Fecha de Publicación: 30 de agosto de 2016

Artículo

Reto de México para crecer es más político que económico Contactos analíticos: Joydeep Mukherji, Nueva York, 1 (212) 438-7351; [email protected]; Sebastián Briozzo, Ciudad de México, 52 (55) 5081-4524; [email protected]

El desempeño económico de México durante las últimas dos décadas demuestra que las reformas estructurales y la estabilidad macroeconómica pueden ser benéficas –más no siempre suficientes– para impulsar el crecimiento económico en países con deficiencias en la gobernabilidad y en la aplicación de la ley. A pesar de llevar a cabo más reformas estructurales que la mayoría de los mercados emergentes, la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México ha sido decepcionante. El crecimiento del PIB real per cápita durante 2011-2015 promedió solamente 1.7%, lo que es lento para una economía emergente. La combinación de reformas estructurales, políticas fiscales y monetarias cautelosas y un tipo de cambio de libre flotación ha mantenido la estabilidad económica en México en los últimos años. Tal estabilidad ha contribuido a una menor inflación y ha incrementado el ingreso disponible, estimulando así un mayor consumo. Sin embargo, S&P Global Ratings considera que esto ha tenido un bajo impacto para impulsar la inversión privada, lo que aunado a la baja inversión del sector público en infraestructura, ha limitado la tasa de crecimiento del PIB del país Resumen

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A pesar de haber llevado a cabo más reformas estructurales que la mayoría de los mercados emergentes, la tasa de crecimiento del PIB de México ha sido decepcionante en las últimas dos décadas.

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Las deficiencias en la gobernabilidad y en la aplicación de la ley siguen limitando la inversión, lo que ha deteriorado la efectividad de las reformas estructurales.

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El bajo crecimiento ha contribuido a un firme aumento de la carga de la deuda del gobierno general de México, que probablemente se acerque a entre 47% y 48% del PIB en 2018-2019, desde solo 28% en 2005.

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La disminución histórica de las ‘válvulas de seguridad’ que proveían los elevados ingresos petroleros y la emigración aumenta la importancia de contar con un liderazgo político que pueda impulsar rápidamente la creación de empleos y el crecimiento económico.

El bajo crecimiento económico y los persistentes déficits fiscales moderados han contribuido a incrementar de manera firme la carga de la deuda del gobierno general en los últimos 10 años. Esperamos que la deuda neta del gobierno general se sitúe en 45% del PIB en 2016 y entre 47% y 48% del PIB en 2018-2019. El índice de deuda ha aumentado de manera firme desde solamente 28% del PIB en 2005. Aunque la carga de deuda es moderada, México cuenta con un menor margen de maniobra fiscal que hace una década. El firme crecimiento de la deuda contribuyó a que S&P Global Ratings decidiera revisar la perspectiva a negativa de estable de las calificaciones de largo plazo en moneda extranjera ‘BBB+’ y local ‘A’ de México el 23 de agosto de 2016. La perspectiva negativa refleja una posibilidad de al menos una en tres de que bajemos la calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas, y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante shocks adversos. Consideramos que el mediocre desempeño de México para crecer se debe en gran parte a razones que no están relacionadas con la economía. El país entró en un periodo de apertura política y una mayor democracia en 2000, después de casi 70 años de gobierno de un solo partido. En 2000 los mexicanos eligieron a su primer presidente que no pertenecía al dominante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado desde la década de 1920. El sistema de pesos y contrapesos políticos del país ha mejorado desde 2000, pero sigue siendo débil. Una democracia que está madurando gradualmente ha generado estabilidad y cambios regulares de gobierno, pero no ha derivado en un dinamismo económico, en mayor desarrollo social, ni ha mejorado la seguridad pública. En nuestra opinión, el deslucido desempeño económico del país refleja en gran parte el asunto no concluido de la transición del gobierno de un partido hacia un nuevo sistema político basado en un mayor pluralismo, división de poderes, transparencia y rendición de cuentas. Es más político que económico el desafío de fortalecer la aplicación de la ley (incluyendo poner fin a la politización del sistema de justicia penal), mejorar la calidad de los servicios públicos y crear un consenso en políticas que favorezcan el crecimiento. Consideramos que el discurso público en México a veces contempla un intercambio implícito entre los pasos para impulsar directamente el crecimiento del PIB y la necesidad de mantener la estabilidad económica, en vez de ver a estos dos objetivos como complementarios. La necesidad de moverse rápidamente para impulsar el crecimiento económico se hace cada vez más urgente ante la firme reducción de las dos “válvulas de seguridad” históricas de México que han compensado la debilidad de su crecimiento económico: la emigración y los elevados ingresos petroleros. La elevada probabilidad de una menor emigración y de menores ingresos petroleros en los años siguientes aumenta la importancia, en nuestra opinión, de moverse rápidamente para implementar políticas que impulsen la creación de empleos y el crecimiento a fin de contener potenciales tensiones sociales y políticas.

