Política, poder y ciudadanía

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Desarrollos conceptuales sobre ciudadanía y niñez YOLANDA CORONA CARAVEO

n este artículo se discute el tema de la ciudadanía desde la perspectiva propuesta por Thomas Marshall (1950), de lo que significa construir sociedades incluyentes. Posteriormente se elaboran algunos puntos sobre la situación que viven niños y jóvenes en América Latina en relación con la participación política. Se explica el vínculo entre los modelos económicos que adoptan los gobiernos en nuestro continente y la ciudadanía, para después abordar el tema de las limitaciones que impone la sociedad a niños y jóvenes para participar en el ámbito público. Finalmente, se presentan algunos datos de lo que significa para los jóvenes la política y la participación en los asuntos de la sociedad.

P ALABRAS CLAVE: ciudadanía, infancia, juventud, participación.

¿ES POSIBLE QUE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES puedan ejercer su condición de ciudadanos en un sentido social y cultural amplio?, ¿qué condiciones tendrían que darse socialmente para asegurar dicho ejercicio? Estas son las preguntas que guían la reflexión de este artículo sobre ciudadanía y niñez, tema estrechamente vinculado al cambio de paradigma que se está dando en todo el mundo al considerar, por fin, a niñas, niños y jóvenes como sujetos sociales y como sujetos de derecho. Thomas Marshall, en el ensayo “Ciudadanía y clase social” (1950), consideraba a la ciudadanía como “la pertenencia a una comunidad compartida de valores”, noción que en su tiempo superaba la visión elitista de ciudadanía que aún prevalece, en la que únicamente un puñado exclusivo de la sociedad se atribuye el derecho y la posibilidad de ser ciudadano y, por lo tanto, participar en los asuntos públicos. ANUARIO DE INVESTIGACIÓN 2006 • UAM-X • MÉXICO • 2007 • PP. 27-41

