megaproyectos afectan a los sectores indígenas (ya hay una convocatoria del PIEB sobre el tema). Las relaciones de género han desaparecido de la agenda de investigaciones. Hay un nuevo marco legal para muchos de los temas abordados (ley de reconducción comunitaria). Se ha privilegiado el tema campesino al indígena. Temas indígenas de actualidad han pasado a segundo plano ante otros problemas de carácter económicos. Se multiplican los conflictos en torno a la gestión de recursos naturales, por ejemplo, forestales. Sigue el ingreso creciente de los “interculturales” a las zonas indígenas: es un proceso de nueva colonización, no solo territorial sino cultural, en el que los actores se asientan en los territorios indígenas de tierras bajas (aymaras en tierras tacanas o cocaleros en el TIPNIS), lo que implica el tejido de nuevas relaciones, aprendizajes culturales desde ambas orillas y, frecuentemente, conflictos por intereses económicos y acceso a la tierra. Muchas expresiones culturales de origen indígena han sido recuperadas por diversos sectores, permitiendo un mayor conocimiento de las mismas y un mayor respeto por sus culturas (bailes, vestimenta, música). Pero el proceso también tiene efectos perversos. Por otro lado, existen nuevas expresiones (cinematográficas, radiales) de los jóvenes indígenas. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué transmiten? Deseamos larga vida al PIEB para poder seguir pensando en estos problemas estratégicos para nuestro país.

27

Desde la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010), existe un instrumento jurídico para proceder a la transformación de las TCO en autonomías indígenas, originarias y campesinas. Algunas ya iniciaron este proceso de cambio (Comunicación personal Xavier Albó).

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VVAA 2005 Justicia comunitaria en los pueblos originarios de Bolivia. Sucre: Instituto de la Judicatura – PIEB (Contribuciones de René Orellana, Juan Antonio Chahín, Enrique Mier, Xavier Albó, Elba Flores, Elva Terceros) ZABALA, Ingrid (coord.) – Fernando MORENO – Casto PLAZA 2002 Influencia de la carretera Trinidad – Santa Cruz de la Sierra sobre la agricultura en el tramo Elvira – Puente San Pablo. La Paz: PIEB (documento de trabajo). b) Publicaciones de artículos a partir de las investigaciones (algunas son previas) ANTEZANA, Mónica 2000 “Nutrición en la selva. Seguridad alimentaria en el área rural de Pando”. En: T’inkazos, 7. La Paz: PIEB. CORREA, Loreto; AÑEZ, Martín; IMAÑA, Tanya 2001 “Laberintos de la tierra: hidrocarburos en Bolivia en el siglo XX”. En: T’inkazos, 10. La Paz: PIEB. HINOJOSA, Alfonso; CORTÉZ, Guido; PÉREZ, Liz 2000 “Estrategias migratorias. Tarijeños en la Argentina, vidas fronterizas”. En: T’inkazos, 6. La Paz: PIEB. 2003 Lo mismo. En: T’inkazos, Antología 1998-2002 (en inglés). La Paz: PIEB. LEHM, Zulema; MELGAR, Tania; NOZA, Mercedes; LARA, Kantuta 2001 “Reproducción de la identidad étnica y relaciones de género en los Llanos de Mojos”. En: T’inkazos, 8. La Paz: PIEB. 2003 Lo mismo. En: T’inkazos, Antología 1998-2002 (en inglés). La Paz: PIEB. LEMA, Ana María 2000 “Cuatro pueblos, tres secciones de provincia, dos elecciones una ley. Indígenas y/o alcaldes en Urubichá, Gutiérrez y Villa Montes”. En: T’inkazos, 7. La Paz: PIEB. 2003 Lo mismo. En: T’inkazos, Antología 1998-2002 (en inglés). La Paz: PIEB. MOLINA, Wilder 2001 “San Ignacio de Moxos y San Joaquín: entre la construcción de la sociedad local y la construcción legal del municipio”. En: T’inkazos, 9. La Paz: PIEB. 2008 “Autonomías y posiciones identitarias en la región amazónica de Bolivia”. En: T’inkazos, 23-24. La Paz: PIEB. URIOSTE, Miguel 2000 “Indígenas colonizadores y agroempresarios. Una visión general sobre las tierras bajas en Bolivia”. En: T’inkazos, 7. La Paz: PIEB. c) Reseñas de las investigaciones publicadas en T’inkazos CABERO, Javier 2001 “Reseña de: Hinojosa, Alfonso; Pérez, Liz; y Cortez, Guido. Idas y venidas. Campesinos tarijeños en el norte argentino”. En: T’inkazos, 9. HIRSCH, Silvia 2004 “Reseña de: Isabelle Combès, José Ros, Chiaki Finjo, Patricia Arias y Mirta Soruco. Los indígenas olvidados: Los guaraní chiriguanos urbanos y periurbanos en Santa Cruz de la Sierra”. En: T’inkazos, 17. POSTERO, Nancy 2005 “A propósito de identidades y territorios indígenas (Comentario a Herrera, 2003)”. En: T’inkazos, 18. 56

