UNIVERSIDAD DEL VALLE CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACION SOCIOECONÓMICA- CIDSE

“EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO EN COLOMBIA: HACIA SU ANÁLISIS SOCIAL Y ECONÓMICO”

Informe presentado al CENTRO DE INVESTIGACIONEOS EN SALUD Y VIOLENCIA -CISALVA- UNIVERSIDAD DEL VALLE

Investigadores: JAIME HUMBERTO ESCOBAR MARTÍNEZ ALVARO GUZMÁN BARNEY Monitores: GEOVANNY CASTRO ARISTIZÁBAL ELIZABETH TORRES TENORIO

CALI, MAYO DE 1997

EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO EN COLOMBIA: HACIA SU ANALISIS SOCIAL Y ECONÓMICO Como lo han observado importantes analistas de la realidad colombiana (entre otros, ver Marco Palacios, 1994), es extraño que en el país los estudios sociales sobre el fenómeno de la criminalidad sean tan incipientes. Extraño, por el peso de este fenómeno en la vida nacional. En Colombia, hay una dedicación importante a los estudios sobre la violencia, pero muy pocos trabajos sobre la criminalidad o sobre la relación entre estos dos fenómenos En algunos trabajos, nos ha parecido importante indicar la diferencia entre Violencia y Delincuencia (ver Camacho y Guzmán 1990, Guzmán 1993), fenómenos que tienden a ser confundidos por los analistas. Ciertamente éstos pueden tener vinculaciones estrechas, pero su naturaleza y sus dinámicas explicativas son diferentes. El delito hace referencia a una conducta reprimida por el Estado. La violencia a una modalidad del conflicto social que incluye la acción del Estado. Parte del problema de la diferenciación entre delincuencia y violencia tiene que ver con la indispensable desagregación de la estadística criminal y su adecuación a los estudios sobre violencia. Así, los delitos contra la vida y la integridad personal, los delitos propiamente violentos, son sólo una parte de la estadística criminológica. A su vez, los delitos contra el patrimonio económico que entre 1990 y 1995 sumaron 45.7% del total del delito, según datos de la Policía, tienen en algunas de sus modalidades claros componentes de violencia, pero esta no es una característica general de la forma delincuencial. Más allá de estas dificultades con los datos empíricos, el hecho que nos interesa subrayar es que los estudios sociales sobre la criminalidad y en particular sobre la criminalidad contra el patrimonio económico son muy escasos en nuestro medio, a pesar de su magnitud e importancia para la sociedad. Nos ha parecido pertinente en estas circunstancias iniciar el tema del presente trabajo, que tiene que ver con los costos económicos de los delitos contra el patrimonio con una descripción sobre la magnitud la evolución y una cualificación sociológica general del fenómeno en el país. Igualmente, con una descripción sobre su significación regional en Colombia. De manera aún incipiente, es cierto, queremos relacionar algunas características del fenómeno de la criminalidad contra el patrimonio económico con características de contexto socio-económico más generales de la sociedad colombiana. Para comenzar es pertinente hacer algunas observaciones sobre la información con que trabajamos. CALIDAD Y COBERTURA DE LA INFORMACIÓN El tropiezo inicial del investigador en el tema de criminalidad tiene que ver con la calidad de la información provista por las distintas fuentes a las que puede tener acceso. Así, la información de la Policía Nacional es muy diferente a la que reporta el DANE, las dos fuentes más importantes de datos1. A manera de ejemplo, el total de delitos reportado por el DANE por Ambas fuentes se refieren a una estadística de criminalidad tipificada por el código penal colombiano. Este código clasifica catorce títulos o modalidades delictivas generales, una de las cuales es el delito contra el 1

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año para el conjunto del país y la participación porcentual correspondiente de los delitos contra el patrimonio económico es la siguiente: COLOMBIA: TOTAL DE DELITOS Y DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO REPORTADOS POR EL: 1981-1994 AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 TOTAL PROMEDIO ANUAL

TOTAL DELITOS CONTRA DELITOS EL PATRIMONIO 296.705 188.941 312.172 200.855 333.567 213.034 247.174 136.136 435.835 273.159 413.457 251.597 341.538 187.091 257.430 119.233 248.164 111.194 240.937 104.696 156.523 61.603 122.284 43.237 120.887 39.634 140.051 41.396 3’666.724 1’971.806 261.909 133.700

% 63.7 64.3 63.9 55.0 62.7 60.9 54.8 46.3 44.8 43.5 39.4 35.4 32.8 29.6 53.7 51.5

Fuente: La Justicia Colombiana en Cifras: 1937-1994. Pág. 35. DANE Ministerio de Justicia y del Derecho. Bogotá.

Hay variaciones muy grandes, difíciles de explicar a primera mano en términos criminológicos, en las cifras absolutas de los delitos contra el patrimonio, por ejemplo, entre 1983 y 1985, o bien entre 1986 y 1988. Es notable, por otro lado, la disminución en las frecuencias, de los delitos en general y de los delitos contra el patrimonio económico, en los años 90. Los gráficos 1 y 2 ilustran la caída de los delitos generales reportados por el DANE y la correspondencia con la caída en los delitos reportados contra el patrimonio económico a partir de 1985. Es notable, y dudosa en su magnitud, la participación decreciente de los delitos contra la propiedad, sobre el total de delitos que llega en 1994 a 29.6%. Por su parte, los datos de Policía son los siguientes para el mismo período:

patrimonio económico. Vale la pena observar que entre ésta modalidad y la de los delitos contra la vida y la integridad personal pueden estar cerca del 90% de los delitos que se cometen en Colombia.

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COLOMBIA:TOTAL DE DELITOS Y DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO REPORTADOS POR LA POLICIA: 1981 - 1995 AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 TOTAL PROMEDIO ANUAL

TOTAL DE DELITOS 229.867 210.606 201.257 209.581 195.659 204.678 215.076 212.144 208.212 206.192 221.109 223.188 188.794 212.017 223.101 3.161.461 210.764

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 126.060 117.238 107.639 104.287 99.233 102.467 102.540 95.182 94.238 96.640 103.634 104.168 78.208 94.270 105.196 1.531.000 102.067

PARTICIPACIÓN% 55.0 55.7 53.5 49.8 50.7 50.1 47.7 44.9 45.3 46.9 46.9 46.7 41.4 44.5 47.2 48.4 45.5

Fuente: Policía Nacional: Revista Criminalidad; 1981-1995.

Los datos de la Policía muestran mayor consistencia en sus cambios anuales y en la participación correspondiente de los delitos contra el patrimonio económico. Los gráficos 3 y 4 ilustran la evolución de las cifras absolutas de ambos delitos y muestran una tendencia tenue a una disminución absoluta y relativa de los delitos contra el patrimonio en el tiempo, de manera que si en 1981 el 55% del delito estaba constituido por delito contra el patrimonio económico, éste porcentaje es del 47.2% en 1995. La diferencia en las cifras entre el DANE y la Policía proviene de las circunstancias y el carácter de la denuncia. A la Policía, que cuenta con una organización burocrática de alta cobertura en el país y que funciona de manera más regularizada en el tiempo, llegan todas las denuncias “iniciales” directamente realizadas por las víctimas o sus allegados. El DANE tiene por fuente los juzgados que también cuentan con una cobertura nacional importante centrada en los conglomerados urbanos donde hay despachos judiciales, sometidos a horarios de oficina. Allí llegan las denuncias que finalmente toman los cauces judiciales. Al observar las series de tiempo, impacta mucho la variación en las magnitudes de los datos del DANE de un año a otro y la mayor regularidad de los datos de Policía.

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Hay que tener en cuenta que los datos del DANE están estrechamente afectados por cambios en la legislación (Ver DANE-MIN JUSTICIA, 1995). Entre los más importantes: -) Ley 17 de 1975: confiere competencia a las autoridades de Policía para conocer delitos de menor cuantía. -) Ley 22 de 1977: modifica las cuantías para los delitos contra la propiedad privada. -) Decreto 05 de 1987: apertura de la indagación preliminar cuando no hay sindicado conocido. Los procesos que se encuentran en esta etapa quedan por fuera del registro DANE que los toma solamente a partir del "auto cabeza de proceso". -) Decreto 2790 de 1990 por el cual se dicta el estatuto para la defensa de la justicia. Con el decreto, la jurisdicción de orden público deja de rendir información al DANE. Por lo tanto, se presenta un subregistro en delitos como el secuestro, la extorsión y el terrorismo. -) Ley 23 de 1991. Para la descongestión de los despachos judiciales. Transfiere competencias a las autoridades de Policía para casos de lesiones con incapacidades menores de veinte días y hurtos cuando el robo no sobrepase diez salarios mínimos. -) Decreto 2699 de 1991 por el cual se establece la Fiscalía General de la Nación, a partir del 1 de Julio de 1992. El período de transición ha afectado la recolección de estadísticas. Según un informe elaborado por el mismo DANE sobre su estadística: "El mayor conocimiento de los delitos contra la propiedad y contra la vida e integridad personal por parte de las autoridades de Policía, y el traslado de asuntos penales a la Justicia Penal Militar, han ocasionado un descenso importante en el número de procesos en la justicia ordinaria, que es la fuente para el DANE". (DANE-MIN-JUSTICIA, 1996: 26. En atención a las observaciones que hemos hecho, nuestro trabajo se centrará en buena medida, aunque no exclusivamente, en la estadística suministrada por la Policía. Pero, por otro lado, contamos con el problema de la COBERTURA de la información sobre criminalidad. Según la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares, etapas 50 y 72, en 1985, el 20.9% de los delitos era denunciado y el 79.1% estaba compuesto por delitos ocultos o no denunciados ante las autoridades. En 1991, los delitos denunciados eran el 26.3% y los ocultos el 73.7%. Según esta información, habría una tendencia hacia la denuncia creciente en el lapso de seis años, es decir hacia la disminución relativa de la criminalidad oculta (ver DANE, Boletín de Estadística # 504 “Criminalidad real” marzo de 1995. P. 104). Se podría asumir, para efectos de nuestro trabajo, que la tasa de criminalidad denunciada se mantiene en el 26.3% durante la década de los novenas. El problema radica en que las tasas de denuncia varían según delito. Seria necesario averiguar si existe algún estimativo de cobertura de denuncias para los delitos contra la propiedad. Pero, se podría asumir que, POR LO MENOS, el delito denunciado en el caso del patrimonio es del 26.3%, en la medida en que los delitos contra la vida y la integridad personal, en general, tienen una tasa de denuncia mayor y se refieren, aproximadamente, al 45% del total del delito. Entre los delitos contra la vida y la integridad personal y los delitos contra el patrimonio económico se contabiliza, aproximadamente, el 90% del total del delito.

