Escuela Municipal de Seguridad Local Formación Inicial de la Policía de Prevención local de General Pueyrredón 2015 Plan de Formación Complementario 2015 Universidad Nacional de Mar del Plata Facultad de Derecho

Seminario: Administración del Estado Municipal y las políticas públicas Lectura y guía de actividades Clase 5: Políticas Públicas En grupos de 3/4 personas lea el siguiente documento, para realizar en grupo y en el aula, las actividades que se indican al final del mismo.

Políticas públicas, derechos y competencias1 I. INTRODUCCIÓN: DERECHOS HUMANOS Y OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS En las clases anteriores se vieron algunos de los siguientes temas: 1) la división de competencias entre el Estado Federal (la Nación) y los Estados locales (Provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 2) las tareas que tienen a su cargo los municipios en la Provincia de Buenos Aires, 3) la forma en que éstos últimos se pueden financiar para poder llevar adelante su tarea, junto con las normas constitucionales (Constitución Nacional y Provincial) y las normas provinciales (Ley Orgánica de la Municipalidades) que originan esas diversas competencias. A partir de lo visto, sabemos por ejemplo que: 1) la construcción de un puente internacional o de un generador de energía eléctrica a partir de combustible nuclear, serán tareas a realizar por el Estado Nacional 2) el encauzamiento de un río que recorre una provincia, para evitar que inunde con su crecida a los campos y pueblos vecinos, será tarea de las autoridades de esa Provincia 3) la realización de una obra de pavimentación o la colocación de cámaras de vigilancia en una ciudad será tarea del Municipio que corresponda. Lo que tienen en común esas medidas, aunque realizadas por tres Estados que poseen diferentes estatus jurídicos, es que se denominan POLÍTICAS PÚBLICAS y ese es el tema que tenemos que estudiar hoy. Antes de definir qué es una política pública, tenemos que hacer una breve referencia histórica y jurídica. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años el término políticas públicas no se usaba, o era casi desconocido, y hoy se estudia y se usa casi todos los días por mucha gente: intelectuales, funcionarios, políticos, periodistas, organizaciones sociales y ciudadanos y habitantes en general. Esto es porque hasta la Segunda Guerra Mundial (un poco antes, un poco después, digamos aproximadamente), se suponía que el Estado no debía hacer mucho más que proteger las fronteras exteriores de un país con un ejército bien preparado, tener unos cuantos jueces que resolvieran los conflictos entre las personas sin que se mataran entre ellas, una policía que controlara el orden e hiciera cumplir las órdenes del poder judicial y llevara a los delincuentes ante los jueces, unas cárceles para que encerraran a los que cometían delitos, y en algunos casos, 1El

texto fue elaborado por Leonardo Palacios, abogado, docente de la Academia de Policía de Prevención Local, especialmente para el Programa de Formación Complementaria del año 2015.

