SEGURIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD CIUDADANA: EL DEBATE DE LA MILITARIZACION

SUMARIO: I. INTRODUCCION II.-SEGURIDAD PÚBLICA III. SEGURIDAD CIUDADANA IV.-LA MILITARIZACION V.-CONCLUSIONES

El tema de la Seguridad ha estado cobrando relevancia en el país desde hace ya más de una década, sin embargo, durante los últimos años, la escalada de violencia, la generalización de formas nuevas de delinquir, los escándalos por las infiltraciones a las instituciones de seguridad por parte de la delincuencia organizada, los recientes ataques a la población civil, el incremento en los secuestros, asaltos, enfrentamientos de bandas rivales, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre muchos otros, han puesto en la discusión pública con la participación de académicos, intelectuales, líderes de opinión, medios de comunicación y familiares de las víctimas, entre otros, el tema del combate a la delincuencia, sus costos y perspectivas. Mientras en el país se debaten las competencias de las corporaciones policiales en los diversos niveles de gobierno, las modificaciones legislativas para sancionar y desestimular a la delincuencia por el incremento de las penas o la incapacidad del estado mexicano para avanzar en el combate a la delincuencia en la perspectiva de la seguridad pública, en otras partes del mundo, el debate se orienta hacia la idea de la seguridad ciudadana, en una concepción de más participación social y en un marco democrático. Pero lejos de esta discusión que permita mejorar la función de las tareas para garantizar seguridad a los mexicanos, el tema hoy es el de la militarización de las funciones de seguridad y las implicaciones negativas que ello acarrea, principalmente en lo referente a la violación de los derechos humanos

I INTRODUCCION Desde hace más de quince años hemos vivido y presenciado una preocupante escalada de la violencia asociada a las actividades del crimen organizado. El fin de una época política de ninguna manera ha garantizado para los mexicanos la existencia de un clima de estabilidad económica y mucho menos de paz y tranquilidad no solo en lo referente a la percepción del fenómeno de la violencia y tranquilidad, sino también en lo relativo a nuestra seguridad personal, familiar y social. Temas recurrentes en el acontecer nacional continúan sin resolverse como son los feminicidios en Cd. Juárez, los atentados y muertes de periodistas, las nuevas formas de secuestro además del tradicional como son el secuestro exprés o el llamado secuestro psicológico, los falsos retenes en las ciudades o peor aún en las carreteras, tiroteos, enfrentamientos, persecuciones y muchas formas más de manifestaciones del incremento de la violencia, de la criminalidad, de la inseguridad. ¿Y nuestras autoridades que proponen para enfrentar al aumento de la ola delictiva? Al cierre del 2010 se contabilizaban más de 15,000 muertos en crímenes relacionados con la delincuencia organizada en el sexenio, cerca de 90 periodistas muertos o desaparecidos y un gran clamor social exigiendo paz para los mexicanos y justicia para las víctimas inocentes de esta guerra no declarada. ¿Y por qué hablar de una guerra no declarada?1 Lo que hoy padecemos, a pesar de los llamados a la calma, a la tranquilidad, a la confianza, es un clima de inseguridad que se manifiesta cada vez más en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero que está sucediendo en la práctica de nuestra cotidianeidad monótona y repetitiva, hacia donde nos 1

BOYER, JEAN FRANCOIS, “La guerra pérdida Contralas Drogas; Narco dependencia del mundo actual”, págs. 27-50, Editorial Grijalbo, México, julio de 2001

conduce no solo la política económica, social y particularmente la política criminal que está impulsando el gobierno federal, porque cada vez más reclamos, más víctimas inocentes, mas escepticismo y desconfianza. A continuación abordaremos el trasfondo conceptual2 del debate acerca de las orientaciones al tema del combate a la delincuencia y se planteara un posicionamiento acerca de lo que está sucediendo en la práctica con las características de ese combate.

