Autor: Jacinto Cuvi Institución: Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po Paris) Sesión: Modelos de liderazgo en América Latina y Chile (CS08) Título: Las reglas del liderazgo: dinámicas de acción política y cambio institucional. Alberto Fujimori, ícono de las teorías sobre neopopulismo1, carece de los atributos personales generalmente asociados con el liderazgo. Outsider por excelencia, poco elocuente y con fisionomía extranjera, Fujimori no posee, al momento de su elección en 1990, ni un pasado ni un perfil definidos. Su imagen política no tiene la composición típica del liderazgo político latinoamericano tal como se observa en su versión populista clásica. El éxito y la popularidad inicial del « Chino » no descansan en una promesa de redención social o en el sentido místico de la relación entre el pueblo y su jefe, sino en la representación de valores concretos como el trabajo duro, la eficiencia, el desarrollo, sumada al rechazo masivo de la clase política tradicional. Su primer eslogan de campaña fue tan sencillo como « Honradez, tecnología, trabajo ». Al mismo tiempo, el gobierno de Fujimori efectuó cambios radicales dentro de las instituciones reguladoras de las esferas política y socioeconómica. En el orden político, Fujimori subvirtió un sistema democrático-representativo, aunque ciertamente personalizado, e instauró un régimen autoritario militarizado. En el orden socioeconómico, su gobierno operó una de las transiciones más drástica en América Latina de un régimen económico con controles y participación estatal a una economía de mercado privatizada y desregulada. Tales cambios institucionales tuvieron, sobre todo en el ámbito económico, fuertes determinantes estructurales, además de las presiones ejercidas por los organismos internacionales. Pero dichas transformaciones no hubieran podido realizarse sin la intervención de cierta forma de liderazgo político por parte del Ejecutivo. El objeto de este análisis es desentrañar las modalidades particulares y explicar la efectividad de este tipo de liderazgo que llamaremos pragmáticoautoritario. A contracorriente de los estudios sobre neopopulismo que toman al estilo de gobierno como dimensión esencial del fenómeno2, este análisis pone énfasis en determinadas prácticas que dan cuenta de la efectividad del líder en la redefinición del marco institucional de la actividad política y económica. Inspirándonos en la Sociología de las crisis políticas de Michel Dobry, son las “jugadas”, “movidas” o “golpes”3 del actor los que hemos de considerar como factores claves del proceso transformativo. Estas se refieren a acciones concretas que, en determinadas coyunturas, los actores ejecutan en base a cálculos y disposiciones personales, con las cuales modifican la configuración del juego político.

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Ver Mackinnon & Petrone (1998). Ver Weyland (2004), también Mackinnon & Petrone (1998). 3 En este contexto, los tres conceptos son sinónimos. Traducen el término francés “coup” con que Dobry retoma la expresión “move” del inglés. En el caso de Fujimori, el concepto teórico coup o “golpe” cobra un sentido literal con el autogolpe del 5 de abril del 92: es a la vez una jugada y un golpe de Estado. Una palabra equivalente podría ser “apuesta”, aunque “movida” y “golpe” tienen una connotación más proactiva. Ver Dobry (1986). 2

Ahora bien, a la vez que pueden ser eficaces en cambiar las “reglas del juego”, las acciones están condicionadas por el marco institucional dentro del cual opera el actor. Las normas legales regulan y limitan las posibilidades de acción. Sin embargo, en un contexto de institucionalización incompleta del sistema político, dónde la aplicación de las normas no es sistemática, el poder del Ejecutivo radica precisamente en su capacidad de “jugar” con el marco institucional, esto es, según los casos, de abusar de sus facultades normativas, de transgredirlas o de manipularlas. Así, las leyes son un instrumento potencialmente poderoso al servicio de actores que tienen la capacidad de informarlas y aplicarlas. Pero son, al mismo tiempo, límites flexibles al accionar de estos actores. Por tanto, el poder transformador sobre el orden sociopolítico, que se ejerce a través de la “instrumentación” del sistema legal, esto es de la producción, modificación y aplicación de determinadas normas, depende al mismo tiempo de la capacidad de jugar con los límites que impone el propio marco legal. Las posibilidades de juego con el marco institucional estriban en la habilidad del actor y en los recursos políticos de que dispone, como la autoridad o la legitimidad. En este sentido, son un componente esencial del liderazgo. Una primera sección analiza el papel de la legalidad dentro del sistema de poder de Fujimori. A continuación se analiza tres “grandes jugadas” del fujimorismo con relación al marco legal en que se dan y al efecto que tienen sobre éste, y por su intermedio sobre la estructura del orden político y económico. De este análisis se deduce, en la tercera sección, una concepción amplia del liderazgo que integra dimensiones prácticas y se delinea un modelo específico de liderazgo característico de la praxis de Alberto Fujimori.