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2009

VVAA 2011

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e) Artículos publicados en T’inkazos, relativos al tema pero procedentes de otros autores que los investigadores estudiados o bien de estos autores pero sobre estos temas GODOY, Ricardo – Marc JACOBSON – David WILKIE 1998 “Los tsimanes frente a los infortunios”. En. T’inkazos, 2, pp.33-46. MARTÍNEZ, José – Zulma VILLEGAS 2009 “La visión agrarista de los actores de la deforestación en Bolivia”. En: T’inkazos, 27, pp. 33-47. OLARTE, Karina 2009 “Investigar en Tarija: del reto al hecho”. En: T’inkazos, 26, pp. 209-213. ROJAS ORTUSTE, Gonzalo – Luis TAPIA MEALLA 2000 “Elites a la vuelta del siglo: Cultura política en el Beni: una panorámica”. En: T’inkazos, 7, pp. 746. SELEME, Susana (coord.) 2006 “Mesa redonda: derechos indígenas y autonomías departamentales”. En: T’inkazos, 20, pp. 1940. URIONA, Pilar 2010 “Mujeres indígenas, ordenes normativos e interlegalidad”. En: T’inkazos, 28, pp. 53-63. VACAFLORES, Carlos – Pilar LIZÁRRAGA 2004 “El retorno de las contradicciones identitarias”. En. T’inkazos, 19, pp. 111-130.

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Anexo 1: Lista de autores y algunas características de los mismos Se coloca en cursiva el título de la investigación y su año de publicación, seguida por las características de los miembros del equipo que la llevó a cabo. En negrilla, el nombre del o de la coordinadora. Las investigaciones están ordenadas de manera alfabética, tomando como referencia el apellido del coordinador del equipo. Nombre

