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Colonización política de la sociedad civil y espacios públicos ficticios: las razones históricas del vacío participativo en México Alberto J. Olvera Rivera Introducción En México, a 12 años de transición democrática, sorprendía hasta hace unos meses a cualquier observador la casi total desaparición en el espacio público de los movimientos sociales populares y la ausencia relativa de la antes protagónica y festejada sociedad civil. ¿Cómo es posible que en un país donde el gobierno apenas funciona la sociedad no sea un factor de poder que impulse el cambio político, ante todo, la profundización de nuestra precaria democracia electoral?. La crisis de legitimación del presidente electo en julio de 2012 ha cambiado esta situación por primera vez en años. Sin embargo, el triunfo del PRI, el saqueo de las arcas del Estado y la explotación de los consumidores por monopolios u oligopolios privados alcanza proporciones tan alarmantes que es preciso preguntarse por las condiciones políticas y sociales que han permitido tales excesos. En los tiempos del autoritarismo priísta la propia centralización del poder en la presidencia de la república conducía a la apropiación patrimonial de los bienes públicos, a la más completa falta de transparencia en el ejercicio del gobierno y al monopolio del espacio público por el propio Estado. Lógicamente, quedaban en el ámbito privado tanto los acuerdos entre políticos y empresarios como los arreglos entre políticos y líderes corporativos, que eran los factores determinantes de la definición y, sobre todo, de la ejecución de las políticas públicas. Pero alcanzada la democracia electoral, y desmontado el presidencialismo casi absoluto, la continuidad de las prácticas del viejo régimen y el debilitamiento de la sociedad civil obligan a repensar el problema del espacio público y los límites de la democratización en nuestro país. Retomar el concepto de espacio público hace sentido hoy día porque nos permite pensar lo político y la política desde una perspectiva que pone el acento en la relación entre sociedad, Estado y medios de comunicación. Lo relevante del rescate contemporáneo de esta noción es la primacía de la publicidad, es decir, de hacer manifiesto lo que está oculto, de pronunciar en público las opiniones que habían permanecido privadas, de poner en conocimiento de los otros las ideas, valores y principios que se sostienen, así como los actores que portan esos temas e intereses. De aquí el potencial de la categoría, pues en países de tradiciones autoritarias, es justamente el carácter privado de los arreglos políticos y la naturaleza igualmente privada de los mecanismos de exclusión lo que invisibiliza la falta de democracia y reduce el concepto y la práctica de la política. Este concepto, que en la mejor tradición de las ciencias sociales combina elementos descriptivos y normativos, implica una crítica a las nociones dominantes de democracia y de política. En la teoría democrática y en los estudios sobre las transiciones democráticas, la democracia aparece como un subsistema cerrado que se refiere únicamente a las reglas de acceso al poder por parte de los actores políticos, modelo limitativo dentro del cual no caben las prácticas políticas que emanan de la sociedad. Está en cuestión lo que es la política y lo que es lo político. El campo de lo político abarca los conflictos de valores, normas e intereses que caracterizan la vida social. Lo político no se expresa solamente como la relación entre los ciudadanos atomizados y el Estado en el ámbito de la elección y autorización de sus representantes, sino en los múltiples espacios donde se debate, se define y se decide el bien público. Lo propiamente político radica precisamente en los espacios de conflicto en los que se muestran y negocian no solamente las distintas orientaciones y valores, sino donde se acuerda lo que es 1

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común a todos y lo que es lo propio (los elementos fundantes de las identidades colectivas) 1. Esos espacios de debate constituyen precisamente el espacio público, cuyos sujetos son actores de una sociedad civil diversa y plural. En tanto, la política se refiere al conjunto de acciones colectivas e individuales que se orientan a intervenir en la definición, implementación y control de las políticas públicas y de la acción del Estado en general, a través no sólo de los mecanismos electoralesy parlamentarios tradicionales, sino de una compleja y variada serie de prácticas y mecanismos que canalizan la intervención social en el campo de las relaciones de poder. Como puede observarse, el espacio público no se reduce a ni consiste principalmente en los medios de comunicación masiva. La televisión, la radio y la prensa constituyen el aspecto macrosocial de un espacio y de unos procesos que tienen lugar a varias escalas, que van desde lo microlocal (asambleas, reuniones, demostraciones, debates) hasta el espacio global virtual creado por el internet. 2Es por ello que el análisis de la intervención de la sociedad en el espacio público no puede limitarse a la constatación de la poca atención que los medios le dan a los diversos actores sociales en la actualidad, ni a la denuncia de su falta de poder frente a la clase política y al Estado. El problema es más complejo, y tiene que ver con las dificultades que la sociedad encuentra para crear nuevos e innovadores sujetos de cambio, con la escasez y debilidad de espacios públicos para debatir e impulsar nuevos principios y orientaciones culturales y con la desconexión comunicativa entre los escasos actores sociales consolidados y el Estado. Esta última dificultad es a su vez una “síntesis de múltiples determinaciones”, pues en ella confluyen los problemas de representación de los partidos políticos, la incapacidad de las instancias parlamentarias para recibir y procesar las demandas sociales y la propia debilidad histórica de la sociedad civil. El concepto de espacio público ha sido objeto de un largo debate en América Latina. Para empezar, hubo que oponerse a la noción de que lo “público” se refería al Estado, en que tanto éste constituía lo opuesto del sector privado. Al menos en México y en Brasil ésta fue la idea dominante durante los años de oro del proyecto desarrollista.3 El rescate de lo público como un espacio de la sociedad es relativamente reciente, y se llevó a cabo primeramente en Brasil. La discusión sobre el espacio público en Brasil se encuadró en la perspectiva del proyecto participativo, que ganó un lugar en la Constitución de 1988 y que fue defendido en el proceso de transición por numerosos movimientos sociales. 4 De acuerdo con esta óptica, los espacios públicos son instancias deliberativas que permiten el reconocimiento de y le dan voz a nuevos actores y temas, que no son monopolizadas por algún actor social o político o por el Estado mismo, sino que son heterogéneas, es decir, que reflejan la pluralidad social y política; que, por lo tanto, visibilizan el conflicto, ofreciendo una opción para manejarlo de manera que se reconozcan los intereses y las opiniones en su diversidad, y en las que hay una tendencia a la igualdad de recursos de los participantes en términos de información, conocimiento y poder.5 Así, la categoría de espacio público permite entender, entre otros procesos, que en la construcción de la democracia el ejercicio de la deliberación, bajo condiciones adecuadas, amplía la esfera de la política, 1Al respecto ver el excelente texto de Adrián Ramírez Velázquez, La Reconfiguración de lo Público y su Impacto en lo Político, Puebla, UIA-Puebla-CUHM, 2008. 2Alberto J. Olvera, “Apuntes sobre la esfera pública como concepto sociológico” en Metapolítica 9, enero-marzo de 1999, México, pp. 69-79. 3Nuria Cunill, Repensando lo Público a partir de la Sociedad, Caracas,, CLAD, 1997. 4Evelina Dagnino (ed.), Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina: Brasil, México, FCEUNICAMP, 2002. 5Leonardo Avritzer, Democracy and the Public Sphere in Latin America, Princeton, Princeton University Press, 2002. 2

