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20/09/16

Noticias del Día De LA NACIÓN • En EE.UU., Macri lanzó otro llamado a invertir en la Argentina • Avanza el revalúo inmobiliario bonaerense y hay polémica • El PJ no kirchnerista se suma a la embestida contra Gils Carbó • Cada vez hay más denuncias contra jueces por su desempeño • Cristina Kirchner podría perder una de sus dos pensiones de privilegio • Graves sospechas en una obra que financió López en su ciudad natal • La Cámara Federal falló contra YPF, que deberá entregar toda la documentación sobre el contrato con Chevron • "Estamos reconstruyendo la relación con la Argentina", dijo el enviado del FMI • El derecho ciudadano a peticionar De CLARÍN • Una fórmula de exportación • ¿Plan Canje en Santa Cruz? Para mandarle plata, le piden cambios a Alicia Kirchner • Lapidario informe judicial sobre las empresas de Cristóbal López • Una fórmula de exportación • Champán francés, Quinquela y el dragón • Importaciones: la ganancia que no se ve De VALOR CARNE • De qué se trata el proyecto oficial de tipificación De INFOCAMPO • Frigoríficos reclaman menos presión tributaria y más controles • Santa Fe necesita más de 1.000 millones de pesos para recuperar la producción láctea • Cada millón de dólares exportado de agropartes equivale a 60 puestos de trabajo De EL CRONISTA COMERCIAL • Luego de tres años, YPF debe entregar el acuerdo completo con Chevrón • El Gobierno le respondió a Tinelli: “Las leyes tienen que ser justas, no duras” • Créditos hipotecarios y dólar planchado provocan suba de hasta 17% en inmuebles • Caso Nisman: investigan el asesinato de un testigo clave • El mensaje que leen los inversores borra años de clientelismo político • Crecimiento, déficit fiscal y tipo de cambio real De PERFIL • Premio al silencio: Cristina Kirchner pidió la libertad de Lázaro Báez • Periodismo inseguro: el riesgo de informar para la tribuna • Peña: “El aislacionismo bobo del pasado, no sirvió” De INFOBAE • El derecho del delincuente a matar • Las incertidumbres de la inseguridad • Estatales anunciaron un paro: "Somos el blanco preferido del Gobierno"

En EE.UU., Macri lanzó otro llamado a invertir en la Argentina “Necesitamos que vengan todos los empresarios y todos los países”, dijo; hoy habla por primera vez ante la ONU Por Mariano Obarrio NUEVA YORK.– En un día dedicado a la economía y a los negocios,Mauricio Macri comprobó ayer en esta ciudad la expectativa y el optimismo del empresariado norteamericano sobre la Argentina e invitó a todos los hombres de negocios del mundo a invertir: “Necesitamos que todos los empresarios y los países del mundo vengan a invertir para lograr el crecimiento y el desarrollo económico en la Argentina”, enfatizó. Lo dijo por la mañana en el Clinton Global Iniciative, junto al ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton . Y lo reiteró por la tarde en la Bolsa de Nueva York, durante el seminario del Financial Times “Invirtiendo en la Nueva Argentina”. Ante una pregunta de LA NACION, Macri informó luego que recibió dos nuevas promesas de inversiones. La primera, de una empresa de software del director de Cotizaciones de la Bolsa neoyorquina, John Tuttle, que incrementará su planta de 130 a 430 empleados en sus oficinas de Puerto Madero. La otra, de la firma General Electric, que invertirá 1000 millones de dólares en trenes y energía. "El mundo cree en la transparencia de este nuevo gobierno, lo que preguntan es cómo se va a sostener en el tiempo en todos los sentidos. Digo que los argentinos aprendimos de nuestros errores y hay cada vez más acuerdo en temas centrales", dijo Macri tras una agotadora jornada en esta ciudad húmeda, calurosa y conmocionada por los atentados. Sin embargo, luego se sinceró y dijo que a los empresarios "les preocupa cuán profundo es el compromiso en el tiempo" de todos los actores sociales. "Hay mucha gente que cree y otra que dice que quiere ver si después de este gobierno los argentinos van a continuar la nueva línea", confió el Presidente. Macri hablará hoy, a las 11, por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde se referirá al plan para recibir a refugiados sirios, la soberanía de las islas Malvinas, el cambio climático, la adhesión argentina a la agenda sostenible del organismo. Además, respaldará la candidatura de la canciller Susana Malcorra para la secretaría general de la ONU. Está prácticamente descartada una reunión bilateral con la primera ministra británica, Theresa May . "Bilateral no hay por ahora. Tal vez un encuentro casual, pero no tanto como una bilateral", dijo Macri en un diálogo con periodistas. La última declaración conjunta entre la Argentina y Gran Bretaña, firmada por los dos cancilleres, generó un conflicto político en la Argentina. Sectores de la oposición y del propio oficialismo interpretaron que dejaba de lado el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas . "El Presidente lo ratificará en su discurso ante la ONU , es irrenunciable y además está como un capítulo de la declaración conjunta", dijo una fuente cercana a la canciller argentina, Susana Malcorra. Macri también suspendió ayer su participación en la reunión sobre refugiados en la ONU y sólo asistió Malcorra. El encuentro era sólo para cancilleres y el jefe del Estado prefirió no ir. En cambio, fue a reconocer el auditorio donde hoy hará su discurso. Las reuniones económicas de ayer sirvieron, según Macri, para "ratificar el rumbo en términos de ganarnos la confianza de los argentinos y del mundo". El Presidente agregó que de sus conversaciones con empresarios surgió que "no les preocupan tanto las elecciones, más cuando digo que aunque ganemos no vamos a alcanzar la mayoría en el

Congreso". El jefe de Gabinete, Marcos Peña , que estaba a su lado, agregó que "hay menos preguntas sobre qué puede salir mal que elogios a lo que se hizo bien y tan rápido". Fue entonces cuando Macri reveló que antes del panel con Clinton, entre bambalinas, el ex presidente norteamericano "fue contundente y dijo: «La verdad, la alegría más grande que hemos tenido fue el éxito de ustedes en la elección»". De ese panel, denominado "Socios para la prosperidad global", participaron Clinton; el primer ministro de Italia, Matteo Renzi ; el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la ex ministra de Finanzas de Nigeria Ngozi Okonjo Iwela. Luego, por la tarde Macri fue recibido por el presidente del New York Stock Exchange (NYSE), la Bolsa de Nueva York, Thomas Farley, en el modernizado edificio de Wall Street. Cuando lo saludó, Farley le dijo: "Qué bueno conocer al rockstar del momento". Luego, al presentar a Macri en el seminario organizado por el Financial Times "Invirtiendo en la Nueva Argentina", Farley lo elogió calurosamente: "La Argentina está de vuelta". Fue allí cuando, ante las preguntas de la moderadora Gillian Tett, editora del Financial Times, Macri volvió a llamar a invertir. "Todo el mundo está interesado en la Argentina", exclamó el Presidente luego de la entrevista, de 24 minutos. Previo a ello, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay , había ratificado el plan económico ante los 400 invitados y antes aun hubo un panel de empresarios que explicaron los "rápidos cambios en la Argentina": Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy; Miguel Ángel Gutiérrez, de YPF; Teófilo Lacroze, de Shell Argentina; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, y John Rice, de General Electric. Mauricio Macri (Presidente de la Nación) "Necesitamos que los empresarios vengan a invertir. La Argentina decidió ir por el camino de cortar el aislamiento. Fuimos a una elección complicada y la ganamos" "La Argentina, como saben, sufrió décadas de populismos y las cosas empeoraron mucho durante los últimos 10 años. Íbamos directo a otra gran crisis como la del 2001" "La inflación es el impuesto que más duele a los pobres. Tenemos que volver a confiar en las estadísticas oficiales. Queremos volver a ser un país normal; estamos trabajando en eso".

Avanza el revalúo inmobiliario bonaerense y hay polémica En dos semanas, el gobierno de Vidal enviará el proyecto con los nuevos valores de tierras e inmuebles; opositores y ruralistas temen que cause un fuerte aumento impositivo; el ministro de Economía lo niega Por María José Lucesole LA PLATA.- Mientras el gobierno de María Eugenia Vidal trabaja para cerrar el recálculo del valor de todas las tierras urbanas y rurales de la provincia de Buenos Aires, intendentes, legisladores y entidades ligadas al campo piden frenar el revalúo y advierten que impactará en alzas extraordinarias -de entre 1000 y 2000%, calculan- en el impuesto inmobiliario del año próximo. El gobierno provincial aún no cerró la ley impositiva 2017, que en su política fiscal graduará, finalmente, el impacto impositivo del revalúo. El gabinete de Vidal discute hoy, en privado, el alcance que tendrá el nuevo revalúo de tierras urbanas y rurales. "Estamos cumpliendo con una ley. El último revalúo se hizo en 2005. Y se debe actualizar cada diez años", dijo el ministro de Economía, Hernán Lacunza, a LA NACION. Y agregó: "Una cosa es el revalúo, otra, la política tributaria. No está decidido cómo se instrumentará aún. Es muy distinto en el interior de la provincia que en el conurbano", dijo Lacunza. Y concluyó: "Lo que puedo anticipar es que no habrá ninguna variación desmedida". El instrumento permite mejorar la recaudación, dado que sube la base imponible de la tierra. La política fiscal y, en concreto, el valor de las alícuotas del inmobiliario, que termina de trabajar el ministro Lacunza, determinarán el impacto en el bolsillo de los contribuyentes.

El trabajo del revalúo ya está en su última etapa: fue elaborado por representantes de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), intendentes y concejales que trabajaron en comisiones para el "recálculo de valores de la tierra urbana y suburbana libre de mejoras y sus edificios, las mejoras rurales y las plantaciones". La iniciativa incluye a clubes de campo, barrios cerrados, clubes de chacra y emprendimientos similares. Las comisiones deberán proponer nuevos valores, que entrarán en vigor el 31 de diciembre de este año. Algunos intendentes -sobre todo los opositores al gobiernofirmaron en disidencia las actas que se elevaron a ARBA para cumplir con la ley que ordena el revalúo. Por caso, Mario Secco, intendente de Ensenada, firmó en disconformidad y advirtió que la medida recargará entre un 700 y un 1900% el bolsillo de los contribuyentes, ya que golpeará no sólo en el impuesto inmobiliario, sino también en sellos, trasmisión de bienes personales y tasas. El alcalde dijo en un documento oficial que el incremento para los comerciantes de ese distrito estará en el orden del 1200%. El intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia -un peronista devenido aliado del gobierno de Vidal-, dijo a LA NACION: "El revalúo por ley se tiene que hacer cada diez años. El impuesto inmobiliario se calcula en base al valor fiscal y la alícuota. En los últimos años sólo se movió la alícuota, porque si se aumentaba el valor fiscal se aumentaban los impuestos a los bienes personales y sellos. Por lo tanto, creo que si en este momento se aumenta la valuación fiscal habrá que bajar la alícuota. En eso tengo mucha confianza en que la gobernadora va a ser sumamente racional". En cambio, desde el Frente Renovador el diputado Pablo Garate reclamó al gobierno bonaerense que reformule el decreto por el que convocó al revalúo, ya que advirtió que tendrá un impacto de entre el 1300 y el 1700% en el bolsillo de los contribuyentes. El titular de ARBA, Gastón Fossati, fue una de las voces oficiales que intentó llevar tranquilidad a los vecinos. Dijo que el revalúo no implica necesariamente un aumento en el impuesto inmobiliario. Fossati explicó que "si bien este trabajo sirve como base de cálculo, lo concreto es que el valor del impuesto depende de la política tributaria que defina el Ejecutivo y que luego sea puesta a consideración de la Legislatura mediante la ley impositiva. Es decir que no existe una relación automática ni directa entre la actualización de los valores de las propiedades y una variación impositiva que, en todo caso, responde a una decisión posterior". En ese marco, puntualizó que "hoy estamos en una instancia técnica, trabajando en comisiones junto a los municipios, que nos aportan el conocimiento que tienen sobre su territorio para lograr un análisis más preciso de las valuaciones, garantizando un procedimiento transparente. De esta forma cumplimos con lo que establece la ley de catastro, que prevé una actualización de los valores inmobiliarios por lo menos una vez cada 10 años". Del mismo modo resaltó que "a la hora de diseñar la política tributaria, contar con datos precisos sobre el valor de los inmuebles posibilita corregir las distorsiones que se generan cuando las valuaciones fiscales no reflejan la realidad de las diferentes capacidades contributivas". En cuanto al impacto que una actualización de los valores inmobiliarios podría generar en las tasas municipales, Fossati hizo hincapié en que "son los propios municipios quienes resuelven si usan o no las valuaciones de ARBA como base de cálculo y, al mismo tiempo, también son ellos quienes deciden qué política tributaria adoptan en cada municipio". Los ruralistas no están muy tranquilos con la explicación del gobierno. En la última mesa de enlace, el ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis, convocó a su par de Economía para intentar llevar tranquilidad a los productores. "Se dijo que iba a aumentar un 2000%. Es una locura total desmentida por el ministro de Economía y por mí", dijo Sarquis. A partir de la reunión de la Mesa de Enlace con Lacunza, se acordó una mesa técnica de los referentes impositivos de las entidades con el Ministerio de Economía para seguir trabajando en las propuestas.

