Responses to violence in everyday life in a democratic society

Prevención de la criminalidad urbana Guía para las autoridades locales

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

Prevención de la criminalidad urbana Guía para las autoridades locales

Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa Proyecto integrado “Respuestas a la violencia en la vida cotidiana en una sociedad democrática” Consejo de Europa

Edición en ingles Urban crime prevention – a guide for local authorities ISBN 92-871-4943-7

Edición en francés La prévention de la criminalité urbaine – Un guide pour les pouvoirs locaux ISBN 92-871-4942-9

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de la publicación podrá reproducirse ni transmitirse de ningún modo por un medio electrónico (CD-Rom, Internet o de otro tipo) o mecánico (inclusive fotocopias, registro o cualquier sistema de almacenamiento o de búsqueda automática) sin autorización por escrito de la División de Publicación de la Dirección de Comunicación e Investigación. (The Spanish text is an unofficial translation.)

Foto de portada © Consejo de Europa Diseño de portada © Taller de diseño gráfico del Consejo de Europa Consejo de Europa F-67075 Estrasburgo-Cedex © Consejo de Europa, marzo 2003 Impreso por el Consejo de Europa

El Consejo de Europa se fundó en 1949 para lograr una mayor unidad entre las democracias parlamentarias europeas. Es la institución política europea más antigua y se compone de cuarenta y cuatro Estados miembros,1 incluidos los quince miembros de la Unión Europea. Es la mayor organización intergubernamental e interparlamentaria de Europa, y tiene su sede en Estrasburgo. El Consejo de Europa siempre ha reconocido que la democracia reviste una importancia trascendental en los planos local y regional, y que la libertad es una cuestión tanto comunitaria como nacional. La autonomía local debe atender las necesidades de todos los europeos en pueblos y ciudades, regiones centrales y periféricas, y a través de las fronteras. En 1994, el Consejo de Europa estableció el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE). Éste se compone de dos cámaras, la Cámara de Poderes Locales y la Cámara de las Regiones, y está integrado por más de 300 miembros elegidos en representación de los poderes locales y regionales de los Estados miembros del Consejo de Europa. Una de las tareas más importantes del Congreso es ayudar a los nuevos Estados miembros de la Organización en lo concerniente a los aspectos prácticos del establecimiento de una verdadera autonomía local y regional, incluidos los siguientes: – facilitar un foro donde los representantes locales y regionales puedan comunicar sus opiniones a los gobiernos; – asesorar al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre todos los aspectos de la política local y regional; – organizar audiencias y conferencias para llegar a un público más amplio cuya participación es esencial para el funcionamiento de una democracia; – elaborar informes por países sobre el estado de la democracia tanto en los Estados miembros como en los países aspirantes; – controlar la aplicación de la Carta Europea de los Gobiernos Locales y Autonómicos. __________ 1. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Islandia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, “ex República Yugoslava de Macedonia”, Malta, Moldova, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, San Marino, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania.

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Otro objetivo del Congreso es promover el intercambio de buenas prácticas y las responsabilidades del gobierno local y, en la medida de lo posible, llegar a un acuerdo al respecto.

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Índice Página

Prólogo ...................................................................................................

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Introducción ..........................................................................................

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1. El derecho a una ciudad segura ..........................................................

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2. Las autoridades locales – un papel fundamental en la prevención de la criminalidad ...............................................................................

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3. El establecimiento de asociaciones ....................................................

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4. Diagnóstico y estudio .........................................................................

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5. El miedo a la criminalidad .................................................................

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6. Las políticas sociales en las ciudades .................................................

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7. Las minorías .......................................................................................

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8. Los jóvenes y la criminalidad .............................................................

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9. La violencia en las escuelas ...............................................................

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10. La violencia contra mujeres y ancianos ...........................................

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11. El entorno edificado ..........................................................................

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12. El transporte público y la seguridad en las carreteras ......................

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13. La policía y las autoridades locales ..................................................

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14. La participación del público .............................................................

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15. Los sectores manufacturero, comercial y privado ............................

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16. La adaptación de los sistemas judicial y penal, y el apoyo a las víctimas ....................................................................................

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17. La integridad administrativa y política .............................................

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18. La criminalidad transfronteriza ........................................................

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19. Nuevas profesiones ..........................................................................

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20. Cooperación europea y asociaciones internacionales ......................

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Prólogo Prevención de la criminalidad urbana: guía para las autoridades locales contiene una serie de propuestas políticas donde se resumen los resultados de cinco conferencias importantes organizadas en los últimos años por la Cámara de Poderes Locales del Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE) sobre diferentes aspectos de las políticas aplicadas por las autoridades locales para prevenir la criminalidad. Esta guía abarca cuestiones como las asociaciones, la violencia en las escuelas, la violencia doméstica, el impacto del entorno edificado, la adaptación del transporte público, el papel de la policía municipal, la participación del público y el problema específico de la criminalidad transfronteriza. Se adoptó en la 8ª reunión del CPLRE (mayo del 2001) y se discutirá y difundirá en una serie de seminarios nacionales que tendrán lugar en los años 2003 y 2004. Esta guía fue elaborada por el CPLRE a los fines de contribuir de forma práctica a la elaboración de políticas, y de presentar nuevos planteamientos con respecto a la prevención de la criminalidad urbana y la inseguridad en las ciudades de los Estados miembros del Consejo de Europa. Prevención de la criminalidad urbana es una contribución al proyecto integrado “Respuestas a la violencia en la vida cotidiana en una sociedad democrática”. Este proyecto se lanzó en el año 2002 para responder a las grandes preocupaciones sobre la violencia y su incidencia en la sociedad europea. Su principal objetivo es ayudar a los Estados miembros a aplicar políticas exhaustivas para combatir la violencia y respetar al mismo tiempo los derechos humanos y el Estado de derecho.

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Introducción Tanto el público como los políticos se muestran preocupados por la elevada tasa de criminalidad, violencia y malestar registrada en las ciudades europeas. Las campañas electorales giran en torno a esta cuestión y las organizaciones internacionales se han movilizado al respecto. Combatir la criminalidad y el terrorismo se identificó como prioridad fundamental en la Declaración final de la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Consejo de Europa, y figura como elemento clave entre las prioridades del Secretario General para los años 2001 a 2005. Si bien pueden mencionarse numerosos casos recientes en que se ha logrado reducir la criminalidad, y fomentar la seguridad y la confianza de las comunidades, sigue habiendo una incidencia alarmante de robos a domicilio, garajes y establecimientos comerciales, así como de disturbios, ruido, graffiti, basura, señales evidentes del declive de los vecindarios, vandalismo, crímenes por racismo, violencia doméstica, disturbios provocados por jóvenes y, en el centro de las ciudades, robo y destrucción de vehículos, criminalidad relacionada con el consumo de drogas y alcohol, y actos de violencia gratuitos. Se ha incrementado el número de vagabundos y personas sin hogar, así como la mendicidad en lugares muy transitados, y han aparecido nuevos focos de conflicto, como centros comerciales y estaciones. Estos síntomas de malestar social se manifiestan fundamentalmente en las zonas urbanas. Si bien las ciudades más importantes han sido siempre el foco del desarrollo económico y del auge cultural, también son, inevitablemente, los lugares más afectados por problemas de la sociedad tales como la criminalidad. ¿Por qué ha sucedido esto? Está generalmente aceptado que las principales causas de la criminalidad incluyen el desempleo y las dificultades experimentadas para conseguir legalmente unas condiciones de vida y unos ingresos adecuados; más oportunidades de crimen y menos control social; privación y exclusión social; un entorno monótono y en declive; una vivienda inadecuada; problemas familiares; crisis de identidad, pérdida de la fe, de referencias morales y de cohesión social del vecindario; y efectos nocivos de los medios de comunicación con relación a la violencia. En un entorno más amplio, puede sostenerse que, en el último decenio, los principales movimientos estructurales y políticos en Europa han incidido en 9

