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ADOLESCENCIA, SOCIEDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA Las cuentas pendientes luego del plebiscito del 26 de octubre de 2014 I.

A GUISA DE EXORDIO

Los acontecimientos sucedidos a partir de la campaña electoral de 2014, donde el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad se ubicó como una de las novedades del ciclo electoral, se transformaron en una experiencia muy rica a estudiar. ¿Por qué? En primer lugar, porque en un país adultocéntrico (con clara mayoría adulta en su pirámide etaria) y en el que según los preceptos de la democracia liberal formal la mayoría es la que decide, resulta una experiencia interesante e importante, de la que hay mucho para reflexionar. En segundo lugar, porque los medios de comunicación jugaron su partido y colocaron el tema de la seguridad en la primera plana de diarios y noticieros, y se aseguran de magnificarlo y explicitarlo cuando quien protagoniza el hecho delictivo es menor de 30 años.1 En tercer lugar, porque sectores mayoritarios del Partido Nacional y del Partido Colorado actuaron protagónicamente proponiendo que era la solución a los problemas de la seguridad. Este protagonismo contrastó una estrategia de apoyos indirectos y no muy explícitos públicamente del elenco gobernante y del Frente Amplio, tendientes a no entorpecer la propia estrategia que los integrantes de la Comisión ya habían definido. Entonces resulta llamativo que los resultados sean los que se alcanzaron. Resulta llamativo también que una campaña encabezada por la negativa, se haya asociado tanto al color, la alegría y la esperanza. Resulta interesante cómo fue que se encabezó y quiénes fueron los protagonistas de la movilización, en un marco de tanto descreimiento y desinterés hacia lo político. Por tales motivos, 1

La profesora Nilia Viscardi (Facultad de Ciencias Sociales. UdelaR), en una entrevista realizada por la publicación gaceta.UR a comienzos del 2011, señalaba: «[…] en el trabajo que realizamos, que abarca básicamente los medios El País y La República, mostramos que hay una inversión por la cual al 2003, aproximadamente el 60 por ciento de las notas situaba a los niños y adolescentes como víctimas de la violencia, y con el paso del tiempo las notas los situaban cada vez más como responsables y culpables de las violencias. ¿Qué está ocurriendo? Un proceso en el cual la prensa asocia juventud con peligrosidad y responsabiliza a los adolescentes y a los jóvenes. La mala lectura es que todos los delitos con violencia que ocurren en nuestro país son cometidos por los adolescentes, y por los adolescentes pobres. Eso evidentemente es una mentira, porque las estadísticas dicen que quienes más sufren violencia sexual, violencia en el hogar, explotación laboral, exclusión del sistema educativo, […] son precisamente los niños, adolescentes y jóvenes» («El medio me da miedo», en gaceta.UR (año II, número 13), Montevideo, Universidad de la República, mayo de 2011, pp. 17-18).

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el movimiento social que respaldó la campaña de No a la baja es un fenómeno que se encuentra a estudio y viene siendo objeto de análisis y publicaciones. El Centro de Participación Popular se comprometió públicamente y adhirió la Comisión Nacional No a la Baja,2 junto a otras organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, barriales y políticas. Ha transcurrido un año y medio desde la realización del plebiscito. La convocatoria al Diálogo Social, en la medida que establece un marco para un encuentro amplio y participativo de la sociedad uruguaya para pensar el Uruguay del futuro, nos alienta a presentar este documento. El documento tiene como objetivo generar insumos para contribuir a elaborar una estrategia integral que sintetice los aportes realizados durante la campaña de 2014 y que aporte a la construcción de un curso de acción sostenible, en el mediano y largo plazo.

II.