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abre oportunidades de innovación y permite un tipo de relación entre la sociedad civil, la sociedad política y el Estado que, basada en proyectos compartidos, crea la posibilidad de existencia de un campo de cooperación igualitaria antes inexistente.6 Sin embargo, en México el estudio del espacio público parecería consistir más bien en una doble historia: una de ausencias, tanto de actores sociales autónomos como de experimentos de innovación democrática, y otra de continuidades de procesos de control político desde el Estado sobre la sociedad y de monopolización del espacio público por una clase política antidemocrática. Para explicar de manera sucinta las causas y consecuencias de este modelo hegemónico de espacio público en México, en este capítulo proponemos, en primer término, un breve análisis histórico del par estrechamente relacionado de la sociedad civil y la esfera pública en nuestro país; en segundo lugar, un estudio de los actores de la sociedad civil y de los espacios públicos en el período de transición;en tercer término, un mapeo de los movimientos sociales populares de los años recientes, y finalmente un diagnóstico de los problemas post-transición que estos actores/espacios/procesos plantean y que explican la invisibilidad de lo social en el presente y, aún más, la parálisis democrática del país. Los factores históricos. En el viejo régimen la definición del interés público era un monopolio del Estado, que era una especie de“ogro filantrópico” (Octavio Pazdixit) que definía por sí y para sí qué era lo que al pueblo mexicano le convenía. El Estado mexicano tenía una misión histórica auto-asignada, definida en la constitución de 1917, que era entendida en los tiempos históricos de este régimen como una especie de “revolución permanente”, como un prolongado proceso de implantación en la sociedad de un proyecto político modernizador dirigido desde el Estado. Hasta 1982 se hablaba en México siempre de la revolución, de la misión histórica del régimen revolucionario, una retórica que sobrevivió todavía al principio de la implantación neoliberal, a lo largo de los años 80 del siglo pasado, y que vino a ser sustituida por un nuevo imaginario apenas en los años 90 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Pero a lo largo de todo el siglo XX mexicano hubo un monopolio de la definición de qué era el bienestar público por el Estado. Este monopolio simbólico se articulaba con patrones históricos de inclusión política y social, de representación política y de ciudadanía, que eran los factores reales que definían la relación entre el Estado y la sociedad. El patrón histórico de inclusión se refiere a cómo las personas, en lo individual o en lo colectivo, se sienten reconocidas por el Estado y de alguna forma participan políticamente en él. Esta inclusión tuvo en México dos mecanismos principales históricos. El primero fue el corporativo:la sociedad del trabajo estaba toda ella incorporada dentro de este patrón organizacional (Confederación de Trabajadores de México, Confederación Nacional Campesina, Confederación Nacional de Organizaciones Populares).La CNC campesina, la CTM de los trabajadores industriales y del Estado y la CNOP de las clases medias bajas urbanas representaban tanto los intereses de clase o sector de sus miembros, como sus intereses políticos a través del partido oficial, el PRI, del que constituían sus tres sectores. El único sector excluido de la representación política formal era el de los empresarios, quienes a cambio tenían un trato privilegiado a través del particularismo directo en su relación con el Estado. El otro mecanismo de integración(porque el patrón corporativo nunca fue totalizador) era un particularismo localista 6Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi, “Para otra lectura de la disputa por las construcción democrática en América Latina” en Evelina Dagnino, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi (coord.), La Disputa por la Construcción Democrática en América Latina, México, FCE-CIESAS-Universidad Veracruzana, 2006. 3

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clientelar, que se expresaba en la atención descentralizada a actores sociales locales a través de la intermediación de caciques regionales. El clientelismo político se ejercía de manera privada y específica, pues ser clientes es recibir un favor a cambio de un servicio 7. Además, el enorme peso del Estado como fuente de trabajo para los profesionales egresados de universidades públicas le permitió controlar políticamente las asociaciones profesionales y los sindicatos de trabajadores del propio gobierno. Es por ello que México es uno de los pocos países de América Latina que nunca tuvo asociaciones de médicos y de abogados que promovieran una política de defensa de derechos ciudadanos. La representación política era en consecuencia un mecanismo de delegación corporativa o clientelar. No era electoral, porque las elecciones,aunque las había,no eran competitivas, sino que cumplían funciones de legitimación simbólica y legalización ficticia de un orden autoritario. Había una sorprendente ausencia de derechos de ciudadanía para todos los mexicanos. No había derechos políticos,pues el voto no servía para elegir a los gobernantes, que eran designados desde arriba.No había tampoco una ciudadanía civil consolidada, porque al igual que ahora, no había un acceso a la justicia eficaz ni un proceso judicial debido8. Tampoco había derechos sociales, excepto para quienes estaban incluidos en el pacto corporativo, y eso de manera mediada políticamente.En suma, el viejo régimen negó o mediatizó la condición de ciudadanía a la inmensa mayoría de los mexicanos. El sistema político era sumamente eficaz en cuanto al control político se refiere (y extraordinariamente estable gracias a sus claras reglas de sucesión), porque logró segmentar a la sociedad, de tal forma que los sectores (minoritarios) más organizados y poderosos políticamente recibían ciertos beneficios y eran reconocidos por el Estado e incluidos en el sistema, y aquellos que no tenían poder eran marginados y/o controlados. En otras palabras, el régimen de la Revolución Mexicana (1929-2000) tenía como cimiento una especie de fusión entre la sociedad y el Estado por la vía del sistema corporativo de representación social y política.9 Esta “fusión” denegaba la autonomía política de los actores sociales y cerraba los espacios de la política misma, al conducir ésta exclusivamente al interior del Estado. No había espacios públicos como terrenos naturales de acción civil. Los actores sociales emergentes aspiraban a tornarse públicos a través de la movilización y de la apelación a los medios de comunicación, casi completamente controlados por el Estado. Sistema corporativo, partido único y control de los medios fueron las bases fundamentales del régimen autoritario. La política como oposición a y/o confrontación con este régimen fue practicada siempre por diversos movimientos y sujetos sociales en determinadas circunstancias y espacios históricos, siempre cortos en duración y poco significativos en términos políticos. La situación cambió después de 1968 porque los espacios de resistencia y confrontación se ampliaron notablemente en el contexto de una relativa liberalización del régimen. La sociedad civil entendida como un conjunto de actores y movimientos sociales y civiles independientes del Estado que luchan por derechos o por reivindicaciones específicas se materializó a lo largo de los años setenta y primera mitad de los ochenta del siglo pasado. 7Para una discusión a fondo de la naturaleza del clientilismo en América Latina, ver: Javier Auyero, La Política de los Pobres: las prácticas clientelistas del peronismo, Buenos Aires, Manantial, 2001. 8El ámbito de la justicia ha funcionado siempre en medio de la corrupción sistémica, por lo que básicamente y casi en exclusividad el mercado y el Estado han definido quien tiene acceso a la justicia y quién no. 9Alberto J. Olvera,(coord.), Sociedad civil, gobernabilidad y democratización en América Latina, México, FCE, 2003. 4

