Presidencia de la Corte Suprema de Justicia Y del Organismo Judicial

Asistencia Técnica Preparatoria Proyecto Acciones Estratégicas Para La Elaboración De La Iniciativa De Ley Sobre Jurisdicción Agraria

El presente Proyecto se propone apoyar la Estrategia de Trabajo de la Presidencia del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia orientada a impulsar los procesos necesarios orientados a desarrollar, de acuerdo a su obligación legalmente establecida, una Propuesta de Legislación Agraria Sustantiva y Adjetiva.

Febrero de 2006.

1

Antecedentes Y Situación Actual del Problema La Constitución Política de Guatemala establece como fin primordial del Estado la búsqueda del bien común y para ello se le asignan al Estado deberes fundamentales como el de garantizarle a los ciudadanos el ejercicio de derechos, tales como “la vida, la libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

Es en este espíritu que el Estado de Guatemala asume el compromiso de fortalecer la justicia

a través del apoyo a su institucionalidad, muy

específicamente al Organismo Judicial, fortaleciendo su independencia funcional y económica (arts. 203 y 205 C.P). Por otra parte, las autoridades también enfrentan hoy el reto de trabajar en las políticas agrarias desde una perspectiva de seguridad jurídica y de desarrollo humano integral (arts. 118 y 119 de la C.P.). En este sentido, es pertinente indicar que los principios constitucionales se orientan a plantear un programa político de Estado que entiende a la Administración de Justicia como un servicio publico esencial, de tal manera que se

entienda que “el proceso judicial no es un simple

procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarias, sino el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, la cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley”.

Es en este sentido que se entiende la importancia de realizar esfuerzos para que la Justicia asuma la responsabilidad que le corresponde en materia agraria.

Es

deber

de

la

administración

de

justicia

guatemalteca

modernizarse y cumplir su función de instrumento de solución de conflictos y de garante de la paz social, reto que en materia agraria está aun pendiente: “Guatemala requiere de una reforma en el marco jurídico del agro y de un desarrollo institucional en el área rural que permita desprotección y el despojo que han afectado

poner fin a la

a los campesinos y en

particular a los pueblos indígenas”.

2

Concretamente en

el Acuerdo sobre Aspectos Socio Económicos

y

Situación Agraria, el Estado de Guatemala se comprometió a: “Promover la creación de una Jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República”.

A solicitud de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el PNUD ha venido acompañando un proceso de reflexión sobre la necesidad y pertinencia política de avanzar en la discusión y/o elaboración de una propuesta legislativa en materia de jurisdicción agraria.

Esta propuesta de trabajo se enmarca en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en los Acuerdos de Paz, particularmente los referidos al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Además, el Congreso de la República acaba de aprobar la ley del Registro de Información Catastral (RIC), la cual establece en el art. 91 la obligatoriedad de constituir los Tribunales Agrarios al menor tiempo posible.

Sin duda, la creación de estos tribunales, junto con legislación ya aprobada, como el Fondo de Tierras y el RIC permitirán avanzar en la reforma del marco jurídico del agro y del desarrollo rural, garantizándose la seguridad jurídica de la población, particularmente, la protección legal de campesinos y pueblos indígenas. Situación Prevista Al Final Del Proyecto.

En concordancia con el objetivo principal de esta Asistencia Técnica Preparatoria, al finalizar el Proyecto el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia habrán desarrollado a favor de la República de Guatemala avances significativos para el establecimiento de los Tribunales Agrarios y el desarrollo sustantivo y adjetivo del Derecho Agrario.

3

Con lo anterior, se contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y a prevenir que las reivindicaciones sociales en materia agraria no rebasen la Institucionalidad judicial, garantizándose por el contrario la promoción de la seguridad

jurídica

mediante

su

tratamiento

en

las

instancias

constitucionalmente designadas para ello.

El proyecto se orienta a fortalecer las capacidades de análisis y comprensión del derecho agrario por parte de los funcionarios judiciales así como de abogados litigantes y la sociedad en general.

Mediante un proceso de

participación intersectorial, rectorado por el Organismo Judicial, se aspira a generar y consensuar propuestas orientadas hacia la promoción del derecho agrario en el país. Beneficiarios Previstos.