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De todas maneras, el problema de cobertura subsiste, pues considerando sólo el delito contra la propiedad, entre mayor valor económico involucrado, mayor propensión a denunciar. Es muy probable, que más allá de cierto límite, el delito se denuncie en la casi totalidad de los casos. Vale la pena observar que la estadística que trabajamos de Policía se refiere a delitos con cuantía mayor a diez salarios mínimos y que en este rango es muy probable que el nivel de denuncia, y por lo tanto de cobertura, sea alto. 1. SIGNIFICADO SOCIAL DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO. Podemos asumir, según las cifras analizadas, que el delito contra la propiedad, en el tiempo, tiende a tener valores menores absoluta y, ante todo, relativamente. Pero ésta afirmación no tiene en cuenta los cambios de cualidad y la significación mayor que la delincuencia contra la propiedad puede tener para la sociedad. Nuestra argumentación se centrará en consecuencia en el cambio en la cualidad del delito contra la propiedad que, cada vez menos, se puede explicar por las condiciones de pobreza del país y que remite más bien, crecientemente, a modalidades delictivas de hacer riqueza, desde posiciones que ya son de poder económico. Sospechamos que ésta es una característica de la delincuencia en Colombia que hace extremadamente complejo y difícil su control por parte de la sociedad y el Estado. 1.1. EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y SUS MODALIDADES. Al agregar los delitos contra el patrimonio económico reportados por la Policía para el período 1981-1995, encontramos la siguiente distribución entre las diferentes modalidades especificas del delito: COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MODALIDADES DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO: 1981-1995 MODALIDADES 1 -. Hurto cuantía > 10 salarios mínimos 2-. Hurto calificado robo > 10 salarios mínimos 3-. Hurto calificado (violencia contra personas) 4-. Hurto agravado (automotores) 5-. Daño en bien ajeno > 10 salarios mínimos 6-. Abuso de confianza > 10 salarios mínimos 7-. Estafa cuantía > 10 salarios mínimos 8-. Hurto agravado (abigeato) 9-. Hurto agravado (desde 1993) 10-. Otros TOTAL NÚMERO ACUMULADO DE DELITOS (1981-1995)

PORCENTAJES 30.91 25.85 13.44 9.31 5.26 4.76 4.29 3.47 0.60 2.11 100.00 1.531

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Las diferentes modalidades de HURTO suman 83.6% del delito contra patrimonio económico. De este porcentaje, el 30.91% lo constituye una modalidad de hurto que podríamos calificar de simple, aunque con cuantía superior a los 10 salarios mínimos, es decir, de significativa relevancia económica; el 25.85% está compuesto por "hurto calificado", es decir, con el agravante de violencia contra cosas; el 13.44% es también "hurto calificado", pero con violencia sobre personas. Finalmente, 13.38% está compuesto por modalidades de "hurto agravado", centrado especialmente en el robo de automotores y ganado. Las categorías restantes, "daño en bien ajeno", "Abuso de confianza" y "Estafa", suman 14.3 1 % de las frecuencias con menor significación cuantitativa en la distribución, aunque pueden ser muy importantes en su significación económica (ver gráfica # 5). Aproximadamente, 31% de los delitos fueron hurtos "sin" violencia; 39% fueron hurtos que implicaron violencia contra personas o cosas y 13% está constituido por un hurto "selectivo" de alta significación económica (ganado, automotores). 1.2. CAMBIOS PATRIMONIO.

EN

LA

COMPOSICION

DEL

DELITO

CONTRA

EL

La distribución que presentamos para el delito es agregada para el período 1981-1995. Es importante entrever cambios en dicha distribución en el tiempo con el ánimo de inferir posibles cambios en la naturaleza del delito contra el patrimonio. Para el efecto, comparamos la distribución del delito en tres quinquenios del período 81-95. Las cifras absolutas son decrecientes al comparar los tres quinquenios. Así, la cifra promedio de delitos contra la propiedad en el quinquenio 81-85 es de 110.891 delitos por año, mientras que en el quinquenio 1991-1995 la cifra es de 97.095 delitos. Es necesario recordar que la proporción de los delitos ocultos no necesariamente aumenta, por el contrario, tiende a disminuir (ver supra). Como ya lo hemos dicho hay una disminución absoluta en la criminalidad contra el patrimonio económico.

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COLOMBIA: COMPARACION DE LA DISTRIBUCION DE LAS MODALIDES DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD EN TRES QUINQUENIOS 1981-1995 MODALIDADES 1 -. Hurto cuantía > 10 salarios mínimos 2-. Hurto calificado robo > 10 sal. min. 3-. Hurto calificado (viol personas) 4-. Hurto agravado (automotores) 5-. Daño en bien ajeno > 10 salarios min. 6-. Abuso de confianza > 10 salarios min. 7-. Estafa cuantía > 10 salarios mínimos 8-. Hurto agravado (abigeato) 9-. Hurto agravado (desde 1993) 10-. Otros TOTAL NÚMERO ACUMULADO DE DELITOS

81-85 37.2 24.4 9.5 4.1 6.5 6.0 5.2 4.6 --2.5 100.0 555

86-90 36.2 24.8 10.9 7.4 6.0 5.0 4.5 3.2 --2.2 100.0 491

91-95 18.4 28.6 20.5 17.3 3.1 3.0 3.1 2.5 1.9 1.6 100.0 486

Pero, el examen desagregado de las cifras muestra que la NATURALEZA del delito contra el patrimonio cambia notablemente, no sólo por cambios en el "objeto" del delito, sino sobre todo por la "modalidad". Se pueden destacar las siguientes características: - El hurto que hemos denominado "simple" tiene una notable disminución, ante todo durante el último quinquenio. - Por el contrario, el hurto calificado, con violencia contra cosas, aumenta, sobretodo durante el último quinquenio. - Pero lo más notable es el cambio en el hurto con violencia contra personas que dobla su significación cuantitativa en el último quinquenio en relación con los períodos anteriores. - Finalmente, el hurto agravado en el caso de los automotores más que se duplica de un período a otro y llega a ser el 17.3% del delito contra el patrimonio en el último quinquenio. - Los delitos restantes, el daño en bien ajeno, la estafa, el abuso de confianza y el abigeato, disminuyen su participación en cerca de la mitad. Se presenta entonces claramente un cambio en la naturaleza del delito contra la propiedad con especial referencia a los años 90: sus connotaciones como un delito cada vez más violento y seguramente más organizado en su forma de despliegue son bastante claras. Estas características se concentran en los años noventa (ver gráficos 6 y 7). 1.3. TASAS GENERALES Y TASAS DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. Una forma más precisa de presentar la información de criminalidad es haciendo referencia a tasas por 100.000 habitantes.

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Se corrobora que el rasgo más relevante lo constituye la tendencia decreciente tanto del delito en general como del delito contra el patrimonio económico. Tomando los años extremos, la tasa general de delito disminuye de 1140 a 620 y la tasa contra el patrimonio económico de 625 a 293, es decir de manera más acentuada. Estas cifras son paradójicas comparadas con el sentimiento ciudadano de una creciente inseguridad. Sólo se explican si la naturaleza de delito ha cambiado, disminuyendo los "raponazos" y aumentando los delitos típicos de la delincuencia organizada. En otros trabajos hemos insistido y argumentado con cifras, en que lo que ha aumentado no es tanto la criminalidad sino la violencia, con un claro impacto en la opinión pública. COLOMBIA: TASAS DE CRIMINALIDAD GENERAL Y CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO 1981-1995 AÑO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

TASA GENERAL DE DELITOS 1140 1002 918 1080 950 937 928 788 797 744 725 702 570 603 620

TASA DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 625 558 491 537 482 469 442 353 361 349 340 328 236 268 293

Fuente: Cálculos CIDSE con base en información Policía Nacional: Revista Criminalidad -varios números y Dane: Censos de Población.

Centrando la atención en los años recientes, se puede afirmar que en promedio entre 1991 y 1995, la tasa general de delitos en Colombia fue de 644 y la tasa de delitos contra el patrimonio económico de 293, es decir que aproximadamente 45.5% del delito en el país correspondió a esta modalidad. 1.4. REGIONALIZACION DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD. Interesa conocer no solamente la evolución del delito en el tiempo sino también su arraigo en determinadas zonas del país. La idea es hacer algún tipo de inferencia sobre condiciones

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socio-económicas subyacentes al delito. Como se verá a continuación, estas inferencias no son unívocas y si se tiene en cuenta el tiempo hay variaciones regionales de mucha significación. El análisis se puede hacer a partir de las cifras absolutas o bien a partir de tasas. Igualmente, se puede considerar para cada zona la participación del delito contra el patrimonio sobre el total del delito. Si tomamos las cifras absolutas, sobresale que Bogotá, Cali y Medellín suman 30.3% de los delitos totales y 35.7% de los delitos contra el patrimonio que se cometieron en todo el país entre 1981 y 1995. En un espectro más amplio, estas tres ciudades más los Departamentos del Valle, de Antioquia, del Tolima, del Atlántico, de Santander (incluyendo Area Metropolitana de Bucaramanga), de Risaralda, de Córdoba y del Quindio suman 68% del delito general y 71% del delito contra el patrimonio. En cifras absolutas, hay entonces una concentración muy importante en los Departamentos de mayor desarrollo socio-económico y en las principales ciudades, no sólo del delito en general, sino de manera más pronunciada del delito contra el patrimonio.

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COLOMBIA: DELITOS Y TASAS DE DELITO (GENERAL Y CONTRA EL PATRIMONIO) SEGÚN DEPARTAMENTOS Y AREAS METROPOLITANAS 1981-1995 (Tasas por cien mil habitantes) REGIÓN

TOTAL DELITOS BOGOTA 723.503 VALLE CAUCA 267.742 ANTIOQUIA 228.310 TOLIMA 139.844 ATLANTICO 122.495 SANTANDER 122.834 VALLE ABURRA 150.116 RISARALDA 129.590 CORDOBA 89.950 QUINDIO 88.667 NARIÑO 94.677 META 94.039 NORTE SANT. 96.280 CAUCA 92.391 HUILA 78.926 CALDAS 98.558 BOLIVAR 70.964 BOYACA 78.622 CUNDINAM. 77.691 METRO-CALI 84.335 MAGDALENA 44.772 CESAR 40.792 CAQUETA 36.126 INTENDENCIAS 34.376 SUCRE 23.960 CHOCO 14.554 GUAJIRA 15.942 COMISARIAS 11.202 METRO-BUC. 10.203 TOTAL 3’161.461

TGD 1269 895 533 1024 626 737 1143 1491 734 1710 676 1570 805 876 909 889 434 555 408 801 439 509 1133 860 337 422 430 977 775 769

DELITOS PATRIM. 463.251 126.745 78.282 64.778 64.030 60.916 58.216 53.573 47.433 46.689 44.672 43.762 42.392 42.002 36.338 35.429 33.328 30.814 28.970 24.614 22.682 16.551 15.773 14.903 11.547 6.843 5.887 5.408 5.172 1.531.000

TDCP

%

813 424 183 474 327 365 443 616 387 900 319 731 354 398 418 320 204 217 152 234 223 206 495 401 62 198 159 478 393 373

64 47 34 46 52 49 38 41 53 52 47 46 44 45 46 36 47 39 37 29 51 40 44 43 48 47 37 47 51 48

TGD: Tasa general de delitos; TDCP: tasa de delitos contra el patrimonio. Fuente: Cálculos CIDSE con base en Policía Nacional, Revista Criminalidad y DANE, Censo de Población.

Si se ordenan las tasas de delito contra el patrimonio económico de mayor a menor, encontramos el siguiente orden para los Departamentos o ciudades, con promedios mayores al nacional:

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REGIÓN - Quindío - Bogotá - Meta - Risaralda - Caquetá - Comisarías - Tolima - Valle de Aburrá - Valle - Huila - Intendencias - Cauca - Metropo. Bucaramanga - Córdoba - Promedio Nacional

TASA DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO 900 813 731 616 495 478 474 443 424 418 401 398 393 387 373

El análisis, según tasas promedio para el período 1981-1995, sugiere las siguientes relaciones: -) Sobresale el caso de Departamentos típicos de la zona cafetera como Quindío y Risaralda, aunque no es el caso de Caldas. -) Igualmente, es muy significativo el caso de Bogotá. -) Por otro lado, Departamentos de colonización y modernización más recientes como pueden ser Meta, y Caquetá. Igualmente las Intendencias y Comisarías. -) Departamentos de agricultura moderna como Tolima y Valle y el Area Metropolitana de Medellín. -) Departamentos como Cauca y Huila, de economías mixtas y población indígena importante. Finalmente, la participación relativa, del delito sobre el patrimonio sobre el total del delito es muy significativa en el caso de Bogotá (64%), el Departamento de Córdoba (53 %) del Atlántico (52%), del Quindío (52%), del Magdalena (51 %) y la ciudad de Bucaramanga (51%). 1.5. CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL DELITO. La información de la distribución geográfica agregada para los quince años se puede analizar también por periodos de cinco años. De esta manera es posible observar ciertos "movimientos" en la geografía de la delincuencia y en particular del delito contra el patrimonio. A continuación vamos a contrastar la situación en los dos quinquenios extremos. 12

1.5.1. Período 81-85. COLOMBIA: TOTAL DE DELITOS Y DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO Y SUS RESPECTIVAS TASAS 1981-1995

MET. BOG. DEP. VAL. DEP. ANT. DEP. TOL. DEP. SAN. DEP. QUI. DEP. NAR. DEP. RIS. DEP. CAU. DEP.ATA. DEP. MET. DEP. CAL. DEP.HUI DEP. NOR DEP. COR. DEP. BOY DEP. BOL. DEP.CUN. DEP. MAG. DEP. CES DEP. CAQ. DEP. SUC. INTENDEN. DEP. CHO. DEP. GUA. COMISA. TOTAL 81-85 PROMEDIO

TOTAL DELITOS 178,900 136,897 144,411 63,418 45,816 36,235 36,920 37,711 37,941 28,696 31,918 38,826 32,413 29,785 24,556 30,645 20,343 24,093 12,324 15,249 10,664 8,062 7,951 5,100 4,427 3,669 1’046,970 40,268

TASAS 1,303 1,170 963 1,842 881 2,761 1,181 1,768 1,668 594 2,511 1,374 1,565 1,046 862 838 528 529 501 852 1,703 478 803 757 703 2,013 954 1,200

DEL. PATRIM. 124,207 72,363 59,126 33,048 25,587 22,787 18,738 18,381 18,230 17,662 17,485 16,755 16,150 14,548 13,582 12,787 10,059 8,485 7,519 6,682 5,431 4,484 4,060 2,503 1,929 1,869 554,457 21,325

TASA 905 618 394 960 492 1,736 600 862 801 365 1,375 593 780 511 477 350 261 186 306 373 867 266 410 371 306 1,025 505 623

% PART. 69.43 52.86 40.94 52.11 55.85 62.89 50.75 48.74 48.05 61.55 54.78 43.15 49.83 48.84 55.31 41.73 49.45 35.22 61.01 43.82 50.93 55.62 51.06 49.08 43.57 50.94 52.96 51

Fuente: Cálculos CIDSE con base en Policía Nacional: Revista Criminalidad y DANE, Censos de Población.