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Se trataba de una sociedad civil constituida por nuevas organizaciones de campesinos, del sindicalismo independiente, de agrupaciones empresariales medianas y pequeñas, en suma, por expresiones de clase que rompían con el patrón corporativo, así como por un movimiento estudiantil de proporciones nacionales que representaba la emergencia de una nueva cultura política que contenía tanto elementos de identidad radicales de izquierda (una autocomprensión revolucionaria) como democráticos (reivindicación de derechos). Del movimiento estudiantil habrían de desprenderse diversos grupos culturales que progresivamente desarrollarían agendas específicas como el feminismo, el ecologismo y la lucha por los derechos humanos. En la emergencia de estos movimientos influyeron decisivamente las corrientes progresistas de la iglesia católica, las cuales proporcionaron la base organizacional y financiera para el despliegue de estos movimientos socioculturales y para su vinculación con redes internacionales de organizaciones afines. En un país autoritario, en el que la izquierda y la derecha partidarias apenas tenían una modesta representación política y donde los movimientos sociales más importantes estaban en abierta confrontación con el Estado, sólo podían impulsarse desde el gobierno espacios públicos controlados, los cuales configuraban un sistema de participación ciudadana institucionalizada meramente simbólica. En efecto, los comités y consejos que el Presidente De la Madrid (1982-1988) ordenó que se constituyeran en los diversos órdenes de gobierno reflejaron fielmente la estructura corporativa que caracterizaba al viejo régimen, con la inclusión controlada de los empresarios y algunos colegios profesionales. De esta época proviene la tradición de la simulación de la participación en consejos. La crisis económica que vivía el país en esos tiempos, abierta por la macrodevaluación de 1982, era el peor momento posible para impulsar algún tipo de participación real en la vida pública. Un gran giro en el enfoque gubernamental de la participación ciudadana y por tanto en la creación potencial de nuevos espacios públicos se va a producir en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-2004). Salinas enfrenta los graves problemas de legitimación con que había nacido su gobierno, producto de un gran fraude en las elecciones presidenciales de julio de 1988, con una doble estrategia: de un lado, una política de negociación con el partido de la derecha, el Partido Acción Nacional, mediante el cual se pacta la puesta en práctica de una política económica neoliberal radical; de otro, un pacto con algunos grupos y movimientos populares, controlados básicamente por la izquierda maoísta (entre ellos buena parte del movimiento campesino independiente y de la dirigencia del movimiento urbano- popular, así como un sector de los intelectuales de izquierda). Este sector va a concebir e implementar un programa de política social innovador que recibiría el nombre de SOLIDARIDAD, al mismo tiempo que diseñaba proyectos específicos para sus propias organizaciones. La extraña combinación de proyecto económico neoliberal y alianza con la izquierda maoísta en el terreno de la política social fracasó como proyecto político debido a varias razones. La primera fue la fragilidad organizativa, breve duración y falta de representatividad política de los Comités de Solidaridad, que no podían suplir a la eficiente maquinaria política del PRI tradicional. La segunda fue que la mayoría de las fuerzas de izquierda se agrupó en el recién creado (1989) Partido de la Revolución Democrática, cuyo líder era Cuauhtémoc Cárdenas, el derrotado candidato presidencial de un frente nacionalista en las elecciones de 1988. El PRD, bajo asedio, se vio obligado a desarrollar una política contestataria a través de luchas post-electorales en todo el país. Grandes movilizaciones sociales, como las del estado de Tabasco, quedaron atrapadas en el ciclo de confrontación entre el gobierno y el PRD. Las luchas sociales tendieron a subordinarse a las luchas electorales.

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El espacio de la emergente sociedad civil quedó entonces más acotado y especializado. En efecto, mientras los partidos actuaban en un clima de abierta confrontación que se manifestó en decenas de conflictos postelectorales, varios de ellos violentos, los actores civiles cuyas dirigencias no se trasladaron a los partidos se preocuparon por crear una presión social a favor de la democracia desde afuera del sistema político. Estos actores tenían un perfil muy definido. Se trataba de las emergentes organizaciones no gubernamentales, de algunos grupos conservadores cuya matriz era un catolicismo tradicional y de grupos culturales urbanos, anclados en las universidades y en el sistema educativo en general, todos los cuales coincidían en la aspiración democrática. La terrible derrota que habían sufrido los sindicatos independientes y las organizaciones campesinas radicales a mediados de los ochenta, así como la rutinización del movimiento urbano popular, condujo a la pérdida de poder e influencia de los sectores popular-clasistas de la sociedad civil. 10Las asociaciones empresariales se convirtieron en un campo de batalla entre simpatizantespríístas y panistas y las asociaciones profesionales mantuvieron su acostumbrado perfil discreto y privado. Así, la sociedad civil de los años noventas adquiere un perfil marcadamente dominado por las ONG’s, su sector más visible y organizado. Esto no quiere decir que no hubiese otros actores activos de la sociedad civil, sino que estaban debilitados u optaron por mantenerse en el ámbito privado. En esta fase el espacio público mediático empieza a ser dominado por los procesos electorales y en general los conflictos internos de la clase política. Sin embargo, la liberalización relativa de los medios abre la puerta a un emergente debate de temas ecológicos, de derechos humanos, de derechos de la mujer y, por supuesto, de críticas desde la sociedad civil a las limitaciones y obstáculos a la democracia electoral. Sin embargo, los conflictos sociales pierden la atención de los medios en medio de la tensión generada por una transición en marcha. Las ONGs logran abrir un tanto la agenda de la discusión a losnuevos temas, pero los espacios públicos locales se concentran también, prioritariamente, en la agenda de la transición electoral. La lucha por los derechos de ciudadanía y la debilidad de la sociedad civil Si bien la transición a la democracia puede entenderse como un proceso que en México fue secuestrado por los partidos políticos, en realidad en su gestación los sectores urbanos de clase media, nucleados en torno a ONG’s diversas y a algunos grupos conservadores, impulsaron, a través de un movimiento social nacional, la Alianza Cívica, una gran lucha por la democracia electoral. La lucha fue exitosa, por cierto, en tanto que las elecciones del 2000 resultaron ser las más limpias de la historia y en tanto el movimiento prodemocrático logró controlar efectivamente el proceso electoral desde el interior mismo del Instituto Federal Electoral.11Por tanto, las elecciones del 2000 significaron, de alguna manera, el momento culminante del movimiento prodemocrático y con ello la necesidad de pasar a una agenda distinta, apropiada a la nueva etapa histórica que se acababa de abrir. Esto significaba la apertura de espacios de cooperación entre actores sociales y gobierno y el desarrollo de una capacidad de vigilancia y control social sobre el ejercicio del gobierno. Desde 1997 los actores civiles de la ciudad de México, que constituían la vasta mayoría del mundo de las ONG’s, habían experimentado las nuevas oportunidades que abría la llegada de los partidos de oposición al ejecutivo local. El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas (1997-2000) estableció un acuerdo 10Alberto J. Olvera, “Las tendencias generales de desarrollo de la sociedad civil en México” en Alberto J. Olvera, Sociedad civil…, op.cit. 11Alberto J. Olvera, “Movimientos sociales prodemocráticos, democratización y esfera pública en México: el caso Alianza Cívica” en Olvera, Sociedad civil…,op. cit. 6