El diseño previsto así como los resultados programados se orientan a beneficiar directamente al Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

Como beneficiarios indirectos, y considerando el avance previsto en cuanto al fortalecimiento del Estado de Derecho, se comprende la ciudadania guatemalteca en general. Lecciones Aprendidas Sustentado en aprendizajes de concertación social para la promoción de reformas legales así como procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho,

las

siguientes

lecciones

aprendidas

se

recomiendan

ser

contempladas a fin de garantizar los logros de los resultados propuestos:

1. Una estrategia basada en el diálogo técnico y orientada a permitir una amplia participación y contribución de los distintos sectores sociales y estatales en los distintos procesos.

4

2. Generación de confianza entre los actores coadyuvantes a fin de generar el compromiso de ellos hacia la obtención de los resultados propuestos. 3. Promover y facilitar procesos de formación y sensibilización continua a los actores y funcionarios del Organismo Judicial, con la finalidad de enfatizar el traslado de capacidades, valores y principios acordes con el Derecho Agrario. 4. Generación de información y asesoría técnica de alta calidad que contribuyan a orientar los distintos procesos. 5. Liderazgo y conducción política de parte del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia en todos los ámbitos previstos de este proyecto. Vinculos Con El Myff, Con El Marco De Cooperación Con El Pais, Con El Marco De Resultados Estratégicos Y Las Conferencias Mundiales De Las Naciones Unidas El proyecto se enmarca dentro del esfuerzo que el PNUD hace globalmente para fortalecer la gobernabilidad democrática y garantizar los derechos humanos y justicia. Lo cual corresponde al Objetivo de Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática (Objetivo 2)y a las líneas de servicio 2.1. Apoyo a políticas para la gobernabilidad democrática. 2.2 Desarrollo parlamentario; 2.4. Justicia y Derechos Humanos.

Marco Institucional Como indicado,

el Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia, de

acuerdo al artículo 91 de la Ley del Registro de Información Catastral han sido instados a adoptar tanto una iniciativa de Ley Sustantiva y Procesal en materia agraria, así como el pronto establecimiento de Tribunales Agrarios. Lo anterior por ser objeto de su competencia así como el contar con iniciativa de ley, según la Constitución Política.

Considerando la especial sensibilidad política del tema, su complejidad técnico jurídica, los avances normativos existentes y sobre todo la 5

disponibilidad de varios sectores e instituciones nacionales de apoyar a la Corte Suprema de Justicia y al Organismo Judicial en este esfuerzo, se han concertado alianzas, procesos de análisis y diálogo con diferentes instituciones como: ASIES, Plataforma Agraria, CNP-Tierras, Cámara del Agro, Comisión de Justicia del Congreso de la República, Secretaría de Asuntos Agrarios, Cámara de Industrias de Guatemala, etc. a efectos de identificar y desarrollar esfuerzos conjuntos para la discusión y precisión de la nueva normativa sustantiva y adjetiva en materia agraria.

Los insumos

brindados por estos actores no sustituyen los deberes y mandatos constitucionales propios del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia en los temas propios de esta propuesta. Estrategia

La concertación social para la promoción de reformas legales así como procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho, es el eje central que orientará la viabilidad de elaborar una estrategia conjunta para la discusión y precisión de la nueva normativa sustantiva y adjetiva en materia agraria, así como de la conformación de los Tribunales Agrarios.

El Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, en el marco de su competencias, han manifestado su disposición a asumir esta responsabilidad, con el apoyo de los diferentes sectores nacionales.

En este sentido,

considerando la manifiesta disposición política de los distintos entes nacionales en apoyar los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia en esta materia, en el ámbito de esta propuesta se prevé que la Corte estuviese en capacidad de presentar al Congreso de la República una iniciativa de ley en materia de jurisdicción agraria, sustantiva y adjetiva, así como contar con los elementos necesarios que le orienten hacia la constitución de los tribunales respectivos.

El Proyecto se orienta a apoyar los esfuerzos de la Corte Suprema en cuanto a la sensibilización y formación profesional de los funcionarios judiciales que conformarán los Tribunales Agrarios, según disposiciones propias con la 6

normativa de la Ley de Carrera Judicial y otras propias de la Escuela Judicial. Asimismo, contribuirá en los procesos de concertación y análisis sectorial promovidos y acordados por este Organismo.

El PNUD, en este proceso de elaboración, discusión y aprobación de un Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria, desarrollaría un rol de apoyo técnico-político a la Corte Suprema de Justicia para la presentación al Congreso de la República de dicho Proyecto de Ley, procurando que la misma sea correcta técnicamente y consensuada con el mayor número posible de actores sociales, académicos y políticos. De este modo, el apoyo se orienta a facilitar que el Organismo Judicial logre viabilizar sus compromisos en materia agraria y responder efectivamente al necesario desarrollo del Derecho Agrario Guatemalteco. Metodología de trabajo.