El PJ no kirchnerista se suma a la embestida contra Gils Carbó Junto con Cambiemos, busca acotar el tiempo de duración del cargo de la procuradora general Como el viento, la estrategia para desplazar a Alejandra Gils Carbócambia de dirección de manera imprevista y en cuestión de horas. Tras la constitución de la comisión bicameral que deberá controlar el funcionamiento de la Procuración General, el escenario de la destitución comenzó a perder terreno y todas las fichas, del Gobierno y de los sectores del PJ que no quieren a la funcionaria, estarán puestas en acotar su permanencia en el cargo, hoy vitalicio, a un período de cinco años mediante la sanción de una nueva ley de Ministerio Público. Por otro lado, y con la mira puesta en agosto de 2017, cuando vencería el nuevo mandato de Gils Carbó, el Gobierno tiene previsto dar luz verde a la puesta en marcha en cinco provincias del nuevo Código Procesal Penal (CPP) en el segundo semestre del año próximo, tal cual lo impulsa la comisión bicameral de implementación del CPP que preside el senador Rodolfo Urtubey (FPV-Salta). La señal será la presentación de un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano que modificará, para adaptarlo a los últimos cambios procesales convalidados o en camino de ser aprobados por el Congreso, el código sancionado durante el último gobierno de Cristina Kirchner. La fecha no es antojadiza. El nuevo CPP instaura el sistema acusatorio en materia penal, el cual otorga amplias facultades y deja la responsabilidad de la investigación en manos de los fiscales, reducto que maneja Gils Carbó. En otras palabras, la intención del Gobierno es que el cambio de paradigma encuentre a la funcionaria fuera de la Procuración. Defendida sólo por el kirchnerismo ortodoxo, la jefa de los fiscales, sin embargo, se ha visto beneficiada esta semana que pasó por la pulseada política que rodea el tratamiento de un nuevo proyecto de ley de Ministerio Público, que busca modificar la sancionada en junio de 2015 por el kirchnerismo y que la oposición calificó entonces como un traje a medida para justificar las polémicas decisiones adoptadas por Gils Carbó desde que llegó al cargo, en agosto de 2012. La pelea de fondo que se abrió ahora es entre Cambiemos y el Frente Renovador. En su intención por conseguir la nueva ley, el oficialismo realizó una serie de concesiones al sector liderado por Sergio Massa, sin obtener resultados por el momento. Proyecto oficial Sin embargo, en el bloque de diputados y senadores de Cambiemos se entusiasman con que el proyecto del Gobierno comenzará a destrabarse a partir de la última y más notoria de las concesiones otorgadas al massismo: la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público a la diputada Graciela Camaño (FR-Buenos Aires). Otros oficialistas, sin embargo, acusan a Massa de "correr el arco" todo el tiempo y aseguran que lo hace porque no quiere una nueva ley. Pero los vientos cambian constantemente y en la semana que pasó el FPV no kirchnerista planteó cuestionamientos al procedimiento impulsado por el oficialismo en el proyecto de ley para destituir al procurador, que reemplazaba el juicio político (que requiere el voto de los dos tercios en ambas cámaras) por uno más asequible para el oficialismo, en el cual sólo se necesitaría de una acusación por mal desempeño de la comisión bicameral y el apoyo de los dos tercios en el Senado. "No se puede aplicar ese sistema porque los senadores (que integren la bicameral) no pueden acusar y destituir; estarían prejuzgando. Por eso se va a mantener el juicio político", explicó un senador del FPV. De esta manera se cierra el camino a la destitución en la estrategia pensada por el Gobierno para conseguir la salida de Gils Carbó. Quedan en pie los otros dos escenarios: la renuncia ante la presión por las supuestas irregularidades que pueda encontrar la comisión bicameral o, nueva ley mediante, el acotamiento del mandato acinco años. Mientras tanto, el ministro Garavano prepara un proyecto de ley que introducirá

modificaciones al Código Procesal Penal. Al contrario de lo que se especuló, no se tratará de una reforma integral, sino que será una actualización del texto sancionado en el kirchnerismo para introducir las herramientas procesales aprobadas o en camino de sanción por el Congreso, como por ejemplo la figura del arrepentido para los denominados delitos de corrupción. Como contrapartida, la comisión bicameral a cargo de la instrumentación del nuevo CPP anunciará en las próximas semanas la puesta en marcha del Código en los distritos judiciales Norte (Salta y Jujuy) y Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Con ese fin, la comisión que preside el senador salteño Urtubey viene realizando seminarios en el interior (el último, este viernes en la localidad de Comodoro Rivadavia, en Chubut) para instruir a jueces, fiscales y funcionarios judiciales sobre los cambios que implicará el sistema acusatorio.

Cada vez hay más denuncias contra jueces por su desempeño En lo que va de 2016, el Consejo de la Magistratura recibió 275 acusaciones, más que en cada uno de los cinco años anteriores; casi todas terminan desestimadas o archivadas Por Paz Rodríguez Niell El Consejo de la Magistratura recibe cada vez más denuncias contra jueces: en 2015 hubo 194 presentaciones para pedir que un magistrado fuera sancionado o removido; en lo que va de 2016, ya hubo 275. Ningún otro año, de 2011 en adelante, había registrado tantas denuncias como las que se radicaron este año. Los datos, de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, reflejan un malestar con las decisiones de jueces nacionales y federales que, en la mayoría de los casos, no se traducen en expedientes que vayan a prosperar. Casi la totalidad de las denuncias que llegan al Consejo terminan desestimadas o archivadas. Más de la mitad no pasa siquiera el primer control de admisibilidad, advierten los funcionarios que las reciben. Se desestiman in limine, es decir, sin darles trámite, por "manifiestamente improcedentes": son incomprensibles, relatan hechos ajenos a la competencia del Consejo o sólo responden a la indignación de quien perdió en los tribunales y busca en el sistema disciplinario una instancia más para su caso. En la actualidad, hay 213 expedientes en trámite, según el sitio del Consejo. Desde 2002 hubo 29 jueces sometidos a juicio; 16 fueron destituidos, cinco absueltos y ocho renunciaron antes de que los echaran (como Norberto Oyarbide). En total, en la historia argentina fueron 58 los juicios políticos a nivel nacional y 45 las destituciones; 27 de ellas (más del 60%), de los últimos 25 años, según un informe de la Universidad Austral, que comparó los datos con los de Estados Unidos, donde en 230 años de vigencia de su Constitución "sólo se han destituido 13 jueces". Según el profesor Alfonso Santiago, responsable del informe de la Austral, "se advierte un incremento de los juicios políticos a jueces en los últimos 25 años", que se debe, por un lado, "al aumento de las situaciones de mala conducta y mal desempeño" y, por el otro, a un "relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de 1994". Esa reforma constitucional creó el Consejo de la Magistratura y puso en manos de este organismo el control de la conducta de los jueces, la evaluación por concurso de los aspirantes a magistrados y la administración del Poder Judicial. Hoy, el Consejo recibe las denuncias, las investiga y decide si un juez debe ser sometido o no a juicio político. Si considera que sí (para eso requiere una mayoría especial de dos tercios de los miembros presentes del plenario) envía el caso al Jurado de Enjuiciamiento, que está integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Este tribunal es el responsable de llevar adelante el juicio político. Las causales para remover a un juez están previstas en la Constitución Nacional y son "mal desempeño", "delito en el ejercicio de sus funciones" o "crímenes comunes". Antes, todo el proceso se desarrollaba en el Congreso de la Nación. El rol que hoy tiene el Consejo le correspondía a

la Cámara de Diputados y el juicio, al Senado. Según la información provista a LA NACION por fuentes oficiales, desde 2002 el Consejo elevó al Jurado de Enjuiciamiento 29 acusaciones contra jueces. La presidenta de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, la abogada Adriana Donato, afirmó que el alto número de denuncias que se registra se debe a que la gente hoy se involucra y reclama más. "No necesariamente hay más jueces malos -advirtió-. La prueba está en que hay un alto índice de desestimaciones, pero con la consolidación de la democracia es razonable que la gente reclame más. Antes no se sabía siquiera que había un Consejo de la Magistratura." Donato explicó asimismo por qué la mayoría de las denuncias se desestiman. "Nosotros no somos una instancia revisora", dijo, y advirtió que incluso en los casos de error judicial, es a los tribunales y no al Consejo a quienes les corresponde intervenir y revisar las sentencias, en aquellas ocasiones que corresponda. El camarista Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, coincidió en que "en materia de remoción el sistema funciona mejor" que antes porque -dijo- "se consigue remover a los jueces que realmente deben ser removidos, lo que no pasaba cuando era la Cámara de Diputados la que investigaba, con más influencias políticas". "En los últimos diez años, cuando se le inicia un proceso en general se trata de jueces que son culpables, salvo raras excepciones", afirmó Recondo. Dijo, en cambio, que el Consejo funciona peor en materia de selección. "Más allá de las influencias políticas, los concursos no son aptos para determinar quién va a ser un buen juez. Ser bueno académicamente no es suficiente." La camarista de la Casación María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la agrupación Justicia Legítima, coincidió en que gran parte de las denuncias presentadas ante el Consejo no tienen que ver con la competencia de este organismo y consideró que se multiplican porque "la gente entiende el fallo en su contra como una prevaricación". "Es muy difícil entender que es razonable lo que no te da la razón. He conocido denunciantes que tenían denunciados a todo el fuero? Uno que había incluido en su denuncia incluso a los jubilados", relató. "Los jueces no solemos estar pendientes de las denuncias que tenemos, porque no podríamos trabajar. En general nos enteramos de una denuncia cuando nos mandan la copia de la desestimación." El proceso ante el Consejo prevé varias instancias de participación del juez denunciado, que puede presentar descargos en persona o por escrito. En cualquier momento del trámite, el acusado puede presentar su renuncia y es facultad del Poder Ejecutivo aceptarla o no. Si la acepta, el proceso se cierra y el juez abandona el cargo. Este suele ser el camino elegido por quienes saben que no van a sobrevivir al jury, pero aspiran a conservar su jubilación de jueces. Cómo se controla a los magistrados Los encargados Desde que entró en vigencia la reforma constitucional de 1994, los juicios políticos de los jueces (salvo los de la Corte Suprema) los hace el Jurado de Enjuiciamiento, previa acusación del Consejo de la Magistratura, que puede también suspenderlos La denuncia Cualquiera puede denunciar a un juez ante el Consejo, que decide si abre el jury, sanciona al juez con un castigo menor o desestima la denuncia Más acusaciones En lo que va del año ya se recibieron 275 denuncias, más que en cada uno de los cinco años anteriores Las sanciones Casi todas las denuncias terminan desestimadas. Sin embargo, los juries son muchos más que en EE.UU., según un informe de la Universidad Austral.

Cristina Kirc|hner podría perder una de sus dos pensiones de privilegio Por Fernando Laborda Antes de que concluya septiembre, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, dictaminaría si Cristina Fernández de Kirchner tiene derecho a percibir simultáneamente una pensión no contributiva como ex presidenta de la Nación y la pensión que recibe desde 2010 como viuda de Néstor Kirchner. Aunque el funcionario se niega a adelantar cuál será su posición, se presume que ésta sería contraria a la doble pensión para la ex jefa del Estado. Cristina Kirchner percibe hasta el momento una pensión como ex presidenta equivalente a unos 188.500 pesos mensuales y, desde la muerte de su esposo, un beneficio que hoy ronda los 143.500 pesos como heredera de Néstor Kirchner. Ambas pensiones totalizan unos 332.000 pesos, que se reducen a algo más de 210.000, tras los descuentos por el impuesto a las ganancias y otras deducciones. En el caso de que el Gobierno resuelva que resulta incompatible la percepción de los dos beneficios, se estima que la ex mandataria debería renunciar a la pensión que recibe como ex cónyuge de Néstor Kirchner y conformarse con la pensión de privilegio como ex presidenta de los argentinos. El procurador Balbín interviene en el caso a pedido del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, que es el órgano que liquida las pensiones no contributivas, dentro de las cuales se encuentran las de privilegio para ciertos ex funcionarios. Una vez que la Procuración del Tesoro emita su opinión, el citado ministerio podrá tomar en cuenta o no esa opinión jurídica, por cuanto ella es obligatoria pero no vinculante. Se cree, de todas maneras, que difícilmente se adopte una posición diferente a la que exprese el procurador, que es el asesor jurídico más importante del Poder Ejecutivo Nacional. Dos días después del fallecimiento de Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre de 2010, se inició el trámite para el cobro de la pensión como viuda por parte de la entonces presidenta de la Nación. El beneficio para Cristina fue aprobado por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales el 21 de diciembre del mismo año. De modo que el trámite se resolvió en menos de dos meses, un tiempo récord si se considera que a cualquier ciudadano común esto le demanda un promedio de seis meses. La segunda pensión de Cristina, correspondiente a su "jubilación" como presidenta de la Nación, también fue concedida por su propio gobierno. El trámite fue iniciado el 18 de noviembre de 2015, cuando ella todavía ocupaba el sillón de Rivadavia, a través de su sobrina Romina Mercado, y el beneficio se hizo efectivo desde el 10 de diciembre, fecha en que dejó la Casa Rosada. La tarea de Balbín se centra en la ley 24.018, sancionada en 1991, por la cual se crearon las llamadas jubilaciones de privilegio para los ex presidentes y vicepresidentes de la Nación, al igual que para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y, en particular, en el artículo 5 de esa norma, según el cual la percepción de esta asignación "es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal". Una interpretación de este artículo permite inferir que Cristina Kirchner no podría estar cobrando dos pensiones de privilegio y que debería optar por una de ellas. Es probable que si, tras el dictamen del procurador del Tesoro, el Gobierno adopta esa postura, desde el kirchnerismo se cuestione la medida y se la intente mostrar como un nuevo indicador de persecución contra su líder, quien está jaqueada actualmente en varias causas judiciales y ha sufrido el embargo de algunos de sus bienes por la Justicia. Según dejan trascender allegados al procurador Balbín, su dictamen se ceñirá al análisis de la ley y no estará condicionado por el contexto político actual, ni por una eventual campaña de victimización de Cristina Kirchner.

Graves sospechas en una obra que financió López en su ciudad natal

El ex funcionario acordó en 2009 un trabajo vial en Concepción de Tucumán; el costo pasó de $ 45 a $ 182 millones Por Maia Jastreblansky En su ciudad natal, José López fue nombrado "huésped de honor". Ocurrió en julio de 2010, cuando el ex intendente de Concepción de Tucumán Osvaldo Morelli lo distinguió "por su permanente e incondicional apoyo". Meses antes, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo se había comprometido a girar millonarios fondos para una obra vial clave, la llamada Travesía Urbana, una importante vía de acceso para esa ciudad. Hoy, los números de la licitación financiada por el ex funcionario nacional están cargados de sospechas: el costo de la obra pasó de $ 45 millones a $ 182 millones, un aumento de 300% respecto del valor original. Según documentos a los que accedió LA NACION, la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), que dependía de López, firmó un acuerdo con la municipalidad de Concepción para financiar la Travesía Urbana en septiembre de 2009. Se trataba de una vía de ingreso a la ciudad de seis carriles sobre la ruta nacional 38 y una rotonda para articular el tránsito en la segunda ciudad de la provincia de Tucumán. La obra se presupuestó en $ 44,8 millones y se adjudicó a la empresa Green SA. Se pautó su finalización para octubre de 2012. A partir de entonces, y hasta mediados de 2015, una decena de decretos autorizaron el aumento exponencial del presupuesto, la readecuación de costos y la postergación de los plazos. Para fines de 2012 se habían girado casi $ 60 millones, hacia fines de 2013 la cifra ascendía a casi $ 86 millones, para noviembre de 2014 ya estaba en$ 128 millones y en abril de 2015 se alcanzaron los $ 145 millones. Cuatro años después de la fecha pautada, la Travesía Urbana aún no está terminada en su totalidad, si bien hace tiempo está habilitada y es utilizada por los vecinos. En el ínterin, los tiempos políticos cambiaron. En agosto del año pasado, Morelli fue sucedido en la intendencia por Roberto Sánchez, ex piloto de autos que se postuló por la alianza Cambiemos. La transición local estuvo lejos de ser pacífica, en el marco de las violentas elecciones que marcaron a Tucumán: hubo protestas, detenciones y las nuevas autoridades se atrincheraron en la municipalidad. Auditoría Ya este año, Sánchez ordenó una auditoría sobre las cuentas del municipio, ante la sospecha de múltiples irregularidades. La más grosera fue la relacionada con Travesía Urbana, no sólo porque el valor de la licitación original se cuadruplicó, sino porque, además, la empresa reclamó una millonaria deuda. Según señalaron desde la municipalidad, Green SA exigió el pago de $ 33,8 millones (por encima de los$ 145 millones ya pagados) por erogaciones tardías e intereses. Además, mediante una carta documento, la firma exigió que se giren $ 4,5 millones más, en carácter de pago final de la obra. En total, por lo tanto, el monto llegó a $ 182 millones. En la municipalidad dudan de girar más fondos a la empresa, tras el millonario flujo de dinero que el ex secretario de Obras Públicas le garantizó a su ciudad de origen. "Creemos que se trata de una obra con sobreprecios. Concepción tuvo mucha suerte durante la gestión anterior, porque López garantizó abultados recursos nacionales. Lástima que nos encontramos que estaban empañados por la corrupción", expresó Sánchez a LA NACION. Este diario se contactó con Green SA por distintas vías, pero al cierre de esta edición no habían respondido las preguntas. Consultado por LA NACION sobre el devenir de la Travesía Urbana, Morelli se limitó a responder que, al respecto, no podía brindar "ningún tipo de explicación". "Yo no manejé el tema del presupuesto y los mayores costos, nosotros sólo hicimos la licitación. El trato con la empresa lo tuvo Vialidad Nacional, ellos fueron los que manejaron todo", dijo el ex intendente, que fue profesor de López en la escuela técnica local. Sánchez ya le remitió una carta al nuevo titular de Vialidad, Javier Iguacel, para que investigue la obra y determine si corresponden los pagos que reclama la empresa. La Travesía Urbana no fue la única irregularidad detectada en la ciudad natal de José López. Según publicó el portal de noticias Infobae, el ex secretario de Obras Públicas de la gestión

kirchnerista también envió $ 15,2 millones a la ciudad de Concepción para finalizar una terminal de ómnibus. La obra, sin embargo, nunca se hizo, y las nuevas autoridades se preguntan dónde está ese dinero. Millones para el nuevo acceso José López Ex secretario de Obras públicas En 2009, durante el gobierno de Cristina Kirchner, comprometió obras para un acceso vial en la ciudad tucumana de Concepción El presupuesto original, de casi $ 45 millones, fue elevado a $ 182 millones y quedó teñido de sospechas del pago de sobreprecios.