PASADO RECIENTE

El plebiscito para bajar la edad de imputabilidad fue una consulta popular que se desarrolló en paralelo con la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Uruguay el 26 de octubre de 2014. Pero este proceso hacia el plebiscito comenzó bastante antes. Ya durante la campaña electoral hacia las elecciones presidenciales y parlamentarias de octubre y noviembre de 2009, el tema de la

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El 27 de mayo de 2014 la Comisión Directiva del Centro de Participación Popular emitió una Declaración Pública donde señalaba: «Uruguay se ha caracterizado históricamente por tener una legislación de avanzada en materia de derechos individuales y colectivos garantizados por la Constitución y las leyes. [..] Nos encontramos frente a un plebiscito sobre un proyecto de reforma constitucional, que es totalmente contrario a esa vocación de respeto y profundización de los derechos humanos: LA BAJA DE LA EDAD PARA LA IMPUTABILIDAD PENAL. Ante este proyecto de reforma nuestra institución siente la necesidad de hacer público y de manera firme, su rechazo a la misma, porque: (i) es la primera vez que mediante una reforma constitucional se pretende recortar un derecho fundamental y en particular a un segmento de la población que está en proceso de maduración personal y ciudadana; […] (vi) apela al concepto de castigo cuando lo que se necesita son procesos educativos, reorientadores y la generación de oportunidades para su integración social; (vii) un proyecto que “criminaliza” la juventud, nos ubica en una sociedad que teme a los jóvenes. Una sociedad que se piensa en desarrollo debe proyectar cómo dar oportunidades para la incorporación social en el presente y cómo desarrollar las potencialidades de la juventud, asegurando un mejor futuro para el país y su gente. […] Este proyecto es totalmente contrario a la filosofía, visión y compromiso con que desarrollamos nuestro trabajo que apunta a lograr la mayor integración social posible. En definitiva, nos manifestamos en contra de este proyecto porque un país que no apuesta a sus jóvenes, no apuesta al futuro, no se proyecta, se condena. Apostamos a un desarrollo humanista, donde todos y todas tenemos para dar… como sociedad es nuestro deber brindar las oportunidades».

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seguridad ocupó un espacio importante en la agenda pública,3 con críticas desde los dos principales partidos de oposición Partido Nacional y Partido Colorado hacia el gobernante Frente Amplio respecto a su manejo del tema seguridad.4 Hacia la segunda mitad del 2010 ya existían distintos proyectos de ley que se orientaban a modificar el marco legal que rige para los delitos cometidos por jóvenes entre 16 y 18 años, ya sea endureciendo las penas, juzgándolos como adultos o manteniendo sus antecedentes legales una vez que cumplían la mayoría de edad.5 En 2011 el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado lanzó una campaña de recolección de firmas para la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, reforma parcial solo para los delitos más graves, la cual fue apoyada por el sector herrerista del Partido Nacional, cuyo máximo representante era el ex presidente Luis Alberto Lacalle. El 17 de abril de ese año fueron entregadas a la Corte Electoral las firmas tendientes a habilitar un plebiscito junto a las elecciones nacionales de 2014, las cuales terminaron de ser verificadas el 6 de setiembre de 2011, superando las 250.000 (10 por ciento de los habilitados para votar) necesarias para convocarlo. La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el diez por ciento de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico Nacional al amparo del literal A) del artículo 331 de la Constitución de la República. Para dicho procedimiento de reforma constitucional rige lo dispuesto por el segundo inciso del literal B) del artículo constitucional antes referido, que exige para que el 3

«[…] La campaña para las elecciones nacionales de 2009 colocaron, por primera vez desde la recuperación democrática, a la seguridad ciudadana en el centro de la puja políticopartidaria. Las propuestas giraron predominantemente hacia una oferta concentrada en el control y la represión del delito, ubicando en un segundo plano a las medidas de carácter preventivo. La inseguridad se asumió como sinónimo de delitos contra la propiedad cometidos por adolescentes y jóvenes» (Rafael Paternain: «Políticas de seguridad en el Uruguay: desafíos para los gobiernos de izquierda», en Cuestiones de Sociología, n.º 10, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2014 (disponible en: ‹http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/CSn10a04/6026›). 4