Conforme lo establece la ley del Ric, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia presentar la iniciativa de ley que crea la Jurisdicción Agraria. Ello, además de ser una obligación legal, se convierte en un deber de modernización, pero sobre todo de democratización del sector justicia, pues es un hecho que ni el derecho penal, ni el civil, ni el administrativo son los instrumentos jurídicos idóneos para regular y resolver

las relaciones de los

ciudadanos con la tierra y o el ambiente. En este sentido, se habla de una jurisdicción de lo social en la que los principios y lógicas que orientan el discurso y la práctica judicial son más apropiados.

Por otra parte, en el propio Acuerdo Sobre El Fortalecimiento Del Poder Civil Y Función Del Ejercito En Una Sociedad Democrática

se reconoce la

necesidad de una “generalización progresiva de la oralidad en los procesos judiciales, para hacer extensivos los beneficios de la misma a aquellas áreas que aun no cuentan con ella, y la garantía de la inmediación del juez en todos los procesos”.

7

Las anteriores reflexiones permiten identificar como altamente pertinente, que sea el propio Organismo que debe implementar la jurisdicción agraria y ambiental, el que participe y brinde direccionalidad a la formulación técnico jurídico de la misma así como en el proceso de concertación política necesario para su formulación y promulgación.

La complejidad técnica de la materia, su

poco estudio en los ámbitos

académicos y de investigación, la sensibilidad política del tema en un país en el cual la práctica ha sido tratar la materia agraria con las lógicas del derecho civil, y lo que es más grave aun, la tendencia hacia la penalización del conflicto agrario, amerita como necesario contribuir a la definición de una estrategia de la Corte Suprema de Justicia para el impulso de la iniciativa de ley y su posterior aprobación por parte del Congreso de la República que incorpore los siguientes pasos:

a. Proceso de capacitación en materia agraria y ambiental a los jueces b. Proceso de elaboración de una iniciativa de ley. c. Proceso de concertación política alrededor de la ley d. Proceso de sensibilización sobre la Jurisdicción Agraria.

Entendemos que si bien es cierto es el Organismo Judicial el responsable y principal protagonista de la ley, en su etapa de formulación e implementación esta tendrá pocas posibilidades de aprobarse y posteriormente aplicarse correctamente y con los resultados previstos si no se establecen estrategias claras de comunicación y concertación social especialmente con los sectores sociales, políticos, económicos, académicos, directamente involucrados en la temática. De ahí que se requiera de una red de instituciones

y

organizaciones que puedan empujar en los diferentes ámbitos la iniciativa a partir de sus propias experiencias y expectativas, las cuales deben converger en una propuesta de país.

Las anteriores consideraciones, fundamentan la propuesta que a se somete al estudio y definición del Organismo Judicial de la República de Guatemala. Complementa la presente propuesta, el “Plan de Trabajo de la Presidencia 8

del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia para obtener un proyecto de legislación agraria sustantiva y adjetiva” elaborado por la Comisión Técnica y asesores técnicos designados por estos Organismos en el marco de esta iniciativa. Presupuesto Para estos efectos, y con la finalidad de viabilizar financieramente esta propuesta, el PNUD contribuirá económicamente con una suma no mayor a los US$ 40,000 Plazo de Ejecución Esta Asistencia Técnica Preparatoria tendrá una vigencia de 12 meses a partir del 1 de Febrero del 2006, previa formalización mediante proceso de firma por parte de los Representantes del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Modalidad de Ejecución Atendiendo que la naturaleza de esta colaboración del PNUD está orientada a apoyar al Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia en la realización de los objetivos propuestos, esta Asistencia Técnica Preparatoria se ejecutará bajo la modalidad de Ejecución Nacional y sus regulaciones.

El presente proyecto terminará: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración, 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de su objetivos inmediatos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito. Arreglos de Gestión y Coordinación

Con la finalidad de facilitar la implementación y ejecución del presente proyecto, el organismo de ejecución y beneficiario de este Proyecto y el PNUD acuerdan definir una relación contractual en virtud de la cual, el segundo actuará como contratante en la adquisición de bienes y la prestación

9

de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto, según lo definido en el Plan Operativo Anual y el Presupuesto.