La Cámara Federal falló contra YPF, que deberá entregar toda la documentación sobre el contrato con Chevron La petrolera estatal rechazaba dar a conocer las cláusulas secretas del acuerdo para explotar Vaca Muerta La petrolera estatal YPF finalmente deberá dar a conocer los detalles secretos del contrato que firmó con la norteamericana Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta. Hoy se supo que la Cámara Federal rechazó un recurso extraordinario que la compañía argentina presentó contra una resolución de ese mismo tribunal. Anteriormente, la Cámara había confirmado una sentencia de primera instanciaque obligó a YPF a hacer públicas las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron. La resolución de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Carlos Manuel Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, fue firmada el 13 de septiembre pasado, pero recién se publicó hoy en el Centro de Información Judicial, la web de la Corte Suprema. YPF había logrado demorar hasta ahora un fallo de julio pasado en el que Cámara ordenaba a YPF a entregar en un plazo de cinco días hábiles toda la documentación del acuerdo que firmó a mediados de 2013 con la multinacional. El argumento de la empresa era que el contrato incluye secretos industriales y otros detalles confidenciales, cuya difusión podrían afectar su posición en el mercado y su relación con otras petroleras. La pulseada judicial se inició por una denuncia del ex senador socialista Rubén Giustiniani y ya el año pasado la Corte Suprema ordenó su publicación. Los secretos del acuerdo Según reveló LA NACION en noviembre de 2014, Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales al país. Las exigencias de Chevron resultaron efectivas: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Los documentos que reveló entonces LA NACION mostraban algo más. YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones anunciados de inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador.

"Estamos reconstruyendo la relación con la Argentina", dijo el enviado del FMI Roberto Cardarelli lidera la primera misión en 10 años que revisará las cuentas del país; se reunió con Economía y con la UIA Por Francisco Jueguen, Florencia Donovan

En el marco del cumplimiento del Artículo IV -auditoría anual obligatoria a la que se someten todos los socios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que la Argentina no aceptaba desde hace 10 años-, el organismo rescató ayer su nuevo vínculo con el país. "Estamos reconstruyendo la relación con Argentina", afirmó el italiano Roberto Cardarelli, número uno de la misión que ya comenzó sus reuniones con diferentes actores de la vida económica y política del país. Ayer, la comitiva tuvo una reunión introductoria con funcionarios del Ministerio de Hacienda (Alfonso Prat-Gay vuelve mañana de Nueva York) y con parte de la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). La misión, que durará hasta el viernes 30 de septiembre, reunirá a los técnicos del organismo multilateral con economistas privados, académicos, legisladores del oficialismo y la oposición, y con varios funcionarios. Según supo LA NACION de dos fuentes sindicales, el FMI no tendrá contactos con la CGT ni con la CTA. Sí habrá, la semana que viene, una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con los coordinadores de la jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, probablemente en conjunto con Marcos Peña. Según indicaron a este medio, a rasgos generales, la oposición aceptará que el país avance en la normalización de las relaciones con el Fondo. La visita de sus técnicos, en tanto, estará enfocada en los temas monetarios, cambiarios y fiscales. Este último punto, contaron, es el que más preocupa. La llegada de la misión no implicará cambios en la moción de censura que el organismo impulsó en 2013 sobre las cuestionadas estadísticas de crecimiento e inflación del Indec de Guillermo Moreno. Las actuales autoridades del organismo estadístico afirmaron que esta comitiva no tiene en agenda visitar al actual director del instituto, Jorge Todesca. Esta sanción, según adelantó varias veces el propio Todesca, podría levantarse en noviembre, tras una reunión del directorio del FMI en Washington. "Estamos trabajando con gran expectativa, tenemos muchas reuniones y estamos muy complacidos de estar aquí y vamos a dar una declaración para la prensa al fin de la misión", indicó Cardarelli en declaraciones a la agencia Télam tras la salida de su reunión en la UIA. El plan oficial había comenzado unas horas antes, alrededor de las 13.30, en un restaurante italiano, en donde el viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, hicieron de anfitriones. Allí, según informaron desde Hacienda, comenzó a programarse una intensa agenda, que aún no quedó totalmente confirmada. El encuentro duró cerca de una hora y media. Para el lunes está previsto que se reúnan en Economía con el titular de la AFIP, Alberto Abad. También estaría en agenda una charla con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, ayer ocupado con las jornadas monetarias. Con la oposición se reunirán al final de la semana. Cardarelli visitaría a varios referentes económicos de partidos que no pertenecen a Cambiemos y también a economistas de consultoras privadas. "No dijeron nada. Pusieron cara de examinadores y escucharon", afirmó a este medio uno de los vicepresidentes de la UIA, Daniel Funes de Rioja. "Sí veo como positivo que de lo primero en la agenda de la visita sea la economía real", comentó sobre el encuentro en el que estuvieron Funes de Rioja, Diego Coatz, Alfredo Chiaradia, Pablo Dragún y María Laura Bermúdez. La entidad fabril mostró, a través de un powerpoint, el estancamiento industrial desde 2012, el impacto de la recesión brasileña y el temor a una integración al mundo sin tener en cuenta "intereses recíprocos". Repasaron además los cambios macroeconómicos "positivos" que impulsó el Gobierno y la agenda de medidas de segunda generación que tienen a la "competitividad" como eje y a China como desafío. Tras ese encuentro, Cardarelli y su equipo se reunieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Los temas: la relación con las provincias y la obra pública.

El derecho ciudadano a peticionar

Lejos de ser un intento de presionar al Poder Judicial, la solicitada que pidió la remoción del juez Rafecas expresa una demanda legítima que busca generar un cambio desde el llano, desde la gente común Alejandro Fargosi Ciertas decisiones procesales del juez federal Daniel Rafecas provocaron un interesante contrapunto de opiniones, que quizá sean consecuencia de los 12 años de kirchnerismo, que con su autoritarismo y su generación de conflicto sistemático nos ha hecho olvidar algunas maneras válidas, pacíficas y esenciales para defender nuestros derechos. No es menor que el Consejo de la Magistratura -juicios políticos incluidos- sufre los efectos de la mala ley de 2006, lamentablemente convalidada por la Corte Suprema en 2014. El 8 de septiembre, más de 300 ciudadanos, algunos que ni siquiera nos conocemos entre nosotros, publicamos una solicitada para reclamar la destitución del juez por su desempeño en la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner y otros ex funcionarios. Con la brevedad propia de toda solicitada, resumimos la manifiesta inconducta judicial de desestimar la denuncia en un tiempo récord, sin analizar pruebas. Esa parcialidad y ese mal desempeño creemos que justifican su remoción, claro que por los procedimientos vigentes, como dijimos claramente. El propio juez y varios militantes "K" que lo respaldan acusaron a la solicitada de ser ". un acto de presión brutal contra la independencia judicial.", pese a que ellos jamás dijeron una palabra sobre las amenazas físicas, denuncias penales sin fundamento y leyes inconstitucionales con las que el gobierno anterior trató de dominar al Poder Judicial y a varios de nosotros. No asombra que ese sector sea agraviante con quienes, con nombre y apellido, la firmamos. Fue y será su táctica política. Asombra sí la crítica de algunas pocas pero muy respetables personalidades, que antes lucharon para defender la Justicia. Más allá de detalles, esos cuestionamientos consideran que publicar una solicitada es una presión contraria a los canales institucionales, que hasta puede dañar la democracia. Según esa postura, lo único que puede hacerse ante una inconducta judicial es presentar un escrito de denuncia con las formalidades exigidas por el Consejo de la Magistratura para tramitar un expediente tradicional. Creemos que ese razonamiento contradice la Constitución y la historia de nuestras libertades. Una solicitada se explica por su propio nombre: solicita. No ordena, no ataca al sistema legal, no amenaza ni presiona. Sólo solicita, literalmente. Es un reclamo abierto, con los nombres de sus autores, frontal y explícito. Sus firmantes somos personas comunes que ni aisladas ni en grupo tenemos un poder comparable al de un juez federal, al del Consejo de la Magistratura o al del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La Constitución tiene varios e importantes principios, resumibles en que nos rige la libertad. Su art. 19 aclara que "ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe". Sabemos que la ley no limita el derecho a pedir un juicio político a las formas escritas judiciales ni impide a nadie publicar solicitadas firmadas. Aunque se interpretara que las normas del Consejo de la Magistratura tácitamente prohíben estos pedidos públicos, la Constitución en su art. 28 aclara que "los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio". Quien considere que como la Constitución no autoriza explícitamente a publicar solicitadas pidiendo juicio político, ante ese silencio el Consejo puede impedir esa posibilidad, estaría olvidando que la Constitución también dice en su art. 33 que "las declaraciones, derechos

y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno". Debemos insistir en que la esencia de la Constitución es básica y elemental: la libertad. Luchar por ella, obtenerla y mantenerla es la historia de la humanidad. Un camino con algunos retrocesos pero con una clara tendencia a consolidar progresivamente cada día más libertades y derechos de las personas, frente al poder de quienes intentan controlar al ser humano. Así, cada día son más sagradas las libertades de opinión y de expresión, que no se limitan al voto en elecciones periódicas. El derecho humano a ser oído y a manifestarse frente al Poder Judicial o al Legislativo o al Ejecutivo puede ejercerse individual o grupalmente, en un silencioso escrito, en una solicitada, en una marcha, en una entrevista, en una nota o en un libro. Debemos defender este derecho a toda costa. Obviamente, la formalidad del juicio político se inicia con una presentación escrita ante el Consejo de la Magistratura y de hecho el doctor Rafecas fue y está denunciado en dos expedientes en trámite. Por eso era redundante otra denuncia formal. Los ciudadanos comunes, sin cargos ni poderes formales que permitan imponer nuestra voluntad a nadie, sí podemos seguir expresándonos como prefiramos, en tanto pidamos que se apliquen la Constitución y las leyes. Eso hicimos. Si no hay amenazas, nada puede considerarse una presión y menos todavía cuando la solicitud pública es que la remoción ocurra "de acuerdo con los procedimientos vigentes", o sea, con los procedimientos legales. No teoricemos y seamos realistas: una solicitada firmada por 300 personas, cada una conocida por mucha gente, tiene una fuerza difusiva mayor que un escrito que quedará aplastado por la inevitable burocracia y eventualmente será olvidado. Una solicitada se publica para trascender, ser conocida, comentada, divulgada y así ser más eficiente en generar un cambio desde el llano, desde la gente común. Sobre todo cuando -reiteremos- ya existen dos pedidos de juicio político formales, iniciados por los diputados Carrió y Wolff. No puede haber presión, porque en definitiva el único que puede ordenar un juicio político es el Consejo de la Magistratura y quien condena es el Jurado de Enjuiciamiento. Como bien declaró el senador Pinedo, los consejeros son personas duras, que no van a sentirse presionadas por una solicitada, la firmen una o mil personas. Máxime si entendemos que no es presionar el que un grupo de gente o una persona individual, como a veces ocurre, haga saber su opinión de manera abierta. Es un reclamo, ejerciendo otro derecho que nuestra Constitución ampara en el art. 14: peticionar a las autoridades. Derecho que es libre, informal y no puede retacearse. Es difícil de entender que quien hasta hace poco participaba, aplaudía y hasta convocaba a marchas, declaraciones y solicitadas por una Justicia mejor ahora cuestione el ejercicio de derechos constitucionales, que se concretan uniéndose y publicando, algo que individualmente sería imposible. Simple pero trascendental ejercicio de la libertad, por la que siempre hay que luchar. Los ciudadanos tenemos sólo la fuerza que nos da la Constitución y nadie debe retaceárnosla, alegando supuestas presiones y exigiendo formalismos innecesarios.

Una fórmula de exportación El viaje presidencial a la ONU Por Ignacio Miri

Mauricio Macri llegó a Nueva York con un plan: mostrarse a sí mismo como la prueba viviente de que los países pueden escapar de las catacumbas del populismo tomando la trabajosa escalera de las instituciones. “El populismo es como ir de fiesta y despertarse con resaca”, dijo ayer en Wall Street, sabedor de que a sus oyentes les agradaría escuchar tan dulces palabras. En esta ciudad, Macri ni siquiera tiene que acentuar sus contrastes con el populismo. Es visto como un emprendedor liberal que se paró -desde su nacimiento en la vida políticaenfrente de Néstor y Cristina Kirchner. De todos modos, igual se preocupó por condenar las políticas del venezolano Nicolás Maduro y lo acusó de promover violaciones a los Derechos Humanos. En el seminario en Wall Street organizado por el Financial Times, Marcos Peña lo dijo sin vueltas. “Sabemos que lo que pasó en la Argentina -en referencia a la victoria de Cambiemos tras doce años de kirchnerismo- puede interesarle al mundo porque el populismo está generando grandes problemas en muchos países”, dijo el Jefe de Gabinete, entusiasmado por el plan de exportar las instrucciones para recuperar las instituciones de la democracia liberal. Ese paquete, similar -aunque al PRO le genere alguna urticaria- al que quiso imponer Raúl Alfonsín en los ‘80 como cara visible de la restauración democrática en la región, es el que desenvolvieron los estrategas de la política exterior desde que llegaron a Manhattan. Detrás de esa idea subyace otra, que Macri y sus funcionarios repiten: la Argentina ya no va a ser parte de los problemas del mundo y sí quiere ser parte de las soluciones. Por eso, el presidente habló varias veces de su plan para recibir refugiados sirios y de la promoción de las energías renovables. Así se presentará hoy a las 11.30 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según él mismo adelantó a los enviados que cubren su viaje, hablará de la ayuda a refugiados, agradecerá el apoyo que viene teniendo la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la Secretaría General, promocionará su plan de fortalecer la energía verde y buscará dejar en claro que encarna una Argentina nueva, abierta al mundo y deseosa de recibir inversiones. Ayer, Macri tenía previsto dar un discurso en la Reunión de Alto Nivel para Refugiados y Migrantes en la sede de la ONU. Como no había otros presidentes anotados, Malcorra le aconsejó que se reservara para hablar ante la Asamblea. El presidente no resistió a tentación y fue a conocer el mítico salón dorado con mármol verde en donde hablará hoy. “Me dejaron incluso pararme en el estrado. Fue como reconocer la cancha”, le dijo a Clarín, apelando a la jerga futbolera que tanto practica.