En el período 1981-1985, y teniendo en cuenta cifras absolutas, la ciudad de Bogotá y los Departamentos de Antioquia y Valle (incluyendo Medellín y Cali) suman 44% del delito general del país y 46 % del delito contra el patrimonio. Agregando los siete Departamentos que siguen en el orden de los delitos contra el Patrimonio que son los de Tolima, Santander, Quindío, Nariño, Risaralda, Cauca y Atlántico, las diez zonas suman 74% del delito contra el patrimonio y 7 1 % del delito general (ver mapa # l).

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Ahora bien, de acuerdo con las tasas, la imagen del período es un poco diferente. Las siguientes son las regiones (Departamentos, Intendencias o ciudades) con tasas de delito contra el patrimonio económico más altas que el promedio nacional, entre 1981 y 1985: REGIÓN - Quindío - Meta - Comisarías - Tolima - Bogotá - Caquetá - Risaralda - Cauca - Huila - Nariño - Caldas - Norte Santander - Promedio Nacional (1981-1985)

TASA DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO 1736 1375 1025 960 905 867 862 801 780 600 593 511 505

La tasa promedio del Quindío en el período más que triplica el promedio nacional. La tasa del Meta es 2.7 veces mayor y la tasa de Bogotá casi duplica el mismo promedio. Se pueden hacer conjeturas sobre las situaciones socioeconómicas de cada caso y su relación con el delito, pero más allá de éstas, es difícil encontrar un patrón común subyacente a estos casos que permita aventurar una hipótesis de conjunto sobre la situación en este quinquenio. Muy diversas condiciones socio-económicas parecen relacionarse con tasas altas de delito contra el patrimonio (ver mapa # 2). Por otro lado, la participación del delito contra la propiedad sobre el total del delito es relevante en los siguientes casos durante el mismo quinquenio: REGIÓN - Bogotá - Quindío - Atlántico - Magdalena - Córdoba - Santander - Sucre - Meta - Valle - Promedio nacional:

DELITOS PATRIMONIO SOBRE TOTAL DE DELITOS 69% 63% 61% 61% 55% 56% 56% 55% 53% 53%

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En los casos del Departamento del Quindío y de Bogotá se conjugan tasas altas con una participación muy elevada del delito contra el patrimonio sobre el total del delito. Son los casos extremos en durante el quinquenio. Ahora bien, que sucede diez años más tarde? 1.5.2. Período 1990-1995. COLOMBIA:TOTAL DELITOS Y DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO Y SUS RESPECTIVAS TASAS 1991-1995 MET. BOG. MET. VAL. DEP. ATA. DEP. VAL. DEP. COR. DEP. RIS. DEP. SAN. DEP. NOR. MET. CAL DEP. BOL. DEP. TOL. DEP. CUN. DEP. BOY. DEP. MET. DEP. CAU. DEP. NAR. DEP. CAL. DEP. QUI. DEP. HUI. MET. BUC. DEP. MAG. DEP. CES. DEP. ANT. DEP. CAQ. DEP. SUC. DEP. ARA. DEP. SAP. DEP. CAS. DEP. GUA. DEP. CHO. DEP. AMA. DEP. PUY. DEP. GUV. DEP. GUN. DEP.VAU. DEP. VIC. TOTAL 91-95

TOTAL 322,712 97,209 38,225 44,147 31,508 45,188 32,291 31,460 50,054 26,390 33,161 27,771 24,889 26,662 21,982 23,839 28,164 22,866 21,799 10,203 14,607 12,881 29,833 10,894 8,151 4,831 3,899 5,376 6,211 4,211 2,281 2,300 968 391 409 446 1.068.209

TASA 1301 11936 457 529 577 1209 545 599 599 365 575 334 423 944 446 372 607 1049 573 821 330 351 220 694 260 697 1540 673 316 247 1180 223 327 566 438 240 643

DEL. 205631 40.479 20.467 15.628 15.111 14.545 14.423 12.575 12.055 11.528 11.029 10.289 10.053 9.530 9.389 9.145 9.622 8.509 8.395 5.172 4.868 4.680 4.600 3.764 3.171 2.345 2.292 1.692 1.529 1.523 1.385 324 210 173 155 122 485.476

TASA 829 497 245 187 277 389 244 239 144 160 192 124 171 338 191 143 186 390 221 416 110 128 34 240 101 338 905 212 78 89 717 31 71 251 166 66 292

% PART. 63.72 41.64 53.54 35.40 47.96 32.19 44.67 39.97 24.08 43.68 33.46 37.05 40.39 35.74 42.71 38.86 30.61 37.21 38.51 50.69 33,33 36.33 15.42 34.55 38.90 48.54 58.78 31.47 24.62 36.17 60.70 14.09 21.69 44.25 37.90 27.35 45.45

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PROMEDIO

29,672

597

13,485

249

38.00

Fuente: Cálculos CIDSE con base en Policía Nacional: Revista Criminalidad y Censos DANE.

Este cuadro muestra, sin duda, una urbanización del delito y en especial del delito contra el patrimonio económico. Las diez zonas que tienen mayores frecuencias de delito contra el patrimonio son las siguientes: -

Area Metropolitana de Bogotá Area Metropolitana del Valle de Aburrá Departamento del Atlántico (Barranquilla) Departamento del Valle Departamento de Córdoba Departamento de Risaralda Departamento de Santander Departamento del Norte de Santander Area Metropolitana de Cali Departamento de Bolívar.

En su conjunto, suman 74.7% del delito contra el patrimonio que se cometió en el país y 67% del delito en general. Es notable la entrada de ciudades en la estadística (es cierto que estaban anteriormente subsumidas en la estadística departamental), así como de Departamentos como Bolívar, Córdoba y Norte de Santander y la salida de algunos Departamentos que tenían cifras muy acentuadas de delito en el quinquenio 81-85, especialmente Quindío, Tolima, Nariño y Cauca (ver mapa # 3). De nuevo, si la atención se fija en las tasas, la situación es algo diferente. Las zonas con tasas de delito contra la propiedad mayores al promedio son: REGION - San Andrés y Providencia - Metropolitana de Bogotá - Metropolitana de Bucaramanga - Amazonas - Metropolitana Valle de Aburrá - Quindío - Risaralda - Meta - Arauca - Promedio Nacional (1991-1995)

TASA DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO 905 829 821 717 497 390 389 338 338 292

Aunque disminuye la tasa de Bogotá en comparación con el período 81-85, ésta se mantiene entre las más altas en el quinquenio y es 2.8 veces más alta que el promedio nacional. La tasa del Area Metropolitana de Bucaramanga es similar a la de Bogotá y la tasa del Area Metropolitana de Medellín es 1.7 veces mayor que el promedio nacional. Las tasas para los 16

Departamentos del Quindío y Risaralda siguen siendo altas, pero tienen comparativamente una caída muy importante. De manera significativa, nuevos Departamentos como el Amazonas, el Arauca y San Andrés y Providencia aparecen con tasas muy altas (ver mapa # 4). Finalmente, las participaciones mayores del delito contra el patrimonio sobre el total del delito son las siguientes: REGIÓN - Bogotá - Amazonas - San Andrés y Providencia - Atlántico - Metropolitana Bucaramanga - Arauca - Córdoba Promedio periodo

DELITOS PATRIMONIO SOBRE TOTAL DE DELITOS 64% 61% 59% 54% 51% 49% 48% 45%

Comparativamente entre los dos quinquenios, parecería que disminuye la importancia de los Departamentos cafeteros como Quindío y Risaralda, se mantiene la importancia de Bogotá y aparecen otras áreas Metropolitanas, así como Departamentos nuevos en la Costa Atlántica y en zonas de colonización. CONCLUSIONES PRELIMINARES. 1). Los delitos contra el patrimonio económico tienden a disminuir de manera apreciable en el tiempo. Esta disminución se refleja en las cifras absolutas; de manera muy importante en las tasas según población y de manera también significativa como proporción dentro del delito general. Así, los delitos contra el patrimonio pasan de 126.060 en 1981 a 105.196 en 1995. Su tasa de 625 a 293 y su participación del 55% al 47.2% del delito total. 2). Al examinar los cambios en el tiempo en la composición interna del delito contra el patrimonio se pueden inferir variaciones significativas en las modalidades de delito y por lo tanto en la naturaleza del delito contra la propiedad. El quinquenio 91-95 caracteriza claramente y en contraste con el quinquenio 1981-1985, un delito contra la propiedad con mayor uso de la violencia sobre personas o cosas. Entonces, es posible que el número de delitos contra el patrimonio haya disminuido, pero su modalidad también ha variado y se trata de un delito crecientemente violento. 3). Las variaciones en la naturaleza del delito, teniendo en cuenta los montos involucrados, necesariamente remite a la idea de redes de criminalidad organizada como agentes de tales delitos. Es cierto que una buena parte del crimen sobre el patrimonio puede provenir y explicarse desde situaciones de pobreza, pero nos parece que de manera significativa el crimen contra el patrimonio puede provenir de grupos articulados y experimentados en la acumulación económica ilegal.

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4). Las consideraciones anteriores que vinculan la criminalidad contra la propiedad con características de organización y de violencia, necesariamente remiten a pensar que este tipo de crimen se relaciona con dinámicas de violencia y criminalidad no necesariamente orientadas al delito de propiedad y que son muy importantes en el país. 5). El ejercicio de Regionalización del delito contra la propiedad no permite una argumentación unívoca. Si se toma la información agregada para el período 81-95 sobresalen los siguientes hechos: a) La vinculación muy estrecha entre delito contra la propiedad y Departamentos de la zona cafetera como Quindío y Risaralda. b) La importancia de Bogotá en el delito contra la propiedad tanto como tasa general promedio como en términos del peso del delito contra la propiedad dentro del total de delitos. c) En términos de tasas, más que de cifras absolutas, la importancia de Departamentos de modernización agrícola reciente como Meta, Córdoba y Caquetá. d) Hay Departamentos andinos de larga tradición de asentamiento que tienen tasas y cifras altas de delito contra la propiedad. Por una lado, Departamentos de agricultura moderna como Valle y Tolima y por otro, Departamentos de agricultura más tradicional o mixta como Cauca y Huila. 6). Son muy significativos los cambios en el tiempo de la geografía del delito contra la propiedad si se comparan los quinquenios 81-85 y 91-95. Estos cambios tienen los siguientes sentidos: a) Bogotá se mantiene con tasas muy altas de delito contra la propiedad. Aparece igualmente, aunque con tasas menores, el Area Metropolitana del Valle de Aburrá. b) Hay una caída drástica de las tasas de criminalidad en los casos de Quindío y Risaralda, pero se mantienen en las primeras posiciones en los 90's. c) El Departamento del Meta igualmente tiene una disminución importante de su tasa, pero se mantiene en una posición importante. Aparece el Departamento del Arauca por encima del promedio. d) Departamentos como Tolima, Caquetá, Cauca Huila, Nariño, Caldas y Norte de Santander dejan de tener tasas significativas y se ubican por debajo del promedio entre 1991 y 1995. e) Aunque no son importantes las cifras absolutas, los Departamentos de San Andrés y Providencia y del Amazonas aparecen con tasas muy altas en los 90's. 7) Impactan los cambios en las magnitudes para cada región o área metropolitana en el lapso de 15 años. Son cambios en un sentido marcadamente decreciente. A pesar de estos cambios, hay continuidades en la importancia relativa de Bogotá y los Departamentos del Quindío, de Risaralda y del Meta. Medellín aparece como polo importante del delito contra el patrimonio. Igualmente Departamentos de reciente colonización e importante economía como puede ser Arauca, o bien dedicados al comercio como San Andrés y Providencia. Si alguna correlación existe entre condiciones socio-económicas regionales y delito contra el patrimonio, ésta se vincula con zonas urbanas, departamentos de economía cafetera y departamentos de modernización reciente.

