PLAN DE ACCIÓN DEL MINAM ANTE LOS CONFLICTOS ACTUALES MÁS IMPORTANTES Y EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LAS INTERVENCIONES DE LA OAAS.

Autor: Dra. Patricia Urteaga Crovetto

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INDICE RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................………….3 I. II. III. IV. V. VI.

ANTECEDENTES ................................................................. 8 INTRODUCCIÓN .................................................................. 8 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS .................................................... 9 ENFOQUE Y ALCANCE ................................................................... 9 ACTIVIDADES Y/O METODOLOGÍA .................................................... 9 RESULTADOS FINALES OBTENIDOS ........................................................................ 10

PRIMERA PARTE: Estudio y análisis de los conflictos socioambientales seleccionados por la OAAS………………………………………………………………………………………………………………………………………10 1. CAJAMARCA: CONGA (YANACOCHA); MICHIQUILLAY (ANGLO AMERICAN); GALENO (LUMINA COPPER) Y LA ZANJA 1.1. Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 1.2. Recomendaciones 2. APURÍMAC: ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO 2.1. Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 2.2. Recomendaciones 3. PUNO: AYAVIRI, ANANEA 3.1 Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 3.2 Recomendaciones 4. TACNA: MESA DE DIÁLOGO 4.1 Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 4.2 Recomendaciones

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5. ANCASH: L. PARÓN (DUKE ENERGY), CONOCOCHA, CONCHUCOS, HUARMEY (ANTAMINA), PROVINCIA DE AIJA (MINERA BUENAVENTURA) 5.1 Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 5.2 Recomendaciones 6. AREQUIPA/CUSCO: MAJES-SIHUAS 6.1 Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 6.2 Recomendaciones 7. MOQUEGUA: QUELLAVECO (ANGLOAMERICAN) 7.1 Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 7.2 Recomendaciones 8. MADRE DE DIOS: MINERÍA INFORMAL 8.1 Cronología y seguimiento del/los conflicto/s 8.2 Recomendaciones SEGUNDA PARTE: Evaluación de la pertinencia de las intervenciones de la OAAS en los conflictos socioambientales, sugerencias y recomendaciones................................ ................... 39 1. Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales 2. Pertinencia de las intervenciones de la OAAS 3. Enfoques para la acción: La gobernabilidad ambiental, el enfoque Ecosistémico y la Gestión Integrada de los Recursos hídricos. 4. Recomendaciones para la intervención mediata del MINAM en los conflictos socioambientales y temas de fondo para la estrategia institucional de largo plazo. 4.1 Cajamarca 4.2 Apurímac 4.3 Puno 4.4 Tacna 4.5 Ancash 4.6 Arequipa/Cusco 4.7 Moquegua 4.8 Madre de Dios VII.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................... ..54 1. 2.

VIII.

Constantes encontradas y perspectivas de solución Marco de intervención del MINAM y la OAAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................58

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RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo de la consultoría solicitada por la OAAS, denominada “Plan de Acción del MINAM ante los conflictos actuales más importantes y evaluación de la pertinencia de las intervenciones de la OAAS”, consta de dos secciones. La primera sección versa sobre el “Estudio y análisis de los conflictos socioambientales seleccionados por la OAAS”, y la segunda sección contiene una “Evaluación de la pertinencia de las intervenciones de la OAAS en los conflictos socioambientales, sugerencias y recomendaciones”. Primera parte: Estudio y análisis de los conflictos socioambientales seleccionados por la OAAS El análisis de los conflictos socioambientales ha permitido identificar temas que deberían ser abordados como prioritarios en el MINAM y por la OAAS; en cuanto a su contribución a su participación en la transformación de los conflictos socioambientales. 1. Una comprobación reiterada es que la mayoría de conflictos socioambientales tienen como motivo principal el acceso de las poblaciones al agua para diversos usos. En casos como los estudiados, a título de demostración en: Cajamarca, Tacna, Andahuaylas, Ancash, Puno, Cusco/Arequipa y Moquegua los conflictos surgen porque se afectan -o existe el riesgo de afectar- directa o indirectamente los usos del agua de las poblaciones locales. Una de las actividades que con mayor frecuencia aparece impactando de alguna manera los recursos hídricos -o poniéndolos en riesgo- es la minería. En ese sentido, se sugiere que el gobierno plantee una agenda de debate para llegar a un nuevo pacto minero en el Perú que tome en cuenta los temas mencionados a continuación. Sin perjuicio de esta recomendación, estos temas podrían ser desarrollados como parte de las funciones y competencias propias que corresponden al MINAM en materias de conflictos socioambientales. 2. La falta de enfoques para afrontar los conflictos socioambientales suele revelarse en el análisis de los mismos. Las acciones del MINAM deberían enmarcarse dentro de enfoques como el de la Gobernabilidad Ambiental, el Enfoque Ecosistémico y el de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). 3. El estudio de los conflictos también indica que la actuación del MINAM suele dejar de lado –por la premura en que se desenvuelve- propuestas más técnicas que incluyan mecanismos de gestión ambiental como: la regulación y evaluación de la cantidad y calidad del agua, afinar mecanismos como el monitoreo participativo para evaluar la calidad del agua; mejorar los parámetros nacionales de los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs), revisar y mejorar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), exigir la elaboración de balances hidrológicos y 3

estudios de afianzamiento hídrico con criterio socioambiental, establecer la protección de ecosistemas frágiles, como las zonas de recarga hídrica (cabeceras de cuenca) y almacenamiento de agua (bofedales, etc.), el ordenamiento territorial (OT) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), establecer zonas donde no se puede hacer minería, comprobar la oferta actual de agua y adecuar los derechos en concordancia, elaborar planes de mitigación y desarrollar acciones de remediación ambiental. 4. Con relación a los mecanismos de regulación ambiental, se ha detectado la necesidad de contar con estrategias y regulaciones sobre minería informal, reforzar la normatividad sobre fiscalización y supervisión ambientales, actualizar los ECAs y LMPs con estándares más altos, así como fortalecer la evaluación y remediación ambiental. 5. Un comentario especial merecen los mecanismos de participación y resolución de conflictos para la gestión ambiental. Los conflictos analizados indican que la sustentabilidad de los acuerdos para la gestión ambiental requiere de la participación de todos los actores de una zona como la cuenca, el análisis y discernimiento sobre la pertinencia de las mesas de diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, la sugerencia de establecer el principio de subsidiariedad para la resolución de conflictos, y la búsqueda conjunta de otros mecanismos para la prevención, transformación y resolución de los conflictos. Una propuesta para la prevención de conflictos socioambientales se relaciona con el establecimiento de un sistema integrado de Alerta Temprana de los mismos. 6. Estos mecanismos deben formar parte de la institucionalidad ambiental, que el análisis de los conflictos ha revelado una particular precariedad. Se propone, por ello, el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental que pasa por reforzar al MINAM especialmente en las funciones que le corresponden y que hoy están dispersas, en las regiones y mediante la articulación interinstitucional, interestatal (vertical y horizontal), así como también funcional (con MINEM, ANA, OEFA, MINSA, DIGESA, etc.). 7. Este fortalecimiento requiere además de tres elementos claves que el análisis realizado sugiere: la información, la formación de capacidades y la comunicación. Un énfasis en el desarrollo de información científica, de capacidades y de una estrategia de comunicación para transmitir de manera transparente la información técnica ambiental a las personas redundaría en el fortalecimiento institucional del MINAM. 8. Finalmente, se plantea la necesidad de desarrollar una estrategia supranacional andina para temas como la minería ilegal e informal, que permita establecer alianzas con otros países con problemáticas y objetivos similares, así como con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, entre otros. 4

Cuadro resumen de los conflictos socioambientales priorizados por la OAAS. Conflictos Socioambientales

Tema fondo

Cajamarca

Usos del agua afectados

Mecanismos Resolución de conflicto

Estado conflicto

del

Temas de importancia para el MINAM

Disminución de volúmenes de agua y afectación de calidad del agua

Agrícola, ganadero potable

Mesa de diálogo y Poder Judicial, TC.

Manifiesto y suspendido hasta realizar un peritaje internacional

-Enfoque de ecosistema

Apurímac

Riesgo y afectación de fuentes de agua

Agrícola ganadero

y

Mesa diálogo

de

Manifiesto y suspendido por Mesas de Trabajo

-Minería en cabeceras de cuenca

Puno

Contaminación de fuentes de agua

Agrícola ganadero

y

Mesa de diálogo y Poder Judicial

Manifiesto: 17 de diciembre ‘11 se venció el plazo para efectivizar el DU 028.

-Regulación de la minería ilegal

En octubre ‘11 se formaliza la Mesa de trabajo MS de Tacna (R.M. 275-2011PCM del 18/10/11). Darle seguimiento a las 4 submesas de trabajo.

-Balances hidrológicos

Coordinar las acciones con la ANA, MINEM y PCM, instalación de Mesas de Trabajo

-Volumen de agua de la laguna y asignación del recurso

Nueva etapa de “diálogo tripartita” para decidir

-Balance hidrológico

Tacna

Ancash

Arequipa/Cusco

de

Contaminación de agua y disminución de volúmenes de agua

Disminución de volúmenes de agua

Riesgo de disminución de volúmenes de agua

Agrícola, ganadero potable

Agrícola ganadero

Agrícola ganadero

y

y

y

y

Mesa de diálogo y Poder Judicial

Mesa de diálogo y Poder Judicial, TC.

Poder Judicial, TC.

-Minería en cabeceras de cuenca

-Estrategia integral

-Minería en cabeceras de cuenca -Calidad del agua /relaves

-Quién opera la laguna y cómo se financia?

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sobre el uso del agua en cabecera de cuenca, situada en otra región colindante. Moquegua

Contaminación de agua y disminución de volúmenes de agua

Agrícola ganadero

y

Madre de Dios

Contaminación de agua y deforestación, etc.

Reserva natural, comunidades amazónicas

Mesa diálogo

de

Mesa de diálogo y Poder Judicial

Revisar avances de la Mesa de trabajo que dirige el MINEM en coordinación con el GORE Moquegua Darle seguimiento a las cuatro “Mesas de Trabajo para el Ordenamiento Minero de Madre de Dios”

-Minería en cabeceras de cuenca

-Evaluar estrategia del MINAM -Mejorar algunas acciones

Segunda parte: Evaluación de la pertinencia de las intervenciones de la OAAS en los conflictos socioambientales, sugerencias y recomendaciones. 1. En esta sección del informe incluimos tres aspectos que han destacado en el análisis de los conflictos socioambientales priorizados por la OAAS (Cf. Primera Sección): a) la institucionalidad para la gestión de los conflictos socioambientales, b) los enfoques para la actuación de la OAAS y el MINAM, c) las recomendaciones para la intervención de la OAAS en los conflictos socioambientales. 2. En la actuación de la OAAS se recomienda tener en cuenta tres enfoques ambientales: El enfoque de gobernabilidad ambiental, el enfoque Ecosistémico y el enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. De esta forma se dota de una perspectiva propia a la intervención de la OAAS en la gestión pública de los conflictos socioambientales. 3. Sugerencias y recomendaciones. Los artículos 31º y 32° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, señalan las 6

funciones de la OAAS. Las sugerencias y recomendaciones que se desprenden de este análisis tienen relación estrecha con estas funciones. Un tema fundamental que se revela en los conflictos es la necesidad de mejorar la coordinación y articulación intergubernamental e institucional para la gestión de conflictos. Una forma de reforzar esta tarea consiste en mejorar los mecanismos e instrumentos de coordinación, así como solicitar la asesoría de expertos en temas ambientales para darle un cariz más técnico y científico al manejo de los conflictos. En relación a la gestión misma de los conflictos, en primer lugar se debe recuperar el diálogo donde este se perdió, permitir la participación de todos los actores que tengan interés y sean afectados directa o indirectamente, valorar los logros de las mesas de diálogo pero analizar si este mecanismo corresponde aplicarlo en todos lo casos. Asimismo, se debe mejorar la comunicación con la población local y tener presencia en la zona. Liderar la elaboración de planes de control y remediación ambiental e identificar los lugares que merecen atención urgente. Elaborar una estrategia integral y omnicomprensiva contra la minería ilegal. Y finalmente, contribuir al diseño de una estrategia de Estado para la gestión de conflictos socioambientales, que incluya la participación del Poder Judicial y del Congreso.

4. Temas de fondo en los conflictos socioambientales priorizados y estrategias de largo plazo del MINAM Un primer tema que surge en este trabajo es la necesidad de plantear un nuevo Pacto Minero que contribuya a mejorar la gobernabilidad ambiental. En ese sentido, se requiere también mejorar y fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel central y de las regiones. Otro tema de fondo que habría que abordar tiene que ver con el quehacer mismo del MINAM y está referido a la actualización y perfeccionamiento de los instrumentos ambientales existentes: Ordenamiento Territorial y ZEE, balances hidrológicos (coordinar con la ANA), estudios de afianzamiento hídrico (coordinar con la ANA), elaboración y mejora de los EIA, y de los estándares de ECAs y LMP. Junto con DIGESA, hacer un balance de la contaminación de los recursos hídricos a nivel nacional, liderar y apuntalar la elaboración de planes de control y remediación ambiental. Finalmente, impulsar la reforma normativa necesaria en función del fortalecimiento institucional del MINAM.

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PLAN DE ACCIÓN DEL MINAM ANTE LOS CONFLICTOS ACTUALES MÁS IMPORTANTES Y EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LAS INTERVENCIONES DE OAAS I. ANTECEDENTES A finales de noviembre de 2011 la Alta Dirección encargó a la Dra. Imelda VegaCenteno B. la elaboración de una propuesta de Plan de Trabajo que incluyera dos etapas. En la primera etapa se analizaría una muestra seleccionada de conflictos en curso y que están en proceso de maduración crítica. En una segunda etapa se podría ponderar intervenciones de más largo alcance, que tengan en cuenta los resultados obtenidos en la primera. Una primera propuesta, consultada con el Dr. Guillermo Miranda y los especialistas de la OAAS, fue presentada el 01/12/2011 por la Dra. Vega-Centeno, habiendo sido aceptada. El desarrollo de esta propuesta es responsabilidad conjunta entre la Dras. Vega-Centeno y Urteaga, y el contenido de la investigación ha sido realizado de manera conjunta. El presente Informe contiene el trabajo correspondiente a la Consultoría realizada por la Dra. Urteaga. En la primera parte de este informe, hemos sistematizado y analizado parte de la información registrada en la OAAS sobre ocho (08) conflictos socioambientales, información de otros organismos del Estado, así como de fuentes secundarias, tales como investigaciones, consultorías, artículos e informes académicos, y, finalmente, información de medios de comunicación. En la segunda parte del informe, se ha sistematizado las recomendaciones, el planteamiento de los enfoques ambientales a tenerse en cuenta en la acción de la OAAS y la identificación de los temas de fondo.

II. INTRODUCCIÓN Es un hecho incontestable que el número y/o la intensidad de los conflictos socioambientales han ido en aumento en los últimos años. Muchos de ellos tienen como motivos principales la actividad minera en territorios comunales, adyacentes o de una unidad hidrográfica y/o el acceso a los recursos hídricos, especialmente en zonas cuya actividad principal es agropecuaria. La proliferación de conflictos de índole ambiental interpela la participación de varios sectores públicos, pero particularmente del Ministerio del Ambiente cuyo quehacer está íntimamente relacionado a los aspectos que son materia de estas controversias. En la medida que su intervención en la gestión de las mismas es fundamental, la OAAS ha visto como prioritaria la elaboración de un Plan de Acción para la gestión de los conflictos vigentes de mayor urgencia que contemple no sólo un análisis de los mismos, sino también una evaluación de la pertinencia de las intervenciones de la OAAS en los conflictos socioambientales, sugerencias y recomendaciones. Siguiendo este requerimiento, el informe está diseñado en función de la necesidad de atención urgente a los conflictos más agudos que están vigentes, y se incluyen las recomendaciones y sugerencias que se desprenden del análisis de la pertinencia de la 8

actuación de la OAAS. Estas recomendaciones forman parte de un plan de acción de mediano plazo. La estructura del informe considera los antecedentes, la introducción, la descripción de los conflictos más importantes y la caracterización de los mismos en la primera sección, así como un análisis de la intervención de la OAAS, sugerencias y recomendaciones para entender y construir una estrategia de intervención de corto y mediano plazo, como parte de la segunda sección.

III. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS Objetivo general: 1. Contar con un plan de acción del Ministerio del Ambiente – MINAM ante los conflictos actuales más urgentes como: Cajamarca, Apurímac, Puno, Tacna, Ancash, Arequipa, Cusco, Moquegua y Madre de Dios. Objetivos específicos: 1.1 Estudio y análisis de cada uno de los casos seleccionados 1.2 Evaluación de la pertinencia de las intervenciones que se efectuarían 1.3 Elaboración de recomendaciones inmediatas y mediatas sobre la intervención del MINAM.

IV. ENFOQUE Y ALCANCE Para la elaboración de este documento se ha seguido un enfoque metodológico socioambiental, que incluye la descripción de los conflictos haciendo énfasis en los aspectos ambientales y sociales más relevantes, así como en los temas relevantes del quehacer del MINAM. Igualmente, para el análisis de la intervención de la OAAS se ha tenido en cuenta un enfoque institucional, además de una referencia a enfoques ambientales para la actuación de la OAAS, tales como la Gobernanza Ambiental, el enfoque Ecosistémico y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Finalmente, en la medida que se plantea la contribución de la OAAS para la identificación de temas estructurales que coadyuven a la prevención de los conflictos, se incluye una sección al respecto. V. ACTIVIDADES Y/O METODOLOGÍA Para la elaboración del Plan de Acción del MINAM ante los conflictos actuales más importantes y evaluación de la pertinencia de las intervenciones de la OAAS, se realizaron las diversas actividades: a. Revisión y sistematización de la información de la OASS sobre conflictos socioambientales. b. Revisión de bibliografía externa: 9

Documentos de análisis de la política ambiental (evaluación de proyectos mineros y aspectos ambientales críticos, análisis de aspectos hídricos relacionados, Ley del Medio Ambiente, y Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Guía para evaluar EIAs de proyectos mineros), conflictividad social (investigaciones sobre Gestión de Conflictos Socioambientales), política extractiva. c.

