Revisión de la Gobernanza Económica Europea (Posición de la CES) Posición adoptada por el Comité Ejecutivo de la CES del 2 y 3 de diciembre 2014

La Comisión Europea revisará el marco de la gobernanza económica europea en una comunicación que se publicará el próximo mes. Con esta nota, la CES intenta contribuir a esta revisión. La nota comienza con una evaluación breve y general de la gobernanza económica europea, y a continuación recomienda una serie de modificaciones sustanciales y diferentes enfoques políticos que la CES considera que son necesarios para conseguir un marco eficaz de gobernanza económica europea. I

Evaluación general de la gobernanza económica europea

Un mercado único europeo, y más aún una moneda única, necesita normas comunes para coordinar estrechamente las políticas económicas nacionales de los Estados miembros. Como lo muestra la crisis del euro, una Unión monetaria en la que los Estados miembros van en direcciones opuestas sencillamente no es sostenible. Algunos países optan por una deflación competitiva de los salarios mientras que otros permiten una ola inflacionista. Si bien esto es indiscutible, la CES también es de la opinión de que el sistema de gobernanza económica europea, tal como existe hoy, es desequilibrado y necesita ser reformado urgentemente. El problema principal es que en la gobernanza económica europea de hoy, la atención se centra en el equilibrio presupuestario (reducción del déficit público y de la deuda del sector público) y en la competitividad de costes ("compitiendo unos contra otras mediante la reducción de los salarios"), mientras que los objetivos de la recuperación económicacrecimiento sostenible, más y mejores empleos y cohesión social reciben muy poca atención. Esto se traduce en resultados funestos: Europa, la zona euro en particular, ha sufrido una doble recesión. Su recuperación económica es demasiado débil y corre el peligro de evaporarse. Las tasas de desempleo están en un nivel récord y apenas disminuyen. La pobreza y las desigualdades están en aumento en muchos Estados miembros. Este excesivo enfoque en la "estabilidad" y la "competitividad de costes” genera lo contrario de lo que se espera conseguir: con tasas de inflación casi nulas y el FMI señalando recientemente que la zona euro es la única región en el mundo que se enfrenta a una alta probabilidad (30%!) de caer en una deflación total, el objetivo de la estabilidad de precios está siendo amenazado por esta tasa de inflación excesivamente baja. Europa debería sacar las lecciones de la experiencia japonesa y comprender que cuando una economía cae en una deflación, es muy difícil salir de esta situación y de la depresión asociada. Si vamos más allá de estas consideraciones y examinamos la situación a largo plazo, queda claro que una unión económica no puede ser dirigida sin una gestión efectiva de una cierta forma de unión presupuestaria y económica. Sin esto, toda la carga del ajuste caerá sobre los salarios y las condiciones de trabajo y esto terminará por debilitar de manera significativa el apoyo de los trabajadores a la Unión europea. Por último, cualquier sistema de gobernanza económica estará lejos de completarse si no se tratan el papel y las competencias del Banco Central Europeo. La gobernanza económica europea solo producirá los resultados deseados por los trabajadores y los sindicatos si el BCE persigue realmente un doble mandato defendiendo la estabilidad de los precios y un alto nivel

de empleo y de crecimiento. Esto significa, en particular, que en lugar de alentar a los Estados miembros a liberalizar sus economías y mercados laborales, el BCE debería proteger a los gobiernos de la zona euro y la deuda soberana contra la especulación de los mercados financieros de una manera más convincente. II

Las propuestas de la CES para reequilibrar la gobernanza económica

Para reequilibrar la gobernanza económica europea, la CES presenta las siguientes propuestas. a)