Crecimiento económico estable, pero deslucido México ha llevado a cabo más reformas estructurales que la mayoría de los mercados emergentes. Durante las últimas dos décadas, el país ha fortalecido su política monetaria (estableciendo metas de inflación), ha ampliado su base tributaria, ha adoptado reglas formales para su política fiscal, ha buscado acuerdos de libre comercio (aprovechando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Estados Unidos y Canadá [TLCAN]), ha privatizado gran parte de su sistema financiero, ha abierto el sector de energía a la inversión privada, ha promovido la inversión extranjera directa (IED), ha liberalizado su alguna vez oligopólico sector de telecomunicaciones y ha emprendido reformas para los sectores educativo y financiero.

La reforma económica, la integración internacional y la cautelosa política macroeconómica han contribuido a estabilizar la economía mexicana tras varias décadas de inestabilidad, que incluían elevada inflación y crisis financieras. Actualmente, el peso mexicano es una moneda que se negocia activamente y representa una contrapartida de entre 2% y 3% de las transacciones globales (de acuerdo con datos del Banco de Pagos Internacionales), la mayor participación para un mercado emergente. Aproximadamente tres cuartas partes de las transacciones financieras que involucran al peso mexicano no incluyen a un participante mexicano, una señal de confianza del mercado en un país que alguna vez estuvo afectado por la hiperinflación. Hoy en día, México es uno de los cinco principales productores de automóviles a nivel mundial, gracias al TLCAN en gran medida. El país alberga a más de 35 plantas armadoras automotrices y cientos de fábricas que producen autopartes y equipo. México inició una etapa de estabilidad económica a finales de la década de 1990 e hizo una transición exitosa hacia un sistema político de partidos múltiples en 2000 cuando el PRI que gobernó por tanto tiempo, perdió tanto la presidencia nacional como su mayoría en ambas cámaras del Congreso. Desde entonces, ha habido continuidad en las políticas fiscales y monetarias a pesar de los cambios de gobierno entre el Partido Acción Nacional (PAN) de centro-derecha y el PRI de centro-izquierda. No obstante, modernizar las reglas del juego económico y político en México ha tomado más tiempo del que la mayoría de la gente esperaba ante un entorno cada vez más democrático. En nuestra opinión, las debilidades institucionales y políticas del país han evitado que aproveche por completo la estabilidad macroeconómica, el libre comercio con Estados Unidos y Canadá y su creciente integración económica internacional. La tasa de crecimiento económico de largo plazo de México ha sido moderada, si no decepcionante. El PIB de México creció más lento que el PIB de Estados Unidos durante 19982007, el periodo previo a la crisis financiera estadounidense (2.9% en promedio en comparación con 3% en Estados Unidos). Incluso durante los años de auge a nivel mundial, el crecimiento de México se rezagó respecto del de la mayoría de sus pares de mercados emergentes, con un promedio de 3.4% durante 2004-2008 (vea la Gráfica 1). Esperamos que la economía probablemente crezca poco más de 2% en 2016 y un 3% durante el periodo 2017-2019, asumiendo que el crecimiento en Estados Unidos es continuo y estable y un incremento gradual de la inversión privada en el sector energético.