Solicitud de información sobre conflictos a entidades y personas naturales: Ing. Preciado (Cajamarca), Ing. Pereyra, Dra. González (Tacna), Ing. Neira (Apurímac), Dra. Escalante (Defensoría del Pueblo, Puno), Dra. Domínguez (Ancash).

d. 

Para el análisis de la intervención de la OAAS, se ha identificado tres parámetros: Análisis de la pertinencia de un sistema articulado e integral de gestión de conflictos socioambientales, considerando la contribución de la OAAS, las condiciones para su formación (capacidades, mecanismos, etc.), la forma de articulación de las instituciones del estado central y los gobiernos regionales y locales, y la generación de información y de Sistemas de Alerta Temprana de conflictos. Revisión de enfoques que deben guiar las estrategias públicas de gestión de conflictos. Ejes para el análisis de la intervención de la OAAS en los conflictos socioambientales: a) la generación de información precisa, b) la intervención oportuna, coordinada y adecuada para la prevención y gestión de los conflictos, y c) la intervención del Estado en las condiciones estructurales que originan los conflictos.

 

e.

Metodología: Se consultaron fuentes primarias y secundarias, y se analizó la información disponible.

f.

La redacción y la revisión se realizaron durante las últimas semanas.

VI. RESULTADOS FINALES OBTENIDOS PRIMERA PARTE: Estudio y análisis de los conflictos socioambientales seleccionados por la OAAS

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-

CAJAMARCA: LA ZANJA; COMBAYO; COM. M-S CAJABAMBA (CUENCA CRISNEJAS); CONGA (YANACOCHA)

1.1. CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL/LOS CONFLICTO/S Aunque en este momento el Proyecto Conga está en un punto álgido, lo que merece particular atención, es preciso contextuar el conjunto de problemas socioambientales producidos en la región en torno a las industrias extractivas porque sólo así se puede explicar el escalamiento del conflicto en Conga. A partir de los años 1990 se desarrollaron varios proyectos mineros en Cajamarca. Muchos de ellos llevan varios años de ejecución, lo que ha determinado la ocurrencia de conflictos socioambientales que han ido sumándose y generando las condiciones para posiciones radicales respecto a estas actividades. En este recuento tomaremos en cuenta tres conflictos: La Zanja, Combayo y Cajabamba (cuenca Crisnejas). A. MINERA LA ZANJA: 2003-2011 El conflicto contra las actividades de minera La Zanja (LZ) empieza a principios de la década del 2000. En los años 2003 y 2004 los Frentes Regionales de los Pueblos del Norte y el Frente Amplio de Lucha de Santa Cruz inician paros y protestas oponiéndose a lo que denominan “saqueo de los recursos naturales”. La Municipalidad de Pulán en la provincia de Santa Cruz, también se pronuncia en contra de la actividad extractiva y en el 2004 dicta una ordenanza que declara zona intangible la parte alta del caserío LZ. El conflicto continúa hasta el año 2009, en el que se produce un paro provincial liderado por la Federación de Rondas Campesinas de la Provincia de Santa Cruz. Pero, además, este año la protesta desarrolla un enfoque de cuenca que lleva a los representantes de las Juntas de Usuarios de Chancay Lambayeque, ubicados en la parte baja de la cuenca, a declararse en contra de las concesiones mineras del proyecto Tantahuatay, Corp. Sinchero, La Zanja, Lumina Cooper, Galeno en La Encañada, Salaverry, que están ubicadas en cabeceras de cuenca. Este enfoque de cuenca les permite afirmar en el 2009, que el EIA fue aprobado ilegalmente porque no participaron todos los distritos. Indican que en la parte baja de la cuenca hay 25,000 agricultores y que, según el Convenio 169 de la OIT, se debería haber consultado con ellos antes de otorgar las concesiones. Asimismo, reclaman que el Estado tenga en cuenta un enfoque de cuenca para que las actividades desarrolladas en la parte alta de la cuenca no perjudiquen a los usuarios de la parte baja. El motivo principal de la oposición de la población a la actividad extractiva es la posibilidad de afectación de los usos del agua en la parte baja de la cuenca, pero también existen reclamos de incumplimiento de obras de infraestructura, como la construcción de carreteras en Pabellón Grande por parte de minera La Zanja. Uno de los argumentos que mencionan proviene de un informe realizado en el año 2009 por la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo (UNPRG) y el Ministerio Público que señala que hay plomo y cadmio en río San Pedro. El análisis de agua realizado a instancias de la 11

Fiscalía Provincial de Santa Cruz y que estuvo a cargo del laboratorio de Toxicología y Química del Instituto de Medicina Legal, señala que en la zona de La Cárcel, los niveles de plomo llegan a 12 PPB; de cadmio llegan a 0,52 PPB, y en el río El Cedro el nivel de plomo llega a 10,9 PPB, y de cadmio 0,59 PPB. Por esta razón, la población de Pabellón Grande solicita, además, se conforme una comisión Estado-empresa-comunidades. Estos problemas llevan a la población de Santa Cruz a solicitar en el año 2009 la anulación de la autorización para exploración y explotación de La Zanja debido a que no tienen licencia social, afecta la cabecera de cuenca, el medio ambiente, la ganadería, la agricultura, el río Chancay, y el 70% de la provincia Santa Cruz. El conflicto se extiende hasta el 2010 y, ese mismo año, la PCM informa a MINAM de la oposición de campesinos de Santa Cruz a LZ porque, de acuerdo a la versión de los campesinos, las actividades de exploración vienen contaminando las aguas. Solicita la intervención de MINAM y éste contesta que no es su competencia sino la del MINEM. Aquí se observa claramente la poca claridad que tienen los funcionarios públicos sobre las funciones y competencias de las instituciones públicas respecto a los conflictos generados por afectaciones ambientales. Los pobladores señalan que existen estudios realizados en la zona que demuestran que LZ afectaría los colchones acuíferos de Cajamarca y Lambayeque. Asimismo, señalan que durante la exploración murieron cabezas de ganado, además, que el río San Pedro tiene aguas color amarillo-verdoso, que existen tóxicos en el líquido, y que el EIA fue aprobado sin consenso. En el año 2010 se realiza una reunión intersectorial a solicitud de la PCM, en la que, liderando la reunión, el MINEM propone que no haya mesa de negociación, sostiene que los de Pulán son antimineros y que las Rondas Campesinas son del SUTEP. Ante esta respuesta, el alcalde de Pulán insiste en que el EIA no fue bien aprobado en 2008. Además, menciona la contaminación de plomo y cadmio en los ríos de la cuenca. Nuevamente se realiza una reunión de trabajo en el 2010 entre el MINEM, ANA, Digesa, y Osinergmin, en la que DIGESA afirma que los estudios de agua realizados en la zona no revelan contaminación de acuerdo a los LMP y ECAs vigentes al 2008. Por su parte, OSINERGMIN señala que las supervisiones efectuadas indican que no hay vertimientos contaminantes en cuerpos receptores. Por ello, todas las instituciones toman la decisión de hacer un informe técnico con estudios y remitirlo al alcalde, y no viajar a la zona. Ante ello, los usuarios de Chancay (Lambayeque) y de Pulán (Cajamarca) publican un aviso en el diario La República denunciando a minera Yanacocha, informando que se ha formado una comisión multisectorial de defensa del valle Chancay Lambayeque, anunciando que se movilizarán en Julio en Chiclayo y que harán un paro indefinido en todo Lambayeque.

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El escalamiento del conflicto se produce y en el mes de Febrero de 2011, cada uno de los caseríos y centros poblados de la provincia de Santa Cruz envía un memorial a la PCM indicando su oposición a la actividad minera de LZ y advirtiendo sobre un posible conflicto social grave: La esperanza, El Choro, la Paccha, Miraflores, Guayao, Pachamanca, El Marco, Tambillo, El chiriconga, el Molino, Paltacirca, Chancay baños, Ninabamba, Saucepampa, La Libertad, El Lloque, La Playa, Tellas, La Chapa, La Luema, Chorro blanco, el Taure, Catache, El Potrero, Pimar, Romero Circa, El Rejo, San José, La Semana, La Central, tenientes gobernadores de Sta. Cruz. B. RONDAS CAMPESINAS – COMBAYO - CM YANACOCHA: El conflicto de Combayo surge a principios de la década del 2000 y, tal como el anterior (La Zanja), también está relacionado con el agua. En febrero de 2001 se informa a la OAAS de una reunión de la Asociación Regional de las Centrales Provinciales de Rondas Campesinas de Cajamarca, en la que se discutió sobre la desaparición de lagunas y manantiales, y la reticencia de MY a informar a las comunidades sobre estos impactos, etc. Un informe hidrológico de la consultora independiente Stratus Consulting, realizado en el año 2003 a pedido de la Mesa de Diálogo y Consenso-CAO Cajamarca, el ombudsman de IFC, rama financiera del Banco Mundial, sostiene que “La mina ha alterado la cantidad del agua (...) En algunos lugares cerca de los límites de la mina los cambios son significativos”. En 2003, MY solicita al MEM apruebe el EIA sobre la Ampliación del Proyecto Carachugo. En diciembre de 2003 y enero de 2004 se realizan las audiencias públicas para presentar el EIA sobre la Ampliación del Proyecto Carachugo. En Octubre de 2003 INRENA observa el EIA y MEM concluye que el EIA no cuenta con una clara definición de línea de base social, ni evaluación y manejo de los impactos socioambientales potenciales. A fines de 2004, los campesinos solicitan que el MEM ordene el retiro de las maquinarias de MY y el cese de toda actividad minera hasta que se realice la zonificación ecológica y económica (ZEE) en el departamento. En 2005 Minera Yanacocha presenta recursos de reconsideración a la DGAAM apelando la resolución directoral que desaprueba el EIA de Carachugo. En junio de 2005, el MEM aprueba el EIA del proyecto (Resolución Directoral 272-2005-MEMDGAAM). En el Anexo del EIA del proyecto mencionado se afirma que existen riesgos potenciales de disminución de flujo en las quebradas Ocucha Machay, y Chaquicocha; y también en el río Azufre, lo que podría reducir el flujo en los canales de riego de esta cuenca. Ello podría contribuir a la sedimentación de los cauces de agua superficial en la cuenca baja. Asimismo, podría disminuir el nivel freático en las cercanías del tajo Chaquicocha. Se comprometen a implementar un modelo hidrogeológico para verificar los impactos sobre fuentes de agua. En el 2005 un sector de la población se oponía a la construcción del dique El Azufre. Luego de diferentes protestas logran que la Dirección Regional de agricultura (Resolución Directoral de la Dirección Regional Nº 125-2005-GR-CAJ/DRA) anule el 13

permiso otorgado a MY para la construcción del dique El Azufre. A principios de 2006, MY apeló la resolución directoral y logró la autorización de la Intendencia Nacional de Recursos Hídricos para construir el dique. Éste se construye y siete meses después de la resolución de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura que otorga la autorización para su construcción (2006), el dique colapsó en época de lluvias y varias hectáreas de cultivos de los campesinos fueron arrasadas. En agosto de 2005 un Informe MINAG 102-2005-GR-CAJ/DRA-ATDR-IA indica que cuatro (04) canales de riego de la cuenca de Mashcón han perdido sus fuentes naturales de agua y reciben agua de bombeo. Como consecuencia son afectadas 1026 ha bajo riego y 911 usuarios de riego. Al mes siguiente, la población de Combayo y MY llegan a un acuerdo para el Proyecto de Ampliación de Carachugo: se acepta hacer un monitoreo conjunto de calidad y cantidad de aguas; obras de desarrollo por S/.1’500,000; y finalmente, acuerdan el reinicio de la construcción de estructura de control sedimentos río Azufre. A fines de 2005 se reúnen en Cajamarca el alcalde de Combayo y Pte. del Comité de Defensa y Desarrollo de las Cuencas Hidrológicas del río Azufre y Grande, y cinco funcionarios de Yanacocha, del MINEM, y del MINAG. Llegan a los siguientes acuerdos: Monitoreo conjunto de calidad y cantidad de agua en río Azufre, Yanacocha paga el costo del monitoreo. En el monitoreo se solicitará la presencia del MINSA, MINEM, INRENA y Comité de monitoreo Combayo. El 02 de Agosto de 2006, a las 10 de la mañana un grupo de campesinos usuarios del Canal Azufre Ventanilla, perteneciente al Centro Poblado Combayo, pretendieron paralizar la construcción de MY en la Laguna Corazón, en el área tres, en el sector Chaquicocha, donde existe una perforadora desviando las aguas. Los campesinos se oponían ya que el área de explotación minera es un acuífero del cual nace el río Azufre y aguas abajo, el río Chonta, único río que alimenta varias decenas de canales de regadío. Al día siguiente, aproximadamente100 personas del caserío Bellavista y la Policía se enfrentaron en el centro poblado de Combayo en Cajamarca, producto de lo cual murió el comunero llamado Isidro Llanos. Los campesinos protestaban porque temían que las actividades mineras en la zona afecten su acceso al agua. También exigían mayor inversión de Yanacocha en obras de desarrollo y más puestos de trabajo para los pobladores del lugar. Luego de estos eventos, en agosto de 2006, se reúnen la población de Combayo, MY y el gobierno y acuerdan levantar el cierre de la carretera Cajamarca-Bambamarca, y las vías de comunicación en Cajamarca hasta llegar a una solución. También acuerdan la conformación de una comisión de alto nivel. En setiembre de 2006, se realiza otra reunión entre el gobierno, Combayo y MY. Acuerdan lo siguiente: las autoridades informan que los estándares de calidad del agua (para clase 3: agricultura, ganadería) son normales, pero si se quiere usar para consumo humano en las partes bajas hay que construir plantas de tratamiento para potabilizarlas, que serán construidas por MY en coordinación con SEDACAJ. Se rehabilitarán los sistemas de distribución de agua construidos en 1995 por MY. El control de calidad y cantidad de agua y monitoreo 14

participativo estarán a cargo del estado. Son 11 puntos de monitoreo en total. Se coordinará la realización de un estudio de afianzamiento hídrico de la cuenca. En un año se realizarán los estudios para disponer las aguas residuales de los caseríos de la cuenca. En Agosto de 2006, se realiza una reunión entre MY y el MINEM donde acordaron reanudar sus actividades en cuanto se restablezca el libre tránsito.En setiembre de 2006, la Municipalidad de Combayo comunica sobre el cumplimiento de acuerdos: reclaman que no se había acordado que se reanuden las actividades mineras en Combayo sin que el estado y la empresa cumplan con los puntos más importantes. MY ha reanudado sus operaciones y ha despedido a los que apoyaron el paro. Se ha conducido muy mal las reuniones. Combayo no está de acuerdo con el reinicio de las operaciones en la zona, solicita el cese hasta cumplir las condiciones. El mismo mes se vuelven a reunir la población de Combayo, MY, PCM, MINEM, Minsa, Inrena, MEF, congresistas, y el alcalde provincial. Acuerdan que el ATDR, DESA, DIGESA realicen una visita a la subcuenca del río Azufre: se fijan 7 puntos de monitoreo, con los que en total serían 13 los puntos de monitoreo, elaboraron propuesta de protocolo de monitoreo participativo. Se acuerda el estudio de afianzamiento hídrico con asesoría del BID, y se acuerda que una consultora independiente lo hará, se coordinará con el grupo Norte a través de MY para realizar otros estudios en las demás cuencas de Cajamarca. En un documento interno de MY (s/f) se menciona que: el drenaje de las lagunas Los Patos y estacionales no provoca impactos en el abastecimiento de agua de la zona de Combayo ni sobre el flujo base de la cuenca. Sobre la microcuenca Ocuchumachay se afirma que: nivel freático está por debajo de los 80 mts. de profundidad, por lo que la laguna Los Patos no tiene relación con el acuífero de la zona. Asimismo, se sostiene que los cuerpos de agua o lagunas estacionales Corazón y Estacional son depresiones en el terreno que durante la época de lluvias se llenan de agua. Su aporte a la cuenca como flujo en estiaje no es significativo. El informe indica que el drenaje de estos cuerpos de agua se realizó rápido, eficientemente y manteniendo la estabilidad del cauce natural e impidiendo erosión en los márgenes. No obstante, MY tiene un plan para dotar de aguas permanentes en la quebrada y asegurar el incremento progresivo del flujo base de la microcuenca: a) entregarán 5 l/s a la quebrada más que la media anual que entregaba la laguna Los Patos. A partir de agosto 2008 se descargará 10 l/s. b) el caudal debe ir en aumento, por lo que el 2009 el caudal será de 15 l/s y en el 2011 será de 35 l/s. c) el agua que se descarga a la quebrada proviene de un reservorio de capacidad de 7,000 m3 y cumple con todas las normas; se entregará agua apta de clase 3 (para ganadería y agricultura). En el 2009 la Comisión de fiscalización del congreso oficia al MINAM sobre un oficio del Frente de defensa ambiental de Cajamarca que demanda que: “se debe suspender exploración minera porque causa conflictos entre la población de Cajamarca hasta que concluya el reordenamiento territorial y la ZEE”. 15

Por su parte, Newmont elabora un informe a cargo de dos expertos sobre sus actividades extractivas en el mundo y concluye que la empresa debe mejorar enfoque de relaciones comunitarias por una estrategia que incluya la relación responsable con las poblaciones locales, los inversionistas, la planificación de estrategias, los mecanismos de responsabilidad y mejorar la capacidad del personal para evaluar y responder a las preocupaciones de la comunidad. En el 2009 se realizó una reunión multisectorial con MY y las RRCC Cajamarca. Las rondas denuncian que tienen problemas de agua y que los manantiales de la cuenca Chonta se han secado, afectando su producción ganadera. Esta sequía ha sido comprobada por el ATDR de Chonta. Solicitan responsabilidad social empresarial. MY afirma que el EIA para usar las lagunas Los Patos, Corazón y Estacionaria como pozas de lixiviación ya fue aprobado por el MINEM y revisado por el INRENA. Se han drenado las lagunas Patos y Corazón. Estas lagunas para lixiviación, según MY, no impactan mucho; ya no drenan. ANA está haciendo un estudio para mitigar impactos negativos y se presentará en marzo del 2009 en Cajamarca. PCM viajará a Cajamarca para ver por qué existe poca inversión regional “hay que derrotar la pobreza y desarrollar el país”. MININTER presenta un informe de inteligencia.