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el tipo de criminalidad e inseguridad urbanas y han fomentado la aparición de nuevas tendencias criminales. El impacto de los refugiados, los movimientos demográficos y de la población, los trastornos económicos en algunos países, la falta de cultura o ética política, el aumento del turismo y la creciente intensidad de las comunicaciones, han provocado una mayor incidencia del consumo de drogas y de crímenes conexos, la extensión y sofisticación espectacular del crimen internacional organizado y de la inmigración ilegal y clandestina; el fraude económico; la desviación de las materias primas; el comercio encubierto de armas; y la concentración de actividades criminales a lo largo de las nuevas fronteras. Es particularmente preocupante el aumento de la criminalidad asociada con la intolerancia, independientemente de su vinculación con culturas extranjeras, otras razas, preferencias sexuales o peculiaridades físicas. Las tasas de detección han seguido disminuyendo. El porcentaje de infracciones menores comunicadas a la policía está reduciéndose. Los ciudadanos confían cada vez menos en las instituciones responsables de investigar y emprender una acción judicial. La reincidencia sigue siendo elevada, hasta llegar al extremo de poner en duda la competencia de los sistemas penales actuales. También han salido a la luz casos de corrupción política y administrativa, lo cual menoscaba la confianza del público en los sistemas políticos que supuestamente deberían reducir la tasa de criminalidad. Además, el miedo a la criminalidad es general, en particular entre ancianos y mujeres. El interés de los medios de comunicación por los crímenes, especialmente por aquellos en que están involucrados jóvenes, la consiguiente sensibilización de los ciudadanos acerca de tales casos y el modo en que éstos se explotan desde el punto de vista político, pueden contribuir asimismo al sentimiento de inseguridad de los ciudadanos.

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1. El derecho a una ciudad segura La criminalidad y la inseguridad urbanas son una cuestión candente, una preocupación diaria y un tema prioritario de estudio y debate – para las autoridades locales en primer lugar. La criminalidad afecta a un alto porcentaje de la población, supone elevados costes sociales y económicos, se traduce en pérdidas, lesiones y dificultades emocionales para las familias y las víctimas, e impide a los ciudadanos disfrutar libremente de los beneficios que aporta el bienestar material. Menoscaba la confianza pública en el proceso democrático, estimula los movimientos extremistas, puede alentar un sentimiento antieuropeo, amenaza los derechos humanos y las instituciones democráticas, y provoca un miedo excesivo a la inseguridad o, lo que es peor, el deseo de venganza o de confrontación étnica. Supone una amenaza real para la democracia, al hacer un llamamiento a los impulsos racistas y “tranquilizadores”, al exigir: una forma de justicia “simplificada” que no respeta las libertades ni la dignidad de las personas, fuerzas policiales y tribunales paralelos y que el gobierno central, supuestamente más riguroso y eficaz, intervenga para reemplazar a las autoridades locales. También plantea cuestiones, al hacer frente a la criminalidad, sobre el derecho a la intimidad y sus posibles violaciones, tales como el papel que desempeña el uso de la televisión en circuito cerrado, reconocida como instrumento legal para prevenir la criminalidad, no obstante la polémica que suscita en términos de medios. La Carta Urbana Europea se refiere al derecho de los ciudadanos europeos a “vivir en una ciudad segura y libre de crimen, delincuencia y agresión”. En el artículo 29 del Tratado de Ámsterdam se hace referencia al objetivo de la Unión Europea de ofrecer a los ciudadanos un alto nivel de seguridad en un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, a través de la colaboración policial y judicial de los Estados miembros en asuntos criminales. Para poder hacer frente a las amenazas anteriormente mencionadas y garantizar a los ciudadanos un sentimiento de seguridad y una seguridad real, es importante que los gobiernos, a nivel nacional, regional y local: – reconozcan que no hay libertad sin seguridad, y que vivir en un entorno seguro debería ser un derecho humano fundamental; 11

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– garanticen que se concede prioridad al control de la criminalidad y se destinan a tal efecto los recursos adecuados; – reconozcan que la prevención de la criminalidad no sólo es menos costosa que la represión, sino también un enfoque que valora plenamente la dignidad humana; – fomenten un sentimiento de ciudadanía entre las personas para que comprendan que, si bien disfrutan de ciertos derechos, también tienen el deber de respetar la integridad y la tranquilidad de los demás ciudadanos.

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2. Las autoridades locales – un papel fundamental en la prevención de la criminalidad Si bien el gobierno central es claramente responsable del establecimiento de un marco legal para prevenir la criminalidad y la represión, y de garantizar los recursos financieros apropiados y un liderazgo político, el problema sin embargo se acusa y observa en mayor grado a nivel local donde predomina un sentimiento de inseguridad en la vida cotidiana. Por consiguiente, las autoridades locales son las más adecuadas para aplicar políticas y enfoques que aborden ampliamente la prevención de la criminalidad, y que promuevan alternativas a la prisión, la vigilancia de la comunidad, la lucha contra el analfabetismo, la educación cívica, la investigación y la comunicación, y la coordinación de los programas de diferentes copartícipes. Por su proximidad, las personas estiman más oportuno dirigirse a los departamentos municipales, a los que consideran mejor informados sobre las situaciones de crisis potenciales o reales. Las autoridades locales también pueden desempeñar un papel conciliador y mediador eficaz, y tratar así de evitar que la tensión aumente hasta el extremo de tener que recurrir a la policía y los tribunales. Las autoridades locales también pueden desempeñar indirectamente un papel, al influir en los objetivos de una serie de políticas sectoriales, de las que son responsables, para asegurarse de que contemplan la cuestión de la seguridad. Éstas políticas pueden incluir las siguientes medidas: – planificación urbana, incluido el transporte público, la iluminación de las calles y las medidas de seguridad en los cruces de carretera; – servicios públicos, escuelas, zonas de recreo, estadios, piscinas y centros socioeducativos; – política orientada a garantizar el bienestar y la asistencia a las familias, para ayudar a los padres a asumir mejor sus responsabilidades; – personal encargado del mantenimiento, la vigilancia y la seguridad en las instituciones y entidades públicas; – servicios sociales y educativos fuera de la escuela; – establecimiento de una policía municipal. 13

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En consecuencia, se insta a los gobiernos nacionales a que, en estrecha colaboración con las autoridades locales: – acepten que las fuerzas policiales locales establecidas para reducir la criminalidad y la inseguridad urbanas son elementos clave para los programas encaminados a combatir la criminalidad, y que los problemas locales exigen soluciones locales; – fortalezcan el gobierno y la democracia locales, en el sentido de la Carta Europea de los Gobiernos Locales y Autonómicos; – refuercen la responsabilidad del gobierno local en lo concerniente a la prevención de la criminalidad y le garanticen los recursos financieros apropiados para ello; – reduzcan el grado de centralización y control del gobierno central, para permitir la toma de decisiones en el plano local, es decir, donde mejor se entienden las necesidades y pueden identificarse las soluciones convenientes; – garanticen que el presupuesto y los recursos locales permanecen en la comunidad: – fomenten el desarrollo de la capacidad comunitaria a través de la educación de los ciudadanos.