1. La ley al servicio del líder Una de las características más paradójicas del fujimorismo ha sido la preocupación del gobierno por justificar los actos más explícitamente arbitrarios con argumentos legales. Con excepción del autogolpe del 5 de abril de 1992, que marca una ruptura abierta con el orden constitucional, la mayoría de los pasos hacia la construcción de un régimen autoritario se dieron dentro de las formas de la legalidad. Lourdes Flores Nano, una congresista de la oposición de ese entonces, expresa de esta manera la ambigüedad de lo que llama el “modelo peruano”: “El instrumento para perpetuarse en el poder o para consagrar el modelo autoritario en existencia, ha sido la misma ley.” […] “El mismo aparato formal –parlamento, ley, poder judicial- es el sendero a través del cual el proceso autoritario se materializa”.4 De hecho, las dos figuras más influyentes del entorno presidencial, Santiago Fujimori y Vladimiro Montesinos, eran abogados y prestaban una atención minuciosa a las disposiciones jurídicas. Así los describen Bowen y Holligan: “Notoriamente tímido, Santiago había forjado para sí la imagen del abogado puntilloso. Entre sus labores estaba la de revisar muchas de las leyes que producía el gobierno, al mismo tiempo que oficiaba como incansable administrador”5. 4 5

(Bowen, 2000, pág. 309) (Bowen & Hooligan, 2003, pág. 301)

Santiago era el hermano del presidente, quién lo asesoró en la constitución del cuerpo de tecnócratas que gobernaron durante su primer mandato. Fue apartado del poder a principios del 96. En cuanto al célebre jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN): « Montesinos era amante de las leyes, de los decretos y resoluciones, de las exasperantes minucias y del intrincado lenguaje que son parte medular de la legislación peruana y de su elefantiásico sistema judicial […] Todas la burdas y antiéticas maniobras políticas que urdió el régimen siempre estuvieron convenientemente arropadas de tecnicismos para que pareciesen respetuosas de la legislación vigente ».6 El proceso de elaboración de disposiciones jurídicas alcanzó así un nivel muy alto de concentración en manos del Ejecutivo. Como lo indica Degregori, “entre agosto de 1990 y marzo de 1992, el Congreso de mayoría opositora delegó quince veces poderes legislativos al Ejecutivo, a cuyo amparo se dictaron 158 decretos legislativos”.7 Esto describe la situación previa al golpe de Estado de abril del 92. Luego, al recobrar el Perú instituciones formalmente representativas, Fujimori gozaba de mayoría parlamentaria y el Congreso le estaba supeditado en la práctica8. Más aun, los mecanismos de elaboración de las leyes fueron privatizados. En lo que fue elocuentemente bautizado “La Fábrica”, las oficinas de Vladimiro Montesinos en el SIN, se diseñaban leyes claves para la reproducción del régimen a la vez que se discutía e implementaba la estrategia para su adopción. Las descripciones de Bowen y Holligan en ese sentido son significativas: « La Fábrica de leyes la encabezaban [los] dos asesores más cercanos [a Montesinos]: Rafael Merino, veterano del gobierno tras bambalinas y conocido de Montesinos desde el gobierno de Velasco, y el abogado Pedro Huertas, asistente personal, en el campo legal, de Montesinos. Cuando este necesitaba una nueva ley para validar sus fraudes electorales o para obtener una mayor cuota de poder, Merino recurría a su imaginación e inventaba los argumentos más persuasivos para justificar la nueva norma legal. Huertas se encargaría luego de hacer que ella encajase en los moldes de la legislación peruana.” 9 Luego, “uno o varios de los congresistas leales al régimen eran invitados a integrarse a la denominada “Escuelita” del SIN. Allí, sentados alrededor de una gran mesa de directorio, se les ofrecía un repertorio de argumentos legales útiles para defender la nueva ley.”10 En otra ocasión, el jefe de uno de los más importantes grupos económicos nacionales discutía con el asistente del SIN “movidas” legales que podrían asegurar la permanencia de Fujimori en el poder. El empresario propuso a Montesinos eliminar la segunda vuelta para facilitar la reelección11. Tan solo la formulación de esta idea da cuenta del nivel de control ejercido por los actores sobre el proceso legislativo y la estructura legal en su conjunto.