¿Plan Canje en Santa Cruz? Para mandarle plata, le piden cambios a Alicia Kirchner Tensión en las provincias. El Gobierno nacional presiona para que haya más transparencia. Y la oposición local le pide derogar la polémica ley de lemas. Por Lucía Salinas Por primera vez, el kirchnerismo y la oposición santacruceña se sentaron en una mesa de trabajo conjunta. El encuentro fue a 3.000 kilómetros de la provincia y se concretó después de un específico pedido de la Casa Rosada para que Alicia Kirchner avance en un diálogo político con sectores opositores y sindicatos, tras nueve meses de una convulsionada gestión. El primer encuentro selló una agenda queincluyó el debate sobre una reforma electoral, después que el FPV ganara el año pasado gracias a la cuestionada Ley de Lemas. También le reclaman más transparencia en otros rubros. Con desconfianza y acotado optimismo, el FpV, La Cámpora, radicales y el PRO se sentaron en una misma mesa y después de enfrentamientos mediáticos, tuvieron que confeccionar una agenda conjunta. La iniciativa provino por parte del Gobierno nacional que tras la última reunión del ministro del Interior Rogelio Frigerio con la gobernadora Kirchner, le solicitó que mejor ciertos aspectos institucionales que harían más viable la ayuda financiera.

En el Gobierno nacional aseguraron a Clarín que esta mesa busca darle a Alicia Kirchner “gobernabilidad y respaldo político” en medio de una profunda crisis económica y social que vive desde que se hizo cargo de la administración provincial. A su vez, el envío de fondos para asistir básicamente el pago de sueldos, es algo que la Casa Rosada pretende que no se vuelva habitual. Para ello, Santa Cruz deberá avanzar hacia una “mejora institucional” a través de una mesa de diálogo que incluya a los gremios y al arco opositor. “La Nación no quiere mandar plata por mandar y pidió modificaciones importantes para la vida institucional de Santa Cruz”, dijo a ClarínEduardo Costa líder del Frente Unión para Vivir Mejor y ex candidato a gobernador. ¿Cuáles son los desafíos por delante? Mejorar la calidad institucional de una provincia que cuenta con algunos antecedentes poco favorables: Ley de Lemas para cargos provinciales como municipales, reelección indefinida, falta de ley de acceso a la información pública y organismos de control del Estado devaluados. Los cambios que al menos deberá empezar a discutir la gobernadora Kirchner con la oposición liderada por su rival electoral, incluye una ley de acceso a la información pública, una reforma electoral que contemple discutir la Ley de Lemas que le permitió a la mandataria ganar la gobernación pese a no haber obtenido la mayor cantidad de votos. “Es una condición y algo que planteamos en la mesa de diálogo”, indicó el diputado nacional Costa. El FPV aceptó discutir una reforma electoral pero queda un largo camino por delante para sacar en Santa Cruz el sistema de ley de lemas que le garantizó el poder al kirchnerismo desde 1991. El funcionamiento del poder judicial también es parte de las revisiones que deberá afrontar la cuñada de Cristina Kirchner, “para tener un equilibrio de poder más potente”, indicó otro de los participantes del encuentro. Y también se planteó una mejora de los "organismos de control", teniendo en cuenta los planes de la gobernación para tomar deuda por $ 10.000 millones. El kirchnerismo tiene una lectura más dura de la situación y consideran que si bien el “diálogo político es necesario para ayudar a los santacruceños” ven como una “extorsión” el requerimiento del arco opositor, indicó a Clarín uno de los funcionarios K que participó. Otro cambio sería revisar los mecanismo de coparticipación municipal. Ante un escenario financiero complejo, muchos intendentes solicitaban de forma directa a la Casa Rosada la asistencia financiera para hacer frente a los gastos corrientes. La situación deberá reordenarse y para ello, la gobernadora deberá garantizar “canales de diálogo político” con los sectores que no responden al FPV. El gobierno provincial a su vez, pide “colaboración de todos los sectores”. Santa Cruz vive días difíciles y la cuñada de la ex Presidenta no logra la tan prometida “paz social”. “Este año Alicia va a recibir $ 28.000 millones entre el reintegro del 15% y lo que corresponde por Coparticipación en relación a los $ 19.000 millones que la Provincia recibió el año pasado, no hay excusa debe gobernar”, criticó Costa que aseguró que en la mesa de diálogollevarán otros temas sensibles para la gobernadora: “Cómo usó el FPV los fondos de Santa Cruz y las áreas petroleras que le dieron a Lázaro Báez”. La conformación de la mesa de diálogo es inédita para el mapa político de Santa Cruz, las expectativas de su duración y buenos resultados aún cuenta con más desconfianza que certezas por parte de varios de sus integrantes.

Lapidario informe judicial sobre las empresas de Cristóbal López Sospechas de corrupción. Mientras la Corte analiza quitarle a la justicia de Chubut el trámite del concurso de acreedores de su empresa Oil, un interventor designado por la justicia analizó la evasión fiscal como una "deliberada decisión empresaria". Por Lucio Fernández Moores "Desde el punto de vista fáctico se observa un meditado despliegue de medios económicos y financieros para conformar en su faz exterior una empresa cuya actividad superficial era

la explotación, industrialización, transporte, distribución y venta de hidrocarburos, pero que en el fondo quedaba desnaturalizada por su real actividad que consistía en la apropiación indebida de recursos fiscales, valiéndose de condiciones especiales de ingreso (planes de facilidades de pago especialmente otorgados), y así derivarlos a otras operaciones y finalidades", dice el informe presentado por el contador Marcelo Manograsso, designado como veedor e interventor judicial en Oil Combustibles por la Justicia en lo Contencioso Administativo federal. Lo mismo había dicho la AFIP cuando acudió a la Justicia: que las firmas del Grupo se habían prestado mutuamente dinero y bienes con el objetivo de provocar un estado de insolvencia de Oil Combustibles y no pagar lo adeudado. A través de ese mecanismo, el grupo también compró medios de comunicación durante el gobierno kirchnerista. A pedido de la AFIP, el juez federal Esteban Furnari dictó en abril pasado una medida cautelar pedida por la AFIP para evitar la escisión del Grupo Indalo porque ello haría incobrable la deuda que Oil mantiene con el Fisco por el no pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). La firma había sido beneficiada con planes especiales de pago por el ex administrador federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, pero las nuevas autoridades del organismo acudieron a la Justicia con denuncias penales y planteos administrativos. "La profusa existencia de operaciones entre firmas controladas y/o vinculadas con transacciones cuyos resultados son contingentes e imprevisibles a futuro, conllevan a que la suerte de una empresa tenga un efecto de arrastre hacia todas las demás, contagiando y extendiendo el marco de incertidumbre respecto de la consideración de cada una de ellas como empresa en marcha", se añade en el informe al que tuvo acceso Clarín. Todas las empresas involucradas apelaron la decisión de Furnari y le pidieron a la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo que revoque la medida. El caso está a estudio de la sala V de ese cámara, integrada por los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani. Mientras tanto, la Corte Suprema nacional podría resolver mañana el conflicto de competencia suscitado entre un juez nacional en lo Comercial porteño, Héctor Hugo Vitale, y su colega provincial de Comodoro Rivadavia Gustavo Toquier en torno al concurso de acreedores de OIL, planteado por la firma luego de la ofensiva de la AFIP. Fuentes judiciales dijeron creer que la firma de López se presentó en la Justicia chubutense para tener un mejor trato judicial y, al parecer, la Corte nacional dirá que el concurso debe tramitar en la Capital Federal porque aquí tenía radicado su domicilio ante las autoridades.

Una fórmula de exportación El viaje presidencial a la ONU Por Ignacio Miri Mauricio Macri llegó a Nueva York con un plan: mostrarse a sí mismo como la prueba viviente de que los países pueden escapar de las catacumbas del populismo tomando la trabajosa escalera de las instituciones. “El populismo es como ir de fiesta y despertarse con resaca”, dijo ayer en Wall Street, sabedor de que a sus oyentes les agradaría escuchar tan dulces palabras. En esta ciudad, Macri ni siquiera tiene que acentuar sus contrastes con el populismo. Es visto como un emprendedor liberal que se paró -desde su nacimiento en la vida políticaenfrente de Néstor y Cristina Kirchner. De todos modos, igual se preocupó por condenar las políticas del venezolano Nicolás Maduro y lo acusó de promover violaciones a los Derechos Humanos. En el seminario en Wall Street organizado por el Financial Times, Marcos Peña lo dijo sin vueltas. “Sabemos que lo que pasó en la Argentina -en referencia a la victoria de Cambiemos tras doce años de kirchnerismo- puede interesarle al mundo porque el populismo está generando grandes problemas en muchos países”, dijo el Jefe de Gabinete, entusiasmado por el plan de exportar las instrucciones para recuperar las instituciones de la democracia liberal.

Ese paquete, similar -aunque al PRO le genere alguna urticaria- al que quiso imponer Raúl Alfonsín en los ‘80 como cara visible de la restauración democrática en la región, es el que desenvolvieron los estrategas de la política exterior desde que llegaron a Manhattan. Detrás de esa idea subyace otra, que Macri y sus funcionarios repiten: la Argentina ya no va a ser parte de los problemas del mundo y sí quiere ser parte de las soluciones. Por eso, el presidente habló varias veces de su plan para recibir refugiados sirios y de la promoción de las energías renovables. Así se presentará hoy a las 11.30 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según él mismo adelantó a los enviados que cubren su viaje, hablará de la ayuda a refugiados, agradecerá el apoyo que viene teniendo la candidatura de la canciller Susana Malcorra a la Secretaría General, promocionará su plan de fortalecer la energía verde y buscará dejar en claro que encarna una Argentina nueva, abierta al mundo y deseosa de recibir inversiones. Ayer, Macri tenía previsto dar un discurso en la Reunión de Alto Nivel para Refugiados y Migrantes en la sede de la ONU. Como no había otros presidentes anotados, Malcorra le aconsejó que se reservara para hablar ante la Asamblea. El presidente no resistió a tentación y fue a conocer el mítico salón dorado con mármol verde en donde hablará hoy. “Me dejaron incluso pararme en el estrado. Fue como reconocer la cancha”, le dijo a Clarín, apelando a la jerga futbolera que tanto practica.

Champán francés, Quinquela y el dragón Del editor al lector Por Ricardo Roa Si se lo mira bien o se lo mira un poco, el kirchnerismo ha mostrado y le han demostrado una notable devoción por las cajas fuertes. Mejor dicho, por su contenido. Pero la sensibilidad artística que apareció en la provincia de Buenos Aires no había sido descubierta. El dragón con panza de caja fuerte de Walter Carbone, cajero mayor del sciolismo, ya es una figurita conocida. No lo son las pinturas y el nuevo oficio de marchand de quien era su jefe: Alberto Pérez. Como ministro número uno de Scioli, Pérez había empezado a revelar su inclinación por los cuadros y sobre todo por los de Quinquela Martín, pintor popular como pocos y como pocos buscado por los nuevos ricos. Pérez tiene varios en su enorme departamento tipo casa de Flores. Ninguno en su casa menos frecuentada del lujoso country Abril, el mismo en el que Carbone cultivaba como Kirchner su entusiasmo por las cajas fuertes. Su toque de éxtasis fue ocultarla en un dragón. Carbone endosó la propiedad de esa casa a una herencia de su suegra. Un clásico nacional. Hay una trama artística, aunque cueste llamarle arte al dragón hecho a la medida de Carbone. Mejor habría que decir que hay una trama de negocios en el Estado y con plata del Estado. En esa trama Pérez tiene otros laderos. Uno es Carlos Chausis, director de Espacio Arroyo Galería de Arte y a quien Pérez colocó al frente de las cuentas del nada artístico Instituto de Lotería provincial. Timba y arte en un mismo emprendimiento. “El arte es una pausa y un encuentro de sensibilidades” dice Chausis. La Lotería tiene otra sensibilidad, esa que da la plata. Pérez puso a Pilar Alvarez Olaizola, esposa de Julián Colombo, secretario de Scioli, a manejar la pauta publicitaria de Lotería. Acaban de procesarla: el nuevo director dice que faltan $ 20 millones. La sensibilidad artística no es judiciable. Y está claro que Scioli no la está pasando bien con las denuncias. Se lo vio transpirar como nunca con Morales Solá, justo él que hizo toda su carrera entre cámaras y micrófonos y siempre había encontrado la manera de decir sin decir y sin inmutarse.

Está claro también que a su gestión se le cae el relato como a Cristina. En campaña autoelogió la política de salud. Silvina Heguy la dejó al desnudo este domingo en Clarín: de los 79 hospitales provinciales, 53 se encuentran en estado crítico. A Buenos Aires no hace falta mirarla tanto. Con sólo mirarla un poco se ve que está devastada. Y las casas millonarias en Abril, el champán francés y los Quinquela no debieran sorprender a nadie. Es de nuevo el triunfo de la corrupción en medio de la pobreza.