A modo de ejemplo, el 23 de noviembre de 2009 (en el final de la campaña para el balotaje del 29 de noviembre de ese año) el Partido Nacional presentó sus medidas en materia de seguridad pública: Uruguay Seguro. La presentación fue realizada por el entonces senador Carlos Moreira e «hizo hincapié en la necesidad de atender la problemática de la minoridad infractora a través de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Juvenil y además a través de reformas legislativas que penen la tentativa de hurto y la complicidad, además de establecer una franja de entre 16 y 18 años con responsabilidad especial penal sobre todo para los delitos gravísimos como el homicidio o las rapiñas con penas privativas de libertad de entre cinco y diez años» (véase: ‹http://www.espectador.com/politica/167644/pn-presento-uruguay-seguro›). 5

En 2010 ya existían proyectos de ley con el fin de bajar la edad de imputabilidad y que estaban siendo estudiados a nivel legislativo. Dos ejemplos: (i) el proyecto del ley presentado por la bancada de diputados del Partido Colorado y que modificaba el artículo 34 del Código Penal (véase ‹http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?Url=/repartidos/camara/d201009035300.htm›), y (ii) el proyecto del entonces diputado nacionalista Luis Lacalle Pou que proponía modificar el artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia (véase: ‹http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?118750›).

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plebiscito sea afirmativo que vote por «Sí» la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios. Dicho plebiscito no alcanzó la mayoría requerida por la disposición constitucional. De acuerdo a los datos proporcionados por el centro de cómputos de la Oficina Nacional Electoral de la Corte Electoral, el número total de votantes el día 26 de octubre de 2014 fue de 2.372.117 (dos millones trescientos setenta y dos mil ciento diecisiete) y los votos a favor del proyecto de reforma constitucional fue de 1.110.283 (46,8 por ciento). Haciendo un ejercicio de simplificación importante es posible caracterizar brevemente los adversarios

de

la

contienda.

Por

un

lado,

la

Comisión

para

Vivir

en

Paz

(‹http://www.paravivirenpaz.uy/›) integrada, según consiga en su sitio web, por «un grupo heterogéneo de personas de distintas edades con una misma meta: mejorar el sistema de seguridad para vivir en paz». Por su parte, la Comisión No a la Baja (‹http://noalabaja.uy/›) surgió ante la necesidad de frenar la iniciativa que propone bajar la edad imputabilidad y se definía como un espacio no político partidario: «es un espacio formado con la fuerza de un grupo heterogéneo de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, barriales y políticas».6 A pesar de que la Comisión para Vivir en Paz no explicitaba el origen partidario de sus integrantes, los principales voceros eran legisladores y militantes del Partido Nacional y del Partido Colorado, mientras que los voceros de la Comisión No a la Baja provenían de organizaciones sociales. Los escasos intercambios que pudieron observarse durante la campaña tuvieron esta característica. ¿Cuáles fueron los principales argumentos en contra de la iniciativa? En Uruguay, los adolescentes son responsables penalmente a partir de los trece años, y cumplen por ello sanciones que pueden ser privativas y no privativas de libertad. A partir de la Convención de los Derechos del Niño y

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La Comisión No a la Baja mencionaba a las organizaciones: PIT-CNT, TECHO, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media (CEEM), Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES), Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), Iglesia Evangélica Valdense, Movimiento Tacurú Salesianos, Casa de Cultura Mordejai Anilevich, Hashomer Hatzair, Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE), Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, MYSU, Mujer Ahora, Mizangas-Mujeres Afrodescendientes, Mundo Afro, Proderechos, Gurises Unidos, El Abrojo, El Tejano, Grupo Teatro del Oprimido, Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (ANONG), Asociación de ex Pres@s Polític@s de Uruguay (CRYSOL), Centro de Participación Popular (CPP), Casa Bertolt Brecht, Centro de Investigación y Estudios Judiciales-Asociación de Funcionarios Judiciales (CIEJ-AFJU), Fundación Justicia y Derecho, Colectivo Catalejo, Centro Artiguista por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CADESYC), Nueva Agenda Progresista (NAP) y el apoyo de académicos, artistas, religiosos, activistas y numerosos militantes de todos los partidos políticos.