Los principios básicos deben ser revisados

La gobernanza económica europea debe adoptar un enfoque "totalmente 'simétrico". El principio debería ser que los países con un superávit en su comercio exterior tienen que asumir su parte de la carga de reequilibrio de la moneda única. Una gobernanza económica que pone todos, o casi todos, los costes del ajuste sobre los hombros de las naciones deudoras no es sostenible. La adopción de este enfoque "totalmente simétrico” implica, entre otras cosas, cambiar completamente la formulación del artículo 3.2 del Reglamento relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos que indica que "La evaluación de los Estados miembros que presentan altos déficits por cuenta corriente puede diferir de la de los Estados miembros que acumulan grandes superávits de cuenta corriente"1. Anclar firmemente el principio de una política macroeconómica "contra-cíclica". A pesar de la afirmación de que las normas relativas a la estabilidad fiscal ya son flexibles, todavía hay muy poca consideración a la situación coyuntural del ciclo económico. La consecuencia es que la austeridad presupuestaria sigue imponiéndose a economías que difícilmente se la pueden permitir. En lugar de la política procíclica pura y simple (que trata de reducir el déficit público cuando la economía está todavía en un estado pésimo), Europa tiene que avanzar a una política "anticíclica", adoptando el principio de "secuencia de las políticas". Si la economía está en crisis (en recesión o en una recuperación débil), la prioridad debe ser invertir para salir de la crisis. Una vez tengamos una fuerte recuperación con una base firme, entonces podremos centrarnos en el objetivo del déficit público y la reducción de la deuda pública. Para ello hay que aumentar el grado de flexibilidad del Pacto de estabilidad: - adoptando la regla según la cual si una economía está en crisis y funciona claramente por debajo de su potencial, las reglas del Pacto de Estabilidad no deberían imponer la reducción del déficit estructural "en al menos" el 0,5% del PIB, sino permitir el aplazamiento de un ajuste presupuestario estructural hasta que la economía esté en mejor forma y más cerca de su nivel normal de actividad económica. - revisando la manera en qué la Comisión calcula los déficits estructurales. Por ahora, el aumento del desempleo se ve reflejado casi en su totalidad en las estimaciones de la Comisión de desempleo estructural. Esto hace que las estimaciones de los déficits estructurales sean demasiado pesimistas lo que, a su vez, aumenta la presión para aplicar políticas de consolidación presupuestaria, incluso en tiempos de depresión severa. - adoptando, en caso necesario, períodos más largos de transición cuando un país trata de respetar la regla de que la deuda superior al 60% del PIB debe reducirse a este nivel en 20 años. Terminar con la posición en contra de la inversión pública. Es ampliamente aceptado que los actores del sector privado (empresas, hogares) pueden financiar sus inversiones asumiendo 1 Reglamento (UE) No 1176/2011

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más deuda. Sin embargo, las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento2 en materia de gestión de las finanzas públicas hacen que sea muy difícil, si no imposible, para los Estados miembros financiar sus inversiones públicas a través de la emisión de deuda. Esto introduce un prejuicio desfavorable hacia la inversión pública que está debilitando nuestras economías, tanto en el corto plazo (falta de demanda agregada), como en el largo plazo (potencial de crecimiento más bajo debido a la insuficiencia de infraestructuras y redes públicas). Esto contribuye igualmente a empujar los servicios y la inversión pública hacia partenariados públicos-privados (PPP), que pueden suponer un aumento de los costes a largo plazo para el sector público privatizando al mismo tiempo los beneficios de tales proyectos mediante la instalación de monopolios privados. En consecuencia, la CES recomienda la adopción de una "regla de oro" que excluya la inversión pública del cálculo de los déficits que se toman en cuenta en la gobernanza económica europea. En este sentido, la co-financiación nacional de los gastos de la inversión realizada en el marco de los fondos estructurales europeos debería ser retirada del déficit público o de las estadísticas de la deuda en la evaluación de la conformidad a las reglas presupuestarias de la gobernanza económica europea. b)

Observar la zona euro en su conjunto

El sistema de gobernanza económica europea prevé actualmente un estudio específico en profundidad sobre la zona del euro, así como las recomendaciones específicas para la zona euro. Estas, por desgracia, reflejan en gran medida una suma de recomendaciones políticas realizadas a cada Estado miembro individual de la zona euro e incluyen poco más que una llamada a cada país a respetar su objetivo de déficit y emprender más reformas estructurales. Sin embargo, la suma de las políticas adoptadas individualmente por los Estados miembros no es necesariamente igual al resultado para el conjunto de la zona euro. Si un Estado miembro aplica la austeridad y/o una compresión de los salarios, espera poder contar con las exportaciones para mantener el crecimiento y la dinámica de empleos. Pero si todos los Estados miembros actúan así en el mismo momento, empeorarán la situación perjudicando las exportaciones de los demás. Este enfoque se conoce en la terminología económica como "la falacia de composición", y debe ser evitado. Para evaluar los resultados de la zona euro en su conjunto, se debe prestar atención a: Evitar un prejuicio en favor de la "deflación" causada por los procesos nacionales de formación de salarios que llevan a la definición de los costes salariales unitarios en el conjunto de la zona euro por debajo del objetivo de estabilidad de precios del BCE ("la inflación por debajo pero cerca del 2 %”). La orientación de la política fiscal para la zona euro en su conjunto. El impacto del superávit de la balanza de pagos corrientes del conjunto de la zona euro sobre el tipo de cambio de la moneda única y el riesgo de que este último sea sistemáticamente sobrevalorado. c)