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3. El establecimiento de asociaciones Dado que la prevención de la criminalidad incluye factores muy diversos, ésta debe ser responsabilidad conjunta de diferentes sectores de la sociedad. Las fuerzas policiales y los tribunales ya no pueden considerarse las únicas soluciones a los conflictos de la vida cotidiana. Por consiguiente, debe fomentarse el establecimiento de entidades multisectoriales, en lugar de entidades únicas, para combatir la criminalidad en el plano local. Éstas pueden ser muy amplias, por ejemplo, pueden representar a las autoridades públicas, los políticos, los sectores privado y voluntario, los medios de comunicación, las autoridades educativas, las universidades, la policía, los residentes locales, los jóvenes y el deporte, los asuntos sociales y de salud, el trabajo y el empleo, la administración penitenciaria, el sistema judicial, los consejos de jóvenes, los comités de asesoramiento a extranjeros, las autoridades del transporte público, las agencias de vivienda social, las asociaciones de residentes, la comunidad comercial, las asociaciones de médicos y farmacéuticos, y los medios de comunicación. Para que estas asociaciones sean eficaces, es preciso que dispongan del presupuesto y los recursos necesarios para poder actuar. La cooperación entre los diversos organismos interesados sigue siendo un fenómeno reciente. Algunas instituciones – la policía, los tribunales, los departamentos del gobierno local, las organizaciones voluntarias, las empresas privadas de seguridad y la población local – no están acostumbrados a unir sus esfuerzos. Siguen actuando por separado, según sus propias normas. Si bien son conscientes de la importancia que reviste actuar conjuntamente, esto puede seguir creando ondas de choque en cada organización, ya que la interdependencia y el derecho de vigilarse unos a otros crean resistencia. Por consiguiente, probablemente sea necesario elegir coordinadores de la política local para superar tales dificultades y garantizar en cierta medida la permanencia de las asociaciones. Estas políticas – que deberían aplicarse durante al menos cinco años – ofrecerían una nueva perspectiva de los esfuerzos desplegados en el pasado, demostrarían que pueden aumentar la seguridad eficientemente y reflejarían los problemas de las zonas afectadas. Por consiguiente, se insta a las autoridades nacionales y locales a: – aceptar la necesidad de nuevos instrumentos políticos para combatir más eficientemente la delincuencia urbana; 15

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– adoptar un enfoque más estratégico y holístico, evitando el “departamentismo”, al hacer frente a los entornos urbanos inseguros; – comprender que aumentar la seguridad en los entornos urbanos es un proceso complejo y requiere aportes de una gran variedad de entidades que aúnen sus esfuerzos; – integrar en las estructuras de las asociaciones sistemas de financiación, auditoría y evaluación de logros obtenidos; – fomentar el intercambio positivo de informaciones entre los organismos para que puedan aprovecharse al máximo los escasos recursos disponibles.

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4. Diagnóstico y estudio Un método más sistemático para reducir la criminalidad debería incluir una auditoría de las zonas más propensas al crimen y la consiguiente asignación de recursos a tales fines; la identificación de buenas prácticas y el fomento de las mismas en otros lugares; la definición del papel preciso que desempeñan los diferentes copartícipes; la identificación de objetivos mensurables que permitan controlar los progresos realizados; y una evaluación de resultados que pueda tenerse en cuenta en el futuro antes de emprender programas ulteriores. Puede obtenerse información pertinente de una gran variedad de servicios públicos oficiales, profesionales y organizaciones no gubernamentales que participan en las actividades de la comunidad local y se preocupan por el sentimiento de inseguridad, los crímenes no notificados y la interacción entre diferentes grupos de ciudadanos o comunidades. También puede recabarse información de estudios sociológicos y psicológicos, por ejemplo de los principales estudios e informaciones sobre las víctimas de la criminalidad recopilados por agentes de policía de proximidad, para ayudar a la policía a adaptar su respuesta en zonas conflictivas. Por consiguiente, las autoridades locales deberían: – elaborar un plan que defina la naturaleza y el tipo de criminalidad al que debe hacerse frente, al igual que los objetivos, programas y propuestas de acción, y que esté basado en un estudio muy variado y actualizado de las estadísticas, así como en el diagnóstico del crimen; – llevar a cabo más análisis exhaustivos de los métodos que dan resultado y por qué, antes de recomendar buenas prácticas; – evitar enfoques a corto plazo y adoptar medidas sostenibles a largo plazo, en lugar de ofrecer “garantías” a corto plazo en un mandato electoral; – elaborar un enfoque más previsor, anticipando y previniendo los problemas, en lugar de deber hacer frente a los mismos después; – redactar y actualizar dichos documentos en público, garantizando en el proceso un vínculo con la población local y con los responsables y especialistas en elaboración de políticas.

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5. El miedo a la criminalidad El miedo a la criminalidad, ya sea real o imaginario, es un verdadero motivo de preocupación para el público. Muchos ciudadanos, en particular los ancianos y los pertenecientes a sectores más frágiles de la sociedad, se sienten inseguros y viven obsesionados por el miedo a la delincuencia y a la incidencia de actos criminales. Las peores formas de delincuencia no provocan necesariamente ansiedad. Un análisis del miedo a la criminalidad debe incluir aspectos de la vida comunitaria que, si bien no pueden considerarse “crímenes”, son percibidos por la comunidad como asaltos contra el bienestar y la seguridad de sus habitantes. Los actos de terrorismo, ya sean perpetrados por extremistas políticos o racistas, o por fundamentalistas de diversos tipos, son otro factor que incrementa la inseguridad ciudadana. El miedo a la criminalidad mina la confianza del público en una comunidad, afecta negativamente al desarrollo económico y la inversión comercial, y menoscaba la calidad de vida de las ciudades. Los medios de comunicación contribuyen de forma considerable a fomentar este sentimiento de inseguridad. Las noticias sobre crímenes son una parte importante de la comunicación social y, como testigos supuestamente imparciales, no puede inculparse a los medios de comunicación. No obstante, si bien desempeñan un papel clave en la difusión de información sobre la criminalidad y su prevención, también pueden tener consecuencias negativas al dramatizar en exceso y exagerar los hechos. Es importante que las autoridades locales: – utilicen los medios apropiados para reducir el miedo a la criminalidad, por ejemplo, aumentando la confianza de los residentes locales a través del desarrollo de la comunidad y el apoyo a las víctimas; – adopten medidas para alentar a los medios de comunicación, en particular a la prensa local, a participar en los esfuerzos desplegados para mejorar la situación; – garanticen la clara difusión y promoción de programas, por ejemplo, los orientados a los jóvenes; – estimulen la confianza de la comunidad comercial, asociándola con estrategias de regeneración y de empleo. 19

6. Las políticas sociales en las ciudades En muchas ciudades europeas existen zonas caracterizadas por un cúmulo de factores, tales como la desintegración de la vida de familia; la pérdida de identidad comunitaria; la alienación, la falta de participación de los residentes en la gestión de la vivienda; sentimientos de inseguridad; la falta de instalaciones colectivas (guarderías infantiles, e instalaciones de esparcimiento y deportivas, entre otras); la alta incidencia de consumo de drogas; tasas elevadas de desempleo; y la intolerancia de las diferencias sociales, raciales y étnicas. Al debilitarse las estructuras familiares, se desafían los valores y la disciplina aceptados por generaciones anteriores. La pérdida de autoridad de los padres y un sentimiento de responsabilidad contribuyen a la desorientación de los jóvenes. Otras autoridades, especialmente la Iglesia, que en otros tiempos establecía los límites del comportamiento individual, ya no desempeñan el papel de antaño, lo que agrava la desorientación cívica de los jóvenes en particular. El entorno social de las ciudades se caracteriza, entre otros aspectos, por la aparición de nuevas drogas, la extensión de su consumo a nuevos grupos sociales (jóvenes, deportistas, patrocinadores de determinados eventos lúdicos), la necesidad de dinero de los drogadictos y los métodos criminales empleados para conseguirlo, y canales y redes de distribución para blanquear ingresos “comerciales”. Es fundamental que las autoridades locales: – alienten a las personas a regresar al centro de las ciudades, adopten medidas para evitar que las calles queden desiertas por la noche, garanticen en la medida de lo posible una amalgama de funciones que favorezcan la reunión de diversos grupos de los núcleos urbanos, y eviten que las minorías, las personas socialmente marginadas y los delincuentes se concentren en un solo lugar; – adopten medidas para erradicar actividades criminales conocidas, en particular en zonas de sus municipios, y eviten que se formen focos de sectores desfavorecidos de la sociedad, particularmente de aquellos que consideran que no tienen nada que perder; 21

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– formulen políticas orientadas contra la violencia doméstica, la cultura de la violencia y la desigualdad por motivos de raza, religión, origen social y sexo; y fomenten el concepto de ciudadanía; – elaboren y lleven a la práctica programas de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos, en colaboración con servicios sociales y de salud; creen programas informativos especialmente dirigidos a los jóvenes, tanto dentro como fuera de las escuelas; – refuercen el control social informal a través de políticas que promuevan una amalgama de funciones residenciales/comerciales, el establecimiento de centros comerciales adecuados en zonas de viviendas, la yuxtaposición de escuelas y zonas residenciales, etc.; – realcen el papel que desempeña la educación familiar en la reducción de la criminalidad, aplicando y apoyando normas que responden a las necesidades de la familia en programas de vivienda, educativos y de bienestar social; – mejoren el acceso de todas las personas a los deportes y a las instalaciones deportivas, con independencia de su origen social, situación económica e ingresos, edad o grupo étnico; – garanticen que tales instalaciones deportivas se integran en las comunidades locales, para que la población local pueda identificarse con ellas, fomentando un sentimiento de propiedad y reduciendo de este modo el vandalismo y la delincuencia.