Importaciones: la ganancia que no se ve Por Alcadio Oña Algunos especialistas han detectado, últimamente, un fenómeno si se quiere inusual en el comercio exterior argentino. Y se manifiesta bajo la forma de una mejora en los llamados términos del intercambio, o sea, en la diferencia entre el precio de los productos que el país exporta y el de los bienes que importa. Puesto en números del INDEC, desde el tercer trimestre de 2014 los precios de exportación promediaron una caída del 20% pero al mismo tiempo los precios de las importaciones retrocedieron un 20%. La traducción oficial dice que ahora la Argentina está ganando por los valores a los que compra y ganando bastante, al revés que cuando la soja era la estrella del comercio exterior. Y compra, sobre todo, productos e insumos industriales. Hay en esa ganancia otra diferente y también asoma en datos del INDEC menos del tipo estructural. Sirven para entender mejor el alcance de lo que está pasando y de qué no está pasando. Informan que en los primeros siete meses del año los precios de los bienes intermedios importados bajaron 14%; un 11% los de piezas y accesorios y 5% el de los bienes de capital. Existen allí insumos sometidos a procesos de transformación hasta terminar en artículos de consumo, como químicos, material eléctrico o metales; otros que cubren agujeros en las cadenas de producción, como autopartes, y aquellos que son directamente máquinas. Casi sin excepciones, sucedió que en simultáneo con ese repliegue de los precios aumentaron las cantidades importadas. Decisiones empresarias posibles: aprovechar el paulatino retraso cambiario para recomponer stocks o aumentar stocks o, algo parecido a lo mismo, cubrirse del riesgo de eventuales ajustes al dólar pasadas las elecciones de octubre de 2017. Dice un especialista: “Cualquiera sea el motivo, presente o no demasiado lejano, el punto es que la baja en los costos de importación no se refleja en los precios internos. O sea, en los que pagan los consumidores finales”. Sería, en tal supuesto, ganancia empresaria limpia. Según su opinión aquí gravitan el comportamiento de los sectores concentrados, el impacto de las posiciones dominantes sobre el resto de los actores y las cadenas comerciales de las propias compañías; mucho más que los negocios de venta directa al público. “Cuestión de dimensiones desparejas, son un muestrario de cómo funcionan acá los mercados y también trabajo para Francisco Cabrera”, agrega. Quiere decir para la Comisión de Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Producción conducido por Cabrera. Y que se ocupa, justamente, de actuar contra la deformación de los mercados y de evitar conductas anticompetitivas, incluidas aquellas donde juegan las diferencias de poder. Funcionarios del área económica niegan que algunas de esas distorsiones expliquen las dificultades para contener el proceso inflacionario, cuyo origen atribuyen siempre a factores monetarios. Más heterodoxos, sobran analistas para quienes los sectores concentrados y las posiciones dominantes dicen mucho en los procesos de formación de los precios. Ya menos del mundo de los consumidores locales, en el mundo exterior existen grandes

economías al borde de la deflación, índices de precios que no llegan al 2% anual y tasas de interés reales negativas. Nada casual, de un tiempo a esta parte la tendencia internacional manda competir con precios a la baja. El INDEC no sólo reporta el 20% que desde el tercer trimestre de 2014 les tocó a las importaciones argentina. Dice además que en los primeros siete meses de este año hubo un superávit comercial de US$ 754 millones que, con los precios del mismo período de 2015, habría virado a un déficit de US$ 1.039 millones. Luego, la conclusión del organismo señala que “bajo ese supuesto, el país tuvo una ganancia en términos del intercambio de US$ 1.910 millones”. Eso revela hasta dónde pegan los precios en las cuentas externas del país y, de hecho, en las reservas, pues aquello que iba a representar una pérdida devino en fuerte ganancia. El caso es que la ecuación favorable va en aumento. Pero la misma pelea por los mercados fuerza entrar con productos que no sean los mismos de siempre y cada vez más. Los primarios y la agroindustia con bajo valor agregado o con un valor agregado que no da para aparecer en la góndolas de los grandes centros de consumo. Dicho sin demasiadas vueltas, en ese cuadro la Argentina tiene una industria cada vez menos competitiva, estructuralmente desintegrada de abajo hacia arriba y, por las razones que fuesen, cada vez más cara. En palabras de otro especialista: “No es casual ver a los argentinos cruzándose a Chile, cien por ciento consumidores de productos más baratos que los nuestros. Pueden ser productos de cualquier lugar del mundo, enganchados a acuerdos comerciales de Chile, pero el hecho es que nosotros somos caros”. Se diría caros y encima dependientes de insumos y bienes que no fabricamos. Sólo entre enero y julio, sin incluir importaciones energéticas ni productos de consumo final, el balance comercial industrial arrojó un déficit de US$ 15.710 millones. Y nada menos que otro de US$ 27.927 millones durante todo el año pasado, lo cual habla mejor del panorama completo. El momento cuenta que la caída de los precios internacionales ayuda, pero ayuda por un tiempo imprevible, marcado además desde afuera. Y aún tratándose de un viento a favor, de ninguna manera resuelve el problema de fondo. El dólar alto o relativamente alto también puede ayudar, aunque por si mismo no altera el rumbo de las cosas. Tal cual saben los especialistas y sabe el propio Gobierno, el horizonte será de verdad diferente cuando aquí empiece a crearse un escenario propicio. Uno donde bajen los costos, se incorpore tecnología avanzada y se ofrezcan productos diversificados y de calidad: al final, eso que no hay. Tampoco será descubrir la pólvora decir que la gran pata ausente se llama inversiones productivas no sólo financieras. Ni afirmar que si el el mini Davos es una apuesta del Gobierno, a esa apuesta le falta llenar unos cuantos casilleros.

De qué se trata el proyecto oficial de tipificación Por Liliana Rosenstein, Editora Mientras el sistema vigente privilegia la categoría, la nueva propuesta hace foco en la calidad de la carne, premiando a los animales jóvenes de mayor kilaje. “Brindará información útil a productores y procesadores, equiparable a la de los mercados líderes”, afirma Aníbal Pordomingo del INTA. “El sistema de tipificación vigente es anticuado para los actuales planteos ganaderos, ya

que básicamente califica la res según la categoría del animal y el peso de faena, lo que no necesariamente refleja los atributos de la carne. En el mundo esto cambió hace 20/30 años. Sin embargo, aquí, prácticamente, define el precio. Por eso, nuestra propuesta hace hincapié en la calidad del producto”, dijo a Valor Carne Aníbal Pordomingo, Coordinador de Ganadería del INTA, refiriéndose al proyecto diseñado en conjunto con el Ministerio de Agroindustria para modernizar el modelo que se aplica en la Argentina desde 1973. La iniciativa apunta a valorizar los animales más pesados, con la condición de que sean jóvenes, de modo que el novillito, la vaquillona y el ternero gordo no sean los únicos premiados por el sistema, dado que no siempre son los mejores. “Hoy, un novillo de corral de dos años, dos años y medio, puede tener una calidad superior a la de un novillito. De igual modo, una vaquillona de 400 kg de campo puede dar un producto equivalente al de otra de 300 kg. Muchas veces, por hacerlos rápido se terminan sobre engrasados o con escasa grasa intramuscular. O sea que un mayor peso, a una misma edad, no debe ser penalizado”, planteó el especialista. Y aclaró que “en el mundo no se negocian reses livianas, lo que no significa que no sean jóvenes, son de animales producidos en planteos que les permiten lograr un desarrollo importante, con una muy buena relación músculo, hueso y grasa. De eso se trata la calidad”. Además de brindar información objetiva a productores, industriales, comercializadores y consumidores, la propuesta busca que la misma se pueda homologar con los otros sistemas de tipificación del mercado internacional. “Por ejemplo, si digo que el A- se corresponde a un low choice americano los compradores podrán interpretar de qué producto y calidad estamos hablando. Ayuda a posicionarnos en el mundo”, subrayó Pordomingo. Por fuera y por dentro El proyecto mantiene algunos parámetros del sistema anterior a los que se sumarán nuevas variables externas y una mirada por dentro de la media res. En ese sentido, “se seguirá utilizando su peso, la conformación, el grado de terminación, que en cierta manera muestra la relación músculo-grasa, aunque no la termina de definir; se introducirá un cambio crucial como es la edad por dentición, que hasta ahora estaba incluida en la categoría, y habrá un indicador de contusiones”, señaló. Ahí, termina el primer nivel de calificación, que básicamente es lo que se ve cuando la media res está en el gancho y que será obligatorio para todos los procesadores. Lo más innovador de la propuesta es la segunda etapa, en la que se evaluarán área de ojo de bife, su pH, color, espesor de la grasa de cobertura y grasa intramuscular. “Este nivel, por lo pronto, será optativo ya que se requiere cortar la media res. Se mirará el bife porque tiene una gran correlación con lo que pasa en el resto del animal. En base a sus mediciones y al peso de la media res, se calculará el rendimiento carnicero, según una formula probada en el mundo”, explicó. Y detalló: “cuanto más pesada sea la res y mayor el área de ojo de bife, más cantidad de carne brindará, alineado con la genética y la calidad del proceso de cría, recría y engorde”. Ese dato, será fundamental para los procesadores, ya que permitirá saber si tendrán menos pérdidas al quitar el hueso y la grasa. También resultará de interés para el ganadero, que podrá utilizarlo en la selección por rendimiento en carne y para corregir aspectos del manejo. Otro indicador importante para la industria es el pH, que debe ser menor a 5,7 ó 5,8, lo que define la vida útil del producto. “Si es más alto, la carne no tiene capacidad de madurar y habrá que procesarla inmediatamente. En algunos países este parámetro separa las materias primas para moler de las que son madurables para cortes frescos o congelados”, prosiguió Pordomingo. Con respecto al color, si el músculo es claro y brillante, indicará que hubo un mejor manejo y podrá lograr un pH más bajo que si es rojo oscuro. En cuanto a la grasa, si es amarillenta, no necesariamente señala que proviene de un animal más viejo, sino que contiene pigmentos resultantes de la alimentación pastoril, que le dan más sabor. “Dicho esto, la población argentina se ha inclinado por la grasa blanca, de la alimentación a grano, porque la asocia con animales más jóvenes”, afirmó.

Un elemento clave del proyecto es que se estimará el marmoreo o marbling. “Si bien al consumidor argentino no le interesa tanto, ya que el contenido de grasa intramuscular es bajo, del 2 al 5%, esto influye en la capacidad del músculo de retener humedad y color, características que mantienen la frescura. Además, al evitar pérdidas de agua, protege indirectamente la terneza, que depende de la genética. Por eso, es un atributo tan valorado en el mundo”, sostuvo. En tal sentido, los mercados internacionales exigen cierto grado de marmoreo, “algo que no es menor para los modelos argentinos que hacen todo muy rápido, llevando a excesos de cobertura pero marmoreo insuficiente. Tendremos que hacer engordes más progresivos, y sobre todo mejores recrías, un desafío para los ganaderos”, advirtió Pordomingo. Finalmente, esta información de marmoreo combinada con la edad permite calificar la calidad de carne que complementa el rendimiento carnicero, pilares del segundo nivel de tipificación. Para consensuar La propuesta está a disposición de todos los actores de la cadena, sean del ámbito público o privado. “Está en discusión y puede sufrir modificaciones. Ya se ha presentado a las asociaciones de productores y de la industria. Hay algunos frigoríficos entusiasmados, sobre todo los de exportación, que están en condiciones de implementar el sistema completo; y otros no tanto, en general los de consumo, que adoptarían sólo el primer nivel. De cualquier modo será un avance, ya que al relegar la categoría como condicionante del precio, habrá datos más objetivos, mayor transparencia. Lo más importante es que estimula a producir más carne por cabeza premiando la calidad”, concluyó Pordomingo.

Frigoríficos reclaman menos presión tributaria y más controles El presidente de Fifra, Daniel Urcía, pidió además que se "paguen salarios de convenio y cumplan con el pago de las cargas sociales y de ART". El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, analizó la actualidad del sector ganadero y reclamó menor presión tributaria y más controles para los frigoríficos. "El negocio de la carne en Argentina es altamente competitivo por la cantidad de oferentes y demandantes en cada eslabón de la cadena. En este negocio, la escala de producción es determinante para que una empresa sea eficiente y rentable. La actual situación de bajo valor de los subproductos de faena (cuero, hueso, sebo y menudencias) hacen que los costos de producción (salarios, cargas sociales, ART, impuestos) sean determinantes sobre el resultado del negocio. Esos costos, actualmente superan el valor de recupero de la venta de subproductos. Para mantener la competitividad en las ventas y sostener los volúmenes de actividad, la industria formal se está descapitalizando, lo que lleva a que en algunos casos se posterguen los plazos de pago de hacienda, el pago de obligaciones fiscales o se asuman cada mes importantes pérdidas económicas", expresó. En ese sentido, recordó que la faena bovina de agosto "mostró un incremento sobre la de julio, que tiene su explicación en parte en la mayor cantidad de días hábiles y en la mejora del consumo registrado por la disminución del índice de inflación", al tiempo que resaltó la opinión del analista Lic. Ignacio Iriarte, que sostiene que el consumidor argentino "demuestra su preferencia por la carne vacuna, la que en términos relativos recuperó competitividad pese a los pequeños aumentos que tuvo". "Entendemos por industria formal a aquella que paga salarios de convenio, cumple con sus

obligaciones previsionales y fiscales, su personal se encuentra con cobertura de seguro de riesgos del trabajo, avala sus obligaciones comerciales con su patrimonio, cuentan con instalaciones que dan garantías de inocuidad de sus productos y cuidan el medio ambiente con tratamiento adecuado de sus efluentes, componentes todos que representan costos de producción. En detrimento de esta industria compiten en el mercado, mataderos y frigoríficos que no dan debido cumplimiento a sus obligaciones transformándose en industria informal, obteniendo así costos inferiores y que son los agentes causales de las pérdidas relatadas para con la industria formal. Si esta realidad no se logra corregir de manera urgente tememos que vayamos hacia una mayor informalidad que significará el incremento de la precarización del empleo, peores condiciones de inocuidad, menor recaudación para el Estado y retroceso para todo el sector", aseguró Urcía. Paralelamente, propuso como solución que "se controle y exija que todos los frigoríficos, cualquiera sea su tipo societario, paguen salarios de convenio y cumplan con el pago de las cargas sociales y de ART. Entre otras medidas, se debería disminuir la presión tributaria de ingresos brutos estableciendo alícuotas cero para frigoríficos y matarifes, también proponemos que se utilice el impuesto al cheque como anticipo de pago de impuestos nacionales para facilitar la bancarización de las operaciones y la inscripción de los matarifes en el RUCA, para blanquear a los verdaderos operadores comerciales". "Consideramos que son acciones básicas, de sentido común, pero que si no se ejecutan rápidamente y todas, no será posible tener una industria que progrese y se afiance, como ocurre en otros países", concluyó el dirigente.

Santa Fe necesita más de 1.000 millones de pesos para recuperar la producción láctea Un mano a mano con el nuevo secretario de Agricultura de la provincia. Qué pasa hoy en cada sector productivo. Por Mariela Vaquero El flamante secretario de Agricultura de Santa Fe, Ing. Agr. Marcelo Bargellini, conversó con Infocampo sobre la situación actual de la producción láctea después las inundaciones que afectaron a la cuenca provincial. Y contó qué políticas está llevando adelante la Provincia en ganadería y agricultura. En Santa Fe hay más de 4.000 tambos con 500 mil vacas en producción. Históricamente, en esa cuenca se producían entre 8 y 10 millones de litros de leche diarios pero, luego del temporal de abril, el volumen cayó a 4 millones en un mes. “La provincia se llevó la peor parte, las inundaciones impactaron en un 75% en Santa Fe. Hubo tamberos que tuvieron que achicar planteles, vender vacas que fueron a descarte, a frigorífico, no a otros tambos ya que no había compradores”, contó Bargellini. Si bien no hubo una gran cantidad de cierre de tambos, el dato preciso se conocerá recién en octubre o noviembre con la información que arroje la vacunación de aftosa que se realiza entre septiembre y octubre. Debido a las inclemencias del tiempo, en Santa Fe dejaron de ingresar 2.500 millones de dólares provenientes de actividades agropecuarias, tanto de la comercialización de granos como de carne y leche. A eso hay que sumarle la inversión que tendrá que hacer la Provincia y los productores para recuperar caminos, planteles, pasturas, verdeos, infraestructura, etc. que se estiman en 1.000 millones de pesos. Las lluvias intensas y prolongadas que se dieron en otoño, también afectaron a las casi cien pymes que tiene la provincia. “Muchas se vieron complicadas en cuanto a la disponibilidad de producción para industrializar pero creo que fueron las que más sostuvieron la relación con los productores”, indicó el funcionario. Después del temporal los caminos rurales y las rutas quedaron en muy mal estado. “La Provincia hizo una inversión de 800 millones de pesos en infraestructura para recuperarlos. Y se crearon comisiones entre las comunas y los productores para definir las prioridades de acción”, detalló el secretario de Agricultura santafesino.