II. LA SEGURIDAD PÚBLICA

En sentido formal, la seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública 3 y el máximo responsable a la hora de evitar las alteraciones del orden social. La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad. La inseguridad es una problemática compleja: está atada a los problemas de salud, de medio ambiente, de educación, de

empleo; es el

resultado de desigualdades crecientes en el acceso a la producción y distribución de recursos. La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles. En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe ser universal para proteger la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. Los Servicios de Seguridad Pública constituyen un ámbito de esfuerzos del Estado, que están destinados a proteger y preservar el orden y la tranquilidad públicos, con el propósito de establecer un contexto de condiciones de entorno que propicien, procuren y promuevan la continuidad y desarrollo armónicos,

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GONZALEZ PLASENCIA, LUIS, “Percepción Ciudadana de la Inseguridad”, pág. 23, Colección Ciudades Seguras, Universidad Autónoma Metropolitana, CONACYT, Fondo de Cultura Económica, México, 2002 3

KALA, JULIO CESAR, “Fenomenología de la Delincuencia”, págs., 11-15, Colección Ciudades Seguras, Universidad Autónoma Metropolitana, CONACYT, Fondo de Cultura Económica, México, 2003

proactivos y productivos de la dinámica social, así como la consecución de las metas y objetivos comunitarios. Para estos efectos se tiene que las vertientes funcionales de estos esfuerzos, comprenden, fundamentalmente los siguientes aspectos: La protección y preservación de la existencia e integridad de las personas y sus propiedades. ·

La vigilancia y preservación del orden público.

·

La disuasión, prevención y combate a la delincuencia.

·

La contención y anulación de los factores de perturbación del orden social.

·

La custodia, rehabilitación y reinserción de los elementos antisociales. De tal suerte que, las formas de operación que se pueden adoptar para su

desempeño, comprenden algunas de las siguientes: ·

Servicios Médicos de Urgencia, Bomberos y Protección Civil.

·

Policía.

·

Control de Tráfico.

·

Operación de Centros de Reclusión.

La prestación de los Servicios de Seguridad Pública, se opera a través de ciertas entidades organizacionales especializadas, o corporaciones de servicio, en las cuales se conjunta la plataforma de recursos con cuya aplicación se materializa dicha prestación. Para lo cual se requiere que dicha plataforma contemple las condiciones adecuadas de composición y articulación que posibiliten un desempeño eficaz y eficiente en la operación de los servicios. En este sentido se tiene que los efectos de la operación de los Servicios de Seguridad Pública, inciden en aspectos de muy alta sensibilidad individual y colectiva, de tal suerte que constituyen un fuerte factor de viabilidad, tanto para la continuidad existencial como para las posibilidades de desarrollo de cualquier conglomerado social, en virtud de que determina en gran medida, la percepción de aceptación, confianza, arraigo y sentido de pertenencia de los individuos hacia una comunidad en particular.

Por ello, se puede considerar que existe un vector de interés social de muy alta prioridad, por modelos de composición y articulación para la plataforma de recursos que sustentan la prestación de los Servicios de Seguridad Pública, que permitan configurar un perfil de desempeño que responda tanto a los requerimientos funcionales, como a las expectativas de percepción comunitarias.

III. SEGURIDAD CIUDADANA

De acuerdo al Informe Sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos4, las características que debe incorporar la conceptualización de la Seguridad Ciudadana. A) No solo es luchar contra la delincuencia sino crear ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacifica de las personas B) Mayor énfasis en labores de prevención y control de los factores que general violencia e inseguridad. C) Debe involucrar actores del sector público y de la sociedad civil en las acciones de prevencion y control de diferente naturaleza. D) Abordar el problema de la criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos humanos. E) Construir niveles de ciudadanía democrática con la persona humana como objetivo central de las politicas F) En los regimenes democráticos el concepto de seguridasd ciudadana se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales. G) El concepto de seguridad publica en america latina hace referencia a la seguridad construida desde el estado o la seguridad del estado. H) No es igual seguridad ciudadana que seguridad humana I) La seguridad ciudadana es una dimension de la seguridad humana.

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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Informe sobre seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, Diciembre de 2009

J) La seguridad ciudadana es una situacion social en que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales. K) Los derechos humanos como limites al ejercicio arbitrario de la autoridad constituye un resguardo esencial parala seguridad ciudadana La seguridad ciudadana5 es un tema que se mantiene en un primer lugar de las agendas nacionales debido a que su antítesis, la inseguridad ciudadana, es el reclamo más constante que las personas les hacen a las autoridades nacionales o municipales. Esa circunstancia ha generado las más diversas teorizaciones sobre el tema, no siempre bien enfocadas hacia la determinación de las causas y su erradicación, sino más bien hacia acciones más de carácter reactivo que preventivo. Es así como por lo general, se responde a concepciones muy seguristas que le dan énfasis al tratamiento estatal y/o represivo del problema, lo cual se encuentra reflejado claramente en las políticas policiales. En este sentido, el concepto de Seguridad Ciudadana incluye la idea de la Seguridad Publica pero en una acepción más amplía que redimensiona el tema de los Derechos humanos en una visión y vocación democrática.