El bajo crecimiento refleja una productividad inadecuada. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera creció 4.6% anualmente en las últimas dos décadas en Estados Unidos, casi el doble que el promedio de 2.4% en México. La integración económica no ha derivado en una convergencia hacia los niveles de eficiencia laboral de manufactura de Estados Unidos. Las bajas cifras de productividad de la década pasada reflejan en parte la incapacidad para redistribuir la fuerza laboral desde los sectores de baja productividad a los de alta productividad en la economía, que comúnmente es un canal importante para impulsar la productividad en la mayoría de los países. Gran parte de la redistribución de la fuerza laboral en México se ha dirigido al sector de servicios, especialmente en trabajos informales de baja productividad. Más de la mitad de la fuerza laboral total en el país se desempeña en el sector informal, y la informalidad representa entre 45% y 80% de la fuerza de trabajo entre los diferentes estados. La amplia economía informal ha contribuido a que los salarios sean bajos y ha afectado el consumo interno. Los bajos salarios reales contienen la demanda interna en México, exacerbando su dependencia de la demanda externa, principalmente la proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con la información de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo legal en México es menos de la mitad que la mediana de salarios mínimos en América Latina (vea la Gráfica 2). Además, de acuerdo con los datos de la OCDE, el salario mínimo mexicano (ajustado por inflación) creció solamente 0.6% anual en promedio durante 2010-2015 (utilizando tipos de cambio de la paridad de poder de compra).

Brecha económica regional Los números de crecimiento promedio del PIB de México encubren tendencias regionales divergentes. Durante 2006-2015, el crecimiento promedio 4.5% en los seis estados de crecimiento más rápido (Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas y Quintana Roo), en comparación con solo 0.8% para los seis estados de crecimiento más lento (Durango, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Chiapas y Campeche), como se muestra en la Gráfica 3. Entre los estados de más rápido crecimiento, Quintana Roo (con una calificación en la escala nacional para México de ‘mxBBB’) se beneficia del auge de la industria del turismo (que incluye Cancún y la Riviera Maya). El impresionante crecimiento en otros estados refleja en gran parte factores cualitativos más difíciles de discernir. Por ejemplo, Nuevo León (con una calificación en la escala nacional para México de ‘mxA-’) ha sido históricamente un poderoso motor industrial para la economía mexicana, reflejando su larga tradición de asociación entre la comunidad empresarial local, los funcionarios gubernamentales y el sector educativo. Calificamos a los estados de Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro con ‘mxAA+’ en nuestra escala nacional para México, el nivel más alto (los últimos dos también tienen calificaciones en escala global de ‘BBB’ y son los únicos estados mexicanos con una calificación global). Estos tres estados, ubicados en una región conocida como “El Bajío” han mostrado continuidad en su administración económica al mismo tiempo que han implementado políticos que les han ayudado a construir infraestructura física y atraer inversión de grandes multinacionales en tanto que mantienen un mejor desempeño fiscal y en temas de seguridad (y con niveles de deuda moderados) que la mayoría de los otros estados.

Los estados de crecimiento más rápido generalmente ya tienen una mayor riqueza que el estado mexicano promedio, con base en el PIB per cápita. Nuevo León es el estado con más riqueza en el país (rebasado solamente por la Ciudad de México, la capital nacional), seguido de Querétaro (cuarto), Quintana Roo (quinto) y Aguascalientes (noveno). Sin embargo, los otros dos estados que tienen un buen desempeño no tienen mucha riqueza, pues Guanajuato se ubica en la posición 15 y Zacatecas en el lugar número 20 entre los 31 estados mexicanos y la Ciudad de México. Claramente, algunas partes del país han aprovechado la estabilidad económica y el buen acceso al mercado de Estados Unidos y han promovido con éxito la inversión del sector privado. Muchos de los estados con crecimiento más rápido han logrado significativa IED, especialmente en la industria automotriz. Algunos han creado una base industrial fuerte que ha atraído IED en actividades novedosas y más sofisticadas, como la construcción de aeronaves en Querétaro. Aunque la proximidad al mercado estadounidense debería contribuir a alentar una mayor inversión y crecimiento, muchos estados del norte de México han tenido un desempeño débil en comparación con los estados del centro en la región del Bajío. Por ejemplo, los estados fronterizos de Baja California y Tamaulipas están entre los de crecimiento más lento del país, lo que indica que una débil gobernabilidad puede socavar las ventajas de una ubicación geográfica favorable. Los estados del sur, con algunas excepciones notables, han tenido una menor capacidad para alentar la inversión privada. Dos de los estados con crecimiento más lento, Oaxaca y Chiapas, también son los estados más pobres en el país (en términos de ingreso per cápita). De acuerdo con la OCDE, el sector informal ha estado empleando un creciente porcentaje de trabajadores en los últimos años en dos terceras partes de los estados mexicanos, lo que refleja su estancamiento económico.

