“Conferencia sobre Minería y Desarrollo Sostenible en Uruguay” RESUMEN DE LAS EXPOSICIONES DEL LUNES 15 DE JULIO DE 2013

1- Situación actual de la exploración de recursos energéticos de nuestro subsuelo. Gerardo Veroslavsky, profesor adjunto de Geología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Uruguay). En su intervención, el uruguayo recordó que la prospección de uranio se encuentra en una etapa de conocimiento básico y destacó la reciente convocatoria de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para el relevamiento geofísico aeroportado de alta resolución. Ese producto final, que se obtendrá en 2014 o 2015, aportará una base técnica rigurosa para la exploración de minerales metálicos y, en particular, para el diseño de un futuro programa de exploración de uranio. Veroslavsky recordó que la exploración de carbón es histórica en nuestro país, sobre todo en la frontera, aunque dijo que hay desconocimiento sobre su potencial. De cualquier modo, existen condiciones geológicas para sustentar el esfuerzo exploratorio, si bien es probable que el carbón uruguayo tenga baja calidad, como el de Candiota (Brasil). En cuanto a la exploración de hidrocarburos, recordó que las lutitas pirobituminosasson la única reserva fósil probada y en condiciones de ser explotada en Uruguay. Acerca del petróleo y el gas, recordó que, desde 1950, Ancap realizó esfuerzos de exploración en la cuenca norte del país. Gracias a esto, hay un conjunto de datos sísmicos y gravimétricos concentrados en Salto y Artigas. No obstante, existe un desconocimiento total del subsuelo de la región central del país. Veroslavsky culminó afirmando que la decisión más importante que tomó el país en los últimos años fue la de explorar para “ejercer soberanía”. Afirmó que el conocimiento es condición necesaria para la sustentabilidad de cualquier proyecto y aseveró que el país tiene por delante un panorama “exitoso” en materia de exploración, sobre todo de petróleo y gas en la plataforma continental.

2) Recursos minerales del Uruguay: potencial y desafíos. Claudio Gaucher, profesor adjunto de Geología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Uruguay).

El docente uruguayo afirmó que la minería es una necesidad fundamental de la especie humana y señaló que el consumo total per cápita es de 17 200 kilogramos de minerales y roca por persona por año. En cuanto a la minería en Uruguay, es de escala relativamente importante hace más de 100 años. Sus ítems más relevantes son el cemento portland (producción de 1 millón de toneladas por año), oro y plata (4 toneladas al año), ágatas y amatistas (20 000 toneladas al año), hierro, piedra partida, balasto, cal. El mapa de permisos de prospección es mucho más profuso que el de exploración o explotación, explicó a continuación Guacher. Más del 98% del área de permisos mineros está dedicada a la prospección (18% de la superficie del país). Los permisos de exploración y explotación son el 1,7% del total y ocupan 0,3% del área nacional. Esto –señaló- implica un diagnóstico de situación: “se necesitan urgentemente nuevos conocimientos”. Los permisos de exploración se concentran en el centro-este del Uruguay, debido a factores geológicos. Ejemplos de explotaciones actuales Las calizas para cemento y cal se explotan desde hace más de 100 años. La producción tiende a subir, aunque, debido a que sigue ciclos económicos, descendió abruptamente en la crisis regional de 2001 y 2002. El techo de la producción, afirmó Gaucher, es la capacidad instalada. En cambio, no existen limitantes geológicas. De acuerdo al especialista, aunque Uruguay posee enormes yacimientos, hay problemas de mercado y capacidad instalada. Esta última, no obstante, aumentará. Se esperan nuevos e importantes proyectos, sobre todo en Treinta y Tres, que casi duplicarán la producción. Se aguarda llegar a 2 millones y medio o 3 millones de toneladas al año. En cuanto a las ágatas y amatistas, su producción no sigue ciclos económicos. Debido a que aumentó la demanda china, hubo un salto en la producción en 2003. Es un área con conocimiento acumulado, por lo que se ha podido responder a demandas y generar divisas. La calidad de estas piedras es excepcional. El profesor también se refirió a los yacimientos potenciales. Entre ellos, los de hierro son la “gran vedette”. Si Aratirí y Gladiator entraran en producción, esta aumentaría enormemente. El oro es otro ítem muy importante, con proyectos en varios departamentos. También los hay de cemento, cal, arenas negras, dolomita y talco. Las perspectivas para 2015 es que la producción minera pase del 0,3 a más del 2% del PBI a 2015. Aratirí, el proyecto más grande (concentrado de hierro), podría generar 18 millones de toneladas de hierro por año, lo que otorgaría al país 1 800 millones de dólares anuales. Gaucher enfatizó la importancia de formar recursos humanos. Hoy egresan 5 licenciados en Geología por año, hay 50 ingresos de estudiantes y trabajan 12 profesores. En tanto, en el CURE de Treinta y Tres 45 personas ingresaron este año para hacer el curso de tecnólogo minero. Por otra parte, sostuvo que las ganancias de la minería de hierro se utilizarán para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de Dinamige y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). Sin embargo, no se prevé investigación básica o formación de geólogos, algo que –insistió- resulta imperativo.