IV. LA MILITARIZACION DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

A partir del año 2000, se inició en este país el que ha sido un largo y tortuoso camino hacia la transición política en el marco de las instituciones y la legalidad después de más de 70 años de regímenes autoritarios. Se tenía la esperanza de que en la medida que la vida nacional avanzaba hacia un cambio de gobierno, las formas y el fondo del quehacer político también serían diferentes. Pero la realidad en esta ocasión ha sido más ha sido más terca. Si bien se han presentado avances en la participación ciudadana y se avanza en la alternancia política en varias entidades federativas, ello no se traduce en un incremento en la calidad de vida de los mexicanos. 5

TENORIO TAGLE, FERNANDO, “Cultura, S2istema Penal y Criminalidad”, pág. 13, Colección Ciudades Seguras, Universidad Autónoma Metropolitana, CONACYT, Fondo de Cultura Económica, México, 2003

El relevo político en la Presidencia de la República no significo el fin de los rezagos, de tal forma que estos gobiernos de alternancia, llamados también de transición se han enfrentado a todos aquellos problemas heredados desde el siglo pasado como son, marginación y pobreza, rezago educativo, desempleo, deuda externa, corrupción, dependencia del petróleo, problemas laborales, parálisis legislativa. Durante el presente sexenio, la realidad en la lucha contra el crimen organizado se ha materializado en la militarización de las labores de combate al crimen organizado, y se han rebasado en la práctica cualquier tipo de conceptualización en torno a las tareas de prevención y combate a la delincuencia. Las reacciones no se han hecho esperar, partidos políticos, gobernadores, la sociedad civil han pedido en diversos foros el regreso de los militares a los cuarteles. Al parecer existe una relación directamente proporcional en el envió de más efectivos a patrullar y acordonar ciudades y caminos y el aumento de los eventos delictivos. Así sucedió en Juárez con el traslado de cientos de elementos de la Federal Preventiva, así ha sido con el incremento de cientos o miles de miembros de las fuerzas armadas a varias regiones del país. El crimen no disminuye, la indignación crece. Tiroteos por fuera de estadios como en Torreón, paquetes explosivos en instituciones educativas, enfrentamientos y persecuciones a plena luz del día en cualquier parte del territorio nacional, atentados, incremento de secuestros, extorsiones por venta de seguridad contra establecimientos que cuando se niegan a pagar atentan contra el mismo y con todo y clientes como sucedió con el tema del casino en Monterrey, lo cual ha destapado la cloaca de la corrupción en la entrega de permisos para estos giros comerciales. Y es precisamente en el ámbito de la corrupción, de la infiltración de las corporaciones se seguridad pública donde encontraremos una respuesta al porqué de la militarización de la seguridad en México.

Las corporaciones de seguridad ya no son confiables, al igual que otros ámbitos de la vida nacional, éste también ha sido infiltrado por la delincuencia, es con este argumento que no se hace público que se militariza la vida del país, además de la vocación autoritaria de nuestros gobernantes. La CONAGO en su momento, y hoy la UNAM han propuesto en el documento Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia6 un diagnóstico de todos aquellos aspectos, factores y actores para que responsablemente se comprometan a impulsar las propuestas que contiene el documento y que se orientan a la promoción de políticas públicas orientadas a garantizar Seguridad en un marco de Justicia y Democracia y con pleno respeto a los Derechos Humanos, creemos que es importante que todos conozcan, comenten y difundan las propuestas que representan una aproximación inicial al tema del combate a la delincuencia, impartición de justicia entre otros, garantizando el ejercicio de la libertad y la democracia. En este sentido se presentan como temas del debate nacional para reorientar las tareas de seguridad los siguientes elementos para el diagnóstico: a) Insuficiente soporte teórico y conceptual b) Las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos. c) Las políticas en materia de seguridad pública y justicia se encuentran desvinculadas de los fines comunes que se buscan. d) Las normas, diseños y prácticas están ajenos al marco especializado de atención a poblaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad. e) Los sectores relevantes para la seguridad y la justicia están fragmentados. f) La prevención se ha desatendido. g) Acciones y decisiones coyunturales y reactivas, sumadas a la ausencia de una visión integral y coordinada al corto, mediano y largo plazos. 6