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(Bowen & Hooligan, 2003, págs. 309-310). (Degregori, 2000, pág. 32) 8 “El congreso (CCD) se convirtió en algo menos que una extensión del Ejecutivo” (Bowen, 2000, pág. 208). 9 (Bowen & Hooligan, 2003, pág. 311) 10 Ibíd. 11 Ibíd. 7

Así pues, el control y la producción de las normas legales es constitutiva del modo de ejercicio del poder del fujimorismo. La ley cumple dos funciones básicas: es un instrumento de ejecución de las maniobras políticas y sirve para legitimarlas. De ahí que, al estudiar la acción política, y en particular las “jugadas” constitutivas del liderazgo, las instituciones no puedan ser consideradas como simples “reglas del juego”, como normas abstractas y universales en función de las cuales los actores delinean sus estrategias. Son un recurso maleable cuya instrumentalidad se expresa en el carácter ad hoc de las disposiciones, que muchas veces sirven objetivos políticos específicos, así como en el muy alto grado de privatización previamente ilustrado. El análisis desarrollado por Javier de Belaúnde sobre las relaciones entre Fujimori y el poder judicial da buena cuenta del carácter puntual y concreto de las disposiciones legales, que sirven para respaldar jugadas políticas bien definidas. Así pues, en 1995, el Congreso de mayoría oficialista emite una “Ley de Amnistía” especialmente destinada a indultar oficiales del Ejército que habían participado en casos de violación de derechos humanos cuya revelación a los medios de comunicación puso al gobierno en tela de juicio. Los dos casos más sonados fueron el asesinato de 16 personas en noviembre de 1991, llamado “Barrios Altos”, y el secuestro y desaparición de 8 estudiantes y un profesor en la universidad de La Cantuta, el 16 de julio de 1992. Ante la objeción de inaplicabilidad por parte de la juez Antonia Saquicuray, el Congreso, al mando del Ejecutivo, promulgó una nueva ley (ley 26492) que inhabilitaba el recurso. Otro tanto ocurrió con el intento de encarcelamiento abusivo del general disidente Rodolfo Robles, quien había denunciado la responsabilidad de altos mandos de la jerarquía del Ejército en los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Sus familiares interpusieron un recurso de habeas corpus que desembocó en una orden de puesta en libertad inmediata por parte de un juzgado civil, enseguida invalidada por un tribunal militar. El escándalo provocado a nivel interno e internacional llevó a la promulgación de dos leyes consecutivas, la ley 26699 y la ley 26700, que otorgaban una amnistía sobre medida a Robles y a sus jueces militares12. No se trata, como es obvio, de exaltar la manipulación del sistema legislativo al convertirla en una forma de expresión del liderazgo político. Más aun, el arresto de Robles no fue una “movida” del presidente sino de unos de sus aliados, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza, en retaliación por las denuncias formuladas en su contra. La intervención presidencial se produce después, a favor de las leyes de amnistía, como búsqueda de una salida a un problema político generado por las protestas. El objetivo de las consideraciones previas es aclarar la forma en que los elementos normativos intervienen en las dinámicas de acción política y por ende en el ejercicio del liderazgo. Y es que el control del proceso legislativo no puede, por si solo, dar cuenta de los efectos sociales y económicos del fujimorismo. Es necesario, por lo tanto, introducir la práctica del actor político. El análisis de esta segunda dimensión, desarrollado a continuación, se articula en torno a tres “jugadas” claves de Alberto Fujimori durante su mandato, que intervienen dentro de un marco institucional y a su vez lo modifican sustancialmente. Esta capacidad del actor presidencial es, como argumentamos en la última sección, un aspecto fundamental del liderazgo ejercido por Fujimori, cuyo análisis da cuenta de su evolución ascendente y decadente a lo largo de los 90.