C. COMISIÓN MULTISECTORIAL CAJABAMBA (CUENCA CRISNEJAS) En setiembre de 2009 se presenta un informe del entonces director de OAAS sobre un conflicto en la zona del cerro Mogol, distrito de Jesús, Cajamarca: “la población de la parte baja (valle Condebamba) no está de acuerdo con la actividad minera porque en el cerro Mogol hay nacientes de agua (cabecera de cuenca). Dicha zona es reconocida como fuente de agua y las actividades mineras podrían contaminar las aguas para consumo y agricultura. Se afectarían sus ingresos porque su agricultura es para consumo interno pero también venden en Cajamarca y en la costa…en el río Crisnejas no hay relaciones comunitarias de MY, por ello la desconfianza”. A mediados de 2009, la PCM informa mediante su sistema de alerta temprana que 800 personas del valle Condebamba se trasladaron al cerro Mogol, donde se encuentra el proyecto La Morada de Miski Mayo. Piden que se retire la empresa, se viene convocando a pobladores de Cajabamba y San Marcos para plegarse a la medida de fuerza. Aparentemente, hay una comisión multisectorial para abordar el problema de la minería informal en la cuenca del Crisnejas, Cajabamba, pero los pobladores de Condebamba también quieren que salga la empresa minera Miski Mayo. Los enredos burocráticos también contribuyen a la agudización de los conflictos. En 2009, la PCM responsabiliza al MINAM por demora en informes sobre la situación en Cajabamba (1 mes de atraso). También se informa que por encargo del MINAM se ha hecho un diagnóstico de la minería informal en Cajabamba, pero no se menciona la fecha. Luego el MINAM llama la atención a la PCM por aparentemente haber perdido el informe del MINAM enviado a la PCM en la fecha solicitada.

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Desde el 2006 al 2008 la calidad del agua se ha deteriorado en esta cuenca de manera incremental. En 2008 la DESA Cajamarca publica un informe de monitoreo de la cuenca Crisnejas que señala que en el 2006 y 2007, en todos los puntos de muestreo las concentraciones de Cd, CU, Hg, Cr, Pb, Zn y CN WAD fueron menores a las establecidas por la ley de aguas para la clase 3. Pero DIGESA publica un informe de monitoreo de aguas realizado en febrero 2008, donde se encontró más concentraciones que las establecidas en los LMP: Cianuro en quebrada Payuro, naciente de quebrada La Vieja; Arsénico en Quebrada Payuro; Plomo en río Cañaris, Condebamba, Cajamarquino, Crisnejas, Quebrada La Arenilla, y Quebrada Payuro. En el monitoreo del 2007; Arsénico y Plomo en quebrada Chupalla y Arenilla y río Cochabamba (> LMP para clase 3). Los tres conflictos descritos aquí demuestran una preocupación significativa y legítima de la población local por la afectación de su derecho de acceso al agua (tanto en la calidad, como en la cantidad y la oportunidad), que consecuentemente tiene consecuencias negativas en sus medios de vida y sus modelos de desarrollo. Las cuencas hidrográficas impactadas en Cajamarca, entre otras, son Sendamal, Cajamarquino y Llaucano, del ámbito de los distritos de Sorochuco, Encañada, Hualgayoc y Huasmín. Los impactos sobre los cuerpos de agua superficial de las lagunas de Chailhuagon, El Perol, Azul, Cortada, Lucmacocha, Alforjacocha, Mishacocha, Los Patos, Corazón y Estacionaria implican la afectación (disminución/desaparición/modificación del flujo, etc.) del agua superficial y subterránea que alimenta las principales vertientes de subcuencas y fuentes de agua para consumo humano, consumo animal y riego agrícola, que alimentan 6 canales principales de 43 Km., 151 l/s, y 555 Ha. de tierra irrigada con 529 usuarios. Este cálculo no contempla los usuarios del área de influencia indirecta; es decir 3,789 usuarios en la subcuenca del río Chonta y otros tantos de las cuencas de Mashcón, Llaucano, etc. Esta evidencia no ha sido comprendida a cabalidad por las instancias públicas que han intervenido en los conflictos y, por ende, no se le ha dado la importancia debida en los acuerdos y monitoreos. La subestimación de parte del Estado y de las empresas del impacto que tienen las actividades extractivas en los espacios locales, y particularmente en las fuentes de agua con las que se abastecen los usuarios de la cuenca para diversos usos, confabula a favor de la agudización del conflicto. BREVES APUNTES SOBRE LAS LAGUNAS DE SAN PABLO Y CONGA. En febrero de 2007, la Municipalidad de San Pablo de la Región Cajamarca, emitió la Ordenanza Municipal Nº.001-2007-MPSP, indicando que no se puede desarrollar actividades extractivas en la zona de las 280 lagunas ubicadas su ámbito. Minera Yanacocha impugnó dicha norma con una acción de amparo pues considera que la atenta contra la libertad de empresa, libertad de industria, libertad de Trabajo, y la propiedad privada. El 34º Juzgado civil de Lima mediante Resolución Nº 03 de fecha 06 de Julio del 2007 y la 2da. Sala Civil de la Corte Superior de Lima con Resolución del el 25 de Junio del 2008, han declarado infundada la demanda de amparo de MY. El 10 de diciembre de 2010, el Tribunal Constitucional resolvió el amparo de MY revocando 17

la resolución de la Corte Superior que favorecía a la Municipalidad San Pablo y que fue apelada por MY y ordenando al juez de primera instancia que proceda a admitir la demanda de Yanacocha y la resuelva dentro de los plazos legales. En el mes de setiembre de 2011, en el aniversario de la movilización por el cerro Quilish, la población de Cajamarca descubre que minera Yanacocha había ubicado 3 tuberías que bombeaban agua tratada por la mina hacia el río Grande y luego esta agua era captada en la Planta de Tratamiento El Milagro para abastecer de agua a la ciudad de Cajamarca. El agua bombeada era de clase 3 (agricultura y ganadería) pero la población se pregunta si esta agua es apta para consumo humano aún luego del tratamiento de la Planta El Milagro. Además, se cuestionó por qué, debido a las actividades de Yanacocha, la ciudad de Cajamarca ya no recibe agua natural de la quebrada sino agua tratada de clase 3. En Octubre de 2011, cuatro trabajadores de la Autoridad Nacional de Agua y de la Autoridad Administrativa del Agua fueron vestidos de mujer y obligados a pasear por las calles del distrito La Encañada, escoltados por campesinos de la comunidad Tres Tingos. El castigo fue aplicado debido a que los campesinos habían acordado con los funcionarios de la ALA para que realizaran una inspección en el canal de Tres Tingos y comprobaran que el volumen del agua había disminuido. Sin embargo, los funcionarios no asistieron al lugar, luego de lo cual más de 300 comuneros se dirigieran hasta el local de la ALA y AAA para obligar a los funcionarios Carlos Niño Castro, Salomón Quiroz Villanueva, Edwin Chalán y Eduardo Vega Salazar, a caminar con ropa de mujer por varias horas1. Estos hechos, entre otros, han avivado el conflicto que se desató en el mes de noviembre en Cajamarca debido a la ejecución del proyecto minero Conga. Todos los eventos tienen relación con la afectación del agua, por lo que la OAAS debe tener esto presente para la comprensión y el planeamiento de la intervención en este conflicto y otros relacionados en Cajamarca. 1.2.

RECOMENDACIONES Soluciones inmediatas: acuerdo entre la empresa, el Gobierno Central y el Gobierno Regional para revisar el EIA en lo referido a los aspectos hídricos por una entidad autónoma, cuyas conclusiones deberán ser respetadas por el conjunto de los actores. Se ha indicado en los TdRs que se hará énfasis en la mitigación de los impactos, pero esta indicación no colmará las expectativas de la población que quiere conocer los impactos que este proyecto implica en una zona hidrogeológica tan compleja como la de Conga. Según el artículo 99°.1, las autoridades ambientales deben proteger especialmente los ecosistemas frágiles, como humedales, lagunas alto andinas, etc.

1

Fuente: El Comercio 21.10.11. 18

Incorporar a todos los actores sociales de la zona del proyecto de inversión, escucharlos, establecer sistema de escucha e inclusión, cuidando todos los niveles de relación estatal. Efectivizar canales y mecanismos eficientes para viabilizar y ventilar la protesta y propuesta social: Hay que estudiar en qué casos funcionan las “mesas de diálogo” y en cuáles no. Implementar y aplicar un enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Cuando en la zona se afectan recursos hídricos los actores del conflicto y el mismo Estado deben aplicar un enfoque de cuenca y de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) para tener en cuenta los impactos en los usuarios de agua de las partes alta, media y baja de la cuenca. Mecanismos de gestión ambiental: El monitoreo participativo de la calidad y cantidad del agua y los LMP. Los límites máximos permisibles (LMP) dan una cifra pero en los laboratorios existen diferentes pruebas químicas algunas con más certeza que otras, entonces también debe analizarse qué tipo de pruebas deben hacerse, es decir no hay un protocolo para el análisis químico. Se requiere más información sobre el tema químico y otras pruebas interesantes como radio isotopos. Además, deben actualizarse los LMP estableciendo parámetros más altos como los de la Environmental Protection Agency (EPA) de EEUU. En relación al ALA: No existe un registro digital de todas las licencias entregadas. Estas están archivadas en papel. El ALA no tiene personal, equipo ni vehículos para monitorear el agua. Respecto a la calidad de aguas, hasta noviembre 2011 no había nada implementado. El ALA no tiene una participación más activa en la fiscalización del uso de aguas, sólo informa mensualmente qué licencias se entregan. Estudios que faltan: Estudio hidrogeológico, Estudio toxicológico de la población, especialmente en niños y jóvenes, Estudio de la institucionalidad en el tema ambiental y la coordinación entre el Ministerio del Ambiente, ANA, Gobierno Regional, Municipal, etc. Así como financiamientos y los contratos público-privados. Evaluar el funcionamiento de las CAR, como parte de la institucionalidad ambiental. 2. APURÍMAC: ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO 2.1. CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL/LOS CONFLICTO/S Como antecedente, cabe mencionar que “El 54% del territorio de Apurímac se encuentra bajo concesión minera”.2 Merece la atención destacar el incremento continuo de las concesiones en la región Apurímac durante los últimos años. En efecto, 2

Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas “Estudio de la gestión del agua y los conflictos por el agua en la región Apurímac y análisis de la importancia de los factores asociados al cambio climático en su desencadenamiento – Caso de la Microcuenca Mollebamba” Enero 2010 COOPERACCION. 19

“entre los años 2002 y 2009, de acuerdo a datos obtenidos del INGEMMET (2010), los derechos mineros vigentes han pasado del 19% de todo el territorio de la región a ocupar más del 54% de la misma, la mayor cifra de cualquier región del país… Actualmente todas las provincias de la región (menos Chincheros) presentan porcentajes de territorio concesionado de entre 40% y 67 %.” 3 Las grandes compañías mineras que poseen derechos mineros en Apurímac son Xstrata, SouthernCopper, Anglo American y la Compañía de Minas Buenaventura con los proyectos de cobre de Las Bambas (de Xstrata) en las provincias de Cotabambas y Grau y Los Chancas (de Southern Copper Corporation) en la provincia de Aymaraes. La intervención de las empresas mineras en Apurímac implica una ardua competencia por el agua. En efecto, desde 1996 hasta el 2009, el ALA Apurímac ha otorgado 16 permisos para uso minero del agua4, lo cual significa autorización formal para “utilizar 1,250.10 litros de agua por segundo, con una masa anual del 4´432,290 m 3, mientras que el agua que utilizan todos los productores agrícolas también del ámbito de dicha ALA llega solamente a 2,092 litros de agua por segundo”5. En las provincias de Aymaraes, Antabamba, Grau y Cotabambas estudios de DIGESA (2010) muestran que las aguas contienen metales pesados, sustancias químicas y aditivos usados en la minería por encima de los LMP y ECAs, así como altas concentraciones de acidez en el agua. Actualmente, los usuarios agrarios ya empiezan a evidenciar la disminución del agua asignada a actividades agrícolas y forestales para derivarla al uso minero. El tratamiento del oro con cianuro, incrementa las posibilidades de contaminación de las aguas y su posible afectación de los acuíferos, en la cuenca media y baja. Asimismo, se está reduciendo el área de bofedales; y la napa freática, seguida de un incremento de la capacidad de absorción de la zona de bofedales y una reducción del caudal de los ríos6. A fines del año 2011, la JUDRA hace públicas sus demandas y oposición a las actividades de la Compañía Minera ARES que se desarrollarían en Andahuaylas y Chinchero. Piden la suspensión de todas las concesiones mineras por 2 años. También demandan la protección de las cabeceras de cuenca. La JUDRA declaró el paro indefinido a partir del 03/11/2011, en demanda de la intangibilidad de las cabeceras de cuencas; el retiro de toda actividad minera de las dos provincias; el retiro de las plantas de procesamiento de Toctopata y Huaraccopata y contra la gran minería y la minería informal.

3

Neira, Jorge (2011) Diagnóstico Temático Sobre la Gestión del Agua en la Región Apurímac: Gestión Institucional, Protección de Fuentes de Agua, y Agua y Minería. Consultoría realizada para IPROGA en el marco del Proyecto Gobernabilidad del Agua II. Mss. 4 Ibid. 5

Ibid.

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Neira, Jorge (2011). 20

A mediados de noviembre de 2011, los ministros de Energía y Minas, de Agricultura y del Ambiente y un grupo de funcionarios visitan Andahuaylas para dialogar sobre sus demandas. Objetivamente, sólo existen ocho exploraciones mineras en funciones en Andahuaylas y ninguna en Chinchero, de las ocho en funcionamiento dos son formales y el resto informales. En diálogo con el Viceministro de Orden Interno a las 5.30 pm del 01/12 los agricultores de Andahuaylas levantan el nuevo paro y viene a Lima una Comisión para dialogar con el Primer Ministro y el Pte. Humala.

1.5.

RECOMENDACIONES

Urgen regulaciones sobre: minería informal, minería en cabeceras de cuencas, uso y administración de los recursos hídricos en cabeceras de cuencas. Esta carencia atraviesa la mayor parte de los conflictos latentes seleccionados. Se necesita dilucidar sobre las herramientas de trabajo para viabilizar el diálogo con las partes involucradas. Problema con las percepciones locales respecto a las “mesas de diálogo”, desbalance entre los instrumentos de diálogo y los alcances de las mismas en la consecución de los objetivos tangibles planteados por la población. Trabajar el principio de subsidiariedad. Indagar la existencia de un proceso de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica Económica en Apurímac.

3. PUNO: AYAVIRI, ANANEA 3.1. CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL/LOS CONFLICTO/S La cuenca del río Ramis, y sobre todo la subcuenca Crucero-Azángaro, tiene mucha importancia para la vida económica y social de Puno, pues en la parte media y baja de la cuenca se encuentra una de las principales cuencas lecheras del altiplano. Los pobladores de estas cuencas se ubican en el poblado de Progreso y comunidades de los alrededores, y están organizados en comités de riego que conforman la junta de usuarios de la cuenca del río Ramis. La subcuenca Crucero-Azángaro comprende las siguientes localidades: Ananea, Crucero, San Antón, Azángaro, Achaya, Saman, Taraco y finalmente Lago Titicaca. El ingeniero ambiental, Pompeyo Ferro (2007), sostiene: “Las operaciones mineras son producidas principalmente por mineros informales que invadieron concesiones de CENTROMIN Perú, en la zona de Pampa Blanca y Chaquiminas, en el distrito de Ananea, ubicado en la parte alta de la cuenca. Otro actor importante es la Cooperativa minera CENCONSAP con concesiones a su cargo; pero a su vez también existen mineros artesanales informales ubicados en la Rinconada y Cerro Lunar quienes invadieron concesiones de la Corporación Minera Ananea”. 21

Ferro señala que “la contaminación ambiental proviene de los sectores de La Rinconada y Cerro Lunar, donde existen mineros artesanales, informales e invasores de las concesiones de la Corporación Minera Ananea (CMA); Pampa Blanca, Chaquiminas, Ancocala y Huachani, también mineros informales e invasores de las concesiones de CENTROMIN Perú; y la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto (CECOMSAP), ubicados en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Poto”. Los vertimientos de las operaciones mineras son derivados directamente y sin autorización a la cuenca Crucero-Azángaro (contaminantes químicos, metálicos, orgánicos y fundamentalmente sólidos en suspensión, lama, sedimentos limo arcillosos), con lo cual se afecta el ecosistema, flora, fauna y al resto de usuarios y agricultores de la subcuenca. Del río Crucero, las aguas llegan a los ríos Azángaro y Ramis, y desembocan en el Lago Titicaca. Estas aguas son usadas para uso doméstico en la ciudad de Azángaro y para uso agrícola con el reservorio Cotarsaya, en las irrigaciones Azángaro y Asillo.7 Ferro (2007) señala que un según un “monitoreo de aguas superficiales realizado por el INRENA (2003) en Ananea y la Rinconada los pasivos ambientales que existen perjudican la capacidad de aprovechamiento de las aguas del río Crucero. La aptitud de agua para consumo humano presenta limitaciones en Cerro Lunar por hierro, manganeso y níquel; en el río Crucero por Arsénico, hierro, manganeso, cromo, níquel y plomo; y la Bocatoma del río Crucero por hierro, manganeso, níquel y arsénico. Además, la aptitud para riego está limitada en Cerro Lunar por hierro, manganeso y níquel; en el río Crucero por arsénico, hierro y manganeso; y en la Bocatoma del río Crucero por hierro y manganeso”. Asimismo, menciona un informe de CONAM (2006) que indicaba que la remoción de tierra en la parte alta de la cuenca está contribuyendo a la sedimentación del cauce el río Ramis, “motivando el transporte de una alta carga de material de arrastre y de suspensión que se traslada hacia las partes media y baja de la cuenca, llegando a afectar lo campos de cultivo, animales y personas de los alrededores de las localidades de Crucero, San Antón, Asillo, Azángaro”. Finalmente, con respecto a la fauna del lago advierte que “el contenido de mercurio en los peces se incrementa según el tamaño y el peso, con valores de hasta 0.63 µg/g, que según la EPA de EE.UU. el límite para el consumo humano en EEUU es de 0.3 µg/g, y de 0.5 µg/g en otros países. Además, se aprecia que los pejerreyes (pez introducido al lago Titicaca) que pesan más de 0.5 kg o miden más de 35 cm, tienen concentraciones de mercurio”.