3) Legislación ambiental. Marcelo Cousillas, profesor de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad de la República (Uruguay). Cousillas afirmó que la legislación ambiental debe prevenir impactos ambientales y adelantarse a las consecuencias de las actividades humanas. Destacó que los recursos mineros son no renovables y finitos, y esta actividad, como toda aquella que transforma la naturaleza, puede producir afectaciones temporales o permanentes sobre el resto de componentes del ambiente, ya que se extrae un recurso y pueden manejarse sustancias químicas, emitirse ruidos o generarse residuos. Además, la minería es excluyente de otras actividades desde el punto de vista espacial, señaló. El docente recordó que la legislación uruguaya en materia ambiental no fue moderna hasta los años 90. En 2000 surge la Ley General de Protección al Ambiente (que introduce que es deber del Estado tender al desarrollo sostenible), y luego se suman normas importantes, e incluso modificaciones constitucionales, en el mismo sentido. Esto incluye la aprobación, en 2008, de la Ley de Ordenamiento Territorial y, este año, el desarrollo del reglamento de residuos sólidos e industriales. La legislación actual es amplia y comprensiva, definió Cousillas. Esto abarca el mandato constitucional de abstención de causar daños ambientales. El derecho ambiental uruguayo plasma la prevención y no se basa en la reparación del daño o persecución del infractor, explicó. Por eso una de las normas más importantes son las autorizaciones ambientales de proyectos nuevos. En materia ambiental, la ley obliga a que el ambiente sea reparado en especie y, por lo tanto, restituido en su situación anterior. El docente también destacó la importancia del Régimen de evaluación de impacto ambiental (EIA), que incluye la extracción de minerales. Por lo tanto, cualquier apertura de minas o perforaciones no puede ejecutarse si previamente no se cuenta con autorización ambiental. Cousillas también remarcó la importancia de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. En cuanto a la minería de gran porte (MGP), no cuenta en nuestro país con legislación específica, si bien el Parlamento analiza un proyecto (basado en el acuerdo multipartidario de diciembre de 2011) que cuenta con media sanción. Cousillas indicó que estos proyectos suelen ser multicompuestos, ya que incluyen no solo la actividad minera, sino grandes obras de infraestructura (represas, vías férreas, puertos). El proyecto que analiza el Parlamento cuenta con varios contenidos: tributarios, mineros, administrativos, ambientales. En este sentido, no crea un régimen jurídico ambiental diferente para la MGP. En opinión de Cousillas, esta es una “buena decisión”. Sin embargo, refuerza los requisitos de la autorización ambiental y la localización de los emprendimientos. Establece que cualquier proyecto estará sujeto a las máximas exigencias del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, especialmente en lo referido a participación e información pública. El especialista en Derecho explicó que esta norma prevé que los proyectos solo pueden localizarse en suelo de categoría rural y consideró que lo más trascendente es la regulación exhaustiva del plan de cierre de minas y la previsión de garantías para la ejecución específica de este plan. Además, complementa el régimen de sanciones. El docente también destacó la creación de un Fondo intergeneracional de inversiones (FSII), en su opinión, la mayor innovación propuesta en el texto.