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con las ONG’s progresistas que se llamó Plataforma de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México, la cual diseñó proyectos concretos en materia de política social y e impulsó algunas leyes que habrían de favorecer el crecimiento del sector. 12 Se experimentó con planes delegacionales participativos,13 se emitió una nueva Ley de Participación Ciudadana (que resultó completamente fallida)14 y una nueva Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles en el 2000 (Álvarez, 2006.)15, que por fin abría un espacio de reconocimiento legal a estas organizaciones y creaba una vía de financiamiento público a sus actividades, demanda largamente sostenida por este sector desde principios de la década de los noventa. Asimismo, se aprobó una Ley de Desarrollo Social que incluía la consulta a las organizaciones civiles y consideraba la posibilidad de financiar algunos proyectos conjuntos con ellas (2000), y se creó el Instituto de la Mujer del Distrito Federal en 1999.Estas experiencias e innovaciones legales no se tradujeron todavía en una institucionalización sustantiva de espacios públicos de cooperación entre sociedad y Estado, pero se abrió una ventana de oportunidad para la cooperación intersectorial. Este modelo trató de ser puesto en práctica a nivel federal con el nuevo gobierno democráticamente electo (2000-2006), en cuyo discurso hubo continuas evocaciones a la sociedad civil y a sus supuestas virtudes intrínsecas. Sin embargo, los espacios públicos a través de los cuales esta cooperación quiso canalizarse resultaron fundamentalmente fallidos. La creación del llamado Consejo de la Sociedad Civil en 2001, que constituyó una gran alianza de ONG’s progresistas y de asociaciones conservadoras de tipo asistencialista, no condujo a resultados tangibles a excepción de la promoción y ulterior aprobación de la Ley Federal de Apoyo a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil a fines del 2003, similar a la que ya tenía la ciudad de México. La ley previó la creación de un registro nacional de organizaciones civiles que hipotéticamente debería de abrir la puerta a la obtención de financiamiento público para actividades de interés social. La ley resultó restrictiva al dejar fuera del campo de las actividades consideradas de interés público la lucha por los derechos humanos y al desarrollo sustentable. Asimismo, la instancia creada para la vigilancia y evaluación de la aplicación de la Ley, llamada Consejo Técnico Consultivo, carecía de facultades legales y de presupuesto propio como para ejercer una verdadera actividad de vigilancia en este campo.16 La institución creada por el gobierno federal para promover acuerdos más amplios con la sociedad civil, la llamada Coordinación para la Alianza Ciudadana, resultó un fiasco al carecer de funciones y capacidades sustantivas y al no conseguir la confianza de los propios actores sociales. Dentro de la Coordinación no se construyó ninguna capacidad analítica ni operativa para planear y ejecutar formas de vinculación novedosas entre el gobierno y la sociedad civil. Esta oficina careció de fuerza legal, institucional y política dentro del propio gobierno, y después de dos años de penosa existencia, cerró sus puertas sin pena ni gloria. Sin embargo, hubo dos espacios institucionales y legales largamente reclamados por el movimiento 12Lucía Álvarez, Carlos San Juan y Cristina Sánchez-Mejorada (coords.), Democracia y exclusión. Caminos encontrados en la Ciudad de México, México, Plaza y Valdés, UAM-INAH-UNAM-UACM, 2006. 13Alicia Ziccardi (coord.), Planeación participativa en el espacio local: cinco programas parciales de desarrollo urbano en el Distrito Federal, México, UNAM IIS, 2001. 14Sergio Zermeño, “La participación ciudadana en el Distrito Federal (la normatividad y sus resultados)” en Lucía Álvarez, Carlos San Juan y Cristina Sánchez- Mejorada, op.cit. 15Álvarez 2006 16Carlos Zarco y Rafael Reygadas, “Pasado y futuro de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil”, Serie: Documentos de Reflexión, Consejo Consultivo de la LFFADOSC, 2008. 7

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civil que fueron creados en los primeros años del gobierno de Fox. De un lado, el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue seguido por la creación de Institutos de la Mujer en la mayoría de los estados de la República, con lo cual se le ha dado visibilidad y reconocimiento simbólico a las históricas luchas por los derechos de la mujer que han llevado a cabo numerosas organizaciones feministas desde hace dos décadas. Por supuesto, en esos Institutos ha prevalecido el interés de la clase política por controlar los espacios recién creados y por evitar su verdadera autonomía política, de tal forma que a la fecha el balance es negativo, ya que estos institutos han favorecido proyectos asistenciales y no proyectos de creación de ciudadanía fundados en la defensa de los derechos de las mujeres. La colonización por parte de la derecha de la mayoría de estas instancias les ha dado un perfil conservador.17 La emulación federal de las leyes e instituciones desarrolladas en el gobierno de la Ciudad de México no implicaba la existencia de proyectos políticos similares. En la Cd. de México hubo un esfuerzo de cooperación con organizaciones civiles no asistencialistas, tratando de impulsar la ciudadanía desde abajo. Si bien el proyecto se quedó en sus inicios, hubo un esfuerzo en esa dirección. En el gobierno de Fox, si bien ciertos dirigentes del campo progresista ocuparon algunos puestos importantes, su capacidad de intervención fue sumamente limitada y los representantes del conservadurismo moral y político acapararon las posiciones decisivas. En realidad la derecha no ha articulado en México un discurso político coherente hacia la sociedad civil, ni siquiera ha utilizado el concepto del tercer sector ni ha implementado políticas públicas orientadas a la promoción del voluntariado privado, que ha sido la agenda específica de la derecha para la sociedad civil en América del Sur.18 El PAN es tan pobre ideológicamente que no cuenta con un proyecto para el campo civil. Por su parte, la izquierda partidaria mexicana sufre la herencia hegemónica del asistencialismo estatistapopulista(que es afín al asistencialismo neoliberal en términos de ejecución de ciertas políticas públicas). El gobierno de López Obrador en la Cd. de México (2000-2006) terminó retrayendo a la izquierda a la reproducción de las tradiciones clientelistas y asistencialistas del viejo PRI 19. Así, el proyecto asistencialista se ha tornado hegemónico en la clase política, sea en su vertiente conservadora, sea en la vertiente populista. Hubo, sin embargo, un terreno en el que se registraron avances relevantes.La aprobación unánime en 2003 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y la consiguiente creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), significó un triunfo simbólico importante del sector prodemocrático de la sociedad civil que desde 1995 había empujado la lucha por el derecho de la información a través de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Alianza Cívica.20La aprobación de esta ley y la creación del instituto fueron empujadas a partir del año 2000 por un nuevo tipo de movimiento social en el que se articularon algunos medios de comunicación (periódicos nacionales), investigadores y algunos políticos de los tres partidos principales, logrando gran visibilidad pública y el consenso de los partidos. El llamado Grupo Oaxaca fue la cabeza visible de este movimiento que tuvo seguidores activos en varios estados del país y que contó con la simpatía 17Florida Riquer, Del movimiento feminista a la institución: ¿una historia que aún no puede contarse?, Jalapa, Cuadernos de la Sociedad Civil 10, CIESAS-Universidad Veracruzana, 2005. 18Carla Almeida, “El marco discursivo de la “participación solidaria” y la nueva agenda de formulación e implementación de las acciones sociales en Brasil” en Dagnino, Olvera y Panfichi, op. cit. 19Algunas políticas públicas se definieron, pero no necesariamente se ejecutaron, en términos de derechos. Un ejemplo es la pensión universal a personas de la tercera edad, así como el acceso a la salud. Sin embargo, el avance conceptual es notable, lo cual le da un potencial democratizador a este tipo de políticas públicas. 20Olvera, “Movimientos sociales…”, op. cit. 8