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Lo que es iluminador en la propuesta de Marshall es la comprensión del proceso de desarrollo de la ciudadanía: coloca el punto de partida de este concepto en el siglo XVIII, cuando se consolida la idea de los derechos civiles asociados a la libertad y a un principio de igualdad ante la ley. En ese entonces se planteó la libertad de palabra, de pensamiento, de religión; así como la posibilidad de poseer títulos de propiedad y el derecho de justicia, lo que sentó las bases para lo que se podría llamar la ciudadanía civil. Posteriormente, en el siglo XIX se conquista el sufragio general y, por lo tanto, el derecho a participar en la arena del poder político, lo que puede ser considerado como parte de la ciudadanía política. Pero es hasta el siglo XX cuando se afirma la ciudadanía social, gracias a las continuas luchas de amplios sectores que proclamaron su derecho a tener un nivel mínimo de educación, salud y vivienda. La cuestión fundamental que debemos considerar es que no se puede hablar de una ciudadanía civil o política si no se sientan las bases para que las personas se liberen de las necesidades materiales básicas que impone la pobreza. Es difícil pensar que una persona que ocupa todo su tiempo en sobrevivir pueda ejercer los derechos políticos, por lo que tiene que asumirse que son los derechos sociales los que garantizan la base sobre la que se desarrolla la ciudadanía civil o política. En ese sentido, Bustelo y Minujin (1998) proponen que los derechos sociales, más que indicar los servicios mínimos que deben prestarse a los ciudadanos, son los portadores del principio de igualdad y de justicia y, por lo tanto, los ejes fundamentales de la lucha social en América Latina. La concepción de ciudadanía propuesta por Marshall —“la pertenencia a una comunidad compartida de valores”— se complementa con el planteamiento de Van Steenbergen (1994), quien la considera como una estrategia de empoderamiento y de formas de inclusión de sectores desfavorecidos, y con la de Mouffe (1999), quien va más allá al decir que en realidad la ciudadanía es el punto de confluencia y de disputa entre actores y posturas disímiles que aspiran a que sus demandas puedan ser reconocidas como válidas. Esta última propuesta de Chantal Mouffe es la que nos ayuda a entender algunas de las expresiones en la vida social de nuestros países. Es interesante observar una tensión continua entre por lo menos dos aspectos: el primero POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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se refiere a la adopción de políticas públicas y culturales que favorecen el interés individual, la atomización del tejido social y una apatía frente a lo público que propicia que los ciudadanos transfieran su responsabilidad de participar en los asuntos públicos a sus “representantes políticos”. Valdría la pena preguntarse si la democracia representativa, como la conocemos ahora, no es una forma de expropiación que se erige como la única forma válida de participación política para restarle peso a las otras posibles maneras de incidir en la vida pública. El otro aspecto que vemos con beneplácito es que durante las últimas décadas se ha fortalecido la participación de la sociedad civil y la formación de colectivos que buscan abrir espacios de escucha y de intervención en la política, desplegando cada vez más la posibilidad de establecer vínculos de solidaridad horizontal. No podemos dejar de mencionar que nos encontramos bajo el enorme paraguas de lo que se ha llamado globalización, sistema en el que la pertenencia a una comunidad política nacional o regional está, cada vez más, dominada por un derecho internacional que somete a los individuos, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos a sistemas de regulación que implican una pérdida de autonomía ciudadana. Lo que agrava esta situación es que en América Latina se han adoptado modelos económicos que han generado una mayor desigualdad y pobreza. En las reuniones de los estadistas se abordan los problemas sociales desde una visión que hace evidente un simulacro continuo de interés en lo social, pero en la que jamás se busca abatir las verdaderas causas de exclusión, de desempleo y de miseria que aquejan a nuestros países. Observamos que los discursos oficiales rehuyen reconocer que sus políticas económicas neoconservadoras excluyen a millones de personas de los beneficios del supuesto “progreso” para concentrar en manos de unos cuantos la mayor parte de la riqueza y de los recursos. Estos pequeños sectores beneficiados se alían con las instituciones gubernamentales para adoptar programas asistenciales que lo único que pretenden es contener la amenaza de la pobreza en términos de lo que a ellos puede afectarles, sin considerar jamás la posibilidad de encontrar vías para redistribuir los recursos. Así, se establece un abismo entre aquellos que pueden ejercer sus derechos civiles, políticos y sociales y la gran mayoría de personas a las POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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que, a pesar de reconocerles oficialmente sus derechos, se les excluye continuamente y se les niega en la práctica su calidad de sujetos de derechos. De esta manera, nos enfrentamos a modelos de política social que ignoran sistemáticamente el problema de la falta de equidad y de justicia en nuestras sociedades, y que se basan en la noción de derechos individuales para no abordar la exigibilidad de los derechos sociales. Este es uno de los principales obstáculos en la construcción de ciudadanía.

Modelos económicos y de ciudadanía La tensión existente entre los sectores que buscan una sociedad más justa y los gobiernos que adoptan sistemas económicos neoliberales puede corresponder a lo que Bustelo (1998) identifica como dos modelos de ciudadanía predominantes, que son también el eje de una antigua disputa sobre lo que tendría que ser el contenido de la política social. Al primero le denomina ciudadanía asistida, el que promueve la política económica neoconservadora que han adoptado la mayor parte de los países de América Latina. El segundo modelo, la ciudadanía emancipada, se vincula más con las luchas socialistas que dieron origen al “Estado de bienestar”. Las bases del primero son el mercado, la ganancia y los intereses individuales como principio organizador de la sociedad, mientras que el segundo busca una sociedad más inclusiva cuyo tema principal sea la igualdad social. En términos de los valores, el modelo de ciudadanía asistida se rige por una ética del interés individual y privado que les lleva a proponer una política social de asistencia y clientelismo, cuyo objetivo es “contener” la amenaza de la pobreza. El modelo de ciudadanía emancipada se rige por una ética que busca generar la solidaridad social, por lo que su política social tiene el objetivo de ampliar la ciudadanía para que todas las personas puedan tener iguales oportunidades de acceso a los bienes de la sociedad a través de una justicia redistributiva. Bustelo (1998:244-253) realiza un análisis pormenorizado de las características de ambos modelos, pero por razones de tiempo sólo expondré de manera esquemática algunas de ellas.