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7. Las minorías La migración forma parte de la historia de Europa y ha provocado a menudo tensiones con la población local, que aumentan en tiempos de crisis económica y financiera y de inseguridad social. Se percibe que los extranjeros pueden alterar el equilibrio de las comunidades locales y que, al competir para obtener puestos de trabajo y ejercer sus derechos a una vivienda y a una atención de salud, constituyen una amenaza para el ejercicio de los plenos derechos de la población mayoritaria. Además, se les considera responsables de gran parte de los crímenes cometidos. Estas preocupaciones a menudo se ven exacerbadas por consideraciones étnicas y raciales, que algunos movimientos políticos se predisponen a explotar. Muchos países son el escenario de actos de racismo que a veces adoptan formas menos violentas. En al ámbito de los deportes, particularmente en el fútbol, es donde más se observa esta forma de delito. Los eventos deportivos tanto locales como nacionales están contaminados por comportamientos y lenguajes racistas. El elevado numero de inmigrantes y su concentración en zonas determinadas muchas veces dificulta su integración en la sociedad urbana. En el caso de grupos minoritarios, a menudo se percibe un sentimiento de malestar y de miedo al futuro y, particularmente en el caso de los jóvenes, unas perspectivas sombrías. Es innegable el alto porcentaje de grupos inmigrantes que han comparecido ante los tribunales, con relación a la población mayoritaria, aunque su excesiva representación puede atribuirse igualmente a la tendencia de la policía a centrarse en este grupo. Las autoridades locales y la policía deberían aceptar que: – deben respetarse las diferentes formas de vida de las distintas comunidades – que enriquecen el entorno social – y, si fuera necesario, adoptarse medidas para garantizar la expresión individual de estas comunidades; – debería llevarse a cabo de forma armoniosa la acogida de refugiados y su integración en la comunidad, no obstante la dificultad que esto supone, con el apoyo del gobierno central; – debería incrementarse el número de trabajadores sociales y de agentes de libertad vigilada de comunidades minoritarias; 23

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– debería reflejarse la composición multicultural de la sociedad en las fuerzas policiales contratadas tanto para funciones administrativas como “de ronda”; – debería alentarse a la policía a establecer un contacto más directo con las comunidades extranjeras, a través de entidades consultivas sobre racismo y multiculturalismo; – debería asignarse un papel político más claro a los grupos minoritarios, por ejemplo, a través del establecimiento de consejos consultivos, y debería alentarse a las autoridades nacionales competentes a ratificar el Convenio sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local (ETS núm. 144), del Consejo de Europa.

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8. Los jóvenes y la criminalidad Se observa una incidencia alarmante de la criminalidad entre los jóvenes y, en consecuencia, la edad de los infractores es cada vez menor. Los jóvenes que deciden abandonar el sistema escolar, faltan con frecuencia a la escuela, se enfrentan a serios problemas familiares y escapan de la red de servicios sociales son los que simbolizan a los infractores juveniles en Europa. Los actos de vandalismo y destrucción de medios de transporte, servicios públicos y vehículos perpetrados por bandas de jóvenes procedentes de distritos más pobres constituyen una nueva forma de violencia. Las bandas urbanas cometen robo con violencia en centros comerciales, intimidan a las personas con objetos punzantes y destrozan la propiedad privada. Si bien es natural que los jóvenes vayan a discotecas y salgan a la calle los fines de semana, estas actividades normales en muchas ocasiones van acompañadas de un consumo excesivo de alcohol y de drogas, y de una forma de conducir peligrosa. Se observa violencia en las escuelas. Muchas organizaciones criminales recurren cada vez más a jóvenes para llevar a cabo ciertas funciones asociadas con sus actividades. En un entorno más amplio, miles de niños de todo el mundo son víctimas del abuso sexual y la violencia, lo que ocultan con frecuencia por miedo o por presión familiar. La prostitución infantil está expandiéndose rápidamente en todos los países. La creciente tasa de criminalidad juvenil puede atribuirse a los efectos negativos que provoca en la juventud el debilitamiento de las estructuras familiares, el desempleo y la falta de perspectivas, y a la frustración que experimentan los jóvenes al no poder adquirir todos los maravillosos e innumerables productos que la sociedad les ofrece. La violencia televisiva también puede confundir el límite entre lo permitido y lo prohibido. El recurso a la criminalidad puede considerarse con frecuencia, erróneamente, un medio de autoafirmación. Los altos niveles de pobreza entre los jóvenes afectan a las unidades familiares estables, de las que salen hombres sin compromiso susceptibles de caer fácilmente en la criminalidad. Al marcharse los miembros más estables de la comunidad, ésta carece de líderes y de modelos de conducta positiva. 25

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Sin embargo, debería reconocerse que los jóvenes son el futuro de nuestras comunidades y que muy probablemente ellos mismos serán víctimas de la criminalidad. Las autoridades locales deberían esforzarse para asegurar que los jóvenes, particularmente los más expuestos a riesgos, no se consideran solamente como delincuentes, sino también como víctimas, y deberían estudiar formas de alentarles a participar en procesos cívicos a todos los niveles y no solamente en las escuelas. En particular, se insta a las autoridades locales a: – aceptar que las instalaciones y los métodos utilizados tradicionalmente para hacer frente a la criminalidad juvenil ya no son apropiados. Por consiguiente, es preciso examinar todo nuevamente – escuelas, tribunales e instituciones especializadas, así como el personal que trabaja en las mismas – para poner remedio a la situación; – reconocer formalmente el papel fundamental que desempeñan los jóvenes en los vecindarios y tomar medidas para promover su participación y cooperación; – prestar especial atención a los jóvenes, tratando de captar el interés de los que están particularmente expuestos a riesgos, para garantizar que tengan un papel importante que desempeñar en la regeneración de sus vecindarios; – reconocer que la criminalidad está vinculada a una falta de educación y tomar medidas para elevar los niveles actuales de rendimiento escolar; – entablar un diálogo auténtico con los jóvenes, planteando las cuestiones apropiadas y escuchando sus respuestas, consiguiendo que participen en las decisiones que les conciernen directamente, aceptando que ellos mismos pueden contribuir a la solución de sus problemas y que, por consiguiente, debe tratárseles como copartícipes a este respecto; – apoyar económicamente las iniciativas de los jóvenes, tales como más foros locales y regionales, y consejos juveniles locales permanentes; – promover la adquisición de capacidades sociales y profesionales en programas del estilo de “New Deal”; – exhortar a los padres, la policía, las autoridades educativas, los representantes de los residentes locales y los consejeros locales a que participen en la dirección de las escuelas para mejorar las relaciones con la comunidad vecina, ofrecer clases regulares donde se combata el vandalismo, prestar orientación y apoyo psicológico a los jóvenes, y adoptar medidas más efectivas para luchar contra el abandono escolar. 26