4-Legislación minera. Alfredo Caputo, profesor coordinador de Derecho Minero, Facultad de Derecho, Universidad de la República. El docente especialista en Derecho minero explicó que nuestro país tiene un sistema jurídico regalista. El Estado es dueño de los yacimientos de sustancias minerales, dado su valor estratégico. No obstante, debido a que no puede explotar todos los yacimientos por sí mismo, se apoyó en los privados. Por lo tanto, el yacimiento es un bien de dominio público que se consume con el uso. El Estado es su dueño, pero el producto extraído es un bien mueble propiedad de los privados. En contrapartida, estos pagarán al Estado un canon e impuestos, indicó el profesor. Caputo señaló que lo más conflictivo del derecho minero es que hay “muchos derechos en juego”: el del Estado, el del minero, el de la sociedad a la protección del ambiente, el de los trabajadores y el del propietario del suelo. Por eso este último cobra una parte del canon que recibe el Estado, para prevenir conflictos de derecho con los particulares. Aun así, se han producido conflictos, derivados de que, en muchas ocasiones, los particulares no conocen estos derechos. El experto también recordó que el Código de Minería de 1982 establece que si el propietario del suelo es productor agrario, se le da participación en el canon y se le paga indemnización por los daños ocasionados a su suelo y su explotación agraria. El Código estipula, además, que si hay actividad agraria agrícola en un determinado previo, salvo autorización especial y fundada de Dinamige (por ejemplo, si se descubriera un yacimiento único en su especie), no se puede autorizar la actividad minera.

5- El contexto internacional y regional: perspectivas de comercio y mercado de bienes minerales. Karl Pearce, experto económico y líder del equipo de Consultoría de Gestión de Hatch (Chile). Pearce analizó las perspectivas de demanda de hierro. En esta realidad, China es el mayor demandante de hierro a nivel global (en 2012 alcanzó los 1 100 millones de toneladas), seguido por Japón, Europa y Corea. Este fenómeno, relativamente nuevo, llevó a que la demanda de hierro creciera en promedio un 8% anual, lo que, a su vez, ha tenido impacto en los precios. El especialista sostuvo que la demanda va a continuar sólida en los próximos años. En cuanto a su precio, se espera que baje y se ubique en torno a los 80 dólares la tonelada (hoy asciende a 125 dólares). El experto económico analizó también la demanda de cobre (que alcanzó los 20 millones de toneladas en 2012; China concentra el 43%). Esta, al igual que la del hierro, no ha llegado a su pico, si bien también se espera una baja en el precio debida a la ralentización en el crecimiento chino y el superávit de cobre debido a nuevos proyectos. Finalmente, en referencia al oro, India y China son los principales demandantes. Un tercio de la demanda es en inversiones, la cual es contra cíclica y aumenta cuando los inversionistas buscan refugio ante monedas que están perdiendo su valor. Desde finales de 2012, el precio del oro ha caído 23%, informó Pearce.

El especialista también analizó la oferta de hierro (otorgada especialmente por Brasil y Australia). Afirmó que la viabilidad económica de nuevos proyectos esta en riesgo ante el escenario de precios a largo plazo. “El panorama de la industria de nuevos proyectos de hierro no es 100% favorable”, señaló Pearce, quien, no obstante, dijo que se esperan importantes adiciones a su capacidad en los próximos años. En lo referente a la oferta de cobre, Chile es el principal productor (con el 33% de la producción mundial, que es de 117 millones de toneladas). Lo siguen China, Perú y Estados Unidos (9, 8 y 7). Aun así, explicó que Chile ha perdido competitividad en lo referente a sus costos de producción (aumentaron los costos de energía y mano de obra a comienzos de la década). Por último, la oferta de oro tiene particularidades, entre ellas que el 40% es componente secundario (reciclado). Actualmente, en América Latina (Chile, Argentina) y en el mundo hay importantes proyectos de oro en carpeta. Pearce señaló que en la última década se ha visto un cambio en las reglas de juego y un aumento significativo en los precios de las commodities (que se cuadruplicaron respecto a una década atrás) liderado por la demanda de países emergentes. Aún no se ha alcanzado el pico de precios para el cobre y el hierro, pero los costos de capital y operación han escalado de forma significativa. Hay una importante cartera de proyectos, pero muchos están siendo revaluadas y ralentizados a la luz del nuevo escenario de precios, costos en aumento y nueva regulación minera, cerró Pearce.