De los 55 millones de pesos que Santa Fe recibió en concepto de Emergencia por parte de la Nación, 40 millones se destinaron al sector agropecuario priorizando a los pequeños y medianos productores, es decir, a los que tenían hasta 110 vacas en producción, unos 1.700 tamberos, casi la mitad de todos los de la provincia. Además, se entregaron casi 250 millones de pesos en créditos a tasa subsidiada por la Nación y la Provincia. Cómo volver al ruedo “Para recuperar pasturas, verdeos, siembras de granos, reservas, etc. los productores necesitaban hacer una inversión en el corto plazo pero por el nivel de endeudamiento que tenían debido a la crisis de la actividad, les resultaba imposible. Había que generar un endeudamiento de manera extraordinaria ya que por la vía de un crédito bancario normal, no se soluciona”, explicó Bargellini. Según la estimación realizada a través de talleres de trabajo con las asociaciones de productores, la inversión total necesaria para recuperar hacienda, pasturas, verdeos, reservas y caminos, es de 500 millones de pesos. Por otra parte, el costo estimativo de recuperación de la infraestructura para la producción ascendería a otros 500 millones de pesos. Con el objetivo de rearmar esa infraestructura y los establecimientos de la cuenca santafesina, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de la Producción, Luis Contigiani, plantearon la problemática y le presentaron una propuesta al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile solicitando un endeudamiento conjunto. “Creemos que es una política que Nación y Provincia deben llevar adelante en común. En Nación tomaron la propuesta con buenas expectativas, y hoy por hoy, tenemos entendido por reuniones que tan tenido con productores, que están evaluando la posibilidad de un fideicomiso para direccionar cómo bajárselo a los productores”, contó Bargellini. Echando luz en la cadena Santa Fe viene trabajando desde hace varios años en transparentar la cadena láctea y formalizar la comercialización de la leche. “Hoy en Santa Fe hay una leche de calidad estándar, se publican precios, hay información sobre calidad y cuestiones sanitarias, estamos intentando empezar a generar una leche de referencia y comenzamos a publicar la capacidad de pago estimada de la industria. Es información que vamos generando y publicando, de esa forma creemos que hay que ir avanzando. También estamos trabajando en la concreción de un acuerdo o contrato lácteo porque hoy por hoy el productor, mayoritariamente, viene entregando o vendiendo de palabra”, detalló el ingeniero. Por otro lado, en la provincia se está desarrollando una consignataria o comercializadora de leche. "Tenemos la visión que desde la industria hay una concentración de la demanda y desde el lado de la oferta, los productores están disgregados. La idea es armar una estructura compuesta por asociaciones de productores, cooperativas, que tenga la forma de una asociación de segundo grado. Ya se están redactando los estatutos, la forma de funcionamiento, quiénes participan, cómo se comercializa, etc. La idea es que esta consignataria reciba leche, se la ofrezca a la industria (solo comercializa, no industrializa), así se sumaría volumen y se podrían comercializar 3 millones de litros por día, o sea, casi un 40% de los que produce la provincia de Santa Fe. De esta manera, serían otras las condiciones en que se podría negociar”, dijo Bargellini. El gobierno santafesino genera las condiciones, brinda el apoyo institucional pero no forma parte como socio. “También creemos que desde los supermercados, especialmente desde las grandes cadenas, se están quedando con una parte de la rentabilidad que le correspondería al productor por eso siempre pedimos que el gobierno nacional los incorpore al proceso de discusión. A pesar de que ellos digan que no forman precio, nosotros creemos que ellos actúan en la determinación del valor”, remarcó el funcionario. El costo laboral

Los elevados salarios de los trabajadores de la industria láctea son un punto crítico para algunas empresas y es un tema que hace rato se viene analizando dentro de la problematica del sector. “Las pymes lácteas santafesinas nos manifiestan que el costo laboral es un costo muy importante y se ven muy afectadas, por eso le hemos pedido al gobierno nacional e incluso al ministro de Trabajo de la Nación que vean o revean estas situaciones que se están dando”, señaló Bargellini. Hace unos meses, los mismos responsables de las pequeñas y medianas empresas locales le hicieron el reclamo al subsecretario de Lechería de la Nación, Alejandro Sammartino, cuando estuvo recorriendo la cuenca láctea santafesina. Otras producciones Ganadería Santa Fe, como el resto de las provincias, tiene históricamente índices muy bajos de terneros logrados y la eficiencia de producción tiene mucho camino que recorrer al igual que en todo el país. “Estamos trabajando con la Cámara de Frigoríficos y con los productores en un programa de mejoramiento de los niveles de destetes y de terneros logrados. Los estudios de consultores y de organizaciones de productores hoy indican que no necesitamos más vacas de las que tenemos sino que esas vacas produzcan más terneros y sobre esa línea vamos a trabajar”, indicó el secretario de Agricultura. Para lograr ese objetivo, están desarrollando una línea de financiamiento y de apoyo en materia de extensión rural. Asimismo, desde Santa Fe están trabajando para obtener sellos de calidad con carnes provenientes de ambientes específicos, como carnes de pastizales o de algunas razas en particular. “Otra línea sobre la que queremos trabajar es en dejar de vender por media res y empezar a trabajar en la legislación para comercializar cortes y el desposte. Esto nos permitiría exportar con valor de exportación los cortes que corresponden y tener carne con un valor adecuado para el mercado local, para el consumo doméstico”, precisó Bargellini. También se están creando salas de faenas específicas habilitadas por la Agencia de Seguridad Alimentaria no solo para hacienda mayor sino también para cerdos, ovejas, caprinos. La soja monopoliza las tierras En Santa Fe, la soja es reina. El monocultivo de la oleaginosa es un problema que debe revertirse para alcanzar una agricultura sostenible. “Queremos que se recupere la ganadería, mantener a la lechería como actividad productiva, darle valor agregado en origen a los granos transformándolos en carnes alternativas ya sean cerdos o pollos, y de esa manera, esa industrialización de granos nos permitiría que cultivos como el maíz o el sorgo empezaran a desplazar a la soja como monocultivo, volver a generar rotaciones. También estamos pensando en un plan de estímulo al cultivo de trigo y otros cultivos invernales. Creemos que esa es la forma en que nosotros podemos orientar a que entremos en procesos de rotación que permitan un mejor uso del suelo”, enumeró el ingeniero. El problema de las napas Desde el centro hacia el sur de la provincia, se registra la mayor problemática en cuanto al ascenso de napas. “La cuenca del Carcarañá y el departamento General López son los más afectados por ser terrenos planos donde caen 800 a 1.000 mm al año y predomina un solo cultivo que consume apenas 400 o 500 mm. Tenemos que generar cultivos que hagan una mayor extracción del agua. Por ejemplo, una pastura, a lo largo del año, consume entre 1.000 y 1.200 mm. Tenemos que recupera ese tipo de producciones”, analizó el funcionario. Sin dudas, este problema, que no es exclusivo de Santa Fe, no se soluciona con una sola herramienta ni con un productor aislado haciendo bien las cosas. “Tiene que ser una política regional. Córdoba y Santa Fe estamos trabajando en conjunto para resolver el problema, una estrategia conjunta va a ser más positiva”, señaló Bargellini.

Cada millón de dólares exportado de agropartes equivale a 60 puestos de trabajo La metalmecánica argentina se destaca por su importancia estratégica debido a la cantidad de empleos que genera. Cada millón de dólares exportado en maquinaria agrícola y agropartes equivale a 60 puestos de trabajo directo e indirecto. Por este motivo, los especialistas del INTA destacan la importancia estratégica del sector e incentivan la competitividad con actividades como el 15º Curso internacional de agricultura de precisión, el 28 y 29 de septiembre en el INTA Manfredi, Córdoba. De acuerdo con Mario Bragachini –coordinador del programa “Procesos tecnológicos para agregar valor en origen en forma sustentable” del INTA Manfredi, Córdoba–, “las nuevas reglas que rigen las exportaciones agropecuarias mejoraron la rentabilidad del trigo, maíz, soja y algunos cultivos regionales. Esto, a su vez, impulsa una mayor demanda local de máquinas y agropartes de agricultura de precisión”. En consecuencia, las inversiones en el mercado local de máquinas agrícolas ascenderán, para finales de este año, a más de 1.650 millones de dólares, un 14 % más respecto al año pasado. “Entre estas se desatacan las sembradoras”, puntualizó el técnico del INTA. En referencia al impacto social de este incremento, Bragachini destacó su “importancia estratégica” y detalló que “nuestro país actualmente exporta más del 20 % de la facturación local, lo que equivale a 12 mil puestos de trabajo directos e indirectos”. Y aseguró que “se trabaja fuerte para incentivar la competitividad de este sector en el mercado global y local” ya que se estima que por cada millón de dólares exportado como maquinaria agrícola se generan 60 puestos de trabajo. En línea con el informe del INDEC, la venta de máquinas agrícolas en el país durante el segundo trimestre de 2016 alcanzó una facturación de 4.281,6 millones de pesos, lo que representa, en relación al mismo trimestre de 2015, un aumento del 76,8 %. Los tractores y cosechadoras presentan los niveles de facturación más altos del trimestre con 1.672,4 y 1.039,4 millones de pesos, respectivamente. En cuanto a las ventas, el informe indica que las sembradoras y tractores presentan incrementos de 111,5 % y 100 %, respectivamente, mientras que las cosechadoras registraron una suba de un 60,4 % y los implementos aumentaron un 47,8 %. Argentina, hacia el mundo “El mercado de máquinas agrícolas está en pleno crecimiento en materia de demanda de tecnología y calidad”, aseguró Bragachini quien detalló que la Argentina es el segundo país del mundo en adopción de agricultura de precisión, después de Estados Unidos, y el primero de Latinoamérica en desarrollo, fabricación y adopción. Existen más de 20 empresas nacionales de escala internacional que producen electrónica y software para transformar a las máquinas agrícolas argentinas en inteligentes, autoguiadas, auto regulables e híper conectadas. “Esto nos permite adquirir competitividad global para satisfacer la exigente demanda del mercado interno y externo”, indicó Bragachini. Entre los principales destinos, el especialista destacó Bolivia, Uruguay, Sudáfrica, Kazakstán, Venezuela, Brasil, Italia, Rusia, Paraguay, Ucrania, Guatemala, Australia, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Mozambique, Namibia y Rumania. Por una producción más precisa Reunidos en el 15.º Curso internacional de agricultura de precisión y máquinas precisas, el 28 y 29 de septiembre en el INTA Manfredi, Córdoba, más de 30 especialistas de todo el

país participarán de este espacio de actualización técnica. Así, los interesados en conocer las novedades del sector metalmecánico y las principales innovaciones tecnológicas en automatismo y robótica podrán asistir al encuentro que estará dividido en 3 auditorios de capacitación. Además, habrá una muestra y dinámicas a campo. El curso está dirigido principalmente a productores, asesores, contratistas y empresarios del sector y cuenta con un programa intensivo en el que se abordarán los principales ejes de la agricultura y ganadería de precisión, como así también del agregado de valor en origen.

Luego de tres años, YPF debe entregar el acuerdo completo con Chevrón Es por la explotación de Vaca Muerta en Neuquén. El documento podría hacerse público mañana. La petrolera ya había entregado una copia con tachaduras para proteger información estratégica y sensible. Finalmente y después de tres años de tira y afloje, YPF deberá entregar el contrato completo con Chevrón, que podría hacerse público mañana mismo. Anteriormente, la petrolera había presentado una copia con tachaduras para proteger “información estratégica”. La empresa YPF deberá dar a conocer su contrato con Chevron para la explotación de Vaca Muerta en Neuquén. Fuentes judiciales confirmaron a Río Negro que el acuerdo se haría público a partir de mañana. La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la petrolera a entregar una copia del convenio, completa y sin tachaduras. El acuerdo fue suscrito en julio de 2013 entre YPF y la firma Chevrón Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en los yacimientos de Vaca Muerta, Neuquén. A fin del año pasado, el senador Rubén Giustinianni había hecho una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia para conocer el acuerdo entre YPF y Chevrón. Por entonces, YPF se negaba a mostrar todo el acuerdo y entonces entregó una copia con algunas tachaduras. Lo que alegó, por entonces, la petrolera era que buscaba preservar “información estratégica”, por lo que se continuaron las resoluciones judiciales hasta llegar a la actual, que finalmente sacaría a la luz el documento completo.

El Gobierno le respondió a Tinelli: “Las leyes tienen que ser justas, no duras” El ministro de Justicia Germán Garavano salió a contestarle al conductor de televisión, quien ayer pidió penas más severas "para que estén de por vida en la cárcel los asesinos". El ministro de Justicia Germán Garavano afirmó hoy que “las leyes tienen que ser justas, no duras”, en respuesta al reclamo del conductor de televisión Marcelo Tinelli, quien ayer pidió por Twitter leyes para que “los asesinos estén de por vida en la cárcel”. En diálogo con radio La Red, el funcionario se pronunció sobre los últimos casos de inse-

guridad, por los que un médico en Loma Hermosa asesinó a un joven que quiso robarle el auto y un carnicero en Zárate atropelló y mató al ladrón que le había robado la recaudación. Dijo que ve esta situación “con mucha tristeza y preocupación”, y que si bien "entiende" esas reacciones “es un camino que no conduce a ningún lado”. “Lo entiendo, la realidad lleva a la gente a tomar estas decisiones, que no es el camino; necesitamos un Estado, un sistema judicial que de respuestas, no que la gente haciendo esté tipo de reacciones”, planteó Garavano. Ayer, Tinelli estalló en la red social tras conocer el caso de la almacenera Mabel Da Rocha, quien fue asesinada a puñaladas por delincuentes que le robaron más de $ 25.000 de su local de Mariano Acosta, en el partido bonaerense de Merlo.

Créditos hipotecarios y dólar planchado provocan suba de hasta 17% en inmuebles Los valores treparon respecto a un año atrás. Sólo Banco Nación otorgó 2800 préstamos para la vivienda por $ 2100 millones. También influye el aumento del costo de reposición Por Mariano Gorodisch "Todas las carpetas que tenemos son por créditos del Banco Nación (BNA)", confiesa Pablo Brodsky, director de Predial. El BNA lleva otorgados 2.800 préstamos por $ 2.100 millones, al sumar lo que está pre-acordado, lo remitido a escribanía y lo que ya está en fin de trámite. Mientras, se encuentran analizando otras 30.000 solicitudes por $ 24.000 millones, a un promedio de $ 800.000 per cápita. A esto hay que sumarle los $ 280 millones de préstamos otorgados en UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo). La expectativa de un repunte del sector produjo un aumento de precios. Antes cuando quería "pisar" (comprar) un terreno, no tenía competencia, cuenta Brodsky. Ahora son varios los interesados, lo que provocó un incremento en el precio de la incidencia del terreno, que en un barrio como Almagro pasó de u$s 550 a u$s 700, a lo que se le debe agregar el costo de la construcción, de u$s 1300, lo que totaliza u$s 2.000 el metro cuadrado: "Sumado al 30% de ganancia de la constructora, te vende a u$s 2600 de pozo. Por el parate que hubo en el sector, hoy tenés muy poco producto, no hay mercadería nueva, y lo que más se busca son los tres ambientes por debajo de los u$s 100.000", explica. A su juicio, el problema de los hipotecarios es que demoran entre 60 y 90 días en otorgarse, y muchas operaciones se deben dar en simultáneo, con lo cual se debe convencer al dueño a que espere, y si el dólar se mueve se asustan. "Dólar planchado con respecto al blue de hace un año y aumento de costos de reposición del 35% en pesos hicieron subir los precios. En Las Cañitas 17%, en Recoleta 14%, en Palermo Hollywood 10%, en Villa Urquiza 8,5%, en Caballito 7%, en Flores 4% y en Quilmes 4% interanual", advierte José Rozados, presidente de Reporte Inmobiliario. A su entender, se reactivaría el mercado a partir de la incorporación de demanda genuina, por lo cual aumentaría el número de operaciones. "Un mundo en el que los bancos compitan por hipotecas está a la vuelta de la esquina", destaca el titular de Banco Provincia, Juan Curutchet, al dar ejemplos de préstamos en UVAs. Otorgaron uno a un empleado con salario de $ 15.000, que para una cuota de $ 3.000 califica bien: "Ahora que está bajando la inflación vamos a salir a promocionarlos fuerte". Más de 10.000 familias ya consultaron los requisitos y características de la línea TUVIvienda, de los cuales 620 en breve se convertirán en operaciones. El monto promedio es de $ 969.000 y las cuotas alcanzan $ 8.798. El ingreso promedio declarado de los beneficiarios fue de $ 39.630, pero hay operaciones por montos más bajos, con beneficiarios con ingreso mensual entre $ 15.200 y $ 30.000. Alejo Espora, economista jefe del Banco Ciudad, señala que acumularon más de 2.000 consultas, habiendo concretado ya 127 operaciones por $ 130 millones, con un monto

promedio de $ 1 millón (máximo monto a otorgar $ 1,4 millón) y un plazo promedio solicitado de 191 meses, pudiéndose optar por un máximo de hasta 20 años. En el Banco Hipotecario, en tanto, hay 264 carpetas de crédito ingresadas por $ 259 millones, de las cuales se han otorgado 76 créditos por $ 68 millones.