9. La violencia en las escuelas El bajo rendimiento escolar supone elevados costes económicos y sociales tanto para las personas como para la sociedad. La falta de compromiso entre niños y jóvenes también es uno de los factores claves de la violencia en las escuelas y alrededor de las mismas. Esto se pone particularmente de manifiesto en el abuso de drogas y la intimidación, que constituyen problemas serios para las escuelas de toda Europa. Demasiados jóvenes, en particular los procedentes de entornos desfavorecidos, no desarrollan al máximo todo su potencial dentro del sistema educativo, por lo que un porcentaje demasiado alto de alumnos abandona la escuela con problemas de lectura y de cálculo, y deben luchar para obtener cualquier tipo de empleo. Esto se debe, entre otras razones, a la falta de acceso a toda la variedad y calidad de oportunidades que se brindan en otras partes, la falta de ánimo y apoyo por parte de las familias, unos ingresos familiares bajos y unas malas condiciones de vida. El grupo de amigos es un factor particularmente importante que determina el comportamiento y el rendimiento de los jóvenes. Se ha demostrado que los siguientes factores mejoran el rendimiento escolar y reducen la violencia y la intimidación: – la capacidad y experiencia de las autoridades escolares para dirigir la escuela y un firme apoyo del órgano directivo; – unos objetivos claramente definidos compartidos por todos; – una enseñanza de calidad y estable, y profesores de apoyo; – la participación y el firme apoyo de los padres; – la participación activa de las empresas locales y organizaciones comunitarias en la vida escolar; – la promoción del apoyo activo y efectivo de otras entidades, tales como servicios para jóvenes, servicios de orientación profesional, librerías, clubes deportivos y servicios sociales. Las autoridades locales deberían: – esforzarse al máximo por asegurar una enseñanza de calidad en sus escuelas y un personal motivado y comprometido a largo plazo, con objeto de ofrecer un entorno estable; – exigir a sus escuelas políticas y objetivos claramente acordados, incluidas estrategias encaminadas a desalentar el consumo de drogas y la intimidación; 27

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– asegurar que se ofrece a los alumnos el programa de apoyo al aprendizaje más amplio posible, tanto en horas escolares como extraescolares; – fomentar el apoyo activo a otros servicios pertinentes y facilitar vínculos entre las escuelas y los servicios para jóvenes, los servicios de orientación profesional, la comunidad comercial, las librerías, la cultura y las artes, el teatro y los deportes; – garantizar que las escuelas ofrecen a sus alumnos un servicio completo de atención social y de salud, en particular a los que proceden de zonas desfavorecidas y que pueden necesitar ayuda de departamentos de salud y sociales para hacer frente a su bajo rendimiento escolar; – fomentar el establecimiento de vínculos entre la escuela y la comunidad, y una utilización más amplia de las instalaciones de la escuela. De igual modo, utilizar la escuela local como centro de formación para adultos y de reuniones que ayuden a regenerar y fortalecer las comunidades; – fomentar el apoyo de los padres y las organizaciones de la comunidad local, que pueden contribuir considerablemente a combatir la exclusión social y a mejorar el rendimiento escolar, la motivación y las expectativas; – en los casos en que las escuelas se vean afectadas por problemas específicos como el consumo de drogas, utilizar un método que abarque toda la escuela, en el que participen padres, tutores, alumnos, profesores y la comunidad, al objeto de convenir una estrategia común que pudiera integrarse en el programa escolar.

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10. La violencia contra mujeres y ancianos La violencia contra mujeres tanto en el domicilio como en el lugar de trabajo es centro de atención, en particular de las autoridades locales, que deben enfrentarse a problemas sociales y de salud derivados de esta violencia. Sin embargo, las mujeres siguen mostrándose reacias a hablar de este tema y las autoridades con demasiada frecuencia se desentienden del mismo. La violencia doméstica, tanto física como sexual, está estrechamente asociada al secreto, la vergüenza y la soledad. Las mujeres temen represalias y más ataques si presentan quejas o resistencia. Las estadísticas oficiales no pueden ofrecer cifras fiables con respecto a este problema. En muchos casos los delitos en el ámbito doméstico siguen sin notificarse y la intervención policial en muchos casos es bastante ineficaz. En algunos países, el agresor es un hombre muy conocido por la víctima – generalmente, su marido. En el cincuenta por ciento de los casos, los asesinatos de las mujeres víctimas son cometidos por su pareja o su ex pareja. Esta violencia puede asociarse a relaciones desiguales entre los sexos y a la persistencia de los aspectos patriarcales en nuestras sociedades. Las mujeres también suelen tener miedo a la agresión, ya sea real, anticipada o potencial, y la inseguridad limita la libertad de movimiento y la independencia de las mujeres. Si bien es menos probable que los ancianos sean víctimas de la criminalidad, su sentimiento de inseguridad es muy acusado. Pueden ser objeto de violencia en su entorno inmediato, sin que ello salga a la luz por miedo a represalias, por vergüenza o por su dependencia financiera. Se insta a las autoridades locales a tomar medidas para: – determinar y adoptar una definición de violencia doméstica y, por consiguiente, elaborar políticas específicas contra la violencia doméstica y directrices de buenas prácticas; – establecer un control y un análisis objetivos, recabando regularmente informaciones de las personas que recurren a los servicios sociales, y prestar particular atención a las opiniones de las mujeres que utilizan estos servicios; – garantizar que los servicios ofrecidos a las mujeres víctimas de abusos ocupan un lugar fundamental, y no marginal, en las políticas de las autoridades locales; 29

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– acabar con los tabúes, romper el silencio en torno a este tema, y crear un clima de confianza que ayude a las mujeres a expresar sus temores y hacer frente a sus agresores; – promover campañas para concienciar a las personas sobre el problema de la violencia física y sexual de las mujeres, por ejemplo, utilizando carteles y señalando lugares menos tradicionales donde tiene lugar esta violencia, como estadios de fútbol, taxis, etc.; – garantizar la protección adecuada a las víctimas de la violencia doméstica, en conformidad con el derecho penal y civil; – mejorar el transporte urbano, por ejemplo, ofrecer servicios nocturnos de taxis; – ayudar a asegurar que los ancianos permanecen activos, partiendo del hecho de que aquellos que contribuyen a la comunidad tienen menos probabilidades de experimentar un sentimiento de inseguridad; – fomentar la participación de ancianos voluntarios en las actividades realizadas con niños, como llevar a estos últimos a la escuela u organizar actividades de recreo fuera de los bloques de apartamentos.

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11. El entorno edificado La seguridad en las ciudades raramente se tiene presente en la planificación y el diseño urbanos. Muy pocos profesionales tienen experiencia o formación en planificación o diseño basado en la seguridad de las comunidades. Sin embargo, existe una correlación directa entre criminalidad y vivienda, en términos de distribución, normas, mantenimiento y tipos de gestión. Una política de la vivienda mal concebida (demolición de los edificios y traslado de sus habitantes a otros lugares) conduce a la pérdida del entorno familiar, crea un clima de tensión e inseguridad, provoca la desintegración de la vida colectiva y fomenta la delincuencia. Los enormes edificios de viviendas sociales impersonales, tan frecuentes en los núcleos urbanos, son ambientes propicios para la desesperación, la soledad y la violencia. Es importante que las autoridades locales acepten que la criminalidad y sus oportunidades pueden reducirse en un entorno urbano de calidad, y que el entorno influye en la estabilidad social de las ciudades. Entre los objetivos de la planificación urbana debería incluirse un ambiente estimulante que permita la expresión de la individualidad y fomente el sentimiento de pertenencia a una zona de la que puedan enorgullecerse sus residentes. Por consiguiente, se exhorta a las autoridades locales a: – desalentar más construcciones monótonas donde vivan familias hacinadas, a menudo en lugares inhóspitos y expuestos a la intemperie; – evitar la destrucción de edificios viejos y familiares, y su sustitución por edificios cuyas ventajas sociales y arquitectónicas sean cuestionables; – adaptar los viejos edificios a la infraestructura moderna, respetando su carácter original y preservando de este modo el patrimonio arquitectónico; – promover entornos agradables de noche y de día, cualesquiera sean las condiciones meteorológicas, prestando particular atención a la escala, la forma, el color, el paisaje, los materiales y el mantenimiento de los edificios y del espacio; – garantizar que los espacios abiertos, riberas de ríos y canales, parques, aceras y zonas peatonales favorecen la presencia de las personas y la realización de actividades, para promover un sentimiento de control y de seguridad en las comunidades; – elaborar un “plan de iluminación” para los lugares públicos de las ciudades, como terminales de autobuses y estaciones ferroviarias, así como para 31