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DESARROLLOS CONCEPTUALES SOBRE CIUDADANÍA Y NIÑEZ CIUDADANÍA ASISTIDA • Concepción atomizada de la sociedad • Individuos con intereses como principio organizador • Mercado como regulador • Papel mínimo del Estado • Atención a la pobreza como forma de contención • Desigualdad social “natural” • No se concibe el “bien público” • La política económica es la prioritaria • Sólo se reconocen derechos civiles y políticos • Los derechos sociales no son demandables • Lo que importa es la ganancia, no las personas

CIUDADANÍA EMANCIPADA • Sociedad formada por ciudadanos con derechos y responsabilidades • Constitución de sujetos sociales autónomos • Se enfatiza la redistribución • Equidad • Solidaridad colectiva • Igualdad social como valor central • Preocupación por el bien común • La política social regula la política económica • Prioridad de derechos sociales • Las políticas implementadas se miden según sus efectos en las personas

Aun cuando el modelo de ciudadanía asistida sea el hegemónico en nuestro continente, no podemos dejar de lado la expresión de otros sectores al interior de nuestros países: embarcados en una lucha social por abrir la posibilidad de que se implante una política social que coloque a los derechos sociales como el eje organizador de la sociedad. Podemos pensar entonces que no se ha cerrado el camino para construir un orden social más solidario, en el que el afán por la justicia posibilite que todos los ciudadanos de derecho se conviertan en ciudadanos de hecho.