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de una gran parte de los medios de comunicación.21 La aceptación de la ley por parte de los principales partidos políticos tuvo que ver, desde el PRI y desde el PRD, con el hecho de que estos partidos no estaban en el gobierno federal y veían en la ley un instrumento potencial de control sobre el gobierno panista. En cambio, el presidente Fox y el PAN veían en la ley un ejemplo de su compromiso democrático, ya expresado en la campaña presidencial, el cual además serviría para tratar de controlar a una burocracia gubernamental que era largamente priísta. Esta coincidencia estratégica explica que esta ley haya sido el único aspecto de la tan traída y llevada “Reforma del Estado” que fue aceptada a nivel constitucional e impulsada por los tres partidos. Otros estados de la república ya habían iniciado el camino de esta innovación institucional, si bien a través de leyes precarias, y después de la aprobación de la ley federal, se ha dado un proceso de reforma continua de las leyes estatales que ha dado lugar a una abigarrada y muy diferenciada experiencia local.22 La Ley de Desarrollo Social del 2003, aprobada por los tres partidos, no significó un avance tan sustancial como el anterior. En primer lugar, esta ley no elevó los derechos sociales a la categoría de derechos ciudadanos, sino que tan sólo estableció las reglas y las condiciones bajo las cuales se le daría estabilidad jurídica e institucional a una política focalizada de lucha contra la pobreza que ya había sido diseñada e implementada desde el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000). Si bien la ley contemplaba la creación de un consejo consultivo y marcaba la obligatoriedad de la transparencia informativa sobre los beneficiarios de esta política, en realidad no se alcanzó un grado de publicidad de la política social que constituyera un verdadero cambio de orientación de la misma. En efecto, la ley no abrió espacios de deliberación para los propios beneficiarios, que continúan teniendo una relación individualizada con el gobierno, ni le otorgó a su consejo consultivo la capacidad de modificar las modalidades de implementación de la política contra la pobreza. Si bien hubo avances en términos de acordar criterios de definición y medición de la pobreza y de creación de mecanismos transparentes de ejecución de esta política, la Ley de Desarrollo Social plantea una continuidad respecto a una política del régimen anterior que no amplía el horizonte de los derechos de ciudadanía y que no crea instancias efectivas de contraloría social.23 Se entiende entonces que los actores de la sociedad civil urbana se hayan visto obligados a ampliar sus esferas de acción y a tratar de hacer funcionar las instituciones recién creadas, pasando de una política de confrontación y presión desde afuera del sistema político a una política ciudadana entendida como colaboración crítica con el gobierno, sobre todo con sus instancias orientadas a garantizar derechos de ciudadanía. En efecto, una de las áreas de expansión de las actividades civiles en los años recientes ha sido la llamada contraloría social, esto es, espacios públicos específicos que tratan de llevar a la práctica un control relativo por parte de los ciudadanos sobre ciertas políticas públicas. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en prácticas de contraloría social sobre el poder ejecutivo en sus diferentes niveles debido a la irrelevancia política y a la debilidad jurídica e institucional de los numerosos consejos consultivos que atraviesan toda la administración pública.24 Son aún débiles y precarios los escasos esfuerzos de 21John M. Ackerman, El Instituto Federal Electoral de Acceso a la Información Pública: Diseño, Desempeño y Sociedad Civil, Jalapa, Cuadernos para la Democratización, CIESAS-Universidad Veracruzana, 2007. 22Rubén Alonso, Leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental locales: la emergencia del derecho a la información, Jalapa, Cuadernos para la Democratización 9, CIESAS- Universidad Veracruzana, 2007. 23Felipe Hevia, “Contraloría Social en el Programa Oportunidades: análisis desde una perspectiva de interfaz socioestatal” en S.A., Contraloría y Participación Social en la Gestión Pública, Caracas, CLAD, Gobierno de España, 2007. 9

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vigilancia del poder legislativo que impulsó primeramente la Red Ciudadana de Chihuahua25y que lamentablemente sólo han continuado organizaciones profesionales como Fundar en la ciudad de México e instituciones académicas como el CIDE, las cuales han empezado a evaluar también el desempeño de algunas instancias del poder judicial. Uno de los logros de los movimientos por los derechos civiles fue la institucionalización de las comisiones de derechos humanos. La presión civil e internacional contra Carlos Salinas lo obligó a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1993, decisión que fue seguida por la creación de Comisiones de Derechos Humanos en todas las entidades federativas. Sin embargo, estas instituciones, a pesar de su autonomía política legal, no han logrado jugar un papel relevante en la efectiva defensa y ampliación de los derechos civiles de los mexicanos. La colonización política de estas comisiones, clara en la mayoría de los estados de la república y patente en la Comisión Nacional, ha traído como consecuencia su relativa deslegitimación, y su conversión en aparatos burocráticos opacos e ineficientes, lo cual ha obligado a las organizaciones civiles de derechos humanos a continuar sus actividades de denuncia y a recurrir a los mismos instrumentos de lucha que venían utilizando desde fines de los años ochentas: la denuncia pública, las campañas nacionales y la interposición de recursos jurídicos cuando esto es posible.26 La colonización política de organismos formalmente autónomos de defensa de derechos parece estarse reproduciendo en los Institutos de Acceso a la Información, tanto el federal como los estatales, los que, conforme se institucionalizan, parecen perder contacto con la sociedad y actuar, paradójicamente, con escasa transparencia. Algunos casos notables sobresalen por romper con esta tendencia, por ejemplo, Jalisco, donde el Instituto de Transparencia ha sorprendido por su autonomía política. 27Pero la regla es el retroceso, como lo demuestra el caso del estado de Querétaro, donde la nueva constitución estatal recientemente aprobada en 2008, ha fusionado a la Comisión de Derechos Humanos y al Instituto de Transparencia en un solo organismo carente de fuerza política y jurídica. Los institutos electorales estatales, el Instituto Federal Electoral y los tribunales electorales estatales y federal padecen también los estragos de larutinización y de la manipulación política por parte de los partidos. La experiencia ha demostrado fehacientemente que esos institutos no son capaces de aplicar cabalmente la ley, ya que carecen de los recursos institucionales y jurídicos necesarios, además de que, en forma perversa, los partidos han logrado controlarlos a través del nombramiento de sus consejeros.28 La crisis electoral abierta por el rechazo de López Obrador a los resultados de las elecciones presidenciales del 200629 y la constatación de la pérdida de autonomía de los organismos electorales han actualizado la necesidad de un nuevo ciclo de lucha por los derechos políticos. Así, tal parece que cada ganancia simbólica, jurídica e institucional de la agenda democrática de la sociedad civil tiene que 24Felipe Hevia, “Participación ciudadana institucionalizada: análisis de los marcos legales de la participación en América Latina” en Dagnino, Olvera, Panfichi, op.cit; Ernesto Isunza y Felipe Hevia, Relaciones Sociedad Civil- Estado en México. Un ensayo de interpretación. Jalapa, Cuadernos para la Democratización 4, CIESAS-Universidad Veracruzana, 2006. 25Alberto J. Olvera, “Notas sobre la Participación Ciudadana desde la Óptica de las Organizaciones de la Sociedad Civil” en Felipe Hevia (ed.), Agenda Ciudadana de Políticas Públicas para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, México, INCIDE Social- Mc Editores, 2007. 26John M. Ackerman, Organismos Autónomos y Democracia: El caso de México, México, Siglo XXI- UNAM, IIJ, 2007. 27Alonso, op. cit. 28Ackerman, Organismos Autónomos…, op. cit. 29Alberto J. Olvera, “Resistencia política y sociedad civil: el PRD, López Obrador y los límites programáticos y políticos de la izquierda mexicana” en Gustavo Vega (coord.), México ante los retos del futuro, México, COLMEX, 2007. 10