Reducción de las válvulas de seguridad: Ingresos petroleros y emigración La migración a Estados Unidos y los abundantes ingresos petroleros han ayudado durante mucho tiempo a que México compense su débil crecimiento económico. Estos dos factores han brindado al país dos ‘válvulas de seguridad’ al reducir el desempleo e impulsar el ingreso, tanto a través de las remesas a las familias en México como de los ingresos petroleros para el gobierno, conteniendo así las tensiones sociales y políticas, a pesar del bajo crecimiento del PIB. Sin embargo, los beneficios económicos para México derivados de la emigración y el petróleo podrían reducirse en los próximos años debido a una migración potencialmente baja a Estados Unidos y a la caída en la producción petrolera del país en medio del colapso de los precios internacionales del petróleo. Aproximadamente 10% de la población nacida en México y casi 15% de la población en edad laboral, vive actualmente en Estados Unidos. De acuerdo con estimaciones no oficiales, hay aproximadamente 11 millones de mexicanos (sin contar a los descendientes de los inmigrantes mexicanos) viviendo en Estados Unidos, de los cuales poco menos de seis millones son residentes legales. Las remesas de los mexicanos que viven fuera del país superaron los US$25,000 millones en 2015 (aproximadamente 2.4% del PIB), poco más que los ingresos por exportaciones petroleras. De acuerdo con estudios sobre los flujos de remesas, la participación de los ingresos enviados a México por inmigrantes que trabajan en Estados Unidos cayeron a 10.1% en 2014, desde 12.5% en 2007. La edad promedio de los mexicanos que residen en Estados Unidos aumentó a 40.6 desde 35.1 en dicho periodo, lo que refleja en gran medida la migración más baja de gente joven hacia Estados Unidos en años recientes. Los migrantes de mayor edad, especialmente mayores de 55 años, comúnmente envían una menor parte de sus ingresos a México, en comparación con los migrantes entre 18 y 44 años de edad (datos obtenidos de Nota de Remesas, #4, 2016, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos). La combinación de una probablemente disminuida nueva migración en los próximos años, junto con el envejecimiento de la población migrante que envía una menor parte de sus ingresos a México, podría empeorar el desempleo local y reducir los ingresos futuros por remesas. Las sustanciales entradas fiscales del sector petrolero permitieron al gobierno mexicano mantener déficits fiscales moderados durante muchos años, a pesar del modesto crecimiento económico y los bajos ingresos no petroleros. El sector petrolero estaba completamente administrado por Petróleos Mexicanos, empresa propiedad del gobierno que gozaba de una posición monopólica hasta la reforma constitucional de finales de 2014 que abrió el sector a empresas privadas. Durante los años de elevados precios del petróleo, los ingresos por este rubro alcanzaron de 6% a 8% del PIB, lo que proporcionaba más de una tercera parte de los ingresos del sector público. No es probable que esos ingresos regresen a sus niveles anteriores, incluso si los precios del petróleo subieran por encima de las expectativas actuales del mercado. En 2016, proyectamos que los ingresos petroleros para el sector público podrían caer por debajo del 4% del PIB desde 8.9% en 2012, una pérdida de alrededor de cinco puntos porcentuales del PIB. La producción mexicana de petróleo ha caído por debajo de 2.2 millones de barriles diarios (mbpd) en 2016 desde 3.3 mbpd en 2004 (vea la Gráfica 4). Esperamos que la producción de Pemex probablemente se estabilice en torno a 1.9 mbpd en 2018. México refinó alrededor de 1 mbpd de petróleo a mediados de 2016, desde cerca de 1.3 mbpd en 2006. Ahora importa aproximadamente 60% de su gasolina de refinerías en Estados Unidos. Las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados cayeron a 2% del PIB en 2015 desde 4.5% en 2012 (vea la Gráfica 5). Pemex reportó pérdidas por US$40,000 millones en 2015, en comparación con US$18,000 millones del año anterior. Registró una pérdida de US$7,700 millones en el primer semestre de 2016 y el capital neto reportado es negativo por US$76,000. Las reservas de petróleo y gas del país (incluyendo probadas, probables y posibles) cayeron a 37,400 millones de barriles de petróleo equivalente en 2015 desde 44,500 millones dos años antes.

El descenso de la producción petrolera ha tenido un mayor impacto en las cuentas fiscales y externas de México que en sus expectativas de crecimiento debido a que la actividad relacionada con el petróleo y gas representa solo 4% del PIB (frente al 9% en 2004). Las exportaciones petroleras representan aproximadamente 5% de las exportaciones totales (en comparación con 15% hace cuatro años), y ahora constituyen menos de 20% de los ingresos del sector público (frente a un 40% de tres a cuatro años atrás).