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Los incidentes expuestos en este párrafo fueron extraídos del artículo de Javier de Belaúnde (1998).

2. Los grandes golpes del fujimorismo Cabe resaltar que, dentro de lo que Dobry llama procesos de movilización política, cada “golpe” no está aislado ni es independiente de los demás. Más bien, estos procesos deben ser analizados como secuencias concatenadas de intercambios de “golpes” y “contra-golpes” entre los actores13. Cada movimiento responde a un movimiento previo del adversario y genera una nueva respuesta de su parte. Quién ocupa la posición dominante es, hasta cierto punto, más autónomo, y puede permitirse movidas más decisivas14. Aun así, toda movida debe ser explicada dentro de una interacción que se desarrolla en el tiempo. De ahí que la apuesta más determinante y espectacular de Fujimori, el autogolpe del 5 de abril, no debe entenderse como una decisión puntual y aislada sino más bien como la respuesta conclusiva a una serie de intercambios de golpes entre el Ejecutivo y sus adversarios. Otro principio fundamental del marco analítico desarrollado por Dobry es la idea que cada movida se da dentro de un contexto institucional, definido por un conjunto de normas escritas o informales – las reglas del juego – que condiciona las posibilidades respectivas de los jugadores15. Las tres jugadas estudiadas en lo que sigue, que desempeñan un papel clave en la transformación del orden político y económico, revelan tres tipos de relación al marco normativo características de la evolución del liderazgo fujimorista: el abuso, la ruptura y la manipulación. Cada una de estas modalidades marca un momento y un grado de intensidad de este liderazgo que alcanza su cúspide en la segunda y muestra su agotamiento en la tercera.

a. La política del decreto La primera movida de peso en la transformación del orden económico arranca apenas diez días después de la investidura, con el anuncio por parte del ministro de economía Hurtado Miller de lo que se dio en llamar el fujishock: el fin drástico de los controles de precio y subsidios, que catapultó los precios de las materias primas y de la gasolina. Si bien la medida era políticamente cuestionable, pues contradecía la única promesa clara de la campaña: el gradualismo en la implementación de las reformas económicas, su adopción no infringía ninguna disposición legal. Aún así, el contexto legislativo en que ocurrió es interesante. Como consecuencia de la debacle económica y del caos sociopolítico que arrasaban al país, el Congreso había delegado al Ejecutivo facultades extraordinarias para emitir decretos legislativos en materia económica. Esta práctica, que habría de repetirse a lo largo de los diez años de gobierno, marca un primer paso hacia la constitución legal de un régimen autocrático. Más importante aún es entender las condiciones que permitieron a Fujimori una movida tan audaz . En circunstancias ordinarias, dicha medida hubiera provocado reacciones masivas. En el momento de su adopción, no generó mayores resistencias. Dos razones sobresalen que pueden ser 16

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(Dobry, 1986, págs. 21-28) El autogolpe es buen ejemplo de ello. Sin embargo, actores desfavorecidos por la correlación de fuerzas también pueden dar golpes sorpresa de gran impacto, como fue la toma de la embajada de Japón por el MRTA. 15 (Dobry, 1986, pág. 23) 16 Lo que no significa, como ya señalamos, que no existieran fuertes presiones para hacerlo. 14