Se Lugar de Formación académica Experiencia laboral hasta la xo nacimiento publicación y un poco más Seguridad alimentaria en Pando. Aprovechamiento de los recursos naturales en la alimentación de los pobladores de Pando (2001) Mónica Antezana F S.d. S.d. S.d. Selvira Telles Becerra F S.d. S.d. S.d. Julio Cesar Mayna M S.d. S.d. S.d. Velasco René Copeticona M S.d. S.d. S.d. Huarina Estrategias de sobrevivencia entre los tapietes del Gran Chaco (2003) Eddy Arce M La Paz Psicología UAJMS Dir. ECOVIA Ramiro Gutiérrez M Oruro Antropología UTO Consultorías + postgrado Iván Gutierrez M Oruro Antropología Consultorías Ramiro Veliz M Potosí Comunicación UTO Educación popular Los usos del asaí. Aprovechamiento en comunidades de la Reserva Manuripi. Diagnóstico y propuesta (2010) Griceldo Carpio M Collana; LP Agronomía UTB Docente UAP, varios cargos en la U Juan Santos M Bermejo Biología UAP Consultorías Annie Puerta F Cobija Ing. Agroforestal UAP Estudiante Los indígenas olvidados. Los guarani chiriguanos urbanos y peri-urbanos en Santa Cruz de la Sierra (2003) Isabelle Combès F Francia Antropología + CABI, WCS postgrado José Ros M Cataluña Com. Social, educación Radio Santa Cruz, FORMASOL Patricia Arias F Santa Cruz Com. Social UAGRM FORMASOL Chiaki Kinjo F Santa Cruz Com. Social UAGRM FORMASOL Mirta Soruco F Santa Cruz Com. Social UAGRM FORMASOL Etnohistorias del Isoso. Chané y chiriguanos en el Chaco boliviano (siglos XVI a XX) (2005) Isabelle Combès F Francia Antropología + CABI, WCS postgrado Los laberintos de la tierra. Gasoductos y sociedad en el oriente boliviano: San José, San Matías y Puerto Suárez (2003) Loreto Correa F Chile Historia, U. Chile UPSA + postgrado Martin Añez M Santa Cruz Derecho UPSA Repsol + postgrado Tanya Imaña F Santa Cruz? Com. Social UPSA El Deber En busca de la tierra sin mal. Los derechos indígenas en territorios guaraní (2010) Karina Fernández F Cochabamba Comunicación social FCBC, CIPCA Cordillera, Min.

Cód. A

B

C

D

E

F

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UAGRM Autonomías Agronomía UMSS Acción contra el hambre +postgrado Control sociocultural y sistemas normativos en el uso de los recursos forestales en los territorios indígenas del Beni (2002) Elba Flores F Tupiza Trabajo Social UMSA CEJIS Ismael Guzmán M Comarapa Sociología UMSS CIPCA Com. Social Walter Paz M Cochabamba Derecho UMSS COTESU, CEJIS “La justicia comunitaria, un verdadero sistema. Casos: Mojeño ignaciano, chiquitano y tacana” (2005) Elba Flores F Tupiza Trabajo Social UMSA CEJIS “Yo soy libre y no indio: soy guarayo”. Para una historia de Guarayos, 1790-1948. (2006) Pilar García Jordán F Cataluña Historia + posgrado Universitat de Barcelona Derechos indígenas y gestión territorial. El ejercicio en las TCO’s de Lomerío, Moseten y ChacoboPacahuara (2010) Amparo Herbas F Cochabamba Sociología UMSS CERES, consultorías, HERENCIA, GTI-CIDOB Marco Patiño M La Paz Agronomía UMSA GTI-CIDOB Construcción de demandas y movilización comunitaria en Pando: Curichón y Nueva Esperanza (2010) Amparo Herbas F Cochabamba Sociología UMSS CERES, consultorías, HERENCIA, GTI-CIDOB Pamela Graverolle F Riberalta Lingüística UMSS HERENCIA Derecho ambiental Sissy Bello F Porvenir, Biología UAP HERENCIA Pando Identidades y territorios indígenas. Estrategias identitarias de los tacana y ayoreo frente a la ley INRA (2004) Enrique Herrera M Perú Antropología, PUC – SAE, VAIPO UMSA Cleverth Cárdenas La Paz Literatura, UMSA Elva Terceros F Vallegrande Derecho, UAGRM CEJIS Idas y venidas. Campesinos tarijeños en el norte argentino (2000) Alfonso Hinojosa M Cochabamba Sociología UMSS Liz Pérez F Tarija Sociología UMSS Guido Cortez M Tarija Sociología, B.Aires Un espacio en construcción. Hacia la gestión territorial de la tierra comunitaria de origen Parapitiguasu (2003) Mirna Inturias F Cochabamba Sociología UMSS CIPCA Cordillera + postgrado CPTI-CIDOB José Ledezma M Uyuni Agronomía UMSS CIPCA, APG Lidio Velarde M Vallegrande Sociología UMSS CIPCA Cordillera INSPOC Matrimonios interétnicos. Reproducción de los grupos étnicos y relaciones de género en los Llanos de Mojos (2002). Zulema Lehm F S.d. Sociología UMSA CIDDEBENI, consultorías + postgrado Kantuta Lara F Oruro Antropología UTO Consultora + postgrado Mercedez Noza F S.d. Sociología UAGRM CIDDEBENI Tania Melgar F Trinidad? Historia URSS UTB, CIDDEBENI De la huella al impacto. La Participación Popular en municipios con población indígena: Urubichá, Dante Illanes