Los niños y jóvenes: ¿excluidos de la ciudadanía? La realidad de la infancia y la juventud en América Latina es heterogénea y plural; sin embargo, uno de los aspectos dolorosos que los une, en cuanto a su condición de vida, es que más del 50 por ciento viven en condiciones de pobreza crítica y se encuentran por tanto dentro de los sectores marginados sujetos a una mayor vulnerabilidad social. Jens Qvortrup (1993) ha develado la manera en que las políticas públicas sobre decisiones laborales, el gravar más impuestos al salario que a las POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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rentas, el difícil acceso al mercado inmobiliario y la vivienda, así como el alto costo en los servicios públicos, derivan en situaciones adversas para las niñas, niños y jóvenes. Su planteamiento es que la infancia y la juventud están expuestas a las mismas fuerzas sociales que los adultos, pero con la desventaja de que su vida transita en una arquitectura social y en marcos conceptuales construidos por fuerzas sociales de mayor peso. Este autor observa que el índice de pobreza de niños y jóvenes en todo el mundo muestra un aumento alarmante a finales del siglo pasado, con el agravante de que esta situación no es tomada en cuenta públicamente por considerarse un asunto privado que corresponde a la familia o a los padres. En las discusiones que la clase política realiza sobre el tema de infancia y juventud, no se considera la enorme influencia de las estructuras económicas en la vida cotidiana de los mismos. El argumento principal de Qvortrup es que, a pesar de que niños y jóvenes constituyen aproximadamente la mitad de la población y de que realizan una gran cantidad de actividades, los cambios sociales se pactan por encima de ellos o bien a sus espaldas. Por ello propone que exista una división del trabajo de investigación en la que a la par de los estudios enfocados en las vidas cotidianas de niños y jóvenes se puedan realizar investigaciones sobre las realidades macrosociales en las que viven, para poder tener una visión amplia y un gran mapa del escenario de la infancia, que permita contextualizar las vidas de los niños y jóvenes como individuos, así como incidir en las políticas públicas. No entraré en una discusión más detallada de sus planteamientos, lo que quiero destacar es que las políticas públicas de atención a la infancia y juventud en nuestro continente, tienen que ver con ciertas políticas sociales básicas y de protección para estos sectores, pero en su mayoría están vinculadas a las políticas correccionales y a los derechos judiciales de los jóvenes. Así, vemos que al judicializarse el problema de la minoridad, se criminaliza a todos los niños y jóvenes que viven en situación de pobreza, marginándolos de las garantías de los ciudadanos y eludiendo la responsabilidad central del Estado en proveerles las condiciones mínimas para una vida digna. Este problema se relaciona con la discusión que actualmente se da en muchos países acerca de si es posible considerar como ciudadanos a los POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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niños y jóvenes menores de 18 años. Quiero exponer tres argumentos que se han dado para que estos sectores puedan gozar de su estatus como ciudadanos. • Un primer argumento a favor de esta posibilidad es considerar la ciudadanía desde una visión más amplia que incluya los derechos sociales y que trascienda la idea de que su significado alude exclusivamente al ámbito político o civil. Esto implica que aun cuando no se pueda ejercer el derecho a votar y ser votado pueden, de cualquier manera, ser considerados como ciudadanos. • Un segundo argumento es el que plantea Alessandro Baratta (1999), quien señala que niños y jóvenes tienen una ciudadanía plena en virtud del lugar central que ocupan en la sociedad de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño (CDN), firmada y ratificada por nuestro país, donde se plantea el concepto de interés superior del niño, que implica que nadie puede ejercer su autoridad, sea personal, institucional o estatal, en contra de los derechos y de lo que más les favorezca. • El último argumento es el del concepto de participación como eje fundamental de la ciudadanía. Una de las propuestas de vanguardia de la CDN es plantear que todos los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años tienen el derecho a participar en la vida social, a expresar sus opiniones y a que se les tome en cuenta en las decisiones que les afectan. Sin embargo, a pesar de que en términos oficiales y de los derechos generales propuestos por la CDN se les otorga la posibilidad para participar en la vida social y por tanto en la política, surgen las siguientes preguntas: • ¿Qué quiere decir para los jóvenes participar activamente en asuntos públicos? • ¿Qué significado tiene para ellos la política? • ¿Es posible la participación ciudadana de niños y jóvenes? En algunos estudios (Adelson, 1971; Corona, 2000; Furth, 1981) se ha observado que los jóvenes son pesimistas y escépticos acerca de la posibilidad que tienen los ciudadanos para cambiar el orden de las cosas y POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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específicamente que los jóvenes lo puedan hacer. Pareciera que para ellos la política está vinculada con los partidos o el Estado y no con un ámbito que se relacione con su propia vida. Asumen que todos aquellos en el poder por lo general lo utilizan para sus propios fines, sin tomar en cuenta los puntos de vista o los intereses de los jóvenes en las decisiones que toman. En otro detallado estudio realizado por Manning y Ryan (2004), se observa que los jóvenes piensan que las estrategias de manifestarse públicamente, escribir cartas o inconformarse son inefectivas; que el hecho de tener representantes jóvenes tampoco es efectivo a escala nacional, y que los oficiales de representación no sirven a los jóvenes realmente. Ellos pudieron observar que existe una fuerte desilusión ante el Estado por diversas razones, entre las cuales se encuentran la incompetencia que muestran los políticos, la ineficiencia en la gestión pública y la percepción de que el comportamiento de la clase política, supuestamente “apegada a la ley”, en realidad está signado por la corrupción y la impunidad. Me parece que ellos tienen una percepción aguda sobre las profundas incongruencias de los discursos oficiales, así como de las enormes barreras que se les impone como sector para participar verdaderamente en los asuntos públicos. De hecho, la afirmación de que el Estado tiene la obligación de velar por las nuevas generaciones, se enarbola como un estandarte político que no se ve reflejado en partidas presupuestales o programas significativos para ellos.