6-Herramientas para el desarrollo local. Roberto Sarudiansky. Luego de definir la minería y explicar que el 0,4% de la superficie terrestre está dedicada a esta actividad, el argentino enumeró las diferentes etapas y actores que participan de la actividad minera. En referencia a la etapa de extracción, señaló que los métodos se definen de acuerdo a la aplicación disponible y con el fin de lograr el máximo aprovechamiento. Estos métodos incluyen la minería subterránea, la minería a cielo abierto y la que usa bombeo con disolución de sales. En cuanto al a minería a cielo abierto, incluye varios tipos: por recolección (salinas), destape, canteras, aluvial y a tajo o rajo abierto. En opinión de Sarundiansky, cuando se le dice no a la minería a cielo abierto, está implícito este pensamiento: “mejor que no lo veamos”. Además, el argentino recordó que la actividad minera genera residuos. En referencia al marco general de esta actividad en América Latina, dijo que ocupa el 15% de la superficie de la tierra y constituye el 8,7% del PBI. La región es líder en producción de plata, cobre, renio, etc. En 2011 tuvo el 25% de la inversión global en exploración. En 2012, por ejemplo, las inversiones en proyectos mineros eran de 300.000 millones de dólares. Más allá de estos datos, el especialista refirió a que esta realidad ha generado conflictos. Con base en el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (una ONG que no puede definirse como afín a esta actividad), se registraron 170 conflictos en América Latina. Esto incluye a la discusión sobre la explotación de hierro en Uruguay. El 42% de estos conflictos corresponde a depósitos en operación y el 58% a prospección y exploración. Según el argentino, el análisis de los motivos no es fácil. En

general se deben a la contaminación en general y la disponibilidad y contaminación del agua. En cambio, no figura la distribución de los beneficios de la minería. Sarudiansky profundizó en la evaluación de recursos e impactos, y se refirió a dos clasificaciones existentes: la de Crirsco (Comité de Normas Internacionales para la Presentación de Informes sobre Reservas Minerales) y la UNFC-2009 (clasificación marco de las Naciones Unidas para la energía fósil y recursos y reservas minerales). Esta última plantea un sistema normalizado para la presentación de información sobre los recursos naturales (sumado a petróleo, gas y uranio). Es un sistema independiente que usa tres ejes: viabilidad social, factibilidad técnica y económica, conocimiento geológico. Algunos proyectos, ejemplificó, pueden “cerrar” económicamente, pero no así desde el punto de vista social. Para Sarudiansky, se trata de una herramienta de gobierno que hay que tener “muy en cuenta”.

7-Reflexiones sobre la renta minera y su distribución, en el marco del desarrollo sostenible. César Polo Robilliard, consultor en Economía del Desarrollo y Planificación (Perú). El especialista peruano indicó, como marco conceptual, que el desarrollo sostenible es el paradigma actual para las industrias extractivas. En su base –señaló- está la integración “armónica” y “holística”, e incluye tres dimensiones: económica, ambiental y social. Asimismo, contempla a la toma de decisiones como un proceso democrático donde participan las poblaciones y comunidades desde el inicio mismo del proceso minero, en una relación respetuosa y transparente. Sin información oportuna, los proyectos mineros pueden ser vistos como “una amenaza a su hábitat”. En opinión de Polo Robilliard, lo principal es buscar acuerdo que persigan un bienestar superior. En el eje económico, la actividad minera incluye la renta minera, la tecnología y las buenas prácticas. En lo ambiental pesa la historia de cada empresa en cuanto a los pasivos ambientales (si bien las reglas de juego eran otras, las comunidades temen que la minería “solo haga daño y no deje nada”, dijo el consultor). En lo social, finalmente, lo fundamental es el acuerdo intergeneracional. El experto analizó la importancia del diálogo continuo, la información y la transparencia, en cuanto a reportes de sostenibilidad y balances económico-financieros. Aclaró que las industrias extractivas han sido juzgadas duramente muchas veces, como una “maldición” de la naturaleza, algo que no compartió. En cambio, consideró que los problemas –y el consiguiente rechazo de la sociedad- se deben a las políticas de Estado, que pueden acarrear corrupción, contaminación y perjuicio a las comunidades (por ejemplo, debido a un bajo aprovechamiento de la renta minera). Polo Robilliard opinó que, en este marco, un fondo intergeneracional es una “gran idea” (Perú cuenta con un fondo contra cíclico), aunque no basta por sí mismo, sino que es imprescindible “usarlo bien”.