Poner la dimensión social en el centro de la gobernanza económica europea

Los tratados europeos, junto con la Carta de Derechos Fundamentales, contienen una serie de principios sociales importantes que imponen a la Unión Europea promover el empleo y mejorar y armonizar las condiciones de vida y trabajo (TFUE artículo 151), y promover la justicia y la protección social (TUE artículo 3). También hay una cláusula social horizontal que exige a la 2

Déficit estructural de no más del 0,5% del PIB, déficit público por debajo del 3% del PIB, reducción anual de la tasa de deuda pública

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Unión tener en cuenta la promoción de un alto nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social, un alto nivel de educación y de protección de la salud humana (artículo 9 TFUE) en la definición y ejecución de sus políticas. El sistema actual de gobernanza económica no tiene en cuenta los principios sociales descritos anteriormente. Es un sistema "independiente" que se centra únicamente en los objetivos económicos como déficit público, nivel de la deuda o déficit de la balanza comercial sin considerar en modo alguno estos principios sociales. Está totalmente desconectado de la estrategia UE2020 y de sus objetivos para más y mejores empleos y el de disminución de la pobreza. El resultado es que las nuevas competencias definidas por el sistema de gobernanza económica no respetan los objetivos sociales y de los derechos fundamentales de la UE. Para corregir esto, deben fijarse límites claros al sistema de gobernanza económica, explorando maneras para que la gobernanza económica respete estrictamente los principios sociales inscritos en los Tratados y la Carta. Extender las “cláusulas de salvaguarda salarial”. Una forma práctica de hacerlo es aplicar más ampliamente las denominadas “cláusulas de salvaguarda” de los salarios. Estas existen en dos Reglamentos (Reglamento sobre los desequilibrios macroeconómicos excesivos y el Reglamento sobre la vigilancia del ciclo presupuestario - el llamado "Two Pack"). Estas cláusulas reflejan los principios fundamentales de los Tratados europeos afirmando que el Reglamento “no deberá repercutir en el derecho a la negociación y el derecho a emprender acciones” y “respetará la diversidad de los sistemas nacionales de relaciones laborales”. Para garantizar que todas las normas que conforman el sistema de gobernanza económica europea se ajustan a los Tratados, estas cláusulas de salvaguarda salarial deberían extenderse a todos los instrumentos existentes de regulación económica europea. d)

Son necesarios mejores indicadores

Identificar las insuficiencias en inversión pública. La disminución de la inversión pública es uno de los efectos funestos de la austeridad. La inversión pública en la zona euro es ahora de sólo el 2,1% del PIB, después de haber caído desde el 2,8% del PIB de antes de la crisis. Como se dijo anteriormente, esto es negativo tanto en el corto plazo, como desde una perspectiva a largo plazo. Hay que desarrollar nuevos indicadores orientados a detectar y prevenir las deficiencias sistemáticas de la inversión pública. Definir umbrales simétricos para los saldos en cuenta corriente. Los países "excedentarios" no deben disfrutar de un trato diferente o favorable mediante un umbral máximo de excedencia del 6% del PIB, mientras que al mismo tiempo, los países "deficitarios" están sujetos a un seguimiento mucho más estricto con un umbral del 4% del PIB para el déficit de su cuenta corriente. Llamar la atención sobre los riesgos de “subinflación” y de “deflación”. Porque la deflación es mucho más difícil de combatir que la inflación excesiva, las tasas de interés nominal no pueden reducirse por debajo de cero, la gobernanza económica europea necesita desarrollar urgentemente un sistema para evitar el riesgo de caer en una situación de deflación. Además de un indicador especial destinado a identificar el riesgo de deflación de precios como tal, hay que desarrollar indicadores específicos y un análisis de las implicaciones del proceso de deflación de la deuda sobre la sostenibilidad de la deuda (incluida tanto la pública como la del sector privado). Introducir un indicador que refleje el hecho de que "los salarios son un ancla de estabilidad de precios". En la misma línea, tiene que ser reconocido de manera explícita el beneficio de los salarios fuertes como un ancla para la estabilidad de precios y como un instrumento para mantener la economía fuera del territorio deflacionario. Esto puede hacerse en la práctica 4