Limites impuestos a niños y jóvenes para ejercer la ciudadanía Es útil en este momento presentar el análisis que hace John Durston (1996) sobre los grandes obstáculos que existen para que niños y jóvenes puedan ejercer su papel como sujetos sociales plenos. Este autor plantea cuatro formas en las que la sociedad impone límites al ejercicio de la ciudadanía juvenil: la ciudadanía denegada; la de segunda clase; la despreciada y la latente. Expone también algunas propuestas para ir construyendo gradualmente la ciudadanía en los jóvenes. Según el autor, la ciudadanía denegada afecta a los jóvenes que pertenecen a sectores excluidos ya sea por su condición de etnia, raza, pobreza o POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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marginalidad. Los jóvenes de estos sectores no tienen acceso al conocimiento o a las destrezas necesarias para ejercerla; un trabajo adicional a esta limitación es que los jóvenes necesitan sacudirse la imagen que desprecia su identidad y su condición de clase para construir una imagen positiva que se arraigue en el respeto a la diversidad cultural. En este sentido, la sociedad requiere una serie de estrategias que obliguen no sólo a la tolerancia, sino a la valoración de la diversidad. Se necesita también un esfuerzo por transmitir en lenguajes autóctonos y populares la información relevante al ejercicio de la ciudadanía. Para Durston, la ciudadanía de segunda clase se refiere a una actitud que muestra la sociedad, en la que no se niega explícita o totalmente la ciudadanía, pero que impone a ciertos sectores una serie de barreras sutiles que les dificultan su ejercicio. Los ejemplos sobresalientes son las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos, los discapacitados y las personas sin acceso a la educación. Esta situación es especialmente importante en nuestros tiempos, donde la información y el conocimiento son esenciales para no quedar excluido. Lo más grave es que los gobiernos de toda América no sólo permiten, sino que promueven la diferencia creciente entre los ciudadanos de primera y los de segunda clase. En este sentido, a los jóvenes de sectores marginados se les niega una educación que les posibilite la construcción de un futuro con las mínimas condiciones de dignidad, ya que cuando logran acceder al conocimiento, éste se limita a destrezas productivas en el mejor de los casos. La ciudadanía despreciada es la negación a ejercer la ciudadanía por parte de los jóvenes que disponen tanto de los medios propios y de los espacios otorgados por la sociedad —ya sea de primera o de segunda clase. La propuesta de Durston es que los jóvenes que gozan potencialmente de una ciudadanía de primera clase, tienen estas actitudes no tanto por egoísmo o pasividad, sino por un idealismo tan exigente como el de los filósofos griegos cínicos. Por ello, los concibe como “una juventud cínica” que en realidad está haciendo una crítica radical a la deshonestidad, hipocresía y manipulación que perciben en la clase política, los partidos y en general los sistemas políticos tradicionales. Hace una distinción de los “idealistas cínicos” de segunda clase, quienes al ver sus carencias y las de sus comunidades, perciben al Estado y a las POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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instituciones sociales mayores como recursos de “los otros” y a su oferta de ciudadanía como una falsa promesa. Cuando estos jóvenes tienen acceso a las instituciones de desarrollo social o a los recursos del Estado, su actitud se expresa en extraer recursos de estas fuentes, con la menor entrega personal posible, ya sea a través de un clientelismo pasivo o mediante una participación aparente. Su percepción es que ambos tipos de jóvenes están a la espera de una causa justa y limpia —de ser posible externa al sistema— para pasar del desprecio al autosacrificio. Ahora bien, existe una diferencia cuando los programas realmente implican un proceso participativo que otorga el poder a la población beneficiada. En estos casos, los jóvenes asumen un protagonismo natural al percibir que realmente existen posibilidades de resolver algunos de sus problemas y los de sus comunidades. La ciudadanía latente es aquella que no se expresa, pero que existe como una disposición a ejercerla cuando aparece la circunstancia externa que se los posibilite, gracias a experiencias anteriores. Según el autor, esta forma de limitación está muy