8-La empresa y el desarrollo sustentable. Juan Pablo Schaeffer Fabres, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Corporación Nacional del Cobre de Chile (Chile). Schaeffer Fabres analizó la realidad de Codelco, la empresa estatal chilena que es, a su vez, la mayor productora de cobre del mundo (con 1.700.000 toneladas). El chileno afirmó que las empresas deben

ser sustentables, y enfatizó la importancia de que las comunidades sientan que los beneficios que reciban de la minería compensarán los aspectos negativos de la actividad. Afirmó que actualmente existe más conciencia socioambiental, y criticó que el camino elegido por muchas empresas es la falta de diálogo y de construcción de confianza con las comunidades locales. Detalló la institucionalidad ambiental con la que cuenta Chile, que incluye tribunales ambientales, la creación de una superintendencia de medio ambiente que controla que las empresas cumplan las normativas, o una nueva ley de cierre de minas. “Si quiero ser una empresa de clase mundial, tengo que tener estándares ambientales de clase mundial”, aseveró. En particular, el chileno remarcó la importancia del vínculo y la comunicación temprana y transparente con las poblaciones, incluso para contar con sus aportes a la hora de diseñar un proyecto. Señaló que su empresa ha creado varios mecanismos de escucha, incluyendo línea de denuncia y consultas por la web y las redes sociales. De ese modo –aseguró- se previene el conflicto. En cambio, si no se actúa, este puede escalar, llegar a los medios de comunicación y judicializarse, advirtió. “Las compañías estamos cambiando porque las demandas ciudadanas van más rápido que las propias compañías”, afirmó Schaeffer Fabres.

9- El rol del Estado, su relación con la sociedad y el sector privado para el fortalecimiento del control y regulación de las actividades mineras. Sonia Osay, abogada y especialista en prevención de conflictos mineros, EIAS y RSE. Osay consideró que Uruguay tiene una “oportunidad única” para prepararse para que la minería genere un desarrollo sustentable. Añadió que hoy las democracias son diferentes, cada vez más participativas, con gente que quiere intervenir y proteger sus derechos. Por ello, la minería tiene una exigencia mucho mayor. Esta actividad genera un impacto que debe evitarse o transformarse, y paralelamente surge la necesidad de que las empresas mineras participen cada vez más en el desarrollo local, explicó. La abogada apuntó que la minería puede ser un punto de partida para el desarrollo de regiones que no tienen otras oportunidades de inversión. Sin embargo, consideró que ese punto de partida debe servir para que “esto se derrame al resto de la sociedad” y genere la posibilidad de desarrollo de otras actividades. En este marco, señaló que el problema es que las empresas mineras llegan a lugares donde hay actividades preexistentes, con las que entra en conflicto (agricultura, ganadería, turismo). En su opinión, la empresa minera debe cooperar (dado que genera un impacto) y actuar en conjunto con esos actores económicos, que no deben sentirse amenazados. En cuanto al Estado, es necesario que cuente con regulaciones fuertes, voluntad y capacidad para hacer cumplir la ley. Los organismos de controlaron deben estar capacitados, y a esto hay que sumar el desarrollo de estructuras legales y políticas. Osay analizó 10 principios de desarrollo sustentable de la región donde se lleva adelante la minería: a) Ordenamiento territorial minero (con la determinación de zonas intangibles que deben