Caso Nisman: investigan el asesinato de un testigo clave Se trata del exsargento primero Héctor Osvaldo Goncalvez Pereyra, de 50 años que era el dueño de uno de los teléfonos que se activaron el mediodía del domingo 18 de enero de 2015, cuando aún no se sabía que el exfiscal de la causa AMIA estaba muerto. Un expolicía que fue testigo en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman y que tenía que declarar en el expediente fue asesinado por piratas del asfalto, que lo atacaron cuando intentaron asaltar un camión que vigilaba. La víctima es el exsargento primero Héctor Osvaldo Goncalvez Pereyra, de 50 años que era el dueño de uno de los teléfonos que se activaron el mediodía del domingo 18 de enero de 2015, cuando todavía no se sabía que el exfiscal de la causa AMIA estaba muerto con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento. A Goncalvez Pereyra lo balearon el 8 de septiembre junto a un compañero: el expolicía Diego Ángel Díaz. Un grupo de piratas del asfalto que iba en cuatro autos los sorprendió a la altura del kilómetro 79 del Acceso Oeste, cerca de Luján. Los expolicías eran parte de un operativo de custodia a un camión Scania que llevaba ropa. El ataque se desencadenó cuando los ladrones tomaron de rehenes a dos de los vigiladores y se tirotearon con Goncalvez y Díaz. Fuentes judiciales descartaron que el robo esté vinculado a la muerte de Nisman. Sin embargo, trascendió que la jueza Fabiana Palmaghini pediría informes de la causa por la muerte de Goncalvez porque había sido citado a declarar en los próximos días para ampliar su declaración. Goncalvez aparecía en los registros de los entrecruzamientos telefónicos que había ordenado la fiscal jubilada Viviana Fein a la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal. Esos reportes mostraron que hubo un intenso cruce de comunicaciones entre Goncalves Pereyra y el sargento primero Luis Ismael Miño, uno de los custodios de Nisman, en los que también aparecería el exespía Antonio Jaime Stiusso.

El mensaje que leen los inversores borra años de clientelismo político Por Hernán de Goñi Si hay una tarea a la que el Gobierno le puso especial dedicación en los nueve meses que lleva de gestión, es la reinserción de la Argentina en el mundo. La salida del default fue el primer paso de un sendero que se ensanchó con la visita de líderes mundiales como Barack Obama y Francois Hollande y se completó en las visitas al Foro de Davos y a la cumbre del G-20, en la ciudad china de Hangzhou. El Foro de Inversiones y Negocios realizado en Buenos Aires, al que asistieron más de 1600 empresarios de diversos lugares del mundo, como previa al viaje del presidente Mauricio Macri a Nueva York, quedó enhebrado en el mismo montaje. Lo notorio es que la promesa más repetida no tiene que ver con la fijación de metas económicas ambiciosas, o con la velocidad con la que se bajará la inflación. La frase que usa el primer mandatario para captar la atención de sus interlocutores, es la voluntad política de conseguir que la Argentina vuelva a ser un país normal. No es un objetivo sencillo, porque articular las políticas necesarias para que las instituciones y los agentes económicos se comporten como en territorios desarrollados, implican un cambio cultural que hasta el momento nunca prendió.

Los argentinos son poco amigos del cumplimiento de las reglas. Adoptar decisiones que no estén subordinadas al cortoplacismo y que incluso no generen un rédito inmediato para el Gobierno es dejar atrás la lógica del clientelismo que gobernó a la política en las últimas siete décadas. Ese es el mensaje que leen los inversores afuera. Saben que conseguirlo no será fácil. Por eso la avalancha inversora tomará su tiempo.

Crecimiento, déficit fiscal y tipo de cambio real Por Daniel Artana El “mini Davos” de Buenos Aires ha sido un impulsor natural del debate acerca del crecimiento de la Argentina. La gran mayoría de los economistas coincidiría en que la tasa de crecimiento de la próxima década de cualquier país (incluido el nuestro) depende de la inversión y de las mejoras en la productividad (la Total Factor Productivity) y, probablemente también, coincidiría en que la recuperación del año próximo para un PIB que se encuentra debajo de su potencial luego de cinco años de estancamiento depende de cómo se mueva la demanda agregada, y que la política pública puede tener un espacio para ayudar a que esa demanda reaccione y la economía finalmente se reactive. Cuando se analiza donde está parada la Argentina luego del experimento populista K en materia de inversiones y productividad, la conclusión es que está casi todo por hacer. Por un lado, la tasa de inversión de la economía terminará este año en alrededor de sólo 18,5% del PIB (medida a precios constantes). Por otro, también hay falencias importantes en las cosas que ayudan a aumentar la productividad: pobre calidad de la infraestructura, calidad de la educación en descenso, sobreprotección a las importaciones, normas laborales muy rígidas, regulaciones y controles poco eficaces (aunque con algunos avances desde diciembre de 2015). Es razonable esperar que la inversión aumente un par de puntos del PIB en los próximos dos años. Venimos de una baja tasa, en particular de la inversión extranjera, que algo debería recuperarse. Más importante, la reducción en el costo del capital del Estado ayuda a bajar el costo de financiamiento para el sector privado y la tasa de corte exigida a los proyectos de inversión nuevos. Por su parte, las reformas para crear un marco más propicio para mejorar la productividad pueden demandar más tiempo, aunque las señales de que se avanza en el sentido correcto seguramente motivarían al sector privado a resolver los problemas similares que se pueden mejorar ‘puertas adentro‘, en lugar de buscar transferir los sobrecostos al resto de la sociedad. Respecto de la política pública para lidiar con el ciclo económico recesivo la respuesta ha sido clara: hay una apuesta importante a motorizar el consumo por medio del programa de reparación histórica a los jubilados de ingresos medios que implicará un aumento del gasto previsional de más de un punto del PIB (financiado en su mayoría con recursos externos vía blanqueo, deuda o venta de activos del Fondo de Garantía de Sustenta-bilidad), aunque también se apuesta a la mayor inversión pública. Es claro que estas decisiones tiraron por la borda la idea original de reducir el déficit fiscal primario en 2017. Pasamos así del gradualismo fiscal a la inacción. Sea que se gaste en jubilaciones o en inversión en caminos, el mayor gasto financiado externamente es muy reactivante. Para que no lo sea deberíamos tener agentes racionales que descuenten muchos problemas en el futuro y que, por lo tanto, reduzcan su consumo hoy (ahorrando más) para estar preparados para la adversidad. Ese no parece un riesgo importante hoy. Pero esta decisión de mantener un déficit alto financiado en gran medida con dólares ‘de afuera‘ no es neutra para el tipo de cambio real. En otras palabras, la elección del

gradualismo fiscal va de la mano con un ‘shock‘ de apreciación real (y aclaro que la comparación relevante no es con el último mes del kirchnerismo sino con algún período donde el tipo de cambio real no estaba atrasado). En otras palabras la decisión de ‘no hacer olas‘ en lo fiscal, en particular con el gasto corriente (que en los hechos se piensa aumentar al menos en materia previsional) condena al sector privado transable (al menos al exportador) a un ajuste de shock al no poder contar con un tipo de cambio más débil que suavice el camino que debe transitar hasta que se avance en las reformas estructurales que permitan reducir costos. Lo que estoy analizando aquí es cuál es el camino hacia un resultado fiscal y un tipo de cambio real sostenibles en el mediano plazo. El punto hoy es que partimos de un déficit demasiado alto y de un tipo de cambio real que parece demasiado fuerte para las condiciones estructurales actuales de la economía argentina. Esta elección de política pública tiene algunos efectos colaterales negativos sobre las reformas estructurales que necesita la Argentina. El reclamo de cerrar más la economía que luce disparatado cuando se repara en que ya es una de las más cerradas del mundo, despierta algunas adhesiones cuando se recuerda que apertura con atraso cambiario terminó muy mal en los ‘90. Además, eso da pie a que algunos sectores consigan beneficios impositivos de una generosidad inusual, como la recientemente aprobada ley de autopartes (75% del mayor gasto en autopartes nacionales lo pagamos entre todos vía reducciones de impuestos a las terminales si el contenido nacional en la fabricación de automóviles aumenta de 30% a 50%) o que otros logren mantener precios superiores a los internacionales a pesar de que ello aumente los costos de los combustibles que se utilizan como insumos en la producción y transporte de otros bienes. Además, en el apuro por reactivar se anuncian importantes erogaciones en infraestructura que incluyen algunos proyectos que no apuntan a mejorar la productividad de la economía. Algunos ejemplos costosos son el soterramiento del Sarmiento, la autopista ribereña y la conexión subterránea de trenes en la Ciudad de Buenos Aires. La alternativa de resolver los problemas de transporte de los porteños con alternativas mucho más austeras hubiera permitido liberar fondos para avanzar más rápido en otras obras en el interior del país que permitieran reducir los costos de producción y logística más rápidamente. Los economistas profesionales son en general personajes poco populares, más aún en una sociedad adicta al corto plazo. Por formación ponemos el foco en el costo de oportunidad de cada decisión, miramos las consecuencias de "equilibrio general" de los cambios en cada instrumento y tendemos a preocuparnos también por las consecuencias sobre la sostenibilidad del programa económico en el mediano y largo plazo y, no sólo sobre lo que pasará en los próximos meses. Un análisis más ‘economicista‘ hubiera llevado a una corrección fiscal en 2016 con menor dependencia del endeudamiento externo y, por lo tanto, una menor apreciación real del tipo de cambio y menor presión sobre el sector transable de la economía. Pero si la necesidad política exigía acelerar la reactivación del 2017 hubiera sido preferible aumentar gastos transitorios en lugar de una suba permanente en el gasto corriente (o reducir más los impuestos), evitar los incentivos fiscales para promover algunos sectores y los precios mayores a los internacionales en productos que son también insumos de otras producciones y exigir un análisis beneficio-costo social riguroso de las inversiones a cargo del Estado.

Premio al silencio: Cristina Kirchner pidió la libertad de Lázaro Báez La exPresidenta salió por primera vez después de meses de silencio a pedir la libertad del empresario y citó una nota de PERFIL que reveló la oferta de Marijuan al valijero.

Por Emilia Delfino Cristina Kirchner le mandó un mensaje a Lázaro Báez. “Tienen presa a una persona para obligarla a decir lo que ellos quieren”, escribió en las redes sociales. Así, Fernández de Kirchner pidió por primera vez indirectamente la libertad del empresario kirchnerista, quien hasta ahora mantuvo estoico su silencio y evitó entregar pruebas sobre el origen de los fondos de la corrupción. Fernández de Kirchner citó una nota de PERFIL, que el sábado reveló que el fiscal Guillermo Marijuán le ofreció al empresario mejoras procesales si entregaba información sobre la ex mandataria. No es para menos: el silencio del empresario garantiza la impunidad. Marijuán busca probar que Báez reconozca lo que las investigaciones periodísticas vienen sosteniendo durante casi una década: que el empresario es el presunto testaferro de la familia Kirchner, que su emporio fue construido por orden del ex presidente Néstor Kirchner y sostenido por el fallecido funcionario para enriquecer a su aliado y a sí mismo. La ex presidenta repitió la estrategia conocida de dejar de lado la infinidad de pruebas sobre corrupción y presentarse como una perseguida política. En esa línea dijo que en América latina se lleva adelante un nuevo Plan Cóndor contra Luiz Inacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, y la propia ex mandataria. “Si antes fueron los grupos armados dentro de las instituciones militares latinoamericanas, ahora es con aparatos judiciales y mediáticos”, escribió. Fernández de Kirchner busca exponer y debilitar a un sector de la Justicia. Pero mal que le pese a la ex presidenta, en los tribunales federales sostienen que lo que el fiscal llevó adelante es una estrategia comprendida dentro de sus funciones: acusar. Marijuán recibió la última negativa de Báez la semana pasada, cuando el nuevo abogado del empresario, Maximiliano Rusconi, se presentó ante la fiscalía. El penalista pidió que el fiscal apoyara su pedido para que el juez federal Sebastián Casanello otorgue la prisión domiciliaria a Lázaro. El acuerdo se volvió a plantear sobre la mesa: Báez tiene la información que el fiscal necesita para llegar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la respuesta volvió a ser negativa. Los hijos de Báez, a excepción de Martín, intentan desde hace cinco meses que su padre acepte un acuerdo con el Ministerio Púbico Fiscal y declare en el marco del Programa de Protección de Testigos e Imputados. Así lo hizo Leonardo Fariña en abril, cuando entregó su testimonio contra Báez y complicó al empresario. Fariña también estuvo detenido, pero el delito de evasión fiscal agravada, una situación judicial que casi nunca termina en prisión. Pero la cárcel fue lo que mantuvo a Fariña en silencio después de haber enterrado a los Báez y a los Kirchner hasta el cuello en una cámara oculta. Cuando declaró, la Justicia lo excarceló. Lázaro Báez se niega a reconocer su papel como testaferro y rechazó en varias oportunidades colaborar con la Justicia. En su entorno dicen que si la Justicia quiere pruebas contra Cristina, que las busque. Teme que lo señalen como un “traidor” a la memoria de su amigo y mentor. Pero en la Justicia y en su propio entorno, creen que las razones son más complejas. En varias oportunidades, los Báez intentaron negociar en la causa por lavado de dinero entregando información, pero el valor de esos datos o pruebas era escaso. El fiscal pidió pruebas concretas e irrefutables. Entonces así, había posibilidad de avanzar en un acuerdo. Marijuán no busca sólo un testimonio sino documentación y pruebas fácticas para probar la relación. A cambio puede ofrecer al empresario beneficios dentro de la ley, como una excarcelación monitoreada por el Programa de Protección o una prisión domiciliaria. Las últimas frases de Cristina en las redes sociales refuerzan hoy la “convicción” de Báez de no declarar en su contra. El fiscal no cerró la puerta, pero sus expectativas de que Báez, que tiene dos procesamientos a cuestas, acuerde testificar contra la ex presidenta se apagaron. Una versión más benévola con la ex mandataria sostiene que no pueden acusarla del lavado de dinero de Báez. Esos millones estaban siendo fugados al exterior, precisamente,

para ocultar a la viuda de Kirchner la existencia de ese dinero. Báez considera, dicen, que esos fondos son de Néstor y de él. No de ella. Fariña sostuvo esta versión en su declaración estrella. El desafío vuelve a ser cómo probar el origen del dinero que los Báez fugaron al exterior tras la muerte de Kirchner. Otro expediente, el caso Hotesur, es tal vez la prueba más obscena de la relación entre Cristina y Lázaro. Si la causa avanza -se espera un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que declaren en indagatoria antes de fin de año-, ambos podrían ser acusados de cohecho (sobornos) entre una funcionaria pública y un contratista del Estado que enriqueció los hoteles de la familia ex presidencial a cambio de contratos de obra pública. Lo probó una investigación periodística. La verdad, entonces, caerá sobre la mesa por su propio peso.