El gobierno ha logrado absorber gran parte de la pérdida fiscal del sector petrolero debido en gran parte a la oportuna reforma fiscal a finales de 2013, que impulsó la recaudación tributaria a 13% del PIB el año pasado desde 9.7% en 2012. No esperamos que el gobierno tome otras medidas que impulsarían sustancialmente los ingresos tributarios no petroleros en los próximos tres años, debido a la fuerte oposición pública ante una mayor carga tributaria. Tampoco es probable que los ingresos petroleros aumenten significativamente en el siguiente par de años. Además, cualquier incremento en los ingresos podría verse opacado por una reducción gradual en los ingresos fiscales provenientes de Pemex a medida que el gobierno modifica la todavía pesada carga tributaria y de tarifas de la empresa petrolera para darle más recursos que fortalezcan sus propias finanzas actualmente débiles.

Débil aplicación de la ley y deficiencias en la gobernabilidad Consideramos que el fortalecimiento del ejercicio de la ley y superar el legado de debilidad institucional son quizás los dos más grandes problemas políticos que afronta México hoy en día, lo que limita su crecimiento económico y exacerba sus tensiones políticas. Tales tareas todavía son parte de los temas pendientes de la transición en décadas recientes para alejarse del régimen de partido único hacia un mayor pluralismo y división del poder político. México renuncia quizá a 1% de crecimiento en el PIB anualmente debido al impacto de la delincuencia y la violencia, de acuerdo con estimaciones oficiales. Los historiadores estiman que más de un millón de mexicanos murieron durante 1910-1920, un periodo de revolución y conflictos civiles que ocurrió entre el final de la dictadura del Presidente Porfirio Díaz y el inicio del régimen priista. En comparación, algunas estimaciones no oficiales sugieren que más de 180,000 mexicanos murieron entre 2007-2014 debido en gran parte a la delincuencia –pero durante un periodo de estabilidad económica, elecciones democráticas y cambios pacíficos de gobierno a nivel federal y local.

No resulta sorprendente que los mexicanos tengan más miedo de la delincuencia de que lo que les preocupa el empleo, de acuerdo con encuestas de opinión pública. La fuerte sensación de inseguridad se agrega a la percepción común de que las redes de delincuentes algunas veces trabajan de la mano de autoridades gubernamentales y de elementos de las fuerzas de seguridad. Muy pocos delincuentes son arrestados y sentenciados. Solamente 7% de los delitos reportados se investigan y menos de 2% se resuelven, de acuerdo con cifras oficiales. Uno de los aspectos más importantes del legado político de México es la debilidad institucional. Bajo el régimen anterior de partido único, a menudo existió una gran brecha entre quienes tomaban las decisiones reales en sectores particulares de la economía y la estructura formal de poder como se establece en la Constitución y en sus leyes. Como resultado de ello, poderosos grupos (tales como partidos políticos, sindicados, cámaras empresariales y comerciales, grupos de presión y asociaciones profesionales) y personas pueden a menudo bloquear o socavar el funcionamiento de las instituciones públicas. El viejo PRI concedió privilegios a muchos grupos a cambio de su lealtad al sistema político y de su aceptación de que el PRI sería el árbitro final en cualquier tema importante, especialmente si concernía a otros grupos de interés. El enfoque principal era mantener el control político mediante una élite que alcanzaba a todos los niveles de la sociedad. Ello dependía del todopoderoso presidente quien era el que tomaba las decisiones a final de cuentas. Gran parte del viejo sistema se ha ido gracias a cambios más frecuentes en el gobierno en todos los niveles y a una transparencia creciente. El mayor cambio ha sido a nivel nacional, con una reducción considerable de los poderes de la presidencia alguna vez “imperial” por parte de un Congreso más autónomo y con gobernadores de los estados que ahora son más independientes políticamente. Sin embargo, el presidente y los gobernadores todavía son muy poderosos, en comparación con los débiles congresos estatales y a nivel federal que a menudo no logran presentar adecuados contrapesos al poder ejecutivo, en nuestra opinión. La democracia ha aumentado el número de personas involucradas en la toma de decisiones, pero no ha creado mecanismos claros, transparentes y de rendición de cuentas para ejercer el poder. En palabras del académico mexicano Luis Rubio: “El poder se dispersó, pero no se institucionalizó… Es el peor de los mundos: no se desarrollaron mecanismos nuevos para resolver problemas ni capacidad para utilizar los de antaño” (Una utopía mexicana: el Estado de derecho es posible, Wilson Center). El fracaso para reformar y fortalecer las instituciones ha minado la calidad de la democracia, el sistema legal y judicial y la gobernabilidad en general, en nuestra opinión. Además, consideramos que la débil gobernabilidad y la corrupción han facilitado el enorme nivel de delincuencia y violencia que ha plagado México en los últimos años. “En otras palabras, el problema de México no es la criminalidad y la violencia, sino de ausencia de Estado, ausencia de instituciones gubernamentales competentes capaces de mantener el orden, imponer reglas y ganarse el respeto de la ciudadanía” (Una utopía mexicana: el Estado de derecho es posible, Wilson Center). No es sorprendente que las encuestas de opinión pública muestren un bajo respaldo para el presidente, el congreso nacional y la clase política en su conjunto. Gran parte del desafío corresponde al nivel estatal, donde muchos gobernadores han obtenido poderes discrecionales que estaban en manos de la poderosa presidencia durante el siglo pasado. Los gobernadores a menudo afrontan muy poco escrutinio de sus débiles congresos locales y algunas veces ejercen dominio sobre la prensa y el sistema judicial locales. Los líderes de los estados anteriormente eran vigilados y en ocasiones castigados por el poderoso gobierno central bajo el liderazgo del