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, “ Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”, México, Agosto de 2011

h) Subordinación

a

cuestiones

políticas

personales,

partidistas

o

electorales. i) Las relaciones civiles y militares enfrentan condiciones extraordinarias. j) La metodología de las políticas públicas está marginada. k) La capacitación de vanguardia casi no existe. l) La corrupción e impunidad son severas. m) La legitimidad se reduce. n) Domina una retórica de confrontación. o) Avanza la violencia.

Como se manifiestan en números reales las deficiencias de los elementos del diagnóstico planteado, a continuación algunos datos7: 1. Entre 1997 y 2010, el promedio diario de delitos federales denunciados pasó de 200 a más de 350; mientras los del fuero común pasaron de 4 mil a 4,500. 2. Menos del 5% de los delitos denunciados son objeto de un proceso penal. 3. Los homicidios dolosos que se presumen vinculados al crimen organizado crecieron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. 4. De acuerdo con la estadística oficial (Sistema Nacional de Seguridad Pública), la tasa de homicidios dolosos que estaba presentando un decremento sostenido entre 1997 y 2007, lapso en que disminuyó de 19 a 10 por cada 100,000 habitantes, en los últimos tres años ha crecido desmesuradamente llegando a cifras superiores a las de 1997. En estos tres años también han aumentado exageradamente los robos a banco y los secuestros, que se han triplicado en ese lapso, así como las extorsiones. de victimización nacional se sitúa en alrededor del 11.5%; sólo se denuncian uno de cada cinco delitos y del total de averiguaciones previas iniciadas

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UNAM; IIDC, pág. 8

solamente se consignan el 5%. 8. Durante la última década, el porcentaje de personas que percibió aumento de la inseguridad osciló 5. Además, se reporta un proceso de crecimiento y dispersión de la violencia asociada a la delincuencia organizada con incrementos de homicidios equivalentes hasta al 170% en solo dos años (2009 y 2010) en algunos municipios. En el 2007 sólo 53 municipios tenían al menos una ejecución mensual en promedio; para 2010, 200 municipios cumplen esa condición. Esta violencia pasó de concentrarse en 17 municipios en 2008, a 24 en 2010. 6. Las organizaciones delictivas del narcotráfico están diversificando sus operaciones, incursionando en extorsión, secuestro, robo a bancos y robo de vehículos con violencia, cuatro delitos con crecimiento pronunciado de 2004 a 2010. 7. La tasa nacional promedio entre el 40 y el 60% aproximadamente, pero las más recientes encuestas elevan la cifra a 80%. 9. En 2011, 6 de cada 10 mexicanos creen que la delincuencia organizada está ganando la lucha al gobierno. 10. Las autoridades federales, policiales y militares mantienen un crecimiento pronunciado tanto en las quejas por violaciones a derechos humanos como en las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 11. La distribución policial es altamente irregular en el país, de manera que 20 entidades reportan déficit y 12 superávit, con respecto al estándar de 2.8 policías por cada mil habitantes. 12. Mientras la mayor parte de los estados y los municipios reportan grave rezago en la certificación policial, encuestas independientes ubican por debajo del 15% el nivel aceptable de confianza hacia la policía. Información oficial destaca que el porcentaje de los miembros de las policías estatales capacitados se mueve entre un rango máximo de 40% y mínimo igual a 0. 13. Del total de la población penitenciaria, cuatro de cada diez no han sido condenados. De 429 centros de privación de la libertad, 48 tienen