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Ferro, Pompeyo (2007). Conflictos entre Actores Mineros y Actores Agrícolas en la Subcuenca CruceroAzángaro de la Cuenca del Río Ramis. Tesina Presentada para el Curso de Especialización Profesional en “GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS”, Macro Región Sur - Perú

22

En el último año se ha organizado talleres con los mineros, pero ello no ha contribuido a solucionar el problema. Por otro lado, los agricultores han solicitado la declaratoria de emergencia ambiental de la cuenca a través de memoriales y marchas de protesta, pero, los mineros utilizando las mismas estrategias mostraron su contrariedad y su negativa a suspender sus actividades mineras. El D.U. 028 del 17 de junio de 2011 Declara de Interés Nacional y Prioritario la recuperación del río Ramis y del río Suches, reconociendo la legitimidad de las denuncias formuladas por las comunidades afectadas por la contaminación y el daño ecológico a los acuíferos, pastizales, fauna y flora, así como a la salud humana de los pobladores de estas bastas cuencas. El conflicto de Ramis y Suches supone acuerdos y normas para cese de petitorios, estudio de comisiones Multisectoriales de concesiones y propuestas, consulta previa, intangibilidad de lugares y prioridad del control de la contaminación y remediación ambiental en Ramis y Suches. La aplicación del DU 028 implica otra tarea del MINAM: evaluar los impactos ambientales a las cuencas y recomendar acciones de remediación y control ambiental. En julio de 2011 se crea la Comisión Multisectorial para Estudiar y Proponer Acciones Respecto a Concesiones Mineras en la Provincia de Melgar (R.S. 162-2011-PCM). Luego mediante R.S. 1161-2011-PCM se incluyen Chucuito y Melgar. En noviembre de 2011, se acordó desarrollar planes, políticas e inversiones para el desarrollo sostenible (descontaminación y remediación ambiental). Hay que tener en cuenta que el plazo para efectivizar este decreto es de seis meses, que concluyó el 17 de diciembre del 2011. Es URGENTE la realización de la tarea encomendada al MINAM, de delimitar y proteger las zonas donde no se puede explorar para la minería: los acuíferos, humedales y totorales, porque afectan gravemente el ecosistema de puna y el del lago Titicaca. 3.2. RECOMENDACIONES Realización de la tarea encomendada al MINAM, de delimitar y proteger las zonas donde no se puede explorar para la minería: los acuíferos, humedales y totorales, porque afectan gravemente el ecosistema de puna y el del lago Titicaca La minería informal ha seguido creciendo exponencialmente, ver las acciones realizadas por el gobierno regional de Puno, los gobiernos locales y la Defensoría del Pueblo, entre otros. Indagar sobre las normas nacionales y regionales que regulan esta actividad. La situación de la minería de socavón en La Rinconada es grave desde todo punto de vista, particularmente el de la salud humana y porque ocasiona un daño ambiental incalculable. Como MEDIDA CONCRETA, es importante incorporar a la provincia de COJATA como ámbito de aplicación del D.S. 035, 2011 EM.

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No perder de vista que el tema que surge como relevante en este contexto es el de la normatividad pertinente respecto al Ordenamiento Territorial (OT y ZEE). Existe un conflicto político interno en el Gobierno Regional, el Consejo Regional funge de oposición al propio Presidente, quien desarrolla una actitud confrontacional dentro y fuera del GORE, por eso pide constantemente el respaldo del Gobierno Central para sus propuestas.

4. TACNA: MESA DE DIÁLOGO 4.1.

CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL/LOS CONFLICTO/S

En el 39% de los casos de conflictos socio-ambientales en Tacna, las empresas mineras están involucradas. Varias organizaciones de usuarios de agua de riego en Tacna se oponen a la extracción de aguas superficiales por la SPCC porque ha disminuido el agua de riego, se ha afectado el 90% de la cobertura vegetal del bofedal Huaytire, y se ha comprobado la contaminación generada por la relavera en Quebrada Honda. Señalan estas organizaciones que entre 1994 y 2006 el uso de agua subterránea y superficial que hizo SPCC ha secado 69 vertientes (37 en el río Callazas, 13 en el río Salado y 19 en el río Tacalaya o Ilabaya). Todo ello tiene relación con las actividades mineras de Cuajone y Toquepala de la SPCC. La SPCC condiciona el diálogo a ciertos temas que no afecten sus derechos adquiridos, niega que sus acciones hayan causado la disminución del caudal del río Callazas, se niega a poner caudalímetros y también a revisar el consumo de agua en sus instalaciones. El problema es que el agua ha disminuido, pero SPCC no quiere que se toquen sus derechos con el volumen de agua asignado antes de que se produjera esta escasez. Con ello, en la práctica su consumo de agua sí afecta los derechos al agua de los agricultores porque a ellos sí se les reduce el volumen que usan y que está consignado en sus derechos de agua. Los agricultores de la subcuenca del Callazas tienen licencia de aguas por 2,346 l/s pero en realidad el caudal es de 1,000 a 1,200 l/s y son de mala calidad. Según Pereyra y Zumarán (2011), el río Callazas, en la estación hidrométrica de Coranchay, ha visto reducido su caudal entre 1982 y 2008 de un promedio de 1,956 l/s a 1,657 l/s: “La causa tiene relación con la afectación de la oferta de agua superficial y subterránea y no con los cambios del clima. La comparación del escurrimiento superficial medido en el río Callazas versus la precipitación en una estación cercana; nos indicaría que la reducción del escurrimiento del río Callazas no es un efecto del Cambio Climático o de la variabilidad climática, puesto que la precipitación, al menos en una estación tiene una tendencia a mantener sus promedios anuales; por tanto, las causas habría que buscarlas en afectaciones a la hidrología superficial y subterránea de la cuenca, pues las tendencias de precipitación se mantienen y las de escurrimiento declinan en el mismo período. Son las aguas subterráneas las que están reduciendo su 24

nivel, produciendo el desecamiento de la pradera, en la parte alta de la cuenca del río Locumba”. Los 1440 l/s que SPCC extrae de las aguas subterráneas los obtiene mediante pozos: los pozos de SPCC TP03, TP05, TP08, TP09, y TP14 afectan las vertientes del margen derecho e izquierdo del río Callazas que se usa para riego. Los pozos TP14 y TP 15 están siendo objeto de demandas judiciales (2008) por exceder el volumen de la licencia entre el 2001 y 2000 y también antes de tener licencia (1996-1999). Existen varios procesos administrativos y judiciales en relación a Candarave y SPCC. En ambas vías, la segunda tiene resultados a favor. Por ejemplo, una acción contencioso administrativa contra la resolución Ministerial 274-2007-AG que repuso la licencia de uso de agua subterránea a SPCC. La estrategia de esta empresa aparentemente es negarse a la fiscalización y llevar los conflictos a la vía administrativa y judicial. En enero de 2008 se realizó en Candarave la consulta popular y el 90% de los que participaron en la consulta votó en contra de que se otorguen más concesiones mineras y se sobre exploten los recursos hídricos. El subdistrito de riego (Candarave, Laguna Suches, Tacalaya, Huaytire y Vizcachas) usa el 81% del agua para uso minero. De la laguna Suches (1996) se bombea 280 l/s en promedio anual para el proyecto de SPCC en Cuajone. La laguna Vizcachas tiene conexión con el río Callazas porque forma parte del acuífero Capillune, aunque no tiene descargas superficiales, la dirección del flujo subterráneo es hacia el río Callazas. La laguna Suches siempre ha tenido comunicación con el río Callazas. Ello significa que el uso que hace SPCC de las dos lagunas está disminuyendo el caudal de los usuarios del río Callazas. Por esta razón, el 2009 la Municipalidad Provincial de Candarave pide intervención del MINAM. MINAM pide informe al MINEM y la PCM pide reunión de trabajo a MINAM a pedido del Alcalde. En Junio de 2010 SPCC señala que no quiere Mesa de Diálogo ampliada de ILO, mientras que Angloamerican y Minsur sí pueden/quieren conformar mesas de diálogo. El conflicto se va extendiendo hasta llegar a tener un carácter interregional. En setiembre del 2010, la Comisión Agraria del Congreso en su pre dictamen “declaró de interés y necesidad pública el proyecto de trasvase de 6 m3/s del río Desaguadero a Tacna” sin mayores estudios y menos consulta con los implicados y a pesar de los desencuentros que sobre este tema han tenido Tacna y Puno8. Pereyra y Zumarán (2011) indican que si bien “en el 2010 una Nota informativa de la ANA señala que no existen estudios técnicos que demuestren el agotamiento de la fuente para declarar en veda o agotado el acuífero de Huaytire, Jacopunco, Vizcachas, Tacalaya y Calientes por uso de aguas subterráneas en cabecera de cuenca por parte 8

Pereyra y Zumarán (2011). Cambio Climático y la Gobernabilidad del Agua en las Cuencas De Tacna. Consultoría realizada para la Defensoría del Pueblo. GIZ, Mss. 25

de SPCC….a fines del año 2010, en Tacna se realizan varias reuniones entre autoridades regionales con el Ministro de Economía, luego, tienen reuniones con la jefatura de la ANA y otras reuniones con el Ministro de Agricultura, y finalmente, la autoridad del agua (ANA), luego de un largo y cuidadoso proceso, declara la veda del acuífero subterráneo de Caplina y el agotamiento de las aguas superficiales de todo el departamento. Sin embargo, otra autoridad (MINEM), entrega concesiones mineras sobre el 39,88% de su territorio, principalmente en las cuencas altas de las provincias de Candarave, Tarata y el distrito de Palca”. Los autores (2011) señalan que “La sobre explotación de la laguna Aricota, tiene impactos negativos sobre la actividad agrícola del valle de Locumba9, y principalmente, en los sistemas de vida de la población, comunidad y regantes del distrito de Curibaya, quienes al ver reducidos y secados sus manantiales, con los cuales ejercían sus derechos de acceso y uso de agua para fines primarios, poblacional y agrario, se han visto forzados a emigrar”. En setiembre de 2011 el Ministerio de Energía y Minas emite un Auto Directorial 4262011-MEM-AAM aprobando la convocatoria a audiencia pública del proyecto ampliación de la concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda (SPCC). El mismo mes, el gobierno regional de Tacna se pronuncia en contra de más concesiones mineras (Newmont y Pucamarca), y señala que no permitirá el uso de aguas subterráneas ni superficiales para actividades mineras. Se crea una mesa de trabajo con estos puntos en agenda. En setiembre de 2011, el mismo MEM declara la nulidad del Auto Directoral anterior porque la audiencia pública se realizaría en un asiento minero y éste no tiene reconocimiento de centro poblado, por lo que no cumple con el inciso 24.1 del artículo 24 de la Res. Min. 304-2008-MEM/DM. En octubre de 2011 se formaliza la conformación de la mesa de trabajo multisectorial de Tacna (Resol. Ministerial 275-2011-PCM del 18/10/11) que aborda la problemática hídrica, ambiental y de inversión social relacionada a la actividad minera de las empresas SPCC, MINSUR y NEWMONT. En noviembre de 2011 se realiza una reunión del subgrupo de recursos hídricos (RRHH) de la Mesa de Trabajo Multisectorial que aborda la problemática de la actividad minera en la región Tacna: plan de trabajo y cronograma. Ámbito: cuenca Locumba, sama, Caplina, Maure. Actividades: recopilarán información, harán un diagnóstico de disponibilidad hídrica, calidad y cantidad de agua, usos y derechos de agua, balance hídrico, valoración económica del agua; análisis de la problemática hídrica. Un punto crítico del conflicto es la contaminación por depósito de relaves de Quebrada Honda y la consiguiente afectación de los recursos hídricos. En setiembre de 2011 se 9

Al turbinar aguas con mayor concentración de tóxicos como boro y arsénico, por el desecamiento de la laguna, estas aguas son entregadas al valle de Locumba, afectando a los suelos y luego limitando los cultivos 26

remite un Oficio del Gobierno Regional Tacna a la Fiscalía Provincial Mixta de Jorge Basadre en el que se indica que oficina regional de contraloría concluye que las aguas de Quebrada Honda (distrito de Locumba) están afectadas por metales pesados (cadmio) que supera los ECAs para agua tipo 3. En la cabecera de donde afloran las aguas de Quebrada Honda se encuentra la relavera de SPCC y estas aguas son usadas para cultivos agrícolas en la irrigación Pampa Sitana, productos que luego se venden en Tacna. Las conclusiones del informe de DIGESA señalan indicios razonables de la comisión de delitos ambientales. La judicialización del conflicto también se produce en el año 2011. El Caso 2011-283 del Ministerio Público, Fiscalía Provincial Mixta de Jorge Basadre, contiene la disposición Fiscal N° 01 que abre instrucción preliminar por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. PROYECTO MINSUR: En el 2007 el Gobierno Regional de Tacna rechaza las actividades de MINSUR, demanda judicialmente contra la licencia de uso de agua subterránea que el ALA otorga a esta empresa, y dicta una ordenanza regional que declara en emergencia los recursos hídricos (RRHH) de Tacna. La DGAAM había aprobado el EIA de MINSUR pero había una medida cautelar ante el Consejo de Minería, por ello el Gobierno Regional interpuso un recurso de revisión contra la resolución directoral de la DGAAM. En setiembre de 2008, mediante Resolución Directoral 214-2008-MEM/AAM desaprueban el EIA del proyecto Pucamarca de MINSUR. En octubre de 2011 se conforma una mesa de Trabajo que es integrada por tres sub grupos: a) Recursos Hídricos, Coordinada por la ANA y el GORE. b) Ambiental, que es coordinada por Milagros Verástegui del MINAM (G. Miranda, OAAS, coordinador alterno). c) Inversión Social, coordinada por el MINEM. En este esfuerzo de diálogo participan activamente la PCM, MINAM; MINEM; MINAG y la ANA. El 04/01/12, el alcalde provincial de Tacna, Fidel Carita, no descartó la posibilidad de suspender la Mesa de Diálogo en Tacna ante el incumplimiento de la PCM de convocar a MINSUR para dialogar y llegar a un entendimiento. La cita deberá realizarse antes del 18/01/12 (fuente: La República). Al terminar este informe, el 20-01/2012 se nos informa que esta mesa de Diálogo ha sido cerrada, que los asuntos pendientes quedan en manos de la PCM, cuyo Jefe de Prevención de Conflictos deberá coordinar los contactos con dicha instancia del ejecutivo. 4.2. RECOMENDACIONES

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Teniendo en cuenta el principio de gestión de la demanda10 que propone la GIRH, se debe conocer cuánta agua hay, cuánta agua había cuando se entregaron los derechos de agua y cuánta habrá en el futuro haciendo una proyección de los usos actuales. Se debe actualizar los derechos de agua de acuerdo a la disponibilidad hídrica actual de manera que la distribución del agua sea más equitativa. El Estado no debe entregar concesiones mineras, sin saber si en la zona existe suficiente agua para actividades mineras. Ello supone quelas empresas indiquen de dónde obtendrán el agua para sus actividades. Ello no se puede hacer sin el instrumento básico en la gestión del agua, como el balance hidrológico oficial en cada cuenca. Se debe programar la remediación ambiental en las quebradas de Toquepala y Quebrada Honda por la empresa SPCC y demandar el control y manejo de la emisión de sus relaves. Promover el proceso del ordenamiento territorial Reforzar la institucionalidad ambiental.