mediante el uso de un umbral mínimo más bajo para los costes laborales unitarios en el cuadro de indicadores económicos para detectar cualquier evolución de los costes laborales unitarios que caiga por debajo del 2% en un determinado Estado miembro y el análisis de esta evolución como una causa de preocupación. Introducir más y mejores indicadores sociales relacionados con el mercado laboral. Se necesitan indicadores mejores y más precisos que demuestren/detecten el seguimiento del impacto social de la gobernanza económica europea. Para identificar la evolución social negativa que alimenta un rendimiento económico negativo, necesitamos indicadores sobre la incidencia, evolución y el número de puestos de trabajo con salarios bajos (definidos por la OCDE como los trabajadores que ganan un salario por debajo de los dos tercios del salario medio), indicadores sobre la incidencia de las relaciones laborales inestables con muy corta permanencia en el empleo, y los indicadores sobre la incidencia de los empleos con un número pequeño de horas (contratos de guardia, los contratos de cero horas y las formas conexas de contratos precarios). De hecho, estos fenómenos no sólo causan preocupación a través de un empeoramiento de la situación social. También constituyen un obstáculo para una recuperación económica sólida. Mediante salarios muy bajos, en realidad salarios de miseria, y situaciones de empleo caracterizadas por una excesiva inseguridad, la precariedad laboral de estos trabajadores impide que el proceso de recuperación se convierta en un proceso autosostenido de aumento del número de empleos, aumento de la demanda, y por lo tanto aumento de inversiones y empleos adicionales. En resumen, los empleos precarios son sinónimo de una recuperación precaria. Controlar los beneficios. La gobernanza económica actual sólo ve los salarios como un coste y asume que los salarios más bajos darán lugar a mayores ganancias, que luego redundarán automáticamente en una mayor innovación e inversión. Esta hipótesis está lejos de ser correcta puesto que la respuesta de la inversión privada depende de una variedad de factores, siendo no menos importante el factor de perspectivas de demanda. Este último, sin embargo, se está viendo influido negativamente por el hecho de la presión sobre los salarios. . Por tanto, es necesario indicadores que se centren en el nivel, la evolución y la participación de las ganancias y la rentabilidad, realizando a la vez el seguimiento del uso que se hace de las (aumentadas) ganancias. Esto último se refiere a los indicadores sobre las tasas de inversión de las empresas no financieras, sobre la política de dividendos y las políticas relacionadas (recompra de acciones y pago CEO) y también si las empresas están acumulando ganancias y reservas de efectivo. e) Una mayor participación de los interlocutores sociales en el sistema a nivel nacional y europeo La cuestión del reequilibrio de la gobernanza económica actual está estrechamente relacionada con la cuestión de quién decide sobre la gestión del sistema. Si las decisiones sobre los indicadores, el análisis y la política se dejan a la clase/sistema financiera/o (ministros de finanzas, bancos centrales, y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros), el resultado estará sesgado a favor de la visión financiera del mundo. Los interlocutores sociales europeos en su declaración conjunta sobre la participación de los interlocutores sociales en la gestión de la gobernanza económica europea han propuesto que el diálogo macroeconómico se utilice como foro para consultar a los interlocutores sociales sobre el procedimiento de desequilibrio macroeconómico excesivo, permitiendo así una discusión sistemática del análisis en profundidad de la Comisión sobre los Estados miembros.

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La CES invita a la Comisión, y a la DG de Asuntos Económicos y Financieros en particular, a tomar la iniciativa en la reestructuración del Diálogo macroeconómico según las líneas sugeridas anteriormente, y apoyar, fortalecer y ampliar la participación de los interlocutores sociales. La CES invita igualmente a la Comisión y al Consejo a que refuercen el papel de la Cumbre socia tripartita haciendo de este espacio el foro donde los interlocutores sociales pueden influir en profundidad la gobernanza económica europea en el contexto del semestre europeo y de la estrategia UE2020.

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