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escuelas para que la gente aprendiera por lo menos a leer y escribir. Todo lo demás, por ejemplo trabajar, hacer hospitales, poner fábricas que produjeran bienes para vender, transportar esos bienes hacia los lugares en que se vendían (ya sea en otros países o en el mismo país), y hasta hacer grandes obras que permitieran mejorar las comunicaciones de un país (como por ejemplo el tren) lo iban a hacer los propios habitantes del país, en algunos casos asociados en grandes empresas, y el Estado sólo iba a autorizar esas actividades cuando fuera necesario.2 Esto era en teoría; en la práctica fue diferente, pero no es necesario ver ahora qué pasó. Lo que si sucedió, fue que terminada la Segunda Guerra Mundial, los diferentes países del mundo, a pesar que entre ellos había muchas diferencias (algunos incluso estaban en guerra entre sí) firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, primero, y luego, a través de los años, fueron firmaron muchos otros tratados de derechos humanos, donde consagraron numerosos derechos para los habitantes de cada uno de esos Estados, y se obligaron a respetarlos3. Esos Derechos fueron desde reconocer la libertad de expresión y la defensa en juicio, hasta el derecho a un nivel de vida adecuado, educación, cultura, salud, condiciones dignas de trabajo, etc. Y además, se proclamaron derechos para aquellos grupos de personas que durante muchos siglos, habían estado desprotegidos: trabajadores, minorías raciales, mujeres, niños, discapacitados, etc. En nuestro país, además, muchos de esos tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, por lo cual son normas vigentes y obligatorias para todos nosotros y para los Estados nacional, provincial y municipal.4 A través de estos tratados, los diferentes países (el nuestro entre ellos) aceptaron que los Estados tienen la obligación de llevar adelante acciones para que sus habitantes gocen efectivamente de esos derechos. Y en muchos casos, esos tratados crean organismos supranacionales, que controlan a los Estados nacionales y pueden incluso condenarlos a que realicen determinadas acciones, si no cumplen lo que indican los tratados.5 Por ejemplo: si un Estado no realiza las acciones necesarias para asegurar que alguna población tenga la posibilidad de acceder a agua potable para su vida cotidiana, puede ser condenado en algún tribunal internacional, y hasta lo pueden obligar a pagar una indemnización y a implementar medidas para remediar la situación.6 2Nuestro

país fue una excepción, porque en 1853 cuando se hizo la Constitución se incluyó una cláusula que se llamó “del progreso”, porque le daba al Estado la competencia para realizar acciones que promovieran la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, colonizar tierras e introducir nuevas industrias e importar capitales extranjeros. Es el actual art. 75 inc. 19, y podemos decir que es un mandato de la Constitución para realizar políticas públicas. 3La Declaración Universal de Derechos Humanos se aprobó el 10/12/1948. Ese mismo año se había aprobado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En 1966 se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 1969 se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos. En 1968 se aprobó la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. En 1985 la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño. 4Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 5Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si un Estado que adhiere al sistema, como Argentina, viola algún derecho protegido por la Convención, el habitante puede, luego de un largo proceso, lograr que esa Corte condene al Estado que no cumplió la efectivizarían del Derecho, a que pague una indemnización y a que tome medidas para que en el futuro no se viole más ese derecho. Por ejemplo el caso “Bulacio vs. Argentina”, de 2003, referente a las famosas y funestas “razzias policiales” lesivas de múltiples libertades fundamentales, donde se condenó al Estado Nacional a realizar diferentes comportamientos, de dar, hacer y no hacer). También el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales crea un comité que puede hacer recomendaciones a los Estados que no cumplan la efectivizarían de un derecho y eventualmente solicitar sanciones para ese país. 6 La Corte Interamericana de DDHH en el 2013 condenó a Ecuador porque no le aseguraba a uno de sus pueblos originarios, el acceso a sus tierras comunales, donde tenían recursos naturales de los cuales vivían (agua, animales para cazar, frutos para recolectar, etc.). (Caso PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR) Argentina, en el 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el gobierno de la Provincia del Chaco, le proveyera alimentos y agua a un grupo de pueblos originarios de esa provincia, para asegurar el cumplimiento del derecho a un nivel adecuado de vida y no ser condenados internacionalmente.(Causa “Defensor del Pueblo c/Gobierno Nacional y Provincia del Chaco S/Amparo)