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Adolescente7 y la adecuación legislativa del Código de la Niñez y Adolescencia, acordada por todos los partidos políticos en el año 2004,8 Uruguay cuenta con un Sistema Penal Juvenil. Este sistema tiene por objetivo intervenir penalmente cuando los menores de 18 años cometen un delito. La normativa nacional e internacional determina que la privación de libertad debe ser la última medida a ser utilizada y por el menor tiempo posible. A pesar de esto, la respuesta penal más usada es la privación de libertad en función del delito que predomina actualmente. No obstante la recomendación más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta a que «los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes».9 Asimismo, la reforma constitucional propuesta violaba tratados internacionales ratificados por Uruguay: en particular las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores de 1985 (Reglas de Beijing),10 la Convención de los Derechos del Niño de 199011 y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil de 1990 (Directrices de Riad).12

III.

ANATOMÍA (MÍNIMA) DE UNA IDEA

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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado internacional sobre los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. Fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigencia el 2 de setiembre de 1990. Uruguay la ratificó el 28 de setiembre de 1990. 8

Artículos 77 y siguientes de la ley 17.823-Código de la Niñez y la Adolescencia del 7 de setiembre de 2014 (disponible en: ‹http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17823&Anchor=›). En relación a estos artículos es que en setiembre de 2012 se crea el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA). El artículo 1º de la ley 18.771 señala: «cométese al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) la creación con carácter transitorio, de un órgano desconcentrado que se denominará Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) a fin de suceder al Sistema de Ejecución de Medidas para Jóvenes en Infracción (SEMEJI), en todo lo relativo a la ejecución de las medidas socioeducativas dispuestas por los artículos 77 y siguientes de la ley n.º 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia)». 9

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas (Resumen ejecutivo), 2011, p. X (disponible en: ‹http://www.oas.org/es/cidh/infancia/docs/pdf/JusticiaJuvenil.pdf› 10

Disponible en: ‹http://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm›.

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Disponible en: ‹http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx›.

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Disponible en: ‹http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx›.

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Hay un dato muy importante y que es central en este análisis: la Comisión No a la Baja logró revertir los pronósticos adversos que venían desde el mismo momento en que la Corte Electoral habilitó la realización del plebiscito.13 ¿Cómo explicar esto? Con dos razones: una imponente capacidad de movilización a nivel nacional y argumentos contundentes para demostrar que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal era una medida desacertada. Pese a ello, importa reparar en la proporción de la ciudadanía que decidió acompañar una propuesta de esta índole. El porcentaje del SÍ demuestra que el discurso punitivo ha penetrado con fuerza en una sociedad temerosa, que reclama un endurecimiento de los deberes represores del Estado, más cárcel, más privación de la libertad y mayor presencia policial, como si sólo eso alcanzara para sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana. Ese apoyo no responde a una decisión sin razonar, sino que, por el contrario, forma parte de una línea de pensamiento que se alimenta en el miedo al delito y al crimen como fenómeno social masivo. Nilia Viscardi señala que actualmente hay un debate sobre la culpabilidad social: este es el espíritu que abona movimientos políticos como la Comisión para Vivir en Paz, que tiene mucho que ver con la cuestión de la tolerancia cero, el endurecimiento de las penas, con la idea de que hay una culpa que radica en los adolescentes de determinados sectores socioeconómicos, y la respuesta a eso es que la edad de responsabilidad penal descienda. En las sociedades actuales se da un proceso general por el cual surgen ciertas tendencias que podemos denominar conservadoras, fuertemente punitivas, que legitiman y dan voz a este tipo de pedidos, que suelen anclarse en los medios de comunicación y que aparecen alineados a coyunturas electorales.14 Desde la restauración democrática Uruguay ha vivido un proceso constante de aumento de fenómenos de violencia en los más diferentes espectros. En general, las explicaciones de este fenómeno se encuentran en la fragmentación de la sociedad y en la ruptura de lazos sociales, lugares comunes en la reflexión de la academia, actores sociales y del sistema político en los últimos años. Del diagnóstico15 se pasó a diferentes acciones, intervenciones y políticas —más o 13

