AGENDA COMUNITARIA SOBRE VIVIENDA POPULAR

10 DE SEPTIEMBRE DE 2016 V CONGRESOS COOPERATIVO Y COMUNITARIO MOVIMIENTO COMUNAL NICARAGUENSE

POR UNA PROPUESTA QUE HAGA LA DIFERENCIA “Políticas Publicas Inclusivas, Financiamiento Estatal y Banco de Tierras para Construir Viviendas Dignas”

I.

Antecedentes

El Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) y la Central Nicaragüense de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, “Comunidades Dignas” (CENCOVICOD R.L.), junto al pueblo nicaragüense reconocen el esfuerzo de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por facilitar la construcción de viviendas accesibles para familias de bajos ingresos y el desarrollo de políticas y proyectos para que dichos segmentos accedan a las mismas. En este sentido el Plan de Viviendas Nuevas y Mejoradas 2016 (PVNM 2016, INVUR) constituye un paso muy importante en la atención de este derecho de las y los nicaragüenses. Como es conocido, el actual déficit de viviendas en Nicaragua es elevado. El Censo Nacional de Población y Vivienda del 2005 (INIDE, 2006), encontró que hacían falta unas 957 mil viviendas entre las que requieren mejoras y la construcción de nuevas. Y La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), afirma que anualmente la demanda se incrementa en unas 20 mil viviendas y solo se construyen unas 13 mil, lo que implica que el déficit se está incrementado en unas 7 mil viviendas anuales. Así como, que entre los problemas que inciden en esta situación, están los bajos ingresos de la inmensa mayoría de la población. De acuerdo con la última encuesta de medición de nivel de vida publicada (EMNV 2009, INIDE 2010), el 40% de la población más pobre sobrevive con el 20.2% del total de la nueva riqueza creada anualmente, mientras el 40% más rico se apropia del 51.4% de la misma. Así mismo, los salarios se encuentran entre los más bajos de la región. En 2015 el salario promedio (simple) por sectores económicos más alto fue el de minas y canteras que ascendió a C$ 16,676.8. El salario mínimo más alto de la tabla salarial vigente a partir de septiembre 2016 es de C$ 7,789.56 para construcción, establecimientos financieros y de seguros, mientras el más bajo de la tabla es el agropecuario con C$ 3,480.74, en las MIPYME uno de los principales empleadores del país en especial de jóvenes, se fijó en C$ 3,739.87. Con estos salarios no se alcanza a adquirir la canasta básica que a esa misma fecha tuvo un

costo de C$ 12,641.47, por lo que un segmento mayoritario de los trabajadores del país no puede acceder a una vivienda digna a través de mecanismos de mercado. Pese al notable esfuerzo del gobierno por desarrollar la economía de la nación, en Nicaragua predomina el subempleo. Alrededor del 50% de la Población Económicamente Activa está en esa situación y según el estudio de FUNIDES (2016); “Informalidad en Nicaragua: causas e implicaciones”, 8 de cada diez empresas están en la “informalidad”, en ambos casos el asalariado o auto empleado, no tiene ninguna posibilidad de demostrar cuanto es su ingreso. Con este panorama, un poblador que necesita una vivienda no tiene posibilidad de acceder a un crédito hipotecario en la banca comercial. El Plan de Viviendas 2016 propone una importante salida para familias de 1 – 2 salarios mínimos, para una vivienda nueva de USD$ 10 mil dólares; subsidios hasta de USD$ 5 mil dólares y tasas de interés de 6% bastante por debajo de las existentes en el mercado, pero el esquema para acceder a esa posibilidad considera la necesidad de recurrir a una institución financiera a solicitar el correspondiente crédito hipotecario, mientras estas carecen de los productos financieros adecuados para la situación de la mayoría de la población. El plan de gobierno avanza en la dirección de resolver la demanda de vivienda de los sectores de menores ingresos, pero dentro de estos, según los requisitos que establece, solo incluye a los que tienen un salario estable y de estos a los que pueden demostrarlo; es decir, que laboren para una empresa formal, que no tengan problemas con los pagos de créditos anteriores y que sus ingresos permitan cubrir un crédito hipotecario. Esto no invalida la importancia del esfuerzo gubernamental que se realiza, pero urge profundizar la solución involucrando a segmentos de la población de bajos ingresos que son los más numerosos. También es difícil de entender que las viviendas de interés social que son las dirigidas a quienes tenemos menos ingresos y que constituyen el centro del plan de gobierno, se hagan realidad a través de un esquema que involucra a la banca comercial y a las urbanizadoras, debido a que ambas instituciones empresariales están orientadas a la obtención del máximo posible de ganancias lo que encarece innecesariamente el precio de las viviendas. Según declaraciones recientes del Comandante Bayardo Arce, el costo máximo para viviendas de interés social establecido en 20 mil dólares será incrementado a petición de CADUR, indicativo de que los intereses y la situación de la mayoría de los pobladores y pobladoras no coinciden con los de las urbanizadoras.