5. ANCASH: L. PARÓN (DUKE ENERGY), CONOCOCHA, CONCHUCOS, HUARMEY (ANTAMINA). 5.1.

CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENO DEL/LOS CONFLICTO/S

El D.S. N° 052-93-PCM, autorizó a la Dirección Nacional de Registros Públicos y Civiles para inscribir inmuebles de ELECTROPERU. Gracias a ello, la Laguna Parón se inscribió en registros públicos como de propiedad de la empresa ELETROPERU S.A. La Laguna como tal no puede ser materia de propiedad privada por ser bien de dominio público. EDELNOR solicitó a registros públicos que cancelara la inscripción de la partida de la laguna Parón pero estos se negaron, por lo cual EDELNOR inició un proceso judicial que hasta el 2008 se encontraba en curso. Laguna de Parón pasó a ser propiedad de Duke Energy quienes con estas aguas manejan la Central del Cañón de Pato. Al comienzo la descarga era de 8 m 3, luego de 5 m3 por segundo, la disminución del aforo era evidente, causando un perjuicio a los regantes de la parte media y baja de la cuenca. La comunidad Cruz de Mayo, el GORE y los gobiernos locales tomaron el control de la laguna en 2008, pidiendo que la laguna revierta al Estado para que este recupere el control del recurso. El 7 de agosto de 2007 10

Según Guhl (2008) la línea dura de la gestión del agua es la gestión de la oferta que supone aumentar la oferta de agua mediante obras de infraestructura. Ello ha sido recomendado y utilizado por gobiernos y la banca multilateral con un enfoque netamente técnico-económico, pero insostenible ambientalmente. La línea blanda de la gestión del agua es el manejo de la demanda, de manera que la disponibilidad del agua sea sostenible racionalizando lo usos y el consumo y minimizando los impactos ambientales. Este es un principio de la GIRH: se trata de conservar la oferta de agua y de darle un uso más eficiente, considerando el ciclo hidrológico, las prácticas de los usuarios y el uso de tecnologías que hagan del agua un recurso sostenible ambientalmente. Véase: Ernesto Guhl (2008). Hacia una Gestión Integrada del Agua en la Región Andina. Lima: Comunidad Andina. 28

la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica del Santa emitió la Resolución Administrativa Nº 1, e inició el procedimiento administrativo tramitado bajo el Expediente Nº 093-2007-AACH, mediante los cuales se suspende la licencia de uso de agua de Duke Energy que le autorizaba a descargar hasta 5.5 m 3 y le puso como tope máximo 2.63 m3. El caso está judicializado y la empresa ha llegado hasta el Tribunal Constitucional que se ha pronunciado el 9 de mayo de 2011 a favor de Duke Energy, indicando que se ha violado sus derechos al debido proceso y a la propiedad. La propuesta es que ante la carencia de licencia social DE transfiera sus instalaciones al Estado y que en diálogo con la población este regule y establezca los mecanismos de uso de la laguna. D.E. ha advertido hace poco que la laguna estaría a punto de desembalsar, cosa que se agravaría por el período de lluvias. La laguna de Conococha ha perdido diez veces su volumen, lo que afecta a los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca. La Chancadora Centauro SAC es titular de los derechos mineros de su entorno, carece de licencia social por los daños ecológicos causados a la laguna y a los humedales de su entorno. Afecta también al parque Nacional del Huascarán (Patrimonio Natural de la Humanidad, Unesco 1977; Reserva Mundial de Biósfera, ONU 1985), además de los daños a la ganadería, agricultura y la extinción de especies nativas. Piden declarar la cabecera de la cuenca hidrológica del Santa (Conococha) zona prohibida de minería, alegan falta de consulta. La Cuenca de la Laguna de Conococha ha sido declarada “zona de protección de Recursos hídricos” mediante Res. Jefatural Nº 676/2011/, con 12 meses de vigencia. En cuanto al recientemente reactivado diferendo entre los comuneros de Huarmey y la Minera Antamina, se trata de un problema de comunicación entre los proyectos de reforestación que realiza la minera y la población. Los bosques de ficus que se han implementado tienen como objetivo la reutilización del agua no tratada y de ganar terrenos al desierto, al mismo tiempo que el tipo de flora desarrollada permite captar la humedad del ambiente y recuperar recursos hídricos. Los comuneros esperaban que este proyecto sirviera también para la agricultura, lo cual no es posible por el tipo de agua utilizada. Diversos problemas causados por la degradación de las fuentes de agua a causa de las mineras de las lagunas del callejón de Huaylas y del callejón de Conchucos han sido planteados por los habitantes de la cordillera de Huayhuash: contra Chancadora Centauro (Conococha), Minera Raura (Sur Este), Minera Santa Luisa (Palca, Oeste y Huayhuash). 5.2. RECOMENDACIONES11 11

Agradecemos a la Dra. Iris Domínguez por la valiosa información brindada sobre la situación de la Laguna Parón. Para mayor información sobre el mismo, véase Dominguez, Iris y Mónica Untiveros 29

Los principales temas de preocupación (inicialmente) son 3: ¿Cuál es el volumen que se va a mantener en la laguna Parón? ¿Quién operará la laguna? ¿Quién financiará la operación de la laguna? ¿Cómo podemos hacer esta propuesta si no contamos con un balance hídrico? El “Plan de operación de regulación y control de la laguna Parón” elaborado por la ANA no contiene un balance hídrico de la sub-cuenca o de la propia laguna (en la documentación revisada) sino una propuesta de descargas basada en un recojo de información de 10 días, que establece niveles máximos de capacidad y mínimos de seguridad. Corresponde a la autoridad de aguas local o nacional efectuar el plan de operación, y elaborar un documento que antes de disponer del recurso, aclare la situación del mismo.

6. AREQUIPA/CUSCO: MAJES-SIHUAS 6.1.

CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL/LOS CONFLICTO/S

PROINVERSIÓN aprueba modificaciones al Proyecto Majes-Siguas II 10/06/2009, y el 31/08/2009 lanza la licitación y la Buena Pro para el Transvase del río Apurímac aprobado por el Minagra y ANA. 24/11/2009: DS-264-EF otorga “garantía soberana” a la Irrigación Majes Siguas II, el GORE Arequipa asume aporte y reembolsos. Rechazo del GORE del Cuzco y de la Municipalidad de Espinar, 10/12/2009 por denuncia del GORE Cusco, el Juzgado Provincial de Espinar paraliza el Proyecto de Irrigación Angostura que desarrolla del GORE Arequipa. DU del 23/12/2009 prioriza la promoción privada de diversos proyectos, entre ellos Majes Siguas II. GORE Cusco interpone medida cautelar y penal contra PROINVERSION por abuso de autoridad. 25/03/2010 se produce la aprobación de Buena Pro para Majes Siguas II. El 31/05/2010 por Acuerdo Regional, Cusco rechaza la ejecución del Proyecto Majes Siguas II por ser contrario a los planes de desarrollo económico, social y cultural de la provincia de Espinar. 18/07/2010: Pronunciamiento contra el Proyecto Majes Siguas II firmado por la UNSAAC y Colegio de Ingenieros del Cusco, señalan que falta estudio de balance hídrico y adecuación del EIA, sin embargo la ANA los aprobó. (2010). Conflicto de Usos y Gestión Integrada del Agua en la Microcuenca Llullán-Parón. Ponencia presentada al II Congreso Nacional del Agua. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, 2010. 30

09/09/2010: DS-010-2010 AG, aprueba afianzamiento hídrico de las cabeceras de cuenca de Espinar. El 13/09/2010, el Comité de Lucha de Espinar declara la huelga contra el Proyecto Majes Siguas II (1 muerto y 20 heridos). El mismo día, PROINVERSION adelanta la adjudicación de Majes Siguas II y la otorga a un consorcio español. 15/09/2010: Pronunciamiento de rechazo de la Municipalidad del Cusco, UNSAAC y Colegio de Ingenieros del Cusco contra la adjudicación de la buena pro. 17/09/2010: fallo del 1º Juzgado mixto de Wanchaq que prohíbe a PROINVERSION la suscripción del contrato Majes Siguas II, aduce la falta de PROINVERSION al adelantar la fecha de otorgamiento y que no se concluyeron las observaciones a los EIA y el balance hídrico. 21-22/09/2010: Paro de 48 horas en la Región Cusco, graves sucesos. 04/10/2010: estudio hecho por CooperAcción señala que el Proyecto Majes Siguas II: no tiene visión de cuenca, no ha respondido a las objeciones a los EIA ni ha efectuado el estudio de balance hídrico, tampoco responde satisfactoriamente a las cuestiones sobre la falta de agua. Recomienda: crear un consejo de cuenca del río Apurímac (alto y bajo), una evaluación externa del Proyecto y alerta contra un peligro de estrés hídrico. 10/01/2011: el Juez de Espinar ordena la paralización del Proyecto Majes Siguas II. En segunda instancia la sala única de vacaciones del Cusco ratifica este fallo. El 15/03/2011 la OCMA advierte a la sala del Cuzco por este fallo. 15/06/2011: Frente de Defensa de los Recursos Naturales del Cusco pide revisar completamente el Proyecto Majes Siguas II. GORE Cusco presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 15/06/2011, frente a su disconformidad con el Proyecto Majes Siguas II. El 8/11/2011, Sentencia del Tribunal Constitucional y resuelve: “solución definitiva, final y última: declara: a) fundado el recurso de agravio presentado por la PCM en defensa de PROINVERSION; b) Declara nula la resolución del 25/02/2011 de la Corte superior del Cusco; c) Pide un nuevo estudio de balance hídrico integral, que será realizado por la ANA y debe ser revisado por un organismo internacional. 08/11/2011: Acuerdo Regional nº 175-2011 CR/GRC, Rechaza la sentencia del TC. Enero 2012: Doscientos (200) agricultores de Espinar marchan en contra de la sentencia del TC y emplazan al Presidente Regional de Cusco para que garantice el recurso hídrico de Espinar. 31

6.2. RECOMENDACIONES Establecer un sistema de diálogo que respete equitativamente los derechos de las poblaciones directamente involucradas (Espinar) y a los GORES de Arequipa y Cusco. Revisar los documentos como el EIA y el balance hídrico para ver qué impactos en la disposición del agua o el volumen tendrá el proyecto en las cuencas de Espinar. Promover que se subsanen las falencias de los estudios de balance hídrico y revisión de los EIA, completando estos con un buen sistema de comunicación con la población que informe de manera clara y transparente el contenido de dichos documentos técnicos.

7. MOQUEGUA: QUELLAVECO (ANGLOAMERICAN) 7.1. CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL/LOS CONFLICTO/S TORATA-QUELLAVECO En el año 2002 se publica un informe del hidrólogo norteamericano, Robert Moran, consultor, sobre EIA de Quellaveco. Estas son algunas de sus conclusiones: “El proyecto Quellaveco agravará una seria escasez de agua ya existente en la región e incrementará los conflictos por el agua entre los usuarios locales. El proyecto también limitará la planificada irrigación de Pasto Grande. El EIA carece de datos útiles, confiables, sistemáticos para una línea de base para la calidad y cantidad de agua. De esta manera la responsabilidad de futuros impactos no serán discernibles. El EIA no contiene una evaluación de alternativas ambientales y no considera las verdaderas consecuencias a largo plazo del proyecto propuesto. Las evaluaciones de los impactos potenciales de los recursos de agua en este EIA, frecuentemente son engañosas, muy optimistas y claramente sesgadas al mostrar que pocos o ningún impacto significativo ocurrirá. Minera Quellaveco y otras compañías mineras en el Perú están permitidas de usar un gran volumen de agua subterránea a ningún costo y por otro lado pagan irracionales bajos costos por el agua superficial. La supervisión del gobierno, del uso del agua para compañías mineras, es largamente inexistente. A pesar de los reclamos de la compañía, es simplemente incorrecto afirmar que no ocurrirán impactos significativos como resultado del proyecto. Como mínimo ocurrirán los siguientes impactos:  Varios actuales usuarios del agua verán su monto de agua reducido y posiblemente requerirán un cambio de métodos de irrigación y cultivos.  Los manantiales a lo largo de la desviación del río Asana se secarán.  La calidad del agua superficial y subterránea será degradada por la liberación de contaminantes proveniente de los relaves, roca de desmonte, las paredes 32

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del tajo y del lago (explosivos, combustibles, aceites y otros compuestos orgánicos). El desvío de las aguas del área de Chilota tendrá impactos negativos en la cantidad y calidad de agua de esta región y posiblemente en la cuenca del Tambo. Es muy probable que gran parte del desmonte de roca, relaves y roca proveniente de las paredes y pisos del tajo produzcan infiltraciones contaminantes, causando degradación en los recursos de agua local – superficiales y subterráneas. La calidad de agua en el lago que se formará en el tajo será degradada por la combinación de generación de ácido y procesos de evapo-concentración. La profundidad del tajo será de ¡más de dos veces la altura de las Torres Gemelas! Tendrá un área aproximada de 4.1Km2.”

En el 2006: un lote de orégano de 6,500 kg provenientes de Candarave para exportación fue rechazado por agencia exportadora por contener arsénico. En agosto de 2011: oficio enviado por el alcalde de Torata y otros (memorial): la característica de la explotación del yacimiento Cuajone es un sistema “tajo abierto” que desvía el río, supone la construcción de un dique de represamiento de agua con capacidad para 16 MMC/año, y un túnel de desvío de 8.2 km de longitud. Actualmente, el cauce del río Torata donde se indica está totalmente destruido. SPCC viene depositando 2700 millones de toneladas de relaves en los cauces del río Torata que fueron planificadas inicialmente y luego se ampliaron a 590 millones de toneladas adicionales. El cauce del río Torata se está utilizando como botadero y no se ha programado retirar el material desechado del cauce. Este río es una de las dos microcuencas que abastecen de agua a la ciudad de Moquegua. Aguas abajo se ubica el valle de Torata con 1,400 ha de terrenos de cultivo, y una población de 8,000 habitantes. Más abajo se forman los valles de Moquegua e Ilo con 3,500 ha de cultivo, el proyecto Pasto Grande con 10,000 hay aprox. 120,000 habitantes. El alcalde de Torata solicita se instale una mesa de trabajo y concertación para evaluar los impactos negativos de la actividad minera y sus implicancias en el desarrollo del distrito de Torata, compensaciones, prevención, EIA. En noviembre de 2008: GORE TACNA presenta observaciones a la modificación del EIA de Quellaveco, y se pronuncia contra contaminación del río Locumba. En febrero de 2009: GORE TACNA indica: el análisis técnico del EIA de Quellaveco “demuestra que la mina de cobre a tajo abierto propuesta por Quellaveco tendría numerosos impactos negativos a largo plazo sobre la calidad y cantidad del agua en áreas de operaciones y depósito…el proyecto agravará la lucha por el agua en Tacna”.

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En marzo de 2010: Informe Técnico sustenta el levantamiento y/o modificación parcial de la reserva de aguas a favor del Proyecto Pasto Grande. En enero de 2012: Presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, advirtió a las empresas mineras que el agua reservada para el proyecto especial regional Pasto Grande se utilizará para consumo humano y agricultura y que los proyectos mineros deben recurrir a desalinizar el agua de mar o recurrir a otras cuencas (Fuente: La República).

7.2. RECOMENDACIONES Fijar metas concretas para el trabajo de la Mesa en un periodo prudencial. Incorporar representantes solventes (de preferencia instituciones o personas expertas en hidrología) de la sociedad civil en la mesa de Trabajo. Proponer la realización de una evaluación de los impactos ambientales y un plan de acciones de remediación correspondientes.

8. MADRE DE DIOS: MINERÍA INFORMAL 8.1. CRONOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL/LOS CONFLICTO/S El Poder Ejecutivo acaba de recibir del Congreso de la República, por un plazo de 120 días, facultades legislativas para combatir con mayor efectividad la minería ilegal en todo el país. El MINAM ha diferenciado la minería informal de la minería ilegal. Según el Decreto de Urgencia 012-2010 la minería informal debe ser regularizada y formalizada por encontrarse en el corredor minero que establece la norma; mientras la minería ilegal debe ser erradicada. Aunque en la práctica esta división es difícil de identificar. La minería informal mueve más de US$ 1,000 millones al año, e involucra a unas 100 mil personas pero está totalmente fuera de la legalidad y ocasiona pérdidas de ingresos por tributos al Estado, así como pérdidas ambientales incalculables. Se estima que más de 40 toneladas de mercurio son absorbidas por los ríos de Madre de Dios, intoxicando la cadena alimentaria. El mercurio no sólo contamina capas freáticas y se convierte en una seria amenaza para la salud humana, también es una toxina peligrosa para los peces y toda la cadena alimentaria. Los peces de la zona contienen mercurio tres veces por encima de los niveles de seguridad permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).12 La minería ilegal ha cometido diversos delitos como el lavado de dinero, trata de menores, tala ilegal, contrabando, prostitución infantil, somete a trabajos forzados a mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes no tienen amparo de leyes laborales ni 12

Diario Gestión. 13.12.11. La maldición de la Amazonía peruana. Japan News. 34

seguridad ni atención médica, entre otros. La población involucrada en esta actividad ilegal, de manera directa o indirecta, ascendería a 40 mil personas. En Madre de Dios, la minería ilegal ha deforestado 30,000 ha de bosque dañando gravemente el ecosistema13, mientras que sólo en La Pampa, donde viven aproximadamente 15.000 mineros en campamentos, la minería ilegal ha deforestado 1.583 Hectáreas, según un estudio satelital realizado por la ONG ACCA. El 5 de noviembre de 2011, se desarrolló un gran operativo en Madre de Dios para destruir dragas y maquinarias para la extracción aurífera ilegal. Tras una serie de operativos contra la minería ilegal que han movilizado a cerca de 1500 efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, el operativo Aurum I (realizado en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 012-2010, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 004-2011 y modificado por el Decreto de Urgencia 007-2011), desmanteló las maquinarias usadas para la minería de oro ilegal y que ocasionaba graves daños sociales y ambientales. La primera semana de diciembre los mineros informales de la zona de La Pampa, que habían invadido la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, respondieron al operativo declarando una huelga indefinida. Este operativo fue realizado con 1500 policías, militares y agentes de la Dirección de Capitanías. Se destruyeron cinco (05) dragas y decomisaron decenas de motores en las provincias de Tambopata, Manu y Tahuamanu de Madre de Dios. Los mineros ilegales que llegan a un número de 40,000 han buscado la alianza de los comerciantes que se benefician de sus actividades, con los cuales tomaron la carretera Interoceánica y ocasionaron el incendio de aproximadamente 25 negocios en Puerto Maldonado, lo que ha paralizado la vida comercial de la ciudad. También se han reunido los representantes de la Federación de Mineros de Madre de Dios (FEDEMIN) y dirigentes de La Pampa para analizar las acciones luego del operativo del gobierno pero no se llegó a ningún acuerdo. La propia FEDEMIN también se encuentra en proceso de reorganización. Hasta fines del mes de noviembre de 2011, el GORE-MDD, otras autoridades regionales, representantes del MINAM (personal de la OAAS y la oficina de OEFA en Puerto Maldonado) y de los mineros informales seguían buscando soluciones pacíficas, pero no se había llegado a ningún acuerdo. El Gobierno Regional ha emitido varias normas para la formalización de los mineros informales14. Para formalizarse, requieren una certificación ambiental que supone la revisión de los EIA y PAMA por parte de GORE, pero la falta de funcionarios regionales está ocasionando demoras. Estas demoras están 13

Véase un estudio realizado por Jennifer Swenson, entre otros investigadores estadounidenses, franceses y peruano. El estudio ha sido publicado en la revista PLoSONE. Según el estudio, se ha perdido 7,000 hectáreas de bosque debido a la minería artesanal de oro en el Perú entre 2003 y 2009. 14 Véase Ordenanza Regional N° 010-2011-GRMDD-CM y la Resolución Directoral Regional N° 109-2011GOREMAD/GRDE/DREME. 35

llevando a los mineros de la FEDEMIN a considerar las medidas de fuerza entre sus estrategias para diciembre 2011 (Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental).Luego, los mineros ilegales en diálogo con el Primer Ministro, el Pte. Humala y el MINAM levantaron la medida de fuerza. Según la SPDA, un tema importante en este proceso es la actitud del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que debe actuar de manera coordinada con el Poder Ejecutivo en el rechazo a la judicialización del DU N° 012-2010, y a las acciones judiciales contra los policías que actuaron en el operativo. Igualmente, se propone que los procuradores denuncien penalmente a los mineros ilegales. Como parte de la estrategia del Gobierno, se ha constituido cuatro “Mesas de Trabajo para el Ordenamiento Minero de Madre de Dios”, en las que participan el Gobierno Regional y todas sus direcciones regionales; el Ministerio del Ambiente, SERNANP, INGEMMET, APOGORE-MINEM, OEFA, OSINFOR, CARITAS, IIAP, SENASA, AIDER, la Dirección Regional de Agricultura para tratar los siguientes temas: Catastro Único Regional (superposición de concesiones y “derechos preferentes” en zonas extinguidas); Promoción de proyectos productivos (en todas sus etapas); Desarrollo de actividades mineras en el ámbito de las Comunidades Nativas; y Problemática social relacionada directamente con la actividad minera (salud, educación, trabajo y vivienda). Debido al paro de mineros, la negociación con representantes del gobierno está considerando una especie de “Compromiso de formalización con habilitación temporal y condicionada ambiental y social” sólo aplicable en zonas con aptitud minera, con exclusión de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata en La Pampa. Lo cual incluye también que se revise la situación de las comunidades nativas y sus territorios, donde se viene realizando minería ilegal –con o sin su consentimiento- desde hace muchos años, poniendo en riesgo sus recursos y su propio modelo de desarrollo. La SPDA también señala que el Estado debe tener una respuesta organizada y coordinada, de manera que participen no sólo el MININTER, MINAM, MINEM, sino también el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Inclusión Social, y el Ministerio de Cultura, entre otros.