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las zonas de poca visibilidad y oscuras, para fomentar entre los ciudadanos un sentimiento de seguridad; y garantizar el establecimiento de un mecanismo de control y de notificación para mantener y reparar los sistemas de iluminación; mantener y mejorar la calidad de los espacios públicos abiertos, evitando así actos de vandalismo; asegurar la igualdad de utilización de los espacios públicos por jóvenes y diferentes generaciones, sexos, razas y grupos desfavorecidos, para lograr un equilibrio al respecto; instalar sistemas de circuito cerrado de televisión y advertir de su presencia por medio de cámaras claramente visibles, en particular en el centro de las ciudades; con respecto a la vivienda, reducir los obstáculos para la adquisición de la misma, con objeto de estimular la inversión, crear niveles satisfactorios de mantenimiento y un sentimiento de compromiso y pertenencia; aprovechar las oportunidades que brinda el exceso actual en algunas zonas tanto de viviendas sociales como de viviendas ocupadas por sus propietarios, para adoptar un enfoque innovador que permita satisfacer las necesidades locales; promover la cooperación entre la policía, los diseñadores urbanos profesionales y los paisajistas, y garantizar que se imparte formación a las fuerzas policiales sobre la relación existente entre la criminalidad y el entorno edificado, por ejemplo, a través del nombramiento de agentes de enlace con conocimientos de arquitectura; elaborar y distribuir prospectos dirigidos al público donde se explique la relación causal entre la criminalidad y el entorno.

12. El transporte público y la seguridad en las carreteras En muchas ciudades no se ha logrado un equilibrio armonioso entre todos los usuarios de la calle – transporte público, zonas peatonales, ciclistas y vehículos privados. Las ciudades están con frecuencia saturadas por el transporte privado, lo que aumenta el riesgo de accidentes, la incertidumbre sobre la duración de los viajes y la contaminación. De igual modo, el número de accidentes de carretera mortales se ha incrementado, particularmente entre los jóvenes. Sin embargo, un sistema de transporte público de calidad que ofrece servicios fiables y frecuentes puede reducir considerablemente el uso de vehículos privados, mejorar la calidad del entorno y aumentar la seguridad, como se ha demostrado, por ejemplo, con la introducción de redes de tranvías de gran calidad en algunas ciudades europeas. Por consiguiente, es importante que las autoridades locales: – lleven a cabo estrategias encaminadas a aliviar la preocupación pública por la criminalidad y el temor a la misma asociado a los viajes en autobús, taxi, metro y tren, o al caminar, montar en bicicleta o conducir; – introduzcan un sistema de “oficiales de seguridad en los medios de transporte”, y de agentes de seguridad y de información que hacen uso de los medios de transporte público o trabajan en lugares próximos a los mismos; utilicen la televisión en circuito cerrado y establezcan un sistema de notificación satisfactorio en caso de observar un comportamiento perturbador o amenazador en los transportes públicos; – reconozcan que es necesario mejorar la educación de los niños sobre el transporte público y la necesidad de respetarlo; – utilicen la experiencia que no está suficientemente explotada de las entidades interesadas por la seguridad, tales como las fuerzas policiales, las brigadas de bomberos y los servicios sociales, esta experiencia podría ser utilizada por las autoridades encargadas de la planificación, la vivienda, las carreteras y el transporte; – adopten medidas en colaboración con la policía y las autoridades educativas para reducir el número de accidentes de carretera, garantizando el cumplimiento de las normas de tráfico y aumentando las multas en caso de infracción, y fomentando programas educativos y programas obligatorios de sensibilización orientados a los infractores graves. 33

13. La policía y las autoridades locales Ni las fuerzas policiales ni las autoridades locales pueden aplicar políticas para la prevención de la criminalidad sin una consulta y una cooperación activa por ambas partes. En algunos países, una nueva legislación impone la obligación de establecer asociaciones entre las autoridades locales y la policía. Dicha cooperación puede incluir cuestiones como, por ejemplo, decisiones sobre la zonificación de las áreas de intervención de la policía, las rondas locales y la coordinación de las patrullas móviles, así como la prestación de asesoramiento a los ciudadanos sobre el modo de reducir las oportunidades de crimen y robo. Por consiguiente, en algunos países puede haber sólidos argumentos para establecer fuerzas policiales municipales, que tendrían más en cuenta las preocupaciones expresadas por el público y se comunicarían con la población local en materia de criminalidad y de campañas de prevención. Comprenden perfectamente las condiciones locales y son las más adaptadas para fomentar un sentimiento de confianza en las comunidades locales. Pueden participar en reuniones de los distritos con representantes de todas las demás entidades interesadas y contribuir a la elaboración de planes sobre jóvenes, niños y mujeres. También pueden desempeñar un papel de mediadores, escuchar las opiniones de los ciudadanos locales, participar en cualquier campaña publicitaria emprendida por la autoridad local y garantizar la presencia de un agente de policía en cada vecindario. Por tanto, es importante que las autoridades locales: – eliminen los excesivos obstáculos administrativos para la coordinación y adopción de medidas encaminadas a reducir la criminalidad; – garanticen la buena coordinación y eviten los conflictos entre diversas organizaciones interesadas en la prevención de la criminalidad; – reconozcan que, a juicio del público, los policías uniformados que patrullan la zona a pie son el mejor método policial para prevenir la criminalidad local, y que, si aumenta su número, probablemente mejore la cooperación pública con la policía para prevenir mejor la criminalidad; – exhorten a las fuerzas policiales a garantizar que la composición de su personal refleja la diversidad que caracteriza la estructura de la población local; 35

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– desalienten la proliferación de fuerzas de seguridad independientes, que a menudo actúan sin tener en cuenta un control democrático; – aseguren que se establecen los acuerdos necesarios con las autoridades policiales y gubernamentales competentes, para considerar el establecimiento de una fuerza policial municipal; – garanticen que la fuerza policial municipal, tras su establecimiento conforme a una legislación clara, se halla bajo el control de la autoridad local, tiene responsabilidades claramente definidas, y cuenta con la financiación adecuada, un equipo técnico normativo y un personal debidamente calificado; – establezcan un sistema de cooperación entre la policía nacional y municipal, especificando al mismo tiempo sus funciones diferentes pero complementarias.