todopoderoso presidente en el viejo sistema político. En nuestra opinión, la disminución de los poderes presidenciales con la llegada de la democracia eliminó la presión para contrabalancear y, en algunos casos fincar responsabilidad, sobre los líderes de los estados en tanto que el sistema judicial siguió siendo débil e incapaz de frenar efectivamente las conductas ilegales. Las encuestas muestran que muchos mexicanos perciben que existe un elevado nivel de corrupción entre los gobernadores y los gobiernos estatales en conjunto, con redes criminales que a veces trabajan de la mano de los gobiernos locales para eliminar las libertades cívicas y políticas y también para generar ingresos ilícitos. Un total de 43 gobernadores fueron acusados con cargos de corrupción durante 2000-2013 pero solamente dos han sido encarcelados.

Afrontando los desafíos Pese a sus muchos problemas, México ha mostrado capacidad en los últimos años para llevar a cabo difíciles reformas económicas y políticas, mejorar aspectos de la gobernabilidad y lograr avances locales en contra de la delincuencia y la violencia. La presión para cambiar proviene de una sociedad civil crecientemente asertiva que tiene cada vez más influencia sobre el diálogo público y sobre el liderazgo político. Reforzando esa tendencia se encuentra una mayor transparencia gracias a los cambios más regulares de gobierno y a la proliferación de los medios, tanto de la antigua prensa como de los nuevos canales sociales de comunicación (social media). En nuestra opinión, la democracia se está profundizando gradualmente a nivel local, aumentando las perspectivas de una mejor gobernabilidad. El lento cambio político a nivel local podría impulsar gradualmente la rendición de cuentas y la transparencia. Actualmente, la mayoría de los estados mexicanos ya ha experimentado un cambio ordenado de gobierno, pre-requisito para una mayor democracia y rendición de cuentas. A mediados de 2016, el PRI perdió la elección por primera vez en cuatro estados (Durango, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo) que había gobernado desde la década de los años 20. En otro paso positivo, el gobierno nacional recientemente aprobó una nueva ley fiscal para los gobiernos subnacionales que deberá impulsar la puntualidad y transparencia de su información financiera, contribuyendo así a una mayor disciplina fiscal y una mayor gobernabilidad a nivel local. La deuda a nivel de los gobiernos subnacionales es de un 3% del PIB. Consideramos que la implementación efectiva de esta nueva y ambiciosa ley podría aumentar sustancialmente la calidad de la gobernabilidad de estados y municipios. El gobierno también se ha anotado varios éxitos en la lucha contra el crimen organizado. Ha capturado o matado a los líderes de muchos carteles del narcotráfico. Varias ciudades del norte del país se han recuperado tras un periodo de muy elevada violencia e inseguridad gracias a los esfuerzos combinados de los funcionarios locales, el sector privado, grupos civiles y fuerzas de seguridad. Los organismos regulatorios clave, tales como los encargados de telecomunicaciones, antimonopolios y energía, han ayudado a introducir una mayor competencia y transparencia en la economía, lo que constituye un buen augurio para la confianza de los inversionistas y el crecimiento del PIB en el largo plazo. En los últimos años se han fortalecido las finanzas y operación del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) gracias a un sólido liderazgo que modificó sus prácticas y procedimientos internos. La mayoría de los mexicanos ahora ven a la Suprema Corte de Justicia como independiente de la presión política, a diferencia de los tribunales estatales. El Instituto Federal Electoral (IFE) ganó credibilidad en los primeros años de este siglo por su competencia técnica e imparcialidad, impulsando la legitimidad de los resultados de la elección nacional. Sin embargo, tras la elección presidencial sumamente dividida en el 2006, el Congreso aprobó varias reformas diseñadas para fortalecer los controles al financiamiento de las campañas,

