PACTO DE ESTADO DE EDUCACIÓN

PROPUESTAS DE LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE ESTUDIANTES

Introducción

La Unión Democrática de Estudiantes (UDE) es una confederación estatal de asociaciones de alumnos de centros públicos y privados, con representación en todas las Comunidades Autónomas y miembro del Consejo Escolar del Estado, siendo la única organización de estudiantes de centro-derecha. UDE es, según el número de asociaciones de alumnos inscritas afiliadas a esta confederación, la entidad más representativa a nivel estatal. UDE dispone de mayoría absoluta en distintos Consejos Escolares de Comunidades Autónomas. UDE presenta a continuación una serie de propuestas orientadas a un eventual Pacto de Estado de Educación entre el Gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular. Las propuestas, que están redactadas tal y como se propone que se incluyan en el Pacto, se dirigen fundamentalmente a corregir la fragmentación del sistema educativo español en diecisiete sistemas educativos distintos, a garantizar el derecho de los ciudadanos a estudiar en castellano y a aumentar el nivel de disciplina y exigencia en las distintas etapas educativas como vía para recortar el fracaso escolar en España. Entre las propuestas estructurales destacan, en primer lugar, que PP y PSOE pacten que el Estado recupere un margen de competencias en educación que le permita abrir en cualquier Comunidad Autónoma centros de enseñanza del Estado, que ofrezcan enseñanza en castellano, con temarios estatales y que sean inmunes a las regulaciones de las Comunidades Autónomas. En cuanto al Bachillerato, UDE propone que dure 4 años y que finalice mediante una Prueba General de Conocimientos a nivel estatal. Por otro lado, UDE pide que se recupere la disciplina dotando al profesor de la condición de autoridad pública, agilizando los mecanismos de sanción y suprimiendo el llamado “derecho de huelga” de los estudiantes. Sobre la financiación de la enseñanza, proponemos un sistema mixto entre el cheque escolar y la financiación basada en la mejora de los resultados académicos de los alumnos. UDE se pronuncia sobre asuntos como la enseñanza del inglés, la educación cívica, la religión, la educación sexual y la enseñanza de la Constitución, proponiendo la supresión de “Educación para la Ciudadanía” en todas las etapas educativas y su sustitución por enseñanzas de Derecho constitucional español, Civilización occidental, Ética y Filosofía en distintas etapas educativas. Finalmente, UDE expresa su apoyo a la educación sexual y aborda la necesidad de que el Pacto prevea una respuesta unitaria a los problemas de integración cultural en los centros y a la necesidad de que los alumnos respeten las normas por igual, incluyendo las de vestuario, sin que prevalezca un trato desigual por razones culturales o religiosas.

1.- Propuestas sobre la estructura territorial del sistema educativo

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El Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular se comprometen a poner en marcha las reformas necesarias para que el Estado recupere un margen de competencias en educación que le permita abrir o autorizar centros educativos regidos exclusivamente por las regulaciones de Estado, que impartirán programas de estudio estrictamente nacionales y que garantizarán el derecho a estudiar en castellano a los ciudadanos de toda España. Estos centros que podrá abrir o autorizar el Estado en cualquier región quedarán exentos de las regulaciones educativas o lingüísticas de las Comunidades Autónomas y se abrirán en función de su demanda. El Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular se comprometen a pactar una Ley de Armonización que garantice una estructura común para los sistemas educativos de las distintas Comunidades Autónomas, y que establezca mecanismos para que el Estado garantice el cumplimiento de la legalidad y, concretamente, de la enseñanza del castellano y de los contenidos comunes que aprueba el Ministerio de Educación.