remitidas a dos de los mecanismos que Keeler ha señalado como catalizadores de los procesos de reforma: la autorización y la urgencia17. El primero se refiere al margen de maniobra del cual goza un gobernante agraciado por el voto popular en los primeros meses que siguen a su elección, momento que Keeler llama el “estado de gracia”. La legitimidad que se deriva de una victoria electoral amplia, que implica el reconocimiento por parte de los ciudadanos del derecho del “jefe” a actuar según sus preferencias, es sin lugar a dudas un elemento de poder. En la segunda vuelta de junio de 1990 Fujimori derrotó a Vargas-Llosa, gran favorito hasta poco meses antes de los comicios, con un margen de más del 20 por ciento de los votos. Otro factor de empoderamiento es la “urgencia”. La situación económica y social no podía ser peor. La tasa de inflación anual en 1989 es de 2775%, la más alta jamás registrada en la historia del país. Ese mismo año, el producto interno bruto (PIB) cae en un 12%. Por otro lado, Estado peruano se encuentra desde hace diez años en guerra con la organización armada maoísta Sendero Luminoso. Las pérdidas humanas y materiales, difíciles de evaluar con exactitud, alcanzan más de 20 000 vidas y unos veinte millares de dólares18. En tales condiciones, la adopción de medidas radicales, cualesquiera que éstas fueran y cualesquiera que fueran los mecanismos de su adopción, es una prioridad política que responde a las expectativas ciudadanas (Keeler, 1993). Estos hechos demuestran que, más que las facultades o competencias definidas por el orden legal, lo que determina las posibilidades de acción de los actores, incluso al interior de dicho orden, son circunstancias políticas externas combinadas con las capacidades personales del actor, lo que Keeler llama “the will and skill of its leadership” (Keeler, 1993, pág. 433). En la continuidad del shock se inscribe una oleada de decretos emitidos por el Ejecutivo en noviembre de 1991, bautizados decretos “bomba”. Éstos sentaron las bases legales para apuntalar las dos transformaciones fundamentales operadas por el gobierno de Fujimori. En lo que se refiere al cambio económico, fue a través de los decretos emitidos en ese momento que se abrieron las puertas tanto a la competencia privada dentro de todos los sectores de la economía, incluyendo salud, educación y energía, como a la inversión extranjera en el mercado nacional. También se liberalizó el comercio internacional. Asimismo, disposiciones adoptadas en esa ocasión permitieron la cooptación de instancias claves del aparato de Estado sobre las que se asentó la autoridad presidencial. El caso más sobresaliente es, quizás, el de las Fuerzas Armadas. El 12 de noviembre de 1991 se establece por decreto legislativo que el nombramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas es competencia del Ejecutivo. Al mismo tiempo, se suspende la disposición según la cual los oficiales deben retirarse a los 35 años de servicio. Con este recurso, Nicolás Hermoza, un general sin grandes méritos, es nombrado jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, puesto en el que habría de permanecer por más de seis años, contra las reglas oficiales del establecimiento militar. Además, varias leyes contenidas en este “paquete legislativo” restringen drásticamente las libertades ciudadanas y la libertad de prensa, a la vez que amplían los poderes y facultades del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y del Ejército.

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(Keeler, 1993) Para un balance detallado del costo humano de la guerra ver el (Informe final de la Comision de la Verdad y de la Reconciliacion, 2003) 18

Según la dinámica antes delineada, estas movidas dieron lugar a respuestas, “contra-golpes” en el lenguaje de Dobry, por parte de opositores, que adoptaron igualmente formas legales. Así, considerando que el Ejecutivo se había excedido en el uso de los poderes especiales que le habían sido concedidos, el Congreso llamó a una sesión extraordinaria en la que se debatieron los decretos emitidos. Ésta tuvo lugar en enero de 1992. Se hicieron algunas modificaciones a los decretos anteriores y, sobre todo, se emitió una ley, llamada Ley de Control al Ejecutivo. El objetivo de esta ley, como lo indica el nombre, era limitar el ejercicio de facultades especiales y la promulgación de medidas extraordinarias por parte del Ejecutivo19. En términos teóricos, el sentido de esta movida era restringir el campo de juego del Ejecutivo, estableciendo nuevas reglas o afirmando reglas ya existente aunque parcialmente aplicadas. Es ahí, precisamente, donde entran en juego las disposiciones personales del actor presidencial quien, apoyándose en su popularidad y expresando sus inclinaciones autoritarias, quiebra las reglas establecidas al dar un golpe de Estado.