8.2. RECOMENDACIONES El biólogo, Ernesto Ráez, conocedor de la problemática de la minería informal en Madre de Dios, indica que se requiere cambiar de enfoque para enfrentar la problemática: 36

“(1) Reconocer a la minería ilegal como problema de Estado, donde el Gobierno Central debe liderar; no las regiones, y donde el sector Energía y Minas es responsable ideológico del caos reinante. (2) Rechazar la justificación de la minería ilegal como amparo de los pobres. La codicia, no la pobreza, impulsa a los peces gordos –perfectamente identificables– con cientos de miles de dólares en maquinaria, que son los devastadores principales. Es a estos que se debe golpear con contundencia. (3) El objetivo urgente no es ambiental sino humanitario: salvaguardar la integridad física y la dignidad humana de las personas –muchas, menores de edad— en riesgo o sometidas a iniquidades.”15 Las acciones inmediatas que recomienda Ráez incluyen un seguimiento de inteligencia y punitivo a los mineros ilegales con destrucción y confiscación de la maquinaria, interceptación de insumos y captura de delincuentes en zonas como Ananea, la Reserva Tambopata, Camanti, Huepetuhe, principalmente. A mediano plazo, las tareas que sugiere el autor para los gobiernos regionales y la población son la identificación de los concesionarios transgresores, la reforma de la normatividad, el establecimiento de zonas de extracción y zonas de exclusión con criterio técnico, incorporadas al Ordenamiento Territorial, la simplificación de los procesos de concesión, el alcance de los planes de mitigación y la reforma de los sistemas de monitoreo, evaluación y gestión de impactos, darle sustento técnico a los EIA y bloquear y controlar la venta del oro, control tributario, y la sanción de funcionarios involucrados en el circuito ilegal del oro. Finalmente, propone la evaluación científica del impacto ambiental de la minería ilegal. Añadiremos a lo anterior, la necesidad de contar con información precisa sobre los lugares donde se ha realizado minería ilegal; cuáles son los predios y cuántas hectáreas de tierra y fuentes de agua se han afectado en predios privados, así como en las Áreas Naturales Protegidas. Se recomienda no enfrentar la minería ilegal por ámbitos delimitados, sino de manera regional o interregional. Muchos mineros ilegales provienen de Puno, Ayacucho o de otras zonas, de manera que si no se desarrolla una estrategia interregional simultáneamente, estos se refugiarán en sus lugares de origen y luego regresarán a MDD. Y así sucesivamente. La estrategia debe ser frontal, simultánea e interregional. En la normatividad crear sanciones también para aquellos que son cómplices de los mineros ilegales, como los que los “invitan” y les cobran por trabajar en sus terrenos. El MINEM debe asumir su responsabilidad respecto al otorgamiento de concesiones mineras en cualquier ámbito (incluso ANP), y respecto a la falta de supervisión y fiscalización de las actividades mineras ilegales. El MINAM debe coordinar con el Poder Judicial y el Poder Legislativo acciones enrumbadas hacia la misma dirección. 15

Ráez, Ernesto. Minería Ilegal, Qué hacer? En: Antiprensa, 16/09/11. 37

Se requiere mucho personal para realizar un monitoreo constante del desarrollo de la estrategia en MDD. Coordinar con gremios regionales como FEDEMIN, y FENAMAD para ver cuáles son sus propuestas de solución de la problemática. Crear mecanismos de control y fiscalización del flujo del oro ilegal hacia canales que lo “blanquean” y la intervención de mafias tanto públicas como privadas para facilitar este tránsito. Ver quiénes son los receptores de este oro, quiénes facilitan las máquinas a los mineros (Ferreyros), etc. Finalmente, se requiere que el Estado tenga una mirada intercontinental frente a este problema y se realicen alianzas y coordinaciones con países con minería ilegal para desarrollar estrategias supranacionales Andinas que la combatan. Asimismo, se debe buscar el apoyo de la OIT y otros organismos internacionales en la solución a este problema.

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SEGUNDA PARTE: Evaluación de la pertinencia de las intervenciones de la OAAS en los conflictos socioambientales, sugerencias y recomendaciones. 1. Sistema Nacional de Prevención de Conflictos Sociales Si bien diversos organismos del Estado han desarrollado mecanismos para afrontar la manifestación crítica de los conflictos, no se ha elaborado aún una estrategia integral de Estado que permita prevenir el surgimiento de los mismos y/o facilite su transformación definitiva, tomando como elemento de partida el análisis causal de los mismos. A pesar de que existen avances en este sentido, tales como la Resolución Ministerial 161-2011-PCM, que establece los Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales de parte de los sectores del Poder Ejecutivo, estos aún no han sido implementados totalmente. Además, se ha anunciado la creación de la Dirección Nacional de Conflictos Sociales del Gobierno, que en base a un enfoque integral y descentralizado de la conflictividad, plantea una estructura desconcentrada y funciones específicas para la Presidencia del Consejo de Ministros, así como para los propios Ministerios. La primera se encargaría de articular la acción del Poder Ejecutivo en su conjunto para la solución de los conflictos, mientras que los Ministerios asumirían los conflictos que corresponden al quehacer de cada sector. No obstante estos avances meritorios, la inexistencia de una estrategia integral del Estado peruano para la gestión de conflictos sociales podría generar a mediano y largo plazos un costo social, político y económico muy alto para los gobiernos, así como para los diversos actores que participan en los conflictos; lo que podría eventualmente conducir a la ingobernabilidad. Mencionaremos, por ejemplo, que de los ocho (08) conflictos analizados identificados por la OAAS, seis (06) se encuentran en manos del Poder Judicial, lo que implica una inversión considerable de tiempo y horas-hombre, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, duplicándose muchas veces el trabajo realizado por una falta de visión de Estado. Hasta que se desarrolle dicha estrategia, es necesario diseñar un Plan de Acción que, partiendo de los lineamientos establecidos en la R.M. 161-2011-PCM, considere los objetivos, los enfoques propios de intervención y las metas de corto y mediano plazos, así como las actividades, instrumentos, mecanismos y procesos que conduzcan a un manejo adecuado de los conflictos socioambientales desde la OAAS, en el marco institucional del Ministerio del Ambiente. Finalmente, como parte de esta política y estrategia estatal, el Estado deberá desplegar un Plan de Desarrollo Socio Económico, inmediato y mediato, para las zonas donde se desenvuelven las industrias extractivas, recibiendo sus autoridades locales todo el apoyo del MEF para elaborar y realizar los proyectos de inversión que dichas regiones requieren con urgencia, que se inscriben dentro de sus planes de desarrollo regionales e interregionales. Este Plan de Desarrollo Socio Económico deberá contemplar, además, la implementación de un enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y su relación con diversos sistemas ecológicos y productivos 39

en las cuencas del país para lograr una gestión hídrica sostenible, equitativa y eficiente.

2. Pertinencia de las intervenciones de la OAAS Para el análisis de la pertinencia de la intervención de la OAAS se ha tenido en cuenta el enfoque planteado por Huamaní y Macassi (2011)16. Agradecemos las opiniones de Carlos Eyzaguirre, cuya experiencia en el equipo de la OAAS ha sido fundamental para elaborar este informe. En base a estas contribuciones, se plantean los siguientes aspectos relacionados con la intervención de la OAAS en los conflictos socioambientales: La OAAS puede contribuir a desarrollar una estrategia de Estado para el manejo de los conflictos y, dentro de ella, a la creación de un sistema integral de gestión de conflictos socioambientales, desarrollando una articulación y coordinación adecuadas con los tres niveles de gobierno, de acuerdo a los lineamientos de la RM 161-2011-PCM. Asimismo, se debe coordinar estrechamente con las oficinas de conflictos creadas por algunos Gobiernos Regionales y con instancias del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y el Poder Legislativo. Para fortalecer la institucionalidad de la OAAS de manera que se garantice intervenciones para prevenir el surgimiento de los conflictos se debe asegurar la capacitación constante del personal y la permanencia de los funcionarios capacitados a fin de evitar su “alta rotación”. Esta continuidad permitiría, entre otros, determinar protocolos de actuación que trasciendan la temporalidad que caracteriza al personal de dirección y otro personal en dichas oficinas. El equipo interno de la OAAS debe reforzarse con profesionales de diversas disciplinas que entiendan y asuman enfoques ambientales. Además, deben existir oficinas descentralizadas o profesionales especialistas de la OAAS en las regiones, para asegurar la coordinación intergubernamental. Igualmente, se debe trabajar en la creación o el mantenimiento de mecanismos de articulación intersectorial, intergubernamental e interestatal, así como con la sociedad civil. Las condiciones y posibilidades de articular las actuaciones del Estado (intersectorial, intergubernamental e interestatalmente) para intervenir efectiva, coordinada, integral y oportunamente en la gestión de conflictos socioambientales, dependen de mecanismos e instrumentos adecuados que promuevan y aceleren la coordinación institucional. Estos instrumentos podrían ser protocolos, software de conflictos, Sistemas de Alerta Temprana de Conflictos, etc. La coordinación con las oficinas de conflictos de los gobiernos regionales y locales y la creación de oficinas de conflictos en aquellas regiones y distritos donde falten deben ser parte de las recomendaciones para una actuación pública coordinada. 16

“Gestión de Conflictos Socioambientales”, de Giselle Huamaní y Sandro Macassi, CIES, (2011) 40

Parte de la estrategia para la gestión de conflictos sociales, formalizada en la RM 161-2011-PCM, supone la aplicación del principio de subsidiariedad17 para la resolución de los conflictos socioambientales. La OAAS puede contribuir a desarrollar este principio fortaleciendo a las autoridades ambientales regionales, en particular a las Comisiones Ambientales Regionales (CAR), de tal manera que prevengan conflictos socioambientales de acuerdo a sus competencias y apoyen las intervenciones del nivel central en competencias que correspondan a este nivel (gran y mediana minería, petróleo, energía, etc.) (Cf. Principios 6.4, 6.5, RM 161-2011, PCM). La intervención del MINAM, y en particular de la OAAS, en la gestión de conflictos socioambientales debe estar caracterizada por los enfoques de protección del medio ambiente, como el enfoque de Gobernabilidad Ambiental, el enfoque Ecosistémico y el de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. La gestión de los conflictos socioambientales se hará, además, fortaleciendo los sistemas de gestión ambiental, de recursos hídricos y de fiscalización ambiental, que son espacios que le competen en especial. Los enfoques de las estrategias públicas de gestión de conflictos están recogidos en la RM 161-2011-PCM. Para darle valor agregado a las intervenciones de la OAAS en la gestión de conflictos socioambientales, se debe desarrollar una visión técnica y omnicomprensiva de los aspectos ambientales de los conflictos, y mejorar las técnicas comunicacionales que contribuyan a traducir un lenguaje técnico a un lenguaje comprensible para quienes no poseen competencias técnicas, asegurando que se produzca la comunicación. Otro aspecto importante es mantener presencia en la zona y el contacto permanente con los actores demandantes La intervención de la OAAS puede contribuir a una aproximación urgente del Estado en las condiciones estructurales que subyacen en la generación de conflictos y su manifestación más extrema contribuyendo a generar conciencia sobre los temas ambientales y del valor subjetivo y objetivo que estos pueden tener, así como la importancia de estos para los medios de vida de las poblaciones locales. También relativizando la “racionalidad ambiental” (la naturaleza como objeto) y mostrando que existen otras valoraciones del ambiente que -más que estadísticas sobre poblaciones, demografía, tasas de mortalidad, etc.- deben verse plasmados en los capítulos sociales de los estudios de impacto ambiental. El enfoque intercultural, ya citado, es indispensable para que sea posible esta aproximación a las condiciones estructurales que dan origen a los conflictos socioambientales.

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De acuerdo al principio de subsidiariedad, los conflictos deben ser resueltos principalmente en las instancias de gobierno más locales. 41

Sería recomendable desarrollar mecanismos ad-hoc para el tratamiento de cada conflicto socioambiental, teniendo en cuenta sus particulares características. Para ello, se puede tomar en cuenta experiencias exitosas de negociaciones eficaces, como algunas “Mesas de Diálogo” que en otro momento resultaron un lugar de encuentro y de reconocimiento del otro. En conclusión, y siguiendo a Huamaní y Macassi (2011), se proponen cuatro aspectos para incrementar la efectividad en la gestión pública de los conflictos socioambientales: -

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Articulación intersectorial: Organismos Públicos Descentralizados para la gestión de Conflictos, Creación de Consejos Multisectoriales, etc. Creación de mecanismos e instrumentos de coordinación. Descentralización, y fortalecimiento de la actuación de los gobiernos regionales: Equipo Regional de Gestión de Conflictos, Consejo Regional Multisectorial: CAR, etc. Sobre todo fortalecimiento de los CAR, y oficinas de conflictos propios de la institucionalidad local y regional. Fortalecimiento de las unidades existentes: Equipos Ministeriales de Gestión de Conflictos. Se puede también institucionalizar los encuentros y convergencias puntuales. Mejora de los procesos administrativos/ técnicos: Participación y consulta (EIA), protocolos, recojo de pedidos de intervención y evaluación para la Gestión de Conflictos. Fortalecimiento de los enfoques ambientales para la intervención de la OAAS en los conflictos. Rescatar las propuestas de protocolos y de sistematización de información que existen en la OAAS, así como de trabajo con medios, trabajarlas sistemáticamente hasta su aprobación formal.

Tomando en cuenta esta propuesta, se ha establecido algunos elementos que se considerarán en la evaluación de la intervención de la OAAS: Indicadores de actuación de la OAAS: o Funciones del MINAM: ¿cuándo, en qué temas y para qué debe intervenir el MINAM? Oportunidad de la intervención: una vez que se ha identificado que existen factores que van configurando una escalada conflictiva. Temas: en todos los temas socioambientales pero previa definición de qué es este tipo de conflicto, y la especificidad de la intervención del MINAM en temas como el de la contaminación (no sólo minera y de hidrocarburos), los problemas del agua, de los residuos sólidos, etc. Para qué: para gestionar el conflicto y transformarlo positivamente, partimos de la premisa que los conflictos son consustanciales a la vida social y lo que hay que hacer es evitar que se produzcan crisis. o Políticas e instrumentos para la intervención en la gestión de conflictos: 42

En general, existe la Resolución Ministerial Nª 161-2011-PCM: “Lineamientos y estrategias para la gestión de Conflictos sociales”, que es aplicable a toda la administración pública. En el MINAM existen instrumentos de Gestión Formales, como el MOF, ROF, CAP y el Manual de Procedimientos. o Prácticas de articulación y coordinación institucional interna: La OAAS suele coordinar internamente básicamente con la Dirección General de Calidad Ambiental, y, en menor medida, con otras direcciones (Ordenamiento Territorial y Cambio Climático). También con el OEFA, para algunos casos, y con la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. El método de actuación en la OAAS comprende varias etapas: Monitoreo, identificación de potencial conflicto, búsqueda y solicitud de información (entrevista a actores); Visita sobre el terreno, viaje a la zona a comprobar o desechar hipótesis, elaboración de informe señalando si es pertinente o no la participación del MINAM; toma de decisión de la Alta Dirección, gestión del conflicto coordinando con los actores involucrados, monitoreo, etc. La cronología de actuación depende mucho de los “tiempos burocráticos”, lo que conspira contra la urgencia que demanda el conflicto. o 

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Coordinación interinstitucional formalizada: identificación de los interlocutores públicos con los que se coordina en los diferentes niveles y sectores públicos (de gobierno y estado) que formen parte de la institucionalidad del SNPGTCS. La OAAS suele coordinar con el Ministerio de Energía y Minas, la OEFA, Gobiernos Regionales, el ANA, la Defensoría del Pueblo, las Oficinas de Conflictos de los demás sectores. Protocolo de actuación: Se debe formalizar las etapas de actuación de la OAAS señaladas con anterioridad, añadiendo la estrategia comunicativa en la etapa de gestión y eliminando los “tiempos burocráticos” para acelerar la respuesta. Para ello se debe desarrollar protocolos de actuación interna y externa.

o Pertinencia de un Sistema de Alerta Temprana de Conflictos Socioambientales: recolección de información, análisis, seguimiento, monitoreo y evaluación de información calificada y eficaz para el diseño de las estrategias de intervención. Debería ser un sistema interconectadocon todas las oficinas de conflictos de los sectores y

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distintos niveles de gobierno, retroalimentándose de acuerdo a la información que va llegando de diversas fuentes, previo análisis. o Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación de la actuación de la administración pública en la gestión de conflictos socioambientales. Este sistema debe estar a cargo de la PCM, de manera que vaya alertando a los demás sectores, de ser este el caso.