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II. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y METODOLOGICA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN COLOMBIA 1. Introducción Desde una perspectiva económica los delitos contra el patrimonio, al igual que otras formas de delito, efectivamente representan un costo social. La incidencia de la delincuencia, sus magnitudes y características, tienen implicaciones que afectan negativamente el bienestar de la sociedad. Descartando cualquier posibilidad que favorezca socialmente las actividades delictivas, la valoración social de los delitos es negativa. La existencia de delitos nos lleva a considerarla con las características que, en sentido económico, corresponden a un “mal” que afecta el bienestar de la sociedad y es este precisamente el tratamiento que se debe proporcionar a la presencia de estas actividades cuando intentamos desarrollar una metodología que nos aproxime tanto a la valoración de los delitos, como a la determinación del impacto económico que estas actividades generan. Los delitos contra el patrimonio económico, al afectar negativamente los derechos adquiridos por los ciudadanos, han legitimado diferentes formas de intervención del estado a través de la elaboración de mecanismos, tanto institucionales como legales, tendientes a la construcción de normas básicas de convivencia, dentro de las cuales el reconocimiento legal y la aceptación de la propiedad privada juega un papel fundamental. El aparato legislativo, construido desde las bases de un acuerdo social, garantiza esas normas a través de leyes que penalizan comportamientos que van en contra de las actividades legítimas de los individuos. Ahora bien, las penalizaciones que se establecen llevan implícita una carga económica importante que depende de la magnitud y de la gravedad de los delitos cometidos; de esta forma las penalizaciones de los delitos llevan implícita cierta proporcionalidad dependiente de la tipificación de los delitos (Stigler 1970). Así pues, en los delitos contra el patrimonio aparecen inmersas variables de carácter propiamente económico y que se manifiestan tanto en los valores incorporados en los actos ¡legales, en las penalizaciones a quienes infringen la ley y también en los esfuerzos desarrollados, por la sociedad en su conjunto, en procura de la reducción a expresiones mínimas de estas actividades delictivas. Esta discusión se convierte en el hilo conductor hacia una valoración económica de los delitos, para posteriormente llegar a tener una idea del impacto económico global de estas actividades. Lo que debemos plantear es que la presencia de delitos implica costos para la sociedad, y que en términos económicos, dada su complejidad, deben ser explorados varios sentidos para desarrollar una aproximación más real en términos de la valoración de dichos costos. En este trabajo definimos dos categorías básicas para la identificación de los costos. En primer lugar, planteamos la existencia de costos directos, en segundo lugar los costos indirectos, dentro de los cuales el tratamiento que se le da en economía a las externalidades ofrece buenas perspectivas analíticas.

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Con respecto a los costos directos, debemos plantear que en la sola presencia de actividades delictivas encontramos el primer rubro de costo. El hecho de que existan delitos implica la presencia de problemas relativos a la seguridad. Como es bien conocido, la seguridad en general, corresponde a la presencia de un bien público del que pueden gozar los diferentes individuos de una colectividad, sin rivalidad ni exclusión. En una perspectiva normativa, y teniendo en cuenta criterios de equidad y justicia en los que se acepta la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, las actividades de seguridad deben ser desempeñadas por el estado. Así pues en los costos de sostenimiento de todo el aparato que garantice la seguridad de los ciudadanos, encontramos la primera fuente de costos relacionados con, los delitos, la cual efectivamente corresponde a la conformación de una función de demanda de seguridad. Dentro de los costos indirectos relacionados con los delitos, se intenta establecer diferentes nexos que representan costos adicionales para la sociedad que afectan el normal desempeño de diferentes actividades por parte de los individuos. Como aproximación de ello, se plantean pérdidas de capacidad productiva relacionadas con asignaciones de recursos forzadas y que afectan, tanto en el corto como en el largo plazo, la productividad; Detrás de los delitos podrían ser identificadas también pérdidas patrimoniales, de capital humano, impactos fiscales etc... A continuación, presentamos una relación más detallada de estos costos, con el fin de irnos aproximando, desde una perspectiva teórica, la forma como debemos plantear la valoración de los delitos contra el patrimonio económico. Inicialmente partimos de las características de los costos directos, aquellos relacionados con la intervención del estado, e identificamos una función de costos de corto plazo que nos habla de sus características e implicaciones normativas. Seguidamente nos concentramos en los costos indirectos, mostrando las características y posibilidades teóricas de valoración de este tipo de costos. Mostramos como con la agregación de este tipo de costos nos podríamos aproximar a la totalidad de ellos mostrando también, en conjunto, cómo desde un punto de vista normativo, y pensando en una perspectiva de intervención del estado tendiente a la minimización de costos sociales, se concibe un criterio marginal en el que se identifica, teóricamente, cuál sería el nivel óptimo de delitos para la sociedad, lo cual implica que la asignación de recursos para garantizar la seguridad de los ciudadanos requiere que los impactos marginales de un incremento en los recursos destinados a seguridad, deben reducir también en el margen los costos indirectos de la delincuencia. En la última parte mostramos algunos resultados relacionados con el valor de los costos sociales del delito en Colombia, una aproximación que si bien se mantiene por debajo de los verdaderos valores derivados de la delincuencia, nos permite intuir sobre la magnitud, en términos económicos, de este problema. 2. Costos Económicos de los Delitos Contra el Patrimonio Económico La presencia de delitos en la sociedad es algo que necesariamente nos lleva a plantear la incorporación de categorías económicas, en las cuales la valoración de los montos involucrados en estas actividades, así como el valor que representan los esfuerzos institucionales para combatirlos, señalan el camino para lograr una aproximación hacia los impactos económicos que estas actividades representan. En estricto, si tenemos en cuenta la procedencia de los recursos para financiar las actividades del estado orientadas a garantizar la seguridad, así como 20

los montos involucrados en los delitos, vemos que estos no constituyen, una pérdida económica ya que en el primer caso corresponden a transferencias de ingresos, vía impositiva por ejemplo, de los contribuyentes hacia el Estado; por su parte, los valores incorporados en los delitos también corresponden a esta categoría al corresponder a transferencias forzosas, o compulsivas, de riqueza. En ambos casos, la riqueza de la sociedad queda inalterada, aunque sí podría traer efectos sobre las potencialidades de generación de mayor riqueza en el futuro. Por su parte, para los delincuentes este tipo de transferencia presenta una ganancia. Con respecto a este punto, detrás de los delitos contra el patrimonio económico, y de los delitos en general, es posible identificar un conjunto de efectos derivados o indirectos, que en términos económicos puede ser interpretado a la luz del análisis de las externalidades, las cuales al corresponder a costos adicionales en que debe incurrir la sociedad en su conjunto, dependiendo de la intensidad y modalidad de los delitos, inciden negativamente sobre la asignación y la eficiencia de recursos en la economía, así como también en la distribución del ingreso. De esta forma, dentro de los costos sociales de los delitos pueden ser identificados dos tipos de costo: En primer lugar hallamos los costos directos de los delitos, que si bien, al ser transferencias, no representan realmente un costo. En segundo lugar, y teniendo en cuenta rendimientos alternativos, encontramos los costos indirectos -derivados o externos- de los delitos. La suma de estos rubros efectivamente corresponde al costo social relacionado con los delitos. Siguiendo el enfoque económico de las externalidades, planteamos a continuación un esquema normativo que representa el marco analítico para el análisis de los costos sociales de los delitos, el cual además de proporcionar una orientación metodológica para medir los impactos económicos de la delincuencia, nos lleva también a plantear una serie de criterios de política para combatir la delincuencia. En este sentido, planteamos la relación negativa, en términos normativos, entre el número de delitos y los costos de reducción de la delincuencia -que como vimos hacen parte de los costos directos de los delitos-. En segundo lugar una relación positiva entre el número de delitos y los costos derivados o externos de ellos, dentro de los cuales y con fines analíticos, incorporamos también los valores involucrados en estas actividades. 2.1 Los Costos Directos de los Delitos Contra el Patrimonio La existencia de un marco legal derivado de un acuerdo social, tácito o no, en el que se establecen los derechos de propiedad implica necesariamente que los individuos, de manera implícita o explícita, aceptan esas normas sometiéndose a unas reglas de juego. Con ello, se reconocen y admiten los procedimientos relacionados con los procesos económicos de producción, distribución, consumo y acumulación. Cualquier procedimiento que viole esas normas lleva a la aplicación de diferentes formas de penalización, de ahí que se hace necesario la creación de un conjunto de mecanismos institucionales encargados de garantizar el cumplimiento de las normas con el propósito de garantizar la convivencia y el normal desarrollo de las diferentes actividades económicas.

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En el fondo, se podría plantear que el objetivo social de todo el aparato legislativo alrededor del control de la delincuencia, está relacionado con la maximización de la riqueza social, y que cualquier violación de la norma viene acompañada de una pérdida económica para la sociedad (Rubio 1994). Todo el mecanismo encargado de garantizar el cumplimiento de las reglas de juego tiene un costo para la sociedad, el cual, al ser aceptado legitima un conjunto de transferencias de recursos para financiar este tipo de actividades. Así, la aceptación social respecto a la consideración de un conjunto de actividades tipificadas como delitos implica, desde una perspectiva netamente del estado, la necesidad de asignar unos recursos para luchar contra las actividades delictivas. Encontramos aquí los recursos asignados a las instituciones encargadas de prevenir, capturar, juzgar y recluir a los delincuentes, los cuales en general podrían ser asumidos como los determinantes de una función de demanda social de seguridad. Estos recursos, que hacen parte del costo social de los delitos, [Mulvihill y Tumin (1969)] los podríamos denominar los costos de reducción de los delitos (CRD). En estos términos, y siguiendo la lógica de la eficiencia económica, la asignación de estos recursos debe ser inversamente proporcional a la presencia de actividades delictivas (Stigler 1970). Un comportamiento diferente nos estaría señalando la presencia de una asignación de recursos completamente ineficiente, y en algunos casos ineficaz; no tendría ningún sentido social que, entre mayores recursos se destinen a la reducción de los delitos, estas actividades sigan creciendo. De ser así, se debería recurrir a la adopción de medidas tendientes a corregir problemas relacionados con una asignación perversa2. Este primer componente de los costos sociales relacionados con los delitos contra el patrimonio puede ser resumido en la siguiente expresión: CRD = CPD + CCD + CPJ + CPD; donde: CRD: Costos de reducción de la delincuencia CPD: Corresponde a los costos de prevención de la delincuencia, en los que se deben contabilizar todos los costos en que incurre el aparato de justicia, en los que se incluyen las diferentes campañas preventivas dirigidas a la comunidad en general y los costos logísticos requeridos para la prevención. CCD: Corresponde a los costos de captura de delincuentes. CPJ: Costos de los procesos judiciales, los cuales incluyen los costos relacionados con el sostenimiento de todo el aparato que garantice los juicios conducentes a la penalización de los delitos: Fiscalía, Juzgados etc... CPD: Corresponde a los costos penitenciarios de los delincuentes. Se debe incorporar en este rubro de costos la infraestructura carcelaria y penitenciaria, además de las nóminas correspondientes a los servidores públicos encargados de estas labores. En este punto hay que hacer una salvedad: Los recursos que se destinan para combatir los diferentes tipos de delito en una sociedad, van a depender de la forma en que se evalúan las diferentes modalidades delictivas No todo el presupuesto de justicia es destinado a combatir los delitos contra el patrimonio; de hecho la presencia de otro tipo de delitos de alguna manera proporciona un filtro que impide medir con precisión las asignaciones presupuestales específicas a cada delito. Se haría necesario, para llegar a una mayor precisión de los costos, establecer una desagregación que permita medir, propiamente, los costos asociados a los delitos contra el patrimonio económico. 2