b. El golpe fatal Las limitaciones impuestas por el Congreso irritaron profundamente a Fujimori. Al ver limitadas sus posibilidades de juego dentro de las reglas establecidas, Fujimori da el paso decisivo. El 5 de abril de 1992, en mensaje televisivo de cadena nacional, el presidente anuncia la cierre del Congreso y la instauración de un “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, calificando al parlamento de “irresponsable, estéril, antihistórico y antinacional”20. La ruptura con el orden constitucional se enmarca, como hemos visto, dentro de una dinámica previa de intercambio de “golpes” que, hasta ese momento, se había desarrollado en conformidad con el sistema de normas establecidas. Con una aprobación popular de más del 70% de la ciudadanía, el autogolpe es la jugada más radical y quizás la más exitosa del fujimorismo. Dicha coyuntura política supone por definición la interrupción de las reglas del juego plasmadas en la Constitución. Las normas que se emiten de ahí en adelante sirven directamente los intereses de los actores y carecen de reconocimiento o legitimidad general. Mejor dicho, según la evolución característica de los procesos de crisis teorizada por Almond y Flanagan que Michel Dobry retoma desde una perspectiva crítica21, los recursos legales pierden efectividad y son otros recursos, como las influencias o, en última instancia, los medios de coerción física los que determinan el desenlace de la confrontación. En términos de influencias, categoría que abarca no solamente relaciones personales sino todo tipo de recursos intangibles, Fujimori gozaba sin lugar a dudas de la legitimidad popular expresada en los sondeos, muy superior en fuerza política a la “legitimidad institucional”, fundada en el reconocimiento por parte del Congreso, de quién se convirtió por poco tiempo en el baluarte del bando opositor, el “presidente constitucional” Máximo San Román. Aquello no impidió que fueran movilizados los medios físicos de coerción. Los principales centros de resistencia u oposición política fueron bloqueados por tanques y carros blindados, entre ellos el Parlamento, el Palacio de Justicia y la sede del APRA. Asimismo, los medios de comunicación 19

(Degregori, 2000, pág. 33) (Bowen & Hooligan, 2003, pág. 116) 21 Ver (Dobry, 1986, págs. 121-140) 20

fueron intervenidos por agentes del Ejército, y los intentos de reunión y deliberación de los oponentes fueron frustrados por la fuerza22. Como lo indica Dobry, la movilización de estos recursos puede tener una intención tanto física como simbólica. De hecho, tratándose de un golpe de Estado, la violencia fue relativamente poca. Pero la intervención de este tipo de recurso es también una manera de influir en los cálculos de los adversarios, ante la eventualidad de su puesta en práctica. Al igual que la ráfaga de decretos de noviembre de 1991, el ataque al orden constitucional dio lugar a una respuesta por parte de los actores opuestos al Ejecutivo. Ésta se concretó en el contra-golpe – aquí también, la palabra puede ser entendida en ambos sentidos, teórico y político – de noviembre de 1992, liderado por el general Jaime Salinas. La ofensiva fracasó, ante una respuesta militar de mayor envergadura23. Bajo las ordenes de Nicolás Hermoza, una escuadra de tanques rodeó a Palacio con el fin de proteger a Fujimori y dar a ver la supremacía militar del bando fujimorista24. Con la jugada del autogolpe, Fujimori establece definitivamente un régimen político autocrático. Al quebrar las reglas del juego, el autogolpe elimina todos los contrapesos que, hasta entonces, podían contrarrestar la autoridad del Ejecutivo. Este quiebre sienta las bases para la reconstrucción de un sistema institucional en el que las decisiones legislativas y judiciales están supeditadas, formal o informalmente, a la voluntad del jefe de Estado. Se crea así un régimen de formalmente democrático que, según Moisés Arce, presenta “pocos o ningún “puntos de veto”, lo que permite llevar a cabo cambios radicales”25. En este marco institucional se desarrolla la última gran batalla de Alberto Fujimori, la lucha por su segunda reelección. Los golpes que configuran esta confrontación entre el gobierno y la muy debilitada oposición se extienden a lo largo de cuatro años, desde 1996 hasta el 2000. Esta batalla constituye el elemento estructurante de la vida política peruana durante el segundo mandato de Fujimori y puso de relieve el agotamiento de la capacidad de liderazgo del presidente con el tiempo.

c. La segunda reelección o el agotamiento del fujimorismo La contienda por hacer legal la segunda reelección de Fujimori, que desbordó el marco de las instituciones legislativas y judiciales hasta convertirse en un motivo de movilización social, arranca oficialmente con la llamada “Ley de interpretación auténtica”, aprobada por el Congreso de mayoría oficialista en agosto de 1996. El texto planteaba en sustancia que la proscripción constitucional de un tercer mandato consecutivo no se aplicaba a Fujimori para las elecciones del 2000, pues esta sería apenas su primera reelección desde la adopción por referéndum de la nueva Constitución en octubre de 1993. En tres días, el texto de esta ley muy controvertida fue debatido y aprobado por el Congreso. Para muchos, se trataba de un agravio descarado a la legalidad constitucional.