3. Enfoques para la acción: La gobernabilidad ambiental, el enfoque Ecosistémico y la Gestión Integrada de los Recursos hídricos. Del análisis de los conflictos socioambientales se desprende la necesidad de enmarcar su intervención dentro de marcos conceptuales que correspondan a la misión del MINAM. Mencionamos tres enfoques: gobernanza ambiental (GA), enfoque Ecosistémico (EE), y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). La gobernanza es el resultado de un Contrato Social consensuado que define una serie de arreglos institucionales y normas en los que se basa el Gobierno de un Estado. (Kaufmann et. al; 2005). Una Agenda de “Buena Gobernanza” debería “transformar y mejorar las estructuras institucionales y los acuerdo sociales”. La Ley del Medio Ambiente (28611) recoge la gobernanza ambiental como principio y en el artículo XI la define de la siguiente manera: El diseño y aplicación de las políticas públicas ambientales se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible la participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. Una buena gobernanza ambiental depende, entonces, no sólo de políticas nacionales holísticas, integradas y ambientalmente sensibles, sino también del fortalecimiento y reforma institucional, reformas normativas y la implementación de enfoques como el Ecosistémico y la GIRH. Además de lo señalado, un elemento esencial de la gobernabilidad ambiental es la participación de la población en las decisiones sobre temas ambientales. En ese sentido se afirma que un sistema social es gobernable “cuando está estructurado sociopolíticamente de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos conforme a un sistema de reglas y procedimientos formales o informales…, dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias” (Prats, 2001: 8). El principio de la participación también es recogido por la Ley del Medio Ambiente, que señala en su artículo III: “Toda persona tiene el derecho a participar 44

responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes”. Para hacer efectiva la gobernanza se requiere capacidad de gobierno y administración, conocimiento sobre los factores naturales, tecnología, procesos y proyectos de desarrollo en curso, formas adecuadas de interacción con el medio ambiente, capacidad financiera, factores sociales, eliminación de corrupción que afecte la gestión (Guhl, 2009). Los conflictos ambientales son una expresión de una crisis de la gobernabilidad ambiental (NNUU, 2003). Diversas razones explican esta crisis: un marco legal inadecuado; la escasa participación de la población en las decisiones del Estado; la corrupción y la falta de transparencia el aparato administrativo y judicial del Estado; la prevalencia de criterios políticos y de intereses de grupo que sesgan las decisiones de las instituciones del Estado agua; el paralelismo y falta de coordinación entre instituciones y sectores del Estado; la debilidad institucional de la autoridad para ejercer su rol; la falta de acceso al agua por parte de un amplio sector de la población; la percepción (de usuarios y actores sociales) que el accionar y las leyes del Estado y sus instituciones no responden a sus mínimas expectativas; la escasa conciencia y sensibilidad ciudadana frente a la temática ambiental y de respeto a las normas (Huamaní, 2009, véase también Guhl, 2009). Los conflictos socioambientales generalmente reflejan una preocupación legítima de la población por su acceso al agua. Autores como Pereyra (2009) señalan las causas que explican el surgimiento de conflictos por el agua, y que se manifiestan en el análisis de los conflictos priorizados por la OAAS: Los Proyectos hidráulicos que no han considerado otros actores y demandas de agua. Este es el caso del conflicto entre Cusco y Arequipa por el Proyecto Majes-Sihuas II. Derechos de agua otorgados no guardan relación con la oferta hídrica de las fuentes. Son los casos de Ancash con la Laguna Parón, así como el de Candarave en Tacna, y el de Moquegua. Cambios en la cantidadde la oferta hídrica. Este es el motivo que expresan varias juntas de usuarios de Cajamarca, señalando a las actividades de la empresa minera Yanacocha como las causantes del bajo volumen de agua en los canales de riego. Igualmente, en el caso de Tacna y Moquegua, los usuarios agrarios expresan la misma preocupación que los de Cajamarca. Cambios en la calidad de la oferta hídrica. También es una demanda expresada por los conflictos de Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Puno, Cajamarca, etc. Tensión entre las prioridades de uso del agua. En los conflictos de Tacna, Cajamarca, Ancash y Cusco-Arequipa es evidente que hay una tensión por exigir que se priorice el uso primario, doméstico, o agrícola por encima de usos industriales.

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En la gestión de los sistemas de uso conflictos por controlar la asignación del agua. Este es el caso de la laguna Parón, en Ancash, donde los agricultores están en conflicto con la empresa Duke Energy. La actuación parcializada de algunas autoridades exacerba el conflicto. Esta causa de los conflictos suele verse en varios casos, especialmente en los conflictos en Cajamarca. Una combinación de los anteriores. Más allá de las causas concretas de los conflictos socioambientales, existen aspectos más estructurales relacionados especialmente con la institucionalidad ambiental y del agua -cuya existencia hemos comprobado en el análisis de los conflictos-, que contribuyen a la crisis de la gobernabilidad ambiental en el país. Dourojeanni (2011) enumera algunas: “Hay demasiadas intromisiones inconsultas sobre la gestión del agua tanto de los grupos de poder, Desde inicios del 80, el aparato público para la gestión del agua, nacional e internacional, se ha reducido. Existen poderes que están por encima de las decisiones y poderes de los gestores del agua Dificultades de soporte financiero y presupuestal, no se dispone de personal permanente y contratado calificado y suficiente para gestionar el agua Indefinición de los roles de gestión por parte de los actores responsables Indefinición de las jurisdicciones sobre los territorios de gestión del agua y el ambiente Estudios, modelos e investigaciones no utilizados en la toma de decisiones.Débiles sistemas de información y registro. Carencia de sistemas de fiscalización y control de las intervenciones.Poca capacidad para fiscalizar los usos del agua y evitar alteraciones graves en las cuencas, sobre todo en cauces y partes altas. Dificultad de descentralizar efectivamente las acciones de gestión del agua hasta el nivel de cuencas Dificultad para administrar y compatibilizar los fines ecológicos y los fines productivos del agua, de tal manera que no se afecten entre sí. Los que toman las decisiones son los actores políticos, empresariales, formales, para-formales e informales y otros que intervienen sin respetar ninguna regla ni norma establecida Se debe acabar con la idea de que se puede expandir la extracción de agua o su importación sin considerar los efectos de donde se extrae o trae, y a quienes afecta. El estudio de los conflictos socioambientales que la OAAS ha establecido como prioritarios también ha identificado conflictos de competencia funcional y, en algunas ocasiones, aproximaciones que no tienen un enfoque o sustento ambiental técnico. Por ello, cabe mencionar que la propia Ley del Medio Ambiente recoge dos enfoques claves que podrían contribuir a la prevención de los conflictos socioambientales: el 46

enfoque Ecosistémico y el enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). En efecto, en el artículo 93 de la Ley del Medio Ambiente se recoge el enfoque Ecosistémico: La conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes. Del mismo modo, el artículo 98°, señala respecto a la conservación de los ecosistemas La conservación de los ecosistemas se orienta a conservar los ciclos y procesos ecológicos, a prevenir procesos de su fragmentación por actividades antrópicas y a dictar medidas de recuperación y rehabilitación, dando prioridad a ecosistemas especiales o frágiles. Y en el artículo 99°.2, enumera los ecosistemas frágiles, indicando en el artículo 99°.1 que las autoridades públicas deben protegerlos especialmente: Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques de relicto. Otro enfoque que debe tenerse en cuenta en la aproximación del MINAM a los conflictos socioambientales es la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), recogido como principio tanto en la Ley de Recursos Hídricos (29338), como en la Ley del Medio Ambiente. La gestión integrada de recursos hídricos es el “Proceso que promueve el desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados, de forma que se maximice el bienestar económico y social resultante equitativamente y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2000, negritas y subrayado son nuestros) La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos implica tres principios importantes para que las políticas del agua conduzcan al desarrollo de una gestión del agua más integral. Estos principios se conocen como las tres “E” y fueron propuestos por S. Postel en 199218:

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En: van der Zaag (2008). 47

a) Equidad: este principio precisa que en la medida que el agua es fundamental para el ser humano, debe ser considerada como un Derecho Humano básico, de manera que cualquier persona cuente con una dotación mínima de agua potable de calidad. b) Sostenibilidad Ecológica: este principio plantea que sólo si se usa el agua de manera sostenible19 se podrá garantizar la cantidad suficiente para las generaciones futuras. Esto implica que este recurso se mantenga en ambientes adecuados para su regeneración, de lo contrario se afecta el ambiente y con ello el ciclo hidrológico que garantiza la existencia del recurso. c) Eficiencia: este principio sostiene que la escasez creciente del agua demanda un uso eficiente del mismo. Si se brinda un servicio de agua, este debe recuperar los costos pues de esa manera se asegura que la infraestructura se mantenga y se siga brindando un buen servicio. La eficiencia reflejada en el precio no debe comprometer el principio de equidad, de manera que convierta al agua en una mercancía inalcanzable para los sectores más vulnerables de la sociedad (van der Zaag, Pieter 2008: 18,19).

4.

Recomendaciones para la intervención mediata del MINAM en los conflictos socioambientales y temas de fondo para la estrategia institucional de largo plazo. De acuerdo con los artículos 31º y 32° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINAM, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008MINAM, la finalidad de la OAAS es asesorar en temas de manejo de conflictos sociales de origen ambiental; siendo sus funciones las siguientes: a) Asesorar a la Alta Dirección en la gestión de conflictos de origen ambiental. b) Coordinar y articular acciones con los tres niveles de gobierno en relación al manejo y transformación de los conflictos socio-ambientales. c) Identificar y monitorear los potenciales conflictos socio-ambientales y proponer estrategias de actuación del Ministerio y formular estrategias de actuación conjunta con los sectores involucrados. d) Efectuar el seguimiento de la conflictividad socioambiental en el Perú y proponer acciones de alerta temprana en coordinación con las entidades competentes. Las sugerencias y recomendaciones incluidas en esta sección tienen relación directa con estas funciones. 4.1. Cajamarca:

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Un ambiente físico es sostenible si puede mantener su estructura, función y capacidad de regeneración en el tiempo sin depender de otros factores. (Savenije, 2000 citado en Van der Zaag 2008). 48

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a. Recomendaciones: Solicitar opinión experta sobre el EIA de Conga. Sugerencia de Estudio analítico del EIA con enfoque Ecosistémico: experto sugerido, Axel Dourojeanni. El estudio analítico no debe restringirse a la mitigación sino que debe abarcar una evaluación de los impactos hidrogeológicos que supone. Los participantes del diálogo deben ser el MINEM, MINAM, ANA, DIGESA, SEDACAJ, la empresa, Proinversión y comunidades en conflicto, así como los representantes de los grupos de opinión regionales. Se debe coordinar internamente con: DVMGA/Dir. Gral. de Calidad Ambiental, Dir. Gral. de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental); DVMDERN/Dir. Gral de Ordenamiento Territorial. A nivel intersectorial, se debe coordinar con ANA, MINEM, MEF, MINSA, etc. b. Temas de fondo: El Primer Ministro debe plantear una agenda de debate para llegar a un nuevo pacto minero en el Perú. Algunos aspectos claves del mismo serían la reforma de la institucionalidad ambiental, el ordenamiento territorial, la participación ciudadana, la construcción de un catastro único sobre concesiones y derechos de usos del suelo, los mecanismos de control, supervisión y fiscalización ambiental, la ZEE y el OT. ¿Minería en cabezas de cuenca? Este es un problema recurrente que no tiene una respuesta legal única. Urge promover una respuesta válida a esta cuestión. En la ley de recursos hídricos (29338), el artículo 75 establece que “el Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas. La Autoridad Nacional, con opinión del MINAM, puede declarar zonas intangibles en las que no se otorga ningún derecho de uso, disposición o vertimiento de agua.” La Ley 29338 otorga esta función al MINAM, que este debe desarrollar como un elemento para la prevención de conflictos por el agua. Reglamentación del OT y ZEE: los documentos respectivos del GORE están en revisión. Existe una versión de ZEE (resumen ejecutivo). Ver el carácter legal de la ZEE, de manera que tenga efecto vinculante. ¿Cómo se garantiza el agua de calidad para consumo humano en una zona de extracción minera? Para ello se debe desarrollar un enfoque de GIRH, discutir el transporte de los insumos como cianuro y mercurio, dónde se almacenan y cómo son transportados, cuál es la ruta que siguen, puntos de riesgo, etc. y la necesidad de capacitación en caso de emergencia por derrame. En la gestión de los recursos hídricos existe una superposición de funciones que complica la posibilidad de una gestión integrada de los mismos. Por ejemplo, ni la ANA ni el Ministerio del Ambiente fiscalizan si el volumen de agua que declaran mineras y otros usuarios, es realmente el volumen que utilizan; o si existen vertimientos autorizados y dónde. Por otro lado, el ANA no puede pronunciarse de oficio sobre los impactos de proyectos ubicados en cabeceras de cuenca porque el MINEM reclama esto como su competencia.

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4.2. Apurímac: a. Recomendaciones: - Retomar los canales de diálogo para facilitar la presencia de otros sectores involucrados - Obtener más información sobre los usos del agua, cantidad y calidad en las dos provincias - Proponer acciones de revisión de aspectos ambientales referidos a los procesos de OT/ZEE y calidad ambiental de recursos hídricos (Acuerdos para el levantamiento del paro).

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b. Temas de fondo: Analizar casos anteriores de suspensión de concesiones mineras. Revisar las normas regionales/locales: desde el 07/11/11 existe una Ordenanza Regional que regula la producción, comercialización, transporte de minerales formalizados, como promoción de la pequeña minería y la minería artesanal en las dos provincias. Identificación de las zonas ambientalmente vulnerables por contaminación, escasez de agua, etc. en Apurímac –especialmente en Andahuaylas. Elaboración de un balance de la situación y de las funciones que correspondería desarrollar al MINAM y especialmente a la OAAS.

4.3. Puno: a. Recomendaciones: - Analizar la conveniencia de un Padrón de mineros informales y de replicar la estrategia desarrollada en Madre de Dios - Revisar los avances de los cuatro espacios de diálogo para tratar la problemática de la región Puno (Comisión Ramis, Comisión Melgar, Comisión provincias de Puno: Chucuito, Yunguyo). - Elaborar interinstitucionalmente un plan para el control ambiental de la cuenca, delimitando y protegiendo zonas libres de minería; y supervisando y fiscalizando constantemente aquéllas donde se viene realizando esta actividad de manera legal o ilegal. - Habría que discriminar los planes de desarrollo para cada zona ecológica en la región. - La expectativa generada en la región por el DU 028 ha sido muy grande. Sin embargo es palpable el crecimiento de la contaminación y sus daños al ecosistema, así como el incumplimiento del Estado en los alcances del mismo. Por ello, es urgente que se pueda aplicar el D.U. en período de lluvias. - Queda pendiente una definición clara y específica sobre lo que se entiende por “remediación ambiental” que sería la competencia del MINAM y no está claramente legislada. También sería bueno uniformizar términos para no tener demoras burocráticas innecesarias por estas razones que agraven situaciones de conflicto. b.

Temas de fondo:

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Analizar la información obtenida por instancias del Estado y entidades de investigación, privadas o públicas. El MEF debe coordinar con MINAM: proyectos de inversión pública de remediación ambiental. Ver la definición de “remediación ambiental”. Coordinar con la ANA las acciones conjuntas contra la contaminación de los recursos hídricos. Aprovechar el período festivo y de lluvias que prolonga la tregua para viabilizar soluciones. Coordinar con RR.EE. sobre información obtenida sobre el conflicto. Analizar sus características como conflicto trasnfronterizo. Es preciso tener en cuenta que toda acción en las cuencas del Suches (particularmente) y del Ramis, repercute en Bolivia, por ser una cuenca transfronteriza. Observar el cumplimiento del D.U. 028 del 17 de junio de 2011 que declara de Interés Nacional y Prioritario la recuperación del río Ramis y del río Suches. Tarea del MINAM: evaluar los impactos ambientales a las cuencas y recomendar acciones de remediación y control ambiental.

4.4. Tacna: a. Recomendaciones: - Desde el 10 de octubre del 2011, la OAAS tiene participación en la Mesa de Trabajo. Existe una agenda de trabajo de la Comisión Técnica en Asuntos Ambientales bajo la coordinación del MINAM/DGPNIGA. Se debe monitorear el cumplimiento de la agenda: a. Se formaron tres comisiones de trabajo: asuntos ambientales, recursos hídricos e inversión social b. MINAM debe nombrar representantes técnicos a la subcomisión de asuntos ambientales c. Visitas de campo - Al 15 de diciembre se suspende la mesa de diálogo (MdD) por cambio ministerial. Se debe retomar esta mesa y agilizar el cumplimiento de las funciones que corresponden al MINAM en la mesa de asuntos ambientales. - Para tener más evidencias científicas, se debe obtener la documentación de la Defensoría, Consultoría GTZ sobre conflictos por el agua en Tacna; así como de otras instancias del Estado sobre este conflicto.

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b. Temas de fondo Revisión del Código Penal sobre el uso de las aguas. Hay delitos ambientales genéricos; además, no hay certeza de quién debe sancionar y cómo hacer para que las sanciones se cumplan. Habría que pensar alguna manera de disuadir los comportamientos contrarios a la regulación ambiental. Quizás una campaña publicitaria en la que se muestre a las empresas que no contaminan vs. las que sí. Algunas de las conclusiones del informe de los consultores Pereyra y Zumarán (2011) señalan temas de importancia para el MINAM que aquí reproducimos:

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“La inexistencia de una política de conservación de las fuentes de agua de las cuencas y de balances hidrológicos detallados en cada una de las cuencas, es un factor que juega a incrementar la conflictividad. Las discrepancias entre las informaciones sobre demandas y ofertas de agua, que mantienen las autoridades de la ALA, el PET y la EPS-Tacna. La falta de uniformidad en las informaciones sobre precipitación e hidrogeología de las distintas instituciones públicas (SENAMHI, ANA, MINAM, MINEM, etc.), así como la falta de transparencia y de sinergia que existe entre las entidades privadas que no comparten su información con otros usuarios. La falta de coordinación entre entidades públicas como en MINEM y la ANA por ejemplo, hace que se entreguen nuevas concesiones mineras sin explicitar la fuente de agua de la que extraerán el volumen requerido para sus actividades mineras. La ausencia de un balance hidrológico que determine la real oferta de agua en el tiempo y que oriente la aplicación de la GIRH. La descoordinación interinstitucional genera desconfianza en la población y atiza los conflictos socioambientales.”