Una encuesta de la consultora CIFRA (González, Raga & Asociados) realizada entre el 20 y el 27 de junio de 2011 indicaba que el 65 por ciento de los encuestado declaraba estar a favor de la baja de la edad de imputabilidad penal, el 28 por ciento declaraba estar en contra, y un 7 por ciento declaraba «No sabe/no contesta». 14

«El medio me da miedo», en gaceta.UR (año II, número 13), Montevideo, Universidad de la República, mayo de 2011, p. 17. 15

«[…] Se cuenta con un conjunto de aportes que permiten una mayor comprensión de las raíces sociales y de las características de los conflictos que dan en diversas violencias en nuestro país. Este panorama, marcado por un aumento constante de todas las tasas de delito y de la población encarcelada, requiere seguir profundizando el nexo entre la investigación de los fenómenos de violencia en el Uruguay

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menos sistemáticas, más o menos integrales— que se implementaron para tratar de abordar las variadas manifestaciones de la violencia. Por supuesto que la criminalidad rompe los lazos sociales, pero genera una empatía punitiva, es decir, la creación de un sentido común que pide cada vez más castigo y al que no le interesa respetar el espíritu garantista de las normas. A su vez, fragmenta la ilusión de control, al sostener que en la situación institucional actual no es posible garantizar los derechos individuales y la propiedad privada que son avasallados, como nunca antes, por la delincuencia. El sostén ideológico de este argumento es muy poderoso y no menciona temas esenciales como la violencia con las personas en sus múltiples expresiones (violencia basada en género, trata y tráficos de personas, violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia contra las personas LGBT, entre otras que afectan a minorías y que tienen menor repercusión mediática). De todos modos, ese punitivismo seguirá promoviendo desde cualquier ámbito leyes para aumentar penas, reducir beneficios a los procesados, dar más facultades a la Policía, crear nuevos delitos y aumentar el régimen punitivo a menores. El punitivismo está vigente y hay ejemplos recientes que demuestran que se seguirá recurriendo a este discurso. Nada garantiza que el tema desaparezca o que la ciudadanía no respalde esas propuestas, aunque se tramiten en el ámbito parlamentario. Nada garantiza que el punitivismo no siga siendo atractivo. Dependerá de quienes se opusieron a bajar la edad de imputabilidad penal seguir construyendo argumentos sólidos para que sólo el castigo no sea la única solución. Aquel domingo de octubre de 2014 la Comisión No a la Baja le ganó a una coalición política potente y con recursos (humanos, financieros y materiales). Pero la campaña electoral y el resultado del plebiscito fue solo un episodio de esta historia. Lo importante fue que se demostró que es inconveniente se debe trabajar por alcanzar soluciones sociales efectivas, capaces de reducir la desigualdad, la discriminación y la exclusión; insistir en que los caminos son otros, diferentes, con impacto social y a largo plazo; en que las políticas de seguridad más serias están vinculadas con cambios estructurales, para los cuales se precisan consensos que no dependen de la mano dura.16

contemporáneo y la generación de políticas en la materia. En ambos sentidos el país está, a diferencia de los años noventa, en mejores condiciones de aportar al conocimiento y a la construcción de acciones y líneas de política» (Susana Mallo y Nilia Viscardi: Violencia, juventud y miedos. Disponible en: ‹http://www.uruguayeduca.edu.uy/UserFiles/P0001/Image/articulos/101111/violencia_juventud_miedos_M alloyViscardi.pdf›). 16

«[…] Si se tiene una perspectiva progresista de la seguridad, el capítulo policial y el penal son apenas capítulos, y no necesariamente los más importantes, para una política de seguridad exitosa.