generalizada dentro de la sociedad, ya que por lo general se ejerce una participación o una expresión ciudadana únicamente ante problemas específicos o coyunturales. La cuestión, por tanto, es que no existen tantas posibilidades externas para que los jóvenes participen, por lo que las capacidades y/o motivaciones que habían mostrado en ocasiones anteriores pueden perderse o atrofiarse por la falta de ejercicio. Aparte de las cuatro formas limitadas de ciudadanía, Durston plantea finalmente lo que llama la ciudadanía construida, concepto con el cual se refiere a que la sociedad pueda abrir espacios de participación, así como construir valores y actitudes favorables para el ejercicio efectivo de la ciudadanía, estrechamente vinculado a las posibilidades de acceso a los conocimientos sociales, así como a experiencias reales de participación. La descripción anterior puede ser de ayuda para comprender, por un lado, las carencias institucionales y sociales en su relación con los jóvenes y, por otro, algunas de las razones que explican la aparente apatía que muestran por los asuntos públicos. Sin embargo, también existe, por parte de los adultos, una dificultad para entender las formas de participación política que actualmente pueden tener los jóvenes, ya que éstas no obedecen a los parámetros vividos en nuestra juventud. Los estudiosos de la participación juvenil plantean que deben tomarse en cuenta no sólo los POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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comportamientos vinculados a lo público, sino sus formas de vestir, de hablar, de crear arte y cultura. Muchos autores han observado que la formación de grupos juveniles muestra una dinámica propia que tiene que ver con la asociación espontánea. Urteaga (1996) propone un acercamiento interesante a esta forma de participación al afirmar que las organizaciones juveniles pueden considerarse como “comunidades emocionales”, en el sentido de que parecen satisfacer necesidades relacionadas con la subjetividad, la identidad personal y colectiva, así como de muchos aspectos afectivos. Becerra (1996:146) la apoya al señalar que “en el caso de los jóvenes, como casi en ningún otro segmento de la sociedad, los componentes emotivos, la adquisición de un punto de referencia que se hace propio, así sea fugazmente, y el sentido de socialización en sí mismos, bastan para explicar la decisión de involucrarse en una coyuntura política o en una forma de acción política y social; ello independientemente de la función y de las consecuencias reales de sus apuestas, creencias y movimientos.” Evidentemente no podemos explicar a las organizaciones y movimientos juveniles exclusivamente desde sus necesidades emocionales, pero tampoco se puede dejar de considerar este elemento como uno de los más importantes para la movilización de este sector de la población. Leslie Serna (1998:43-49) nos ayuda a entender los movimientos juveniles actuales, al señalar algunos de los elementos novedosos en comparación con las décadas pasadas y sistematiza en un cuadro el tipo de participación que caracteriza a ambos momentos: • Las causas de la movilización no son ya exclusivamente demandas estudiantiles para mejorar la educación o democratizar el gobierno, sino que incluyen temas como la protección del medio ambiente, los derechos sexuales y reproductivos, la promoción y defensa de los derechos humanos y el apoyo a la causa indígena, principalmente. • Se da prioridad a la acción inmediata y se intenta transformar lo local para influir en el ámbito global. “Se considera que la construcción de un nuevo tipo de sociedad con ordenamientos éticos, empieza en el aquí y ahora, salvando la vida de las ballenas y de los bosques, liberando presos indígenas, ayudando a morir en paz a los enfermos de sida, etcétera”. POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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• El individuo se distingue dentro del grupo o movimiento, no es un militante más dentro de la masa. “Por ello, la participación juvenil se expresa hoy día en pequeños colectivos y grupos y, muy claramente, en acciones diversas en las que participan de manera individual”. • Los procesos de coordinación dejan de ser verticales para dar lugar a estructuras más horizontales y poco institucionalizadas, lo que posibilita el crecimiento de la formación de redes. Cuadro comparativo de las características de la participación juvenil según los paradigmas en vigencia*