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Con base en ello, vemos que los CRD se encuentran en función de los delitos; es decir: CRD = CRD(d) Esta expresión, como habíamos planteado anteriormente, debe mostrar una relación negativa con respecto al número de delitos cometidos, es decir, los cambios en el margen de CRD con respecto a d deben ser negativos, de acuerdo con los criterios normativos de esta asignación. En otras palabras, no tendrá sentido, siguiendo criterios de eficiencia económica, incrementar los recursos para combatir la delincuencia para que se incremente el número de delitos. Otra manera de entender intuitivamente esta relación, resulta de considerar qué pasaría si el Estado no asigna presupuesto alguno para combatir la delincuencia -considerando adicionalmente que no existe otro sistema de seguridad alternativo-. Sencillamente se cometerían todos los delitos que se podrían cometer. Siguiendo a Becker (1968), la no existencia de un aparato de justicia implicaría, dada la racionalidad de los delincuentes, la nulidad de los costos involucrados en las actividades delictivas; ello induciría a la máxima comisión de delitos debido a que las posibilidades de captura y de condena serían nulas, es decir, todo delito representaría una ganancia neta para todo delincuente. De igual forma, en la medida en que empiecen a operar los sistemas judiciales, el número de delitos cometidos debe empezar a reducirse3. Esta expresión, nos lleva también a plantear una situación interesante relacionada con otra característica que debe presentar esta función y que está relacionada con el hecho de que llevar el número de delitos a una cifra cercana a cero es algo imposible; en otras palabras, los costos para eliminar los delitos son infinitos. En términos un poco más técnicos lo que estamos planteando es que los CRD decrecen a ritmo creciente, es decir, que la relación entre los delitos y los CRD es negativa pero no lineal; en otras palabras, la forma de esta función nos dice que la primera derivada de la función CRD con respecto a d es negativa, en tanto que la segunda derivada es positiva. Las características de esta función se plantean en el Gráfico 2.1. No sobra advertir, que estas características están referidas a un análisis estático, en donde el punto A representa la totalidad de delitos que se podrían presentar en un año específico.

3 Montenegro y Posada (1994) encuentran en un análisis empírico, aplicado al caso colombiano, como la eficiencia del aparato judicial -medido como el aumento de la relación entre el número de personas llamadas a juicio y el número de delitos o crímenes- se relaciona en forma negativa con la tasa de delitos. También encuentran, para el caso colombiano, que el aumento del número de despachos judiciales se relaciona positivamente con la comisión de delitos, lo cual demuestra, la importancia de la eficiencia y efectividad del aparato de justicia, por encima del número de despachos judiciales, para reducir la delincuencia.

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Gráfico 2.1 COSTOS DE REDUCCIÓN DE DELITOS EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE DELITOS

CRD

A d

2.2 Los Costos Indirectos de los Delitos Contra el Patrimonio No resulta sencillo identificar los costos indirectos asociados con los delitos contra el patrimonio. Diferentes enfoques relacionados con este tema coinciden en asignar a los valores involucrados en estos delitos como el primer componente del costo social [Mulhivill y Tumin (1969); Stigler (1970); Becker (1968); Rubio (1994); Montenegro y Posada (1994)]. En efecto esta parece ser la más sencilla forma de ver el problema, pero detenerse en este punto, obligaría a caer en una visión bastante sesgada ya que con ello no se estarían teniendo en cuenta los costos derivados de la delincuencia, dentro de los cuales, la intensidad y el tipo de delitos, incluyendo también los montos involucrados, implica la generación de costos sociales adicionales que inciden negativamente en el desenvolvimiento económico, ya sea por la incidencia sobre la reducción de la potencialidad productiva de la economía y sobre el bienestar de la colectividad. En este sentido, podríamos mencionar los costos en que incurre la sociedad por efectos de malas asignaciones de recursos motivadas por la incidencia de los delitos, los cuales van conformando un encadenamiento de costos sociales. Dado que los efectos derivados son múltiples y complejos, debemos partir del establecimiento de una relación directa entre los delitos y los costos derivados de los delitos (CDD), los cuales llevan incorporados varios tipos de costo. En primer lugar, para aproximamos a la medición de los CDD debemos partir de los Montos Transferidos Forzosamente (MTF) mediante las actividades delictivas, los cuales, se constituyen en el punto de partida para medir costos indirectos de los delitos contra el patrimonio. Los MTF comparados con un indicador de esfuerzo productivo en la economía piénsese en el producto interno bruto, finalmente pueden ser utilizados para medir impactos redistributivos de la riqueza, que por mecanismos de fuerza 24

son producidos [Mulhivill y Tumin (1969» Este sería realmente el efecto económico más importante ya que, de manera estricta y como se había planteado anteriormente, este no representa un costo propiamente económico, aunque sí es un argumento utilizable para medir los impactos indirectos. Un análisis más detallado de los delitos contra el patrimonio, y que introduzca aspectos como la focalización -urbana o rural-, y los tipos de delito, por ejemplo, podría dar señales mucho más claras de los impactos adicionales que pueden traer los delitos contra el patrimonio en una perspectiva global. A estos los podríamos denominar Costos Propiamente Externos (CPE). La incidencia de tipos de delitos específicos en una determinada región o zona urbana, puede acarrear otros elementos de costo tales como las pérdidas patrimoniales por desvalorización de las propiedades (PPP) localizadas en la zona donde se concentran los delitos; cuando se presenta este fenómeno vemos que se genera un efecto de empobrecimiento [Cullen y Levit (1996)]. A su vez, y siguiendo estos autores, las pérdidas patrimoniales pueden acarrear, por su parte, una disminución de los recaudos impositivos del estado -Pérdidas de Recaudos Impositivos (PRI)afectando de esta forma la financiación del presupuesto del Estado. La concentración y tipos de delitos contra el patrimonio, a su vez, puede generar otro tipo de reasignación de recursos, que tiene que ver con los potenciales movimientos migratorios, especialmente, de la población más afectada por los delitos. Dependiendo de la intensidad y de la magnitud de los delitos, estos flujos migratorios pueden ocasionar pérdidas de productividad, ello sin importar la condición económica de los migrantes, sean estos pobres o ricos. Obviamente, cuando se presenta este tipo de fenómenos, las posibilidades de migrar son más elevadas para los ricos; cuando los pobres se quedan las potencialidades en términos de capital, tanto físico como humano, se ven reducidas para desarrollar actividades productivas tanto en el corto como en el largo plazo; en el fondo lo que se genera es un problema de carácter redistributivo más empobrecedor [Cullen y Levit (1996); Bradford y Kelejian (1973)], el cual a su vez podría estar afectando la capacidad potencial de generación de producto, tanto en el corto como en el largo plazo. A este tipo de costo lo podemos denominar Pérdida de Capacidad Productiva (PCP), el cual, a su vez no sólo reproduce más pobreza, sino que potencialmente reproduce una mayor delincuencia4. Posada y Montenegro (1994) encuentran para el caso colombiano, haciendo análisis de corte transversal entre los años 1980 y 1990, que las tasas de criminalidad y de hurtos se encuentran relacionadas negativamente con el incremento de la pobreza -medida con el incremento de las necesidades básicas insatisfechas-; positivamente con los indicadores "proxi" de la riqueza social -medida con el PIB per-cápita o con la tasa de crecimiento del PIB en períodos previos-, con lo que intentan demostrar, dadas ciertas características de los delincuentes y la idea de 4

La concentración de la violencia, en espacios propiamente urbanos, implica pérdidas potenciales tanto de corto como de largo plazo. Prácticas corrientes relacionadas con formas de discriminación, presionan a una mayor segregación y concentración de la población que se queda marginada en las zonas de mayor inseguridad, reproduciendo con estos esquemas las formas de delincuencia. La inseguridad y la marginalidad, generan un cerco que impide salir de un circulo vicioso de pobreza en los que la delincuencia puede ser la única alternativa de sobrevivencia. TheChallenge of Crime in a Free Society. A Report by the Presindet's Commission on Law enforcernent and Administration of Justice. United States Printing Office, Washington, D. C. 1967.

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cierta racionalidad de estos en relación con la comisión de delitos, que la presencia de una mayor riqueza social ofrece mayores posibilidades para cometer estos actos, dado que con ella, el beneficio esperado del delito es mayor. Al respecto, vale la pena comentar algo sobre los resultados de estos autores, que como vimos, encuentran una relación negativa entre los incrementos en la pobreza y las tasas de delitos en general. Si partimos del hecho de que tan sólo el 26% de los delitos es denunciado y que en general, aquellos que se denuncian están referidos a montos relativamente altos -tengamos en cuenta que los registros de delitos denunciados a la policía sólo incluyen aquellos por valor a más de diez salarios mínimos-, es posible que la mayor tasa de no-denuncia se refiera precisamente a los delitos que involucran a la población más pobre como víctimas, y donde el monto de los delitos puede ser inferior a estas sumas. El no reconocimiento de los aparatos institucionales y legales de justicia en las zonas más deprimidas, podría estar siendo sustituido por mecanismos de justicia que, en medio de escenarios marcados por la extrema pobreza y altos niveles de delincuencia, operan -dentro de un sistema de representaciones colectivas relacionadas con las condiciones de vida propias a estos espacios- con mayor efectividad. Se crean formas paralelas de justicia, dentro de las cuales, la creación de "organismos" como las milicias populares o bandas de "limpieza" en las zonas, son en cierta forma legitimadas por las mismas comunidades. Posiblemente, los niveles de subregistro encuentren algún tipo de relación con este evento, especialmente en las zonas marginadas urbanas. De ser así, es posible que resultados que muestran una correlación negativa entre la pobreza y la delincuencia puedan ser descartados. De otro lado, los tipos de delitos y su intensidad acarrean otro tipo de costos derivados, o externos, que también deberían ser incorporados dentro de los costos sociales. La falta de seguridad pública hace que los individuos busquen otras alternativas para lograr una mayor seguridad. Dentro de estas alternativas, podrían contabilizarse los gastos en que incurren tanto los empresarios como los hogares para garantizar mayor seguridad a sus propiedades. Encontramos entonces una gran gama de alternativas, que van desde asignar recursos que proporcionen mayor seguridad a las viviendas -alarmas, cerraduras adicionales, rejas de seguridad etc... -, hasta servicios de seguridad privada en las empresas y formas arquitectónicas que conllevan a la construcción en unidades multifamiliares, no sólo cerradas sino aisladas del mundo exterior, las cuales, en general, también vienen acompañadas de la contratación de seguridad privada. Para el caso de este tipo de vivienda, ello implica costos adicionales que se reflejan tanto en los precios de adquisición, como en los gastos de sostenimiento de la misma y que, efectivamente, podrían ser destinados a la satisfacción de otro tipo de necesidades. En el caso de las empresas, estos gastos en seguridad, también podrían ser mejor asignados en actividades más productivas. Así mismo, las características de la inseguridad pueden inducir a los agentes -empresas y hogares a asignar recursos para asegurar el pago de pólizas de seguro; recursos estos que implican a su vez una reasignación que va en detrimento de la satisfacción de otro tipo de necesidades, en los hogares, o que entran como un componente adicional de costos para las empresas5. A este conjunto de costos derivados, los podríamos denominar Costos Adicionales de Inseguridad (CAI).