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Ver (Bowen, 2000, pág. 116) Un hecho importante, que tiende a contradecir la idea de “liderazgo” tal y como se entiende en el sentido común, que implica cierto valor y una actitud frontal ante los hechos, fue la reacción de Fujimori: escapar y refugiarse en la embajada de Japón. Volveremos sobre el problema en la última sección. 24 Ver (Obando, 1997) 25 (Arce, 2005, pág. 15). Traducción nuestra. 23

Usando un recurso provisto por la misma Constitución, actores de la oposición lanzan una campaña de recolección de firmas con el objetivo de llamar a un referendo y someter la ley a una decisión popular. Más de un millón de firmas eran exigidas para este fin. Para entonces, la popularidad arrolladora del régimen había caído y varios escándalos de corrupción y violación de derechos humanos habían salido a la luz pública. La campaña pro-referéndum tenía posibilidades de éxito. En la dinámica de intercambio de golpes, al golpe legislativo de adopción de la ley respondía un golpe político que hacía un llamado a la movilización de la sociedad civil, aunque seguía basándose, a fin de cuentas, en un recurso institucional. El contragolpe fujimorista tomó una forma legislativa. En octubre, una nueva ley, bautizada Ley Siura, dispuso que la convocatoria a un referéndum requería, a más del millón de firmas, el voto aprobatorio de dos quintos del Congreso. El movimiento anti-reelección lanzado en agosto se veía obligado a cumplir con este requerimiento. Esta maniobra fue considerada anticonstitucional por muchos juristas y abogados. Lo que es más, la ley fue objetada por jueces del Tribunal Constitucional, quienes consideraron la aplicación retroactiva del acto legislativo en contradicción con las disposiciones constitucionales, en junio del 97. La respuesta del gobierno fue destituir a los tres jueces que se habían pronunciado en contra y mover fichas en la Corte Suprema y el Jurado Nacional de Elecciones, instancias cuya jerarquía estaba cooptada por Montesinos, para asegurar la continuidad del proceso. Al final, los opositores no tuvieron más remedio que plegarse a las muy cuestionadas reglas del juego impuestas por el gobierno e intentar obtener los 48 votos que les permitirían organizar el referendo. Al cabo de una intensa batalla parlamentaria, el 27 de agosto de 1998, el bando “proreferendo” fracasó en su intento por reunir la cuota de votos necesarios. Cerradas las vías de acción legal, la oposición envistió nuevamente la arena social. Se organizaron marchas y protestas que cobraron fuerza en varias ciudades importantes del país. Sin embargo, con el tiempo, el movimiento fue perdiendo vigor. Resucitó con fuerza cuando el sorpresivo resultado de Alejandro Toledo en abril del 2000 forzó una segunda vuelta, y ante la evidencia de fraude y manipulación por parte del gobierno que restaban credibilidad al proceso electoral. Fujimori consiguió ser reelegido en los comicios más turbios de la historia política peruana desde el retorno a la democracia, pero renunciaría cinco meses después ante la revelación de las redes de corrupción que sustentaban al régimen.

3. Reflexiones finales : repensando el liderazgo político Si entendemos por liderazgo la capacidad de un actor político de ejercer el poder de manera efectiva y con respaldo popular, sin que esta definición conlleve ninguna connotación valorativa, el análisis de la experiencia fujimorista revela una serie de enseñanzas sobre los fundamentos y la lógica del fenómeno. Primero, el liderazgo no consiste solamente en determinados efectos simbólicos y afectivos de una personalidad sobre su entorno sino que se sostiene en ciertas prácticas políticas. La viabilidad de un fenómeno de liderazgo depende tanto del “carisma” del líder, entendido como las cualidades que posee una persona de suscitar simpatía y entusiasmo colectivo, como de su habilidad táctica.