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Gutiérrez y Villa Montes (2001) Ana María Lema F Francia

Historia SAE, U. Nur, PIEB + postgrado Gizel Caballero F Santa Cruz Sociología UAGRM PDPI-GTB Roberto Ibarguen M Chaco Sociología ¿? SAE, PAN, FEJUVE + postgrado Hebert Ayreyu M Chaco Agronomía APG, VAIPO Contaminación del agua en impactos por actividad hidrocarburífera en Aguarague (2003) Walter Mamani M Tupiza Ingeniería química Consultorías ambientales UAJMS Nelly Suarez F Tarija? Trabajo social Varias ONG Tarija Claudia García F Tarija? Psicología Educación Fuego en el Pantanal. Incendios forestales y pérdida de recursos de biodiversidad en San Matías, Santa Cruz (2003) José Martínez M Potosí Sociología UMSS CPTA-CIDOB, UAGRM, + postgrado Superintendencia forestal Zulma Villegas F Potosí Informática UMSS MHNNKM-UAGRM, CPTI CIDOB + postgrado Gaby Morales F Oruro Sociología UAGRM Manuela Malla F España Biología Los derechos indígenas y su cumplimiento en el territorio indígena de Guarayo (2010) José Martínez M Potosí Sociología UMSS CPTA-CIDOB, UAGRM, + postgrado Superintendencia forestal Alicia Tejada F Santa Cruz Periodismo. Experiencia en gestión institucional La lucha por la tierra en el Gran Chaco tarijeño (2003) Omar Mendoza M Tarija Economista PROMETA Zedin Manzur F Tarija Abogada David Cortez M Tarija Psicólogo Aldo Salazar M La Paz Economista INE Sociedad local y municipio en el Beni (2002). Wilder Molina M Apolo Sociología UMSA CIDDEBENI, docente, CIPCA + postgrado Wigberto Soleto M San Fsco Economía UMSS Saneamiento Moxos Estado, identidades territoriales y autonomías en la región amazónica de Bolivia (2008) Wilder Molina M Apolo Sociología UMSA CIDDEBENI, docente, CIPCA + postgrado Cynthia Vargas F Trinidad Economía Varios + postgrado Pablo Soruco M Trinidad Ciencias políticas Varios UMSA Uso e incidencia de los derechos del pueblo Chimane. Voces del chetiye (2009) Wilder Molina M Apolo Sociología UMSA CIDDEBENI, docente, CIPCA + postgrado Verónica Navia F Trinidad Sociología CIDDEBENI, varios Ascencio Lero Chiman No Varias investigaciones Tania Paniagua F S.d. Economía UAB CIDDBENI, HOYAM Moxos Planificación participativa y zonificación en municipios del Beni (2002) Oscar Saavedra M Trinidad Admin. Empresas Dir. ONG Amazonia Sostenible + postgrado