preservarse por cuestiones económicas, ecológicas o culturales). En su definición deben actuar diversos actores. b) Acceso a la información. Es un gran reclamo de las comunidades. Las empresas mineras comunican, en ocasiones, de manera inadecuada. Esto acarrea la oposición de las comunidades, que deben ser consultadas. Resaltó la importancia de las audiencias mesas de diálogo donde se previenen y destraban conflictos. c) Renta y acuerdos de compensación. Las comunidades no perciben que forman parte del negocio. El económico es el gran problema de esta actividad, luego del ambiental. Muchas veces la localidad minera es pobre y la renta va a parar al gobierno central, lo que genera una contradicción muy fuerte, subsanable con una buena reglamentación. d) Desarrollo local. Se requiere una estrategia de desarrollo regional sostenible. Debe generase diversificación productiva para cuando la empresa no esté; la minería no debe monopolizar la economía regional e) Estudios de impacto socioambiental (EISA). No alcanza con que sean meramente descriptivos. Deben tomar en cuenta la mitigación en varios sentidos. Propuso que las comunidades elijan a qué laboratorios se mandarán las muestras: es importante que se convenzan de que no habrá contaminación significativa. f) Mecanismo independiente de resolución de conflictos. Incluye las mesas de diálogo. Otro ejemplo: el gobierno de Canadá cuenta con una consejera que recibe denuncias por actividades que las comunidades consideran inadecuadas. g) Transparencia. Es necesario mostrar en qué se utiliza el dinero que surge de esta actividad. Como ejemplo, Gran Bretaña tiene una iniciativa para reportar los pagos realizados a gobiernos y autoridades locales. h) Políticas con contratistas y proveedores. Para que no se produzcan conflictos con la empresa, todos deben cumplir estándares. i)

Cierre de minas. Se necesita establecer cómo se hará. El Estado debe definir los estándares.

j)

Garantías financieras. Se trata de un aspecto importante en caso de accidentes o quiebra de la empresa.

10) Herramientas para el desarrollo local. Fabrizio Feliciani, director regional para América Latina y el Caribe de Unops (sede Panamá). El italiano Feliciani se refirió a la experiencia de desarrollo social sostenible desde la Unops, entidad de servicios para proyectos de Naciones Unidas, que funciona autofinanciada y sin fines de lucro. Creada en 1994. No tienen fines de lucro. Trabaja en proyectos de desarrollo local, entre ellos el manejo de cuencas y desarrollo rural sostenible, así como la asistencia técnica especializada. Participa otorgando asistencia técnica e

interviniendo independientemente en situaciones de conflicto o desconfianza frente a megaproyectos. Dado que hay empresas mineras “buenas” y “malas”, no es posible generalizar y se requieren estudios técnicos, dijo el especialista. Feliciani sostuvo que la economía y la sociedad están insertas en el medio ambiente, que –por lo mismo- no es un pilar más. Añadió que esta visión es necesaria para construir un desarrollo sostenible que, por definición, debe perdurar hasta generaciones futuras. Algunos puntos son clave en este camino: normas e institucionalidad pública, actores y políticas locales y centrales, proyectos e inversiones, identidades y plazos. “No es minería sí o minería no, sino minería cómo”, definió Feliciani, que añadió que esta actividad “no es un lobo o demonio, pero tampoco un ángel”. Por este motivo, es necesario realizar estudios ambientales estratégicos, antes de iniciar cualquier actividad minera. Y es el Estado el responsable de conocer su territorio y realizar su ordenamiento territorial. El italiano remarcó que existen asimetrías entre los estados débiles y los megaproyectos (en manos de empresas fuertes). Agregó que los costos (sociales, económicos y ambientales) de la interacción asimétrica son muy altos para todos los actores. Una buena estrategia –sostuvo- es que la empresa dialogue con los actores. El Estado debe ser reconocido por su neutralidad, capacidad técnica y eficiencia, finalizó. Feliciani, al responder las consultas del público, afirmó que los problemas que puede ocasionar la minería no pasan por la ejecución de un pozo (que en Uruguay será pequeño), sino por lo que hace el Estado para enfrentar esos cambios (que pueden incluir, por ejemplo, la contaminación del agua). “Me preocupan mucho más los cambios sociales que el pozo”, indicó el especialista de Unops.