a la neutralidad del gobierno durante las elecciones y a la rendición de cuentas de los candidatos. Subsecuentemente, la reputación del IFE se vio afectada debido a lo que se percibió como la politización de sus dirigentes y a las dificultades para implementar las nuevas e intrincadas regulaciones. En 2014, el gobierno creó al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) para conducir las elecciones en todos los niveles de gobierno. Consideramos que la capacidad del INE para cumplir exitosamente con su mandato de manera imparcial tendrá un importante impacto sobre la evolución política del país. En nuestra opinión, el avance para atender las preocupaciones públicas sobre la delincuencia, la corrupción y la justicia depende de importantes reformas a los sistemas legal y judicial, a la policía y a las agencias anticorrupción. México empezó en 2008 a implementar una ambiciosa reforma judicial para mejorar la calidad de la administración judicial y para evolucionar a juicios contenciosos orales desde los procedimientos inquisitoriales escritos. Entre otras cosas, los nuevos procedimientos conceden mayores derechos a los acusados, incorporan profesionalismo y estándares modernos de operación, generan más transparencia y buscan dar fin a la politización de la justicia criminal. Muchos estados cuentan con reformas avanzadas pero otros están rezagados. Ya hay algunos indicios de que el nuevo sistema ha reducido las demoras y disminuido la sobrepoblación en las cárceles al reducir el número de gente detenida en custodia. Sin embargo, consideramos que la reforma requiere una capacitación exhaustiva de la policía, fiscales y jueces, lo que tomará tiempo. La implementación exitosa eventualmente podría dar por resultado mejores procesos y un sistema judicial moderno y más justo. La transformación del sistema judicial necesitaría complementarse con una reforma exhaustiva de la policía y de las agencias anticorrupción también, en nuestra opinión, a fin de mejorar efectivamente la seguridad. México actualmente tiene una policía nacional, 32 fuerzas policiacas estatales y más de 2,000 policías municipales. El gobierno ha propuesto fusionar las fuerzas locales con las estatales, pero la idea ha generado controversia. El gobierno aprobó nuevas leyes anticorrupción a mediados de 2016 que prevén una mayor coordinación entre las instituciones del gobierno federal para combatir la corrupción y fortalecer los poderes del auditor federal. Consideramos que la clave para todos estos pasos es la implementación. El gobierno actual ha llevado a cabo otras dos importantes reformas que consideramos deben impulsar las perspectivas de crecimiento del país. Aprobó y actualmente está implementando gradualmente una política que debe impulsar lentamente la calidad de la educación pública, lo que será bueno para el crecimiento de largo plazo. Esta reforma ha planteado un desafío al poder del sindicato de maestros de México, uno de los más poderosos históricamente en toda América Latina, al introducir una mayor control del gobierno sobre el sistema educativo y reducir el poder sindical. Entre otras cosas, esta política introduce evaluaciones y exámenes para los maestros. La segunda reforma, la apertura del sector de energía a la competencia en 2014, fue el paso más significativo para impulsar el crecimiento del PIB en los últimos tiempos. Fue una decisión histórica que ha desatado cambios trascendentales en el sector de petróleo y gas, así como en la generación de energía eléctrica. Consideramos que todo el sector de energía atraerá inversiones significativas en los próximos dos a tres años. Sin embargo, también pensamos que los beneficios para México a través de una mayor producción de energía, menores costos, mejor crecimiento del PIB y cuentas fiscales más resilientes, dependen de la capacidad del país para mejorar su gobernabilidad y fortalecer la aplicación de la ley. Solamente un comité de calificación puede determinar una acción de calificación y este reporte no constituye una acción de calificación.

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