El ente beneficiario designará un Director de Proyecto el cuál tendrá bajo su responsabilidad la autoridad para aprobar toda actividad y ejecución financiera del Proyecto. Asimismo, el Proyecto designará un Coordinador de Proyecto el cuál tendrá como responsabilidad primaria asegurar el cumplimiento

de

los

resultados

previstos.

Asimismo,

informará

periódicamente al ente beneficiario así como al PNUD de los avances del mismo.

Gestionará las diligencias administrativas necesarias y mantendrá

una estrecha coordinación con los responsables de la Corte Suprema de Justicia y el PNUD. Preparación del Plan Operativo Anual

El director/coordinador del proyecto preparará un plan operativo anual en donde se reflejen las actividades que se realizarán para alcanzar los resultados esperados, indicando los períodos de ejecución de estas actividades y los responsables de llevarlas a cabo. El primer plan de trabajo se anexa a este documento de proyecto, y es susceptible de modificaciones ya que se revisará y se actualizará según se desarrollen las actividades del proyecto.

Cada plan anual será remitido a la oficina del PNUD para su información y observaciones

Presentación de Informes y Evaluaciones

El director o coordinador del proyecto preparará semestralmente y someterá a una reunión de examen conjunto el informe de progreso del proyecto. La organización, el alcance y las fechas de las reuniones se decidirán después de celebrar consultas entre las partes que hayan firmado el documento de proyecto.

10

El proyecto podrá ser objeto de una evaluación externa cuando las partes interesadas así lo convengan y los recursos para la evaluación deberán ser previstos en el presupuesto del proyecto. Además, el PNUD realizará visitas de seguimiento, para analizar el grado de avance hacia los resultados esperados y para ayudar a resolver los problemas que surjan durante la ejecución.

El proyecto estará sujeto a una auditoria por lo menos una vez durante el período que dure su ejecución. El gobierno deberá proporcionar los servicios de una institución pública que se encargue de realizar la auditoria entre los meses de Enero y Abril, de tal forma que los informes estén terminados antes del 30 de abril. Así también se asegurara que dicha auditoria sea realizada de conformidad con las normas que regulan la ejecución de proyectos apoyados por el PNUD. En caso de que el gobierno no pueda proporcionar los servicios de auditoria, se deberá prever en el presupuesto del proyecto los recursos necesarios para que una institución o empresa se encargue de realizarla. Riesgos Los procesos de concertación social, particularmente aquellos de contenido sensible y de alto contenido técnico, pueden ser sujeto de dilaciones temporales.

Los procesos de formación profesional del personal judicial,

deben observar los requisitos legales dispuestos en el Organismo Judicial. No obstante los anteriores, se prevé que la voluntad del ente beneficiario, aliados y en general la independencia del Poder Judicial, son elementos suficientes para minimizar dichos riesgos en relación a los resultados previstos en este Proyecto. Contexto Legal.

El presente documento de proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el artículo 1 del Acuerdo

suscrito entre el Gobierno de

Guatemala y el PNUD el 20 de julio de 1998, y aprobado por decreto No. 17-

11

2000 del 29 de marzo de 2000. Serán de aplicación para este documento de proyecto, los términos y condiciones del convenio.

Consecuencialmente, el organismo de ejecución y el PNUD ejecutarán una relación contractual en virtud de la cual, si así se acordare entre las partes, el segundo podrá obrar como contratante en la adquisición de bienes y la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto. En este caso la adquisición de bienes y/o la contratación para la prestación de servicios, estarán sujetas a las regulaciones que sobre la materia ha expedido las Naciones Unidas en general y el PNUD en particular.

Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas únicamente con la firma del Representante Residente del PNUD, siempre que los otros signatarios no presenten objeciones a estas revisiones:

a)

Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o

adiciones a ellos.

b)

Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos

inmediatos, los resultados o las actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados o a aumentos de los gastos debido a la inflación, y

c)

Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se reescalone la

entrega de los insumos acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los expertos o de otro tipo debido a la inflación, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad del organismo de ejecución en materia de gastos.

Por otra parte, en caso de haber ajustes en los objetivos inmediatos, en los resultados o en las actividades propuestas en el documento de proyecto se deberán hacer revisiones sustantivas, las cuales deben ser firmadas tanto por el PNUD como por el organismo ejecutor.

12

ANEXOS

1)

Plan Operativo Primer Año

2)

Términos de Referencia de los consultores

3)

Calendario para la presentación de informes y las reuniones de

evaluación

4) Acuerdo entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno de la República de Guatemala

13

14