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Otro aspecto importante es que la campaña electoral permitió discutir la trama de violencia que anida en las instituciones de control social, en nuestras ciudades y en nuestra vida cotidiana. Es tarea de todos convencer, para que ese debate sea posible, de que las soluciones son viables pero a largo plazo, y de que hay vida más allá del punitivismo.

IV.

UNA REFLEXIÓN HACIA ADELANTE Y PROPUESTAS

Susana Mallo y Nilia Viscardi señalan que, en términos de generaciones, gran parte de aquellos que sufren la violencia son niños y jóvenes. Aunque los medios de comunicación y la opinión pública generaron una sobreexposición de los delitos protagonizados por adolescentes y jóvenes (especialmente aquellos vinculados a hurtos y rapiñas especialmente agravados por el uso de violencia), esto oculta el hecho de que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de contextos de pobreza y exclusión siguen siendo los que tienen sus derechos mayormente vulnerados: «Las violencias sexuales, físicas y psicológicas vividas en el hogar han sido constantemente denunciadas como uno de los hechos que padecen gran parte de los niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, diferentes tipos de explotación sexual y laboral, así como el temprano involucramiento en redes vinculadas al comercio informal, el tráfico de drogas y el delito. La violencia vivida en espacios institucionales tan diferentes como los programas de rehabilitación, la cárcel, los hogares del INAU y los centros educativos, por otra parte, marcan un nuevo perfil de las nuevas formas de exclusión en el país. Las respuestas implementadas en Uruguay para estos fenómenos presentan diversos niveles de elaboración. A grandes rasgos, puede decirse que es difícil hablar de la construcción sostenida de una política en materia de violencia y de la consolidación de una agenda cuyos objetivos trasciendan los períodos de gobierno. No obstante, las nuevas formas de ciudadanía democrática no pueden cumplirse si no es mediante la generación de mecanismos institucionales específicos que den cuenta y acogida a los problemas sociales que terminan en

En algún momento se pensó que la policía debía llevar adelante políticas sociales, lo cual es un error bastante feo. La policía puede hacer prevención policial estrictamente y contribuir a la prevención situacional. Todos los demás capítulos preventivos tienen que ser articulados por otros actores del sistema, y seguramente el aparto púbico deba tener una fuerte participación. Cuando se habla de la prevención social no significa que cada ministerio haga tareas por separado si no atacar los factores de riesgo de la violencia y la criminalidad con un enfoque global. […] Las políticas sociales tienen que abrirse y generar sus programas específicos que trabajen en la prevención social» («La inseguridad y el efecto lupa», en gaceta.UR (año II, número 13), Montevideo, Universidad de la República, mayo de 2011, p. 10).

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violencias. Una vez ocurridas las violencias, deben ampararse institucionalmente sus denuncias, recibiéndolas, atendiéndolas y si fuera el caso, estableciendo las necesarias sanciones. Pero más allá de la pretensión punitiva, el problema de la violencia en sus diversos niveles (doméstica, en las instituciones educativas, laborales, en las redes de trabajo informal, en el tránsito, sexuales, etcétera) requiere de la búsqueda de nuevos mecanismos de diálogo para la resolución y canalización del conflicto, un diálogo que se rija por procedimientos legales y tenga anclaje institucional. Observamos, de hecho, la dificultad del país para implementar nuevas formas institucionales, analizar su eficacia a la luz de los resultados obtenidos y vislumbrar semejanzas y diferencias, así como posibilidades de mejora de la política institucional desarrollada».17