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14. La participación del público La participación del público en la democracia local debería ser un proceso bilateral gratificante que permitiera a la población local y a las autoridades locales atender sus necesidades y mejorar la prestación de servicios. Debería ayudar a aumentar la confianza del público y a mejorar la calidad de vida, al reducir la criminalidad, el miedo a la misma y el comportamiento amenazador. En efecto, la participación de la población debería ser el fundamento de todos los programas encaminados al desarrollo comunitario y social de los vecindarios, que tengan en cuenta al mismo tiempo la mejora del entorno y de los servicios públicos, en particular asegurando un servicio eficaz y económico, y los programas encaminados a fomentar el empleo. Una combinación muy efectiva es la adopción de medidas sencillas aplicadas de forma consistente y la participación de la población local. Las autoridades locales deberían luchar por participar al máximo en la planificación y prestación de los servicios y, del mismo modo, el público debería asociarse estrechamente a la prevención de la criminalidad. Las organizaciones no gubernamentales especializadas competentes son muy valiosas por su gran experiencia práctica, las numerosas informaciones de que disponen y sus posibilidades de interconexión. Por consiguiente, se insta a las autoridades locales a: – fomentar la participación del público a través de sistemas de vigilancia de los vecindarios y de otros mecanismos que alienten a los ciudadanos a defender sus creencias, proteger su propia seguridad y bienestar, y reconocer su deber cívico de combatir la discriminación y adoptar una actitud positiva frente a la criminalidad; – en colaboración con las autoridades encargadas de la vivienda, elaborar enfoques para crear espacios que se puedan defender y aumentar la seguridad de la vivienda, velando por la limpieza y el mantenimiento de las zonas residenciales para desalentar el vandalismo y los disturbios, y fomentar las iniciativas locales para la gestión y la participación directa de los residentes en la gestión de sus propiedades; – conocer regularmente las opiniones de la población local a través de encuestas, jornadas de puertas abiertas, foros de vecindario y cuestionarios, con objeto de evaluar constantemente la percepción del público sobre la criminalidad y el miedo a la misma; 37

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– elaborar una estrategia activa de comunicaciones, utilizando todas las técnicas posibles para garantizar que las comunicaciones y las informaciones llegan al mayor número de personas posible, utilizando panfletos y boletines informativos, documentos de consulta específicos, procedimientos para el tratamiento de las quejas, reuniones públicas, reuniones con políticos locales, foros de vecindario, encuestas, grupos de vecinos y de asociaciones, etc; – garantizar que la consulta se lleva a cabo al nivel que exija la cuestión y que sea significativo para la población local. En la medida de lo posible, ésta debería basarse en comunidades naturales, y evitar zonas geográficas artificiales.

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15. Los sectores manufacturero, comercial y privado Para reducir la criminalidad y mejorar la seguridad, es fundamental crear asociaciones y emprender iniciativas con el sector privado. El sector comercial es esencial para la calidad de vida de cualquier comunidad. Las elevadas tasas de criminalidad desalientan considerablemente la inversión comercial en la comunidad, y la percepción de la población local de los niveles de criminalidad desanima a las empresas a establecerse en la región. La reducción del robo y destrucción de vehículos y del robo en general influirá en la actitud de las compañías de seguros y reducirá los gastos que conlleva dirigir una empresa. La colaboración con el sector privado como actores fundamentales en las iniciativas puede tener efectos drásticos y crear un entorno comercial y urbano que la población local utilizará cada vez más. La utilización de la televisión en circuito cerrado, los aparcamientos vigilados y la mejora de las medidas de seguridad en los establecimientos comerciales son iniciativas que pueden emprenderse para mejorar la situación. Sin embargo, las asociaciones entre los sectores público y privado pueden funcionar de muchas otras formas. Es evidente que la financiación conjunta es una de las más importantes. Con frecuencia, esto puede consolidarse más al aunarse los recursos, de forma que el personal de diferentes sectores dedique parte de su tiempo a colaborar en un programa, que podría incluir iniciativas para reducir el número de robos en los comercios y domicilios, y los daños ocasionados a establecimientos comerciales; incrementar la seguridad de los centros comerciales, y aumentar el atractivo de calles y aparcamientos. La cooperación con el sector privado para reducir la criminalidad y sus oportunidades tiene otro aspecto importante, generalmente conocido como “prevención circunstancial”. El desarrollo económico y la avalancha de productos que se presentan a los consumidores han fomentado la criminalidad. Cuanto más productos ofrece el mercado, más probable es el robo de aquellos que más se utilizan en la vida cotidiana. También se alienta el robo al reducirse el tamaño de los productos fabricados. Las mejoras tecnológicas sirven fundamentalmente para aumentar el atractivo de los productos, no para dificultar el robo de los mismos. Los países han fracasado en el intento de adoptar una política uniforme de fabricación de productos como los equipos audiovisuales. Del mismo modo, al 39

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diseñarse los vehículos tampoco se tienen en cuenta los problemas del robo, como tampoco se tienen presente en los edificios públicos o privados unas normas de seguridad, ni se utilizan medios electrónicos para controlar el acceso al público. Si bien muchos países han establecido sistemas de inspección para prevenir incendios y otros desastres, no toman medidas para hacer frente a la inseguridad generada por la criminalidad. Tampoco los diseñadores ni las empresas constructoras comprenden la necesidad de tener en cuenta estas consideraciones en materia de seguridad. Se insta a las autoridades locales a: – considerar el establecimiento de asociaciones con el sector privado orientadas a la realización de actividades, y que incluyan los sectores manufacturero, comercial y privado en su proceso de consulta; – utilizar la experiencia de los trabajadores del sector privado a través de traslados a corto plazo y de intercambios de trabajo, y logrando que participen en el trabajo realizado por asociaciones de multiagencias en la zona local; – alentar a las industrias locales manufactureras y comerciales a llevar a cabo la prevención circunstancial, es decir, a adoptar medidas para reducir las oportunidades de criminalidad y aumentar las posibilidades de detección; – garantizar la planificación urbana que contemple normas arquitectónicas y medidas de seguridad. Las normas de seguridad deberían aplicarse a varios lugares, como las urbanizaciones (tipos de aparcamiento, garajes privados), vecindarios (talla, densidad y altura de los edificios) o edificios individuales (tipos de entrada, dispositivos de seguridad, etc.).

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16. La adaptación de los sistemas judicial y penal, y el apoyo a las víctimas El sistema judicial a menudo es complicado y no puede aplicarse a todas las situaciones. No siempre está suficientemente adaptado para proteger a los ciudadanos de forma adecuada, ni se considera suficientemente disuasorio en todos los casos. Las instituciones judiciales tampoco quedan exentas de incidentes y alegaciones de negligencia, lo que redunda en la pérdida de confianza de las personas en las estructuras políticas y judiciales para combatir la criminalidad. De poco sirve que la policía y las políticas de prevención selectivas hayan mostrado una productividad mejorada, si los procedimientos seguidos para llevar a juicio a las personas son excesivamente lentos, si las sentencias dictadas son inapropiadas para los infractores o las víctimas, y si los tribunales son inaccesibles. La prisión sigue siendo el pilar central del sistema penal, pero ya no basta para hacer frente a la inseguridad que reina en nuestras ciudades. La jurisdicción penal interviene en cada caso individual, con pocas políticas permanentes o coherentes. Si este sistema no funciona debidamente, puede crear el mismo sentimiento de inseguridad que la criminalidad propiamente dicha. Durante años, la jurisdicción penal no ha respondido a todos los casos de comportamiento incívico y de delitos menores. También es preciso considerar los métodos y actividades de los tribunales. Es indudable que deberían preverse tribunales en lugares próximos y en los vecindarios, que pudieran actuar rápidamente en los distritos y vecindarios periféricos, particularmente en los casos en que existen alternativas a los procedimientos tradicionales, tales como la conciliación, la mediación, la indemnización y los servicios comunitarios. Las respuestas apropiadas podrían ser las siguientes: – llevar a cabo una descentralización en los sistemas judiciales, es decir, establecer centros locales de justicia y orientación jurídica, donde podrían realizarse una serie de actividades, por ejemplo, aplicar las sentencias, ofrecer servicios para infractores, así como asesoramiento jurídico y ayuda a las víctimas, y organizar reuniones entre infractores y víctimas. Los centros podrían establecerse en zonas de bajos ingresos, lejos de los tribunales más cercanos, con la colaboración de las autoridades locales, que contribuirían a su financiación y a sus operaciones; 41

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– establecer un organismo de múltiples copartícipes para tratar con jóvenes infractores habituales. Podría actuar en zonas desfavorecidas y se basaría en los cuatro principios siguientes: los tribunales no ofrecen la mejor respuesta, la mayoría de los infractores tienen potencial para cambiar, las posibilidades de éxito son mayores si todas las entidades interesadas unen sus esfuerzos y, por último, deben tomarse medidas para garantizar que las personas deseen permanecer en la comunidad; – establecer un programa de contratos para infractores jóvenes a nivel nacional, que les ofrezca la oportunidad de participar en actividades aprobadas, como empleo o formación, a cambio de retirar la acusación; – promover y recompensar el valor cívico, por ejemplo, garantizando la protección de los testigos; – ofrecer una serie de alternativas a la prisión que no supongan la privación de la libertad, por ejemplo, trabajo comunitario, y ejercer presión para que la legislación facilite la utilización de estas medidas; – facilitar oportunidades de empleo a los infractores, o ayudar a terceros a ofrecérselas, incluyendo medidas orientadas a prestar asesoramiento y a proporcionar acceso al mercado de trabajo, formación profesional y oportunidades educativas; – establecer organismos nacionales para apoyar a las víctimas, que faciliten información, asesoramiento y apoyo tanto a éstas como a sus familias. Los miembros deberían incluir representantes de diferentes sectores (policía, servicios sociales, servicios médicos y organismos voluntarios).