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Lo que queremos decir es que los Estados están obligados a cumplir ciertos derechos a los que se comprometieron, y a hacer todo lo necesario para que los habitantes efectivamente puedan gozar de esos derechos. Es decir que no es opcional para un Estado, garantizarle a la población el acceso a un buen sistema de salud, por ejemplo: esa es una obligación. Y si no la cumple puede ser condenado internacionalmente. La idea que es obligación de un Estado cumplir efectivamente los derechos que los habitantes tienen reconocidos, y que si no lo cumplen, puede haber reclamos en el ámbito internacional, es bastante nueva, y se va construyendo día a día. Es decir que día a día, cada vez más, los Estados (ya sea nacional, provincial o municipal) tienen que dar cuenta de que acciones realizan para efectivizar esos derechos. Una aclaración importante: hay derechos que para que se cumplan el Estado debería apenas realizar una actividad de reglamentación mínima (como se vio en la primera y segunda clase, cuando se hablaba de la reglamentación de los derechos): por ejemplo para que se cumpla la libertad de cultos, sólo es necesario un mínimo control sobre los credos religiosos, para que no perjudiquen a terceros ni alteren el orden y la moral pública; igualmente si alguien quiere poner un comercio o una industria. Pero para efectivizar otros derechos, el Estado debe realizar acciones positivas que involucran muchos recursos materiales y humanos del Estado: por ejemplo para lograr que todos los habitantes tengan agua potable o cloacas, que hoy ya no se discute que forma parte de un derecho mínimo a un nivel de vida adecuado7, es necesario que el Estado realice el mismo o a través de diferentes empresas, grandes obras de infraestructura que son muy costosas, y que las personas individualmente no podrían realizar. Lo mismo sucede con la seguridad: en las sociedades urbanas y complejas que vivimos, el Estado debe realizar acciones efectivas para cumplir el derecho que todos los habitantes tienen a que se respete su vida, su integridad personal y su propiedad, que exceden lo que cada persona puede hacer individualmente. Es por esto que fundamentalmente para el cumplimiento de los que se denominan derechos sociales, se necesita que el Estado realice acciones positivas, eficaces y continuas, ya que los derechos en juego son numerosos: educación, salud, vivienda, nivel de vida adecuado, etc. Esas acciones que deben realizar los Estados se denominan POLÍTICAS PÚBLICAS. II. POLÍTICAS PÚBLICAS: DEFINICIÓN Dijimos que las acciones que realizan los Estados para efectivizar derechos son políticas públicas. El término política, se refiere a acción de gobierno. Quien tiene transitoriamente a su cargo los órganos de decisión del Estado, o sea el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cuyos miembros duran determinados años en su mandato8, debe llevar adelante una política, es decir una serie de acciones que implican un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, casual o improvisado. Esa política se basa en las decisiones de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y de operadores. El término públicas, hace referencia a por lo menos tres aspectos: 1) Trascendencia: deben ser políticas que trasciendan los intereses del grupo político que está transitoriamente en el gobierno, es decir que deben asegurar que estén dirigidas al beneficio de toda la población y que perduren en el tiempo, aún aquellas que están dirigidas a un sector El art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales dice: “Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas adecuadas para asegurar la efectividad de este derecho…” 8En nuestro sistema el Presidente, Gobernador e Intendente dura cuatro años en su cargo, los diputados también, como los senadores provinciales y los senadores nacionales duran seis años en su cargo. Algunos pueden ser reelegidos una vez (Presidente y Gobernador) y el resto puede ser reelegido en forma indefinida. 7