2. Propuestas sobre el ejercicio de las competencias propias del Ministerio de Educación

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El Ministerio de Educación aprobará unos contenidos comunes más exhaustivos, con un nivel superior de concreción de contenidos, sobre todo en materias de Humanidades, que “agote” el porcentaje del currículo que le corresponde fijar al Estado. La Ley Orgánica de Educación especificará que dichos contenidos formarán parte de los currículos finales, siendo recogidos por éstos “en sus propios términos”. El Ministerio de Educación recibirá de las Comunidades Autónomas las propuestas que éstas hagan en relación a su porcentaje de contenidos, siendo el Ministerio el que apruebe los currículos definitivos de las asignaturas para cada Comunidad Autónoma. El Ministerio de Educación recuperará la potestad de autorización previa de los libros de textos que sean utilizados para impartir materias oficiales. La Alta Inspección del Estado recibirá instrucciones de velar efectivamente por el cumplimiento de la legalidad vigente frente a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y, concretamente, en materia de horas de castellano impartidas, enseñanza efectiva de contenidos comunes y garantía de los derechos lingüísticos que emanan del carácter oficial del castellano en todo el Estado.

3. Propuestas sobre las leyes educativas y su cumplimiento efectivo

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El Partido Socialista y el Partido Popular se comprometen a respetar desde el Gobierno las Leyes educativas vigentes no desarrolladas en el momento de llegar al Gobierno, evitando la paralización por “Decreto de calendario” de leyes vigentes que, pese a estar aprobadas, no llegan a aplicarse.

4. Propuestas sobre el profesor y el régimen de disciplina de los centros

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El profesor tendrá la condición de autoridad pública a todos los efectos legales, contando con presunción de veracidad en cualquier procedimiento. Las Administraciones educativas y los centros docentes tendrán la obligación de establecer mecanismos rápidos y eficaces que permitan al profesor ejercer su autoridad y mantener un ambiente académico de disciplina. La Ley Orgánica de Educación suprimirá el “derecho de huelga” de los estudiantes.

5. Propuestas sobre la libertad de enseñanza y la financiación educativa

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Las Comunidades Autónomas establecerán los mecanismos de financiación de la enseñanza atendiendo a los criterios del Estado. Dichos criterios estatales tendrán en cuenta: la demanda de las familias (habilitando la posibilidad de que las Comunidades Autónomas implanten el sistema conocido como “cheque escolar” para cumplir este criterio), los resultados de los alumnos, medidos a través de pruebas de evaluación externas a los centros, la mejora de los resultados de los alumnos, medida a través de la variación de los resultados en pruebas de evaluación externas a los centros, y criterios socio-económicos y de necesidades educativas especiales de la población escolarizada. Los distintos mecanismos de financiación no podrán discriminar entre los centros de titularidad pública y aquellos que, siendo de titularidad privada, impartan sus enseñanzas en régimen de gratuidad, y no podrán condicionarse a la elección que haga el centro, dentro de la Ley, sobre la lengua vehicular en que imparte sus enseñanzas.

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Las Administraciones educativas podrán tomar medidas fiscales destinadas a compensar a las familias que opten por centros educativos homologados que sean de titularidad privada sin ofrecer sus enseñanzas en régimen de gratuidad. El Estado y las Administraciones educativas concederán becas de estudio a los alumnos con criterios exclusivamente académicos, que concurrirán con aquellas ayudas del Estado y de las Administraciones educativas basadas en criterios socio-económicos.

6. Propuestas sobre el Bachillerato

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El Bachillerato tendrá una duración de cuatro años (14-18 años). Tendrá una entidad propia diferenciada y el Estado regulará el 70% de los contenidos de las asignaturas. Podrán acceder al Bachillerato los alumnos de entre 14 y 16 años que hayan aprobado todas las materias de la etapa anterior y superen una prueba de acceso. Los dos últimos años de Bachillerato podrán ser objeto de vías de estudio diferenciadas, permaneciendo en todo caso como comunes las siguientes materias: Lengua castellana y literatura, Historia de España. El Título de Bachiller se recibirá tras recibir una calificación de 5.00 puntos en una Prueba General de Bachillerato que tendrá carácter estatal, se realizará en castellano, y versará sobre el 70% del currículo del Bachillerato de carácter estatal. El Estado podrá abrir (o autorizar) centros educativos que oferten un Bachillerato con contenidos íntegramente estatales y en lengua castellana. La prueba de acceso al Bachillerato exigirá un conocimiento sólido de la primera lengua extranjera elegida por el alumno. La Prueba General de Bachillerato tendrá un examen oral para la primera lengua extranjera y podrán realizarse en dicha lengua las pruebas correspondientes a cualesquiera otras materias, exceptuando otros idiomas. Podrá establecerse una ponderación de calificaciones que incentive esta posibilidad.