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Rubio (1994) estima que los impactos económicos de la delincuencia -crímenes- son de dos tipos: en primer lugar, la asignación de recursos para garantizar una mayor seguridad en las empresas implica, en el corto plazo, una reducción en la productividad total de los factores involucrados en los procesos productivos. De otro lado, el 26

Dentro de este tipo de costos derivados, podríamos hilar mucho más delgado hasta intentar medir cómo valoran los individuos, y en qué magnitud, el hecho de vivir en medio de la inseguridad. ¿Cuánto cuesta el no poder disfrutar de la ciudad en forma tranquila y apacible?. El poder disfrutarlo, en efecto, posee valor, pero no existe adecuadamente un referente de precio que permita realizar una estimación. Así pues, queda claro que la identificación de los costos derivados de los delitos adquieren una gran complejidad, de tal forma que la valoración de los mismos implica recurrir a diferentes alternativas metodológicas que en general requieren de la utilización de niveles de información, que en general no se encuentra disponible y que su consecución de manera directa implica de por sí investigaciones específicas orientadas a esos propósitos. Resumiendo, los CDD pueden ser expresados de la siguiente forma: CDD = CDD(d) Es decir, los Costos Derivados de los Delitos son una función del número de delitos y mantienen, en general, una relación positiva, mas no lineal6. Dichos costos presentan dos componentes. En primer lugar encontramos aquellos que representan directamente el costo involucrado en las actividades delictivas MTF, los cuales, dependiendo del tipo de delitos pueden asociarse directamente con los delitos, es decir MTF = MTF(d) En segundo lugar identificamos los Costos Propiamente Externos CPE, los cuales, están conformados por los costos relacionados con las Pérdidas Patrimoniales por Desvalorización de la Propiedad PPP, las Pérdidas por Recaudos Impositivos PRI, las Pérdidas de Capacidad Productiva por Descapitalización PCPD y por los Costos Adicionales de Inseguridad CAI; de esta forma, los CPE pueden ser expresados como: CPE = (PRI + PCP + CAI) Así pues, los CDD en total corresponden a: CDD = MTF + CPE CDD = MTF + (PPP + PRI + PCP + CAI) clima de inseguridad afecta las decisiones de inversión. Ambos efectos estarían restando dos puntos anuales de crecimiento al producto interno bruto de la economía colombiana. 6 Montenegro y Posada (1994), citando a Huntington (1968), plantean que existe una relación positiva entre la comisión de delitos y el crecimiento económico, sin embargo esta relación no es lineal. En términos funcionales, esta relación presenta un punto máximo, a partir del cual, los incrementos en el número de delitos afectan negativamente el crecimiento económico. Estas relaciones son planteadas de manera empírica utilizando mínimos cuadrados ordinarios en un análisis de corte transversal en el que la tasa de crecimiento del PIB departamental se relaciona con las tasas de asesinatos y de hurtos, y estas mismas variables elevadas al cuadrado. Los signos hallados para los parámetros relacionados con las variables son positivos y negativos -para las expresiones al cuadrado-, lo que estaría señalando que después de cierto nivel de delincuencia, el crecimiento del producto, en efecto, se resiente. Una vez alcanzado el "umbral de delitos", la capacidad productiva se reduce, fenómeno que se presenta con efectos tanto de corto como de largo plazo.

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Hemos planteado que la relación entre los CDD y los delitos es positiva. Tampoco se requiere en este caso demasiado heroísmo para plantear que estos costos crecen a ritmo creciente de acuerdo con el número de delitos. Una sociedad absolutamente permisiva con los delitos, hará que este componente de costos crezca exponencialmente. En términos un poco más técnicos diremos que tanto la primera como la segunda derivada de CDD con respecto a d son positivas. El Gráfico 2.2 nos muestra la situación descrita para CDD. Gráfico 2.2 COSTOS DERIVADOS DE LOS DELITOS (CDD) EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE DELITOS CDD

d

2.3 Costos Sociales de la Delincuencia y Número Óptimo de Delitos Aunque no está contemplado en los objetivos de este estudio si vale la pena explotar un poco la expresión que para el Costo Social de los Delitos hemos construido. Dicha expresión queda sintetizada planteando que este costo equivale a la agregación de los costos directos, a los que hemos denominado Costos de Reducción del Delito y los Costos Derivados del Delito, es decir: CS(d) = CRD(d) + CDD(d) Desde una perspectiva social, lo que interesa es que este costo sea el mínimo. De tal forma que si derivamos esta expresión con respecto a d, encontramos que: CRD’+ CDD’= 0 lo que equivale a plantear que: CDD’=-CRD’

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Por construcción sabemos que CRD’ es menor que cero, lo que nos estarla indicando que la solución óptima, la que minimiza el costo social de los delitos, nos lleva a un punto en el que el costo marginal derivado de los delitos CDD' debe ser igual al costo marginal de reducción de los delitos. Esta solución nos dice también que el número óptimo de delitos en la sociedad es positivo -y que corresponde a una solución sub-óptima o de "second-best" ante la imposibilidad de anular la comisión de delitos-. Esta solución se obtiene por los efectos de compensación entre los costos marginales externos -positivos respecto al número de delitos-, y los costos marginales de reducción de los delitos -negativos respecto al número de delitos-. En el Gráfico 2.3 aparece ilustrada la solución a este problema de optimización, en la que el punto d* representa el número óptimo de delitos para la sociedad, es decir, representa el número de delitos que minimiza el costo social. La escala se mide de manera inversa con respecto a CRD’, es decir, de derecha a izquierda señalando no-delitos. Se debe tener en cuenta que esta gráfica representa funciones marginales de costo, las cuales se diferencian de los Gráficos 2.1 y 2.2, en los cuales, los costos son representados en valores absolutos. Obsérvese que presupuestos adicionales destinados al aparato de justicia que no reduzcan d se reflejarán en costos sociales mayores. Se debe también hacer la salvedad, de que este modelo está referido a un análisis de corto plazo y que la dimensión de d en el eje horizontal corresponde al total de delitos que se podrían cometer en un año específico, dadas las condiciones en que opera el aparato de justicia y la racionalidad que incita la comisión de delitos. Gráfico 2.3. COSTO SOCIAL MÍNIMO DE DELITOS Y NÚMERO ÓPTIMO DE DELITOS CRD’ CRD’

n-d

CDD’ CDD’

d*

d

0

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Derivado de este análisis es importante advertir como a través de asignaciones que combinen la eficiencia y la efectividad del aparato de justicia, se podría reducir el número de delitos en la sociedad y por esta vía, se lograría un menor impacto en términos de costos sociales. Se puede advertir como incrementos en las partidas presupuéstales para el aparato de justicia que no garanticen una reducción en la comisión de delitos, o lo que es lo mismo que los costos de reducción de delitos promedio se incrementen, implica una mayor permisividad y por esta vía mayores costos sociales. Gráficamente esto correspondería a un cambio en la pendiente de la función de costos de reducción de delitos que se corta, en el margen, con la curva de costos derivados de los delitos en un punto ubicado hacia arriba y a la derecha del punto óptimo. En esta perspectiva, se hace necesario que los esfuerzos del aparato de justicia mejoren la efectividad en los procesos de captura, en tanto que se requeriría una mayor fluidez en la aplicación de justicia con el propósito de garantizar el cumplimiento de las penas. En la medida en que estos elementos se combinen, el mejoramiento en la efectividad en las capturas y condenas, se estaría incrementando, para los delincuentes, los costos de cometer un delito. Por este motivo las probabilidades de cometer delitos tendrían que reducirse al disminuir las posibilidades de éxito del acto delictivo; Los costos privados del delito se incrementan, por esta razón es posible que sólo se cometan delitos que garanticen un beneficio para los delincuentes. El número de delitos tenderá a reducirse, sin embargo dados los riesgos se cometerán delitos de mayor cuantía -golpes efectivos-. Esto en el gráfico se correspondería con un cambio en la pendiente en la función de costos derivados de los delitos -hacia arriba y a la izquierda. La solución óptima en la que efectivamente el número de delitos se reduce, minimizando el costo social, requiere de un manejo eficiente de los recursos asignados al aparato de seguridad. Llevando la solución óptima al punto d** (Ver Gráfico 2.4). Gráfico 2.4. EFECTOS DE LOS LOGROS EN EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL APARATO DE JUSTICIA SOBRE LA COMISIÓN DE DELITOS Y LA REDUCCIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

CRD’

CDD’

a

0 n-d

d**

d*

d 30

3. Los Costos de los Delitos Contra el Patrimonio Económico en Colombia 3. 1 Las fuentes de Información Desde un punto de vista propiamente empírico, y tomando como referencia los aspectos teóricos planteados en el acápite anterior, la determinación de los costos sociales de los delitos efectivamente corresponde a un reto. Problemas relacionados con el subregistro de este tipo de delitos, lo cual nos lleva también al desconocimiento de los valores propiamente involucrados, es algo que dificulta seriamente este tipo de estimaciones cuando en efecto, y como hemos venido planteando, este elemento es fundamental para lograr el objetivo. Una revisión de la clasificación de los delitos contra el patrimonio, de acuerdo como lo establece el Código Penal Colombiano nos permite, en primer lugar, identificar una gran diversidad de ellos, lo que a su vez nos plantea poder disponer inicialmente de la información relacionada con los valores involucrados en cada uno de ellos. Aquí encontramos el primer obstáculo para hacer una medición más precisa de los costos económicos: ¿Cuál es la fiabilidad de la información registrada con respecto al monto involucrado en los delitos?; ¿Cuál es la probabilidad de que este tipo de información esté sesgada?; ¿De qué tipo de sesgo estamos hablando y qué lo fundamenta?; Dado que la información sobre el monto involucrado en los delitos, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional, sólo contempla valores que superan diez salarios mínimos: ¿Cómo contabilizar el monto involucrado en los delitos que no superan los diez salarios mínimos?. Las implicaciones de estas carencias de información resultan obvias de acuerdo con los propósitos del estudio, lo cual, necesariamente nos indica, siguiendo las bases de la información oficial, que se presentará un sesgo que necesariamente subestima los impactos económicos de estas actividades. En el mismo sentido, y con relación a los costos derivados de la delincuencia, se advierte un fenómeno similar. Buena parte de la información pertinente para estos efectos debe ser levantada ya sea de manera directa o a través de estudios que permitan realizar estimaciones de los mismos lo cual, por limitaciones de tiempo, y por la dimensión espacial del estudio, está fuera del nuestro alcance. De esta forma, las estimaciones de los impactos de la delincuencia sobre los valores de la propiedad, sobre los costos de los hogares para autogarantizarse una mayor seguridad, por ejemplo, conforman espacios de investigación específicos que deben ser llenados para lograr una mejor aproximación a la interpretación del fenómeno. De otro lado, vale la pena resaltar las dificultades presentadas con entidades que disponen, o que deben disponer, de información relevante para estos efectos pero que por negligencias no claramente justificadas se niegan a suministrarla. Así por ejemplo, los valores de los servicios prestados por empresas de seguridad privada, información obviamente relevante para este estudio, hasta el momento no se ha podido conseguir. Algo similar acontece con la información correspondiente de las compañías aseguradoras.

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Así las cosas, y sin haber agotado los esfuerzos para conseguir información adicional, en este informe presentamos la evolución de los gastos en justicia y seguridad relacionados con los delitos contra el patrimonio económico, así como una relación de los montos involucrados en estos delitos, de acuerdo con los reportes de la Policía Nacional. Para complementar esta parte se realizó una estimación de los gastos privados en seguridad siguiendo a Rubio (1994). 3.2 Los Gastos en Justicia, Policía y Detención De acuerdo con los aspectos normativos contemplados en el capítulo 2 de este informe, efectivamente los gastos ejecutados por el estado con el propósito de combatir la delincuencia, corresponden a uno de los componentes de los costos relacionados con los delitos. La demanda social de seguridad, encuentra en el estado la entidad que debe proveer este servicio claramente identificado como un bien público. Para el caso colombiano así se contempla desde un plano constitucional: “La Constitución Política le señala al Estado la responsabilidad de garantizar, además de la prosperidad general, el ejercicio pleno de los derechos y deberes, la participación ciudadana, la convivencia pacífica, y la vigencia de un orden justo”.... “La justicia y la seguridad, por su calidad de bienes colectivos esenciales, son responsabilidad directa y exclusiva del Estado”7. Sin embargo, encontrar una relación entre los delitos contra el patrimonio económico y las cifras oficiales sobre los costos de reducción de los delitos, es algo que requiere de un paso previo, pero difícil de dar. Las cifras de los costos de administración de justicia, policía y de detención, corresponde a rubros agregados en los que se contabilizan los esfuerzos frente a todos los delitos, sin especificar a qué tipo de delitos son destinados los recursos. La complejidad de la delincuencia, debida en buena forma a su diversidad, hace que la administración de recursos para combatirla, implique la utilización de los diferentes recursos con un propósito único y general que consiste en atacar la totalidad de la delincuencia. Encontramos así un aparato que, de acuerdo con la existencia de diferentes modalidades delictivas, es "multipropósito". Ello dificulta aún más las estimaciones de los costos económicos de los delitos contra el patrimonio. Dado que la seguridad, concebida de manera integral corresponde a un bien público, situación que además determina la forma de acción del aparato institucional para garantizarla, bien podemos plantear que los recursos utilizados con estos fines no tienen ninguna diferenciación. En otras palabras los recursos para combatir los homicidios, pueden ser utilizados también en la reducción de los delitos contra el patrimonio económico u otras modalidades delictivas. Distinto es que dependiendo de contingencias coyunturales, la mayor incidencia de algunas modalidades delictivas impliquen la puesta en marcha de diferentes operativos con objetivos específicos, que de todas maneras no descartan la persecución de otros delitos. Ahora bien, debemos enfatizar en otro aspecto de significativa importancia y que tiene que ver con la forma como en Colombia se han venido atacando las diferentes modalidades delictivas, Sic. El Salto Social: El Tiempo de la Gente; Título VII "Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana" pág. 169 7