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ser defendida una y otra vez de los embates de un sistema político que se niega a hacerse más público y a respetar la ley. La protesta social, la derrota de los movimientos populares y el cierre del espacio público. La prolongada transición se ha visto salpicada de múltiples movilizaciones sociales de toda índole, por parte de actores sociales muy diversos, en todo el país. La protesta social se ha expresado en dos formas principales en los años recientes. Por un lado, como una política radical anti-sistémica, proveniente de movimientos sociales populares, localizados principalmente en las zonas atrasadas del país, y por otro, como un conjunto de movimientos civiles urbanos, localizados más bien en el ámbito de la lucha por derechos, que acaban de ser analizados en la sección previa. En lo que se refiere a los movimientos populares destacan tres: el principal, el desarrollado por indígenas de Chiapas a través delEjército Zapatista de Liberación Nacional, el cual tuvo una importancia extraordinaria de orden simbólico en los años 90´s, en un período que abarca desde su aparición hasta el cierre de la negociación con el gobierno (1994-1999). El zapatismo introdujo una innovación extraordinaria en términos de espacio público al usar con enorme sabiduría el espacio mediático, logrando lo que ningún movimiento socialhabía alcanzado hasta entonces: la constitución de una enorme red nacional de solidaridad y una impresionante proyección internacional, que convirtió al EZLN en el actor social mexicano más conocido e influyente en la esfera pública global durante varios años. La defensa de los derechos del sector más olvidado y marginado de la vida pública, los indígenas; la cuidadosa dramatización de sus acciones; el mensaje construido bajo parámetros morales y literarios innovadores, y su crítica de la política democrática vigente, sin romper por completo con ella, le otorgó al EZLN una legitimidad y una visibilidad sin precedentes en la historia contemporánea de la sociedad civil popular mexicana. El proyecto político zapatista, consistente en la promoción de la autonomía indígena, la construcción desde debajo de una especie de poder popular y la crítica antipolítica de la política institucionalelectoraldeterminó los alcances y límites de su influencia política. El proyecto indigenista-radical era claramente inviable como proyecto nacional. Además, en razón de que el EZLN no abandonó del todo su ambigüedad revolucionaria, y durante un tiempo pendió sobre sus líderes la amenaza de la detención, eligió una forma muy peculiar de lucha: la ausencia, es decir, la aparición sólo intermitente del movimiento en la esfera pública. Esta decisión tuvo sus ventajas, pues mantuvo el movimiento vigente durante largo tiempo; sin embargo, tuvo una gran desventaja: la imposibilidad de crear un verdadero movimiento indígena a nivel nacional que permitiera al EZLN trascender su escala regional. Los zapatistas tuvieron su última oportunidad en el año 2001, cuando el presidente Fox decidió permitirles realizar una gira nacional y hablar ante el Congreso para exigirle una nueva ley de derechos indígenas, dándole de esa manera una salida institucional al movimiento. Sin embargo, el EZLN, después de realizar la gira con un éxito político extraordinario y de haber hablado ante el congreso, se retiró antes de que la ley fuese aprobada, lo que dio lugar a que el PRD y los otros partidos se quedaran sin elementos para juzgar cuál era el era el mínimo jurídico que el EZLN podía aceptar. La aprobación de una ley minimalista, muy por debajo de lo negociado con el gobierno en los famosos “Diálogos de San Andrés”,30condujo a un rompimiento radical entre el EZLN y los partidos políticos, especialmente con el PRD, pues el EZ se consideró traicionado por ese partido y en general por la clase política en su 30Luis Hernández y Ramón Vera(comp.), Acuerdos de San Andrés, México, Era, 1998. 11

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conjunto. Este desenlace reforzó al interior del EZ el rechazo de la política institucional, que se consideraba contaminada por intereses materiales y morales inaceptables, y ante la cual la única alternativa era la construcción de una autonomía política desde abajo, fundada en la reconstitución de la comunidad. Lamentablemente, el EZLN fue perdiendo influencia en la opinión pública al refugiarse en sus “zonas liberadas” en Chiapas y al no ser viable la generalización de su proyecto autonómico al resto de la sociedad. En 2006 el sub-comandante Marcos, líder mestizo visible del EZLN, decidió que el movimiento emprendería la llamada “Otra Campaña”, que consistiría en una gira nacional en la que se criticaría a los partidos políticos en su conjunto, se denunciarían los vicios de la clase política y se invitaría a la gente a abstenerse de votar. Esta acción tuvo lugar justo en un momento en que Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, tenía mayores probabilidades de triunfo, de tal forma que la “Otra Campaña” tuvo poco eco nacional, si bien logró atraer a su seno a muchos grupos radicalizados, dispersos a lo largo del país.31 El movimiento no tuvo un impacto duradero, pues no tenía realmente un proyecto a ofrecer más allá del rechazo anti-político de los partidos y las instituciones. La “Otra Campaña” careció de estructuras orgánicas y de propuestas concretas aplicables a un país complejo, de tal forma que la anti-política no pudo convertirse en una alternativa nacional y sí en cambio restó al PRD tal vez medio millón de votos decisivos que significaron la diferencia entre el triunfo y la derrota. Casi al mismo tiempo se produjeron otros dos movimientos populares radicales, uno localizado en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de México, llamado Atenco, que se volvió internacionalmente famoso porque sus pobladores rechazaron la construcción de un aeropuerto en sus tierras y durante algún tiempo representaron el rechazo radical desde abajo a una modernización forzada. El movimiento usó mecanismos simbólicos muy llamativos para los medios, como marchas usando machetes, y logró en efecto detener la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. Pero el movimiento se radicalizó y dentro de su propia comunidad empezó a aislarse dada su posición antipolítica: sus líderes rechazaron las elecciones locales y la aplicación de programas de política pública. En la esfera pública nacional el movimiento no logró establecer un proyecto político que trascendiera la defensa de sus tierras. El movimiento terminó de una manera trágica, con una represión masiva por parte de los gobiernos estatal del Estado de México y federal, sus líderes detenidos y procesados, sin que el pueblo de Atenco hubiera salido en defensa de estos dirigentes radicalizados, a pesar de la flagrante violación de derechos humanos que la represión del movimiento acarreó. La derrota fue la consecuencia de la separación entre una dirección radicalizada y un movimiento popular que dejó de reconocerse en esa dirección, y de la falta de alternativas viables que crearan un espacio político popular propositivo, que fuera más allá de la resistencia. Otra experiencia relevante es la de la movilización popular masiva en el estado de Oaxaca en el período que va de mayo de 2006 a marzo de 2007. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) “tomó” físicamente en mayo de 2006 el centro histórico de la ciudad de Oaxaca para protestar por diversas razones de orden laboral, en un conflicto clásicamente enmarcado en la gramática del particularismo. Pero la acción rápidamente se transformó en una especie de protesta política masiva, social y políticamente plural, en contra del cuestionado gobernador del estado debido a la incapacidad e impopularidad de éste. El movimiento se radicalizó como reacción al desalojo que intentó el gobernador con nulo éxito en junio, lo cual reforzó al movimiento popular, creándose la 31Rafael Sandoval Álvarez, “La Otra Campaña, Subjetividad Emergente” en S.A, Los Movimientos Sociales y el Poder: La Otra Campaña y la Coyuntura Política Mexicana, Guadalajara, La Casa del Mago, 2007. 12

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Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Durante algunos meses del año 2006 el movimiento se constituyó en una especie de comuna populary creó una especie de espacio público aestatal, articulando muchos agravios,32cometidos por un gobernador especialmente incompetente, represivo y corrupto. Se planteó una especie de “autogobierno” temporal en el contexto de una lucha de posiciones políticas.33La participación fue masiva, no así el debate público, que quedó capturado por las corrientes más radicales. La lamentable coincidencia de este movimiento con las elecciones presidenciales del 2006 le restó visibilidad nacional e hizo que el partido de izquierda, el PRD, se desinteresara del mismo. Por otro lado, el gobierno federal panista, tanto el anterior como el actual, no pudieron ni quisieron apoyar al movimiento popular en términos de proponer la destitución del gobernador por la única vía legal disponible en México: el juicio político en la cámara federal de diputados. El PAN requería de la alianza con el PRI para poder continuar gobernando y superar los retos planteados por el PRD después de las elecciones de 2006. El movimiento de Oaxaca quedó en consecuencia políticamente aislado.El movimiento se desgastó debido a que era insostenible la movilización masiva permanente, y hacia mediados del 2007 el gobierno pudo detener a los dirigentes de la APPO, sin que hubiera una capacidad popular de reacción. La experiencia de Oaxaca mostró que cuando grandes movimientos sociales no son institucional y democráticamente canalizados, tienden a ser hegemonizados por los sectores radicalizados de la sociedad civil, los cuales difícilmente puedenconstruir alianzas amplias a nivel nacional, tanto con otros actores de la sociedad civil como con partidos políticos. En condiciones de polarización política, los potenciales democratizadores de la apertura temporal de espacios públicos innovadores no se traduce una construcción democrática duradera, sino en la agudización del conflicto, la derrota de los movimientos y el retroceso hacia formas más agudas de autoritarismo. La resistencia al “fraude electoral”. Las elecciones presidenciales de 2006 terminaron en uno más de los conflictos post-electorales que han caracterizado nuestra interminable transición a la democracia. La crisis política abierta por el desconocimiento de los resultados por parte del PRD puso en cuestión la legitimidad del organismo electoral federal autónomo y la del propio presidente electo. La reacción del candidato derrotado, Andrés Manuel López Obrador, tiene que leerse en una doble perspectiva. De una parte, debe reconocerse que las instituciones electorales demostraron graves insuficiencias y no estuvieron a la altura de una elección cerrada. En primer término, el IFE cometió diversos errores antes, durante y después de la jornada electoral, todo lo cual puso en duda la limpieza de los comicios y la neutralidad del árbitro electoral. En segundo lugar, la intervención abusiva e ilegal del Presidente de la República y de empresarios privados en la campaña constituyó una flagrante violación a las leyes vigentes y representaron una desventaja ilegal e ilegítima para López Obrador. 34Peor aún, el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), reconociendo la existencia de estos actos ilegales, determinó no ejercer acción alguna dada la supuesta imposibilidad de medir el efecto de los mismos en los resultados. Por todas estas razones, la resistencia postelectoral estaba justificada, pues señalaba correctamente las insuficiencias institucionales y jurídicas de una transición a la democracia electoral que se pensaba concluida. Sin embargo,la exigencia de recuento total de votos que la Coalición por el Bien de Todos 32Gustavo Esteva, “APPOlogía” en S. A, op. cit. 33Carlos Beas Torres, La Batalla por Oaxaca, Oaxaca, Ediciones YopePower, 2007. 34José Antonio Crespo, Hablan las Actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, México, RandomHouseMondadori, 2006. 13