El planteo pretender trascender las propuestas que plantean fortalecer el sistema judicial y las instituciones que ejecutan medidas para adolescentes. La meta es perfeccionar las prácticas de disciplinamiento y juzgamiento. Consideramos oportuno y urgente instalar integralmente la discusión acerca de (i) los proyectos pedagógicos durante el cumplimiento de la medida de privación de la libertad, (ii) el apoyo en el proceso de reintegración social, (iii) el abordaje y el trabajo en red con la familia y los centros educativos, culturales y de salud, (iv) la capacitación de los operadores judiciales, sociales y policiales, entre otros. De acuerdo a Gabriel Tenenbaum: «dirigir los esfuerzos en el sentido de realizar cambios punitivos no atenúa el problema de la delincuencia, no ataca directamente el foco del problema, en tanto las condiciones de posibilidad siguen presentes: restrictiva y precaria estructura de oportunidades, imposibilidad y nula percepción de movilidad social ascendente, familias impedidas e incapacitadas para realizar un cuidado efectivo de los niños y adolescentes, comunidad de residencia conflictiva y con carencias de servicios públicos gratuitos, la violencia como forma de socialización, entre otros factores».18 La adolescencia está signada por un proceso de aprendizaje, definición de la personalidad, delimitación de la identidad, conocimiento de las pautas de convivencia, entre otros procesos. De este modo, no es posible tratar a los adolescentes como si fueran capaces de tomar decisiones sabias y conscientes; tampoco los adultos son capaces de ello. Tarea sencilla y cómoda resulta apuntar el antagonismo a una minoría (no minoridad) que no tiene capacidad de resistencia más 17

Susana Mallo y Nilia Viscardi: Violencia, juventud y miedos. Disponible en: ‹http://www.uruguayeduca.edu.uy/UserFiles/P0001/Image/articulos/101111/violencia_juventud_miedos_M alloyViscardi.pdf› 18

Gabriel Tenenbaum: «¿Por qué los adolescentes no son el problema de la delincuencia uruguaya? Análisis comparativo en doble sentido: infracción-delito y Uruguay-México», p. 49.

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que con transgresiones que no son ponderadas como forma de protesta, como expresión de desintegración social y del maltrato que reciben, sino como un delito que debe condenarse y castigarse con el encierro. Señalaba la Comisión No a la Baja: «[…] a pesar de que los datos estadísticos demuestran que es un error asociar la inseguridad con el delito adolescente, se ha convertido al sector juvenil en el principal portador de los males sociales, asignándoles alas y los jóvenes ciertos atributos, generando entorno a ellos estereotipos que los desacreditan socialmente y provocan una subordinación de status que les impide participar en la vida social en calidad de iguales. Esta estigmatización justifica un trato diferencial para con los y las jóvenes y, si bien se los reconoce viviendo en contextos donde su derechos son sistemáticamente vulnerados, el hecho de vivir y crecer en esa situación parece convertirlos en “sujetos peligrosos”. Culpabilizar a las personas jóvenes por las situaciones que atraviesan, supone transitar por la vía más sencilla, la cual, en lugar de comprender su situación como resultado de un modelo social fragmentado y desigual deposita en la juventud las culpas, exonerando de las mismas al orden social prevaleciente».19 Por último, se deberían retomar propuestas realizadas por actores sociales y políticos durante la campaña de 2014. Por ejemplo, la de expandir la práctica de desjudicialización y resolución de conflictos a través de la mediación o la de institucionalizar políticas preventivas y de corte social que desarrollen acciones de integración, promuevan un sentido comunitario y horizontal de relacionamiento. En relación a las penas, se deben profundizar y aumentar las medidas no privativas de libertad, fundamentalmente aquellas donde la promoción cultural y la integración social —desde una perspectiva de derechos— sean ejes de una política integral, para construir otra trayectoria de vida.

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Documento «¿Por qué le decimos no a la baja de la edad de imputabilidad?». Disponible en: ‹http://noalabaja.uy/›.

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