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particular (por ejemplo, ancianos, mujeres, niños, etc.) porque en definitiva proteger a esos grupos es un interés común a toda la sociedad. Deben ser públicas en el sentido de cumplir el objetivo de lograr el bien común o el bienestar general, que en definitiva es el fin declarado que justifica la existencia del Estado. Definir el bienestar general o el bien común es muy difícil, ya que la sociedad muestra muchos sectores que tienen intereses contrapuestos (por ejemplo, trabajadores y empresarios). Sin embargo un política, para ser pública, debe poder estar por encima de esos intereses contrapuestos, y pensar cómo se puede beneficiar al conjunto de la sociedad, más que uno u otro de esos sectores en forma puntual. 2) Uso de recursos públicos: también son públicas, porque las llevan adelante los órganos del Estado, utilizando los recursos del Estado (empleados, bienes del Estado y dinero del Estado). Es decir que no son políticas de un gobierno en particular, sino que son del Estado. Y los funcionarios que las llevan adelante lo hacen como representantes de la población que los eligió para tener el Estado a su cargo por un tiempo, y en algún momento deben rendir cuentas de qué hicieron y cómo lo hicieron. Esto es muy importante, porque en general se llevan adelante utilizando “recursos públicos”, es decir, aquellos recursos económicos que generalmente la población le entrega al Estado en forma de impuestos, tasas y contribuciones, como vimos la clase anterior. Cuando se utilizan otros tipos de ingresos, por ejemplo un préstamo internacional, también es público, porque a la larga ese préstamo lo debe pagar el Estado, y el Estado forma sus recursos económicos para pagar a través del cobro de impuestos: si el Estado (es decir los funcionarios que transitoriamente están en el gobierno) usan mal los recursos económicos, a la larga eso recae directamente sobre el bienestar de la población, que tendrá que pasar por momentos difíciles para sobrellevar la situación. El gobierno es transitorio, pero el Estado es permanente: si un gobierno realiza políticas utilizando mal sus recursos económicos, finalmente serán otros, más adelante los que deban pagar las consecuencias, y como el Estado representa lo “público” serán todos los habitantes los que terminarán pagando esa cuenta. Lo “público” debe ser para beneficio de todos, y lo “público” también significa que los perjuicios, serán soportados por el conjunto de la población. 3) Continuidad: también implica que son medidas de gobierno que no le pertenecen a ningún gobierno en particular, sino a toda la sociedad (recordemos que se hacen con los recursos de toda la sociedad). Esto quiere decir que si un gobierno comienza una política pública, y la misma se muestra correcta para efectivizar los derechos de la población, lo mejor que puede pasar es que se continúe a través de los años y de los sucesivos gobiernos. Porque además, los derechos no se efectivizan de un día para otro, sino que esa efectivización se logra en forma progresiva: si un gobierno comienza por ejemplo obras para efectivizar el derecho a la salud y al nivel adecuado de vida de la población colocando cloacas en barrios que no las poseen, lo bueno es que los próximos gobiernos profundicen esas políticas ampliando esa red de cloacas, o llevando agua potable si no la había, mejorando las condiciones urbanísticas de ese barrio ya sea asfaltando o colocando luminarias, etc. Eso es el cumplimiento progresivo del derecho a un nivel adecuado de vida, por ejemplo. Podemos decir entonces que Políticas Públicas sonel conjunto de acciones de los diferentes órganos de gobierno, que actuando directamente o a través de terceros, y utilizando principalmente recursos públicos, se dirigen a efectivizar los derechos de los habitantes a los cuales se han obligado los Estados a través de diferentes normas jurídicas. Conjunto de acciones

Realizadas por los órganos de gobierno del Estado

Actuando en forma directa o a través de terceros

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Utilizando principalmente recursos públicos públicos

Dirigidas a efectivizar los derechos reconocidos por los Estados a todos los habitantes

Para lograr que todas la personas se pueden desarrollar en sociedad de la mejor forma que elijan