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(la alianza PRD-Convergencia-PT) planteó colocó el problema en un dilema de todo o nada. Un recuento parcial no sería aceptado (que era lo único que las reglas permitían), y, una vez que el Consejo General del IFE se negó al recuento total, la única alternativa disponible era la reversión de esta decisión por el TRIFE o, en su defecto, la anulación de la elección. La presión sobre el TRIFE, mediante la movilización, regresó al país a los tiempos previos a la reforma de 1996. Finalmente, el TRIFE ordenó un nuevo recuento parcial que no cambió los resultados, con lo que los espacios legales de protesta se cerraron. En el proceso, las instituciones electorales sufrieron una merma considerable de legitimidad y credibilidad. Sin embargo, y esta es la otra parte, la forma de la resistencia (la ocupación de las calles del centro de la ciudad de México) y el discurso generado por López Obrador en esta nueva fase de la lucha se constituyeron rápidamente en francas desventajas para su propio movimiento político. En primer lugar, la ocupación de la ciudad alienó el apoyo de las clases medias y de la mayoría de los medios de comunicación. En segundo lugar, la guerra de cifras y de argumentos no pudo ganarse de manera decidida, de tal forma que un amplio sector de la opinión pública no apoyó el carácter radical de la protesta postelectoral. En tercer sitio, el discurso confrontativo de López Obrador colocó al PRD al borde de la resistencia antisistémica y lo condujo a una práctica política de carácter schmittiano.35 En efecto, el politólogo alemán Carl Schmitt (1987) consideraba que la política era el arte de definir los amigos y los enemigos con el fin de destruir a estos últimos. Crítico acérrimo de la democracia parlamentaria, a la cual consideraba completamente capturada por los intereses del mercado, propuso la peligrosa idea de que la única verdadera democracia era la reconstrucción de la absoluta soberanía del Estado, es decir, de la capacidad de decisión última de la entidad estatal, a través de un gobierno unipersonal que estuviese por encima de todas las otras fuerzas y que sintetizara la unidad de la nación y el pueblo. El líder carismático y fuerte que logra situarse por encima de todas las fuerzas representa el instrumento de esta curiosa representación de la democracia. López Obrador definió en esta etapa de lucha postelectoral, entre el 3 de julio y el 1 de diciembre del 2006, que los enemigos de la democracia eran todos aquellos que no impulsaran el recuento de los votos por él solicitado, los medios de comunicación que lo criticaran y todo aquel que no apoyara la resistencia. El carácter abiertamente confrontacional del discurso obligó a los sectores neutrales de la población a considerarse excluidos del frente propuesto por el candidato derrotado. Por otra parte, la decisión de López Obrador, una vez emitido el dictamen del TRIFE, de autonombrarse “Presidente Legítimo” en una “Convención Nacional Democrática” convocada por él mismo y en la que fue virtual orador único, acentuó el carácter antisistémico de su movimiento y la emergencia de un concepto de democracia como la unidad entre el líder y las masas. López Obrador repitió el mismo prejuicio que Cárdenas expresó en cada una de sus derrotas electorales: una victoria del PAN era inmoral e impensable en un país de tradiciones revolucionarias y tan profundamente desigual en lo social. Se trataba de un error histórico intolerable. Pero el líder olvidaba que esos factores históricos no podían garantizar la victoria de la izquierda ahora como no lo habían hecho antes. Tal vez en esta ocasión la victoria estaba más cerca que nunca gracias a la extraordinaria ineficiencia de Fox como político, a la prolongada parálisis económica del país y a la conversión del propio López Obrador en una víctima del sistema y un líder carismático con gran conexión con las masas. Bajo estas condiciones, la derrota de la izquierda era en verdad casi 35Olvera, “Resistencia política y sociedad civil…”, op. cit. 14

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impensable. La falta de preparación mental y política para la derrota condujo a López Obrador a sacar a flote las distintas limitaciones de esa izquierda mexicana que en realidad tiene una escasa identidad como una izquierda política. El caudillismo, el personalismo, la visión crítica y hasta cínica de la propia democracia electoral y de sus instituciones y la recaída en una visión amigo-enemigo para definir los campos de las alianzas nos retrotrajeron a una época que se pensaba acabada. Para colmo, estas concepciones se acompañaron de una práctica política que enfatizaba el liderazgo unipersonal de López Obrador en ausencia de un programa definido. Más aún, en el camino de la resistencia, el PRD reforzó sus ya tradicionales tendencias anti-intelectuales y anti-participativas. Así, muy poco se impulsó la deliberación y el debate y la misma convención nacional democrática se convirtió en un acto aclamatorio similar a las ficticias “consultas” que López Obrador hizo vía telefónica en sus primeros años de gobierno. La derrota de la resistencia perredista ha significado un gran retroceso para la izquierda partidaria en México, magnificada después por la división interna del partido en el contexto de sus elecciones internas de marzo de 2008, que implicaron la comisión de un gran fraude electoral por parte de los dos contendientes principales. La escasa autoridad moral que el PRD pudo haber conservado se vino por la borda ante el espectáculo lamentable de manipulación electoral interna, que implicó prácticas corporativas, compra de votos, fabricación de los mismos y hasta robo de urnas.El PRD y más en general la izquierda toda padece una terrible crisis de identidad, de misión y de sentido. Todo lo anterior arroja un panorama gris para la izquierda, justo en una época en la que emergen cada vez más indicios de un profundo descontento social en todo el país. La izquierda partidaria está desmembrada, con el PRD desinstitucionalizado y dividido. La izquierda social casi ha desaparecido, víctima del neoliberalismo y del clientelismo. La nueva izquierda radical formada por los activistas de Atenco, Oaxaca y La Otra Campaña sufre las consecuencias de la represión, del aislamiento político, de su falta de proyectos viables y de la escasez de recursos humanos, financieros y materiales. Reflexiones finales. La democracia electoral recientemente ganada no modificó el orden político fundamental del país. Si bien el mecanismo de representación política es ahora electoral, con partidos estables y competitivos y elecciones más o menos limpias, lo cierto es que los mecanismos de inclusión y de reconocimiento de ciudadanía siguen siendo los del viejo régimen. El clientelismo y el particularismo continúan siendo todavía hoy, los mecanismos hegemónicos de relación entre la sociedad y el Estado. El PAN y el PRD fueron excelentes alumnos del PRI en la copia de sus métodos políticos. En vez de que los partidos democráticos desarrollaran un nuevo proyecto de reconstrucción de la relación entre la Sociedad y el Estado, simple y sencillamente copiaron las tecnologías y las prácticas del partido oficial. Si bien la CTM ya no es una corporación central, los sindicatos de las grandes empresas paraestatales siguen siendo intocables, y la CTM, como corporación que controla antidemocráticamente la vida de la mayoría de los sindicatos del país, sobrevive. La CNC casi ha desaparecido, pero el Estado federal democrático simplemente ha tomado prestadas las prácticas que ya Salinas y Zedillo habían desarrollado como método de control de los actores sociales en el campo: la negociación particularista, vía “proyectos productivos” y aplicación más o menos laxa de las reglas de operación de los programas 15