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las cuales, en general han propiciado una particular asignación de recursos entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad y que en buena forma podría estar proporcionando señales respecto a la efectividad y eficacia de estas instituciones. La concepción de la seguridad nacional, en buena forma impregnada por la incidencia del narcotráfico y la guerrilla, ha implicado que se sobrepongan los objetivos de estas entidades como el ejército -cuyos objetivos se centran en garantizar el orden constitucional y la soberanía nacional- y la policía -que centra sus objetivos en combatir la delincuencia común y organizada-. En Colombia encontramos a la policía combatiendo, además de la delincuencia, a la guerrilla, en tanto que el ejército, además de encargarse de preservar el orden constitucional, lo encontramos combatiendo al narcotráfico. La identificación de estos problemas como prioritarios en la visión de la seguridad nacional ha conducido, a través de la polarización de objetivos, a una asignación de recursos que en buena forma puede haber descuidado los principales objetivos de cada una de estas instituciones, con lo cual se afecta no sólo la efectividad sino la eficiencia del aparato. Para el caso de la policía la focalización de sus objetivos en torno a los delitos relacionados con el narcotráfico, parece haber conducido a una mayor laxitud con respecto a la comisión de otro tipo de delitos, situación que se agrava con el hecho de asumir actividades que constitucionalmente son competencia del ejército. Para el propósito central de este estudio estos elementos generan mayor ruido a la hora de establecer nexos más claros para la estimación de los costos económicos de los delitos; ello en el sentido de que la demanda de seguridad, en relación especifica con los delitos contra el patrimonio económico, no puede ser establecida claramente. Con estas salvedades y dado que la seguridad es un bien público, por demás indivisible, tomamos como indicador de los Costos de Reducción de los delitos, los gastos en que ha incurrido el gobierno nacional para la prestación de servicios de policía, justicia y detención. El Cuadro 1 muestra la evolución de los Costos de Reducción de delitos (CRD), expresados en los gastos en que ha incurrido el estado en Justicia, Policía y Detención en el período 1980-1995; las cifras se muestran en términos reales a precios de 1980. Es interesante observar como estos gastos han observado un crecimiento continuo durante este periodo. En promedio Los CRD han crecido a una tasa promedio anual cercana al 6.1%, con un incremento bastante intenso durante el primer quinquenio de los años noventa, durante el cual el promedio anual de crecimiento fue cercano al 10.5%. Como resultado de esta dinámica, los CRD en 1995 se multiplicaron por 2.5 frente a 1980 y por 1.7 frente al año 1990; ello en buena medida por la incidencia de los gastos asignados a la policía, los cuales en promedio para el periodo representaron cerca del 84% de los CRD, en tanto que se multiplicaron por 2.5 y 1.8 respectivamente frente a esos años. Buena parte de la expansión de los gastos de policía se ha concentrado en un incremento bastante fuerte de los servicios personales, representados no sólo en incrementos en las erogaciones del personal, sino también en un fuerte incremento de la planta de personal de la policía. De acuerdo con cifras de la contraloría General de la Nación el personal ocupado en la

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policía pasó de 67.036 en 1985 a 97.051en 1995, lo que representó un incremento promedio anual del 14.5% en el pie de fuerza de esta institución8. Sin embargo, tal como se describe en la primera parte de este estudio las actividades delictivas, de acuerdo con el número de delitos y las tasas, si bien han cedido ahora dan señales de una mayor intensidad. Por el lado de la administración de justicia las evidencias señalan una dinámica similar a la observada, lo cual da cuenta de que los esfuerzos de modernización de este sector, forzados por mandato constitucional, no han generado los resultados esperados. En efecto los gastos en justicia en 1995 se multiplicaron por 2.3 frente a 1980 y por 1.2 frente a 1990, siguiendo con algún rezago la dinámica de los gastos de la policía. Sin embargo, la dinámica observada de los procesos judiciales habla por sí misma de la ineficiencia e ineficacia del sistema judicial para la penalización de los delitos. Con respecto a los costos de detención, no es importante detenerse para advertir que esta es la parte que menos representa dentro de lo que hemos tipificado como CRD. Algunos quiebres en la evolución de estos gastos, se deben fundamentalmente a procesos de remodelación de los centros carcelarios y penitenciarios. Sin embargo vale la pena citar un párrafo cargado de buenas intenciones: “El objetivo de la política carcelaria y penitenciaria será la prevención del delito a través de la rehabilitación y resocialización del individuo que ha delinquido. Para ello se diseñará y pondrá en marcha el SISTEMA DE TRATAMIENTO PROGRESIVO y se desarrollarán, en cooperación con el sector privado, modos alternativos de reinserción de reclusos a la sociedad. Para atender el hacinamiento y sobrecupo de cárceles y penitenciarías, se actualizará el censo carcelario, se redistribuirá la población reclusa y se acelerará la decisión judicial sobre la situación de sindicados. Finalmente se realizará un programa de construcción de centros de reclusión”9. Los acontecimientos recientes relacionados con los amotinamientos en diferentes centros carcelarios y penitenciarios del país, hablan por sí solos de los impactos de la política de detención en el país y el logro de los objetivos respecto a la reducción de la delincuencia en Colombia. Evidentemente estos objetivos difícilmente serían cumplidos si se tiene en cuenta la desventaja absoluta que presentan los gastos de detención respecto a los gastos totales de reducción de delitos en Colombia. De acuerdo con los lineamientos normativos reflejados en el Gráfico 2.4, la situación nos estaría indicando que en los incrementos en los recursos asignados a la prevención y captura de delincuentes, unido a un aparato de justicia lento, con lo que favorece la impunidad, y a sistemas de detención que en poco contribuyen a la rehabilitación de los delincuentes, encontramos un panorama que efectivamente favorece la comisión de delitos. El resultado de 8 9

Informe de Actividades 1995, Contraloría General de la Nación 1996. Op. Cit. Pag. 173

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ello, es consistente con el incremento de los costos sociales, los cuales al estar marcados por la ineficiencia de los aparatos de justicia, favorecen la aparición de costos sociales que no se corresponden con el mínimo. Si bien el número anual de delitos contra el patrimonio económico en Colombia se ha reducido, y si bien esa disminución ha venido acompañada de una recomposición de las actividades delictivas que al parecer favorecen la delincuencia organizada, no necesariamente podríamos hablar de un comportamiento que por parte de los organismos de seguridad se aproxime a la consecución de la eficiencia. Más bien, parecería que en las directrices de la política de seguridad se ponderan criterios costo-efectivos, en otras palabras, los esfuerzos para reducir la delincuencia se hacen, dadas las restricciones del presupuesto nacional, a cualquier costo sin tratar de racionalizar la utilización de los recursos existentes. Una buena prueba de ello puede contemplarse en la expansión de los gastos de los costos de reducción delitos, los cuales como vimos, se encuentran fundamentalmente explicados con incrementos en el pie de fuerza de la policía. El Gráfico 2.5 muestra como los costos de reducción de delitos presentan una relación positiva con respecto al número de delitos contra el patrimonio económico en Colombia. La reducción del número de delitos frente a incrementos considerables en los costos de reducción nos habla por sí misma de incrementos en efectividad, pero con sacrificios en eficiencia. Ello necesariamente conduce a que los impactos económicos en efecto se incrementen. Como se observa en el Cuadro 2, la relación entre los gastos de reducción de delitos y el número de delitos pasó de 0.08 en 1981 a 0.30 en 1995. Al respecto, vale la pena señalar que la década de los noventa se inicia con un nivel de delitos en ascenso que declina en el año 1993 y se empieza a ascender en 1994 y pasa a ubicarse en niveles superiores a los observados en 1990. Por su parte los costos de reducción de delitos se incrementan substancialmente como resultado de la aplicación de la Ley 62 de 1993, la cual contempla el plan de modernización de la Policía Nacional, con la que se buscaba, entre otras cosas, disminuir los índices de delitos. En este sentido, y al juzgar por el incremento en el número de delitos hacia 1995, tales objetivos no han sido cumplidos. 3.2.1 Los Costos de Reducción de Delitos Frente al PIB El Cuadro 3 muestra, para el período 1980-1995, la relación entre los Costos de Reducción de Delitos frente al producto interno bruto. Resulta interesante observar como, en promedio anual para el periodo, los costos de reducción de delitos representaron cerca del 0.98% del PIB. En la década de los noventa los costos de reducción de delitos han venido incremento la relación con el producto interno bruto, al pasar en 1980 de 0.9% a 1.16 en 1995. De nuevo estos incrementos en la participación se explican fundamentalmente por los impactos de los gastos en policía, que en esos mismos años pasaron de 0.71% a 1.01%. Por su parte, Los gastos de justicia permanecieron constantes al ubicarse alrededor de 0. 14% durante el primer quinquenio de los noventa, en tanto que los gastos de detención resultan ser insignificantes.

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3.3 Valor Estimado de los Delitos Contra el Patrimonio Económico La fuente básica para analizar la evolución de los montos involucrados en los delitos contra el patrimonio es la Policía. Al respecto es necesario reiterar las deficiencias que presenta esta información, las cuales fueron ilustradas en la primera parte de este informe. El hecho de que tan sólo se denuncia el 20% de los delitos, no sólo afecta el análisis de la evolución del comportamiento delictivo en el país, sino también el de los montos que se transfieren de manera forzosa en el territorio nacional. Siendo esta la principal fuente, por demás oficial, debemos desarrollar las estimaciones con esta información haciendo la advertencia de que los resultados necesariamente presentarán un sesgo de subestimación, que además se ve reforzado proporcionar información de algunas de las modalidades delictivas contra el patrimonio contempladas en el Código Penal Colombiano. De otro lado, si bien se puede aceptar la hipótesis de una elevada y positiva correlación entre la denuncia y los montos involucrados en los delitos, también puede aceptarse la hipótesis de una tendencia a sobrevalorar el monto involucrado en los delitos. La depuración y establecimiento de unas cifras más cercanas a la realidad, hacen parte de una investigación concreta para indagar de una manera más precisa los objetivos que pretendidos en este estudio. El valor estimado de los montos involucrados en los delitos contra el patrimonio, de acuerdo con la Policía Nacional, aparece en el Cuadro 4 diferenciado de acuerdo con la modalidad de delito. Si bien no es posible identificar un comportamiento con un buen ajuste tendencial en el valor estimado total, debido a las oscilaciones que presenta la serie y que en buena medida están explicadas por fenómenos aleatorios relacionados con los delitos, puede advertirse que estos valores, en promedio, aunque con una varianza relativamente elevada, han venido creciendo. La tendencia hacia la recomposición de las actividades delictivas, es algo que se puede advertir también en términos de los valores involucrados en los delitos, y que en general ha venido favoreciendo la expansión, en la participación del valor total de delitos, de las modalidades de hurto calificado, y en particular los atracos. En el Cuadro 5 puede observarse como mientras en 1981 los atracos representaban el 14% del valor estimado total de delitos, en 1986 ya alcanzaba una cifra cercana al 22%; a partir de este año los valores de esta modalidad delictiva empiezan a incrementarse de manera intensa, para llegar a representar el 49% de estos valores en 1995. Los valores estimados en los robos (hurto calificado), mantienen su participación en el total en forma relativamente estable, motivo por el cual puede advertirse que se deben haber presentado descensos en la participación de otras modalidades delictivas; en este aspecto es importante resaltar la abrupta caída experimentada en los valores relacionados con los hurtos -comunes-, que en 1981 representaron el 32.1%, mientras que en 1995 su participación se había reducido al 6.3%. Resulta importante señalar que si bien en términos generales las tasas de delito pueden haberse disminuido, tal como se muestra en la primera parte de este informe, lo cual de alguna forma estarla señalando logros en efectividad por parte del estado, la tendencia apuntaría hacia una mayor efectividad en la delincuencia común, pero que no muestra resultados efectivos con respecto a la delincuencia organizada.