7. Propuestas sobre la Educación Primaria y la Educación Secundaria

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La escolarización será obligatoria entre los 6 y los 16 años. Las enseñanzas destinadas a alumnos entre los 6 y los 14 años serán comunes a todos los alumnos, sin perjuicio de que los centros educativos, públicos o privados, puedan basándose en su autonomía pedagógica y organizativa- establecer distintos grupos de alumnos ordenados por niveles académicos en asignaturas como matemáticas o idiomas, con el fin de maximizar el aprendizaje de todos los alumnos. Los alumnos que a la edad de 14 años no reúnan los requisitos para acceder al Bachillerato u opten por la vía que a continuación se describe, accederán a un Programa de Formación Tecnológica y Profesional que dará acceso a la Formación Profesional. Hasta la edad de 16 años, sin embargo, podrán preparar la prueba de acceso al Bachillerato en cualquier momento, para lo cual las Administraciones educativas ofrecerán programas de formación apropiados. Todas las enseñanzas oficiales comprendidas a alumnos entre los 6 y los 16 años harán hincapié en el aprendizaje de una lengua extranjera.

8. Propuestas sobre el bilingüismo y el aprendizaje de idiomas

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En cualquier caso, todos los centros educativos podrán establecer un porcentaje de sus clases que utilicen como lengua vehicular la primera lengua extranjera que se imparta en dicho centro, recibiendo así la denominación de “centros educativos bilingües”. Cuando la normativa autonómica establezca porcentajes de enseñanza en la lengua oficial del Estado y la lengua co-oficial de la Comunidad Autónoma, dicho equilibrio debe respetarse con respecto a las materias que el centro decida NO impartir en la lengua extranjera. Las Administraciones educativas podrán imponer la condición de “centros educativos bilingües” con respecto a los centros públicos de los que sean titulares. Las Comunidades Autónomas podrán establecer un porcentaje de horas que serán impartidas en lengua extranjera para los centros sometidos a las regulaciones autonómicas, ofreciendo ayudas destinadas a formar al profesorado.

9. Propuestas sobre la educación cívica

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Tendrá carácter obligatorio la enseñanza de la Constitución española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en todas las etapas educativas. Tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria se suprimirá “Educación para la Ciudadanía” y, en su lugar, formará a los alumnos sobre sus derechos y deberes ciudadanos mediante una asignatura de Introducción al Derecho y se abordará el pensamiento occidental en una asignatura de Ética y Civilización. En Bachillerato, se estudiarán como asignaturas obligatorias Filosofía, Historia de la Filosofía, Civilización occidental y Derecho constitucional español. Se ofrecerá de forma voluntaria la enseñanza confesional de la religión según viene haciéndose hasta el momento, pero se garantizará a los alumnos que NO deseen clase de religión una enseñanza sobre el hecho religioso que evite un déficit cultural y, por ende, una discriminación educativa de estos alumnos. Las Administraciones educativas determinarán las obligaciones de los centros respecto a la educación sexual de los alumnos, que se llevará a cabo, respetando la neutralidad ideológica, por parte de profesionales sanitarios, y que tendrá carácter obligatorio.

10. Propuestas para mejorar la convivencia y la integración cultural

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Para garantizar un ambiente académico y de igualdad en los centros educativos, éstos (o las Administraciones educativas en el caso de los centros públicos), podrán aprobar normas sobre vestuario dentro de los espacios del centro. La diversidad cultural entre los alumnos no podrá significar, en ningún caso, un tratamiento distinto o la aplicación diferente de normas iguales entre los alumnos. Particularmente, no podrán existir excepciones por motivos religiosos o culturales al cumplimiento de las normas que determinen las Administraciones o los centros sobre el vestuario de los alumnos, a la práctica del deporte cuando forme parte de las enseñanzas del centro, a la educación sexual o al cumplimiento de cualesquiera otras normas fijadas por los centros o por las Administraciones.