sobrepoblación que, por ejemplo en el caso del Distrito Federal, equivale a más del doble. Los homicidios en prisión, los motines y las fugas de reos son hechos cotidianos. 14. Las encuestas nacionales de adicciones muestran importantes incrementos en el consumo de marihuana y cocaína. En México, el consumo de drogas pasó del 3.33% en 1998 al 6.8% de la población de 12 a 65 años de edad en 2008. Empero, la ponderación precisa del problema comienza por entender que el 81% de la población no consume drogas, sólo el 14% está expuesto a ellas, 5.2% las consume sin signos de dependencia, y sólo el 0.6% requiere ayuda especializada. 15. En términos absolutos, los recursos disponibles para la seguridad pública de conformidad con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, crecieron entre 1998 y 2011 el equivalente a casi un 350 por ciento. 16. Cálculos recientes con respecto al presupuesto asignado a las secretarias de seguridad pública y las procuradurías generales de justicia, comparado con la población y la violencia en cada entidad federativa, no permiten establecer una relación coherente entre las diversas variables. Es decir, no necesariamente se destinan más recursos donde hay más violencia. 17. En el 2010 se reportó un subejercicio equivalente a más del 20% por parte de los Estados, del total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 18. Las encuestas del Banco de México validan la percepción de que uno de los principales frenos a la economía es la inseguridad. 19. En México, un alto número de personas participan en el crimen organizado, moviendo capitales que se han llegado a estimar hasta en 29 mil millones de dólares al año. Entre 2006 y 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió denuncias que se suponen por presunto lavado de dinero equivalentes al 8% del dinero sucio en circulación en el país. Además, se ha estimado que el 10%

del sistema financiero mexicano opera con dinero proveniente del narcotráfico. Algunos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, han estimado que los movimientos de tráfico de drogas de las organizaciones que operan en los Estados Unidos, generan utilidades ilícitas hacia México de entre 17 y 38 mil millones de dólares. Para avanzar en el combate a la delincuencia, reconstruir la percepción Ciudadana, la confianza en las instituciones y en los organismos responsables de la seguridad se debe avanzar en los siguientes aspectos: 1) Prioridad de los Derechos Humanos en el marco constitucional del ejercicio de las tareas de seguridad, orientado a la seguridad humana. 2) Racionalizar el uso de la fuerza 3) Fortalecer el liderazgo civil 4) Priorizar la prevención 5) Política de seguridad integral 6) Políticas públicas sustentadas metodológicamente 7) Compromisos de los actores políticos 8) Prioridad a los grupos, sectores y regiones vulnerables 9) Corresponsabilidad de los actores sociales y de las instituciones 10) Elaboración de una política criminal 11) Recuperación de espacios públicos 12) Lucha contra las adicciones 13) Políticas públicas para los jóvenes 14) Utilización de la mediación como mecanismo pacífico de solución de conflictos 15) Reestructuración y desmilitarización del modelo policial 16) Reforma del Sistema de Justicia Penal 17) Un nuevo sistema de reinserción social 18) Un programa de seguridad fronterizo

V. CONCLUSIONES De acuerdo con el INEGI8, la percepción ciudadana en materia de inseguridad se ha desplomado a niveles históricos, la cifra negra del delito, es decir, aquellos que no se denuncian, está en relación de 8 por cada diez, lo cual pone de manifiesto, más allá de la percepción acerca de la inseguridad, la desconfianza hacia las corporaciones responsables de las tareas de seguridad. El debate, en la coyuntura actual de adelanto de la campaña hacia la Presidencia de la República de cara a julio del 2012, nos exige, como académicos y personas de la sociedad civil preocupada y comprometida en mejorar los niveles de seguridad en la calle, nuestros hogares, centros de trabajo, en nuestro quehacer cotidiano, nos exige impulsar el debate en torno al tema del combate a la seguridad, a las estrategias que se implementan por el estado en esta materia, a elaborar propuestas que puedan contribuir a elevar la calidad de este debate y por qué no, a elaborar propuestas pertinentes que puedan integrarse en las plataformas electorales de los partidos políticos, tendientes a su vez, a que se conviertan en políticas públicas. En este momento la preocupación es la indeterminación en la lucha que se libra contra la delincuencia organizada, las violaciones a los derechos humanos derivados de estas acciones, la militarización de las tareas de seguridad y de la vida nacional y el desvanecimiento de la transición a la democracia y la alternancia en medio además de turbulencias económicas mundiales, nuestro reto y compromiso debe ser aportar a esta gran discusión nacional para aportar en la construcción de un país con paz, libertad, justicia y democracia.

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INEGI, Percepción Sobre Inseguridad Ciudadana, México, septiembre de 2001

Luis Enrique Mercado Rodríguez Manuel Tapia Fonllem