Sin embargo, hay experiencias de construcción de viviendas de interés social por parte de cooperativas que demuestran que es posible contar con una vivienda digna a bajo costo y alta calidad debido al ahorro en mano de obra no calificada, gastos de administración, publicidad y mercadeo, cero taza de ganancia y no se requiere el pago de intereses por inmovilización de capital por el tiempo entre la finalización de la construcción y la ocupación de la vivienda. En el país se organizaron 205 cooperativas de viviendas entre cooperativas por ayuda mutua y propiedad colectiva, de lotes dispersos y las de mejoras. Por lo pronto el plan de vivienda dejo por fuera a las 3 expresiones del movimiento cooperativo en Nicaragua, porque no fueron incluidas en el plan o bien porque la banca comercial no las considera sujetos de crédito. A éstas les piden demostrar ingresos como cooperativas comerciales a sabiendas que se constituyeron para la construcción de sus viviendas; deben demostrar los ingresos de cada socio y muchos de ellos son auto empleados o trabajadores del sector informal. En Nicaragua las cooperativas de ayuda mutua y propiedad colectiva han construido 105 viviendas dignas en municipios como León, Mateare y Managua y están en proceso de construcción en Juigalpa, la Trinidad, Jinotepe, Estelí y otros, con un modelo asociativo autogestionario. II.

Una propuesta que hace la diferencia

La solución del problema de vivienda por sus dimensiones, la situación de quienes las necesitamos y las características de quienes las construyen, requiere del desarrollo de esquemas que reduzcan los costos a niveles accesibles para la inmensa mayoría de la población cuyos ingresos no le permiten acceder a una vivienda a través del mercado tradicional. Lo que además de permitir la adquisición de una vivienda por parte de un segmento más numeroso de nicaragüenses, posibilita la construcción de una mayor cantidad de viviendas con los mismos recursos. Para esto se debe propiciar el protagonismo de los interesados en todo el proceso incluida la construcción, en este sentido proponemos la incorporación de las organizaciones de la población con necesidad de vivienda, en especial de las cooperativas, como lo establece la Ley Especial para el Fomento de la construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social (LEY No. 677), que en el artículo 117 indica que; “El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) … promoverá la formación de cooperativas para la construcción de viviendas de interés social.”

Además, consideramos necesario que los representantes de las organizaciones de pobladores y cooperativistas, participen efectivamente en los procesos de tomas de decisiones alrededor de la definición de las políticas públicas sobre el tema de la vivienda de interés social. Así mismo, se debe dotar a los instrumentos que nuestro gobierno ha desarrollado, de los recursos necesarios para atender las funciones para las que fueron creadas; Fondo Social de Vivienda (FOSOVI), que de acuerdo numeral 2 del artículo 11 de la Ley 677, ya indicada, tiene entre sus funciones; “Diseñar y administrar los programas de crédito para viviendas de interés social, así como el otorgamiento de los mismos con los fondos que se destinen para tal fin”. En este sentido se requiere desarrollar esquemas de crédito y productos financieros orientados a 5 elementos; (a) Que sean acordes al problema que se busca resolver, (b) que consideren la situación de los segmentos sociales que se desea beneficiar, (c) que incorporen las estrategias de vida (mecanismos de obtención de ingresos) de estos, (d) el crédito debe incluir suelo, materiales de construcción, asistencia técnica y mano de obra calificada, y (e) que el crédito esté respaldado por el fondo de hipoteca asegurado establecido en artículo 13 de la Ley de Vivienda. En estos esquemas se puede involucrar a instituciones sin fines de lucro con experiencia en el otorgamiento de crédito, ya que las mismas han desarrollado sistemas crediticios para auto empleados, sub empleados y trabajadores del sector informal. Tal y como se establece en el Plan de Viviendas Nuevas y Mejoradas 2016 del INVUR, las tasas de interés no deben ser superiores al 6% anual para familias con 1 – 2 salarios mínimos y al 8% anual para familias con ingresos de 3 – 4 salarios mínimos, y en ambos casos a un plazo de 20 años. Así mismo, la misma ley establece la creación del Banco de Tierras coordinado por el INVUR y sustentado por propiedades del Estado y las Alcaldías, al respecto es necesario que anualmente estas instituciones destinen fondos para la adquisición de tierras para viviendas de interés social, y que las municipalidades desarrollen los correspondientes planes urbanísticos y las que lo tienen, lo pongan en práctica, de forma que las familias puedan planificar a futuro la adquisición de su lote, se elimine la especulación con los precios de la tierra, el crecimiento desordenado de las ciudades, todo en aras de planear y construir comunidades de todos y para todos, fortaleciendo la seguridad ciudadana.

Solicitamos la incorporación de las cooperativas y otras expresiones del movimiento popular al Plan de Vivienda Nuevas y Mejoradas 2016, de modo que opten al crédito correspondiente para que estas familias puedan construir sus viviendas. En la actualidad 400 familias en diferentes localidades del país aglutinadas en cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva ya han adquirido tierra urbanizable para la construcción de su vivienda, lo mismo sucede con las familias aglutinadas en cooperativas de lotes dispersos. Con estos elementos estamos convencidos que se podría fortalecer los logros alcanzados por nuestro Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional por resolver el tema de la vivienda de los sectores más empobrecidos. Propuesta respaldada por más de 20 mil firmas de 45 municipios del país. V Congreso Cooperativo y Comunitario Por La Vivienda Popular. Managua, 10 de septiembre de 2016.