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de desarrollo rural. Se negocia con cada una de las organizaciones los “apoyos”, sustituyendo un corporativismo centralizado por un particularismo descentralizado que finalmente es afín a las prácticas priístas anteriores. En el caso de las clases medias urbanas, infinitamente más numerosas y políticamente más poderosas que en los tiempos de apogeo del viejo régimen, el gobierno democrático simplemente ha continuado la política de redistribución de la renta petrolera, y la táctica de resolver por vías descentralizadas las demandas de cada uno de los grupos sociales urbanos. Por otra parte, las políticas de vivienda le siguen dando un papel a los intermediarios políticos, quienes aun someten a numerosos ciudadanos a un régimen de clientelismo temporal. Las políticas sociales focalizadas también contienen un potencial de uso clientelar y no construyen ciudadanía. En términos de representación política, pasamos de la representación corporativa a la delegación partidaria.Los partidos asumieron la representación de la ciudadanía sin compromiso mutuo, es decir, sin rendición de cuentas, que es, junto con la autorización, uno de los elementos centrales de la representación política democrática.36Los procesos de autorización, pero sobre todo de accountability, no han funcionado de manera adecuada debido a la naturaleza misma del régimen representativo heredado del pasado autoritario, que se preserva sin cambios hasta la fecha, y cuyo principio central es la no-reelección. La no-reelección era funcional al PRI porque le permitía tener a la clase política en continua circulación y era el fundamento mismo de su pacto interno como solución civilizada al problema de la sucesión. Pero este pacto condujo a que el gobierno fuera absolutamente ineficiente. El régimenpriísta se fundamentaba en un Estado frágil en términos de capacidades técnicas y operativas, en razón de casi ningún cuadro político ni técnico que hubiera aprendido a manejar el negocio permanecía en su cargo, ni en el poder ejecutivo ni en el legislativo. La etapa democrática reproduce este vicio37. En materia de participación ciudadana, tanto la izquierda como la derecha han puesto en práctica experimentos participativos, con diferencias notables en su espíritu, aunque no necesariamente en su ejercicio. En el campo de la derecha, la participación, aparte de ser políticamente selectiva, pues se dirige a los sectores de élite de la sociedad civil, apunta básicamente a la eficacia y a la eficiencia gubernamentales y no a la democratización del ejercicio del poder público. Se trata de una lectura tecnocrática de la participación muy afín al discurso del Banco Mundial. En el caso de la izquierda, en sus experimentos hay un intento de democratización de la vida pública, un esfuerzo de apertura del gobierno no sólo en la búsqueda de la eficacia, sino de incorporación ciudadana al ejercicio mismo del gobierno. No obstante, los resultados pueden no ser tan diferentes en un lugar y en otro, puesto que en todos los casos los promotores se han topado con la realidad de que los ciudadanos están poco organizados y que los propios funcionarios carecen de la tradición y de las herramientas de canalización de esta participación ciudadana de una manera constructiva. Además, la voluntad política de las autoridades casi nunca tiene continuidad entre un gobierno y otro.38 Espacios públicos potencialmente promisorios para la participación ciudadana se han multiplicado, como los consejos consultivos, de desarrollo sustentable, municipales, de planeación, de la mujer, de 36Hanna Pitkin, The concept of representation, Berkeley, University of California Press, 1967. 37La reelección per se no va a resolver este problema si no es acompañada de la rendición de cuentas horizontal y del control socialdel Estado. Mientras esto no sea así se mantendrá un sistema delegativo. 38Alberto J. Olvera, “Las relaciones entre democratización y participación en México: Apuntes para su historia” en Revista Controversia, 191, Bogotá, Colombia, 2008, pp. 71-104. 16

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los organismos de derechos humanos, etc., en los que hipotéticamente los sectores medios, intelectuales y profesionales, podrían hacer oír sus voz.Pero muy pocos de ellos operan realmente o son tomados en serio por las autoridades políticas. Además, y esto es tal vez lo más grave, continúa la fragmentación y parcialización de laciudadanía. 39 La única adquisición de los mexicanos en el prolongado y penoso proceso de transición ha sido la ciudadanía política, la cual se ejerce episódicamente, cada tres años, dependiendo de los absurdos calendarios electorales. Las ciudadanías civil y social siguen siendo sumamente precarias. En los movimientos sociales sigue siendo hegemónica una gramática particularista, en la que no se exigen derechos universales. Cada movimiento se organiza a favor de objetivos específicos que únicamente beneficiarán a aquellos que se movilizan. Desde la perspectiva del espacio público mediático, en la deficiente democracia actual la sociedad se ha vuelto invisible mientras que los partidos políticos han adquirido un enorme protagonismo, una centralidad sobredimensionada respecto del rol que efectivamente juegan. Esta notable ausencia de lo social ha sido una característica de la transición política mexicana. En suma, el espacio público como suma de espacios político-sociales orientados a reconocer los conflictos, canalizar constructivamente la participación de la sociedad e innovar en las formas de gobernanza, tiene una existencia precaria y poca influencia en la vida pública en el México contemporáneo. La tarea de expandir el espacio público va de la mano con la necesidad de crear las condiciones para una ciudadanía plena. Esta forma de profundizar la democracia requiere de la reconstrucción simultánea de los sectores populares de la sociedad civil y de un partido de izquierda que comparta un proyecto político común con ellos. Esta es una condición indispensable para luchar por la refundación del Estado a través de una nueva constitución y nuevos modelos de relación entre la sociedad civil y el Estado. Bibliografía Ackerman, John M., (coord.), 2008: Más allá del acceso a la información: transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, México, Siglo XXI-UNAM. Ackerman, JohnM., 2007a, El Instituto Federal de Acceso a la Información Publica: Diseño, Desempeño y Sociedad Civil. Jalapa, Cuadernos para la Democratización, CIESAS-Universidad Veracruzana. Ackerman, John M., 2007b: Organismos Autónomos y Democracia: El Caso de México, IIJ-UNAMSiglo XXI Editores, México. Almeida, Carla, 2006, “El marco discursivo de la “participación solidaria” y la nueva agenda de formulación e implementación de las acciones sociales en Brasil”, en: Dagnino, Evelina, Alberto J. Olvera y Aldo Panfichi (coords.), La Disputa por la Construcción Democrática en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica/ CIESAS/ Universidad Veracruzana. Alonso, Rubén, 2007: Leyes de transparencia y acceso a la información pública gubernamental locales: la emergencia del derecho a la información, Cuadernos para la Democratización 9, Jalapa, CIESAS-UV. 39Guillermo O´Donnell (coord.), Informe sobre la Democracia en América Latina, Buenos Aires, PNUD, 2004. 17

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