Con ello no pretendemos negar la existencia de un tipo de conexión especial entre Fujimori y las masas, conexión que ha sido analizada a profundidad y con fineza por otros autores26. Degregori, por ejemplo, afirma que “Fujimori crea una sensación de cercanía sin palabras, a partir de actos informales que rompen las convenciones previas sobre lo que era un presidente”27. Ambos aspectos, la relación social y la táctica política, son elementos esenciales y complementarios de la producción y reproducción del liderazgo28. Este enfoque contradice no obstante la idea que el liderazgo populista, al establecer una relación directa con el pueblo, se produce por encima de las mediaciones institucionales (Crabtree, 1998). Las instituciones son, por lo contrario, un recurso importante del líder político. Más aún, los modos de instrumentación de las disposiciones institucionales reflejan la intensidad del liderazgo. Así pues, la segunda afirmación clave de este trabajo se refiere a la relación entre el líder y el marco de acción institucional. La actividad táctica señalada como dimensión fundamental del liderazgo se desarrolla dentro de un determinado sistema normativo. La capacidad de liderazgo de un actor se expresa en dos procesos combinados: su capacidad de emanciparse de este marco restrictivo en su accionar político, y su capacidad de transformar y hacer aplicar ciertas normas, ya sea contra los adversarios políticos o sobre la sociedad en su conjunto, como ocurre con las reformas económicas. En otros términos, el liderazgo no puede ser estudiado como un fenómeno inmanente al actor, tiene que ser considerado dentro del contexto institucional en el cual se da. Como lo expresa Hernando de Soto, reconocido economista peruano y colaborador de Fujimori en sus primeros años de gobierno: « Hacen falta reformas institucionales para crear una base solida. El presidente tiene una personalidad muy fuerte: si es autoritario, es porque las instituciones peruanas le otorgan un poder descomunal. Y Fujimori sabe usar muy bien lo que el Estado le proporciona ».29 Bajo este criterio, la experiencia de la década del 90 da cuenta de un crecimiento de liderazgo, que alcanza su punto máximo con el autogolpe del 92, momento de ruptura con el marco legal, y de un consiguiente declive que se expresa en la difícil batalla por legalizar la segunda reelección, batalla marcada por una lógica de manipulación de las normas legales que recibe un creciente rechazo ciudadano. Fujimori gana esta batalla sin fe ni gloria, poco antes de su escandalosa demisión. Al introducir estos dos elementos de apreciación del liderazgo, la actividad táctica y la dimensión institucional, no se trata de afirmar que la personalidad del líder no tiene relevancia. Las características personales determinan los movimientos tácticos que el actor está dispuesto a efectuar y la distancia que está dispuesto a tomar respecto de las reglas del juego. En el caso de Fujimori, existen con certeza disposiciones autoritarias. El “trasfondo virtualmente militar” que él mismo se

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Ver (Crabtree & Thomas, 1998), (Mackinnon & Petrone, 1998) y (Weyland, 2004). (Degregori, 2000, pág. 110) 28 Degregori enfatiza este aspecto del fujimorismo cuando escribe: “[Fujimori] no desarrolla estrategias de largo plazo pensando en el país como totalidad, sino tácticas de corto plazo pensando en la supervivencia de la camarilla.” (Degregori, 2000, pág. 114) 29 Citado en Bowen, (Bowen, 2000, pág. 111). 27

atribuye da fe de tales disposiciones. Es ofensivo con quienes se le oponen y no duda en utilizar métodos drásticos para imponerse30. Sin tales disposiciones, el autogolpe no podía tener lugar. Como lo describe Degregori, usa “un estilo de gobierno que jamás se pretendió hegemónico sino confrontacional; nunca dispuesto a incorporar al adversario sino a aniquilar al enemigo, trasladando las tácticas bélicas a la arena política”. 31 Las dimensiones plurales e imbricadas que hemos analizado como constitutivas del liderazgo político permiten, por último, definir un modelo específico de liderazgo característico del gobierno de Alberto Fujimori. El epíteto “pragmático-autoritario” con que este modelo puede ser calificado expresa a un tiempo las características destacadas a lo largo del análisis: las disposiciones autoritarias del personaje, el acento puesto sobre la eficiencia de la acción, la tendencia a “destruir” los adversarios políticos y la relación muy pragmática con las normas jurídicas, manipuladas o transgredidas en función de objetivos políticos específicos. Este modelo resultó eficiente frente a la situación de crisis del inicio del primer mandato pero se fue desgastando con el tiempo, hasta terminar en un escándalo.

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Es de notar que dichas disposiciones autoritarias y confrontacionales se expresan cuando el actor se encuentra en posición de poder. Su huida en la noche del contragolpe militar de noviembre de 1992 y su demisión por fax desde Japón, en noviembre del 2000, muestran lo relativo del asunto. 31 (Degregori, 2000, pág. 81)

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