La realización o el estudio de las Políticas Públicas responde a algunas preguntas básicas: 1. ¿Qué problemas tiene una sociedad? ¿Cuáles son los prioritarios? 2. ¿Qué acciones se pueden llevar adelante para solucionarlos o mejorar una situación? 3. ¿Cómo, quien, en cuánto tiempo y con qué financiación se desarrollan esas acciones? 4. ¿Qué efectos producen? 5. ¿Es necesario corregir, introducir cambios, finalizar, etc.? 6. ¿Se solucionó el problema? ¿Mejoró la situación? 7. ¿Actuaron bien los funcionarios que decidieron realizar esa política pública? 8. ¿Esta política pública finaliza aquí o hay que darle continuidad a través de un nuevo proyecto? Las políticas públicas son un proceso, que implica la necesidad de algunos instrumentos para que se cumplan, y como todo proceso, se compone de etapas que implican que unas se deban cumplir para poder pasar a las siguientes, y que ese proceso en algún momento finalice, o se cierre de tal manera que deje un punto de partida para una continuidad en las políticas públicas de los siguientes gobiernos. Las políticas públicas pueden ser universales, es decir estar orientadas a toda la población o focalizadas, es decir dirigirse a solucionar algún problema de un grupo específico. El principio de universalidad supone garantizar a todas las personas aquellos bienes y servicios de calidad que son considerados indispensables para participar plenamente en la sociedad. Las políticas focalizadas responden a la necesidad de restituir un derecho vulnerado, solucionar una situación crítica o emprender acciones diferenciadas según las características de la población. (Por ejemplo, los pueblos originarios). Sin embargo las políticas universales y las focalizadas no son incompatibles y en muchos casos pueden ser complementarias, ya que la presencia de inequidades económicas y sociales hace que los destinatarios de las políticas públicas universales reciban sus beneficios de manera desigual. También es necesario aclarar que las políticas públicas, no siempre son exclusivamente llevadas adelante por el Estado y sus agentes y con recursos públicos, sino que muchas veces, esas políticas se implementan a través de la acción conjunta del Estado y de agentes no estatales, que pueden ser desde Organismos No Gubernamentales (ONGs), entidades varias de bien público, organizaciones religiosas de diferentes credos, asociaciones, fundaciones e incluso empresas o personas individuales, incluso con financiación que puede ser privada en algunos casos. Esto significa que no toda política pública es una política estatal.9 9Un

ejemplo puede ser el Operativo Frío: este dispositivo lo gestiona la Municipalidad, y está dirigido a las personas que en invierno se encuentran en situación de calle. Aquí el Estado está obligado a realizar políticas públicas para evitar que las personas vean violado su derecho a la vida, la salud, la vivienda, entre otros, por encontrarse sin vivienda durante el invierno. Así, pone a disposición un número de teléfono, un equipo de profesionales y un servicio de transporte, para alojar personas en el Hogar Nazaret, que es un centro para pasar la noche, que depende de Caritas, una organización de la Iglesia Católica. Es decir, recursos y gestión estatales, articulados con recursos privados, que se traducen en una política pública para proteger a un sector vulnerable de la sociedad.