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17. La integridad administrativa y política El abuso de un cargo público para obtener beneficios privados ha minado considerablemente la confianza del público en general en los representantes que ellos mismos habían elegido, así como la capacidad del sistema político de abordar con éxito el problema de la criminalidad. Los representantes elegidos localmente cumplen con sus obligaciones en el marco de la legislación y en conformidad con el mandato que les ha sido asignado. Son responsables de toda la población local, incluidos los electores que no les votaron. Es fundamental que el respeto del mandato del electorado vaya estrechamente unido al respeto de las normas éticas; también es indispensable establecer una relación de confianza para que los representantes elegidos desempeñen sus funciones eficientemente. No obstante, en los últimos años han salido a la luz algunos escándalos judiciales en los que estaban involucrados representantes que habían cometido infracciones durante su mandato y que habían utilizado su cargo público en beneficio propio, en muchos casos haciendo uso indebido del tesoro público. Es fundamental que las autoridades locales elegidas: – respeten las normas de comportamiento, como cabe esperar de los representantes elegidos en el cumplimiento de sus deberes; – actúen en todo momento en conformidad con la ley, sirviendo el interés público y no el interés privado de las personas para obtener beneficios personales; – eviten cualquier conflicto de intereses, así como deliberar o votar cuestiones que revistan un interés personal directo o indirecto; – eviten desempeñar funciones, ocupaciones y cargos que supongan la supervisión de sus propias responsabilidades como representantes electos; – se abstengan de adoptar cualquier conducta considerada soborno pasivo o activo en conformidad con el derecho penal nacional o internacional; – garanticen que, en el cumplimiento de sus deberes, no tendrá lugar una malversación del tesoro público y que éste no se utilizará para objetivos personales directos o indirectos; – en lo concerniente a las relaciones con el público en general, publicar o fundamentar todas las decisiones; 43

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– garanticen que los nombramientos del personal administrativo en sus autoridades locales se basan en sus méritos y en su capacidad y experiencia profesionales; – respondan honesta y abiertamente a las preguntas de los medios informativos sobre el ejercicio de sus funciones, respetando al mismo tiempo la información confidencial sobre las vidas privadas de los representantes elegidos; – informen a su electorado sobre el Código Europeo de Conducta para los Representantes Locales y Regionales Electos, tal como fue redactado por el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE) del Consejo de Europa.

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18. La criminalidad transfronteriza La actividad criminal se concentra a lo largo de las nuevas fronteras, derivadas en parte de la división de Europa en zonas pertenecientes y no pertenecientes al espacio Schengen. Las fronteras pueden cruzarse fácilmente para realizar actividades criminales, en particular con la ayuda de las nuevas tecnologías, si bien siguen siendo un obstáculo para la policía y para las políticas de prevención y represión. La frontera es a menudo el lugar donde se forjan las opiniones sobre el país vecino, especialmente en lo concerniente a la integración europea en general. El comercio e intercambio de productos de contrabando, como drogas, armas, vehículos y alcohol suponen una amenaza particular para las ciudades fronterizas. Es importante que las autoridades locales y transfronterizas: – reconozcan que la lucha contra la criminalidad transfronteriza requiere suficientes recursos y esfuerzos; – promuevan el establecimiento de una cooperación transfronteriza entre autoridades locales y regionales para la prevención y el control de la criminalidad; – eliminen los obstáculos mentales, legales y administrativos que impiden a las autoridades locales, regionales y policiales combatir efectivamente la criminalidad transfronteriza; – fomenten el establecimiento de tratados bilaterales o multinacionales que permitan a las autoridades locales y regionales y a las fuerzas policiales unir sus esfuerzos sobre la base del Convenio marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territoriales (ETS núm.106), y permitir así que se firmen acuerdos sobre la prevención y/o acción judicial transfronteriza; – recurran a organizaciones transfronterizas en Europa, cada vez más numerosas, en su mayoría representadas en la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, como medio para el intercambio de experiencias e iniciativas; – se esfuercen por alentar a las organizaciones internacionales a destinar fondos a programas de asistencia nuevos o ya establecidos, encaminados a la prevención de la criminalidad transfronteriza. 45

19. Nuevas profesiones Un enfoque más amplio basado en la comunidad para la prevención de la criminalidad ha conducido a que las autoridades locales identifiquen nuevas profesiones. Se exhorta a las autoridades locales a promover nuevas actividades y profesiones, por ejemplo las siguientes: – personal de seguridad en las vías públicas, responsable de supervisar las zonas de aparcamiento y de prevenir conductas que puedan suponer una amenaza para la seguridad, como la mendicidad practicada por drogadictos o el robo de vehículos; – personal de seguridad de zonas residenciales, encargado del mantenimiento técnico en partes comunes de los edificios y de vigilar el vecindario, y al que puedan recurrir los residentes en primer lugar si surgen problemas; – mediadores sociales locales que puedan actuar en todas las zonas públicas como canales de comunicación para los servicios públicos y para apaciguar conflictos; – “corresponsales nocturnos” que trabajen en urbanizaciones con gran actividad nocturna, vigilen partes comunes de los edificios, acudan a los domicilios si se requiere su ayuda, hagan frente a los problemas del alcoholismo, la violencia doméstica, niños que escapan de casa y ascensores averiados, y que trabajen en colaboración con la policía, los trabajadores sociales y los servicios de emergencia; – utilización de infractores jóvenes, integrándoles en una asociación voluntaria que actúe en un centro comercial para ayudar a las personas mayores a llevar las compras; – personal de seguridad en hospitales, para responder al número creciente de confrontaciones entre los pacientes, los visitantes y el personal.

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20. Cooperación europea y asociaciones internacionales La prevención de la criminalidad exige la cooperación entre gobiernos, autoridades policiales y organismos independientes. También requiere la colaboración de las autoridades locales, que desempeñan un papel fundamental en lo concerniente a: – fomentar las asociaciones entre ciudades para prevenir la criminalidad, en particular con las que tienen enfoques innovadores con éxito; – intercambiar información, buenas prácticas y experiencias entre los países, para facilitar la comprensión de la información y ampliar la accesibilidad a la misma; – ayudar a los ciudadanos a sentirse menos aislados, mostrándoles que la criminalidad urbana afecta a todo el mundo; – participar colectivamente, con asociaciones nacionales o internacionales, o como parte de organizaciones intergubernamentales tales como el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa, del Consejo de Europa, y el Comité de las Regiones en la Unión Europea, en las actividades siguientes: - fomentar enfoques integrados para hacer frente a los problemas de la criminalidad y la seguridad, y promover una experiencia de éxito; - tomar medidas para asegurar que los sistemas de gobierno nacional conduzcan al establecimiento de entornos seguros; - elaborar informes y organizar la cooperación internacional sobre diferentes aspectos de la prevención de la criminalidad; - exhortar a los organismos internacionales a emprender programas de acción al respecto, – promover el establecimiento de una red de centros de comunicación para facilitar el intercambio de informaciones sobre prevención de la criminalidad, asistencia a las víctimas y otros temas de interés general, entre agentes de los gobiernos central y local, universidades y otros organismos.

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