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El Cuadro 6 muestra como el valor promedio de los delitos se ha venido incrementando al pasar, a precios constantes de 1980, de $58.000 en 1981 a cerca de $92.000 en 1995. De acuerdo con la participación en los delitos de las modalidades de hurto calificado, han sido precisamente estas las encargadas de explicar esta tendencia. El valor promedio de los atracos pasó de $100.000 en 1981 a cerca de $185.000 en 1995, por su parte los robos pasaron de $83.000 a $104.000 en esos mismos años. El comportamiento de los hurtos -simplesobserva un crecimiento similar al de los robos (entre 1981 y 1995 el valor promedio de estos delitos se multiplicó aproximadamente por 1.25), lo que de alguna manera señala que la reducción en su frecuencia, ha venido acompañada con un incremento en la especialización, señalando con ello alguna tendencia hacia algún tipo de organización en esta modalidad delictiva. Estos resultados, de acuerdo con la racionalidad de los delincuentes, y siguiendo los aspectos teóricos y normativos expuestos en este capítulo, estaría señalando un comportamiento que se ajusta a las tendencias de mayor efectividad, que aunque más costosas, efectivamente estarían afectando la función de beneficios de los delincuentes, quienes para asegurar un mayor efectividad optan por la comisión de delitos en forma planificada. Dada la variabilidad observada en el valor de los delitos, tampoco es posible advertir un comportamiento tendencial con respecto a la participación de estos montos con relación al producto interno bruto de la economía colombiana; sin embargo es importante advertir -ver cuadro 7- que en promedio, entre 1981 y 1995, dicha participación representa cerca del 0.34% del esfuerzo económico colombiano. Importante notar que en promedio, para el mismo período, dichos montos han representado cerca del 15% de los gastos del gobierno nacional central en educación, y cerca del 47% de los gastos del, gobierno en salud -Ver Cuadro 8-. A nivel regional se puede observar una tendencia, tanto en la comisión de delitos como el valor involucrado en los mismos, hacia la concentración de estas actividades en las regiones que, en términos de actividad económica, mayor contribuyen a la economía del país: Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico y la región del viejo Caldas. Interesante resaltar que dentro de cada una de estas regiones, las modalidades delictivas se han venido transformando al darle un mayor peso a la delincuencia organizada -especialmente hurto calificado-, con un incremento en la participación a los atracos. En el Cuadro 9 se puede observar como mientras el valor incorporado en los hurtos simples en estas regiones, pasó de representar cerca del 81% del monto nacional de delitos en 1981 a cerca del 54% en 1995; por su parte la participación del valor de los robos pasó del 8 1 % al 77% en estos mismos años. Esta reducción en la participación del valor de los robos, si bien nos habla de expansiones en este tipo de actividades delictivas en las demás regiones del país, lleva implícita una particular importancia al observar como el área metropolitana de Bogotá, si bien es la que más contribuye a nivel nacional, ha venido incrementando su participación. El valor de los robos realizados en Bogotá en 1981 representaba cerca del 38.5% del valor total de los robos en el país, mientras que en 1995 su contribución alcanzaba una cifra cercana al 61.6%. Para el caso de los atracos la contribución de estas regiones al agregado nacional se ha incrementado al pasar de 62.3% en 1981 al 66.2% en 1995. En esta tendencia sobresale también la situación del área metropolitana de Bogotá que ha incrementado su participación de manera significativa. Mientras en 1981 en esta región se concentraba cerca del 26% del botín 37

de los atracos cometidos en Colombia, en 1995 su contribución al agregado nacional llegó a alcanzar el 45.7% (ver Cuadro 9). 3.4 Impacto Global de los Delitos contra el Patrimonio económico El Cuadro 10 resume las relaciones de las transferencias oficiales que garantizan el funcionamiento de los organismos encargados de la reducción de la delincuencia y del monto de las transferencias forzosas -valor incorporado en los delitos- como porcentaje del producto interno bruto. Con estas cifras hacemos una aproximación de los costos directos de los delitos, siguiendo los criterios teóricos y metodológicos sugeridos al inicio de este capítulo. A estas cifras se ha adicionado una tercera columna en la que aparece una estimación de los gastos en seguridad privada -siguiendo a Rubio (1994)-10. Este estimativo, muy burdo y sencillo, intenta medir parte de los costos derivados o externos de los delitos. Es de aclarar que esta cifra no sólo subestima el verdadero valor de los gastos del sector privado en seguridad, sino que también es posible que corresponda a una proporción bastante reducida de los costos derivados de los delitos. A pesar de ello, este ejercicio constituye una primera aproximación a la medición de los impactos económicos relacionados con los delitos contra el patrimonio económico. Un aspecto de interés que vale la pena resaltar con respecto a la información consignada en este cuadro, es que la relación de estos valores con respecto al PIB se modifica en el tiempo, lo cual en buena forma no responde tan sólo a las dinámicas propias de la delincuencia, ni a las estrategias y gastos del estado para combatirla, sino también al desenvolvimiento de la misma economía. El Gráfico 2.6 describe la evolución del PIB y de los costos sociales del delito, incluye los costos directos e indirectos aquí estimados, expresados en números índice. En el gráfico puede advertirse que la dinámica de los costos del delito ha sido mucho más intensa con respecto al PIB. En el primer quinquenio de los ochenta, durante el cual la economía colombiana entró en un fenómeno de desaceleración, mientras los costos del delito se incrementaron con mayor intensidad relativa. En este período la participación media de los costos del delito frente al PIB se ubicó en cerca del 2%. En la segunda mitad de la década de los ochenta, la economía colombiana experimenta un despegue, en tanto que la dinámica de los delitos, si bien continúa en ascenso, en términos relativos su intensidad se redujo con respecto a la dinámica del PIB; como resultado de ello, la relación de los costos de los delitos con respecto al esfuerzo económico nacional se redujo para ubicarse en un 1.6%. En la primera mitad de los años noventa esta participación entra nuevamente en ascenso al ubicarse en un 1.7% del PIB; el fuerte crecimiento de los costos de los delitos no puede ser contrarrestado por el buen comportamiento económico en estos años (Ver Cuadro 10 y Gráfico 2.6)

Rubio toma como aproximación del valor de los gastos privados en seguridad, el 50% del valor de los servicios personales de la Policía Nacional. Ello, tal y corno lo admite este autor, no contempla los gastos en que incurre el sector privado en dispositivos y equipos de seguridad. 10

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La información del Cuadro 10 permite apreciar que en el primer quinquenio de los ochenta, los costos sociales de los delitos -directos e indirectos aquí estimados- llegaron a representar, en promedio, cerca del 2% del producto interno bruto, en tanto que en el quinquenio siguiente mostró una declinación para ubicarse alrededor del 1.6%. Iniciándose la década de los años noventa esta participación nuevamente se incrementa para ubicarse en 1.7%.; esta relación, a pesar del fuerte crecimiento en los costos sociales de los delitos no fue mayor debido al buen desempeño mostrado por la economía. Esta cifra, pese a estar subestimada, resulta ser bastante importante. Así por ejemplo, y con la idea de identificar un numerario que nos permita aproximarnos a la medición del impacto económico, puede apreciarse en el Cuadro 11 como lo costos sociales de los delitos superan con creces los gastos del gobierno nacional en salud en un rango que se mueve entre 144.4% en 1995 y 254% (cifra correspondiente a 1983). De acuerdo con ello, los costos sociales de los delitos, en promedio, duplican los gastos de salud en Colombia. Por su parte si comparamos estos costos con los gastos en educación, en promedio, estos representan cerca del 60% de estos gastos. Para proporcionar una mejor apreciación del fenómeno, construimos un indicador de empleos equivalentes, estimando cuántos empleos podrían ser contratados teniendo como referente de costo laboral el valor de un salario mínimo integral. Las cifras aparecen en el Cuadro 12, y de ellas queremos resaltar solamente los resultados hallados con relación al valor estimado de los delitos. En 1990 el número de empleos equivalentes llegaba a 1.076.512 Una cifra sencillamente alarmante, si tenemos en cuenta que era equivalente a cerca del 13% de la población en edad de trabajar; al 21% de la Población económicamente activa en Colombia, en tanto que duplicaba el número de desocupados en las principales ciudades del país. Por su parte los gastos en seguridad privada, si bien de acuerdo con la metodología adaptada corresponden básicamente al pago de servicios de vigilancia, podemos ver como los empleos equivalentes corresponderían al 18.6% de la totalidad del empleo generado en las principales ciudades del país a diciembre de 1990 Conclusiones y Recomendaciones Esta aproximación a la medición del impacto económico de los delitos contra el patrimonio económico, permite advertir que se hace necesaria una mayor profundización analítica que, desde la disciplina económica, proporcione aportes a la comprensión del complejo fenómeno de la delincuencia y a conocer con más precisión sus implicaciones. Con todas las debilidades en la estimación, determinadas básicamente por la ausencia y deficiencias en la información, se advierte que las magnitudes económicas de la delincuencia representan valores significativos para la economía colombiana. Aún con cifras subestimadas es posible advertir que el costo económico de la delincuencia es considerable (aproximadamente 2% del PIB). Los esfuerzos institucionales para reducir la delincuencia han ponderado la efectividad sobre la eficiencia. Esto ha traído como consecuencia que el costo social se incremente. Tal efectividad ha sido selectiva, en el sentido de que ha favorecido una reducción de la delincuencia en 39

general, pero ha traído una mayor especialización de la delincuencia. En ese sentido, los costos de reducción han aumentado, en tanto que los costos adicionales de los delitos también -esto se advierte en el comportamiento del valor medio de los delitos-. En términos normativos, la situación colombiana se parece a la descrita en el punto a del Gráfico2.4. No sólo la ponderación de la efectividad sobre la eficacia juega en favor del incremento de los costos sociales. La sobreposición de funciones y de objetivos entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad nacional en general, hacen que se pierdan niveles de especialización en las diferentes instituciones trayendo esto como consecuencia, incrementos en los costos sociales vía ineficiencia. La tendencia hacía el crimen organizado requiere de ajustes en los aparatos de seguridad con criterios que no sean costo-efectivos. La delincuencia organizada no se combate con un pie de fuerza mayor. Se requiere para combatirla una racionalización de los recursos disponibles, y si se presentan expansiones en los gastos, se debe favorecer inversiones que garanticen cambios tecnológicos apropiados para estos efectos. La situación judicial, carcelaria y penitenciaria se deben ajustar a las mejoras en efectividad en las capturas. Un juego combinado en estas esferas garantiza afectar las funciones de beneficio de los delincuentes, reduciendo la delincuencia, y por esta vía los costos sociales. La falta de coordinación, tolera la impunidad en los procesos, y deficiencias en la detención que en nada contribuyen a reducir la comisión de delitos. Al respecto, vale la pena preguntarse sobre las causas del hacinamiento en las cárceles y penitenciarías del país. Si bien es un problema de infraestructura, también debemos tener en cuenta que el número de sindicados también aumentó, lo que corrobora cierta eficacia de la policía, es decir, también hay un fenómeno de oferta bastante importante. De acuerdo como se distribuyen los recursos para reducir la delincuencia en Colombia, los centros de reclusión prácticamente no existen. Los mayores recursos se los ha llevado la policía, en tanto que los gastos de justicia sí bien han crecido, no han adquirido niveles de eficiencia respecto a la dinámica policial. Importante resaltar que en este campo, encontramos un campo de investigación que no ha sido abordado con la significancia que se merece desde la disciplina económica. Investigaciones afines que permitan dilucidar con mayor claridad cuáles son los verdaderos costos del delito en Colombia, deberían ser adelantadas de tal forma que trasciendan en el campo de la política, fijando criterios de acción. En este aspecto vale la pena mencionar que se hace necesario en la realización de estudios regionales con visión microeconómica. Ello en vista de que los análisis macro impiden la percepción de las especifidades de este fenómeno.

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