4.5. Ancash: a. Recomendaciones - Existe trabajo realizado por MINAM/DGCA sobre aspectos ambientales y situación de las Lagunas Parón y Conococha. Rescatar este trabajo y sistematizarlo para llevar conclusiones a las mesas de negociación con los actores. - Completar la información sobre el conflicto de la laguna Parón, como la propuesta de índice para el establecimiento de reglas de operación de la laguna de Parón aprobada en la reunión del 9 de setiembre de 2011. Tampoco existen documentos clave como la licencia de uso de aguas con que cuenta la comunidad campesina o las licencias de Duke Energy y su revocatoria de derechos respecto de la laguna. - Pedir aclaración a la ANA sobre la co-existencia del “Comité de Operación de la Laguna Parón” creado mediante Resolución Jefatural N° 97-2010-ANA del 4 de febrero del 2010 y el “Comité de Gestión de la sub-cuenca Parón – Llullán” a que hace referencia el Plan de Operación de Regulación y Control de la Laguna Parón de febrero 2010 en su numeral 6.01. - En las negociaciones tener en cuenta que los principales temas de preocupación (por lo menos inicialmente) son cuatro (4): ¿Cuál es el volumen que se va a mantener en la laguna Parón? ¿Cuánta agua se asignará a DukeEnergy y cuánta para los usuarios agrarios? ¿Quién operará la laguna? ¿Quién financiará la operación de la laguna? b. Temas de fondo - Establecer quién se responsabiliza de las eventuales ocurrencias en la laguna de Parón durante el periodo de lluvias 52

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Hacer el seguimiento al desarrollo de la negociación y a la identificación de un solo interlocutor local válido que incluya a todos los actores demandantes de la cuenca en el conflicto.

4.6. Arequipa/Cusco: a. Recomendaciones - OAAS analiza el DS del 24/22/2009 y DU del 23/12/2009 y señala que en este caso no se han cumplido los requerimientos respecto a los EIA y de la Ley General del Ambiente. Sugiere un informe técnico legal frente a la denuncia de la Federación de Campesinos de Espinar (FUCAE). Advierte que el conflicto es creciente. - Se debe coordinar internamente con: DVMGA/Dir. Gral. de Calidad Ambiental y Dir. Gral. de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental. - Retomar la mesa de diálogo y acelerar la realización del balance hídrico, en la medida que existe el riesgo de agudización del conflicto. b. Temas de fondo Monitorear la realización del balance hidrológico Observar la actuación Mesa de Trabajo promovida por la Municipalidad de Espinar 01/12/11 y de los gobiernos regional de Cusco y local de Espinar. - Participación de instituciones y/o personas expertas en temas hídricos para aclarar los impactos del proyecto en la cuenca de Espinar. -

4.7. Moquegua: a. Recomendaciones - Revisar avances de la Mesa de trabajo que dirige el MINEM en coordinación con el GORE Moquegua. - Coordinar con la mesa el abordaje de las demandas de la Junta de Usuarios de Riego del Distrito de Moquegua que son los principales opositores al proyecto, no han aceptado integrarse a dicho espacio de diálogo y que podrían ser el principal riesgo para el mismo - Seguimiento del Grupo Técnico Ambiental por la DGPNIGA - 18/01/12 El Poder Ejecutivo instala una mesa de diálogo para poner fin al conflicto entre la empresa SPCC y los pobladores de Torata (Moquegua). Los objetivos de la mesa son: evaluar, cuantificar y mitigar los daños ambientales por las operaciones de la mina Cuajone en dicha zona por 35 años. Las autoridades locales piensan solicitar una compensación a la SPCC por daños ambientales. Hacer el seguimiento de la mesa. b. Temas de fondo - La mesa de diálogo debe monitorear el cumplimiento de dos objetivos: evaluar, cuantificar y mitigar los daños ambientales por las operaciones de la mina Cuajone en dicha zona por 35 años y, en caso se establezcan los daños, el cumplimiento del pago de una compensación por daños ambientales por parte de SPCC a la población local.

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Las problemáticas de Moquegua y Tacna son similares respecto a la actividad minera. El conflicto puede tornarse interregional. Tener esto en cuenta.

4.8. Madre de Dios: a. Recomendaciones - Evaluar la estrategia del gobierno y las acciones tomadas para la eliminación de minería ilegal: el manejo de insumos, la maquinaria de extracción minera, aceleración de los juicios y sentencias a los mineros informales por delitos ambientales en la zona reservada Tambopata, erradicación de mineros ilegales de Tambopata, impacto de la destrucción de tubos, mangueras y bombas de inyección de los motores de los mineros ilegales de la zona La Pampa, actuación de la policía. - El modus operandi de los mineros ilegales es complejo y requiere un abordaje articulado de parte del Estado - Además, existen muchos grupos de poder dentro de esta actividad que buscan impedir su desaparición (Fuente: Agencia Andina, 5.1.12). - Problemas con la legislación: La minería ilegal no es delito. Los fiscales abren procesos legales por atentado contra el medio ambiente y los recursos naturales y usurpación de propiedad privada. - Problemas con la estrategia del MINAM: Los 12 proyectos sobre sostenibilidad y productividad que promueve el MINAM como alternativa a la minería ilegal no podrán ser ejecutados hasta que esta sea erradicada del eje vial que afecta la zona de amortiguamiento de la reserva nacional de Tambopata. - Debido a estos problemas, en diciembre el Congreso ha otorgado facultades legislativas al Ejecutivo mediante la Ley N° 29815 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de minería ilegal. - El proceso de empadronamiento está en curso - Obtener la información sobre mineros informales sancionados por Essalud. Ver expedientes.

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b. Temas de fondo Diciembre de 2011: Se acordó que sólo continúan los trabajos en el corredor minero. Los que están fuera no podrán continuar. Continúa el empadronamiento de mineros informales.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. A. Constantes encontradas y perspectivas de solución: Revisando las constantes encontradas en los conflictos socioambientales estudiados y sus formas de expresión, señalamos algunas instancias en las que la acción estatal debiera incidir, corregir y/o innovar en sus formas de intervención, pues dichas constantes corren el riesgo de perpetuarse y ser el caldo de cultivo de una conflictividad creciente.

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1. Los recursos hídricos (agua y otros) son el principal motivo de los conflictos socioambientales aquí analizados. Se requiere que el Estado desarrolle y aplique un enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, tal como lo señala la ley 29338 o Ley de Recursos Hídricos. 2. El impacto del uso minero del agua se produce en todos los usos del agua en una cuenca (agricultura, agua potable, etc.), en el ecosistema, en el agua superficial y subterránea y en el ciclo hidrológico. Lo que puede generar una potencialidad para el conflicto que se debe afrontar. 3. Los incomprensibles trámites burocráticos y el mal trato en las instancias estatales, generan una desconfianza de la población hacia el funcionario estatal intermedio: quien no tiene capacidad de escucha, manifiesta poco respeto y frecuentemente no tiene capacidad de decisión. Todo lo cual provoca el maximalismo en los demandantes, que sólo consideran interlocutor válido a los Ministros o al propio Jefe de Estado. 4. Esta actitud de muchos funcionarios de la administración se complica aún más cuando los sectores no definen con claridad a quién le corresponde actuar en determinado conflicto, quién tiene funciones y competencias para eso, y cuál debe ser el objetivo al que se debe apuntar. 5. En relación al tema del agua, la confusión de competencias es alarmante y tiene consecuencias ambientales dramáticas sobre la situación de los recursos hídricos y sobre la agudización de los conflictos por el agua. 6. Existe una serie de vacíos y/o de confusiones en la normatividad vigente, frecuentemente las normas están dispersas y suelen ser muy rígidas, no se tienen claros los límites de la negociación y los funcionarios estatales suelen ser muy rígidos en su aplicación. Por ejemplo, no se sabe exactamente de qué estamos hablando cuando nos referimos a “Conflictos socioambientales”. Esta indefinición limita las posibilidades de intervención del MINAM. 7. Otro campo poco delimitado es el concerniente a la normatividad regional y su compatibilización con la normatividad estatal (pluralismo legal interno): ¿a quién compete normar sobre las cabeceras de cuenca?, en los conflictos estudiados tanto en Cajamarca, Cusco, Apurímac, por citar algunos, los GORES reconocen esta función como propia, aunque luego el TC diga lo contrario. 8. No existe en los registros analizados, evidencias de un enfoque preventivo de los conflictos. 9. 10.

El caos institucional y los prejuicios que se revelan en la administración pública, muchas veces obstaculizan una salida más dialogada y eficiente. La prevención y gestión de los conflictos requieren un Estado fuerte con capacidad para sancionar y con un ethos neutral incorruptible. 55

11.

El tratamiento sectorial o intersectorial de la mayoría de conflictos socioambientales revelan un enfoque de inteligencia militar y, en menor medida, de relaciones comunitarias, en desmedro de un enfoque integral ambiental y precautorio, de gestión integral de recursos hídricos, ecosistémico, etc.

12.

Ausencia de instrumentos de gestión pública para la información, prevención, gestión y/o transformación de los conflictos socioambientales. La gestión realizada de los conflictos estudiados deja la impresión de ser improvisada, descoordinada, duplicada, sin o con poca mirada técnica, con un enfoque de inteligencia prevaleciente no sostenible, sin protocolos de actuación, etc.

13.

Desprestigio actual de las “Mesas de diálogo”, pues se llega a ellas cuando la conflictividad está muy avanzada.

14.

Las “mesas de diálogo” responden a dinámicas de búsqueda de consensos difíciles, lo que marca su lentitud y larga duración.

15.

El recurso a la judicialización de la protesta es cada vez más frecuente, las primeras instancias (locales), generalmente fallan a favor de las demandas de la población, situación que se invierte cuando los reclamos llegan a Lima o al TC.

16.

Costos para el Estado por el mal manejo de los conflictos, no sólo por la duración, las expresiones violentas de los reclamos, su judicialización; sino por la forma cómo se abultan las gestiones en las distintas instancias estatales, haciendo más pesada aun la administración pública.

17.

No hay una explicación de la razón por la que cada conflicto sigue un curso diferente y casi siempre impulsado desde la PCM: el conflicto en Puno o Madre de Dios vs. Tacna, Cajamarca, Andahuaylas, etc.

18.

Existe además el grave problema de cómo transferir la información técnica a la población. Ante la incapacidad del aparato estatal de transmitir correcta y sencillamente la información técnica, la población se siente reconfirmada en sus percepciones de falta de neutralidad del Estado.

19.

Las empresas mineras deben cambiar su enfoque de trabajo restringido al área de producción para abrazar un enfoque de gestión integrada de los Recursos Hídricos y de cuenca, que permita ver las consecuencias de sus actividades mineras en el espacio hidrológico comprendido y no sólo en los ámbitos directamente impactados.

20.

Muchas comunidades denuncian la presión de las mineras para producir la compra de tierras comunales, denuncian maniobras fraccionalistas, o corrupción de individualidades en casos de tierras repartidas. 56

21.

Con urgencia se requiere adecuar los ECA y los LMP a estándares internacionales más exigentes.

22.

Se debe coordinar con instituciones del Estado, particularmente con aquellas que compartan la visión del MINAM: Defensoría del pueblo y ANA.

23.

Se requiere de una aproximación científica y ambiental a los conflictos desde los enfoques de Gobernabilidad Ambiental, Ecosistémico y de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. En ese sentido, sería deseable que se desarrollara una mirada técnica que verifique las demandas ambientales de la población antes de descartarlas como meras excusas para la movilización.

24.

Se debe tener claridad sobre los recursos naturales de cada región y su gestión; por ejemplo, cantidad y calidad del agua, hectáreas de bosque (deforestadas, de producción, etc.), ANP, fuentes de agua y su relación con la napa freática, usos del agua, Ordenamiento Territorial y ZEE, balances hídricos, estudios de afianzamiento hídrico, monitoreos de calidad del agua, competencias para la protección de fuentes de agua, mecanismos de participación para la gestión (consultas populares, mesas de diálogo), estudios realizados, etc. Para ello se debe coordinar con los gobiernos regionales y locales que correspondan.

B. Marco de intervención del MINAM y la OAAS: 1. La ausencia de una estrategia de Estado (no de gobierno) para hacer frente a los conflictos socioambiantales debe revertirse. Si bien ya es materia de discusión al interior de las instituciones públicas, debe ser abordado de manera más rigurosa, sistemática e integral. 2. La intervención del MINAM, y de la OAAS en materias de conflictos socioambientales, se enmarca la acción del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos, enmarcado en la PCM. Este sistema debiera ser reforzado adecuadamente, para poder definir una estrategia de soluciones a los conflictos sociales, en concordancia con las políticas propias de los Ministerios afectados por los mismos. 3. Este Sistema Nacional de Prevención, Gestión y Transformación de Conflictos Sociales debiera involucrar a todos los niveles de gobierno, pasando por el Congreso, el Poder Judicial, las autoridades regionales, locales y operadores políticos del gobierno en las regiones y localidades. Su actuación debiera ser multisectorial. 4. El Sistema Nacional de Prevención de Conflictos (PCM) deberá apoyarse en una política clara del Estado frente a las industrias extractivas y las nuevas formas de relación con la minería. Complementario a este Sistema de intervención, el Estado deberá desplegar un Plan de Desarrollo Socio Económico, inmediato y mediato, para las zonas donde se desenvuelven las industrias extractivas, recibiendo sus autoridades locales todo el apoyo del 57

MEF para elaborar y realizar los proyectos de inversión que dichas regiones requieren con urgencia. 5. Un tema que atraviesa a todos los sectores y que involucra especialmente al MINAM es el problema del agua y la falta de un enfoque de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en las diferentes instancias del Estado que ven el tema: la disponibilidad real del recurso, el uso y pertenencia de las cabeceras de cuenca, la necesidad (o no) de constituir los Consejos de Cuenca, sus costos reales, la complejidad de la Ley de Aguas y de su aplicación, etc. 6. Un problema recurrente en los conflictos provocados por la actividad extractiva es el conjunto de graves daños que causa la minería informal en todas las regiones. Ello debe ser enfrentado con una estrategia estatal integral. 7. La gran y mediana minería también causa daños ambientales que aún no han sido correctamente evaluados. Es una tarea pendiente del MINAM la realización de esta evaluación particularmente respecto a los impactos en los ecosistemas frágiles. La realización de la evaluación ambiental contribuirá a prevenir conflictos.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas 2010 “Estudio de la gestión del agua y los conflictos por el agua en la región Apurímac y análisis de la importancia de los factores asociados al cambio climático en su desencadenamiento – Caso de la Microcuenca Mollebamba” Enero. COOPERACCION. Mimeo. Dominguez, Iris y Mónica Untiveros 2010 Conflicto de Usos y Gestión Integrada del Agua en la Microcuenca LlullánParón. Ponencia presentada al II Congreso Nacional del Agua. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima. Dourojeanni, Axel 2011 Capacidades institucionales para la gestión del agua frente al desafío del cambio climático en América Latina. Mimeo. Ferro, Pompeyo 2007 Conflictos entre Actores Mineros y Actores Agrícolas en la Subcuenca CruceroAzángaro de la Cuenca del Río Ramis. Tesina Presentada para el Curso de Especialización Profesional en “GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS”, Macro Región Sur – Perú. Guhl, Ernesto 2008 Hacia una Gestión Integrada del Agua en la Región Andina. Lima: Comunidad Andina. 58

Huamaní, Giselle 2009 “Análisis de conflictos por el agua desde el enfoque de la gestión integrada de recursos hídricos”. En Patricia Urteaga, ed., Conflictos por el agua en la región Andina: avances de investigación y herramientas de manejo, pp. 25-42. Lima: IPROGA, Concertación. Huamaní, Giselle y Sandro Macassi 2011 Gestión de conflictos socio ambientales. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Kaufmann Daniel, et.al. 2005 “Governance matters IV: Governance indicators for 1996 – 2004”, World Bank. Neira, Jorge 2011 Diagnóstico Temático Sobre la Gestión del Agua en la Región Apurímac: Gestión Institucional, Protección de Fuentes de Agua, y Agua y Minería. Consultoría realizada para IPROGA en el marco del Proyecto Gobernabilidad del Agua II. Mss. Pereyra, Carlos 2009 “Causas y tendencias en los conflictos por el agua en el Perú”. En: Patricia Urteaga, ed., Conflictos por el agua en la región andina: avances de investigación y herramientas de manejo, pp. 49-60. Lima: IPROGA, Concertación. Pereyra y Zumarán 2011 Cambio Climático y la Gobernabilidad del Agua en las Cuencas De Tacna. Consultoría realizada para la Defensoría del Pueblo. GIZ, Mss. Postel, S. 1992 Last oasis, facing water scarcity. New York: W.W. Norton. Prats, Joan 2001 “Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano, marco conceptual y analítico”. En Revista Instituciones y Desarrollo. Barcelona. Edición Número 10. Ráez, Ernesto 2011 Minería Ilegal, Qué hacer? En: Antiprensa, 16/09/11. Savenije, H.H.G. 1998 How do we feed a growing world population in a situation of water scarcity? Proceedings of the 8th Stockholm Water Symposium. SIWI report 3: 49-58. UNESCO 2003 Agua para Todos, Agua para la Vida – Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. Paris: Ediciones Mundi-Prensa y Ediciones UNESCO. 59

Zaag, Pieter van der 2008 Introducción a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. En: Módulo 1. Curso de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Consorcio capacitador: Universidad de Wageningen, IPROGA, IHE-Unesco. Diarios y boletines: Agencia Andina, 5.1.12. Plan de acción rápida del MINAM: los 12 proyectos sobre sostenibilidad y productividad que promueve el ministerio del ambiente. Boletín de la SPDA, 7.11.11. Cerca de 1500 efectivos de la Policía Nacional, junto a militares y agentes de la Dirección de Capitanías participaron ayer en el operativo que destruyó 5 dragas. Diario El Comercio, 21.10.11: Cajamarca: comuneros vistieron de mujer a cuatro funcionarios y los pasearon por las calles.

Diario El Comercio, 17.12.11: Policía no tiene los instrumentos legales para frenar daño ecológico. Diario Gestión, 13.12.11. La maldición de la Amazonía peruana. Noticia de Japan News.

………………………………………………………….. Patricia Urteaga Crovetto, Ph.D.

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