Periodismo inseguro: el riesgo de informar para la tribuna Los medios de comunicación temen más que nada perder audiencia, y ese terror los vuelve demagógicos. Por Adriana Amado – Analista de Medios Hay un mito que alimentan los propios periodistas que supone que los medios le hablan a la ciudadanía toda. Hasta que les toca cubrir temas difíciles. Ahí se delatan dirigiéndose a un público que se les parece, a un puñado de personas con quienes comparten lenguaje y preocupaciones. Cuando se bajan de los ideales éticos que los invitan a ser equilibrados, compasivos, ecuánimes, y tienen que responder a las exigencias cotidianas los medios pueden ser discriminadores, racistas, despiadados. La clave para entender una noticia está en el acuerdo que cada medio tiene con sus audiencias. La inseguridad no se cuenta desde la perspectiva los delincuentes, que no compran diarios ni cuando salen en primera plana, sino desde los que consumen información, mayormente clase media informada. Si alguno que se parece a los lectores se vuelve víctima de la violencia, convertirlo en protagonista de las noticias ratifica el pacto de lectura. Que el género policial haya derivado en el caso particular que se generaliza al grito de “le podría haber pasado a cualquiera”, confirma que la necesidad de provocar la identificación fácil de las audiencias. Los medios son muy inseguros. Temen más que nada perder los lectores que les dan razón y sustento, y ese terror los vuelve demagógicos. Está muy presente el fracaso de tantos medios que creyeron que podían sobrevivir sin públicos como para desconocer el humor cambiante de la audiencia. Los medios no hablan del bien común para la opinión pública en general. Apenas pueden contar males individuales con la ilusión de que algún lector entienda que esa noticia está hablando de sus problemas.

Peña: “El aislacionismo bobo del pasado, no sirvió” El jefe de Gabinete se refirió a la visita del Fondo Monetario Internacional que va auditar las cuentas del país. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que la visita de los enviados del Fondo Monetario Nacional al país luego de 10 años no implica que el organismo defina la política económica del Gobierno, y afirmó que “el aislacionismo bobo” del pasado, no sirvió. “La verdad que el aislacionismo bobo del cerrarnos y usar esto como una retórica, no nos ha servido. Distinto es que, a partir de ahí como ha pasado en otro momento de nuestra historia el Fondo Monetario defina nuestras políticas. Eso no va a pasar”, expresó. En declaraciones a Canal 13 desde Nueva York, donde acompaña al presidente Mauricio Macri ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro coordinar explicó que el organismo financiero viene “para saber qué es lo que está pasando, poder auditar las cuentas y transmitirlo al mundo”.

El derecho del delincuente a matar Por Claudia Peiró Si los asaltantes que el 13 de septiembre pasado ingresaron armados a la carnicería de Daniel Oyarzún en Zárate y dispararon dos veces en la huida hubieran dado en el blanco, el caso y el carnicero ya estarían olvidados. Ni hablar de Lino Villar Cataldo, el médico paraguayo que mató al ladrón que lo asaltó –armado- en la puerta de su consultorio en Loma Hermosa, San Martín. De haber sido al revés, nadie se acordaría ya de él. No sería siquiera un número en los índices porque ni estadísticas del delito tenemos. De hecho, el olvido es lo que le espera a Mabel Da Rocha, la mujer de 52 años asesinada ¡a puñaladas!- el sábado a la noche, en un asalto a su almacén, en Merlo. Con ella los delincuentes ejercieron su derecho a matar. Ella, con suerte, tendrá derecho a un día en la crónica policial. Y a otra cosa. Es curioso que, entre los muchos derechos que la administración anterior se jacta de haber ampliado, no esté incluido el del delincuente a matar. Un derecho claramente instituido en la última larga década, considerando la naturalidad con la cual fue recibida la dosis letal diaria de violencia delictiva de estos años. Un derecho que ha sido incluso teorizado por los representantes de cierto progresismo que ven en el delincuente no un victimario sino una víctima de la sociedad que no le ha dado oportunidades. Por lo tanto, al delinquir, éste está actuando como un justiciero. En el imaginario de esta tendencia, las víctimas del delito son "blancos", ricos, egoístas, explotadores, etcétera, que no merecen compasión. Algo que claramente desmienten la condición socioeconómica y la historia de las tres víctimas mencionadas al comienzo de este artículo. Pero la ideología es muy útil para enmascarar la realidad. El derecho del delincuente a matar ha sido también teorizado por ciertos jueces que en sus fallos llegan al extremo de declarar a la víctima, a la persona asesinada, corresponsable de su propio homicidio. En el caso del asesinato del joven Ezequiel Agrest, ocurrido el 8 de julio de 2011, en una entradera en Caballito, a los jueces no les tembló la mano para escribir que "la inesperada resistencia opuesta por Ezequiel Agrest fue la desencadenante de un cambio en el curso causal de los acontecimientos, que desvió el destino originario de los mismos y transformó lo que era un hecho de robo con armas en una tragedia inesperada y no deseada" (sic). El criminalista Elías Neuman, fallecido en 2011, llegó a tipificar las conductas de las víctimas. En una entrevista con el diario Perfil, el 29 de noviembre de 2009, explicó que existen víctimas "normales" y otras "coadyuvantes, colaboradoras". "¿Colaboradoras con el crimen?", preguntó el periodista. Respuesta: "La víctima que insulta a quien la ataca, que no entrega el automóvil, que no preserva su vida en esos momentos, bueno, coadyuva con el crimen". Que el ciudadano de a pie deba llegar al extremo de armarse y hasta matar en defensa propia es una verdadera tragedia. Pero no se puede debatir sobre los límites y excesos del derecho a la defensa como si éste fuese un país donde los poderes públicos cumplen con su función normalmente y algunos inadaptados eligen hacer su propia ley. Para conocer realmente un país, hay que leer las páginas policiales de los diarios: allí se refleja el verdadero estado moral y social de una sociedad. Los que sostienen que el delito se debe exclusivamente a un problema de (in)justicia social deberían reflexionar sobre el porqué de lo poco que la década que creen ganada ha incidido en la reversión de este flagelo. El problema no tiene una sola causa. Tampoco un solo responsable. Si alguien resalta las carencias sociales y la desigualdad, no podemos negar que tienen incidencia. Si se evoca la descontrolada proliferación de la droga, menos aun. Si se habla de la desidia, la corrupción y la ineficacia de las autoridades, tanto civiles como policiales, debemos coincidir. Tuvimos, tenemos, todos esos problemas. Y un Estado en fuga que, ahora,

pareciera querer dejar de estarlo. Al menos en el discurso. Recordemos entonces lo que -hace ya más de 70 años- nos dijo José Ortega y Gasset: "¡Argentinos, a las cosas, a las cosas!". Y seguía así: "Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos". Dejemos de lado el cinismo, la hipocresía, la demagogia. Dejemos de discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina, si la injusticia social o la anomia moral en que hoy vivimos. Si es herencia, y de quién. Debemos reordenar las prioridades, en función de los valores. El primer derecho es el derecho a la vida, no el derecho a matar. Sin embargo el segundo parece con frecuencia mucho más garantizado que el primero. Este problema es demasiado complejo como para no convocar todas las voluntades, reunir todos los recursos y aprovechar todas las inteligencias. Es a largo plazo, pero de una vez por todas se debe ir "a las cosas". De lo contrario, pasaremos del negacionismo al declaracionismo, pero el resultado no cambiará: habrá más muertes, cotidianas, gratuitas, evitables.

Las incertidumbres de la inseguridad No se trata solamente de una supuesta incapacidad del Estado para enfrentar al crimen, sino que el mismo Estado, sus instituciones y su aparato político están atravesados por el crimen Por Diego Rojas Una pareja ingresa a una peluquería en Banfield. La mujer se sienta para ser atendida. En cierto momento, saca un arma y dice: "Dame la guita". El hombre que la acompañaba se levanta y, con otro revólver, vigila el robo y grita amenazas desde la puerta. La dueña de la peluquería les da su recaudación. Sin dejar de apuntar, salen. Suben a una moto, se van. La peluquera alerta a un policía, que inicia la persecución. Primero, detienen al hombre, luego, a la mujer. A ella le incautan una pistola 9 milímetros. La delincuente era policía. Pompeya, ciudad de Buenos Aires. En la madrugada, cinco personas realizan un operativo delictivo para ingresar mediante un boquete a un depósito que resguardaba elementos médicos veterinarios. Actúan con coordinación, como todo equipo profesional. Una patrulla que pasaba detectó una actividad inusual en el depósito a través de un vidrio que da a la calle. Llamó a refuerzos y detuvieron a los boqueteros. Al identificarlos, se comprobó que todos ellos revestían funciones en la Gendarmería Nacional. El jefe de la banda era, además, el titular del área de Protección Ciudadana del Municipio de Lanús. Una whiskería en un barrio periférico de Rawson, Chubut, llamada Mil Demonios, que es fachada, en realidad, de un prostíbulo muy conocido. En la barra, un hombre toma un trago mientras vigila el funcionamiento del lugar. Se llama Fernando Peralta. La policía irrumpe debido a denuncias de facilitación de la prostitución infantil y halla a 23 menores de edad en ejercicio de la prostitución, incluyendo a una niña de 14 años y cuatro de 15. Detiene al hombre de la barra, sindicado por todos como el dueño del lugar. Peralta es —luego renunciará— secretario de Derechos Humanos de Mario das Neves, gobernador. No se trata solamente de una supuesta incapacidad del Estado para enfrentar al crimen, sino que el mismo Estado, sus instituciones y su aparato político están atravesados por el crimen. En particular, las fuerzas de seguridad que deberían combatirlo, es decir, la Policía y los cuerpos adyacentes. La mafia de la trata, el narcotráfico, la reducción de autos robados y el juego funcionan con la complicidad de las fuerzas del orden —es decir, el Estado mismo—, ya que el negocio capitalista en la ilegalidad rinde tributo a las instituciones mediante la coima y los retornos. La descomposición de los vínculos sociales del sistema actual, regido por un régimen de explotación de los sectores laboriosos en beneficio de los empresariales y que reproduce esta expoliación en todos los niveles de la sociedad, cobra características desaforadas cuando los mismos policías actúan como delincuentes: esa descomposición reina en el caos y la indolencia. Cómo no comprender entonces la tendencia a desconfiar —con razón— de la policía y las instituciones estatales, y el impulso a actuar por mano propia, en una actitud que excede a lo defensivo. "Ni reír ni llorar, comprender", decía Baruch de Spinoza y en esa comprensión

también debe incorporarse que la posibilidad de la barbarie también alcanza a las víctimas, que bien pronto podrían convertirse en victimarios, en delincuentes. Sólo la comprensión de la criminalidad esencial del sistema capitalista y sus actores nos podrá salvar de la barbarie al permitir reconocer responsabilidades y salidas. No será la policía, principal sujeto del delito, quien termine con la inseguridad, sino todo lo contrario: contribuye a su permanencia. No será el linchamiento de los criminales el que acabe con el delito, sino que convertirá a sus realizadores en delincuentes. Debe haber una salida política. Para ello, es necesario desmantelar el actual aparato policial, principal fuente del delito, y establecer el control ciudadano y popular sobre las cajas y el accionar de la policía. Se debe comprender que el capitalismo comienza con el crimen, con la apropiación indebida de la riqueza del trabajo ajeno, para propender a su disolución y su reemplazo por un orden nuevo. De otro modo, sólo nos quedará realizar esta pregunta y esbozar esta respuesta que escribe el actor, reconocido en los noventa y escritor Jorge Schubert en su microrrelato "Los buenos y los malos": "Le pregunté a mi hijo: 'Si nosotros los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos?'. 'Los asesinos', me contestó".

Estatales anunciaron un paro: "Somos el blanco preferido del Gobierno" Empleados de la administración, médicos y docentes, entre otros, se movilizarán en rechazo a las reformas y por la reapertura de las paritarias El gremio ATE confirmó un paro y movilización de los trabajadores estatales para el próximo 27 de septiembre, en conjunto con el personal médico y docentes universitarios para "reclamar la reapertura de la paritaria y el freno de la tercera reforma del Estado", luego de que el gobierno nacional anunciara una nueva etapa de despidos en la administración pública. El secretario general nacional de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy, planteó el rechazo a los "despidos, las jubilaciones obligatorias y traslados" que impulsa la Casa Rosada hacia el año que viene, cuando venza la prórroga de miles de contratos en el Estado el 31 de diciembre. "Vamos a parar junto a profesionales de la salud, docentes universitarios, y otras organizaciones del sector privado y la economía popular, que también se ven afectados porque vacían organismos del Estado que son de importancia para vastos sectores de la sociedad, entre ellos los jubilados", añadió hoy Godoy en diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red. La medida de fuerza, que es coordinada junto a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), fue impulsada a partir del nuevo plan de ajuste que prepara la Casa Rosada para fin de año, que incluye nuevos despidos, jubilaciones y un plan de retiros voluntarios para achicar el plantel de trabajadores del Estado. El documento "Programa de análisis y planificación de dotaciones", preparado por el Ministerio de Modernización y que llegó a los sindicatos estatales, blanquea entre sus objetivos "producir una adecuación entre los organismos públicos y los aspectos cualitativos y cuantitativos del personal", lo que insinúa que existe un excedente de empleados en la administración pública nacional. Como "mecanismos de adecuación", el informe establece como metodología avanzar en por lo menos 21 mil jubilaciones y retiros voluntarios. "Identificar las dotaciones de empleados jubilables (sic) y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario", se enumera explícitamente como uno de los "objetivos específicos" del programa. El texto también habla de "revisión de los sistemas de contratación" y de "movilización transversal" del personal; es decir, del traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones.

Confluencia sindical Consultado sobre buscar la coordinación de un paro general con la CGT, Godoy planteó que los trabajadores estatales "no pueden esperar" a una medida unitaria de todo el movimiento obrero. Esa tarea está siendo impulsada por el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, junto a su par de la otra CTA, Hugo Yasky. "Somos el blanco preferido del Gobierno, por eso es que estamos tomando esta medida. Creemos que hay que ir a una medida de fuerza general, pero hacemos lo que creemos que tenemos que hacer", concluyó.