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III. POLITICAS PÚBLICAS: INSTRUMENTOS Y ETAPAS Para estudiar mejor cómo las políticas públicas son el medio para efectivizar derechos, vamos a ver qué instrumentos los componen y las etapas que la integran. a) Los instrumentos de las políticas públicas:son aquellos elementos que debe tener el Estado para poder llevar adelante las mismas, y son diversos: a) Las normas jurídicas. Es a través de las normas jurídicas que los poderes públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas, y también, limitan la discrecionalidad en el actuar de los que la elaboran y ejecutan. Es decir, basarse en todo tipo de norma y ley establecida. b) Los servicios de personal. Elaborar las políticas requiere infraestructura humana, organizativa y de material. Es todo el aparato estatal, los empleados, los edificios, los muebles, los automóviles, y todos los servicios que el Estado fue formando a través de los años c) Los recursos materiales. Aquí principalmente se piensa en los económicos y financieros, ya que son lo que suelen ser más restringidos. En relación con el tema de la clase anterior, podemos pensar de qué forma se pueden financiar políticas públicas, si con recursos propios ordinarios o extraordinarios, originarios o derivados, o con recursos de otra jurisdicción, ya sean ordinarios o extraordinarios. d) La persuasión. Es necesario que la población puede ver en una política pública realmente el cumplimiento de un objetivo que le permita efectivizar sus derechos, puesto que en definitiva, va a hacer ella la que legitime con su voto o no, en los próximos cambios de gobierno, su acuerdo con las mismas. Esto exige una política comunicacional correcta, ya que muchas veces existen políticas públicas necesarias, pero que no se ven como prioritarias, o cuyos beneficios para una parte importante de la población no son fácilmente comunicables (por ejemplo, es más fácil comunicar alguna obra de estética urbana –una fuente por caso-, que el entubamiento de un arroyo, que de no hacerlo podría generar inundaciones en una próxima tormenta, ya que es una obra de poca visualización y que además necesita de muchos más recursos económicos). b) Las etapas Cuando se habla de políticas públicas, más allá de las cuestiones específicas de competencias y normas en que se basan, se hace referencia a un proceso social complejo, en el cual interactúan sectores de aparatos estales y de la sociedad civil que bajo formas institucionalizadas deben tomar decisiones en base a diferentes posiciones e ideas, actuando en consecuencia, para transformar la realidad. Ese proceso se puede esquematizar en las siguientes etapas: 1. Elaboración: consiste en: 1) la identificación y delimitación de un problema o necesidad actual o potencial de la comunidad, 2) la determinación de las posibles alternativas para su solución o satisfacción, 3) la evaluación de los costos y efectos de cada una de ellas y el establecimiento de prioridades. En esta etapa se define muchas veces el peso que tienen en la sociedad ciertos sectores: no se trata simplemente de "identificar" problemas sino de "construirlos" a partir de su definición social y de la determinación de sus alcances y límites. Aquí cobra interés especial para la gestión y el análisis el tema de la relevancia social del problema: presentado un problema, surgen algunas preguntas. El problema: ¿para quién (es)? ...¿para cuántos? ... y esos cuántos, ¿cuánto importan? Piense en el siguiente ejemplo: en Mar del Plata, la fumigación aérea con pesticidas en los campos linderos al casco urbano, puede generar la contaminación del aire en las viviendas aledañas y provoca problemas de salud en esa población. ¿A quiénes afecta? ¿Qué solución se puede dar? ¿Esa solución puede generar pérdidas económicas a las producciones agrícolas? ¿Es más importante el beneficio económico –para toda la ciudad- de las producciones agrícolas, o el impacto en la salud de una parte de la población? Claramente, el control de esa actividad es una política pública, pero como se ve, su elaboración depende de qué 6