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Ximena Avila F Santa Ana Arquitectura y Urb. Consultorías “Pueblos indígenas amazónicos y la vigencia de su sistema jurídico” (2005) Elva Terceros F Vallegrande Derecho, UAGRM CEJIS Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX. (2001) Miguel Urioste M La Paz Economía + postgrado Fundación Tierra Diego Pacheco M Sucre Antropología UMSA + Fundación Tierra postgrado Nelly Durán F Trinidad Economía. UAGRM, Fundación Tierra Pablo Pacheco M Sucre Sociología + postgrado CEDLA (La Paz) Annelies Zoomers F Holanda Geografía social CEDLA (Amsterdam) consultorías Hugo Alberto M S.d. Derecho Fundación Tierra Miranda Luis Alberto M S.d. Economía + postgrado Superintendencia agraria Cabrerizo Andrea Urioste F La Paz Economía UCB Consultora Hernán Avila Santa Cruz Sociología UAGRM Entre territorios poblados y despoblados: Trashumancia ganadera en Tarija (2003). Carlos Vacaflores M Potosí Agronomía UAJMS + JAINA postgrado Ricardo del Carpio M Tarija Agronomía UAJMS Rhinda Calla F Tupiza Sociología UMSS + Postgrado Jesús Molina M Tarija Agronomía UAJMS Influencia de la carretera Trinidad – Santa Cruz de la Sierra sobre la agricultura en el tramo Elvira – Puente San Pablo (2002). Ingrid Zabala F S.d. Agronomía Fernando Moreno S.d. Economía Casto Plaza F S.d. Zootecnia Fuente: Elaboración propia sobre las notas relativas a los autores contenidas en los libros. Nota: En negrilla el nombre del responsable del equipo, seguido de los miembros del equipo.

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Anexo 2: Investigaciones por municipio.

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Municipios donde existen investigaciones del PIEB Depto. Pando Pando Pando Pando Pando Pando Pando Pando Beni Beni Beni Beni Beni Beni Beni Beni Beni Beni Beni SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ SCZ TJA TJA TJA

Provincia Nicolás Suárez Nicolás Suárez Nicolás Suárez Manuripi Manuripi Federico Román Madre de Dios Madre de Dios Vaca Diez Yacuma Mamoré Iténez Iténez Yacuma Moxos Ballivián Ballivián Cercado Marbán Guarayos Guarayos Guarayos Ichilo Velasco Ñuflo de Chávez Ángel Sandoval German Busch Chiquitos Chiquitos Andrés Ibañez Cordillera Cordillera Cordillera Gran Chaco Gran Chaco Cercado

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Municipio Bolpebra Cobija Porvenir Filadelfia Puerto Rico Nueva Esperanza Gonzalo Moreno Sena Riberalta Exaltación San Joaquín Madgalena Baure Santa Ana San Ignacio San Borja Rurrenabaque Trinidad San Andrés Ascensión Urubichá El Puente Yapacani San Ignacio Lomerío San Matías Puerto Suárez San José Pailón Se ha considerado toda la provincia Charagua Gutiérrez Boyuibe Villa Montes Yacuiba

Investigación A A A C, L A L A, W, Ø W K, W, Z K V H Z H, X H, P, V, W, X, Ø X X, Z P Ω, P J, T, Y J, Q, T, Y, Ø T, Y Ø Ø K F, S F F Ø D E, O D, Q O B, Q, R U N, Œ

Se puede constatar que los municipios que han generado la mayor cantidad de estudios son los de San Ignacio de Moxos en la provincia de Moxos (Beni) y de Urubicha, en la provincia Guarayos (Santa Cruz). Ambos han vivido procesos misionales que han dejado una profunda huella en la organización social de sus pobladores indígenas. Además, los municipios de Gonzalo Moreno (Pando), Riberalta (Beni), y Villa Montes (Tarija) han sido beneficiados por varias investigaciones. Estos se encuentran en polos opuestos en el mapa del país. 65

Algunas investigaciones no se han referido específicamente a los municipios como unidades de referencia. Por tanto, no se encuentran registradas en este cuadro. Se trata de las siguientes: D (Andrés Ibañez, Cordillera, Ñuflo de Chávez) E (Cordillera, Gran Chaco, Azero) G (Cordillera – Entre Ríos – Gran Chaco – Hernando Siles – Luis Calvo) M (Pando, La Paz – Santa Cruz).

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