PONENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN FORO SOBRE MIGRACIONES ANDINAS Más allá de algunas diferencias que podamos tener en los enfoques y quizás en los tiempos, es innegable que la Región Andina está atravesando por un proceso de transformación política profunda. Creo que, si algún beneficio nos dejó el reflujo de las visiones privatizadoras neoliberales de los 80 y 90, fue precisamente la certeza que no es posible concebir el desarrollo a partir de la entronización de la economía como eje del crecimiento, ni de la legislación como la base de la justicia. En muchos países, pero especialmente en Bolivia, esta constatación tuvo un alto costo social, pero nos permitió visualizar una alternativa de construcción de país que se materializó en el principio de la plurinacionalidad, asociada a una visión integral donde el sujeto de derecho trasciende lo individual y se expresa en su sentido comunitario y holístico. Estas transformaciones políticas regionales están teniendo una incidencia muy importante en las formas en que estamos reinterpretando los derechos humanos, especialmente en materia de acceso, ejercicio, exigibilidad y justiciabilidad. Tengo la certeza que, sin desmerecer el gran avance de nuestras naciones hermanas, la región andina está dando pasos importantes para enfrentar con más vigor temas como la disminución de la pobreza y las brechas de inequidad, generando paulatinamente los mecanismos para que los beneficios del crecimiento económico y la riqueza puedan redistribuirse de manera más justa y alcancen también a los más pobres, pero no como efecto de un rebalse, sino como acto consciente de mayor justicia social. Desde esa perspectiva, la administración económica y social de nuestros Estados se enlaza de manera directa con los derechos humanos; y no es casual que en las reformas constitucionales que emprendimos varios países aquí representados, se hayan ampliado de manera importante los derechos y las garantías. Sin embargo, también estoy consciente que junto a los avances en estas materias también se producen retrocesos y emergen nuevos desafíos en otros ámbitos de derechos como los referidos a la seguridad, la vida, la integridad y la plena participación política.

Este nuevo escenario político, económico y social ha traído nuevas formas y sentidos de vulneración de derechos humanos que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las poblaciones indígenas, los migrantes, las personas adultas mayores, las personas con diferente orientación sexual, los desempleados, entre otros, aunque también, y es necesario recalcarlo, generó nuevas formas e instituciones para evidenciarlos, analizarlos y combatirlos. Nosotros somos precisamente parte de esos esfuerzos, que las sociedades, los Estados y las organizaciones internacionales están desarrollando frente a la problemática. Las Defensorías del Pueblo también estamos atravesando por procesos de cambios institucionales que reintepretan y redefinen nuestros mandatos clásicos. Más allá de la denominación, en la región andina hemos trascendido el principio del Ombudsman, cuyo ámbito de acción era la vigilancia, la denuncia y el monitoreo, para asumir nuevos roles de gestión activa de los derechos humanos en nuestros países, sin soslayar ni invadir la responsabilidad que tienen los Estados en esta tarea. Me parece que este proceso está ligado a tres fenómenos específicos que compartimos: el primero es la relación directa con la ciudadanía, lo que nos ha permitido ascender desde el nivel de la planificación y las políticas, a la intervención directa en temas del ejercicio real de los derechos; el segundo tiene que ver con el trabajo articulado con las instituciones nacionales y el apoyo de las entidades internacionales de las que hemos aprendido mucho; el tercero está asociado a una mayor presencia y liderazgo del tema en nuestros países y finalmente el cuarto, con lo que estamos haciendo hoy, es decir avanzar en procesos de integración plena a partir de una especie de internacionalización del trabajo. Para la Defensoría del Pueblo de Bolivia, por ejemplo, el tema de la migración, sus efectos sobre los derechos humanos y la responsabilidad de nuestras instituciones debe partir de tres principios básicos: primero, que “la migración es un derecho humano”; segundo, que “ninguna persona es ilegal” y tercero que “es necesario y posible globalizar el ejercicio de los derechos humanos”. Los tres ámbitos, pero especialmente el tercero, depende absolutamente de lo que avancemos en el ámbito de la integración.