respuestas se le den a esas preguntas, y ahí el peso social y político de cada sector afectado, cuenta y mucho en dicha elaboración. Eso significa la relevancia social del problema. 2. Formulación: consiste en: 1) la selección y especificación de la alternativa considerada más viable, 2) la declaración que explicita la decisión adoptada, definiendo sus objetivos y su marco jurídico, administrativo y financiero. Esta declaración es muy importante para que la población pueda controlar la decisión de sus representantes. Aquí hay que tener en cuenta que la de las alternativas recomendadas sigue criterios de conveniencia y oportunidad pero está condicionada por la disponibilidad de recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros. Estos recursos se pueden clasificar en: a) trabajo (recursos humanos, habilidades, profesionalización, aprovechamiento de estructuras), b) capital (equipos, materiales, infraestructuras) y c) tecnología (organización interna, estilo gerencial y funciones de planeamiento y ejecución). 3. Implementación y ejecución: consiste en poner en marcha el aparato administrativo y los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para ejecutar una política. Es una fase compleja que articula muchas cuestiones, desde tener bien en claros los objetivos de las medidas que se trate hasta la forma en que se va comunicando a la población sus avances o etapas logradas. La ejecución es el conjunto de acciones concretas destinadas a cumplir los objetivos propuestos. Muchas veces la fase de implementación de cualquier política pública se encuentra con problemas no previstos en su formulación, desde que los recursos económicos no alcancen, hasta las mismas trabas que pone el aparato burocrático de los estados, pero también la resistencia de los sectores involucrados (en Mar del Plata, por ejemplo, los habitantes de la villa de Paso, que no querían ser trasladados a otros barrios mejor urbanizados). 4. Seguimiento: consiste en el proceso sistemático de supervisión de la ejecución de actividades, que tiene por objetivo suministrar la información necesaria para introducir eventuales correcciones que aseguren el logro de los objetivos establecidos. Sistemático quiere decir que ese seguimiento está planificado, organizado y se cumple siguiendo pasos, no que se hace en forma esporádica, desestructurado o aleatorio, o de acuerdo a las necesidades políticas del momento. El seguimiento es una actividad compleja y crucial. Que ese seguimiento sea adecuado depende la calidad de la ejecución de la política pública. Una buena etapa de seguimiento logra el relevamiento de la información, su recepción, control de calidad y posterior clasificación, respecto a cómo se está desarrollando esa política pública. Si el seguimiento no logra producir información adecuada, que les permita a quienes ejecutan las políticas darse cuenta si es necesario introducir correcciones, la ejecución irá como una persona en la oscuridad de un túnel, a tientas y sin saber dónde pisa. Esa información producida en la etapa de seguimiento, es la luz que permite saber dónde se pisa y esquivar los obstáculos que se presentan corrigiendo el rumbo si es necesario. En las políticas públicas, muchas veces para esta etapa, se requiere de personas y/o asociaciones que brinden dicha información, ajenas a los aparatos estatales, ya que quien ejecuta dichas políticas, muchas veces se encuentra demasiado cercano a las mismas, y por lo tanto puede tender a no observar ciertos problemas en dicha ejecución. 5. Evaluación: consiste en la mensuración y análisis, a posteriori, de los efectos producidos en la sociedad por las políticas públicas, especialmente en lo que se refiere a las realizaciones obtenidas y a las consecuencias previstas y no previstas. Para hacer esto debemos delimitar 1) el objeto de la evaluación: qué se va a evaluar (por ejemplo, efectos sociales, costos, tiempo, etc.), 2) la identificación de a quiénes está dirigida la evaluación (al gobierno, a los bancos que prestaron la plata, a los habitantes), 3) quiénes son los encargados de hacer la evaluación (evaluadores internos y/o externos, políticos y/o técnicos), 4) el tipo de evaluación, contenidos y alcances, el momento en que se efectúa y las técnicas a utilizar. Evaluar políticas supone el uso de instrumentos que permitan la elaboración de indicadores, la producción de información, su control de calidad, su clasificación y su análisis e interpretación para que pueda ser lo más objetiva posible de acuerdo a los parámetros que se delimitaron mencionados más arriba (objeto, destinatarios, realizadores, etc). La evaluación además de permitir conocer qué pasó con el proyecto de política pública implementado, si cumplió o no con su objetivo, si lo cumplió más o menos satisfactoriamente, si tuvo efectos no previstos, si costó más de lo pensado, si llevó más tiempo del previsto, qué tipo de dificultades presentó, etc., sirve fundamentalmente para la 7

elaboración de recomendaciones futuras. Recomendaciones para el Estado y para la sociedad que permitan en el futuro tomar decisiones respecto a políticas públicas que permitan efectivizar más derechos en formas más eficientes. En forma gráfica lo podemos representar de esta manera10:

Finalmente debemos ver que estas etapas no son compartimentos estancos en los cuales sólo participan agentes estatales de uno u otro nivel (nacional, provincial o municipal) o que se realizan con agentes de la sociedad civil o privados, sino que como se dijo, son procesos complejos que involucran muchos agentes y acciones. Así, puede ser que la elaboración de una política pública esté en manos de un Estado (por ejemplo el municipal) en forma conjunta con un sector de la sociedad civil, pero la formulación se realice con entidades de otro tipo (por ejemplo, asesoramiento del Banco Interamericano de Desarrollo), y la implementación y ejecución necesite de agentes o recursos del Estado provincial y nacional, que el seguimiento se realice conjuntamente con organizaciones del sector al cual apunta esa política pública, y que la evaluación también sea externa, por algún organismo internacional, además de la evaluación propia de los agentes que la elaboraron IV. CONCLUSIONES Cuando se habla de políticas públicas, parece que se hace referencia a algo medio extravagante, que queda lejos de las necesidades cotidianas que tenemos todos como habitantes de una ciudad determinada de un país del cono sur de américa, enclavada en una provincia que es muy grande y tiene muchos problemas. Parece que los estudios sobre la materia son un poco abstractos y que se hace referencia a cuestiones que no entendemos bien y que nadie nos explica. Sin embargo, las políticas públicas no son un regalo que nos hacen las personas que transitoriamente están a cargo del gobierno. Las políticas públicas son aquellas acciones que está obligado a hacer el Estado (y por lo tanto los gobernantes que estén a cargo de él) para que todos podamos vivir bien y mejor, y para los que no viven bien logren vivir bien y mejor día a día. Las necesidades de las sociedades urbanas y masivas son muchas, y en la medida en que se van cumpliendo, surgen nuevas. Por eso cuando se habla de política pública se habla de todos los habitantes de un Estado, y de la obligación de ese Estado de realizar acciones que tiendan a que esos habitantes puedan tener trabajo digno, familia, vida digna, sean sanos, educados, en definitiva, felices, plenos, realizados.

10INAP

son las siglas de Instituto Nacional de la Administración Pública y CLAD es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo. El gráfico fue extractado del artículo “El ciclo de las políticas públicas locales: notas para su abordaje y reconstrucción” de Cristina Díaz, publicado en Políticas Públicas y desarrollo local, Juan Carlos Venesia (compilador)

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Toda política pública se realiza con recursos que son de los habitantes, deben estar destinadas a la felicidad de los habitantes, y deben ser los habitantes los que puedan controlar primero que se realicen, luego que se realicen bien, y posteriormente que continúen. Y si no es así, ejercer la rendición de cuentas y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales con todos los medios que otorga la Constitución Nacional y Provincial, la Ley Orgánica de la Municipalidades y finalmente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, entre otras normas. Actividades: 1. Relacionando las competencias que son del Estado Nacional, Provincial y Municipal, identifique una política pública que dependa de cada uno de esos Estados, indique qué derecho tiende a efectivizar y si es universal o focalizada: Política pública

Estado competente para realizarla

Asignación Universal por Hijo Encause del río Salado Autopista Buenos Aires-La Plata Ley de fertilización asistida Construcción del emisario submarino Ley del salario mínimo vital y móvil Ley de movilidad jubilatoria Campaña de vacunación contra la gripe Creación técnicas

de

Colocación seguridad

escuelas de

medias

cámaras

de

Ampliación del parque industrial Promoción industrial en Tierra del Fuego Ley de cupo para mujeres para cargos electorales Prohibición de fumar en lugares públicos Boleto escolar gratuito Control en la venta de bebidas alcohólicas Tomografías gratuitas.

y

mamografías

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Derecho a efectivizar

Universal o Focalizada

2. Piensen en el barrio donde uds. viven, o alguno de la ciudad que conozcan bien, cual sería una política pública que propondrían para llevar una mejor calidad de vida al barrio. En forma esquemática, identifique: Barrio: Problemática Derecho vulnerado o a mejorar Objetivos Sector al que está dirigido

Quién la debe llevar a cabo Cómo se financiaría Cuánto tiempo requiere Acciones concretas

Participación de ONG empresas privadas

y/o

Mensaje a la población para comunicar la obra Quien estaría a cargo de la evaluación Qué efectos prevee en la población a la que está dirigida 3. A partir del trabajo de cada grupo, se propone que se pongan en común todas las propuestas, y en el caso, se puede realizar una votación eligiendo las mejores propuestas, que serían las que se llevarían a cabo, si el aula fuera una asamblea popular.

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