ACTORES

VIEJO PARADIGMA

NUEVO PARADIGMA

Identidades colectivas en función de códigos socioeconómicos o ideológico-políticos: estudiantes, jóvenes, urbano populares, jóvenes socialistas, etcétera.

Identidades construidas en relación con espacios de acción y mundos de vida: sexo, preferencia sexual, sobre vivencia de la humanidad en general: ecologistas, feministas, zapatistas.

Mejora de condiciones sociales y Democracia, medio ambiente, deCONTENIDOS económicas en diversos ámbitos: rechos sexuales, equidad de géneros, escuela, barrio, centro de trabajo. derechos humanos, derechos indígenas, paz.

VALORES

MODOS DE ACTUAR

Centralización, centralismo y mesianismo derivados de una perspectiva de cambio revolucionario. El cambio social debe modificar la estructura para que los individuos cambien.

Autonomía e identidad: descentralización, autogobierno en oposición a la burocratización y regulación. El cambio social implica al individuo; es necesario cambiar aquí y ahora las actitudes individuales.

Participación altamente institucionalizada. Priorización de la protesta masiva. Organización piramidal, énfasis en la centralización y centralismo.

Formas poco o nada institucionalizadas. Reivindicación de la participación individual. Organización horizontal e impulso de redes vinculantes y flexibles.

* Leslie Serna, 1998, p. 51. El que ciertas características se ubiquen en uno u otro lado del esquema no quiere decir que sean excluyentes o exclusivas de uno u otro paradigma. Lo que se pretende subrayar es el énfasis notoriamente distinto que se da a cada aspecto en los distintos momentos.

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Retomando la propuesta de Durston, se requiere que la sociedad haga un esfuerzo por proveer a los niños y jóvenes de experiencias significativas de interacción en las que puedan aprender a argumentar y discutir, a escuchar y respetar los puntos de vista de los demás y a negociar sus intereses en conjunción con los de otros. La ciudadanía es algo que se aprende; por lo tanto, es necesario considerar el papel esencial que las instituciones como la familia, la escuela y los medios de comunicación ejercen en niños y jóvenes: ya sea al ayudar a crear una conciencia ciudadana o al transmitir valores de apatía e individualismo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que al hablar de la ciudadanía para estos sectores, se alude no sólo a la pertenencia de los individuos a un Estado o nación, sino también a las formas tan diversas de interactuar y de actuar conjuntamente que ellos mismos despliegan. Los tiempos en que vivimos nos están llevando a tener múltiples formas de pertenencia en las que es posible recuperar una dimensión más humana de la política vinculada a la idea de que entre todos podemos crear y modificar el orden social. Lo anterior significa poder avanzar en el campo de la organización infantil y juvenil para que también ellos puedan incidir en la toma de decisiones y en la arquitectura social en que se desarrollan. Se trataría por tanto de que adultos y jóvenes pudiéramos ir generando un movimiento más amplio que trate de compartir el sentido de esas acciones. Para ello se requiere una aproximación que tiene que ver más con observar los dinamismos constituyentes que se despliegan en las expresiones infantiles y juveniles, que con imponer formas de participación política como se han entendido tradicionalmente. Bernardo Toro (1994) plantea que movilizar es “convocar voluntades, compartiendo interpretaciones y significados, para decidir y actuar en busca de un objetivo común”. Esto significa que las personas se den cuenta de que lo que están haciendo es compartido por muchos otros. Lo que me parece atractivo de la propuesta de Toro es que plantea como un requisito fundamental el poder construir un imaginario que nos abra el horizonte. Se necesitan metáforas e imágenes para soñar y hacer realidad el futuro que queremos construir, pero también, se necesitan propuestas que puedan ser ejecutadas en la vida cotidiana, de manera que POLÍTICA, PODER Y CIUDADANÍA

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todos puedan sentir que hay algo que pueden hacer en su vida diaria, los padres en la familia, los maestros en la escuela, el juez al impartir justicia; en lugar de abrumarse con estrategias imposibles o abstractas. Así pues, uno de los desafíos es pensar conjuntamente nuevas formas de entender lo político desde una visión más comunitaria que incluya distintas posibilidades de asociación y de acción colectiva. De esta manera, los espacios de solidaridad social y de responsabilidad pública se pueden expandir. Creo que es esencial que como adultos podamos apoyar el que en los jóvenes se despliegue naturalmente su vocación de crear “mundos posibles”, y que nuestro papel pueda ser el de sus aliados en la construcción de estas nuevas realidades. You may say I am a dreamer But I’m not the only one JOHN LENNON

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