Creo que los avances en este marco, tienen que ver con los cambios de perspectiva que nos impulsan a trascender nuestro trabajo más allá de las iniciativas y los proyectos comunes, y buscar la construcción de una visión de los derechos de los y las migrantes que sea integral, común y compartida entre las Defensorías del Pueblo de la región. Entiendo que no es un trabajo fácil y precisamente por eso es importante. En este campo, tenemos algunos acuerdos suscritos con los Defensores de Ecuador y Perú respecto a temas específicos, hoy estamos trabajando en espacios de reflexión sobre la migración y sus efectos; hace unos meses estuvimos en Perú hablando sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas; en pocos días más, nos estaremos reuniendo nuevamente en mi país para analizar temas tan importantes como la conflictividad y la trata y tráfico de personas. En todos estos espacios, más allá de compartir experiencias y aprender sobre nuestro trabajo, estamos desarrollando acercamientos muy significativos en este propósito que nos encamina a un espacio de real integración, cuyo mayor desafío tiene que ver con la inclusión, en nuestras políticas institucionales, del principio que una persona cuyos derechos humanos son vulnerados o amenazados no tiene nacionalidad, ni color, ni habla un idioma diferente. Tan sólo tiene sus derechos humanos vulnerados. Es indudable que este avance tiene que ver con la integración política más efectiva que se desarrollan desde nuestros gobiernos y las nuevas formas de encarar los derechos y las garantías constitucionales. Hasta hace algunos años, por ejemplo, Colombia y Venezuela eran para nosotros, naciones que más allá de una historia de libertad común, nos vinculaban solamente aspectos comerciales y eventualmente culturales. Hoy, ya trabajamos en espacios comunes para considerar por ejemplo temas que afectan a nuestros ciudadanos migrantes como la trata y el tráfico, los derechos laborales o la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, es decir el ámbito de los derechos humanos que, en un mundo globalizado precisa cada vez más de esfuerzos también globalizados. En la pasada gestión, junto a un equipo técnico, estuve en España donde las tasas de migración de ciudadanos y ciudadanas de la región andina se incrementaron de manera importante, especialmente

durante el periodo 1995 – 2005 y donde se estarían generando graves vulneraciones de derechos que comparten bolivianos, ecuatorianos, peruanos, colombianos y venezolanos por igual. Acciones similares las realizamos en Argentina, a partir de acercamientos con las Defensorías de ese país y próximamente las haremos en Brasil. Estos son espacios donde debemos trabajar juntos como entidades de defensa de los derechos humanos, desde la perspectiva y el principio de la ciudadanía andina. Precisamente en la Argentina y conjuntamente los Defensores de Paraguay, Uruguay y Ecuador donde asistimos a un seminario sobre migración regional, acordamos la creación de un Observatorio de los Derechos Humanos en América Latina para la producción, recolección, análisis y difusión de información cuantitativa y cualitativa acerca de los derechos humanos en la región. Creo que la gestión de conocimiento y su socialización, son tareas pendientes y cuya importancia es decisiva para trabajar en el tema de la integración. Otro de los aspectos destacables desde la perspectiva boliviana, es la reciente aprobación de la Ley del Migrante, que además de definir mecanismos claros de regulación de ingreso, permanencia y salida, establece una serie de derechos que se adecúan a los acuerdos internacionales y a nuestra constitución, entre ellos el derechos al trabajo, la salud, la seguridad social, la educación, petición, libertad de residencia, permanencia y circulación, a pedir y recibir refugio, a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, a que se prevenga la violencia de género, entre otros. La Defensoría del Pueblo participó activamente en la redacción del proyecto de ley conjuntamente otras entidades del Estado y la sociedad y aunque su texto final sufrió algunos cambios y fue objeto de observaciones de nuestros especialistas, se trata de un instrumento de gran importancia en la defensa de los derechos de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Yo creo que el siguiente paso debe llevarnos más allá del aprendizaje mutuo, sobre las formas en que estamos abordando estos temas o la generación de proyectos comunes para proteger los derechos de los y las migrantes, por ejemplo en materias de educación, incidencia y gestión del conocimiento. Probablemente debemos avanzar en la

generación de redes y sistemas de información permanente, oportuna, adecuada y accesible, utilizando todos los recursos, tanto los de la era digital como los medios masivos e incluso los alternativos. La mitad de las vulneraciones actuales a los derechos humanos de las personas migrantes, se habrían evitado si éstas hubieran contado con información sobre sus derechos, cómo ejercerlos y dónde demandarlos. Hoy es cada vez mayor la tendencia a que las Defensorías del Pueblo sean la vanguardia en la protección y vigilancia de los derechos humanos en nuestros países y, sin menoscabar un milímetro el aporte de los organismos de cooperación, especialmente los multilaterales, son precisamente las Defensorías las que estamos construyendo modelos de seguimiento, promoción y acción en diversas áreas y las que tienen mayores posibilidades de incidir en forma directa sobre las políticas de los gobiernos, los Estados y las organizaciones sociales. Me parece que el principal desafío para nosotros es profundizar esta tendencia, a partir de su vigilancia y seguimiento sobre los problemas más acuciantes de sus poblaciones y que tienen relación con las políticas públicas que elaboran nuestros Estados. La pobreza, la discriminación, la injusticia, la violencia, la inseguridad, el desempleo… son vulneraciones a los derechos humanos tan graves y urgentes como la persecución política, el terrorismo de Estado, la censura a la libertad de expresión e información o la conculcación de los derechos civiles. Y es en todos los ámbitos en los que debemos aportar, vigilar y actuar. Creo que tenemos mucho camino por avanzar y es probable que las buenas prácticas estén todavía por venir, sin embargo creo firmemente que estamos en el camino correcto y es en estos escenarios donde tenemos que sentar las bases para lograr que los derechos humanos sean verdaderamente de todos y de todas. Muchas gracias